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CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS

REGIONALES PARA LA

RECONCILIACIÓN Y LA PAZ

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Primera Edición 2015Edición ReservadaISBN 978-958-58068-1-8

Comisión de Conciliación NacionalPresidenteMonseñor Luis Augusto CastroArzobispo de Tunja Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia

Secretario GeneralPadre Darío Echeverri González

Equipo SecretaríaStephan MiethkeJorge Mario MedellínFredy MoyanoNancy Gaitán

Comisión de Conciliación NacionalCarrera 58 No 80 – 87Teléfonos: (571) 6305917(571) 6310692E mail: ccncol@cable.net.co

Co-ediciónFundación Horizontes ProfesionalesCarrera 51 No 104B- 22 Oficina 205Tels: 5337481 - 3059847 - 3108581571E mail: direccion@funhorizontes.orgwww. funhorizontes.org

Coordinador del Equipo y autor de la publicaciónCarlos Alberto Garzón Flórez

Diseño metodológicoAbel Matiz

AsesoresCarlos Enrique Rondón AlmeidaAdriana González

Editor y corrector de estiloStephan Miethke

ContenidosSecretaría CCN y comisiones regionales de conciliación

Diseño y diagramaciónNubia E. Suárez L.

FotografíaStephan Miethke

ImpresiónMarksigma E.U.

Colombia vive un momento histórico y único, en el cual los ciu-dadanos están llamados a construir la reconciliación y la paz, en un primer momento acompañando el proceso de nego-ciación y los diálogos para alcanzar los acuerdos con las FARC

– EP, pero especialmente preparando sus corazones y las condiciones para un país diferente con igualdad y justicia social.

Este es por lo tanto una responsabilidad de toda la sociedad y en este sentido, los colombianos deberán deponer el odio en sus corazones y abrir nuevos espacios de reconciliación y paz, aceptando la verdad y exigiendo una justicia transicional que permita la dejación de las armas y la reintegración de los ex combatientes, con reparación de las víctimas del conflicto armado y garantías de no repetición de los crímenes atroces y la violación de los derechos humanos.

En esta vía, es obligación de los gobiernos en todos sus niveles: nacio-nal, departamental, municipal y distrital, que con la participación acti-va de todos los actores políticos, sociales y económicos se construyan nuevas reglas de juego, que se expresen en las políticas públicas, las cuales contemplen planes, programas y proyectos encaminados a la post negociación y al post conflicto, al tiempo que las inversiones ga-ranticen las condiciones de igualdad, reducción de pobreza y de justi-cia social que requieren las regiones colombianas.

Desde la Comisión de Conciliación Nacional y las comisiones regio-nales hacemos un llamado al Gobierno Nacional, al Congreso de la República, a los alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, repre-sentantes de las organizaciones sociales, económicas, ambientales y políticas para que trabajemos por la consolidación de un Acuerdo Nacional que garantice la inversión adecuada de los recursos públicos

ESTAMOS LLAMADOSA CONSTRUIR RECONCILIACIÓNY PAZ

La Comisión de Conciliación Nacional (CCN):

Entidad autónoma e independiente, conformada por repre-sentantes de diversos sectores de la vida nacional y tiene como propósito buscar soluciones políticas al conflicto armado co-lombiano, ser una instancia para acompañar los esfuerzos de paz del país y crear y facilitar vínculos de encuentro entre el gobierno nacional, los movimientos insurgentes y los grupos de autodefensa.

Fundación Horizontes Profesionales: Fundación sin ánimo de lucro, que cuenta con un equipo al-tamente especializado e interdisciplinario de expertos en edu-cación, planeación y desarrollo, dedicada a la investigación, asesoría y consultoría en educación superior y orientación uni-versitaria.

Actualmente, coordina la organización académica, metodoló-gica y administrativa de la Cátedra Internacional “Educación Superior y Mundo Contemporáneo” del Foro Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz, del cual hace parte la Comisión de Conciliación Nacional.

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Colombia se encuentra ante una nueva oportunidad de avan-zar hacia un escenario de reconciliación y de paz por los avances en las negociaciones con los grupos subversivos que luego de cincuenta años de lucha armada han expresado su

voluntad de suspender el conflicto y dejar las armas para incorporar-se a la vida civil.

El reto de concretar el tema de la paz se encuentra en manos de los delegados del Gobierno Nacional y las FARC - EP, que han logrado va-rios puntos de acuerdo en aspectos cruciales como la política de de-sarrollo agrario, la participación política y las drogas ilícitas, esperando que se alcancen consensos en temas esenciales para la paz como la reparación, la justicia, la verdad y las garantías de no repetición que son los principales reclamos de las víctimas del conflicto y la refrenda-ción de todos los acuerdos con la activa participación de la sociedad.

Sin embargo, una paz definitiva y estructural no solamente depende de un acuerdo con los miembros activos de la guerrilla, sino de la solución de los graves problemas que afronta el país por la desigual-dad, la pobreza, la falta de oportunidades, la ausencia de valores, el narcotráfico, la corrupción, la violencia común y la degradación de la familia, entre otros fenómenos que afectan la sociedad colombiana.

Por ese motivo, en un proceso ampliamente participativo por la vincu-lación de diversos y numerosos actores de la vida social, económica, política y académica, así como de múltiples organizaciones públicas y privadas del país, la Comisión de Conciliación Nacional consultó las propuestas ciudadanas sobre las mínimas condiciones que se requie-ren para una paz y reconciliación permanente y estructural en la so-ciedad colombiana.

INTRODUCCIÓN

en las verdaderas necesidades de la población colombiana, pues es uno de los mejores aportes para la paz.

Recordamos que fruto de un ejercicio de un Acuerdo Nacional al-canzado con numerosos actores de la vida colombiana se diseñaron ocho mínimos de reconciliación y paz en el 2011 y que fueron contex-tualizados en el 2013, teniendo en cuenta los avances del proceso de paz, varios de los cuales se vieron reflejados en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 y en algunos planes departamentales, munici-pales y distritales del país 2011 – 2015.

La presente publicación presenta algunas experiencias de incidencia en tres departamentos y un municipio, describiendo los procesos y resultados de los esfuerzos de comisiones regionales de conciliación con organizaciones sociales, académicas y gremiales, al tiempo que plantea pautas y orientaciones de cómo participar activamente en la construcción de la política pública, contextualizando regionalmente los mínimos de reconciliación y paz.

Partiendo de la convicción que todos los aportes de los ciudadanos en construir la paz, sin considerar su tamaño, dimensión o alcance, contribuyen a la construcción colectiva de la paz, hacemos un llama-do a participar en los procesos de formulación de la política públi-ca y esperamos que los mandatarios nacionales o locales abran los espacios para dicha participación, asumiendo el reto de lograr una Colombia reconciliada y en caminos de paz.

Padre Darío Antonio Echeverri GonzálezSecretario GeneralComisión de Conciliación Nacional

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En los procesos de consulta territoriales ju-garon un papel fundamental las Comisiones de Conciliación Regionales (CCR), que con el liderazgo de los señores obispos y el apoyo decidido de las diócesis y arquidiócesis, así como de las pastorales sociales, las cuales contribuyeron en las convocatorias, organiza-ción y realización de los eventos con la partici-pación de representantes de organizaciones sociales, gremiales, productivas, religiosas, de derechos humanos, sindicales, ambientales y educativas, que aportaron numerosas pro-puestas sobre posibles políticas, estrategias, programas e incluso proyectos para avanzar por la senda del progreso, el desarrollo y la prosperidad con justicia social para una paz verdadera.

Como resultado de este proceso se constru-yó colectivamente un ACUERDO NACIONAL, validado en escenarios amplios y abiertos, mediante conversatorios y foros regionales y sectoriales, donde más de 15.000 represen-tantes de por lo menos 35 sectores de la so-ciedad colombiana presentaron sus propues-tas para avanzar en las condiciones de un país incluyente, justo, equitativo y tolerante.

La Comisión de Conciliación Nacional, con un equipo académico, recogió, analizó y sis-tematizó las iniciativas para elaborar un do-cumento denominado: “Propuestas para la Construcción de Políticas Públicas para la Re-conciliación y la Paz en Colombia”, que fueron en su momento entregadas y discutidas con el Gobierno del Presidente Juan Manuel San-tos durante su primer período de Gobierno y logrando que algunos aspectos del Acuerdo Nacional fueran incorporados en el Plan Na-cional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”.

Los siguientes fueron los mínimos que resul-taron del consenso de los diferentes actores en el contexto regional y que participaron en el Acuerdo Nacional, los cuales fueron actua-lizados en el 2013, incluyendo los avances y pendientes en la política pública, los planes, programas y proyectos:

• Política de reconciliación y paz: fundamen-tos para acompañar la negociación y el lo-gro de acuerdos para garantizar el avance en el proceso.

• Equidad en el acceso a los derechos para garantizar una vida digna: aportes para la construcción de una política de igualdad en Colombia.

• Reforma agraria amplia e integral: un acu-erdo sobre la tierra y el territorio para alca-nzar la paz en el campo.

• Educación con calidad y cobertura para to-dos: un derecho fundamental que permite la movilidad social y reducir la desigualdad.

• Democracia real y la transparencia en el uso de los recursos públicos: fortaleciendo la legitimidad de las políticas públicas y el estado.

• Construcción de país desde la diversidad regional: avanzando en el proceso de la de-scentralización para garantizar desarrollo territorial.

• Alternativas productivas sostenibles: pro-puestas para una economia post-conflicto con un modelo de desarrollo humano y sustentable.

• Participación ciudadana en la construcción de los destinos colectivos: avanzando en la legitimidad de las políticas.

Posteriormente, los ocho mínimos de paz y reconciliación fueron presentados y discuti-dos en varios departamentos y municipios del país durante el proceso de elección de alcal-des, gobernadores y corporaciones públicas, con el propósito de convertir el ACUERDO NA-CIONAL en uno de los principales temas de agenda pública de las políticas territoriales.

En este proceso, sin duda alguna, las Comi-siones de Conciliación Regionales lograron una incidencia directa en la formulación de los planes de desarrollo en los departamen-

tos y algunos municipios, a partir de su vincu-lación en la planeación participativa y en otros escenarios de discusión, análisis y propuestas para la construcción de las políticas territoria-les y locales.

Cada comisión desarrolló estrategias diver-sas y creativas para la incidencia en los pla-nes de desarrollo, pues cada contexto polí-tico, económico y social es diferente en los departamentos, municipios y distritos, pero el denominador común se basó en la con-sulta y participación de numerosas organiza-ciones poblacionales y sectoriales, las cuales analizaron y discutieron el documento del Acuerdo Nacional: “Propuestas para la Cons-trucción de Políticas Públicas para la Recon-ciliación y la Paz en Colombia”.

En este sentido, en las regiones se formula-ron y elaboraron propuestas específicas a cada entidad territorial, teniendo en cuenta sus propias necesidades, perspectivas y con-textos, pero acogiendo el espíritu general del Acuerdo Nacional en la búsqueda de la re-conciliación y la paz.

Para la validación de las propuestas, las Co-misiones de Conciliación Regionales convo-caron a numerosas organizaciones de la so-ciedad civil, de la academia, de los sectores productivos e incluso de otras religiones, confesiones de fe e iglesias, con las cuales se organizaron reuniones, foros y audiencias para ajustar los documentos en un ambiente de pleno consenso.

Se presentaron las propuestas a los candi-datos a alcaldes y gobernadores para que el

Acuerdo Nacional hiciera parte de la agenda política regional y posteriormente, elegidos los nuevos mandatarios, se discutieron con los encargados de la formulación de los pla-nes de desarrollo territoriales.

Si bien no se puede asegurar que todas las propuestas fueron incluidas y mucho me-nos ejecutadas, algunas si se vieron expre-sadas en los planes de desarrollo, así como en los programas y proyectos de las admi-nistraciones departamentales, municipales y distritales.

Ahora nuevamente se abren las posibilida-des de explorar alternativas para la cons-trucción de las condiciones de reconcilia-ción y paz en las regiones, cuando se avanza en la definición de los acuerdos de paz y se requiere la formulación de políticas para la post-negociación y el postconflicto, en pri-mer lugar con el Plan Nacional de Desarro-llo y luego con la elaboración y aprobación de los planes departamentales, distritales y municipales.

Por este motivo, la Comisión de Concilia-ción Nacional presenta un esquema meto-dológico que permitirá a las Comisiones de Conciliación Regionales (CCR) así como a las organizaciones sociales, económicas, am-bientales y políticas reflexionar sobre las ne-cesidades de reconciliación y paz, a partir del establecimiento de condiciones en materia de equidad, reducción de pobreza, educa-ción, salud, transparencia en el manejo de los recursos y participación ciudadana, entre otros derechos.

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Aprovechando que la Constitución Política de Colombia de 1991 y el marco jurídico de la planeación expresado en la Ley 152 de 1994 definió que la política pública debe ser construida en forma participativa y que debe vincular a to-

dos los actores sociales,poblacionales, políticos e institucionales na-cionales, regionales y locales en la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo, se propone que las Comisiones de Conciliación Regionales promuevan espacios y es-cenarios de consenso para lograr ACUERDOS de reconciliación y paz en los territorios.

Sin duda alguna, a pesar de los acuerdos que se puedan suscribir en la Habana, la paz y la reconciliación se deben lograr en los territorios y en las regiones, donde se vive y se siente el conflicto en forma evidente y real, además de convertirse en el escenario para la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición que plantea la justicia tran-sicional como mecanismos para que se sanen las heridas de las vícti-mas y los victimarios y actores armados se reintegren en la sociedad.

Por ese motivo, las Comisiones de Conciliación Regionales convoca-rán a todos los actores y utilizando los escenarios institucionales de construcción de política pública, (consejos de planeación, corporacio-nes públicas y espacios de participación ciudadana) para definir los alcances de los acuerdos regionales, basados en los mínimos de re-conciliación y paz, definidos en el Acuerdo Nacional.

Inicialmente, se deberán realizar diagnósticos sociales, económicos y ambientales, definiendo los impactos del conflicto en el territorio, con el fin de establecer líneas base del estado real de la región, así como sus potencialidades y capacidades para el desarrollo, desde una pers-pectiva humana, Integral y equitativa.

ACUERDO DE LOS ACTORES PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS REGIONALES

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Para este proceso es clave un diálogo directo, franco y desprevenido con el Gobierno Nacio-nal y con las gobernaciones y alcaldías, quie-nes son las autoridades encargadas de la for-mulación de la política pública y deben definir las líneas de acción de los planes, programas y proyectos conducentes a la reconciliación y paz en el territorio.En este sentido, los actores de la sociedad civil, convocados por las Comisiones de Con-ciliación Regionales y articuladas con las fun-ciones de los consejos territoriales de planea-ción, deberán formular propuestas reales, factibles y ajustadas a las realidades de la pla-neación y el presupuesto, que sean el fruto de los consensos y se convierta en Acuerdos Re-gionales para la Reconciliación y la Paz. Es ab-solutamente clave que las organizaciones de víctimas e inclusive los ciudadanos afectados por del conflicto y no organizados, participen activamente en estos procesos y sientan que cuenta con la solidaridad de la sociedad para la reconstrucción de sus proyectos de vida.Será útil, por lo tanto, utilizar como insumos los mínimos de reconciliación y paz actualiza-dos en las cartillas y el documento base de la Comisión de Conciliación Nacional, pero rea-lizando un ejercicio de contextualización re-gional, que permitan formular y construir sus propios mínimos en el territorio, definiendo con los actores convocados, cuales son perti-nentes y en qué forma de pueden adecuar a las necesidades de los departamentos, muni-cipios y distritos.Para ser formal el proceso, se suscribirá un Acuerdo por la Reconciliación y la Paz en el departamento, municipio o distritos, con la firma de todos los actores participantes, quie-nes promoverán y se comprometerán con los mínimos consensuados regionalmente.Se debe garantizar la participación permanen-te en todo el proceso, desde cuando se inician las campañas de alcaldes, concejales, goberna-dores y diputados, sensibilizando y vinculando en las agendas políticas los mínimos de recon-ciliación y paz, con un compromiso claro con los candidatos a las corporaciones públicos.

Posteriormente, con la elección de las autori-dades locales, las Comisiones de Conciliación Regionales se vincularán en los procesos de participación ciudadana para la discusión y formulación de los borradores de los planes de desarrollo, promoviendo y respaldando el trabajo de los consejos de planeación territo-riales y de otros escenarios de participación de la sociedad civil. Es clave que los actores en proceso de reintegración puedan también participar, para lo cual la Iglesia podrá cons-truir puentes de diálogo y perdón.

Igualmente, se deberá hacer un seguimiento en la formulación de los planes por parte de las oficinas de planeación y demás entidades de los gobiernos locales para garantizar que los mínimos de reconciliación y paz sean in-corporados en los proyectos de planes de desarrollo, incluyendo la parte estratégica y el Plan de Inversiones.

De igual forma, las comisiones promoverán en las discusiones de las corporaciones pú-blicas, (concejos municipales y distritales, así como en las Asambleas Departamentales), que se tengan en cuenta los Acuerdos Regio-nales en la aprobación de los planes de desa-rrollo territoriales.

Es importante tener en cuenta los tiempos, espacios, fases y períodos establecidos para el proceso de planeación local, pues son muy cortos y requieren que los acuerdos, consen-sos y análisis se realicen con anticipación, in-cluso al de las elecciones en los departamen-tos, municipios y distritos.

Es fundamental para el proceso tener en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo apro-bado, pues dentro de la armonización, los planes, programas y proyectos nacionales se verán reflejados en los planes de desa-rrollo territoriales, especialmente por la asig-nación de los recursos provenientes de las transferencias y regalías, más aún cuando el Gobierno Nacional y organismos internacio-nales aportarán recursos y esfuerzos institu-cionales para la paz y la reconciliación en las regiones.

Precisamente, para evidenciar e identificar el impacto que lo-graron las comisiones regionales, la Comisión de Conciliación Nacional, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, encargó a la Funda-

ción Horizontes Profesionales diseñar y aplicar un Sistema de Segui-miento y Evaluación de la Implementación de la política pública de reconciliación y paz en algunas regiones del país.

Teniendo en cuenta la dinámica de las comisiones regionales y la in-formación disponible, se aplicó este modelo de seguimiento y evalua-ción en los departamentos de Boyacá, Meta, Arauca y en el municipio de Buga, en el Valle del Cauca.

Es importante precisar que cada región del país tiene contextos po-líticos, económicos, sociales y ambientales diferentes, al tiempo que dentro de la autonomía de las entidades territoriales en el marco de la descentralización y el proceso de planeación participativa estable-cida en la Constitución Política y la Ley 152 de 1994, cada municipio, distrito y departamento puede formular sus propios planes de desa-rrollo y construir las políticas públicas de acuerdo con sus necesida-des y requerimientos locales.

Es claro que los efectos del conflicto interno y las problemáticas so-ciales, económicas y políticas se expresan de manera diferenciada en cada departamento, municipio y distrito, como se puede demostrar en las grandes brechas regionales en materia de desarrollo huma-no, crecimiento económico, educación, salud y competitividad, entre otros factores.

Con este sistema de seguimiento y evaluación se pretendía descri-bir cómo se realizó el proceso de planeación participativa; cuál fue el papel de la Comisión de Conciliación Regional en las discusiones previas y en la formulación del Plan de Desarrollo; de qué manera se incorporaron los mínimos de paz en la política pública; así como sus alcances y la posibilidad de ejecución, a partir de programas estraté-gicos, proyectos y el plan de inversiones.

UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LOS MÍNIMOS EN LAS REGIONES

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Para la aplicación del Sistema, con el apoyo de la Comisión de Conciliación Nacional, se hicie-ron visitas a cada una de las regiones, entre-vistando a los actores que participaron en el proceso y a los miembros de las comisiones regionales, quienes presentaron sus perspec-tivas y puntos de vista sobre el proceso parti-cipativo y el grado de incidencia logrado.

Igualmente, se diseñó y aplicó una herramien-ta de verificación sobre la aplicación de las “Propuestas para la construcción de políticas públicas para la reconciliación y la paz en Co-lombia”, que permitió realizar un diagnóstico sobre el nivel de inclusión de las propuestas en los diferentes programas y proyectos pro-puestos y ejecutados por el Ente Territorial de acuerdo al Plan de Desarrollo, como resultado del ejercicio del diálogo entre diferentes acto-res en la región partiendo de las propuestas de reconciliación y paz.

Esta herramienta, utilizando una metodolo-gía estadística sencilla, definió tres niveles de aplicación: 0 - No Aplica; 5 - Aplica Parcialmen-te y 10 - Aplica Completamente. A partir del resultado obtenido, se determinó el nivel de aplicación por cada uno de los denominados “Mínimos para la reconciliación y la paz” que constituyeron el Acuerdo Nacional, verifican-do que las acciones propuestas en cada uno de los programas y sus correspondientes ob-jetivos tuvieran coincidencia con las acciones efectivas o estrategias propuestas en el desa-rrollo de cada uno de los denominados míni-mos para la paz.

Para la implementación de este Sistema de Seguimiento y Evaluación a los planes de de-sarrollo, revisando la ejecución de programas y proyectos, definidos en los planes de acción de las diferentes entidades públicas, se ade-lantaron por lo menos tres fases: una primera de “estado del Arte” o diagnóstico de cómo fueron incorporados los mínimos en la polí-tica pública regional de manera integral, los alcances, orientaciones dentro de las caracte-rísticas propias del Plan y los recursos esta-blecidos en el Plan Plurianual de Inversiones y su viabilidad en el marco de las aprobacio-

nes de los presupuestos departamentales. La segunda se relacionó con la aplicación de la mencionada matriz de seguimiento a la eje-cución de planes, programas y proyectos. Y la tercera, con una evaluación de impacto de los mismos en el corte de un año.

En general, en los cuatro casos, las aplicacio-nes en los departamentos de Boyacá, Meta y Arauca, y en el municipio de Buga, los resul-tados fueron diferentes, debido a la diversi-dad en los contextos políticos, económicos y sociales, aunque se encontró que la mayoría de los mínimos de reconciliación y paz fue-ron incorporados en los planes de desarrollo y en algunos casos programas y proyectos relacionados con los mismos ejecutados por las administraciones departamentales y la municipal.

Este documento se centrará más en descri-bir en forma sintética el proceso participativo realizado por la Comisión de Conciliación Re-gional respectiva, así como en las estrategias utilizadas y desarrolladas en cada departa-mento y en el municipio, aunque presentará los resultados de la herramienta de segui-miento y evaluación en cada uno de los casos, para determinar los niveles de incidencia en la construcción de las políticas públicas.

De esta manera, las Comisiones de Concilia-ción Regionales podrán tener un referente del trabajo realizado en los departamentos de Boyacá, Meta y Arauca, así como en el mu-nicipio de Buga en el Valle del Cauca, teniendo en cuenta que nos encontramos ad portas de la formulación y aprobación de nuevos planes de desarrollo en todas las regiones del país.

Estos son los resultados del esfuerzo y traba-jo de las Comisiones de Conciliación Regio-nales hace cuatro años para incorporar en los planes de desarrollo departamentales y municipales los mínimos de reconciliación y paz, teniendo en cuenta que independiente de los logros relativos, se valora ante todo la promoción de la participación ciudadana y los acuerdos logrados con los diferentes actores en el territorio.

Definitivamente, para incidir en la formulación y aprobación del Plan de Desarrollo Departamental 2012 - 2015, “Boyacá se Atreve”, en el cual se evidencia que varios de los mínimos de paz y reconciliación quedaron reflejados en la política pú-

blica regional, la Comisión, junto con otras organizaciones sociales, gremiales, cívicas y comunitarias realizó varios encuentros y presen-taron las propuestas durante el proceso de planeación participativa en el Departamento.

Para implementar el Sistema de Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo “Boyacá se Atreve”, se identificaron los programas y pro-yectos, que contemplaban los mínimos de reconciliación y paz, así como la descripción del “estado del Arte” o diagnóstico de cómo fue-ron discutidos e incorporados en la política pública regional, los alcan-ces y orientaciones dentro de las características propias del Plan y los recursos establecidos en el Plan Plurianual de Inversiones.

Igualmente, se realizó un diagnóstico del proceso de planeación par-ticipativa en el Departamento de Boyacá, con el fin de identificar el alcance y las posibilidades de ejecución de programas y proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo del Departamento relacionados con los mínimos de paz y reconciliación.

Se evidenció en el escenario de la participación, que las organiza-ciones sociales, económicas, comunitarias y los sectores educativo, cultural y ambiental, religiosa y familiar juegan un papel clave en el proceso de la planeación y en este sentido la Comisión de Concilia-ción Regional se convirtió en un referente de convocatoria de la so-

BOYACÁ, FLUIDEZ EN EL DIÁLOGO CON LOS SECTORES SOCIALES Y LAS AUTORIDADES DE GOBIERNO

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ciedad civil en Boyacá para lograr consensos y acuerdos con los diferentes sectores y grupos poblacionales, especialmente en asuntos de paz y reconciliación, tal y como se expresó en el documento presentado al Gobierno de Bo-yacá durante la formulación del Plan de Desa-rrollo Departamental.

Es importante señalar que la Administración Departamental expresó su voluntad de tra-bajar en articulación con la Comisión de Con-ciliación Regional de Boyacá y desarrollar al-gunos proyectos presentados, especialmente los relacionados con educación, paz y recon-ciliación. En este sentido, los delegados de la Gobernación consideraron que la mayoría de las propuestas de la Comisión fueron inclui-das en el Plan de Desarrollo “Boyacá se Atre-ve” especialmente con algunos de los progra-mas prioritarios de la administración.

Algunos miembros de la Comisión de Conci-liación Regional reconocieron la positiva dis-posición de la Gobernación, aunque conside-raron que no todas las propuestas claves para la reconciliación y la paz fueron incluidas en el Plan de Desarrollo y expresaron su preocupa-ción del impacto real de algunos proyectos de infraestructura, productivos, turísticos, cultu-rales, ambientales y sociales.

Como ejemplo, plantearon inquietudes con los problemas que pueden traer los proyec-tos mineros, particularmente por los impactos negativos en aspectos ambientales y sociales, así como en factores como la tendencia en la tenencia de la tierra por actores no identifi-cados claramente. Otras preocupaciones se evidenciaron en los alcances de programas relacionados con la educación, la salud y los servicios públicos en muchos municipios de Boyacá que todavía afrontan problemas de pobreza, desigualdad, desintegración familiar, conflictos y violencia.

Posteriormente, se elaboró un documento que retomó varios de los mínimos del Acuer-do Nacional, pero contextualizado en el De-partamento y que presentó las siguientes

propuestas para ser incluidas en el Plan de Desarrollo de Boyacá, las cuales fueron socia-lizadas y discutidas con miembros de la Admi-nistración del Departamento:

• El Desarrollo Rural y la economía campesi-na como estrategia de paz en Boyacá.

• Educación con calidad y cobertura para to-dos

• Desarrollo minero - energético y desarrollo sostenible

• Desarrollo desde la diversidad

• Participación ciudadana

Es también importante destacar las propues-tas hechas por la Comisión Regional de crear un observatorio de paz y reconciliación para el Departamento de Boyacá y desarrollar un diplomado de paz y reconciliación para líde-res políticos y comunitarios en la región.

Se concluye que si bien en el Plan de Desa-rrollo Departamental 2012 – 2015 “Boyacá se Atreve” fueron incluidas algunas de las propuestas de la Alianza promovida por la Comisión Regional, estas no quedaron lo su-ficientemente explícitas o con los alcances u orientaciones que esperaban las organizacio-nes sociales y económicas del Departamento. En este sentido, también se evidencia que al-gunos de los programas y proyectos relacio-nados con el cumplimiento de los mínimos de paz y reconciliación no cuentan con los recur-sos suficientes y algunos requieren el diseño de indicadores de seguimiento e impacto que reflejen el alcance de los mismos.

El Plan de Desarrollo de Boyacá, permite identificar la disposición política y la voluntad de la Gobernación de Boyacá en incorporar a la política pública regional los mínimos de conciliación y paz. El Plan Departamental, se desarrolla a partir de cinco ejes estratégicos que determinan la orientación de los distin-tos programas y proyectos que lo componen y de acuerdo a la revisión de los recursos asig-nados, es posible identificar el eje de mayor

asignación de recursos, el eje “Un Boyacense que se atreve a transformar su realidad social para posicionarse ante el mundo” que se que-da con un 82% del presupuesto total, equiva-lente a $2.661.985.603.691,63, este eje agru-pa distintos programas de educación, salud y desarrollo humano.

Es seguido por el eje “Una economía que se atreve a generar valor agregado para poten-cializar su riqueza” que se queda con el 12% del total del presupuesto y se compone de programas de desarrollo agropecuario, cien-cia y tecnología, minería, energía, infraestruc-tura y defensa y seguridad.

Al realizar el análisis por relación con cada mínimo, en el mínimo de “Educación con cali-dad y cobertura para todos” se ubicaron nue-ve programas, llevándose la mayor parte de los recursos asignados por el Plan, estando relacionado con el Programa “Fortalecimien-to de la gestión del sector educativo para ser modelo de eficiencia y transparencia” que tiene como meta la implementación de unos sistemas de gestión para garantizar la conso-lidación de la Secretaría de Educación y sus instituciones.

Aquí se considera necesario incluir dentro de los espacios formativos aspectos relacio-nados con la convivencia y la construcción de la paz.

El segundo programa con mayor peso en asignación de recursos corresponde a “Dis-

minución de brechas en acceso y perma-nencia entre población rural-urbana, pobla-ciones diversas, vulnerables y por regiones” que tiene asignados $335. 699.625.350 para el incremento del acceso y permanencia a la población en edad escolar por fuera del Siste-ma Educativo, y mejorar las condiciones para disminuir las brechas educativas entre zona Rural-Urbana, entre regiones y poblaciones vulnerables y diversas.

Se considera que sería necesario fortalecer la educación con sentido de valores democráti-cos y articular la cobertura con condiciones de calidad y garantizar que los programas académicos de nivel superior garanticen la pertinencia y reconozcan las diferentes po-tencialidades del territorio.

El mínimo “Equidad en el acceso a los dere-chos para garantizar una vida digna” contiene veintitrés programas relacionados, es el míni-mo en donde se ubica el mayor número de programas relacionados y a quien correspon-de el segundo lugar en cuanto a la asignación de recursos con un 28% del total de recurso del Plan.

Los principales programas por asignación de recursos son el programa de “Asegura-miento” que tiene por objetivo lograr y man-tener la cobertura de afiliación al sistema de seguridad social en salud, este progra-ma tiene el 41% de los recursos asignados a este mínimo.

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En el caso del Suroriente colombiano, se creó la Comisión de Conciliación Regional en el Meta que lideró la discusión de los ocho mínimos de paz y reconciliación con organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, con el propósito de

contextualizar las propuestas y lograr consensos y acuerdos para la región de la Orinoquía.

La Comisión determinó diseñar un plan estratégico, siguiendo las orientaciones de la Comisión de Conciliación Nacional y definió las siguientes líneas de trabajo, de acuerdo con los aportes de las organi-zaciones de la sociedad civil del Meta y Villavicencio:

Línea 1: Tierra y conflicto

Línea 2: Reforma a la Justicia y Derechos Humanos

Línea 3: Desplazamiento y reintegración a la sociedad civil

Línea 4: Prevención del Reclutamiento

Línea 5: Inseguridad ciudadana

Línea 6: Violencia intrafamiliar-fortalecimiento de valores

Línea 7: Educación sexual y reproductiva en jóvenes

La Comisión decide que no realizará actividades que desarrollan otras organizaciones y promueve un Observatorio del Territorio para siste-matizar información que permita analizar con objetividad los proble-mas de la región relacionados con los derechos humanos, la paz y la reconciliación, y construir documentos para aportar en los procesos de incidencia en política pública.

EN EL SUR ORIENTE DEL PAÍS: TIERRAS Y TERRITORIOS, MÁS QUE RIQUEZA MATERIAL

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Adicionalmente, propone la formulación de un proyecto, mediante la metodología de marco lógico, que contempla las siguientes variables: falta de espacios con pluralidad de pensamientos; planes, proyectos y/o políticas públicas municipales y departa-mentales inexistentes o inoperantes; des-articulación institucional en torno a DDHH, DIH y construcción de paz; baja incidencia política desde las organizaciones hacia los actores estatales; ausencia de diálogos en-tre actores armados no estatales e iglesia y organizaciones de la sociedad civil; desco-nocimiento de derechos por parte de vícti-mas del conflicto armado; y desprotección, desconocimiento e irrespeto en derechos humanos y derecho internacional humani-tario.

Uno de los principales eventos organizados por la Comisión es el Foro: “Tierras y Territo-rios, más que riqueza material”, con ocho me-sas de trabajo temáticas: agroindustria: de-sarrollo sostenible y crecimiento económico; economía campesina y desarrollo rural; ex-plotación minero-energética y sostenimiento ambiental; responsabilidad social empresarial como factor para el desarrollo de las comuni-dades y el crecimiento; Ley de víctimas y resti-tución de tierras; hábitat, cultura y territorio; y conflicto armado, derechos humanos y cons-trucción de la paz.

Con los resultados de este evento se publi-có un informe con las “Problemáticas y retos en torno a las tierras y los territorios en la Orinoquia colombiana” en el cual se destaca que esta región “es un territorio de inmensa riqueza que, al mismo tiempo, se encuentra sumida en un vasto conflicto cuyas raíces to-can viejos problemas no resueltos”.

Otro evento importante para el proceso del suroriente colombiano fue la realiza-ción del foro “Pactemos Paz, Construyamos Convivencia” en Villavicencio y que tuvo una amplia participación de organizaciones so-ciales, poblacionales, de derechos humanos y empresariales, las cuales expidieron una

declaración rechazando las violaciones a los derechos humanos en la Orinoquía y la Amazonía.

De las propuestas presentadas por la Comi-sión Regional se plantearon los siguientes cuatro grandes desafíos: Planeación y con-cepción del territorio con enfoque diferen-cial y de derechos; economía campesina, desarrollo y crecimiento económico para todos y todas; explotación minero energé-tica con sello humano y orientada al desa-rrollo sostenible y sustentable; y superación del conflicto armado, respeto a los dere-chos humanos y construcción de paz. Como se puede evidenciar, todos los retos se ar-ticularon de forma contextualizada a parte de los mínimos de paz y reconciliación del Acuerdo Nacional.

Un escenario creado para la incidencia en el Plan de Desarrollo del Meta y en los planes municipales con los candidatos a la Goberna-ción y las alcaldías fue “La Alianza para la De-mocracia, el Desarrollo y la Construcción de Paz” en la cual participó activamente la Comi-sión de Conciliación Regional y las organiza-ciones que hacen parte de la misma.

Como resultado de este ejercicio participa-tivo se elaboró y presentó una declaración con solicitudes concretas de las organizacio-nes de víctimas y poblacionales, se plantea-ron una serie de lecciones aprendidas que pueden ser replicadas en otros municipios de la Orinoquía y Amazonía o de otras regio-nes del país y se formularon varias propues-tas concretas para mejorar la situación de derechos humanos y las condiciones de vida de los habitantes de la región.

Es importante reconocer la disposición polí-tica y la voluntad de la Gobernación de incor-porar en el Plan Departamental de Desarrollo “Juntos Construyendo Sueños y Realidades”, los mínimos de reconciliación y paz propues-tos por la Comisión de Conciliación Nacional a partir del Acuerdo Nacional y generar las condiciones de una paz permanente y es-

tructural, así como su apertura y articulación con la Comisión Regional de Villavicencio.

Sin embargo, es clave hacer seguimiento a los programas y proyectos, así como la eje-cución presupuestal de los mismos para de-terminar su alcance e impacto en los míni-mos de paz y reconciliación en la Orinoquía colombiana.

El trabajo constante, efectivo y organizado de la Comisión de Conciliación Regional del Meta, se reconoce por los esfuerzos en bus-car la paz y la reconciliación en toda la re-gión y tratar de articular y contextualizar el Acuerdo Nacional en las políticas públicas de la región de la Orinoquía.

También fue evidente su capacidad de con-vocatoria y la representatividad de la misma con diversas organizaciones sociales, econó-micas, religiosas y académicas, que le permi-tió lograr acuerdos y alianzas con los secto-res públicos, privados y de la sociedad civil en el Meta.

El Plan Departamental, presenta un ejercicio importante de participación, dado que su for-mulación es resultado de un proceso partici-pativo que involucró grupos étnicos, diferen-tes organizaciones sociales e institucionales de nivel territorial, nacional y acompañamien-to de organizaciones internacionales.

El enfoque del plan privilegia el ser humano y se orienta en la perspectiva de derechos, reconociendo a los poseedores de esos de-rechos como sujetos de derechos y no como objetos de la atención estatal. Se reconoce también el impacto que tiene sobre lo local las dinámicas del mercado internacional y el bienestar del campesino y la producción de alimentos. Más allá de la riqueza natural principalmente relacionada con la extracción petrolera, se plantea la necesidad de que

esta riqueza se vea reflejada en los índices de pobreza de la mayoría de los habitantes del Departamento.

En la estructura del Plan se definieron seis criterios básicos para la inversión y distribu-ción de los recursos: equidad regional, equi-dad generacional, equidad de género, equi-dad sectorial, equidad distributiva y equidad étnica.

El eje que mayor asignación de recursos tie-ne es el eje “un Gobierno Social para el De-sarrollo Humano” que se queda con un 44% del presupuesto total, este eje agrupa distin-tos programas de educación, salud y desa-rrollo humano.

Es seguido por el eje “crecimiento económi-co para el desarrollo humano” que se que-da con el 37% del total del presupuesto y se compone de programas de desarrollo en ciencia y tecnología, emprendimiento pro-ductividad y competitividad del campo.

Son valiosas las acciones que buscan permi-tir a las victimas contar con acciones efecti-vas de protección, sin embargo la reparación de las mismas puede avanzar en acciones efectivas que le permitan a la población vícti-ma del conflicto incorporarse nuevamente a la actividad productiva y recuperar valores y garantías como el trabajo y acceso a la tierra.

Si bien se encuentran planteadas acciones y un subprograma que promueve la adecua-ción de las tierras para la productividad, no se encuentran acciones relacionadas al ac-ceso del campesino a tierras a pesar de ser una de las zonas con mayor demanda ante el Estado por restitución de tierras.

No se identifican acciones específicas que vinculen a los currículos contenidos sobre la paz y la reconciliación y la perspectiva de género.

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Uno de los principales ejes de trabajo de la Comisión ha sido la política negociada del conflicto interno, la toma de cons-ciencia por el respeto de los Derechos Humanos, la impor-tancia de aplicar el Derecho Internacional Humanitario, así

como la necesidad de diseñar una Política Nacional y permanente de paz de Estado.

En el caso de Arauca, Pastoral Social ha estado trabajando conjun-tamente con la Comisión de Conciliación Regional y como resultado de este proceso hicieron acercamientos con la Gobernación y con la Asamblea Departamental, para acceder a las propuestas de gobierno y participar en la formulación del Plan de Desarrollo, y de esta manera tratar de incluir parte de los mínimos de paz y reconciliación, que se consideran claves para abordar y solucionar las problemáticas socia-les y de violencia que afronta la región, reconocida como una de las mayores afectadas por los grupos y actores vinculados al conflicto interno en Colombia.

Dentro de las problemáticas de Arauca, que ha sufrido en los últimos años la intensidad del conflicto interno por la activa presencia de los actores armados, la Comisión identifica a esta región como “rica en biodiversidad, pluricultural, laboriosa, esperanzada y abierta a la soli-daridad, aunque débil en su identidad y en la vivencia de la espiritua-lidad de comunión; víctima de la violencia que persiste…”

Por ese motivo, la Comisión de Conciliación Regional en Arauca deci-dió apostarle a la No Agresión entre los grupos armados al margen de la ley, respeto a la población civil, respeto los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y salida Política negociada al con-flicto. En su ejercicio pastoral ha sido facilitadora en la liberación de secuestrados, el regreso de desplazados a sus lugares de origen y en la resolución pacífica de los conflictos.

VINCULANDO TODOS LOS ACTORES DE ARAUCA EN LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN

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Para la Comisión Regional, la Visión de Arau-ca, través de la historia social y eclesial y de la Iglesia en particular, es que se han dado en esta región los fenómenos derivados del con-flicto, la confrontación armada, la violencia, el secuestro, los homicidios, la violación de los Derechos Humanos y del Derecho Interna-cional Humanitario, pero a la vez ha surgido la necesidad de la resolución pacífica de los conflictos, el trabajo por la vida, la dignidad humana, el desarrollo, el perdón, la reconci-liación y la paz.

Como objetivos, la Comisión Regional le apos-tó a los siguientes:

• Abogar por una solución política negociada al conflicto armado en la región e instar a la aproximación entre el Gobierno y los gru-pos armados ilegales, así como a la concilia-ción entre sectores y grupos radicalizados.

• Promover el respeto y acatamiento de los Derechos Humanos y del derecho Inter-nacional Humanitario, así como de los de-beres y las responsabilidades Humanas de los habitantes de Arauca, como parte de proceso de impulso y construcción de Ac-uerdo Humanitarios a favor de la población civil y de los no combatientes.

• Proponer las bases y orientación de una política Nacional Permanente de Paz, que congregue la voluntad de todos los secto-res de la región de Arauca y del país y que transciende los gobiernos y las circunstan-cias temporales.

• Impulsar la participación activa de la socie-dad civil organizada en la Iglesia Particular de Arauca en la exigencia y el seguimiento de los compromisos obtenidos en la nego-ciación política de paz.

• Propiciar entre los habitantes de la Dióce-sis de Arauca la conciencia de que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cum-plimiento, que se alcanza mediante la pro-moción de una cultura de paz que contem-ple elementos como la verdad, la justicia, la

reparación, el perdón, la reconciliación y la justicias social.

• Promover la solidaridad y la cooperación nacional e internacional para la solu-ción política negociada del conflicto y la sostenibilidad en el pos conflicto mediante el respeto a iniciativas de desarrollo socio económico y de contención de la violencia en el ámbito social y regional.

• Apoyar la solución del conflicto y la con-strucción de paz en su región.

• Aportar a reflexión para el mejoramiento de su calidad de vida y en la superación de las condiciones de pobreza, desigualdad y exclusión con el concurso de actores regio-nales.

• Acompañar, a través de una presencia sol-idaria, a comunidades en situación de ries-go o amenaza.

• Promover la condición de ambiente para el Perdón, la Reconciliación y la Paz.

Por lo tanto, al hacer un análisis del Plan De-partamental de Desarrollo “Es Hora de Resul-tados” se identificaron varios de los mínimos de reconciliación y paz, parte del Acuerdo Na-cional, incorporados en algunos programas y proyectos de inversión, especialmente en el campo social derivado de la educación, la salud, la igualdad, la prosperidad, la compe-titividad, el crecimiento económico, las condi-ciones de paz y seguridad, así como la soste-nibilidad ambiental.

Sin embargo, el reto es articular las propues-tas derivadas del ejercicio participativo con todos los actores de la región de la Comisión Regional con la formulación, ejecución y eva-luación del Plan Departamental de Desarrollo, para garantizar que efectivamente los planes, programas y proyectos le apuesten a la paz y reconciliación en Arauca.

El Plan Departamental, se desarrolla a partir de seis Objetivos Estratégicos que conforman la Estructura Estratégica del Plan de Desarro-llo 2012-2015 y que incorporan sus postula-

dos fundamentales. Mediante la aplicación de la herramienta, es posible evidenciar que el eje en donde se encuentra la mayor asig-nación de recursos, corresponde al “Social Cultural” que agrupa distintos programas de educación, salud y desarrollo humano, aquí el sector educación es el que tiene la mayor cantidad de recursos asignados correspon-diéndole un 36% del total de los recursos programados, seguido por el sector de In-fraestructura para el Desarrollo a quien co-rresponde un 18% e infraestructura vial con un 13%.

Un análisis por relación de los programas con cada mínimo, deja ver que en “Alternativas productivas sostenibles” se encuentran inclui-dos trece programas del Plan Departamental y el presupuesto es jalonado por la inversión en infraestructura que se queda con el 44% del total del presupuesto. En este mínimo también se hace una inversión importante en ciencia, tecnología e investigación, y el de-sarrollo de la agro-industria y los encadena-mientos productivos; también se encuentra una partida para la promoción del emprendi-miento.

El mínimo “Equidad en el acceso a los dere-chos para garantizar una vida digna” contiene treinta programas relacionados, es el mínimo en donde se ubica el mayor número de pro-gramas relacionados y a quien corresponde el segundo lugar en cuanto a la asignación de recursos, los principales programas por asignación de recursos tienen que ver con la prestación de servicios de salud.

En el marco del mínimo de “Reforma agraria amplia e integral” no se encuentran realmen-te programas relacionados de manera direc-ta que permitan identificar la asignación de recursos o el desarrollo de estrategias que fortalezcan los procesos de aprovechamien-to y tenencia de tierras para la población vul-nerable.

Para el mínimo “Política de Reconciliación y Paz que conduzca a la negociación” se logran identificar programas interesantes que pro-mueven la integración de las comunidades in-dígenas, la protección integral de las víctimas del conflicto y acciones que promueven la cul-tura de paz con justicia y desde una perspec-tiva de derechos.

Finalmente en el mínimo que promueve la “Participación ciudadana en la construcción de los derechos colectivos” se relaciona un programa que busca fortalecer los espacios de participación, involucrando a la comuni-dad en proceso de planeación para la toma de decisiones que afectan el territorio y el de-sarrollo.

El Departamento viene desarrollando accio-nes que buscan articular las acciones que permitan a las victimas contar con acciones efectivas de protección, sin embargo la repa-ración de las mismas puede avanzar en accio-nes efectivas que le permitan a la población víctima del conflicto incorporarse nuevamen-te a la actividad productiva y recuperar valo-res y garantías como el trabajo y acceso a la tierra.

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Uno de los primeros ejercicios de la Comisión de Conciliación Regional de Buga fue convocar a numerosas organizaciones sociales, educativas, económicas y ambientales en la región para promover la discusión y la contextualización de los

ocho mínimos de paz y reconciliación del Acuerdo Nacional

Con una mirada estratégica hizo una alianza con parte de los miem-bros del Consejo Territorial de Planeación de Buga, con quienes orga-nizó un Foro del Acuerdo Nacional, convocando a la institucionalidad y a las organizaciones del centro y norte del Valle del Cauca, con el propósito de incidir en la formulación de las políticas públicas de los planes de desarrollo territoriales de esta región.

Igualmente, la Comisión de Conciliación de Buga asumió el proceso de recolección de la información y la sistematización de las experien-cias, así como la coordinación de la discusión de los ocho mínimos de reconciliación y paz, frente a lo cual se definieron cinco mínimos para el municipio y la región centro – oriente del Valle del Cauca.

Metodológicamente fue clave la organización de mesas temáticas en vivienda, educación, participación, desarrollo rural y convivencia, cuyos resultados se incluyeron en un documento construido con la participación de todas las organizaciones de la sociedad civil y que se presentó a los candidatos a la Alcaldía de Buga para comprometerlos en sus programas de gobierno

Es importante destacar el papel del Consejo Territorial de Planeación del municipio, pues presentó en las recomendaciones al Plan de De-sarrollo los lineamientos para la formulación, ejecución de proyectos, en el marco de una Estrategia Integral en Seguridad y Convivencia

EN BUGA PLENAMENTE ARTICULADOS A LOS ESCENARIOS DE LA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

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Ciudadana que incluía, tanto el sector urba-no como rural, en busca de la consolidación del territorio, en los temas de Cultura de Paz y Reconciliación y en la Prevención de la Vio-lencia, logrando que algunos de los mínimos propuestos en el Acuerdo Nacional quedaran expresados en la política pública de Buga.

Se reconoce que si bien las propuestas no quedaron expresamente reflejadas en el Plan de Desarrollo, es posible identificarlas en los programas y subprogramas que se vienen ejecutando, frente a lo cual la Comisión Re-gional de Conciliación construyó, junto con el Consejo Territorial de Planeación, una matriz de seguimiento para facilitar la revisión del plan y el diálogo con las comunidades.

Las siguientes fueron las propuestas plantea-das por la Comisión Regional de Conciliación con el Consejo Territorial de Planeación:

• Rescatar la identidad, la diversidad, plurali-dad cultural, étnica y religiosa, y el sentido de pertenencia de los ciudadanos colombi-anos que emanan de la Constitución, medi-ante programas educativos regionales.

• Fortalecer la gobernabilidad y su imagen exigiendo que las políticas de Estado prev-alezcan sobre el interés del gobierno y de particulares, aumentando el rigor de las penas a los funcionarios y líderes políticos corruptos, paramilitares y narcotraficantes, sin ninguna exoneración de beneficios.

• Exigir que dentro del programa de gobier-no 2010 - 2014 se asuman como estrate-gias urgentes para la paz:

- Un nuevo enfoque económico nacional distinto al neoliberalismo

- Reforma Agraria Integral con sentido so-cial de justicia redistributiva y con partic-ipación de las bases

- Mayor inversión social.

- Diálogo entre el gobierno y los actores armados, con el acompañamiento de la Comunidad Internacional.

• Implementar una política de respeto, pro-tección y seguridad a la mujer colombiana y a los líderes: comunitarios, sindicales, cam-pesinos, defensores de Derechos Humanos y de oposición para que estos puedan ejer-cer sus funciones.

• Fortalecer la Democracia participativa (di-recta), el control social y político, que ten-ga como centro la dignidad de la persona humana y el respeto por sus Derechos, te-niendo en cuenta toda la población vulner-able: desplazados, desempleados, indíge-nas, afrocolombianos, adulto mayor, niños y adolescentes, discapacitados, recupera-dores, reclusos, indigentes, LGTB, droga-dictos, trabajadoras sexuales, etc.

• Construir Agendas de Paz y de Reconcilia-ción mediante las Juntas de Acción Comu-nal veredales para ser reconocidos como “Territorios de Paz”, y exigir la participación en los planes de desarrollo para la con-strucción de políticas públicas incluyentes, que eliminen la marginalidad, la pobreza y la exclusión.

• Promover una Asamblea Nacional Consti-tuyente que involucre a todos los sectores sociales y a los actores armados.

• Generar y promover empleo sostenible en todos los sectores, reactivar el sector agropecuario con un nuevo modelo de desarrollo endógeno sustentable, con di-versificación de cultivos, asistencia técnica, construcción y mejoramiento de vías y ca-nales de comercialización.

• Propender, a través de la familia y de las In-stituciones Educativas, por una formación integral con oportunidades de acceso en todos los niveles de formación, con cali-dad, principios y valores que promuevan la dignidad de la persona, la unidad de la familia y la cultura de paz desde el diálogo y la tolerancia.

• Incentivar y exigir políticas ambientales sostenibles, que generen cultura de protec-

ción de las cuencas productoras de agua, uso y manejo adecuado de los recursos naturales y cuidado del medio ambiente; el respeto, la protección, defensa y restitución de los territorios indígenas, campesinos y afrocolombianos, a los grupos armados y a las multinacionales.

A partir de la revisión del Plan de Desarrollo del municipio de Guadalajara de Buga “BUGA PARA VIVIR MEJOR” se evidencia un ejercicio importante consistente en visibilizar diferen-tes problemáticas. Se priorizan sectores como acceso y calidad de la educación, acceso a la salud, atención a la población vulnerable que incluye niños, jóvenes, adulto mayor, comu-nidad étnica, población con discapacidad y el desarrollo a partir del fortalecimiento del sec-tor agrícola, turismo y renovación urbana.

En el desarrollo de estas estrategias se pro-mueven acciones que generan la construc-ción de espacios de reconciliación y preparan a la comunidad para un escenario posible en el postconflicto, quedando el reto de enfren-tar la preocupante cifra que evidencia el ho-micidio como la principal causa de muerte en el municipio.

A partir la herramienta de análisis financiero, se puede identificar que de acuerdo a los seis ejes estructurales que definen en el Plan de desarrollo, el eje correspondiente a Justicia Social, es el que tiene la mayor asignación de recursos, dado que considera la inversión para los sectores de Salud y Educación con recursos propios y las transferencias de la Na-ción para aspectos como cobertura y acceso.

En este ejercicio se evidencia que 27 progra-mas se enmarcan en el mínimo “Equidad en

el acceso a los derechos para garantizar una vida digna”, lo que evidencia una orientación hacia lo social del Plan de Desarrollo.

El Municipio viene desarrollando acciones y creando espacios para la construcción de una Política de Reconciliación, articulando las acciones que permitan a las victimas contar con acciones efectivas de protec-ción, se plantean escenarios de dialogo con las víctimas para la generación de acciones efectivas que le permitan a la población víc-tima del conflicto incorporarse nuevamente a la actividad productiva y recuperar valo-res y garantías como el trabajo y acceso a la tierra.

En el Plan de Desarrollo se encuentran dife-rentes acciones que promueven el reconoci-miento de los derechos de la población, se encuentra una clara intensión por visibilizar los derechos de los niños, niñas y adoles-centes, de los adultos mayores, de las comu-nidades étnicas, de la población con algún tipo de discapacidad, de las víctimas de la violencia, de la comunidad diversa e inclu-so se plantea la necesidad de dignificar las personas que se encuentran privadas de su libertad cumpliendo su condena en la cárcel, es decir que se reconoce la dignidad y la di-ferencia humana y se plantean acciones en cada sector para que este propósito permi-ta la construcción de una cultura de respeto por el otro.

Esta acción se refuerza con la inclusión en los currículos académicos de contenidos que for-men a los estudiantes en democracia y parti-cipación, dialogo, paz, reconciliación y consi-derando la perspectiva de género.

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Los Acuerdos Regionales por la Reconciliación y la Paz se consti-tuyen en una estrategia amplia y participativa para que los ac-tores poblacionales, sociales, políticos, económicos, culturales, académicos y las organizaciones de derechos humanos y de

víctimas, así como las personas en proceso de reintegración, logren consensos con las autoridades y gobierno nacionales y territoriales sobre las condiciones que se requieren en el territorio para alcanzar una paz estructural y permanente, en el marco del desarrollo huma-no, integral e incluyente.

Para los acuerdos se necesita de una voluntad política de toda la so-ciedad y por lo tanto la Iglesia Católica de Colombia, a través de la Co-misión de Conciliación Nacional, junto con las comisiones regionales, buscará la mediación e interlocución de los actores en el territorio y aportará escenarios de diálogo y concertación.

Igualmente, el papel de las autoridades locales, especialmente de al-caldes y gobernadores para abrir los espacios de participación e in-cluir en los planes de desarrollo los acuerdos regionales por la recon-ciliación y la paz es clave para crear en los departamentos, municipios y distritos del país un ambiente de armonía y consensos, fundamen-tales en las etapas de post-negociación y postconflicto.

Adicionalmente, los actores que hayan participado en los procesos de consensos para suscribir los Acuerdos Regionales de Reconciliación y Paz deberán realizar un seguimiento a todas las etapas de la planea-ción, desde la formulación, aprobación y sanción de los acuerdos y ordenanzas que definan los planes de desarrollo, con el fin de garan-tizar que estén plasmados en programas y proyectos con los recursos suficientes.

De la misma manera, el seguimiento es clave en la ejecución de los planes de desarrollo, pues desafortunadamente algunos programas y proyectos claves para la reconciliación y paz quedan en el papel y se requiere su materialización para no generar frustraciones y decepcio-nes en la ciudadanía.

A MANERA DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES