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GGlloorriiaa ddee llaa FFuueennttee yy MMaarrííaa EElleennaa AAccuuññaa

La distribución social y no el crecimiento es lo que dominará las políticas del nuevo milenio. Para detener la inminente crisis ecológica es imprescindible que el mercado no se ocupe de asignar los

recursos o, al menos, que se limiten tajantemente las asignaciones del mercado. De una manera o de otra, el destino de la humanidad en el nuevo milenio dependerá de la restauración de las autoridades

públicas. (Eric Hobsbawm. Historia del Siglo XX)

El análisis desarrollado a partir de la matriz socio política (MSP)- también llamado mega enfoque- intenta explicar las transformaciones sociales y políticas a partir de la interacción de múltiples variables que dan lugar procesos que ocurren de manera simultánea y que inciden en la configuración de las sociedades, su cultura, su economía y su sistema político. En otras palabras, proporciona una perspectiva holística para comprender procesos políticos y sociales, que difícilmente pueden ser explicados por teorías uni- causales (Garretón [et.al], 2003). Chile, al igual que muchos países de la región latinoamericana, asiste a la configuración de una MSP llamada “Estado- céntrica” o “Estatal- nacional – popular”. En el ámbito institucional, esta MSP se caracterizaba por un Estado que desempeñaba un papel central como símbolo de unidad, asignador de recursos, referente de la acción colectiva y articulador de políticas sociales. La acción social durante el desarrollo de esta matriz, estaba subordinada a la política y en este cuadro, los partidos políticos tuvieron enorme importancia en la intermediación entre la sociedad civil y el Estado. El modelo de desarrollo se basaba en la sustitución de importaciones, adquiriendo la industria nacional un papel fundamental. En el caso chileno, el quiebre institucional producido por el golpe militar de 1973, inicia un proceso de descomposición de la MSP. No sólo se reprimió toda actividad social derivada de la acción política, sino que también, propició la destrucción del modelo de Estado. Asimismo, se introdujo una visión distinta respecto al modelo de desarrollo del país, que liberalizaba la economía y privatizaba el sector público. En este escenario, el aparato estatal, el gran proveedor de certezas sociales, se repliega cediendo terreno al mercado y asumiendo un rol subsidiario, con énfasis su función reguladora. En este cuadro, la recuperación de la democracia en Chile en 1990 y todo el proceso derivado de la transición, enfrenta a los sucesivos Gobiernos al desafío de construir un nuevo paradigma orientado, por una parte, a la recuperación y consolidación de la democracia, garantizando los mínimos institucionales para ello; y por otro, a la configuración de una nueva forma de concebir el modelo de desarrollo, basado en las profundas transformaciones sociales ocurridas con el quiebre de la matriz estado – céntrica. Ello da lugar a la recomposición de una nueva MSP.

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1 Este documento ha sido elaborado a partir de un trabajo realizado el año 2004 por María Elena Acuña y Gloria de la Fuente titulado Nuevos desafíos, viejas tensiones. La articulación de la Matriz Socio-Política en Chile 1925-2004. Preparada en el marco de un proyecto sobre la matriz socio-política en 5 países de la región, bajo al supervisión de Manuel Antonio Garretón, Marcelo Cavarozzi, Peter Cleaves, Gary Gereffi y Jonathan Hartlyn.

El presente documento abordará el proceso de composición, desestructuración y recomposición de la MSP en Chile vigente durante gran parte del s.XX y principios del s. XXI. El objetivo central es dar cuenta de las continuidades, cambios y tendencias emergentes en la MSP a partir de tres elementos centrales: régimen político, modelo de desarrollo y modelo cultural. Composición de la MSP Estatal Nacional Popular (MENP) en Chile (1925- 1973) Uno de los elementos centrales en la articulación de la MENP fueron las Constituciones políticas2, cuyo propósito era asentar las bases institucionales de un Estado joven, proceso que culmina con la carta fundamental de 1925, que define el carácter presidencial y legalista del sistema político chileno3

La economía fue organizada siguiendo una estrategia de carácter capitalista, optándose por la extracción y explotación de materias primas como principal fuente generadora de recursos durante el siglo XIX y también el siglo XX

. Con ello, se consolida la idea de que las Constituciones son lugares simbólicos de refundación y de resolución de crisis, así como de instalación de modelos de desarrollo que vinculan fuertemente lo cultural, lo social y lo político. Asimismo, cristaliza una forma de articulación entre el Estado, la Nación y sus habitantes. El tema de la integración se instaló como central tanto en las esferas políticas y económicas como en las culturales. El proceso de establecimiento de los marcos legales fue paralelo a la consolidación del territorio nacional. Por otro lado, el proyecto político de la nueva nación conllevó también una propuesta de organización de la población y de administración de las diferencias tanto geográficas, como étnicas y de género que quedarían plasmadas en el sistema de representación popular, que sólo hacia la mitad del siglo XX incorporaría a las mujeres y a los campesinos e indígenas, quienes ganaron con ello tanto su condición de ciudadanos como de actores políticos y sociales.

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Con el pasar del siglo XX, la MENP primero logra ampliar a los actores contenidos en el sistema de representación popular; segundo, logra ajustar una estrategia de desarrollo que consideraba tanto el rol social del Estado, como las políticas de acumulación privadas de capital, con un fuerte énfasis en el desarrollo hacia

. La labor extractiva del salitre y posteriormente la del cobre, cumplen esta función de generar recursos tanto para el Fisco como para privados tanto nacionales (contribuyendo al fortalecimiento de la oligarquía), como internacionales -ingleses y norteamericanos- contribuyendo a la tensión ideológica y política norte-sur. La labor extractiva del salitre, de carácter intensivo, también tuvo un efecto en el plano cultural y político ya que la gran concentración de población permitió articular demandas laborales y sociales que consideran las deplorables condiciones de vida y a la postre, imbuidos de un pensamiento internacionalista, dará origen al movimiento obrero chileno (Pinto 1998, 1999; Deves 1997). Los primeros años del siglo XX están marcados por sucesivas huelgas de los obreros del salitre que determinaron fuertes y violentas represiones por parte del Estado chileno, que son un evento importante en la construcción de un imaginario social como de una práctica en el marco de los procesos integración social que se harían críticos en la década del 1930 con la llamada crisis del salitre.

2 Durante el siglo XIX hubo 5 Constituciones en Chile: 1818, 1822,1823, 1828 y 1833.. 3La Constitución Política del año 1925 zanjó la disputa sobre las ventajas y desventajas del sistema presidencialista versus el parlamentarista, ocasionadas a partir del la revolución de 1891, año en el que se produjo una guerra civil en el país que terminó con el gobierno del Presidente José Manuel Balmaceda. 4 Tradicionalmente, las actividades extractivas mineras han sido una fuente importante de recursos para el fisco. Hasta la década del 30’, lo fue el salitre y con posterioridad, el cobre.

adentro. El carácter presidencialista del sistema político fue central en este proceso formador y sostenedor de esta forma de la matriz. En la década de 1970 varios de estos elementos entran en crisis así como sus dinámicas de interrelación y, en este sentido, el golpe de estado de 1973 nos muestra un punto de inflexión en esta MSP Estado céntrica..

La correlación de fuerzas existente en el parlamento, hacía de este escenario un lugar propicio tanto para fortalecer la acción del ejecutivo como para combatirla y frenarla. Por su parte, los militares, excluidos del esquema de los tercios, eran erigidos como los garantes; situados afuera se les consagró la misión del resguardo y con el tiempo, adquirieron la potencia de la vigilancia y la capacidad para ser convocados a la acción política, tal como sucedería en 1973. No obstante, durante todo este período se observan episodios de politización de las fuerzas armadas debido a sus propios devenires institucionales

Régimen Político: Consolidación del Presidencialismo, incorporación de nuevos actores y fragilidad institucional Durante fines del siglo XIX y principios del XX, el Estado fue, tanto para las élites económicas y sociales como para los sectores trabajadores, un espacio simbólico articulador de los proyectos modernizadores relativos a la economía, la educación, la ciudadanía, urbanización e industrialización. A partir del marco impuesto por la Constitución Política de 1925 que fijó el carácter presidencialista del sistema político y fortaleció al poder ejecutivo. Sin embargo, en el devenir del siglo XX, serían más significativos el hecho de que esta Constitución determinó periodos presidenciales de seis años y, periodos parlamentarios de cuatro años con representación proporcional, la separación de la Iglesia Católica del Estado y, la exclusión del campo político deliberante de las fuerzas armadas. Este modelo de relaciones políticas que, por un lado, le daba mucho poder a la figura del presidente pretendía equilibrar esta situación con la dificultad puesta para que los presidentes de turno gobernaran con un parlamento mayoritario a su favor. Entonces, a la vez que daba estabilidad en un plano macro político provocaba cierto grado de fragilidad institucional producto de las tensiones entre el ejecutivo y el legislativo. El rol jugado por los movimientos sociales -principalmente los de carácter popular- y las fuerzas armadas ayudó numerosas veces a mantener el carácter democrático del sistema al resguardar el poder presidencial de las tensiones existentes con un poder legislativo crecientemente polarizado. El esquema político de derecha, centro, izquierda (también llamado de los tres tercios), producía en la práctica un empate técnico en materia de representación popular y, también tenía un efecto importante en el control de los actores políticos en un marco global excesivamente ideologizado producto de las tensiones propias del periodo de Guerra Fría.

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5 En 1924, la precaria situación económica en que se encontraban los militares chilenos provoca el conocido episodio del “ruido de sables” en el Congreso Nacional. Posteriormente, tras un golpe de Estado en 1925, es la junta militar la que provoca el retorno temporal de Alessandri a la presidencia para promulgar la Constitución de 1925. El Coronel Ibáñez, líder indiscutido del movimiento de las FFAA, fue miembro del gabinete presidencial y llega al poder en su condición de militar en 1927, y cuando lo hace en 1952, ya se ha convertido en un líder populista abandonando su condición de militar. Así también, al interior del ejército se crean grupos secretos como los GOS (“Grupo de Oficiales Seleccionados”) o PUMAS (“Por un mañana auspicioso”), que tienen claramente una visión específica sobre la situación política nacional y, particularmente, del ejército. Se produce también el “Tacnazo” durante el gobierno de Frei Montalba, como respuesta del sentir mayoritario de la oficialidad respecto de la indiferencia del gobierno para solucionar los problemas que aquejaban al ejército, episodio cuya fatal consecuencia es el quiebre de la verticalidad del mando. El asesinato del general Schneider en 1970 a manos de un grupo ultraderechista, también golpea fuertemente al ejército y polariza aún más las posiciones en su interior.

y finalmente, por la incorporación de

militares en el gabinete del presidente Allende (1970-1973), lo que rompe el pacto que obligaba a los militares a permanecer fuera del espacio político público6

Durante la primera mitad del siglo XX, los partidos políticos fueron las organizaciones sociales de mayor importancia en el país y, sus redes geográficas así como sus influencias políticas y culturales se extendieron transversalmente a lo largo del territorio nacional (Collier y Sater 1998; Lomnitz & Melnick 2000). La trama social que los partidos políticos sostenían y alimentaban favoreció al desarrollo de un proceso de integración creciente y de profundización de la democracia llevada a cabo no sólo a través de la participación mediante el voto, sino que también por medio de las políticas sociales que contribuían a la distribución de los bienes y servicios del Estado, algunos de los cuales, como la educación y el empleo, eran una demanda social y política permanente

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La ampliación de la ciudadanía lograda a través de la extensión y garantías para el ejercicio del derecho a voto, fue importante para el funcionamiento del sistema político. En este marco son importantes dos momentos. Primero, al finalizar la década del 40’, se otorga el derecho a voto pleno a las mujeres después de casi 80 años de demandas

. Esta dinámica de red o trama que establecían los partidos políticos permitió además, dotar al sistema de representación popular de una diversidad de actores e intereses puestos en diálogo y tensión en el marco de las definiciones primordiales de la estrategia de desarrollo que permitía que las demandas políticas y sociales fueran acogidas en el sistema político, en los programas de gobierno y en las políticas públicas. El ejercicio de la ciudadanía se centró en la participación social y política a través de la cual, ya fuera como militantes políticos o como miembros de distintas organizaciones, eran expresadas las demandas políticas de los ciudadanos y ciudadanas.

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6 Con posterioridad a la incorporación de militares en el gabinete del presidente Allende, se produce uno de los episodios más comentados que convoca a los militares a la sedición, saliendo del espacio cerrado de los cuarteles: mujeres se apostaron a la salida de los cuarteles y apelando a su falta de probidad para cumplir el rol masculino de proveedores y protectores, les llamaron gallinas y les tiraron granos de maíz (Montecino 1988). 7Existen dos posturas sobre el rol de las políticas sociales en la participación social y política de los sectores populares. Tomás Moulián sostiene que éstas se inscriben en una lógica de desarrollo de una economía capitalista y que son una forma de incorporar a los sectores populares al sistema de dominación, generándose así una matriz populista y no popular, pues no permite la incorporación autónoma al sistema político. La segunda postura, de Manuel Antonio Garretón, ve a las políticas sociales como el resultado de las luchas de los sectores populares organizados en partidos políticos de clase, y por lo tanto, su incorporación es autónoma pero subordinada. 8 En 1875 un grupo de mujeres realiza el intento de inscribirse en los registros electorales en la ciudad de San Felipe, derecho que les fue denegado aun cuando no existía una normativa explícita. En 1884 se establece una cláusula que prohíbe a las mujeres inscribirse para votar en las elecciones locales y nacionales (Antezana-Pernet 1996).

(Antezana- Pernet 1996). El segundo de ellos, se produce a fines de la década del 60’ cuando los sectores campesinos fueron incorporados como un actor social y político, dándoles un rol en el proyecto nacional. Ello como consecuencia de la creciente modernización de la economía agrícola producto de la inversión capital-intensiva y la instalación progresiva de empresas agroindustriales modernas que reemplazaron lentamente a las haciendas tradicionales a partir de las políticas de incentivo al desarrollo industrial destinadas a la sustitución de importaciones (Arteaga 1998, Barsky 1990; Burbach & Plynn 1983; Rebolledo 1997). Tanto en términos del modelo económico como en relación al sistema de representación, una modificación de las relaciones sociales y de producción de la hacienda chilena se hacía necesaria; esto se logró con la implementación de una política de Reforma Agraria que vino a significar el proceso político más importante llevado a cabo en los sectores rurales con concentración de la propiedad de la tierra.

Durante el período del Presidente Jorge Alessandri, comienza la redistribución de la tierra que, aunque de manera muy lenta y parcial, tuvo la virtud de convertir esta demanda en un hecho político relevante. No obstante, dado que este proceso no podía llevarse a cabo al margen de la organización de los campesinos, habitantes y trabajadores de las haciendas, cuyas condiciones de vida eran precarias, el Presidente Eduardo Frei Montalba, sucesor de Alessandri, incentivó la organización campesina. De esta manera, se estimuló la formación de cooperativas campesinas que se orientaron a canalizar los recursos del Estado y también la organización a nivel comunal, a través de la promulgación de la Ley de Juntas de Vecinos y Organizaciones Populares, de 1968.9, La reforma ejecutó de manera profunda la disolución de la gran propiedad agrícola con la expropiación de casi el cien por ciento de las propiedades de más de 80 hectáreas de riego básico; socavando un símbolo de poder de las clases dominantes y una de las instituciones culturales más notables de la vida chilena: el hacendado10.

Modelo de Desarrollo: la adopción del ISI11

El modelo de desarrollo adoptado a partir de la década del 30’, conjugó las definiciones de la economía, la estrategia de desarrollo y los roles del Estado. Con respecto a la primera dimensión, se recalca el carácter capitalista de la economía

y la centralidad del rol del Estado.

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El modelo de Sustitución de Importaciones se implementó como una estrategia para superar la crisis de los erarios fiscales provocada por caída de la exportaciones del salitre en la década del 30’, que llevada a cabo por empresas privadas con capitales extranjeros fue central en la estrategia de desarrollo a principios del siglo XX (Ross 2003; Salazar 2003). Las divisas obtenidas por este concepto permitieron que la economía chilena fuera una de las más pujantes de la región

, con intervención de capitales extranjeros y dependencia de la economía internacional (Ffrench-Davis 1988, Muñoz 1986). La estrategia de desarrollo, hasta la década del 70, se articuló en función del modelo de Sustitución de Importaciones con su correlato en la industrialización y en la urbanización. El Estado por su parte se orientó a conjugar sus roles en la producción, el empleo y la educación como supervisor e interventor.

13. Esto sumado a créditos externos -especialmente norteamericanos-, ayudó a potenciar el dinamismo del mercado interno y el desarrollo de la infraestructura nacional a través de planes de obras públicas pero como punto débil, presentaba una excesiva dependencia de la economía internacional14

99 Al respecto Kay (1980), señala que la política de reforma agraria desarrollada durante el gobierno de Frei, pretendió evitar la revolución socialista, mediante la modernización del sistema productivo y la incorporación clientelística del movimiento de masas emergente al sistema político. Posteriormente, durante el gobierno del Presidente Salvador Allende 10 El cantante, actor y director de teatro Víctor Jara, se constituyó en un icono de la incorporación del campesinado en el sistema político, ampliando la concepción de ciudadanía. Nacido en un fundo cerca de la ciudad de Santiago, hijo de una madre cantora, migra a la ciudad de Santiago en la década del 50, desarrollando un proyecto cultural de intersección de las matrices culturales campesinas, hacendales y de la lucha de clases. Asesinado en septiembre de 1973, es también un icono de la violencia de la represión sufrida por los sectores campesinos que se habían permitido desafiar la lógica hacendal de constitución de la sociedad. 11 Industrialización y Sustitución de Importaciones. 12 El gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende tampoco se escapó de este marco de la estrategia de desarrollo, aun cuando se planteó una transición entre el capitalismo y el socialismo. 13 En 1924 se estimaba que el salitre había dejado para Chile alrededor de 6.900 millones de pesos oro. Cerca de un tercio de estas ganancias llegaron a las arcas del gobierno. 14 La estrepitosa caída del salitre y los efectos de las crisis internacionales en nuestro país, no sólo impactaron a nivel económico, sino que terminaron con un icono y símbolo del progreso de la república.

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Dado este diagnóstico, una estrategia de desarrollo basada en la sustitución de importaciones sirvió de marco para la industrialización del país, así como también, aceleró los procesos de urbanización y de migración entre el campo y la ciudad hacia la década del 50’ (Bauer 1994; Váldes & Araujo 2000). La potenciación del mercado interno requirió de la creación de un espacio económico protegido que se logró a través del alza de los aranceles para impedir las importaciones, y con esto, de paso también se contribuyó al relativo aislamiento del país al impedir el flujo de bienes y personas15

El carácter industrializador de la estrategia de desarrollo, incidió en el fortalecimiento de los roles del Estado como productor y empleador a través de la creación de numerosas agencias, como por ejemplo, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) en 1939, destinada a centralizar la estrategia estatal de desarrollo productivo industrial, y fomentando al mismo tiempo, las actividades, asesorías y proyectos en manos del sector privado; la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA) en 1943; la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) en 1945 y la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP) en 1946

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Esta estrategia permitió la industrialización y urbanización de algunos polos regionales de desarrollo, disminuyó considerablemente el desempleo originado por la crisis del modelo anterior e impulsó la organización institucional y tecnológica. Asimismo, hizo surgir a un fuerte sector obrero que se organizó en sindicatos y a través de estos, se constituyó en un actor político como se ha mencionado anteriormente

. La mayor oferta de bienes y servicios, la existencia de trabajo asalariado constante y la ampliación del mercado laboral, se deben al crecimiento de la burocracia estatal y se conjugan con la ampliación paulatina de la matrícula escolar y universitaria en los sectores urbanos del país; no obstante, los beneficios sociales y culturales del modelo no se distribuyeron de manera igualitaria hacia los sectores rurales y hasta el día de hoy, existen diferencias significativas en las tasas de empleo, escolarización y analfabetismo entre los sectores rurales y urbanos del país (INE 2004).

17. No obstante, hacia la década de 1950 se registra una crisis producto de algunas deficiencias en el proceso de industralización, el estancamiento de la agricultura y las presiones inflacionarias18 (Ffrench Davis 1999). La administración del modelo obligó a los sucesivos gobernantes19

15 En este sentido, la segunda administración de Alessandri (1932 – 1938) debió actuar rápidamente, ya que la crisis económica amenazaba con potenciar la crisis política, aún cuando desde 1925 regía una nueva Constitución Política. Era necesario mantener los equilibrios y sostener los intereses de todos los sectores de la sociedad. Se inician entonces una serie de políticas de carácter proteccionista, entre las que destacan: aumento de los impuestos a la industria del cobre de un 12% a un 18%; aumento de los aranceles aduaneros a un 50% -tasa que luego se duplicó- y sobretasa al derecho de las importaciones -que a la larga equivaldría al 300% - (Collier y Sater 1998). 16 Estas tres empresas fueron creadas durante el gobierno del presidente Juan Antonio Ríos (1942-1948). 17 A este respecto, existe una diferencia importante en la actualidad, donde las empresas en manos privadas tienden a frenar y hasta prohibir la sindicalización de sus obreros y empleados. Además, las condiciones en que se desarrolla el trabajo han cambiado radicalmente con la parcialidad, inestabilidad, precariedad y flexibilidad del empleo. 18 Durante los años 1952 – 55 el aumento anual de los precios al consumidor (IPC) pasó de un 12% a un 86%. 19 Ibáñez (1952-1958), Alessandri (1958-1964), Frei (1964-1970) y Allende (1970-73).

a tomar medidas de carácter correctivo que no siempre fueron aceptadas por la población o los empresarios, y muchas veces el rechazo a alguna de ellas se transformó en una herramienta política significativa. Esto recalca lo importante que es la subjetividad en la acción política dentro de la MENP. En este sentido, la más interesante –y tal vez la más aguda- de estas situaciones se expresa durante el gobierno del Presidente Salvador Allende.

El período presidencial que va de 1970 a 1973, generó antes que nada, una crisis política. En un país marcado por el esquema político de tercios, y con la consecuente existencia de tres modelos de cambio radical, los opositores al gobierno decidieron explotar la veta de la crisis económica, único flanco por donde les era factible generar malestar social. El modelo económico funcionaba, pero con medidas exógenas tales como el bloqueo de las carreteras y la alteración del abastecimiento de los bienes básicos20, se alimentó una percepción generalizada de crisis económica y de agotamiento del modelo. El gobierno de la Unidad Popular (1970-1973), encabezado por el Presidente Salvador Allende, se propone desarrollar una economía de carácter estatal. De esta manera, se profundiza una serie de medidas económicas reformistas que venían desde el período de Frei Montalva, pero esta vez ligadas principalmente a la estructura de propiedad industrial. La oposición a estas medidas por parte de algunos sectores sociales, contribuyó a la agudización del sentimiento de crisis política e institucional en el país, alterando la dinámica de interrelación de los actores políticos, como se ha señalado anteriormente.

La figura del obrero apuntaba a la densidad cultural de lo popular, por lo tanto, tenía un peso en la configuración cultural de Chile. En un país que, a mediados del siglo XX, cifraba sus esperanzas en un modelo de desarrollo con industrialización, los trabajadores eran tanto fuerza de trabajo como símbolos del progreso y de la continuidad de las raíces profundas de los modos de ser chilenos. De esta manera, tener injerencia o control sobre el movimiento obrero no era sólo poder acceder a la capacidad de su acción colectiva y a las posibilidades de cambio o inmovilismo que esto implicaba, sino que además daba la posibilidad de controlar la producción de un imaginario sobre la “pureza/autenciticidad” de la chilenidad que también era un articulador de la acción política. Basta por ejemplo, recordar el lema “revolución a la chilena” o el dicho “revolución con vino tinto y empanadas” utilizados durante el

El Modelo Cultural En el periodo que va entre 1930 y 1973, es difícil hablar sólo de continuidades en el modo en que la sociedad chilena ha estructurado sus nociones de ciudadanía, participación social y modelos de futuro. Chile es un país diverso regional y culturalmente, sin embargo, el modelo cultural no ha podido generar una sociedad multicultural, caracterizándose más bien por ser un país lleno de límites y fronteras internas determinadas por la pobreza, la estructura de clases, el género y la etnicidad. El sentido de pertenencia, de identificación y de adscripción al modelo identitario nacional es múltiple y representa sentimientos y voluntades culturales y políticas diferentes. En este sentido, resulta importante destacar el rol que los partidos políticos y los movimientos sociales jugaron a partir de su capacidad de generar un imaginario de integración, pertenencia y acción colectiva (Winn 1986; Rolle 2003). El pluripartidismo no sólo fue una característica del sistema político hasta la década del 70’, sino que fue también una expresión cultural del ideario de la integración que se basaba en una gran amplitud del sistema de representación política, desde el punto de vista ideológico. Cada partido era una cultura que se constituía en un “lugar cultural” de articulación social (Lomnitz & Melnick 2000, Winn 1986). No sólo organizaban formas de acción colectiva sino que entregaban visiones de mundo a sus miembros y a las personas que estaban dentro de sus horizontes culturales (Hutchinson 1991), de modo que el sistema de representación junto con dirimir el equilibrio entre las fuerzas políticas, desde este ángulo, era también un mecanismo de fortalecimiento identitario.

20 Son bien conocidos los episodios protagonizados por mujeres de derecha de todo el país, de salir a las calles a mostrar sus ollas vacías.

gobierno de la Unidad Popular, para notar la importancia otorgada a la mantención de un núcleo identitario fundante. Junto con el mundo obrero, durante la implementación del modelo de desarrollo de ISI, surge otro sector social importante debido a su potencia política, las clases medias, que de alguna manera, en sus inicios, representan la secularización de los sectores populares así como también se convierten en un símbolo del progreso y expresan el carácter mesocrático del modelo de desarrollo Por otra parte y con el correr del siglo XX, el modelo educativo reforzó a su vez la construcción de un modelo de identidad que estableció el ideal de la sociedad como civilizada y blanca. La escuela21 hizo patria y construyó la nación. Con ésta llegaba la bandera nacional, el himno, el castellano, los cambios de nombres. La patria llegó con la letra, entregando insumos para reforzar el carácter legalista del sistema político y social. El acceso a la educación tuvo un efecto mesocrático y se instaló en el imaginario sobre la movilidad social, acentuando la tensión entre modernos/tradicionales, rurales/urbanos y hombres y mujeres22

La estructuración de un sistema de relaciones de género que establecía como universos segregados lo público y lo privado, lo masculino y lo femenino y el rol

. En esta línea, es importante mencionar también que la escolarización, la urbanización y la industrialización contribuyeron a la secularización de la sociedad. La educación se constituyó en una herramienta de desarrollo y progreso en el marco de la estrategia industrializadora. De este modo, en 1947 se fundó la Universidad Técnica del Estado, que junto con la creación de las facultades de Economía y Comercio de la Universidad de Chile, le dieron coherencia a la relación educación-progreso-crecimiento económico. El progreso y la integración se posibilitarían a través de la educación, por esta razón los partidos de clase obrera insistieron en la necesidad de garantizar también este derecho y no sólo el derecho al trabajo. El éxito de la relación educación-progreso-crecimiento requería del disciplinamiento de la mano de obra a través del establecimiento de patrones rígidos de comportamiento, donde el modelo de familia nuclear de clase trabajadora devino en la base de la sociedad y fue el destinatario de las políticas sociales que intentaron sobre todo revertir el supuesto carácter irresponsable del “obrero chileno”. La familia, asimismo, sería central en la creación de sentimientos de pertenencia e identidad (Montecino 1988); de hecho, en el imaginario nacional, Chile es “una gran familia”. Sin embargo, ésta distaba mucho de ser desde siempre y por siempre una familia nuclear constituida por padre, madre e hijos (Montecino 1988, Salazar 1992, Klubock 1992). Los sectores populares y mestizos daban cuenta de una estructura familiar donde la mujer en tanto madre era el único eje presente y estable, en compañía de sus hijos e hijas (Montecino 1988); las distinciones entre los roles masculinos (proveedores familiares) y los femeninos (reproductoras) no eran tan definidas, siendo más claras las distinciones entre lo público y lo privado. Por su parte, las élites y paulatinamente las clases medias, distinguieron claramente entre los roles de proveedores y los roles de reproductoras y entre el mundo de lo público y el mundo de lo privado. De este modo, la modernidad de la sociedad sólo pudo expresarse en algunas esferas mientras que en otras el conservadurismo ha primado hasta el día de hoy (como por ejemplo, en los discursos y prácticas referidas a los derechos sexuales y reproductivos).

21A partir de la década de 1930, el Estado asume la función docente, creándose con ello la imagen del Estado Educador. 22A modo de ejemplo de estas diferenciaciones, se puede mencionar que aun cuando la ley de instrucción primaria obligatoria se promulgó en la década del 20’ del siglo XX, sólo se comenzó a aplicar en el campo a partir de la década del 50’ del mismo siglo. Asimismo, la ampliación de la matricula escolar femenina fue más lenta que la masculina.

proveedor y reproductor, fue visto como beneficioso para el modelo de desarrollo industrial y el modelo de modernización pues tenía la capacidad de mantener cautiva y disciplinada la mano de obra masculina. Este nuevo escenario de las relaciones de género se plasmó en la familia compuesta por el padre trabajador, la madre dueña de casa y los/as hijos/as. Con esto se pretendía que el padre se responsabilizara por la manutención de su núcleo familiar (Klubock 1992, Rosemblatt 1996), que de otra manera tenía menos o escasas posibilidades de sustentarse23

El golpe de estado de 1973 representa varias alteraciones al esquema de interrelaciones de los elementos de la MENP. El primero, el más evidente, es la incorporación de los militares al sistema político en calidad de deliberante, alterando entonces el sistema de los tres tercios que, de hecho, terminan anulando con la proscripción de los partidos políticos y toda forma de organización social. No obstante, también hay que considerar que el mismo modelo de negociación política estatuido con el esquema de los tres tercios, ocasionó durante el gobierno de la UP

con lo que se terminaría con el nomadismo masculino expresado tanto en términos territoriales como afectivos y corporales. El pacto laboral también estableció un contrato de género, donde las mujeres fueron las reproductoras silentes de la sociedad (Todaro & Yáñez 2004). Los hombres jefes de la familia y padres se constituyeron en sujeto/objeto de las políticas públicas (en especial las relativas al disciplinamiento de la fuerza laboral a través de los beneficios sociales) mientras que las mujeres se constituyeron en objeto de las políticas públicas en tanto reproductoras de la vida familiar y la fuerza de trabajo, a principios del siglo XX a través de las campañas de higiene, y a partir de la década del 60’, con las políticas de planificación familiar (Acuña 2000; Reyes 2001; Rojas 1994). El modelo cultural indicaba una sociedad en expansión en el sentido de la búsqueda de mayor integración de un mayor número de habitantes del país en el plano político y económico, permitiendo la ampliación de la ciudadanía. La identidad nacional fue un elemento central en el proceso de articulación de proyectos políticos que buscaban una mayor secularización, tanto a través de la separación de la Iglesia con el Estado a partir del año 1925, como también por medio del desarrollo de un paradigma social mesocrático. El año 1973 es significativo para la configuración de la MENP, ya que la crisis política que se origina durante el gobierno del Presidente Salvador Allende altera el carácter legalista del sistema político. Primero, al conducir a la intervención paulatina de los militares en política, y segundo, al dejarles, dado su carácter de garantes, el espacio para la organización y ejecución de un golpe de Estado. Así, un elemento que en períodos anteriores se manifestaba como una fortaleza, en el contexto de esta crisis política, fue una debilidad. En segundo término, la relación entre la ciudadanía, los partidos y las organizaciones sociales, socavó momentáneamente la fortaleza del presidencialismo vigente durante este siglo. En lo que respecta al modelo de desarrollo, se levantaron propuestas que alteraban su carácter capitalista al proponer la estatización de los sectores económicos estratégicos y profundizar la desarticulación de la hacienda, que aunque no era en ese momento un motor significativo, sí era un símbolo del poder oligárquico. El golpe de Estado que se esgrime en un primer momento como un mecanismo de recomposición del sistema, sería a la postre el inicio de un proceso de descomposición y ruptura de la MENP, como veremos a continuación. Descomposición de la MSP Estatal Nacional Popular (MENP) en Chile (1973- 1990)

23 Los hogares a cargo de mujeres que cumplen ambos roles, se encuentran entre los más pobres de la población (Valenzuela et.al. 1994).

una fuerte polarización política que frenó el accionar del presidente, desequilibrando uno de los elementos centrales de la MENP, el presidencialismo. En un escenario político donde todos querían y se sentían con el derecho ciudadano de ser escuchados, dar cumplimiento al programa de gobierno del presidente Salvador Allende resultó difícil. Lo que sumado a la presión norteamericana de carácter contrarrevolucionario, produjo una crisis que comienza a desestructurar la, hasta ese momento, típica relación entre el Estado y los ciudadanos/as cifrada por una parte, en la participación sindical y partidaria como vía legítima y mayoritaria para la expresión de demandas por parte de la ciudadanía, y por otra, en el rol protector del Estado. La desestructuración de esta relación produce un quiebre en la representatividad, la legitimidad de la acción política, la tradición republicana y democrática del país, la estrategia de desarrollo y su modelo cultural. Ello ocurre por varios motivos. Primero, con un régimen de carácter autoritario, los sectores reaccionarios en alianza con los militares se propusieron la refundación capitalista de la economía y de la estrategia de desarrollo después del derrocamiento del Presidente Allende. Segundo, este cambio modifica sustancialmente el modo en que el Estado y el espacio público eran concebidos donde la apertura y la integración eran claves para la construcción y ejercicio de la ciudadanía, influyeron de forma radical en la reconfiguración de las esferas de lo público y lo político, que dejan de ser así, el espacio de articulación de demandas y proyectos sociales. Tercero, los roles mismos del Estado se ven distorsionados producto de la implementación de una política represiva como por el uso de mecanismo de gobernabilidad utilizando las normativas constitucionales relativas a los estados de excepción y a la legalidad de tiempos de guerra (Loveman 2002, Nogueira 1996) y posteriormente, a través de la promulgación de una nueva constitución política del Estado en 1980 -sobre la que se volverá mas adelante-. Cuarto, es necesario también considerar un factor de carácter más bien simbólico en este momento, el suicidio de Salvador Allende, que viene a ser una hipérbole del carácter presidencialista del sistema político al proponer tanto su fin como su refundación. El golpe de Estado fue planteado como un mecanismo de resolución de la crisis por algunos actores políticos; mientras que otros sectores plantearon una salida institucional ligada a la realización de un plebiscito. La anomalía del golpe de estado del año 1973 parecería radicar primero, en la inclusión de los militares como actores políticos, trastocando el enclaustramiento que determinaba la relación cívico-militar y político-militar (Fuentes 1996, Varas 1988). Y por otro lado, en el anulamiento de las características democráticas y de ampliación de la ciudadanía del sistema de representación, al declarar ilegal a los partidos políticos, y como “antichilenos” a los partidos de orientación marxista y leninistas. El nuevo régimen utiliza la lógica del enemigo externo e interno a través de la imposición de nuevas fronteras sociales. En este punto, provoca un quiebre de las estructuras sociales, de la integración y la creciente incorporación de actores sobre la que se sostenía el modelo. Más que un disciplinamiento de la población, el régimen militar se propuso una refundación y para ello articuló un aparato represivo encargado de exterminar a todos/as lo que no cupieran y no aceptaran las nuevas reglas del contrato social 24

24 El informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura contiene un extenso capítulo sobre el funcionamiento del aparato represivo del régimen militar, y permite profundizar y ampliar mucha de la información con que se contaba hasta el año 2003.

. El establecimiento de estos nuevos límites revelaría graves problemas en la protección de los derechos fundamentales de las personas (Loveman y Lira 2000).

En un acta elaborada el 11 de Septiembre de 1973, se suprimió el parlamento y se declaró la independencia del poder judicial, los partidos políticos fueron declarados ilegales y se determinó de manera indefinida el fin de toda actividad política partidista. La represión y proscripción de los partidos políticos modificó los ejes de estructuración de la dimensión política de la vida social, haciendo desaparecer su eje popular y la subjetividad del compromiso profundo entre las personas, inspirado en la amplitud del sistema de representación. La vida cotidiana se tiñó de peligro y era percibida como precaria en extremo. Las violaciones a los derechos humanos modificaron la apreciación y configuración del Estado que pasó de ser contenedor, benefactor, docente y acogedor, a un Estado agresivo, dañino y represor. Asimismo, pasó de ser el espacio simbólico de la integración al espacio simbólico de la expulsión y la exclusión, producto de las políticas represivas, de las económicas y de las políticas de ajuste estructural aplicadas en la década del ’80. A partir del año 1973, el poder ejecutivo25

La Junta Militar estuvo compuesta por los comandantes en jefe de las tres instituciones militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), más un representante de Carabineros -la fuerza policial-

quedó a cargo del presidente de la Junta de Gobierno Militar y no de las Fuerzas Armadas, lo que evitó la rotación del cargo y personalizó el régimen en la figura de Pinochet (Moulián 1997).

26

Desde 1973, la Junta Militar gobernó haciendo uso de los estados de excepción de la Constitución de 1925 (éstos eran el estado de sitio y, el estado de guerra interna). Sin embargo, bajo esas condiciones el régimen no podría legalizarse y/o blanquearse totalmente, de ahí la necesidad de instaurar una nueva Constitución

.

27 que entró en vigencia en el año 1980, y que después de su instauración a través de un acto plebiscitario de cuestionable transparencia, se constituyó en un símbolo de la nueva patria que los militares quisieron instaurar. Uno de sus elementos más importantes es que estableció la manera en la cual se produciría la transición hacia la democracia, con un plebiscito en el año 1988 donde se sometió a escrutinio la continuidad del sistema político tutelado por los militares versus la posibilidad de una transición a un sistema democrático (Garretón 1988, 1995). La opción vinculada a la prolongación de la tutela militar resultó derrotada por un estrecho margen28

El paso de un sistema a otro ha sido denominado “transición” y existen posiciones encontradas sobre las características de este proceso, así como sobre su duración y su fin. Para algunos, la tutela militar se ha prolongado en los últimos quince años (1990-2005) a través de las leyes de amarre

, y se da comienzo a un proceso que desembocará en la recuperación de la democracia en el país.

29

25 El primer gabinete de la Junta de Gobierno estuvo compuesto casi en su totalidad por integrantes de las FFAA. Sólo hubo dos civiles: en Educación y Justicia. 26 La Junta Militar quedó constituída por el General Augusto Pinochet (Ejército), General Leigh (Fuerza Aérea); Almirante Arturo Merino (Armada) y el General César Mendoza (quien no era la máxima autoridad de su institución a diferencia de los otros miembros de la Junta de Gobierno. 27 Para estudiar y proponer a la Junta una Nueva Constitución Política, el Consejo de Estado empezó sus funciones los primeros días de 1976. En la práctica sus observaciones y propuestas no tenían ningún peso relativo en relación a lo que dictaminaría la Junta de Gobierno. El texto final que se llevó a plebiscito en 1980 fue modificado y estructurado por la junta de gobierno.

; el sistema electoral binominal, la

28 Los resultados oficiales fueron de un 58,9% para la opción NO y de un 41,1% para el SI. Existen, sin embargo, versiones que afirman que estos resultados fueron manipulados, y que las cifras reales daban como ganadora la opción NO con un 55,4% y como perdedor al SI con un 29,4%. Disponible en la web: ¡Error! No se encuentra la fuente de la referencia. 29 Estas leyes de amarre, la mayoría de rango Constitucional, requieren quórum calificado para su reforma, cuestión imposible de conseguir dada la conformación del parlamento, que es consecuencia de este mismo diseño. Tomás Moulián llama a esto la “jaula de hierro de la democracia” mientras otros la denominan “democracia protegida”. Haciendo uso de las facultades Constitucionales,

institución de los senadores designados30, o simplemente por la vigencia de una Constitución que se considera aprobada de manera ilegítima. Para otros, la transición a la democracia terminó con el primer gobierno pos dictadura (1990-1994), y más bien el problema es que se ha heredado una democracia imperfecta, sobre todo debido a que el sistema de representación es estrecho desde el punto de vista ideológico, alterándose con ello su anterior característica popular31 (Garretón 1993, Garretón y Espinoza 1995). 32

Mientras los actores políticos populares y de las capas medias tales como la intelectualidad política, artística, científica y cultural

33

La Iglesia, especialmente la católica, también se constituyó en un actor político relevante debido a dos razones: su rol en la defensa de los derechos humanos y su presencia en la resolución de los problemas sociales ocasionados por la disminución del rol social y benefactor del Estado. El carácter de la acción política de la Iglesia Católica se ha debatido entre el progresismo en temas socio-económicos y políticos y el conservadurismo en temas culturales, esfera en la que tiene un peso considerable y que ha sido respaldado y tolerado por el sentimiento de deuda que algunos actores tienen con ella por su accionar el campo de los derechos de las personas tanto en su ejercicio como en su garantía. Esta tensión entre actores y propuestas políticas ha puntualizado la existencia de temas políticos y temas político-morales donde no todos los actores están autorizados a intervenir. En esta línea, uno de los temas más controversiales lo constituye el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, en especial el tema del aborto.

tuvieron muchas trabas para su accionar y reagrupación con posterioridad al golpe militar producto de la represión selectiva que sufrieron, la nueva correlación de fuerzas permitió el fortalecimiento del actor empresarial ligado a los grandes grupos económicos y definió al mercado como el nuevo espacio público de la política y el bien social en reemplazo del Estado. La privatización de muchas empresas estatales y la disminución de los roles sociales del Estado contribuyó en parte a realzar a este empresariado en la escena nacional.

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Pinochet dictó una serie de leyes entre el plebiscito de 1988 y la asunción del nuevo mandatario, que sellarían la suerte de una serie de reformas en democracia (salud, educación, FFAA, etc). Garretón acuñó el término “enclaves autoritarios” para referirse a este tipo de amarres político-institucionales heredados por la democracia. 30 Son senadores no elegidos a través de la votación popular. El año 2004 eran 10, pero a partir del 11 de marzo del 2006 estos cesarán en sus cargos y su existencia será abolida. 31 En general, una de las críticas más importantes al sistema electoral consiste en los umbrales altos que impone y, por tanto, la sub-representar a las minorías en el parlamento y a sobre- representación de las mayorías, por cuanto basta con tener el 33,4% de los votos para conseguir un escaño en distritos binominales y representar a todo el electorado de un distrito.

3322 El año 2004, el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos logra aprobar una serie de reformas Constitucionales que, entre otras cosas, termina con los Senadores designados, cambia la composición del COSENA, termina con la inamovilidad de los Comandantes en Jefe del Ejército, y cambia el mecanismo para designar el Tribunal Constitucional. No obstante, pese a que se logra sacar de la Constitución el Sistema Electoral, persiste su alto quórum para promover una reforma, lo que le ha transformado en el tema más controvertido de los llamados “enclaves autoritarios”. 33 Se evidencian excepciones importantes como el surgimiento de un sector intelectual feminista que logra articular un discurso político significativo que debió ser retomado por el proyecto político de la Concertación de Partidos por la Democracia en las elecciones de 1990 (Ríos et al. 2004), pues el cambio y el esfuerzo realizado en la articulación de formas de sociabilidad que desafiaban las normas de las autoridades militares revistió una importancia que ayudó a formular el proyecto de democracia. Así, la consigna fue “si la mujer no está la democracia no va”. (Gaviola et. al., 1992). 34 Este tema es de crucial importancia en un país donde a partir del año 1988 toda forma de aborto es ilegal y donde se registran 150.000 atenciones hospitalarias por complicaciones médicas producto de abortos practicados en forma insegura y clandestina, y donde 1/3 de las muertes maternas se producen debido a esto. (Lagos, 2001)

El régimen militar generó un proceso de modernización excluyente y autoritario en reemplazo de la democracia integradora que existía anteriormente y que propendía a la solidaridad y la confianza como formas básicas para la generación de las identidades sociales y culturales, y que además, tendía a la ampliación de la ciudadanía de manera paulatina, aunque no siempre logró resolver el problema de la subordinación de algunos actores políticos como los sindicatos obreros, que actuaban alineados a los partidos políticos. La fuerza del modelo pasa de la integración centrípeta a la exclusión centrífuga, donde existen unos pocos integrados que no están preocupados de generar condiciones para una integración creciente, sino que más bien están orientados a la mantención de los privilegios de clase, de género y étnicos que se mantienen hasta el día de hoy y que terminaron por modificar tanto el tejido político como el cultural. La flexibilización de la fuerza de trabajo y las altas tasas de cesantía registradas en la década del 80’, empezaron a producir un cambio en el modo en que se registraba la relación entre el contrato laboral y el contrato de género. Esto tiene tres efectos. Primero, desdibuja la imagen del hombre proveedor. Segundo, contribuye a la pérdida de la capacidad de presión de los trabajadores por las condiciones de trabajo, que se vieron transformadas por las múltiples reformas ejecutadas. Así por ejemplo, la institucionalización del Plan Laboral en 1979 modificó de manera fundamental el complejo esquema de interrelaciones entre Estado, empresarios y trabajadores; profundizando la importancia del modelo neoliberal en el plano cultural. Con ello, la pérdida de la capacidad de consumo de la población durante la década de los 80’ se resuelve a través del acceso al crédito de consumo individual. Esto, por un lado amplía el mercado interno y por otro, crea algunos niveles de adhesión popular al modelo neoliberal porque brindó la ilusión de los beneficios del mercado a través del consumo de bienes y servicios. Una tercera consecuencia, fue que de manera inesperada, en esa época se produjo un cambio en la dinámica de participación social y política de las mujeres, en especial de los sectores populares, a través de organizaciones de supervivencia comunitarias que en tanto acción política ocuparon un espacio de continuidad entre lo privado y lo público. Debido a su importancia en la configuración de la acción política, vale la pena recordar que las modificaciones a la legislación laboral también implicaron la anulación de las intermediaciones de los partidos políticos en los conflictos laborales, disminuyendo el rol y el poder de los sindicatos. Se observa una marginación y un cambio sustancial del rol del Estado respecto del esquema tripartito prevaleciente en la MENP, donde cumplía funciones de intermediación y equilibrio (o desequilibrio) en el conflicto social. Este proceso, si bien produce efectos de autonomización de los actores sociales, conlleva el peligro de generar tensiones por las demandas insatisfechas de los trabajadores, de no mediar la generación de nuevos canales institucionales para el procesamiento de los conflictos. En un marco de extrema debilidad sindical por casi dos décadas (1973-1990), el resultado fue que se les impusieron unilateralmente a los trabajadores tanto las condiciones de trabajo como los niveles salariales. Asimismo, hay que considerar una reconfiguración mundial del empleo producto de mundialización de la economía que tiende hacia la informalización, flexibilización y a veces a la precarización el mismo. En la actualidad los partidos políticos no han logrado resituarse como el mecanismo de la acción política de masas, ya que ahora éstos son de carácter más bien cupular. En tiempos de dictadura y a pesar de su ilegalidad, los partidos políticos continuaron siendo reconocidos como interlocutores por las autoridades militares, sobre todo bajo el espejismo de la existencia del adversario militar. Al respecto, se ha especulado sobre la capacidad militar de las fuerzas políticas de izquierda antes,

durante y después del golpe de Estado. Algunos sectores encuentran complicado plantear la existencia de diferentes fuerzas militares no regulares, pues esto es un escenario válido para sostener que el golpe militar fue una guerra y por lo tanto, no existirían violaciones a los derechos humanos, sino bajas en combate. En términos simbólicos, el espacio de la política quedó estructurado en base a la clandestinidad y a la postre, reorientó las líneas políticas de algunos de los partidos de izquierda y de algunas organizaciones sociales (Vidal 1983, 1997, 2000). El modo en que estos actores se instalaron en el espacio de la política desde la clandestinidad y la manera en que se decidieron las negociaciones e interacciones con las esferas gubernamentales en un escenario cerrado y de diálogo indirecto, será clave para entender el modo en que este espacio se reconfigurará a partir de finales de la década del 80’, a través de la “apertura política”. El modelo de desarrollo fue otro de los elementos relevantes de la refundación impulsada por el régimen militar. La nueva estrategia debía marcar un cambio absoluto y distanciarse de todo lo anterior que se consideraba tanto fracasado como errado. Los militares tenían claridad respecto a la necesidad de iniciar reformas, aunque no tenían certeza respecto a cual debía ser el camino a seguir. Una primera señal importante en este sentido, fue la incorporación al gobierno de un grupo de economistas formados en la Universidad Católica (una universidad privada) que habían profundizado sus estudios en la Universidad de Chicago – principal escuela de laissez faire sin restricciones-. Este grupo de profesionales, a los que se les llamó “Chicago Boys” se instaló en las oficinas de Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN)35

Esta nueva estrategia produjo no sólo una reordenación económica, sino también cambios en los roles del Estado, terminando paulatinamente con sus funciones sociales: la salud y la previsión social fueron entregadas al sector privado a través del sistema de instituciones de salud previsional (ISAPRE) y administradoras de fondos de pensiones (AFP). Otro tanto sucede con el sistema educativo, donde el Estado se desprende del rol docente que había asumido desde la década de 1930. Esto sucede fundamentalmente al amparo de la Constitución de 1980 que permite que los privados puedan intervenir en el sistema educativo, hasta ese minuto administrado centralizadamente por el Ministerio de Educación

y logró en poco tiempo sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo económico para Chile. La fórmula económica neoliberal se planteó entonces como una superación radical de las fórmulas precedentes (Collier y Sater 1998; Vergara 1985).

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El traspaso de empresas estatales a manos privadas fue además parte de la política seguida para restituir la confianza de los grupos económicos nacionales y extranjeros en el país y estimular su inversión, necesaria para agilizar la economía.

. Este proceso coincide con la aplicación de las políticas de ajuste estructural indicadas por el Banco Mundial y el FMI para superar la crisis económica de los 80’, que fueron aplicadas de manera ortodoxa y que implicaron por un lado la reducción del gasto del Estado precisamente en las áreas sociales, y por el otro, la privatización de empresas en áreas claves, incluso en sectores considerados estratégicos como el transporte, la energía y las telecomunicaciones, las que fueron traspasadas al sector privado en condiciones poco transparentes (Monckeberg 2001). En el nuevo paradigma de desarrollo, al Estado le competía un rol regulador en la economía. Sin embargo, éste sólo fue alcanzado de manera parcial recién a mediados de la década del 90’.

35 La ODEPLAN tuvo y tiene carácter ministerial, a partir de los gobiernos democráticos instalados en 1990. Esta oficina del Estado pasa a tomar el nombre de MIDEPLAN (Ministerio de Planificación Nacional). 36 Ley Orgánica Constitucional de Educación.

La estrategia de desarrollo pasó a ser importante por su dimensión económica de capitalización y no sólo por sus consecuencias sociales. De hecho éstas se tradujeron en el incremento de las iniquidades sociales y en la distribución desigual de las riquezas, no obstante haber modernizado muchos sectores productivos. El establecimiento de un modelo económico neoliberal ha indicado la desregulación estatal de precios y de las actividades económicas en general, así como también de la fuerza de trabajo, tanto en lo que se refiere a los mercados laborales como a los salarios. Como ya se ha señalado, la llamada flexibilización de la fuerza de trabajo, por un lado permitió al empresariado disponer discrecionalmente de ella y, por otro, incidió en el nivel de los salarios y en la capacidad de presión de los trabajadores dificultando la acción política de los sectores populares que encontraron en la lucha por la subsistencia un motivo para su articulación en la arena pública a través de problemas cotidianos, como la alimentación. Organizaciones como las ollas comunes, grupos de salud, de producción artesanal y de autodefensa, fueron sumamente significativos en estas organizaciones que ahora ya no eran de trabajadores sino que de pobladores. Producto de la represión y de las negociaciones políticas, el carácter popular propio de MENP se desdibuja pues los sindicatos y los partidos políticos dejan paulatinamente de ser los centros naturales de la participación política de masas y articuladores de las propuestas de los trabajadores. En esta línea, un gran síntoma del cambio es la exclusión del Partido Comunista de los acuerdos de la transición. Los principios y lineamientos políticos de la Constitución de 1980, así como el apoyo tácito o explícito a ellos, determinaron que cualquier cambio o ajuste en el sistema político y de representación sean difíciles de lograr, transformándose también en una traba para la recomposición del carácter popular de la matriz, que a la postre se perdería de manera definitiva. Los sectores políticos que ahora son gobierno, los grupos económicos y las cúpulas políticas permanentes, negocian y establecen transacciones que no necesariamente son refrendadas por otros actores políticos que están fuera de este circuito. Esta fue una característica de la transición hacia la democracia, pactada entre la elite política de la oposición y los actores del régimen militar, constituyendo un elemento que con mayor o menor nivel de notoriedad, ha permanecido durante la primera década del siglo XXI. La exclusión social, en tiempos en que la globalización se transforma en un tema cultural y político en Chile, ha hecho aparecer también una tensión en la construcción de las identidades, en la medida en que rescatan lo particular y lo local de las culturas del territorio nacional, al mismo tiempo hacen crecer la necesidad de tener una identidad nacional fuerte pero ya no articulada en la construcción de un país y un Estado de todos y para todos, sino que a través de la exaltación de atributos de “lo chileno” como la entrega, el compromiso, la solidaridad, y las gestas heroicas pasadas o presentes que ahora son más que nada económicas. Recomposición de la MSP en Chile a partir de 1990 La reinauguración democrática ocurrida en 1990, constituye un hito para la recomposición de una MSP, que expresa tanto elementos de continuidad y de ruptura con la MENP. No obstante, aún cuando ya han pasado casi dos décadas de la recuperación de la Democracia en Chile, es aún difícil señalar si se está en presencia de una nueva MSP, pese a que es posible identificar claramente nuevos fenómenos tanto en el modelo de desarrollo, el Estado y las Instituciones políticas, como en el espacio cultural. De esta manera, se hace relevante revisar algunas de sus principales características. No es posible comprender la forma en que se articula el Estado, la estructura político partidaria y la sociedad civil o base social (Garretón 1993), sin entender la

importancia que tuvo la transición hacia el régimen democrático en Chile después de 17 años de autoritarismo37

Al ganar el No en el plebiscito celebrado el 5 de octubre de 1988, se fijaron elecciones presidenciales y parlamentarias para el diciembre de 1989. La Concertación

. Como se ha señalado anteriormente, la Constitución de 1980 generó las definiciones sobre la continuidad del régimen político diseñado en el gobierno militar, este consideraba la realización de un plebiscito en 1988 para someter a la decisión popular la disyuntiva entre la opción Sí (a la continuidad representada en la figura misma de Augusto Pinochet) y el No (que como no estaba corporizada en alguien en concreto, fue encarnada en la idea del retorno a la democracia a través de la metáfora de la alegría) y que a la postre resultaría ganadora en dicho evento. La oposición al régimen militar enfrentó dividida este evento, por un lado se encontraba una coalición política llamada Concertación de Partidos por el No (que agrupaba a la Democracia Cristiana así como a partidos políticos escindidos de ella durante del 60 y 70, a diversidad de sectores socialistas agrupados en el propio Partido Socialista como en un nuevo referente llamado Partido por la Democracia, al Partido Humanista y al partido Radical); por el otro lado, se encontraban el Partido Comunista que aunque hizo un llamado a votar por el No, fue excluida de la Concertación.

38 que para ese entonces pasó a llamarse Concertación de Partidos por la Democracia presentó un candidato de consenso anti pinochetista que se enfrentó a un candidato de continuidad del gobierno militar -continuidad sobre todo en lo económico39

Si bien es cierto que el temor de una regresión autoritaria fue parte del discurso y la práctica política durante el gobierno de Patricio Aylwin (1900-1994) debido a que el énfasis estuvo puesto en la administración del conflicto con los militares

-. El consenso en lo referente al candidato presidencial no se logró en lo relativo a las elecciones parlamentarias, de modo que el Partido Comunista no formó parte de la lista parlamentaria de la Concertación bajo el argumento del peligro de una regresión autoritaria. Este hecho ha venido a configurar un elemento central de la una nueva MSP, ya que producto del sistema electoral binominal, esta primera exclusión se ha ido agudizando, provocando problemas en la representatividad de los partidos pequeños y reducción de la brecha ideológica de los partidos que poseen representación parlamentaria, obligados a formar coaliciones para garantizar la obtención de escaños en el Congreso, como consecuencia de un sistema electoral heredado del periodo autoritario. Esto influye en la percepción de la calidad de la política y hace muy difícil el tratamiento de temas que atañen a las minorías ya sean estas de género, étnicas, sexuales o políticas -como los movimientos anti neoliberalismo- que son importantes en el contexto cultural de la globalización.

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37 En este sentido, adscribimos a la tesis que afirma que la transición a la Democracia termina en el momento en que Aylwin asume la presidencia en 1990. No se comparte la visión de aquellos que sostienen que la transición continúa una vez instalada la democracia, dada la existencia de temas pendientes con el pasado producto de la herencia autoritaria. Estos llamados “enclaves autoritarios” – a juicio de las autoras – si bien están presentes, escapan a la naturaleza propia de la transición y son más bien el reflejo de una democracia incompleta. 38 Ha gobernado en los cuatro periodos presidenciales posteriores al gobierno militar: Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei (1994- 2000); Ricardo Lagos (2000- 2006); Michelle Bachelet (2006-2010). 39 Estos fueron Patricio Aylwin y Hernán Büchi, además del conservador Francisco Javier Errázuriz.

, también

40 En general, el gobierno de Patricio Aylwin debió concentrar parte importante de sus esfuerzos en mantener dentro de límites tolerables la amenaza de la regresión autoritaria y sostener el modelo de “democracia de los acuerdos” que había ayudado a contener el conflicto social y a alcanzar la victoria para la Concertación de Partidos por la Democracia (coalición que agrupa a partidos de centro y centro-izquierda en Chile: Democracia Cristiana, Partido por la Democracia, Partido Radical Social Demócrata y Partido Socialista) en las elecciones presidenciales de 1989- Aunque la amenaza no

lo es que éste se disipa a partir del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle41

Un aspecto pendiente de esta nueva MSP dice relación con la exclusión generada por el modelo de desarrollo instalado durante la dictadura y mantenido en democracia. De esta forma, el tema de la equidad y la distribución de la riqueza en el país (Guzmán 1998), sigue siendo un asunto gravitante en la realidad social y política, transformándose en un elemento conflictivo no sólo en las definiciones ideológicas sobre la redistribución, sino que también, en las distintas alternativas de políticas públicas que estas visiones ofrecen.

, por cuanto ya se habían desarrollado en Chile al menos dos elecciones parlamentarias legítimas (1989 y 1993) y se había celebrado una ceremonia de traspaso de mando presidencial entre civiles.

42

Por su parte, el relativo avance en el tema de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, se convierte en un elemento constitutivo de la nueva matriz que irrumpe en la memoria colectiva con la aparición de ciertos hitos como la detención de Pinochet en Londres (1998 – 2000), los procesos judiciales y las condenas que siguen algunos militares en retiro y los anuncios del ejecutivo de buscar nuevas formas de reparación para las víctimas y sus familiares

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En este sentido, desde 1990 ha estado en permanente tensión una doble cuestión respecto a la temática de los Derechos Humanos. De un lado está la demanda de verdad, sobre la cual el avance es bastante indiscutible. Por otro lado persiste la demanda de justicia y reparación, que emerge cada cierto tiempo en la agenda pública, pero que presumiblemente no tiene solución, mas aún después de que Augusto Pinochet muriera el año 2006 sin haber recibido sentencia de los tribunales chilenos. La sociedad chilena vive así, en una permanente lucha por la imposición

, que a su vez generan tensiones – de cada vez menor intensidad- al interior de las Fuerzas Armadas, el gobierno y la sociedad civil. En este sentido, es importante considerar que durante muchos años, tanto las Fuerzas Armadas como los Partidos de Derecha que apoyaron el régimen militar, negaron sistemáticamente la existencia de violaciones a los Derechos Humanos durante el régimen militar. Posteriormente se reconoce la verdad de los hechos, aunque aún no haya gestos de responsabilidad personal frente a ellos, más que las sentencias dictadas por la justicia.

desaparece totalmente en el gobierno de Frei –Pinochet continúa al frente de las Fuerzas Armadas hasta 1998-, sí se observa que ésta se hace cada vez menor. 41 Eduardo Frei (Demócrata Cristiano, hijo del ex presidente con el mismo nombre) llega a la presidencia de la República con el 57,98% de los votos, constituyendo el mayor porcentaje de votos obtenido por algún candidato presidencial, luego de la redemocratización en 1990. (Ver: www.elecciones.gov.cl) 42 Al respecto, se ha discutido en Chile la posibilidad de generar mayores ingresos fiscales a través de alzas de impuestos o tributos, ya sea a una actividad específica o al consumo, iniciativas que han sido impulsadas por el gobierno y que han sido en su mayoría rechazadas por la oposición en el Congreso Nacional. Este bloqueo de iniciativas y, por tanto, la incapacidad de generar mayores transformaciones en el sistema es producto de la arquitectura institucional diseñada por el régimen autoritario y que tiene consecuencias hasta nuestros días. 43 Tres hitos se observan en este ámbito. En primer lugar, el informe emanado de la Mesa de Diálogo, creada durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz – Tagle, que reunió a diversos actores sociales –excepto, paradójicamente, a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos- involucrados en los hechos que llevaron al quiebre institucional de 1973 y que dio cuenta de las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos. En segundo lugar, el Informe sobre Prisión Política y Tortura de la llamada Comisión Valech, que entrega al Presidente de la República en el 2004, un abordaje a la situación de los derechos humanos ya no desde los detenidos desaparecidos, como había sido hasta ahora, sino que también desde aquellos que sufrieron las consecuencias del régimen y que están aún vivos. En dicho documento están contenidas las declaraciones de 35.000 personas sometidas a apremios ilegítimos y torturas durante el gobierno de Pinochet. Este documento y el llamado “Informe Rettig”- elaborado en el gobierno de Patricio Aylwin- constituyen los más grandes esfuerzos de los gobiernos post-autoritarios por generar documentos que den cuenta de las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el régimen de Pinochet.

de significados sobre el “pasado”, razón por la cual no existe una narrativa sobre la memoria que sea hegemónica (De la Parra 1997; Huneeus 2000 b; Lechner & Güell, 1999; Loveman & Lira, 2000)44

Los partidos políticos directamente afectados por el sistema de representación política actual heredado de la Constitución de 1980 y de las leyes orgánicas que le siguieron y que favorecen a las grandes coaliciones de partidos, son aquellos que se encuentran a la izquierda del espectro (Partido Comunista y Humanista)

. De esta manera, en la recomposición de la MSP de la democracia, se observan tanto elementos de continuidad como de quiebre respecto de la MENP. Dentro de los elementos de continuidad, persiste un especial énfasis en la importancia que se le atribuye al régimen presidencial, que pone al ejecutivo y a la figura del Presidente de la República como un factor ordenador clave del sistema político. De la misma manera, dado que persiste el apego a las directrices establecidas por la norma, claramente reflejado en la importancia que se le atribuye a la Constitución Política, como un espacio simbólico y fundacional de la sociedad, se acrecientan los cuestionamientos a la legitimidad de origen de la Carta Fundamental actualmente vigente en Chile. Por su parte, dentro de los elementos de ruptura respecto de la MENP, la más significativa se encuentra en lo que respecta al rol del Estado, ya que su carácter de guía de los procesos económicos, sociales y políticos, se ve progresiva, aunque no completamente, disminuido. De esta manera, uno de los elementos que más marcadamente se hereda del proceso de descomposición de la MENP es el nuevo rol que asume el Estado y que evidencia el giro de un Estado Empresario– dueño de empresas públicas y proveedor de la mayor parte de bienes y servicios - a un Estado Regulador y Subsidiario (Rehren 2000; Rivera 2003). Este nuevo tipo de Estado se caracteriza por fijar el marco normativo en el cual se desarrollan las actividades de mercado, amparando su función en la idea de la existencia de fallas de mercado que obligan al Estado a normar, fiscalizar e intervenir focalizadamente en la provisión de servicios (Stiglitz 1995). Por otra parte, los partidos políticos que en la MENP aglutinaban intereses de distintos grupos sociales en un escenario de gran diversidad ideológica, se ven enfrentados a una creciente apatía por la participación política formal y a una creciente dificultad para capturar fidelidad partidaria en los procesos eleccionarios. Al mismo tiempo, los partidos son testigos de la penetración de lógicas de mercado en la competencia por el voto, donde el candidato, visto como un producto de las encuestas y el marketing, reemplaza muchas veces al personaje que antiguamente encarnaba determinada ideología. A lo anterior se une el creciente desinterés de la ciudadanía por la actividad pública y la mayor valoración que ha cobrado la vida privada y las nuevas formas de consumo.

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En relación con lo anterior, en la nueva MSP se asiste a una baja evaluación ciudadana de la actividad política, los políticos y sus instituciones. A este respecto, la respuesta de la clase política ha sido generar algunas estrategias de adhesión, con alto componente comunicacional, tales como la “política denuncia”, “la farandulización” o, más recientemente, la aparición del fenómeno “díscolo”, que se

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44 Los textos escolares de la asignatura de Comprensión del Medio Social (Historia) que son distribuidos por el Ministerio de Educación, han debido incorporar varias versiones e interpretaciones sobre las causas del golpe de Estado de 1973 y sobre el proceso social posterior, para que los niños/as “decidan” si se trató de un gobierno militar, de un gobierno de las fuerzas armadas o de una dictadura, entre otros puntos. 45 Autores como Marcelo Cavarozzi (1996) sostienen que esta relativa convergencia entre izquierdas y derechas, ha contribuido en el Cono Sur a generar mayores grados de estabilidad político – democrática, cuestión que se aplica en cierto modo al caso chileno, no así al caso Argentino y Boliviano.

refiere fundamentalmente a las posiciones divergentes que buscan marcar algunos parlamentarios frente a iniciativas legislativas de alto consenso de coalición. Probablemente estas formas de neo- populismo constituyen una manera de sustituir la falta de distinción ideológica entre los distintos bloques políticos. Por otro lado, el modelo de desarrollo neoliberal impulsado por el gobierno militar no encontró férreas resistencias luego de reinstalada la democracia en Chile46

En la nueva matriz no se trata sólo de administrar el modelo de desarrollo basado en las leyes del mercado, sino que también de hacer que éste se comporte de manera tal que sus ventajas alcancen para todos. En este sentido, aunque en ningún caso logran resolver el gran problema de exclusión social suscitado por el actual modelo de desarrollo, cobran importancia medidas redistributivas tales como la reforma educacional y los programas impulsados durante el gobierno de Eduardo Frei, así como la reforma al sistema de salud, el Programa Chile Solidario, diseñados y ejecutados por la administración de Ricardo Lagos; y, más recientemente, la instalación del llamado Sistema de Protección Social, impulsado por la Presidenta Michelle Bachelet, cuyo propósito fundamental es transformar el concepto de las políticas públicas, situándolas en el espacio de los derechos sociales

. Esto se explica en un primer momento, por la necesidad de contener el conflicto y por el temor de la elite política a la posibilidad de una regresión autoritaria. No obstante, se observa paulatinamente una marcada orientación a introducir algunas correcciones al modelo de desarrollo que sin embargo, no implican una crítica profunda. El desafío de la equidad y la igualdad se hacen parte del discurso político habitual y en esa medida, el gasto público orientado a políticas sociales tiende a crecer.

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Otro de los elementos que se introduce en el modelo de desarrollo a partir de la configuración de una nueva MSP es la apuesta internacional de Chile

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48. En este sentido, los gobiernos democráticos han generado estrategias que se orientan tanto a fortalecer los vínculos comerciales como los diplomáticos. Ello, ayudado por el fenómeno de la globalización tanto de mercados como de información, ha contribuido a que Chile haya firmado (o esté en proceso de hacerlo) una serie de Tratados de Libre Comercio (TLC) con diversos países en América, Asia y Europa. Asimismo, Chile ha desplegado importantes esfuerzos por ingresar al selecto grupo de países que conforman la OCDE, que aglutina a los países más avanzados y desarrollados del planeta. Todo ello como parte de una estrategia que ha orientado la política exterior a posicionar la imagen de Chile en el mundo, de manera tal de mejorar los niveles de confianza internacional.

Como se señaló, las razones consensuadas para no generar transformaciones de fondo respecto al modelo económico radicaron en la preocupación por evitar la regresión autoritaria y administrar el conflicto en la llamada “democracia protegida” legada por los militares. No obstante, se observa a partir de la reinstauración de la democracia, una tendencia hacia la generación de políticas de reforma al modelo

Modelo de Desarrollo, Inserción Internacional y Globalización.

46 El modelo de desarrollo instalado en Chile al que hemos llamado “neoliberal” se caracteriza por un amplio papel asignado al mercado, por la privatización de los medios de producción y, en consecuencia, un cambio sobre la organización social del país. Las principales transformaciones económicas del modelo se focalizaron en los campos fiscal, financiero, laboral, relaciones económicas con el exterior y propiedad pública de los medios de producción. Más adelante se introdujeron también cambios importantes al sistema de previsión (Ffrench – Davis 1999) 47 Dos son sus principales componentes: Protección y estímulo a la primera Infancia (Chile Crece Contigo y Programa de Salas Cuna) y Sistema provisional. 48 Esta apuesta internacional obedece básicamente a la necesidad estratégica de Chile, diagnosticada por los gobiernos de la Concertación, por romper el aislamiento regional y mejorar sus expectativas de desarrollo.

que ven sus resultados ya muy avanzada la década de 199049. El modelo de desarrollo implantado por los “Chicago Boys” durante el periodo autoritario ha sido una de las herencias más discutidas por los diferentes sectores de la sociedad chilena, debido a los altos niveles de exclusión social que provoca (Moulian 1997, Nef 1999, Subercaseux 2002). El Régimen militar había dejado tras de sí índices de un notable deterioro de la distribución del ingreso en Chile y una excesiva concentración de la riqueza. Segundo, se exhibía una baja tasa de inversión bruta por trabajador y leyes laborales sesgadas contra estos. Tercero, baja en las remuneraciones, pensiones e ingreso mínimo respecto a 1970. Por último, el gasto público en salud, educación, previsión social y vivienda había decaído en un 22% promedio. La realidad descrita era incompatible con la existencia de un régimen democrático con grados aceptables de conflicto social y gobernabilidad. De esta manera, la preocupación por los temas de equidad y pobreza, pasó a ocupar el mismo nivel que aquellos ligados a los equilibrios macroeconómicos, por cuando se entendía que sólo ambos podrían alcanzar los equilibrios macrosociales deseados. Junto a las reformas al modelo neoliberal, a la nueva MSP se le incorpora otro elemento fundamental al modelo de desarrollo: la apertura al comercio internacional. Chile adoptó un modelo de apertura económica que implicó la adopción de una economía de mercado y la supresión de todas las barreras impuestas durante la matriz ENP al comercio internacional. Esta estrategia se ha visto favorecida por las condiciones que presenta la globalización a través del flujo de información existente y las facilidades para el transporte de mercancías y personas de un lado a otro. En los últimos años, el gobierno ha puesto un especial énfasis en las consecuencias positivas de los TLC en tanto catalizadores de cambios culturales y legales, como por ejemplo, la generación de compatibilidades en las legislaciones laborales para adecuarlas al derecho internacional, las medioambientales o las de derechos de propiedad. Junto a esto, se afirma que la regulación y la liberalización se complementan para permitir el ingreso de capitales orientados a la inversión productiva o de largo plazo, con lo que se pretendería disminuir la volatilidad financiera (Urriola 2000). Sin embargo, las consecuencias del modelo de desarrollo y del nuevo rol regulador del Estado, no estarán sólo en el orden de lo económico, sino que, como se verá más adelante, tendrán también un impacto en lo político y en lo social.

Por otra parte, y tal como se señaló con anterioridad, el modelo de desarrollo instalado y la consecuente disminución del Estado y cambio de roles del mismo, no sólo han tenido repercusiones en el plano económico, sino que también en el político, traduciéndose en un notable aumento del mercado como mecanismo de asignación de recursos (Rehren 2000; Rivera 2003). La relación entre política y

Estado e Instituciones Políticas Tal como se ha señalado, el quiebre de la MENP, no logro romper con el peso indiscutido del poder ejecutivo en términos políticos y simbólicos. La personalización del régimen en la figura del presidente de la república parece ser una característica que por períodos se exacerba, configurándose incluso como un hiperpresidencialismo. De la misma forma, la vocación constitucionalista y normativa del régimen político chileno, implica que cualquier cambio de este componente en la matriz actual, tendrá que pasar necesariamente por un mecanismo de legitimidad legal.

49 Al respecto, es importante recordar que tanto los empresarios, aliados del régimen militar desde el proceso de privatización, como los parlamentarios de derecha, fueron un fuerte centro opositor a cualquiera de las posibles reformas al sistema económico durante el gobierno de Patricio Aylwin. En este sentido es que el equipo económico de gobierno privilegió el contener el conflicto.

mercado se acrecienta (Silva 2002) y los gobiernos deben generar estrategias de estabilidad y crecimiento macroeconómico que a su vez le permitan atraer inversión y generar mayores recursos para la inversión en políticas públicas que, en última instancia, sirvan para generar mejores condiciones para proyectarse políticamente en el futuro (Messner & Scholz 1997). A partir de este nuevo escenario de irrupción del mercado y achicamiento del Estado, es que se ha discutido el tema de la Reforma del Estado como una tarea pendiente de los últimos tres gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia (Rivera 2003). En la configuración actual de la matriz, esta reforma ha sido entendida básicamente como la transformación del aparato administrativo del Estado en respuesta a la nueva realidad impuesta desde el modelo de desarrollo. En este sentido, se observa la adopción de una serie de políticas que apuntan en esta dirección y a la creación de Comités o Agencias desde el ejecutivo encargadas de encabezar este proceso transformador50

En la pregunta por el cambio de sentido y configuración de la participación política es necesario considerar: la influencia de un diseño político-institucional que ha favorecido la manutención de las mayorías políticas y la sobre-representación de la segunda fuerza política en desmedro de las minorías (sistema binominal), la pérdida del contenido ideológico de los partidos producto del quiebre de la lógica Este - Oeste

. Cuando se habla de Reforma o Modernización del Estado, de lo que se trata en realidad es de dar cuenta de un cambio en la gestión del aparato administrativo, pero que evidencia las nuevas tensiones en la articulación de la matriz que no han sido suficientemente consideradas en el diseño de políticas con esta orientación. Por otra parte, resultan importantes las dinámicas que configuran la participación política actual. Mientras que en la MENP la centralidad de la acción política y la emergencia de nuevos grupos sociales fue clave, por cuanto aseguró la amplitud ideológica del sistema de representación, en la MSP actual la intermediación del mercado juega un rol central en la participación política (Viguera 1996; Weyland 1999). En palabras de Moulian (1997),“En el Chile actual donde la economía genera formas postizas y simuladas de proteger al individuo de la inequidad distributiva, dotándolo del crédito que proporciona una esperanza concreta, factible, que no pueden entregar las grandes narraciones etéreas, es fácil caer en la tentación de una vida que transcurre entre el agobio del trabajo y el descanso del mall o la televisión. En ese marco ¿para qué podría servir la política, la participación, la actividad pública?” (pp.108).

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50 Durante el gobierno de Eduardo Frei, se creó el Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública que, como su nombre lo dice, estaba compuesto por los principales ministros de Estado. En el gobierno de Ricardo Lagos, en tanto, se crea el Proyecto de Reforma y Modernización del Estado, dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 51 Lógica internacional fundamental, en tanto genero las directrices para los partidos de izquierda durante la matriz estado – céntrica, y que se rompe con el fin de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética.

, la decadencia de la imagen de lo público y la desvaloración del rol que han cumplido instituciones como las ONG’s. De hecho, vale la pena considerar que la idea misma de ideología o politización de lo político y lo social es presentada como problema para el consenso, el normal funcionamiento o para la estabilidad de la idea país. Casi de manera constante se escuchan llamados a no politizar la economía, la pobreza, la justicia, los derechos humanos, etc. Este discurso incluso ha logrado penetrar a los partidos políticos de todos los sectores. Entonces, en la misma medida que se insiste en la falta de participación política, se articula un discurso público que muestra lo político como una cualidad negativa de la vida social. En este sentido, a nivel ideológico se introduce un elemento de tensión en la articulación de la matriz, donde el sentir ciudadano y el discurso público oficial se distancian enormemente.

La diferenciación ideológica en el país ha ocasionado que se mantenga una distinción importante entre el pasado -ideologizado- y el futuro -no ideologizado-. En este plano, Chile parece estar dividido (Huneeus 2000 b) y se instala entonces, el consenso como un valor social altamente apreciado pero que no constituye una propuesta para compartir el futuro sino un miedo compartido a revivir los conflictos del pasado (Lechner & Güell 1999). El “imaginario colectivo” de lo chileno parece así, diluirse (PNUD 2002). La decadencia de la imagen de lo público y especialmente del mundo político es una característica relevante de la nueva matriz y un elemento diferenciador respecto a su configuración anterior. Los partidos pierden relevancia y el sistema electoral binominal vigente no permite la creación de nuevos movimientos sociales con capacidad de articularse en un partido con probabilidad de éxito, ya que el sistema electoral -uno de los mencionados enclaves autoritarios- tiende a fomentar la existencia de pactos, dejando fuera a aquellos partidos que privilegien la competencia individual o de minorías. Como ya lo mencionábamos, éste es uno de los componentes más importantes heredados desde el autoritarismo a la nueva matriz. A lo anterior, se suma el decaimiento que han sufrido muchas ONG’s en el transcurso de la estabilización del régimen democrático, lo que se debe básicamente a la disminución de los recursos internacionales que se explicaban por la necesidad de generar actores políticos capaces de recuperar la democracia. Esto ha implicado necesariamente la desaparición de muchos de estos organismos o la disminución o invisibilización de su contribución en la generación de un tejido social políticamente activo. A este respecto, cabe afirmar que la baja participación ciudadana y la poca valoración de la actividad pública son elementos relevantes de considerar en relación a la gobernabilidad democrática. La nueva MSP se caracteriza por contar con partidos políticos con un discurso que no apela a lo ideológico y donde las diferencias operan en el campo del modelo de desarrollo (plenamente aceptado por todo el espectro de partidos con representación parlamentaria) o en las interpretaciones sobre el pasado reciente, aunque este último factor tiende a perder la fuerza que tuvo en el discurso público partidista de principio de los 90’. La aparición de nuevos temas en la agenda pública (bioética, medioambiente, equidad de género, globalización e identidades) que los partidos no son siempre capaces de recoger, genera enormes dificultades para que éstos puedan expresar e interpretar a los nuevos actores y movimientos sociales que emergen en la actualidad52

(Garretón 2000).

52 Algunas de las últimas noticias en torno a estos nuevos temas, corresponden por ejemplo, a la activa movilización de la comunidad dela ciudad de Valdicvia en el sur del país, por la muerte de los cisnes de cuello negro en el santuario de la naturaleza del Río Cruces. La muerte masiva de los cisnes sería responsabilidad de la planta de celulosa CELCO ARAUCO, cuyos desechos contaminan el río. Desde el año 2004 y a propósito de este desastre ambiental, se generó el movimiento “Acción por los Cisnes” que agrupa a profesionales, estudiantes y pequeños empresarios que lograron generar una acción colectiva en contra de un gran grupo económico sin la intervención de los partidios políticos. Una respuesta similarmente activa ha despertado el proyecto de extracción de oro, plata y cobre de la minera canadiense Barrick Gold en el sector de Pascua-Lama ubicado en el valle de Huasco, en la tercera región del país. La realización de este proyecto implicaría el traslado de glaciares de nieves eternas que alimentan el sistema hídrico del valle de Huasco. El “Consejo de Defensa del Valle de Huasco” agrupa a los vecinos y a la comunidad diaguita movilizada contra el proyecto canadiense. A la difusión de ambos temas por los medios televisivos y escritos, se suman las declaraciones públicas de ONGs y organizaciones de defensa del medio ambiente (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales –OLCA-, Amigos de la Tierra CODEFF, etc.) que han sido ampliamente difundidas vía internet.

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