csjn confiscatoriedad

Voces: CONFISCATORIEDAD ~ CONSTITUCIONALIDAD ~ DERECHO DEPROPIEDAD ~ EQUIDAD ~ IGUALDAD ANTE LA LEY ~ IMPUESTOINMOBILIARIO ~ IMPUESTO PROVINCIAL ~ PODER TRIBUTARIO ~ PODERTRIBUTARIO PROVINCIAL ~ PODERES EXCLUSIVOS DE LAS PROVINCIASTribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nacin(CS)Fecha: 20/06/1928Partes: Daz Velez, Eugenio c. Provincia de Buenos Aires

Sumarios:1. El principio de igualdad, escrito en el artculo 16 de la Constitucin Nacional, no sepropone sancionar, en materia de impuestos, un sistema determinado ni una regla frrea porla cual todos los habitantes o propietarios del Estado deban contribuir con una cuota igual alsostenimiento del gobierno, sino, solamente establecer que en condiciones anlogas, seimpongan gravmenes idnticos a los contribuyentes. en el caso se cuestiona laconstitucionalidad de una ley de la provincia de Buenos Aires que crea una contribucinterritorial con una escala progresiva del 5 al 8 por mil segn el valor de la propiedad razsobre la que recae dicho gravamen.-2. Solo las contribuciones que no son equitativas en su monto revisten el carcter deconfiscatorias y afectan por tanto principios bsicos consagrados en los arts. 17 y 20 de laConstitucin Nacional, y los que fluyen de las reglas generales y universales que rigen lamateria impositiva. En el caso se cuestiona una ley de la provincia de Buenos Aires que creauna contribucin territorial con una escala progresiva del 5 al 8 por mil segn el valor de lapropiedad raz sobre la que recae dicho gravamen.3. La igualdad de una contribucin no se ataca en el impuesto progresivo desde que ste esuniforme dentro de las categoras que crea, siendo por la misma razn, proporcional toda vezque se mantiene en el mismo porcentaje para las grandes divisiones que dan margen a laprogresin. en el caso se cuestiona la constitucionalidad de una ley de la provincia de BuenosAires que crea una contribucin territorial con una escala progresiva del 5 al 8 por mil segnel valor de la propiedad raz sobre la que recae dicho gravamen.4. No es inconstitucional el impuesto progresivo sobre la valuacin de la propiedadconsiderado, como lo sostiene la actora, segn la proporcionalidad y equidad que consagra elart. 4 de la Constitucin Nacional, por cuanto la proporcionalidad est referida en l a lapoblacin y no a la riqueza o al capital. Dicho precepto no debe considerarse aisladamente,sino en combinacin con las reglas expresadas en los artculos 16 y 67 inc. 2 (ConstitucinNacional 1853-1860), y es por esto que los sistemas rentsticos del pas, pueden apartarse delproporcional a la poblacin, para seguir el principio de la proporcionalidad indeterminadaque para las contribuciones directas ha adoptado la Constitucin en el art. 67 inc) 2. dentro deste, cabe el impuesto que toma por base, la proporcin relacionada con el valor de la tierra,pues tratndose de una contribucin directa la exigencia de proporcionalidad ha de ser miradasolamente con arreglo a la riqueza que se grava.-5. El artculo 16 de nuestra Carta Magna no priva al legislador de la facultad de crear leyesimpositivas locales, categoras especiales de contribuyentes afectados con impuestosdistintos, siempre que dichas categoras no sean arbitrarias o formadas para hostilizar adeterminadas personas o clases. en el caso se cuestiona la constitucionalidad de una ley de laprovincia de Buenos Aires que crea una contribucin territorial con una escala progresiva del5 al 8 por mil segn el valor de la propiedad raz sobre la que recae dicho gravamen.6. Las provincias, en ejercicio del poder no delegado a la Nacin, tienen la facultad de crearrecursos para el sostenimiento de su vida autnoma, y fomento de sus servicios pblicos y desu riqueza, bajo el criterio libre de sus legislaturas para dictar leyes necesarias, sin otraexigencia que la de conformar estas a las garantas generales de la Constitucin Nacional,nico punto que puede ocupar la atencin de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin,careciendo esta, de atribuciones para examinar los impuestos locales en orden a otrascircunstancias referentes a sus formas u oportunidad de su percepcin. en el caso se cuestiona

Pgina 1 Thomson Reuters checkpoint.laleyonline.com.ar

la constitucionalidad una ley de la provincia de Buenos Aires que crea una contribucinterritorial con una escala progresiva del 5 al 8 por mil segn el valor de la propiedad razsobre la que recae dicho gravamen.7. El principio de igualdad emanado del artculo 16 de la Constitucin Nacional demuestracon toda evidencia cual es el alto propsito que la domina, consistente en el derecho de todosa que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede aotros en iguales circunstancias. No es la nivelacin absoluta de los hombres lo que se haproclamado, sino su igualdad relativa, propiciada por una legislacin tendiente a laproteccin en lo posible de las desigualdades naturales. en efecto, la igualdad ante la ley, delos habitantes, no puede oponerse como reparo a la implantacin del impuesto sobre lavaluacin de la propiedad, como sucede en el caso, por cuanto su diferencia en la tasa no estbasada en distingos de personas ni en sus prerrogativas especiales o en persecucionesodiosas, sino en diversidad de circunstancias razonables y lgicas con miras a la valuacin dela propiedad urbana y rural.-Texto Completo:

Opinin del Procurador General de la NacinBuenos Aires, Septiembre 8 de 1926

Suprema Corte:Se impugna en la presente causa seguida ante V. E por don Eugenio Daz Vlez contra la

Provincia de Buenos Aires sobre devolucin de impuestos de Contribucin Territorial, laconstitucionalidad de dichos impuestos.

La ley local que cre el referido gravamen de Contribucin directa estableci una escalaprogresiva del 5 al 8 por mil segn aumentara el valor de la propiedad raz sobre que recaadicho gravamen.

La parte actora sostiene que el sistema tributario implantado es contrario a la garanta queconsagra el art. 16 de la Constitucin Nacional, el que establece que la igualdad es la base delimpuesto y de las cargas pblicas.

Agrega que la progresin impositiva establecida que impugna, quebranta por su naturalezamisma todo concepto de igualdad, ya que los propietarios ms pudientes abonan,proporcionalmente, mayores contribuciones que las que pagan los menos afincados, todo loque importa establecer un sistema de poltica impositiva inconveniente.

Tal es, en sntesis, lo que sostiene el actor.En cuestiones de la naturaleza de la presente a la Corte Suprema no le es dado emitir

pronunciamiento acera de la conveniencia de un impuesto creado por una provincia en uso defacultades que le son propias (art. 104 de la Constitucin Nacional y sus correlativos).

V. E. al respecto ha dicho en la causa que se registra en el tomo 105, pg. 273:"Que la creacin de impuestos, eleccin de objetos imponibles y formalidades de

percepcin, son del resorte exclusivo de las provincias, cuyas facultades sobre est particular,dentro de sus respectivas jurisdicciones, tienen la propia amplitud que su poder legislativo, yase trate de personas, propiedades, posesiones, franquicias, profesiones o derechos, siendoindudable en la doctrina, que ellas pueden exceptuar de gravamen a determinada clase debienes, o hacer que este recaiga de diversa manera sobre los distintos ramos del comercio,ocupaciones y profesiones; determinar el monto de dicho gravamen por el valor de lapropiedad, su uso o poder de produccin, y adoptar el valor nominal o real de los papelescomerciales para los mismos fines, as como otros sistemas tributarios razonables y conformea los usos generales; sin que los tribunales de la Nacin puedan declararlos ineficaces a ttulode ser opresivos, injustos o inconvenientes, si no son contrarios a la Constitucin General".

En cuanto a la impugnacin de inconstitucionalidad que se hace al gravamen de referenciacomo violatorio del principio de igualdad antes indicado, cabe recordar, reproduciendo la


doctrina uniforme de V. E. que la igualdad que se refiere el art. 16 de la Constitucin no esviolada cuando en condiciones anlogas se imponen gravmenes idnticos a todos loscontribuyentes, lo que sucede en este caso.

En efecto, el gravamen de referencia aparece establecido indudablemente con carcter deuniformidad y aplicado, sin excepciones, a todos los casos idnticos.

Lo expuesto me induce a afirmar que el impuesto cuya devolucin se reclama no escontrario a las garantas que se supone desconocidas.

Horacio R. Larreta.Fallo de la Corte suprema de Justicia de la NacinY Vistos :Resultando:

Que a fs. 19 se presenta el procurador Rafael Argerich, con poder bastante de don EugenioDaz Vlez, y entabla demanda contra la Provincia de Buenos Aires por devolucin de lassumas pagadas como impuesto sobr la valuacin de la propiedad durante el ao 1925, segnconsta en las boletas respectivas acompaadas de fs. 3 a fs. 18. Funda su demanda en lainconstitucionalidad de aquel impuesto progresivo sobre la propiedad raz, considerado bajoel doble punto de vista de los estatutos orgnicos de la Nacin y de la Provincia, pues estosdeben concordar las disposiciones de sus leyes tributarias, con la carta general, so pena de lanulidad absoluta de las mismas.

Transcribe el art. 1 de la ley que establece distintas tasas segn el valor de la propiedadgravada que comienza con el cinco por mil para toda propiedad urbana y se eleva desde elseis por mil hasta el ocho, de acuerdo con la valuacin de la propiedad rural en la siguienteforma: el 6 por mil para las propiedades cuyo valor no exceda de cien mil pesos, el seis y uncuarto desde cien mil a doscientos mil, el seis y medio de doscientos mil a trescientos mil, elseis y tres cuarto de trescientos mil a quinientos mil y en la misma progresin hasta llegar alocho por mil para toda propiedad rural cuya valuacin exceda de dos millones. Lainconstitucionalidad alegada, resulta segn el actor, en primer trmino de la violacin delprincipio del art 16 de la Constitucin Nacional que consagra la igualdad cmo base delimpuesto y de las cargas pblicas, principio afianzado en el art 67, inciso 2 en cuantoatribuye al Congreso la facultad de establecer contribuciones directas por tiempodeterminado, y "proporcionalmente iguales, en todo el territorio de la Nacin; debiendo serestas equitativos (art. 4). "Todos los habitantes, dice, son iguales ante la ley. No es posiblemenos, sino en forma proporcional. Entretanto, la progresin, que impugnarnos, por sunaturaleza misma, quebranta todo concepto de igualdad. En vez de pagar cada cual comouno, congruentemente con sus recursos, se tiende a que determinado grupo social afronte elimpuesto como uno, y otro grupo seleccionado como muchos, aumentndose la gabela delltimo en medida siempre creciente de su capacidad econmica: lo que lleva el sello delsocialismo puro, del socialismo revolucionario, del alzamiento abierto contra la constitucinclsica romanamente individualista en materia de propiedad".

Cita en su apoyo el demandante la opinin del Dr. Alberto Rodrguez Ortega, en su obraimpuesto a la renta, Buenos Aires, 1924, quien afirma que el art. 16 de la Constitucin, alpreceptuar que todos los habitantes son iguales ante la ley y que la igualdad es la base delimpuesto y de las cargas pblicas, registra un concepto de igualdad jurdica absoluta y no deigualdad relativa: un concepto de verdadera igualdad jurdica y no de igualdad convencional.Esta condicin de igualdad solo se realiza con el impuesto proporcional, que mantienesiempre el mismo porcentaje en tanto que en la progresin no existe relacin de igualdad, porcuanto variando la cuota exigible progresivamente y segn la valuacin de la cosa se llega,por tuerza a desigualdad, inspirada en criterios circunstanciales sin base cientfica, nilimitacin de facultades, lo que significa lo omnipotencia parlamentaria.

Despus de consideraciones tendientes a la demostracin de la tesis desarrollada, terminaPgina 3 Thomson Reuters checkpoint.laleyonline.com.ar

el actor solicitando se admita la demanda cuyo monto consta en los boletos acompaados yque su mandante abon bajo protesta como consta a fs 2.

Que acreditada la jurisdiccin de esta Corte, se corri a fs. 31 el traslado de ley a lademandada y este fue evacuado a fs. 40 por el representante letrado de la Provincia deBuenos Aires, Dr. Emilio Zorraquin, quien entrando al fondo de la cuestin, sostiene que elconcepto de igualdad en los impuestos que la Constitucin Nacional fue ya definido por estaCorte en diversos fallos y cita en prueba de ella la siguiente jurisprudencia: "el art. 16 de laConstitucin Nacional", en cuanto establece que la igualdad es la base del impuesto y de lascargas pblicas, debe ser complementado con los artculos 4 y 67, incisos 2 y 16 (tomo 102,pg. 379), "la garanta que consagra el art. 16 no es otra cosa que el derecho a que no seestablezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros eniguales circunstancias; de donde se sigue que la verdadera igualdad consiste en aplicar la leyen los casos ocurrentes segn las diferencias constitutivas de ellos".

Esta jurisprudencia es el principal fundamento de las defensa, la cual agrega: "que laprogresin en materia impositiva no excluye a la igualdad ni a la proporcionalidad ni a launiformidad", afirmando que la proporcionalidad a que se refiere la Constitucin Nacional esrelativa a la poblacin, concepto distinto del que ocupa a los tratadistas de finanzas cuandooponen aquel principio al de la progresin. "Si el estado tiene la facultad para dividir o separaen grupos o categoras lo que ha de constituir la materia impositiva, tal divisin no afecta a laproporcionalidad ni a la igualdad, puesto que a dichos grupos o categoras les es aplicado unporcentaje fijo y predeterminado. Para que la proporcionalidad estuviera conculcada, seramenester probar que esos grupos o categoras han sido seleccionados caprichosa oarbitrariamente, y basta echar una mirada sobre la escala y las diferencias porcentuales quedetermina la ley en cuestin, para evidenciar la falacia de semejante conjetura. La provinciano socializa, dice su defensor, sostiene el clsico derecho de propiedad moldeado en laConstitucin Nacional y en el Cdigo Civil, pero tampoco abandona su derecho de "imponercontribuciones, dentro de su jurisdiccin territorial con el objeto de allegar rentas para usospblicos o cumplir algn fin gubernativo o proveer a los gastos necesarios en el ejercicio delgobierno, empero, aunque todos los ciudadanos, sin excepcin, deben allegar su parte a lamasa de los bienes comunes, los aportes respectivos no pueden ser los mismos igualmente(Encclica Rerum Novarun, Len XIII)".

Despus de otras consideraciones generales que pretenden demostrar la justicia delimpuesto progresivo y de criticar el fenmeno del ausentismo que se produce en la Provincia,con desmedro de sus propias instituciones, termina, su representante, solicitando el rechazode la demanda con imposicin de costas.

Declarada la cuestin del pleito, de puro derecho, a fs. 49 vta. y evacuado por el actor eltraslado respectivo, se llamaron autos para definitiva a fs. 61 vta., y

Considerando:Que a mrito de la forma en que se ha trabado la litis en esta causa, y no existiendo en ella

cuestiones de hecho que resolver, la nica que esta Corte debe plantear y dilucidar es lasiguiente, si es o no contrario a los principios dominantes en la Constitucin Nacional oProvincial sobre materia de contribuciones, el impuesto progresivo basado en el valor de latierra establecido en la Provincia de Buenos Aires y a que se refiere la presente demanda.

Que conviene dejar sentado, previamente que tanto los impuestos llamados proporcionalescomo los progresivos, son aceptados dentro del campo de las finanzas pblicas y que ambostienen fundamento cientfico con arraigo en la opinin de los autores y en la prctica de lasNaciones, dividindose aqullos, solamente, al apreciar las consecuencias y la justicia de suadopcin, teniendo en cuenta que los primeros estn caracterizados por la uniformidad yconstancia de la tasa, en tanto que en los segundos el divisor es variable de acuerdo con laprogresin establecida en las leyes respectivas, oponindose de esta manera, al sistema de laproporcionalidad material del impuesto la teora de la proporcionalidad del sacrificio. Bastan


estas consideraciones, susceptibles de un gran desarrollo, sino escaparan a la cuestin dederecho planteada, para compenetrarse de que el impuesto impugnado se funda en unadoctrina seria, conocida universalmente y que, por tanto, alega la posibilidad de que hayasido creado con miras de un socialismo revolucionario o de persecucin a determinadaspersonas o clases.

Que es indiscutible, como lo ha declarado esta Corte en repetidas ocasiones, que lasprovincias, en ejercicio del poder no delegado a la Nacin, tienen la facultad de crearrecursos para el sostenimiento de su vida autnoma, y fomento de sus servicios pblicos y desu riqueza, bajo el criterio libre de sus legislaturas para dictar las leyes necesarias, sin otraexigencia que la de conformar estas a las garantas generales de la Constitucin nacional,nico punto que puede ocupar la atencin del Tribunal, careciendo este como carece, deatribuciones para examinar los impuestos locales en orden a otras circunstancias referentes asus formas u oportunidad de su percepcin (Fallos, tomo 95, pg. 327; tomo 105, pg. 273,considerando 3; tomo 147, pg. 402; tomo 150, pg. 112; artculos 104 y siguientes de laComisin Nacional; 165 U. S. 150).

Que los principios de igualdad, invocados por la parte actora emanados del art. 16 de laConstitucin Nacional que se dice violado por el impuesto progresivo, no tienen, bajo puntode vista alguno, el alcance que aquella les atribuye. El texto de tal disposicin, inspirada porla conciencia democrtica de sus autores, que abominaba toda primaca ilegtima, que noadmite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, que suprime los ttulos de nobleza y losfueros personales, para declarar enseguida, que todos los habitantes son iguales ante la ley,demuestra con toda evidencia cual es el alto propsito que la domina: el derecho de todos aque no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que concede aotros en iguales circunstancias (Fallos, tomo 16, pg. 118; tomo 101, pg. 401). No es, pues,la nivelacin absoluta de los hombres, lo que se ha proclamado, aspiracin quimrica ycontraria a la naturaleza humana, sino su igualdad relativa, propiciada por una legislacintendiente a la proteccin en lo posible de las desigualdades naturales. En virtud de estospropsitos no estn equiparados los nativos a los extranjeros en relacin al derecho poltico,ni lo estn los menores e incapaces a los mayores, bajo el Cdigo Civil, y cada vez se tienede ms a la individualizacin de la pena en las leyes penales, no siendo dentro del Cdigoiguales las mujeres, los nios y los ancianos, a los fines de su aplicacin. De modo que laigualdad ante la ley, de los habitantes, no puede oponerse como reparo a la implantacin delimpuesto de autos, por cuanto su diferencia en la tasa no est basada en distingos de personasni en sus prerrogativas especiales o en persecuciones odiosas, sino en diversidad decircunstancias razonables y lgicas con miras a la valuacin de la propiedad urbana y rural.

Que en la misma disposicin del art. 16 citado se ha establecido que la igualdad es la basedel impuesto y de las cargas pblicas, garanta que se ha invocado asimismo por el actorcomo determinante de la inconstitucionalidad de la contribucin atacada, ya que esta, se dice,fijando tasa diferentes y segn la avaluacin de los bienes races, vulnera dicha base absolutae inconmovible.

El concepto de igualdad de los impuestos a la manera como debe entenderse ante lospreceptos constitucionales ha sido ya aclarado por esta Corte y no se ha expresado en el sublite, razn alguna nueva que pudiera hacer variar su jurisprudencia. El Tribunal ha dicho enuno de sus ltimos fallos pertinentes a la cuestin que se trata: "Que el principio de igualdadescrito en el art. 16 de la Constitucin, no se propone sancionar, en materia de impuestos, unsistema determinado ni una regla frrea por la cual todos los habitantes o propietarios delEstado deban contribuir con una cuota igual al sostenimiento del gobierno sino solamenteestablecer que en condiciones anlogas se impongan gravmenes idnticos a loscontribuyentes". Fallos, tomo 105, pg. 273; tomo 117, pg. 22; tomo 132, pg. 198; tomo150, pg. 112); y esta declaracin se afirma en anteriores que entraan al mismo concepto yque conviene transcribir por ser adaptables al caso: "El citado art 16 no priva al legislador dela facultad de crear en las leyes impositivas locales, categoras especiales de contribuyentes


afectados con impuestos distintos siempre que dichas categoras no sean arbitrarias oformadas para hostilizar a determinadas personas o clases" (Cooley Taxation, 3 edicin pg.75 y siguientes; Willoughby On the Constitution, pg. 593, citados en el Fallo tomo 147, pg.402). "La igualdad exigida por el art. 16, ya que si establece categoras de contribuyentesgravadas con distintas tasas, aquellos se fundan en diferencias razonables, como ya se hadicho, y estas que alcanzan hasta el ocho por mil no atentan contra el principio de la equidad,como se ver mas adelante. (Tomo 170, U. S. 283).

Que tampoco es inconstitucional el impuesto progresivo de autos, considerado segn laproporcionalidad y equidad que consagra el art. 4 de la Constitucin, por cuanto laproporcionalidad esta referida en l a la poblacin y no a la riqueza o al capital. Dichoprecepto no debe considerarse aisladamente, sino en combinacin con las reglas expresadasen los arts. 16 y 67, inciso 2, como lo ha dicho esta Corte en fallo citado por la demandada, yes por esto que las sistemas rentsticos del pas, han podido apartarse del proporcional a lapoblacin, para seguir el principio de la proporcionalidad indeterminada que para lascontribuciones directas ha adoptado la Constitucin en el art. 67, inc. 2 dentro del cual cabeel impuesto que toma por base, la proporcin relacionada con el valor de la tierra puestratndose de una de una contribucin directa la exigencia de su proporcionalidad ha de sermirada solamente con arreglo a la riqueza que se grava.

Establecido ya que la igualdad de una contribucin no se ataca en el impuesto progresivodesde que este es uniforme dentro de las categoras que crea, debe agregarse que, por lamisma razn, es tambin proporcional toda vez que se mantiene el mismo porcentaje para lasgrandes divisiones que dan margen a la progresin. As en el caso de autos, el divisor o tasadel impuesto de seis por mil se aplica a todas las propiedades rurales avaluadas hasta cien milpesos, el 6 1/4 por mil a todas las de cien mil a trescientos mil, el 6 1/2 por mil a todas las detrescientos mil a quinientos mil y as sucesivamente hasta llegar al ocho por mil para todaslas propiedades de ms de dos millones de pesos de valuacin. La proporcin y la progresinno son trminos opuestos, pudindose mantener aquella dentro de sta, como se observa en elimpuesto sobre la tierra en tela de juicio.

Que ste al propiciar una progresin limitada, se encuadra en el marco de la equidad,pudiendo asegurarse que su lmite mximo de ocho por mil no asume los caracteres de unaconfiscacin. No hay tampoco el peligro de que los estados puedan caer en la exageracin delsistema progresivo, por cuanto esta Corte ha declarado reiteradamente que las contribucionesque no son equitativas en su monto revisten el carcter de confiscatorias y afectan por tantoprincipios bsicos consagrados en los arts. 17 y 20 de la Constitucin Nacional y los quefluyen de las reglas generales y universales que rigen en materia impositiva (art. 5 de laConstitucin; Cooley, Principios de derecho constitucional en los E. U. de Amrica, pg. 49y siguientes; Fallos, tomo 115, pg. 11; tomo 138, pg. 161y el reciente sobre patente a losmdicos en la Provincia de San Juan, tomo 150).

Que habindose demostrado que el impuesto impugnado no contradice las reglas deigualdad, proporcionalidad y equidad que para las contribuciones exige la carta fundamentalde la Nacin, son aplicables idnticas consideraciones para demostrar que aquel gravamen noes violatorio de la uniformidad que requiere la Constitucin de la Provincia, ya que estaexigencia est comprendida dentro de aquellos principios generales, ya examinados.

Que la cuestin sobre inconvenientes o ventajas de una clase de impuestos sobre otra, esajena, se repite, a la atribucin de esta Corte para revisar gravmenes locales bajo el criteriode la Constitucin nacional; pero cabe hacer notar que el impuesto es considerado hoy, nosolo como cuota que corresponde a cada habitante para subvenir a los gastos pblicos, sinotambin como el instrumento poltico econmico principal que regula y fomenta la riquezadel pas apreciando las facultades de los contribuyentes para soportar las cargas sociales; queel gravamen progresivo ha sido adoptado por la mayor parte de las naciones, lo quemodificara, por lo menos, que no obstante las discusiones tericas a su respecto, se hanlevantado las resistencias que despert su implantacin, atribuyndole injusticia o falta dePgina 6 Thomson Reuters checkpoint.laleyonline.com.ar

equidad; y que en los Estados Unidos, considerado como el pas clsico de laproporcionalidad en los impuestos, su constitucionalidad ha sido declarada por el TribunalSupremo estableciendo de modo definitivo, que la igualdad a que se refiere la leyfundamental no es 1a exacta o matemtica, si no la exigencia, bajo aquel concepto de que elimpuesto acta sobre todos de igual modo en iguales circunstancias. (170 U. S. 283 citadopor Seligman. "E1 impuesto progresivo", pg. 139; Arturo M. Bas, Derecho Argentino, tomo2, pg. 83 y siguientes).

Que a mrito de los fundamentos precedentes, corresponde declarar que el impuesto a laavaluacin, vigente en la Provincia de Buenos Aires durante el ao 1925, no es contrario a laConstitucin Nacional en el modo que lo pretende el actor, y que, por tanto, es improcedentela devolucin solicitada.

Por estos fundamentos y de acuerdo con el dictamen del Seor Procurador General, fs. 66,se absuelve de esta demanda a la Provincia de Buenos Aires, sin costas, en atencin a lanaturaleza de la causa. Notifquese y archvese, previa reposicin del papel.

A. Bermejo. - J. Figueroa Alcorta. - Roberto Repetto. - R. Guido Lavalle.


csjn confiscatoriedad

Documents