Ocho años de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Bogotá – Colombia 24 de 2005 Redacción Actualidad Étnica Foto Clara I. Restrepo Las 1300 personas que constituyen la Comunidad de San José de Apartadó, ubicada en la conflictiva zona del Urabá antioqueño, celebran ocho años de recorrido como propuesta que busca alternativas de vida digna en medio de la guerra. Sin embargo, sus inmensos esfuerzos, que le han valido un reconocimiento nacional e internacional, no han sido suficientes para que la tranquilidad sea una realidad en la región, toda vez que desde su misma constitución las violaciones han sido sistemáticas y constantes, al punto que en los ocho años se han registrado 380 acciones violatorias, con el triste saldo de 146 personas asesinadas. Como lo reconocen las propias comunidades, buena parte de las vejaciones y atropellos han sido cometidos por la Fuerza Pública, en combinación con los grupos paramilitares. “Toda la creatividad de la muerte se ha utilizado contra nosotros; todos los métodos y acciones de terror: asesinatos, desplazamiento, desapariciones, desalojo de tierras, torturas, amenazas, calumnias, judicializaciones, quema de cosechas y viviendas, violaciones carnales, robos, bloqueos, bombardeos”, expresa la Comunidad de Paz. A pesar de ese crudo panorama que aún los sigue golpeando, las 1300 personas que integran la comunidad no renuncian en sus sueños por alcanzar tranquilidad, para cual continúan generando formas de vida justas. “Cuando comenzamos éramos sólo 350 personas; hoy la comunidad somos más de 1.300 personas y ahora anexándose en búsquedas de respeto las demás veredas, mostrando que tiene sentido nuestra búsqueda”. A continuación Actualidad Étnica presenta el comunicado emitido por la Comunidad: Una búsqueda de vida ante el terror y la muerte: octavo aniversario de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó Desde hace ocho años nuestra comunidad comenzó a caminar en la búsqueda de alternativas de crear espacios diferentes en medio de la guerra. Cuando comenzamos, la realidad era igual a la de hoy: una guerra que se ensaña contra la población civil y en la que los actores armados (ejército-paramilitares y guerrilla) no se abstienen de utilizar y crear nuevos métodos de muerte y destrucción. Desde ese día hasta hoy han sido innumerables las vejaciones y atropellos que hemos sufrido, la gran mayoría realizadas por la fuerza Publica en acción conjunta con los paramilitares. Hoy se suman más de 146 asesinatos y más de 380 violaciones de derechos humanos. Toda la creatividad de la muerte se ha utilizado contra nosotros; todos los métodos y acciones de terror: asesinatos, desplazamiento, desapariciones, desalojo de tierras, torturas, amenazas, calumnias, judicializaciones, quema de cosechas y viviendas, violaciones carnales, robos, bloqueos, bombardeos (anexamos los hechos recogidos durante estos años).

Pero en medio de este panorama hemos creado mucha esperanza y ante los hechos de muerte hemos sembrado vida, generando ilusiones para aquellos que vivimos en medio de la guerra tanto en nuestro país como en otros lugares del mundo. Hemos ido generando una nueva forma de vida más justa, más solidaria con búsquedas de dignidad para todos, todo ello desde el trabajo comunitario y conjunto, desde la formación y desde una economía solidaria. Cuando comenzamos éramos sólo 350 personas; hoy la comunidad somos más de 1.300 personas y ahora anexándose en búsquedas de respeto las demás veredas, mostrando que tiene sentido nuestra búsqueda. Hoy nos enfrentamos a uno de los momentos más oscuros: la paramilitarización no sólo de Urabá sino de todo el país. Mientras tanto, el mundo está a las puertas de sufrir una afrenta contra la dignidad humana al intentar buscarse total impunidad para los horrores de muerte que son la infinidad de crímenes de lesa humanidad realizados por los paramilitares y en la mayoría con la complacencia y el accionar conjunto de la fuerza Pública. Pero el triunfo de esta injusticia no es sólo la impunidad para los crímenes cometidos. El plan de exterminio continúa y se viene realizando por parte del paramilitarismo que sigue actuando protegidos por el silencio. Su desmovilización es una farsa y fe de ello podemos dar las víctimas. Una de las últimas acciones para consolidar el paramilitarismo es el desalojo y toma de tierras para la construcción de sus proyectos económicos y militares. Basta contar rápidamente lo sucedido este año: los paramilitares han ido tomándose veredas y desalojando campesinos después de operativos militares que se dan cada mes o cada dos meses usando bombardeos indiscriminados, torturas, detenciones y judicializaciones. Hace un año la vereda Mulatos tenía 98 familias y en estos meses han sufrido ocho desplazamientos en donde la Fuerza Pública ha bombardeado, ha quemado sus pertenencias, casas y cosechas, han sido torturados, detenidos, asesinato de niños. Hoy dicha vereda sólo cuenta con 11 familias. Los paramilitares han tomado Rodoxali, la vereda contigua y han anunciado que la próxima vereda a tomar es Mulatos. La misma historia han sufrido la Esperanza y el Porvenir veredas deshabitadas por la misma estrategia de muerte, bombardeos y quemas. Veredas vecinas a estas como Playa Larga han sido tomadas por los paramilitares con el apoyo de la Fuerza Pública. Por todos estos hechos hemos decidido crear zonas de Paz en cada vereda; en estos lugares humanitarios se exige la no presencia de ningún actor armado y las familias podrán refugiarse en ellas en caso de combate o bombardeos. Estos espacios contarán con medios de comunicación para dejar constancia de las acciones en contra de la población civil y para facilitar la búsqueda del respeto en medio de las confrontaciones. Las zonas de Paz son lugares demarcados visiblemente para que allí no se agreda a la población civil y para que no exista presencia de ningún actor armado. Allí no se admite ninguna clase de arma o artefacto de guerra o cualquier elemento logístico de los actores armados pues estas zonas son exclusivamente para la población civil. De esta forma no se desalojará a la gente de sus veredas y será más fácil exigir respeto para sus productos, posesiones y viviendas. Estas zonas serán además lugares de encuentro para la formación y organización de la vereda. Los espacios humanitarios serán las escuelas y sus alrededores donde se vienen construyendo unos kioscos. Las veredas que han tomado dicha decisión y exigen un respeto a esto son Cristalina, La Linda, Miramar, Bellevista, Buenos Aires, Alto Bonito, Arenas Bajas. Asimismo se comienza el retorno a la vereda la Esperanza con varias familias pertenecientes a la Comunidad de Paz de San José.

Estas búsquedas son alternativas de vida en medio de tanta muerte y dificultades. Estos avances son posibles gracias al apoyo nacional e internacional de muchas organizaciones, es por ello que ante esta solidaridad que nos han manifestado siempre, queremos invitarlos a que nos acompañen y se solidaricen con estas búsquedas de zonas de paz, como lugares humanitarios y el retorno a La Esperanza. Estas alternativas de vida desde opciones civiles se harán públicas y comenzarán a funcionar el 23 de marzo de 2005 en el octavo aniversario de la Comunidad de Paz de San José. Por ello los invitamos a participar. La celebración comenzará el 22 y 23 de marzo y se harán visitas a tres lugares de paz- zonas humanitarias- y una reunión con las familias de los demás lugares. En las zonas humanitarias colocaremos una placa para inaugurar y declararlas zonas de paz. El 23 en la noche tendremos un conversatorio sobre el sentido y búsqueda de verdad, justicia y reparación y el proceso de los paras en la zona de Urabá como un plan de la paramilitarización. Luego un rato cultural con una obra de teatro. Para nuestras búsquedas y alternativas es esencial su acompañamiento y su solidaridad por ello los invitamos a estar participando de esta iniciativa de vida. Comunidad de Paz de San José de Apartadó

EJERCITO REALIZA MASACRE CONTRA LA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

ASESINAN A LUIS EDUARDO GUERRA, MIEMBRO DEL CONSEJO No podemos decir nada más; el dolor nos embarga tan profundamente que sólo podemos llorar. El Estado colombiano, como muestra de su increíble ilegitimidad, ha realizado otra masacre que baña de sangre nuestras tierras. El ejército ha masacrado a LUIS EDUARDO GUERRA GUERRA, de 35 años de edad, líder de la comunidad y miembro del Consejo Interno desde los inicios del proceso. A su compañera BELLANIRA AREIZA GUZMAN de 17 años, a quien hace tan sólo unos días se había unido, a su hijo DEINER ANDRES GUERRA de 11 años y quien había sido herido el 11 de agosto de 2004 con una granada dejada por el ejército. A ALFONSO BOLIVAR TUBERQUIA GRACIANO de30 años líder de Mulatos y miembro del Consejo de Paz de las zona humanitaria de Mulatos. A su compañera SANDRA MILENA MUÑOZ POZO de 24 años y a sus hijos SANTIAGO TUBERQUIA MUÑOZ de 2 años y a NATALIA ANDREA TUBERQUIA MUÑOZ de 6 años. LUIS EDUARDO GUERRA había salido el sábado 19 de febrero de su casa en San José hacia su finca en la vereda Mulatos (queda a unas 7 horas de San José) con el fin de recoger cacao; sus planes eran regresar el lunes 21. Pero ese lunes 21 hacia las 11 a.m. fueron detenidos en el río Mulatos por miembros de la Brigada XI (once) del ejército. Luis Eduardo iba de salida hacia San José con su compañera BELLANIRA, su hijo DEINER y otro joven, medio hermano de Luis Eduardo. El ejército los amenazó y les dijo que iban a llevárselos para asesinarlos. Al escuchar esto, el medio hermano de LUIS EDUARDO logró correr. Pero LUIS EDUARDO, BELLANIRA y DEINER fueron llevados desde ese sitio de la vereda Mulatos hasta La Resbalosa, la vereda siguiente. Allí los llevan a la casa del señor ALFONSO BOLIVAR. El martes 22 el medio hermano de Luis Eduardo, quien había logrado huir del ejército, va a buscarlos y en la casa de ALFONSO BOLIVAR encuentra sangre y sigue su rastro hasta encontrar, cerca de la casa, una fosa con los cadáveres despedazados totalmente. Este terrible hallazgo fue hecho por el joven y otras personas de la vereda Mulatos que habían salido a buscar a los desaparecidos. Estos son los hechos que hemos logrado esclarecer. LUIS EDUARDO gran amigo y gran líder, defensor de los derechos humanos, fundador de nuestra comunidad, delegado desde hace cinco años por la comunidad para interlocutar con el Estado en la concertación de las medidas provisionales, desde hace tres años integrante y coordinador del comité de derechos humanos de la comunidad, viajó varias veces por invitación de Europa y Estados Unidos a compartir su experiencia. Su muerte nos embarga de un dolor indecible y las circunstancias de su asesinato como el de las personas que fueron masacradas con él, nos llena de rabia e indignación. Aún hay hechos alrededor de esta masacre que quedan por aclarar. Pero este comunicado es urgente pues queremos recuperar los cuerpos de nuestros amigos. Para ello saldrá una comisión de unas 300 personas hacia la vereda La Resbalosa, que queda a unas nueve horas de San José. Nuestro sentido de humanidad nos demanda hacerlo. No podemos dejar que el olvido y la sevicia del Estado haga que nuestros compañeros sean abandonados. Por lo tanto dejamos esta constancia a la historia y pedimos la solidaridad nacional e internacional para que se pronuncie en contra de este hecho aberrante que afecta a toda la humanidad. También pedimos que se exija al Estado colombiano el respeto a esta comisión de personas que vamos a ir a recuperar los cadáveres que ha dejado esta masacre. Creemos que el mismo terror habla por sí mismo. LUIS EDUARDO, tu memoria, tu compromiso, tu claridad, tu amistad, nos da fuerza en medio del dolor. Como siempre lo reflexionamos, no retrocederemos en nuestros principios aunque el Estado, con sus paramilitares, nos acaben a todos. Comunidad de Paz de San José de Apartadó - Febrero 24 de 2005

COMUNICADO PUBLICO

La Corporación Jurídica Libertad informa a la Comunidad Nacional e Internacional los graves acontecimientos que afectan a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y que una vez más vulnera los derechos a la vida y libertad. Hechos: El Lunes 21 de febrero de 2004, personal uniformado y armado que se identificó como perteneciente a la Brigada XI del Ejercito nacional retuvo en el río Mulatos, a LUIS EDUARDO GUERRA, a su hijo de 11 años DEINER ANDRES GUERRA, a la señora DEYANIRA AREIZA, y a otros cuatro personas más. Los condujeron hacia la Vereda La Resbalosa a la finca de propiedad de ALFONSO BOLIVAR. Una de las personas retenidas por los militares logró huir del procedimiento ilegal, ya que no se les informó el motivo de la retención ni del traslado hacia la vereda la Resbalosa. Al día siguiente, la persona que logró escapar salió a buscar a los retenidos y logró avizorar en la finca del señor Alfonso Bolívar, huellas de sangre y lo que al parecer es una fosa. Removió un poco la tierra y observó el cuerpo mutilado de quien se cree es DEINER ANDRES GUERRA. Ante la gravedad del hallazgo decidió no continuar con la búsqueda y se traslado al casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó donde informó lo sucedido al Consejo Interno de la Comunidad de Paz. Otros campesinos de la Vereda igualmente se acercaron al Consejo Interno y comunicaron lo relativo a la fosa común. Hasta el momento no se conoce el paradero de LUIS EDUARDO GUERRA ni de las otras personas retenidas ilegal y arbitrariamente. Y con la información sumaria de que se dispone se presume fundadamente que se ha ocasionado una cruel masacre en contra de miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. LUIS EDUARDO GUERRA es un reconocido líder del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y quien ha sido designado para la interlocución con el Gobierno Nacional en el marco de la implementación de las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA desde el 9 de octubre de 2000. En tres oportunidades se reunió con el Vicepresidente de la República, Dr. Francisco Santos, quien se había comprometido personalmente en el impulso de las citadas medidas provisionales. Antecedentes: El día 20 de febrero de 2005 hacia las 4 a.m. el ejército llego a la vereda las Nieves, del corregimiento de San José de Apartadó, dos horas más tarde entró disparando a la casa de la señora GLADYS GUZMÁN PALACIOS quien se encontraba con su hija DIANA MARCELA GUZMAN de cuatro años de edad y el padre de la menor, quien las visitaba. En los disparos que realizó el ejército dentro de la casa resultó muerto esta persona, quien era señalado de pertenecer a las milicias de las FARC, y herida la menor Diana Marcela, la que está internada en el hospital de Apartadó. Se tiene conocimiento que el personal militar que se halla en la zona es el 33 contraguerrilla de la Brigada XVII. El día 22 de febrero, también en el área rural del corregimiento de San José de Apartadó, en inmediaciones de las Veredas Bellavista, Alto Bonito y Buenos Aires, se presentaron bombardeos indiscriminados por parte de helicópteros del ejército, colocando en riesgo a más de 200 campesinos que habitan dichas veredas. Se había alertado sobre esta situación con la finalidad de evitar el desplazamiento forzado de estas familias, ya que en otras ocasiones como sucedió durante los meses de diciembre de 2004 y enero de 2005 en desarrollo de operativos militares similares se

cometieron una serie de atropellos y de afectaciones a los derechos fundamentales de los campesinos. Peticiones urgentes: En razón de los hechos que se ponen en conocimiento público, solicitamos de manera urgente: 1. Que el gobierno Nacional disponga todo lo necesario para lograr que sea directamente la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía y personal especializado de Medicina Legal quien inicie la respectiva investigación penal por estos graves hechos. 2. Que el Procurador General de la Nación designe a un grupo de sus asesores para que inicie las respectivas investigaciones disciplinarias. 3. Que bajo ninguna circunstancia se permita que personal perteneciente a la Brigada XI del Ejército participe en las diligencias judiciales para evitar la manipulación de la escena del crimen. A la Comunidad Nacional e internacional solidaria se le propone de manera inminente la conformación de una comisión que se desplace a la zona y acompañe a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en estos trágicos hechos. CORPORACION JURÍDICA LIBERTAD Conmocionado por la terrible sensación de impotencia ante la descarada arremetida oficial contra los espacios de dignidad que las comunidades de la región de Urabá han construido con altísimas cuotas de dolor y muerte, redirecciono el correo que desde Alemania envían con la información sobre el atroz crimen de que fue víctima Luis Eduardo Guerra, uno de los líderes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, hecho articulado a una serie de atropellos que en los últimos días ha realizado el Ejército contra quienes en San José de Apartadó optaron por la independencia total de los actores del conflicto armado, por la construcción de un modelo de vida basado en la justicia, la dignidad y en el sano relacionamiento con el medio ambiente. A los amigos y amigas de la Comunidad de Paz, un saludo de solidaridad y compromiso con su lucha, que es la nuestra. Luis Eduardo es un ejemplo de tenacidad y resistencia. Su memoria y la lucha por lograr el castigo para los responsables de su muerte - seguramente los mismos responsables de la muerte y desaparición de más de 100 pobladores de San José-, hace parte del legado irrenunciable de quienes estamos comprometidos en la defensa de los derechos humanos. Nos llena un dolor muy profundo al recibir esta noticia del vil asesinato de Luis Eduardo. Recibimos a Luis Eduardo en Alemania, en los primeros tiempos de fundada la Comunidad. Lo encontramos en Colombia. Vimos el dolor en sus ojos, su sufrimiento, al tiempo, su fuerza, su sinceridad e integridad. El Estado colombiano mato a su mejor gente. Mata a los que tantas veces y con tanto esfuerzo, reclaman la vigencia y el cumplimiento del DIH y del derecho internacional de derechos humanos. Mata a los que realmente construyen la paz. Solo nos queda solicitar a tod@s que la Comunidad de Paz de San José de Apartado en este momento de luto y dolor, reciba los gestos de solidaridad y apoyo nacional e internacional que necesita para poder seguir. Desde Alemania, Bettina Reis, ila-kol

LA HISTORIA SE REPITE "La guerra en el Chocó ahora no solo se despliega por río y selva. Ahora viene por aire". Tathiana Montaña, Febrero de 2005, INDEPAZ “A finales de diciembre, en forma sorpresiva, sin notificar ni a Codechoco, ni a la Gobernación, ni a procuraduría ni a nadie, comenzaron a aterrizar unos aviones de la Policía, a desembarcar tanques y elementos raros. Un amigo que llegó en ese momento de Medellín me informo, “hombre, llegaron los de antinarcóticos”. Habían llegado a fumigar. Las fumigaciones iniciaron el 31 de diciembre. Estuvieron entre el 31 de diciembre y el 12 de enero (...) El aeropuerto el Caraño de Quibdo es muy pequeño, apenas tiene una plataforma donde caben 4 o 5 aviones bien apretados; ellos llegaron con 4 avionetas, 6 helicópteros y sus tanques. Los pasajeros, debían transitar por medio de los tanques y de los grandes hombres de vestido anómalo. Todo esto a solo de 5 metros de la cafetería”. Jorge Salgado, director Chocó 7 días, 13 de febrero de 2005. “Regresaba a Quibdo de Cali el 3 de enero. Me sorprendió la cantidad de aviones, de helicópteros y unos tanques tapados que estaban en la pista; el olor era diferente y me dije “ya el Chocó no volverá a ser como antes”. Ventura Díaz, Consejero de paz del Chocó, 13 de febrero de 2005 La guerra en el Chocó ahora no solo se despliega por río y selva. Ahora viene por aire. A propósito, me preguntaba un joven de una organización que trabaja por los derechos humanos de los niños y las niñas en Quibdo, ¿Y a quien se le ocurre echarle veneno a la selva? Ante esta amenaza contra la vida y el territorio, la respuesta de los chocoanos fue inmediata. La sociedad civil en el Chocó, integrada por los afros colombianos, los indígenas, la iglesia y la academia entre otros, reaccionó, se pronunció y exigen que no se les fumigue. En el San Juan, en Itsmina, en el Alto Baudó y en Tadó, sus habitantes a pesar de estar huyendo de la guerra que las FARC y los paramilitares diariamente desatan en sus territorios colectivos por el control de los corredores de narcotráfico, se pronunciaron en contra de las fumigaciones. Y hasta los “brujos, los chamanes, conjuraron para que lloviera permanentemente” para que los aviones regresaran a sus plataformas, ahora en Pereira. El cultivo de coca ha crecido. Hoy existen unas 2.500 hectáreas sembradas y la solución no está en las fumigaciones. La idea, asegura el Instituto de Investigaciones del Pacífico, es crear mecanismos alternativos que permitan a las comunidades tener acceso a su pan coger y a disfrutar del agua que la selva les regala. Es este el reclamo de las comunidades afectadas. En una entrevista concedida por el consejero de paz del Chocó a INDEPAZ, quedó claro que la crisis humanitaria en el departamento tiene sus raíces en “los cultivos de uso ilícito (…) los comerciantes, mineros, paramilitares y la misma guerrilla han determinado que el San Juan sea una zona de cultivo”1[1][1][1].

Algunas ONG que trabajan en la región alertaron sobre el aumento de asesinatos selectivos de población civil en la zona limítrofe entre los departamentos d e Chocó y Risaralda. Esta zona actualmente está en disputa entre los actores armados que buscan el control estratégico de una zona de interés multinacional, que además permite la movilización y el tráfico de armas y drogas. Fuente: Sala de situación humanitaria, Naciones Unidas, informe octubre 2004, Vol. 3, Nº 10

Esto evidencia la “grave situación humanitaria”,

§ Las fuerzas irregulares y el ejército siguen en combates, acentuando el desplazamiento forzado. Acozó, una población de tan solo 75 casas, hoy tan solo tiene 4 habitantes mujeres, y la Unión tiene 13 habitantes. Ahora son pueblos fantasma

§ El bloqueo de alimentos y medicinas es evidente. La visita de una comisión humanitaria durante la primera semana de febrero de 2005 integrada por delegados de ACNUR, la Defensoría del Pueblo, la personería de Condoto, la Procuraduría, la consejería de paz evidencian lo anterior: 25 personas de una muestra de 54 analizadas, presentan malaria y paludismo.

§ Los cultivos de coca con fines ilícitos, que conllevan a que las normas humanitarias del derecho internacional no se respeten, aumentan vertiginosamente. El representante en Colombia del Programa Mundial de Alimentos, Peter Grossens, alertó sobre la difícil situación que atravesaban 1500 desplazados en el Chocó y la falta de recursos para atenderlos. Según el representante, al parecer miembros de los grupos armados que hacen presencia en esa zona han saqueado e impedido el acceso a estas comunidades. Ante estas circunstancias, muchas familias se han visto forzadas a alimentarse de manera exclusiva de plátanos para evitar morir de hambre. El Colombiano, 21 de diciembre del 2004, pagina 9a. La disputa entre guerrilla y paramilitares por zonas con cultivos de coca en la zona del río San Juan, que ocasionó un desplazamiento masivo de 1.240 personas desde Medio San Juan, las comunidades Fujiadó hacia la zona de Itsmina y Andagoya. Además, según información recogida durante la Misión Humanitaria del 18 de agosto realizada por Naciones Unidas, Iglesia, gobiernos local y regional y CODHES, por lo menos 5.900 personas había quedado confinadas como consecuencia del escalamiento del conflicto en la región. Fuente: Boletín informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, No. 56. Bogotá, 1 de febrero de 2005. Y a pesar que el batallón Alfonso Monosalva Flores ha incrementado su pie de fuerza en la región, las condiciones no han cambiado. Esta guerra no se resuelve con las armas, ni fumigando campesinos que han sido desplazados por causa del conflicto interno como los señala el comunicado del 16 de febrero de 2005 entregado a la opinión pública por el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato COCOMACIA y la Diócesis de Quibdo. Las acciones de la sociedad civil en el Chocó cada vez son mas y tienen mayor fuerza. Se sigue resistiendo a creer que la salida es la guerra y a pesar de las amenazas contra sus vida, dignidad y territorio, los campesinos, indígenas, afro colombianos están dispuestos a crear mecanismos de protección de los derechos humanos para sostener su cultura y su identidad. ednatmm@yahoo.com Bogotá, Colombia.

Comunicado a la opinión pública sobre un nuevo desplazamiento masivo de las comunidades Afrodescendientes de Bojayá

El Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato COCOMACIA y la Diocesis de Quibdó, denuncian ante la opinión pública regional, nacional e internacional y a las autoridades públicas, que a tres años de la masacre de Bojayá se viene presentando una situación similar a la que llevó a la TRAGEDIA DEL 2 DE MAYO del 2002 HECHOS Desde el mes de marzo del 2004, los habitantes afrodescendientes e indígenas en el Medio Atrato están observando una avanzada masiva de paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas desde los ríos Opogadò y Napipi. Esta avanzada paramilitar bajo el silencio y consentimiento de las fuerzas militares, provocó el desplazamiento masivo de cinco comunidades indígenas y ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por la Defensoría del Pueblo, las organizaciones COCOMACIA- OREWA y la Diocesis de Quibdó. Los paramilitares, en los últimos dos meses, han manifestado abiertamente su propósito de apoderarse de la cuenca del río Bojayá actualmente controlado por el frente 57 de las FARC que también han aumentado su presencia. Ante estas circunstancias y por temor a confrontaciones inminentes, desde el 11 del mes de febrero del 2005 unas 1000 personas de las comunidades afrodescendientes Pogue, Piedra Candela, La Loma de Bojayá, Cuia, Caimanero y Corazón de Jesús del río Bojayá, iniciaron lamentablemente un nuevo desplazamiento hacia Bellavista cabecera municipal de Bojayá que se ve totalmente desbordada para atender humanitariamente una población que supera la propia, con el agravante de que aún no se han recuperado sicológica y físicamente de los traumas sufridos en el genocidio del 2002. Es dramático que dos de estas comunidades, Piedra Candela y Caimanero apenas en el mes de septiembre del 2004 retornaron a sus lugares de origen después de su último desplazamiento. Alertamos además que aún se encuentran aproximadamente 500 personas de estos pueblos que no han podido salir de sus comunidades por falta de seguridad y medios de transporte. Los indígenas, a pesar de la aguda situación que se evidencia en la zona han manifestado de manera expresa que van a resistir en sus comunidades como muestra de defensa de su territorio y por no querer repetir la amarga experiencia del desplazamiento y retorno de las comunidades Egoroquera, Unión Baquiaza, Playita, Unión Cuití y Hoja Blanca en julio del 2004 en el cual se evidenció el incumplimiento de lo acordado con las instituciones del Estado. EXIGIMOS A los actores armados:

1. Para que cumplan las normas del DIH. 2. Que eviten confrontación directa en lugares donde se encuentre la población civil. 3. Permitir la libre movilización de las personas de las comunidades y las comisiones humanitarias. 4. No restringir el paso de alimentos, medicinas, combustible y otros artículos de primera necesidad. 5. Que se suscriban a la propuesta del Acuerdo Humanitario elaborado por las organizaciones del

Foro Interétnico Solidaridad Chocó. A las Instituciones civiles del Estado:

1. Que cumplan sus obligaciones constitucionales tanto con la población desplazada, la población receptora y la población resistente en su territorio.

2. Que busquen por todos los medios posibles una solución negociada al conflicto.

3. Dar las garantías necesarias para la movilización y protección de las personas que se encuentran en medio del conflicto y que desean salir de su territorio para defender su vida y la de sus hijos. A la comunidad internacional:

1. Apoyo a las iniciativas de protección de la sociedad civil de las organizaciones de base. 2. Visibilización de las consecuencias de la guerra que afectan el pueblo Chocoano.

Quibdo, 16 de febrero del 2005

Bojayá y Urabá: nuevas tragedias: asesinado líder fundador de Comunidad de Paz

Fuente: Actualidad Étnica Comunidades indígenas y negras de los municipios de Río Sucio y Bojayá (Chocó, Colombia) están nuevamente expuestas a la barbarie de paramilitares y guerrilleros que desde hace meses vienen disputándose el control de varios corredores para el tráfico de armas por el Pacífico y la frontera con Panamá. La intensificación de los combates en la presente semana se debe a la arremetida de los paramilitares para tratar de sacar a las FARC de esta región estratégica por ser zona de frontera con Panamá y de acceso al Océano Pacífico, zona de alta biodiversidad y rica en minerales, sobre la que se han tejido varios megaproyectos. Como consecuencia de las acciones bélicas y amenazas contra la población civil, 350 familias de comunidades negras tuvieron que desplazarse, en tanto que mil indígenas que decidieron no abandonar sus territorios -al igual que otras comunidades negras- están sometidas al confinamiento forzado, enfrentando cada día los peligros de vivir en medio de la barbarie entre paramilitares y guerrilleros. Ante esta situación uno se pregunta: - Dónde está la efectividad de la fuerza pública? No han sido suficientemente advertida de estos

procesos que se vienen denunciando en los medios de comunicación desde hace meses? No fueron suficientes los 109 muertos que dejó la masacre de Bojayá hace tres años (mayo de 2002)? Será que allí no funciona la política de seguridad democrática en la que este gobierno y los Estados Unidos han invertido tantos recursos?

- Será que los paramilitares siguen siendo imprescindibles para la politica de guerra contra el

terrorismo? No dizque están en cese de hostilidades porque –como lo repite el Presidente Uribe- lo único que el gobierno le pide a los grupos armados para sentarse a negociar con ellos es un cese de hostilidades? Qué puede decir sobre este “cese de hostilidades”el Comisionado de Ralito, tan ocupado estos días en tratar de garantizarle a los autores de crímenes atroces que no tengan que pagar cárcel?

También cerca de la frontera con Panamá, pero por el lado del Atlántico, la comunidad de paz de San José de Apartadó ha venido siendo víctima de amenazas de paramilitares y bombardeos por parte del ejército en su guerra contra las FARC. Desde hace siete años se conformó la comunidad de paz, declarándose en resistencia civil contra todos los actores armados: guerrilla, paramiltares y fuerza pública. La Corte Interamericana y la Corte Constitucional de Colombia conminaron al Estado a brindarle medidas especiales de protección. Pero lo que han estado recibiendo es persecución y amenazas continuas, bombardeos y una nueva masacre. En un comunicado del 24 de Febrero la Comunidad de Paz de San José de Apartadó denuncia: “El día 22 de febrero desde la 1 p.m. y hasta las 2 p.m. se han presentado bombardeos indiscriminados por parte de helicópteros del ejército contra las veredas Bellavista, Alto Bonito y Buenos Aires, en dichas veredas se encuentran viviendo más de 200 personas campesinas. Esto puede generar un nuevo desplazamiento, así mismo nos preocupa la vida de las familias ya que en otras ocasiones como en el mes de diciembre de 2004 y enero de 2005 en dichos operativos militares se ha detenido campesinos injustamente, se les ha torturado y herido”. Se entiende que las fuerzas armadas tienen que actuar, pero si esta es la protección que brinda a la población civil, entonces hay que preguntarse si es mejor el remedio que la enfermedad. Hoy 24 de febrero, el periódico El Tiempo (p.6) trae la noticia de que posiblemente se acaba de cometer una nueva masacre en la que murieron siete personas. Un comunicado de la Comunidad de Paz afirma que sí hubo masacre y que la cometió el ejército. Uno de los muertos es LUIS EDUARDO GUERRA GUERRA, líder y fundador de dicha comunidad de paz, destacado defensor de los

derechos humanos. “La comunidad de paz son campesinos hombres y mujeres que tienen como únicas armas: el amor por su tierra, la democracia, la paz, el trabajo comunitario, LA RESISTENCIA PACÍFICA”. Los hechos narrados nos permiten concluir que si bien la seguridad democrática ha logrado calmar el conflicto armado en el centro del país, éste se está intensificando en las fronteras donde la mayor parte de la gente son indígenas y afrocolombianos, o colonos pobres, dispersos y marginados, sin protección por parte del Estado y sin posibilidades de cruzar la frontera para salvar sus vidas ya que, como ha ocurrido con Panamá, no les prestan ayuda y los devuelven para Colombia. Todos los gobiernos vecinos están blindando militarmente sus fronteras para que no se les desborde el conflicto armado y el problema del narcotráfico. Los colombianos son mirados como sospechosos, se le niega refugio o asilo. Dónde está la política del gobierno para proteger a la población en zonas de fronteras? Cuál es la política frente al confinamiento forzado, como el que están afrontando las comunidades de Rio Sucio, Bojayá, San José de Apartadó y muchas otras comunidades del país? El gobierno no ha sido siquiera capaz de responder suficientemente con los desplazados, para los cuales hay una ley específica (ley 387) y toda una política. El problema es que la voluntad política y los recursos económicos están comprometidos con una guerra con resultados como los que aquí se mencionan. Cuántos muertos y cuánto sufrimiento más será necesario para sentarse a negociar una paz de verdad, sin trampas, con acuerdos de reformas sociales que garanticen la paz y la justicia social a largo plazo?. Desafortunadamente la guerra se incrementará a lo largo de este año si las FARC deciden lanzarse a la contraofensiva. Por ahora no soplan vientos de paz y lo que se está dando en Ralito es una vergüenza. Pedro Cortés Sociólogo Feb. 25 de 2005

INFORME COMISION VERIFICACION SAN JOSE DE APARTADÓ La Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" REENVIA el siguiente informe de la Comisión de verificación que viajó el pasado viernes a San José de Apartadó, lugar de los hechos de la masacre cometida la semana pasada. Igualmente anexa una carta modelo, con el ánimo de que las organizaciones sociales nacionales e internacionales se pronuncien sobre estos execrables hechos. San José de Apartadó, febrero 27 de 2005 Queridos amigos: Este es el epílogo de una jornada triste. El viernes 25 de febrero hacia mediodía encontramos la evidencia de la masacre: dos fosas comunes con los cuerpos mutilados de ALFONSO BOLIVAR TUBERQUIA, SANDRA MILENA MUÑOZ y sus hijos NATALIA ANDREA TUBERQUIA de 4 años y SANTIAGO TUBERQUIA MUÑOZ de 18 meses. También encontramos en una de las fosas los restos de ALEJANDRO PEREZ, de 30 años, quien vivía con su compañera y su hijo en La Resbalosa. Alejandro no hacía parte del proceso de la Comunidad de Paz ni de las Zonas Humanitarias de las veredas de la zona. Todos ellos fueron asesinados a machetazos, totalmente cercenadas sus cabezas y extremidades, muestra de la sevicia y la increíble crueldad de sus victimarios. De acuerdo con un testigo sobreviviente, el ejército entró disparando a la casa del señor ALFONSO TUBERQUIA y uno de esos disparos hirió a SANDRA MILENA, su compañera. A unos 40 metros de la casa, venían acercándose ALEJANDRO PEREZ y otro campesino. Al escuchar los disparos, ambos salieron corriendo pero Alejandro cayó herido y no se supo más de él. Por su parte, Alfonso Tuberquia y un trabajador, que estaba en su casa en esos momentos, lograron salir corriendo pero Alfonso se detuvo al escuchar los gritos de su compañera rogando al ejército que no asesinara a sus hijos. Alfonso dijo a su compañero que prefería morir con su familia, que no podía dejarlos abandonados y regresó a la casa. El levantamiento de los cinco cuerpos fue hecho por la Fiscalía que llegó en helicóptero a La Resbalosa en la tarde del viernes 25. Desde que nosotros llegamos a Mulatos y la Resbalosa nos encontramos rodeados por el ejército que, como lo habíamos denunciado, desde el jueves 17 de febrero había desplegado un operativo por toda la zona. Desde ese día, el ejército mantiene una fuerte presencia de tropa en todas las veredas de San José. En la constancia que dejamos, mencionamos la estrategia ejército-paramilitar para desalojar las veredas y tomar control de las tierras. Primero, bombardeos indiscriminados y luego operativos en los que arrasan con lo que encuentran: animales, cosechas, viviendas y, como lo muestran los últimos hechos, familias enteras, niños de tan sólo 4 años, bebés de tan sólo 18 meses, todos caen víctimas de un conflicto inhumano y peor aún, a manos de las fuerzas del mismo estado colombiano, cuya función constitucional es proteger a sus ciudadanos. Pero de lo que no cabe duda es que la estrategia funciona: hace tan sólo dos semanas señalamos que por todos esos operativos en Mulatos y Resbalosa sólo quedaban unas 10 familias pues ahora 9 de ellas ya han llegado desplazadas a San José. Nos preocupa que aún 3 familias de la vereda Las Nieves siguen desaparecidas. Pero con las fosas comunes, no terminaron los terribles hallazgos. Casi al caer la noche, nosotros mismos nos vimos obligados a salir en busca de los cuerpos de Luis Eduardo Guerra, líder de la comunidad, y su familia. Los encontramos al lado del río Mulatos, tirados al lado de un camino. No presentaban ningún impacto de bala y sí mostraban claramente que habían sido fuertemente golpeados y finalmente degolllados. Luis Eduardo, Bellamira y Deiner. Sus cuerpos aún permanecían allí el sábado 26 a mediodía porque la Fiscalía transportó primero los cadáveres de las fosas y prometió volver a primera hora. No lo hicieron. Una parte de la comisión se quedó allí esperando que cumplieran con su palabra para poder enterrar a nuestros amigos. Finalmente hoy fueron transportados sus cuerpos.

En medio de toda esta tragedia, vemos cómo la estrategia de terror del Estado no se detiene. Los militares que mantienen una fuerte presencia en todas las veredas, han dicho a varias familias de la zona que es una lástima que la cosa se hubiera sabido tan pronto, porque si no, serían más los muertos. Y la tropa que estuvo rodeándonos todo el tiempo, comentaba que "eso huele a puro guerrillero muerto", refiriéndose a las ocho personas masacradas. A pesar de que el comandante de la tropa, prometió no tomar ni fotografía ni video, hicieron todo lo contrario. Los militares instigaron a la comisión todo el tiempo, acusándonos de ser guerrilleros; además preguntaron y señalaron a varios líderes con sus nombres concretos. Los medios de comunicación han intentado distorsionar la realidad informando que la masacre fue hecha por la guerrilla y otras versiones sostienen que fue hecha por paramilitares. Para nosotros es claro, y los testigos así lo afirman, que se trató de un operativo del ejército que acordonó la zona antes de la masacre (desde el 17 de febrero) y quienes todavía se encuentran en todas las veredas. Los medios también han dicho que Luis Eduardo estuvo involucrado con el estallido de una bomba en el mes de agosto del año pasado. La verdad es que fue todo lo contrario: la familia de Luis Eduardo y otras personas fueron víctimas de la explosión de una granada abandonada por el ejército. El mismo Deiner, hijo de Luis Eduardo, estuvo gravemente herido y casi pierde una de sus piernas debido a tal hecho. Pero no es extraño que se trate de ocultar la verdad de lo sucedido. Sin embargo, la contundencia de las pruebas, la evidente presencia militar en la zona antes, durante y después de la masacre señala claramente la responsabilidad del ejército colombiano en este nuevo atentado contra la población civil. Estamos ante una nueva crisis humanitaria en la zona y la muerte de nuestros amigos y de Luis Eduardo, líder de la comunidad, es muy fuerte para el proceso. Sabemos que toda la estrategia de terror e impunidad va a continuar. Los militares han amenazado a varias familias de las veredas y les han advertido que si no se van, les va a suceder lo mismo. Por otro lado, se quiere llamar a los testigos sobrevivientes de la masacre quienes tienen temor ante el gran peligro que corren sus vidas. Y es que los hechos son demasiado contundentes: hemos sufrido ya 152 asesinatos, sin que haya un solo condenado por alguno de ellos. Y la justicia colombiana ha recogido cientos de testimonios señalando a los responsables. A pesar de ello, la impunidad se mantiene y se mantendrá porque es totalmente necesaria para proteger a los asesinos. Por ello, hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para exigir que cese la estrategia de terror que se ha desplegado en contra de la Comunidad de Paz de San José y en contra de la población de las veredas del corregimiento. Pedimos que se exija respeto al proceso de San José y al de las Zonas Humanitarias que se desarrolla en las veredas. Esta vez fueron ocho muertos, civiles inocentes, familias enteras, niños, quienes han caído víctimas del terror. Mañana lunes 28 de febrero esperamos realizar el entierro colectivo en el cementerio de San José. Pero las palabras de Luis Eduardo, sus ideas y sus argumentos, seguirán con nosotros y con más fuerza que nunca. El creía que la población civil tiene derecho a vivir dignamente. Nosotros también lo creemos y seguiremos defendiendo este principio así nos cueste la vida misma. COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Señor ÁLVARO URIBE VELEZ Presidente de Colombia Casa de Nariño Excelentísimo Señor Presidente, Inmensamente consternados (as) hemos recibido la noticia de la masacre de campesinos y campesinas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ocurrida en la vereda la Resbalosa, donde han sido asesinados por el ejército nacional LUIS EDUARDO GUERRA GUERRA, líder de la comunidad y miembro del Consejo Interno, su esposa BELLANIRA AREIZA GUZMAN, su hijo DEINER ANDRES GUERRA de 11 años, ALFONSO BOLIVAR TUBERQUIA GRACIANO miembro del Consejo de Paz de la zona humanitaria de Mulatos, su esposa SANDRA MILENA MUÑOZ POZO, sus hijos SANTIAGO TUBERQUIA MUÑOZ y NATALIA ANDREA TUBERQUIA MUÑOZ. Según testigos, el día 21 de febrer o LUIS EDUARDO GUERRA y su familia fueron detenidos en el río Mulatos por miembros de la Brigada XI del Ejército Nacional; fueron trasladados hasta la vereda La Resbalosa a la casa del señor ALFONSO BOLIVAR. El viernes 25 de febrero una Comisión de verificación encontró dos fosas comunes con los cuerpos mutilados de ALFONSO BOLIVAR TUBERQUIA, SANDRA MILENA MUÑOZ y sus hijos NATALIA ANDREA TUBERQUIA de 4 años, SANTIAGO TUBERQUIA MUÑOZ de 18 meses y de ALEJANDRO PEREZ. LUIS EDUARDO GUERRA, BELLAMIRA y DEINER, fueron encontrados a la orilla del río Mulatos, Sus cuerpos no presentaban ningún impacto de bala y sí mostraban claramente que habían sido fuertemente golpeados y finalmente degolllados. Nos llena de indignación la ocurrencia de estos crímenes contra una comunidad pacifista que lucha por el derecho a permanecer en su territorio en plena autonomía frente a los actores armado del conflicto interno de Colombia. Estos crímenes atroces contradicen totalmente los compromisos firmados por su gobierno en la reciente cumbre de Cartagena de "reforzar las medidas existentes de protección para garantizar el derecho a la vida y la libertad de expresión a los sindicalistas, los periodistas, los defensores de los derechos humanos y los líderes de la sociedad civil en su legítima e importante labor... " Nos dirigimos a Usted, para demandarle : Esclarecimiento inmediato de estos crímenes, castigo a los responsables y reparación a las víctimas; cese la estrategia de terror que se ha desplegado en contra de la Comunidad de Paz de San José y en contra de las poblaciones de la región; respetar los procesos organizativos de San José y de las Zonas Humanitarias. Atentamente, DIRECCIONES Presidencia de la República Dr. Álvaro Uribe Vélez, Cra. 8 No..7-26, Palacio de Nariño, Santa fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 566.20.71 E-mail: auribe@presidencia.gov.co ; Vicepresidencia de la República Dr. Francisco Santos

E-mail:fsantos@presidencia.gov.co Ministerio de Defensa Nacional Dr. Jorge Alberto Uribe El Dorado con Carrera. 52 CAN, Santa fe de Bogotá. Fax: (+57 1)222.18.74 E-mail: siden@mindefensa.gov.co, infprotocol@mindefensa.gov.co, mdn@cable.net.co, Procuraduría General de la Nación Dr. Edgardo José Maya Villazón Carrera 5 No. 15-80 Santa Fe de Bogotá. Fax: (+57 1)342.97.23 E-mail: reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Dr. Carlos Franco Calle 7 N° 5-54 TEL: (+571) 336.03.11 FAX: (+57 1) 337.46.67 E- mail: cefranco@presidencia.gov.co E-mail: fibarra@presidencia.gov.co Fiscalía General de la Nación Dr. Luis Camilo Osorio Diagonal 22 B No.52-01 Santa fe de Bogotá. Fax: (+571) 570 20 00 E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario E-mail: elbsilva@fiscalia.gov.co Defensoría del Pueblo Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz. Calle 55 No. 10-32 Santa Fe de Bogotá. Fax: (+571) 640 04 91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d'Anier 17 -19, 1209 Ginebra. FAX: (+4122)791.07.87; (+4122)798.45.55 E-mail: mission.colombia@ties.itu.int Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” Calle 16 No. 6 – 66 Oficina 2506 Edificio Avianca Bogotá D.C., Sudamérica Fax. 1- 2824270 E-mail: colect@etb.net.co

NACIONES UNIDAS ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS

OFICINA EN COLOMBIA

OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE

LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

Condena por matanza en San José de Apartadó

Bogotá, D.C., 28 de febrero de 2005

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condena la masacre de la que fueron víctimas: Luis Eduardo Guerra Guerra, de 35 años; Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, de 30; Sandra Milena Muñoz Pozo, de 24; Alejandro Pérez Cuirez, no se conoce la edad; y los niños y jóvenes: Bellanyra Aleiza, de 17 años; Deiner Andrés Guerra, de 11; Natalia Andrea Tuberquia Muñoz, de 6; y Santiago Tuberquia Muñoz, de 2.

Estos asesinatos fueron perpetrados entre los días 21 y 22 de febrero del presente año en la vereda la Resbalosa de San José de Apartadó. Cinco de los cadáveres encontrados presentaban mutilaciones con machete y algunas de estas personas habrían muerto por impacto de bala. Los cuerpos de las tres víctimas restantes se encontraron en avanzado estado de descomposición. Las autoridades aún desconocen quienes fueron los responsables de estos crímenes atroces.

Las víctimas pertenecían a la comunidad de paz de San José de Apartadó, Antioquia. Entre ellas figura Eduardo Guerra Guerra, quien era un importante líder de la comunidad y defensor de derechos humanos.

La Oficina desea recordar que la comunidad de San José de Apartadó goza de medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que la Corte Constitucional colombiana pidió protección efectiva para estos pobladores, en marzo de 2004. Estas disposiciones obligan al Estado Colombiano a tomar medidas especiales de seguridad en favor de la comunidad y de sus integrantes.

Al repudiar estos graves hechos, la Oficina solicita a las autoridades adelantar una investigación, pronta y eficaz, que permita esclarecer lo ocurrido, y juzgar y sancionar a los autores de este crueles crímenes.

La Oficina desea expresar sus sentimientos de condolencia a los familiares de las víctimas y a la comunidad de paz de San José de Apartadó.

El ACNUR condena masacre en comunidad de paz de San José de Apartadó El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, condena firmemente el asesinato la semana pasada de ocho personas, incluidos tres niños, de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el Urabá. Estas muertes son las últimas en una serie de ataques que, de acuerdo con la comunidad de paz de San José de Apartadó, han provocado la muerte a 154 de sus miembros desde 1997. Las comunidades de paz fueron establecidas en el Urabá a finales de los años 90 por personas

desplazadas por el conflicto que gradualmente comenzaron a retornar a sus territorios. Las comunidades de paz han declarado su compromiso con la resistencia civil pacífica y la neutralidad. Uno de los asesinados, el señor Luis Eduardo Guerra, fue uno de los fundadores de la comunidad de paz de San José de Apartadó y la representó en negociaciones con el gobierno. El ACNUR ha apoyado a San José de Apartadó mediante proyectos de fortalecimiento comunitario desde la fundación de la comunidad en 1997. Ese mismo año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas especiales de protección a favor de la comunidad de paz de San José de Apartadó. Funcionarios del ACNUR visitaron San José de Apartadó el pasado viernes 25 de febrero, y volvieron a hacerlo este lunes 28 de febrero. El representante del ACNUR en Colombia Roberto Meier y el encargado de programas para America Latina del ACNUR en Ginebra, Suiza, Jozef Merkx, viajarán mañana miércoles 2 de marzo a San José de Apartadó para solidarizarse con la comunidad y encontrarse con las autoridades militares. Los asesinatos muestran claramente la difícil situación que enfrentan las comunidades de paz y los riesgos para sus líderes. En los últimos ocho años, el Estado colombiano no ha sido capaz de tomar medidas suficientes para proteger a estas comunidades y resolver los problemas que los afectan. El ACNUR ofrece sus condolencias a la comunidad de San José de Apartadó y solicita a las autoridades colombianas investigar a profundidad estos crímenes deplorables y judicializar a los responsables. El ACNUR también urge a las autoridades asegurar la protección de los líderes comunitarios y los miembros de las asociaciones de la población desplazada que se encuentran en peligro por violencia, amenazas e intimidación en toda Colombia. El ACNUR continuará trabajando con la comunidad de San José de Apartadó y otras comunidades en riesgo, fortaleciéndolas y apoyándolas en la defensa de sus derechos. El trabajo del ACNUR en Colombia busca proteger y promover los derechos de las personas desplazadas internamente, así como apoyar y fortalecer la respuesta del gobierno y la sociedad civil al desplazamiento forzado. El ACNUR trabaja en coordinación con las autoridades colombianas, las iglesias, las ONG, las asociaciones de población desplazada y otras agencias de las Naciones Unidas. Bogotá, 1 de marzo de 2005

La Corporación Jurídica Libertad presenta ante la opinión pública nacional e internacional una relación de acontecimientos sucedidos en San José de Apartadó durante los días comprendidos entre el 21 y 27 de febrero de 2005.

HECHOS

1. El 21 de febrero de 2005, hacia las 11:00 a.m., fueron retenidos en la Vereda Mulatos Medio, en inmediaciones del río Mulatos, en el camino que conduce hacia el sitio conocido como Cantarrana, LUIS EDUARDO GUERRA GUERRA (35 años de edad), miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, DEINER ANDRES GUERRA TUBERQUIA (hijo de Luis Eduardo, de 11 años de edad), BEYANIRA AREIZA GUMAN (17 años de edad). Al día siguiente habitantes de la región encontraron la mula en que se movilizaba Luis Eduardo en la Vereda La Resbalosa, y en la Finca de propiedad de ALFONSO BOLIVAR encontraron huellas de sangre y una fosa con varios cuerpos entre ellos de menores de edad. Algunos de los cuerpos mostraban señales de mutilación. Esta circunstancia hizo suponer que allí se encontraba el cuerpo de Deiner Andrés, y por ende de las otras personas que habían sido retenidas, al igual que la familia completa del señor ALFONSO BOLIVAR TUBERQUIA. Ante este hallazgo, algunos campesinos se desplazaron hacía el casco urbano de San José de Apartadó y comunicaron lo sucedido en al Consejo Interno de la Comunidad de Paz. Paralelamente, otros habitantes de la Vereda La Resbalosa deciden instalarse en la finca del señor Alfonso Bolívar y esperar allí hasta tanto se trasladara una Comisión Judicial para que se practicaran las primeras diligencias penales. Desde el mismo momento en que se tiene información de lo sucedido. Esto es, el 23 de febrero de 2005, en las horas de la tarde, la CJL envió una comunicación al Director del Programa de derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario de la Vicepresidencia, Dr. Carlos Franco, solicitándole de manera urgente, la conformación de una Comisión especial de la Unidad Nacional de Derechos Humanos para que iniciara las respectivas investigaciones penales, y efectuara el levantamiento de los cadáveres. Efectivamente, el día 24 de febrero en las horas de la tarde, una Comisión compuesta por 1 Fiscal, 1 Procurador y 10 técnicos judiciales, llegó al municipio de Apartadó. Solo hacia el medio día del 25 de febrero en helicópteros de la Fuerza Pública, se trasladó a la Finca de propiedad del Señor Alfonso Bolívar. En las horas de la tarde, lograron corroborar el hallazgo de cinco cuerpos. Esto es, DOS MENORES DE EDAD, (uno de 6 años, otro de un año) UNA MUJER y DOS HOMBRES. Los nombres de las personas asesinadas fueron NATALIA ANDREA TUBERQUIA MUÑOZ (6 años de edad), SANTIAGO TUBERQUIA MUÑOZ (2 años de edad), SANDRA MILENA MUÑOZ, ALFONSO BOLIVAR y ALEJANDRO PEREZ CUILES. Los adultos mostraban señales de descuartizamiento. El 25 de febrero, hacia las 5 y 30 de la tarde, los cuerpos de LUIS EDUARDO, DEINER ANDRES y BELLANYRA fueron encontrados por miembros de la Comunidad, en inmediaciones del centro de salud de Mulatos Medio, expuestos al aire, en campo abierto. Esta circunstancia fue comunicada de inmediato al Dr. Franco, con el fin de que la Comisión Judicial se desplazara hacia ese lugar y

continuara con las diligencias judiciales. Sin embargo, solo hasta el día 27 de febrero en horas de la mañana se produjo el levantamiento de los cuerpos. 2. El día lunes 21 de febrero de 2005, tropas del ejército pertenecientes al Batallón Contraguerrilla No. 33 Cacique Lutaima, adscrito a la Brigada XVII del Ejército Nacional, se hicieron presentes en la Vereda Mulatos, en el sitio El Barro. Allí mantuvieron retenidas a seis familias de ese lugar, hasta el día 26 de febrero cuando una comisión de la Comunidad llegó hasta el lugar y logró que dichas personas pudieran abandonar el sitio, ya que no lo habían podido hacer debido a las constantes amenazas e intimidaciones efectuadas por los soldados en contra de mujeres, niños y jóvenes, que incluso impedían que salieran a recoger algún tipo de comida para los menores; cavaron dos fosas en la que presumiblemente iban a ser inhumadas ya que constantemente les manifestaban que solo estaban esperando la orden para proceder a asesinarlos. En el tiempo que permanecieron en ese lugar, los uniformados profirieron amenazas contra la Comunidad de Paz y los acompañantes internacionales. Al arribo de los uniformados, manifestaron a los pobladores que habían dado de baja a tres guerrilleros, tratándose de un hombre, una mujer y un niño. En vista de que Luis Eduardo Guerra, Líder de la Comunidad de Paz, su compañera Beyanira y su hijo Deiner Andrés, momentos antes había salido del sitio El Barro en dirección a Cantarrana donde se encontraba su finca con producción de cacao, los pobladores les manifestaron a los militares que se trataba de campesinos miembros de la Comunidad de Paz. Ante esta situación, lo que adujeron los soldados era que esas muertes las habían ocasionado los paramilitares. Igualmente manifestaron que venían de la vereda Las Nieves y en lugar habían asesinado a cuatro miembros de una familia. Los militares escribieron un graffiti con consignas contra la guerrilla y con la identificación del Batallón No. 33 contraguerrilla, sin embargo, éste fue posteriormente borrado, por ellos mismos cuando la comisión de rescate se hizo presente en el lugar. La comisión de la Comunidad de paz y el equipo de acompañantes desde que arribó a la vereda Mulatos Medio recibió una información que habían logrado enviar la familias cautivas en El Barro implorando que llegaran hasta el lugar para rescatarlas ya que se encontraban bajo la absoluta intimidación y sin alimentos porque no se les permitía siquiera salir a recoger productos agrícolas para poder alimentarse. Una vez se tuvo contacto con un oficial de los que estaba a cargo del Batallón 33 se le informó que el día 27 de febrero algunos integrantes de la Comunidad y acompañantes llegarían hasta El Barro a recoger unas familias que allí se encontraban, precisamente en el mismo lugar donde la tropa se encontraba acantonada. Este oficial negó que allí se encontraran familias campesinas y que se perdería el tiempo por cuanto el lugar se encontraba completamente desocupado. El día sábado, 26 de febrero en las horas de la tarde, en el sitio donde fueron encontrados los cuerpos de Luis Eduardo, Beyanira y Deiner Andrés por parte de la Comunidad, se hicieron presentes para acordonar la zona tropas de la Contraguerrilla de la Policía Urabá, del Batallón Vélez y del Batallón No. 33 Cacique Lutaima. En ese lugar, un soldado perteneciente a este último batallón, se acercó al sitio donde se encontraban los cuerpos y recogió un machete con visibles muestras de

sangre. Delante de todos los asistentes, lo llevó hasta el río Mulatos y con arena limpio la sangre. Paso seguido dijo en tono alto dirigiéndose a los demás soldados que ese era “el machete degollador”. Esta circunstancia fue inmediatamente informada al Capitán Castro de la Policía. Al día siguiente ante la comisión de la Fiscalía que practicó los levantamientos de los cadáveres integrantes de ONG que hacían parte de la comisión dejaron una constancia escrita del grave hecho que se había presenciado con la alteración y ocultamiento de las evidencias por parte de los uniformados. Durante los tres días que permaneció la comisión de la Comunidad y el grupo de acompañantes se pudo constatar que en la zona solo había presencia de personal uniformado perteneciente a la Brigada XVII, se recibieron testimonios que dan cuenta que desde el viernes 18 de febrero de 2005 se inicio un fuerte operativo militar con el ingreso de tropas desde diferentes veredas con dirección a Mulatos. Se logro igualmente recoger información aportadas por los campesinos de la región que da cuenta que algunas familias de las veredas La esperanza, Las Nieves y Mulatos se encuentran desaparecidas y otras pertenecientes a La Resbalosa se encuentran a la espera que de algún tipo de acompañamiento para poder salir de la zona. La Corporación Jurídica Libertad quiere dejar constancias que durante los últimos 12 meses le había señalado al gobierno nacional la importancia de ofrecer verdaderas y efectivas medidas de protección a la comunidad de San José tal y como lo había dispuestos en diferentes oportunidade s la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo frente a la necesidad de remover el cuerpo de oficiales de pertenecientes a la Brigada XVII frente a sus evidentes nexos con acciones paramilitares realizadas en la zona y frente a la multitud de crímenes que se les ha atribuido en contra del proceso de Comunidad de Paz, cometidos con la clara intención de lograr el exterminio de esta propuesta de paz. Las diferentes instancias del estado comprometidas con el proceso de concertación e implementación de las medidas provisionales, esto es gobierno central, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, han mostrado una actitud renuente a cumplir con lo dispuesto por la COIDH. Medellín, marzo 1º de 2005