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Campos en movimiento. Tendencias de acciones colectivas de pobladores rurales en

Colombia.

Flor Edilma Osorio Pérez

floredyosorio@gmail.com

Profesora investigadora Departamento de Desarrollo Rural y Regional, Facultad de Estudios

Ambientales y Rurales, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. Trabajadora Social,

Magistra en Desarrollo Rural y Doctora en Estudios Latinoamericanos.

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Resumen

El texto busca caracterizar y analizar las tendencias de un número significativo de acciones

colectivas contemporáneas de pobladores rurales en Colombia (158), con énfasis en los

últimos quince años –transcurso del nuevo siglo-, que ponen en evidencia experiencias de

protestas y propuestas que han desarrollado diferentes grupos sociales que habitan el campo

colombiano. El estudio se inscribe en un proceso muy articulado entre docencia e

investigación y constituye una oportunidad para dar cuenta de actores y acciones

tradicionales y emergentes; a la vez, permite comprender los campos de demandas los cuales

articulan problemas, necesidades e intereses de los pobladores rurales del país.

Palabras claves:

Acciones colectivas, pobladores rurales, protestas, campesinos, indígenas, afrocolombianos.

Abstract

This article characterizes and analyzes the trends of a significant number of contemporary

rural collective actions (158), with emphasis on the last fifteen years, which highlight

experiences of protest and proposals developed by different social groups that live in the

Colombian rural areas. This study is part of a very articulated process between teaching and

researching and it is an opportunity to show traditional and emerging actors and actions; also,

it allows to understand the demand fields, which articulate problems, needs and interests of

the rural people in the country.

Key words:

Collective actions, rural people, protests, peasants, indigenous, afro-descendantsAbstract

Campos en movimiento. Tendencias de acciones colectivas de pobladores rurales en

Colombia

Apolíticos, prepolíticos, apáticos, conformistas y resignados1, son algunos de los calificativos

con los cuales se ha reconocido y se sigue subvalorando el papel político de los pobladores

rurales en la vida nacional. Si bien en algunos países de América Latina esta mirada

displicente es menos generalizada, su prevalencia empequeñece su carácter de actores

políticos y refuerza a su vez el lugar privilegiado de vanguardia política autoasignado a la

ciudad, que concentra los espacios del conocimiento, la tecnología, las decisiones y del poder

en todas sus expresiones y dimensiones (Zibechi, 2007). Alrededor de estos atractivos

condensados en pocos lugares, las poblaciones se han concentrado de manera rápida en busca

del espejismo de la ciudad articulados al sector terciario, mientras lo agropecuario se relega

a una actividad marginal y poco atractiva (Bolívar Echevarría, 2013, Malassis 2004). Así, se

1 La afirmación sobre el carácter prepolítico de la acción colectiva de los campesinos fue propuesta por Quijano en tanto

etapa que no buscó la modificación de la estructura de poder (2000). Las otras afirmaciones se registran en diversas fuentes

que señalan la subvaloración política del sector rural (Cf. Malassis, 2004, Zibechi, 2007, Cinep, 2013)

3

han configurado sociedades urbanocéntricas que marginalizan lo que esté por fuera de sus

estrechas fronteras y que va replicando dinámicas de exclusión en círculos concéntricos en

función de las distancias, reproduciendo un prejuicio profundamente interiorizado que

inferioriza, estigmatiza y excluye a esos otros a los cuales, usualmente, desconoce. También

al interior de las urbes se construyen periferias habitadas por quienes provienen de zonas

rurales, algunos con la ilusión del progreso otros huyendo de la guerra. “La gran ciudad

capitalista se considera a sí misma absoluta, necesita del campo pero solo como apéndice

suyo. Se plantea a sí misma capaz de improvisar un campo artificial hecho a su medida”

(Echeverría, 2013:76).

En medio de espacios jerarquizados derivados de las economías-mundo quienes habitan el

campo también se incomodan y subvierten ese lugar asignado. Un movimiento permanente,

a veces imperceptible, de pobladores rurales marcado por acciones contestatarias, dinámicas

organizativas y prácticas diversas, permite corroborar su vigencia como actores políticos

concretos; desde lugares particulares intentan transformar sus territorios, mostrando también

su capacidad para proponer y avanzar hacia procesos de orden regional y nacional. Reconocer

y caracterizar las tendencias de esos procesos es el propósito de este texto que caracteriza y

analiza tales dinámicas a partir de un compendio de casos documentados2 para poner en

evidencia, tanto ciclos de protesta que recogen inconformidades acumuladas, como espacios

colectivos modestos para resolver pequeños y grandes problemas de su vida cotidiana; unos

y otros constituyen ejercicios de participación y fortalecimiento del ejercicio político.

El estudio en el que se basa este artículo, se inscribe en lo que Hall denomina método de

empirismo teorizado, que retiene la referencia empírica concreta como un “momento”

privilegiado para la reflexión teórica (Hall citado por Grossberg, 2006). Lo concreto que aquí

se estudia son las prácticas políticas de la población rural en Colombia, a través de acciones

colectivas con sus expresiones diversas; cada caso encarna una “condensación de

diferencias” siendo a la vez una “unidad articulada” a otras (Ibíd., 2006:48). Por lo mismo,

una práctica política “no es nada por sí sola (…) sino dentro de una serie de relaciones” (Ibíd.,

2006:49). El texto se divide en tres secciones que se ocupan de la caracterización de las

acciones colectivas, la definición de los campos de demandas de tales acciones y el análisis

de las tendencias más relevantes de este rico compendio de protestas y propuestas de

pobladores rurales en Colombia.

1. Caracterización de la base empírica

2 Se trata de un análisis realizado durante el semestre sabático de la segunda mitad de 2014, a partir de una base empírica

de 158 acciones colectivas rurales, ACR, documentadas por estudiantes de la Maestría en Desarrollo Rural de la Universidad

Javeriana, en la asignatura Problemas Rurales, entre 2009 y el primer semestre de 2014. Este ejercicio que es transversal al

curso ha ido tomando fuerza en la medida en que se constituye en una posibilidad concreta de discutir la relación teórico

empírica de frente a problemas específicos que viven pobladores rurales del país y sus prácticas políticas para manejarlos.

En el marco de una profunda articulación entre docencia e investigación, una parte importante de las discusiones

conceptuales que aquí se plantean se tejieron en clase con las y los estudiantes y fueron objeto de largas conversaciones con

Juan Guillermo Ferro, colega con el cual comparto este curso desde hace algunos años. Sin embargo, la responsabilidad del

texto y sus posibles yerros, es solo mía.

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Ciento cincuenta y ocho casos componen esta base empírica3 cuya selección fue fruto de

decisiones individuales de igual número de estudiantes.4 Cuantificar las características de

esta base no es simple dado que se trata de analizar experiencias de acción colectiva

construidas por actores sociales específicos; son procesos sociales situados en tiempos y

espacios concretos, con historicidades, relaciones, cambios, aprendizajes y búsquedas. Buena

parte de los aspectos relevantes para caracterizar estos procesos difícilmente pueden captarse

en un dato concreto e inequívoco para su cuantificación, pues los procesos tienen múltiples

cambios en sus protagonistas, adversarios, escalas, relaciones, alianzas, conflictos y

demandas. Difícilmente de dejan atrapar en categorías, estáticas por naturaleza; los datos

ilustran un momento específico, a veces muy fugaz de su proceso. Recoger los cambios,

historia y proyecciones exige acudir a una narrativa que recoja esas historias, la génesis y

avatares de tales procesos, la cocina de la acción colectiva, en tanto permite comprender los

detalles internos de sus decisiones y de su devenir.5

La acción colectiva es entendida aquí como una experiencia social que involucra a un grupo

de personas, -en este caso pobladores rurales en toda su diversidad-, con un propósito

específico orientado a resolver una dificultad, exigir la garantía y cumplimiento de un

derecho, confrontar un trato indigno o expresar un desacuerdo por una situación que afecta

sus vidas. En tanto categoría genérica, recoge diversas formas y expresiones del actuar

colectivo que van desde hechos específicos de corta duración, hasta procesos organizativos

de mediana y larga duración y también movimientos sociales que, actuando en red, aglutinan

diversos actores y espacios colectivos. Incluye desde acciones claramente contestatarias,

como organizaciones y prácticas políticas cotidianas que buscan deslindarse del modelo

hegemónico.

Veinticinco de los treinta y dos departamentos del país tienen acciones colectivas rurales y

rural-urbanas en este estudio, lo cual muestra una amplia distribución nacional de la base

empírica.6 La gran mayoría de casos (79%) tiene una temporalidad definida entre el 2000 y

2014 para su génesis o desarrollo, lo cual refleja que los casos tienen sentido específico para

los estudiantes con referencia a sus vivencias directas. Relacionados con periodos

presidenciales, como un referente macro, la mitad de las acciones (50%) se desarrolló en

tiempos del gobierno Uribe Vélez, especialmente en el segundo mandato, y en el gobierno

Santos una quinta parte (21,5%). Nueve de las experiencias documentadas abarcan

3 Que se corresponde con el denominado muestreo no probabilístico que no pretenden ni representatividad de los casos ni

generalización de los análisis. 4 Los estudiantes seleccionan al comenzar las clases una acción colectiva que les interese y puedan para documentar; en

términos prácticos se insiste en tres aspectos centrales: i) su pertinencia; ii) su proximidad para facilitar el vínculo entre el

mundo laboral y el académico. Los casos se documentan y analizan en términos de sus actores, procesos, territorialidad,

temporalidad, conflictos, entre otros aspectos. 5 El blog Campos en movimiento, que está en construcción, es un espacio virtual que recoge la descripción de los casos y

que busca ser un punto de encuentro abierto para actualizar y analizar estas prácticas políticas. 6 Los ocho departamentos que no tienen documentada una ACR son Atlántico, Caldas, San Andrés y Providencia, Sucre,

Guainía, Vaupés, Vichada y La Guajira. Ello no significa que en esas regiones no se hayan dado acciones colectivas rurales,

sino que no fueron consideradas por los estudiantes.

5

temporalidades que van entre una década y un siglo. En términos de escalas, tenemos que

algo más de la mitad (54%) de los casos se da en una esfera local, en segundo lugar está el

ámbito regional (39%),-usualmente departamental-, y muy pocas (8%) son de orden nacional.

La diversidad de actores protagonistas de acciones contestatarias y organizativas es muy

relevante: campesinos (34%), pobladores (21,5%), indígenas (9%), productores diversos que

recoge a mineros, pescadores, ganaderos, paneleros, carboneros y empresarios (9%),

desplazados (7%), afrodescendientes (6,3%), actores varios que incluyen habitantes e

instituciones (5,7%), mujeres (3,2%), alianzas interétnicas (2,5%), empleados (1,3%) y

jóvenes estudiantes, un solo caso (0,6%). Esta diversidad registrada en la base empírica se ha

agrupado bajo la categoría de pobladores rurales. Con las restricciones que puede tener tal

categoría, su valor más importante para este estudio tiene que ver con el carácter de habitar

el territorio, que implica cierta construcción de vecindario, de solidaridades, de reglas

comunes, apropiación de recursos, de resolución de necesidades colectivas, entre otros

aspectos, que con diferentes alcance va configurando memorias comunes.

Las identidades autoreconocidas que entran en juego en estas experiencias son diversas y se

tejen en el marco de alianzas y confrontaciones derivadas de los modelos económicos y de

la forma en que se incorporan en el mundo rural. Si bien la categoría de productores podría

asimilarse desde fuera a la de campesinos, ésta no aparece de forma explícita en la

documentación de los casos, quizá porque es una categoría que se torna muy general en

contextos rurales o tal vez por la carga de subestimación que puede tener. Emergen entonces

dos categorías que aglutinan intereses: una tiene que ver con las identidades productivas

como la ganadería, la producción de café, panela, cacao, etc., que afloran como vectores para

agrupar problemas de producción y comercialización similares. La otra se relaciona con las

identidades territoriales que se concreta en la noción de pobladores, es decir quienes habitan

el lugar configurando el vecindario local y regional y, desde esa práctica de habitar un lugar

concreto y común, se articulan como fuerza política. En todo caso, conviene señalar que la

noción de comunidad y de “nosotros” tiene marcadores diversos que dan lugar a fronteras

cambiantes según los conflictos y demandas, las alianzas y oposiciones que estén en juego

(Zibechi, 2007). Dicha delimitación se va reconfigurando como frontera interna que se

delimita no solo frente al adversario sino a su interior, que rompe con la idealización del

campesinado como comunidad armoniosa, libre de disensos y luchas intestinas (Chatterjee,

1997).

Las acciones colectivas de los pobladores rurales recogidas en esta base empírica, configuran

en su devenir territorialidades de reivindicación que se orientan hacia escenarios urbanos; es

decir, sus marchas y protestas siguen trayectorias rural-urbanas y de las regiones a la capital

del país. Esto es, de los márgenes a los centros de poder, allí donde residen los dirigentes y

los funcionarios estatales, destinatarios usuales de las protestas y demandas. Por otra parte,

se configuran otras rutas que tienen que ver con lugares estratégicos locales-regionales; se

trata, por ejemplo, de las vías y pasos claves para el transporte nacional o local, de interés

6

concreto de alguna empresa minera; ello da cuenta de dinámicas de descentralización del

territorio de la protesta. Sin duda, los actores colectivos rurales tienen una clara perspectiva

de la geografía del poder que orienta y marca los lugares ventajosos de reivindicación y lucha

social en diferentes escalas.

En tanto prácticas concretas para lograr los objetivos, encontramos el uso de diversos

repertorios en un mismo proceso colectivo.7 Su sentido contestatario tiene aquí una acepción

amplia,-que va más allá de sus expresiones públicas-, en tanto confrontan situaciones que les

afecta y con las cuales no están de acuerdo discutiendo y proponiendo otras maneras de hacer

las cosas, de usar los recursos, de distribuir el poder. En ese sentido se incluyen y valoran

diversas prácticas y formas de construir y fortalecer acciones colectivas. Cabe recordar que

las expresiones contestatarias tradicionales más evidentes como las marchas, bloqueos y

paros, son la cara pública de un proceso casi invisible, inadvertido, pero muy exigente de

organización y de relación con diferentes actores sociales, estatales e institucionales.

Ajustando la propuesta de Tarrow (1997) identificamos a partir de los casos documentados,

cuatro tipos de repertorios no jerarquizados8: institucionales, disruptivos, de denuncia y

debate y prácticas autoafirmativas

Institucionales: corresponden a trámites y procedimientos que tienen dos rutas: i)

tramitación de sus demandas por los canales regulares del sistema, acudiendo a mecanismos

constitucionales de participación9, que corresponden especialmente a acciones jurídicas; ii)

gestión de servicios y recursos a través de peticiones institucionales, cabildeo y trámite. Si

bien pocos casos precisan los diferentes repertorios que anteceden, por ejemplo, a las

acciones contestatarias, este tipo de repertorios situados dentro del marco burocrático

constituyen la fase preliminar para resolver un problema específico, antes de decidir acciones

disruptivas. Sólo cuando tales trámites resultan infructuosos se acude a acciones de protesta

y presión, acompañadas por la indignación que resulta del maltrato institucional.

Disruptivos: están marcados por una serie de acciones contestatarias explícitas que se

traducen en marchas, paros, ocupación de vías y lugares públicos e instituciones, protestas y

manifestaciones. Incluyen también amenaza de suicido colectivo, huelga de hambre,

desobediencia de pagos, entre otros. Si bien estas expresiones son realizadas de manera

pacífica, en algunos casos devienen en hechos violentos y fuertemente controlados por la

fuerza pública. Como lo precisa Tarrow, descansan “en la incertidumbre puesto que no es

violenta pero amenaza con serlo” (1997:193). Dan cuenta tanto de una madurez en los marcos

7 La articulación y simultaneidad de repertorios con diferente grado de precisión hace profundamente imprecisa su

cuantificación. Pese a esa restricción, se optó por contabilizar todos los repertorios de acuerdo con la información disponible

y a partir sobre esa sumatoria establecer la frecuencia simple. 8 La frecuencia de estos repertorios adolece de distorsiones importantes, dado que buena parte de la documentación no

recoge la información detallada de estos. Se incluye aquí a manera de referencia: Institucionales 13%, disruptivos 31%,

denuncia y debates públicos 19%, y prácticas autoafirmativas 36%. 9 Como tutelas, acciones directas, derechos de petición, demandas, entre otras.

7

de injusticia, como de una exasperación colectiva frente al incumplimiento, la indolencia y

la ausencia de respuesta institucional pública y en algunos casos, privada.

Denuncia y debate públicos que incluye acciones como foros ambientales,

pagamentos10, denuncias en medios de comunicación, mesas de diálogo, entre otros. Buscan

poner en evidencia el agravio y al agraviador ante la opinión pública, con la participación de

redes de movimientos y de ONG en cuyo marco se hacen análisis por parte de expertos, se

discuten y afinan argumentos y se generan espacios de aprendizaje y alianza política. Estos

espacios son claves para legitimar demandas en espacios con credibilidad, pues con

frecuencia las reivindicaciones populares tienden a estigmatizarse como exigencias que no

son propias sino infiltradas por la subversión11.

Prácticas autoafirmativas: son acciones cotidianas expresas que no están orientadas a

un actor externo y que buscan cambios importantes en su ser y quehacer, es decir “construir

un mundo diferente desde el lugar que ocupan ( Zibechi, 2007:92). Incluyen acciones que

caben como economía comunitaria, “que articula un conjunto de conceptos y prácticas

relacionadas con la interdependencia económica”, acciones invisibles y autoignoradas que

conforman una base potencial para proyectos contrahegemónicos (Gibson-Graham,

2011:207). Se expresan en dos vías: i) prácticas de uso y cuidado de recursos: son altamente

contestatarias frente a las prácticas hegemónicas, confrontan el sistema a través de acciones

concretas y cotidianas como la vigilancia y cuidado de bosques, implementación de cultivos

orgánicos, conservación e intercambios de semillas, entre otros. ii) prácticas de

fortalecimiento organizativo, que incluyen formación, discusión y debate de su proceso,

alianzas con otros procesos para tejer redes, todo lo cual permite decantar y consolidarse

como colectivo. Estas prácticas, usualmente invisibilizadas hasta para sus propios

protagonistas (Zibechi, 2007), se inscriben en el campo de las resistencias cotidianas (Scott,

2000) un rico campo de estudio poco explorado.

Detrás de cada uno de estos repertorios hay una comprensión que establece responsabilidades

y responsables de los agravios, relaciones de causalidad, alianzas y adversarios, a veces con

claridades meridianas, otras con confusiones y tergiversaciones fruto de las estrategias de

desinformación, que van definiendo marcos de injusticia (Gamson y Meyer, 1999) y agravios

morales (Moore, 1989).

2. Campos de demanda y propuesta: opción de categorización

Los campos de demanda y propuesta, entendidos como conjuntos de problemas, necesidades

e intereses de suficiente importancia para los pobladores rurales, al punto que en torno a ellos

se configuraron demandas, exigencias, reivindicaciones y propuestas colectivas para

resolverlas. Se definen como sistemas estructurados de posiciones, con reglas y apuestas

específicas, en los cuales se desarrollan luchas y alianzas entre diferentes agentes por un

10 Ritual indígena de agradecimiento colectivo a la naturaleza que se realiza en sus lugares sagrados. 11 Ver al respecto, entre otros, Shunner (2002), Salgado y Prada (2000), Osorio (2009)

8

capital material y simbólico distribuido de manera desigual (Lahire, 2002)12. Dichos campos

fueron la opción analítica para agrupar y comprender con mayor profundidad la base empírica

disponible13. Constituyen, para este caso, espacios sociopolíticos con actores particulares,

que enfrentan unas estructuras de poder específicas, con diferentes recursos en juego así

como ritmos, tiempos y urgencias particulares, en el marco de diversas escalas de acción y

resonancias variadas de legitimidad en la sociedad.

Los campos de demanda y propuesta identificados en este estudio son cinco: i) derivadas de

la guerra, ii) encaminadas a la autonomía, iii) de orden ambiental, iv) de producción y

comercialización agropecuaria, y v) en servicios básicos y condiciones laborales (Ver

Anexo). Las fronteras entre los campos son porosas pues las dinámicas colectivas articulan

demandas plurales pero además, en su caminar y en la medida en que van teniendo logros y

dificultades, van redefiniendo sus intereses, capitalizando aprendizajes y moviendo también

sus propios centros de atención y de interpretación de la realidad. Así, por ejemplo, algunas

demandas que surgen de la guerra se dan en el marco de procesos autonómicos pero hacen

exigencias de orden socioeconómico y a la vez realizan acciones de orden ambiental. Ese

caso, por ejemplo, se situó en el campo autonómico, dado que es el eje más continuo que le

da sentido y orientación a sus acciones y reivindicaciones.

La organización de los casos en campos no busca un desarrollo teórico; es una estrategia

metodológica para agrupar la información en categorías suficientemente amplias, que

permitan identificar las exigencias y cuestiones que interesan y movilizan colectivamente a

los pobladores rurales. Los campos son, entonces, los ejes que articulan problemas,

necesidades e insatisfacciones que los afectan directamente. Cada uno de los cinco campos

de demandas mencionado recoge una serie de acciones contestatarias y organizativas

heterogéneas que se reagrupan a su vez en ejes de afinidad, que son categorías más chicas

resultantes de las semejanzas encontradas (Ver anexo).

Campo de demandas y propuestas derivadas de la guerra: Este campo se caracteriza por

situarse en condiciones límite y sus acciones tienen un carácter urgente. Los pobladores

rurales situados en el filo frágil que separa la vida de la muerte, construyen demandas y

propuestas en medio de condiciones desesperadas y peligros inminentes, sacando valor del

miedo que paraliza y cercados por desconfianzas que impone la lógica de la guerra. Actuar

colectivamente en medio de tales condiciones implica nuevos riesgos y, a la vez, descubrir

posibilidades de resistencia para enfrentar con palabras el poder arbitrario de las armas. Son

siete los ejes de afinidad de acciones en este campo:

12 La categoría de campo propuesta por Bourdieu y también por Elías tiene muchas potencialidades que no se desarrollaron

en este estudio, como la noción de habitus, por ejemplo. La categoría tiene también limitaciones que, siguiendo a Lahire

(2002), provocan diferenciaciones y autonomizaciones artificiales de los campos, además de centrar el lente en los actores

solo cuando están en el escenario del campo y no en los otros espacios en donde se desarrolla la vida y las relaciones. 13 La opción del estudio se orientó a privilegiar esta dimensión; las distintas agrupaciones derivadas de la caracterización

hecha en la sección anterior son un recurso potencial para posteriores análisis.

9

Reclamaciones directas y sanciones a actores armados legales e ilegales por hechos

considerados injustos, como solicitudes a grupos armados de liberación de vecinos y

familiares, y castigo masivo en las urnas a candidatos aliados de tales grupos.

Procesos de volver a empezar en el campo, luego del destierro, en tierras ocupadas o

asignadas por el gobierno, en medio de promesas institucionales incumplidas y aplazadas.

Procesos de retorno de población en desplazamiento forzado a sus tierras.

Protestas por fumigaciones de cultivos de coca por parte del Estado, en medio de la

agresión y destrucción generalizada que provocan, así como de la amenaza para la salud.

Este eje se relaciona estrechamente también con problemas de producción agrícola, pero

los procesos están profundamente marcados por la guerra.

Manejo de duelos y procesos de memoria de víctimas y sobrevivientes, impulsados

especialmente por mujeres.

Protestas masivas contra la guerra y actores armados específicos a través de marchas.

Dinámicas de reconciliación entre pobladores y trabajo en redes a nivel local y regional,

con la participación en entidades nacionales e internacionales.

Un panorama bastante amplio de situaciones deben solucionar pobladores rurales en el marco

de la guerra. Encontramos acciones que se dan en tiempos muy cortos para salvar de la muerte

o del destierro a un vecino acudiendo ante los actores armados que tienen el control, hasta

tiempos largos e inciertos que exigen volver a empezar luego del desplazamiento e incluso

luego del retorno mismo. Los adversarios aquí son los actores armados, incluyendo las

fuerzas militares del Estado, por una parte, y por la otra las instituciones estatales

responsables de responder oportunamente con las acciones y recursos que la ley ha dispuesto.

La desidia y falta de voluntad institucional en muchos casos configura nuevos cuadros de

revictimización de quienes han sufrido los rigores de la guerra (Centro Nacional de Memoria

Histórica, 2013). Tales procesos serán muy importantes en un escenario de posibles acuerdos

con los grupos guerrilleros, pues la gran mayoría de víctimas son pobladores del campo dado

el sesgo rural de la guerra en Colombia (Osorio y Jaramillo, 2015).

Campo de demandas y propuestas encaminadas a la autonomía: construir autonomía

territorial exige cohesión interna, formación política, decisión y prácticas básicas para asumir

las riendas de su vida colectiva. Es, sin duda, un camino de largo plazo con muchos

aprendizajes y tropiezos, con claridades que se van precisando y ajustando en el recorrido y

que pasan también por resignificar su lugar en la sociedad. Las demandas autonómicas, en

términos generales, son vistas con desconfianza por el entorno social y estatal, que ven en

ellas altos riesgos para la unidad social y desafíos a las soberanías construidas; en contextos

de guerra tales recelos adquieren una fuerza mayor que fácilmente las sitúa como enemigos

de la paz, insurgentes y transgresores. Esa visión distorsionada hace más difíciles estos

procesos que profundizan la democracia; la autonomía no es un estado sino un proceso

constante y muy exigente de autogobierno, de democracia directa, de ejercicio de la libre

determinación y también de una mirada crítica frente al curso que toma la sociedad, para

10

tomar caminos diferentes. Los procesos autonómicos son demandas y propuestas que se sitúan

“en el terreno de las resistencias en medio de una correlación de fuerzas históricas muy

desventajosas para el grupo que reclama. Es un grito de cansancio y de hartazgo de una situación

que no se modifica y que incluso pasa por el juego retórico de compromisos, planes y normas”

(Osorio y Barrera, 2013:249).

Son cuatro los ejes de afinidad que corresponden a experiencias de diversos actores, los cuales

tienen en el país reconocimientos normativos diferentes de sus procesos autonómicos:

Experiencias campesinas que, en la mayor parte de los casos, son asociaciones que

agrupan varias comunidades en poblaciones diferentes y, en otros, son comunidades muy

localizadas. La Zona de Reserva Campesina, ZRC, es la figura formal que poseen los

campesinos, una figura con restricciones y muy estigmatizada que, sin embargo, está

gestando ejercicios de resistencia a la homogenización y en defensa de la vida y de la

existencia de diferentes opciones de territorialidad. Además de ésta figura, encontramos

otras experiencias que no se inscriben en una figura formalmente establecida, sino que

desarrollan prácticas autonómicas, como la Comunidad de paz de San José de Apartadó

y el colectivo de Las Pavas, ambas muy afectadas por actores armados, que han

emprendido caminos importantes de resistencia y que desde esa situación límite han

creado ejercicios cotidianos emancipatorios.

Experiencias indígenas que cuentan con la figura formal de los resguardos; incluyen además

de un territorio físico la potestad de ejercer gobierno y justicia propia, así como recursos

económicos que le transfiere la nación.

Experiencias afrodescendientes que, a partir de la Constitución de 1991, cuentan con el

reconocimiento del derecho a un territorio colectivo sobre el cual tienen un manejo relativo

en términos administrativos que les permite configurar un gobierno propio sin

transferencia de recursos económicos.

Experiencias diversas que van desde procesos de construcción de municipios, como división

administrativa básica, a partir de la fragmentación de otros, hasta demandas que reivindican

empresas como patrimonios regionales. Este eje tiene casos con menos continuidad frente al

ejercicio autonómico, pues si bien han tenido destellos de autonomía, que son los momentos

documentados, éstos han sido pasajeros.

Este campo es en sí mismo muy dinámico, razón por la cual situar aquí algunas experiencias genera

mayores preguntas e incertidumbres. Algunas experiencias han iniciado con acciones

aparentemente funcionales que luego, a partir de su propia práctica y reflexión, van marcando rutas

hacia dinámicas claramente autonómicas. Pero sucede también que algunos casos, pese a

inscribirse en el marco de las figuras autonómicas formales y regirse por ellas, se apartan en sus

prácticas del ejercicio autonómico. Como lo señala Bloch, la autonomía colectiva da forma a lo

(im) posible; se trata de una utopía realizable, una fantasía determinada que implica “un ser-

que-todavía-no-es de naturaleza esperable” (2004: 181), pues todo lo que imaginamos,

11

siguiendo esta perspectiva, es realmente posible aunque no sea objetivamente posible

(Dinerstein, 2013).

Campo de demandas y de propuestas de orden ambiental: es un campo emergente que se

enfrenta a adversarios muy poderosos, legales e ilegales, que requiere alianzas y trabajo en

redes para poderlos confrontar. Los procesos extractivistas tienen en las políticas del Estado

a su mejor aliado; por ello, cambiar el rumbo de tales decisiones tomadas al margen de los

pobladores mismos, es un camino largo y tortuoso. Sin embargo y debido a que los recursos

más afectados son recursos vitales como el agua y la tierra, estas demandas tienen potencial

importante para ganar aliados en el mediano y largo plazo, pero exigen una capacidad de

persistencia. Los ejes de afinidad de este campo son seis, los tres primeros de corte

contestatario y los otros tres de prácticas autoafirmativas que realizan las comunidades

rurales.

Acciones contestatarias contra empresas petroleras.

Acciones contestatarias contra empresas mineras.

Acciones contestatarias contra empresas productoras de energía.

Prácticas autoafirmativas para el manejo y protección del agua.

Prácticas autoafirmativas para la protección de la tierra y los bosques.

Prácticas autoafirmativas para la protección de semillas y el empleo de formas de

producción sostenibles.

El campo ambiental que hemos evidenciado en este estudio se sintoniza con dinámicas

transnacionales que se derivan, precisamente, de nuevos consensos internacionales que han

comprometido las decisiones gubernamentales para facilitar la intensificación de procesos

extractivistas de todo orden, en el marco de un contexto de globalización asimétrico. “El

consenso de los commodities apunta a subrayar el ingreso a un nuevo orden económico y

político, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los

bienes de consumo, demandados cada vez más por los países centrales y las potencias

emergentes” (Svampa, 2011:16). Ello ha provocado una profunda y rápida reprimarización

de las economías, pérdida de soberanía alimentaria, profundización de dinámicas de

desposesión, dominación y despojo. Tales impactos han sido vividos directamente por

pobladores rurales produciendo respuestas de tipo contestatario; a su vez, han configurado

alianzas diversas, algunas muy potentes entre movimientos territoriales y movimientos

ecologistas que marcan un ‘giro eco-territorial’ que ha fortalecido y dinamizado a unos y

otros y que también tiene también expresiones de resistencia de orden transnacional (Ibíd.,

2011).

Campo de demandas y propuestas en producción y comercialización agropecuaria: Las

condiciones de producción agropecuaria y el acceso a servicios básicos constituyen las

demandas más frecuentes y también las más tradicionales. Como lo refiere Salgado y Prada

en el estudio de la protesta campesina entre 1980 y 1995, “la protesta muestra que los

campesinos no han pedido otra cosa que el mismo tipo de apoyo y protección concedido a

12

los detentadores del poder sobre la tierra (…) sus protestas han sido por la equidad”

(2000:248). Su frecuencia en el tiempo muestra la deuda vigente en la redistribución de

recursos y servicios con los pobladores rurales del país, atendiendo demandas e intereses

diversos en términos de su escala de producción, recursos y articulación al mercado, en medio

de nuevos desafíos de competitividad en el marco de los tratados de libre comercio, TLC. De

allí que la reclamación para lograr mejores precios en su articulación al mercado ocupe

frecuentes y reiteradas quejas por parte de los gremios. En este campo son cuatro los ejes de

afinidad que muestran escalas diversas de acción.

El paro nacional agrario con sus diferentes expresiones de orden nacional, regional y

local, constituye un espacio contestatario que recoge insatisfacciones de diversos gremios

y, a la vez, da cuenta de la crisis de algunos de estos y de la emergencia de relevos

gremiales. El año 2013 fue el tiempo de convergencia nacional del movimiento

agropecuario para recoger múltiples demandas, si bien primaron las condiciones de

producción y comercialización; con manifestaciones sostenidas de inconformidad que

pusieron en jaque al país y que en su proceso de negociación ha dado lugar a varios

espacios nacionales y regionales de trabajo colectivo (Salcedo et al., 2013).

Paros y acciones contestatarias de gremios con alcance nacional como cafeteros,

cacaoteros y ganaderos que tienen un proceso relativamente consolidado.

Protestas y organizaciones regionales y locales, que se desarrollan en una escala menor.

Consecución de tierras a través de la defensa, compra y gestión institucional de las

mismas.

Este campo tiene un carácter reiterativo que se deriva del incumplimiento permanente de las

promesas que hacen los funcionarios del Estado. Además, las demandas sectoriales se

mueven a ritmos diferentes según medidas económicas e impactos particulares, restringiendo

protestas sintonizadas y fraccionando exigencias frente a los insuficientes recursos. Por ello,

el paro agrario constituye un verdadero ciclo de protesta nacional rural en tanto fase de

intensificación de los conflictos y confrontación en el sistema social, que incluye una rápida

difusión de la acción colectiva de los sectores más movilizados a los menos movilizados; un

ritmo de innovación acelerado en las formas de confrontación; marcos nuevos o

transformados para la acción colectiva; una combinación de participación organizada y no

organizada, y unas secuencias de interacción intensificada entre disidentes y autoridades

(Tarrow, 1997: 264).

El paro agrario no solo logró confrontar al gobierno de turno, sino a las sociedades urbanas;

“todos somos agrodescendientes” fue un lema que expresó solidaridades entre pobladores

urbanos y rurales, alianzas que requieren continuidad.

Campo de demandas y propuestas en servicios y condiciones laborales: este es un campo

tradicional de insatisfacciones que evidencia el saldo negativo acumulado que tiene la

distribución de recursos y de servicios a nivel nacional, como bien se ha señalado en diversos

13

diagnósticos nacionales (PNUD, 2011; Salgado y Prada, 2000). Aquí identificamos dos ejes

de afinidad.

El acceso a servicios básicos que corresponde, en buena parte, al mejoramiento de vías

de comunicación que posibilite y facilite su articulación con los centros urbanos y exigen

una redistribución de recursos permanente y sostenida. Son como pequeñas piedras en el

zapato a las cuales no se atiende oportunamente, que al acumularse van configurando

razones para alianzas de grupos articulados en su calidad de ser pobladores del lugar, con

protestas importantes acompañadas de profunda indignación.

Exigencia de mejoramiento en las condiciones laborales que, si bien tiene una cobertura

restringida dada la poca formalización del empleo rural, exige del Estado un papel activo

de veedor que atienda oportunamente tales conflictos con las empresas.

Este campo tiene la capacidad de activar legitimidades en el orden local y regional dado su

carácter cotidiano y básico, pero difícilmente logra convocar una solidaridad más amplia para

su causa. Las condiciones del campo reflejan la inequidad histórica en la distribución de

recursos como lo ha ratificado el Censo Agropecuario de 2015, manteniendo a sus pobladores

con menores oportunidades y condiciones de vida menos dignas. Esta insatisfacción dispersa

y acumulada constituye un ingrediente latente para articularse y dinamizar procesos de

movilización de orden regional y nacional que, muy posiblemente, formarán parte de la

reactivación de la protesta social que le espera al país en medio de un posible escenario de

postacuerdo con las guerrillas para el cese del conflicto armado.

3. Tendencias relevantes de las acciones colectivas rurales

Este estudio ha puesto en evidencia, una vez más, el carácter móvil y dinámico de las acciones

colectivas, así como los desafíos que ello implica en la construcción de categorías. La

codificación corresponde a hilos, patrones, regularidades, acciones, eventos, que surgen de

los datos y que junto con el hecho de facilitar agrupaciones, silencian procesos particulares

y crean la idea equivocada que lo común es general (Packer, 2013). Su uso generó

cuestionamientos permanentes frente a los riesgos de reconocer e invisibilizar actores y

acciones colectivas, así como de calificarlas y jerarquizarlas aún sin pretenderlo, mientras

reducen y paralizan procesos complejos y cambiantes. La discusión sobre la pertinencia de

las opciones analíticas y las categorías usadas es un ejercicio abierto e inacabado, una

invitación el camino de búsquedas epistemológicas y metodológicas.

De ahí que los campos, pese a su flexibilidad y carácter amplio e incluyente, mantienen

limitaciones para recoger experiencias que en su caminar agregan y complejizan demandas

y, con ello, recrean su acción política. Se trata de un recurso de orden más práctico que

epistemológico que permite situar, en una mirada histórica de largo plazo, la emergencia de

nuevas demandas y la vigencia de demandas tradicionales. Las emergentes, corresponden a

los tres primeros campos de demanda y propuesta: i) las producidas por la guerra, ya

evidenciadas desde la década del 80 (Salgado y Prada, 2000; Shunner, 2002, García Villegas,

14

2005) y que marcan una diferencia clave con las realidades latinoamericanas; ii) las

encaminadas a la autonomía (Uribe, 2004; Osorio y Barrera, 2013; Osorio y Ferro, 2014);

iii) y las de orden ambiental, cuantificadas y analizadas por CINEP/PPP (2013)14.

Junto con las nuevas y viejas demandas encontramos nuevos y viejos adversarios. Los

adversarios emergentes corresponden a empresas nacionales y transnacionales, las cuales

configuran una especie de latifundismo moderno y eficiente económicamente, soportado en

el capital financiero y agroindustrial. “Las propiedades campesinas y las capitalistas son

territorios distintos, son totalidades diferentes, donde se producen relaciones sociales

desiguales, que promueven modelos opuestos de desarrollo (Mançano, 2009). Tales

empresas codician diversos recursos, en particular minero energéticos, con procesos que

despojan a los pobladores de sus recursos vitales, en procesos extractivos profundamente

depredadores; para ello desarrollan prácticas que van desde la violencia hasta la seducción

(Osorio y Herrera, 2012), con mezclas particulares que buscan eliminar, dominar y cooptar

a los pobladores rurales.

Por su parte, el Estado se mantiene como viejo adversario, siempre central en su ausencia e

incumplimiento; con su negligencia histórica y respondiendo a la reivindicación usualmente

con la represión, promueve el paso de acciones colectivas contestatarias a acciones violentas,

a las cuales de manera sistemática reprime de manera abierta y soterrada al amparo de la

impunidad que se deriva de la guerra. El manejo de la protesta como problema de orden

público frecuentemente estigmatizado al ser identificada como señal de alianza con la

subversión ha producido un daño profundo en el ejercicio político de la sociedad colombiana

en general y de la rural en particular. En medio de un círculo vicioso de promesas incumplidas

precedidas de protestas para exigir lo pactado se construye una relación de desconfianza y

deslegitimidad hacia el Estado. Pero hay otras razones graves para sospechar del Estado y

sus funcionarios: las instancias locales y regionales además de repetir círculos viciosos de

clientelismo, corrupción e ineficiencia han resultado cooptados y comprometidos en vínculos

con actores armados ilícitos e ilegales (López, 2010), alianzas que no son ajenas en el nivel

nacional. Es evidente el largo camino que tiene la institucionalidad para ofrecer respuestas

oportunas orientadas a redistribuir oportunidades y recursos para que el campo pueda ser

vivido como una opción digna para la realización personal y colectiva.

Los pobladores rurales, como categoría englobante de la diversidad de actores que habitan el

campo, si bien muestra su pertinencia, demanda continuar su proceso de elaboración en

confrontación con la realidad. No tiene una pretensión de simplificación u homogeneidad de

actores diversos que habitan un lugar y, en ningún caso, descarta conflictos y posiciones

14 Tres son los estudios macro más relevantes: i) el estudio de Salgado y Prada (2000) que se ocupa del lapso 1980-1995;

ii) el estudio de Shunner (2002) que retoma y amplía el primero hasta el año 2000; iii) de manera reciente el Centro de

Investigación y Educación Popular, CINEP/ Programa por la Paz, PPP, (2013) elaboró un documento que analiza las luchas

campesinas y las violaciones de derechos humanos entre 1988 y 2012; vale la pena resaltar que dicha entidad posee una base de datos con archivos de prensa sobre luchas y movimientos sociales, quizá la única del país en su tipo.

15

diferentes y contradictorias, por lo demás, inherentes a la construcción y desarrollo de

cualquier acción colectiva, rural o no. Los disensos son fundamentales para construir los

consensos (Flórez, 2010), los cuales a su vez, no son inamovibles.

Las expresiones políticas de los pobladores rurales que se tejen y construyen en la vida

cotidiana se orientan, en primera instancia, a transformar esa realidad (Zibechi, 2007), y no

siempre se expresan en grandes hechos o manifestaciones públicas, referentes tradicionales

del ejercicio contestatario. Ello no significa que carezcan de marcos de injusticia o del sentido

del agravio moral. Por una parte, un sentido y una capacidad de autogestión que va de la

mano de la autonomía interiorizada, que se acompaña de una profunda desconfianza y

escepticismo políticos. Las respuestas no están afuera sino dentro de sus propias realidades.

Ello no niega ni excluye la voz frente al Estado (Hirschman, 1977), en cualquiera de sus

expresiones, como una forma de rechazar aquello que los agrede y amenaza, confrontando

incluso el miedo a la protesta. Por otra parte, el peso del orden contrainsurgente (Franco,

2009) deja marcas importantes y lecciones de realismo político que llevan a una especie de

autocensura de los pobladores para emprender ciertas acciones como las ocupaciones de

tierra,-solo tres-, pese a estar siendo despojados de la poca que tenían a sangre y fuego. En

medio del despojo que los arrincona en la miseria urbana, las demandas por la restitución de

sus tierras y por el acceso a éstas de parte de quienes no las han tenido, genera nuevos

vínculos y añoranzas con los territorios rurales perdidos.

Un punto de encuentro de todas las demandas recogidas en esta base empírica son las

condiciones de vida, si bien algunos campos las superan. Las demandas por producción y

comercialización, así como por servicios y condiciones laborales, son las más explícitas en

señalar como argumento central el mejoramiento de sus condiciones de vida. Las demandas

ambientales y las de orden autonómico si bien pasan por allí, siguen hacia otros derroteros.

Las demandas derivadas de la guerra, en medio de situaciones límite, con daños, duelos y

pérdidas de magnitudes múltiples y profundas, incluyen obviamente mejoramiento de

condiciones de vida, si bien algunas amplían este ámbito hacia necesidades de orden

psicosocial. Podemos afirmar, entonces, que las demandas de los pobladores del campo se

sitúan entre derechos económicos que exigen distribución de recursos y servicios, al tiempo

que quieren ser reconocidos con dignidad en su diferencia, exigiendo participación activa en

la construcción de la sociedad; redistribución, reconocimiento y participación, como

paradigmas de justicia (Fraser, 2008) subyacen en estas demandas y propuestas, a las cuales

habría que añadir las demandas de reparación, derivadas de la guerra.

En todos los campos de demanda y propuesta está presente la fuerza vital del territorio

(Oslender, 2002). Entendido como la concreción de las relaciones entre la sociedad y la

naturaleza en donde se condensan sus medios y formas de vida, el territorio juega de varias

maneras no sólo como medio de vida, sino como vínculo simbólico en el cual se generan y

recrean identidades, relaciones, prácticas, sentidos y representaciones sobre sí mismos y

sobre los demás; es escenario, medio, motor y fin de luchas y reivindicaciones. Luchas para

16

defender su territorio del despojo de actores armados y empresas con proyectos de orden

minero energético, agroindustrial, turístico, entre otros. Luchas por defender el agua, los

bosques y las semillas. Luchas para reivindicar su territorio como productor y abastecedor

de alimentos. Luchas por tener acceso a servicios que les permitan una vida digna. En fin,

luchas cotidianas por construir mejores condiciones en ese lugar habitado.

El territorio en el cual pobladores rurales construyen acciones colectivas tiene un marcador

importante que define la frontera rural urbana y que, para efectos de los procesos colectivos,

exige superar las limitaciones de acceso y movimiento: dispersión de las viviendas, largos

recorridos, transporte precario y también exigencias de tiempo propias del tipo de actividades

productivas adiciona otras dificultades a las exigencias de actuar en colectivo. Aun sabemos

poco de lo que podría ser un cambio sustancial en términos de los ciclos y repertorios de

protesta derivado del uso de la telefonía celular y las redes sociales, en estas prácticas

políticas en zonas con bajas densidades demográficas. Esos saltos no tendrían que ver

solamente con cambios derivados de procesos de urbanización demográfica (Tilly, 1997),

sino también con dinámicas de urbanización sociológica del campo.

Con dificultades y fragmentaciones y en medio de las adversas condiciones de la guerra que

han silenciado muchas voces y han reducido a sus límites la ya exigua democracia

colombiana, las acciones contestatarias y organizativas rurales mantienen no solo una vida

propia sino que, por momentos, llegan a liderar procesos de protesta y de propuesta en

diversas escalas de la vida nacional. Evitando una mirada ingenua que sobrevalore los

procesos políticos rurales y sus alcances, éste estudio con su delimitado alcance, permite

reconocer y visibilizar la terquedad política de mujeres y hombres del campo para cuestionar

e incluso sacudir el país y, sobretodo, para aportar con su quehacer político, con frecuencia

discreto e inaparente, a cambiar pequeñas cosas. Con sonoros gritos colectivos de

inconformidad y con la persistencia de prácticas autoarfimativas y transformadoras, la “clase

incómoda” a la que se refiriera Shanin (1983), por fortuna, sigue presente, incomodando.

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20

ANEXO

Acciones colectivas rurales según Campos de demandas y propuestas.

Campo de demandas y propuestas producidas por

la guerra Ejes de

afinidad

Casos

Reclamación

directa a actores

armados

Defensa de un poblador ante las Farc, La Macarena, Meta.

Protesta contra falsos positivos y maltrato del ejército, Pueblo Bello,

Cesar

Expulsión del ejército del cerro Berlín por guardia Nasa, Toribío,

Cauca.

Voto contra candidato de las AUC, San Pablo, Bolívar.

Defensa de un líder de ZRC ante el ejército, Morales, Bolívar.

Volver a empezar

luego del destierro

Asociación desplazados del Guaviare, San José del Guaviare,

Guaviare.

Asociación de desplazados por la paz, Florencia, Caquetá.

Asoenmarcha, Organización de mujeres desplazadas, Cúcuta, Norte

de Santander.

Empresa comunitaria familias desplazadas, San José del Guaviare,

Guaviare.

Asociación de desplazados, Socorro, Santander.

Ocupación predio DNE por desplazados, Leticia, Amazonas.

Toma hacienda Bramón por desplazados y otros, Rionegro,

Santander.

Retorno a sus

tierras

Asomutca, Casa de la mujer en retorno, Teorama Norte de

Santander.

Asociación de Campesinos San Isidro, Caquetá.

Asociación Nacional para la Restitución y Acceso a Tierras Tierra y

Vida.

Campesinos de Hacienda La Pola, Chivolo, Magdalena.

Junta de Acción Comunal La Porcelana, Cáceres, Antioquia.

Fumigaciones de

cultivos proscritos

Concentración humanitaria por fumigaciones, Cantagallo, Bolívar

Marchas cocaleras, Caquetá.

Asociación Campesina del Sur Oriente del Putumayo, Acsomayo,

Putumayo

Campamento refugio humanitario, Teorama, Norte de Santander

Marchas cocaleras, Guaviare

Protestas campesinos Bajo Cauca por fumigaciones de coca,

Antioquia.

Duelos y dolores

de la guerra

Madres por la vida, Buenaventura, Valle.

Entretejiendo voces, Buenaventura, Valle

Mujeres Emprendedoras, Pitalito, Huila.

Protestas masivas

nacionales y

regionales

Minga indígena de 2008.

Ruta Pacífica de las Mujeres.

Marcha contra las FARC

Marcha campesina, La Gabarra, Norte de Santander

Marcha en apoyo a ley de tierras, Necoclí, Antioquia

Marcha de ganaderos contra violencia guerrillera, Arauca, Arauca.

Reconciliación

pobladores y redes

Reencuentro Municipios del Alto Ariari por la paz, Meta.

Mesa humanitaria, Meta.

Campo de demandas y propuestas encaminadas a la

autonomía Ejes de

afinidad Casos

Campesinos Asociación campesina de Inzá, Acit, Tierradentro, Cauca

Asociación Agroambiental de la Arboleda, Asoagrar, Arboleda, Nariño.

Comité de Integración del Macizo, CIMA, Macizo Colombiano

Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra Santander, ACVC

Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Apartadó, Antioquia

Coordinación Campesina del Valle del Cauca

Asociación de Campesinos de Buenos Aires, ASOCAB, (Las Pavas) , El Peñón,

Bolívar

Mercados campesinos en el marco del movimiento campesino, Bogotá

Movimiento Nacional Agrario

Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, Teorama, Norte de Santander.

Indígenas Erradicación de coca y saneamiento del territorio por Arhuacos Sierra Nevada de

Santa Marta, SNSM, Magdalena

Asociación de productores agroecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta y la

Serranía del Perijá, Asoanei, SNSM, Magdalena

Pueblo Kogui vs Puerto Brisa, SNSM, Magdalena

Demanda de reconocimiento territorial de Nasa, Puerto Caicedo, Putumayo.

Conflictos internos resguardo Los Pastos, Pasto, Nariño

Protesta U‘wa por explotación petrolera, Norte de Boyacá

Protesta de indígenas Jiw por batallón del ejército, San José del Guaviare,

Guaviare.

Retorno de mujeres Wounaan Juimpubuur, Parque Los Katíos, Chocó

Ocupación finca La Emperatriz por Nasa, Caloto, Cauca.

Territorio Zenú libre de transgénicos, Córdoba

Exigencias de mujeres indígenas a su organización, SNSM, Magdalena.

Fragmentación de Asociación Campesina de resguardos indígenas Medio Baudó,

Chocó.

Quema de la capilla doctrinera, San Andrés de Pisimbalá, Tierradentro, Cauca.

Afros La Sierra lucha histórica por la tierra, Chiriguaná, Cesar.

Consejo Comunitario Alto Mira, Nariño.

Minga Cocomopoca por derecho al territorio, Chocó.

Asociación Campesina Integral del Atrato, Acia, y del Consejo Comunitario Mayor

de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Cocomacia, Medio Atrato, Chocó.

Municipios y

pobladores

Nariño, de corregimiento a municipio, Nariño.

Municipalización de Yondó, Antioquia.

Red de Mujeres Asociación de Lideresas del Pacífico Nariñense, Asolipnar, Tumaco,

Nariño.

Boyacenses contra la venta de Empresa de Energía de Boyacá, EBSA, Boyacá

Protesta de Concejales frente a alcalde, El Tambo, Nariño.

21

Campo de demandas y propuestas de orden

ambiental Ejes de

afinidad Casos

Contra petroleras

Colectivo por la defensa de provincia Sogamuxi, Boyacá.

Asociación de acueductos de Tasco, Boyacá.

Colectivo defensa Valle Saquencipá, Villa de Leyva, Boyacá.

Reserva sociedad civil Villa Paz, Choachí, Cundinamarca.

Federación Regional de Productores Agropesqueros, Ambientalistas y

Mujer Rural FERPAM, Isla Mompox, Bolívar

Bloqueo contra empresa petrolera, San José del Fragua, Caquetá.

Paro cívico contra petroleras, Arauca

Protestas contra petroleras Barranca de Upía, Meta

Contra la minería

Contra la minería en La Colosa, Cajamarca, Tolima.

Defensa del agua y páramo de Santurbán, Santander.

Red de reservas de la sociedad civil, Gachantivá, Boyacá

Contra

productoras de

energía

Asociación Ambientalista de las Hermosas Asohermosas, Chaparral,

Tolima

Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo,

Asoquimbo,Huila

Demanda Consejos Comunitarios río Anchicayá a EPSA, Valle.

Movimiento Ríos Vivos, Antioquia

Pescadores e indígenas afectados por Urrá, Tierralta, Córdoba.

Pobladores afectados por obra de Isagen, Norcasia Antioquia.

Manejo y

protección del

agua

Acueducto veredal San José, Guasca, Cundinamarca.

Junta acueducto La María, San Antonio del Tequendama,

Cundinamarca.

Protesta por uso quebrada Tablanca, Cachipay, Cundinamarca.

Campaña por Rio Pamplonita, Cúcuta, Norte de Santander.

Veeduría Ambiental Charalá, Santander.

Veeduría Ambiental de San Gil, Santander.

Protección de

tierra y bosques

Cabildo Verde vereda Valle de Jesús, Junín, Cundinamarca.

Mesa Cerros Orientales, Bogotá.

Casa Taller Las Moyas, Bogotá.

Asociación de productores y comercializadores campesinos del páramo

de Sumapaz, Asumapaz, Bogotá

Mesa de concertación comunitaria ante la expansión urbana, Usme,

Bogotá.

Serraniagua red de reserva de la Sociedad Civil, Valle

Asociación de Productores Agropecuarios de Puerto Carreño

Asoprodagropc, San Alberto, Cesar.

Manejo de la

producción

Asociación de Productores de Cebolla Limpia de Aquitania, Parcela,

Aquitania, Boyacá

Ecoaldea Varasana, Cundinamarca.

Asociación de Productores Campesinos de Sumapaz –Procampsu,

Sumapaz, Cundinamarca.

Conservación de semillas, Córdoba

Asociación de prestadores de servicios ecoturísticos de Guicán y El

Cocuy, Boyacá

Campo de demandas y propuestas en producción y

comercialización agropecuaria Ejes de

afinidad Casos

Paro nacional

agrario

Paro Nacional Agrario, 2013

Paro Agrario, 2013, Caquetá

Paro Agrario, 2013, Tolima

Paro Agrario 2013, Sibundoy, Putumayo

Gremios nacionales

Cafeteros:

Protestas Dignidad Cafetera, 2011

Paro Nacional Cafetero, 2013

Movimiento Cafetero, Tolima

Paro Cafetero, 2013, Huila

Paro Cafetero, Belén de Umbría, Risaralda

Cacaoteros:

Marcha de cacaocultores a Bogotá

Marcha cacaoteros, San Vicente de Chucurí, Santander

Paro cacaoteros. Cimitarra. Norte de Santander

Ganaderos y lecheros:

Gran marcha nacional lechera, Huila

Protesta nacional de lecheros frente a TLC con Europa.

Pequeños productores de leche contra Fedegan, Boyacá y Cundinamarca.

Asogain protesta contra grandes empresas de leche, Ubaté, Cundinamarca.

No a la chapeta, protesta de ganaderos, Arauca

Otros

productores

regionales y locales

Asociación Agropecuaria del Huila, Asohuila, Huila

Asopanela, Villeta, Cundinamarca.

Asociacion de lácteos Canadá, Encino, Santander

Asociación agropecuaria y lechera de Zipacón, Agrozipacón, Cundinamarca.

Productores de Leche de la Vereda Bojirque, Ventaquemada, Boyacá

Asociación de Mercado Campesino departamental, Asomercade, Bucaramanga,

Santander

Corporación desarrollo solidario integral, Corinto, Cauca.

Asociación de productores de Pamplona, Aspropam, San Vicente Chucurí,

Santander.

Asociación de productores del Medio Atrato, Asoplameda, Bojayá, Chocó

Cooperativa de recicladores de madera para carbón, Coomprencar, Soacha,

Cundinamarca

Asociación Colombiana de viveristas, Citriviveros

Luchas de productores de fique, Nariño

Grupo moreros cantagallos, San Vicente de Chucurí, Santander

Asociación de Patios Productivos de Llerasca , Codazzi, Cesar

Asociación Pequeños Productores Agropecuarios y Comercialización, Aspacodi,

Sesquilé, Cundinamarca

Corporación Mano Cambiada, Nuquí, Chocó

Paro Fidemichocó, Chocó

Protestas de pequeños mineros El Bagre, Antioquia.

Hilanderas de Patios Altos , Encino, Santander

Consecución de

tierra

Cooperativa Agropecuaria de Usuarios Campesinos de Patía, Coagrousuarios, Cauca

Asociación de campesinos de Landázuri Esperanza Campesina Landazureña,

Escaland, Landázuri, Santander

Corporación de educación, ambiente, sociedad y vida, Ceasvid, Landázuri, Santander

Campo de demandas de servicios y condiciones laborales

Ejes de

afinidad Casos

Servicios

Paro cívico 1987, Chocó

Marcha campesina La Gabarra, Norte de Santander

Paro Catatumbo, Norte de Santander

Toma de colegio Vargas Vila, Cantagallo, Bolívar

Movimiento afro, Norte del Cauca, Cauca

Movimientos piernas cruzadas, Barbacoas, Nariño

Bloqueo carretera Gambote, Arjona, Bolívar

Ocupación urbana y protesta de damnificados por invierno, Puerto Wilches,

Santander

Protesta estudiantes, Choachí, Cundinamarca

Reciprocidad veredal, San Mateo, Boyacá

Red de mujeres del Meta

Reasentamiento Boquerón, Jagua de Ibirico, Cesar

Bloqueo de vía por JAC, El Espinal, Tolima

Bloqueo de vías, San Luis de Palenque y Trinidad, Casanare

Condiciones

Laborales

Huelga corteros de caña, Valle

Pobladores exigen empleo a petrolera, Puerto Gaitán, Meta

Trabajadores y comerciantes contra empresa hidrocarburos, Puerto López, Meta

Protesta laboral Cerromatoso, Montelíbano, Córdoba