CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejero ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 25000-23-27-000-2011-00114-01(19907) Actor: FUNDACIÓN COLEGIO ANGLO COLOMBIANO Demandado: DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE HACIENDA -DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS Impuesto predial - 2008 FALLO Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la

demandante1, contra la sentencia del 6 de septiembre de 2012, proferida por

el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”,

que negó las súplicas de la demanda2.

ANTECEDENTES

1 Fls. 307 a 326 2 Fls. 285 a 305

El 16 de mayo de 2008, la actora presentó, con pago, la declaración del

impuesto predial del año 2008, relacionada con el inmueble identificado con

la matrícula inmobiliaria N 20467136, liquidando un impuesto a cargo de

$16.411.0003.

El Jefe de la Oficina de Fiscalización, de la Subdirección de Impuestos a la

Propiedad, de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, expidió el

Requerimiento Especial N° RE-2010EE41243 del 4 de febrero de 20104, en

el cual señaló que el contribuyente tomó una base gravable no ajustada a la

ley5 y con base en la información reportada por el Catastro, tuvo en cuenta el

“destino 67” y tarifa 33 por mil6, por lo que propuso aumentar el impuesto a

cargo a $82.911.000 e imponer sanción por inexactitud de $106.400.000.

La Representante Legal de la Fundación dio respuesta al requerimiento

especial mediante escrito radicado el 3 de mayo de 2010, alegó nulidad por

falta de motivación, que la tarifa del 33 por mil y el destino 67 corresponde a

“predios urbanizables no urbanizados y urbanizados no edificados” que no

pertenece al uso y condiciones del inmueble a 1° de enero de 2008 (cancha

de fútbol) y que el predio está clasificado como uso dotacional7.

Mediante la Resolución N° DDI-213682 del 12 de noviembre de 2010, el Jefe

de la Oficina de Liquidación, de la Subdirección de Impuestos a la Propiedad,

de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, liquidó el impuesto predial

3 Datos consignados en la demanda y en los actos administrativos demandados. 4 Fls. 25 y 26 5 Artículos 1 y 5 de la Ley 601 de 2000 (parámetro mínimo de base gravable) y/o Acuerdo 105 de 2003, compilado en el artículo 25 del Decreto Distrital 352 de 2002. 6 El declarado fue destino 66 (predios dotacionales), tarifa 6 por mil. 7 Fls. 17 a 24

de la demandante por el periodo 2008 e impuso sanción por inexactitud8.

Confirmó las glosas propuestas en el requerimiento especial y señaló que,

con fundamento en el sistema de información tributaria y catastral, “al

momento de la causación del impuesto”, vigencia 2008, el predio tiene un

área de terreno de 14.097,50 M2 y área construida 0,0 M2, descripción que

lo enmarca dentro de la categoría “Urbanizado no edificado”, al cual le

corresponde una tarifa de 33 por mil, de conformidad con el Acuerdo 105 de

2003. Además explicó que “de acuerdo con las pruebas del expediente y las

memorias de tomas aéreas efectuadas por las entidades encargadas de la

formación catastral para las vigencias 2007 a 2009 en el Distrito, no

conllevan a probar lo anunciado por el contribuyente de que el predio fuera

dispuesto como cancha de fútbol”.

Frente a la liquidación de revisión no se interpuso recurso de

reconsideración.

LA DEMANDA

La Fundación Colegio Anglo Colombiano, en ejercicio de la acción de nulidad

y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código

Contencioso Administrativo, solicitó en la demanda9 que se declare “Que es

nula la Resolución No. DDI-213682 del 12 de noviembre de 2010, a través de la cual

se profiere Liquidación Oficial de Revisión del impuesto predial unificado por el año

2008, del inmueble ubicado en la AK 15 152 A 21 de Bogotá, de propiedad de la

FUNDACIÓN COLEGIO ANGLO COLOMBIANO, por haber sido expedida con

violación a las normas nacionales y distritales a las que hubiere tenido que

8 Citó como fundamento el Acuerdo 105 de 2003, el Decreto 352 de 2002 (art. 15) y el Decreto 807 de 1993 (arts. 64 y 111) 9 Presentada el 15 de abril de 2011 (Fls. 2 a 14)

sujetarse” y que “como consecuencia de la declaración anterior, se declare la

firmeza de la declaración privada presentada por la demandante, correspondiente al

año gravable 2008, por el predio ubicado en la AK 15 152 A 21 de Bogotá, y se

declare la improcedencia de la sanción por inexactitud impuesta en el acto

administrativo objeto de la presente demanda”.

La demandante invocó como normas violadas las siguientes:

- Artículo 4, literal b) de la Ley 44 de 1990.

- Artículo 1, numerales 2 y 6, del Acuerdo 105 de 2003.

- Artículo 101 del Decreto Distrital 807 de 1993.

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

Violación de los artículos 4, literal b) de la Ley 44 de 1990, 1º numerales

2 y 6 del Acuerdo 105 de 2003, “al aplicar a predios destinados a un uso

dotacional, la tarifa establecida para los predios urbanizables no

urbanizados y urbanizados no edificados”.

Expresó que atendiendo las características físicas y jurídicas reales del

predio ubicado en la AK 15 152A 21, procedió a presentar la declaración del

impuesto predial unificado correspondiente al año gravable 2008,

clasificándolo como “predio dotacional de propiedad de particulares”, ya que

para esa fecha y desde antes, el predio correspondía a la cancha de fútbol

del colegio, destinado a servir a las actividades deportivas y educativas

propias de la institución.

Afirmó que la destinación del predio a actividades deportivas, recreativas y

culturales propias de la entidad educativa, designadas por la ley como

dotacionales, descarta la aplicación del destino y la tarifa correspondiente a

los “predios urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados”, que

pretende aplicar la Secretaría de Hacienda.

Hizo referencia al avaluó anexo a la demanda, en el que se hace la

descripción general del inmueble constituido por dos predios, uno de los

cuales “…corresponde a las instalaciones de la cancha de futbol del colegio”, que

en su criterio prueba el destino dotacional del inmueble, descartando el

carácter de “predio no construido”, como lo clasifica la Administración.

Aseguró que la Administración desconoce las condiciones fácticas,

económicas y jurídicas del predio, que se limita a afirmar que no cuenta con

ninguna construcción, por lo que le corresponde una tarifa de “lotes de

engorde”, desconociendo que su destinación como cancha de futbol

corresponde a uso dotacional, con una tarifa diferente a los predios

urbanizados no edificados.

Violación del artículo 101 del Decreto 807 de 1993 por indebida

aplicación, al imponer una sanción por inexactitud improcedente.

Consideró improcedente la sanción por inexactitud, toda vez que, de no

aceptarse el uso dotacional del predio cuya declaración se cuestiona, lo que

existe es diferencia de criterio en cuanto al derecho aplicable.

Precisó que la Fundación denunció en la declaración del impuesto predial

unificado correspondiente al año 2008, hechos y cifras completas y

verdaderas, sin que el Distrito haya demostrado maniobras fraudulentas. Y

que no es de recibo la posición del Distrito en cuanto al desconocimiento de

las normas sobre la tarifa aplicable a los predios urbanizados no edificados,

pues el inmueble es utilizado para actividades deportivas, lo que conlleva su

calificación de “dotacional”, como se consignó en la declaración cuestionada.

OPOSICIÓN

El Distrito Capital de Bogotá se opuso a las pretensiones de la demanda, con

fundamento en lo siguiente10:

Luego de aludir a lo establecido en el numeral 6 del artículo 1 del Acuerdo

105 de 2003, señaló que la norma indica cuáles son los predios dotacionales

y que la tarifa del impuesto para dichos predios de propiedad de particulares

incluidos en el POT si es de 6.5 por mil, pero no es la tarifa para los lotes que

no tengan esta calidad.

Expresó que en el caso, respecto del inmueble ubicado en la AK 15 152A 21,

con base en la información reportada por la Unidad Administrativa Especial

de Catastro Distrital: “Área de terreno m2: 14097.50, Área construida

m2:0, Destino: URBANIZADO NO EDIFICADO, Avalúo: $2.524.811.000”, la

situación del inmueble encuadra en la indicada en los numerales 7 y 8 del

artículo 1 del Acuerdo 105 de 2003.

Explicó que la liquidación oficial se fundamentó, en que la declarante sin

acreditar sus gestiones ante la Unidad Administrativa Especial de Catastro

Distrital, hizo caso omiso a las características físicas del predio y liquidó el

impuesto con una tarifa inferior a la determinada por la Ley.

10 Fls. 157 a 163

Precisó que de acuerdo con la información suministrada por catastro, el

destino del predio es URBANIZADO NO EDIFICADO y que la Administración

“imperativamente” debe atenerse a lo certificado por la Unidad Especial de

Catastro.

Al efecto, indicó que con base en la normatividad aplicable, la administración

tributaria realiza sus procesos de fiscalización y liquidación con fundamento

en la información suministrada por catastro y, que si el contribuyente

considera que existe algún error, es a él a quien le corresponde manifestarlo

ante Catastro, con el respectivo soporte probatorio y desvirtuar lo planteado

por la entidad.

Indicó que verificado el Boletín Catastral del predio, por el año 2008, no

queda duda de que se trata de un lote de terreno de 14.097.50 (m2) y de

área construida 0.00, sin que se haya definido el predio como dotacional,

hecho que permite determinar un destino y tarifa superiores a los

denunciados por el contribuyente.

Concluyó que para el Distrito Capital, no se trata de una interpretación

diferente, sino de una falta de aplicación y desconocimiento de la norma

aplicable, por lo que no es viable suprimir la sanción por inexactitud.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las súplicas de la

demanda, por las siguientes razones11:

11 Fls. 285 a 305

Destacó que el Decreto 352 de 2002 debe estudiarse en armonía con el

artículo 1 de la Ley 601 de 2000, el cual dispone que la base gravable del

impuesto predial unificado es el auto avalúo que establezca el contribuyente,

que en ningún caso puede ser menor al “avalúo catastral vigente” en el

momento de causación del impuesto. Y que de conformidad con lo

establecido en el artículo 4 de la citada ley, el interesado tiene la posibilidad

de solicitar la “revisión del avalúo” de formación, actualización o

conservación, de acuerdo con los procedimientos que regulan la materia.

Con apoyo en lo previsto en los artículos 112 (categorías tarifarias del

impuesto predial unificado) y 2 (tarifas) del Acuerdo 105 de 2003 del Concejo

de Bogotá, así como en el oficio N° 2012EE20830 de 25 de abril de 2012,

que contiene la certificación de la inscripción en el Sistema Integrado de

Información Catastral (SIIC), para la vigencia de 2008, en el cual se lee que

el predio con nomenclatura AK 15 152A 21, identificado con matrícula

inmobiliaria 050N20467136, registra área de terreno 14.097.50 M2, área

construida 0.00 M2 y destino económico 61 urbanizado no edificado (folio

206), lo cual se corrobora con el Histórico de datos de Catastro, expedido el

24 de abril de 2012, en el que se señala destino económico 61, urbanizado

no edificado, de propiedad particular (folio 209), el tribunal indicó que es claro

que en la Oficina de Catastro Distrital se registra la información del predio

“Urbanizado no Edificado”, cuya tarifa es de 33 por mil, según el artículo 2 del

Acuerdo 105 de 2003, cifra que fue atendida por el Distrito, conforme con la

normativa rectora.

Respecto del concepto aportado por la actora, en el cual se justiprecia el

valor comercial de los predios de la Fundación Colegio Anglo Colombiano y

12 Numerales 6 (predios dotacionales), 7 (predios urbanizables no urbanizados) y 8 (predios urbanizados no edificados).

se señala que en el bien inmueble se encuentran las instalaciones de la

cancha de fútbol, expresó que no hay prueba de que el mismo haya sido

puesto en conocimiento de la Oficina de Catastro y que es deber del

contribuyente acudir a los mecanismos legales previstos para actualizar la

clasificación de su predio. Y que si la actora no estaba de acuerdo con la

información que registra la Autoridad Catastral, debió solicitar la revisión del

avalúo, en los términos del artículo 4 de la Ley 601 de 2000.

Concluyó que como la actora, respecto de año 2008, tomó para el inmueble

la categoría de “predios dotacionales”, incurrió en inexactitud, ya que su

deber era atender la normatividad rectora y consultar el boletín catastral.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de

primera instancia y lo sustentó, en síntesis, en lo siguiente:

La providencia objeto del recurso equivocó el régimen jurídico del caso

concreto, pues a juicio de la actora, se ocupó de reglas jurídicas extrañas a la

litis, ya que lo discutido no era la sujeción, causación, exclusiones, vigencia,

ni periodo gravable (anotó que las partes coinciden en que se trata del

impuesto predial del 2008, causado el 1 de enero de ese año), sino que se

centra en la “indebida aplicación de la tarifa punitiva” propia de los lotes

improductivos (lotes de engorde), a un lote que es dotacional educativo, por

tratarse de la cancha de fútbol de una institución educativa.

Al respecto, adujo ser equivocada la apreciación de la sentencia -de excusar

la negativa a la reclasificación de la tarifa- en no haberse agotado en forma

previa la revisión del avalúo, cuando la tarifa aplicable no forma parte de los

aspectos físicos, jurídicos, fiscales ni económicos del avalúo, menos aún

cuando el interesado no tiene reparo sobre el valor del predio, por lo que no

tiene la carga procesal de iniciar el trámite de revisión, que es inútil para el

propósito de la actora, que se concreta en la aplicación de la tarifa del

impuesto predial unificado.

Con base en lo anterior, insistió en que las normas fundamento del fallo

apelado no resuelven la contienda, pues son las relativas a la base gravable

(autoavalúo, que debe corresponder como mínimo al avalúo catastral del

momento de causación del impuesto), cuando lo discutido es la tarifa

correcta para el impuesto predial, teniendo en cuenta el destino.

Advirtió que la sentencia omitió referencia al certificado de fecha 4 de octubre

de 2010 (folio 225), denominado sistema de orientación tributario, que

registra como destino 66, ni menciona el valor probatorio de la “prueba

técnica directa”13, aportada en vía gubernativa como en la contenciosa, en la

cual consta que en el inmueble “se encuentran las instalaciones de la cancha

de fútbol”, cuyo uso dotacional para actividades deportivas y recreativas,

también consta en la escritura pública de donación del predio al colegio por

Asociación de Padres14, establecimiento educativo que se comprometió a

mantener el uso institucional.

Concluyó por este aspecto que el predio se encontraba destinado a usos

dotacionales, para los cuales las normas establecen la tarifa especial del 6.5

por mil, que fue declarada correctamente por el colegio, sin que sea posible

desconocer la realidad fáctica y económica sobre la destinación del predio,

13 Concepto emitido por una firma avaluadora (folios 27 a 51) 14 E.P. N° 3237 del 26 de mayo de 2006, de la Notaria 6 de Bogotá.

basada en la falta de impugnación catastral, cuando el objeto de la litis es la

aplicación de la tarifa, antes que el avalúo, con base en las pruebas del uso

del predio para una entidad educativa.

Enfatizó en la violación del artículo 101 del Decreto 807 de 1993 ante la

improcedencia de la sanción por inexactitud, por la evidente existencia de

diferencia de criterio en cuanto al derecho aplicable a los predios

dotacionales educativos, máxime que la actora no incurrió en las acciones u

omisiones dolosas señaladas en dicha norma, sino que actuó de buena fe y

sin ánimo defraudatorio.

ALEGATOS DE CONCUSIÓN

La parte actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y el

recurso de apelación15.

La entidad demandada no se pronunció.

El Ministerio Público solicitó la confirmación de la sentencia apelada.

Al respecto, luego de destacar la importancia de la información catastral

en materia de la determinación del impuesto predial (con fundamento en

el artículo 4 de la Ley 601 de 2000 y jurisprudencia del Consejo de

Estado), indicó que en el caso está demostrado que el Catastro le fijó al

inmueble con nomenclatura AK 15 152A 21, en el avalúo y la información

catastral, el destino 61 “predios urbanizables no urbanizados y

urbanizados no edificados”, al cual le corresponde la tarifa de 33 por mil,

para la vigencia fiscal 2008.

15 Fls. 365 a 375

Expresó que como soporte de la información señalada por el Catastro,

aparece a folios 206 a 209 del expediente, el oficio N° 2012EE20830 de

25 de abril de 2012, en el cual se certifica que en el Sistema Integrado de

Información Catastral el predio en cuestión tiene como destino económico

“urbanizado no edificado”, que coincide con la información contenida en el

UAECD Histórico de datos Básicos del Predio, y que no hay prueba de

que los actos administrativos de formación, actualización o conservación,

hubieran sido recurridos o controvertidos por la fundación actora, ni que

hubiese adelantado actuación con la finalidad de desvirtuar el contenido

del acto que estableció los avalúos catastrales.

Manifestó que aunque la recurrente cuestiona la tarifa, no puede dejarse

de lado que su determinación provino de la información catastral, la cual

no fue cuestionada.

Y consideró procedente la sanción por inexactitud, al haberse liquidado el

impuesto con una tarifa diferente de la que corresponde a los predios

urbanizados no edificados, sin que por ello se presente diferencia de

criterios sobre el derecho aplicable.

Estando el proceso de la referencia al despacho para dictar sentencia, la

apoderada de la parte demandante allegó el 12 de febrero de 2014 una

certificación catastral expedida el 10 de febrero de 2014 por la Unidad

Administrativa Distrital de Catastro de Bogotá, del predio de matrícula

inmobiliaria N 050N20467136 y nomenclatura AK 15 152A 21, de

propiedad de la FUNDACIÓN COLEGIO ANGLOCOLOMBIANO, que

contiene la información física y económica del inmueble, relaciona el

avalúo catastral de los años 2006 a 2014 y señala como “Destino

Catastral: 06 DOTACIONAL PRIVADO”16.

Teniendo en cuenta que en el expediente obra certificación de la misma

entidad, expedida el 24 de abril de 2012, en la que establece como

“DESTINO ECONÓMICO” del mismo predio y para la vigencia 2008, la

categoría “61 URBANIZADO NO EDIFICADO”17, la Sala, con fundamento

en el artículo 169 del CCA, ordenó “oficiar al Director de la Unidad

Administrativa Especial de Catastro de Bogotá, para que certificara el

destino económico o catastral del predio de matrícula inmobiliaria N

050N20467136, nomenclatura AK 15 152A 21 y CHIP AAA0190YCBR, de

propiedad de la FUNDACIÓN COLEGIO ANGLOCOLOMBIANO para la

vigencia 2008”18.

En cumplimiento de lo ordenado en el citado auto, la Subgerente de

Información Física y Jurídica de la Unidad Administrativa Especial de

Catastro Distrital, certificó19 que el predio inscrito a nombre de: Fundación

Colegio Anglo Colombiano, identificado con nomenclatura oficial AK 15

152A 21, folio de matrícula 050N20467136, para la vigencia 2008, registra

como destino “61 – URBANIZADO NO EDIFICADO”.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Procede la Sala a decidir sobre la legalidad de la actuación demandada, por

la cual la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá modificó la declaración

16 Fls. 382, 383 y 384. 17 Fl. 207. 18 Auto de 11 de mayo de 2017 (Folios 424 y 425) 19 Respuesta y certificación (Folios 430 y 431)

privada del impuesto predial del año 2008, del inmueble de propiedad de la

Fundación Colegio Anglo Colombiano, identificado con matrícula inmobiliaria

N 050N20467136 y nomenclatura AK 15 152A 21.

De conformidad con los términos del recurso de apelación, concretamente

corresponde a la Sala establecer (i) si a 1º de enero de 2008 el predio objeto

de la litis clasificaba como “dotacional de propiedad de particulares”, con

tarifa del 6.5 por mil, como lo afirma la actora, o como “urbanizado no

edificado”, destino 61, con tarifa del 33 por mil, como lo señala el Distrito

Capital y (ii) la procedencia de la sanción por inexactitud.

En el Distrito Capital el Impuesto Predial Unificado está regulado por el

Decreto 352 de 2002, en el cual se compilaron las normas tributarias

sustanciales que rigen dentro su ámbito territorial. Su origen legal y los

elementos estructurales del tributo están contenidos en la Ley 44 de 1990 y

en el Decreto Ley 1421 de 1993.

Es un gravamen real que recae sobre los bienes raíces ubicados en el

Distrito Capital de Bogotá, se genera por la existencia de un predio ubicado

dentro de su jurisdicción20 y se causa el 1° de enero del respectivo año

gravable21.

La base gravable del impuesto predial unificado está constituida por el valor

que mediante autoavalúo establezca el contribuyente y debe corresponder,

como mínimo, al avalúo catastral vigente al momento de la causación del

impuesto22. Sin embargo, los contribuyentes están facultados para

determinar una base imponible en cuantía superior a ese valor23, o pueden

solicitar a las autoridades catastrales que revisen el avalúo catastral que

20 Artículo 14 del Decreto 352 de 2002. 21 Artículo 15 del Decreto 352 de 2002. 22 Artículos 1 de la Ley 601 de 2000 y 20 del Decreto 352 de 2002. 23 Artículo 20 del Decreto 352 de 2002.

consta en las bases de datos de esas autoridades, según los procedimientos

que regulan la materia24.

En cuanto a categorías tarifarias y tarifas, el marco normativo para el año

2008, se concentró en los artículos 1° y 2° del Acuerdo 105 de 2003 y en el

artículo 25 de Decreto 352 de 2002, teniendo en cuenta que las tarifas se

aplican en función del uso de los inmuebles sobre los que recae el impuesto.

Para tales efectos, los inmuebles han sido clasificados por las normas

tributarias distritales como rurales y urbanos, y, entre estos últimos:

residenciales, industriales, comerciales, del sector financiero, dotacionales,

depósitos y parqueaderos, urbanizables no urbanizados y urbanizados no

edificados.

Ahora bien, para establecer la base gravable del impuesto predial, es

esencial contar con el avalúo catastral y la información catastral en general,

del respectivo inmueble.

Al respecto, la jurisprudencia de la Sala ha reiterado que “el catastro tiene

una incidencia fundamental para la determinación del impuesto predial en

tanto que permite contar con una información actualizada y clasificada de

los inmuebles, a partir de la cual, los distritos y municipios pueden obtener

los datos que permiten fijar el tributo”25.

La Ley 14 de 1983 y el Decreto 3496 de 1983 constituyen la regulación más

relevante en materia catastral. De dicha normativa se desprende que las

autoridades catastrales tienen a su cargo las labores de formación,

conservación26 y actualización27 de los catastros, tendientes a la correcta

24 Artículos 4 de la ley 601 de 2000 y 30 del Decreto 3496 de 1983.

25 Sentencia de 27 de agosto de 2009, Radicación: 2005-00707-01, N° interno 16327, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, actor: Pedro Gómez y Cía. S.A. 26 Artículo 12 de Decreto 3496 de 1983. Conservación catastral. La conservación catastral consiste en el conjunto de operaciones destinadas a mantener al día los documentos catastrales de conformidad con los cambios que experimente la propiedad raíz en sus aspectos físico, jurídico, fiscal y económico.

identificación física, jurídica, fiscal y económica de los inmuebles28.

Conforme al Decreto 3496 de 1983, el avalúo catastral consiste en la

determinación del valor de los predios, obtenido mediante investigaciones y

análisis estadísticos del mercado inmobiliario29 y hace parte del catastro, esto

es, del inventario o censo, debidamente actualizado y clasificado, de los

bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con el objeto

de lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica30.

El mencionado decreto también prevé que se podrá obtener la revisión del

avalúo en la oficina de catastro correspondiente, cuando se demuestre que el

valor no se ajusta a las características y condiciones del predio, referentes a

los límites, tamaño, uso, clase y número de construcciones, ubicación, vías

de acceso, clases de terreno y naturaleza de la producción, condiciones

locales del mercado inmobiliario y demás informaciones pertinentes31.

Sobre la materia, la Sección ha expresado que el avalúo se establece con los

procesos de formación y actualización, para lo cual se tienen en cuenta

elementos como la ubicación, naturaleza, precio del suelo, servicios públicos,

estrato socioeconómico, vías de comunicación, entre otras variables. Lo

La conservación se inicia al día siguiente en el cual se inscribe la formación o la actualización de la formación en el catastro, y se formaliza con la resolución que ordena la inscripción en los documentos catastrales de los cambios que se hayan presentado en la propiedad raíz. 27 Artículo 13 del Decreto 3496 de 1983. Actualización de la formación catastral. La actualización de la formación catastral consiste en el conjunto de operaciones destinadas a renovar los datos de la formación catastral, revisando los elementos físico y jurídico del catastro y eliminando en el elemento económico las disparidades originadas por cambios físicos, variaciones de uso o de productividad, obras públicas, o condiciones locales del mercado inmobiliario. La actualización de la formación catastral se debe realizar dentro de un período máximo de cinco (5) años, a partir de la fecha en la cual se termina la formación de un catastro, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 14 de 1983 y el artículo 11 del presente Decreto. La información obtenida y los cambios encontrados se anotarán en los documentos catastrales pertinentes. El proceso de actualización termina con la resolución por medio de la cual las autoridades catastrales, a partir de la fecha de dicha providencia, ordenan la renovación de la inscripción en el catastro de los predios que han sido actualizados y establecen que el proceso de conservación se inicia el día siguiente a partir del cual, el propietario o poseedor podrá solicitar la revisión del avalúo de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 14 de 1983. 28 Artículo 3º de la Ley 14 de 1983 y 1º de Decreto 3496 de 1983. 29 Artículo 7 del Decreto 3496 de 1983. 30 Artículo 2 del Decreto 3496 de 1983. 31 Artículo 30 del Decreto 3496 de 1983.

anterior apareja que “el avalúo está condicionado por variables externas y,

por tanto, puede cambiar de un año a otro ya que la movilidad y cambios de

uso de las urbes son notorios”32.

Dentro del anterior contexto, se destaca que como el impuesto predial es

anual y se causa el 1° de enero del respectivo año gravable, se deben tener

en cuenta las características jurídicas, físicas y económicas de los predios en

ese momento, a fin de identificar los elementos del tributo, de tal manera que,

como lo ha precisado la Sala, “para determinar las circunstancias particulares

de cada uno de los predios sujetos al gravamen al momento de su

causación, es imperativo acudir al catastro, pues tanto la destinación,

que determina la tarifa, como el avalúo, con el que se establece la base

gravable, aparecen en el registro catastral”33.

En el mismo sentido, la Sala ha señalado que, cuando se presenten

mutaciones catastrales, pueden ser acreditadas ante el fisco dentro del

proceso de determinación del impuesto predial, pero en estos eventos, la

carga probatoria le corresponde a quien esté interesado en demostrar que la

información catastral no está actualizada o es incorrecta34.

Precisado el marco normativo y jurisprudencial, se observa que, en el caso

concreto, la actuación de la Dirección Distrital de impuestos se fundamentó

en la respectiva información catastral del inmueble de propiedad de la actora,

a 1° de enero de 2008 (momento de causación del tributo), la cual daba

cuenta del predio con matrícula inmobiliaria N 050N20467136, nomenclatura

AK 15 152A 21, con un área de terreno de 14.097,50 M2 y área construida

0,0 M2, categoría “Urbanizado no edificado”, por lo cual la correspondiente

32 Sentencia de 29 de marzo de 2007, Radicación: 2001-01676-01, Número interno: 14738. M.P. Ligia López Díaz, actor: Fiduciaria Central S.A. 33 Sentencia de 3 de octubre de 2007, Radicación: 2003-01156-01. Número interno: 16096, M.P. Juan Angel Palacio Hincapié, reiterada en la sentencia de 24 de mayo de 2012, Radicación: 2008-00045-01, N° interno 17715, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. 34 Op. Cit. Sentencia del 3 de octubre de 2007.

tarifa es de 33 por mil, de conformidad con el Acuerdo 105 de 200335.

En efecto, en el expediente consta la referida información, así: oficio N°

2012EE20830 de 25 de abril de 2012, que contiene la certificación de la

inscripción en el Sistema Integrado de Información Catastral (SIIC), para la

vigencia de 2008, en el cual se lee que el predio con nomenclatura AK 15

152A 21, identificado con matrícula inmobiliaria 050N20467136, registra área

de terreno 14.097.50 M2, área construida 0.00 M2 y destino económico 61

urbanizado no edificado, lo cual se corrobora con el Histórico de datos de

Catastro, expedido el 24 de abril de 2012, en el que se señala destino

económico 61, urbanizado no edificado, de propiedad particular36.

Con base en lo anterior, se advierte que la entidad demandada actuó

conforme a la normatividad aplicable, al modificar la declaración privada del

impuesto predial del año 2008, en el sentido de aplicar la tarifa del 33 por mil

al predio de propiedad de la fundación actora, con fundamento en la

información catastral, que daba cuenta de su clasificación como “urbanizado

no edificado”, para dicha vigencia fiscal.

Frente a lo aducido por la actora y apelante, quien se concentra en contraer

la controversia a la “tarifa” del tributo, se reitera que, con base en la

normatividad aplicable y lo precisado en torno al tema por la jurisprudencia,

tal elemento se determina a partir de la información catastral en el momento

de causación del impuesto predial unificado (para el caso, 1° de enero de

2008), esto es, no se trata de un aspecto aislado o independiente, sino que

por el contrario, para la determinación de la tarifa “es imperativo acudir al

catastro, pues tanto la destinación, que determina la tarifa, como el

avalúo, con el que se establece la base gravable, aparecen en el registro

catastral”.

En este punto se resalta que, así como lo advirtieron el Tribunal y el

35 Artículos 1 y 2. 36 Folios 206 a 208.

Ministerio Público, no hay prueba en el expediente de que la actora hubiera

controvertido la información catastral que, se insiste, no solo contiene el

avalúo del inmueble, sino un conjunto de datos sobre los aspectos físicos,

jurídicos y económicos del mismo, los cuales son susceptibles de revisión

ante la autoridad catastral, como se precisó inicialmente.

Lo aducido también se predica de la denominada “prueba técnica”37 que

aportó en la vía gubernativa y ante la jurisdicción, toda vez que la misma

tendría por objeto discutir ante la autoridad catastral la citada información

física, jurídica y económica, en torno al uso del inmueble como cancha de

fútbol, lo que no ocurrió. Y en cuanto al certificado de fecha 4 de octubre de

2010 (folio 225) al cual también alude la actora, se advierte que en el mismo,

respecto de las vigencias 2008 a 2010, se informa sin área construida el

predio en cuestión, como en los certificados que sirvieron de soporte al acto

acusado.

Por lo tanto, en oposición a lo aducido por la demandante, no puede

considerarse que para el 1º de enero de 2008 el inmueble de propiedad de la

fundación actora fuera un predio dotacional, ya que, por el contrario, los

documentos que obran en el proceso demuestran que para dicha vigencia

era un predio que no tenía construcción, esto es, de los clasificados como

“urbanizados no edificados”.

En lo atinente al documento allegado por la apoderada de la parte

demandante el 12 de febrero de 201438, cuando el proceso se encontraba para

dictar sentencia, se advierte que como en el expediente obra certificación de

la misma entidad, expedida el 24 de abril de 2012, en la que se señala como

37 Concepto “sobre el valor comercial de las instalaciones del colegio Fundación Colegio Anglo Colombiano”, de fecha 30 de diciembre de 2009, realizado por una firma avaluadora, para la “determinación del justiprecio” de “dos globos de terreno contiguos, jurídicamente independientes pero físicamente unidos” (Folios 27 a 51) 38 Certificación catastral expedida el 10 de febrero de 2014 por la Unidad Administrativa Distrital de Catastro de Bogotá,

del predio de matrícula inmobiliaria N 050N20467136 y nomenclatura AK 15 152A 21, de propiedad de la FUNDACIÓN COLEGIO ANGLOCOLOMBIANO, en la cual se relaciona el avalúo catastral de los años 2006 a 2014 y señala como “Destino Catastral: 06 DOTACIONAL PRIVADO” (Folio 384)

“DESTINO ECONÓMICO” del mismo predio y para la vigencia 2008, la

categoría “61 URBANIZADO NO EDIFICADO”39, la Sala, con fundamento en

el artículo 169 del CCA, ordenó “oficiar al Director de la Unidad Administrativa

Especial de Catastro de Bogotá, para que certificara el destino económico o

catastral del predio de matrícula inmobiliaria N 050N20467136,

nomenclatura AK 15 152A 21 y CHIP AAA0190YCBR, de propiedad de la

FUNDACIÓN COLEGIO ANGLOCOLOMBIANO para la vigencia 2008”40.

En cumplimiento de lo ordenado en el citado auto, la Subgerente de

Información Física y Jurídica de la Unidad Administrativa Especial de

Catastro Distrital, certificó41 que el predio inscrito a nombre de: Fundación

Colegio Anglo Colombiano, identificado con nomenclatura oficial AK 15 152A

21, folio de matrícula 050N20467136, para la vigencia 2008, registra como

destino “61 – URBANIZADO NO EDIFICADO”.

Lo anterior, reafirma la conclusión a la que arribó la Sala, en cuanto a que la

entidad demandada actuó conforme a la normatividad aplicable, al modificar

la declaración privada del impuesto predial del año 2008, en el sentido de

aplicar la tarifa del 33 por mil al inmueble de propiedad de la fundación

actora, con fundamento en la información catastral, que daba cuenta de su

clasificación como “urbanizado no edificado” para la vigencia 2008.

Con respecto a la sanción por inexactitud, se observa que la misma es

procedente, toda vez que la actora liquidó el impuesto con una tarifa diferente

a la que correspondía según la normatividad aplicable, lo que descarta la

aducida diferencia de criterio, ante el desconocimiento de dicha normatividad.

No obstante, la Sala considera que en acatamiento del principio de

39 Folios 206 y 207. 40 Auto de 11 de mayo de 2017 (Folios 424 y 425)

41 Respuesta y certificación (Folios 430 y 431)

favorabilidad en materia sancionatoria establecido en el parágrafo 5 del

artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, aplicable al caso por virtud de la

remisión prevista en el artículo 162 del Decreto Ley 1421 de 199342,

normatividad concordante y doctrina43, así como en desarrollo de la

armonización44 por la que propende el citado artículo del estatuto distrital

respecto de las normas del estatuto tributario nacional, procede la reducción

de la sanción por inexactitud del 160%45 al 100%, como lo disponen los

artículos 287 y 28846 de la Ley 1819 de 2016.

Así, de conformidad con el principio de favorabilidad y por ser, en este caso,

menos gravosa la sanción prevista en los artículos 287 y 288 de la Ley 1819

de 2016, que la establecida por las normas vigentes al momento en que se

impuso la sanción, procede reliquidar la sanción por inexactitud a la tarifa

general del 100% de la diferencia entre el saldo a pagar determinado

oficialmente y el determinado privadamente.

42 ARTÍCULO 162. Remisión al Estatuto Tributario. Las normas del Estatuto Tributario Nacional sobre procedimiento, sanciones, declaración, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, cobro y en general la administración de los tributos serán aplicables en el Distrito conforme a la naturaleza y estructura funcional de los impuestos de éste.

43 “El principio de favorabilidad (parágrafo 5 del artículo 282 de la ley 1819 de 2016) aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior, como es el caso de la sanción por inexactitud regulada en el artículo 647 del E.T.N. que al haber sido modificada por el artículo 287 de la Ley 1819 de 2016, disminuyéndose -de 160 a 100%- el porcentaje a aplicar a la base sancionatoria, conlleva, en acatamiento de dicho principio, a aplicar dicho porcentaje disminuido -y no el previsto en el artículo 64 del Decreto Distrital 807 de 1993- a las sanciones propuestas o impuestas por la Administración Tributaria Distrital y que aún no hayan sido satisfechas por el sujeto pasivo de las mismas” (Memorando Concepto 1242 de 7 de marzo de 2017, de la Subdirección Jurídico Tributaria del Distrito Capital) 44 Sentencias de 18 de mayo de 2006, Radicación: 2001-01135-02, Nº interno 13961, MP. Juan Angel Palacio Hincapié y de 21 de noviembre de 2007, Radicación: 2003-00274-01, Nº interno: 15927, MP. Héctor J. Romero Díaz.

45 Artículo 64 del Decreto Distrital 807 de 1993. Modificado Decreto 422 de 1996. Modificado por el Art. 36° Decreto Distrital 362 de 2002 decía así: Sanción por Inexactitud. La sanción por inexactitud, procede en los casos en que se den los hechos señalados en el artículo 101 y será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a pagar, determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente o responsable.

46 ARTÍCULO 288. Modifíquese el artículo 648 del Estatuto Tributario el cual quedara así: Artículo 648. Sanción por inexactitud. La sanción por inexactitud será equivalente al ciento por ciento (100%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente, agente retenedor o responsable, o al quince por ciento (15%) de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio.

Las razones anteriores son suficientes para revocar la sentencia apelada. En

su lugar, se anularán parcialmente los actos demandados para determinar la

sanción por inexactitud a la tarifa del 100% de la diferencia entre el saldo a

pagar determinado oficialmente (mayor valor del impuesto predial) y el valor

declarado por la actora, de la siguiente manera:

Cálculo de la sanción por inexactitud: Impuesto a cargo determinado 82.911.000 Impuesto Liquidación Privada 16.411.000 Mayor Valor en Impuesto 66.500.000 Porcentaje sanción por inexactitud: 100% 66.500.000

CONCEPTO LIQ PRIVADA LIQ OFICIAL LIQ. CONSEJO DE ESTADO

Impuesto a cargo

16.411.000 82.911.000 82.911.000

Mayor valor en impuesto

0 66.500.000 66.500.000

Sanción por inexactitud

0 106.400.000 66.500.000

Total saldo a cargo

0 172.900.000 133.000.000

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la

República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A

1. REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar, se dispone:

2. DECLÁRASE la nulidad parcial de la Resolución N° DDI-213682 del 12

de noviembre de 2010, expedida por el Jefe de la Oficina de Liquidación,

de la Subdirección de Impuestos a la Propiedad, de la Dirección Distrital

de Impuestos de Bogotá, por la cual se modificó la declaración del

impuesto predial del año, presentada por la contribuyente FUNDACIÓN

COLEGIO ANGLO COLOMBIANO.

3. A título de restablecimiento del derecho, TÉNGASE como valor a pagar a

cargo de la FUNDACIÓN COLEGIO ANGLO COLOMBIANO, por

concepto de impuesto predial del año 2008, la suma determinada en la

parte motiva de esta providencia.

4. Se reconoce personería para actuar al abogado Nelson Javier Otálora

Vargas, como apoderado judicial de la parte demandada, de conformidad

con el poder que obra a folio 405 del expediente.

La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de

origen. Cúmplase.

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA Presidenta de la Sección

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ