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CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LEGITIMA-CIÓN SOCIAL (ESPAÑA: 1996-1999)

Álvaro Soto CarmonaUniversidad Autónoma de Madrid

La derecha en España ha tenido históricamente un problema de legitimación

social. Esta afirmación no deja de ser una simplificación de la historia del siglo

XX en España, pero que se ha asentado en la historiografía y lo que es más

importante en la opinión pública. Así, hoy prácticamente no se recuerda el

papel de Maura o Canalejas, sobre todo del primero, respecto al impulso que

dio a la legislación social durante su gobierno largo (1907-1909), y se prefiere

insistir en las actitudes autoritarias, que las tuvo, a lo largo de sus diferentes

mandatos.

A ello ha contribuido también, y no está de más decirlo, la existencia de una

derecha que durante una buena parte del siglo ha estado comprometida con pro-

yectos de corte autoritario, muy alejados de los que practicaban otras derechas

europeas. Esta situación varió durante el proceso de transición a la democracia,

ya que fueron sectores cuya procedencia se situaba en la derecha los que protago-

nizaron y encabezaron el proyecto reformista que sirvió para que España transfor-

mara su sistema político en uno democrático, sentara las bases para salir de la cri-

sis económica y favoreciera el cambio social, todo lo cual implicó el paso del

Estado de asistencia social al Estado del bienestar, que desde 1982 consolidó y

desarrolló el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

195Carlos Navajas Zubeldia (ed.), Actas del III Simposio de Historia Actual. Logroño, 26-28 de octubre de 2000Logroño, Gobierno de La Rioja. Instituto de Estudios Riojanos, 2002, pp. 195-244

Un buen ejemplo del cambio producido fue el crecimiento del gasto público

habido entre 1977/1982, y en especial el dedicado al gasto social, que puede cali-

ficarse como explosivo1. El esfuerzo del sector público en un momento de grave

crisis económica fue muy considerable, de hecho entre 1976 y 1981 el peso rela-

tivo de los gastos sociales sobre el PIB aumentó en más de un 50%. Las presta-

ciones por desempleo y las pensiones fueron las partidas que más crecieron como

consecuencia de los Acuerdos de la Moncloa.

Es cierto que el talante reformista de la Unión de Centro Democrático (UCD)

no coincidía con las propuestas políticas de Alianza Popular (AP), buena muestra

de ello fue la escasa representación de este último partido y, tras el colapso de

UCD, la crisis interna permanente y el estancamiento de AP durante la década de

los ochenta, en la que el PSOE obtuvo tres mayorías absolutas consecutivas (1982,

1986 y 1989). Pero a partir de las elecciones generales de 1993 y más a causa del

creciente deterioro del PSOE, afectado de una fuerte crisis interna y presionado

por un clima de desconfianza en su gestión, el Partido Popular (PP) supera la

barrera del 30% de los votos (34,8% en 1993) favorecido por el nuevo liderazgo

y una imagen más centrista. Esta tendencia se confirmaría en las elecciones de

1996 al producirse una victoria ajustada del PP (38,9%) sobre el PSOE (37,5%),

que le permitió acceder al gobierno.

Cuatro años después (12 de marzo de 2000) el PP obtuvo mayoría absoluta en

las elecciones generales al pasar de 156 diputados a 183, mientras que el PSOE

descendía de 141 a 125. Estos datos no sólo se explican por el deterioro de la situa-

ción interna del PSOE, sino también por la gestión del gobierno Aznar sobre todo

en dos campos: el económico y el socio-laboral.

1. Crecimiento económico sobre bases sanas

Los rasgos definidores de la política económica del gobierno Aznar han sido2:

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CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LEGITIMACIÓN SOCIAL (ESPAÑA: 1996-1999)

1. E. Bandrés Moliné y A. Sánchez Sánchez, "Las políticas de protección social en España(1970-1990)", en Bernardo Pena Trapero (Dir.), Distribución personal de la Renta en España,Madrid, Pirámide, 1996, pp. 15-62.

2. Una buena explicación de la política económica en estos años es la realizada por Juan CarlosJiménez, "Balance económico de un fin de siglo", en Javier Tusell et al., El Gobierno de Aznar.Balance de una gestión, 1996-2000, Barcelona, Crítica, 2000, pp. 55-69.

1. Búsqueda de la estabilidad económica, impuesta por el condicionante exte-

rior de los criterios de convergencia, que adquiriendo consistencia propia se han

convertido en una auténtica "cultura de la estabilidad".

2. Creciente internacionalización de la economía española, en especial la de

algunas empresas.

3. Creación de empleo a partir de una mayor flexibilidad en un clima de acuer-

do social.

4. Incremento del proceso de privatización que, al no ir acompañado de un pro-

ceso de liberalización claro, ha provocado una notable concentración de grupos eco-

nómicos. Con el riesgo de que se produzca una oligarquización de la economía.

Tabla 1

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS INTERNACIONALES, 1991-1999(Tasa de variación interanual)

Indicadores 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Crecimiento PIB

Estados Unidos -0,9 2,7 2,3 3,5 2,3 3,4 3,9 4,3 4,4

Unión Europea 1,7 1,1 -0,5 3,0 2,4 1,8 2,7 2,7 2,3

España 2,3 0,7 -1,2 2,1 2,8 2,3 3,5 4,0 3,7

Inflación (IPC)

Estados Unidos 4,2 3,0 3,0 2,6 2,8 2,9 2,3 1,6 2,2

Unión Europea 5,1 4,5 3,8 3,0 2,9 2,5 1,9 1,4 1,4

España 5,9 5,9 4,6 4,7 4,7 3,5 2,0 1,8 2,2

Paro (tasa)

Estados Unidos 6,8 7,5 6,9 6,1 5,6 5,4 4,9 4,5 4,2

Unión Europea 8,5 9,8 11,0 11,5 11,1 11,2 10,9 9,7 8,9

España 16,3 18,4 22,7 24,2 22,9 22,2 20,8 18,8 15,9

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la Economía Mundial, abril de2000. Nota: Las cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI) no siempre coinciden conlas oficiales de cada país.

197

ÁLVARO SOTO CARMONA

198


La política económica marcada por Rodrigo Rato venía precedida por la ges-

tión del último ministro socialista del área, Pedro Solbes, ya que tras la crisis de

1992-93 los indicadores macroeconómicos comenzaron a recuperarse. Así tras el

crecimiento negativo del PIB en 1993 (Tabla 1), en 1994 y 1995 experimentó un

aumento, en especial durante este último año, por encima del de Estados Unidos

y la Unión Europea (UE), para mantenerse al alza en los siguientes cuatro años y

siempre superando la media de los países comunitarios.

En 1995 la economía española se caracterizó por tener un crecimiento en

línea con la recuperación prevista con una evolución aceptable de los desequi-

librios clásicos3. El PIB alcanzó el 2,8%; la inflación, aunque no cumplió las

previsiones, no cerró con un mal resultado; y el déficit público se ajustó a lo

presupuestado. Y todo ello, con la creación de algo más de 300.000 nuevos

empleos netos a lo largo de todo el año. Estos datos positivos contrastan con la

agitada situación política que se vivió durante dicho año, generando incerti-

dumbre hacia el futuro.

Durante 1996 se produjo una desaceleración económica, acompañada de la

reducción de los principales desequilibrios económicos (inflación, déficit público

y desempleo). Fue un año de transición4, condicionado por la necesidad de cum-

plir los criterios de convergencia establecidos por la Unión Europea5.

En el artículo 109 J del Tratado de la Comunidad Económica Europea6 se esta-

blecían los criterios de convergencia que habrían de cumplir los Estados miembros

para acceder a la unión monetaria. Los citados criterios, tomando como base las

estadísticas que con tal fin realizaba la Comisión, eran cinco:

3. Consejo Económico y Social, Economía, Trabajo y Sociedad. Memoria sobre la situaciónsocioeconómica y laboral. España 1995, Madrid, CES, 1996, p. 17.

4. Consejo Económico y Social, Economía, Trabajo y Sociedad. Memoria sobre la situaciónsocioeconómica y laboral. España 1996, Madrid, CES, 1997, p. 3.

5. Sobre este tema son básicos los libros de Donato Fernández Navarrete, Historia y economíade la Unión Europea, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1999; Josep Mª Jordán Galduf(Coord.), Economía de la Unión Europea, Madrid, Civitas, 1999; y Rafael Myro (Dir.),Economía Europea. Crecimiento, integración y transformaciones sectoriales, Madrid, Institutode Estudios Europeos-Civitas, 2000.

6. Actual artículo 121 del Tratado de la Comunidad Económica Europea.

1. Déficit público. El déficit público previsto o real en términos netos no podría

exceder del 3% del PIB a precios de mercado.

2. Deuda pública. La relación entre la deuda pública bruta total de las

Administraciones Públicas a su valor nominal que permanezca viva a final de año

no podría exceder del 3% del PIB a precios de mercado.

3. Estabilidad de precios. Se establecía que durante el año anterior al inicio de

la denominada tercera fase7, el nivel de inflación no podría exceder en más del

1,5% a la media de los tres Estados miembros que mejor comportamiento hubie-

ran tenido en materia de estabilidad de precios.

4. Tipos de interés. El tipo de interés nominal promedio del año anterior al exa-

men de convergencia de los títulos de la deuda a largo plazo no podría exceder en

un 2% del promedio de los tres Estados miembros que hubiesen tenido un mejor

comportamiento en estabilidad de precios.

5. Mecanismo de cambio en el Sistema Monetario Europeo. Este criterio impli-

caba que el Estado integrado en dicho mecanismo y en su banda estrecha8 duran-

te los dos años precedentes a la tercera fase y durante dicho periodo no debía haber

tenido tensiones graves que hubiesen obligado a una devaluación del tipo central

bilateral de su moneda.

El grado de cumplimiento de los citados criterios nominales fue en general

muy alto (Tabla 2), pese a que el listón de la convergencia establecido fue ele-

vado, dado el desafío que significaba la Unión Económica y Monetaria (UEM).

Los países que optaban a la entrada tuvieron que observar una disciplina muy

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7. El Tratado de la Unión Europea preveía que la tercera fase habría de comenzar en algúnmomento comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 1 de enero de 1999; sin embargo,debido a la recesión económica, el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (ECOFIN)decidió en 1993 retrasar la fecha para el examen de los criterios de convergencia, descar-tando definitivamente 1997 para el inicio de la tercera fase. El mencionado examen, o máspropiamente la confirmación de los informes preparados al efecto por la Comisión y elInstituto Monetario Europeo (IME), se realizó por parte del Consejo de Ministros el 2 demayo de 1998. Para el mismo, la referencia que se tomó como base para la aplicación de lostipos de interés fue el periodo comprendido entre mayo de 1997 a abril de 1998; y para losdel déficit público y de endeudamiento, el año 1997. La tercera fase habría de iniciarse, pues,el 1 de enero de 1999.

8. Desde agosto de 1993 existía una banda única del más-menos 15%.

Tabla 2

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE CONVERGENCIA

Tasa de Tipo de Déficit Deuda Participación en

País inflación interés público pública mecanismo cambios

Valor de referencia de los criterios

2,6 7,5 3,0 60,0

Alemania 1,3 5,4 2,7 61,3 sí

Austria 1,1 5,4 2,5 66,1 sí

Bélgica 1,3 5,5 2,1 122,2 sí

Dinamarca 1,8 5,9 -0,7 66,1 sí

España 1,7 5,8 2,6 68,8 sí

Finlandia 1,5 5,6 0,9 55,8 sí

Francia 1,1 5,4 3,0 58,0 sí

Grecia 4,9 9,7 4,0 108,7 sí

Irlanda 1,2 5,8 -0,9 66,3 sí

Italia 1,8 6,1 2,7 121,6 sí

Holanda 2,1 5,4 1,4 72,1 sí

Luxemburgo 1,4 5,4 -1,7 6,7 sí

Portugal 1,7 5,9 2,5 62,0 sí

Reino Unido 1,8 6,6 1,9 53,4 no

Suecia 2,1 6,1 0,8 76,6 no

Fuente: Comisión Europea, Informe de primavera, marzo de 1999.

estricta en los equilibrios macroeconómicos, misión que en principio parecía

que sólo cumplirían un núcleo duro de países (fundamentalmente Alemania y

Francia, sin cuya presencia era impensable la UEM, a la que acompañaban

Austria y el Benelux). Los países mediterráneos partían de una situación peor,

pero pese a ello, excepto Grecia, todos superaron la prueba, y en el caso de

Portugal y España, con más éxito que otros de los que originalmente formaban

el núcleo duro9.

200


9. Donato Fernández Navarrete, Historia y economía..., op. cit., pp. 273-275.

La política del Gobierno Aznar se fijó como objetivo entrar en la primera velo-

cidad de la UEM10. En este sentido tuvo que realizar esfuerzos muy considerables

para disminuir el déficit de las Administraciones Públicas, reducir la tasa de infla-

ción y los tipos e interés. A tal fin fue fundamental poner en marcha un amplio pro-

grama de privatizaciones11 de las empresas públicas.

El criterio de endeudamiento, que era uno de los que España cumplía inicial-

mente, superó la cota del 60% del PIB y al final fue el único que, en sentido estric-

to, no se cumplió, aunque en términos relativos el nivel de endeudamiento fue más

favorable que el que presentaron Bélgica, Italia y Suecia.

El esfuerzo realizado por España fue todo un éxito. No podemos olvidar que

en 1996 tan sólo Finlandia y Luxemburgo cumplían los criterios de convergencia

fijados en Maastricht, mientras que España sólo cumplía el de inflación. El año

1997 fue el de la convergencia nominal, es decir, el año en el que la mayoría de

los países consiguió que sus economías cumplieran los criterios de convergencia;

1998 fue el año de consolidación de la situación alcanzada y el de la ultimación

de los detalles necesarios para acceder a la tercera fase de la UEM, como ocurrió

el 1 de enero de 1999. En esta fecha nació el euro. Así, a propuesta de la Comisión

Europea y tras consultar al Banco Central Europeo (BCE), el 31 de diciembre de

1998 el ECOFIN fijó irrevocablemente los tipos de cambio entre el euro y las 11

monedas nacionales a las que sustituye, dejando siempre el valor de un euro en el

equivalente a 166,386 pesetas.

Una de las cuestiones centrales a la hora de analizar el proceso de integra-

ción europea de la economía española en la Unión Europea es la convergencia

real. Ésta constituye el principal objetivo del proceso de integración, ya que la

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10. Un estudio completo sobre el tema es el realizado por Carmela Martín, España en la nuevaEuropa, Madrid, Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas-Alianza, 1997. El capítulo 7se dedica a la convergencia nominal y real, pp. 153-176.

11. Este es un tema especialmente controvertido, no tanto por el hecho en sí, sino por las con-secuencias que está teniendo sobre el funcionamiento trasparente del mercado. Para este temase deben de consultar: Luis Gámir, Las privatizaciones en España, Madrid, Pirámide, 1999; D.Cano, Política de privatización: Aproximación teórica, Madrid, CES, 1998; Álvaro Cuervo, Laprivatización de la empresa pública, Madrid, Editorial Encuentro, 1997; y Jesús Mota, La granexpropiación, Madrid, Temas de Hoy, 1998.

convergencia real marca la equiparación de los niveles de riqueza y por tanto

de bienestar.

Entre 1996 y 1999 fue patente la aproximación registrada en la llamada con-

vergencia nominal. Por lo que respecta a la real, el Banco de España12 ha esti-

mado para el periodo 1986-1998 la evolución de las variables más significati-

vas para la convergencia real. De dicho estudio se pueden extraer las siguien-

tes conclusiones:

1. Se constata que la reducción de la brecha real respecto a la media europea se

ha conseguido esencialmente gracias a la generación de empleo.

2. En cuanto a esta creación de empleo, la dotación de factores fijos, por su

insuficiencia, impide obtener todo el potencial que ofrece el factor trabajo en

España. Por ello, a pesar del importante esfuerzo realizado, el nivel de empleo

generado en estos años es insuficiente.

El Banco de España afirma que en 1986 el PIB per cápita español equivalía

a un 69% de la media comunitaria, en 1998 era un 79%, por lo que es eviden-

te que se ha producido un acercamiento. No obstante, si ello es positivo, exis-

ten elementos que no lo son tanto, ya que en dicho periodo se ha observado un

descenso de la productividad aparente del trabajo en España con respecto a la

media comunitaria, lo cual unido a un incremento de la tasa de ocupación

española da como resultado que, pese a la aproximación de España a los pará-

metros comunitarios, éstos son debido más al incremento del número de ocu-

pados, que a su productividad; ello implica una cierta pérdida de competitivi-

dad13. Este hecho, en todo caso, tiene su explicación en la difícil situación de

nuestro mercado de trabajo, con unas altas tasas de desempleo, que lleva a las

autoridades económicas a centrar sus esfuerzos en la búsqueda de empleo, más

que en la calidad del mismo, aunque también se han realizado esfuerzos en

este sentido.

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12. Banco de España, Informe anual 1998, Madrid, Banco de España, 1999, p. 21.

13. Rafael Myro y Patricio Pérez, "Crecimiento económico", en Rafael Myro (Dir.), EconomíaEuropea..., op. cit., pp. 25-50.

Tabla 3

CUADRO MACROECONÓMICO (Tasas de variación interanual)

Conceptos 1996 1997 1998 1999

PIB y agregados

Producto Interior Bruto 2,3 3,8 4,0 3,7

Consumo privado nacional 1,9 2,8 3,6 4,4

Consumo público 1,3 2,7 2,0 1,8

Formación bruta de capital fijo (FBC) 2,0 5,0 9,2 8,3

Bienes de equipo (FBC) 8,3 9,9 13,0 8,4

Construcción (FBC) -1,0 2,3 7,0 8,3

Demanda interna 1,8 3,2 5,0 4,9

Exportación de bienes y servicios 10,3 15,1 7,1 8,5

Importación de bienes y servicios 8,1 12,8 11,1 12,6

Precios y costes

Deflactor del PIB 3,4 2,1 2,3 3,1

Precios de consumo (diciembre) 3,2 2,0 1,4 2,9

Costes laborales unitarios nominales totales 2,9 1,6 2,6 2,0

Mercado de trabajo

Variación de empleo 2,9 3,0 3,4 4,6

Tasa de desempleo 22,2 20,8 18,8 15,9

Sector exterior en % del PIB

Saldo comercial (1) -2,8 -2,5 -3,4 -4,9

Saldo por cuenta corriente 0,1 0,5 -0,2 -2,1

Necesidad de financiación AAPP (en % PIB)

Administraciones públicas totales 5,0 3,2 2,6 1,1

Administraciones públicas centrales 3,8 2,1 1,4 1,1

Fuente: INE, Banco de España y Ministerio de Economía y Hacienda. Nota: (1) En tér-minos de Balanza de Pagos.

Buena muestra de lo que afirmamos ha sido el comportamiento de las variables

macroeconómicas (Tabla 3), que ponen en evidencia una serie de cambios que

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permiten afirmar que el crecimiento de la economía española durante la primera

legislatura del PP ha experimentado lo que los economistas denominan creci-miento sano. Ello ha supuesto un crecimiento sostenido del PIB por encima de la

media de los países de la Unión Europea. Esta circunstancia, que si bien se había

producido en otras etapas de la historia reciente de España, va acompañada, y aquí

reside la novedad de:

- La contención de los precios (caída de las tasas de inflación hasta porcentajes

desconocidos desde los años de la transición).

- La reducción de los tipos de interés.

- La disminución del déficit público.

Dichos factores tuvieron consecuencias inmediatas para amplios sectores de la

población, ya que el crecimiento de la actividad económica posibilitó una mayor

creación de empleo y el consiguiente aumento del consumo privado, debido al

incremento de las rentas salariales, la caída de los tipos de interés y el incremento

de las tasas de inversión (formación bruta de capital fijo), sobre todo en los bienes

de equipo, lo que constituye una inversión hacia el futuro. En suma, se crearon las

condiciones que dieron lugar a un mayor clima de confianza.

2. Desigualdad regional y privatizaciones: dos sombras en elcamino

Uno de los objetivos políticos establecidos durante la transición a la democracia

fue la creación del Estado de las Autonomías. Ello implicaba hacer frente a tres

retos, tal y como Adolfo Suárez planteó en su día: el reto histórico, el reto político y

el reto funcional14. Hoy en día estos objetivos presentan serias dificultades en su

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14. El reto histórico trata de dar solución a un largo contencioso que adquiere una especial rele-vancia durante la transición en Cataluña y el País Vasco. Históricamente se asistió durante losdos últimos siglos a una tensión entre las tendencias centralistas y las tendencias regionalistas,en las que estas últimas fueron apoyadas indistintamente por sectores reaccionarios, conserva-dores y progresistas. El reto político era consecuencia de la identificación existente entre demo-cracia y descentralización, tal y como afirmó Raventós: "La cuestión de las autonomías es hoyel eje vertebral del sistema democrático". El reto funcional va unido al concepto de modernidad,que implica acercar al Estado a los centros de decisión, una mayor eficacia de los serviciospúblicos, “desmasificar” la función legislativa, responsabilizar a las autoridades autonómicas de

cumplimiento, pese a que en estos momentos España ha pasado de ser el Estado más

centralista de Europa, a uno de los más descentralizados. De hecho el poder políti-

co de las Comunidades Autónomas (CCAA) puede compararse perfectamente con

el que poseen los estados miembros de una federación, como por ejemplo los län-der alemanes y, desde luego, es muy superior al que tienen las regiones italianas15.

Uno de los objetivos centrales del nuevo Estado autonómico era el reducir las

disparidades económicas existentes entre las distintas regiones. En realidad, como

es sabido, una de las peores herencias del franquismo fue la existencia de fuertes

desigualdades regionales que permitían hablar de una España rica y otra pobre. El

resultado de este objetivo es desesperanzador.

Desde el establecimiento del Estado de las Autonomías no se ha puesto de

manifiesto una disminución de los desequilibrios territoriales16. Hasta comienzos

de los años noventa (1977-1992) se dan dos periodos (1977-1985 y 1985-1992) de

signos claramente diferenciados, tanto por lo que se refiere a la actividad econó-

mica en general como a la evolución de la situación relativa de las distintas

CCAA. El primero de los periodos es de recesión y estancamiento económico. En

él se manifiesta claramente el derrumbe de la cornisa cantábrica17 y la mejora de

la posición relativa de las regiones pobres, apuntándose la consolidación y expan-

sión de dos grandes ejes de crecimiento: el arco mediterráneo y el eje del Ebro.

Durante el segundo periodo, de crecimiento y expansión económica, se siguió pro-

duciendo el fuerte retroceso de las CCAA de la cornisa cantábrica, pero sobre todo

experimentaron una mejora relativa aquellas CCAA que se encontraban en mejor

posición. La conclusión es simple, y a su vez perversa: la disparidad entre las

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la gestión de los asuntos públicos y tener una mayor inmediatez en el conocimiento de los pro-blemas, a la vez que un mayor control de los ciudadanos dada su proximidad; en suma, intensi-ficar la democracia. Sobre estos temas se puede consultar mi libro, La transición a la democra-cia. España 1975-1982, Madrid, Alianza, 1998.

15. Eliseo Aja, El Estado Autonómico. Federalismo y hechos diferenciales, Madrid, Alianza,1999, p. 14.

16. Antoni Castells y Martí Parellada, "Los desequilibrios territoriales en España", en ISimposio sobre Igualdad y Distribución de la Renta y la Riqueza, Desequilibrios interregiona-les, vol. IX, Madrid, Fundación Argentaria, 1993, pp. 17-54. La situación relativa de la CCAAse miden en términos de PIB por habitante.

17. El País Vasco, Asturias y Cantabria. De las cinco CCAA cuyo índice disminuye, las tres conmayores caída son las anteriores. La excepción es Galicia que mejora en términos relativos.

Tabla 4

VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB) Y RENTA FAMILIAR BRUTA DISPO-NIBLE PER CÁPITA (RFBD) POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 1994

Y 1999 (Base media española = 100)

Comunidades VABpc VABpc Diferencia RFBDpc RFBDpc Diferencia

Autónomas 1994 1999 1999-1994 1994 1999 1999-1994

Andalucía 70,8 68,0 -2,8 79,7 79,0 -0,7

Aragón 107,6 109,3 1,7 112,5 110,1 -2,5

Asturias 90,5 83,0 -7,5 96,8 91,5 -5,3

Baleares 150,9 140,9 -10,4 143,2 132,9 -10,3

Canarias 102,2 100,2 -1,9 99,4 95,3 -4,1

Cantabria 92,7 90,4 -2,4 99,5 98,2 -1,3

Castilla-La Mancha 80,2 78,3 -2,0 91,2 91,5 0,3

Castilla y León 90,0 90,5 0,5 100,0 102,2 2,1

Cataluña 123,2 124,0 0,8 111,2 106,9 -4,3

C. Valenciana 99,9 100,7 0,9 101,7 101,8 0,1

Extremadura 71,3 67,8 -3,5 86,2 87,2 0,9

Galicia 84,8 83,4 -1,4 93,8 90,8 -3,0

Madrid 129,7 137,1 7,4 112,7 124,6 11,9

Murcia 81,9 80,0 -2,0 90,5 86,7 -3,8

Navarra 115,9 121,1 5,2 106,5 110,5 4,0

País Vasco 111,9 111,4 -0,4 106,7 104,9 -1,8

La Rioja 113,8 118,7 4,9 119,7 123,7 4,0

Ceuta 83,0 74,7 -8,3 91,4 91,5 0,1

Melilla 74,9 78,7 3,8 83,1 92,1 8,9

Fuente: FUNCAS, Cuadernos de Información Económica, núm. 155, año 2000.

CCAA tiende a intensificarse en los periodos de expansión económica, mientras

que disminuye en los periodos de recesión.

Entre 1991 y 199618 se produjo una reducción de las disparidades regionales

medidas por la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de los índices de

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18. Las comparaciones se realizan por quinquenios, ya que son los periodos que dura la pro-gramación regional.

VABpc (Valor añadido bruto per cápita) y RFBDpc (Renta familiar bruta disponi-

ble per cápita)19. La mayor convergencia se dio sobre todo en términos de

RFBDpc, lo que viene a confirmar que fue el sector público estatal el que impul-

só durante dicho quinquenio (vía impuestos, cuotas y prestaciones sociales) el

papel redistribuidor que ha permitido amortiguar las desigualdades territoriales.

En resumen entre 1991-1996 se mantuvo un cierto ritmo de convergencia, aun-

que inferior al de la década anterior. Esta evolución global hacia un mayor acer-

camiento no ha impedido el deterioro de las situaciones relativas de Asturias y

Murcia, así como el práctico estancamiento de Andalucía. Por otro lado, las trans-

ferencias públicas han seguido ejerciendo durante dicho quinquenio un importan-

te papel redistribuidor a nivel territorial20.

Si la comparación la realizamos para el quinquenio 1994-1999, es decir, intro-

duciendo todo el periodo del Gobierno del PP, se llega a la conclusión de que, a

pesar de que la incorporación de España a la Unión Europea permitió una mejora

de la renta per cápita de las regiones españolas en relación a la media comunita-

ria, las diferencias existentes entre las regiones españolas han persistido e incluso

se han acrecentado, dificultando el logro de una convergencia real interregional

para el conjunto de la economía española (Tabla 4)21.

Si hacemos uso del grado de convergencia en los niveles de VAB per cápita

entre 1994 y 1999 se observan cuatro comportamientos muy distintos:

1. Las regiones que mostraron una mejora convergente, es decir, aquellas que

partiendo de un VABpc inferior a la media nacional han conseguido aproximarse

a la misma. Éste sería el caso de Melilla y Castilla y León.

2. Las que partiendo de un VABpc superior a la media registraron un deterioro

de su posición relativa, es decir, experimentaron un empeoramiento convergente

(Baleares, Canarias y País Vasco).

207


19. CES, [Memoria de 1996], op. cit., p. 53.

20. Ibidem, p. 57.

21. Para este quinquenio hacemos uso de la información aportada por el Consejo Económico ySocial, Economía, Trabajo y Sociedad. Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral.España 1999, Madrid, CES, 2000, pp. 60-63.

3. Las que partiendo de un VABpc superior a la media han registrado una mejo-

ra divergente, destacando los casos de Madrid, Navarra y La Rioja, y en menor

medida Aragón, Comunidad Valenciana y Cataluña.

4. Por último, las que sufrieron un empeoramiento divergente, es decir,

aquellas que partiendo de un VABpc inferior a la media se alejaron aún más de

dicha media. En este grupo se encuentran Ceuta, Asturias, Extremadura,

Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia y Galicia, en especial las

dos primeras.

Si tomamos en consideración la renta familiar bruta disponible per cápita

(RFBDpc) para medir igualmente la evolución de la convergencia interregional

en España, observamos como en este caso mejora la convergencia de regiones

como Extremadura o Castilla-La Mancha y experimentan un comportamiento

convergente comunidades autónomas como la balear, la catalana, la aragonesa

y la vasca.

Si combinamos ambas variables (VABpc y RFBDpc) podemos analizar los

efectos de la política redistributiva en el ámbito espacial, resultante de las medi-

das aplicadas por las Administraciones Públicas. En este sentido hay que decir que

durante la gestión del PP dichas medidas han disminuido, dando como resultado

el aumento o estancamiento de las disparidades regionales, lo que unido al efecto

perverso que tiene el crecimiento económico, plantea un panorama poco esperan-

zador para las regiones más pobres.

La segunda cuestión que nos interesa poner de manifiesto es la referida a las

privatizaciones. Es evidente que el proceso de globalización de los mercados, los

avances tecnológicos, la armonización de las regulaciones nacionales y la necesi-

dad de contención del gasto público han contribuido a cuestionar los últimos años

las funciones del Estado en la economía22. Los partidarios de seguir manteniendo

208


22. Una buena síntesis sobre el tema se encuentra publicada por el Consejo Económico ySocial, Economía, Trabajo y Sociedad. Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral.España 1997, Madrid, CES, pp. 137-170. Es interesante observar cómo en la actualidad sevuelven a oír voces autorizadas a favor de un papel más activo del Estado en la economía anteel peligro de que el mercado ocupe "todo el espacio"; me refiero a las declaraciones delMinistro de Comercio Internacional de Canada, Pierre S. Pettigrew, aparecida en El PaísNegocios, 22 de octubre de 2000, p. 10.

un sector público fuerte consideran que el papel del Estado sigue estando vigente

tanto en los sectores considerados estratégicos como en aquellos donde existen

fallos de mercado, y defienden por ello la mejora de la gestión pública empresa-

rial en lugar de la desaparición de la misma.

En España los procesos de privatización de empresas públicas no han sido

monopolio de la gestión del PP, también el PSOE los ha llevado a cabo, justifi-

cándolos por razones de índole financiera o de caja (en base a un mayor control

del déficit público), económicas (basadas fundamentalmente en la búsqueda de

una mayor eficiencia y en la adaptación a la innovación), o políticas (derivadas

de la revisión del papel del Estado), siendo en la práctica difícil de deslindar

unas de otras.

Durante el periodo socialista, en concreto entre 1985 y 1995, en un contexto

de política industrial caracterizada por la reconversión de determinados sectores

(siderurgia, construcción naval, minería de carbón,...), y por la adaptación a la

política industrial europea, se produjo un proceso desinversor de determinadas

empresas públicas basado en la necesidad de racionalizar y redimensionar el

sector público empresarial. Dentro de este proceso cabe diferenciar, sin embar-

go, dos tipos de privatizaciones: las que se han caracterizado como "encubier-

tas" o "silenciosas", centradas en las empresas pertenecientes a los holdingspúblicos Instituto Nacional de Industria (INI) e Instituto Nacional de

Hidrocarburos (INH) y, en menor medida, a la Dirección General del Patrimonio

del Estado (DGPE); y las privatizaciones motivadas tanto por la crisis del siste-

ma bancario de finales de los años setenta, como por la expropiación de Rumasa

a principios de los ochenta23.

La experiencia socialista privatizadora se inició a mediados de los ochenta de

forma no planificada24. En febrero de 1983 el Estado nacionalizó el Grupo

Rumasa. Dicho grupo constituía un conglomerado de alrededor de 800 empresas

que empleaba a 45.000 trabajadores. De las 800 empresas que formaban el grupo,

20 eran bancos. Tres compañías sumaban alrededor de las dos terceras partes del

209


23. Ibidem, p. 142.

24. No debemos olvidar que el programa del PSOE de 1982 no incluía dicha posibilidad, dehecho tan sólo se refería a la nacionalización de la red de alta tensión, propuesta que llevó a cabouna vez que ganó las elecciones.

volumen total de facturación: Galerías Preciados, Hoteles Agrupados (Hotasa) y

Constructora Hispano Alemana25.

En el plazo de dos años de las 800 empresas expropiadas a Rumasa 226 habían

sido vendidas, 400 habían sido liquidadas o disueltas por considerarlas meramen-

te instrumentales y 152 habían sido devueltas a sus propietarios originales.

A partir de 1985 se inició la venta de algunas empresas del INI. Entre ellas des-

tacan las ventas de Seat y Enasa a Volkswagen e Iveco, respectivamente. Durante

estos años la técnica de privatización empleada fue la venta de activos, bien a tra-

vés de subasta o de negociación directa; y la mayor parte de las operaciones de

venta se realizaron con un coste para el Estado que Comín ha calculado en 76.000

millones de saldo neto negativo26. Las operaciones de Endesa en 1988 y de Repsol

en 1989 inauguran una nueva etapa de privatizaciones. Se trata de operaciones de

gran tamaño en las que a través de intensas campañas publicitarias se involucra el

ahorro minorista27. La operación de Endesa introdujo además la novedad de la

cotización en la Bolsa de Nueva York.

Ambas privatizaciones se realizaron a través de ofertas públicas de venta(OPV)28, lo que supuso una clara mejora del proceso. En 1993 se puso en marcha

el segundo tramo de la privatización de Repsol y los dos primeros tramos de la pri-

vatización de Argentaria. Al año siguiente se sacó al mercado el segundo tramo de

la privatización de Endesa. En 1995 y hasta junio de 1996 se puso en marcha la

privatización de Telefónica y se continuó con la de Repsol y Argentaria. Los ingre-

sos percibidos por el Estado, según el IPC de diciembre de 1998, ascendieron en

210


25. Para comentar las privatizaciones durante el periodo socialista utilizamos básicamente lainformación aportada por Luis Gámir, Las privatizaciones..., op. cit., pp. 98-108 y ÁlvaroCuervo, La privatización..., op. cit.

26. Francisco Comín, "La empresa pública en la España contemporánea: Formas históricas deorganización y gestión (1770-1995)", Documento de Trabajo, núm. 9505, julio de 1995.Fundación Empresa Pública.

27. Entre ambas operaciones se registraron más de 450.000 peticiones minoristas.

28. La oferta pública de venta supone la salida de las acciones de empresas públicas a losmercados financieros, previo ajuste de la oferta a las condiciones del mercado y a lascaracterísticas de la empresa. Se pueden ofrecer así paquetes de acciones específicos parainversores institucionales y para minoristas, pudiendo diferenciarse, con condiciones espe-ciales, las colocaciones destinadas a empleados y clientes de la empresa del resto de losinversores.

millones de pesetas a 2.053.138. Durante el período 1992-1996 las privatizaciones

supusieron una media de 0,4 puntos de PIB29.

La llegada del PP al gobierno implicó un giro en el proceso privatizador. Ya no se

trataba de medidas aisladas, sino de la aplicación de un programa político concreto

(Programa de Modernización del Sector Público empresarial del Estado), aprobado

en el Consejo de Ministros del 28 de junio de 1996 y que contó con el rechazo sindi-

cal30. El Gobierno optó por sentar las bases para reformar y modernizar la empresa

pública mediante el desarrollo de un programa de privatizaciones con carácter de glo-

balidad. Dicho plan tenía como objetivo la reforma y modernización del sector públi-

co, el fortalecimiento de la economía de mercado, la liberalización y aumento de la

eficiencia y la competitividad de la economía, así como la creación de empleo. Para

alcanzar dichos objetivos se articulan un conjunto de acciones en torno a tres ejes

básicos: en primer lugar, el saneamiento de las empresas públicas deficitarias con el

fin de obtener su progresiva desvinculación de los Presupuestos Generales del

Estado, la consolidación de proyectos empresariales viables y de futuro, y, por últi-

mo, la puesta en práctica del proceso de privatización propiamente dicho31.

Los aspectos más destacables de las privatizaciones llevadas a cabo por el PP

son32:

1. Su importancia cuantitativa: entre 1997 y 1998 las privatizaciones supusie-

ron una media anual del 2,65% del PIB, frente al 0,4 del periodo socialista, es

decir, se multiplica casi por siete.

2. Las OPV se constituyeron en el método principal de privatización. Desde

junio de 1996 hasta diciembre de 1998 las nueve OPV realizadas suponen el 32%

de las operaciones llevadas a cabo, aportando el 83% de lo ingresado.

211


29. Luis Gámir, Las privatizaciones..., op. cit., p. 109.

30. El 10 de junio de 1996 se celebró una asamblea de delegados sindicales en Madrid, convo-cada por CCOO y UGT, donde se puso de manifiesto la oposición sindical a las privatizaciones,Gaceta Sindical, núm. 149, julio 1996, pp. 6-8 (En adelante GS). Esta situación obligó al minis-tro de Industria, Josep Piqué, a reunirse con los sindicatos (15 de julio), en la que llegó al com-promiso de debatir cada privatización con los sindicatos, GS, núm. 149, julio 1996, p. 10.

31. Consejo Económico y Social, [Memoria de 1997], op. cit., p. 147.

32. Los datos expuestos se encuentran en el libro de Luis Gámir, Las privatizaciones..., op. cit.,pp. 109-114.

3. Se privatizó el 100 por 100 de la participación del Estado, con la excepción

de Endesa-97, en la que se optó por realizar la privatización en varios tramos.

4. El tamaño medio de las operaciones pasó de 133.000 millones, antes del

Programa de Privatizaciones, a 376.000 millones durante la vigencia de dicho pro-

grama, lo que supuso prácticamente triplicar la cifra media.

5. Se otorgó una mayor importancia al tramo minorista (capitalismo popular) en las

OPV. La mayor participación de las OPV se dirigió al inversor institucional y al mino-

rista de forma conjunta (Telefónica-97, Endesa-97, Aceralia, Argentaria-98, Tabacalera

y Endesa-98). Sólo en dos operaciones se prescindió del tramo minorista (Gas Natural

en 1996 y Aldeasa en 1997), debido al tamaño moderado de la operación. El buen fun-

cionamiento de los tramos minoristas fue un factor clave del éxito de las operaciones.

Así, si antes de junio de 1996 la media ponderada de los tramos minoristas sobre el total

de la operación era del 48%, a partir de dicha fecha el porcentaje aumentó hasta el 67%.

Frente a los 13 billones de pesetas de demanda generados por los tramos minoristas en

las OPV realizadas con anterioridad a junio de 1996, en las OPV ejecutadas desde esa

fecha se consiguieron 23 billones de pesetas. El número total de peticiones minoristas

realizadas con posterioridad a junio de 1996 superó los 7,5 millones, lo que supuso

duplicar crecidamente el número de peticiones (3 millones) que se habían realizado con

anterioridad a la entrada en vigor del Programa de Privatizaciones. Esta cifra indica que

se ha pasado de una media de 300.000 peticiones realizadas en cada operación a una

media superior al millón de peticiones (1,07 millones).

6. El conjunto de los ingresos recibidos por el Estado a través las privatizacio-

nes desde junio de 1996 asciende a un total de 4,1 billones de pesetas de los cua-

les 3,4 billones (83%) se han obtenido por el sistema de OPV y el resto, 0,7 billo-

nes (17%), por otros métodos.

Ahora bien, aparte del proceso en sí de privatizaciones, debemos de tener en

cuenta tres cuestiones: la primera, la conveniencia o no de las mismas; la segun-

da, si el proceso se ha realizado con total transparencia; y la tercera, lo que ha

supuesto en la ordenación de los grupos capitalistas en España, así como sobre su

influencia en el mercado y, consiguientemente, sobre los consumidores.

Respecto a la primera cuestión, existe una amplía coincidencia sobre la conve-

niencia de utilizar la privatizaciones como medio de reducir el déficit público y de

212


descargar al Estado de funciones que se estima que no le competen. En este senti-

do, y con las diferencias lógicas derivadas de la situación de encontrarse en el

gobierno o en la oposición, existe un acuerdo entre las políticas del PSOE y del PP,

aunque el discurso parece diferente, los hechos vienen a demostrar lo contrario.

En cuanto a lo segundo, las denuncias sobre la falta de transparencia han sido

constantes, aunque los mayores escándalos se produjeron durante la reprivatiza-

ción de Rumasa. Es evidente que con el tiempo se ha mejorado la técnica privati-

zadora y con ello la garantía de que el proceso sea limpio, pese a ello existen indi-

cios de favoritismo hacia ciertas personas o grupos. En todo caso, las decisiones

de los organismos encargados de velar por la transparencia del proceso son esca-

sas y de ellas no se desprende la existencia de una corrupción generalizada.

Por último, el efecto más negativo a nuestro entender, aunque todavía está por

ver con más detalle, es el efecto que ha tenido sobre el funcionamiento del mer-

cado y sobre los consumidores. Parece claro que existe una tendencia hacia una

nueva, en sustitución de la vieja, oligarquización del capitalismo español, lo que

implica un falseamiento del principio de libre competencia, básico para el funcio-

namiento del mercado, y ello debido a la falta de medidas liberalizadoras, hecho

del que el mayor responsable ha sido el gobierno del PP. Igualmente desde el

punto de vista de los consumidores existen en algunos sectores (combustibles)

acuerdos entre los grupos suministradores que favorecen la subida de los precios,

lo que implica un perjuicio claro a los ciudadanos y una alteración de las reglas

del mercado, aunque es cierto que en otros sectores (eléctrico y telecomunicacio-

nes) las privatizaciones han supuesto una rebaja de las tarifas.

3. En busca de la legitimación social: diálogo con los sindica-tos y descenso de la conflictividad laboral

La llegada al gobierno del PP planteaba serios temores en los sectores de la

población más beneficiados por las políticas sociales, y en las organizaciones que,

por su vinculación histórica y sociológica con la izquierda, habían mantenido su

oposición a las actuaciones de la derecha. Este planteamiento de partida resultaba

demasiado simple, ya que el nuevo Gobierno estaba necesitado de una legitima-ción social, por lo que no podía enfrentarse de manera directa al reciente estable-

cimiento del Estado de Bienestar, ni podía soportar una fuerte y continua presión

213


sindical; aunque era consciente de la necesidad de racionalizar algunas de las polí-

ticas sociales para poder mantenerlas. Por todo ello su estrategia se centró en una

política económica que le permitiese recuperar empleo, continuar con reformas la

política social y llegar a acuerdos con los sindicatos (básicamente con ComisionesObreras –CCOO– y la Unión General de Trabajadores –UGT–) con el fin de

garantizar la paz laboral y obtener la tan deseada legitimación social33. No debe-

mos olvidar que pocos días después de llegar a la Moncloa (18 de abril34) el presi-

dente del Gobierno se reunió con los secretarios generales de CCOO y UGT para

iniciar el diálogo social. En dicha reunión José María Aznar reafirmó dos puntos

esenciales de su programa de investidura: mantenimiento de la protección social y

del poder adquisitivo de las pensiones, y creación de empleo.

La actuación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) estuvo guia-

da por una política de corte centrista, en la que predominó el diálogo y la sensibi-

lidad social, lo cual provocó ciertos enfrentamientos con la derecha económica,

como en el caso de la regulación de los contratos de trabajo a tiempo parcial inde-

finidos, o con otros ministerios, como se puso de manifiesto con el proyecto de ley

de extranjería. Dicha política, al ir acompañada de una sensible mejora en la situa-

ción económica, posibilitó la creación de un empleo de mayor calidad contractual.

El hecho político de mayor interés en las gestión del MTAS fue la búsqueda de

acuerdos con los sindicatos y una mayor aceptación en la autonomía de los agen-

tes sociales, continuando así las políticas desregulacionistas y flexibilizadoras del

Gobierno socialista, pero con menor coste político y social.

No debemos de olvidar que, durante la primera legislatura del PSOE (1982-

1986), la puesta en marcha de una intensa reconversión industrial y la intensifica-

ción de las políticas flexibilizadoras y desregulacionistas en el mercado de traba-

jo fueron posibles al contar el Gobierno con el apoyo de la UGT y con la amplia

confianza depositada en él tras el aplastante triunfo electoral de 1982. Ello no

214


33. Una visión general sobre el tema, ya fue realizada por mí, "Política social. Relaciones conlos sindicatos", en Javier Tusell et al., El Gobierno Aznar..., op. cit., pp. 71-96.

34. La reunión fue acogida por los sindicatos positivamente como queda reflejado en la revistade CCOO, GS, núm. 145, abril 1996, p. 13. Hubo una segunda reunión (15 de mayo), tambiénen la Moncloa, a la que asistieron los secretarios generales de CCOO y UGT, acompañados pormiembros de sus respectivas comisiones ejecutivas, donde se inició el dialogo social, GS, núm.146, mayo 1996, pp. 8-10.

impidió que hubiese un creciente descontento en sus bases sociales, como se puso

de manifiesto en el repunte huelguístico de 198435 contra la reconversión, o en la

huelga general de 1985 contra la reforma de la ley de pensiones (“recortes”), la

cual no fue convocada por UGT36. Pero fue a partir de 1986, una vez que el PSOE

obtuvo su segunda mayoría absoluta y se inició la recuperación económica, cuan-

do UGT temerosa de perder la hegemonía sindical rompió sus lazos con el PSOE

e inició un proceso de unidad de acción sindical con CCOO, que condujo a la huel-

ga general del 14-D de 198837 en demanda de una política más redistributiva.

Dicha huelga constituyó un éxito absoluto para los convocantes, obligando al

Gobierno, pese a la obtención de la tercera mayoría absoluta (1989), a variar su

política económica ante el temor de que su base social se distanciase. A partir de

1990 el Gobierno socialista se encontró cada vez más acosado por la aparición

permanente de escándalos políticos y casos de corrupción. A ello se añadió una

intensa recesión económica, que estuvo acompañada de una huelga general contra

las reformas laborales en 1992, y tras la pérdida de la mayoría absoluta en 1993,

de una nueva huelga general38 a raíz de la reforma laboral de 199439.

215


35. José Babiano Mora y Leopoldo Moscoso Sarabia, "Los conflictos sociales en fase depresi-va ante la adopción de políticas de ajuste: El caso español", Zona Abierta, núm. 56, 1991, pp.121-173.

36. La huelga fue convocada por CCOO, USO, CNT, ELA-STV e INTG.

37. Al llamamiento de paro general hecho por CCOO y UGT se unieron: USO, CNT, ELA-STV,INTG, CXTG, Sindicato de Obreros del Campo, CNT-AIT (Cataluña), CSC, STACC, Unión deActores, AFE, COAG y otras organizaciones sociales. En cuanto a la explicación de su éxito,los autores se dividen entre los que insisten en motivos políticos (Álvaro Soto, "ComisionesObreras en la transición y consolidación democrática. De la Asamblea de Barcelona a la HuelgaGeneral del 14-D (1975-1988)", en David Ruiz (dir.), Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), Madrid, Siglo XXI, 1994, pp. 516-519; y Santos Juliá, La desavenencia, Madrid, ElPaís/Aguilar, 1988, p. 16), los que buscan una explicación economicista (Álvaro Espina, "Lossindicatos y la democracia española. La huelga general de diciembre de 1988 y sus implicacio-nes políticas", en Álvaro Espina (comp.), Concertación social, neocorporatismo y democracia,Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991, pp. 191-216) y los que realizan unainterpretación sociológica-sindical (Ángel Campos y José M. Álvarez, Ayer, hoy y mañana del14-D, Madrid, Confederación Sindical de Comisiones Obreras, 1990; y Salvador Aguilar i JordiRoca, Epílg: La Vaga General del 14-D, VI, Barcelona, Fundació Jaume Bofill /FundacióVolkswagen, 1991).

38. Una explicación detallada de las causas de la huelga y su desarrollo se encuentra en UniónSindical de Madrid-Región de CCOO, 27-E. La Huelga, Madrid, Ediciones GPS, 1994.

39. Sobre el contenido de dicha reforma laboral se deben de consultar: Antonio P. Baylos Grau(Coord.), La Reforma Laboral de 1994, Murcia, Universidad de Castilla-La Mancha, 1996;

Especialmente importante fue esta última reforma, pues supuso un cambio

muy amplio en las relaciones de trabajo que afectó a numerosas materias tales

como la colocación, modalidades de contratación, contenido y extinción de la

relación laboral, negociación colectiva, sistema sindical y procedimiento de solu-

ción de conflictos. La causa de dicha reforma fue la pérdida de empleo y la nece-

sidad de adecuar el mercado de trabajo al funcionamiento de la economía. El

rechazo sindical fue intenso y existía una más que justificada desconfianza sindi-

cal en Felipe González.

La reforma de 199740 tuvo la misma causa que la anterior: "la necesidad de

acometer de manera decidida y urgente las oportunas reformas con el objetivo

de luchar contra el paro, la precariedad laboral y la alta rotación de los contra-

tos, y potenciar nuestra capacidad generadora de empleo, en especial empleo

estable". Al igual que la de 1994, se hizo especial hincapié en flexibilizar el mer-

cado de trabajo para que se pudiese producir una distribución de la renta que

fuese compatible con los objetivos de la política económica. La mayor novedad

que introdujo la reforma realizada por el PP fue la creación de empleo estable,

las ayudas a la inserción y formación de los jóvenes, y la concreción de los

supuestos de la contratación temporal. El objetivo no era, por tanto, crear

empleo a cualquier precio, como en años anteriores, sino mejorar la calidad del

empleo, variando los tipos de contrato.

Dos hechos permitieron este cambio de objetivos: en primer lugar, la mejora de

la coyuntura económica; y, en segundo lugar, la capacidad del Gobierno, y en con-

creto del entonces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas, de asu-

mir las propuestas de los sindicatos y la patronal, ya que la reforma tuvo su origen

216


Eduardo Rojo Torrecilla (Coord.), Las reformas laborales de 1994 y 1997, Madrid, MarcialPons, 1998; y Salvador del Rey Guanter (Dir.), La negociación colectiva tras la reforma labo-ral de 1994, Madrid, CES, 1998.

40. Los Acuerdos entre los sindicatos y la patronal, así como el traslado de los mismos a nor-mas legales, se encuentran recogidos en Diálogo Social y Estabilidad en el Empleo, Madrid,Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1997. Comentarios sobre el contenido de dicha refor-ma se encuentran en: Eduardo Rojo Torrecilla (Coord.), Las reformas..., op. cit.; AsociaciónEspañola de Iuslaboralistas, Las Reformas Laborales de 1997, Pamplona, Aranzadi, 1998;Manuel-Carlos Palomeque López, La reforma laboral de 1997, Barcelona, Praxis, 1997; y JoséLuis Monereo Pérez, El salario y su estructura después de la Reforma Laboral de 1997,Valencia, Tirant lo Blanc, 1998.

en el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad del Empleo firmado el 28 de

abril de 1997 por los secretarios generales de UGT y CCOO41 y los presidentes de

la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y de la

Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), siendo

su contenido asumido por el Ejecutivo y transcrito en normas legales. Ese mismo

día, por los mismos protagonistas, también se firmaron el Acuerdo Interconfederalsobre Negociación Colectiva y el Acuerdo sobre cobertura de vacíos.

Un año y medio después (13 de noviembre de 1998) se firmó el Acuerdo sobreel trabajo a tiempo parcial y fomento de su estabilidad, suscrito por el Gobierno

y los sindicatos UGT y CCOO. Para la CEOE y CEPYME el acuerdo era negati-

vo ya que introducía elementos de rigidez en dicho tipo de contrato; mientras que

para los sindicatos se obtenían garantías laborales y de protección social en la con-

tratación a tiempo parcial, de las que adolecía la anterior regulación. Lo obtenido

por los sindicatos se sintetiza en42:

1. Delimitar y definir el tiempo parcial. Fijar su jornada máxima legal en el 77%

de la jornada de aplicación.

2. Un mayor control en la distribución de la jornada.

3. Potenciar el empleo estable a tiempo parcial.

4. Reforzar el carácter voluntario del contrato frente a la decisión unilateral del

empresario.

5. Clarificar los derechos de este colectivo de trabajadores.

6. La mejora de la protección social para más de un millón de trabajadores.

7. Disminuir la edad de jubilación parcial voluntaria para fomentar el contrato

de relevo.

8. Mejorar substancialmente la situación de los trabajadores fijos-discontinuos.

217


41. Las opiniones de CCOO sobre dichos Acuerdos se encuentran recogidas en, Acuerdo sobreEstabilidad en el Empleo. Una visión jurídica, desde una perspectiva sindical, Madrid, Edicio-nes GPS, 1997. La posición de los sindicatos se encuentra recogida en los números 154 y 156de GS, de abril y junio de 1997, pp. 6-9; 22-23 y 21-35, respectivamente.

42. GS, núm. 169, noviembre 1998, pp. 6-28.

El Gobierno favoreció el diálogo entre los sindicatos y los empresarios, y pre-

sionó para que llegasen a acuerdos, poseyendo capacidad negociadora y la con-

fianza de los agentes sociales, lo que facilitó sus propósitos. A diferencia de los

acuerdos realizados a comienzos de los años ochenta, éstos conceden todo el pro-

tagonismo a los agentes sociales y se han realizado en la fase alcista del ciclo eco-

nómico, por lo que la posibilidad de cumplimiento fue mayor.

Esta actitud de diálogo del ministro Javier Arenas fue continuada por su suce-

sor en el cargo, Manuel Pimentel43, que siguió contando con datos que en su con-

junto eran positivos. De hecho uno de los mayores activos con el que se presentó

el PP en las elecciones del año 2000 fue su política laboral.

Un buen indicador del clima de confianza creado fue la disminución de la

conflictividad laboral. Entre 1986 y 1995, la media anual del volumen de huel-

gas fue de 1.515,3, mientras que entre 1996-1999, dicha media fue tan sólo de

182,2, es decir, un 12% de lo que había supuesto el periodo anterior. No sólo

descendió claramente el volumen de conflictividad laboral, sino también la

dureza de las huelgas (medidas en duración): así, mientras que la media anual

entre 1986 y 1995, fue de 3.911,4, entre 1996 y 1999 dicha media anual fue de

2.123. Por último, también descendió, aunque en menor medida, el tamaño de

las huelgas: así se pasó de 2.266,8 entre 1986 y 1995, a 1.223,75 entre 1996-

1999. Este menor descenso se debió a que los sindicatos tienden a centrar su pre-

sión sobre el Gobierno, más que sobre la patronal, en momentos puntuales, lo

que conduce a una concentración de la protesta. Tal sería el caso de la huelga

más importante con la que se tuvo que enfrentar el Gobierno del PP, la de los

empleados públicos habida a finales de 1996, debida a la pérdida del poder

adquisitivo de los salarios, en la cual participaron en una sola jornada de pro-

testa algo más de medio millón de trabajadores.

Este descenso general de la conflictividad se apreció también en el menor

número de cierres patronales: durante el trienio 1993/95 hubo 113 cierres patro-

nales, que afectaron a 92.842 trabajadores, suponiendo la pérdida de más de

218


43. Existe una interesante entrevista a Manuel Pimentel realizada por Pedro Schwartz en quemuestra un talante centrista y un silencio contundente de las razones que le llevaron a su dimi-sión, en Pedro Schwartz, Queda mucho por hacer. Conversaciones con cuatro ministros econó-micos del PP, Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 41-56. En el mismo libro también se entrevistana Rodrigo Rato, José Piqué y Rafael Arias-Salgado.

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219


160.000 jornadas de trabajo. En cambio durante el trienio siguiente (1996/98) el

número de cierres fue 72, afectando a 30.040 trabajadores y con una pérdida de

algo más de 90.000 jornadas de trabajo.

El 18 de julio de 199644, los secretarios generales de CCOO y UGT, los pre-

sidentes de las patronales CEOE y CEPYME y el ministro de Trabajo firmaron

el Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos (ASEC), aunque el deba-

te y los primeros pasos sobre el mismo se habían realizado durante la etapa

socialista. Dicho acuerdo supuso un avance importante para el sistema de rela-

ciones laborales, ya que con él se integraba el conflicto en el propio sistema,

adquiriendo una especial relevancia el establecimiento de procedimientos de

solución de conflictos de modo pacífico. Para su puesta en marcha era necesa-

ria la creación de un Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA)

de composición paritaria, encargado de la gestión de los procedimientos de

solución de conflictos diseñados en el ASEC. Ello se produjo en febrero de

1998, tras la firma el 21 de enero de ese año del Acuerdo de determinación dela aplicación de los procedimientos de mediación y arbitraje. El balance del

SIMA es calificado por el Consejo Económico y Social en 1999, es decir, tras

algo más de dos años de funcionamiento, como "globalmente positivo aten-

diendo a sus líneas generales, esto es, crecimiento de la conflictividad laboral

canalizada a través del mismo y mejora de los resultados en términos de con-

flictos resueltos por acuerdo"45.

El descenso de las huelgas tiene que ver también con la existencia de estos

mecanismos de mediación y arbitraje, que se han extendido hasta en 15

Comunidades Autónomas46, y con el cada vez mayor número de empresas y sec-

tores adheridos al ASEC, que en 1998 recogía a más de cinco millones de traba-

jadores47. Con ello se ha producido un giro en nuestro sistema de relaciones labo-

rales, donde tradicionalmente primó el conflicto frente a la integración.

220


44. GS, núm. 148, julio 1996, p. 9.

45. CES, [Memoria 1999], op. cit., p. 424.

46. En 1999 las únicas Comunidades Autónomas que no cuentan con órganos de esta naturale-za son Castilla y León y Murcia.

47. La lista de los sectores y empresas adheridos al ASEC, con el número de trabajadores, sehalla recogido en Consejo Económico y Social, Economía, Trabajo y Sociedad. Memoria sobrela situación socioeconómica y laboral. España 1998, Madrid, CES, 1999, pp. 425-426.

El desempleo ha venido siendo el problema con mayores efectos sociales con

el que se han enfrentado los gobiernos de la transición y la democracia. La exce-

siva rigidez institucional existente en el mercado de trabajo, heredada del fran-

quismo, el elevado número de emigrantes que iniciaron su retorno una vez

comenzada la crisis económica mundial de los años sesenta, el ingreso en el

mercado laboral de la generación del baby boom y la incorporación de la mujer

al trabajo fuera del domicilio, fueron factores propios que convirtieron el desem-

pleo en el tema central de preocupación de los ciudadanos y de la acción de los

distintos gobiernos.

Tabla 6

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO POR GRANDES ETAPAS ECONÓMICAS1977-1999 (Miles de personas)

Periodo Variación total en el periodo Variación media anual en el periodo

1977-1981 -1.102,1 -275,5

1981-1983 -189,6 -94,8

1983-1985 -408,4 -204,2

1985-1990 1.957,3 391,5

1990-1991 30,7 30,7

1991-1994 -879,3 -293,1

1994-1999 2.087,3 417,5

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa.

A grandes rasgos (Tabla 6) podemos afirmar que el comienzo de la transición a

la democracia, al producirse en un marco de crisis económica que afectaba espe-

cialmente al empleo, supuso uno de los peores momentos para la creación de pues-

tos de trabajo. Entre 1977 y 1981 se perdieron algo más de un millón cien mil

empleos, de los cuales el 80% se destruyeron. Desde 1981 hasta 1983 disminuyó

la pérdida de puestos laborales, aunque el ritmo seguía siendo negativo, volvién-

dose a intensificar a partir de este último año hasta 1985, pese a que desde el últi-

mo trimestre de 1981 se inició una nueva y duradera fase expansiva (19 trimes-

tres) del ciclo de la economía española que se prolongó hasta el segundo trimes-

221


Tabla 7

CRECIMIENTO DEL EMPLEO POR SECTORES DE ACTIVIDAD,1996-1999(Miles de persona y porcentajes, medias anuales)

Año Variación Agricultura Industria Construcción Servicios

anual y Pesca

1996 Miles -29,8 14,3 40,9 327,1

Porcentaje -2,7 0,6 3,6 4,5

1997 Miles -9,0 79,9 67,3 231,9

Porcentaje -0,8 3,2 5,7 3,0

1998 Miles -6,8 127,7 64,4 255,1

Porcentaje -0,6 4,9 5,2 3,2

1999 Miles -45,8 76,0 156,6 425,7

Porcentaje -4,3 2,8 12,0 5,2

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa.

tre de 199248. Pero la recuperación del empleo iba un tanto desfasada con el ciclo

económico y más teniendo en cuenta los costos que sobre el mismo tuvo la recon-

versión llevada a cabo por Miguel Boyer en los primeros años de su gestión.

A partir de 1985, en un clima de bonanza económica49, se comenzó de nuevo a

recuperar empleo con unos resultados extraordinarios, de hecho se creó más del

que se había perdido desde 1977, a un ritmo anual de cerca de cuatrocientos mil

nuevos empleos al año. Pero de nuevo la recesión hizo su aparición en el segundo

trimestre de 199250, en esta ocasión especialmente profunda y se prolongó hasta

222


48. Carlos Sebastián, Las fluctuaciones de la economía española (1971-1996). Un ensayo en lateoría de los ciclos, Madrid, Marcial Pons, 1997, p. 18.

49. El ambiente optimista, casi de euforia, está muy bien descrito en las memorias del que fueministro de Economía, Carlos Solchaga, El final de la edad dorada, Madrid, Taurus, 1997. Unavisión muy crítica sobre dicho periodo, con fuerte dosis de ironía, es la realizada por JuanVelarde Fuertes, Los años en que no se escuchó a Casandra. O el fracaso de la expansión de1985 a 1992, Madrid, Fundación Cánovas del Castillo, 1993.

50. La crisis como indicó Enrique Fuentes Quintana se debió: 1. A la debilidad paulatina de las

comienzos de 1994. Se perdieron casi novecientos mil empleos, siendo el ritmo

anual el más alto desde 1977. Por último, desde comienzos de 1994 y hasta fina-

les de 1999 se han producido cifras récord, ya que el empleo creado ha superado

los dos millones y la variación media anual se ha situado por encima de los cua-

trocientos mil empleos.

Entre 1977 y 1999 la capacidad generadora de empleo ha sido más baja en la

economía española que en Europa y las fluctuaciones del mismo también han sido

más intensas en España. Únicamente en las fases expansivas (1986-90 y 1995-99)

la capacidad de crear empleo de la economía española ha sido elevada, mayor que

la de la UE. A ello ha contribuido51:

1. El comportamiento anticíclico de la productividad por ocupado, al contrario

de lo que ha venido ocurriendo en la mayoría de los países industrializados, en los

que ese comportamiento ha sido procíclico.

2. La fuerte destrucción de empleo en las fases recesivas previas, que ha servi-

do para reducir la dimensión de las plantillas.

3. La aplicación de las reformas laborales.

4. La moderación de los costes laborales que tiene lugar en la mayoría de esos

años, en particular en los más recientes.

El comportamiento del empleo por sectores (Tabla 7) pone de manifiesto el

continuo descenso de la agricultura y de la pesca, más intenso en la primera. En

conjunto pierde algo más de noventa mil puestos de trabajo, situándose el núme-

ro de personas empleadas en el sector primario en torno al millón en 1999. Este

descenso ha sido continuo a lo largo de las últimas décadas en España. La indus-

223


tasas de desarrollo y, por ende, del empleo; 2. A que el impulso de nuestra economía se basa, deforma dominante, en el consumo; 3. A la caída de la inversión; 4. A que, como señala el Informedel FMI, "la inflación española ha permanecido imperturbable, mostrando su cerrada resisten-cia ante la debilidad del crecimiento económico y el registro de una elevada tasa de paro"; 5. Alfuerte empeoramiento del déficit público en los dos últimos ejercicios; 6. A unas notables subi-das salariales, por encima del crecimiento de la productividad y de espaldas al problema delparo; y 7. A la pérdida de competitividad exterior de nuestros bienes y servicios.

51. José Ignacio Pérez Infante, "El mercado de trabajo español ante la Unión Europea", enRevista del Instituto de Estudios Económicos, núms. 1 y 2, 1999, volumen I, pp. 411-412.

tria es tradicionalmente un sector que se ha visto muy influido por el ciclo econó-

mico. Desde 1990, que alcanzó cerca de los tres millones de trabajadores, inició

un intenso descenso hasta 1994, perdiendo algo más de medio millón de trabaja-

dores, para comenzar a recuperarse y situarse por encima de los 2.750.000 en

1999, no obstante, no ha conseguido recuperar, a diferencia de la construcción y

los servicios, el volumen de empleo que tenía antes de la última crisis. Los años

de mayor recuperación fueron 1998 y 1997, desacelerándose el crecimiento en

1999, tras este comportamiento "hay factores de tipo estructural que auguran no

ya la continuidad, sino incluso una aceleración"52 de la pérdida de empleos, debi-

do al proceso de terciarización de la economía.

La construcción, muy sensible a las variaciones coyunturales, ha experimenta-

do un fuerte incremento del empleo, que porcentualmente es el mayor de todos los

sectores desde 1997, tendiendo a intensificarse. Su momento más bajo lo tuvo en

1995 con algo más de un millón de trabajadores, mientras que en 1999 se acerca

al millón y medio de empleos y su trayectoria ascendente "no sólo no muestra sig-

nos de agotamiento, sino que puede calificarse de auge imparable"53.

Por último, el aumento del sector servicios es el más importante en términos

cuantitativos. En los cuatro años de gestión del PP se ha incrementado en algo más

de un millón doscientos mil trabajadores, superando en 1999 los ocho millones y

medio de empleados en el sector. Un factor a tener en cuenta, y que diferencia esta

etapa de la socialista, es que el crecimiento del sector servicios no se está reali-

zando en el empleo público, sino en el privado (comunicaciones, intermediación

financiera, actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales,...).

Desde el punto de vista de la situación profesional se ha producido un descen-

so entre 1996 y 1999 de los ocupados por cuenta propia (menos 121.000 ocupa-

dos, es decir, el 4%), debido a la caída de los "autónomos", "miembros de coope-

rativas" y "ayudas familiares"; en cambio se han incrementado de forma impor-

tante los "empleadores", que crecieron casi un 18% en dicho periodo, con un

aumento de casi 112.000 nuevos miembros. En cuanto a los asalariados han

seguido creciendo pasando de 9.284.000 en 1996, a 10.837.000 en 1999, es decir,

porcentualmente aumentaron en un 17%.

224


52. CES, [Memoria 1999], op. cit., p. 224.

53. Ibidem, p. 222.

El aumento de ocupación se ha debido, sobre todo, al crecimiento del empleo

asalariado, la mayor parte en el sector privado. En 1999, el número de asalariados

fue superior en casi 680.000 al de 1990; de ellos, 650.000 corresponden a empleos

en el sector privado. El pequeño aumento del sector público en 1999 se originó

exclusivamente en el ámbito de las administraciones territoriales; por el contrario,

en la Administración central, la seguridad social y las empresas e instituciones

públicas prosiguió la tendencia a la baja. Desde 1997 este constante descenso en la

Administración central (incluyo Seguridad Social y empresas públicas), y el

aumento del empleo en las Comunidades Autónomas y en las Corporaciones loca-

les, viene motivado, en la mayor parte de las ocasiones, por el proceso de transfe-

rencias de competencias.

Una comparación de las tasas de empleo de las CCAA con la tasa de España,

pone de manifiesto para 1997, que de las 17 Comunidades Autónomas, siete de

ellas superan la media nacional: Aragón, Baleares, Cataluña, Comunidad

Valenciana, Madrid, Navarra y La Rioja; mientras que Castilla-La Mancha,

Galicia y Murcia se encuentran en torno a la misma, y las restantes por debajo de

la media, siendo especialmente amplia la distancia en los casos de Andalucía,

Asturias y Extremadura54.

Unos de los problemas más graves y que han provocado un mayor rechazo

social y sindical ha sido la creciente precarización del mercado de trabajo como

consecuencia de la puesta en marcha de políticas flexibilizadoras. El aumento de

la temporalidad ha sido consecuencia de la reforma del Estatuto de losTrabajadores en 1984 y la posterior expansión del empleo. En el periodo de ges-

tión del PP (Tabla 8) se ha producido la siguiente dinámica:

1. Los asalariados del sector público en general han continuado creciendo,

aunque, como ya hemos señalado, menos que en los años anteriores, produ-

ciéndose un descenso de la estabilidad en el empleo, con una caída del 3,7% de

la contratación indefinida y un aumento del 25,1% de la contratación temporal.

En resumen, en el trienio 1996-99 la tasa de temporalidad se ha incrementado

en un 23,4%.

225


54. Elvira Martínez Chacón, "Empleo y mercados de trabajo. Algunos rasgos que distinguen alas Comunidades Autónomas", Revista del Instituto de Estudios Económicos, núms. 1 y 2, 1999,volumen 1, p. 463.

Tabla 8

ASALARIADOS POR TIPO DE CONTRATO Y SECTOR INSTITUCIO-NAL, 1996-1999 (Miles de personas y porcentajes de variación del periodo)

Asalariados 1996 1997 1998 1999 Variación 1996-99

Miles %

Sec. público 2.236,2 2.259,1 2.225,1 2.254,9 + 18,7 + 0,8

C. indefinido 1.883,2 1.892,1 1.826,3 1.814,1 - 69,1 - 3,7

C. temporal 352,3 366,0 397,9 440,8 + 88,5 + 25,1

T. temporalidad 15,8 16,2 17,9 19,5 + 3,7 +23,4

Sec. Privado 7.047,9 7.448,6 7.931,5 8.581,8 + 1.531,9 + 21,7

C. indefinido 4.258,4 4.549,8 4.964,6 5.467,4 + 1209,0 + 28,4

C. temporal 2.783,8 2.888,4 2.954,6 3.114,3 + 330,5 + 11,9

T. temporalidad 39,5 38,8 37,3 36,3 - 3,2 -8,1

Total 9.277,6 9.696,3 10.143,3 10.836,6 + 1559,0 + 16,8

C. indefinido 6.141,6 6.441,9 6.790,9 7.281,5 + 1.139,9 + 18,6

C. temporal 3.136,0 3.254,4 3.352,4 3.555,1 + 419,1 + 13,4

T. temporalidad 33,8 33,5 33,1 32,8 - 1 -3

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa. Elaboración propia.

2. Los asalariados del sector privado crecieron considerablemente (+21,7%),

incrementándose también la contratación indefinida (+28,4%) y la temporal

(+11,9%); no obstante, como el peso de los trabajadores fijos es sustancialmente

mayor, da como resultado el descenso de la tasa de temporalidad del 8,1%.

3. En conjunto ha aumentado el número de asalariados, tanto del sector públi-

co como del privado, con contratos indefinidos y temporales, pero al ser mayor el

incremento de los contratos indefinidos, el resultado es el descenso de un punto de

la tasa de temporalidad. El esfuerzo para que esto suceda así ha caído exclusiva-

mente en el sector privado.

Pese a estos resultados, la temporalidad sigue siendo la más alta de los países

que componen la Unión Europea.

La mejora del empleo y la reducción de la tasa de temporalidad, junto al incre-

mento de la tasa de actividad tanto masculina como femenina, son indudablemen-

226


te cambios positivos en el panorama laboral español, aunque ello haya implicado

una cierta disminución de los ocupados que trabajan a jornada completa, y que el

desempleo siga siendo el más alto de la Unión Europea, así en 1998 la tasa de paro

era en España del 18,7% y en la UE el 9,9%.

El desempleo descendió entre 1996 y 1999 en 6,6 puntos porcentuales, ten-

diendo cada año a incrementarse dicho porcentaje.

Tabla 9

Tasa de paro, 1996-1999 (Porcentajes de parados sobre la población activa)

Año Tasa de paro Variación con respecto año anterior

1996 22,4

1997 20,8 - 1,6

1998 18,7 - 2,1

1999 15,8 - 2,9

Fuente: Para 1996, INE, Encuesta de Población Activa; para el resto de los años,Previsiones de Primavera de la Comisión Europea para 2000-2001, en European Economy.Supplement A. Economic trends, núm. 1/2, april 2000.

La realidad es tozuda, pues, aunque el empleo sigue creciendo, el crecimiento

de la población activa hace que el desempleo descienda lentamente. Esta situación

no sólo tiene que ver con factores estructurales como la oferta de trabajo, sino

también con el hecho de que determinados sectores de la población, que se exclu-

yen del mercado de trabajo en situaciones desfavorables, acuden de nuevo a él en

coyunturas positivas.

La composición interna del desempleo muestra como sectores más afectados a los

jóvenes y a las mujeres. También se observa un importante porcentaje de desemple-

ados de larga duración. Esta situación ha provocado una creciente segmentación

del mercado laboral55. Así, el empleo masculino es básicamente terciario y secun-

dario, asalariado, a tiempo completo y con un contrato indefinido. Por el contra-

227


55. Como ha puesto de manifiesto Ana Huguet Roig, Segmentación en el Mercado de TrabajoEspañol, Madrid, CES, 1999.

rio, la mujer trabaja en el sector servicios, es asalariada, tiene mayoritariamente un

contrato indefinido y normalmente a tiempo completo, pero con una creciente

importancia de la jornada a tiempo parcial y la contratación temporal, y una mayor

tasa de desempleo.

El alto porcentaje de desempleados hace necesaria la existencia de una protección

social a los mismos; dicha protección ha venido siendo un compromiso de los pode-

res públicos, apoyado en el consenso social existente al respecto56. Desde la llegada

del PP al gobierno ha descendido la tasa de cobertura por desempleo. El número de

beneficiados con prestaciones contributivas ha descendido también (de 592.400 en

1996 a 462.200, en 1998), aunque se ha incrementado el gasto medio por beneficia-

rio, que ha pasado de 1.296.295 pesetas en 1996 a un 1.359.102 en 1998. El número

de personas que reciben prestación asistencial también ha disminuido (de 557.400, en

1996, a 466.200, en 1988). Por último, los beneficiarios del Régimen EspecialAgrario de la Seguridad Social (REASS) se han incrementado (de 192.300 en 1996,

a 201.600 en 1998), al igual que el gasto medio por persona (de 655.902 pesetas en

1996, a 684.890 en 1998)57. A esto último hay que añadir que el ministro de Trabajo

y las federaciones del campo de CCOO y UGT firmaron el 4 de noviembre de 1996

el Acuerdo para el Empleo y la Protección Agraria, que consolida dicho sistema58. En

suma, los datos indican que se ha producido un aumento de la cuantía medía líquida

de la prestación, pero pese a ello se ha reducido el gasto en la protección al desem-

pleo, y ello no sólo debido al menor número de desempleados, sino también, y esto

es lo más significativo, a la reducción del periodo medio consumido.

La creciente flexibilización del mercado laboral ha tenido como uno de sus

efectos más perversos el incremento de la siniestralidad en el trabajo, circunstan-

cia que se confirma en el conjunto de la UE59 y particularmente en España.

Los datos suministrados por el MTAS (Tabla 10) son suficientemente indicati-

vos del importante incremento de la siniestralidad laboral a todos los niveles. No

228


56. Jesús Arango Fernández, La protección por desempleo en España, Madrid, CES, 1999.

57. Todos estos datos provienen de las respectivas Memorias del Consejo Económico ySocial.

58. GS, núm. 150, noviembre 1966, pp. 6-8.

59. Laurent Vogel, Derecho de Trabajo y precarización de derechos en los Estados de la UniónEuropea, Madrid, Fundación 1º de Mayo, 1995, pp. 18-25.

sólo ha aumentado el número de accidentes de trabajo en un porcentaje muy supe-

rior al del empleo, sino también el de las enfermedades profesionales que prácti-

camente se duplican. Flexibilidad, temporalidad, actitud patronal e incapacidad de

la Inspección de Trabajo son factores que están contribuyendo a esta creciente

degradación de las condiciones de trabajo.

Tabla 10

ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALESCON BAJA, 1996-1999

(Número anual de accidentes y enfermedades profesionales)

Accidentes de trabajo

y enfermedades Incremento en

profesionales con baja 1996 1997 1998 1999 % de 1996-99

Accidentes 655.575 720.303 804.843 930.151 41,9

-En jornada completa 616.237 676.644 752.882 867.772 40,8

Leves 604.570 665.181 741.162 854.923 41,4

Graves 10.685 10.393 10.649 11.739 9,9

Mortales 982 1.070 1.071 1.110 12,0

- In itinere 39.338 43.659 51.961 62.379 36,9

Leves 36.815 41.139 49.055 59.339 61,2

Graves 2.201 2.201 2.486 2.578 17,1

Mortales 322 322 420 462 43,5

Enfermedades profesionales 7.069 8.440 10.428 14.119 99,7

Leves 6.885 8.275 10.241 13.928 102,3

Graves 183 164 185 190 3,8

Mortales 1 1 2 1 0

Fuentes: MTAS, Estadísticas de Trabajo y Enfermedades Profesionales 1999. Elaboración

propia.

La alta siniestralidad no sólo tiene consecuencias negativas en la vida del tra-

bajador, sino también en el conjunto de la economía y en el sistema de protección

229


social. Aunque no existen datos precisos para España, una encuesta de la UE de

1997 pone de manifiesto que el 23 por ciento de los trabajadores había faltado al

trabajo por razones de salud asociadas a su actividad laboral. El promedio de días

de ausencia por esta causa es de cuatro por año y trabajador, lo que representa 600

millones de días de trabajo perdidos en la UE. El dato mostrado para la UE, y dado

el importante aumento señalado en España, indicaría la existencia de una pérdida

significativa de días de trabajo.

Las comparaciones entre distintos mercados laborales siempre plantea proble-

mas y además no se puede hablar de un solo mercado de trabajo en la UE, lo que

hace especialmente complicado la existencia de una política común en dicha mate-

ria. Si realizamos una comparación (Tabla 11) entre las variables básicas del mer-

cado de trabajo español con los valores medios europeos, queda patente que las

diferencias son mucho más que las similitudes.

Tabla 11

RASGOS ESTRUCTURALES DEL EMPLEO: ESPAÑA-UE EN 1997

Unión Europea España Diferencia entre

la UE y España

Tasa de inactividad (% de poblaciónmenor de 15 años y mayor de 64 ) 32,3 39,4 - 7,1

Tasa de actividad(% de la población 15-64 años) 67,7 60,6 + 7,1

Tasa de actividad de las mujeres 45,3 36,7 + 8,6

Tasa de actividad de los hombres 66 62,3 + 3,7

Tasa de ocupación 60,5 48,6 + 11,9

Tasa de ocupación de las mujeres 50,5 33,9 + 16,6

Tasa de ocupación de los hombres 70,6 63,5 + 7,1

Tasa de ocupación (equivalentea tiempo completo) 55,5 46 + 9,5

Efecto del empleo a tiempo parcial 5 2,6 + 2,4

Tasa de paro (% población activa) 10,7 20,8 - 10,1

Tasa de paro juvenil 9,8 15,9 - 6,1

Tasa de desempleo de larga duración 5,2 10,8 - 5,6

230


España presenta serias divergencias en lo referente a la oferta de trabajo,

donde es patente nuestro desfase, puesto que la tasa de actividad española es

notablemente inferior a la europea, principalmente como consecuencia de nues-

tra baja tasa de actividad femenina. Las distancias son aún más acusadas en lo

relativo a la demanda de trabajo, ya que la tasa de ocupación española está muy

alejada de la comunitaria, nuevamente el factor explicativo se halla en la tasa de

ocupación femenina. Por último, las diferencias se manifiestan en los datos refe-

ridos al desempleo: no sólo la mayor tasa de paro es superior, sino que también

es mayor la tasa de paro juvenil y la de desempleados de larga duración. La con-

clusión sólo puede ser una: existen pocos puntos en común entre el mercado de

trabajo español y los europeos.

Una conclusión de este apartado tiene que partir de una realidad innegable, y es

el hecho de que la política de acuerdos entre los agentes sociales y el aval del

Gobierno ha dado buenos resultados: más ocupación, menos desempleo, menos

temporalidad y mayor tasa de actividad, tanto masculina como femenina. Además

el clima de confianza creado ha favorecido la disminución de la conflictividad

laboral. Pero las anteriores afirmaciones, no nos deben de llevar al exceso de opti-

mismo, que en ocasiones muestra el presidente del Gobierno, ya que nuestro mer-

cado de trabajo apenas tiene que ver con el existente en los países de la UE, a lo

que hay que añadir la dramática situación generada por la alta siniestralidad, res-

pecto a la cual el Gobierno, y también las CCAA, deben garantizar el cumpli-

miento de la ley.

4. Un debate político permanente y en exceso partidista: lasanidad y las pensiones

La sanidad es junto a la educación uno de los servicios claves del Estado deBienestar. Su funcionamiento es visto por los ciudadanos con especial atención ya

que cuando necesitan del mismo se encuentran en una situación de dependencia

que les hace ser muy sensibles, por lo que la valoración que tienen del servicio

sanitario los ciudadanos es un buen indicador de la calidad en el sistema de pro-

tección social.

El Sistema Nacional de Salud (SNS) es un factor de cohesión social y se caracte-

riza por su cobertura cuasi-universal (98,5% de la población), por su equidad al

231


colectivizar el riesgo bajo el principio de solidaridad, por tener una financiación

pública a través de impuestos (100% del gasto sanitario público) que alcanza al 5,8%

del PIB, por la provisión predominantemente pública de servicios, por la amplitud

de las prestaciones que ofrece a los pacientes. Este servicio es en gran medida res-

ponsabilidad política de las CCAA, pues en 1998 siete de ellas (Cataluña, Andalucía,

País Vasco, Comunidad Valenciana, Navarra, Galicia y Canarias) tienen ya transfe-

rido dicho servicio, lo que representa el 61% de la población española. El resto sigue

siendo responsabilidad del Gobierno central a través del INSALUD60.

Los problemas del SNS en España son similares a los de otros países con el

mismo modelo: tensiones originadas por el crecimiento del gasto sanitario (por

ejemplo, el aumento de la esperanza de vida afecta directamente a las necesidades

financieras, ya que son las personas mayores las que más uso hacen de la sanidad);

los retos de adecuar la práctica clínica a la investigación científica; las nuevas tec-

nologías; las expectativas crecientes de la población que exige un mejor servicio

a cambio de su contribución financiera; etc.

El PP desde la oposición al gobierno socialista utilizó la sanidad como arma

arrojadiza sin definir claramente el modelo que pensaba establecer si ganaban las

elecciones. De hecho en su discurso prometía de todo y criticaba cualquier medi-

da tomada por el Gobierno, como por ejemplo el “medicamentazo”, asegurando

que lo suprimiría inmediatamente. El problema del PP no era únicamente el de

establecer una serie de compromisos con los electores, algunos de ellos de difícil

cumplimiento, sino también que su proyecto partidista rompía con el modelo esta-

blecido por la Ley General de Sanidad de 1986.

Una vez en el poder su actuación en materia sanitaria ha sido contradictoria

con las afirmaciones hechas durante el periodo que fue oposición, tratando de

232


60. Los datos que se manejan en este apartado son en su mayoría provenientes de las distintasMemorias elaboradas por el Consejo Económico y Social. El debate sobre la Sanidad durante elprimer gobierno del PP se encuentra bien reflejado en José Ignacio Echániz Salgado, "Políticasanitaria: la reforma de la sanidad", en Juan Antonio Garde (ed.), Informe 1999. Políticas socia-les y Estado de Bienestar en España, Madrid, Fundación Hogar del Empleado-Editorial Trotta,1999, pp. 399-431, que defiende la postura del Gobierno; y José Manuel Freire, "PolíticaSanitaria", en Ibid., pp. 433-489, que critica las actuaciones realizadas por el PP. También esnecesario consultar, Javier Rey del Castillo, "Las políticas sanitarias como parte del Estado debienestar", en Juan Antonio Garde (ed.), Informe 2000. Políticas sociales y Estado de Bienestaren España, Madrid, Fundación Hogar del Empleado, 2000, pp. 225-278.

buscar el consenso con los otros partidos con el fin de legitimar su política. En

este sentido formó una subcomisión en el seno de la Comisión de Sanidad del

Congreso de Diputados, integrada por todos los grupos parlamentarios. El

abandono de la misma por parte del PSOE y de IU ha permitido llegar a un

acuerdo con los grupos que han venido formando la mayoría de gobierno (PP,

CiU, PNV y CC).

Las decisiones que han planteado problemas de credibilidad en el campo sani-

tario son: 1ª) El “medicamentazo”61, 2ª) la transformación de los centros sanitarios

en fundaciones públicas sanitarias62, y 3ª) la subvención fiscal a los seguros sani-

tarios privados.

Con el nombre de “medicamentazo” se conoce popular y mediáticamente la

decisión de elaborar listas negativas de medicamentos que son excluidos de la

financiación pública. Dicha medida va encaminada a la reducción del gasto far-

macéutico que se ha disparado en los últimos años. La decisión en sí no es nega-

tiva, pero tal y como se produjo, después de la dura campaña del PP en la oposi-

ción (1993) contra una medida similar tomada por el gobierno socialista, restó cre-

dibilidad a las autoridades sanitarias y más si tenemos en cuenta que el PP inclu-

yó grupos terapéuticos enteros.

Las Fundaciones Públicas Sanitarias vienen avaladas por la ley 15/97 que per-

mite la creación de fundaciones en los centros de nueva creación. Ahora bien, en

la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 1999, el

PP introdujo una enmienda que posibilitó la extensión a otros centros. El “atajo”

legislativo y la falta de consenso previo no dejan de ser un desatino. Es ésta una

reforma de gran calado, ya que traslada del derecho público al privado el campo

de regulación de Sistema Sanitario Público, permite la puesta en marcha de pro-

veedores autónomos e independientes, fragmenta organizativa y gerencialmente el

sistema sanitario, rompiendo su coherencia interna, da autonomía empresarial a

los centros públicos, y sobre todo rompe el consenso necesario para llevar a cabo

las nuevas formas de gestión del SNS.

233


61. La denuncia a dicha medida fue realizada entre otros por los sindicatos, GS, núm. 163, abril1998, pp. 22-23.

62. Una visión critica sobre las fundaciones sanitarias es la escrita por José María Fidalgo,"Fundaciones sanitarias: ¿solución o problema?", GS, núm. 26, diciembre de 1998, pp. 26-27.

El tema ha creado inquietud en la opinión pública, aunque existen en torno al

mismo fuertes dosis de demagogia, ya que la existencia de FPS se da tanto en el

territorio controlado por el INSALUD, tal es el caso del Hospital de Alcorcón

–Madrid–, como en algunas CCAA con competencias transferidas, gobernadas por

los populares (Galicia) o por los socialistas (Andalucía). Lo que parece evidente,

tal y como se recoge en la legislación, es la conveniencia de la puesta en marcha

de distintos modelos de gestión que favorezcan la coordinación y la cooperación,

y no exclusivamente la competencia.

Hasta 1998 el contribuyente con seguros privados de asistencia sanitaria dis-

frutaba en el IRPF de una desgravación del 15 por ciento sobre la cuota pagada.

La nueva ley del IRPF (40/1998, de 9 de diciembre) suprime totalmente la

deducción anteriormente vigente sobre la cuota íntegra, argumentando que este

tipo de gastos está incluido dentro del denominado mínimo personal. La com-

pensación a esta pérdida de la subvención indirecta viene dada por una serie de

mejoras en la tributación que afecta a los beneficiarios individuales y a las

empresas aseguradoras. Ello supone debilitar la capacidad competitiva del SNS

a favor del seguro sanitario privado, que gracias a este tipo de medidas puede

llegar a suponer una alternativa.

Es verdad que la asistencia sanitaria pública presenta problemas, pero también

es cierto que los ciudadanos la identifican como la acción pública más importan-

te, aunque ven en ella la necesidad de que se hagan reformas. Esta afirmación,

incluida en el Barómetro sanitario de septiembre de 1997, no muestra una impor-

tante insatisfacción con los servicios del SNS, aunque cuando se permite elegir

(como a los funcionarios de MUFACE y MUGEJU) el 85 por ciento de los mis-

mos optan por ser atendidos fuera del sistema público.

Un caso concreto de los problemas de funcionamiento del SNS en el territorio

INSALUD era y es el problema de las listas de espera para la hospitalización. Pese

al plan de choque y la consecuente reducción del tiempo de espera, desviando

parte de las operaciones al sector privado, sigue siendo en 1998 la mayor causa de

reclamación de los usuarios.

A diferencia de otros temas, el PP ha sido incapaz de consensuar con otros par-

tidos políticos y organizaciones sindicales las medidas necesarias para la reforma

sanitaria, lo que le ha llevado a una política vacilante (de globos sondas) y en algu-

234


nos casos errática, que se enmarca dentro de la vieja dinámica de enfrentamiento

entre lo público y lo privado.

El sistema de pensiones en España viene siendo objeto de numerosas críticas

que ponen en duda el mantenimiento del mismo. Un buen número de esas críticas

no dejan de ser interesadas al solicitar un cambio a favor del sistema de capitali-

zación y no de reparto, cuando este último es el que "guía la casi totalidad de los

sistemas"63. Junto a los intereses estrictamente económicos, también existen inte-

reses políticos ligados a la importancia creciente de los jubilados entre el electo-

rado.

En 1995 todos los grupos parlamentarios llegaron a un acuerdo (Pacto deToledo), en el que se recogía la necesidad de acometer la reforma del sistema de

pensiones con el objetivo de su mantenimiento y consolidación, por entender los

firmantes que era socialmente deseable y financieramente viable. Las premisas

básicas de la reforma eran: la financiación del subsistema asistencial íntegramen-

te a través de impuestos y del contributivo a través de cotizaciones sociales,

debiendo éstas ser suficientes, por lo que se trataba de reforzar el principio de pro-

porcionalidad entre prestaciones y aportaciones y la lucha contra el fraude64.

Las preocupaciones más importantes se debían a la existencia de un déficit de

partida desde 1993 y a previsiones de un aumento del saldo negativo en los

siguientes. Además aparecían otros factores negativos para el futuro: creciente

envejecimiento de la población, reestructuración del mercado de trabajo, persis-

tentes altas tasas de desempleo, o el cambio en el modelo de familia.

La herencia recibida por el PP tenía por tanto los siguientes componentes: 1º.-

Un acuerdo político consensuado y a desarrollar; 2º.- un déficit económico impor-

tante; y, 3º.- la utilización partidista del tema, dada su influencia en el electorado.

Este último punto no era utilizado en exclusiva por la oposición, sino también por

el propio PP, lo que refleja cierta inmadurez de los partidos políticos por su corte-

dad de miras al no diferenciar las políticas de Estado de las de gobierno.

235


63. Teresa Montagut, Política Social. Una introducción, Barcelona, Ariel, 2000, p. 184 y LuisMartínez Noval, "Pensiones: en defensa del sistema de reparto", en Juan Antonio Garde (ed.),Informe 2000..., op. cit., pp. 189-212.

64. José A. Herce San Miguel, "Las pensiones y el Pacto Toledo", en Ibidem, pp. 213-223.

El PP puso en marcha el diálogo con los sindicatos en el tema de pensiones.

Resultado de ello es la firma el 9 de septiembre de 1996 por parte del Gobierno y

de los sindicatos (UGT y CCOO) del Acuerdo sobre Consolidación yRacionalización del Sistema de la Seguridad Social, siguiendo las recomendacio-

nes del Pacto de Toledo65. Tres años después (3 de marzo de 1999) en un clima de

colaboración, la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre consolidación y

racionalización del Sistema de la Seguridad Social, integrada por el gobierno,

CCOO y UGT, proclama la vigencia del Pacto de Toledo y aprueba una resolución

por la que se ratifica que las pensiones y su cuantía forman parte indisoluble del

sistema de la Seguridad Social cuya regulación corresponde en exclusiva a las

Cortes Generales66.

En julio de 1997 se aprueba la ley que recoge el acuerdo con los sindicatos,

mediante la cual se establece un modelo de Seguridad Social básicamente contri-

butivo. Este modelo comprende las prestaciones económicas (pensiones contribu-

tivas de jubilación, incapacidad y muerte y supervivencia; subsidios de incapaci-

dad temporal y maternidad; y otras prestaciones como indemnizaciones), que

constituyen el núcleo esencial del sistema y que son financiadas a través de las

cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores. Junto a este modelo contri-

butivo, existe el modelo no contributivo o universal, dirigido a compensar la

ausencia de rentas de los ciudadanos que se encuentren en situación de necesidad

por razones de edad, enfermedad, o cargas familiares y cuya función es la de miti-

gar las consecuencias de los estados de necesidad. La financiación de esta moda-

lidad se realiza a través de las aportaciones del Estado, es decir, vía impuestos,

dado su carácter universal.

La ley de 1997 regula la separación y clarificación de las fuentes de financia-

ción de la Seguridad Social y establece la naturaleza de las prestaciones. Esta

medida ya se incluyó en el Presupuesto de la Seguridad Social de 1999, de forma

que, por primera vez, la Sanidad se financia completamente con aportaciones aje-

nas al sistema contributivo. Es decir, se ha producido una mejora de la salud finan-

ciera del sistema y una reducción del déficit de la Seguridad Social. Si en 1996 el

déficit era del 0,62 por ciento del PIB, en 1999 es del 0,10 por ciento. Esta reduc-

236


65. GS, núm. 149, septiembre-octubre 1996, pp. 8-15.

66. GS, núm.173, marzo 1999, pp. 26-28.

ción progresiva ha sido posible gracias a la conjunción de factores externos (con-

trol de la inflación, caída de los tipos de interés, caída del déficit público y creci-

miento del PIB) e internos (crecimiento del empleo y del número de afiliados). En

1995 el número de afiliados no alcanzaba los doce millones y medio, en 1999

supera los catorce millones y medio.

El incremento en el número de pensiones se sigue produciendo, sin embargo,

ha disminuido el ritmo del mismo. Igualmente sigue aumentando el gasto destina-

do a ellas, aunque desde 1997 se ha frenado, pese a haber aumentado el poder

adquisitivo de las pensiones. Así, la subida de 1997 y 1998 por encima del IPC

hace que las pensiones se consoliden por vez primera con un incremento superior

a la inflación. El importe de la pensión media en 1998 fue de 72.600 pesetas men-

suales, es decir, un 6,7 por ciento por encima del salario mínimo, pero dicho por-

centaje no nos debe de conducir a engaños, ya que la pensión media es muy dife-

rente según clase o régimen. En el caso de la jubilación el importe en 1998 alcan-

zó las 82.800 pesetas mensuales; 82.200, por incapacidad permanente; 51.200, por

viudedad; 37.400, la pensión a favor de familiares; y 30.900, por orfandad. Por

último, ha aumentado la cotización por asegurado al año, después de que en 1995

descendiese, y se ha creado un fondo de reserva.

La conclusión es obvia, la buena marcha de la economía junto a la aplicación

de las recomendaciones del Pacto de Toledo están dando resultados satisfactorios

para el sistema de pensiones, que en ocasiones tiene su mayor amenaza no en los

elementos propios del sistema, sino en irresponsables debates políticos.

5. Pobreza e inmigración: cuestiones pendientes

Tras varias décadas de optimismo, los años ochenta y noventa mostraron los

límites del crecimiento económico y la quiebra del contrato social existente desde

finales de la II Guerra Mundial, por el cual el Estado garantizaba la protección a

los individuos y su seguridad económica. El estancamiento económico, el paro y

la inflación sirvieron para que los liberales justificaran el desmantelamiento del

Estado social. Buena muestra de ello fue la súbita influencia entre algunos gober-

nantes (Ronald Reagan, Margaret Thatcher,...) de las ideas de Hayek67, según las

237


67. Frederic August von Hayek, Camino de servidumbre, Madrid, Alianza, 1976.

cuales las tendencias igualitarias no sólo destruyen el modelo de economía de

mercado, sino que además conducen necesariamente al totalitarismo. Para

Hayek la única igualdad admisible era la igualdad ante la ley, pues la igualdad

material se identificaba con el igualitarismo y éste destruía el Estado de

Derecho. La desigualdad era considerada legítima y elemento esencial del desa-

rrollo económico.

Una cuestión fundamental a dilucidar es si la acción del Estado produce mejo-

ras en la estructura existente de desigualdad social. La respuesta es sí. En las

décadas ochenta y noventa en España, el índice de desigualdad de las rentas que

origina el mercado es mayor en todos los casos a la misma renta si a ésta se aña-

den las prestaciones sociales en dinero (renta disponible) y las prestaciones

sociales en especie. Ahora bien, el hecho de que los servicios y la política social

sea redistributiva no nos debe llevar a afirmar que es lo suficientemente intensa

como para transformar la estructura de la sociedad, pese al importante desarro-

llo y crecimiento económico habido en España no se ha conseguido disminuir ladesigualdad social68.

Durante las etapas de mayor protección social de nuestra historia y de funcio-

namiento del Estado de Bienestar, surgió con fuerza la preocupación por la

“pobreza” y los fenómenos de “exclusión social”69. La respuesta a ello estaría liga-

da a la mejora del nivel de vida, a la existencia del propio Estado de Bienestar y

al auge de los sentimientos de solidaridad entre la población.

238


68. En este sentido es necesario consultar el libro de Javier Echeverría, La movilidad social enEspaña, Madrid, Istmo, 1999; y el I Simposio sobre Igualdad y Distribución de la Renta y laRiqueza, La distribución de la renta, volumen II, Madrid, Fundación Argentaria, 1993. Este últi-mo contiene dos estudios interesantes sobre la pobreza.

69. Existe una cada vez mayor bibliografía sobre el tema de la pobreza destacando: ManuelAguilar, Mario Gaviria y Miguel Laparra, La caña y el pez, Madrid, Fundación FOESSA, 1995;EDIS et al., Las condiciones de vida de la población pobre en España, Madrid, FundaciónFOESSA, 1998; Javier Ruiz-Castillo, La medición de la pobreza y de la desigualdad en España,1980-81, Madrid, Servicio de Estudios del Banco de España, 1987; Cáritas Españolas, Lapobreza en España. Extensión y Causas, Madrid, Cáritas Española, 1986; Consejo Económicoy Social, La pobreza y la exclusión social en España, Madrid, Consejo Económico y Social,Informe 8/1996, 1996; AA.VV., Pobreza, necesidad y discriminación, Madrid, FundaciónArgentaria-Visor, 1996; Antonio García Lizana, La pobreza en España, Madrid, EdicionesEncuentro, 1996; M. Juárez (ed.), V Informe Sociológico sobre la Situación Social en España,Madrid, Fundación FOESSA, 1994; P. Martín-Guzmán, et al., Encuesta de PresupuestosFamiliares. Desigualdad y pobreza en España, Madrid, INE, 1996.

Un buen ejemplo de esto último sería la Ley Estatal de Voluntariado (Ley

6/1996, de 15 de enero) que en su exposición de motivos deja claro que la res-

ponsabilidad de los intereses generales no es una función privativa del Estado,

sino una en la que el Estado y la sociedad se complementan. En el mes de julio de

1997 se aprobó el Plan Estatal del Voluntariado 1997-2000, que ha supuesto un

impulso y un incremento a su labor70. No debemos olvidar que el Informe Foessa

publicado en 1994 afirma que el 7,4 por ciento de las familias manifiesta que algu-

no de sus miembros participa en organizaciones voluntarias de ayuda social, y el

18,1 por ciento contribuye económicamente de manera regular a obras sociales,

porcentajes que tienden a incrementarse en los siguientes años. En todo caso, la

financiación fundamental del voluntariado es pública, proveniente del 0,52% del

IRPF destinado a fines sociales y el resto de los gobiernos autónomos y locales71.

La Comunidad Europea utiliza el indicador “umbral de pobreza”, para definir

como pobres a “aquellos que tienen unos ingresos netos por persona inferiores a

la mitad de los ingresos medios por persona en un determinado país”. Pudiéndose

distinguir dos niveles de pobreza: la pobreza severa, que se establece en la mitad

del umbral de pobreza (25 por ciento de ingresos medios), y la pobreza modera-da, que se establece entre el umbral de la pobreza y la pobreza severa (entre el 25

y 50 por ciento, de los ingresos medios). A pesar de los problemas que plantea

dicha definición es la más aceptada en los estudios sociológicos.

La puesta en marcha de las prestaciones básicas del Estado de Bienestar con-

tribuyó a crear mecanismos más eficaces de lucha contra la pobreza y, a pesar de

la crisis económica de los setenta, a disminuir levemente su tasa de pobreza. A lo

largo de los años ochenta Cáritas refleja en un Informe la existencia de ocho

millones de pobres en España, información contrarrestada por los datos guberna-

mentales que reducían dicha cantidad a 7.132.658 personas, pese a ello la cifra no

deja de ser preocupante.

Los factores que están conformando la pobreza en nuestra sociedad tienen que

ver con los cambios acaecidos en la década de los ochenta: las reconversiones de

los sectores económicos, las transformaciones del mercado de trabajo, sus efectos

239


70. La situación laboral de los voluntarios ha sido denunciada reiteradamente por los sindica-tos, GS, núm. 168, octubre 1998, pp. 8-9.

71. Datos sobre el voluntariado en Teresa Montagut, Política Social..., op. cit., pp. 178-180.

sobre la protección social y las modificaciones en las pautas que afectan a las rela-

ciones familiares. Los rasgos básicos serían: la carencia de ingresos directos o

indirectos provenientes del trabajo; límites de la protección social que agrava la

situación de la población anciana; la rotación de empleo/desempleo que agudiza

los procesos de desmotivación; la degradación de las situaciones de ociosidad; la

pérdida de la propia estima; etc.

En 199672 se encuentran por debajo del “umbral de la pobreza” el 19,4 por cien-

to de los hogares en España, que representan el 22,1 por ciento de la población

(2.192.000 familias en las que viven 8.509.000 personas). Dicho porcentaje es

superior a la media de Europa (15 por ciento) y sólo inferior a la existente en

Portugal y Grecia. La pobreza predominante en España es “moderada”, ya que

recoge alrededor del 85 por ciento de los hogares considerados pobres y del 79,6

por ciento de la población pobre. La “pobreza severa” afecta a uno 316.000 hoga-

res y a 1.739.800 personas, y predomina en los núcleos urbanos de población. Las

tasas más altas de familias y personas en la pobreza se dan en las provincias fron-

terizas con Portugal (Salamanca, Badajoz, Cáceres, Ávila, Zamora y Orense), de

Andalucía oriental (Granada y Jaén), de Castilla-La Mancha (Cuenca, Ciudad

Real y Albacete) y Ceuta y Melilla. En cuanto a sus características hay que decir

que afecta cada vez más a población joven (el 44,1 por ciento del total de pobres

tiene menos de 25 años), sin estudios y con problemas familiares, seguidas de per-

sonas mayores, en especial viudas y mujeres separadas o divorciadas.

En la primera mitad de los años noventa se produjo un incremento de la tasa

de pobreza, más agudo en los años 1993 y 1994, experimentando un lento des-

censo a partir de 1995. Éste se debió a los cambios habidos en el empleo, a la

reducción del desempleo y a la generalización de las prestaciones sociales a las

personas mayores, tanto a través del refuerzo del sistema contributivo tradicio-

nal como de la puesta en marcha de prestaciones no contributivas dirigidas espe-

cíficamente a este colectivo. Los citados factores positivos se ven contrarresta-

dos por los cambios en la composición de las familias monoparentales a lo largo

de los años noventa, sobre todo las encabezadas por una mujer. Estas familias se

forman, cada vez más, como consecuencia de una maternidad en solitario o de

procesos de ruptura familiar, lo que supone un aumento del porcentaje de hoga-

240


72. Francisco Javier Alonso, "Distribución territorial de la pobreza económica en España hoy(1996)", en EDIS, Las condiciones de vida..., op. cit., pp. 147-215.

res encabezados por mujeres solteras, separadas o divorciadas con hijos peque-

ños a su cargo, frente al perfil tradicional en el que predominaban los formados

por viudas con hijos mayores73.

Las políticas públicas dirigidas a evitar o paliar la pobreza son muy recientes en

España74. De hecho nuestro país es junto a Grecia e Italia uno de los pocos países

de la UE en los que no existe un sistema nacional de renta mínima garantizada. Tal

carencia impulsó la creación de sistemas de esta naturaleza en la mayoría de las

Comunidades Autónomas. Los datos disponibles ponen de manifiesto unos resul-

tados mejores en las regiones de mayor renta per cápita o con mayor disponibili-

dad de recursos presupuestarios, gracias a las singularidades de su sistema de

financiación autonómica (País Vasco y Navarra).

Lo más preocupante es que son las regiones con mayor renta media y menor

tasa de pobreza las que presentan los indicadores de cobertura más elevados, por

lo que la distancia entre regiones tiende a ensancharse y las desventajas se acu-

mulan en aquellas con menor nivel de renta y más pobreza. La solución reside

en la conveniencia de una intervención del Gobierno central, que el PP no se ha

planteado, pues ello permitiría una mayor coordinación y una asignación más

eficaz de los recursos. Es un tema de voluntad política, que topa con los intere-

ses de ciertas CCAA, las de mayor renta, en el sentido de ser excesivamente

celosas de sus competencias.

Por lo que respecta a la inmigración, la cuestión se ha planteado a partir del pro-

fundo cambio habido en los comportamientos demográficos de los españoles

desde mediados de los años setenta. El crecimiento que experimenta una pobla-

ción en un periodo determinado de tiempo es el resultado de la suma de dos com-

ponentes básicos, el saldo vegetativo o crecimiento natural y el saldo migratorio.

De estos dos componentes, el de mayor importancia en la evolución demográfica

de la población española ha sido tradicionalmente el saldo vegetativo. Sin embar-

go, en los últimos años tienden a invertirse los términos, pudiéndose afirmar que

en su tendencia descendente el saldo vegetativo tiende a igualarse o a ser menor

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73. Luis Ayala y Rosa Martínez, "La pobreza en España: evolución y factores explicativos", enJuan Antonio Garde (ed.), Informe 1999..., op. cit. pp. 639-671.

74. Las políticas públicas sobre la pobreza han sido contestadas por los sindicatos en reiteradasocasiones, GS, núm. 166, julio 1998, pp. 16-17; y GS, núm. 172, febrero 1999, pp. 7-70.

que el saldo migratorio. Esto supone un cambio radical en nuestra historia demo-

gráfica, ya que no sólo se ha producido el derrumbe de la natalidad, sino que

hemos pasado de ser un país de emigración a otro de inmigración. Debido a ello

se está produciendo un crecimiento acelerado del número de extranjeros, si bien

las cifras son aún inferiores a las que se registran en los restantes países de UE, a

excepción de Italia y Portugal75.

La inmigración aparece así como un fenómeno nuevo que preocupa a los parti-

dos políticos, a las organizaciones sociales, medios de comunicación y ciudadanos

en general, aunque por distintas causas. A finales de 1997 se constata que el ritmo

de crecimiento de la inmigración es constante pero moderado en España. En esos

momentos los extranjeros residentes en España (con permiso de residencia)

ascienden a la cantidad de 609.813 personas (frente a las 538.984 del año ante-

rior). De ellas el 42,7 por ciento son ciudadanos comunitarios, que tienen su resi-

dencia en las zonas turísticas costeras y en los centros financieros y empresariales

de Madrid y Barcelona, y no presentan, en general, ninguna de las características

de la llamada “inmigración económica”. A las cifras dadas hay que sumar el núme-

ro de inmigrantes en situación irregular (“indocumentados”), que todas las fuen-

tes existentes califican como importante, sobre todo en el caso de los trabajadores

africanos, latinoamericanos y asiáticos, aunque se muestran incapaces de dar

cifras. Pese a todo la cantidad de inmigrantes en España no es ni excesiva ni alar-

mante, por lo que no existe realmente un “problema de inmigración”, incluso pese

al aumento habido al año siguiente del número de extranjeros residentes en

España, que alcanzó la cifra de 719.600, es decir, que tuvo una variación al alza

de casi 110.000 personas (+18%).

La llegada de los inmigrantes es un fenómeno estructural y no coyuntural, y es

de prever que los factores que favorecen este tipo de movimientos de población se

intensifiquen en los próximos años. Una parte importante de la inmigración pro-

cede de países del Tercer Mundo. Según informes de las organizaciones no guber-

namentales la mitad de los inmigrantes de dicha procedencia son pobres, estando

un 35 por ciento en situación de pobreza severa. Las dificultades con el idioma,

las distintas formas de entender la vida y sus costumbres diferentes les hace ser

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75. Álvaro Gil-Robles, "Inmigración y política de integración", en Juan Antonio Garde (ed.),Informe 1999..., op. cit., pp. 711-728.

caldo de cultivo para situaciones de exclusión social y marginalidad76, así como

vulnerables a los ataques de claro contenido xenófobo propiciados y alentados por

la extrema derecha.

El hecho de que la inmigración sea un fenómeno reciente explica que nuestro

primer texto legal específico sea la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades delos Extranjeros en España de 1 de julio de 1985. Dicha ley tuvo su origen en el

Ministerio del Interior, y respondía a los criterios propios del mismo. De hecho el

Tribunal Constitucional, a solicitud del Defensor del Pueblo, tuvo que limarle las

aristas más inaceptables y limitadoras de los derechos fundamentales de los inmi-

grantes, a lo que no ayudó en nada el Reglamento de 1986. Las reformas realiza-

das en el citado texto legal insistieron sobre todo en criterios policiales, tal es el

caso de la Ley de 9 de mayo de 1994, donde las modificaciones introducidas esta-

ban condicionadas ante el fenómeno de los refugiados, sobre todo después de la

caída del muro de Berlín y el fin oficial de la guerra fría. No hay que olvidar que

España en 1990 ratificó el Acuerdo de Schengen de 1985 por el que asumíamos

ser los guardianes de la frontera sur de Europa.

No obstante, hay que resaltar que durante 1991 se llevó a cabo una importante

regularización de extranjeros y que el 23 de abril de 1996 entró en vigor el nuevo

Reglamento de Extranjería, que supuso un gran avance con respecto a la ley. Dicho

Reglamento conecta directamente con la Constitución y proclama el principio de

igualdad legal entre españoles y extranjeros ante la ley. Además, da pasos de gran

importancia al reconocer el derecho a la educación de los inmigrantes e igualarlo al

de los españoles, sin distinguir si su situación en el país es irregular o no, así como

el derecho a la tutela judicial efectiva con asistencia letrada e intérprete.

Este paso adelante y el hecho de que entre los responsables del Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales, en especial la secretaría de Estado de Asuntos

Sociales, existiese una sensibilidad sobre el tema condujo a que se consensuara

una nueva ley sobre inmigración con todos los grupos parlamentarios y las orga-

nizaciones incluidas en el Foro para la Integración, que fue aprobada al final de

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76. Un estudio en el que se pone de manifiesto la situación de los inmigrantes es el realiza-do por Ubaldo Martínez Veiga, La integración social de los inmigrantes extranjeros enEspaña, Madrid, Fundación 1º de Mayo-Editorial Trotta, 1997. Los sindicatos han denun-ciado la situación de los inmigrantes, apostando por la integración, GS, núm. 163, abril 1998,pp. 20-21.

la legislatura77, aunque el PP78 dio marcha atrás en su inicial apoyo, presionado por

los Ministerios del Interior y el de Asuntos Exteriores.

La nueva ley supuso un avance importante respecto a la de 1985 al fijarse como

objetivo la integración, al ampliar sustancialmente el ámbito de los derechos de los

extranjeros y prever la regularización de las situaciones de hecho. En todo caso, tam-

bién planteaba dos tipos de problemas: su inconcreción técnica y la escasa capaci-

dad del Gobierno para fijar, en cada momento, la política inmigratoria conveniente.

La explosión de violencia racista y xenófoba, que se produjo durante 1999 en

las zonas donde había gran concentración de extranjeros (Tarrasa y El Ejido), ha

puesto sobre la mesa el tema en su aspecto más negativo: situaciones de explota-

ción y marginación, así como la escasa preparación de la sociedad española para

absorber sin traumas una mano de obra importada cada vez más necesaria79.

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77. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros enEspaña y su integración.

78. El Partido Popular mantuvo una continuada serie de errores que pusieron de manifiesto ten-siones internas y diferencias entre sus miembros. A las elecciones de marzo del 2000 se presen-taron con un programa único, en el que proponían el cambio de la ley siguiendo las conclusio-nes de la Cumbre de Tampere.

79. Carmen de Miguel Castaño, "Inmigración, demografía y políticas de integración", en JuanAntonio Garde (ed.), Informe 2000..., op. cit., pp. 361-384.

crecimiento econÓmico y legitima- ciÓn social (espaÑa ... · barrera del 30% de los votos (34,8%...

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