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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA
TEMA: “LA REVOCATORIA COMO INSTRUMENTO DE
PARTICIPACIÓN POPULAR”
Año I – Número II, Abril 2013
PRESENTACIÓN
El Instituto de Investigación Jurídica presenta a la comunidad
universitaria de la Facultad de Derecho el segundo número de
la publicación seriada “Cuadernos de Investigación”, que en
esta oportunidad versa sobre un tema de actualidad, como es
“La Revocatoria como instrumento de participación popular”,
en el que se analiza la naturaleza, finalidad e importancia del
ejercicio del derecho político del ciudadano para retirar su
mandato a las autoridades elegidas, en una clara
manifestación de fortalecimiento democrático.
Con la convicción que nuestros estudiantes tengan con
publicaciones de este tipo, las opiniones de los profesores
integrantes de los centros de investigación sobre asuntos de
importancia profesional y social, para generar el análisis crítico
de la realidad, la discusión y el intercambio responsable de
ideas, el Instituto de Investigación Jurídica pone a su
disposición el presente número.
Dr. Gino Ríos Patio
Director del Instituto de Investigación Jurídica
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LA REVOCATORIA DE AUTORIDADES Y SUS IMPLICANCIAS
CONSTITUCIONALES
DR. OMAR SAR SUAREZ
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE DERECHO CONSTITUCIONAL
El reciente proceso de revocatoria contra la alcaldesa de Lima, Susana
Villarán de la Puente, ha generado una importante controversia política pero
también ha abierto el debate constitucional sobre esta cuestión.
Quienes cuestionan esta figura, sostienen que resulta una institución arcaica,
propia de una forma de gobierno de democracia directa y que puede ser
utilizada con fines o intereses perversos activados por los derrotados en el
proceso electoral.
Quienes opinan en sentido contrario sostienen que constituye un mecanismo
de control político y de evaluación del desempeño de los Alcaldes
(provinciales o distritales), los Regidores, el Presidente o Vicepresidente
Regional y/o los consejeros Regionales.
El origen electivo de estos funcionarios, cuya función está centrada en el
gerenciamiento del desarrollo de la ciudad o región (según el caso), abre la
posibilidad de que los electores evalúen la legitimidad del ejercicio del poder.
Cuando, en este contexto, hablamos de legitimidad no lo hacemos pensando
en el origen democrático de la autoridad, sino en la concordancia de la gestión
desplegada con el programa presentado al momento de la elección y con las
aspiraciones de la población que la eligió.
Por su parte, nuestra Constitución Política de 1993 reconoce a la revocatoria
de autoridades como un derecho político fundamental, previsto en el artículo
2º inciso 17, el cual dispone que:
“… Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de
elección, remoción o revocación de autoridades, de iniciativa
legislativa y de referéndum”.
A su vez, el artículo 31º señala lo siguiente:
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“Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos
mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación
de autoridades y demanda de rendición de cuentas”.
Por último, los artículos 191º y 194º del mismo texto normativo establecen, de
manera explícita, que el mandato del Alcalde y los regidores es revocable.
En ese sentido, la revocatoria puede ser entendida como el sometimiento a un
funcionario público a un proceso de consulta popular en razón de su
desempeño en el cargo político para el que fue elegido. De este modo se abre
un canal para que la ciudadanía participe, activamente, en los asuntos
públicos, al tener la posibilidad de decidir si el funcionario cuestionado se
mantiene en el cargo o no.
Cabe tener en cuenta que la ley Nº 26300, Ley de los Derechos de
Participación y Control ciudadano, señala en su artículo 26, párrafo segundo
que:
“La solicitud de revocatoria se refiere a una autoridad en particular,
es fundamentada y no requiere ser probada”.
Justamente por ello, un sector de la doctrina sostiene que la falta del requisito
de probanza ha permitido que, a lo largo del país, se cuestionen autoridades
por intereses políticos y no, específicamente, por un supuesto de mala gestión
en el cargo conferido, desnaturalizando el objeto de la revocatoria.
A nuestro criterio, la revocatoria constituye un mecanismo adecuado para
evaluar el desempeño de las autoridades públicas, más aún en una sociedad
con escasa práctica democrática.
Independientemente de las opiniones que los requisitos previstos en la ley
puedan merecer, como por ejemplo la recolección de firmas, los mecanismos
de verificación de las mismas, entendemos que no puede suprimirse la
revocatoria por constituir un derecho fundamental expresamente previsto en la
Constitución vigente.
Naturalmente que un proceso de reforma constitucional podría forzar un
replanteo de la institución, pero desde nuestra perspectiva tal cosa no resulta
imprescindible.
El principio democrático exige también control a los poderes del Estado y a las
autoridades designadas por voluntad popular y un mecanismo, prima facie
idóneo, es el de la revocatoria.
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LA REVOCATORIA COMO INSTRUMENTO DE PARTICIPACION
POPULAR: UN ANALISIS POLITICO
DR. FABRICIO MEDRANO GARCIA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DERECHO Y POLÍTICA
El tema en discusión determina hacer un análisis político del sistema que
integra al Estado como depositario del poder y su ejercicio a través de sus
órganos internos; y de otro lado, la sociedad, como lugar en que los
ciudadanos opinan, participan y deciden, de manera tal que el sistema político
está centrado en el estudio que demanda la relación Estado-sociedad, en el
que el poder originariamente está en la sociedad y se instituye como poder
constituido en el Estado, poder que está legitimado por el pueblo en términos
de aceptarlo y de subordinarse a él, pero sin abdicar del derecho político de
controlarlo a través de la institución de la democracia directa llamada la
revocatoria del mandato de autoridades legitimadas.
La institución de la revocatoria es de naturaleza política cuyo titular legitimado
es el pueblo y se fundamenta en el principio de soberanía popular, que
significa que el poder político en su origen le pertenece y, a mérito de él, los
ciudadanos en democracia no solo son electores en procesos electorales,
sino que se convierten en decisores acerca de la continuidad o no del ejercicio
del poder que hubieren delegado a la autoridad.
En este contexto, la naturaleza jurídico política de esta institución es
participativa al reconocer y legitimar al pueblo en la toma de decisiones
acerca de la realidad política, vinculando a través de la democracia y sus
instituciones a la democracia representativa en una especie de “engranaje”
entre ambos sistemas democráticos.
A su vez, la naturaleza política de esta institución, descansa en lo que
Habermas nos dice acerca de la política deliberativa en la que los ciudadanos
comparten el compromiso de resolver los problemas de elección colectiva
mediante el razonamiento público y tienen a sus instituciones básicas por
legitimadas en la medida en que éstas establecen un marco para la
deliberación publica libre.
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Del mismo modo, la institución se fundamenta en el ejercicio de los derechos
políticos del ciudadano a través de las instituciones de la democracia directa,
que incluye el referéndum, el pedido de rendición de cuentas y la iniciativa
popular, los cuales representan un mecanismo integrador del poder político
originario del pueblo, como base de la soberanía popular y a la vez inclusivo
en la toma de decisiones.
La institución de la revocatoria requiere de la institución del referéndum o
consulta popular para expresar el ciudadano su decisión política acerca de la
legitimidad o no del ejercicio del mandato delegado a la autoridad acerca de
su desempeño en la función pública que desarrolla y la evaluación que de ello
delibera y decide el demos.
De igual forma, esta institución, igualmente se fundamenta en el derecho del
control político extra orgánico que tiene como sujeto legitimado al ciudadano y
que consiste en un modo de evaluar a su autoridad respecto de la función
pública, teniendo como “antesala” de la propia institución, la técnica del
método de la Ciencia Política de las encuestas de opinión sobre la eficacia,
eficiencia o no de la gestión pública y del sentir de la población que, en buena
cuenta son los destinatarios de los servicios que viene del Estado y de sus
autoridades, buscando el “bien común”, como decía Aristóteles.
La institución de la revocatoria que algunos denominan destitución popular, es
una de las formas de democracia directa del pueblo, pues facilita la expresión
política de los ciudadanos y les otorga el derecho de participación en el
proceso político a título de someter a consulta la permanencia de una
autoridad en el ejercicio de su función, por tanto, constituye un acto unilateral
de la voluntad y derecho político del pueblo que se “rectifica”, dejando sin
efecto el mandato conferido.
En este punto, es prudente dejar establecido que la institución de la
revocatoria es derecho político del demos que, en su ejercicio, no exige
expresión de causa justamente por su naturaleza política, y va directamente,
como mecanismo de control ciudadano a la gestión pública de quien ejerce el
poder, su desempeño, su eficacia, su eficiencia y la aceptación que de ello
valué el pueblo y que , en caso contrario a este rol que debe cumplir la
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autoridad, pierde legitimidad y el mandato le es retirado antes de su
vencimiento.
Al haber delimitado la naturaleza política de la institución de la revocatoria, es
necesario precisar el concepto de la vacancia de autoridades, pues de plano
se está incurriendo en error al confundirlas, siendo que, si bien tienen en
común que a través de ellas se produce el cese de la función pública de la
autoridad; sin embargo debemos distinguir que, por la revocatoria, el cese del
ejercicio del mandato delegado por el demos es por cuenta de este y la causal
es netamente política en lo que llamamos democracia directa, al retirarle dicho
mandato antes de que concluya el periodo para el que fue elegido y por ende
el ejercicio de la función, como consecuencia de haberse evaluado su
desempeño que, en este caso, pasa por no haber cumplido su agenda
política, entiéndase planes y programas de gobierno a satisfacción del pueblo
y resultar por tanto ineficaz e ineficiente su gestión pública.
A diferencia de ello, la institución de la vacancia, sí tiene naturaleza jurídico
constitucional, a partir de estar normada y obedecer a causales establecidas
en la constitución y la ley; así la Constitución Política vigente ha elevado a la
categoría de derecho constitucional la participación política del ciudadano, en
forma individual o asociada en la vida política, a través del derecho de elegir,
de remover o revocar a sus autoridades, de iniciativa legislativa, referéndum,
demanda de rendición de cuentas, de participar en el gobierno municipal de
su jurisdicción y, en el tema de las garantías constitucionales, toda
vulneración a estos derechos es objeto de tutela por el Estado a través de la
institución del Habeas Corpus y del Amparo.
Luego, la institución de la vacancia para el ejercicio de la función pública,
considerando el nivel de autoridades locales municipales, está regulada en la
propia ley orgánica de municipalidades, la cual establece que, son causales
de vacancia, la muerte, asumir otro cargo proveniente de mandato popular,
enfermedad o impedimento físico permanente que impida el desempeño de
sus funciones ediles, ausencia de la respectiva jurisdicción por más de 30
días consecutivos sin autorización del consejo, condena consentida o
ejecutoriada por delito doloso, con pena privativa de la libertad, incurrir en
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ausencias injustificadas a 3 tres sesiones ordinarias consecutivas, y
nepotismo.
La vacancia de autoridades es legitima en tanto se configure la causal
prevista en la ley, sujeta a mecanismo probatorio y a lo resuelto por el órgano
jurisdiccional y competente que, en este caso corresponde al poder
constituido, a diferencia de la institución de la revocatoria, cuyo sujeto titular
es el pueblo.
Nuestra Constitución Política tiene delimitado el ámbito y competencia para
aplicar la institución de la revocatoria a las autoridades regionales y
municipales y sus respectivos cuadros que lo integran, a diferencia de otras
Constituciones políticas, cuyo ámbito comprende a autoridades y funcionarios
elegidos popularmente como es el caso de la Constitución de Venezuela,
Colombia, Ecuador y Bolivia, sin embargo en otros, la revocación de
autoridades se encuentra confiada y tiene como sujetos legitimados a los
regidores, como es el caso previsto en la Constitución de Costa Rica, donde
además el único cargo revocable es el de alcalde.
Evidentemente, la democracia demanda plena vigencia del ejercicio de los
derechos políticos del pueblo y otros más que el orden Constitucional
reconoce y garantiza, pero a su vez, la democracia exige para su estabilidad y
desarrollo, instituciones públicas sólidas y fuertes y, en este sentido, si bien la
revocatoria exige contrario sensu a su aplicación una gestión pública eficiente
y eficaz de sus autoridades, sin embargo pudieran darse excesos del titular
pueblo de hacer abuso del poder político originario que le corresponde.
Examinemos algunas de estas variables:
El poder político es la fuerza impulsora de toda acción política depositada por
el pueblo en el Estado y sus Instituciones. Este poder político es originario en
la medida en que insurgir por la vía democrática a él, ha significado pasar por
el sistema de partidos políticos y por el sistema electoral, esto es, procesos
electorales limpios, transparentes y avalados por instituciones democráticas
supranacionales.
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Evidentemente todo acceso al poder que no cumple con este principio nace
viciado y no es legitimado por el pueblo, el cual tiene derecho a insurgir en
defensa del orden constitucional y democrático.
Sin embargo, el pueblo al no haber renunciado al derecho de control y
fiscalización acerca de la autoridad elegida, le asiste este derecho, con cargo
a evaluar, dice Max Weber, el desempeño de la función y ejercicio de dicho
poder delegado, no solo en el tema de que pudiera desviar la conducta y
convertirse en un autócrata, cercano a una dictadura y sus consecuencias
políticas con lo cual, esta institución desaparecería del ámbito y potestad del
pueblo; sino que permaneciendo en ella, dicha evaluación tenga que ver con
la inoperancia en la gestión, demostrando incapacidad en el conocimiento de
la “cosa pública”, como exigían del gobernante los romanos y lo que es más
grave no tener vocación por la política en la visión de Weber, es decir,
servirse del poder para beneficio propio y no servir al pueblo, inobservando
los principios morales y éticos que la política exige de quienes detentan el
poder.
Es en este aspecto que el pueblo queda legitimado para aplicar la revocatoria.
En el tema de gobernabilidad, las instituciones de la democracia y el pueblo
exigen de las políticas públicas que estas sean eficaces y eficientes, eficaz
desde el punto de vista de la institución Estado y sus órganos, de atender a
satisfacción las necesidades y demandas del pueblo y eficientes, referido a la
conducta que deben demostrar los ciudadanos que imbuidos del poder
delegado del pueblo de planificar, elaborar, desarrollar y ejecutar las políticas
públicas en la medida de demostrar capacidad y moral para ello, es decir,
siguiendo a Aristóteles, deben gobernar los más capaces.
En este tema de la gobernabilidad, cuando hay carencia de lo que significa
ello, nos puede colocar en causal de ingobernabilidad, pero que en este caso
sería por causal imputable, tanto política como jurídicamente a quienes en
condición de autoridades dejan de ser legitimadas por el pueblo.
En el caso de la variable de la estabilidad política, debemos entender que la
incapacidad de gobernar en los niveles nacionales y/o sectoriales, puede
generar descontentos sociales y conflictos de esa naturaleza, que puedan
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desestabilizar las instituciones políticas al extremo de poner en riesgo el
propio sistema democrático, por ello, con instituciones políticas fuertes y
sólidas, con el buen gobierno y su eficacia y eficiencia en políticas públicas,
se atenúa o se previene cualquiera inestabilidad social, en caso contrario se
justifica la institución de la revocatoria como instrumento político del pueblo.
La razón de ser del Estado, siguiendo los principios de la teoría del Estado, es
que constituye un ser de relación vinculante con la sociedad y en ella el
ciudadano y sus instituciones propias de la organización social en que dicho
ciudadano desenvuelve su vida y el marco de las oportunidades que ella debe
brindarle para su desarrollo pleno. Evidentemente ello depende de la acción y
gestión pública del gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales
municipales. En la medida en que el pueblo percibe que esos espacios que
procuren su desarrollo de vida no se dan o no están presentes, como acción
política que debe venir de sus autoridades, el pueblo tiene derecho a exigir,
via demandas sociales su cumplimiento y de no ser así, le queda expedito el
derecho de revocarlas, en donde nuevamente nos encontramos que la causal
que la promueve esta en quien, como autoridad es incapaz de la acción
política y buen gobierno.
La estabilidad político-jurídica también demanda el fortalecimiento de la
democracia, sin embargo nos preguntarnos, ¿Cómo fortalecemos este
sistema para hacerlo estable?, principalmente diría a través del
reconocimiento y garantía de los derechos políticos del ciudadano y de su
ejercicio, en el contexto de las libertades y los derechos constitucionales
consagrados en la norma suprema de la república, dentro de ellos, otorgar el
mandato de representación política a través del sufragio y retirarlo bajo los
mismos principios democráticos cuando hay insatisfacción del pueblo
respecto de la no eficacia e ineficiencia de las políticas públicas que vienen de
la acción política de las autoridades en los ámbitos en que es permitido la
revocatoria.
El pueblo en democracia ejerce sus derechos políticos a través del control y
fiscalización desde la base de la sociedad y sus órganos a través de la
presión política o a través de la gobernanza que le permite aportar a la gestión
pública conjuntamente con su autoridad, situación que facilita enormemente la
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relación política, Estado, Gobierno Nacional o Gobiernos Regionales y
Locales con la sociedad; y le da estabilidad al sistema democrático
haciéndolo más inclusivo y participativo.
La polarización de la sociedad en los enfoques de apreciar a partir del análisis
de los fenómenos políticos, de plano está presente en el sistema,
considerando el principio de libertad de valorar el ciudadano el desempeño
del poder y la gestión pública de su autoridad. El tema de pesos y
contrapesos en la política es un principio necesario y hasta útil para evitar el
empoderamiento excesivo del poder por parte de la autoridad, la misma que
tiene que saber que en el ejercicio de dicho poder está sujeto a controles de
naturaleza política y jurídico constitucional y legal.
Sin embargo, la sociedad y sus órganos tal como está estructurada, como el
sistema de partidos, los grupos de presión y demás organizaciones no
siempre son homogéneas en valuar la gestión pública de la autoridad, tanto
como la evaluación intra orgánica desde el Estado a través del control
parlamentario al gobierno y sus órganos sectoriales.
En tal sentido, esta polarización de la sociedad es legitima en la medida en
que su origen como causal no tenga como base sancionar políticamente una
buena gestión, sin más motivos que una oposición negligente, o una
justificación de pretender mantener en el poder a la autoridad incapaz, solo y
únicamente por servirse de él, en cuyo caso estas fuerzas antagónicas
organizadas enfrentan una “lucha” política en donde la mayoría del pueblo
pasa a ser un actor pasivo, proclive a ser disuadido en su voluntad por dichos
actores, muchas veces viciando la voluntad de ellos a través de la demagogia,
sobresaltos y falsas promesas, así como tratando de “incendiar” la pradera
respecto de situaciones que se darían como consecuencia de retirar o no el
mandato a la autoridad.
En consecuencia, debemos entender que esta forma de polarizar a la
sociedad en política, resta estabilidad, gobernabilidad, debilita el sistema
democrático y lesiona los principios de libertad ciudadana de participar de
manera transparente en la vida política de la nación.
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Aventurar causales para que se aplique esta institución tendrían que pasar
necesariamente por hechos o fenómenos de naturaleza política, dado que ese
es su ámbito y, estas tendrían que ver con grados de legitimación del
desempeño de la acción política de los representantes y la capacidad
participativa y decisoria del pueblo de evaluar dicha representatividad y acción
política; es decir, así como se pierde la confianza depositada en quienes van
a ejercer determinadas facultades de sus mandantes y por acción o inacción
no las cumplen, la confianza le es retirada y deben dejar el cargo por voluntad
de ellos. En idéntico sentido, el pueblo que elige a sus mandatarios en
democracia para el ejercicio de una serie de acciones públicas, con cargo a
atender demandas de naturaleza social y otras, en tanto haya insatisfacción y
descontento queda legitimado para retirarle la confianza y “expulsarlo” del
cargo antes del periodo institucional a través de la revocatoria como
institución de la democracia directa.
En el mismo sentido, estaría la causal del no cumplimiento de las promesas
vertidas en procesos electorales a través de campañas políticas que buscan
disuadir la voluntad del elector para llegar al poder, por el fundamento de que
dichas propuestas deben estar en un marco de realidad transparencia y
responsabilidad frente a sus mandantes, a los cuales no solo deben rendir
cuentas de la acción política y su eficacia, sino ser conscientes de que están
sometidos permanentemente a ser evaluados en su desempeño. Ello nos
lleva a considerar que las instituciones de la democracia directa, como el
referéndum, el pedido de rendición de cuentas, la revocación, la iniciativa
popular, como formas de participación ciudadana están estrechamente
vinculadas, y todas ellas tiene como común denominador el ser la visagra
entre la democracia directa y la democracia representativa, como instituciones
“catalizadoras” a través del control y fiscalización del demos al poder y su
ejercicio.
De lo anterior, se desprende que igualmente, el factor exclusión de la
sociedad por decisión unilateral de la autoridad para compartir la gestión
pública en el diseño, elaboración, ejecución y desarrollo de las políticas, deja
al pueblo en el derecho de evaluarlas y así aplicar el último eslabón de este
proceso, el cual es la fiscalización y control que puede llevar a la revocación.
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Así, finalmente, podemos incluir la incapacidad manifiesta para el ejercicio de
la función, o la politización del cargo desempeñado, y/o el incumplimiento
negligente y deliberado del plan y programa de gobierno que permitió su
elección democrática por el pueblo a través del voto.
Sin embargo, debemos señalar que, si bien los representantes elegidos por el
pueblo deben de gozar de libertad de acción política con los limites que el
orden constitucional y legal tienen establecido para evitar el abuso del poder,
y no están sujetos a mandato imperativo del pueblo, el principio de
“soberanía popular”, como dice Miroquesada, es la facultad que le permite
aplicar la revocatoria, sin excesos, ni de manera arbitraria, cuidando la
institucionalidad del Estado y su estructura organizacional, es decir, evitando
excesos de uno y otro actor político.
La institución de la revocación tiene como fundamentos el derecho de
participación política, individual y colectivo de los ciudadanos, garantizado por
la Constitución y las leyes.
El sistema político demanda una interacción permanente entre el pueblo, el
Estado, el gobierno y sus instituciones que, en buena cuenta, significa
articular la democracia directa con la democracia representativa, por tanto, el
elemento vinculante es la acción política de la autoridad, no sujeto a mandato
imperativo del pueblo, pero sujeto a los mecanismos de control y de
fiscalización que lo deslegitima en el mandato y lo aparta de la función antes
del término legalmente establecido por perdida de la confianza depositada en
él.
Bajo el mismo fundamento, la revocación a la autoridad constituye un factor
preventivo a tomar en cuenta para el buen gobierno, pues su ineficacia
determina poner en marcha el derecho del pueblo para retirarlo del cargo.
En el sistema político peruano, la institución está consagrada y legitimada
políticamente en la Constitución a través del derecho de participación
ciudadana, elevado a la categoría de derecho fundamental que reconoce el
derecho de participar en forma individual o asociada en la vida política de la
nación. Más adelante la misma Carta Magna, en el capítulo de los derechos
políticos del ciudadano, reconoce y garantiza los derechos ciudadanos a partir
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de la democracia directa en asuntos públicos, como el referéndum, remoción
o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas, así como el
derecho y deber de los vecinos de participar en el gobierno municipal de su
jurisdicción, y que la ley norma y promueve los mecanismos directos e
indirectos de su participación.
Luego, la institución fue objeto de una normatividad que estableció el ámbito
de su aplicación, estableciendo que solo procede respecto de autoridades
elegidas por voto popular, como Alcaldes y Regidores, Autoridades
Regionales y Magistrados que provengan de elección popular que, de
acuerdo con la Constitución es el caso de los Jueces de Paz.
Terminado el proceso de revocatoria de la Alcaldesa de Lima, y a la luz de
los resultados, es prudente realizar el siguiente análisis político:
1.- El ejercicio del derecho político del pueblo de la ciudad de Lima se
enmarcó dentro de los derechos políticos consagrados y garantizados por la
Constitución.
2.- Las causales para la revocación en igual sentido, la incapacidad, ineficacia
e ineficiencia en la conducción y gestión pública de la municipalidad y la
insatisfacción de los gobernados.
3.- Politización en la conducción de la comuna limeña antes que realización
de obras públicas que el pueblo limeño demandaba.
4.- Planes y programas incumplidos como ofertas electorales durante el
proceso electoral y las campañas demagógicas, sin conciencia de su real
efectividad y cumplimiento, como los casos de solución en el corto plazo de la
inseguridad ciudadana, el caos del transporte público y otros, amarrados a
plazos como vallas muy altas de superar.
5.- Descontento de la población, por lo errado en la aplicación de medidas que
ocasionaron el brote de conflictos sociales, como el traslado de ambulantes
de la parad y otros.
6.- Promesas incumplidas flagrantemente a vecinos de algunos lugares de
lima, como obras publicas jamás realizadas o volátiles como el caso de la
herradura.
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7.- haber provocado una polarización en el pueblo de lima, al acusar de
corruptos a quienes, en el legítimo derecho político estaban de acuerdo con la
revocación de su mandato.
Por todas estas causales y más, el pueblo de Lima impulso su derecho de
revocatoria, como derecho político y el proceso, conforme a la ley que lo
regula a la alcaldesa y su cuerpo de regidores.
Finalmente, el pueblo soberano se pronunció en la urnas y pese a que no
prosperó la revocatoria de la alcaldesa aunque sí la de su cuerpo de
regidores.
La institución de la revocación, como práctica de la democracia directa del
pueblo debe mantenerse y el pueblo a través de una última encuesta de
opinión en la que el 66% de los limeños así lo ha expresado, y que sólo el
20% considera que debe eliminarse, siendo que una semana después del
proceso del referéndum revocatorio, la gestión municipal de la alcaldesa
muestra una desaprobación del 55%, frente a una aprobación sólo del 36%,
lo que nos hace pensar que el pueblo al mantenerla en el cargo y darle una
nueva oportunidad, le está pidiendo que cumpla con su oferta electoral, toda
vez que la misma encuesta de opinión a la pregunta ¿ cuál fue el motivo
principal por el que votó para que la alcaldesa no dejara el cargo?, arroja en
un 36%: porque es un gasto inútil de dinero; un 30% porque Lima perdería
tiempo y se paralizará; un 7% porque los que impulsan la revocatoria son
unos corruptos; y un 6% porque se la sacaría del cargo habiendo pasado
poco tiempo de gestión.
De este análisis, debemos señalar que la institución no debe abolirse, pues es
derecho del pueblo evaluar el desempeño de la autoridad en el periodo del
ejercicio de la función pública y por corresponder a un factor de control del
poder como un factor vinculante entre la democracia directa y la democracia
representativa.
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CONCLUSIONES
1.- La revocatoria es derecho del pueblo y su naturaleza política deviene del
principio de la soberanía popular.
2.- Significa un medio de control y de fiscalización permanente del pueblo a la
acción pública de quien detenta el poder delegado por el pueblo.
3.- Las causales tienen naturaleza política y tienen que ver con la ineficacia y
la ineficiencia del desarrollo de las políticas públicas e insatisfacción del
destinatario que es el demos.
4.- Se fundamenta en los pesos y contrapesos del sistema democrático y sus
críticos.
5.- Permite retirar el mandato y la gestión pública, antes del plazo previsto a
la autoridad, por la pérdida de la confianza depositada por el pueblo luego de
un proceso electoral legitimado.
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