Comunicado

Los legisladores del Frente para la Victoria y el Partido Nuevo expresan su más enérgico repudio a la grave situación generada por el Gobernador, Ricardo Colombi, que en forma inconstitucional y arbitraria dispuso retenciones indebidas a la coparticipación del Municipio de Corrientes, en una clara muestra del autoritarismo con que gobierna.

La actitud adoptada por el P.E. a través de las retenciones practicadas de los recursos coparticipables del Municipio de la Capital, resulta grosera y abiertamente violatoria del artículo 228 de la Constitución Provincial, que textualmente prescribe: “Los municipios tienen plena autonomía en la administración y disposición de sus recursos, de los cuáles no pueden ser privados sino con su autorización prestada en legal forma. Ninguna autoridad puede retener fondos o elementos que sean destinados a un municipio en particular por parte del Estado Nacional o de cualquier persona física o jurídica, siendo responsables personalmente quienes realicen o consientan dicho acto indebido”.

Siendo así, hacemos personalmente responsable al Gobernador de las consecuencias de sus actos, que causan una enorme afectación a la prestación de servicios públicos esenciales (atención primaria de la salud, asistencia social, higiene urbana, obras de infraestructura, reparación de calles, veredas, recolección de residuos, transporte público, mantenimiento de comedores, centros de atención infantil, etc.) y pone en riesgo el pago de haberes de más de 4.000 agentes, con los consiguientes daños que con su actuación genera, impidiendo la satisfacción del bien general en materias tan sensibles para los casi 500.000 vecinos de la ciudad, que también son habitantes de la Provincia que el Gobernador debería proteger.

Responsabilizamos asimismo al Ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres, por instruir por teléfono al Banco de Corrientes para que practique las indebidas retenciones, sin instrumento legal alguno que autorice dicha medida, y a las funciones de esa Entidad bancaria que realizan las operaciones de descuentos en los fondos de coparticipación acatando órdenes telefónicas, sin reclamar la remisión de los correspondientes actos administrativos que den sustento legal a las retenciones, incurriendo en abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos.

Rechazamos los argumentos esgrimidos desde el Poder Ejecutivo para sostener la caída del convenio de reestructuración de deuda firmado con el Municipio el 29 de febrero del corriente año, cuando ese instrumento formalizó lo que era (y sigue siendo) una obligación del Gobernador por imperio de la Ley Nº 6366 del Presupuesto 2016, cuyo artículo 20 dispone: “El Poder Ejecutivo hará extensivo a los Municipios que mantengan deudas con el Estado Provincial las mismas condiciones obtenidas con la Nación en la reprogramación de la deuda pública provincial”. De allí que sea ilegal e inmoral que el Estado Provincial retenga fondos del Municipio que no le son detraídos a la Provincia por parte de la Nación, sin dar cuenta de qué hace el Gobierno Provincial con ese dinero, en otras palabras, se trata de una defraudación por retención indebida fondos públicos pertenecientes a la Municipalidad de Corrientes.

Denunciamos pues esta maniobra del Gobernador claramente dirigida a perjudicar a un Municipio administrado por un Intendente que no responde a su sector político, demostrando

la falacia de sus propias y reiteradas palabras al afirmar que su gestión trabaja sin distinción de colores políticos y que todas las Municipalidades reciben el mismo trato.