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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA COMUNICADO DE PRENSA

JUZGADOS REALIZAN 9 MIL 750 AUDIENCIAS EN 2010

SAN SALVADOR, 23 de diciembre de 2010. (INTERJUST). Un total de 9 mil 750 audiencias iniciales, preliminares, vistas públicas, así como audiencias de imposición de medidas y vistas de la causa fueron realizadas de enero a diciembre de 2010, por los Juzgados de Paz, Instrucción, Tribunales de Sentencia y Juzgados de Menores del Centro Integrado de Justicia Penal Dr.“Isidro Menéndez”, 1070 audiencias más que el año pasado.

Con respecto a los 15 Juzgados de Paz en San Salvador, se contabilizaron cuatro mil 854 audiencias iniciales, 19 más con respecto a 2009. El delito de lesiones destacó con un total de 768 casos.

En segundo lugar se colocó el delito de robo y robo agravado con un total de 605 casos, 98 menos en comparación al año pasado; le sigue el delito de conducción temeraria con un total de 521 casos, de los cuales a 274 se les sobreseyó de forma definitiva y a 45 de manera provisional, mientras que ocho pasaron a la siguiente etapa con detención provisional. Es de destacar que en 2009 este ilícito ocupó un quinto lugar.

Asimismo hubo 398 casos de violencia intrafamiliar a cuyas denunciantes se les otorgaron medidas de protección de sus agresores. Éste se posicionó de un cuarto lugar. Mientras tanto, en quinto lugar el delito de hurto contabilizó 330 denuncias.

Acerca del delito de homicidio agravado y simple se registraron 67 procesos iniciados en el área de adultos, cinco menos que en 2009, de los cuales se ordenaron 50 detenciones provisionales y siete sobreseimientos definitivos y provisionales.

Por su parte, en el área de Justicia Penal Juvenil se registraron un total de 2005 procesos ingresados al área de menores.

Se contabilizaron 215 adolescentes procesados por el delito de homicidio, 48 más que en 2009; asimismo, hubo 280 imputados por agrupaciones ilícitas, 275 por robo y robo agravado y 123 por extorsiones. De éstos, se registraron 200 internamientos, 174 reglas de conductas, 542 audiencias de imposición de medidas, 220 audiencias preparatorias y 200 sobreseimientos.

Con respecto al trabajo realizado por los 10 Juzgados de Instrucción en San Salvador, se contabilizaron 1,757 procesos tramitados en la fase de investigación. Las audiencias preliminares realizadas fueron 1,842 y de ellas se emitieron 674 Aperturas a Juicio, Sobreseimientos Definitivos fueron 544, mientras que provisionales fueron 339.

Los delitos que predominaron en la fase de instrucción fueron el robo, robo agravado, hurto, hurto agravado, lesiones, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, posesión y tenencia de droga y estafa agravada.


Los seis Tribunales de Sentencia de San Salvador contabilizaron en el 2010 un total de 1,049 vistas públicas, de las cuales 657 fueron sentencias condenatorias 332 absolutorias y 56 mixtas(de ambos fallos) y se decretados 459 sobreseimientos definitivos. Además se realizaron 603 audiencias especiales entre conciliaciones, revisión de medidas, intimaciones, audiencias de aportación de pruebas y destrucción de objetos y drogas.

Además se frustraron 666 vistas públicas por diferentes causas, entre estas falta de testigos, incomparecencia de imputados y por petición de las partes en los procesos.

En la etapa de Vista Pública el delito por el que se realizaron la mayoría de juicios fue el Robo, con un total de 379 vistas públicas de las cuales 119 fueron condenatorias y 92 absolutorias, 162 sobreseimientos y 6 entre suspensión condicional de procedimiento y mixtas.

El segundo delito son contra la liberad sexual, con un total de 251 Vista Pública, 137 condenatorias, 71 absolutorias, 34 sobreseimientos definitivos y 8 entre mixtas y suspensión condicional del procedimiento.

El tercer delito es de las actividades relativas a las drogas con un total de 163 juicios, 127 condenatorias , 28 absolutorias y 8 entre mixtas y suspensión condicional del procedimiento.

En el caso del delito relativos a la vida, se hicieron 118 vistas públicas de las cuales fueron 72 condenatorias, 28 absolutorias y 14 sobreseimientos y 4 avistas publicas mixtas, suspensión condicional del procedimiento. Mientras que por el delito de extorsión hubo 86 vistas públicas.


RESUMEN CASOS RELEVANTES 2010

El año 2010 estuvo marcado por una serie de disputas viales que desencadenaron muchas veces en actos violentos que llegaron al extremo: la muerte. Estos acontecimientos pusieron en el tapete de discusión el hecho de que la falta de tolerancia puede llevar a consecuencias graves y definitivas en la sociedad salvadoreña.

Tres de los casos más relevantes fueron judicializados por la Fiscalía General de la República. Uno de ellos concluyó con una resolución condenatoria, mientras que los otros siguen el curso de la ley.

El primero tuvo su desenlace judicial en agosto de este año cuando Rafael Eulogio Romero Montenegro fue condenado a 40 años de prisión por el Tribunal 3° de Sentencia. El imputado fue procesado por los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa, en perjuicio de los hermanos Pablo Noé y Juan Carlos Recinos Cisneros y dos víctimas más bajo régimen de protección.

El imputado protagonizó una acalorada discusión donde sacó un arma y disparó a las víctimas por la disputa de un parqueo en las afueras de un restaurante ubicado en la Colonia Escalón el 30 de mayo de 2009.

Pablo Noé Recinos murió en el lugar y su hermano Juan Carlos en las instalaciones de un centro asistencial. El imputado fue capturado el 24 de diciembre de 2009 por la Policía Internacional (INTERPOL), en una propiedad en la jurisdicción de Masaya, en Nicaragua.

EL CASO DE MILITAR En el Juzgado 9° de Instrucción es procesado Julio Napoleón Rodríguez Sosa, de 68 años de edad, quien es acusado del homicidio agravado del capitán de la Fuerza Aérea Salvadoreña (FAS), Ricardo Arnoldo Alfaro, quien era de 32 años.

Según la investigación fiscal, Rodríguez Sosa, luego de una fuerte discusión por el uso de un espacio en la vía pública para parqueo, en la zona de la Colonia La Cima II, ubicada al suroeste de la capital, le disparó a la víctima. El imputado fue detenido en el lugar y adujo que se había defendido de las amenazas del militar. La víctima falleció en el lugar debido a varios disparos provocados con arma de fuego.

El Juzgado ha ordenado que el imputado continúe detenido en el Centro Penal La Esperanza, ubicado en el cantón San Luis Mariona, hasta la realización de la audiencia preliminar programada para Febrero de 2011.

CASO MIXCO Otro caso conocido por los tribunales de San Salvador a finales del presente año es el del estudiante de cocina Héctor Eduardo García González, quien era de 24 años. Según consta en la acusación formal presentada por la Fiscalía, el joven perdió la vida luego que varios sujetos le propinaran una paliza en la zona de la 75 Avenida Sur y Redondel Fuentes de Beethoven, de la colonia Escalón.


En este caso son procesados por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Héctor Eduardo García González los imputados Rodrigo Ernesto Mixco Chacón y el reo ausente Lisandro Miguel Mendoza Pohl.

Según los datos iniciales de la FGR, el crimen se registró la madrugada del 14 de noviembre cuando la víctima regresaba de laborar para un restaurante en la Zona Rosa y el automóvil en el que viajaba sobrepasó incidentalmente al carro de Rodrigo Ernesto Mixco y a otras personas que se conducían en dos automotores particulares.

Debido a eso se originó una disputa vial entre ellos lo que desembocó como resultado una riña callejera inicial y en una posterior persecución.

Según declaraciones de testigos, Mixco y Mendoza Pohl persiguieron a la víctima que quedó solo porque el resto de sus compañeros de auto huyo. Así los imputados vapulearon a la víctima hasta causarle la muerte. Hora mas tarde la Policía capturo a Mixco Chacón.

Ambos imputados fueron procesados en juzgados distintos, sin embargo, los casos serán acumulados en el Juzgado 2º de Instrucción, el cual ha confirmado la detención para Mixco Chacón en una cárcel y las nuevas órdenes de captura para Mendoza Pohl.

La audiencia preliminar se ha programado para marzo de 2011.

CASO PERRONES Este año, los tribunales de Sentencia de San Salvador pusieron fin a la etapa judicial de algunos de los casos que la Fiscalía General de la Republica investigó y denominó como “Banda de los Perrones”.

Entre estos, el caso de Oscar René Molina Manzanares a quien, por unanimidad, el Tribunal 5° de Sentencia condenó a siete años de prisión, por el delito de lavado de dinero en perjuicio de la Hacienda Pública.

El imputado deberá devolver todos los bienes muebles e inmuebles, así como cuentas bancarias a su nombre que obtuvo desde el año 2005, pues pasarán a favor del Estado salvadoreño.

Los jueces basaron su condena al analizar la prueba documental y pericial, así como el testimonio de los peritos tanto del Ministerio de Hacienda como el de la defensa, ya que ambos coincidieron que el imputado llevaba una contabilidad anormal en sus empresas.

DEYSI FUENTES Este año el juzgado 8º de Instrucción elevó a la etapa de juicio el proceso de Deysi Fuentes Cruz, procesada por el delito de evasión de impuestos en perjuicio de la Hacienda Pública.

Sin embargo, el Tribunal 4º de Sentencia declaró la nulidad de la acusación, por lo que el caso permanecerá archivado mientras la FGR decide si presenta una nueva acusación en contra de la imputada.

Para la Fiscalía, Deysi Aracely Fuentes Cruz obtuvo mayores ingresos de los que ha declarado debido a su nivel económico y los movimientos bancarios a su nombre, los que han sido indicios


para desarrollar la investigación, la cual inició en el año 2008, luego de un aviso de denuncia por parte del Ministerio de Hacienda.

A raíz de dicho aviso la FGR inicia la investigación sobre las actividades económicas de la imputada, quien prestaba servicios de moteles y hospedajes.

Para el Ministerio Público, Deysi Aracely Fuentes Cruz obtuvo ingresos que no declaró al Estado hasta por 50 mil dólares, pues obtuvo ingresos que le permitieron efectuar depósitos en diferentes cuentas bancarias a su nombre y acrecentó su masa patrimonial durante el año de 2006.

REYNERIO DE JESUS FLORES LAZO Así también el caso de Reynerio de Jesús Flores Lazo ha concluido su etapa de investigación, el Juzgado 9º de Instrucción envió a juicio el proceso en su contra. Flores Lazo es procesado por cinco casos de Tráfico Ilícito de droga a nivel centroamericano.

La estructura de Flores Lazo, según consta en el proceso, estaba integrada por 16 personas entre salvadoreños, guatemaltecos y costarricenses, pero sus tentáculos estaban en México y Sudamérica.

El imputado es vinculado con cinco decomisos de cocaína entre abril de 2004 y enero de 2008 en Nicaragua y Costa Rica. Se estima que habrían transportado más de 3.3 toneladas valoradas en 82 millones de dólares, además del decomiso en efectivo de 2.2 millones de dólares.

El primer decomiso, denominado “Puntarenas “, sucedió el 2 de febrero de 2004. En esa oportunidad incautaron 843 kilos de cocaína oculta en el compartimiento secreto de un cabezal con placas salvadoreñas.

CASO CHIRVIN ANTONIO LEE En un primer momento la Fiscalía General de la República lo detuvo el 4 de noviembre de 2010 por el delito de resistencia; sin embargo, al salir bien librado de la audiencia por ese delito, agentes investigadores ya lo esperaban para capturarlo por una serie de delitos vinculados a abusos sexuales en menores.

El Juzgado 5º de Paz recibió los primeros de una serie de casos, en los cuales Chirvin Antonio Lee Romero, de 28 años, fue acusado de los delitos de violación en menor e incapaz, privación de libertad y agresión sexual en menor e incapaz en perjuicio de varias niñas.

Al final de la audiencia la jueza decretó la instrucción formal con detención provisional para el imputado.

El Juzgado 5º de Instrucción tiene a cargo el caso en su etapa de instrucción y ha ordenado una serie de diligencias con el imputado y las seis víctimas. Chirvin Antonio Lee Romero permanecerá detenido hasta la realización de la audiencia preliminar programada para el 30 de marzo de 2011.

Según el requerimiento fiscal los hechos sucedieron entre septiembre de 2009 y julio de 2010, el imputado acostumbraba atraer a las menores con engaños y posteriormente se las llevaba a su casa, predios baldíos o zona del lugar de trabajo, donde procedía a abusar sexualmente de ellas y finalmente las trasladaba al lugar donde las encontraba.


Además, un Tribunal de Paz de Soyapango lo procesa paralelamente por otros casos de violación en menores de edad.

CASO MICROBÚS MEJICANOS Luego que la FGR iniciara las investigaciones en el caso donde varias personas murieron calcinadas al interior de un microbús de la ruta 47, en la zona de Mejicanos, varios menores de edad fueron capturados y puestos a la orden de los juzgados respectivos.

Una vez concluyó la Vista de la Causa, el caso fue resuelto judicialmente.

A finales de octubre de 2010, el Juzgado 1º de Menores impuso las medidas máximas de internamiento contra dos adolescentes, de 15 y 16 años, acusados de homicidio agravado, homicidio agravado tentado y lesiones en perjuicio de 17 personas y daños agravados en un microbús del transporte colectivo.

La jueza, Lorena de Morales, impuso penas de 5 y 15 años de internamiento a los dos menores procesados por los hechos. Ambos guardan prisión en el Centro para Menores de El Espino, en Ahuchapán, mientras que el proceso pasará a la orden del Juzgado 1° de Ejecución de Medidas.

En el Juzgado Especializado de Instrucción San Salvador son procesados los adultos que participaron también en este hecho.

CASO ESTUDIANTE INFRAMEN Jonathan D., de 17 años, fue encontrado culpable del asesinato del estudiante del Instituto Francisco Menéndez (INFRAMEN), Carlos Francisco Garay, el 6 de julio de este año cuando el Juzgado 2º de Menores lo sentenció a siete años de internamiento que deberá cumplir en el Centro de Resguardo de Ilobasco, en Cabañas.

La Jueza 2º de Menores María Isabel Ponce Gallardo impuso la pena máxima tras el desfile de pruebas ofertadas por la FGR. Una de ellas, la mas concluyente para la juzgadora, fue la científica ya que la comparación de la sangre en el puñal encontrado al acusado y la sangre de la víctima, coincidía un 99.99%.

El hecho se registró la tarde del 11 de marzo en la zona de la 75 Av. Norte de la Colonia Escalón. Jonathan D., acompañado de Blanca Cecilia Navarro atacaron, por supuestas riñas estudiantiles, al joven Carlos Francisco Garay. El menor apuñaló a la víctima, mientras Blanca Cecilia Navarro lo ayudaba en su cometido.

Garay Granados utilizó su mochila para protegerse; pero Jonathan D. logró agredirlo varias ocasiones y, cuando la víctima se encontraba herido en el suelo, le quitó la camisa. El estudiante del INFRAMEN falleció cuando era atendido en el Hospital Rosales. Los implicados fueron capturados por agentes de la PNC varias cuadras después.

BLANCA CECILIA NAVARRO El tribunal 5º de Sentencia encontró culpable a Blanca Cecilia Navarro de ser “cómplice necesaria” en el homicidio de Carlos Francisco Garay, alumno del INFRAMEN. El fallo del


tribunal fue dado a conocer el 29 de septiembre de 2010, luego de la conclusión de la Vista Pública en su contra.

Pese a que el tribunal consideró que el dominio del hecho lo tuvo Jonathan D., si señaló que la colaboración de la imputada fue determinante para ejecutar el crimen. La prueba documental, científica y testimonial presentada fue la base para la imposición de la condena de 20 años. La imputada guarda prisión en el Centro de Resguardo para Mujeres, en Ilopango.

PRIMER SALVADOREÑO En enero de este año el sistema judicial de nuestro país entregó al primer salvadoreño reclamado por el gobierno de Estados Unidos.

El trabajo de coordinación lo inició el Juzgado 12º de Paz, luego que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador autorizara el 22 de diciembre de 2009 la extradición hacia Estados Unidos del salvadoreño José Marvin Hernández Martínez.

En su resolución, la CSJ asignó al juez Carlos Roberto Calderón, como el juez que tendría a su cargo los trámites de la extradición, así como también el deber de garantizar la legalidad de los procedimientos y los derechos del imputado.

En un acto oficial presidido por el Juez 12° de Paz, Carlos Roberto Calderón, en la Segunda Brigada Aérea del la Fuerza Aérea Salvadoreña, el imputado fue entregado a las autoridades del FBI, quienes lo llevaron a bordo de un avión federal a la Corte de Brazoria, en Angleton, Texas.

CRISTIAN POVEDA 32 imputados, acusados del homicidio del periodista Franco Español Christian Poveda, enfrentarán un juicio el próximo año en el Tribunal Especializado de Sentencia de San Salvador, por los delitos de homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio y agrupaciones ilícitas.

Luego de la audiencia preliminar, realizada en diciembre de este año, la titular del Juzgado Lucila Fuentes de Paz, determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) tienen la robustez necesaria para enjuiciar a los implicados, entre ellos varios pandilleros del reparto La Campanera, en Soyapango, y del cantón El Rosario, en Tonacatepeque.

En el caso, existen pruebas como testimonios, una bitácora de llamadas telefónicas que establecen la relación comunicacional que los supuestos asesinos tuvieron antes, durante y después del asesinato de Poveda, el 2 de septiembre de 2009.

La FGR ha sostenido que para cometer el homicidio de la víctima participaron los autores intelectuales y materiales, así como otros coautores y cómplices, como quienes dieron seguridad en el área en que asesinaron a la víctima, así como los que desde distintos puntos controlaron sus movimientos, e incluso quienes lo acompañaron en su automóvil minutos antes de su homicidio.

Dentro de los imputados está el agente de la Policía Nacional Civil (PNC) Juan Napoleón Espinoza. Como autores directos se identifica a los pandilleros José Alejandro Melara, Luis Roberto Vásquez, Calixto Rigoberto Escobar, Raúl Antonio Rivera y Miguel Ángel Ortiz. Los


demás, serían coautores y cómplices. El juzgado ha girado nuevas órdenes de captura contra cinco de los reos ausentes.

KATYA MIRANDA El juzgado 1º de Instrucción de Zacatecoluca determinó en julio de este año que el caso contra Carlos Miranda González, procesado por el delito de secuestro agravado en perjuicio de la niña Katya Miranda Jiménez, pase a la etapa de juicio.

En el caso sólo Carlos Miranda enfrentará la justicia por el secuestro de la menor, asesinada la madrugada del 4 de abril de 1999 en la Playa Los Blancos, en el departamento de La Paz.

Sin embargo, la Jueza 1º de Instrucción de Zacatecoluca, ordenó sobreseer definitivamente a Luis Alonso López, Juan Francisco Ramos Rosales, Alejandro Cañénguez, Santos Ricardo Soriano Martínez y Nicolás Martínez Roque, por considerar que la Fiscalía no logró individualizar la participación de los imputados en el hecho.

La Vista Pública en el caso podría realizarse los primeros meses del año 2011 a cargo del Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.

CASO UTILA Marvin Antonio Rodríguez y Carlos Alberto Mejía fueron acusados por la Fiscalía General de la República y presentados ante el Juzgado Especializado de San Salvador, a principios de diciembre de este año, como los autores materiales del homicidio de un ciudadano español y su familia, hecho ocurrido la madrugada del 20 de junio, en la Colonia Utila en Santa Tecla.

Los imputados son vinculados con la muerte de José Antonio, Graciela y Manuel Torres Galdámez de 58,74 y 80 años, respectivamente. Él último, un ciudadano de origen español, pero radicado en El Salvador desde hace más de una década.

Las víctimas fueron encontradas asesinadas al interior de la vivienda, dos de sus familiares fueron dejadas con vida en una habitación de la misma. Los presuntos autores del hecho, engañaron a uno de los residentes de la vivienda para que abriera la puerta e ingresaron aparentemente con el propósito de robar; sin embargo, el verdadero móvil de los crímenes aún se investiga.

Las investigaciones judicializadas por la FGR señalan a Evelyn del Rosario Hernández de Torres, una de las sobrevivientes, como la presunta autora intelectual del hecho. Por lo que el juzgado giró ordenes de captura en su contra. El 9 de diciembre de 2010 fue detenida en una localidad de Galicia, España.

La FGR ha solicitado a la titular del Juzgado Especializado de Instrucción que dé inicio al trámite de extradición de la imputada. Dicha solicitud sería gestionada a través de la Corte Suprema de Justicia para que la analice y dé trámite al Ministerio de Relaciones Exteriores y la envíe a su similar en España.


CASO NIÑOS PANCHIMALCO El Juzgado 9º de Instrucción envió a juicio el caso de Simón Antonio Mancía Vidal, de 23 años, procesado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, violación en menor e incapaz y daños agravados en perjuicio de tres menores.

Datos del proceso detallan que los hechos sucedieron el 27 de marzo del presente año en momentos que los niños de 6, 3, y 2 años se encontraban en su casa de habitación ubicada en la Lotificación Miramar, jurisdicción de Panchimalco.

Según la declaración de los niños, Simón Antonio Mancía aprovechó que los menores se encontraban solos en la vivienda para atacarlos, golpearlos y amarrarlos. El imputado buscó la ropa de los pequeños y comenzó a incendiarla. Los vecinos, al percatarse de los hechos, auxiliaron a los niños y dieron aviso a la Policía Nacional Civil (PNC) de la zona. El imputado fue detenido cerca de la escena.

BATERIAS de El Salvador (RECORD) El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla ha realizado varias diligencias en el proceso contra los ingenieros de la empresa Baterías de El Salvador S.A. de C.V. Hugo Reynaldo Trujillo Díaz, Arturo Marenco Carballo y José Edgardo Brito Menéndez, todos por el delito de contaminación ambiental agravada.

Hasta el mes de noviembre el juzgado realizó una audiencia especial en la cual directivos de la Empresa MONDELO S.A de C.V presentaron el plan de trabajo para realizar el tratamiento de la escoria y ceniza dentro de la planta de Baterías de El Salvador, ubicada en el municipio de San Juan Opico, La Libertad.

En la audiencia el empresario Miguel Pizzuto, propietario de la Empresa MONDELO de México, expuso el proyecto final de tratamiento in situ de la escoria, la cual incluía los procedimientos, las técnicas, la logística y la maquinaria a utilizar para dicho fin.

La empresa pretendía comprar y retirar la escoria de la fábrica; sin embargo la Fiscalía General de la República, luego de escuchar la propuesta no estuvo de acuerdo con esta.

El Tribunal de Sentencia advirtió que de no superar del impase la Vista Pública será realizada en enero de 2011.

En tanto, los imputados ausentes, Ronald Antonio Lacayo Argüello, director; Sandra Cecilia Lacayo de Escapini, secretaria, y José Ofilio Gurdián Lacayo, presidente de la empresa Baterías de El Salvador, poseen orden de captura vigente.

CASO OBC El pasado 12 de julio, el Tribunal 6º de Sentencia instaló la Vista Pública contra Julio Eduardo Villatoro Monteagudo y modifico el delito de defraudación a la economía pública por el de estafa. El tribunal autorizó la conciliación del imputado para que cancele lo defraudado a las víctimas.


Villatoro Monteagudo tiene hasta el 11 de enero de 2011 como plazo para pagar a los afectados. De no ejecutarse el pago, la conciliación será declarada nula. Y se iniciará nuevamente la Vista Pública, para comprobar su inocencia o culpabilidad.

La acusación de la Fiscalía señaló que en un informe contable hecho por varios peritos en el periodo de enero de 1999 a julio de 2004 se identificaron 112 cuentas de inversión bursátil que no fueron registradas en los sistemas de información contable de la Sociedad Operaciones Bursátiles de Centroamérica y Casa Corredora de Bolsas OBC, S.A. de C.V, así como depósitos de fondos por cheques emitidos por clientes a cuentas bancarias, las cuales no se registraban en la contabilidad de la corredora.

El dinero de los inversionistas fue apropiado y utilizado ilegalmente por los imputados para realizar actividades ilícitas sin la autorización de los afectados, generándose un fraude masivo. Se identificaron depósitos de dinero por cheques emitidos a nombre de los inversionistas por 304 mil 144.93 dólares realizadas a una cuenta bancaria a nombre de OBC no registrada. El monto de lo defraudado es 8 millones 72 mil 834 dólares con 66 centavos.


“ Los padres deben enseñar a sus hijos estar alertas con un desconocido”

Néstor Recinos es coordinador del área de Psicología Forense del Instituto de Medicina Legal “Dr. Roberto Masferrer” de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). A través de su trabajo diario, este psicólogo elabora un perfil de aquellos que han violado la ley en la sociedad salvadoreña. En este caso, analiza el perfil de un pedófilo (un abusador de menores) a partir del caso del presunto violador serial Chirvin Lee Romero.

¿Qué lleva a un sujeto a tener esta tipo de conducta sexual? Generalmente es un tipo de parafilia. Es una desviación de la preferencia sexual que puede tener este tipo de personas. Este tipo de personas posee una serie de distorsiones de tipo mental la cual trae un condicionamiento o fantasía sexual hacia un objeto en el cual buscan un tipo de gratificación.

¿Por qué niños? Generalmente una característica de este tipo de personas es que busca someter a la víctima porque tiene problema de relación interpersonal normal para tener una relación sexual madura con una persona de su misma edad. Entonces ese sometimiento y vulnerabilidad que puede presentar una menor de edad es preferible para este tipo de personas con ese tipo de deficiencias.

¿Es un depredador sexual? Si no es detenido, este tipo de sujetos en este caso particular en el cual hay una zona geográfica concreta en San Salvador y en el municipio de Soyapango donde deja esa cantidad de víctimas, está claro que este sujeto va a incrementar más sus apetencias de gratificación sexual dirigida hacia las niñas. Entonces, tiene que ser detenido para que no siga cometiendo este tipo de abusos contra la niñez.

¿Un perfil de este tipo puede llegar a cometer asesinatos? En un momento determinado, al ver amenazada su integridad física sea por terceras personas podría desencadenar un resorte homicida. De hecho, en este caso ha habido amenazas a


muerte, según registra el parte policial donde describen el modus operandi del sujeto que golpeaba salvajemente a sus víctimas para que luego no ofreciera resistencia.

¿Cuáles son los traumas de las víctimas? El trauma puede ser leve, moderado o grave. Puede presentar pérdida de sueño, estados ansiosos, problemas de su identidad sexual y de su desarrollo como persona, cuadros depresivos y algún tipo de reacción sicofisiológica. Sin duda, cuando son personas maduras presentan una huella en su siquismo.

¿Cómo puede un padre de familia advertir cuando un hijo es víctima de abuso? El padre debe tener una supervisión rigurosa acerca sobre qué es lo que están haciendo sus hijos, dónde se encuentran, el tipo de actividades que están desarrollando. Por otro lado, fomentar la educación hacia los hijos respecto al cuerpo y definir con exactitud cuándo hay una amenaza de un abuso sexual. Esto es muy importante porque los padres deben decirles a sus hijos qué debe hacer si tiene una situación de este caso. Mi consejo es que los padres deben enseñarles a sus hijos que tengan cuidado cuando un desconocido se acerca a ellos e intenta hacer un regalo, un ofrecimiento atractivo.

¿Cuál es la edad que busca un pedófilo? Generalmente los rangos de clasificación dicen que los pedófilos suelen preferir menores entre los 12 y 14 años. Pero esos son parámetros estándares porque la parafilia del pedófilo le impide tener contacto con alguien que parezca más adulto. Sin embargo, hay casos de sujetos que buscan menores de 8 a 10 años. El punto es que alguien de 16 años es mayor para un pedófilo.

¿Cuál es el perfil del agresor? Ellos se caracterizan porque no pueden sostener una relación con alguien de su mismo grupo etáreo. Entonces buscan alguien que sea vulnerable y donde ellos ejerzan algún tipo superioridad porque es un condicionamiento para que el pedófilo alcance la gratificación de su fantasía sexual. A nivel general este tipo de personas tiene una desviación de su conducta sexual. No sabemos en qué etapa de su vida surge esa parafilia.


La Transparencia Judicial es la herramienta contra el funcionario corrupto

Rina Teos

El Juez Martin Rogel Zepeda es un profesional que tiene claro cuán importante es la rectitud al momento de emitir juicios. Amante del arpa y del rock de los años 80s, catedrático, capacitador judicial, abandera la Transparencia Judicial como la mejor herramienta para garantizar la credibilidad de un Juez.

El mayor reto de los aplicadores de Justicia es recobrar la Credibilidad Institucional, la Transparencia Judicial es la lupa con que la ciudadanía puede observar el actuar de los Jueces, opina.

Rogel Zepeda, en calidad de Presidente del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador y Miembro de la Comisión de Comunicaciones de la Mesa Judicial, considera que la transparencia judicial debe ser un mecanismo para dar a conocer la aplicación de justicia en El Salvador.

Además, el también Magistrado Suplente de la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador, considera que con la transparencia se demuestra “que no hay cuestiones ocultas y permite controlar si un funcionario es corrupto”.

En la pasada conferencia titulada “La Modernización del Órgano Judicial para la Consolidación del Estado de Derecho, la Paz y la Democracia”, por ejemplo, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Dr. Belarmino Jaime, sentenció que en la toma de decisiones de los procesos judiciales no deben existir ningún tipo de influencia ni política ni de otro tipo. De esta forma el ciudadano está sabedor que su petición se resolverá “de forma ecuánime y apegada a ley”.

Rogel Zepeda coincidió en este aspecto en el sentido que un mecanismo para ser transparente es permitir al ciudadano el ingreso a las Vistas Públicas porque, de esta forma, considera que las personas sabrán que la decisión que toman los juzgadores se basa en fundamentos legales y no en intereses monetarios o subjetivos.


El catedrático recalcó que la población tiene derecho a estar informada sobre la aplicación de justicia, pero también al tanto sobre la rendición de cuentas de sus patrimonios.

“No es posible que un juez aparezca de repente con un patrimonio totalmente desproporcionado a los ingresos que recibe. Entonces eso sería un mecanismo que afecta la transparencia”, añadió.

La Ley de Ética Gubernamental en su inciso “k” define el enriquecimiento ilícito como “aumento del capital de un funcionario o servidor público o de su grupo de familia, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, que fuere notablemente superior al que normalmente hubiera podido tener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente y de los incrementos de su capital o de sus incrementos por cualquier causa justa”.

La “Ley de enriquecimiento ilícito” obliga a declarar únicamente a presidente y vicepresidente de la República, diputados, ministros, viceministros, secretarios presidenciales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, consejeros de la Judicatura, cónsules, presidente de la Corte de Cuentas, fiscal y procuradores titulares, magistrados electorales, presidentes de autónomas, rector de la Universidad de El Salvador, tribunal de apelaciones de impuestos y concejales.

El funcionario mencionó que antes no rendían declaración de sus patrimonios, pero por acuerdo entre las autoridades de la Corte Suprema y la Mesa Judicial han empezado a declaras sus bienes a partir de esta año, en la Sección de Probidad de la CSJ.

“Considero que todos los jueces deberíamos de estar a la disposición que vean nuestras finanzas; de esa manera determinaran si somos o no transparente y que, además, necesitamos un salario acorde a nuestras responsabilidades”, dice.

El Juez Presidente del Tribunal consideró que para rescatar la credibilidad en el Órgano Judicial, todos tienen que ser accesibles y transparentes porque de esa forma la ciudadanía volverá a creer en el Órgano Judicial.

No se puede combatir la delincuencia, ni aplicar Códigos Penales si los principales aplicadores de la ley no son abiertos y transparentes, no rinden cuentas claras, opina. Por ello es necesario que las autoridades de la CSJ erradiquen de raíz a todo aquel mal elemento que empañe la justicia del país, finaliza.

FIN


Epidemia de homicidios

Karla Pineda

El Dr. Fabio Molina, Jefe de la Unidad de Estadísticas forenses del Instituto de Medicina Legal (IML), dio a conocer el libro titulado “Epidemiología de los Homicidios en el Salvador durante el período 20012008”.

El libro contiene datos estadísticos sobre los homicidios cometidos en El Salvador en dicho período y las diferentes causas, factores relacionados y grupos afectados con este fenómeno. Los datos se plantean de acuerdo a edad, sexo, grupos sociales, así como los agentes de riesgo que propician las variables.

Durante el período analizado, que abarca ocho años, las cifras revelan que desde el 2004 hasta el 2008, las principales causas de muerte eran las enfermedades comunes; sin embargo, el 2009 las causas dieron un giro, pues un total de 10,822 salvadoreños murieron por diferentes circunstancias entre estas homicidios, accidentes y suicidios.

Según el Libro “Epidemiología de los Homicidios”, en El Salvador la causa más alta de muertes en los últimos años son los homicidios. Sobresale que en el año 2009 la violencia común se agenció el 40.5% de las muertes a nivel nacional y las enfermedades comunes pasaron a ser la segunda causa de los decesos.

Las principales víctimas de los homicidios, según el estudio, fueron hombres en un rango de edad entre los 25 y los 29 años. Después de las muertes violentas se destacan las muertes por enfermedades que abarcan el 30.3%, especialmente en personas mayores de 65 años. La tercera causa son los accidentes, que representan el 20.07% de los fallecimientos. En el libro, destaca el experto, los suicidios han mantenido un rango de 5% de las causas de


muerte en los últimos años. En el 2009 se registró una muerte diaria bajo esta circunstancia. Un 3.3% de las muertes del año pasado no fueron especificadas, ya que el Instituto de Medicina Legal define una categoría de muertes sin determinar, en las cuales se etiquetan los cuerpos que son encontrados en avanzado estado de descomposición.

En ese sentido el año cerró con una tasa de mortalidad de 177 muertes por cada 100,000 habitantes. La mayoría de las defunciones, de acuerdo con la investigación, fueron 2,631 mujeres y 8,142 hombres.

En el documento se plasma el trabajo de diferentes expertos involucrados y comprometidos con la investigación de la tipología de los delitos en base a un proyecto de población de 6,098,714 pobladores.

La violencia se presenta como la primera causa de muerte en los diferentes estratos de la sociedad salvadoreña.

FIN


Doris Luz Rivas Galindo: “ Necesitamos promover una cultura de convivencia, no de violencia”

La Magistrada de la Cámara de Menores, Doris Luz Rivas Galindo, analiza la situación del sistema carcelario en el país, el cual solamente puede ser sobrellevado en la medida el sistema cumpla la función de espacio rehabilitador en lugar del hacinamiento que impera por el momento.

Carlos Merino

¿Cómo ve Usted el Sistema Carcelario en el país? Bien, yo creo que el sistema carcelario a nivel de la región de América Latina y El Salvador, en particular, está presentando una serie de dificultades que yo me atrevería a decir que en El Salvador prácticamente ha colapsado por la sobre población que hay en los mismos, y, además, por las condiciones de la prisión. Al final, no se cumplen los fines de rehabilitación, los fines de reinserción o de reeducación. Las prisiones se han convertido en lugares de hacinamiento y en un momento determinado puede haber problemas mucho más serios de los que ha habido hasta hace dos, tres semanas, con los jóvenes que fallecieron en el Centro Intermedio en Ilobasco.

Con base a en eso a esa situación que se dio en Ilobasco, ¿cuál sería una recomendación puntual que le pudiera dar, no sólo a Centros Penales, sino que también a los diputados de la Asamblea de cara a las leyes que tenemos?

En primer lugar me parece que desde el momento que se está incrementando las penas era de esperar que la población carcelaria iba a incrementarse y, desde esa perspectiva también debe de tomarse en cuenta que si se está privilegiando la cárcel como alternativa el Estado debe de estar consciente que debe generar las condiciones mínimas de dignidad.

Entonces, me parece que todos los actores de la sociedad del sistema deberíamos hacer un hasta aquí, una reflexión sobre los beneficios y la utilidad que ha presentado la prisión, y luego


buscar las soluciones entre ellas, como la subutilización que debería de ser de manera excepcional y por menor tiempo posible.

Y que en caso que se utilice la prisión debe de ofrecerse condiciones de seguridad, de sanidad, de alimentación en todo el amplio sentido de la palabra para las personas privadas de libertad. Me parece que hay que diseñar toda una estrategia de intervención con esta gente. Nos hemos apartado del cumplimiento de los fines, que es la rehabilitación o reinserción. ¿Adónde lo reinsertamos? ¿Al cementerio?

Entonces, me parece que las cárceles no pueden estar cumpliendo ese objetivo y habría que hacer toda una serie de discusión para buscar las posibles soluciones que sean coherentes con el Derecho Internacional, con la Constitución de la República y con los fines que se deben de cumplir en la sociedad salvadoreña para que la cárcel pueda representar realmente, y no sólo como mecanismo de presión para que la gente esté encerrada, si no como una alternativa para que éstos puedan también ser rehabilitados y no regresen al sistema cuando deban de salir de las prisiones.

¿Cuáles son los mecanismo que se deben evitar para que estar personas lleguen a la cárcel y cómo evitar que los jóvenes delinquen?

En esto hemos insistido por meses, por años, en la importancia de la política de prevención de criminalidad; desmitificar la percepción que se tiene de los jóvenes, de que son los jóvenes, los adolescentes, los responsables del incremento de violencia y de criminalidad en este país. Las cifras lo dicen. No es cierto. Que hay problemas, hay que reconocerlo. Pero igual no es que sean los jóvenes o los menores de edad los culpables de todo este tipo de situaciones. Me parece que hay que apostarle a la población joven. Hay que diseñar políticas de tratamiento y de prevención para que ellos puedan desarrollarse como seres humanos, y puedan realizarse como personas de acuerdo a esa etapa de su vida.

Y el buen diseño de una política criminal de prevención de la delincuencia, traducida por la vía de políticas sociales puede ser la mejor medicina para ir disminuyendo la violencia. Entonces, me parece que en eso pueden pesarse en esos mecanismos.

Por otra parte, es obvio que siempre van a venir jóvenes en conflicto con la Ley. Para ello se debe buscar la prisión de manera excepcional, cuando sea necesario nada más y también por el menor tiempo posible, que estos son como de los presupuestos que mantiene los tratados internacionales y de igual manera La Ley Penal Juvenil.

Y, por otra parte, me parece que la Asamblea Legislativa debería de reconsiderar en cuanto que hay que reorientar la Política Criminal y de ser necesario disminuir, en el caso de los adolescentes, el incremento de la pena que se había hecho a 15 años porque nos vamos a encontrar en un momento determinado con jóvenes hasta de 30 años en las prisiones. Me parece y ya está demostrado, que no es el mayor tiempo que la gente esté en la cárcel lo que va a permitir su reinserción.

¿Y usted como catedrática de la Universidad de El Salvador ha tenido muchas experiencias y una que comentó hace unas semanas, de cara al problema que ocurrió en Ilobasco? Recuerdo que un colega le comentó que él estaba contento con lo que había ocurrido en Ilobasco, ¿Qué piensa?


Mire, yo creo que no solamente fue una persona, sino que miles de personas que han expresado su opinión respecto a que eso se lo merecían, porque creían que allí estaban los que habían cometido el crimen del microbús que le dieron fuego precisamente en Mejicanos y gente que pensó que allí estaba Jonathan D., del caso emblemático de La Prensa Gráfica. Lo que he externado es una preocupación. Es comprensible que la gente lo vea así porque tenemos una sociedad sumamente fragmentada y una sociedad golpeada por la criminalidad, por la violencia, por la situación económica, por tantos factores, pero me preocupa, pues, la vida es la vida y no podemos estarnos alegrando por la muerte de la gente, sea quien sea, sea el delito que se haya cometido en este caso.

Y es lo que más preocupa porque hay un sentimiento de venganza en lugar de pacificación o de promover, digamos, otras formas de convivencia que es lo que esta sociedad requiere. Yo digo que este tipo de situaciones no se deben de provocar y promover, porque si no estaríamos como aceptando que aquí lo que necesitamos es “ojo por ojo, diente por diente”. No podemos regresar a esos tiempos. En una sociedad civilizada deberíamos de promover otro tipos de sentimientos, otro tipo de respeto por el ser humano y dejar un poco a un lado; pero eso es un problema cultural, un problema que tiene que ver también con las políticas que el Estado pueda estar implementando, para que los ciudadanos también aprendamos a ver las cosas de una manera diferente, y poder ser partícipe de la solución.

Necesitamos una cultura o promover una cultura de desarrollar nuevas formas de convivencia, no de violencia; y eso es violencia, tener esa reacción, que es lo que a mí me llamaba poderosamente la atención; aunque es comprensible que el ciudadano común, que es que cotidianamente está siendo víctima de ataques de violencia o testigo, presencia este tipo de actos. Es comprensible; pero alguien que está luchando, que está en proceso de formación en educación, nuevas generaciones de profesionales no podemos como ser tan irresponsables y promover este tipo de sentimientos.

Una cosa es lo que pueda sentir, pero otra cosa es externarlo y creo que eso es lo más preocupante, porque yo lo he dicho.

Acá nos dolió más que se haya muerto la Manyula, que estas personas. Claro, me van a decir la Manyula no nos hacía daño, lejos de eso nos recreaba y todo ese tipo de cosas; pero es como nosotros debemos de privilegiar al ser humano. El Constituyente del 83 lo establece en el artículo 1 de la Constitución que El Salvador, que dice, “reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la utilidad del Estado”, implica que hay una norma “prohominis”. Entonces, toda la actividad del Estado debe estar orientada hacia el ser el humano, y seres humanos son los buenos, los malos que estamos en este país. Me parece necesario que no perdamos la parte sensible, la parte de valores, sistema de valores que podamos tener, y visto valores en sentido positivo y no desvalores que nos pueda alegrar la violencia, que nos pueda alegrar la muerte de quien sea y venga de donde venga no se justifica.

Estamos evidentemente en una sociedad violenta ¿qué recomendación le diera al salvadoreño estándar, al ciudadano común y corriente para que ya no tenga ese sentimiento de violencia o de venganza que tiene en su mente? Como Magistrada yo les diría que la Ley, ni mucho menos el Derecho Penal, no es el instrumento más feliz para resolver el problema de violencia. El Derecho Penal no va a resolver el problema de violencia, porque es violento y quiérase o no provoca más violencia.


Y como ciudadana, como persona seamos constructores de paz, desde donde vivimos con nuestros vecinos, donde trabajamos; en la calle, ¿verdad? Podamos ser constructores de paz y nos apropiemos, entre todos, de una cultura de no violencia. Entiéndase violencia todas sus manifestaciones, porque a veces creemos que violencia es el golpe físico. La violencia tiene que ver en todas sus expresiones psicológicas, verbal, de cualquier manera; entonces me parece que podemos todos, todos tenemos esa capacidad como salvadoreños de poder ser mensajeros y constructores de una actitud de no violencia. A veces, ante una agresión reaccionamos de manera igual o peor, porque no nos dejamos.

Pero me parece que no se trata de “déjese matar”. No. Se trata que desde la primera infancia, a nuestros niños podamos heredarles una sociedad de no violencia. Una sociedad con una cultura mucho más pacífica y con nuevas formas de convivencia, donde le digamos “no al maltrato infantil”, “no a la agresión verbal”, “no al maltrato físico”, “no a la iniquidades” que existen entre la población. Esas desventajas en las que muchas de las poblaciones viven hay que trabajar de cara a ellos para que también tengan ciertas ventajas como las tienen otros. Si construimos una sociedad llena de tanta iniquidad realmente, creo que va a ser difícil; sin embargo, creo que como ciudadanos todos podemos ser portavoz y constructores de una cultura de no violencia.

FIN


“ Cualquier salvadoreño que delinca en el extranjero puede ser reclamado” : Juez Roberto Calderón Aída Sánchez

Roberto Calderón es el delegado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para efectuar los procesos de extradición.

En enero de este año El Salvador entregó al Gobierno de los Estados Unidos, al primer salvadoreño reclamado por este país para que cumpliera una pena de 18 años de cárcel en el sistema penitenciario norteamericano.

Ese día Roberto Calderón, juez propietario del Juzgado 12° de Paz y delegado por la CSJ para Ordenar Capturas en Procesos de Extradición, entregó al salvadoreño Marvin Hernández al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingleés).

Calderón atendió así una petición de reclamo por parte del gobierno estadounidense y dispuso todas las condiciones para que el condenado fuera extraditado. El escenario fue una pista de la Segunda Brigada Aérea de Comalapa.

A juicio del juzgador, el hecho “sentó un precedente en el sentido que cualquier salvadoreño que cometa un delito en Estados Unidos, y se venga a nuestro país, ya no está bajo el amparo si se refugia aquí porque no va a responder a ese gobierno por el delito que cometió” acotó.

José Marvin Martínez es un salvadoreño que fue condenado en marzo de 2006 en el Condado de Brazoria, Texas, por el delito de agresión sexual en perjuicio de su hija, entonces de 14 años. Luego huyó a El Salvador cuando gozaba de libertad bajo fianza durante el enjuiciamiento. El Juez Calderón ordenó su captura por medio de la INTERPOL, quien la materializó el 11 de enero de 2008 en el municipio de Sonzacate, departamento de Sonsonate.


La extradición del salvadoreño fue realizada amparándose en un convenio entre ambos países, el cual está vigente desde 1911 y que firmado por el entonces Presidente de la República Manuel Enrique Araujo.

Dicho convenio regula delitos que ya no existen: delitos en alta mar, incendios, mutilación de partes del cuerpo y piratería, entre otros. Asimismo cuenta con artículos que ya no pueden ser aplicables; sin embargo son legales, porque el convenio está vigente y el gobierno de los Estados Unidos puede invocar en el mismo porque tiene robustez legal.

Según el juez, el convenio carecía de un procedimiento para su aplicación, y la CSJ acórdó delegar a un juez idóneo para sanear el proceso y llenar ese vacío. Es así como el juez Calderón trabaja en un procedimiento específico para el caso de Marvin Hernández. De lo contrario, El Salvador corría el riesgo de ser sancionado si tramitaba la petición, afirmó.

Es así como los magistrados en Corte Plena lo delegan para que sea el intermediario entre la parte requerida o reclamada, que era Hernández, y la Corte Suprema de Justicia.

Marvin era un ciudadano que no fue entregado en calidad de delincuente, refiere el funcionario. “Para nosotros él era un ciudadano salvadoreño que había cometido un delito fuera de nuestro territorio nacional. Allá era un delincuente; pero aquí era una persona requerida por dos delitos”, explica.

“Durante el proceso se garantizó que al salvadoreño le respetaran sus derechos constitucionales y derechos humanos, que no fuera objeto de ningún tipo de vejación, ni atropello” indicó

Al final del proceso, el funcionario afirmó sentirse satisfecho por haber cumplido y cree que lo hizo de la mejor manera pues hasta el momento no ha habido ninguna notificación de algún error en el procedimiento.

Podría decirse que esta fue la primera extradición en la historia moderna de El Salvador. El nombramiento de Calderón significó un reconocimiento a la trayectoria judicial, a la capacidad de uno de los jueces más jóvenes que tiene el órgano judicial.

Con 37 años de edad, Roberto Calderón, antes de convertirse en juez de Paz, ingresó a la Fiscalía General de la República como fiscal auxiliar en la Unidad de Protección de la Propiedad Intelectual. Tenía 23 años.

En 2003 ingresó al órgano judicial como Juez de Paz en el municipio de Nahuizalco; más adelante fue ascendido al Juzgado 2º de Paz de la ciudad de Ahuachapán.

En 2007 fue nombrado Juez Propietario del Juzgado 12° de Paz de San Salvador.

En sus palabras, el Jueza Calderón se considera un acérrimo defensor de los juzgados especializados creados para combatir el crimen organizado y cree que estos juzgados enfrentan la verdadera criminalidad del país. FIN


Juez Samuel Lizama: Ante la aplicación de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones

Karina Cuadra

Aficionado al personaje de la literatura española y universal, Miguel de Cervantes Saavedra, “El Quijote de la Mancha”, el Juez 5° de Instrucción Samuel Aliven Lizama cree firmemente que el ejercicio de su profesión marca de manera decisiva la vida de las personas que a diario enfrentan la justicia.

En medio de figuras y frases de Don Quijote, que adornan su espacio en el despacho judicial, así encontramos al Juez 5° de Instrucción Samuel Aliven Lizama y es momento propicio para hacer un recuento de sus logros, luego de la salida de su antecesor Sidney Blanco y los nuevos retos que próximamente enfrentará con la entrada en vigencia de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones.

Un año cinco meses han pasado desde que asumió el ejercicio de la función judicial en el Juzgado 5° de Instrucción de San Salvador y ha optado por implementar una dinámica de capacitación para el personal, sobre las nuevas legislaciones en materia procesal penal, civil y mercantil con incidencia penal.

El juez cree imperante la iniciativa de estudiar el nuevo rol de los Juzgados de Instrucción a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, aprobada el 15 de marzo de este año, por la Asamblea Legislativa.

Para él, dicha ley da un nuevo rol a los Jueces de Instrucción y Especializados de Instrucción de la capital, al vislumbrarlos en el artículo 8 como los únicos competentes para autorizar las intervenciones telefónicas solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en los procesos judiciales. Los delitos que serán valorados por los jueces para autorizar una intervención telefónica son los relacionados con el crimen organizado, tráfico de droga, actos de


terrorismo, lavado de dinero, entre otros.

Con dicha ley, los 10 Jueces de Instrucción de la capital deberán realizar turnos que les permitan estar disponibles en días y horas no hábiles, para solventar las peticiones vinculadas a las intervenciones telefónicas, hechas por la fiscalía en el desarrollo de las investigaciones.

El juez considera que es importante para sus colaboradores del juzgado, el conocimiento de la nueva Legislación Procesal Civil y Mercantil, ya que tal normativa tiene incidencia en el ámbito penal tratándose de cuestiones prejudiciales del ámbito civil, excusas de abogados a las audiencias, etc.

Experiencia Judicial

Con una amplia experiencia judicial, el Lic. Samuel Lizama fue designado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para tomar las riendas del Juzgado 5° de Instrucción durante el periodo de nombramiento del Magistrado Sidney Blanco.

Anteriormente fungió por cinco años como Juez de Paz en Zaragoza, departamento de La Libertad. También es Capacitador de Derecho Procesal Penal de la Escuela de Capacitación Judicial, Becario de la Primera Promoción del Programa de Formación Inicial para Jueces (PFI) impartidos por el Consejo Nacional de la Judicatura, Máster en Derecho Penal Constitucional obtenido en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y Especialista en Protección Jurídica del Medio Ambiente por la Universidad CastillaLa Mancha.

Recientemente, el Juez Lizama envió a juicio el proceso judicial contra la joven Blanca Cecilia Navarro, de 19 años de edad, condenada finalmente a 20 años 4 meses de prisión por el Tribunal Quinto de Sentencia por el homicidio agravado en grado de coautoría en la vida de Carlos Francisco Garay Granados, de 18 años, estudiante del Instituto Nacional Francisco Menéndez (INFRAMEN).

. P ¿Cuál ha sido su experiencia a un año de estar al frente del Juzgado 5° de Instrucción? RVine justamente el 21 de Julio de 2009 con la designación del Lic. Sidney Blanco como Magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y ha sido una magnifica experiencia en un año y meses que tengo de estar aquí, pues he tenido el reto de hacer una reorganización importante del personal, ya que varias de las personas que estaban acá se fueron por diferentes razones profesionales a otras instituciones públicas y particulares. Eso ha sido una labor importante donde hemos hecho una renovación casi del 80 por ciento del personal del juzgado.

Otro aspecto importante de mi llegada acá ha sido ponerme al día con la gestión de una oficina judicial más compleja que cualquier otra instancia judicial de fuera de San Salvador. Luego de esto he intentado realizar algunas cosas que pongan alguna nota diferenciadora en la gestión de hacer las cosas como el darle un destino final a ciertos objetos secuestrados, que algunas veces están en los archivos o en los depósitos, o acá inclusive, y que son depósitos que existían desde hace años a los cuales se les ha dado un destino y estamos trabajando todavía en eso.

Otra área adicional a la labor diaria que nos viene de los juzgados de paz que he ido realizando paralelamente, ha sido sobreseer o dictar resoluciones correspondientes en casos que vienen de la legislación, incluso desde 1974, casos que están declarados rebeldes desde hace 12 ó 15 años y las personas están en situación de rebeldía, las pruebas judiciales están deteriorándose


en los archivos y, además, nunca se resuelve para los mismos imputados ni para las víctimas la situación legal. Así se han dictado las resoluciones correspondientes a esos propósitos y he aplicado también el Código de 1998 con la finalidad de darle una solución a estos casos.

El problema es que este tipo de casos genera una situación en la que una persona puede estar en situación de rebeldía de por vida, cosa que no se ve bien en términos de la seguridad jurídica. Este es otro rubro de casos que he ido trabajando simultáneamente a la labor que a diario viene.

P ¿Cómo encontró el juzgado con respecto a los procesos judiciales? R Este juzgado tenía una característica bien particular en disciplina y calidad del personal, desde la época del Licenciado Blanco. Y yo he tratado de mantener la misma mística de trabajo, con la selección del personal y, además, mantener la calidad del trabajo, procesos que al día de hoy no culminan ya que todavía tengo personas en período de prueba; pero es lo que he tratado de proyectar.

El juzgado estaba ordenado y por supuesto el personal es muy bueno, el reto ha sido que, habiéndose ido la gente a diferentes instancias, hay que reemplazarlos por personal igualmente trabajador y competente.

Todo este tiempo me siento satisfecho, he logrado llevar a cabo un proceso de reorganización del personal conservando las características de seleccionar las personas competentes e idóneas para los cargos de colaboradores judiciales. Esa creo que es la parte más satisfactoria que tengo, luego, por supuesto, de ir en un diálogo con los colaboradores, de ir viendo caso por caso y viendo la solución de los casos.

P ¿Con la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal ha tenido que reforzar el conocimiento en nuevas áreas?

R Si, están habiendo en este momento cambios importantes en la Legislación Penal y Procesal Penal, uno de estos cambios es la entrada en vigencia de la Ley de Intervenciones de las Telecomunicaciones, que le da competencia a los 10 Jueces de Instrucción de San Salvador y a los Especializados en la autorización de este tipo de medidas, previendo estas circunstancias es que inicié un proceso específico de capacitación con el personal y, además, he diseñado también un proyecto de una resolución posible a dictar en los casos que se nos venga a solicitar una intervención telefónica, de manera que estamos sólo a la espera de las primeras peticiones fiscales.

Hay también cambios importantes con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal en enero, en relación con esto ya les he impartido una capacitación y estoy pensando reforzarla con unos cursos sobre actos de investigación que limitan derechos fundamentales, también de salidas alternas de procedimientos especiales del nuevo código, que, creo yo, complementan la labor de capacitación que realizan otras instituciones como la Escuela de Capacitación Judicial u otras instancias.

Un último aspecto relacionado con este punto. Con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil y Mercantil, también se producen cambios importantes en la Legislación Procesal Penal y esto también vale la pena resaltarlo, ya que este nuevo código establece una norma en el artículo 20, que se aplica ese código en todas aquellas situaciones que el Código Procesal Penal no establezca.


Obligatoriamente también hay que hacer remisiones a la hora de solucionar casos con el Código nuevo y expresamente en diversas disposiciones, pues regula situaciones directamente que tienen conexión o interacción con el ámbito procesal penal, es decir, este sería un tercer ámbito de capacitación importante para los empleados judiciales del área penal, y no solo los de éste juzgado, porque en el nuevo Código Civil y Mercantil modifica el proceso penal. Inclusive, las nociones conceptuales que se tenían de algunos temas como la distinción de documentos públicos, auténticos y privados y otras cosas más.

P ¿Ha identificado los nuevos elementos que trae el nuevo Código Procesal Penal para poderlos implementar en el juzgado? R Sí, en la capacitación inicial que les impartí a los empleados estaba enfocada básicamente en una comparación de la legislación vigente con la nueva y ver los puntos de distinción en las diferentes materias, fases del proceso, etcétera, mientras que los otros dos cursos que tengo proyectados impartir ya van de una manera más específica a tratar temas más puntuales como los actos de investigación del tema de la prueba, como viene modificado, los procedimientos especiales, y las salidas alternas que hay ahora.

P En cuanto a los objetos secuestrados, ¿qué procedimiento se ha seguido con ellos? R En estos casos lo primero que hemos hecho es hacer un inventario con parte de lo que tenemos, luego dictar una resolución ordenando la destrucción o devolución o cualquier otra forma de destino de estos objetos y, finalmente, elaboramos un acta donde se deje constancia de esto. Esto era una problemática importante, ya que hay personas que tienen declarada la rebeldía desde hace 10 ó 15 años y los objetos que les secuestraron ahí están, guardados en los archivos o depósitos judiciales. Algunos se han deteriorado por completo, otros ni siquiera tienen la identificación del proceso del que fueron secuestrados y por eso también es necesario tomar un tipo de determinación para que no estén permanentemente ahí.

P Con respecto a las resoluciones de los reos en rebeldía, ¿cuál ha sido el procedimiento? R En los casos del Código Procesal Penal de 1974 es un poco más fácil, ya que en esa legislación se establecía una norma que menciona que ya pasado cierto tiempo por inactividad procesal prescribía el ejercicio de la acción penal y había que sobreseer. En estos casos hemos ido dictando sobreseimientos definitivos, consecuentemente dándoles un destino final a los objetos. Con respecto al Código Procesal Penal de 1998, la situación es diferente porque no hay una norma reguladora de esto y el artículo 38 numeral 1 del Código es el que posibilita que una persona se encuentre rebelde de manera indefinida, es decir, una rebeldía vitalicia. En ese caso no hemos tenido más opción que declarar inaplicable esa norma y sobreseer definitivamente, remitiendo la certificación a la Sala de lo Constitucional, porque el Código vigente no da una solución. Afortunadamente en el nuevo Código Procesal Penal una persona no puede estar en rebeldía indefinidamente, ya la ley le establece un plazo determinado máximo, y pasado ese plazo máximo hay que sobreseer definitivamente.

P En complejidad, ¿cómo valora este juzgado para una persona que viene y asume? R Los casos aquí, en complejidad, los podemos enfocar en cantidad y también en lo que representa por sí mismo, por tratarse de delitos e investigaciones complejas, pues aquí hay casos de bandas, casos delicados, que supone un reto. Estos empiezan con la sola lectura del


expediente y, además, en la calidad de las decisiones que se vayan tomando, eso marca una diferencia en la labor que antes hacía con la que hoy estoy haciendo.

P Usted viene del Juzgado de Paz de Zaragoza, ¿es diferente la dinámica de trabajo? R Si, es diferente por completo. Incluso diría que allá tenía más causas numéricamente hablando que acá, pero eran de menor complejidad, y excepcionalmente habían casos complejos, aquí la mayoría de causas tienen un nivel de complejidad media y algunos casos de complejidad mayor.

P¿Qué aspira Usted como Juez, cuando tenga un crecimiento profesional, mirando atrás el legado que le gustaría dejar? R Yo quisiera que se reconozca que en el Órgano Judicial no sólo existe la faceta negativa que algunas veces se proyecta, sino que también hay modelos de gestión de varios jueces con responsabilidad, capacidad, idoneidad y ética. Quiero que eso se reconozca de mí y de todos mis empleados. Además, quiero continuar tratando lo que cotidianamente llega, quisiera dar un destino final a todos los objetos secuestrados que ya no tienen razón de ser de su existencia o de estar a la orden del juzgado.

También quisiera tratar de reducir los porcentajes de procesos inactivos que constantemente nos crecen en los informes de gestión que damos al Consejo y a la Corte, en los cuales la estadística de procesos inactivos en estas sedes judiciales tienden a crecer, no a disminuir, y tiende a crecer precisamente por estas situaciones que les menciono que se declara la rebeldía de alguien, pero nunca se resuelve hasta que lo detienen o nunca lo detienen, entonces mi reto es llevar al mínimo esa estadística de casos que aparecen como inactivos.

FIN

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