cuarta encuesta nacional anticorrupción

8/8/2019 Cuarta Encuesta Nacional Anticorrupcin

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IV Encuesta Nacional sobre Corrupcin 2006


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CORRUPCIN2006

IV ENCUESTA NACIONAL SOBRE


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Confederacin Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEPAv. Vctor Andrs Belande 147Edificio Real Tres, Of. 401. San Isidro, Lima 27 - PerTelfono: (511) 422-3311Correo electrnico: [email protected] de 2007

ProticaConsejo Nacional para la tica Pblica(Captulo Peruano de Transparency International)Telfonos : (511) 446-8942, 4468581, 446-8589Telefax: 446-8943Correo electrnico: [email protected] Cpac 826, Lima 18 - Perwww.proetica.org.pewww.transparency.orgwww.transparency.org/tilac

La IV Encuesta Nacional sobre Corrupcin 2006fue elaborada y realizada porProtica y Apoyo con el financiamiento de CONFIEP.

La reproduccin del contenido de esta publicacin queda permitida siempre ycuando se cite la fuente y el ttulo arriba sealados.

Diseo de cartula: Gisella ScheuchPrimera Edicin:Diagramacin: Gisella ScheuchImpresin: Siklos S.R.Ltda.Impreso en el Per

Hecho el Depsito Legal en la Biblioteca Nacional No. 2007-03664


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Contenido

Presentacin .................................................................................................................... 9Jos Miguel MoralesPresidente de la CONFIEP

Exposicin y anlisis de resultados ............................................................................ 11

Alfredo Torres ................................................................................................................... 13Apoyo Opinin y Mercado

Cecilia Blondet ................................................................................................................. 33Protica

Samuel Rotta Castilla ........................................................................................................ 45Protica

Comentarios .................................................................................................................. 55

Samuel Abad .................................................................................................................... 57Defensora del Pueblo

Augusto lvarez Rodrich .................................................................................................. 61Per 21

Beatriz Boza ..................................................................................................................... 64CAD Ciudadanos Al Da

Elena Conterno ................................................................................................................ 67PRODES

Julio Cotler ....................................................................................................................... 71Instituto de Estudios Peruanos

Csar San Martn .............................................................................................................. 74Corte Suprema de Justicia

Jos Ugaz ......................................................................................................................... 79Ex Procurador Anticorrupcin

Rosa Urbina...................................................................................................................... 85Contralora General de la Repblica

Idel Vexler ........................................................................................................................ 89Ministerio de Educacin


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Anexos .......................................................................................................................... 95

Ficha tcnica..................................................................................................................... 97

1. Marco general: principales problemas del pas .............................................................. 98

2. Corrupcin como problema en el pas ......................................................................... 103

3. Percepcin de la corrupcin ........................................................................................ 109

4. Experiencias de corrupcin ......................................................................................... 117

5. Mdulo especial: corrupcin en el sector educativo .................................................... 128


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1. Introduccin

Presentacin

En los ltimos aos, los empresarios peruanos estamos convencidos de quedebemos profundizar nuestro rol social.

Al analizar lo que ocurre en el pas, hemos identificado dos problemas defondo que amenazan severamente la viabilidad del Per. La deficiente educa-cin es uno de ellos. Y la corrupcin es el otro.

Realizar una encuesta como esta es un punto de partida y una manera deevaluar lo que est pasando con algunos aspectos fundamentales del Per, yaque nos muestra cmo la corrupcin afecta nuestro presente y nuestro futuro.

La encuesta no estudia la gran corrupcin, aquella que contribuye direc-tamente a la frustracin de los proyectos nacionales, sino que se ocupa, ms

bien, de la pequea corrupcin; es decir, de las coimas de cinco soles que losciudadanos diariamente pagan para agilizar un trmite o para no hacer unacola, sin darse cuenta del gran dao que, en trminos agregados, sus accionestienen sobre el desarrollo del pas.

Para que las cosas cambien se requiere de un inters y un esfuerzo muygrande y sostenido del Estado y de todos los peruanos, al comprometersedecididamente con un desempeo ntegro en sus acciones cotidianas y no sertolerantes con los actos de corrupcin.


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Con ese objetivo en mente, estos resultados deben ser apropiadamentedifundidos, pues se tiene que provocar preocupacin y accin entre los res-ponsables e involucrados en las reas donde se demuestra que existen pro-blemas, para que se dinamice la reflexin y la discusin en torno a los datos,y que se tomen las medidas correspondientes. Tambin se debe transmitir a lapoblacin el mensaje de que la corrupcin se reproduce en las acciones yactitudes personales; y que si se pretende cambiar el estado de cosas, se debecambiar este aspecto.

Esta idea recorre toda esta publicacin, desde la presentacin de la encues-ta hecha por Alfredo Torres, director de Apoyo Opinin y Mercado, el anlisisrealizado por Cecilia Blondet, directora ejecutiva de Protica y los nueve co-

mentarios de personalidades del Estado y de la sociedad civil, que ofrecen mira-das variadas, creativas, claras y complementarias a la interpretacin.La fortaleza de este documento radica, por ello, no slo en la contundencia

de los nmeros, sino tambin en la vitalidad de las lecturas que se realizaron apropsito de ellos. Confo que, a partir de ambos elementos, en diversos espa-cios se susciten debates en torno a la necesidad imperiosa de cambiar y, msimportante an, se asuman y ejerzan los debidos compromisos de cambio.

Ha sido muy grato participar con Protica y Apoyo en este esfuerzo.

Jos Miguel MoralesPresidente de la CONFIEP


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1. Introduccin

Exposicin y anlisis de resultados


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Alfredo TorresApoyo Opinin y Mercado

La encuesta nacional sobre corrupcin es muy amplia. Su cuestionario tienemuchas preguntas y el anlisis, por lo tanto, contempla muchas variables.

Para esta exposicin se ha hecho una seleccin de los datos ms relevantes einteresantes.

Principales problemas del pas

Se hizo una pregunta espontnea sobre cules son los principales problemasque afectan a nuestro pas y volvieron a aparecer las cuatro grandes trabas

que constantemente preocupan a la mayora: desempleo, pobreza, delincuen-cia y corrupcin, en este orden. Se puede notar que, en general, con respectoa ediciones anteriores (2002, 2003 y 2004), hay una mencin ligeramentemenor del desempleo y la pobreza, mientras que ha aumentado notoriamen-te la preocupacin por la delincuencia y la corrupcin (grfico 1).

Cuando se pregunta por el nivel de gravedad de cada uno de estos pro-blemas de forma individual, todos ellos se ubican por encima del 90% alsumar las respuestas grave y muy grave, tal como se muestra en el gr-fico 2. No hay diferencias significativas con respecto a la encuesta de 2004,


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excepto en algunos casos, siendo el ms notorio el de la diferencia entre ricosy pobres, que ha aumentado de 81% a 86%.

Tampoco hay variaciones cuando se indaga por las prioridades que losencuestados consideran que el Estado debera tener al enfrentarse a talesproblemas: la primera prioridad la tiene el desempleo (35%), seguido de lapobreza (24%) y la delincuencia (13%), y ubicndose la corrupcin en cuartaprioridad (10%).


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S hay un cambio muy claro cuando se focaliza la problemtica de lacorrupcin en el Estado. Al preguntrsele a las personas qu cosa es lo quefrena las actividades y servicios del Estado para lograr el desarrollo nacional,la corrupcin es sealada en el primer lugar por la mitad de la poblacin, conun poco ms de incidencia en el interior del pas que en Lima (grfico 3). Lacorrupcin es seguida de la falta de eficiencia en la gestin y la falta de recur-sos econmicos.

La corrupcin y las instituciones

Para analizar la problemtica de la corrupcin en el Per, se empieza presen-tando la percepcin de corrupcin en las instituciones. Los datos no son unanovedad con respecto a ediciones pasadas de la encuesta, pero por eso mis-

mo son ms preocupantes. Como se muestra en el grfico 4, las institucionesllamadas a enfrentar la corrupcin son las que aparecen en los primeros luga-res con el mayor nmero de menciones: el Poder Judicial y la Polica Nacionalsiguen siendo vistas por los peruanos como las instituciones ms corruptas denuestro pas.

Debe anotarse que, vistos los resultados desde una perspectiva descen-tralizada, las municipalidades y los gobiernos regionales, como podra espe-rarse, acumulan un porcentaje mayor que en Lima (28% y 23%, respectiva-mente, frente al 16% y 3% que consiguen estas instituciones entre los


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encuestados de la capital); aunque esos resultados no afectan mucho la distri-bucin presentada en el grfico.

Para profundizar en la evaluacin que los encuestados hacen de la situa-cin de cada institucin, y de forma anloga a los problemas del pas, sepregunt por la gravedad de la corrupcin en cada una de ellas. Nuevamente,en la percepcin ciudadana, la corrupcin es sentida con ms fuerza en el

Poder Judicial y la Polica, seguidas de los partidos polticos, el Congreso, lasmunicipalidades y los gobiernos regionales (grfico 5). Como se puede notar,


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a diferencia de las menciones espontneas sobre qu instituciones son las mscorruptas, cuando se enfrenta al encuestado con una evaluacin directa de lacorrupcin en los partidos, stos obtienen un resultado muy elevado, queprobablemente est asociado con la imagen negativa que hay sobre el ejerci-cio de la poltica.

Tambin se quiso conocer cules son las instituciones en las que los pe-ruanos tienen ms confianza para enfrentar la corrupcin (grfico 6). En tr-minos generales, los resultados son poco alentadores, pues la primera recu-rrencia de las menciones espontneas es ninguna (39%). Entre lasinstituciones mencionadas, la Defensora del Pueblo aparece en primer lugarcon el 17%. A continuacin aparecen la Iglesia Catlica (10%) y la Polica

(8%). Las siguientes ubicaciones agrupan proporciones muy pequeas; laContralora General de la Repblica, entre ellas, obtuvo el 1% (no se muestraen el grfico).

Debe sealarse que hay algunas diferencias ligeras al mirar los datos se-gn se trate de Lima o de provincias. Bsicamente, en el interior hay un pocoms de confianza en las instituciones que en la capital. As, por ejemplo, quie-nes sealan que no confan en ninguna llegan al 42% en Lima; o, quienesconfan en la Defensora alcanzan el 21% en el interior del pas.

Para acabar con la evaluacin institucional, se le pidi a los encuestadosque compartieran su apreciacin personal sobre el desempeo de cada unade estas entidades (y otras) en la lucha contra la corrupcin. Como se presen-ta en el grfico 7, al sumar las categoras buena y muy buena, ninguna


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Despus de estas apreciaciones, para poner a los encuestados en situa-ciones ms concretas y cercanas a lo cotidiano, cuyas respuestas no requirie-sen de evaluaciones tan abstractas o generales sobre las instituciones nacio-nales, se les pregunt por las probabilidades que tendra una persona desobornar a un juez, a un polica o a funcionarios de distintas instituciones.

En la mayora de los casos, la gente sostuvo que sera bastante probable omuy probable lograrlo (grfico 8): 66% de probabilidades en el caso de unpolica; 60%, un juez; 58% en el caso de un funcionario municipal; y 53% enel caso de los funcionarios ministeriales o de gobiernos regionales. La menorrecurrencia negativa la obtuvo el profesor, quien es altamente sobornablepara un 38% de encuestados.

de ellas obtiene ms del 50%. Lo que ms destaca es que mejor calificadas seencuentran varias instituciones del mbito ms bien privado, como las iglesiascatlica (40%) y evangelista (28%), y algunos medios de comunicacin (ra-dio, 23%, y televisin, 21%). Del lado del Estado, nuevamente la Defensoraobtiene la mejor calificacin (23%). Muy abajo en la tabla estn la Polica y elPoder Judicial (no se muestran en el grfico).


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Los peruanos ante la corrupcin

La percepcin de corrupcin del pas por los peruanos en la medicin anterior(2004) fue del orden del 91%. Esta proporcin ha bajado notoriamente hoy,lo cual se da paralelamente al fenmeno inverso, es decir que ha aumentadola cantidad de peruanos que ven al Per como un pas poco corrupto, talcomo se puede apreciar en el grfico 9.


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En efecto, la suma de las categoras corrupto y muy corrupto para elao 2006 da 83%, casi diez puntos menos que el ao 2004. Mientras que lasuma de las otras dos categoras, poco corrupto y nada corrupto, haaumentado de 8% a 16%.

Otra manera de abordar la forma en que los peruanos se ven a s mismoses tratando de focalizar el tema sobre personas y ya no hablar del Per comoun ente abstracto, sino preguntndole al encuestado sobre los ciudadanos delPer, sus compatriotas, y tambin por quienes habitan en su ciudad con l; y,finalmente, por l mismo.

Tal como se muestra en el grfico 10, hay una llamativa diferencia conrespecto a los datos anteriores, en el sentido de que la opinin negativa dis-

minuye. Los peruanos son vistos como corruptos o muy corruptos en un57% de casos; y los habitantes de la ciudad en un 51%. La disminucin msgrande aparece cuando se hace la pregunta por uno mismo: slo 4% se con-sidera corrupto (nadie se autocalifica como muy corrupto). En este lti-mo caso, adems, 56% se define a s mismo como nada corrupto.

Es interesante apreciar la pregunta por cmo la gente percibe a quienes

habitan su ciudad, quienes lo rodean, segn cada ciudad donde se aplic laencuesta. Segn esta lectura, los ms crticos con sus conciudadanos son lostumbesinos y los limeos (Lima metropolitana), donde la suma de corrup-tos y muy corruptos llega a 68% y 59%, respectivamente. Por el contra-rio, los chiclayanos y los trujillanos tienen la menor opinin negativa de suscohabitantes (35% y 27%).

Otra dimensin de la forma de percibir la corrupcin entre los peruanoses preguntando por quines son los responsables de la corrupcin en el Per.Aqu (grfico 11) las diferencias ms saltantes se dan al hacer el cruce de las


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respuestas segn el nivel educativo de los encuestados: aquellas personasque tienen un mayor nivel educativo (superior) piensan que somos nosotrosmismos los principales culpables; mientras que quienes tienen un nivel menor(primaria), responsabilizan a los gober-nantes.

Por otra parte, la sensacin de cum-plimiento de la ley es muy baja. Msdel 80% de la poblacin considera quelos ciudadanos peruanos no respetan lasleyes (grfico 12). Cuando se preguntaa qu se debe que haya gente que srespeta las leyes, las respuestas seala-ron que lo haran porque se trata de undeber y por temor a la autoridad (gr-fico 13). Y cuando se pregunt por las

razones que explican que la gente norespete las leyes, hubo ms dispersin de ideas, siendo las ms recurrentes lapercepcin de que las leyes estn hechas para favorecer a los poderosos, lafalta de valores y el que las leyes no estn adecuadas a la realidad del pas(grfico 14).

Otro aspecto que se ha abordado dentro de este campo de las actitudesde los peruanos ante la corrupcin es la relacin entre democracia y corrup-cin. Para establecer un marco, se empez indagando por el compromisodemocrtico, recurriendo a una frmula usual en otros estudios (grfico 15).


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Luego, en coherencia con ese re-lativo compromiso con la democra-cia recin identificado, cuando se pre-gunt a los encuestados si crean queella, pese a todos sus problemas, ser-va para combatir la corrupcin, lamayora (57%) manifest que s co-incida con esa opinin (grfico 16).

Estos datos parecen ser consis-tentes con la percepcin que los ciu-dadanos tienen hacia atrs, cuando

se les pregunt por el gobierno enque creen que hubo ms corrupcin: como se ilustra en el grfico 17, el pe-riodo de Fujimori un autoritarismo es sealado por ms de la mitad de losencuestados (54%).

Pasando a otro aspecto, para medirel grado de tolerancia hacia actos coti-dianos y comunes de trasgresin, se de-fini una lista de situaciones que se lepresent al encuestado, pidindole que

exprese qu tan de acuerdo se encuen-tra con cada una de ellas. Al analizar lainformacin se arman tres categoras: i)la alta tolerancia representa a quienesestn totalmente de acuerdo y deacuerdo con determinada accin tras-gresora; ii) la tolerancia media abarca aquienes no se muestran ni de acuerdo

ni en desacuerdo y a quienes estn en desacuerdo, pero no de una formamuy convincente; y iii) el rechazo definido viene dado por quienes estn to-talmente en desacuerdo ante cada accin. En el grfico 18 se muestra elpromedio total de los dieciocho actos de trasgresin que conforman la lista.

Aunque la tolerancia media (aquellos que no aceptan abiertamente latrasgresin, pero que pueden justificarla y hasta practicarla) se impone entodos los actos, hay algunos en los cuales la tolerancia alta aumenta muy porencima del promedio (2.9%): comprar productos piratas, que un funcionariopblico favorezca a parientes o amigos, evitar pagar el pasaje del transporte,


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o pagar una propina para que a uno se le perdone una multa. Se puede sea-lar que la compra de productos pirateados es tambin el acto que acumula elmenor rechazo definido especfico (17%) de todo el conjunto.

Entre los actos menos tolerados se encuentran el llenado de documentoscon datos falsos, llevarse productos de una tienda sin pagar, robar luz, y sus-traer propiedades de un escritorio cuando nadie ve. De hecho, estos actosestn planteados al encuestado prcticamente como delitos; sin embargo, elrechazo no es abrumador, sino que apenas bordea el 40% de respuestas, locual significa que hay un amplio sector de poblacin que los tolera.

Finalmente, antes de pasar a otro acpite, hay que resear lo encontradoen cuanto a las expectativas de la gente frente a la corrupcin. Aqu la pobla-


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cin demuestra un inusual optimis-mo: hay un 21% que piensa quedentro de cinco aos la corrupcinen nuestro pas habr disminuido. Lamedicin hecha hace un par de aosarrojaba que slo el 8% mostraba esaactitud (grfico 19). Una variacintan marcada puede tener que ver conel clima de cambio de gobierno y lasexpectativas favorables hacia el fu-turo que, en general, se viven en es-

tos das.Y, en relacin con esto mismo, se pregunt a los encuestados sobre suopinin en cuanto a qu tanto el gobierno actual est interesado en promo-ver la lucha anticorrupcin. Si bien hay una gruesa actitud pesimista (38%), lamayora (55%) se muestra expectante al respecto (grfico 20). Debe apun-tarse, adems, que hay algunas diferencias entre grupos socioeconmicos ymbitos regionales ante esta pregunta: los que tienen mejores ingresos con-fan ms en el gobierno aprista (muy interesado: 27%) que los ms pobres(poco interesado: 31%); y los pobladores de Lima (muy interesado: 26%)

confan ms que el promedio de los habitantes del interior (poco interesa-do: 31%).

Vivencias de corrupcin

Una parte de este estudio tuvo como objetivo construir un ndice de corrup-cin cotidiana (ICC), que permitiera medir la incidencia real de actos comu-

nes de pago de coimas. Este ndice se basa en el anlisis de las respuestas delos encuestados ante la pregunta si realiz alguno de los treinta y cuatro (34)trmites seleccionados; y si para realizar tal trmite tuvo que pagar algunacoima.

En realidad, se trata de tres ndices que se elaboran sobre estos elemen-tos. El ICC por trmite muestra la proporcin entre pagos de coimas y vecesen que se realiz un determinado trmite.


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Nmero de personas que pagaron coima en el trmite TICC-T = x 100

Nmero total de personas que realizaron el trmite T

El ICC promedio determina la tasa de casos en que se pag coimas considerando todos lostrmites; o sea, el promedio global de coimas pagadas. Se calcula sacando una proporcinentre el nmero total de pagos de coimas sobre el nmero total de veces en que se realizarontodos los trmites.

Nmero total de trmites realizados pagando una coimaICC-P = x 100

Nmero total de trmites realizados

El ICC agregado es la proporcin del nmero total de personas que pagaron coimas sobretodas las personas que efectuaron trmites. Muestra el porcentaje de gente que pag coimas.

Nmero de personas que pagaron coimaICC-A= x 100

Nmero de personas que efectuaron trmites

La buena noticia es que a lo largo de las cuatro ediciones de la encuesta,se aprecia una ligera mejora (disminucin) en los tres ndices, medicin trasmedicin. En el grfico 21 se muestra la evolucin del ICC promedio y delICC agregado. An cuando la encuesta no ofrece elementos que permitan

explicar el fenmeno, los datos parecen ser consistentes en la reduccin depagos de coimas.


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Cuando se hace el anlisis por cada trmite, se aprecia que en algunostrmites ha aumentado el ICC-T y en otros ha disminuido; lo cual recuerdaque los promedios esconden diferencias. Por ejemplo, pagar una coima paraarreglar multas de trnsito no slo no ha disminuido, sino que ha mostrado unincremento con respecto a todos los aos anteriores, llegando a 27.4 esteao, lo cual quiere decir que poco ms de uno de cada cuatro personas queha sido descubierta infringiendo las leyes de trnsito, reconoce que pag unacoima al polica para librarse de la sancin. Tambin son elevados los ICC-T enla presentacin de denuncias en una comisara (19.6), para recuperar el auto-mvil del depsito (17.5) o para hacer trmites en un juzgado (13.3).

Por supuesto, tambin hay trmites que muestran disminuciones con res-

pecto al ao 2004 y otros que se mantienen igual; pero en muy pocos casosse registra tendencias claras, por lo que no se puede sacar afirmaciones con-cluyentes con estos datos, ms all de lo que ya se ha expuesto para el casodel promedio y del ndice agregado.

Al desmenuzar el ICC-P segn algunas variables sociales, se confirma ladisminucin de la incidencia real de pago de coimas en cada una de ellas. Sinembargo, se muestra que hay ligeras tendencias a que quienes estn mseducados o son ms jvenes reconozcan practicar un poco ms los sobornosque los dems. As, quienes tienen un grado de instruccin universitario mues-

tran un ICC-P de 4.2; mientras que, al otro extremo, quienes slo tienenprimaria, 3.3. Y quienes estn en el rango de edad de 18 a 39 aos presentanun valor de 5.5, frente al 3.7 de aquellos que estn entre los 40 y 54 aos, yel 2.5 de quienes estn entre 55 y 70 aos de edad. Pasa algo similar en elanlisis por gnero: los hombres (4.4) se muestran un poco ms propensos alpago de coimas que las mujeres (3.3).

La desagregacin de acuerdo a ciudades muestra, en primer lugar, quelos datos son un poco mayores en Lima que en el promedio del interior del

pas. Aunque, nuevamente, detrs del promedio hay algunas ciudades en dondeel ICC-P local es mayor que el valor nacional: Abancay (6.7), Huancayo (6.1),Cerro de Pasco (6.0) o Pucallpa (5.6). Por otra parte, se encuentran las ciuda-des que estn por debajo del promedio nacional y que, adems, han mostra-do mejoras: Tumbes (3.9), Ayacucho (3.7), Huancavelica (1.3) y Tarapoto(0.7).

Pasando a otro punto, un elemento fundamental de las vivencias de co-rrupcin tiene que ver con la denuncia de los actos corruptos. Al respecto, lamayora de las personas que se vieron afectadas por un acto de corrupcin


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Base: Total de entrevistados que no denunci cuando le solicitaron una coima.

(no slo coimas en los trmites, sino en ge-neral) no denunci el hecho (grfico 22).Entre los pocos que lo hicieron, la mayoraargument que fue debido a cuestiones deprincipios y valores (grfico 23). Y los queno lo hicieron sostuvieron que denunciar nosirve para nada, que de haberlo hecho sehubieran ganado problemas, y que no po-dan probar la denuncia (grfico 24). En ge-neral, hay una sensacin de que no se va aconseguir cambiar nada con las denuncias.

Base: Total de entrevistados que denunci cuando le solicitaron una coima.


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Por todo eso, es muy precario eldato especfico sobre qu tan efecti-vas son las denuncias segn los en-cuestados: 78% considera que de-nunciar la corrupcin tiene poca oninguna efectividad (grfico 25). Estedato no muestra ninguna variacinsignificativa con respecto a los aosprevios, lo cual devela una situacinmuy grave al respecto, que se com-plementa con el dato sobre si una

persona sabe qu hacer o adndeacudir para denunciar un acto de corrupcin: al igual que en las encuestasanteriores, ms o menos la mitad sabe dnde hacerlo (52%) y la otra mitadno (48%).

Educacin y corrupcin

Esta medicin incluy un mdulo especial sobre la relacin entre corrupcin y

sector educativo, debido al inters de Protica y CONFIEP en ello.Lo primero que se busc conocer fue la percepcin especfica de la gente

sobre las instituciones y funcionarios educativos. Para ello, de forma similar alanlisis de la percepcin ms general, se sum las categoras corrupto ymuy corrupto. Los resultados se presentan en el grfico 26.

Luego, cuando se pregunta por las razones por las cuales, en general, lagente pagara coimas o practicara otros actos de corrupcin en los colegios,la respuesta mayoritaria fue que la corrupcin serva para arreglar las notas de

los estudiantes (grfico 27). Se da por supuesto que se trata de evitar questos puedan ser reprobados de ao o de curso.Sin embargo, frente a esa elevada percepcin de corrupcin, correspon-

de una realidad que puede parecer menos grave: prcticamente uno de cadadiez entrevistados (con hijos en edad escolar) menciona que algn profesor leha pedido algn regalo o dinero para aprobar a su hijo, bien sea a l mismo, atravs de algn otro familiar o conocido, o a su propio hijo (grfico 28). EntreLima y el interior hay una diferencia en cuanto a la proporcin de coimas que


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han sido pedido a travs del propio es-tudiante: 3% en Lima y 6% de prome-dio en el interior del pas.

Para terminar, en el grfico 29 sepresenta cules son, en opinin de to-dos los encuestados, las consecuenciasque trae la corrupcin educativa sobrela calidad de la educacin. Ello, por su-puesto, implica tambin indagar unpoco qu entiende la poblacin porcalidad educativa, pues se busc res-

puestas espontneas.


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Entre el caos y la calma: poltica y sociedad en el Per, hoy

La primera impresin que suscita la encuesta es una suerte de ambiente decalma despus del caos que vivimos durante el perodo electoral. Paradjica-mente, y a pesar de los problemas existentes, antes de cumplir los cien dasdel nuevo gobierno se nota una cierta tranquilidad que se traduce en el au-mento de las expectativas de la poblacin en relacin al presente y futuro delpas expresado por los encuestados.

La manera como el APRA dise su estrategia poltica de entrada al po-der ha sido relativamente eficiente para devolver el principio de autoridad, y

por lo tanto recuperar, en la percepcin de la gente, la sensacin de orden yde estabilidad. Se siente el fuerte liderazgo del Presidente y la aprobacinpresidencial, como se ha visto, alcanza el 53%. Todo ello refleja que los pe-ruanos se han tranquilizado despus de un periodo electoral tan convulsiona-do e intenso como el que se tuvo en la primera mitad del ao.

Dentro de ese marco, cuando se le pregunta a la gente cmo cree quehabr evolucionado la corrupcin en el Per dentro de cinco aos, 21% diceque va a disminuir. Y, aunque hay 30% que dice que va a aumentar y otro36% que dice que seguir igual, el solo hecho de que uno de cada cinco

Cecilia BlondetProtica


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La polarizacin era evidente. Ms an, hubo muchos analistas que habla-ban de una amenaza antisistema anidada en sectores populares. Segn eseenfoque, bajo el liderazgo de Humala, tal amenaza iba adquiriendo formapoltica y se estaba convirtiendo en un radicalismo que poda devenir en al-gn tipo de movimiento masivo violento. La incertidumbre y el temor frenteal desborde social eran muy grandes.

Imaginar un escenario como ese era muy posible hace tan slo cinco

meses. Por el contrario, lo que tenemos ahora es una sensacin de tranquili-dad entre la gente (alivio, en varios sectores sociales) e, incluso, de ciertooptimismo y expectativa.

Este ambiente de calma tiene tambin, segn la encuesta, manifestacio-nes ms especficas referidas a la corrupcin: ha bajado ligeramente la per-cepcin de la corrupcin en las instituciones; un 57% est de acuerdo en quela democracia, pese a sus problemas, puede ayudar a combatir la corrupcin;o el 55% que considera que el actual gobierno tiene un inters claro porluchar contra la corrupcin. Todos estos aspectos pueden ser entendidos como

peruanos ya considere que en los prximos aos la situacin va a mejorar, noslo resulta estimulante, sino que coloca una vara alta para las iniciativas an-ticorrupcin del Estado y, particularmente, del gobierno que recin empieza.

Si la actual situacin de tranquilidad se compara con lo que ocurra hacetan slo unos meses, aparece un contraste muy notorio. Tal como se apreciaen el grfico 1, el descontento social existente haba sido capitalizado por elcandidato Ollanta Humala.


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una lnea de base, con la cual el gobierno aprista est iniciando su mandato.Por ello mismo, ser muy interesante ver qu va a hacer la administracin deAlan Garca con este endose de expectativas.

Detrs de la calma

Sin embargo, ms all del giro de prcticamente 180 grados en la percepcinde la gente, no cabe lugar para ninguna duda en cuanto a que los problemasde fondo solamente han pasado a un estado de latencia. La encuesta muestraclaramente que, detrs de la calma actual, estos problemas persisten.

El desempleo y la pobreza son los ms sentidos. Y con razn. No se puededejar de recordar que el 51% de peruanos vive en pobreza; y que hay regio-nes, como Huancavelica, en donde ese porcentaje llega al 85%, lo que quieredecir que en esa regin prcticamente nueve de cada diez personas es pobre,y la mitad de las mujeres son analfabetas (47%). Esta situacin no se solucio-na mandando al ejrcito a que alfabetice o trayendo a alguien del extranjeroa que nos arme escuadrones de alfabetizadores. Es, ms bien, un problema deEstado; o, ms precisamente, es un problema de falta o ineficiencia de polti-cas de Estado. Cuando la gente responde que los principales problemas son

desempleo y pobreza, lo hace con indiscutible razn. Y con ms razn mien-tras ms pobre es (grfico 2).


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La corrupcin como problema de fondo

Los otros dos problemas ms recurrentemente sealados en la encuesta hansido la delincuencia y la corrupcin. La delincuencia, como ya se ha mostrado,ha aumentado su porcentaje notoriamente con respecto a la anterior edicin(2004), lo cual coincide con el aumento de la preocupacin bsicamenteurbanapor la inseguridad ciudadana, dejando as a la corrupcin en el cuar-to lugar.

Pero si se enfoca la problemtica dela corrupcin desde otro punto de vistase presenta un cambio muy interesan-

te: al preguntar por el principal obst-culo que evita que el Estado pueda lo-grar el desarrollo del pas, la corrupcines sealada mayoritariamente por losentrevistados; exactamente la mitad co-incide en ello. De esta forma, queda cla-ro que, en el imaginario social, la aso-ciacin entre corrupcin y desempeodel Estado es muy fuerte (grfico 3).

Pero eso no es todo. Ante esa mis-ma pregunta, la cuarta parte (26%) responde que el principal obstculo paraconseguir el desarrollo es la ineficiencia estatal. Y no se debe dejar de consi-derar que sta, a su vez, puede ser producto de actos de corrupcin. Por lotanto, estaramos hablando de un 76% que considerara que la corrupcin de forma directa o indirectaes el principal obstculo para que el Estadologre y asegure el desarrollo del pas.

Este dato es determinante para ayudarnos a entender la dinmica poltica

reseada al inicio, puesto que aclara que no estamos ante masas antisiste-ma que se levantarn y tomarn las calles simplemente por su salvajismo oporque tirar piedras y bloquear carreteras sea intrnseco a ser pobre. Si sepresta correcta atencin a estos nmeros, estamos hablando de un altsimoporcentaje de la poblacin que no slo est exigiendo ms y mejor Estado,sino que ese reclamo lleva implcitamente la exigencia de una actuacin p-blica tica. Es, al final, una demanda por mejores oportunidades para conse-guir una mejor posicin en la vida y una mejor calidad de vida. La solucin a


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la crisis del Estado, entonces, est inevitablemente articulada con el problemade cmo superar la corrupcin.

Estratificacin, corrupcin y conflictividad social

De acuerdo a diversos datos de la encuesta, se puede comentar tambin otroaspecto sumamente importante: la corrupcin es mucho mejor identificadaentre los sectores socioeconmicos A y B. Esto ocurre, en trminos generales,porque se trata de personas mejor informadas, que saben donde pueden que-jarse, que no estn dispuestas a resignarse, y si lo estn no es por la ausencia

prcticamente total de opciones, como ocurre en sectores ms bajos.En el caso de los sectores C, D y E la resignacin y la aceptacin de lacorrupcin no es una alternativa entre otras, excepto la accin violenta, ge-neralmente masiva, frente a actos de corrupcin o rumores sobre stos. Elcaso de Ilave, en Puno, es paradigmtico al respecto: ms all de la dinmicapoltica local, la razn por la cual los habitantes de las comunidades de alrede-dor se levantaron y participaron en el linchamiento del alcalde fue bsica-mente porque creyeron que ste era un corrupto y que les estaba robando eldinero que tenan para hacer diferentes tipos de obras1. Como las gestiones

previas de la Contralora General de la Repblica y la Defensora del Pueblono satisficieron sus inquietudes y demandas, sumado al estado de ebullicinal que haba llegado la situacin poltica local, los pobladores tomaron la jus-ticia en sus manos. La ausencia de canales eficientes para recoger sus denun-cias llev a una situacin inmanejable de violencia social.

Si bien este caso puede ser extremo, lamentablemente no es el nico. LaDefensora del Pueblo viene ofreciendo regularmente un informe sobre elestado de los conflictos sociales en el pas. En esos documentos se puede

apreciar que la gran mayora de los conflictos se origina por problemas aso-ciados a diversos aspectos de corrupcin en la gestin de las autoridades:decisiones cuestionables, presuntas irregularidades y falta de transparencia(grfico 4).

1 Dentro de este argumento es irrelevante si los hechos sobre los que existan las acusaciones y rumoreseran ciertos o no. De hecho, la Contralora confirm meses despus que no habra habido participacin dela autoridad edil en las irregularidades.


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Para reforzar el argumento que seviene desarrollando, cabe precisarse queel 85% de los conflictos se dan en zonasde pobreza (pobres, muy pobres y extre-madamente pobres), tal como se mues-tra en el grfico 5.

Para todos los actores involucrados

en promover la lucha contra la corrup-cin debera ser una preocupacin defondo la manera en que se logra que lapoblacin (particularmente los sectoresmenos favorecidos) se informe, participey exija. En ese sentido, es crucial todo esfuerzo que se haga por ensearle a lagente a conocer la gestin pblica, vigilarla, evaluar sus logros y deficienciasy a demandarle mejoras a travs de canales institucionales. Ello, por supuesto,debe ir complementado con un desarrollo de capacidades entre las institucio-

nes pblicas para atender las demandas, tanto de informacin sobre distintosaspectos de gestin, como de investigacin sobre presuntas irregularidades.


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Corrupcin y educacin

a. Percepcin de la educacin

Tratar de comprender un poco ms la relacin entre corrupcin y educacinha merecido un captulo aparte en esta encuesta. Ello ha respondido a intere-ses coincidentes de parte de CONFIEP y de Protica, en cuanto a la importan-cia del tema. Para la CONFIEP, el propio evento marco dentro del cual sepresenta este producto est orientado a la bsqueda de un mayor involucra-miento del empresariado en el mejoramiento de la educacin nacional. Ypara Protica, como producto de su trabajo descentralizado en aos pasados,intervenir especficamente sobre el campo de la corrupcin educativa se ha

vuelto una exigencia impostergable, por las graves consecuencias que ellatrae sobre el desarrollo nacional.Los datos existentes sobre la situacin de la educacin ya son muy gra-

ves. Llama la atencin, particularmente, el gran desfase que existe entre unaopinin condescendiente de la poblacin frente a la prestacin del servicioeducativo y la calidad real de ste.

De un lado, la encuesta nacional de educacin del Foro Educativo (2005)muestra que, en promedio, dentro de una escala de 0 a 20, la poblacincalifica a la educacin nacional con una nota de 11.9; revelndose as que ella

merece una nota ciertamente baja, pero aprobatoria. Podemos decir, enton-ces, que los peruanos califican a la educacin de regular.

Sin embargo, en sentido totalmente opuesto, estn los resultados de lasevaluaciones de rendimiento de estudiantes (la evaluacin nacional de 2004y, un poco antes, la prueba PISA), que muestran escandalosas deficiencias enla formacin de stos. En el caso ms extremo, slo tres de cada cien alumnosde 5 de secundaria tienen un manejo adecuado a las exigencias de su gradoen matemticas (grfico 6).

Pero no es el nico dato preocupante. En trminos comparativos, de acuer-do con los resultados de la prueba PISA (grfico 7), la educacin peruana estmuy por debajo de la de otros pases latinoamericanos, y mucho ms abajotodava que la de los pases desarrollados. Basta sealar aqu que ms de lamitad (54%) de los alumnos peruanos est en el nivel 0, el mnimo, en cuantoa comprensin de lectura (no entienden lo que leen), frente al 20% del restode pases latinoamericanos y al 6% promedio de los pases de la OCDE.


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No deja de ser sorprendente que, ante datos como los expuestos, casi untercio de la poblacin sostenga que el servicio educativo est regular, cuandoms bien ste pareciera ser psimo. Una explicacin que puede ayudar a en-tender tal desencuentro es que, de manera similar a lo argumentado en elcaso de la corrupcin, hay un acomodamiento de la gente a una situacin enla cual nada va a cambiar.


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b. La corrupcin como factor que afecta la educacin

Uno de los muchos factores que incide en los pobres resultados educativosmostrados es la corrupcin. La presencia de la corrupcin en la educacin estbastante extendida y, adems, es muy comentada; sin embargo, a la vez, esun fenmeno muy poco estudiado, y tambin un problema insuficientementedenunciado, que es distinto a que sea slo conocido o rumoreado.

Como seala la encuesta, el 11% delos padres de familia reconoce que en al-guna instancia del sector educativo (direc-ciones regionales, unidades de gestineducativa, centros educativos y aulas/

maestros) se le pidi una coima por reali-zar algn trmite (grfico 8).Tal proporcin aparenta ser pequea,

pero en trminos absolutos (es decir, la fre-cuencia de casos) no lo es2. An as, ladenuncia ha sido muy baja: slo el 6% deafectados por actos corruptos, en general,denunci los hechos. En relacin con la magnitud del problema, particular-mente en el sector educativo, parece ser muy poco.

Cmo se puede sostener tal afirmacin? Porque precisamente partiendode tal premisa, Protica y la Defensora del Pueblo vienen llevando a cabo,desde agosto, una campaa para promover la denuncia de actos corruptos enel mbito de la educacin bsica (inicial, primaria y secundaria) en seis regio-nes del pas. Y basta sealar aqu que solamente con una pequea accincomo esta, muy limitada en cuanto a recursos, se ha aumentado en casi eltriple la cantidad de denuncias que la Defensora reciba antes.

O sea, en lo que va de esa campaa, se viene verificando que hay una

gran cantidad de actos corruptos en el sector educativo que por miedo a lasrepresalias, dejadez, falta de informacin o desconfianza ante las institucio-nes no son denunciados, contribuyendo a mantener oculta la discusin sobrela relacin entre corrupcin y resultados educativos, y a que se reproduzca laimpunidad.

2 Ntese, adems, que se ha preguntado por coimas, y no por otro tipo de actos de corrupcin; y tampocose ha explorado con profundidad en la corrupcin administrativa, a travs de una encuesta a maestros,por ejemplo.


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Ante estas constataciones, se presenta claramente, entonces, un segun-do desfase: el que se da entre las denuncias de corrupcin que se formalizany la magnitud real del problema, que se supone mucho mayor.

Aunque la verdadera dimensin de la problemtica de corrupcin en edu-cacin no se conoce, se puede sostener que hay varios factores que estninvolucrados en alguna medida: la desorganizacin del sistema, la falta derecursos, lo extendido de la burocracia, los controles insuficientes y las pro-pias percepciones de los miembros de la comunidad educativa. Queda pues,dentro de una agenda de investigacin pendiente, profundizar el conocimientode la dinmica de la corrupcin en las polticas educativas.

Notas para la reflexin y la accin

En cuanto a una lectura ms general, los resultados expuestos fortalecen elargumento de que la posicin calificada como antisistema, parece ser msbien una demanda por ms y mejor Estado, con especial nfasis en una ges-tin pblica tica, desde los sectores mas pobres y marginados.

En segundo lugar, la encuesta demuestra que la corrupcin es un obst-culo muy grande para combatir la pobreza y lograr el desarrollo. Hay con-

ciencia entre los ciudadanos que un pas corrupto no es competitivo.Tercero, si bien se reconoce su relevancia como problema y como freno al

avance nacional, eliminar la corrupcin se presenta como una tarea complica-da y larga, bsicamente por el fuerte arraigo en la forma en que los peruanosse relacionan entre s y, principalmente, con el Estado. Qu hacer? La refor-ma del Estado es fundamental en este sentido. Hay que ganar eficiencia, yganarse una percepcin de servicios de calidad.

Sin embargo, reforma del Estado puede significar muchas cosas. Ac que-

remos decir, para empezar: simplificacin administrativa, transparencia y ac-ceso a la informacin y rendicin de cuentas, de una parte. Y, de otra, ley decarrera pblica para poder tener una burocracia calificada que permita imple-mentar los cambios y lograr resultados de forma eficaz; y que tambin permi-ta controlar las ansias de empleo que tienen los militantes de los partidos degobierno, que es una de las ms comunes causas de corrupcin en las demo-cracias contemporneas.

Otra reflexin, ntimamente asociada con la anterior, es que tenemos quefortalecer el Sistema Nacional de Control. Resulta sorprendente que, ms all


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de su desempeo real, la Contralora General de la Repblica solamente hayasido aprobada por el 1% de los encuestados en cuanto a su efectividad en lalucha contra la corrupcin, cuando se trata de la institucin que tiene que verms directamente con cautelar la correcta gestin de los recursos pblicos.

El problema del control parece ser ms grave en provincias; ms ago-biante podramos decir, pues la poblacin se queja de que los rganos decontrol de las distintas instituciones regionales y locales no funcionan bien:tienen problemas de presupuesto y de personal, son dependientes de las mis-mas instituciones a las que deben controlar (aunque se est avanzando en losnombramientos de jefes de rganos de control institucional por parte de laContralora), y no tienen capacidad para operar porque les falta, por ejemplo,

veinte soles para cubrir una diligencia en el interior. Est tambin el problemade que los trmites para hacer denuncias son complicados, o parecen serlo, alpunto que los afectados prefieren no involucrarse en un proceso. En suma,estn dadas todas las condiciones para que no se pueda ejercer bien el control.

A la par con el fortalecimiento del SNC, es fundamental darle un nuevoimpulso a la reforma de instituciones como el Poder Judicial y la Polica Nacio-nal, pues no deja de ser un contrasentido que sean stas mismas, altamentepercibidas como corruptas, las que tienen encargos formales de ser actoresclave de la lucha contra la corrupcin.

Un ltimo punto de reflexin es que no debemos olvidar que es impor-tante que la estrategia de la lucha contra la pobreza, prioridad nacional indis-cutible, incluya una lnea de combate a la corrupcin, porque los datos de laencuesta muestran que hay una gran asociacin entre pobreza, debilidad delEstado y de sus instituciones, y percepcin de corrupcin. Es claro, entonces,que si no tenemos instituciones fuertes no vamos a tener polticas de Estado.Y si no hay polticas de Estado vamos a seguir teniendo los mismos problemasque hemos visto a propsito del sector educacin.

Finalmente, la encuesta es muy elocuente de la situacin actual, pero almismo tiempo recoge problemas de fondo. En este sentido, plantea una de-manda muy fuerte frente a lo que va a ser la gestin del actual gobierno. Lasaltas expectativas mostradas no se reducen a que se reestablezca el principiode autoridad con medidas efectistas. Sino que es urgente entrar a trabajar ysentar las bases para solucionar los problemas estructurales del pas.


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Tres condiciones objetivas que favorecen la corrupcin

Evidencia de investigaciones en cinco regiones del pas

Desde 2003 Protica viene desarrollando actividades de anlisis e incidenciaen mbitos descentralizados: en las regiones de Ayacucho, Cajamarca, Huan-cavelica, Junn y Lambayeque, y en los municipios provinciales de Cajamarcay Ferreafe.

Uno de los ms importantes productos de esas acciones en todo esteperodo es la serie de mapas regionales de riesgos de corrupcin, que son

documentos de investigacin que indagan, ordenan, profundizan y exponenlas principales condiciones que permiten que la corrupcin se reproduzca enlas cinco regiones estudiadas1. Estos textos deben ser ledos como los prime-

Samuel Rotta CastillaProtica

1 Lambayeque (2004), Junn (2005), Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica (2006). Estos estudios hantenido una aproximacin cualitativa (grupos focales, entrevistas y revisin de documentacin periodsticay oficial a travs de solicitudes de informacin pblica) y, en el caso de los tres ltimos, tambincuantitativa (sobre la base de cinco variables utilizadas para medir el nivel de riesgos de corrupcin encada mbito regional).


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ros esfuerzos por recoger, organizar, sistematizar y presentar la informacinreferida a las condiciones adversas los riesgos que vienen posibilitando laproliferacin de los actos de corrupcin en los distintos sectores de las socie-dades regionales analizadas.

Ms all de los resultados especficos por regin que son, ciertamente,muy interesantes en este texto se va a presentar de manera sinttica laprincipal conclusin que se puede extraer al hacer una revisin de conjunto alos cinco informes: que hay tres grandes problemas objetivos que se mani-fiestan, en variada medida, en todas las regiones y en prcticamente todas lasinstituciones de todas ellas. Estos problemas son: la debilidad e ineficiencia delos mecanismos de control, investigacin y sancin; la falta de transparencia y

las limitaciones al acceso a la informacin; y las debilidades de la vigilanciaciudadana y las limitaciones a la participacin.La breve descripcin que se hace a continuacin de estos tres problemas,

pretende aportar elementos de anlisis objetivo sobre corrupcin para enri-quecer los anlisis y comentarios que se han expuesto en este volumen apropsito de los datos subjetivos arrojados por la encuesta.

1. Debilidad e ineficiencia de los mecanismos de control, investigacin

y sancin

Este problema pareciera estar directamente relacionado con los elevados ni-veles de desconfianza que tiene la poblacin hacia el desempeo anticorrup-cin del Estado en general; y hacia la capacidad de ste para procesar lasdenuncias por corrupcin, en particular. En efecto, como muestra la encuesta,hay un 78% de peruanos que cree que hacer una denuncia es poco o nadaefectivo, al punto que el 94% de los afectados por un acto de corrupcin

opt por no denunciar el hecho.Los estudios regionales sobre riesgos de corrupcin mencionados brin-dan evidencias slidas sobre la gran cantidad de obstculos que enfrenta elejercicio del control y de la sancin en el interior del pas.

El ms notorio de estos obstculos es el desorden que existe entre losvarios organismos e instancias que cumplen con tareas de detectar actos decorrupcin y sancionarlos. No slo hay oficinas de control institucional, comi-siones de procesos administrativos (especiales y permanentes), procuradurasy comisiones especializadas en algunos casos (como el CADER del sector edu-


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cativo) dentro de las instituciones, sino que tambin pueden intervenir laContralora General de la Repblica (CGR), la Defensora del Pueblo, los con-gresistas de la regin, la procuradura regional anticorrupcin o comisiones adhocdel Consejo Regional. Adems, en el mbito de la administracin de jus-ticia, para casos donde se supone responsabilidad civil o penal, estn la Fisca-la y el Poder Judicial.

La intervencin descoordinada de todos estos entes dificulta la gestin delas denuncias y la eficiencia de los procesos, que pueden desenvolverse deforma paralela en dos o ms oficinas y terminan siendo muy largos. Por su-puesto, tambin pueden producirse resoluciones contradictorias de parte dedistintas oficinas. Esta situacin tambin ofrece mayores posibilidades de que

se cometan actos de corrupcin, al aumentar la cantidad de funcionarios in-volucrados, pero, ms importante, porque toda la confusin reduce, si noelimina, la transparencia sobre la gestin de los documentos. Finalmente, alduplicarse funciones, se genera un irracional gasto de los exiguos recursosque se dedican al control de la corrupcin.

Pero esa ineficiente maraa de organizaciones, competencias, normas yfunciones no es el nico ni el principal problema.

De acuerdo con las investigaciones sobre riesgos de corrupcin lo mspreocupante es que, en la prctica, la voluntad del titular de una institucin

podra llegar a ser determinante para sancionar adecuadamente o no los ac-tos de corrupcin, debido a que los entes de control dentro de las institucio-nes no tienen autonoma real frente al poder de aquel.

Esta situacin se genera porque, en primer lugar, la designacin de losfuncionarios encargados depende de los titulares institucionales. Pese a que laley del Sistema Nacional de Control establece que los jefes de los OCI depen-den ahora de la CGR, tanto en su designacin como en su remuneracin, seest avanzando muy lentamente en la implementacin de este aspecto de la

norma, bsicamente porque la CGR no cuenta con recursos econmicos paraincluir en su presupuesto los sueldos de los jefes de los OCI de todo el pas. Enel caso de los funcionarios de los OCI, stos siguen siendo dependientes de lainstitucin que deben controlar, pudiendo ser rotados a otra oficina en cual-quier momento. Y, por otra parte, los miembros de las comisiones de procesosadministrativos son funcionarios de distintas oficinas que forman parte destas como una tarea secundaria frente a su responsabilidad original; no es-tn especializados en herramientas de investigacin y evaluacin de casos de


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corrupcin, y se renen peridicamente a hacer el anlisis de los procesosbajo su competencia, constituyendo un modelo bastante ineficiente.

En segundo lugar, hay tambin una dependencia presupuestal de los OCIcon respecto a las instituciones en las cuales estn insertos. Estos organismosson los brazos descentralizados del SNC, cuyo ncleo y motor es la CGR; sinembargo, sus acciones son solventadas con dinero de las respectivas institu-ciones, las cuales, en su mayora, ya tienen presupuestos muy reducidos; y,ante la disyuntiva si gastar en control (presupuesto operativo y remuneracio-nes del personal que integra el OCI) o en alguna pequea obra para el distri-to, optarn por lo segundo.

Y un tercer elemento que limita el control dentro de las instituciones es

que las investigaciones de los OCI, los rganos especializados, terminancomo recomendaciones que son alcanzadas al titular institucional (con co-pia a la CGR). Este debera derivarlas a la comisin de procesos administra-tivos respectiva: la permanente o se conforma una especial, en el caso enque est involucrado un alto funcionario (categora F-4 en adelante). Lascomisiones vuelven a investigar los casos y sus propias recomendacionesson elevadas, nuevamente, al titular institucional, para que decida2.

Pero el control y la sancin enfrentan tambin otros problemas en el inte-rior del pas. La dificultad para controlar las adquisiciones pblicas y la contra-

tacin de personal es uno de los ms serios. En el primer caso, la mayora delas adquisiciones realizadas por los gobiernos subnacionales no es de carcterpblico (convocatoria abierta), sino selectivo. Ello, claro est, no es en s mis-mo corrupcin, pero s configura una situacin que permite que actos corrup-tos se puedan cometer con ms facilidad, tanto as que el propio CONSUCO-DE recomend que se hagan compras corporativas para aumentar los montosy que se tenga que comprar por modalidades pblicas y, por lo tanto, mstransparentes. Hay que considerar, adems, que algunas adquisiciones son

muy especializadas, y requieren de un control igualmente especializado queno necesariamente existe.

2 La CGR est desarrollando propuestas para reformar los mecanismos de control y que los OCI sean elnico espacio de prevencin e investigacin en las entidades pblicas, con autonoma y con carctervinculante cuando se encuentre responsabilidades civiles y/ o penales, para reducir la carga procesal en elsistema de justicia y reducir los tiempos para sentenciar. Tambin se contempla la conformacin de untribunal dentro de la CGR que se dedique al juzgamiento, no slo de los temas contables, sino de todas lasfaltas administrativas contra la gestin pblica, entre ellas las de corrupcin.


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En el segundo caso, el de la seleccin de personal, el gran problema tieneque ver con la dificultad de controlar el trfico de plazas pblicas. Persiste laprctica de utilizar stas como pago por favores a simpatizantes polticas,familiares y amistades, o como medio para lograr rditos econmicos o pol-ticos. Aqu no se trata slo de que los esfuerzos de control son muy reducidosen comparacin con el tamao del conjunto de plazas a controlar (el Estadoes el principal empleador en buena parte del interior del pas), sino que lospropios mecanismos de seleccin de personal son insuficientes y precarios,particularmente en sectores amplios, como el de educacin.

Y el ltimo gran problema que debe sealarse es el control de los peque-os actos de corrupcin, que se realizan de forma cotidiana y que involucran

sumas muy reducidas. Estos actos son los que los ciudadanos experimentande manera directa, y son los que ms les molestan. Sobre ellos es poco lo queel control puede hacer, debido a que sus limitadas acciones se concentran enotros problemas que representan un perjuicio monetario mayor para las insti-tuciones pblicas.

Antes de pasar al siguiente punto, es importante hacer notar que la pro-blemtica del control y la sancin institucional no se restringen a los gobier-nos subnacionales, sino que tambin se presentan en el sistema de justicia. Enel Poder Judicial, por ejemplo, suele ser normal que el presidente de la Corte

Superior sea tambin el jefe de la Oficina Descentralizada de Control de laMagistratura (ODICMA), con lo cual la autonoma se reduce, cuando no seelimina. Esta oficina tampoco cuenta con personal especializado; y, adems,no forma parte del SNC.

En la administracin de justicia se tiene que considerar tambin que losfiscales y magistrados no necesariamente estn especializados en el manejode normas sobre faltas contra la administracin pblica, lo cual podra volverms engorrosos los procesos en ese campo.

2. Falta de transparencia y limitaciones al acceso a la informacin

La transparencia pblica y el acceso a la informacin estn planteados des-de el Estado como una responsabilidad y un derecho que todas las institu-ciones pblicas deben de acatar y garantizar. Ya existe la base legal (ley27806) y se est en un lento proceso de implementacin tecnolgica (por-tales electrnicos).


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Con respecto a esto, los mapas de riesgos de corrupcin muestran quems importante que contar con computadoras y acceso a Internet es que lasautoridades y funcionarios se interesen por publicar la informacin de susinstituciones, lo cual reflejara un cambio de las prcticas relacionadas a aque-llo que se conoce comnmente como cultura del secreto.

Los diagnsticos presentan algunas diferencias entre las instituciones delas distintas regiones3. Sin embargo, en todas las regiones hay una coinciden-cia en sealar que el problema de la falta de transparencia est ms agravadoen el Poder Judicial o el Ministerio Pblico. La explicacin a esa situacin esuna combinacin entre la falta de sistematizacin de informacin, desinterspor parte de las autoridades y poca disponibilidad de tiempo.

Una consecuencia comn de la escasa transparencia hacia la poblacines el poco conocimiento de sta sobre lo que pasa en las instituciones, ge-nerando un ambiente propicio para la elaboracion de suposiciones y rumo-res alimentados por la informacin que recogen de los medios de comuni-cacin locales, cuyo desempeo suele ser deficiente; o tambin a travs deotras vas informales (amistades, conocidos o familiares), o de posibles ex-periencias directas con actos menudos de corrupcin.

El agravamiento de la brecha entre el Estado y la sociedad es el resulta-do ms general. Como se ha visto, el Poder Judicial es percibido como la

institucin ms corrupta; sin embargo, al profundizar en las causas de esaopinin con entrevistas a actores locales, pareciera que la gente no sabeprecisar con exactitud por qu sera ms corrupto que otras instituciones.De hecho, uno de los entrevistados en la regin Cajamarca afirm: Estetipo de corrupcin es de la que no se ve, pero que se siente.

Si bien los gobiernos locales gracias a que existen otros espacios dedilogo (consejos de coordinacin, presupuestos participativos y audienciaspblicas) tienen una relacin un poco ms difana con la poblacin, an no

se han logrado asentar prcticas adecuadas de transparencia institucional.Pese a las nuevas normas, la informacin sigue siendo asumida por estos fun-cionarios, en general, como secreta o, en todo caso, como propiedad de lainstitucin, y se reservan el derecho de informar y brindarla slo como un

3 El municipio provincial de Cajamarca recibi el ao 2005 el premio de Ciudadanos al Da (CAD) deBuenas Prcticas Gubernamentales por el servicio de atencin al ciudadano, y el municipio provincial deFerreafe (Lambayeque) qued finalista en la categora de transparencia y acceso a la informacin en lasdos ediciones del premio (2005 y 2006).


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favor a aquellos que sean amigos o, en su defecto, a ciudadanos que aparen-ten tener presentes sus derechos y muestren condiciones para entablar de-nuncias contra la institucin, como es el caso de los miembros del equipo deProtica o de ONG locales que hicieron pedidos de informacin para estosdiagnsticos de riesgos de corrupcin.

En ese mismo sentido, el grueso de la poblacin se encuentra en grandesventaja para acceder a la informacin pblica ya que, como se pudo cons-tatar en la mayora de las solicitudes que se realizaron, si es que no se cuentacon los recursos necesarios para hacer constantes llamadas y presionar hastaque se otorgue la informacin, lo ms probable es que no se consiga satisfa-cer la solicitud.

3. Debilidades de la vigilancia ciudadana y limitaciones a la

participacin

Como parte del proceso de descentralizacin, se ha conseguido que se creenespacios formales de participacin, como los presupuestos participativos y losconsejos de coordinacin regionales y locales en todos los gobiernos descen-tralizados, con el objeto de involucrar a la ciudadana en un papel consultivo

de la gestin de las cosas pblicas.No obstante, luego de haberse creado estos espacios, las expectativas

generadas entre la sociedad civil se han ido desvaneciendo, debido a que,en general, stos tienen una relevancia muy reducida frente a la toma dedecisiones. Es cierto que los presupuestos participativos se vienen realizan-do bajo una mejor organizacin y muestran mejores resultados; pero en elconjunto de la gestin todava son limitados. Ms grave es el caso de losconsejos de coordinacin, los cuales producen acuerdos que pocas veces

dejan el estado propositivo para concretarse en obras, servicios o polticas.Adems de estos espacios formales, la ciudadana tambin participa atravs de otras organizaciones de base y no gubernamentales. Sin embargo,pese a que cumplen una innegable labor para mejorar las condiciones de vidade sus miembros, tal como se ha podido encontrar durante las investigacio-nes, ha habido casos dentro de cada tipo de organizacin, que en algunamedida han perjudicado su imagen (dirigentes de clubes de madres que trafi-caban con los alimentos, funcionarios de ONG que utilizaban mal los recursosde la cooperacin, sindicalistas que transaban con las autoridades para obte-


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ner beneficios personales en desmedro del gremio, o miembros de rondascampesinas que cobraban cupos, entre las quejas ms recurrentes de los ac-tores locales entrevistados).

Por otra parte, la vigilancia desde el sector empresarial sobre las adquisi-ciones estatales es casi nula. Como ya se ha dicho, este es un espacio muysusceptible a los problemas de corrupcin (no est de ms recordar que en elinterior el Estado es el principal comprador), y no ser suficiente con mejorarlos mecanismos de control sobre los procesos, si es que no se involucra a losempresarios que participan en ellos. El problema principal que corroboran losmapas de riesgos es la arraigada idea (en ambos lados de la transaccin) deque es necesario ofrecer regalos, incentivos o pagar un 10% (o lo que sea)

para hacerse acreedores de las buenas-pro.La vigilancia empresarial sobre las compras pblicas es indispensable paracualquier poltica anticorrupcin que pretenda reducir los riesgos de que seconcreten actos corruptos en ellas. Las cmaras de comercio podran convertir-se en actores clave para desarrollar un empresariado regional que cuente con latica y las capacidades para impedir que esa idea se siga reproduciendo.

Como balance de las investigaciones regionales, se puede sostener quees medular que la vigilancia desde la sociedad civil sea entendida como unaherramienta que servir a los gobiernos y a las instituciones pblicas para

mejorar sus gestiones. Pero la evidencia muestra que para la mayora de fun-cionarios pblicos la vigilancia se presenta como un peligro, como la amenazapoltica de ser atacados ante la opinin pblica.

Es verdad que una apreciacin como esa no es del todo incorrecta. Partede la responsabilidad de que la vigilancia haya sido entendida de esta manerarecae en la actuacin de los medios de comunicacin locales, quienes tienenserios problemas para desarrollar formas ms objetivas para plantear las noti-cias, sin caer tanto en las difamaciones y noticias sensacionalistas. Y otra parte

recae en que, en efecto, ha habido y hay organizaciones sociales que vigilan,por ejemplo, una gestin local, escondiendo intereses polticos de querer lle-gar al poder; de tal manera que la vigilancia es usada como un instrumentode hostigamiento poltico a la autoridad.

Es importante que en el transcurso del actual proceso de apertura de laesfera pblica se vayan estableciendo las condiciones, tanto desde el Estadocomo desde la sociedad civil, para que se desarrolle un tipo de vigilancia ciu-dadana que en vez de aumentar las diferencias entre esos dos mbitos, sirvapara encontrar puntos de encuentro. Las organizaciones de la sociedad civil


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deben ir desarrollando y aplicando estrategias y herramientas que vuelvanms productivas sus acciones de vigilancia ciudadana. Por el lado del periodis-mo se debe de intentar, en la medida de los escasos recursos existentes, esta-blecer criterios bsicos de reporte e investigacin, empezando por una ele-mental corroboracin de la informacin y manteniendo la tica periodstica.Y, por el lado del Estado, se debe asegurar la autonoma y promover el forta-lecimiento institucional de los espacios de participacin ciudadana.


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Comentarios


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1. Introduccin

La reflexin que puede aportar la Defensora del Pueblo a partir de esta en-cuesta se concentra en el amplio y complejo tema de las reacciones y res-

puestas de la ciudadana cuando se entera de un acto de corrupcin.De acuerdo con la encuesta, 94% de personas que se vieron afectadas

por un acto de corrupcin no lo denunci. Por qu? El 29% respondi quedenunciar no sirve para nada, el 22% argument que no me quiero hacerproblemas, mientras que 15% no poda probar la denuncia. Debe anotarse,adems, que 48% del total de encuestados no sabe dnde denunciar los ac-tos de corrupcin.

En sentido contrario, debe considerarse que hay un 17% que s muestra

confianza y expectativa en la labor contra la corrupcin que realiza la Defen-sora del Pueblo, frente a porcentajes ms bajos de otras instituciones pbli-cas y privadas (10% confa, en la misma lnea, en la Iglesia catlica).

Una primera reflexin que surge a partir de esta rpida revisin de algu-nos resultados de la encuesta, es que en el Per no se va poder avanzar si nose enfrenta de manera articulada este problema y si no se tiene voluntadpoltica para aplicar una estrategia anticorrupcin clara.

Esta estrategia tiene que tener como elemento clave fomentar la prcticade la denuncia. Quejarse frente a los malos hbitos es un derecho muy poco

Samuel AbadDefensora del Pueblo


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practicado y hasta desconocido entre la poblacin, bsicamente por la am-pliamente sealada desconfianza frente a las instituciones. Hasta que la ciu-dadana no tenga confianza en las instituciones correspondientes, no se po-dr materializar el derecho a la denuncia.

Por lo tanto, un primer objetivo a alcanzar dentro de la estrategia seragarantizar el desarrollo institucional del Estado para procesar las denuncias.Paralelamente, se debera generar entre la ciudadana las capacidades paraasumir el poder para denunciar. Mientras no ocurra esto, esta encuesta arro-jar resultados parecidos cada vez que se aplique. Probablemente aparezcanalgunas diferencias; pero sern menores frente a la ausencia de indicios de uncambio sustancial.

Y una segunda reflexin est relacionada con lo que ha hecho la Defen-sora del Pueblo en esta materia; y con lo que est haciendo para tratar deapuntalar un tema tan severo y tan difcil como la lucha anticorrupcin.

Como antecedente, habra que decir que la Defensora, como elementodel tramado institucional democrtico, nace en Suecia: es el Ombudsman. EnAmrica Latina aparece bajo el nombre de Defensora del Pueblo, pero obvia-mente lo hace en un contexto y en pases con realidades y problemticas muydistintas a las de aquellos pases que le dieron origen. Por lo tanto, la Defen-sora del Pueblo ha tenido que disearse en funcin de la realidad en la cual

iba a actuar para enfrentar los problemas prioritarios.Respecto a esto ltimo, en el Per existen dos ejemplos interesantes, va-

liosos y recientes de esta respuesta a problemas urgentes de nuestra realidad.El primero es la lucha por la transparencia de las entidades pblicas y guber-namentales y la promocin del acceso a la informacin, en un pas que havivido y sufrido bajo los patrones de conducta pblica de lo que se conocecomo cultura del secreto. Grandes esfuerzos de la Defensora fueron dirigi-dos a lograr disposiciones que reconozcan y faciliten el acceso a la informa-

cin, rompiendo con la institucionalizacin de esa forma de entender y prac-ticar la gestin de los asuntos y recursos pblicos.En efecto, en el ao 2001, durante el gobierno de transicin del presi-

dente Paniagua, se logr dictar un decreto supremo que estableca el procedi-miento para garantizar el acceso a la informacin pblica (DS 018-2001-PCM)y un decreto de urgencia (035-2001) que haca lo propio en la materia espe-cfica de las finanzas pblicas. A partir de ese momento se discuti la ley detransparencia y acceso a la informacin pblica, proceso en el cual la Defen-sora del Pueblo intervino activamente promoviendo la idoneidad de la norma


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en cuanto a que contemplara los requisitos bsicos para garantizar la transpa-rencia. Como se sabe, esta ley se aprob finalmente durante el gobierno delpresidente Toledo.

Luego de la entrada en vigencia de esta norma, la funcin de la Defenso-ra en un pas como el nuestro, acostumbrado a que las leyes no se cumplan,ha sido la de verificar que la ley de transparencia s se cumpla. Precisamente,una de las preguntas en la encuesta indaga por el respeto de los peruanos alas leyes: 82% dice que stos no las respetan. Pues frente a esta realidad,muchas acciones de la Defensora se han centrado en supervisar el cumpli-miento de la ley de acceso a la informacin, con el fin de que las entidadespblicas tengan portales de transparencia, que brinden la informacin perti-

nente, que respondan rpidamente a los requerimientos y diseen mecanis-mos institucionales que garanticen y fomenten la transparencia.Sin embargo, pese a los avances logrados desde la entrada en vigencia de

la ley, todava existen problemas en torno a la falta de transparencia, siendouno de los principales fomentar los conflictos sociales. Desde hace algn tiem-po, la Defensora del Pueblo viene haciendo reportes peridicos sobre estosconflictos en el Per. En el reporte N 31 (septiembre de 2006) se informa de95 conflictos sociales, de los cuales el 37% se origina por el incumplimientode decisiones judiciales o incumplimiento de actos administrativos. Luego,

hay un 22% que es producto de presuntas irregularidades en el manejo de losrecursos econmicos pblicos, y un 18% que se debe a la ausencia de rendi-cin de cuentas y falta de informacin sobre la gestin. Sumados estos dosltimos, se puede afirmar que un 40% de los conflictos tiene que ver conproblemas de corrupcin, generados directamente por situaciones de falta detransparencia. Por eso es que la Defensora insiste en fomentar el ejercicio dela transparencia como mecanismo preventivo para luchar contra la corrup-cin.

Y el segundo ejemplo de la actuacin de la Defensora del Pueblo frentea las urgencias del pas es la lucha contra la corrupcin en el sector educacin.Actualmente se viene desarrollando una campaa en este sentido, a travs deuna alianza entre esta institucin y la asociacin civil Protica, que empez el16 de agosto de 2006 y cuya etapa piloto se est implementando en seisregiones (Ayacucho, Cusco, Junn, Huancavelica, Lambayeque y Loreto).

Esta experiencia se ha iniciado porque, a travs de los aos, una de lasinstituciones contra las cuales la gente se ha quejado ms ante la Defensoraes el Ministerio de Educacin (y sus dependencias descentralizadas).


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La campaa difunde y promueve el derecho de todo ciudadano a quejar-se. Ello no slo implica el hecho de denunciar, sino de estar informado y deque haya una respuesta institucional apropiada a la queja, tal como se hamencionado antes. Este es el sentido de la campaa: sugerir una ruta paradevolverle credibilidad a las instituciones del Estado frente a las demandas dela poblacin.

En definitiva, la Defensora del Pueblo es consciente de los resultados yretos que plantea esta encuesta, y por ello viene trabajando en el marco desus competencias para aportar a la lucha contra la corrupcin.


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La encuesta nacional sobre corrupcin del ao 2006 no muestra cambios sig-nificativos en relacin con las de aos anteriores (2002, 2003 y 2004). Entre

las diferencias ms importantes hay un aumento en la percepcin de la co-rrupcin como problema del pas entre 2004 (26%) y 2006 (30%); perodebe notarse que en el ao 2002, cuando el pas an estaba shockeado porla constante aparicin de videos de personajes vinculados con la corrupcindel gobierno de Alberto Fujimori, un 29% de la poblacin ya sealaba elproblema.

Es una mala seal que la percepcin de la gente sobre este problema sigarelativamente en el mismo nivel. Eso pareciera revelar que la corrupcin est

instalada entre los peruanos, que se le aceptara y tolerara en lo cotidiano,como para terminar diciendo: pues as es el Per!Es algo semejante a lo que ocurre con la situacin de los nios que se

aglomeran en las esquinas donde hay semforos para pedir limosna a losautomovilistas, o al hecho de que la educacin no funcione, que haya maloscongresistas o que los servicios pblicos bsicos sean de psima calidad.

Ante todos estos problemas hay una actitud en la ciudadana de acepta-cin de la normalidad. La gente siente que es muy difcil contrarrestarlos.Aunque quisieran hacer las cosas de forma distinta, las personas van encon-

Augusto lvarez RodrichPer 21


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trando la manera de adaptarse a un sistema que creen que nunca va a cam-biar. Por ejemplo, los abogados aprenden cmo coimear; y como contrapar-te, hay jueces que se pueden comprar con una bolsa de chifles, o policas conslo cinco lucas. Estn, tambin, las autoridades de los gobiernos central,regional o municipal que se aprovechan de la ejecucin de obras pblicas. Yestn las empresas que se adaptan a la forma maosa de hacer obras y devenderle al Estado obteniendo beneficios irregulares.

En todos los sectores y mbitos de la vida se van encontrando mecanis-mos para adaptarse a esa realidad, a ese as son las cosas. En el periodismo,por ejemplo, tambin hay chantajistas que usan el oficio al servicio de la co-rrupcin, sea por accin o por omisin, en ambos casos inducidos por una

coima.Ahora bien, esta supuesta normalidad no es que satisfaga a la gente ni ladeje cmoda. Por el contrario, se trata de hechos que irritan a cualquiera yque producen indignacin. El problema, sin embargo, es que, ante la falta desoluciones de fondo al tan antiguo problema de la corrupcin, la gente en elPer ha tenido que ir encontrando maneras de convivir con ella.

Sin embargo, ello no tendra por qu ser necesariamente as. La experien-cia de otros pases que tienen estndares muy altos de honestidad lo indica.En general, en estos pases los niveles de calidad de vida de la poblacin son

tambin altos o muy altos.No es que estos pases sean exitosos necesariamente porque son hones-

tos, ni que sean honestos porque son exitosos. Pero s es cierto que suelehaber una coincidencia entre honestidad y progreso.

En las mediciones de percepcin de integridad realizadas y publicadasanualmente por Transparencia Internacional se puede ver que son los mismosdiez o quince pases los que estn siempre en los primeros lugares: Finlandia,Nueva Zelanda, Singapur, Suecia. En Amrica Latina, Chile. Estos pases tie-

nen estndares de honestidad mayores que el resto y, a la vez, han logradomejores niveles de vida para el promedio de sus ciudadanos.En muchos de estos pases la honestidad en el manejo de los bienes y

servicios pblicos y el respeto a las leyes se manifiestan de distintas maneras.En Singapur, por ejemplo, luego de terminar una reunin entre el Canciller yotros cuatro periodistas de distintos pases, el alto funcionario nos acompahasta afuera del edificio de la Cancillera. Cuando le pregunt por qu laatencin, l me explic que quera fumar un cigarro y que fumar en las ofici-


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nas estaba prohibido. La norma, como se ve, es para todos, sin excepcin. Ytodos la cumplen.

Otro caso similar me ocurri en Nueva Zelanda. All, tuve una reunincon el Canciller de ese pas, pero la cita tuvo que realizarse en su oficina decampaa electoral, pues ese da iba a trabajar en ese asunto, y eso no lo podarealizar desde su oficina gubernamental. Esta diferenciacin entre dos tiposde actividades se basaba en un cumplimiento elemental y muy presente derespeto a las normas.

Qu ilustran estas ancdotas? Que s se puede introducir prcticas en elnivel de las acciones cotidianas para ir aumentando la integridad pblica deun pas, a contracorriente de la idea que predomina en el Per de que nunca

se va a poder cambiar nada. La experiencia de otras sociedades refleja que lacorrupcin, la falta de honestidad, el abuso o el poco respeto hacia las leyesno tienen por qu ser parte del paisaje natural, y que una nacin no tiene porqu acostumbrarse a vivir con esos elementos.

Por eso mismo es tan importante una encuesta como la que estamoscomentando. Aunque siga arrojando resultados parecidos ao tras ao, esmuy til para recordarnos a todos que los peruanos seguimos conviviendocon la corrupcin; y para tratar de hacer que la sociedad se movilice paraluchar en contra de ella, no slo de forma espordica, como cuando se des-

atan situaciones escandalosas y hasta grotescas de corrupcin, sino en unesfuerzo sostenido y permanente, que no se diluya, y en el que confluyantodos los sectores.


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La ausencia de voz ciudadana y la corrupcin

Los peruanos, segn esta encuesta, saben que la corrupcin hace dao; sinembargo, no tienen voz para denunciarla. Una de cada dos personas no sabedonde denunciar la corrupcin, el 78% cree que los resultados de una denun-cia son poco o nada efectivos y casi 40% no confa en ninguna institucincapacitada para resolver este problema.

Por eso el peruano guarda silencio, afectando su autoestima como perso-na y como nacin. Quedarse callado es el efecto de una mordaza obligadaque anula su ser, sus preferencias y su individualidad. Sin voz, la ciudadana se

desvanece hasta desaparecer.Entonces, no sorprende que 82% de los peruanos crea que sus compa-triotas no respetan las leyes; ni que una gran mayora considere que si stas serespetan es porque se le tiene temor al castigo, antes que por conviccin opor sentido cvico.

El rol del Estado es precisamente or y fomentar la voz de la ciudadana.Slo de esta manera la autoridad sabr de los problemas prioritarios que debeatender. Para ello se tiene que brindar toda la informacin pertinente, rendircuentas, ensear lo que se hace y lo que debe saber el ciudadano, de forma

Beatriz BozaCAD Ciudadanos Al Da


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anillados con toda la informacin en la puerta del edificio; y la publicidad delas cuentas bancarias personales del alcalde de Ferreafe.

Proporcionar informacin es una condicin indispensable y el primer pasopara el ejercicio de la ciudadana. CAD Ciudadanos al Da considera que esuna de las ms eficientes estrategias anticorrupcin, pues ayuda al fortaleci-miento de la conciencia sobre los derechos ciudadanos. Sin informacin pre-cisa y transparente ser difcil contribuir a generar autoestima y ciudadanaentre los peruanos.


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Los resultados de la ltima encuesta nacional sobre corrupcin pueden leerseen relacin con el proceso de descentralizacin del pas. Este proceso se inicia

en el ao 2002 y se ha visto recientemente impulsado por veinte medidasanunciadas por el actual gobierno, de las cuales la mitad se refiere al otorga-miento de mayores responsabilidades a los gobiernos regionales y locales.

La encuesta ubica a las municipalidades y gobiernos regionales en el cuartoy el quinto lugar entre las instituciones percibidas por la poblacin como lasms corruptas. Se ubican despus del Poder Judicial, la Polica y el Congreso,y antes que el Gobierno Central.

La diferencia de esta percepcin entre Lima y el interior del pas es noto-

ria. En Lima, las municipalidades son sealadas en un 16% de los casos (comolas instituciones ms corruptas), en tanto que en el interior del pas este por-centaje se incrementa a 28%. Por su parte, los gobiernos regionales son sea-lados en un 3% en Lima y 23% en el interior del pas.

Es importante precisar que esta percepcin no se refiere especficamentea los trmites evaluados en la encuesta, ya que la percepcin de incidencia decorrupcin en stos es menor en el interior del pas que en Lima (2,7 vs. 3,4).La percepcin estara atada ms bien a la relacin entre el Estado y los pro-veedores. Dos referencias refuerzan esta afirmacin.

Elena ConternoPRODES


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Por una parte, exi

cuarta encuesta nacional anticorrupción

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