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Capítulo 3. La acción colectiva
3.1 El nacimiento del Centro Fray Julián Garcés
La detección de la problemática de trata de mujeres para la prostitución, como una acción
colectiva, coordinada y articulada a través de diferentes iniciativas de la sociedad civil
tlaxcalteca, fue precedida por un proceso de organización social de un actor eclesial.
Comunidades eclesiales de base,1 junto con grupos parroquiales de pastoral, instituciones
sociales y profesionistas conformaron desde el año 1998 la Pastoral Social de la Diócesis de
Tlaxcala, precedida a su vez de intentos de articulación en torno a los derechos humanos
desde una iniciativa universitaria denominada Centro Universitario de Derechos Humanos del
Estado Tlaxcala (CEUDHET).2
La Pastoral Social de la Diócesis de Tlaxcala tuvo un impulso muy fuerte y progresista con el
nombramiento del Padre Rubén García Muñoz, y el grupo de sacerdotes colaboradores que se
congregaron en torno a la iniciativa como los padres Armando Rodríguez, Teófilo Gutiérrez,
Ramiro Zárate, Juan García, Marco Antonio Padilla, Simón Chamorro, las Hermanas de la
Caridad, Dominicas de la Presentación de la santísima Vírgen, particularmente la hermana
Ana Lucía Gaitán quien tuvo un papel destacado en este proceso, y las hermanas del Instituto
1 La Comunidades Eclesiales de Base son una expresión de la Iglesia progresista emanada del Concilio Vaticano Segundo e inspiradas en la Teología de la Liberación, cfr. Tamayo- Acosta, Para comprender la Teología de la Liberación, Editorial Verbo Divino, 1989. 2 El CEUDHET fue un centro de derechos humanos conformado por profesionistas egresados de sociología, derecho y trabajo social de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Este Centro pertenecía a la universidad y para su operación y servicio se valió de una alianza estratégica con las comunidades eclesiales de base y el Departamento de Trabajo Social y Sociología, quienes promovieron en las comunidades los derechos humanos, a través de materiales y talleres de formación de promotores. Su objetivo fue dar seguimiento a casos de violaciones a los derechos humanos que eran atendidos por un pequeño staff de abogados. El CEUDHET fue cerrado en 1996, por las autoridades universitarias, luego de la atención de casos que presuntamente estaban vinculados con la defensa de líderes sociales y activistas con nexos guerrilleros.
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de Colaboradoras del Apostolado Social (ICAS), particularmente la hermana Juanita Sánchez
encargada de la Pastoral de la Salud, y la hermana Caritina Tinoco, encargada de la Escuela
de Trabajo Social, Luis Munive y Escobar3.
En torno a este grupo de sacerdotes y religiosas se congregaron además de las comunidades
eclesiales de base, diversos grupos parroquiales de pastoral social, destacando particularmente
aquellos que se dedicaban a la atención de enfermos, a la ayuda a prostitutas de la ciudad de
Apizaco y aquellos que visitaban los centros de readaptación social en la pastoral
penitenciaria.
Por otro lado, estos grupos de pastoral social se hicieron acompañar de profesionistas de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala y de otros centros de derechos humanos y de desarrollo
local de la ciudad de México,4 para la definición de problemas y necesidades surgidas en un
proceso de diagnóstico participativo en las comunidades de origen. Los laicos organizados en
torno al proceso de pastoral se dejaron acompañar de estos profesionistas, que a su vez
estaban congregándose a través de cursos y diplomados de capacitación sobre modelos de
política social promovidos por el Centro Antonio Montesinos.
3 El Centro Luis Munive y Escobar lleva el nombre del primer obispo de la Diócesis de Tlaxcala una vez que fue designada diócesis independiente de la Arquidiócesis de Puebla. Asentado a un costado de la Basílica de Ocotlán, el centro da albergue a niñas de escasos recursos que cursan su educación secundaria y preparatoria, con una especialidad en trabajo social. 4 Destaca paticularmente en esto primeros años de la Pastoral Social el acompañamiento de Alfonso Vietmeier, del Centro de Estudios Ecuménicos, quien ayudó a la organización de las dos primeras Semanas Sociales, en las que se habló del compromiso social de los cristianos y la necesidad de establecer un diagnóstico participativo en el que se definieran las cinco prioridades más importantes para integrar el Plan Diocesano de Pastoral Social 1998-2002. Posteriormente se destacó el acompañamiento del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos, A. C. que en la persona de Oscar Castro, ayudó a la definición metodológica del diagnóstico de las cinco prioridades, vinculó a otros centros de derechos humanos y desarrollo local para la capacitación de los laicos, tales como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, A. C.; el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vittoria, O.P.; el Centro de Servicios Municipales, Heriberto Jara, A. C.; la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C.; el Movimiento Ciudadano por la Democracia y la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, entre otros.
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En los años 2000 y 2001, el proceso de la Pastoral Social agrupaba mensualmente a cerca de
120 laicos de más de quince parroquias que se reunían mensualmente animados por los
sacerdotes y las religiosas que trabajaban en las distintas prioridades eclesiales. En 2000
lograron definir las prioridades en las que la Pastoral Social se enfocaría durante los
siguientes años, a saber:5
a) La pobreza y derechos humanos, que se refería sobre todo a la ausencia de condiciones
mínimas de subsistencia en un estado de transición rural-urbana, con una fuerte
presencia migratoria.
b) Las enfermedades causadas por la contaminación, particularmente de la región
poniente del estado, donde se asienta el río Atoyac y donde se presentaron denuncias
al Complejo Petroquímico Independencia y su planta de Acrilo Nitrilo.
c) Los fiscales, y el sistema de cargos cívico-religiosos, que se han visto influenciados
por la dinámica liberal de la instauración de elecciones dentro de los partidos y en
cada comunidad, haciendo un híbrido en los sistemas tradicionales de servicio y
representación.
d) La participación ciudadana, expresada como la necesidad de que la población participe
más concientemente a partir de los problemas que son de interés público y no de los
cargos de elección.
5 La definición de estas cinco prioridades fue hecha con una metodología participativa durante el desarrollo de talleres orientados para ello. No obstante que esta metodología arroja resultados participativos sobre las percepciones de los participantes sobre los principales problemas a los que se enfrentan, el resultado suele ser un listado de problemas que de forma general son discutidos y definidos por los participantes, sin una orientación y definición clara y precisa del problema social de que se trata. En ocasiones las propuestas de solución son también listados de buenos deseos que ofrecen alternativas de forma enunciativa y vaga. El ejercicio, como ejercicio democrático y participativo, requirió después del apoyo de diversos profesionistas para la clara definición de los problemas con el núcleo coordinador de la pastoral social. Así, en el tema de la participación ciudadana se tuvo la asistencia al Escuela Municipalista del CESEM, para el tema de la problemática de los fiscales, se tuvo el apoyo del antropólogo Dr. Bertoldo Sánchez; para el tema del medio ambiente, hubo aportes de la Pastoral de la Tierra; y para el tema de la pobreza y los derechos humanos se contó con el apoyo del Centro Antonio Montesinos.
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e) Los “focos rojos”6, que eran expresados como la presencia del fenómeno de la
prostitución en el estado, particularmente en las comunidades del sur y en la ciudad de
Apizaco.
La definición de este último problema es de particular importancia para todo el proceso de la
Iniciativa Popular, pues fue el punto de partida para que surgiera el Centro Fray Julián Garcés
y posteriormente los comités de derechos humanos, que conformaron el primer sujeto
colectivo que se propuso acciones en torno al fenómeno de la trata de personas sin saberlo con
exactitud.
Inicialmente se presentó un debate frente a la confusión existente entre los participantes en la
Pastoral Social en torno al enfoque que debía darse al problema y sobre la definición misma,
pues para los participantes poseía múltiples perspectivas: desde la condenación de las
prostitutas, pasando por el ejercicio en casas de citas y bares que dan mal aspecto a las
comunidades, hasta la condenación de la educación machista que enseña a los hombres a ver a
la mujer como objeto sexual.
Sin embargo, en la definición del problema también aparecían iniciativas de personas
participantes en el proceso que se encargaban de “sacar” a las mujeres de la prostitución, a
través de convivir con ellas, llevarlas a sus casas, cuidar de sus hijos y conseguirles un
trabajo; éstas se encontraban en las grandes ciudades. Otro enfoque estaba puesto en la
moralidad social y religiosa del ejercicio de la prostitución, con lo cual se condenaba a la
mujer más que al proxeneta o al consumidor, desde un punto de vista de “incitación sexual”.
6 Originalmente se le llamó “focos rojos”, haciendo alusión a los focos que se colocan en las casas de algunas comunidades o en algunos bares, para indicar que ahí se ejerce la prostitución y quien desee servicios sexuales puede acceder a ellos.
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El ejercicio de poner en común las diferentes percepciones del problema, y además de
expresarlas públicamente, aunque en un núcleo reducido,7 lo que pensaban de las prostitutas
incluidos los sacerdotes y religiosas, generó un debate interesante, desde el punto de vista del
evangelio y de los derechos humanos, sobre el papel de la mujer en el ejercicio de la
prostitución. Colocar a la mujer en el papel de la víctima del sistema,8 cambió las
percepciones del problema aún de quienes se dedicaban a “sacar” a las mujeres de la “mala”
vida, sin percatarse del riesgo que corrían y las ataduras que experimentan estas mujeres en el
ejercicio de la prostitución.
Esta reflexión giró en torno a cómo el sistema de mercado coloca a la mujer en el plano de
objeto sexual y al hombre en el papel de consumidor y sujeto activo poseedor del objeto en
una cultura patriarcal y machista. Así la mujer puede ser considerada como una mercancía y
puede incluso hasta ser educada para ello a través del ejercicio de la prostitución. Desde la
perspectiva de los derechos humanos se pudo visualizar a la mujer como igual que el hombre
y devolverle su dignidad. Las reflexiones de los participantes en el debate sobre el trato que
Jesús dio a las prostitutas, ayudaron ubicar la dignidad a la mujer dentro del problema y como
víctima de un sistema injusto.
No obstante que en este debate que giró en torno a las concepciones morales de cada quien,
con una participación abierta de los sacerdotes y religiosas con sus respectivas concepciones
7 El debate se llevó a cabo primero en la comisión que se encargaba de hacer un proyecto de diagnóstico; luego se extendió al núcleo coordinador de la pastoral social, y luego a la Asamblea. 8 Al respecto, las reflexiones del primer capítulo sobre la dominación del subsistema Mercado por sobre el del Estado y el de la Sociedad Civil puede aplicarse a esta reflexión hecha por los participantes en el proceso de debate sobre la prostitución, no obstante no haber utilizado estas categorías de análisis. Sin embargo, es ilustrativo cómo el reconocimiento de una sociedad de consumo fincada sobre un modo de producción capitalista y sobre una concepción patriarcal, se unen para la colonización del mundo de vida y es reconocida por los actores como propio de un sistema injusto que favorece a unos pocos sobre una inmensa mayoría. La descolonización del mundo de la vida como veremos en las conclusiones se da desde el momento en que un grupo social se pregunta sobre la legitimidad del sistema.
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religiosas (por lo demás diversas), la conclusión tuvo como eje articulador el primer acuerdo:
enfocar el problema de la prostitución desde el punto de vista de los derechos humanos.
Por otro lado, la problemática de la participación ciudadana y los debates sobre la necesidad
de profundizar los problemas enunciados en cada una de las prioridades, llevaron a la Pastoral
a asumir una forma de organización en la que existía un grupo coordinador y comisiones de
trabajo por cada una de las líneas, integradas por personas interesadas de cada parroquia.
Cada una de ellas debía organizarse en torno a las prioridades para realizar, con ayuda de
académicos y profesionistas, un diagnóstico más acabado de la situación prevaleciente en el
estado sobre estos temas. De igual forma, durante 2001 se establecieron diversas iniciativas
para la formación y capacitación de los laicos en los diferentes temas, mientras se
profundizaba en las propuestas.9
En 2001 el proceso organizativo de la Pastoral Social se vio marcada por el proceso electoral
local para la elección de diputados locales, presidentes municipales y presidentes de
comunidad. Influenciados por las experiencias de participación ciudadana que se habían
expresado en el país en los últimos años,10 y con el diagnóstico de las cinco prioridades de la
Pastoral Social, la acción colectiva se centró en la elaboración de una agenda de propuestas a
los candidatos a diputados locales y alcaldes articulada en estos cinco puntos. Esta agenda
9 Destaca la participación de un grupo de seis personas que asistieron a la Escuela Municipalista del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, A. C., cuyos talleres se ofrecieron en los estados de Michoacán, Morelos, Veracruz y Distrito Federal. Este grupo de personas encabezados por Sergio Luna y el P. Marco Padilla, y animados por el sacerdote Juan Meléndez y su grupo de la comunidad de Acuamanala, dieron forma a la idea de la Agenda Ciudadana, que se convirtió después en Carta Pastoral. 10 Con el auge de la transición política en México, la ciudadanía se vio fuertemente influenciada para la injerencia en asuntos públicos. Con ello el establecimiento de Agendas Ciudadanas fue uno de los mecanismos que se multiplicaron en el país a raíz de las experiencia de los últimos sexenios, en los que los ciudadanos presentaron propuestas a los candidatos a puestos de elección popular, destacando la conformada por las redes de organizaciones civiles en 2000, denominada Poder Ciudadano. Cfr. Poder Ciudadano, “Agenda nacional de la sociedad civil”, Revista Rostros y Voces de la Sociedad Civil, Nueva Epoca, Año 4, No. 14, enero- febrero, México, 2000.
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contenía propuestas que se pedía que los candidatos se comprometieran a cumplir una vez que
asumieran los puestos de elección popular. No obstante, la definición ciudadana de la agenda,
esta iniciativa se convirtió en un exhorto eclesial para el correcto ejercicio de la función
pública en los problemas señalados. La Agenda se convirtió por iniciativa de la Asamblea de
la Pastoral Social en una Carta Pastoral, que firmó el obispo, Don Jacinto Guerrero, y que se
leyó en todas las parroquias de la diócesis un domingo previo a las elecciones.
Esta acción ciudadana desde los grupos articulados en la Pastoral Social, y el exhorto ético-
ciudadano que contiene, sentó un precedente en el ánimo de los laicos que, en el ejercicio de
la ciudadanía se articularon para la definición de los problemas que querían que los
gobernantes atendieran por su gravedad y magnitud, además de la perspectiva pastoral que le
imprimió el clero católico en voz de su obispo.11
Durante la evaluación de la semana social que se desarrolló ese año y las acciones
planificadas por la Pastoral Social, la Asamblea decidió que debía de crearse un Centro de
Derechos Humano y Desarrollo Local que atendiera sus necesidades.12 Fue así como en la
coordinación de la Pastoral Social, integrada por laicos, religiosas y sacerdotes, se decidió
crear el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C., a mediados
de noviembre de 2001.
A iniciativa de la hermana Ana Lucía Gaitán, el Centro estableció una oficina en diciembre de
ese mismo año con apoyo de estudiantes del Departamento de Trabajo Social, y se
11 Carta Pastoral con motivo de las elecciones del 14 de noviembre, mimeo, Tlaxcala, 2002. 12 En voz de los asambleístas participantes, se decía que habían salido muy bien los talleres que las organizaciones de México venían a impartir, pero que a la hora de pedirles que atendieran directamente casos de violaciones a los derechos humanos, o que establecieran proyectos de desarrollo social, ya no querían profundizar con los grupos, y que la organización para la difusión de la Carta Pastoral había hecho que los grupos de las parroquias adquirieran mayor presencia comunitaria, pero no estaban capacitados para atender a otras personas, ni sabían cómo organizarse.
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comenzaron a elaborar los primeros proyectos para estructurar el Centro en torno a tres
programas: derechos humanos, desarrollo local y comunicación,13 que conformó su primera
estrategia institucional.14
Dos días después de inaugurado el Centro, comenzaron a llegar casos de violaciones a los
derechos humanos. Durante las Asambleas de la Pastoral Social comenzaron a surgir los casos
particulares de las personas organizadas y la formación de los temas de prioridad.
Particularmente aquellos que se referían a las enfermedades de leucemia y trombocitopenia
causadas por la contaminación de río Atoyac, y las referidas a la prostitución y a las redes de
tráfico de mujeres.
Este hecho significó un fuerte detonante para la institucionalización del Centro Fray Julián
Garcés, puesto que el núcleo de profesionistas y estudiantes que se conformó para la
elaboración de proyectos para la gestión de recursos y para el diseño de sus funciones
específicas dentro de los programas, no estaba suficientemente capacitados para la atención de
denuncias y la documentación de casos de derechos humanos.15 Así pues, se solicitó ayuda a
13 Estos programas con el tiempo han ido evolucionando, hasta la conformación de otras instituciones dedicadas a atender las distintas problemáticas que se fueron profundizando a través de los proyectos de esos tres primeros programas. Así en la actualidad dentro del Centro Fray Julián Garcés existe un Programa de Defensa, un Programa de Derechos Humanos e Incidencia Pública y así como un Programa de Desarrollo Local. Y también, existen dentro del proceso que ahora se llama Pastoral de los Derechos Humanos, la Cooperativa Toxtli, S. C. de R. L. (2004) cooperativa de cunicultores, la sociedad civil Atoyac- Zahuapan y Calidad de Vida, dedicada a los estudios especializados de daños a la salud y contaminación de cuerpos de agua (2005); el Colectivo Mujer y Utopía, A. C. dedicada a la lucha contra la violencia hacia la mujer (2005); y el Centro de Economía Social Julián Garcés, A. C. dedicado a la promoción del desarrollo regional y proyectos productivos y de comercialización (2005). Estas organizaciones nacieron a partir de procesos de organización social en torno a estos temas que requirieron de aportes técnicos para la consolidación de sus estrategias de incidencia, y que en el marco del Primer Congreso de la Pastoral de los Derechos Humanos, celebrado en noviembre de 2005, fueron acordados con la Asamblea de organizaciones y comités de derechos humanos. Cfr. PDH, Agenda, Dignidad y justicia para todos y todas, CFJG, AZ-CV, CMU, CES, 2005. 14 Ver Proyecto Institucional 2002-2004, CFJG, mimeo. Este primer proyecto institucional tuvo un proceso de consulta entre los diferentes actores vinculados a la experiencia de la Agenda convertida en carta Pastoral, grupos parroquiales del proceso, grupos de académicos y profesionistas, grupos de estudiantes y los sacerdotes y religiosas, y culminó con la constitución legal del centro en febrero de 2002 y con la inauguración pública del Centro Fray Julián Garcés en marzo de 2002. 15 El primer núcleo de profesionistas que se aglutinó en torno al Centro, eran profesionistas especialistas en su mayoría en proyectos de desarrollo local. Ana Lucía Gaitán (alias Tuti, religiosa), Eduardo Morales (urbanista),
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las parroquias para acelerar la organización del centro y se pidió comprensión a las personas
involucradas en casos de violaciones a los derechos humanos para que dejaran que el Centro
buscara la forma de capacitarse y atender a sus demandas.
Así, durante 2002 y 2003 el Centro recibió todo tipo de denuncias de violaciones a los
derechos humanos, al tiempo que se capacitaba en el registro, documentación y defensa de los
mismos, y se organizaba para la atención especializada de las prioridades de la pastoral social.
Particularmente, el Centro recibió los testimonios de casos de:
a) Familias que tenían mujeres desaparecidas, presuntamente por sus esposos, hermanos,
padres y/u otros familiares, presumiblemente para fines de explotación sexual en los
Estados Unidos.
b) Mujeres que indicaban que sus maridos las prostituían o las habían prostituido durante
un largo período de su vida.
c) Grupos de personas que denunciaban la existencia de sótanos y casas en las
comunidades del sur del estado, donde se recluía a mujeres provenientes de otros
estados.
d) Mujeres que indicaban la existencia del ejercicio de la explotación sexual por parte de
hombres de las comunidades que estaban organizados para la explotación sexual de las
mujeres
e) Grupos de personas que atestiguaban robos de jovencitas en las escuelas y
desapariciones de niñas con fines de explotación sexual.
Oscar Castro y Jesús Yañez (sociólogos), Sergio Luna (veterinario y licenciado en sagradas escrituras proveniente del Centro Luis Munive), Lizbeth Cruz (comunicóloga), Rosario Mendieta y Gloria Flores (trabajadoras sociales) y Alejandra Méndez (administradora). Posteriormente se incorporaron Elba Flores (religiosa) y Federico Pölhs (filósofo), ambos con experiencia de participación en centros de derechos humanos de la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas.
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f) Existencia de maquila domiciliaria, en donde se enganchaba a las mujeres indígenas
para el trabajo de costura y confección de ropa, a cambio de comida y alojamiento,
para luego llevarlas a redes de prostitución.
Así, el Centro se dio a la tarea de recoger estos testimonios y percatarse a través del registro y
documentación de casos de que había que hacer un estudio más profundo sobre la
problemática sobre la cual se daba testimonio, que trascendía el mero hecho de la existencia
del fenómeno de la prostitución en el estado.
Sin llegar a constituirse como denuncias formales de violaciones a los derechos humanos,
sino en testimonios directos para el registro y documentación de casos que estaba iniciando el
Centro Fray Julián Garcés, y estudiando la viabilidad de sus denuncias jurídicas y públicas
sobre casos concretos de mujeres involucradas en este problema, los integrantes de los grupos
parroquiales, que se fueron conformando en comités de derechos humanos en sus
comunidades, con un carácter cívico-eclesial,16 fueron relatando la existencia de “casas de
seguridad” de redes de tratantes en las que se establecen temporalmente mujeres jóvenes que
presumiblemente están privadas de su libertad, maltratadas y obligadas a permanecer en ellas
mientras se les encuentra un destino en casas de prostitución en los Estados Unidos o en
ciudades de la frontera norte.
16 Durante esos dos primeros años del Centro Fray Julián Garcés se suscitaron además dos hechos significativos en el proceso de la Pastoral Social: a) el primero fue la adopción en una semana social de una estrategia de formación de comités de derechos humanos y desarrollo local como una decisión de asamblea y con una metodología propia, que orientó el trabajo organizativo que se le pedía al Centro de derechos humanos como su razón de ser; b) a principios de 2003 el obispo de Tlaxcala decidió conformar la Pastoral de los derechos Humanos como una pastoral específica de la Pastoral Social, entre otras muchas, como las pastorales de la salud, penitenciaria, de migrantes y obrera. Este hecho suscitó una confusión de inicio entre los sacerdotes y los laicos participantes porque la designación de la pastoral específica recayó en el P. Rubén García, por lo que no se entendía bien si todo el proceso se volvía parte de la nueva pastoral como terminó siendo, o si cada una de las prioridades tendría que volverse una pastoral específica. Cfr. CFJG, Resolutivos de la III Semana Social, Guía metodológica 1, CFJG, México 2002; y CFJG, Los Comités de Derechos Humanos, Guía metodológica 2, CFJG, México, 2002)
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De estos testimonios surgió el primer planteamiento de investigación formal que se realizó
con la participación de catedráticos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y miembros del
Centro Fray Julián Garcés. En él se describe la región de estudio, como una “una zona de alta
transición rural–urbana debido a que se han asentado dos corredores industriales que van de la
zona conurbada Tlaxcala-Santa Ana Chiautempan hacia la ciudad de Puebla unidas por dos
ramales: carretera de vía corta de cuatro carriles y la carretera federal de dos carriles. En los
municipios ubicados en esta región pueden indentificarse además una gran cantidad de
empresas maquiladoras que han empleado a mujeres jóvenes principalmente de estos
municipios. En años anteriores se registró una fuerte ola migratoria de varones jóvenes hacia
los Estados Unidos, siendo la industria maquiladora una opción para la ocupación de las
mujeres que se han quedado solas en sus pueblos de origen… En el corredor industrial
Malintzi están asentadas una gran cantidad de maquiladoras y fábricas que emplean mujeres.
En esta región se registran índices de ocupación laboral, sin embargo la región presenta un
fenómeno de fuertes contrastes socioeconómicos, sobretodo en aquellas localidades en las que
sus habitantes se ven involucrados en el negocio del comercio sexual, o en aquellas donde hay
migrantes laborando en los Estados Unidos, junto a localidades que se encuentran en un
proceso de proletarización, servicios públicos deficientes, baja calidad y rentabilidad de la
tierra, urbanización creciente y zonas de inseguridad pública”.17
Estas definiciones se basaron en el interés de los investigadores por el establecimiento de
comunidades donde se presumía que existían redes traficantes de mujeres para la prostitución,
en los que la “normalización de esta práctica” se hacía evidente, a través de la educación de
los niños para el ejercicio del proxenetismo.
17 Protocolo de investigación “Prostitución, pobreza y políticas públicas hacia las mujeres en la región sur del estado”, mimeo, UAT- CFJG, México, 2004.
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En este sentido, la investigación se centró en las comunidades donde conviven las tradiciones
cívico-religiosas con un proceso acelerado de ocupación laboral y el incremento del fenómeno
de la prostitución. A pesar de que la población de estos municipios conserva su sistema de
cargos cívico-religiosos, además de mantener vivas las tradiciones populares que les dotan de
identidad local, la urbanización de la zona ha propiciado que se incorporen fenómenos que
preocupan a la población, como la identificación del comercio sexual, el establecimiento de
casas que se presumen parte de redes de prostitución, alto índice delictivo y drogadicción en
los jóvenes.
Así la definición inicial del problema quedó estructurada de la siguiente manera: “El
desarrollo económico de la zona ha traído como consecuencia que el fenómeno de la
prostitución se presente de dos maneras diferenciadas: a) la instalación de una gran cantidad
de centros nocturnos donde se ejerce la prostitución y, b) la operación de redes organizadas de
reclutamiento y distribución de mujeres para el ejercicio de la prostitución en otros estados de
la república. Frente a este fenómeno, la población de los municipios ubicados en la región
encuentra preocupación en el hecho de verse sometidos a un fenómeno nuevo en el que se
ejerce fuerte control e influencia sobre las mujeres jóvenes que son seducidas a través de
personas que ostentan lujo y dinero, y desalentadas por el trabajo obrero y sus condiciones de
pobreza, se ven involucradas en esta actividad, las más de las veces en detrimento de sus
derechos humanos y de la posibilidad de desarrollar sus capacidades básicas.”18
3.2 Un grito silencioso. Descubrimiento del problema
Como mencionamos en el apartado anterior, a mediados de 2002, en un proceso de Pastoral
Social de la Diócesis de Tlaxcala, se identificaron cinco problemáticas como prioritarias a
18 Ibid.
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atender desde una perspectiva de derechos humanos. Entre ellas se identificaron comunidades
y municipios asentados al sur del estado, donde se presentaba el problema de la prostitución,
más concretamente, de grupos de hombres que se dedicaban a explotar sexualmente a las
mujeres, de manera coaccionada.
Frente a esta inquietud, el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés, se dio a la tarea
de realizar una investigación de fondo –en conjunto con la Universidad Autónoma de
Tlaxcala- sobre la situación en la que se encontraban las mujeres de estas comunidades y
cómo se presentaba el problema que relataban.19 Con testimonios de las mujeres y con una
investigación académica de por medio, se identificó el fenómeno del cual se estaba hablando:
el asentamiento de un nodo de una red de trata de mujeres para la prostitución en Tlaxcala.
Durante 2003 el Centro Fray Julián Garcés desarrolló la investigación sobre el tráfico de
personas para la prostitución a partir de las diversas consideraciones que sobre el fenómeno se
fueron señalando en la documentación de casos y testimonios relatados por miembros de los
comités de derechos humanos, familias en lo particular y otros informantes de las
comunidades del sur del estado. Para ello se distinguió de manera inicial el fenómeno
conforme se presentaba en el interés de los participantes de la Pastoral de los Derechos
Humanos, quienes participaron en el diseño de la investigación y en la recopilación de la
información:
a) la identificación de la preocupación por las mujeres que ejercen la prostitución en
locales, bares o en la vía pública, particularmente las ubicadas en las ciudades o en los
ramales carreteros de Puebla a Tlaxcala, o de Apizaco a Calpulalpan. Esta
19 Castro, et. al, 2003, op. cit.
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preocupación giró en torno a sus condiciones de trabajo y/o explotación sexual, en
términos de su salud, su integridad física y su dignidad como personas portadoras de
derechos.
b) La identificación de los lugares donde se presenta la existencia de un gran número de
proxenetas, familias enteras dedicadas y organizadas para el ejercicio de la
explotación sexual de mujeres, que obtienen grandes ganancias y que hacen
transacciones simbólicas con los habitantes de sus comunidades para la
“normalización” de la actividad entre los jóvenes y la “tolerancia comunitaria”.20
c) La identificación de casos concretos de mujeres desaparecidas, o de denuncias en las
que se presume la explotación sexual de las mujeres en otros estados de la república o
en ciudades de Estados Unidos, que a su vez están temerosas de hacer una denuncia
formal ante las autoridades mexicanas por las represalias que estas redes puedan tener
con ellas.
20 “…ser caifán es una forma de vida, una profesión, un negocio. La primera aseveración nos indica que una persona que se ha decidido a ser caifán acepta romper con sus códigos morales comunitarios para acceder a otros en los que el respeto por las mujeres ya no sólo se finca sobre la base de valores machistas enraizados, sino sobre la cosificación de la mujer. A partir de ahí se establecen una serie de códigos de relación entre los mismos padrotes, y entre éstos y las mujeres entendidas como mercancía, y entre este entramado y la comunidad. Al generalizarse esta práctica al interior de una familia se vuelve generalizable y extendible a las demás familias en la comunidad, al grado de establecerse como una de tantas prácticas comunitarias. Esta es la razón por la que el proxenetismo es considerado como una forma de vida que hace transacciones morales con el resto de la comunidad a través de sus fiestas y valores comunitarios históricos. La segunda aseveración, a saber, que el caifanismo puede ser considerado como una profesión, está sustentada en las opiniones comunitarias en las que se toleran dichas prácticas como elecciones personales respecto a las actividades económicas. Puede haber una condenación moral de por medio, pero fundamentalmente es a la persona que ejerce esta profesión, como quien condena a un ladrón que vive en la comunidad pero que no roba en ella. Es tolerado, pero no justificado. No obstante, esta tolerancia comunitaria para los caifanes, como para las mujeres que ejercen la prostitución coaccionadas por éstos, el ejercicio del caifanismo está impregnado de procedimientos, saberes, etapas y prestigios sociales dentro del “gremio” y fuera de él. Es considerado así un negocio en el que se puede ser próspero o fracasado, en el que se puede invertir y que tiene una red de comercialización e identidad corporativa propia. Este negocio es identificado además como al margen de la legalidad y de carácter familiar por los mismos caifanes. Es decir, es ilegal en tanto que no se encuentran en ningún régimen comercial ni de contribuyentes, además de representar actividades ilícitas que pueden ser sancionadas penalmente. Pero es familiar porque se da en el ámbito de lo privado, como un taller artesanal que se establece en una casa y en el que sus habitantes se dedican en su mayoría al sostenimiento del negocio…” Castro, 2005, et. al. pp. 126-127.
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d) La existencia de casos concretos de denuncias jurídicas, en las que el ministerio
público indica la imposibilidad de procesar la averiguación previa, porque el delito
procesable (lenocinio) no se cometió en el estado, ni se puede comprobar en
flagrancia, salvo en los casos en los que se hacen operativos policíacos y se detienen a
las prostitutas y a los lenones. Esto rara vez ocurre, porque los proxenetas no suelen
estar cerca de las muchachas que se prostituyen, mientras éstas ejercen la prostitución.
e) La identificación de diversas ofertas de servicios sexuales, desde las mujeres que lo
ejercen en la vía pública, en servicios de masajes, en anuncios de periódicos, pasando
por el ejercicio de la prostitución en bares y cantinas, hasta los “table dance” y lugares
anunciados como VIP para clientes distinguidos, tanto en Puebla como en Tlaxcala.
f) La presencia del “temor” en la población y en la opinión pública (sobre todo entre las
autoridades municipales y estatales) por identificar de manera clara y contundente el
fenómeno y la existencia de la denominada “trata de blancas” en el estado; término
con el que se hacía explícita su existencia, pero cuya pronunciación se daba en el
ámbito de lo privado de manera generalizada.
g) El contexto y supuesto de que las mujeres que se ven involucradas presentan altos
índices de pobreza, o que en las comunidades donde se presenta el fenómeno existe
una transición ocupacional del campo a la ciudad que no ofrece a las mujeres
oportunidades equitativas de empleo en el sector obrero (corredores industriales) o en
el sector informal (maquila de ropa).21
21 “…Si bien en la región sur del estado de Tlaxcala se pueden encontrar condiciones de pobreza en algunas de las comunidades y municipios seleccionados para el estudio, se puede decir que la región mantiene un fuerte
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h) El supuesto de que las mujeres involucradas son generalmente mujeres jóvenes que se
ven seducidas por el lujo y la ostentación de los proxenetas, que les ofrecen un mundo
de oportunidades a través de engaños y enamoramientos.
Estos supuestos dieron como resultado un planteamiento de investigación sumamente
ambicioso, pero detonaron a su vez las aristas necesarias para construir, por un lado, la
complejidad de la trama que siguen las mujeres en el ejercicio de la prostitución, desde que
son enganchadas hasta que son explotadas sexualmente y desechadas por no ser rentables; y,
por otro, la complejidad del sistema que envuelve la trata de personas para la prostitución en
nuestro país, en el estado de Tlaxcala y como fenómeno global, siendo la lógica del mercado
y de la corrupción gubernamental las que facilitan su producción y reproducción.
En particular la trata de mujeres para la prostitución en Tlaxcala es un fenómeno, reflejo de la
delincuencia organizada nacional y trasnacional, pero con características propias a nivel local.
El asentamiento de redes de prostitución y tráfico de mujeres y niñas en Tlaxcala tiene que flujo de mano de obra y comercial. En este sentido las comunidades de la región sur del estado se caracterizan por combinar su economía local con el comercio informal y la maquila de ropa para ese comercio. El asentamiento de las fábricas en los dos ramales carreteros hacen que exista un flujo de mano de obra entre estas comunidades y con los municipios de la región centro del estado. Sin embargo, las características de estos empleos constituyen un factor importante para la pobreza femenina, pues las condiciones laborales y familiares en las que se encuentran las mujeres favorecen el establecimiento de relaciones asimétricas cargadas de violencia doméstica y de jornadas de trabajo mayores a las ocho horas, así como las dobles y triples jornadas laborales. El fenómeno de la migración constituye además un factor para el empleo femenino en las fábricas, que produce comunidades donde prácticamente vive sola la gente mayor, cuidando a los hijos de sus hijas que se encuentran en las jornadas laborales de las factorías. Por otro lado se encuentra el fenómeno de la provisión de insumos para la economía informal. En la región se asientan varias comunidades que se dedican, prácticamente en su totalidad, a la maquila de ropa en talleres familiares en los que se cose y confeccionan prendas de vestir que son vendidas en los principales tianguis poblanos y tlaxcaltecas: San Martín Texmelucan, Izúcar de Matamoros, Tepeaca y Tlaxcala. En estos talleres se tiene a las mujeres y a los niños laborando desde muy temprano en la mañana hasta entrada la noche. Las mujeres de familia reciben los beneficios de esta actividad a través de la venta familiar de sus productos, pero además existen mujeres que laboran en talleres familiares de otras personas, incluso menores de edad, a las que no se les retribuye ni el salario mínimo. Mujeres indígenas de la Sierra Norte de Puebla que son traídas a estos pueblos para laborar en condiciones de trabajo doméstico, se les ofrece casa, comida y vestido a cambio de laborar en la empresa familiar. Estas mujeres, como las mujeres de familia, por sus condiciones de pobreza viven una violencia institucionalizada en cada uno de sus espacios de vida, y son fuertes candidatas a ser enganchadas al tráfico de mujeres para la prostitución…”, Castro, 2005, et. al. pp. 134-135.
140
ver con diversas formas de coacción física y psicológica, y con pautas culturales que quieren
hacer aparecer como algo normal y consentido el ejercicio del proxenetismo y la esclavitud de
las mujeres en forma de prostitución forzada.
Este estudio, presentado en el libro con fines de divulgación, no carece de rigor académico en
términos socio-antropológicos. Sin embargo, el libro muestra la punta de un iceberg, que el
Estado debería de tener el interés de investigar. Conforme la investigación fue avanzando, se
fue desentrañando la forma en que operan estas redes de proxenetas y traficantes de mujeres y
niñas para la prostitución. Se identificaron así sus mecanismos de involucramiento. En
síntesis, la problemática en las comunidades estudiadas en El grito silencioso (Acuamanala,
Tenancingo, Ayometla y Xicotzinco), la primera investigación académica sobre el fenómeno,
el se resume así:
Los tratantes de personas para la prostitución en Tlaxcala tienen diversas formas de involucrar
a mujeres y menores en ese negocio, según se documentó:22
Enamorarlas: se da un noviazgo, donde las van enamorando, incluso les piden casarse
con ellas, en ocasiones apoyándose en otros padrotes, quienes fingen ser parte de la
familia para presentarse en la casa de la mujer y después llevársela. Luego, con el paso
22 “… La práctica del proxenetismo trae consigo una serie de procedimientos en los cuales el nuevo caifán va aprendiendo a seducir, convencer y prostituir a las mujeres con las que sostiene una relación de doble moral durante el tiempo en el que no se hacen explícitas las actividades económicas del caifán. Una vez que esto último sucede la mujer se ve involucrada en una red de prostitución en la que el caifán es un eslabón de la cadena con mucho poder y mucha ambición; pero en la que ella misma es el objeto de transacción de esta red, en la que participan otras prostitutas y caifanes que hacen pantalla al inicio, pero que tienen beneficios económicos por ese simple hecho: cantineros, hoteleros, la red familiar del caifán que está orientada para ello, sea propia o comprada y, por supuesto, los consumidores de placeres sexuales. La existencia de estas pequeñas redes de prostitución hacen que los caifanes constituyan un núcleo más o menos cohesionado, con ciertos niveles de protección de policías y judiciales a los que se compra y cuando la ocasión, o la ambición lo ameriten, con padrinos dentro de redes más sofisticadas de tráfico de mujeres…” ibid, pp. 127, 128.
141
del tiempo, la van involucrando con chantajes y ella se da cuenta que tiene a otras
mujeres, viéndose envuelta de pronto en el negocio de la prostitución.
Compra-venta: los tratantes compran a las mujeres como si fueran objetos en estados del
sur como Oaxaca y Chiapas, o en otras comunidades indígenas y rurales. Luego las
trasladan a casas de seguridad o directamente a prostíbulos de diversas ciudades del país o
hacia Estados Unidos.
Coacción directa: se les secuestra, se les rapta. Por ejemplo a mujeres jóvenes al salir de
las escuelas o al andar en la calle, las levantan de manera violenta, siendo esta la manera
de involucramiento inicial, mandándolas a otros estados de la república o al país vecino
para ser prostituidas.23
Redes familiares: la familia del padrote le resulta un apoyo para involucrar a jóvenes en el
negocio de la prostitución, ya sea convenciéndolas para que se metan, o incluso
manteniendo una amenaza constante dentro de la casa donde vive la víctima.
Estas maneras de involucrar a las personas en el negocio de la prostitución, en ocasiones se
combinan; es decir, a una mujer se le puede enamorar y después de manera violenta
introducirla en el negocio de la prostitución, manteniéndola mediante amenazas, golpes,
23 “… El tráfico de mujeres se da desde el momento en que una chica es convencida de irse con el novio y éste la empiece a prostituir. Pero las ambiciones de los caifanes, tanto económicas como de prestigio dentro del gremio, hacen que tenga más de una mujer prostituyéndose. Cuando ya no pueden sostener a más de una relación con pantallas suficientes, los procedimientos se vuelven más rápidos, venden mujeres que ya no les reditúan en vez de dejarlas que ejerzan su actividad independientemente y compran niñas que apenas estén empezando a enrolarse con los métodos “tradicionales” o a través de personas dedicadas a engancharlas y venderlas. La compra- venta de una mujer puede darse de múltiples formas y en infinidad de circunstancias como lo hemos constatado en los diversos testimonios. Sea para deshacerse de ellas por un caifán arrepentido o para hacerse de ellas. En todo caso cuando la mujer ya está en condiciones de ser vendida, ya ha habido violencia de por medio y la introducción forzosa dentro de la red de prostitución, se acabaron los engaños, se acabaron las simulaciones y se ejerce el poder de manera más precisa…” Ibid. p. 128.
142
humillaciones e incluso presión psicológica, entre las que entraría algo que muchas veces se
señala como brujería.
La problemática que hemos venido describiendo no se encuentra reconocida como tal para su
denuncia en el Código Penal del Estado. En sí la problemática en su conjunto debe tipificarse
como “trata de personas para la prostitución”, y no reducirse más al limitado “lenocinio”. El
lenocinio, sabemos, es la explotación sexual de una persona sobre otra, mientras que la trata
de mujeres para la prostitución es delincuencia organizada; y mientras no se tipifique, las
víctimas tienen un menor acceso a la justicia.
Además de ello, existen otros hechos que se encuentran en el Código Penal, pero que debieran
agravarse. Entre estos podemos mencionar la bigamia, las amenazas de los esposos,
concubinos, otras personas que integran la familia o no vinculados a ella, para que se ejerza la
prostitución; se presentan de igual forma situaciones, como hemos visto, donde las mujeres
están desaparecidas, sabiéndose de antemano que han sido involucradas en redes de
prostitución.
El fenómeno está enraizado en prácticas comunitarias que cubren la problemática,
presentándose muchas veces una inducción familiar para formarse como padrote o para
ejercer la prostitución. El secuestro, la violencia familiar y la violación también se presentan
en la trata de mujeres.
Desde una perspectiva de derechos humanos, un problema público se presenta desde el
instante en que una persona se ve violentada en su dignidad. No es necesario el
reconocimiento por parte de la mayoría de la población para ser considerada como un
143
problema público, porque la definición intrínseca de los derechos humanos trae consigo el
reconocimiento de que una sola violación a los derechos de las personas es considerada de
interés público.
Desde esta perspectiva, cualquier mujer que se ve violentada en su dignidad como persona,
sea una o sean miles, tiene derecho a la reparación del daño y el acceso a la justicia como
sujeto portadora de derechos, y por tanto, de interés público.
Así se entiende como primera distinción que la tipificación de un delito en el Código Penal no
necesariamente tiene que traer consigo un número determinado documentado de casos de
violaciones a los derechos de las personas, particularmente de casos que se presenten en el
ministerio público sin obvia resolución.
Bajo este reconocimiento, cualquier caso de trata de personas que se presente dentro del
territorio de Tlaxcala debería ser objeto de interés público. Así, los resultados de la
investigación arrojaron una diversidad de aspectos entre los que resaltan:
• Un análisis de la pobreza que se presenta en los municipios del sur del estado, y sus
posibles implicaciones en el fenómeno de tráfico de mujeres para la prostitución.
• Un análisis estadístico con perspectiva de género sobre la situación laboral de las
mujeres en distintos rangos de edad en la zona y región de estudio.
• Los métodos que utilizan los proxenetas para enganchar a las mujeres a través del
enamoramiento, la coacción, el engaño y otras formas de reclutamiento.
144
• Las maneras en que hacen transacciones simbólicas y económicas con la comunidad
para la “colonización del mundo de la vida”.24
• Las formas en que se desarrollan sistemas complejos de relaciones entre proxenetas
para el reclutamiento, traslado, recepción y explotación de las mujeres en diversos
puntos de una red de delincuencia organizada.25
• Las estrategias que utilizan los proxenetas y las formas en las que las mujeres son
tratadas y seducidas, convencidas o coaccionadas para dejarse explotar sexualmente.
• Los lugares donde van ejerciendo la prostitución conforme va pasando el tiempo y
tienen sus picos altos y bajos de rentabilidad como mercancía sexual.
• El temor expresado por la población respecto al cuidado de sus hijas y los diferentes
riesgos que se viven: verse enganchados, amenazas, desprestigio, desconfianza, robo
de mujeres, etc.
• Las formas en que se expresa la violencia dentro de las comunidades y las tramas
familiares que se tejen en un sistema de compadrazgos y favores familiares que no
permiten la denuncia o la traición.26
24 “… destaca la relativa calma con la que se vive el fenómeno en la comunidad, lo que sugiere que se desarrollan determinados equilibrios en las relaciones sociales que permiten que el desarrollo local de la comunidad incorpore y tolere de alguna manera la práctica de la prostitución, el ejercicio del proxenetismo y el tráfico de mujeres. En todo caso, uno de los puntos de equilibrio es el reconocimiento del papel de las mujeres hijas de familia oriundas de la comunidad, es decir no traídas de otros lugares. Aquí comienza a presentarse uno de los posibles puntos de equilibrio de este sistema comunitario: el que la mayoría de las mujeres a las que se prostituye son de otros municipios y estados del país… Existen otros códigos que atienden más a criterios financieros o mercantiles respecto a la participación de las mujeres de la familia —especialmente las hijas/esposas— en el ejercicio directo de la prostitución. El que un padre de familia… pueda negociar con su yerno la participación económica que le corresponderá por la prostitución de su hija, y no ser censurado estrictamente por la comunidad, nos hace afirmar que la tolerancia y silencio de parte de los pobladores… se debe también al interés que éstos tienen en el beneficio económico que la familia y el municipio puedan recibir de parte de quienes ejercen el negocio…Al mismo tiempo de reconocer que se favorece el empleo local, con la construcción de casas y residencias, con la obra pública que se hace para ellas y con los donativos comunitarios de los traficantes de mujeres, se reconoce también que no se hacen inversiones fijas y fuertes en el municipio…” Ibid. pp.116-117. 25 “Al parecer las personas involucradas en el negocio del tráfico de mujeres para la prostitución están involucradas también con el narcotráfico y el tráfico de armas. Los caifanes que se inician como negocio particular sin involucrarse demasiado en estas redes pueden estar algunos años, hacer algún capital, y después retirarse para invertir su dinero en otros negocios socialmente más aceptados y sin riesgo de ser perseguidos por la justicia del estado…” Ibid. p. 118.
145
• Las transacciones o compras de voluntades y las maneras en que se corrompen
conciencias de sacerdotes, autoridades civiles, funcionarios públicos y gobernantes de
muy alto nivel para mantener las redes de explotación sexual en funcionamiento.
• Testimonios de padrotes, ex padrotes y mujeres involucradas que en forma de historias
de vida, entrevistas o pláticas se fueron construyendo una imagen cabal de la forma en
que los involucrados viven sus propios dramas y dilemas morales.
• Los mecanismos legales con los que los proxenetas evitan una acción judicial en su
contra por el ejercicio del tráfico de mujeres y los mecanismos que utilizan para tener
resoluciones judiciales a su favor una vez que han sido procesados por el delito de
lenocinio.
• La inexistencia de una investigación seria sobre el fenómeno.
Un grito silencioso es el testimonio de divulgación de una investigación académica de la cual
se tienen innumerables datos objetivos recolectados. La presentación de los testimonios de
vida y la forma en que se divulga la investigación, tuvo como objetivo acercarse a la opinión
pública, a los académicos y las personas interesadas en identificar el problema que están
viviendo, como un problema público, que es de interés general.
Un grito silencioso quiso ser pues, el nombre que se le coloca a un fenómeno que está
presente, que todos conocen, que todos nombran en voz baja, en la privacidad de la confesión,
de la casa, del burdel o de la escuela, en la oficina gubernamental, en el cuartel de policía,
pero que no se atreven a denunciar.
26 “Otro elemento importante en el mantenimiento de los puntos de equilibrio en la comunidad es la participación de las familias de los padrotes en las celebraciones del pueblo, con especial énfasis en las festividades religiosas. Las familias que se dedican al tráfico de mujeres para la prostitución procuran estar presentes y participar en los festejos públicos más que en las dinámicas particulares de la Iglesia…” Ibid, p. 130.
146
Un grito silencioso fue entonces el grito de denuncia, la publicidad del problema, que desde
una perspectiva de género y de derechos humanos hace una reflexión sistemática de un
colectivo que generó, a través de sus acciones de investigación, recopilación de información y
denuncia de su situación directa o indirecta, un esfuerzo por hacer público el problema,
nombrarlo, traerlo a la conciencia colectiva y señalar las responsabilidades del Estado.
Un grito silencioso terminó con el señalamiento de que:
“…
a) Hasta donde se sabe, no existe una investigación federal relacionada con el tráfico de
mujeres.
b) No existe una investigación seria de parte del gobierno del estado ni del gobierno
federal que esté orientada a delimitar el problema del tráfico de mujeres existente en la
región.
c) No existe un marco normativo que trate el fenómeno del tráfico de mujeres como un
fenómeno de delincuencia organizada.
d) No existe ninguna orientación de políticas orientadas a difundir los derechos de las
mujeres entre las mujeres jóvenes, a fin de establecer medidas adecuadas de
prevención, en especial campañas orientadas a los derechos sexuales y reproductivos,
así como a la cultura de denuncia.
e) El gobierno del estado, no ha establecido en estas comunidades ninguna política
especial, a pesar de que es de conocimiento público que existen comunidades que se
dedican al tráfico de mujeres para la prostitución casi en su totalidad.”27
27 Ibid, pp. 138-139.
147
3.3 Mujer, derechos y legislación
Así, en el contexto de Tlaxcala se hizo una revisión de la legislación local desde la
perspectiva de los derechos de las mujeres, atendiendo a los problemas de violaciones a sus
derechos económicos, sociales y culturales. La violencia familiar, la violencia laboral y la
trata de mujeres para la prostitución fue el objeto de este estudio, concentrándose en las
propuestas para penalizar la trata de mujeres para la prostitución.
Atendiendo a los resultados de esta investigación, además de un análisis de la legislación
local y nacional con perspectiva de género28, en las conclusiones de Un grito silencioso se
señaló que existen tres retos específicos para el gobierno mexicano, susceptibles de
convertirse en políticas públicas con alcances nacionales y locales:29
“…
a) En el terreno legislativo, es imperiosa la necesidad de que se establezcan reformas
integrales que protejan los derechos de las mujeres en los códigos civiles y
penales, federales y estatales, en donde el tráfico de mujeres se tipifique como
delincuencia organizada y se persiga de oficio. Asimismo, urge tipificar los delitos
de lenocinio con códigos que atiendan a los derechos de las mujeres y los niños, y
no con códigos en los que se destaca el “atentamiento contra la moral y las buenas
costumbres”. De la misma forma es imperiosa la necesidad de establecer vínculos
entre las leyes específicas dedicadas a la protección de los derechos de las mujeres
con las ramas del derecho, de tal forma que los cambios legislativos sean
integrales y las leyes específicas para los grupos vulnerables puedan ser
28 Sánchez Reyna, Liz (coordinadora), Oscar Castro y Romel Chacan, Mujer, derechos y legislación, Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C., México, 2004. 29 Castro 2005, et. al., op. cit. p. 137
148
convertidas en políticas públicas eficaces. Así, en el caso de una iniciativa de ley
especial para la prevención y la erradicación del tráfico de mujeres para la
prostitución y el lenocinio, pueda ésta verse enraizada en los códigos civiles y
penales para dar cabal cumplimiento a la misma.
b) En el terreno de la procuración y administración de justicia, se hace necesario
establecer mejores condiciones y garantías para el resguardo de la integridad de
quien denuncie delitos como el tráfico de mujeres y el lenocinio. Además deben
establecerse mejores condiciones de trato a las mujeres que se ven afectadas en
cualquier forma de violencia, y garantizar los servicios necesarios para la
protección de su integridad física y psicológica. Es sabido que la protección de
estas redes se encuentra bien resguardado en el sistema judicial mexicano, por lo
que se hace necesaria una purga en los sistemas de procuración de justicia, el
establecimiento de mecanismos de control más eficaces de los elementos
policíacos y ministeriales, así como el establecimiento de sanciones más severas a
quienes encubran delitos y prácticas como éstas. Es necesario establecer
investigaciones ministeriales serias sobre el origen del reclutamiento de las
muchachas en las comunidades más pobres de nuestro país.
c) En el terreno de la prevención y de la promoción de los derechos de las mujeres,
es necesario establecer políticas públicas encaminadas a solucionar el problema
del tráfico de mujeres, tanto a nivel nacional como a nivel local. En las primeras,
es imprescindible un programa de dimensiones masivas, pero también focalizadas,
para la difusión de los derechos sexuales y reproductivos entre las mujeres jóvenes
con el tratamiento especial de la prevención del fenómeno. En el terreno local,
además, es necesario establecer una política específica de diálogo público sobre el
problema en las comunidades donde se presenta el fenómeno sin ejercer acción
149
penal contra las personas que han ejercido esta actividad y ahora no lo hacen, para
ayudar a dilucidar en la población el tipo de transacciones comerciales y morales
que se establecen en la “normalidad cotidiana”, y las razones por las que se han
llegado a confundir los parámetros morales y valorales básicos. También, el
impulso decidido y público de una política orientada a la difusión de los derechos
de las mujeres en estas comunidades, de alguna manera generará la reflexión y la
inquietud por la denuncia…”
De la misma manera, se realizó un estudio, del cual hablaremos más adelante, para determinar
qué es lo que las instituciones públicas están haciendo para erradicar el problema de trata de
mujeres para la prostitución, encontrando la debilidad de las instituciones para la atención de
esta problemática y la falta de preparación de los funcionarios públicos y autoridades sobre
los derechos humanos en general y de las mujeres en lo particular.
En estos estudios se reflexionó sobre cómo las políticas públicas y las legislaciones que están
orientadas punitivamente no tienen efectos sobre la población, debido a que es más fuerte la
coerción y violencia que pueda ejercer la delincuencia organizada que la efectividad que el
Estado ha demostrado para solucionar un problema tan grave, que denigra y vulnera a las
mujeres y atenta contra sus derechos humanos fundamentales.
La violencia contra las mujeres y los casos de violaciones a los derechos humanos se
presentan entre los grupos más pobres entre los pobres, en este caso las mujeres indígenas, las
trabajadoras domésticas o las estudiantes de escasos recursos, -doble o triplemente oprimidas-
, y son ellas las que sufren las peores consecuencias de la ineficacia del Estado para garantizar
y proteger sus derechos humanos. Así pues, legislación y políticas públicas, son dos
150
instrumentos y propuestas con las cuales se puede abordar la exigibilidad y la justiciabilidad
de los derechos de las mujeres víctimas de trata.
En el estudio de la legislación local, nacional e internacional, la investigación y los estudios
de caso tomaron en cuenta la perspectiva de género y de derechos humanos, relatada en el
capítulo anterior. La trata de mujeres tiene amplias implicaciones para el ejercicio de los
derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales ratificados por el estado
mexicano, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer de 1979 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer Belem do Pará de 1994, en la que se reconoce la trata como una
forma de violencia hacia la mujer, siendo así una clara violación a los derechos humanos.
Asimismo en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas
especialmente mujeres y niñez, que complementa la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, se asienta la responsabilidad que los
Estados tienen para actuar frente a la problemática a la que nos estamos refiriendo, lo mismo
que en la Convención Belém Do Pará ya señalada.
A pesar de ello, es decir, a pesar de que el Estado mexicano se ha comprometido a actuar
frente a la trata de personas para la prostitución, nos topamos con que la legislación nacional
y local no se encuentra acorde a estos instrumentos internacionales de protección.
Concretamente en Tlaxcala, la problemática que hemos venido describiendo no se encuentra
reconocida como tal para su denuncia en el Código Penal del Estado. En sí, la problemática en
su conjunto debe tipificarse como “trata de personas para la prostitución”, y no reducirse al
151
limitado “lenocinio”. El lenocinio, sabemos, es la explotación sexual de una persona sobre
otra, mientras que la trata de mujeres para la prostitución, como ya lo dijimos, es delincuencia
organizada, y mientras no se tipifique las víctimas tienen un menor acceso a la justicia.
En materia penal, el delito de lenocinio estaba previsto en los artículos 170 a 173 del Código
Penal del Estado de Tlaxcala, y era demasiado limitativo para ser aplicable en situaciones de
trata. Entre otros, porque condiciona y limita la acción persecutoria a la explotación sexual
preparada, ejecutada y consumada dentro del territorio del estado de Tlaxcala, mientras la
trata suele caracterizarse por el traslado de las víctimas fuera de la entidad, o a otro estado de
la república o a otro país, dejando a salvo a los responsables.30 Asimismo, el delito de
lenocinio sólo aplica para la explotación de carácter sexual; en cambio la Trata de Personas se
refiere a determinadas categorías de explotación, incluyendo la explotación de carácter laboral
y la esclavitud, además de la extracción de órganos y tejidos humanos. De tal manera que el
concepto de trata es mucho más amplio e integral que el de lenocinio. Otra aportación
fundamental de la definición del delito de trata es la perspectiva integral para la atención de
una situación de esta naturaleza, además de las múltiples conductas delictivas y sujetos
activos que objetiva y subjetivamente tienen responsabilidad en este tipo de hechos; siendo la
explotación en sí, solamente una de las etapas en un proceso de explotación sexual.
Con estas consideraciones y con el estudio de la legislación estatal, nacional e internacional,
se profundizó en las consideraciones que debieran tenerse para hacer efectivas la
administración y procuración de justicia para la trata de personas. Se consideró que era
indispensable que se establecieran diferencias sustanciales en lo que se refiere a la aplicación
30 El estudio específico sobre la legislación local en el terreno de la trata de personas, en su primera aproximación puede verse en Sánchez, et. al., op. cit. pp____.
152
de leyes por materia o la promoción de una ley específica que obligue al Estado a prevenir,
erradicar y sancionar la trata de personas para la prostitución en el estado.
Al respecto se estableció una diferenciación inicial sobre el problema de que se trata para la
aplicación de los derechos humanos, en tanto que se habla de personas que se ven
coaccionadas en el ejercicio de sus libertades fundamentales, sus condiciones de vida y su
integridad física y psicológica, y se ven envueltas en formas análogas a la esclavitud. Así, en
el análisis de la legislación y de la problemática que se localizó como generalizada, se
excluyeron los enfoques que tratan de regularizar el ejercicio de la prostitución como un
conjunto de derechos laborales que protejen los intereses de las personas que ejercen la
prostitución. La mayoría de estos enfoques hablan el sexoservicio como una actividad laboral
que tiene implicaciones en la salud pública de la población masculina.
Tal exclusión de entrada, fue posible gracias a la investigación previa sobre el fenómeno y a
la acción y reflexión colectiva que se realizó en torno de la organización de la Pastoral de los
Derechos Humanos y la promoción y organización de Comités de Derechos Humanos del
Centro Fray Julián Garcés.31 Como un enfoque de trabajo sobre los derechos de las mujeres se
estableció entre los comités de derechos humanos un espacio de reflexión propio de las
mujeres y la problemática que viven en relación con la violencia de género, este espacio de
reflexión que posteriormente se llamó Mujeres en Lucha por la Dignidad.32 Con los resultados
de la investigación sobre la legislación, llevó a cabo una Campaña por la Dignidad de las
Mujeres en la que se pintaron bardas con mensajes alusivos a los derechos, a la dignidad y se
31 CFJG, Construyendo una esperanza, Primer Informe, CFJG, México, 2003. En este informe se dan a conocer una serie de ponencias de algunos de sus integrantes sobre la situación de los derechos humanos en el estado de Tlaxcala, destacándose la ponencia de Elba Flores Núñez, “Ni una más”, el 7 de noviembre de 2003 en el Congreso del estado de Tlaxcala, en el que se da cuenta la organizción de los comités para la atención de problemas de violencia hacia las mujeres, pp. 80-86. 32 CFJG, De la toma de conciencia a la toma de posición, Segundo Informe, CFJG, México, 2004, pp. 71-82.
153
desarrollaron talleres sobre violencia de género y derechos humanos de las mujeres.33 De la
misma forma se elaboraron informes especiales del Centro Fray Julián Garcés sobre el
fenómeno de trata de mujeres y las acciones que de manera organizada se estaban llevando a
cabo en al menos 15 Comités de Derechos Humanos.34
Durante todo este proceso de acción colectiva, se fueron desentrañando además múltiples
formas de violencia contra las mujeres a nivel familiar, de pareja, institucional, laboral y
comunitaria, quedando la problemática de las mujeres prostitutas que reivindican sus derechos
como trabajadoras sexuales como una expresión comprendida dentro de un fenómeno en el
que la explotación sexual es coaccionada (como la trata de mujeres para la prostitución) y en
un contexto donde el ejercicio libre de la prostitución es minoritario (como en Tlaxcala).
Así pues, el proceso de la acción colectiva para el caso de la legislación se encontró con estos
dos enfoques haciendo una elección por el combate de la trata de mujeres para la explotación
sexual, respetando la lucha de las mujeres prostitutas que ejercen de manera libre y conciente
la prostitución como una forma de ganar el sustento diario.
En este sentido encontramos en el estado de Tlaxcala un grupo de mujeres que están
organizadas para el sexoservicio y la defensa de sus derechos humanos en torno a “la otra
campaña”. Asentadas en el municipio de Apizaco, estas mujeres presentan en su lucha
argumentos interesantes y con puntos de coincidencia respecto al combate del proxenetismo.
Es decir, reivindican la organización de las mujeres, la independencia de éstas con respecto de
los varones, la protección colectiva de sus intereses como sexoservidoras, la libre elección de
las formas de trabajo; condenan el establecimiento de zonas de tolerancia porque se prestan al 33 CFJG, Semillas de utopía, Tercer informe, CFJG, México, 2005 y su Informe Especial “Tráfico de mujeres, legislación y políticas públicas”, pp. 69-82. 34 CFJG, Justicia, fuego de utopía, Cuarto Informe, CFJG, México, 2006.
154
control de autoridades, proxenetas y a la discriminación de su actividad laboral. Estas mujeres
organizadas tienen otro enfoque respecto al ejercicio de la prostitución y reconocen que su
origen es, generalmente, a partir de la explotación sexual.
Sin embargo, son cautelosas frente a las medidas, coordinadas en su operación por la
Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Salud local, para la realización
de operativos conjuntos para la revisión de las condiciones en las que operan bares, cantinas,
centros nocturnos donde se presume que puede haber un ejercicio de la prostitución. Estos
operativos llegan a cerrar los establecimientos, pero difícilmente concluyen en establecer
procesos penales serios contra personas que prostituyan a mujeres o menores de edad. No
obstante sostener una lucha por la reivindicación de sus derechos frente a las autoridades,
especialmente las judiciales, las de salud y las municipales, no han llegado a plantear formas
de positivación de los mismos en la legislación local, y se sumaron con simpatía a la
propuesta de tipificar el delito de trata de personas.35
Así pues, eliminado el enfoque de reivindicación de los derechos de las sexoservidoras, quedó
en el análisis y en la discusión con las especialistas,36 la pertinencia de establecer cambios en
las legislaciones por materia o si impulsar una ley general para la prevención y erradicación
de la trata de mujeres para la prostitución.
Al respecto, se reflexionó cómo las leyes “marco” pueden orientar las acciones del ejecutivo
para la prevención y erradicación de la problemática, pero no resuelven el problema de fondo
que pudiera significar inhibir las prácticas delictivas que comenten los varones en el ejercicio
35 Ver Montiel, 2007, op. cit. pp. 62-64. 36 Al respecto, a lo largo de la investigación, se establecieron mesas de discusión con abogadas especialistas en derechos de las mujeres, académicas, activistas de organismos civiles y especialistas, destacando la participación de Alicia Elena Pérez Duarte, Laura Salinas Beristáin, Ana María Salazar y Julia Pérez.
155
de su poder frente a las mujeres.37 En este sentido se reconocen como avances muy
importantes a favor de las mujeres las leyes y reglamentos contra la violencia hacia las
mujeres y la creación de los Institutos Nacional y estatales de las Mujeres, pero no se
resuelven con ellas, las problemáticas concretas que viven las mujeres en materia de
procuración y administración de justicia, tanto en el plano civil, como en el plano penal.
Con esta perspectiva, sin menospreciar las propuestas sobre la necesidad de establecer una ley
marco para prevenir, sancionar y erradicar la trata de mujeres y niños con fines de explotación
sexual, el análisis y las propuestas derivadas de él, se centraron en las leyes por materia,
particularmente las civiles y penales, destacando así la definición del problema sociológico
del que se trata y las limitaciones legislativas con las que se encuentran las víctimas, las
personas con voluntad de denunciar, y el amplio margen de movimiento con el que se pueden
mover los victimarios para inhibir la acción de la justicia a través de la corrupción, al evasión
de las penas con fundamento legal, o la reivindicación de una postura de la cultura patriarcal
entre los jueces a la hora de establecer una sentencia.
Así, podrían resumirse el análisis legislativo sobre el delito de lenocinio en el Código Penal
del estado de Tlaxcala, y sus limitaciones con respecto a la definición de la trata de personas
como sigue: 37 Ya en Un grito silencioso se señalaba, “… Sin embargo, para el problema de la prostitución y tráfico de mujeres, podemos decir que las dependencias se coordinan para establecer políticas de prevención orientadas a difundir entre la población que cuando se ejerce algún tipo de violencia contra la mujer se cometen delitos. Lo más visible en este terreno son los carteles que colocan en los lugares públicos donde se anuncia que el tráfico de menores es un delito federal y que se puede denunciar anónimamente a un teléfono con lada 800; o el cartel alusivo a la violencia intrafamiliar también como un número 800 para denunciar. El tratamiento de estas campañas y políticas de prevención se hace sobre la base de difundir las consecuencias de cometer estos delitos para los cuales puede ejercerse una acción penal. Las dependencias involucradas en estas campañas son coordinadas por las procuradurías, y son éstas las que en realidad llevan adelante cualquier tipo de acción orientada al castigo de los responsables. Este tipo de políticas tiene poco efecto en la población según los informes de las mismas procuradurías, pues a pesar de que se sabe que el problema está ahí, la gente no se atreve a denunciarlo por dos razones: a) la falta de confianza en las autoridades, pues se presume que están en contubernio con los lenones y los protegen; y b) el temor de verse involucrados contra los vecinos de sus propias comunidades…” Castro, 2005, et. al. op. cit. p. 136.
156
“… Respecto a este Capítulo, se considera necesario denominar al Capitulo III del Código
Penal del Estado como “Lenocinio y Trata de Personas”, manteniendo el delito de
Lenocinio en los artículos 170, 171 y adicionar un 171 bis, con su actual contenido; e
integrar el delito de Trata de Personas en los artículos 172, adicionar un 172 bis, 173, y
adicionar un 173 bis y 173 bis 1, dejando a salvo la numeración del resto del Código Penal.
Es necesario conservar el delito de lenocinio para la persecución y sanción de la explotación
sexual dentro del estado, en el entendido de que el delito de lenocinio sanciona conductas
distintas a la trata.
Derivado del análisis conceptual y de técnica jurídica entre la Trata de personas y Lenocinio,
se desprenden importantes diferencias entre la Trata y el Lenocinio. Nos parece importante
destacar los elementos de cada tipo penal:
- Conducta: el lenocinio se limita a la sanción de la explotación sexual, la
administración de lugares de explotación sexual, y el permitir el comercio carnal de
menores; mientras la trata sanciona desde la preparación del hecho, la captación, el
robo, el secuestro de las víctimas, etc. Lo anterior, independientemente de que aplican
las reglas generales de delitos, en el sentido que en todo delito, se sanciona la tentativa
y diversas formas de participación, como el apoyo, planeación entre otros. Asimismo,
el lenocinio es propio de conductas dentro del territorio del estado, mientras la trata
sanciona la consumación de delito fuera del estado.
- Fines: el delito de lenocinio sólo se limita a la explotación de carácter sexual, mientras
la trata protege contra cualquier forma de explotación.
157
- Sujetos activos: el Lenocinio tiene una perspectiva individualizada mientras la Trata
supone la participación de grupos delictivos; independientemente de que sanciona en
forma individual, sin perjuicio de la competencia de la Federación para perseguir el
delito de Delincuencia Organizada de acuerdo a la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada.
- Agravantes: el Lenocinio, a diferencia de la Trata, no contempla como agravante la
condición de agente estatal del responsable, ni la de grupo delictivo. Otra diferencia
consiste en que la Trata prevé como agravante el uso de violencia física y/o moral, de
cualquier tipo. Asimismo, en la definición de trata se prevé como agravante cometer el
delito contra menores de 18 años, personas mayores y personas que no tienen la
capacidad de comprender el sentido del hecho (en referencia a personas con problemas
mentales por ejemplo).
- Sanción: el Lenocinio señala como sanción corporal mínima la de 6 meses de cárcel,
mientras la Trata propone como sanción mínima 6 años de cárcel. Asimismo, el
Lenocinio solo contempla como tipo de sanciones la corporal y pecuniaria, mientras la
propuesta actual de tipificación propone incluir la Reparación del daño como tipo de
sanción, para no dejar desprotegida a la víctima del delito.
- Bien jurídico protegido: el delito de lenocinio protege la moral pública, las buenas
costumbres y la libre decisión, mientras el delito de trata protege el libre desarrollo de
la personalidad y el derecho a vivir libre de violencia. En este sentido, podemos
considerar que el delito de trata protege a la persona mientras el delito de lenocinio
158
privilegia la moral y la sociedad. Por lo que en la propuesta actual ambos delitos
protegerán el libre desarrollo de la personalidad y la libre decisión…”38
Las diferencias básicas en el análisis jurídico entre el delito de trata de personas y el de
lenocinio fueron la base para la elaboración de la propuesta de reformas y adiciones del
Código Penal que se presentaron en la Legislatura local en la Iniciativa Popular, que
relataremos más adelante. Estas consideraciones además de las relativas al Código Civil,39 en
las que se preveen algunas sanciones para las personas que presentan casos de bigamia,
incumplimiento de pensiones alimenticias, ejercicio de la patria potestad y la custodia de los
hijos, etcétera, fueron tomadas en cuenta para efectos de tipificar y agravar penalmente las
acciones ilícitas en el contexto de trata, y tuvieron su origen en el análisis de casos
presentados en el CFJG, en los testimonios recibidos y en las discusiones sostenidas con las
mujeres integrantes de Mujeres en Lucha por la Dignidad.
3.4 Las políticas públicas
Del mismo modo que se realizó un estudio sobre la legislación local con la perspectiva de los
problemas hacia la violencia hacia la mujer, también se desarrolló una investigación en
coordinación con la Universidad Autónoma de Tlaxcala sobre las políticas públicas orientadas
a la promoción de los derechos de las mujeres y particularmente hacia las mujeres víctimas de
violencia y trata de personas.40
38 Exposición de motivos de la Iniciativa Popular, CFJG, México, 2006, mimeo. 39 Sánchez, 2005, et. al., op. cit. pp. 69-72. 40 Rocha, Luz María y Oscar Castro (coords.) Políticas públicas estatales y derechos humanos de mujeres en situación de trata, UAT, CFJG, México, 2006.
159
El estudio fue diseñado bajo el enfoque de políticas públicas. Partiendo de la definición de los
problemas públicos, la identificación de los mismos por parte de varios actores y
principalmente del actor gubernamental, se definieron los problemas de: a) trata de mujeres
para la prostitución, y b) promoción de los derechos de las mujeres y de una cultura de
denuncia, particularmente en lo que se refiere a la violencia hacia la mujer.
La investigación se basó en el análisis a los organismos públicos estatales que se
consideraron deben tener una actuación frente a la problemática de trata: el Instituto Estatal de
la Mujer, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Procuraduría de la Defensa del
Menor, la Mujer, la Familia y el Indígena dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia DIF Estatal, las Comisiones de Derechos Humanos de los Ayuntamientos y la
Procuraduría de Justicia del Estado.
Consideramos que para abordar el diseño de una política integral se requiere de una doble
definición de los problemas públicos que se pretenden resolver: a) aquellos que sugieren la
atención inmediata y urgente de las instituciones del Estado por la situación de vulnerabilidad
de la población, y b) el rediseño de las instituciones para hacerse cargo del problema.
Como se muestra en las conclusiones de esta investigación, los resultados del análisis de
implementación evidencian cómo las instituciones han privilegiado el problema de la
violencia intrafamiliar como problema público, a pesar de que el diseño de la política se
encuentra fraccionada y tratada de manera desigual por las diferentes instancias. De la misma
forma el análisis nos muestra que las acciones para la solución del problema están orientadas
de forma casuística y con una perspectiva penal y de denuncia. Para el caso de los problemas
que nos ocupan, tanto la promoción de los derechos de las mujeres como el problema
160
específico de trata, requieren de una definición del problema público más integral que abarque
sus diferentes aspectos y no sólo la perspectiva de denuncia penal que implica una decisión de
quien ve violentados sus derechos, de poner en manos de las instituciones del Estado su grave
problema, y reconocer después que no tienen competencias y mecanismos suficientes para
resolverlos.
Así podemos decir que los problemas que afectan a la población en su conjunto son:
a) Una ausencia generalizada del conocimiento de los derechos humanos y en particular
de los derechos de las mujeres, tanto en las autoridades como en los ciudadanos/as.
b) La presencia de redes de tráfico de mujeres para la prostitución en la región sur del
estado de Tlaxcala, particularmente en los municipios que comprenden el corredor
desde Chiautempan y Tlaxcala a la Ciudad de Puebla (Tenancingo, Acuamanala, San
Pablo del Monte, Ayometla, Xicohtzinco, Papalotla, San Luis Teolocholco, Zacatelco,
Magdalena Tlaltelulco, Mazatecochco, Xiloxoxtla y Quiletla).
c) Una ausencia de políticas públicas integrales para la solución de ambos problemas.
En la investigación realizada, visualizamos que las entidades analizadas coinciden en separar
las acciones que hacen en el terreno de promoción de los derechos de las mujeres, de las nulas
acciones que realizan para enfrentar la trata de mujeres para la prostitución.
Parte de esta investigación fue diseñada con el objetivo de diagnosticar si las autoridades
estatales y municipales entendían la dimensión de la problemática y conocían los
instrumentos internacionales que les obligan a establecer políticas de prevención de la
violencia hacia la mujer.
161
En términos municipales la mayoría de los ayuntamientos entrevistados en el 2004 refieren
que el problema no existe en sus lugares o bien que saben que existe pero que les “rebasa”.
Las presidencias municipales se refieren al problema como una cuestión que corresponde a las
procuradurías estatal y federal, y, en su caso, cuando existe una denuncia la turnan al
ministerio público. Las autoridades municipales suelen confundir el problema de trata con el
ejercicio de la prostitución en bares y cantinas; y es relevante que en los municipios que se
sabe existen redes, explotación sexual y compra-venta de mujeres, se finge ignorar el
problema.
El estudio arrojó resultados sorprendentes en el diagnóstico sobre los conocimientos básicos
de las autoridades municipales sobre los instrumentos internacionales de protección de los
derechos de las mujeres. Se elaboró un censo encuesta,41 que se aplicó a los regidores de los
60 municipios del estado que eran titulares de la Comisión de derechos Humanos, según
consta en la Ley Orgánica del Municipio Libre.42
En este sentido destaca la nula capacidad operativa de los ayuntamientos para tratar las
violaciones a los derechos humanos y la poca importancia que le brindan a las mismas.
Aunque esto pueda ser justificado por el poco tiempo que tienen los ayuntamientos de tener
esta comisión dentro del cabildo, es preocupante la nula capacitación que se tiene para estos
ediles, que en su mayoría tienden a ver los problemas como propios del ministerio público y
de la seguridad pública local.
Por otro lado se realizaron análisis de las estructuras gubernamentales que pudieran atender
los casos de violencia contra las mujeres, particularmente la trata y la promoción de sus
41 Ibid. p. 40. 42 Ibid. p. 53.
162
derechos. En estos análisis se detectaron las insuficiencias que se presentan en las
instituciones con respecto no sólo al conocimiento de la problemática, sino a la incapacidad
manifiesta que se tiene para atenderla, así como la poca atención que merecen a las
estructuras del Estado los problemas de las mujeres, particularmente al ejecutivo y al
legislativo a la hora de las asignaciones presupuestales para las instancias encargadas de velar
por los derechos humanos.43
Por su parte la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Comisión Estatal de Derechos
Humanos y el Instituto Estatal de la Mujer, tratan el problema de manera casuística, es decir,
en la medida que se presenta un caso o denuncia es como actúan o lo canalizan, sin acciones
de prevención, ni mecanismos para atender a las víctimas. Por otro lado, destacan otras
limitaciones institucionales para concertar acuerdos de capacitación con los ayuntamientos y
para que se destinen recursos a instancias de promoción de los derechos humanos.
Los casos de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, como de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Estatal de la Mujer son muy claros en ese punto:44
• Ninguno de ellos lo liga con una necesidad patente de difundir y promover los
derechos de las mujeres, en específico los de vivir una vida libre de violencia. Todos
ellos hacen mención de las campañas nacionales contra la prostitución infantil y la
43 “… A pesar de que existen las comisiones de derechos humanos en los ayuntamientos, y que las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos y en particular por los derechos de las mujeres, como el IEM, DIF, CEDH, cuentan con programas específicos para las actividades de promoción, su alcance es muy limitado e institucionalmente se encuentran ubicadas en campañas que se concertan interinstitucionalmente. Este hecho resulta relevante en los casos del IEM y de la CEDH, pues en ellas, por su misión institucional, se supondría que tendrían capacidad para establecer acciones focalizadas de promoción de los derechos de las mujeres en los lugares donde se ejerce más violencia contra ellas. Sin embargo, la actividad se limita acuerdos institucionales con los que dan pláticas aisladas. Falta quizá en la programación anual de actividades no sólo definir las metas a cubrir, sino tener una mirada estratégica de hacia donde se enfocan las acciones de promoción y una orientación del gasto que fortalezca la estrategia planteada…” Castro y Rocha, 2006 et. al., op. cit. p. 81. 44 Ibid, p. 79.
163
existencia de mecanismos para denunciarla y la falta de confianza de la población para
hacerlo.
• Todos ellos tratan el tema de manera casuística; si reciben casos ven la forma de
canalizarlos al ministerio público, pero no ven motivos para hacer más. La Comisión
Estatal de Derechos Humanos, refiere que no se puede hacer nada porque el marco
jurídico para el tratamiento del problema no existe. Pocos de los visitadores de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, tienen más claro el problema de que la
tipificación del delito como lenocinio es limitada para el tratamiento del problema de
trata.
• Las instituciones están diseñadas para recibir casos. Y con ese parámetro de casos
recibidos es como se mide el problema; los demás comentarios sobre la existencia del
problema se refieren sobre todo a lo que aparece en la opinión pública.
• En relación a la defensa de los derechos de las mujeres, en general, todos ellos se
refieren al problema de la violencia intrafamiliar, sin embargo, también en este terreno
se limitan a dar orientaciones jurídicas y a canalizar a despachos de abogados, o a los
defensores de oficio, siendo la atención psicológica y económica la que prevalece. En
este aspecto se destaca el funcionamiento de la Unidad de Atención a Víctimas de
Violencia Intrafamiliar de Tlaxcala (UAVIFT) del Instituto estatal de la Mujer (IEM),
por la conciencia de la problemática de violencia en que viven las mujeres, incluyendo
la problemática de trata.
Por otro lado se encuentra el tema de la promoción de los derechos de las mujeres. Terreno en
el que se encuentran muy limitadas las instituciones. Por un lado las autoridades municipales
encargadas de las Comisiones de Derechos Humanos de los Ayuntamientos no conocen
siquiera la Declaración Universal de los Derechos Humanos y mucho menos los instrumentos
164
internacionales de derechos de las Mujeres, como la CEDAW, la Convención Belém Do Pará
o el Protocolo de Trata.45 En este sentido, destacó que las personas encargadas de la difusión
y de la promoción de los derechos humanos de las mujeres en el Subprograma de
Participación Ciudadana del IEM tuvieran tan limitado conocimiento de los derechos de las
mujeres y se limiten a decir que se dan pláticas en lo general en el marco de una iniciativa
intragubernamental como “institutos en tu comunidad”, coordinado por el SEPUEDE.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos presenta sí, acciones de promoción y
defensa de los derechos de las mujeres, pero de una manera muy limitada, pues se hace
referencia a ellas como un grupo vulnerable, y está ubicada también en la Dirección de
Programas donde se hace la promoción de estos grupos. En las instancias de promoción de las
instituciones se dice que se trabaja fuertemente sobre la difusión de los derechos de las
mujeres, particularmente de estas dos últimas instituciones; sin embargo sus encargados
presentan menos conocimiento de los mismos que sus compañeros(as) en las comunidades de
atención directa de casos, es decir, en la UAVIFT y en las Visitadurías respectivamente.46
Así, encontramos un conjunto de problemas relacionados con la ausencia de políticas
públicas:47
45 Castro y Rocha, et. al., ibidem, pp. 53-58. 46 Ibid. pp. 59-62. 47 El conjunto de instancias públicas analizadas en esta investigación arrojan resultados previstos en el diseño de las hipótesis del proyecto a, saber: a) Que no existe un andamiaje institucional y jurídico para establecer acciones tendientes a fortalecer políticas públicas de defensa y promoción de los derechos de las mujeres para contrarrestar el fenómeno de la prostitución y el tráfico de mujeres. b) Que las autoridades y funcionarios estatales y municipales encargados de velar por los derechos humanos no contemplan como una línea específica la promoción y defensa de los derechos de las mujeres. c) Que las autoridades municipales y las instancias de derechos humanos y de atención a las mujeres pueden incorporar entre sus políticas y programas la defensa y promoción de los derechos de las mujeres. d) Que el ejecutivo estatal a través del Instituto Estatal de las Mujeres en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene las facultades necesarias para establecer programas focalizados para la defensa y promoción de los derechos de las mujeres en las comunidades donde se presenta el problema de trata de mujeres. Protocolo de investigación “Políticas públicas estatales y derechos humanos de las mujeres en situación de trata”, CFJG- UAT, México, 2005, mimeo.
165
1) No existe una investigación seria de las autoridades respecto al problema de trata de
mujeres para la prostitución existente en el estado, ni un andamiaje jurídico adecuado
para definir el delito de trata de personas, perseguirlo y sancionarlo.
2) No existe un marco normativo adecuado para la actuación de las instancias públicas de
derechos humanos y/o relacionadas con los derechos de las mujeres para erradicar el
problema de trata de personas.
3) La coordinación entre las instancias públicas para la atención de estos problemas es
poco clara y sin evaluaciones ex ante para el diseño de una política de prevención,
tratamiento y erradicación del problema de trata para la prostitución.
La investigación concluyó además que se requeriría:
1. Una mayor asignación presupuestal a las instituciones y rediseño del flujo de recursos
dentro del mismo.
2. Que se dote de mayor autonomía al IEM para el manejo de recursos
3. Se reformen los códigos civil y penal del estado de Tlaxcala para atender esta
problemática.
4. Se reforme el marco jurídico y normativo de las instituciones para una mejor atención
a la problemática de trata para la prostitución.
Como resultado de esta investigación se elaboraron una serie de propuestas de atención para
los casos de trata de mujeres para la prostitución, diseñando ajustes específicos para las
instituciones analizadas y hasta propuestas de difusión y de capacitación de los funcionarios
municipales encargados de los DIF locales y de las regidurías de derechos humanos.
166
Las propuestas para la elaboración de una política integral de defensa y promoción de los
derechos de las mujeres incluían:
“…
1. Establecer un Convenio Interinstitucional de Cooperación entre la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, el Instituto Estatal de la Mujer y el DIF estatal, para promover los
derechos de las mujeres en Tlaxcala, desde el cual se realicen campañas mediáticas y
con elaboración de materiales impresos como carteles y trípticos.
2. Transformar el Subprograma de Participación Ciudadana del Instituto Estatal de la
Mujer en un Subprograma de Promoción de los Derechos de las Mujeres, que entre
sus líneas estratégicas contenga el impulso a la creación de Direcciones de Atención a
la Mujer en los municipios del estado siendo éstos los que fortalecerán la difusión de
los derechos de las mujeres.
3. El impulso para la creación de las Direcciones se hará mediante convocatoria abierta y
escalonada desde el IEM hacia los municipios.
4. Una vez creadas, que las Direcciones cuenten como personal mínimo, con una
abogada y una trabajadora social. En estas Direcciones se brindará atención a casos y
acciones de promoción de los derechos de las mujeres. Para efectuar lo anterior se
deberán canalizar recursos que además añadirían a integración de proyectos
productivos; estos recursos se asignarían por la vía del Instituto Estatal de la Mujer.
5. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se fortalecerá el área de
Comunicación Social y Capacitación, que es la encargada de difundir los derechos
humanos, de tal forma que sus acciones sean más efectivas y tenga un mayor alcance;
esto ligado a la redistribución interna del presupuesto.
167
6. Que en la Comisión Estatal de Derechos Humanos se establezca un Programa de
Atención a las Comisiones de Derechos Humanos de los Ayuntamientos, de tal forma
que se fortalezcan en las acciones de promoción y defensa de derechos…” 48
Para la elaboración de una política estatal en relación a la defensa de los derechos de las
mujeres, para el caso de trata se enumeraron las siguientes propuestas:
“…
1. Que el Instituto Estatal de la Mujer (IEM) transforme el Subprograma de Atención
Integral a la Violencia Familiar en el Programa de Atención Integral a la Violencia
hacia la Mujer y la Familia, transformando a su vez la Unidad de Atención a la
Violencia Familiar (UAVIFT) de Apizaco, en la Unidad de Atención Integral
Violencia hacia la Mujer y la Familia (UAVIMUF), y cree otra en el sur del Estado,
por ser donde se vive más fuertemente la problemática de trata. Estas unidades se
encargarían de: a) Conocer y atender problemáticas que afecten a las mujeres y la
familia, como la violencia familiar, los delitos sexuales, entre otros. b) Conocer de
casos de trata de personas para la prostitución, pudiendo turnarlos a la Fiscalía
Especializada para los Casos de Trata de Personas para la Prostitución que se crearía
en la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), c) Brindar servicios de
48 “Para ello, el diseño del Programa ha de incluir, además de la capacitación de las y los regidores responsables, que la CEDH facilite: 1. Paquete de promoción (que incluya): a) Folletos de divulgación con textos de instrumentos internacionales de Derechos Humanos (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia la Mujer, Convención contra todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entre otras/os), b) Folletos de divulgación de los derechos humanos de las mujeres y en situación de trata, c) Guía Metodológica para realizar talleres y pláticas. 2. Paquete de defensa (que incluya): a) Manual de canalización de casos (CEDH, PGJE, IEM, DIF), b) Manual para el seguimiento de la procuración de justicia, c) En el DIF estatal, a partir de su estructura, difundir los derechos de las mujeres mediante trípticos, carteles, y otros materiales y d) Que el DIF municipal tome un posicionamiento con una perspectiva de derechos humanos, y, desde la Coordinación de Comunicación Social el cual depende de la Dirección de Programas Operativos, etiqueten sus productos y servicios con el derecho humano de que se trate, de tal forma que la difusión se traslade al nivel local a través de los DIF municipales, e) En lo que toca a las Procuradurías de Atención a la Mujer, Menores, Familia e Indígenas dependientes del DIF, es necesario que se haga una reestructuración para que haya tanto un ministerio público adscrito como defensoría de oficio.” Castro y Rocha, 2005, et. al. pp. 85-86.
168
asesoría médica, jurídica, psicológica, y de trabajo social, d) Coordinarse con el
Refugio de Mujeres para su atención.
2. Que desde el IEM se cree también el Refugio para las Personas Víctimas de Trata,
mismo que deberá ser custodiado por policías en todo momento (PGJET), y brindará
atención médica, psicológica y de trabajo social, facilitando la reintegración familiar.
3. Que desde la Procuraduría General de Justicia del Estado se cree una Fiscalía
Especializada para atender la Problemática de Trata de Personas para la Prostitución,
con las siguientes funciones: a) recibir denuncias, b) investigar, c) perseguir, d)
integrar averiguaciones previas, e) consignar, f) desactivar. Para ello habrá de: 1)
Coordinarse con la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada, 2) Tener
adscrito un Ministerio Público, 3 ) Contar con Servicios Periciales Especializados, 4)
Coordinarse con el Refugio de Mujeres Víctimas de Trata, brindando protección.
4. Que dentro de la PGJE, la Agencia de Atención para Víctimas de Delitos Sexuales, el
Módulo de Atención a la Mujer y la Familia, y las Agencias del Ministerio Público,
habrán de turnar los casos de trata para la prostitución a la Fiscalía Especializada.
5. Que en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se cree una Visitaduría
Especial para los casos de trata de mujeres. Esta visitaduría tendría las siguientes
funciones: a) Localización de personas desaparecidas (mujeres y niñez) por
presunción de utilizarlas para la prostitución forzada dentro o fuera del estado y del
territorio mexicano, b) Vigilancia de la autoridad, c) Implicaciones de otras
violaciones a derechos humanos (tortura, desaparición forzada…).
6. Que se promueva que las recomendaciones que emite la CEDH sean de carácter
vinculatorio.
7. Que la Procuraduría para la Defensa del Menor, la Mujer, la Familia, canalice los
casos de trata de mujeres a la Fiscalía Especializada.
169
8. Que desde el IEM, la CEDH y el DIF se focalice la estrategia de difusión de los
derechos de las mujeres en la zona donde se acentúa el problema de trata para la
prostitución, incluyendo la difusión del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar
la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niñez.
9. Establecer un convenio de Cooperación Técnica entre el IEM, la CEDH, la PGJE y el
DIF…”49
Esta estrategia quedó plasmada en un esquema que se trabajo durante la Campaña por la
Dignidad de las Mujeres con la que se compartía con los comités de derechos humanos los
resultados de la investigación y la síntesis de las propuestas de políticas públicas que fuera
publicado en los resultados de la investigación:
49 “Asimismo es necesario considerar lo siguiente: 1) Se requiere de una mayor asignación presupuestal a las instituciones y el rediseño del flujo de recursos dentro del mismo. 2) Que se dote de mayor autonomía al IEM para el manejo de recursos. 3) Que se elabore una la Ley para la Erradicación de la Problemática de Trata de Mujeres y Niñez para la prostitución, en el estado. 4) Se deben reformar los códigos civil y penal del estado de Tlaxcala para atender esta problemática. 5) Se debe reformar el Marco Jurídico y Normativo de las instituciones para brindar una mejor atención a la promoción de los derechos de las mujeres y a la problemática de trata para la prostitución.” Ibid. pp. 89- 90.
170
Fuente: Castro y Rocha, et. al. pp.88, 2005.
No obstante, saber que estas propuestas dependen de la voluntad política de los funcionarios y
autoridades en turno, los resultados de la investigación colocaron en el ámbito de lo público
otro problema, la insuficiencia de las instituciones del estado para atender la grave
problemática de la violencia que se ejerce contra las mujeres, sus mecanismos de protección y
de prevención, particularmente en lo que se refiere a la trata de mujeres y niñas para la
prostitución y a la promoción de los derechos de las mujeres.
171
3.5 La iniciativa popular
Desde finales de 2005, la Pastoral de los Derechos Humanos realiza su primer Congreso.50 En
esa fecha se decide la conformación de instituciones de apoyo que se especializaran en las
prioridades que se habían definido años atrás, para el apoyo de las organizaciones sociales que
surgieron como respuesta a cada una de ellas.51
En los espacios de coordinación interinstitucional a inicios de 2006 se decidió junto con
Mujeres en Lucha por la Dignidad y la Pastoral de los Derechos Humanos convocar a otras
organizaciones a sumarse a la Campaña por la Dignidad de las Mujeres y con ella preparar
una Iniciativa Popular en la que se presentaran las propuestas de políticas públicas y
legislativas para la tipificación del delito de trata de personas en el código penal.
La Iniciativa Popular se impulsó así desde la “Campaña por la Dignidad de Todas y Todos”
con la participación de diversas organizaciones locales, nacionales e internacionales,
partiendo de que la trata de mujeres es violencia hacia la mujer, es una violación a derechos
humanos, es una forma contemporánea de esclavitud, es delincuencia organizada, es un
pisoteo de la dignidad y existe en Tlaxcala mostrando la evidente ineficacia del Estado.52
Al tiempo en que el conjunto de los comités de derechos humanos realizaron talleres de
derechos de las mujeres, materiales de difusión, pintas de bardas con mensajes alusivos a la
dignidad de las mujeres, el Centro Fray Julián Garcés convocó dentro del espacio
50 Primer Congreso de Pastoral de los Derechos Humanos, Agenda dignidad y justicia para todos y todas, CFJG, CMU, CES, AZ-CV, México, 2005. 51 Estas organizaciones son: Cooperativa Toxtli (cunicultura), Coordinadora por un Atoyac con Vida (agrupa a 13 comunidades y organizaciones del poniente del estado para la denuncia de daños a la salud por la contaminación del río Atoyac) y Mujeres en Lucha por la Dignidad (que realiza acciones de promoción de los derechos de las mujeres y contra la trata de personas). 52 CFJG, Grito de un pueblo en movimiento, Sexto Informe, CFJG, México, 2006.
172
interinstitucional una comisión organizadora de la Iniciativa Popular53 y atendía casos
concretos en su programa de defensa.
Así, coordinados desde Mujeres en Lucha por la Dignidad, las diferentes organizaciones
convocaron a impulsar la Iniciativa Popular para que se reconozca la trata de personas como
delito en Tlaxcala, y se propusieron articularse con otras organizaciones para llevar a cabo
una Campaña en todo el estado, como una acción colectiva de incidencia.54 Se plantearon así
los siguientes objetivos:
“Incidir en el ámbito público, desde una iniciativa popular, a fin de enfrentar la trata de
personas para la prostitución mediante la modificación de la legislación y las políticas
públicas” 53 En este espacio interinstitucional se encontraban, Mujeres en Lucha por la Dignidad y su mesa directiva integrada por Ivonne Bagnis, Rocío Torres y Ernestina Muñoz, el Colectivo Mujer y Utopía, A. C. que estaba encargado de la comisión de organización, el Centro Fray Julián Garcés, encargado de la comisión del diseño de propuestas, el Centro de Economía Social encargado de la comisión de finanzas, el atoyac- Zahuapan y Calidad de Vida encargado del diseño de la base de datos y el procesamiento de las firmas que se recolectaran. 54 Las organizaciones que se sumaron a este esfuerzo a lo largo del año son: ADEMAT, A.C., APNA, A.C., Asociación de Parapléjicos Tlaxcaltecas A.C., Arquitectos Ecologistas, A.C., Asociación de Fruticultores de Aguacate, Asociación de Minusválidos Tlaxcala Gente Nueva, A.C. Católicas por el Derecho a Decidir, Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C., Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C., Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, A.C., Centro de Desarrollo Educativo Zacatelco, CDEZ, Centro de Economía Social Julián Garcés, A. C., Centro de Estudios Ecuménicos, CEE, Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C., CIDEM A.C., Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., CADHAC, Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latinay el Caribe, Colectivo Mujer y Utopía, A.C., Colectivo Resistencia, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los DH, A.C., Comité de Derechos Humanos Atl Nemilistli de Tepetitla, Comité de Derechos Humanos de Atlihuentzía, Yahuquemecan, Comité de Derechos Humanos de la Loma Tlaxcala, Comité de Derechos Humanos Jicotes de Xicohtzinco, Comité de Derechos Humanos San Francisco Mitepec, Españita, Comité de Derechos Humanos San Juan Bautista de Atlangatepec, Comité de Derechos Humanos Santiago Fe y Obras de Michac, Comité de Derechos Humanos Semillas de Esperanza, Tenanyecac, Comité de Derechos Humanos Solidaridad, Huiloapan, Comité de Derechos Humanos Profeta, Tenancingo, Comité de Derechos Humanos una Nueva Humanidad de Sta. Úrsula, Comité Derechos Humanos Candela de Reforma, Españita, Comité Juvenil de Derechos Humanos de Papalotla, Consejo Estatal de Organizaciones de y para Personas con Discapacidad, Consorcio para el Diálogo Parlamentario, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, Cooperativa Toxtli SC de RL, Coordinadora por un Atoyac con Vida, Defensoras Populares, A.C., Desarrollo Integral para Personas Mayores, Equidad, Fundación Rostros y Voces, Grupo Cayroche, Xicohtzinco, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. IMDEC, Ipsoculta, A.C., Movimiento Ciudadano por la Democracia, MCD, Mujeres en Lucha por la Dignidad, Organización Democrática Bases Populares, Organización Internacional para las Migraciones, OIM, Pastoral de Derechos Humanos de la Diócesis de Tlaxcala, Pastoral Penitenciaria, Pastoral Social y Cáritas de la Diócesis de Tlaxcala, Por la Dignificación del Discapacitado Tlaxcalteca, Provicondón, Red de Derechos Humanos Cualli Nemilistli, Red de Derechos Sexuales y Reproductivos, Red Género y Economía, Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Semillas, Sin Fronteras, IAP.
173
• Colocar el tema en el espacio público
• Difundir las propuestas e iniciativas
• Solicitar a los ciudadanos y ciudadanas una definición en torno a su posición respecto
a si se debe o no sancionar la trata de mujeres para la prostitución, a través de sus
datos de la credencial de elector y su firma
• Modificar la legislación e incidir en las políticas públicas
Para ello se plantearon tres tipos de acciones:
• Una etapa de sensibilización en la que se plantearon difundir la existencia del
problema de trata de mujeres para la prostitución en Tlaxcala, mediante talleres en los
que se proyectó un video, se reflexionaba sobre la situación y se comentaban casos de
violaciones a los derechos de las mujeres en dicha condición.
• Una etapa de difusión de las propuestas de modificaciones al Código Penal y sobre el
establecimiento de Políticas Públicas dirigidas al ejecutivo del estado.
• El levantamiento de firmas ciudadanas que estuvieran a favor de dichos cambios.
El problema central que se estableció en este proceso fue el de la figura de Iniciativa Popular
como figura legal de participación ciudadana. Las organizaciones participantes en la
coordinación de la Iniciativa, encontraron que esta figura estaba ausente en la legislación
local, como posibilidad de que la ciudadanía tenga el derecho de someter proyectos de ley o
de reforma a las leyes en el Congreso Local de la entidad.55 Con ese contexto, fue entonces
que las organizaciones decidieron establecer su proceso como un proceso de participación y
movilización social, tomando como referencia los parámetros existentes en otras legislaciones
55 No se contaba con tal ley, sino hasta enero de 2007, la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana por parte del Congreso local establece que se pueden proponer reformas o iniciativas por parte de los ciudadanos a partir del a figura de iniciativa popular, en la que se asienta que dos personas pueden presentar una propuesta.
174
estatales para el impulso de iniciativas populares. La organización y movilización social
estuvo acompañada de una fuerte conciencia social y de una consistente justificación
metodológica para su implementación.
Se elaboraron formatos especiales, se mapearon los distritos electorales, se establecieron
metas de distribución y recolección de firmas y se convocó a las organizaciones de otras
entidades a apoyar el esfuerzo ciudadano. Se dividió el estado en cuatro zonas de 15
municipios cada una y a las cuarenta organizaciones locales participantes se les capacitó para
la realización de los talleres de sensibilización y el levantamiento de firmas.
A partir de agosto los comités, la Pastoral, Mujeres en Lucha por la Dignidad y el CFJG
comenzaron a articularse con otras organizaciones, quienes se unieron a la Campaña por la
Dignidad de Todos y Todas, reconociendo el problema de trata en el estado, promoviendo la
Iniciativa Popular, así como sensibilizando a la ciudadanía frente a la trata de personas.
Periódicamente sostuvieron reuniones para establecer la estrategia, organizar y coordinar las
acciones, evaluar los avances y dificultades.
La Iniciativa popular como movimiento social contó con la participación de 60
organizaciones. De estas organizaciones y grupos 42 son del estado de Tlaxcala. El resto lo
conforman organizaciones y redes nacionales e internacionales quienes se unieron a esta labor
contra la trata de personas, dando respaldo a la iniciativa local y colaborando financieramente
para la realización de diversas acciones.
Sumando acciones a estas organizaciones estuvieron los grupos de salud de diversas
comunidades, algunos DIF locales, artistas, poetas, músicos, pintoras/es y personas
175
promotoras, quienes igualmente replicaron talleres, divulgaron materiales, asentaron su
firma y colocaron mesas para suscripción de la iniciativa en sus localidades.
La Campaña incluyó actividades de sensibilización en torno a la trata de personas, así como
talleres y pláticas de presentación de las propuestas.56 Las acciones de sensibilización fueron
sumando voluntarios para el posterior levantamiento de las firmas. Se desarrollaron más de
250 talleres de sensibilización en todos los municipios del estado, así como eventos y foros.
Para la réplica de los talleres se construyó una metodología base, la cual se adaptó a los
lugares y público específicos. La acción de las organizaciones estuvo distribuida en 4
regiones: centro-norte, poniente, sur y oriente, conformadas cada una por 15 municipios, en
las que se nombraron responsables de la organización de los talleres, la distribución de tareas
entre las organizaciones participantes y la jornada de recolección de firmas.
Las organizaciones se reunieron mensualmente en la casa de las Hermanas Dominicas para la
preparación de los talleres de sensibilización y la organización de la difusión del material de
la Campaña por la Dignidad de las Mujeres, que después cambió el nombre por la Campaña
por la dignidad de Todos y Todas, una vez que se inició el proceso de recolección de firmas
de la Iniciativa Popular. En estas asambleas se tuvieron los talleres de sensibilización y las
organizaciones los fueron replicando en los municipios y comunidades en los que estaban
organizados. El primer taller tenía como objetivo dar a conocer la problemática de la trata de
mujeres para la prostitución en el estado. El resultado de los mismos arrojó una realidad
abrumadora: la existencia de otros lugares del estado donde se presenta el fenómeno, y
56 Se editaron tres folletos con los cuales se dieron a conocer las propuestas durante la etapa de sensibilización: a) “¿Que es la trata de mujeres para la prostitución? Campaña por la dignidad de las mujeres”, CFJG- MLD, México, 2007; b) “Agenda Legislativa y de Políticas Públicas sobre Trata de Personas, Campaña por la dignidad de las mujeres”, CFJG-MLD, México, 2007; y c) “Iniciativa Popular para que se reconozca el delito de trata de personas en tlaxcala, Campaña por la dignidad de todos y todas”, CFJG y 60 organizaciones, México, 2007.
176
testimonios de violencia hacia las mujeres como causa principal de discriminación en las
comunidades. El segundo taller dio a conocer las propuestas en términos generales, tanto de
políticas públicas como las legislativas. Con ayuda de videos, folletos y técnicas de educación
popular, las organizaciones replicaron los talleres en escuelas, comunidades, barrios,
organizaciones sociales, espacios organizados de desarrollo social, como comités, comisiones
o juntas diversas.
Para complementar y facilitar las acciones de sensibilización, así como la difusión del
problema y las actividades realizadas, se elaboraron trípticos, folletos, volantes, carteles con
información respecto a la problemática, las propuestas y las acciones, y se reeditaron las
publicaciones que contienen las investigaciones realizadas por el Centro Fray Julián Garcés
respecto al tema.
Así, el Espacio de Mujeres en Lucha por la Dignidad desató el proceso organizativo para la
iniciativa popular, contando además con la movilización de voluntarios(as) y ciudadanos(as)
en el levantamiento de las firmas. Entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre se propuso
insertar la Iniciativa Popular en el marco de la Campaña Internacional “16 días contra la
violencia hacia las mujeres”, montando una carpa en el zócalo de la ciudad que desarrolló
actividades artísticas y culturales y levantó las firmas de las personas asentadas en la capital
del estado, hasta el día 3 de diciembre.57
57 CFJG, Grito de un pueblo en movimiento, Sexto Informe, CFJG, México, 2006. “La Campaña por la Dignidad de Todas y Todos, con la que se impulsamos la Iniciativa Popular, la insertamos en la Campaña Internacional 16 días contra la violencia hacia la mujer, denunciando más en específico la trata de mujeres para la prostitución en Tlaxcala. Así, del 25 de noviembre (Día Internacional Contra la Violencia hacia la Mujer) al 10 de diciembre (Día Internacional de los Derechos Humanos) instalamos una Carpa frente al Palacio de Gobierno, donde llevamos a cabo cotidianamente actividades de sensibilización y promoción, así como recolección de firmas de la Iniciativa Popular”, op. cit. pp. 96-97.
177
Los momentos fuertes de suscripción de la Iniciativa fueron el 25 de noviembre, momento en
que se colocaron mesas de recolección en por lo menos 58 municipios, y el 3 de diciembre
con mesas en gran parte de las parroquias de la diócesis.
Durante los 16 días se realizaron foros, conferencias, actividades académicas, artísticas y
culturales, exposiciones de pintura, presentaciones de libros, donde participaron tanto
compañeras y compañeros del estado, como integrantes de organizaciones nacionales e
internacionales, poetas y cuentistas.58 El 10 de diciembre se cerró con una conferencia por
parte del padre Miguel Concha, luchador social que dirige el Centro de derechos humanos
Fray Francisco de Vittoria. A su vez, él, en conjunto con los padres de la Pastoral de Derechos
Humanos, celebraron una Misa con la presencia de diversos grupos en el zócalo de Tlaxcala.59
Se levantaron más de 25 mil firmas ciudadanas, 23 mil 973 de las cuales se entregaron en el
Congreso con la presencia de una notaria, acompañando la Iniciativa Popular. En un inicio, la
comisión organizadora se había planteado reunir por lo menos 4 mil, basándose en
legislaciones de otros estados, pero se superó con mucho por la participación de la ciudadanía
en la recolección de las firmas.
58 Personajes de las organizaciones civiles y de la vida cultral tlaxcalteca partciparon dando su respaldo como, como Citlali Xochitiotzin, Alán Cervantes, Alejandro Ipatzi y Enrique Ezeta; cantantes como André Torres, Eduardo Tejeda, Adriana Banda, Irving Cano, Óscar Acosta, Jorge Balbuena, Ángel Leyva, los grupos Branca Luá, escuela de música ET y Radiónicos-Folk; teatro con la participación de Espejo Ilusión, Elia Castro, Tlaloque-Apizaco, Teatrubu y grupo Contarte de títeres; grupo de Danza Santa Cruz. Entre las y los conferencistas estuvieron Francisco Cervantes Islas (Corazonar), Rossana Ines Castellanos, Arturo Requesens (Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DH), Pilar Muriedas (SIPAM), Teresa Ulloa (Coalición contra el tráfico de personas), Pilar Berrios y Ana Ma. Salazar (CAM), Laura Salinas (UAM), Emiliene de León (Semillas), entre otras. (Cfr. Programa de los 16 días contra la violencia hacia la Mujer, mimeo) 59 En su informe ya mencionado, el Centro Fray Julián Garcés en voz de su Directora, Liz Ivett Sánchez Reyna señalaba “La disposición de quienes participaron, el respaldo que proporcionaron, la integración de artistas en la Campaña quienes externaron su compromiso y apoyo a la Iniciativa es motivo de alegría, porque alegría es saber que las redes solidarias, las redes organizadas, las redes ciudadanas se extienden”.
178
El día 7 de diciembre la Iniciativa convocó a la movilización ciudadana para la entrega de
firmas al Congreso del Estado y al Palacio de Gobierno. El gobernador no recibió al
contingente, pero los diputados lo hicieron luego de la presión de las más de mil personas
reunidas fuera del Palacio Legislativo.
Por otro lado, los medios de comunicación estuvieron presentes durante los 16 días de la
Campaña en la que se recolectaron las firmas. Las organizaciones emitieron boletines de
prensa sobre las actividades realizadas,60 y sostuvieron entrevistas en radio y televisión
difundiendo la problemática de trata y motivando a participar en la iniciativa. De igual forma
contrataron espacios en cuatro radiodifusoras locales, en las que se transmitieron espots
diariamente entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, promoviendo la iniciativa popular
y sensibilizando en torno al problema de trata de personas. También publicaron desplegados
en 3 periódicos locales,61 dirigidos a convocar a la marcha del 7 de diciembre, y una
Declaración del 10 de diciembre en el zócalo, en la que se resumían los resultados y se
mostraba la posición ciudadana frente al problema.
A la par de las actividades de la Iniciativa, los miembros del Centro Fray Julián Garcés y de
Mujeres en Lucha por la Dignidad estuvieron realizando actividades de cabildeo con las
autoridades, a quienes convocaron desde agosto 2006 a un seminario para presentar las
propuestas de políticas públicas, donde estuvieron presentes autoridades e instituciones de los
tres niveles de gobierno, siendo convocantes tanto la Organización Internacional para las
Migraciones, como el Centro Fray Julián Garcés. Resultado de dicho Seminario fue la
creación del denominado “Grupo Interinstitucional sobre trata de personas” que sostuvo
60 “… reporteros y reporteras comprometidas con su papel de comunicadoras que transmiten con veracidad el contexto y la información que de ahí se desprende, colocando la voz de la ciudadanía, así como la de las autoridades, permitiendo ubicar las posiciones, acciones y tareas que unas y otros realizamos…” ibid. 61 “Síntesis”, “La Jornada de Oriente” y “El Sol de Tlaxcala”, los días 7 y 11 de diciembre de 2007.
179
reuniones mensuales con autoridades a fin de que se fuera tomando posición y acción por
parte de ellas y de la ciudadanía para enfrentar la trata de personas en Tlaxcala. En dichas
reuniones se mostró una aparente voluntad de las instancias de gobierno de actuar para
enfrentar la trata de personas, sin embargo, los vacíos en esta materia, tanto en las políticas
públicas como en la legislación, así como la corrupción ministerial en ciertos casos concretos,
dificultaban el diálogo. Sin embargo, durante el proceso de la promoción de la Iniciativa se
tuvieron pláticas con diputados y diputadas locales, así como con una senadora por Tlaxcala,
previo a la entrega de las firmas.
Con flores y firmas el 7 de diciembre, en una marcha ciudadana en la que participamos
diversas organizaciones locales y algunas nacionales llevamos al Congreso del Estado la
Iniciativa Popular, acompañada de 23 mil 973 firmas recopiladas hasta ese día.
La Iniciativa fue recibida en “el vitral” del Congreso Local, por una comisión de diputadas/os
(el Secretario Parlamentario, el Presidente de la Mesa Directiva, el Presidente de la Comisión
de Puntos Constitucionales y la Presidenta de la Comisión de Equidad y Género) que recibió
al conjunto del contingente, luego de la presión ejercida desde las afueras del recinto. La
entrega de las propuestas de reformas al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales
se realizó con la presencia de los medios y de la Notaria Pública No. 2, Lic. María Elena
Macías, acordando que se le daría lectura en el pleno de la sesión del 12 de diciembre.
Por su parte, el ejecutivo en la persona del Secretario de Gobierno Sergio González citó a las
organizaciones el 14 de diciembre, fecha en la que se le entregó la iniciativa en lo
correspondiente a la propuesta en materia de políticas públicas, junto con una copia de las
más de 23 mil firmas.
180
En términos generales los resultados de la iniciativa fueron la participación ciudadana con
firmas de todos los municipios del estado, como lo veremos en el capítulo siguiente. Una
acción colectiva que en conjunto presentó su fuerza para transformar la legislación y
contribuir a hacer de la trata de mujeres para la prostitución un problema público en el estado.
Así, la construcción de una agenda legislativa y sus consecuentes propuestas de reforma o
elaboración de leyes y reglamentos parte del reconocimiento del problema público sobre el
cual se quiere legislar. En muy buena parte de los casos nuestros Congresos estatales parten
de la inercia federal para la redacción de las propuestas de ley o reformas a los códigos civiles
y penales estatales. La exposición de motivos de tales propuestas resaltan el hecho como un
aspecto generalizado y reconocido por otros estados, exhaltando en muchos de los casos la
“vanguardia” a nivel nacional que esto represente en la discusión de temas públicos, y no la
problemática en sí como se presenta a nivel local y nacional.
Esto trae consigo consecuencias graves a la hora de homologar las legislaciones o establecer
criterios diferenciados que posteriormente tienen que ser reformados. Este fenómeno es de
particular importancia en la legislación contra la violencia hacia la mujer, pues si bien por un
lado la inercia federal y la exigencia hacia los estados ha provocado definiciones importantes
a nivel legislativo y de políticas públicas, como las leyes contra la violencia familiar y los
Institutos Estatales del Mujer, la tendencia siempre es a calcar las disposiciones federales, sin
una discusión y estudio de la problemática que se vive y la forma como se manifiesta este
problema público.
181
La Iniciativa Popular como tal se construyó en base al análisis e investigaciones ya señaladas,
con la intención de, además de denunciar, proponer de manera fundamentada y seria
cuestiones muy concretas para erradicar la trata. La elaboración de propuestas legislativas y
de políticas públicas es un trabajo que sin duda, corresponde a legisladoras/es y al gobierno en
general; sin embargo frente a la ausencia de acciones gubernamentales, las organizaciones de
la sociedad civil elaboraron las propuestas presentadas, revisadas, complementadas y
aumentadas de acuerdo a la evolución del marco normativo nacional e internacional, de la
revisión de las estructuras y programas públicos, así como de la evolución de la situación y
necesidades concretas de la población en Tlaxcala.
La Iniciativa Popular, tal y como la diseñaron las organizaciones, contiene dos paquetes de
propuestas que se llevaron a la Legislatura local y al Gobernador del estado:
a) Propuesta de reformas y adiciones al Código Penal del estado de Tlaxcala, para introducir
el delito de Trata de Personas y establecer agravantes en delitos conexos (bigamia, privación
ilegal de la libertad, corrupción de menores, amenazas). Asimismo, se propuso reformar el
Código de Procedimientos Penales, para que el delito de trata de personas sea considerado
como delito grave.
b) Propuestas de reformas estructurales, normativas, operativas de diferentes instituciones
públicas como el IEM, la CEDH, la PGJE, el DIF, con el fin de crear políticas públicas de
atención integral al problema (prevención, protección a víctimas, sanción y erradicación).
De esta manera el documento presentado al Congreso del estado de Tlaxcala el 7 de
diciembre, junto con las 23 mil 973 firmas ciudadanas recopiladas hasta esa fecha, incluye los
182
siguientes apartados: a) Presentación y fundamentación de la iniciativa; b) Exposición de
motivos; c) Propuesta de reformas y adicciones al Capítulo III y artículos 170, 171, 172 y 173
del Código Penal del estado de Tlaxcala; d) Adiciones a los artículos 232, 235, 240, 245 del
Código Penal del estado de Tlaxcala; e) Reformas y Adiciones al artículo 93 del Código de
Procedimientos Penales del estado de Tlaxcala.
Por otro lado, las propuestas presentadas al Ejecutivo pueden resumirse de la siguiente
manera:
• Establecer Convenio Interinstitucional de Cooperación entre las entidades.
• El Instituto Estatal de la Mujer habrá de transformar el Subprograma de Atención Integral
a la Violencia Familiar por un Programa de Atención Integral a la Violencia hacia la
Mujer y la Familia, transformando a su vez la Unidad de Atención a la Violencia Familiar
(UAVIFT) por una Unidad de Atención Integral Violencia hacia la Mujer y la Familia
(UAVIMUF) y creando otra en el sur del Estado por ser donde se encuentra más fuerte la
problemática de trata.
• Desde el IEM se crearía el Refugio para las personas víctimas de trata, y tendrá atención
médica, psicológica y de trabajo social.
• Desde la Procuraduría General de Justicia del Estado se creará una Fiscalía Especializada
para atender la problemática de trata de personas para la prostitución.
• La Comisión Estatal de Derechos Humanos precisaría reconocer la trata personas como
una violación a derechos humanos, fundamentándose en los instrumentos internacionales
que lo avalan, atendiéndose los casos en las visitadurías, o bien en una Visitaduría
Especial.
• La Procuraduría para la Defensa del Menor, la Mujer, la Familia, el Indígena canalizará
los casos de trata de mujeres a la Fiscalía Especializada.
183
• Desde el IEM, la CEDH y el DIF se focalizará la estrategia de difusión de los derechos de
las mujeres en la zona donde se acentúa el problema de trata para la prostitución,
incluyendo la difusión del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de
Personas especialmente Mujeres y Niñez.
De esta forma, la Iniciativa Popular se inscribe más que como un instrumento de participación
ciudadana establecida en las leyes,62 como una movilización social- ciudadana que trata de
incidir en lo público, en la legislación, en la opinión pública, en el ejercicio de ciudadanía, en
las políticas públicas y hasta en las concepciones de una nueva eclesialidad, como veremos en
el capítulo siguiente.
A lo largo de este capítulo hemos visto cómo la Iniciativa Popular responde a un proceso de
acción colectiva que va gestando una experiencia de incidencia, primero, al identificar las
claves del problema social que se presenta en mujeres que se ven violentadas en su vida
cotidiana por un conjunto de prácticas que tratan de penetrar en el mundo de la vida,
institucionalizando en la familia, en la comunidad y en la normalidad pública, prácticas de
mercado que tienen como premisa la explotación de mujeres y niñas para compra-venta de
placer sexual. Desde este punto de vista, las personas y colectivos que viven esta situación se
dan a la tarea de investigar el fenómeno desde un punto de vista local y global, encontrando
sus conexiones con la trata de personas y la violación a los derechos humanos. Esta acción
colectiva, que involucra a las víctimas, familiares, comunidades, grupos organizados en
comités de derechos humanos, actores eclesiales, sociales y académicos, van construyendo,
62 “La Iniciativa Popular, sin embargo, va más allá de la sola tipificación del delito de trata: su origen es más amplio, su acción y resultados son diversos, mientras que sus objetivos son supremos y se multiplican. La cuestión final es erradicar la trata de personas y sabemos que la legislación no solucionará en sí el problema, sabemos que son muchos los aspectos que hay que abordar y transformar, pero consideramos que la tipificación del delito es un punto importante y necesario de avance. Con ese planteamiento hemos caminado las organizaciones, grupos y personas que impulsamos la Iniciativa Popular.” Ibid.
184
sobre la base de una perspectiva ética un nuevo discurso, una denuncia y una propuesta. A lo
largo de los seis años, la acción colectiva está impregnada de una estrategia de incidencia que
logre movilizar las conciencias de la población, obligue al Estado a actuar en consecuencia
con sus compromisos de garantizar la vivencia de los derechos humanos y a desactivar el
contubernio de quienes ejercen el poder y se ven beneficiados por el dinero.
La Iniciativa Popular, más que una propuesta, es la expresión de una acción colectiva que a
través de una estrategia de multiplicación y descolonización del mundo de la vida se fue
transformando en un movimiento social-ciudadano con personalidad propia, creando una
cultura contra-hegemónica y mecanismos de solidaridad social, a través de un mecanismo
sencillo y de simple aplicación: la estampa de una firma, cuyo significado es la toma personal
de una posición ética frente a un problema de magnitudes aberrantes, y la aceptación de
sumarse a un movimiento que denuncia, exige y propone al Estado que regule las fuerzas de
un mercado de la desmesura.