Datos que justifican cambios laboralesEs deseable mejorar y modernizar las relaciones laborales en Chile, pero no cualquier proyecto que declare perseguir esos propsitos representa un avance. Por el contrario, la reforma impulsada por el Gobierno y la coalicin oficialista tiene demasiados elementos que significarn un retroceso de las capacidades de nuestra economa.Existe evidencia de que el mercado laboral chileno requiere una modernizacin profunda. La baja productividad del empleo (estamos entre los tres pases con las horas de trabajo menos productivas de la OCDE), las brechas salariales entre gneros, que pueden superar el 30%; la baja participacin laboral de las mujeres (48% , muy por debajo del 72% de los hombres), el 22% de jvenes entre 18 y 24 aos que no estudian ni trabajan (la cifra se encumbra al 39% si se calcula en el primer quintil de ingresos), el 12% de los trabajadores que reportan no tener un contrato de trabajo, el 29,5% de los hogares que reportan carencias en el mbito de seguridad social en el trabajo (factor determinante de la alta pobreza multidimensional del pas), una tasa de desempleo juvenil de 24,2% (INE), la ausencia de un sistema de capacitacin que entregue en forma continua las habilidades demandadas, entre otras cosas, ilustran el lastre que est significando nuestro atrasado mercado laboral.Y, sin embargo, no son estos los focos de atencin prioritaria de la reforma laboral de la actual administracin. Por el contrario, esa iniciativa tiene varios aspectos que significarn un retroceso adicional.Pero cules hay que hacer?Uno de esos elementos es el de la adaptabilidad pactada. En principio, la iniciativa permitira a grupos que requieren flexibilidad, jvenes y mujeres, ganarla a partir de la negociacin de horarios y jornadas de trabajo. Sin embargo, tal como lo han planteado diversos expertos, la titularidad sindical, columna vertebral de la reforma que entrega el monopolio de la negociacin colectiva a los sindicatos, pone trabas a la concrecin de dicho objetivo: el sindicato, en los hechos, podra bloquear las demandas de grupos diversos por intereses distintos.Pero esto no parece percibirse como un problema por la autoridad, ya que entre sus objetivos declarados est aumentar la sindicalizacin. De ah la expropiacin de los derechos de negociar por parte de los trabajadores no sindicalizados, algo incomprensible en una economa moderna. Incluso, grupos no sindicalizados que busquen negociar podran ser acusados de promover prcticas antisindicales, para las cuales el proyecto de ley endurece fuertemente las sanciones. A eso es necesario sumar las restricciones para extender los beneficios de la negociacin colectiva a otros trabajadores no afiliados al sindicato.Lo sorprendente es que de acuerdo con la OCDE, Chile cuenta con una tasa de sindicalizacin de 15,3%, cercana al promedio de la organizacin (16,9%), e incluso superior a la de Francia, Estados Unidos y Corea; y de acuerdo con la misma fuente, solamente tres pases en los ltimos 10 aos han aumentado sus tasas de sindicalizacin: Chile, Espaa e Italia. Basta observar el funcionamiento de los mercados laborales espaol e italiano, caracterizados por inmensas rigideces, para advertir la inconveniencia de movernos en su misma direccin.Reemplazo y pisosLa imposibilidad de reemplazar a trabajadores en caso de huelga y la particular definicin de servicios mnimos tambin deben contarse entre los elementos ms negativos del proyecto. Pocas dudas caben de que las medidas tendrn un impacto sobre el empleo y la convivencia dentro de las empresas chilenas.El caso de los pisos mnimos de negociacin es similar. La reforma establece que en caso de existir un instrumento colectivo vigente, sus estipulaciones y beneficios constituyen el piso de la negociacin. As, una empresa que tenga un buen resultado econmico un ao y lo traspase a los trabajadores tendr que extenderlo a los siguientes aos, independientemente de si las condiciones empeoran. Con eso, las empresas perdern su capacidad de ajuste ante condiciones econmicas negativas, lo que afectar su competitividad.En suma, el Gobierno ha optado por impulsar una reforma laboral que busca rigidizar el mercado laboral a travs de la promocin inequvoca y forzada de una mayor tasa de sindicalizacin. Las posibilidades de revisar profundamente el sistema de capacitacin y competencias laborales, la promocin de alianzas entre el sistema de educacin superior y el mundo del trabajo, el avanzar hacia el teletrabajo, el mejoramiento de los sistemas de intermediacin laboral, el diseo de un sistema de aprendices, la revisin de los desincentivos al empleo en nuestras polticas sociales parecen no ser prioridades para esta administracin.Se repite en cierta forma el voluntarismo de la reforma tributaria y educacional, postergando la reflexin profunda sobre los efectos que provocarn en el pas las polticas pblicas que se estn promoviendo.