Ciudad de México, 24 de abril de 2017. Versión estenográfica de la Panel 4: “Crecimiento: Otra víctima de la delincuencia. ¿Cuál es el impacto económico de la inseguridad?”, durante el Foro de Seguridad y Acceso a la Información ¿Puede la Información Pública Mejorar la Seguridad?, celebrada en el Auditorio “Alonso Lujambio” de este Instituto. Presentadora: Buenas tardes. Otra vez les damos la bienvenida a este último Panel, es el Panel 4: Crecimiento: Otra víctima de la delincuencia. Le cedemos la palabra a José de Jesús Ramírez Sánchez, Secretario Ejecutivo del INAI, quien será el moderador del Panel. Muchas gracias. José de Jesús Ramírez Sánchez: Buenas tardes a todos, a todas. Iniciamos este cuarto Panel con el tema “Crecimiento: Otra víctima de la inseguridad. ¿Cuál es el impacto económico de la inseguridad? Para el análisis y discusión del mismo nos acompañan y les doy la bienvenida a nombre de los comisionados del INAI al licenciado Daniel Navarro Ramírez, Jefe de la Ponencia de la Oficina del Comisionado Óscar Guerra Ford, de este Instituto. Adrián Franco Barrios, Director General de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Ricardo Corona, Director Jurídico del Instituto Mexicano para la Competitividad. Ana López Mestre, Vice Presidente Ejecutiva y Directora General de American Chamber México. Armando Zúñiga Salinas, Vicepresidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública y Justicia de la Confederación Patronal de la República Mexicana.

Andrés Alejandro Pérez Frías, Abogado General de la Secretaría de Economía. Permítanme decirles que México ha crecido a una tasa anual de alrededor del dos por ciento durante los últimos 15 años, periodo en que se han intensificado la inseguridad en el país. Es sabido que el crecimiento económico depende múltiples variables, pero en el centro de las mismas está la inversión, la cual es resultado de las expectativas del mercado tanto nacional como internacional. Sin embargo, a las variables económicas que determinan la inversión y el crecimiento se han sumado otras de carácter social, como es la inseguridad, la cual se deberá de entender de manera transversal en la sociedad. Es decir, afecta a las familias, a las empresas y al gobierno, a las colonias, a los municipios y a las entidades federativas. En ese sentido este panel tiene propósito analizar el impacto que tiene la inseguridad en la actividad económica y conocer propuestas para mitigar esta problemática a través del ejercicio del derecho de acceso a la información. Hago algunas preguntas a los panelistas como orientación hacia el análisis y la discusión que presenten. Uno, ¿la inseguridad pega a todos los bolsillos por igual? ¿Cómo afecta la inseguridad a la competitividad del país y qué impacto tiene en la economía local y nacional? ¿Qué acciones se propondrían desde el sector público y privado que implique el uso de la información pública para reducir el impacto de la inseguridad en la economía? En ese sentido damos la palabra al licenciado Adrián Franco Barrios, no sin antes comentar que él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un posgrado en Gestión y Política Pública de la Universidad de Manchester, Inglaterra, y un posgrado en Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica.

Ha trabajado durante casi 20 años en la administración pública federal de México como responsable de políticas y programas relacionados con la reforma regulatoria, transparencia, anticorrupción, evaluación y contraloría. Desde 2009 es responsable de las estadísticas de gobernanza, seguridad pública y justicia en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Adelante, si nos hace favor. Adrián Franco: Muchas gracias, muy buena tarde a todas y a todos, gracias por estar aquí esta tarde. Antes que nada, quisiera agradecer al Instituto Nacional de Acceso a la Información por la invitación, al INEGI a participar en este conjunto de paneles. El título del panel, como ya lo escucharon, tiene que ver con el impacto económico de la inseguridad y si el crecimiento económico ha sido víctima también de este fenómeno. Yo voy a partir mis dos intervenciones en esos dos grandes conjuntos de ideas. Lo primero es que la idea de medir el impacto de la inseguridad es como hablar del santo grial o del grial, todo mundo asumimos que existe, más o menos lo imaginamos cómo es y hay un conjunto de personas, organizaciones, expertos que van detrás de él, entonces tenemos muchos Indiana Jones buscando el santo grial, y como tenemos muchos Indiana Jones, que son la sociedad, las universidades, organismos públicos, privados, universidades, expertos académicos que a veces con altos costos plantean diferentes supuestos, diferentes fórmulas, muchos modelos, posiciones, agendas que están jugando en esto, resultados y métodos de invención, tenemos también muchos datos y los datos, en el caso de México, para el tamaño del impacto de la inseguridad, por lo menos en el ámbito económico, varían, yo tendría cuatro grandes casos, alguien dijo que el impacto económico de la inseguridad en este país era del .7 por ciento del PIB, alguien más dijo que era del 2 por ciento del PIB, alguien más o una organización dijo que el 1.9 por ciento, y últimamente hemos escuchado que es del 18 por ciento del PIB.

Al final no hay acuerdo sobre esto, no hay un método claro para hacer estas mediciones, no hay una base científica sólida para hacer estas mediciones, y lo que parece es que además la organización que sigue en las evaluaciones de estas o en la creación de estos datos tiene que poner también la vara más alta, es decir, si el anterior dijo que era del 2 por ciento, pues yo tengo que decir que es del 5 por ciento para llamar la atención y para hacer más escándalo. Entonces, el punto es que al no haber método se nos olvida a veces que hay diferentes conceptos como los gastos, los gastos son gastos directos, los costos, hay muchos tipos de costos, costos de oportunidad, el costo de resarcir los daños, el costo directo, el costo marginal, los costos actuales, el costo hundido, es decir, con lo que entramos a los mercados, y los costos son diferentes al impacto económico y eso es diferente también al impacto social de la violencia y la delincuencia. Si queremos medir entonces el impacto tenemos que considerar todos los conjuntos de costos en todos los actores que intervienen y eso hace una ecuación muy difícil de imaginar y más aún de operar, tenemos que considerar los costos de los gobiernos, de los diferentes gobiernos, de las personas, de los hogares, del sector privado, tenemos que asumir que hay otros costos que tampoco tenemos en la ecuación, ustedes recuerden la letra griega en donde los modelos de regresión o en los modelos para estimar pesos en las variables y además tenemos constantes también en los modelos. Pero no tenemos una fórmula para determinar ese tamaño del impacto económico, sin embargo, supongamos que algún día encontramos la ultra súper mega fórmula para medir el impacto económico, y decidimos que es el 25 por ciento del PIB de un país. La primera pregunta que yo haría, si nos dicen que es el 25 por ciento del PIB ¿y eso de qué me sirve? ¿Para qué me sirve saber que ese es el costo de la inseguridad? Eso no me lleva a política pública. Si yo soy un gobernante y me dicen que en mi estado se pierde el 20 por ciento del PIB por inseguridad, la verdad es que no me lleva a nada. Lo que sí me lleva es a ver qué porcentaje de personas tiene miedo de subirse al transporte público, en qué zonas geográficas. Si sé que el 65 por

ciento de las personas ven consumo de alcohol ilegalmente alrededor de su vivienda, o que el 40 por ciento de las personas ven consumo de drogas alrededor de su vivienda, o que uno de cada tres hogares ha sido víctima del delito en ciertas zonas geográficas, lo cual lleva a veces hasta el 45 por ciento, o que 29.3 millones de personas fueron víctimas en algún año, eso sí me lleva a alguna acción. Entonces, es un fenómeno difícil de medir, sí, es un fenómeno difícil de medir como el tamaño y el peso del universo, como la corrupción o hasta como el amor. Alguien nos podría decir que el amor es una de las actividades humanas más costosas y, sin embargo, lo seguimos haciendo; alguien nos dice que la corrupción nos cuesta 9 por ciento del PIB, nadie hace nada, porque es un dato que no nos ayuda a resolver en política pública nada. Otra de las razones por las cuales es difícil el concepto es porque es abstracto. El costo o el impacto económico para quién. Imaginemos un hogar en donde sufre alguno de los hijos de bullying en la escuela, como el 53.6 por ciento de los estudiantes de 12 a 29 años que en este país sufren de ese tema. Probablemente entre todos los chicos que dejaron la escuela por bullying, teníamos algún Premio Nobel y no lo supimos o tuvimos una cantidad de ingenieros que podrían replantear la planta productiva de este país y tampoco lo supimos, pero los perdimos. Imaginemos que este 60 por ciento de las familias que no deja salir a sus hijos en la calle está creando seres humanos que son inconexos, que no conviven, que no saben convivir con las personas. Entonces, el costo social es muy alto para los hogares, para las personas y para un país. En las empresas, el 19 por ciento de las empresas están reduciendo sus horarios de producción y alrededor del 14.5 por ciento canceló inversiones el último año. Eso quiere decir cierre de empresas, cierre de fábricas, quiere decir desempleo, quiere decir que las nuevas personas que deberían de

incorporarse al sector laboral no lo están logrando y tienen entonces otras opciones, y es el sector informal o el sector ilegal. Ergo no tenemos una forma de incorporar esas partes de la oportunidad de lo que hubiera pasado si lo hubiera cambiado. A los gobiernos, los más de 50 mil millones de pesos que se gastan en los presupuestos en los diferentes ámbitos para seguridad pública, tampoco sabemos a qué los hubiera destinado, no sabemos si hubiéramos construido más escuelas, no sabemos si hubiéramos construido más hospitales, si los hubiéramos ocupado para ciencia y tecnología, no lo sabemos, y tampoco sabemos qué haríamos con el cuarto de presupuesto que corresponde a los municipios, si los municipios gastan una cuarta parte de su presupuesto total en seguridad, y una quinta parte de su personal se dedica a seguridad. Entonces, tenemos cosas que son intangibles, que no son calculables científicamente para medir en esto. Conclusión de esto, tenemos que hacer una medición del impacto económico que sea factible de operar y de tomar decisiones públicas, y que no sea tan abstracto. Muchas gracias. José de Jesús Ramírez Sánchez: Muy bien. Más adelante englobamos estas participaciones. En este sentido, vamos a dar la palabra al licenciado Ricardo Corona. Él es Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, cuenta con dos diplomados en Regulación impartidos por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y es exbecario del Legislativo; ejemplo de ello son la Ley Federal de Competencia Económica de 2011 y la Nueva Ley Federal de Competencia Económica de 2014; la Miscelánea Mercantil reflejada en la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; las modificaciones al Código de Comercio que creo los Juicios Orales Mercantiles, diversos cambios en la Ley Federal de Protección al Consumidor; la creación a la Ley de Asociación Público-privadas y la Reforma en Materia en Acciones Colectivas en distintos ordenamientos.

Ricardo Corona: Gracias. Nada más, yo no hice todo eso, me quedé con las primeras líneas, nada más. Durante el desarrollo de estas sesiones he visto el consenso, que no hay duda, ya por décadas, por años, el problema que hay con motivo de la inseguridad. Menuda labor que tiene el estado moderno. Desde el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad) que vemos a la competitividad como esa capacidad para que se tenga la atracción de inversiones, la retención de talento, que la gente no se vaya de sus lugares, evidentemente la seguridad influye directamente en inhibir a estas personas, a las empresas, dicho sea de paso, pues más del 96 por ciento de las PyMES MIPyMES pues están en riesgo patrimonial, en situaciones vinculadas a temas de seguridad. Nosotros nos hemos enfocado a tratar de entender, ya lo dijo el maestro, calcular cuál es el impacto y cuando hay una política pública bien estructurada, calcular el impacto es difícil, esta del costo económico se me antoja mucho más difícil también. Entonces hemos tratado de estudiar, de analizar cuáles han sido las causas de esta situación, de este problema de inseguridad, no las consecuencias. ¿A qué me refiero con esto? Hoy tenemos información que nos dicen “percepción de seguridad pública, homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, cual es el subsidio que se ha dado para implementar el Sistema de Justicia, qué fideicomisos hay, presupuestos estatales ya se mencionaron, cuál es el nivel de implementación de un Nuevo Sistema de Justicia”. Sin embargo, la primera pregunta aquí sería: “Saber el número de muertos, de homicidios doloso por cada 100 mil habitantes”. Le van a explicar al ciudadano cuáles son las causas por las cuales no está sirviendo un sistema que lleva prácticamente nueve años de reforma, un año casi de vigencia, ocho de implementación, un total más o menos de nueve años de ocurrencias de política pública, sino una información que permita entender

cuáles son las causas del problema para delinear una política pública adecuada y no las consecuencias. Importante la óptica que estamos tratando de ver ahí. Entonces, bueno, primer gran mensaje de esto es que la justicia penal, la seguridad de las condiciones adecuadas para estas empresas y esta ciudadanía pues no van a llegar por decreto, hay mucho por hacer, para el trabajo de implementación y, digamos, como un primer aprouch de información de qué tenemos disponible, ya mencioné esta estadística; pero cuando nos metemos a ver la información de las entidades para ver qué están haciendo también, porque eso a veces se nos antoja hablar de números macro que no nos explican gran cosa a quienes nos dedicamos a eso, y mucho menos a una persona, a un ciudadano que no es experto, no es experto en presupuesto, no es experto en estadística, no es experto en Estado de derecho, no es experto en materia penal. Entonces tenemos información de a nivel federal cuántos millones, miles de millones se han otorgado para el funcionamiento de esta información, los subsidios de Banobras, consultamos algunos presupuestos aquí ya apelando un poquito a los mecanismos de a la información; consultamos los presupuestos de egresos, de los cuales solamente para el periodo 2012-2016 solamente encontramos todo lo equivalente a presupuesto en materia de seguridad para los estados de Morelos, Chihuahua, Jalisco y Sinaloa, los demás no tienen información completa. Ya comenzamos a ver que la información que está ahí disponible no nos permite responder las preguntas que nos estamos haciendo, y saber si el año pasado hubo 20 muertos por cada 100 mil habitantes y este año hubo 18, y me concluyan que es más seguro porque hay dos menos, pues eso tampoco me responde mucho las condiciones del contexto de seguridad. Así las cosas, lo que nos dimos a la tarea en este análisis fue a rescatar, primero, una de estas estadísticas, que es la de confianza en las autoridades, ENVIPE. Esta estadística lo que nos ha mostrado es que la ciudadanía desconfía de las autoridades que están involucradas en la impartición de justicia vinculada con la seguridad, obviamente, desde policías hasta jueces.

¿Qué nos quiere decir esto? Lanzamos la primera hipótesis para comenzar a analizar, para comenzar a explorar nuevos métodos. No soy muy partidario de replicar metodologías de otros países de América o de Europa, sino vamos viendo qué hay, perfecto y lo tropicalizados a México. Entonces partiendo de esa estadística vemos que la desconfianza está principalmente desde el policía primer respondiente, la policía investigadora, defensor público, ministerio público, hasta el juez. A partir de ahí la primera hipótesis, la hipótesis del análisis que hicimos fue que el eslabón más débil de la impartición, de la cadena de justicia no está en la oralidad, en los juicios orales, en los jueces, sino está en la procuración de justicia. Y aquí mientras nosotros estamos platicando de este tema mucha gente se transporta en el camión a su casa y si los asaltan o les roban el celular o en el cajero, y los van a denunciar, y no saben qué hacer, y van con el policía y el policía les pregunta si son querellantes o denunciantes, y ahí comenzamos a ver la desconexión que hay. Lo único que tenemos es desconfianza. Entonces lo que comenzamos a ver es el eslabón más débil de la cadena de impartición de justicia se encuentra en la procuración de justicia, no en los juicios. A partir de eso en el siguiente bloque voy a explicar el análisis que hicimos, que nos arrojó una base de 500 mil datos, que están disponibles al público en general para entender el antes y el después del nuevo Sistema de Justicia Penal el estado de Morelos. Gracias. José de Jesús Ramírez Sánchez: Muy bien. Gracias por su participación. Ahora damos la palabra a la licenciada Ana López Mestre. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Iberoamericana. También realizó estudios de posgrado en la Academia de Liderazgo de Oxford y en el Instituto de Desarrollo Empresarial de Anáhuac.

Ella ha servido en el Consejo Coordinador Empresarial durante el periodo 2007 y 2012 como Directora de Relaciones Institucionales y Directora Técnica. También tiene experiencia en el sector gubernamental, trabajó en el Senado de la República durante la LXI Legislatura, además ocupó el cargo en Presidencia de la República de 2002 a 2006, Ana es bilingüe y es miembro activo de varias instituciones que tienen como objetivo promover la responsabilidad social y brindar apoyo a foros relacionados con la formación de jóvenes. Adelante, por favor, Ana. Ana López Mestre: Gracias, José de Jesús y gracias a todos los que después de un día largo se quedaron todavía para acompañarnos. Para American Chamber es un gusto tener este acercamiento con el INAI, por primera vez, y compartir el panel con organismos tan reconocidos como el INEGI, el IMCO y Coparmex, con quienes he tenido el gusto de trabajar en otras ocasiones. Y bueno, AMCHAM es una organización que lleva 100 años en México, es una organización que hoy representa a mil 450 empresas de todos los sectores de todos los tamaños, no solamente americana, sino de capitales de diferentes orígenes y bueno, nuestra principal tarea es promover y facilitar el intercambio comercial entre México y Estados Unidos y en términos generales el libre comercio, el Estado de derecho y la responsabilidad social. Entonces, a la pregunta de si la seguridad nos afecta a todos, yo creo que sin duda sí, de una o de otra manera, desde luego, como ciudadanos, pero además porque lastima la actividad económica de las empresas; evidentemente representa un costo, representa grandes pérdidas, pero además desincentiva la inversión, desincentiva la creación de empleos formales, desarrollo de talento, como decía ya Ricardo, y para las empresas evidentemente es complicado porque pone en riesgo no sólo a sus empleados sino a su cadena de suministro, entonces es un tema que sin duda afecta de manera transversal.

Cualquier actividad que violente la productividad de las empresas sin duda nos resta competitividad y los índices de quienes acompañan lo respaldan de manera muy clara. Nosotros que estamos en actividad con empresas todo el tiempo, la seguridad es el tema común de todos los foros, de todas las regiones y de todo tipo de empresas. En particular para las empresas de inversión extranjera pues se vuelve un obstáculo al momento de competir por traer mayores inversiones de sus empresas al país. Sin duda valoran muchas de las ventajas que México tiene como mercado para las empresas, pero la inseguridad es uno de los grandes obstáculos que les duele a todos. Entonces, para nosotros como Cámara pues es muy importante conocer y sensibilizarnos a lo que les duele a las empresas que representamos y empezaría por comentarles que nos dimos a la tarea, ya esta es la séptima edición, de generar un informe de seguridad nacional, que lo que pretende es justamente identificar qué es lo que más les duele a las empresas que operan en el territorio nacional. Y les comparto algunos datos de estas empresas. El 52 por ciento de nuestras encuestadas gastan un promedio del 4 por ciento de su presupuesto anual de operaciones en medidas de seguridad. Y aquí yo destacaría que las empresas han sido muy proactivas buscando alternativas que les permitan operar de la manera más eficiente y segura, muchas veces en colaboración con las autoridades locales y municipales. De las empresas que nos reportan que han visto una mejora, lo que es muy interesante es que el 83 por ciento de ellos se lo atribuyen a las medidas que las mismas empresas han implementado. Entonces, vemos un sector empresarial proactivo, dinámico, que está en un constante diálogo con las autoridades, que lo que quiere es opera de manera más eficiente y, por supuesto, segura. Y hay muy buenos ejemplos de mejores prácticas que nosotros como parte de este informe ponemos a disposición de las empresas.

Algunas de las cosas que más afectan a las empresas en diferentes territorios del país son ataques a su cadena logística, por supuesto la parte de transporte es complicada. Desde luego temas de extorsión que ha ido creciendo, y con la dinámica de compartir información confidencial en medios digitales, que se ha vuelto parte de la actividad cotidiana, no sólo de las personas, sino de las empresas, esto viene acompañado también de un cierto riesgo y nos hemos dado a la tarea de meternos más a la agenda en temas de ciber seguridad. Tenemos un dato de la Unidad de Innovación de Presidencia de la República, que dice que estas pérdidas por ciber delitos ascienden a 3 mil millones de dólares al año, lo cual es muy alto. Nosotros estamos trabajando en ello, porque lo que queremos es generar primero la conciencia de que es importante tener una cultura de ciber seguridad al interior de las empresas, y también el reto de contribuir a un marco legal que pueda dar viabilidad a la actividad de las empresas, en un tema que avanza de manera muy dinámica. Es difícil a veces que la regulación y las políticas públicas vayan al mismo ritmo que algunos de los temas que son tan dinámicos, como es el caso de temas digitales. Entonces, en AMCHAM es un tema de agenda de todos los días, para nosotros es importante no sólo identificar los riesgos, los focos rojos, sino también buscar oportunidades de sumar esfuerzos, de compartir información, de generar sinergias con otros organismos y de ayudar a las empresas a implementar mejores prácticas, que les ayuden a operar de manera más eficiente, que puedan ser más competitivas y con las autoridades generar propuestas, generar compromisos, generar metas muy claras que contribuyan a lo mismo. Al final, un sector empresarial formal, que cumpla con la regulación, que genere empleos, que se traduce en oportunidades de desarrollo para toda la población. Yo lo dejaría aquí, gracias. José de Jesús Ramírez Sánchez: Gracias, Ana, por tu intervención en esta primera ronda.

Cederíamos la palabra a Armando Zúñiga Salinas. Actualmente es CO y socio fundador del Grupo ITESE de México, empresa con más de 20 años de trayectoria. Entre los logros más destacados es el haber obtenido el distintivo SR por cinco años consecutivos, y haber recibido la certificación GPTW, es la única empresa en el país del sector en México con esta certificación y la segunda a nivel mundial. Es egresado del Programa D-2, del Instituto Panamericano de Alta Dirección, cuenta con la certificación CEPP, como Profesional de Protección y Posgrado en Seguridad de la Universidad Pontificia de Madrid. Le daríamos la palabra, si nos hace favor. Armando Zúñiga: Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Para empezar, quiero agradecer esta invitación a nombre de la Confederación Patronal de la República Mexicana y felicitar ampliamente al Instituto Nacional de Acceso a la Información por este importante foro. Hemos estado viendo todos los paneles, muy interesantes, en especial el anterior, que es uno de los pilares fundamentales para poder en algún momento pasar esta mala racha que ya llevamos más de 10 años de inseguridad. Hablo de la parte de prevención. El grave problema es que en estos sexenios el presupuesto se ha destinado principalmente a más armas a policías y vemos que actualmente estamos en los mismos niveles de inseguridad del sexenio anterior. Algo está faltando y nosotros creemos que es esta parte precisamente de prevención. Pues bueno, algunas cifras obviamente ya compartieron mis antecesores varias, yo tengo aquí una del INEGI, de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, que nos dice que de 4.5 millones de unidades económicas que tiene el país, el 57.4 considera que la inseguridad y la delincuencia es el tema que más afecta. Destacan los estados de Guerrero y Tabaco, donde el 74.3 por ciento y el 78.6 por ciento de sus empresas consideran que la inseguridad y la delincuencia es su principal problema.

Esta es una cifra oficial del INEGI que compartimos plenamente en la confederación hablando un poquito de COPARMEX. Nosotros somos un sindicato de empresas o de empresarios que se compone por 36 mil empresas a nivel nacional, divididas en 52 centros empresariales y coincidimos plenamente. A mí me toca colaborar en la Comisión de Seguridad y Justicia, donde diariamente recibimos las inquietudes de nuestros socios y la mayoría de estas inquietudes pues obviamente son los problemas de seguridad. Y vemos con preocupación en algunos estados, en algunas ciudades, por ejemplo, en Chilpancingo, donde han estado cerrando muchas empresas, muchos negocios, que no pueden sostener los índices de inseguridad prefieren mejor cerrar. Son obviamente empleos que se pierden. Hablamos desde las pequeñas y medianas empresas, ya se mencionó también aquí inversiones que se van a otros países. En conclusión, pues la inseguridad nos está haciendo perder muchos empleos, un tema muy preocupante, porque lo que necesitamos como país es generar, no perder empleos. Otra de las preguntas donde se arrancó este panel, dice. “La inseguridad pega a todos los bolsillos por igual”. Pues yo creo que no desde el punto de vista de que existen mucha variedad de salarios en todos nosotros. Yo creo que donde más pega obviamente es en la base de las pirámides, en la base de la pirámide, donde están los salarios más bajos. Ya comentaba la licenciada Ana López en las empresas el costo de la seguridad y me refiero al costo que necesariamente se repercute a la compra final y hablo desde productos de consumo principalmente, hasta la mayoría de los productos lleva un costo de alrededor del cinco por ciento. Es decir, lo que pagamos en algún producto de consumo, estamos pagando del orden del cinco por ciento en seguridad. Esto es la seguridad que se paga en la cadena de logística y al final, inclusive, en las tiendas, por ejemplo, los más afectados en esta inseguridad son las tiendas de conveniencia.

Hace apenas unos días veíamos en Reynosa, fue ayer o antier cómo había quema de tiendas de conveniencia entre otros ilícitos que se estuvieron dando. Obviamente esto incrementa todos los costos de los productos. Y ya no hablemos de la tranquilidad de nuestras familias y de todo. Pues sería esta mi opinión concreta de la primera etapa, lo demás creo que está dicho, y cedo la palabra para generar más debate y preguntas que podamos contestar. José de Jesús Ramírez Sánchez: Muy bien. Gracias por su participación. Tocaría la palabra a Daniel Navarro. Es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Cuenta con un diplomado en Estadística Aplicada, también por la UNAM y diplomado en Acceso a la Información Pública por la Universidad Autónoma Metropolitana. Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica, en el cual ha colaborado en el desarrollo de la Estrategia y Metodología para la Acreditación, Consejero del Consejo Técnico del Examen General del Egreso de la Licenciatura de Economía del Centro Nacional de Evaluación para le Educación Superior el CENEVAL. Integrante de la Comisión Técnica Consultiva de Economía, cuerpo colegiado de la Secretaría de Educación Pública. Si nos haces favor, Daniel. Daniel Navarro Ramírez: Muy buenas tardes a todos. En esta primera intervención buscaremos o trataré de plantear un poco la relación crecimiento económico-Estado de derecho y ver cómo en efecto si no contamos con Estado de derecho no podemos avanzar o no podemos contar con las variables suficientes para transformar la economía. En una segunda parte trataremos de plantear lo relativo a la relación que puede existir entre los incentivos al cumplimiento de la ley y la delincuencia, que, sin duda, existe una relación directa. ¿Reformas estructurales para crecer? Es una pregunta que tenemos. Sin duda una de las grandes apuestas del Ejecutivo a inicio de sexenio fue llevar

a cabo una serie de reformas estructurales que permitieran esto, el crecimiento económico. Bueno, como todos sabemos hubo un gran consenso, se contó con un gran capital político que permitió el Pacto por México y obviamente con la anuencia de todos y cada uno de los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, y no solo eso, también se contó con el aval de cámaras empresariales, la clase política en general, para lograr este Pacto por México. ¿Cuál fue el resultado? Lo pudimos ver ya a más de tres años de implementación de estas reformas, bueno, se aprobaron perfectamente reformas en materia de telecomunicaciones, en materia, en materia energética, materia educativa, desde luego, la que nos tiene el día de hoy aquí en materia de transparencia, rendición y cuentas, y bueno, recientemente y no hace más de 20 días se instaló el Sistema Nacional Anticorrupción, o parte del sistema, perdón. Bueno, ¿qué se pretendía lograr con esto? Desde luego, crecimiento económico. Bueno, las reformas fueron un paquete de recomendaciones hechas por la OCDE y bueno, qué vemos que tenemos aquí, que por mucho la realidad quedó por debajo de la proyección, es decir, vemos que para 2000 que se tenían para 2014 teníamos un crecimiento pronosticado de 2.6 terminamos en 2.3, 2015 fue un poco más moderado la proyección de 3.9, esta moderación no la tenemos para el 2016, creímos que íbamos a avanzar a un 4.2 por ciento y sin embargo qué nos dice la realidad, que crecimos a un 2, 3 por ciento. Entonces, qué es lo que podemos encontrar, las reformas estructurales parece que no han sido suficientes, desde luego, la reforma legislativa son condiciones necesarias, parece que no han sido suficientes para avanzar al crecimiento económico. ¿Qué nos dice la teoría económica? La teoría económica nos dice que existen diversas premisas básicas para poder lograr mayores niveles de inversión, de crecimiento y, desde luego, prosperidad en la población. Una de las premisas es el crecimiento económico, volvemos a la discusión de siempre, no necesariamente el crecimiento económico va a permitir una

mejor estabilidad o el desarrollo de la población de decir: no podemos igualar crecimiento económico a desarrollo económico, sin embargo, está clarísimo de acuerdo a la evidencia empírica que si no hay crecimiento económico la desigualdad, la pobreza, la miseria van a continuar, es decir, se profundizan en ámbitos de poco crecimiento estas situaciones van a seguir proliferando y van a profundizarse. Por eso es importante, en ese sentido, que el crecimiento económico no sólo lo podamos entender como la medición de ciertas variables macro que permitan ver el crecimiento entre un año y otro, debemos de entenderlo como un proceso, un proceso que en primera instancia deba tener la estabilidad y paz social, desde luego, es decir, variables fuera de la economía que permitan este crecimiento económico. Y bueno, obviamente pues esto tendrá como consecuencia permitirle a la población en general pues mejores oportunidades de educación, mejores oportunidades de salud, mejores oportunidades de ingreso, empleo, bienestar social en general. Ahora, en ese sentido es que, como lo señalaba, la teoría económica puede señalarle, les traigo cinco premisas que permiten el crecimiento, paz y seguridad, como lo señalaba en un principio, protección de los derechos humanos y la propiedad, la estabilidad legislativa, ya vimos que sí se puede la estabilidad legislativa, se pueden aprobar de manera consensuada y en un proceso legítimo las reformas económicas, equilibrio de poderes y, sobre todo, que es con lo que terminaré parte de la presentación, impartición de justicia, es decir, un eficiente sistema judicial de la procuración e impartición de justicia y además de que sea, desde luego, pronta y expedita. Algunos datos, Estado de derecho. La edición 2016 del (…) perdón World Justice Project, nos coloca en el lugar 88 como el índice de Estado de derecho, obviamente lo que está midiendo son 44 indicadores organizados, Justice tiene diferentes niveles de segregación, pero podemos observar que estamos en el lugar, perdón, estamos en el lugar 88 de 113 países, es decir, estamos en el último cuartil, estamos muy por debajo de lo que podríamos esperar para un Estado de derecho. Ahora, Estado de derecho e ingresos altos, sí, hay una correlación directa, podemos ver en esta tabla países con altos niveles de ingreso se encuentran también dentro de los primeros niveles con Estado de derecho.

Entonces, voy a retomar una cita que tiene por ahí el doctor Federico Reyes Heroles, trayendo a cuenta uno de los cuadernillos publicados por el entonces IFAI, y se los voy a leer directamente. ¿Puede un Estado de Derecho declararse como tal, cuando sus ciudadanos, por los motivos que sean, no han accedido a la comprensión básica del fenómeno normativo, en el sentido de que por principio debemos de acatar la Norma? Entonces, consideramos, parece que existe una relación directa Estado de Derecho para que entonces nos permita ingresos altos. En ese camino ¿quiénes podemos? Resaltamos quién en el lugar número 20: Uruguay y en el lugar número 25 Costa Rica, aun cuando Costa Rica se encuentra poco debajo del promedio per cápita de países de ingreso per cápita, vemos que está en ese camino de consolidar un estado de derecho y, por lo tanto, avanzar hacia mejores niveles de ingreso. Este subíndice de ausencia de corrupción, es parte del índice general que les comentaba, lo que nos permite ver estar lo suficientemente desagregado para encontrar áreas de oportunidad. Nos encontramos con que, bueno, normalmente nos encontramos en el último lugar en el índice de ausencia de corrupción de 2016. México, estamos muy por debajo, estamos en el lugar 99, otra vez nos acercamos a los últimos lugares. Subíndice de orden e inseguridad, nuevamente nos encontramos en el lugar 99. Ojo, nuevamente orden e inseguridad. Condición para poder tener un crecimiento económico. Hasta aquí sería mi intervención por este momento y les digo, en el siguiente trataremos de ver cuáles son los incentivos a la delincuencia o cuáles deberían ser los desincentivos a esto. José de Jesús Ramírez Sánchez: Bueno, pues en esta primera ronda, tenemos varios elementos que nos deberían de llevar a reflexionar ya sobre otros. Uno de ellos es el que formula el licenciado Adrián Franco, en el que

no propiamente existe una metodología que pudiera medir el impacto de la delincuencia o de la inseguridad en la economía. Y eso nos lleva a formularnos la pregunta, entonces hay necesidad de establecer una metodología para poder medir ese impacto. ¿Cuáles son los elementos o la información que tendríamos que accesarnos para poder formular la metodología, y quién sería la institución posible de formularla? Igualmente, Ricardo, de alguna manera habla de la insuficiencia de información en los estados, lo cual de alguna manera también complica el que no tengamos información para determinar aquellas acciones de política pública que nos pudiera ayudar, coadyuvar para el propio combate a la delincuencia. Ana López, reconoce, como los demás, que la inseguridad afecta a la economía; 52 por ciento del gasto de las empresas, 4 por ciento del gasto de las empresas de alguna manera es un recurso que, en lugar de destinarlo a la propia calidad del servicio del producto, tiene que destinarlo a estos temas de seguridad. Por ahí obviamente hay menos recurso para la calidad, más recursos para efecto de la seguridad. El licenciado Armando Zúñiga, de alguna manera con sus 36 mil, son empresas, la COPARMEX con los centros que tienen, pues de alguna manera tiene muy de cerca aquellas referencias de empresarios donde están siendo afectados. Entonces aquí, de alguna manera, nos están señalando si una afectación de la inseguridad en la empresa. Hay varios mecanismos de los cuales la empresa se ve afectada y, en consecuencia, o sigo trabajando con todas estas implicaciones y graves problemas que la inseguridad me está dando o me traslado a otro lugar o hago un replanteamiento con la cooperación con las autoridades. Esta situación, aquí viene esa segunda parte, ¿a qué nos lleva?

Si estamos hablando del tema de ¿cómo impacta la delincuencia? ¿Lo estamos viendo por su manifestación social o lo estamos viendo también sobre la parte de un elemento económico? O sea, afectación de la empresa, menos inversión, menos empleo y, en consecuencia, viene una reproducción mayor de problemas sociales. ¿Entonces qué tendríamos que hacer, por un lado, para medir estos impactos en la economía, y quiérase o no a nivel regional, a nivel local? Porque no es lo mismo una zona altamente con todos los aditamentos de seguridad a una descuidada, con una zona altamente ya pobre, con una zona medianamente no en la pobreza. ¿Pero qué tendríamos qué hacer? Entonces, en base a esto, primero, ¿qué tendríamos que accesarnos de información, de qué dependencias para poder formular esta metodología y qué políticas tendríamos que implementar desde el ámbito de la propia iniciativa privada para poder contrarrestar los impactos a la inseguridad? Entonces en el mismo orden de participación, si nos haces favor Adrián, de poder participar. Adrián Franco: Con mucho gusto, moderador. Hay dos puntos fundamentales. Yo abordaría el primero, el tema de los impactos sociales y económicos de la inseguridad. Uno de los subtítulos del panel es el crecimiento económico, otra víctima de la inseguridad, yo iría más arriba. No es solamente el crecimiento económico, es el desarrollo nacional el que es una víctima de la inseguridad. El desarrollo nacional está compuesto por muchos factores, por muchos actores, la sociedad, el sector privado o el sector productivo y el gobierno. Si nosotros observamos el impacto que tiene la sociedad como afectación de la violencia y la inseguridad, podemos observar rápidamente que no todos los hogares y no todas las personas son afectadas en la misma forma en materia de inseguridad.

La inseguridad tiene un defecto de compensación per se. Pega más a quien más tiene. Es decir, las empresas grandes cuando sufren de un acto delictivo, pierden más; los hogares también pierden más; pero las probabilidades son diferentes. La probabilidad de que una persona de bajo nivel económico sufra de un acto delictivo es menor que la que sufra de una persona de un extracto superior, lo mismo que las empresas. Entonces tiene un efecto de compensación. Sin embargo, no podemos quedarnos solamente en el costo directo de haber sido víctima de un acto delictivo o de la violencia. En materia de tejido social, por ejemplo, los hogares en México destinan más o menos 78 mil millones de pesos al año para prevenirse de algún delito. Y lo que hacen es que básicamente se encierran. Generan clústers, ponen bardas más altas, ponen rejas más fuertes, cambian ventanas, compran un perro guardián, se aíslan de sus vecinos, es decir, simple y sencillamente lo que hacen es: estamos rompiendo tejido social. Y eso no es solamente en el nivel micro, es el nivel macro también. La mitad de la gente ya no sale de noche. 32 por ciento ya no visita a sus amigos o no visita parientes, 30 por ciento no tiene alguna actividad de distracción después del trabajo. ¿Eso qué hace? Que estamos reduciendo el desarrollo humano de la sociedad. Al final del día eso afecta la forma en la que interactuamos y cómo convivimos. Otro tema, el tema del bullying ya lo veíamos. Uno muy particular, por ejemplo, el 35 por ciento, una encuesta que acabamos de publicar la semana pasada, el 35 por ciento de las personas en este país, en zonas urbanas tuvo un conflicto o un enfrentamiento directo con alguien en el último trimestre. Y siete de cada 10 de esas personas que tuvieron un enfrentamiento, un conflicto lo tuvieron con sus vecinos. Eso quiere decir que estamos creando sociedades cada vez más violentas, más individuales, más separadas. Y eso

a nivel futuro y a nivel social, macro no es positivo. Eso es el costo, parte del desarrollo nacional. En el término económico Ana tiene toda la razón, las empresas, según nuestras estimaciones destinan cerca de 100 mil millones de pesos nada más para prevención. Eso quiere decir, los que contratan servicios de protección, los que contratan seguro, los que contratan rejas, los que blindan a sus camiones para el transporte de mercancías, los que aseguran sus mercancías cuando los contratan, etcétera, etcétera, etcétera. Seis de cada diez empresas tienen una preocupación alta por la inseguridad, 35 por ciento de las empresas en este país ha sido víctima, de al menos, algún delito durante el último año. 55 por ciento de ellas ven asaltos o robos en la calle, cuatro de cada 10 observan vandalismo alrededor del negocio, etcétera. Es decir, hay una serie de condiciones que le pegan directamente a la competitividad y el desarrollo de las empresas, a la vida de las empresas. No necesitamos ser un inversionista noruego o danés para saber, por ejemplo, que una de cada tres empresas de este país es probablemente una víctima del delito, y que, además, si me toca ser víctima me va a tocar, por lo menos, tres veces, me puede tocar hasta seis veces en promedio. Pero me puede tocar tres veces al año. Y si soy una empresa grande me cuesta más o menos por acto delictivo 1.5 millones de pesos al año. Eso quiere decir que si yo soy el inversionista danés o de Guanajuato o de Noruega más o menos tengo que pensar que además de los impuestos que voy a pagar y, además, desafortunadamente de algunos actos de corrupción, que también tengo que pagar, y del costo de poner la empresa y de operar la empresa tengo que destinar alrededor de 10 millones de pesos al año para temas de inseguridad, por costo directo de la inseguridad. Entonces esas son las decisiones que tiene que tomar un empresario, y el empresario decide entonces no abrir o cambiarse de lugar o cerrar el negocio o simple y sencillamente es un negocio no sostenible. Y en eso las empresas pequeñas, que son de los cinco millones de unidades económicas que tenemos en el país, son la gran mayoría, son más sensibles

a eso que las empresas grandes. Las empresas grandes pueden soportarlo, pero hasta cierto nivel. Por otra parte, también en términos económicos, no olvidemos que las principales víctimas del delito en este país, sea de un delito común, del fuero común o bien de homicidio son hombres la gran mayoría, arriba del 90 por ciento, jóvenes en su etapa más productiva entre los 18 y los 45 años, entonces estamos lapidando también la fuerza laboral del país por estos efectos. Y en términos del gobierno hay algo que ahorita en las láminas se presentaba muy interesante. ¿Cuánto le cuesta al gobierno el tema de la inseguridad?, no solamente le cuesta las bajas que sufren en hombres o en hombres o en términos de infraestructura, sino, y tampoco es solamente los montos que asignan todos los gobiernos estatales, municipales y el federal, sino el tema de la confianza, ¿cuánto les cuesta a los gobiernos la confianza? ¿A los 2 mil 457 gobiernos y delegaciones de este país cuánto les cuesta que no tengamos confianza en ellos? Más de la mitad de la población no confía en la policía estatal, más de la mitad no confía en las policías municipales, el 94 por ciento de los delitos no se denuncia o no tiene una averiguación previa, en el caso de las personas, y el 90 por ciento en el caso de las empresas, ¿por qué es menor las empresas? Porque las empresas tienen abogados que van y vigilan cuando se hace una denuncia. Pero al final del día para los gobiernos una crisis de gobernabilidad, de confianza, de credibilidad representa que tengamos como sociedad instituciones cada vez más caras, menos creíbles y que cuando empujan políticas públicas les cuesta mucho más trabajo, un gobierno el que sea tiene que invertir o tiene que gastar más dinero en poner más policías en la calle, pero probablemente el resultado es el mismo o menor, es decir, no tenemos efectividad policial, probablemente tenemos que invertir en ministerios públicos, los cuales no pueden atender a los que estamos demandando o denunciando un delito. Y entonces tenemos instituciones más costosas, tenemos que resarcir daños y la credibilidad sigue disminuyendo en el caso de los gobiernos. Por ejemplo, ¿quién le cree a un gobierno que de repente sale el vocero y dice: hemos reducido los delitos el 20 por ciento? Prácticamente nadie, pero los

que sabemos del dato no lo creemos porque simple y sencillamente sabemos que no es que se haya reducido el delito, simple y sencillamente lo que se redujo fue la denuncia del delito y eso es un signo de baja confianza de las personas, las personas ya no van a denunciar el delito por diversas razones, las empresas tampoco y no lo hacen porque saben que no tiene alguna consecuencia real. Para que algo tenga una consecuencia en términos de Estado de derecho, tiene que haber pasado mil cosas y es literal, es decir, tuvieron que haberse denunciado más de mil delitos para que un solo delito tenga castigo. Entonces, esos son los costos o algunos de los costos que en términos gubernamentales tenemos que ir enfrentando. Muchas gracias. José de Jesús Ramírez Sánchez: Pues gracias, Adrián. Le daremos la palabra ahora a Ricardo Corona, si nos hace favor. Ricardo Corona: Sí, gracias. Bueno, siguiendo con la hipótesis de que la información que nosotros buscamos explorar para entender las causas, no las consecuencias, es muy importante esa óptica, no saber cuántos robos hubo sino por qué tenemos este ámbito de robos con base en un análisis de los elementos mínimos que tiene que tener, que tiene que llevarse a cabo en un contexto de un sistema de justicia que es nuevo, es novedoso, se acaba de implementar, se gastaron miles de millones de pesos en implementarlo y al final pues esta brecha que existe entre ese papel perfectamente, técnicamente delineado y lo que sucede en la realidad, pues todavía hay una gran brecha. Esto, sin duda, afecta a, ya se ha mencionado, a diferentes dimensiones del desarrollo económico tanto a nivel personal como empresarial. Sería la pregunta, y decíamos: Oye, a ver, se presenta en 2008 y hasta 2012 se generaron algunos indicadores para saber más o menos qué está pasando, sin embargo, esos indicadores eran cuantitativos, describían consecuencias: cuánto se gastaba, cuántas capacitaciones, cuántos robos, cuántos homicidios; pero eso no estaba respondiendo a las causas del problema, ¿por qué seguía abierta la puerta ahí?

Derivado de eso hicimos este análisis, exploramos una propuesta metodológica, digamos, ya que eran nueve años de estar haciendo varios ensayos, con varias metodologías y de todos modos no teníamos estas respuestas, exploramos una con esta óptica. Vamos a ver las causas. Un análisis jurimétrico que denominamos nueve años de ocurrencias en justicia penal, evidencias para entender la crisis de impunidad que, sin duda, afectan las condiciones de desarrollo económico. ¿Qué es lo que quisimos ver ahí? Me decía un profesor del doctorado que la mejor metodología es la que mejor me explica un programa que me estoy planteando y por eso diseñamos esto muy tropical para México, para entender el antes y el después del nuevo sistema de justicia penal, qué está pasando: ¿sirve o no sirve? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? Pues con dos fuentes principales: una, la variable empírica, que es con base en expedientes totalmente de homicidio y de robo, esos delitos de impacto social que nos están llamando la atención ahorita en las consecuencias, homicidios y robo, así como la variable perceptiva. Vamos a entrevistar a ciudadanía y vamos a hacerle un examen y entrevistar a servidores públicos. ¿Cuáles? Los de la hipótesis. Procuración de justicia, policías de proximidad, primer respondiente, defensor público, ministerios públicos y policía investigadora. Vamos a preguntar eso a ver si saben esos mínimos, porque si no, parece que la puerta sigue abierta con las fallas del funcionamiento del sistema de justicia. Aquí analizamos aproximadamente para los expedientes un catálogo de 300 variables de gobernabilidad, en las varias secciones que tienen los procesos para ambos delitos, y del mismo número para las entrevistas y los exámenes que hicimos a los servidores públicos. ¿Dónde lo hicimos? En el estado de Morelos. ¿Por qué en Morelos? Primero porque fue el único que respondió a la Convocatoria, nadie más aceptó permitirnos entrar a cocina para ver si los trastes se estaban lavando bien con el nuevo sistema, y ahí surge la pregunta: “Oye, pero son expedientes de homicidio. ¿Y cómo te metiste a ver el delito y las fotos y cómo la versión

pública?”, no, fue un acuerdo de confidencialidad en el entendido de la corresponsabilidad también de sociedad civil que está involucrándose en este tipo de valuaciones para generar un producto útil, abierto, gratuito para el estado, al estado no le costó, y a partir de eso generar una dinámica, de vamos a generar nueva información para responder las preguntas adecuadas. ¿Qué encontramos? Grosso modo, en la parte perceptiva, digamos, nada nuevo, pero lo verificamos con la ciudadanía, el 25 por ciento de 282 personas no se le brinda asesoría jurídica; el 45 por ciento manifestó, de manera reiterada que es inútil presentar una queja, no sirve y el 73 por ciento dijo que nada más va a perder el tiempo al Ministerio Público. Está desconectado el ciudadano que les decía y que estaba en riesgo de que le robaran el celular o la cartera. En el bloque de servidores públicos que es, insisto, policía primer respondiente, proximidad, esos con quien uno llega y denuncia o busca, va a preguntar qué hace para denunciar, o que un negocio se al negocio y el negocio quiere presentar su denuncia, estos primeros, pero también la policía investigadora, defensores públicos, ministerios públicos y peritos, les preguntamos grosso modo, no tiene las condiciones de conocimiento mínima. “Oye, pero si van nueve años ya de la implementación del sistema”, sí, pero tú cuando le preguntas a un policía, que puede ser que lo veas armado con una pistola gigante, súper moderna, per el señor tiene posiblemente hasta la secundaria, gana 4 mil o 5 mil pesos, y las capacitaciones que le dan son una conferencia de dos horas escuchando una grabación, en el cual no se le monitorea la calidad de conocimientos que obtiene. Entonces, esa persona es la que va a generar los primeros elementos para una adecuada investigación, el defensor está igual y con esas mismas condiciones va a defender. El perito no sabe cuáles son los elementos básicos, ni los criterios básicos para los peritajes. Entonces por qué nos preguntamos: En un juicio deja libre a una persona equis o una persona ye, pues porque fue una indebida investigación del procedimiento.

Ahí es donde comentamos e insisto, nos metimos a la evidencia. Esto corresponde a la variable perceptiva. ¿En los expedientes qué encontramos, que es la parte con la que incursionamos con este tipo de análisis, que ya nos metimos al dato duro a la autoridad? Aquí está el papel, no hay más, aquí está la respuesta de las dudas que tenemos. “Oye, pero evaluamos 811 expedientes”. Y podemos salir la pregunta: ¿Oye, pero la respuesta respecto de cuántos? ¿Es una muestra representativa o no? Son 811 expedientes que se evaluaron, los elementos mínimos que no pueden faltar en el procedimiento. Mínimos, con base desde el Pacto de San José, hasta los protocolos de actuación de los policías. Y a partir de eso, esas 300 variables que mencionaba, pues vemos que básicamente entre el viejo y el nuevo sistema para homicidio, por ejemplo, llegar al lugar de los hechos baja de un 84 a un 75 por ciento en homicidio y en robo de 59 a 51. Describir de en lugar de los hechos baja de 49 a 39 en homicidio. En robo de 10 a dos por ciento. Buscar testigos se queda igual en robo 22 por ciento y en homicidio va de 47 a 54, mejoró. Medidas de protección. Cuando preguntamos que la víctima o los testigos no quieren aportar, y eso lo sabemos, ¿Por qué? Vemos aquí en la evidencia que homicidio pasa del viejo sistema del uno por ciento al dos por ciento y para robo del cero por ciento. No encontramos una sola evidencia. O sea, no tenemos garantía de esas personas que se quieran conectar, estos ciudadanos que quieran ir a denunciar el robo de su celular. Por ejemplo.

En términos generales, vemos estos criterios que les mencioné son compatibles entre viejo y nuevo sistema. Ahora, solamente para el nuevo sistema, vemos que apegarse a las normas a esta nueva forma de ver el Sistema de Justicia Penal, pues solamente para el delito de homicidio, solamente el 21 por ciento se apegaron al mínimo, estos elementos mínimos, con independencia en el caso en específico y para robo solamente el dos por ciento de los expedientes. Fueron 544 de robo, muchos más que los de homicidio. Grosso modo, lo que estamos viendo, es que sí mejoró cómo estuvo antes el viejo sistema y cómo está ahorita el nuevo sistema, sí mejoró, pero mejoró en el orden del cuatro o cinco por ciento de lo mínimo que se tiene que hacer y andamos por ahí del 30, 35 por ciento en general. Entonces es muy bajo el nivel. ¿Por qué después de nueve años no? Pues porque no tenemos una información que nos permita entender cuáles son las causas, qué está pasando en el día a día en el aparato digestivo, si me permiten la expresión, del funcionamiento de la justicia penal. Ahora sí, a partir de eso generamos algunas recomendaciones dentro de las cuales ya se ha mencionado algo aquí, georreferenciación estadística de incidencia delictiva, que no mandemos a todos los servidores públicos a un caso que sea estratégico, perfecto, ahí está. Reconectar a los actores, públicos y privados. Las capacidades. Capacitar adecuadamente. A mí no me importa que se reporten mil capacitaciones, si al final cuando voy con el policía lo que me dice es que no tiene un buen sueldo o que trabaja 60 horas a la semana. Eso quiere decir que al final no voy a tener una adecuada impartición, una eficaz y eficiente impartición de justicia. Al final lo que le recomendamos a este Estado de Moremos, es una unidad de evaluación, ya con todos estos elementos operativos.

¿Para qué? Para que saque un uno, el primer expediente en términos de la Reforma del 2008, el primero, queremos ver el primero con todos sus elementos. No lo hemos visto. Y ahora sí, a partir de eso comenzamos a entender cuáles son los elementos, el caldo de cultivo, este ecosistema que permite que haya un abuso o un incremento en los delitos. Vemos, por ejemplo, que Yucatán era muy seguro porque tenía una estadística muy baja y de repente: pum, pasa algo y ya ahorita ya, seguramente el próximo año va a cambiar. Lo que pasó con Colima también. Entonces vamos la encomienda de este análisis es buscar, explorar, entender, involucrarse con mejores métodos para entender las causas del problema y mejorar las políticas públicas. La calidad de información define la calidad de toma de decisiones, y si seguimos en este caso para entender esta parte específica del Sistema de Justicia Penal, el pronóstico es que vamos a seguir con ocurrencias y las políticas van a terminar siendo también ocurrencias. José de Jesús Ramírez Sánchez: Muy bien, Ricardo. Les recuerdo a todos ustedes que si tienen alguna pregunta nos la vayan haciendo por escrito. De hecho, yo me adelanto a preguntarle a Ricardo hasta dónde mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información a los estados se podría obtener más información para fortalecer este estudio que llevaron a cabo ustedes. Ana, si nos haces favor de participar. Ana López Mestre: Gracias, moderador. Yo me regresaría al punto de partida que nos planteaba, y yo creo que desarrollo social y crecimiento económico están fuertemente vinculados. Y en esto la información pública juega también un papel importante porque contribuye no solo a la transparencia sino a identificar qué acciones debemos de implementar, qué a priorizar, qué necesitamos hacer, yo diría de manera urgente, y en el proceso hacerlo transparente.

Yo creo que el INAI en esto juega un papel de vinculación con la sociedad muy importante, que antes no teníamos, y yo creo que todos los organismos de esta mesa generan información e indicadores muy importantes, porque nos permiten tener un contexto más amplio y más claro de la situación que vivamos, en particular en el tema de seguridad, que es el tema de este foro. En cuanto a la información, como AMCHAM nosotros trabajamos de manera permanente, lo decía ahora Ricardo, tenemos de entrada un Comité de Seguridad. Este Comité trabaja de manera permanente con los especialistas de las empresas, que constantemente tienen que afrontar nuevos retos y una parte muy positiva de esto es que nos ayuda a compartir mejores prácticas. Mejores prácticas tanto internacionales como acciones ya tropicalizadas, porque en eso coincido, no necesariamente lo que funciona en un lugar funciona en otro, y eso creo que lo hemos entendido bien. Al final las empresas lo que buscan es que les garanticen condiciones en las que puedan operar de manera segura. Por la naturaleza de la Cámara, pues en la Agenda Binacional trabajamos muy de cerca con la embajada. Tenemos un intercambio permanente con ellos. Compartimos tres mil kilómetros de frontera, es un punto muy relevante para el intercambio de bienes y de personas para las empresas que representamos, y trabajamos, por ejemplo, con agencias como CIVIPI, que estuvo recientemente en México el nuevo comisionado, con el objetivo común de hacer un intercambio mucho más fácil y de buscar un intercambio seguro de mercancías y de personas. Pareciera que la coyuntura actual pone esto en entredicho. Nosotros seguimos trabajando y creo que son muchos los esfuerzos y los sectores que durante años han ayudado a integrar una cadena de suministro entre México y Estados Unidos, y que tienen mucho interés en que esto siga funcionando y se siga fortaleciendo. También trabajamos a través de publicaciones, como les platicaba el Informe de Seguridad Empresarial, es la séptima edición que publicamos, tenemos también un manual de, nos gusta la idea de decir que queremos empezar por casa, creemos que el tema de seguridad también va muy de la mano con temas de legalidad, de ética y de cómo operen las empresas en México, laboramos para ello un manual de ética anticorrupción para que las

empresas, sobre todo, las pequeñas y medianas empresas que a lo mejor no tienen estructuras como las grandes empresas, puedan implementarlo de manera que les funcione y les sea viable. Y también diría que en esta coyuntura para nosotros un tema que se ha vuelto muy importante es el de garantizar la seguridad de las empresas y de las inversiones extranjeras en México, creemos que cualquier inversión extranjera del origen que sea representa como, al igual que la inversión nacional, oportunidades de desarrollo y de, sobre todo para la población en diferentes zonas, de desarrollo de talento, de innovación, de tecnologías, de infraestructura. Entonces, para la Cámara en esta coyuntura ha sido muy importante ser claros en la tarea de defender la inversión de las empresas extranjeras, de recordar que son empresas que no sólo generan empleos formales y pagan impuestos y pagan seguridad social, sino que además invierten en innovación, en desarrollo de talento y en nuevos esquemas de negocio que son interesantes. Y bueno, vemos también en este tema una gran oportunidad de seguir buscando esquemas de colaboración con el gobierno tanto a nivel federal como a nivel estatal, nos acercamos de manera permanente con diferentes dependencias, con gobiernos estatales con quienes hemos de manera muy puntual buscado alternativas que funcionen mejor y en esto pues también compartir información ayuda, muchas veces nos sorprendemos de ver que la información que damos no necesariamente es información a la que el gobierno de un estado es sensible o está familiarizado. Y yo creo que también generar mayor vinculación entre organismos como los que estamos aquí pues contribuye a alinearnos, compartimos muchos, todos compartimos el tema de generar condiciones de seguridad, creo que recientemente con la agenda del Sistema Nacional Anticorrupción ha habido muchas voces que nos sumamos a ello, y creo que estar en el radar unos de otros también es una manera muy importante de contribuir a que esto suceda, bueno, suceda de entrada, e idealmente suceda de manera más pronta. Gracias. José de Jesús Ramírez Sánchez: Gracias, muy amable.

Armando, antes de tu intervención yo quisiera darte algunas cifras, de alguna manera es experiencia directa con las empresas que tienes. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto crece en el 2015 2.53, y exactamente en Michoacán está muy por abajo, 0.18, Veracruz 0.23, Guerrero tiene negativo 0.32 reporta cifras del INEGI, Morelos trae el 2.37 No obstante, en un año anterior si bien fue 2.17 el crecimiento, en Michoacán reporta 5.97, en Tamaulipas 2.93, Sinaloa 2.93, Guerrero 5.82 O sea, este comportamiento un tanto raro en esa dirección directa entre crecimiento con inseguridad. Entonces, en 2015 es muy notorio ese declive de esos estados, donde hay un alto índice de inseguridad, pero me extraña en el 2014. Entonces, ¿cómo cruzar la variable de crecimiento económico nacional con cómo se refleja en los estados? Lo comento, por si nos puedes ayudar también a entender esta parte. Armando Zúñiga Salinas: Por supuesto. El fenómeno de la inseguridad, vemos que sufre cambios, va cambiando. Por ejemplo, en Guerrero, la parte del turismo en Acapulco ayudaba mucho y de hecho sigue sosteniendo todavía al estado. Sin embargo, cuando se incrementan los homicidios, todo lo que pega al turismo, pues vemos cómo ahí inmediatamente se va cayendo. Esta parte de inversiones, se abandonan negocios, en fin. En Michoacán también, por ejemplo, se ha sufrido mucho la parte de los bloqueos, que son muestra también en las cifras, los bloqueos que se sufrieron con el conflicto magisterial y hubo una época muy complicada con la parte de la extorsión, por ejemplo, una de las actividades que más ayudan a Michoacán es el aguacate, la agricultura. Ahí se sufrieron grandes pérdidas, y obviamente esto afecta.

En Tamaulipas ha sido intermitente, ha sido de repente calmar un poco con el Ejército y la Marina, pero se descuida y vuelve nuevamente. Es esto yo creo parte de las variantes. Y yo tenía aquí otra cifra, estoy de acuerdo, a la cifra Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresa, el NAPROCE, que es del INEGI. La principal razón por la que los microempresarios no desean que su negocio crezca es el temor a la inseguridad. Por su parte, los pequeños empresarios, son los que en mayor porcentaje consideran que el principal problema que afecta al crecimiento de sus negocios, es la inseguridad pública. Esto, comentábamos al principio, es un grave problema. La mayoría de los empleos, se genera por la micro, pequeña y mediana empresa y es donde ahora se están perdiendo más los empleos, por temor a la inseguridad, porque una pequeña empresa no tiene los medios económicos para poder protegerse, como las grandes empresas. Y de ahí viene por ejemplo un problema de los más graves que hemos tenido como imagen, como país, del secuestro. El secuestro surge hace tres décadas, con los grandes empresarios. Los primeros secuestrados en México fueron grandes empresarios. ¿Qué pasa? Que tomaron medidas de seguridad. Y ahora los que secuestran son los del mercado, son los que tienen sus negocios pequeños, porque ellos no tienen acceso a protegerse, a contratar escoltas, en fin, a tener medidas de seguridad. Y eso aunado a la extorsión, es lo que está afectando tanto esta productividad y esta pérdida de empleo en las empresas. En COPARMEX creemos que hay varios temas pendientes en manos de nuestros legisladores; por ejemplo, la aprobación de la iniciativa de Mando Mixto. Hay un grave problema de coordinación hoy en día, hablamos de casi más de 100 policías diferentes en el país, desde policías municipales, estatales, las policías complementarias.

En fin, debe de haber una formación, debe de haber una carrera, debe de haber una profesionalización y obviamente tenemos que empezar por una ley que lo tenga que regir. Hay muy buenas propuestas de mando mixto, pero está en manos de nuestros legisladores el poder aprobar esta ley para que nos pueda ayudar. La otra muy importante, es la aprobación de la Ley de Seguridad Interior de nuestras Fuerzas Armadas, que desde hace más de una década tuvieron que entrar a combatir la inseguridad, cuando ellos están para resguardar nuestra soberanía como país y entraron sin ninguna, perdón, no soy abogado y a lo mejor los términos no suenan, pero entraron sin ninguna regla jurídica para hacerlo y es lo que hoy en día reclaman que haya una base jurídica para que ellos puedan seguir actuando. Es decir, las actuaciones que tienen al final se pierde gran parte por falta de esta garantía jurídica. Sabemos que hay voces a favor, voces en contra, pero sí es muy importante discutirla y aprobarla. Existe también la Ley de Seguridad Privada. Hablamos de la prevención en las empresas. Hay más de 500 mil personas trabajando en la parte de Seguridad Privada y se está trabajando en una ley acorde también a esta actividad que se rige, es otro de los pendientes que señalamos. El crear nuevamente la Secretaría de Seguridad Pública que ya existía en el sexenio anterior y en ésta la responsabilidad de la seguridad cae en la Secretaría de Gobernación y de acurdo al análisis de COPARMEX esto no está funcionando y se propone nuevamente el regreso a la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y, por último, nuestros asociados nos piden un plan emergente para los estados más afectados por la inseguridad, que son Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y Guerrero, entre otros. José de Jesús Ramírez: Muy bien, gracias, Daniel.

Hace un momento con los datos que estuviste dando, hablabas de una relación directa entre crecimiento y Estado de Derecho. ¿Tendremos alguna información más a nivel local hacia México en esta relación? Pero está libre tu intervención en esta segunda parte. Daniel Navarro Ramírez: Continuaré con la intervención y después daríamos respuesta a esto. Sin duda, la falta de Estado de Derecho es un incentivo a la delincuencia. Esto es más que claro. Y bueno, les comento. Hacia 1992 Gary Becker, economista, ganó el Premio Nobel de Economía. Sin duda, se le reconoció este premio por llevar a cabo análisis estadístico y sobre situaciones conductuales de los humanos. Es decir, llevó sus estudios al ámbito de la demografía y a la criminalidad. Digo, no les quiero hacer un resumen de lo realizado por Gary Becker, lo que sí es que llegó a la conclusión es que los criminales comparan el beneficio neto de delinquir con el de realizar actividades legales y, desde luego, como todo ente económico racional pues eligen lo más rentable. En este caso lo más rentable sería delinquir. Y, sin duda, dentro de las variables que hacen más rentable delinquir pues se encuentra la falta de castigo. Es decir, en tanto no encuentren un castigo alto en el momento en que puedan ser detenidos al momento de delinquir pues la actividad seguirá reproduciéndose. Digamos, este es un análisis desde el ámbito micro de cuáles son las variables que pueden influir sobre las actividades conductuales o las actividades criminales. No me quiero detener esta gráfica, pero sí podemos lo siguiente: ¿cuál es el ámbito entonces en el cual se mueven los delincuentes? Podemos asegurar esto. ¿Cuáles son las condiciones de altas tasas delictivas? Existe un entorno social próximo, es decir, el hacinamiento, violencia familiar, abundancia de jóvenes marginados, pocas opciones, desde luego educativas; un entorno local, desde luego; organización desordenada, deterioro o abandono de espacios públicos, como ya lo señalábamos desde un principio también; el contexto económico, desigualdad y exclusión,

también un contexto político, guerras y disputas violentas al poder político, etcétera. Tampoco me quiero detener en esto, me quiero detener un poco más en lo que sigue. Aquí me quiero detener porque sí, si bien pudiera ser una medición subjetiva en ocasiones de los impactos económicos de la criminalidad o de la violencia, sí podemos dar algunos ejemplos muy claros. Por ejemplo, en sesiones pasadas del INAI en Pleno público se resolvió un recurso de revisión sobre denuncias hechas por la Auditoría Superior de la Federación respecto a su trabajo de revisión de auditorías. ¿Qué arrojó el estudio? Que en los últimos 10 años la Auditoría Superior de la Federación presentó 719 denuncias ante la Procuraduría General de la República, derivadas de la revisión de la Cuenta Pública. Sin embargo, la Procuraduría inició solo 325 averiguaciones previas, de las cuales solo 13 han sido consignadas. Es decir, solo el 1.8 por ciento del total de lo denunciado. ¿Esto en qué se traduce? Esto se traduce en un impacto económico. Para pronto esto se traduce en 40 mil millones de pesos, lo que equivale más o menos al presupuesto anual de la UNAM. Entonces sí, en efecto, pudiera ser en ocasiones subjetivo en la medición, pero aquí tenemos un claro ejemplo de que la falta o la inseguridad jurídica y la criminalidad se traduce en un impacto económico como es el presupuesto anual de nuestra Máxima Casa de Estudios. También muy rápido. Costos de inseguridad. Existen costos humanos, muertes de seres humanos, reducción de libertades, disminución de convivencia social, los costos económicos indirectos, ya también los he mencionado, sobre costos para implementar medidas preventivas, como es levantar más bardas, electrificar casas y demás para las víctimas, y también para los delincuentes. Es decir, también para los familiares de los delincuentes contratar abogados, contratar, etcétera, etcétera, se traduce también en gasto. Y para el Estado, por supuesto, se traduce en gastos de salud, fondo de víctimas, etcétera, etcétera.

Existen también costos indirectos, bueno, pérdida productiva laboral, ausentismo y demás. Pérdida de ahorros, costos políticos, desde luego pérdida de confianza en el Estado de derecho, pérdida de confianza en instituciones, escasa participación ciudadana y alto abstencionismo electoral. Platicando hace un momento con Ricardo, le comentaba que existe, obviamente regresando al término de las mediciones, de pronto existen grandes variaciones entre lo que mide INEGI y lo que mide IMCO y cuáles son los impactos que consideran respecto a la inseguridad. No me voy a detener en esto, como les decía, pues ya es un tema que tenemos que avanzar, como bien planteaba Ricardo, bueno, la falta de información es lo que tenemos que generar o más bien tenemos que generar más información. Bueno, otro ejemplo, por ejemplo, para el 2016 el Presupuesto de Egresos de la Federación en su clasificación funcional, el gasto en esto ascendió a 4 millones 160 mil 372 billones de pesos, 2016. Dentro de la clasificación funcional 106 mil millones de pesos fueron erogados para la función de justicia. Para seguridad nacional 98.5 millones de pesos, mil millones de pesos, perdón. Y finalmente para asuntos del orden público, seguridad interior se erogaron 47.4 mil millones de pesos, es decir, 252 mil millones de pesos a estas tres áreas, que nuevamente para cuestiones de seguridad. ¿Qué significa esto? 4.7 veces del gasto que se destina a ciencia y tecnología, nuevamente, sí existe un impacto económico sobre el crecimiento económico que puede ser destinado a un área vital como es la ciencia y la tecnología para generar áreas de conocimiento y crecimiento económico se destina, ¿a qué? A áreas de seguridad. Finalmente, algunos temas que quiero dejar para reflexionar y me voy a detener nada más en los últimos dos. Desde luego, la tasa de desempleo tiene gran relevancia entre el modelo teórico análisis microeconómicos, lo que ya decía era en parte con Gary Becker, es decir, las altas tasas de desempleo pueden crear caídas en los salarios y, desde luego, que quienes se encuentran en este ámbito del desempleo pues trasladen sus actividades a actividades fuera de la ley.

Y, por otro lado, mayores recursos, como decía Becker, deberían de asignarse a aumentar la probabilidad de aprender al criminal, es decir, disminuir el incentivo a que éste no sea castigado. De mi parte sería todo. José de Jesús Ramírez Sánchez: Pues gracias a ustedes panelistas. Si tienen alguna pregunta. Realmente el horario que han estado aquí con nosotros pues ya, a lo mejor ya denota un poco de cansancio, pero no hay duda que este panel ha sido muy interesante y redondea al resto de los paneles que nos han antecedido. Yo concluiría en lo siguiente, a partir de las intervenciones de nuestros panelistas la inseguridad atenta al desarrollo económico ya que impacta a las empresas, particularmente a las micro y pequeñas que generan el mayor número de empleo, la inseguridad afecta al ciudadano y genera una baja en la calidad humana de éste, la inseguridad provoca que se oriente en un número mayor de recursos públicos y privados en lugar de destinarlos a aumentar productividad, agregaría educación, salud y otros, y es importante la cooperación entre el sector privado con el público para combatir las causas de la inseguridad identificándolas y generando políticas públicas más eficientes. Pues ya nada más les pediría a todos si emiten una conclusión respectiva y para concluir ahora sí este último panel. Si nos haces favor, Adrián. Adrián Franco: Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecer, desde luego a los asistentes a este último panel, ya difícil por el horario, al INAI, a mis colegas panelistas, muchísimas gracias a todos. Yo dos conclusiones muy rápidas: una, en efecto tenemos que generar cada vez mejores modelos de estimación del impacto, no sólo económico, sino social y gubernamental, que genera no solamente también la inseguridad o la violencia, sino otros fenómenos, como el propio de la corrupción y en ese

tenor, no es monopólico de las preguntas que nos hacía el moderador, no es monopólico de la generación de estos modelos. Se tienen que generar, es importante, sí; pero lo más importante es el tipo de información que se utiliza. Tengamos el modelo que tengamos, si le metemos información basura, va a dar resultados basura. Eso es bien importante y el problema es que tomamos decisiones con base en esos modelos, con base en esa información. Hay que distinguir de manera importante entre la información gubernamental de la información pública, de la información estadística. Cada uno de estos conjuntos de información tiene lógicas distintas, métodos distintos, componentes distintos, fuentes distintas y usos distintos. No las podemos confundir, porque entonces nuestras conclusiones serían la información que da un gobierno no coincide con la información que da el componente estadístico. Simple y sencillamente son cosas distintas y tienen fines distintos. Entonces, sí hagamos evaluaciones, sí hagamos mediciones, pero provoquemos el debate y la toma de decisiones públicas, la acción pública con base en la información estadística pública, eso es muy importante. Muchísimas gracias a todos, buena tarde. José de Jesús Ramírez Sánchez: Ricardo. Ricardo Corona: Voy a tomar la preguntar que mencionó de hasta dónde el acceso a los estados para la información, para cerrar. Y agradecer también la invitación y la participación con los colegas en el evento. En el Consejo Nacional de Seguridad Pública, del pasado 21 de diciembre, se hizo una pregunta: ¿con qué método podemos evaluar el impacto del Sistema de Justicia Penal? Que, bueno, al final se traduce en ese ecosistema en el cual estamos en riesgo patrimonial o de seguridad personal.

Esa fue una de las razones también por las cuales nos metimos a entender con esta óptica de las causas de cómo funciona, este nuevo sistema qué nos ha dejado. Esta información, el acceso a esta información, digamos que fue posible gracias a algo muy importante que no se evalúa en el proyecto, pero que hace la diferencia y se llama voluntad política. Digamos, hay dos caminos: se sube a la mesa de la Agenda Política, se lleva a cabo el proyecto. No es un tema ni para ventilar entidades, ni para la información que se genere, sino para entender el problema. La información que generamos son más de 500 mil celdas, con datos que explican qué está pasando, qué vimos con base en evidencia dura, dura, que se llaman expedientes y pues entenderlo para tomar unas mejores decisiones, ya con información mucho más verificable, sustentada en evidencia. La información está disponible en el portal del IMCO, es gratuita y están ocho bases de datos, digamos, está todo ahí disponible. Hace rato se mencionaba, escuché una presentación que cuál es la sanción de esto, o sea, que no se atiende; qué sanción tenemos al final, la ciudadanía qué hace. Me parece que podemos hablar ahí de la falta de legitimación del quehacer gubernamental, al final del camino; si no tenemos esta información que nos explique qué está pasando a quienes nos dedicamos a hacer política pública, quienes trabajan en instituciones, o al final del camino, el ciudadano si no le llega el mensaje de qué está pasando con este quehacer gubernamental, eso se traduce en falta de legitimación. Entonces con esto cierro que, digamos, para entender el impacto económico, impacto a la seguridad en todos los actores que ya se han mencionado, me parece que uno de los grandes mensajes de corte metodológico, es que antes de pensar en construir edificios, capacitar, gastarse miles de millones de pesos, comprar armas de último modelo, hay que entender qué está pasando en la impartición de justicia y en la seguridad.

Eso no se tiene, ya exploramos toda información disponible y no se tiene una información que describa eso. Ese sería el mensaje. Tenemos la experiencia de que a partir de eso se genera ahora sí adecuados mecanismos, como mencionaban ya, adecuados mecanismos de constricción para el servidor público y para las personas que son potenciales delincuentes, lo tenemos ya en materia laboral, en materia de finanzas públicas, en mejora regulatoria, tenemos ya evidencia de ese comportamiento. Y con eso cerraría. José de Jesús Ramírez: Antes de que cierres, me haces favor de contestar esta pregunta que te hacen. ¿Invertir en el Nuevo Sistema Penal, en capacitación al personal, policías, etcétera, ayudaría a reducir la inseguridad? Ricardo Corona: Este análisis en específico, la lógica, la atención de seguridad parece que no es la adecuada en el sentido de que buscamos una solución para todas las realidades estatales. Ya mencionábamos ahorita, cada estado tiene una realidad particular. Entonces si bien la finalidad es una, mejorar condiciones de seguridad, de Estado de Derecho, de justicia penal, las soluciones van a ir enfocadas a la situación particular de cada entidad. En el caso de Morelos sí detectamos que, por ejemplo, si el perito no sabe cómo se hacen o cuáles son los principales peritajes que se tienen que realizar, pues tenemos un problema de fondo. Si, por ejemplo, los policías no agotan las líneas de investigación, no resguardan el lugar y en un contexto, en un sistema en el que el Ministerio Público ya no tiene la fe pública, ya no se tiene que presentar en el lugar de los hechos. Y dice el policía: “Pero si nuestro policía no está bien capacitado”. Pues creo que con eso se responde cuál es la ruta potencial que tiene la investigación.

Entonces sí, en el caso de Morelos evidentemente está la capacitación, pero aquí no me aventuraré a decir que sea un criterio generalizado por igual, en las mismas condiciones y hay que atender cada realidad de las entidades. José de Jesús Ramírez: Gracias. Ana. Ana López Mestre: Gracias, moderador. Yo cerraría diciendo que, en términos de seguridad, para las empresas es muy importante tomar decisiones mejor informadas. Y para ello coincido con Adriana en lo importante que es la calidad de la información que es oportuna y el buen uso de la misma. Y dos. Yo creo que para revertir también el nivel de desconfianza que todos padecemos, es importante seguir trabajando para generar mayor participación, pero hacerlo en un marco de plena transparencia. Y bueno, cierro agradeciéndole a todos los acompañaron, al INAI por la invitación. José de Jesús Ramírez: Gracias a ti. Armando, si nos haces favor. Armando Zúñiga Salinas: De acuerdo totalmente en que la información es lo que nos permite tomar decisiones más acertadas. Y obviamente aquí tenemos que medir y tener información puntual de todos los factores que más están afectando para el crecimiento de la inseguridad, como la impunidad que es uno de ellos. No es posible que sea un motivante, que de cada 100 delitos solamente dos o uno se castiguen. Por supuesto, que habiendo estos niveles de impunidad va a ser muy difícil bajar estos índices.

El otro, yo concluiría también el que tenemos que darnos cuenta que la inseguridad de base es un problema social y que se tiene que invertir más en prevención, ir pues midiendo lo que hoy en día se invierte en seguridad pública irlo poco a poco nivelando con esta parte de prevención trabajar con los jóvenes, porque por más que tengamos las cárceles y los panteones llenos si no trabajamos en esa prevención la delincuencia siempre va a tener de donde sacar más, de donde reclutar. Esa sería mi conclusión. José de Jesús Ramírez Sánchez: Gracias. Daniel. Daniel Navarro Ramírez: Sí, sin duda el INEGI, IMCO tiene una serie de datos valiosos, sí existen, yo creo que sí existen los datos, ya lo sabemos, sin embargo, creo que el tema sigue siendo la no sanción, es decir, siguen habiendo incentivos a seguir cometiendo delitos, ya nos señalaba Ricardo algunos datos de cómo no llega a concluirse un proceso, sí existe información al respecto, tenemos que quitar esos incentivos a que se siga delinquiendo para mejorar estas conductas individuales. Sin duda el Estado mexicano, en los últimos años, ha creado una serie de instituciones que buscan la fiscalización, que buscan sancionar el uso indebido de los recursos públicos hasta la Auditoría Superior de la Federal, está el propio INAI, está el propio Sistema Nacional Anticorrupción. Yo mi invitación final es a que ocupen este tipo de instituciones como nosotros en el caso del INAI, que realicen solicitudes de información pública, cuando no les respondan bueno está el recurso de revisión, ya vimos que sí funciona para hacer un análisis simple de cuáles son los costos de delincuencia, podemos ver que a través de estos recursos sí es posible acceder a esta información y ver cuál es el impacto de delincuencia sobre ambiente económico. Gracias. José de Jesús Ramírez Sánchez: Pues muchas gracias, Adrián, Ricardo, Ana, Armando, Daniel y, sobre todo, a ustedes que nos han venido acompañando en el trayecto de toda esta jornada y no me queda más que

entregarles un reconocimiento a nombre de los comisionados y un aplauso para nuestros panelistas.

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