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Bogotá, 25 de abril de 2014 MENSAJE DRA ALEGRIA FONSECA B., DIRECTORA FUNDACION ALMA Y JUAN CARLOS GUTIÉRREZ C., SUBDIRECTOR, PARA EL ENCUENTRO DE TERRITORIOS Y RESISTENCIAS A LA LOCOMOTORA MINERA, VILLA DE LEYVA. Por medio de la presente y a nombre de la Fundación Alma, expresamos nuestra solidaridad y respaldo a todos y cada una de las entidades y personas organizadoras del ENCUENTRO TERRITORIOS Y RESISTENCIAS A LA LOCOMOTORA MINERA, que examina con rigor analítico y crítico los resultados de la política minero energética puesta en marcha bajo el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, la cual se ha venido desarrollando en el país desde tiempo atrás. En este sentido, consideramos que la puesta en marcha de la “locomotora minera”, implantada desde el 7 de agosto de 2010, consolidó y profundizó una vez más el “imperio” de una economía extractivista, que ha caracterizado el modelo económico de nuestro país, el cual ha venido arrasando con los recursos naturales, en regiones neurálgicas de la geografía colombiana. Es insólito cómo esta “Locomotora” del Gobierno, constituye una amenaza cada vez mayor para los bienes comunes, aguas, suelos, aire, biodiversidad, porque la mayoría de las reservas mineras se encuentran ubicadas en territorios en donde persisten valiosos ecosistemas y paisajes culturales, lo cual sumado a la ausencia de una política regulatoria del sector, ponen en riesgo la biodiversidad y el bienestar de la población que habita estos territorios. Por otra parte, existe un eminente riesgo jurídico debido a la inexistencia de una política minera seria y el avasallamiento de la misma sobre la política ambiental, todo lo cual pone de manifiesto la ausencia de reglas de juego equitativas, que permitan un verdadero desarrollo sostenible, basado en el equilibrio entre los valores naturales y las demandas minero-energéticas nacionales. Es por esto que el fracaso de la “Locomotra Minera” consiste fundamentalmente en el atropello al patrimonio nacional natural y cultural; a las poblaciones, comunidades campesinas, étnicas, urbanas, entre otros. Con torpeza y miopía, avanza la locomotora minero-energética a “viento y marea” en el país, sin que existan políticas, recursos e institucionalidad para hacer frente a los pasivos ambientales que deja la post – minería, en donde los territorios se convierten en desiertos inestables y tierras de nadie.



La llamada política minera, está lejos de propiciar un equilibrio entre el desarrollo y el medio ambiente; prima el enriquecimiento a ultranza a corto plazo e imperan los beneficios hacia empresas mineras trasnacionales de gran escala y la ausencia de regulación y control sobre la minería ilegal; ambas causantes de daños irreversibles en muchos de los casos. Son ampliamente conocidos los graves daños de la minería a “cielo abierto”, con proyectos devastadores y de altísima incidencia en la salud y el bienestar de los habitantes, como en los casos de Guajira, Cesar, entre otros; donde la explotación de carbón genera ingresos por el pago de regalías, los cuales no compensan los daños ecológicos y no han generado verdaderos beneficios sobre la calidad de vida de los pobladores, profundizando los conflictos sociales y ambientales. En estos departamentos las Necesidades Básicas insatisfechas son cercanas al 80%, por encima del promedio nacional y los problemas de salud pública y mortalidad son crecientes. Consideramos que un tema central a reformular en la política nacional, es el ordenamiento territorial y ambiental del país; para lo cual se hace necesario un ajuste institucional que permita una articulación a nivel local, regional y nacional en materia de ordenamiento del suelo, los ecosistemas estratégicos y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables. Esta inestabilidad de carácter jurídico e institucional, se ve reflejada en casos como el del municipio de Piedras (Tolima), que mediante leguleyadas dirigidas por empresas, se abren investigaciones a los alcaldes o no se cumple el resultado de la votación que se realiza en las consultas populares, que tienen por objeto la participación de las comunidades en su calidad de constituyente primario, para decidir asuntos trascendentales sobre el futuro de su territorio y su vida; en este caso es bueno recordar que el pueblo decidió en un 95% “NO a la megaminería de Anglo Gold Ashanti”, en el proyecto La Colosa. Proponemos dar fuerza a la exigencia de la Moratoria minera; así como, a la necesidad de establecer áreas de exclusión de actividades extractivas; es necesario garantizar que las consultas populares sigan siendo un espacio de participación para las cuales se deben crear mecanismos de cumplimiento de las decisiones obtenidas; además se deben adelantar los juicios penales por delitos ambientales relacionados con el sector minero-energético y otros, tal como lo estipula la legislación del país. Debemos converger con las ideas de ciudadanos, entidades, académicos, líderes sociales y políticos, con las de movimientos y procesos ambientales, agrarios y urbanos, que proponen reorientaciones fundamentales a modelos de desarrollo que agotan y arrasan ecosistemas, aguas, suelos y desencadenan mayores conflictos socio-ecológicos; temas que se vienen expresado en distintos movimientos de



reivindicación social y que debe ser escuchados y analizados por el gobierno, como un hecho existente en el país. Invitamos a reflexionar profundamente, si son más importantes los valores que conducen a una vida digna para los colombianos, o la búsqueda desesperada de los valores económicos a cualquier costo. Atentamente

Alegría Fonseca B. Directora Fundación Alma

Juan Carlos Gutiérrez C. Subdirector Fundación Alma

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