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EDITORIAL

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JÓVENES

«Por favor, ayúdenos.Ustedes pueden haceralgo» ...................... 3

TEMA CENTRAL

La implementación dela Convención sobre losDerechos del Niño y elproyecto de ley estatu-taria de infancia y ado-lecencia ................ 10

LOS NIÑOS, LASNIÑAS, SUS DERECHOS

Y...Los órganos de controldel estado se pronunciancontra las ambigüeda-des de la legislaciónColombiana .......... 14

ACTIVIDADES DE LACOALICIÓN

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Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia

E n E r O 2 0 0 5 B o G o T á D . C . C o L o M b I a

Siendo candidato, el Presidente Álvaro Uribe,propuso “más severidad con el menor delin-cuente de alta peligrosidad”1 y “evaluar si 18años debe seguir siendo la edad mínima deresponsabilidad penal o la conveniencia derebajarla2 ”. En congruencia con esta pro-puestas, a comienzos de 2004, la Represen-tante a la Cámara Gina Parody, del partido degobierno, presentó el proyecto de ley 225 de2004, “por el cual se busca adoptar un sistemade responsabilidad penal juvenil en Colombia”,que posteriormente retiró para presentar elproyecto de ley estatutaria No 032 de 2004,“Por medio de la cual se expide la Ley deInfancia y Adolescencia que deroga el Decreto2737 de 1989 – Código del Menor”.

Adiferencia de lasanteriores propuestas legislativas en

torno a la niñez, el proyectode ley estatutaria expresa unaintención de integralidad yestablece, además de un sis-tema de responsabilidad pe-nal juvenil, medidas tendien-tes a garantizar los derechosde niños y niñas, con el inte-rés de responder a demandasinternacionales de respeto delos derechos de la Infancia yla Juventud.

1 Punto 34 del “Manifiesto Democrático de 100 puntos”, Álvaro Uribe Vélez.2 Programa de Gobierno, Álvaro Uribe Vélez, Presidente 2002-2006. Mayo 6, 2002

e e e e e d d d d d i i i i i t t t t t o o o o o r r r r r i i i i i a a a a a l l l l l

CONSEJO EDITORIAL

Maria Eugenia Ramirez,Diana Castillo, Haidy Duque,

Amanda Romero,Amalia Eraso.

COORDINACIÓN EDITORIAL

Amanda Romero,Comite Andino de Servicios

DISEÑO GRÁFICO

Rocio Paola Nemeroshypaola@hotmail.com

CCCCCONONONONON EEEEELLLLL AAAAAPOPOPOPOPOYYYYYOOOOO DDDDDEEEEE

KKKKKERKINAERKINAERKINAERKINAERKINACTIECTIECTIECTIECTIE- - - - - SASASASASAVEVEVEVEVE THETHETHETHETHE CHILDRENCHILDRENCHILDRENCHILDRENCHILDREN SUECIASUECIASUECIASUECIASUECIA

Entre el pueblo WEntre el pueblo WEntre el pueblo WEntre el pueblo WEntre el pueblo Wayuu, de la Guajira Colombiana, el ayuu, de la Guajira Colombiana, el ayuu, de la Guajira Colombiana, el ayuu, de la Guajira Colombiana, el ayuu, de la Guajira Colombiana, el Pútchipu Pútchipu Pútchipu Pútchipu Pútchipu es la persona encargada de conciliar las guerras y lograr la paz.es la persona encargada de conciliar las guerras y lograr la paz.es la persona encargada de conciliar las guerras y lograr la paz.es la persona encargada de conciliar las guerras y lograr la paz.es la persona encargada de conciliar las guerras y lograr la paz.

una publicación de launa publicación de launa publicación de launa publicación de launa publicación de laCoalición contra la

vinculación de niños, niñas yjóvenes al conflicto armado

en Colombia

TTTTT E L É F O N OE L É F O N OE L É F O N OE L É F O N OE L É F O N O

(57-1) 544 7522E -E -E -E -E - M A I LM A I LM A I LM A I LM A I L

coalico@elsitio.net.coBBBBBO G OO G OO G OO G OO G O T ÁT ÁT ÁT ÁT Á D D D D D.C..C..C..C..C.

CCCCC O L O M B I AO L O M B I AO L O M B I AO L O M B I AO L O M B I A

La COALICO terminó el 2004 con un balance positivo de las tareas desarrolladas para posicionar el tema de la infancia y la juventud afectadas por lavinculación directa e indirecta en el conflicto armado en diferentes espacios de

toma de decisiones, con un esfuerzo importante con el Congreso de la República, ycon relaciones con órganos de control del Estado preocupados por el tema. Así mis-mo, continuó su trabajo sostenido de sensibilizar y capacitar a adolescentes, niños yniñas que están en las zonas más duramente castigadas por la estigmatización, lapersecución y el irrespeto a los derechos de la infancia y la juventud, apoyándonos enlas organizaciones con las que trabajan los miembros de la Coalición, en lugarescomo Santander, Putumayo, Bolívar, Sucre, Cauca y el sur de Bogotá.

En diálogo permanente con instituciones dedicadas a la protección de los derechosde la infancia y la juventud, la COALICO asumió su papel como miembro suplente delas entidades que representan el tema dentro del Consejo Nacional de Paz, un órganocreado por la Ley 434 de 1998 y que no había sido convocado por el Presidente ÁlvaroUribe. Gracias a una serie de acciones legales, el gobierno se vio obligado a convocardicho espacio, y en él, la COALICO espera aportar sus reflexiones, en particular enmomentos en que la desmovilización televisada de combatientes paramilitares ocupalos medios de comunicación, resaltando el argumento de que es mejor tener al menosa una de las facciones del conflicto fuera del escenario, para concentrarse en la derrotaguerrillera por la vía militar.

Sin embargo, el tema no es tan sencillo. Además de la polémica por el proyecto deley que busca sancionar a los paramilitares por los graves delitos contra los derechoshumanos cometidos durante más de 20 años en el país, con penas que no sobrepasanlos 10 años de prisión, y con planteamientos débiles respecto de la verdad, la justicia yla reparación, el gobierno y los propios líderes paramilitares insisten en que no se lesextraditará por narcotráfico y más bien, que se requieren recursos económicos parainvertir en planes de resocialización de los excombatientes, apelando para ello a sucondición de personas que están cansadas de la guerra y buscan reintegrarse a lasociedad. Dentro de esas discusiones, no se menciona para nada que toda la sociedades la que está cansada de la guerra, que la vía del diálogo y la negociación con losguerrilleros es la más conveniente para el país y que en especial, el tema de los niños,niñas y jóvenes paramilitares y la forma en que serán tratados no está explícitamenteincluido en las negociaciones de Santa Fe de Ralito.

Al mismo tiempo, el Congreso discute un proyecto de ley para reformar el Códigodel Menor, de 1989, para introducir normas de garantía a los derechos humanos deniños, niñas y adolescentes, en los cuales se incorporan medidas punitivas muchomás graves que las aplicables a los paramilitares adultos. El artículo central de esteboletín recoge las principales preocupaciones y análisis de la COALICO, a fin degenerar reacciones de quienes se interesan por el tema de la protección de los niños,niñas y jóvenes vinculados de modo directo o indirecto al conflicto armado.

Mientras en el plano jurídico éstas son las discusiones, en el plano del desarrollodel conflicto armado, acciones como las fumigaciones indiscriminadas en varias re-giones rurales del país, los combates y los ataques contra la población civil, la perse-cución y estigmatización a las y los jóvenes en áreas empobrecidas de las ciudadescolombianas, y la muerte, tortura, desaparición, “retención” y hostigamiento contraniños, niñas y jóvenes en las zonas de conflicto siguen planteando la urgencia de quela sociedad se movilice para demandar planes estatales integrales y coherentes conlos estándares internacionales que velan por el bienestar de ese fragmento de lapoblación mundial.

Con esta frase terminabauna de las más de 35 cartas que jóvenes de ambos

sexos escribieron a miembros del Con-greso de la República responsables dela discusión del proyecto de ley quemodificará el Código de la Niñez (lla-mado Código del Menor) en Colombia.

En el contexto de un taller na-cional de capacitación con adoles-centes, hombres y mujeres, prove-nientes de al menos 8 regiones delpaís en donde trabajan las organiza-ciones miembros de la Coalico, las ylos participantes reflexionaron sobrelos aspectos problemáticos de la pro-puesta discutida hasta el mes de oc-tubre de 2004 en el Congreso. Mu-chas de ellas fueron objeto de otrasdiscusiones y modificaciones poste-riores en diciembre del mismo año,fecha en la que representantes de laCoalición pudieron participar en de-bates organizados con otras organi-zaciones de la sociedad civil intere-sadas en la armonización del Códigode la Niñez (véase en este mismo Bo-letín el artículo central sobre el Có-digo de la Niñez).

De todos modos, la COALICO pusoen marcha un mecanismo de reflexiónsobre el proyecto anterior, contandocon la opinión y la voz de estos jóve-nes, entre quienes se encuentran per-sonas afectadas por el desplazamien-to forzado, la persecución y continuazozobra en zonas de conflicto arma-do, el desempleo, la falta de acceso ala educación, la pobreza y habersedesvinculado recientemente del con-flicto. Transcribimos algunos apartesde estas cartas:

La voz de las y los jóvenes

“Queremos manifestarles que hoy en día en nuestraregión (Cúcuta, Norte de Santander), ha sido golpeadae invadida por la violencia, que a diario se presenta ennuestro país; esa violencia tan absurda que nos hacevíctimas y nos limita y niega nuestros derechos. Porlo tanto, queremos por este medio, plasmar nuestrorotundo inconformismo por la manera de cómo sereparte justicia social, y además sin prestar la másmínima importancia a nuestra posición y pensamiento.Queremos recordarles que nosotros, los niños y jóvenesvenimos al mundo para vivir, no para sufrir, y somosparte de la solución de muchos problemas”.

“Los niños y niñas deColombia queremosque nos tengan encuenta que tenemostodo el derecho a serescuchados y sobretodo, a opinar de loque queremos ysentimos”.

“La presente es parainformarles que pormedio de esta cartaescuchen las voces deun grupo de jóvenes,preocupados por laeducción de nuestralocalidad de San Cris-tóbal sur (Bogotá)”.

“Unir nuestrasvoces para quese escuchen encada rincón deeste mapa”

“Solicitamos los niños,niñas y jóvenes de laCoalición, que se tenga encuenta que: Colombiasomos todos, no algunos”.

“Somos jóvenes desvinculados del conflictoarmado y no tenemos los beneficios quenos han prometido. Entiendan que ustedesnos dijeron esto por los medios decomunicación, radio, televisores, etc.Esperamos su respuesta”.

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UUUUUn participante de 14 años, procedente del departamentode Arauca señalaba con claridad las causas de la situaciónde la infancia y la juventud, que empuja a cientos de niños,niñas y jóvenes a vincularse a grupos armados:

“Me parece que un país con tantas riquezas, con tantos ingresos económicos, no se pueda prestar elservicio a la educacióneducacióneducacióneducacióneducación como es debido. Para mí, en un país con tantas expectativas, la educación deberíaser gratuita. Propondría al gobierno lo anterior, en vez de estar pensando en privatizarla”.

La pobreza:La pobreza:La pobreza:La pobreza:La pobreza: me parece pésimo que en un país como éste haya un nivel tan alto de pobreza. Me parece enesta parte, que esto se da por la corrupción que existe en nuestro país.

Abuso de autoridad:Abuso de autoridad:Abuso de autoridad:Abuso de autoridad:Abuso de autoridad: Yo como joven he presenciado casos de abuso de autoridad y atropellos, por partede las autoridades públicas y judiciales. Me siento mal cuando escucho que la seguridad democrática espara proteger a la población civil, y en vez de esto, loo que hacen es abusar de su autoridad.

Salud:Salud:Salud:Salud:Salud: me parece poca cosa lo que hace el gobierno para satisfacer las necesidades de los colombianosrespecto a la asistencia médica. Se han presentado muchos casos de fallecimiento de población civildebido a inasistencia de atención médica, en la mayoría de los casos esto sucede debido a que las personasno tienen recursos económicos y los centros hospitalarios no prestan el servicio de salud.

Inasistencia alimentaria: Inasistencia alimentaria: Inasistencia alimentaria: Inasistencia alimentaria: Inasistencia alimentaria: me da tristeza que en un país como éste se presenten tantos casos de muertepor este motivo, que es la inasistencia alimentaria, o sea, el hambre”.

Causas de las infracciones a las normas penales y protecciónde los derechos como mecanismo de prevención de

infracción a la ley penal

“C“C“C“C“Consideramos que algunos artículos del actual

código del menor no se ajustan o no se acercan a una

justicia justa (sic) para con nosotros; muchas veces nos

penalizan como adultos. Sugerimos que la edad de 12

años, es muy temprana para someternos a juicios;

queremos que se estudien alternativas para ajustar más

estas leyes en pro de nuestra integridad física y mental.

Debemos ser enjuiciados de una forma más adecuada;

debemos ser más orientados”.

“P“P“P“P“Pensamos que desde lo más profundo que estamos en una guerra, que como niños yniñas no tenemos que ver o ser maltratados, o que nos quiten la vida solo porque no tenemosconocimiento desde pequeños. ¿Cómo así que tenemos que pagar delitos o penas sabiendoque el que debe pagar todo esto son los que se ponen y nos destruyen nuestra familia, a pesarde que estamos atravesando pobreza, miseria y otros peligros? ¿Por qué tienen que llegar ainvadir lo que es propio de nosotros y peor, que lleguen a amenazar, porque aquí todos losque habitamos en ella somos personas inocentes. Para después pagar pena, sabiendo quefuimos inocentes y ahora somos personas ‘peores’? ¡La culpa la tiene el que lo hace!.

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“L“L“L“L“La problemática que se vive en nuestra región [La Hormiga, Putumayo] es algo muydifícil, debido a que la fumigación ha afectado mucho… tanto como la salud y el trabajo.Algunos niños han tenido que abandonar el colegio. Creo que por eso, algunos niños yniñas se vinculan a los grupos armados o hacen cosas que no deben hacer. Por eso, unniño no debe ser castigado. Porque él no tiene laculpa. Las diferentes entidades del Congreso debenayudar en el beneficio de las diferentes familias. Ynunca hay que castigar a un niño o niña, porque élse siente muy mal, al no poder ayudar a su familiaen la crisis. Y no deben vincularse a los gruposarmados, por el hecho de piedad. “En sus manosestán el cambio del mundo. Ayuden a superar estascrisis y no se olviden de La Hormiga, Putumayo”

UUUUUn joven de un sector popular de Bogotá anotó:“principalmente quiero decirles que los niños alcometer errores sí deben responder ante sus actos,pero de una manera justa, donde tengan derechos adefenderse y no de maltratarnos, al ser acusados de lamanera injusta, como es pegándolos. Cuando tratan algunos compañeros de vender en la calle productosy objetos para el sustento de sí mismos o el de sus familias, la policía es muy agresiva. Cuando se trata derecoger [de las calles] a estos niños, los tratan de una manera cruel y en muchos casos, violan muchosderechos humanos a aquellos niños. Tengo 17 años y vivo también en un barrio al sur occidente de lacapital (…) Tenemos problemas de pandillas, grupos ilegales, pues en el sector he visto varios puestos dePolicía, pero ellos no hacen nada para contrarrestar y juzgar dignamente a los infractores y en muchoscasos pareciera que la ley la tomaran los mismos grupos de pandillas (…) Los niños y adolescentes quetrafican estupefacientes, a veces lo hacen porque de alguna manera, no tienen cómo ayudar a su familia.Entonces es cuando forman grupos de delincuencia común y a veces la culpa la tiene el mismo Estado,que no brinda recursos a estos muchachos, ni capacitaciones donde tengan que emplear su tiempo encosas incorrectas, como es el tráfico de estupefacientes. (…) La mejor respuesta ante los diferentesproblemas de juventud no son los castigos forzados, sino al contrario, guiarlos por un buen camino devida para ellos y sus descendientes.

“N“N“N“N“Nosotros pensamos que en vez de un castigo [a un niñoque cometa “delitos”], se le debe brindar un apoyo psicológico,ya que la mayoría de los niños lo hacen no por su propiavoluntad, sino principalmente por problemas económicos.También quisiéramos que se modificara la edad [en que secastiga a los niños] (…) de 12 a 18 años, a una edad de 15a 18 años, ya que se tiene la madurez necesaria paraenfrentar las consecuencias de sus actos. Les solicitamosrespetuosamente se modifique el proceso que actualmentese le da a un niño [para] su penalización”.

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Servicio Militar Obligatorio y vinculación directae indirecta a grupos armados

“L“L“L“L“Los niños que sondesplazados no deberíanprestar el servicio military creo, al contrario, se lesdebería dar programas decómo trabajar para queellos puedan ayudarse a símismos y a sus familias”.

“S“S“S“S“Soy una persona como cualquierotra; he vivido la guerra en carnepropia y yo no quiero que nuestrosniños y niñas que son presente yfuturo, tengan que vivir esta absurdaguerra que no beneficia a nadie,pienso también que la mejor formade acabar una guerra es darse porvencido, ya que aquí no hayganadores ni perdedores”.

OOOOOtra joven de Arauca dijo: “Creo que no es justoque niños y niñas desvinculados por obligacióntengan que prestar el servicio militar o losincorporen forzosamente a cualquier otro grupoarmado ilegal o legal, ya que esto sólo seguiráapoyando la guerra, y por el contrario, ellos merecenuna educación y un hogar digno de sí mismos”.

“Es importante ver el elevadonúmero de niños que han sidoreclutados por la guerrilla. Es elcolmo que niños y niñas quedespués de ser desvinculados tenganque prestar el servicio militar a los18 años, es más eso del ‘Servicio’militar trae desventajas como:traumas psicológicos, amor más alas armas que a la patria…”

“R“R“R“R“Respecto del servicio militar,pienso que no debe ser obligatorio;que si un joven cumple la mayoríade edad, escoja si quiere o no prestarel servicio. Yo salgo este año delcolegio y ya fui al Distrito y quedé‘remiso’ y cuando cumpla los 18,tengo que presentarme, y no quiero”.

JTJTJTJTJT una chica de 17 años escribió: “El motivode esta carta es pedirles muy amablemente elrespeto por la Convención de los Derechos delNiño y también pedirles cosas como: No obligara los jóvenes a prestar el Servicio Militarobligatorio, porque con el solo hecho deobligarnos a portar un uniforme militar y a cogerun arma, es un indicio muy grande para participaren los grupos armados quiera o no quiera,primero porque te dicen ‘tú ya sabes manejar unarma; tienes que integrar mi grupo armado’.

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Las tareas del Estado y la sociedad adulta

“La Convención de losDerechos de los niños y lasniñas ha sido el hecho másimportante en la humani-dad con relación a la infan-cia y a la adolescencia, enel sentido de reconocer suciudadanía y calidad desujeto social . EstaConvención urge seralimentada y enri-quecida con lasnuevas categoríasde derechos quesurgen de lasrealidades con-cretas de los di-versos pueblos yculturas, con-servando la ge-neralidad del su-jeto-niño, peroreconociendo su es-pecificidad étnica ycultural. Reflejándomeen el código de la niñez, encuanto a los niños y niñasy el conflicto armado, sepuede ver desde el punto devista en que los niños y ni-ñas necesitan ser protegidosantes y después de nacer.Luego, en su crecimiento,necesita oportunidades es-colares, para llevar una for-mación integral como esdebido.

“E“E“E“E“El Estado debe protegernos y a nuestras familias.Queremos y creemos que ya es justo, es hora de quenuestras vidas empiecen a cambiar y llegue de nuevoa nuestro rostro la alegría, que alguna vez tuvimos.Esperamos que estas sencillas palabras logren tenerla trascendencia esperada”.

“U“U“U“U“Una de las principales problemáticas que se presentan [en Altos de Cazucá, sur de Bogotá], esel alto índice de mortalidad de jóvenes a causa de grupos armados, también llamados ‘limpiezasocial’. Este problema es causado por la falta de autoridades; debido a [él] hay muchos jóvenescon miedo a ser asesinados y piensan que la solución más viable a esta situación es vincularse enestos grupos y por esta razón, entre más pase el tiempo, más se incrementan los asesinatos dejóvenes, en su mayoría inocentes. Pedimos ayuda. Por favor, hagan presencia, autoridadescompetentes. Gracias por la atención prestada”.

“M“M“M“M“Muchas de las entidades encargadas de velarpor el cumplimiento de los derechos delniño y la niña (entre comillas), no setoman la tarea de hacer un recorrido ovisitar el departamento (Chocó); sólo seguían por lo que dicen los alcaldes ygobernadores o quizás por lo que lescuentan. Se dice que el gobierno seencarga de presionar para que ellos [los

derechos] se cumplan, pero se ve que todoesto no es como parece: el Chocó está

muy, pero muy abandonado por parte delPresidente. Creemos que en una de sus

apretadas agendas de trabajo, debería sacartiempo para escuchar las opiniones y quejas que

los niños y niñas tenemos”.

“S“S“S“S“Si el Estado tiene obligación de protegernos contra elconfl icto o tratando de bajar los índices de posiblesvinculaciones, el tráfico de estupefacientes, cuando cogen a unniño o una niña en esas, no se cumplen las ‘garantías’ quepresenta el Estado en las sesiones de la ONU. El Estado debegarantizar el ejercicio del derecho a la educación gratuita y noclasista (artículo 63 de la Convención de Derechos del Niño).

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“S“S“S“S“Somos conscientes de la gran importancia quetiene el tema de la penalización con respecto alos menores de edad y por esto nos sentamos enla postura de la no privación total de la libertad.Es decir, proponemos un sistema donde elobjetivo principal sea despertar la conciencia delos niños para tener una adecuada reivindicacióna la sociedad, fundamentada en normas de convivencia,donde se reconozca la inclusión, las diversidades(sociales), políticas, religiosas, económicas y étnicas y filosóficas, ysobre todo, los deseos y sentires de los niñas y niños”.

Alternativas

“S“S“S“S“Solamente les pedimos quenos escuchen. Que no somosun problema. Sólo queremosuna mejor calidad de vida,donde no se violen nuestrosderechos fundamentales, queestán legalmente constituidosen el Código de la Niñez”.

“R“R“R“R“Respecto a la educación me gustaría que no lenieguen una oportunidad a niños, bien sea porser pobres, negros o de diferente nacionalidad,ya que lo único que desean es bienestar comopersona y poder lograr sus ideales. Y por último,tratar que las escuelas no sirvan como trincheraso refugios a los diferentes grupos armados, yaque ponen muchas vidas inocentes en peligro”.

“L“L“L“L“Los niños y niñas tenemosmuchas expectativas por ayudar anuestra gente y velar por elcumplimiento de nuestros derechos;sin embargo, tenemos muchosimpedimentos, como son la guerra,el desplazamiento, la discriminación,por ser desplazados o negros”.

“T“T“T“T“También quiero pedirles amablemente que no compren armamentos; por favor,no contribuyan a la guerra; que inviertan en una escuela, en mercados para lagente, entre otros (…) Cuando haya negociaciones, por favor que estén en lamesa: los jóvenes y niños, los desplazados, la población civil, el gobierno y losgrupos armados. Para que entre todos lleguen a un acuerdo conjunto, que losjóvenes digan lo que piensan y sienten acerca de la guerra, al igual que todos losmiembros presentes expresen lo que viven”.

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“L“L“L“L“Luchamos por un reconoci-miento de los niños comosujetos de derecho y no comoobjetos de derecho. Y estoimplica un grupo de responsa-bilidad (variante) pero que debede ser acompañada en caso deser violada [la ley], para crearuna conciencia de acuerdo conla época (edad) en que estápasando. No queremos un cas-tigo que cree en nosotrossentimientos de rencor”.

“L“L“L“L“Les voy a ser sincero yno quiero que se ofendan:yo sé que muy pocos deustedes le irán a dar

importancia a esta carta, pero con que unode ustedes tan siquiera piense en lo queescribo, yo me sentiría bien. Lo que quieroque cambien es idea de castigar a los niñospor delitos cometidos. Ellos deben responder,pero con una ayuda que ustedes puedenbrindar, las cuales son las que necesitamos,como ayuda psicológica. Lo que quiero es quese cumplan los derechos”.

OOOOOtro joven de 14 años, de Medellín, afirmó:“Conocemos problemáticas que afectan nuestrosector como: el tráfico de drogas y la participaciónen el conflicto armado, donde los niños sonutilizados como objeto de una guerra que no nospertenece. Por eso no podemos ser castigados (nosomos adultos, y por tanto, contamos con unacondición diferente a la de ustedes), pues tenemosuna condición más de víctimas u no de victimarios”.

“Q“Q“Q“Q“Que tengan una visión clarade la forma en que se van ainvertir los recursos queanualmente son repartidos enlos diferentes departamentospara así llegar a los pequeñospueblos, llamados municipios”.

“Q“Q“Q“Q“Quiero que debatan laposibilidad de que no se combataen las escuelas, que los hospitales,las iglesias no tengan nada que vercon el conflicto, porque está en losderechos y no se están cumpliendo,y no están haciendo nada para quese respeten. En fin, quiero queustedes hagan cumplir los derechosdel niño y la niña, como humanos”.

UUUUUna joven de Barranca-bermeja propone: “quieroque quiten el programa delgobierno de “Soldados por

un día”, porque lleva a quenosotros cuando crezcamos,queramos manejar un arma omontar una tanqueta”.

“M“M“M“M“Mi ideal es veruna Colombia singuerra y que todostengamos la oportu-nidad de expresarnosy dar a conocer nues-tros puntos de vistasobre la problemáticade Colombia, que serefiere a los conflic-tos armados”

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Preocupa sin embargo que,mientras las medidas garantistastendrían una ejecución progresi-va, la penalización de la niñez ten-dría una ejecución inmediata. Lapropuesta de sistema de respon-sabilidad penal juvenil que con-tiene el actual proyecto ha sidojustificada según una extraña in-terpretación del concepto de lasujetos de derecho, según la cual,como los niños y las niñas sonsujetos de derecho, deben serresponsables penalmente. Encontraste, la Coalición ha señala-do que considerar la niñez comosujeto de derecho, deriva en laobligación del Estado de brindargarantías sociales, políticas y ci-viles para que dicha población de-sarrolle integralmente su proyec-to de vida.

Adicionalmente, en diciem-bre de 2004, los senadores AndrésGonzález, Claudia Blum y GermánVargas Lleras, estos últimos tam-bién afines a las políticas del go-bierno, presentaron, en su cali-dad de ponentes, un pliego demodificaciones al proyecto de ley,en el cual se endurecen aún máslas provisiones iniciales con res-pecto a la responsabilidad penaljuvenil.

Si bien la Convención sobre losDerechos del Niño permite la exis-tencia de un sistema de responsa-bilidad penal juvenil, las normas in-ternacionales le establecen límitesespecíficos:

El sistema penal juvenil no es un sistema penal adaptado a personasmenores de 18 años y su especificidad no está dada exclusivamente porformalidades o asuntos procedimentales (como la simple existencia deun lugar de reclusión diferente al de la población adulta o la participa-ción de los padres o tutores del niño o niña en el proceso), sino por elfin mismo que persiguen de las medidas.

Mientras el sistema penal occidental aplicable a los adultos busca“neutralizar al infractor”3, es decir, proteger a la sociedad usando comométodo la privación de la libertad de quien delinque, en un sistemapenal juvenil, las medidas deben buscar reintegrar al niño en la socie-dad y restituirle sus derechos. Al respecto, la Corte Constitucional haseñalado que la autoridad judicial “puede imponerle medidas al me-nor infractor de carácter protector o pedagógico, pero nunca de na-turaleza condenatoria”4.

La prioridad en un sistema penal juvenil es establecer estrategiasadecuadas para prevenir que las niñas, niños y adolescentes cometan

3 Ferrajoli, Luigi. “La pena en una sociedad democrática”. En Martínez, Mauricio. “La pena: garantismo y democracia”. Ediciones Gustavo Ibáñez,Bogotá, 1999.

4 Corte Constitucional, sentencia C-817 de 1999 M.P. Carlos Gaviria Díaz

... VIENE DE LA PÁGINA 1

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Teniendo en cuenta que el juzgamiento penal y la privación de lalibertad generan estigmatización, y que el niño se encuentra en plenaetapa de desarrollo de su personalidad, las normas internacionales es-tablecen la obligación de usar el proceso penal como último recursocuando se trata de niños y niñas y establecen algunas claves para en-tender en qué sentido el proceso penal debe ser el último recurso:

Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administra-ción de la justicia de menores («Reglas de Beijing») invitan areducir al máximo el número de casos en los que haya queintervenir el sistema de justicia de menores.

En lo que respecta a la edad, la judicialización de niños yniñas en las edades más críticas de entrada a la adolescen-cia5, puede perjudicarles de por vida. En este aspecto, lasReglas mínimas de las Naciones Unidas para la administra-ción de justicia de menores (Reglas de Beijing) establecenque: “En los sistemas jurídicos que reconozcan el concep-to de mayoría de edad penal con respecto a los menores,su comienzo no deberá fijarse a una edad demasiado tem-prana habida cuenta de las circunstancias que acompañanla madurez emocional e intelectual”.

5 El proyecto contempla que serían penalmente responsables los niños y niñas a partir de los 12 años.

infracciones a la ley penal, lo cualno se soluciona con la implementa-ción de sistemas penales que sola-mente ofrecen sanciones frente alas acciones consideradas como de-lictivas, pero que obvian una mira-da a las causas de la infracción, yaque las mismas responden a fenó-menos de exclusión y discriminaciónestructurales dentro de la sociedad.

La primera estrategia frente ala delincuencia juvenil debe consis-tir, entonces, en garantizar plena-mente los derechos de niños y ni-ñas, como el mecanismo deprevención más idóneo. Al respec-to, el preámbulo de la Convenciónsobre los Derechos del Niño señalaque las niñas y los niños deben re-cibir la protección y la asistencia ne-cesarias para poder asumir plena-mente sus responsabilidades dentrode la comunidad.

Coincidiendo con este plan-teamiento, las Directrices de lasNaciones Unidas para la prevenciónde la delincuencia juvenil (Direc-trices de Riad) señalan que una po-lítica pública de prevención debetener en cuenta la necesidad delograr un desarrollo armoniosode niños y niñas, proteger subienestar, derechos e inte-reses, ofrecerles oportu-nidades, educativas yde otra índole, ycualquier otramedida quepermita: “reducir los

motivos, la necesidady las oportunidadesde comisión de lasinfracciones o las

condiciones que laspropicien”.

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Los tratados de derechos de la niñez (entre ellos, la Convenciónsobre los Derechos del Niño, el Convenio 182 de la OIT o el ProtocoloFacultativo de la Convención sobre los Derechos de los Niños relativo ala participación de niños en los conflictos armados) señalan explícita-mente algunos hechos que constituyen una vulneración de los dere-chos de niños y niñas; frente a estos hechos, establecen que el Estadotiene la obligación de prevenir su ocurrencia y proteger a los niñosvíctimas de los mismos:

Las conductas las relacionadas con la producción, tráficoy/o comercialización de estupefacientes,

la participación de niños y niñas en conflicto armado.

En contravía de normas y recomendaciones internacionales, el pro-yecto penaliza a niños y niñas que participan en la producción y tráfi-co de sustancias estupefacientes y a aquellos que han sido vinculadosal conflicto armado.

6 El pliego de modificaciones establece medidas de privación de la libertad de entre uno a cinco años para delitos graves (art. 398) y de entre 7 a 15 añospara delitos de especial gravedad (artículo 399).

7 Sobre como niños y niñas son obligados, ver Human Rights Watch (Aprenderás a no Llorar); el ICBF y la Procuraduría General de la Nación (Guerrerossin Sombra) y la Defensoría del Pueblo (Boletín La Niñez y sus Derechos No. 8, La niñez en el conflicto armado Colombiano).

Frente a esta grave vulneración de los derechos de niños y niñas, elEstado debe adoptar todas las medidas posibles para impedir su recluta-miento y utilización, así como prestarles toda la asistencia necesaria parasu recuperación física y psicológica, su rehabilitación y su reintegraciónsocial (Convenio 182 de la OIT, Convención sobre los Derechos del Niño yProtocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño re-lativo a la participación de niños en los conflictos armados).

Así mismo, dado que la vinculación de niños y niñas constituyeun delito, a la luz del ordenamiento nacional (artículo 162 CódigoPenal) e internacional (artículo 8, crímenes de guerra, Estatuto dela Corte Penal Internacional) el Estado tiene la obligación de san-cionar a las personas adultas responsables de estos delitos.

El proyecto de ley estatutaria contempla una exoneraciónpor delitos políticos, pero exceptuando los casos de “delitosde especial gravedad”. A la vez, contempla en a la vez, su listade delitos de especial gravedad una serie de conductas que,en muchas ocasiones, los niños vinculados se ven forzados acometer7 . Así, niños y niñas desvinculados correrán el graveriesgo de ser juzgados por delitos que se vieron obligados acometer siendo víctimas del delito de reclutamiento ilícito.

Las Reglas de Beijing estipu-lan que el confinamiento en esta-blecimientos penitenciarios debedurar el menor tiempo posible; sinembargo, el proyecto de ley, es-tablece penas de hasta 15 años6 ,las cuales no pueden ser conside-rados como períodos cortos o laxospara un niño o niña en pleno de-sarrollo físico y emocional.

El Comité de los Derechos delNiño ha señalado al Estado colom-biano (CRC/C/15/Add.137), que lareclusión a largo plazo de niños in-fractores deja de ser una medidasocioeducativa para convertirseen una privación de la libertad, si-milar a la aplicada a personas adul-tas. De acuerdo con el Comité, alcontrario de aumentar las penas,los Estados deberán crear medidasalternativas que permitan un ver-dadero proceso de educación.

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Es necesario insistir en el en-foque sobre la situación de losmenores de 18 años en el conflic-to armado, como “víctimas” nopara subvalorarlos o descalificarlossino desde la perspectiva de se-ñalar la responsabilidad del Esta-do y de los grupos armados no es-tatales y para-estatales, por elimpacto negativo que el conflictoarmado ha generado sobre los ni-ños, niñas y jóvenes ya sea desdesu condición de población civil, ode vinculados a una de las partes.

Por consiguiente, con relacióna estos niños y niñas, sujetos pa-sivos del delito de reclutamientoilícito, la respuesta estatal debeser perseguir, investigar y sancio-nar a los adultos autores de estedelito, y no judicializar a los niñosy niñas, por hechos que se vieronforzados a cometer como víctimasde este delito.

En el año 2000, el Comité de Derechos del Niño recomendó al Esta-do de Colombia “…que revise su legislación existente y la armonice contodas las disposiciones de la Convención. También recomienda que elEstado Parte reactive el proceso iniciado para revisar el Código delMenor (1989). En este proceso deben participar todos los sectoresque intervienen en la promoción y la protección de los derechos delniño y la actividad debe concluir lo antes posible” (CRC/C/15/Add.137).(Subrayado fuera del texto).

Sobre el proyecto de ley, el Tercer Informe del Gobierno de Colom-bia al Comité de los Derechos del Niño comentó que éste se elaboró“…apoyándose en los aportes de expertos especializados en el tema” yque en el proceso participaron “diversas organizaciones sociales, dan-do así cumplimiento a los principios Constitucionales que consagran lademocracia participativa”.

En efecto, el proyecto de ley fue elaborado por un grupo de institu-ciones estatales, fundaciones y organizaciones de cooperación interna-cional8 y para su elaboración se contó con el apoyo de profesores ex-pertos en derecho penal y derecho de familia. Sin embargo, con estaparticipación tripartita no puede darse por cumplida la recomendacióndel Comité, en el sentido de permitir la participación de todos los sec-tores que intervienen en la promoción y protección de los derechos delniño, comenzando por escuchar la voz de los propios implicados.

Por esta razón, en noviembre de 2004, varias organizaciones, entreellas, las organizaciones miembro de la Coalición contra la vinculaciónde niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Taller deVida, Defensa de los Niños Internacional, Comité Andino de Servicios,terre des hommes Alemania, Justapaz, Colectivo de Objetores de Con-ciencia, Fundación Dos Mundos, Creciendo Unidos y FEDES), la Comi-sión Colombiana de Juristas, Humanidad Vigente, Bemposta y el Colec-tivo de Abogados José Alvear Restrepo, enviaron una comunicación a laComisión primera del Senado, con miras a que se convoque a un ampliodebate nacional, que permita a quienes han estado ausentes del proce-so de concertación de esta iniciativa legislativa, manifestar su posiciónfrente al proyecto.

Es importante la participación de las organizaciones sociales; sinembargo, hay un ausente todavía más importante. Como organizacionesdefensoras de los derechos de niños y las niñas, resaltamos que en esteproceso de concertación es imprescindible que se consulte y escuche aniños y niñas. En efecto, si son considerados capaces para responderpenalmente por sus actos, deben ser considerados capaces para que,actuando como sujetos de derecho, puedan expresar sus opiniones, paraque éstas sean tenidas en cuenta en el marco de este debate.

8 La “Alianza por la Infancia y la Adolescencia”, creada en febrero de 2004 y conformada por ONGs (Fundación Restrepo Barco, Visión Mundial, Save theChildren UK, CINDE, Tear Found), Organizaciones Intergubernamentales (Organización Mundial de la Salud – OMS, UNICEF, OIM, FNUAP, ProgramaMundial de Alimentos-PMA y la OEA), Entidades estatales (ICBF, DABS, Consejo Nacional de Planeación) y el sector empresarial (Refinería de Sal-REFISAL, Federación Nacional de Molineros de Trigo-FEDEMOL). (Información suministrada por el ICBF, oficio 14000-067845 de Diciembre 9 de 2004)

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El Procurador presentó concepto ante la Corte Constitucional sobrela demanda en contra del parágrafo 2 del artículo 19 de la Ley 782 de 2002:

“Cuando se trate de menores de edad vinculados a los grupos arma-dos organizados al margen de la ley, las autoridades judiciales enviaránla documentación al Comité Operativo para la Dejación de las Armas, elcual decidirá sobre la expedición de la certificación a que hace referen-cia el Decreto 1385 de 1994, en los términos que consagra esta ley.”

A pesar de los múltiplesataques que ha sufrido la Corte Constitu-

cional en el presente gobierno,quedan aún espacios de debateplanteados desde los órganos decontrol del Estado, que cuestio-nan las políticas de la actual ad-ministración, en respuesta a laprotección de los bienes jurídi-cos que nacional e internacional-mente el país se comprometió adefender. Es fundamental que –para mantener lo consagrado enla Constitución de 1991-, las or-ganizaciones de la sociedad civilpuedan sostener un diálogo cons-tante con estas instituciones delEstado, para aportar las reflexio-nes encaminadas a mejorar la vidade nuestra infancia y nuestra ju-ventud afectada por el conflictoen el país.

El papel de la Defensoría delPueblo y de la Procuraduría Ge-neral de la Nación, a través desus delegadas para la Niñez y laFamilia y la Defensa del Menor yla Familia, respectivamente, escrucial en el momento actual.

En efecto, el gobierno haaprobado leyes para favorecer losprocesos de negociación con gru-pos paramilitares (aunque mani-fieste que se trata de negociacio-nes con cualquier “grupo armado

al margen de la ley”), como la Ley 782 de 2002 que omitió el carácter de“grupos armados de oposición política” a quienes participan activamen-te del conflicto armado, para dar curso a las negociaciones emprendidasen junio de 2003 con miembros de las Auto Defensas Unidas de Colombia,AUC y actualmente en proceso de desmovilización y reinserción.

Con respecto a esa norma, la Procuraduría General de la Naciónenvió un concepto a la Corte Constitucional relativo a la necesidad dereconsiderar si los niños, niñas y adolescentes, que se vinculan directao indirectamente a los grupos armados (de oposición o para-estatales)deben ser penalizados.

Dada la importancia de dicho concepto, transcribimos a continua-ción extractos del concepto de la Procuraduría a la Corte Constitucional:

“…el ministerio público se pregunta si los niños y jóvenesque se han desvinculado y que se lleguen a desvincular delos grupos armados al margen de la ley, pueden ser someti-

dos a procesos de responsabilidad juvenil por parte del Estado por supertenencia a estas organizaciones, por delitos tales rebelión, asona-da, porte ilegal de armas o incluso por aquellos delitos en los que le

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obliga a participar tales como se-cuestros, torturas, masacres,etc. Y como tal, recibir benefi-cios del Estado como el del in-dulto al que hace referencia elparágrafo acusado.La respuesta en nuestro crite-rio no puede ser sino una: NO”

“…lo primero quedebe tenerse encuenta es, como ya loafirmó esa Corpora-

ción (Corte Constitucional) en lasentencia C-1064 de 2000 que “lapoblación infantil es vulnerabley la falta de estructuras sociales,económicas y familiares apropia-das para su crecimiento agravansu indefensión” y que en el Es-tado y en la sociedad recae la res-ponsabilidad y la obligación deevitar que los menores se veaninvolucrados en el conflicto ar-mado. No obstante lo anterior, sibien es cierto que en el ordeninterno se han hecho ingentesesfuerzos por impedir que losmenores hagan parte del conflic-to y que efectivamente se hacumplido con la prohibición deingresar a las Fuerzas Armadas co-lombianas a menores de 18 años,también lo es, que las institucio-nes estatales han fracasado en suesfuerzo de impedir que los gru-pos alzados en armas incurran enel delito de reclutamiento ilícitode menores.”

“Y es precisamente elfenómeno de recluta-miento ilícito que ti-

pifica el artículo 162 del CódigoPenal, lo que llevo al legislador co-lombiano a considerar que losmenores que participan en elconflicto armado son víctimas dela violencia política, artículo 6 dela ley 782 de 2002. De donde elProcurador General de la Nacióndeduce en armonía con los ins-trumentos públicos reseñados enel acápite 3 de este concepto,

que la respuesta del Estado fren-te a la discusión sobre menoresreclutados por los grupos al mar-gen de la ley involucra las estre-mecedoras particularidades dela deshumanización de la guerray evidencia la falta de estructu-ras sociales, familiares y econó-micas que han impedido el de-sarrollo de éstos en un ambienteadecuado, convirtiéndolos envíctimas de un flagelo de dimen-siones insospechadas.

En efecto, la inserción de niñosy niñas en las filas de las organi-zaciones alzadas en armas enuna de las más perversas moda-lidades de reclutamiento quetorna a los menores en víctimasdel conflicto, la discusión de silo fue “voluntariamente” o “for-zosamente” debe quedar rele-vada frente a la magnitud de estapráctica, que ha encontrado enel contexto familiar, social y eco-nómico una excusa, ante la au-sencia de cualquier expectati-va de una vida mejor.

En ese orden, es incuestionableque en los menores involucradosen las actividades beligerantesdel conflicto armado interno,realmente no está presente elconcepto de voluntad, máximesi se tiene en cuenta que por elmismo impacto del conflicto nopueden ser tenidos como res-ponsables de las actividades sub-versivas que cometan.

Por todo lo anterior, puede co-legirse que la vinculación de me-nores al conflicto, en todos loscasos es forzosa y por ende, lasactuaciones del Estado respec-to de quienes se han desvincu-lado del mismo deben estar di-rigidas a brindarles protección yatención integral, de modo quepuedan hallarse opciones que lespermitan superar el avasalla-miento que origina su inserción

en los grupos armados al mar-gen de la ley.”

“En tal sentido, el pro-cesamiento judicialno se compadece con

los postulados nacionales e inter-nacionales que abogan por la rei-vindicación de los derechos de losmenores excombatientes quefueron despojados arbitrariamen-te de su infancia y llevados a unescenario perturbador y violentodel cual han sido víctimas direc-tas. En consecuencia, dichos ni-ños y niñas no pueden ser some-tidos a la jurisdicción de untribunal o de un juez para que seresuelva su responsabilidad comoconsecuencia de la realización deuna conducta penalmente repro-chable, ya que por las particulari-dades propias del reclutamientoilegal, la capacidad de culpa de es-tos menores es inexistentes.”

“Por todo lo anterior,para el Ministerio Pú-blico es claro que losniños y niñas excom-

batientes tampoco están llamadosa beneficiarse con indultos comoel establecido en el artículo 19 dela Ley 782 de 2002, pues cabe re-cordar que el indulto es el per-dón total o parcial, por parte delpoder público, de una pena im-puesta al condenado por delitospolíticos, delitos que en el marcovisto no puede ser objeto de res-ponsabilidad por parte de los me-nores de 18 años que por la de-gradación y deshumanización enque se encuentra el conflicto co-lombiano, resultan ser sus vícti-mas y nosus generadores.”

“En mérito de lo ex-puesto, el Procura-dor General solicita a

esa Corporación declarar INEXE-QUIBLE el parágrafo 2 del artícu-lo 19 de la Ley 782 de 2002”

En junio de 2004 la Coalición y la Mesa de Trabajo por Araucarealizaron una Comisión de verificación sobre la situación de niños yniñas en Arauca. El lanzamiento del informe de la Comisión se llevó acabo en el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos, en Bogotáy Saravena, Tame y Arauquita (Arauca).Como parte de los compromisossurgidos en dicha Comisión, la Coalición inició un proceso de apoyopsicosocial con niños y niñas en el departamento.

Para conmemorar los 15 años de la Convención sobre los Dere-chos del Niño, la Coalición inauguró la exposición de dibujo infantil“Los niños y niñas expresan su deseo de paz” en Barrancabermeja(Santander). En ese puerto petrolero, uno de los más afectados porlas violaciones de derechos humanos en los últimos 20 años, cientosde visitantes a la exposición conocieron qué piensan los niños y lasniñas acerca de la guerra.

El 17 de noviembre se realizó el lanzamiento simultáneo de “ElInforme Global sobre Niños Soldados 2004”, en Colombia, Reino Unido,España, Brasil, Kenya, Tailandia, Filipinas, Alemania y Estados Unidos.El informe examina la evolución del uso de niños y niñas como soldadosen 196 países entre 2001 y 2004. La Coalición hizo un llamamiento a losgobiernos para que prohíban todo reclutamiento de menores de 18años por cualquier fuerza armada y para que ratifiquen y apliquen en sutotalidad el tratado sobre niños soldados de la ONU, que está contribu-yendo a la reducción del número de niños usados en conflictos.

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Durante el último trimes-tre de 2004, la Coalición inicióun proceso de capacitación di-rigido principalmente a niños,niñas y jóvenes, pero tambiéna docentes, funcionarios y ONGa través de la implementaciónde la Escuela de Formación “Ni-ñez y Conflicto Armado” enPutumayo, Santander y Cauca.

La Coalición fue delegadapor las organizaciones de defen-sa de los derechos de niños y ni-ñas, como representante suplen-te por el Capítulo Niñez alConsejo Nacional de Paz, órga-no creado por ley en el país comoespacio mixto Estado-sociedadcivil para discutir las políticas parasuperar el conflicto armado.

La Coalición ha iniciadouna campaña para el nombra-miento de un RepresentanteEspecial de la Unión Europea so-bre niñez y conflicto armado,que pueda incidir para la rápiday efectiva implementación de lasGuías de la UE sobre niñez y con-flicto armado.