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Cambios en la seguridad alimentaria en América Latina, de 2014 a 2017

Luna Rezende Machado de Sousa · Arlette Saint-Ville · Luisa Samayoa-Figueroa · Hugo Melgar-Quiñonez

A cabar con el hambre y lograr la se-guridad alimentaria es el objetivo número 2 de los Objetivos de De-sarrollo Sostenible (ODS). No obstante, esto será difícil de lograr porque muchos países enfrentan golpes financieros y políticos im-portantes. Este trabajo evalúa los cambios en el estado de la seguridad alimentaria en América Latina (AL) durante la recesión eco-nómica de 2014 a 2017 en la región. En este estudio transversal se utilizaron los datos de la Gallup World Poll de 18 países en AL (n = 65 146) de 2014 a 2017. El estado de la seguridad alimentaria se midió bajo la esca-la de experiencia de seguridad alimentaria. Se elaboraron estadísticas descriptivas para analizar los cambios en la seguridad alimen-taria y se aplicó una regresión logística para investigar las asociaciones entre la seguri-dad alimentaria y los factores socioeconó-micos e individuales. Los resultados mostra-ron que AL sufrió una disminución significati-va en la seguridad alimentaria (de 51% a 43%) y un aumento en la inseguridad alimentaria moderada (de 13% a 16%) y severa (de 14% a 19%). Sin embargo, El Salvador y Honduras, que se benefician de una estabilidad política y financiera a largo plazo, presentaron una tendencia contraria. A pesar de que la segu-ridad alimentaria disminuyó en Chile y Uru-guay, estos países mantenían las dos preva-lencias más altas de seguridad alimentaria en 2017, con 67% y 62%, respectivamente. Como se ve en otras regiones, la seguridad alimentaria estaba fuertemente asociada a la pobreza, la falta de educación, a tener tres o más niños en el hogar, la falta de apo-yo social y el escaso bienestar. Las mujeres eran más propensas a reportar inseguridad

alimentaria, mientras que las personas ma-yores (60+) lo eran menos. Los resultados destacan que las políticas económicas y so-ciales son necesarias para combatir este de-terioro progresivo de la seguridad alimenta-ria, así como para garantizar el derecho a la alimentación, para que AL alcance las metas proyectadas para 2030.

Introducción

América Latina (AL) ha sido ampliamente reco-nocida como uno de los líderes mundiales en la lucha contra el hambre. Durante el periodo de 1990 a 2014, la Organización de las Nacio-nes Unidas para la Alimentación y la Agricul-tura (FAO, por sus siglas en inglés) reconoció que la región fue la primera en el mundo en reducir a la mitad la relación de personas con desnutrición (FAO 2015). Este indicador de desnutrición se define como “la relación esti-mada de población que no logra alcanzar sus necesidades mínimas de energía alimentaria para una vida saludable” (FAO y OPS 2017). Esta mejora sociopolítica y económica, vista a través de la disminución de la desnutrición, ha sido atribuida a muchos de los compromisos gubernamentales adquiridos para lograr la seguridad alimentaria, definida como el acce-so estable a una alimentación adecuada, du-rante un periodo de estabilidad económica y política (FAO 2015; 2016).

La región experimentó otros avances du-rante este periodo, que incluyeron la reduc-ción de la pobreza y la indigencia, y el logro de la meta relativa al hambre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que era re-ducir a la mitad la relación de personas que la padecen (FAO 2015).

Mientras se celebran estas mejoras, hay preocupación por el debilitamiento econó-mico y político reciente en la región, que po-drían causar retrasos. En AL se observó un incremento en el número de personas con

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Palabras clave: Seguridad alimentaria, América Latina, Escala de experiencia de inseguridad alimentaria, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Epidemiología

malnutrición de 2014 a 2016, lo que se ha atri-buido a la recesión económica (FAO y OPS 2017). Los datos publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han demostrado que, si bien el pro-ducto interno bruto (PIB) total y per cápita de la región aumentó de manera constante de 2009 a 2014, ha presentado declives desde entonces (CEPAL 2017). La recesión econó-mica se ve influida de manera parcial por la caída de los precios de las materias primas energéticas, pero también puede atribuirse a la inestabilidad política y económica que en-frentan algunas de las principales economías latinoamericanas, como las de Argentina y Brasil (FMI 2017; Thomas y Cachanosky 2016; Paula y Pires 2017). Existen signos similares de recesión económica en otros factores ma-croeconómicos, que incluyen aumentos en la inflación, el desempleo y la pobreza (World Bank 2018; CEPAL 2017).

Es motivo de preocupación y un tema de investigación cómo estas disminuciones pueden afectar los logros de la seguridad alimentaria en la región, pues los investi-gadores han demostrado que la seguridad alimentaria tiene fuertes vínculos con el en-torno político y económico (FAO y OPS 2017; Van Hal 2015; Brinkman et al. 2010). Según la literatura, el estancamiento del crecimiento y el incremento en los precios de los alimentos, los bajos ingresos y el desempleo pueden poner en peligro el acceso a los alimentos, y el aumento de la inseguridad alimentaria (IA) sería el resultado (Davis y Geiger 2017; Brink-man et al. 2010). Además de los factores eco-nómicos, la inestabilidad política afecta a la seguridad alimentaria, ya que el entorno po-lítico impacta directamente la economía y los compromisos gubernamentales, así como los tipos de políticas empleadas en el ámbito de la seguridad alimentaria (FAO et al. 2017). Por estas razones, se entiende que el crecimiento económico y la estabilidad política son ma-crodeterminantes de la seguridad alimentaria (Timmer 2005).

Los impactos económicos y políticos afec-tan la seguridad alimentaria de manera dife-rente en todo el mundo. En 2008, el aumento de los precios de los alimentos asociado a la crisis financiera mundial dio lugar a más de 40 millones de nuevas personas hambrientas y un aumento de la IA tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados (Mittal 2009; Davis y Geiger 2017; 2010; 2015). Con una serie de mediciones indirectas, el Pro-grama Mundial de Alimentos constató que la crisis económica de 2008 redujo el consumo de alimentos en los hogares pobres, con ta-sas de 8% en Nicaragua y 26% en Honduras; mientras que en Liberia, la IA grave se duplicó (Brinkman et al. 2010). En Egipto, una quinta parte de la población no pudo satisfacer las necesidades alimentarias diarias requeri-das debido a la falta de recursos financieros (Ahmed 2014). En Europa, el porcentaje de hogares que reportaron no poder pagar por proteínas (carne, pollo, pescado) aumentó significativamente. El efecto en los hogares fue diverso. El más significativo fue en el Rei-no Unido, de 4% a 9% (Davis y Geiger 2017). En Francia, el porcentaje osciló entre 3 y 7, en España de 2% a 6%, en Austria de 2% a 4% y el menor, en los Países Bajos, fluctuó entre 0% y 2% (Davis y Geiger 2017). Si bien estos resultados indican que las perturbaciones fi-nancieras y políticas son una amenaza para la seguridad alimentaria en cualquier región o país, la magnitud del deterioro en este rubro varía según una serie de factores, que inclu-yen el funcionamiento del régimen nacional de bienestar, la intratabilidad de las políticas existentes y los sistemas de protección social (Davis y Geiger 2017).

Si bien los esfuerzos mundiales actuales se centran en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en la elaboración de po-líticas para cumplir con la Agenda 2030, se necesitan investigaciones para orientar las acciones que fortalezcan las políticas exis-tentes y formulen nuevas. En el contexto de los ODS, que se construyen sobre muchos

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de los ODM, el segundo objetivo se cen-tra en lograr la “seguridad alimentaria para todos” (NU 2017). La región de AL experi-mentó logros en los ODM, apuntalados por la estabilidad macroeconómica y política. En contraste, el lanzamiento de los ODS en 2016 tuvo lugar en condiciones económicas desfavorables (FAO 2015; FAO y OPS 2017). A medida que avanza hacia la consecución de los ODS para 2030, el plan de acción de la región debería estar conformado por investi-gaciones basadas en evidencia, con el fin de evaluar cómo ha evolucionado en seguridad alimentaria a partir de la crisis y la magnitud del deterioro, si es que existe. Para llenar ese vacío de investigación, este estudio analizó los cambios en el estado de la seguridad alimentaria en AL en los ámbitos regional y nacional durante la recesión económica de 2014 a 2017, y exploró su asociación a facto-res socioeconómicos e individuales.

Medir la seguridad alimentaria

El concepto de seguridad alimentaria ha evolucionado con el tiempo, así como las herramientas que miden sus dimensiones. En un comienzo, fue descrito como la dis-ponibilidad de alimentos por la Conferencia Mundial de la Alimentación, en 1974, en la que se evaluó la suficiencia de los suminis-tros mundiales de alimentos. Este acuerdo dio como resultado la elaboración de indica-dores enfocados en la disponibilidad de los alimentos, como la prevalencia de la desnu-trición y el gasto alimentario en el hogar (NU 1975). Estas dos medidas se han utilizado ampliamente para evaluar la disponibilidad de alimentos a escala nacional y en cada ho-gar (Pérez-Escamilla et al. 2017; Cafiero et al. 2014); sin embargo, son incapaces de detec-tar la desigualdad en la distribución alimen-taria nacional y en cada hogar (Pérez-Esca-milla et al. 2017; Cafiero et al. 2014).

A mediados de la década de 1970, el concepto evolucionó cuando los estudiosos y practicantes cuestionaron la afirmación de que la disponibilidad de alimentos en un país garantizaba el acceso a ellos (Pins-trup-Andersen 2009). En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, la definición de seguridad alimentaria se amplió para así “el acceso físico y económico a una alimen-tación suficiente, inocua y nutritiva” (FAO 1996). Esta definición hace hincapié en su naturaleza multidimensional y sus cuatro pilares: disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad alimentaria (FAO 1996).

De manera paralela, se desarrollaron otros indicadores para evaluar estas dimen-siones. El indicador de ingesta alimentaria mide el consumo individual de alimentos y cubre la dimensión del acceso. Las eva-luaciones alimentarias, como el retiro de alimentos por 24 horas y la frecuencia de consumo, proporcionan información con un alto grado de detalle sobre lo que se con-sume, pero dependen en gran medida de la memoria de los encuestados. Debido a su alto costo, estas evaluaciones rara vez se incluyen en las encuestas nacionales (Pé-rez-Escamilla et al. 2017; Cafiero et al. 2014). Los indicadores antropométricos, como la prevalencia de la insuficiencia del peso en los infantes, el retraso del crecimiento y la emaciación, que se han utilizado histórica-mente para evaluar el estado de la seguri-dad alimentaria, miden el estado nutricional resultado del consumo y la utilización de alimentos (Pérez-Escamilla et al. 2017; 2014). Es importante mencionar que los indica-dores antropométricos se han utilizado de manera histórica porque son considerados los indicadores de oro. Sin embargo, tienen un carácter indirecto para dimensionar la utilización de los alimentos y en realidad no son indicadores de seguridad alimentaria, pues muchos factores pueden interferir en los resultados del estado nutricional, como las enfermedades.

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Con el tiempo se reconoció que se necesi-taban indicadores rápidos y fáciles para cap-turar la dimensión del “acceso a los alimen-tos”. El acceso fue considerado la dimensión más importante de la seguridad alimenta-ria, porque actúa como un “puente” entre la disponibilidad y la utilización. Este concepto creó el contexto en el que surgieron las es-calas de inseguridad alimentaria basadas en la experiencia (EBFSS, por sus siglas en inglés) (Cafiero et al. 2014). Algunos estudios etnográficos, a partir de la década de 1970, mostraron que la IA ocasionada por la falta de recursos financieros siguió etapas progre-sivas. Comenzaron con preocupaciones por no tener suficiente alimento y avanzaron a la disminución de los alimentos en el hogar, en la calidad y cantidad alimentaria, y por últi-mo a las experiencias de hambre, como no comer durante todo un día (Radimer, Olson y Campbell 1990).

Leroy et al. 2015 hicieron una revisión crítica de los indicadores que cubren la di-mensión de acceso e identificaron nueve indicadores categorizados en estrategias de respuesta basadas en la experiencia y diversidad alimentaria. Los autores confir-maron que las herramientas basadas en la experiencia, como el Módulo de la Encues-ta de Seguridad Alimentaria en el Hogar (HFSSM, por sus siglas en inglés) desarro-llado en los Estados Unidos (EE. UU.), eran relativamente simples y económicas, con alta validez predictiva y confiabilidad (Ca-fiero et al. 2014). Los esfuerzos para afinar la EBFSS dieron como resultado que mu-chos países y regiones formularan sus pro-pias escalas basadas en el módulo HFSSM, como la Escala de Inseguridad Alimentaria Brasileña, la Escala de Seguridad Alimenta-ria Mexicana y la Escala de Seguridad Ali-mentaria Latinoamericana y del Caribe (Pé-rez-Escamilla et al. 2017; Cafiero et al. 2014; Segall-Corrêa et al. 2007). Estas herramien-tas han recibido reconocimiento nacional y regional, lo que ha afirmado que las EBFSS

son el mejor indicador para evaluar la “Inse-guridad alimentaria por limitaciones de re-cursos” (Pérez-Escamilla et al. 2017; Cafiero et al. 2014; Segall-Corrêa et al. 2007).

En fechas más recientes, en un esfuerzo por proporcionar datos comparativos sobre la seguridad alimentaria en todo el mundo, la FAO, mediante el proyecto Voices of the Hungry, desarrolló la Escala Internacional de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES, por sus siglas en inglés) de ocho elementos (FAO 2016). En 2014, un estudio de validación que usó el modelo Rasch mostró el sorpren-dente rendimiento de la FIES en 20 países de AL, África y Asia (FAO 2014). Como resultado, la FIES se incluyó en las encuestas anuales de la Gallup World Poll (GWP) para monito-rear la seguridad alimentaria en más de 140 países (FAO 2016).

Metodología

Datos y diseño

Con el fin de capturar los cambios en la seguridad alimentaria en AL durante la ac-tual recesión económica, se hizo un estudio transversal basado en los datos de la en-cuesta GWP, que cubren los últimos cuatro años: 2014 (n = 17 144), 2015 (n = 16 636), 2016 (n = 16 649) y 2017 (n = 14 717). La GWP apli-ca una encuesta anual en más de 140 países con una muestra promedio de 1000 hogares por país (GWP 2017). La muestra de cada país fue seleccionada por medio de un diseño de cúmulo en múltiples etapas, cubriendo todo el país. En AL, Gallup hizo entrevistas en vivo a personas de 15 años y adultas (GWP 2017). Para asegurar una representatividad nacio-nal, se ponderaron los datos por edad, gé-nero, educación y estado socioeconómico para cada país con base en las estadísticas poblacionales (GWP 2017).

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Resultados y variables de exposición

El estado de seguridad alimentaria medido por la FIES fue la variable de resultado (de-pendiente). La FIES es una escala psicométri-ca que mide el estado de seguridad alimenta-ria de un individuo a partir de sus respuestas a preguntas directas relacionadas con las ex-periencias y los comportamientos asociados a los cambios en la calidad y cantidad de su alimentación, así como de sus experiencias de hambre, como el saltarse las comidas o no comer por un día entero por falta de re-cursos (FAO 2016). Las ocho preguntas de la FIES (mostradas en el Cuadro 1) abarcan un periodo de referencia de 12 meses antes de la entrevista y requieren respuestas cerradas de “sí” o “no” (FAO 2016). Cada respuesta po-sitiva recibe un punto y el total se utiliza para clasificar el estado de seguridad alimentaria de los encuestados. Los umbrales se basan

en las siguientes categorías: 0 “Alimentación segura”; de 1 a 3 “Inseguridad alimentaria leve”; de 4 a 5 “Inseguridad alimentaria mo-derada”, y de 6 a 8 “Inseguridad alimentaria grave” (FAO 2016).

En el caso de Brasil, el estado de seguri-dad alimentaria de los encuestados se midió con las primeras ocho preguntas de la Escala Brasileña de Inseguridad Alimentaria (EBIA), que se distingue de la FIES en tres aspectos: 1) incorpora preguntas tanto para el encues-tado individual, como para el resto del hogar, que es la base del análisis; 2) abarca un pe-riodo de referencia de tres meses antes de la entrevista, y 3) los umbrales de seguridad alimentaria de la EBIA para la IA moderada y grave también se evalúan de otra mane-ra. Para comparar los datos brasileños basa-dos en la EBIA con los de otros países de AL basados en la FIES, utilizamos los umbrales de ésta para clasificar el estado de seguri-dad alimentaria de los encuestados en Brasil (FAO 2016).

En los últimos 12 MESES, ¿hubo algún momento en el que…

1. ... estuvo preocupado porque no tendría suficiente alimento para comer debido a la falta de dinero u otros recursos?

2. ... no pudo comer alimentos saludables y nutritivos debido a la falta de dinero u otros recursos?

3. ... comió sólo algunos tipos de alimentos debido a la falta de dinero u otros recursos?4. ... tuvo que saltarse una comida porque no había suficiente dinero u otros recursos para

conseguir alimento?5. ... comió menos de lo que pensaba que debería debido a la falta de dinero u otros

recursos?6. ... su hogar se quedó sin comida debido a la falta de dinero u otros recursos?7. ... tuvo hambre, pero no comió porque no había suficiente dinero u otros recursos para

adquirir alimento?8. ... estuvo sin comer durante todo un día debido a la falta de dinero u otros recursos?

Adaptado a partir de FAO (2016).

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Las características socioeconómicas se utilizaron como variables de exposición (in-dependientes): ingresos, educación, edad, género, número de niños en el hogar, apo-yo social y bienestar. Los ingresos se midie-ron por familia per cápita y se clasificaron en quintiles, desde 20% más pobre, hasta 20% más rico. El nivel educativo se basó en los grados de culminación: primaria, secundaria (es decir, bachillerato) y universidad o grado universitario. La edad se analizó en tres ca-tegorías: jóvenes (15 a 29 años), adultos (30 a 59 años) y ancianos (60 años, en adelante). El número de niños en el hogar se categorizó como 0, 1, 2 y 3 o más niños. El apoyo social se basó en el Social Life Index (Índice de Vida Social), que evalúa sus dimensiones estruc-turales (por ejemplo, interacción con amigos e integración en la comunidad) y funciona-les (como el apoyo emocional percibido) a partir de las siguientes preguntas: 1) Si usted estuviera en problemas, ¿tiene parientes o amigos con los que pueda contar?; 2) ¿Está satisfecho con las oportunidades que tiene para conocer gente y hacer amigos donde vive? (GWP 2017). Con este índice se clasifi-ca a los individuos con un apoyo social bajo (si los encuestados contestan “no” a ambas preguntas), moderado (si contestan “sí” a sólo una pregunta) o alto (si contestan “sí” a ambas preguntas) (GWP 2017). El bienestar se anali-zó por el componente de satisfacción de vida, medido por el Life Evaluation Index (GWP 2017), que utiliza dos preguntas: 1) De 0 a 10, donde 10 representa la mejor la vida posible para usted, ¿en qué etapa diría que se siente personalmente en este momento?; 2) Ahora, de 0 a 10, ¿en qué etapa piensa que estará en el futuro, digamos, alrededor de cinco años a partir de ahora? (GWP 2017). Los individuos que califican su vida actual con 7 o mayor y su futuro como 8 o mayor se clasifican como “en mejora”; los que califican su vida actual y futura como 4 o menor se clasifican como “en sufrimiento”, y todos los demás como “en difi-cultades” (GWP 2017).

Análisis estadístico

Se utilizaron análisis descriptivos para evaluar los cambios en el estado de la seguridad ali-mentaria durante el periodo, con pruebas “z” para verificar las diferencias significativas en-tre las proporciones y pruebas (línea por línea) para examinar las asociaciones entre las va-riables. Con base en el cambio general de la seguridad alimentaria, los países de AL se or-ganizaron en tres grupos: en mejora, en estan-camiento y en deterioro. Por último, se analizó una regresión logística múltiple para verificar las relaciones entre el estado de seguridad ali-mentaria y los factores socioeconómicos (va-riables independientes). Se comprobaron las variables independientes en busca de una alta colinealidad (r ≥ 0.7) antes de incluir el mode-lo de regresión. Se utilizó el SPSS (versión 23) para llevar a cabo estos análisis.

Resultados

La distribución del tamaño de la muestra por país y año se puede observar en la Tabla 2. Como la población de Belice es de aproxi-madamente 374 000 personas, el tamaño de su muestra es mucho menor que el de otros países, que tienen entre 3 y 209 millones de ciudadanos (World Bank 2018). Como resulta-do, Gallup sólo recopiló datos para Belice en 2014 y no estuvieron disponibles durante los tres años adicionales del periodo de estudio.

Los cambios en el estado de seguridad alimentaria en la región de AL se presentan en la Imagen 1. Hubo una disminución signi-ficativa en la seguridad alimentaria de 2014 (51%) a 2017 (43%), y aumentos significativos en las dos categorías más extremas de inse-guridad alimentaria: la moderada (de 13% a 16%) y la grave (de 14% a 19%).

Los cambios en la prevalencia de la se-guridad alimentaria para cada país de AL se muestran en la Tabla 3. Paraguay, El Salvador y Honduras mostraron un aumento en la se-guridad alimentaria.

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2014 2015 2016 2017 Total

Región de América Latina

17 144 16636 16 649 14 717 65 146

Argentina 996 997 941 968 3902

Belice 481 -* - - 481

Bolivia 992 990 994 984 3960

Brasil 1006 964 988 966 3924

Chile 986 1002 968 1026 3982

Colombia 990 984 991 996 3961

Costa Rica 985 977 972 986 3920

Ecuador 992 985 983 990 3950

El Salvador 990 985 983 990 3950

Guatemala 990 974 976 987 3927

Honduras 978 981 993 987 3927

México 931 951 972 964 3810

Nicaragua 979 991 972 964 3906

Panamá 961 963 983 975 3882

Paraguay 999 966 997 --1 2962

Perú 948 980 967 977 3872

Uruguay 994 986 992 981 3953

Venezuela 946 957 979 --1 2882

* Datos faltantes.

Argentina y Brasil tuvieron una disminu-ción de 25% y 24% en la seguridad alimenta-ria, respectivamente, durante el mismo pe-riodo. Si bien la prevalencia de la seguridad alimentaria se mantuvo estable en Costa Rica durante este periodo, el país mostró la tercera prevalencia más alta (56%) de seguridad ali-mentaria de la región en 2017.

El bienestar y el ingreso familiar per cápita son las características socioeconómicas con más impacto en el estado de seguridad ali-mentaria (Tabla 4). Las personas en el estrato

más pobre tenían tres veces más probabilida-des de padecer IA (OR = 2.99) y aquellas con la peor evaluación de vida (clasificadas como “en sufrimiento”) tenían casi cinco veces más probabilidades de padecerla (OR = 4.60). Ade-más, las personas con bajo apoyo social (OR = 1.90) y el nivel educativo más bajo (OR = 2.11) tenían el doble de probabilidades de llegar a la IA. Por otro lado, las personas adultas ma-yores están más protegidas, con 33% más probabilidades de acceder a la seguridad ali-mentaria.

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Discusión

Después de años de mejora en la lucha con-tra el hambre (FAO 2015), este estudio, basado en datos representativos de la población de 18 países de AL, mostró una disminución sig-

nificativa en la seguridad alimentaria (de 51% a 43%) con aumentos en la IA moderada (de 13% a 16%) y en la grave (de 14% a 19%) duran-te la recesión económica más reciente, de 2014 a 2017.

* Las letras en superíndice denotan diferencias de 0.05 entre los años de cada uno de los cuatro indicadores del estado de seguridad alimentaria.

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2014 2015 2016 2017

Año

Seguridad alimentaria

Leve

Moderada

Grave

51.4a48.4b

44.3c43.4c

18.7b

21.7a, c22.5 b,c23.0b21.4a

14.2a

13.0a 14.1b

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14.5b 16.3c

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Tendencia general

País 2014 2015 2016 2017Cambio general

En mejora Paraguay 43.5 a2 59.5b 65.9c - 3 + 22.4

El Salvador 34.7a, b 37.7b 33.3a 46.1c + 11.4

Honduras 23.2a 15.9b 30.9c 26.6a + 3.4

En estancamiento

Costa Rica 60.4a 55.5b 59.7a, b 56.3a, b 0

Panamá 45.2a, b 46.5b 45.1a, b 41.3a 0

Nicaragua 32.7a 30.7a 30.1a 34.1a 0

Argentina 72.7a 71.0a 55.8b 47.3 c - 25.4

En deterioro Brasil 73.0a 53.2b 43.8c 48.6d - 24.4

Ecuador 56.9a 46.1b 34.3c 34.1c - 22.8

Colombia 58.8a 55.8a 47.2b 42.6c - 16.2

Perú 46.9a 41.5b 42.2b 33.5c - 13.4

Bolivia 46.4a 50.6a 37.0b 35.9b - 10.5

Chile 75.4a 65.9b 73.3a 66.7b - 8.7

Uruguay 70.1a 67.5a 56.9b 61.5c - 8.6

México 45.1a 46.0a 57.1b 41.8a - 3.3

Guatemala 35.2a, b 36.9b 32.4a 32.9a, b - 2.3

1 Belice no se muestra debido a la falta de datos de 2015 a 2017, pero los datos de 2014 se incluyeron en el análisis de regresión; Venezuela no aparece porque GWP no cuenta con la autorización

del país, aunque se incluyó en el análisis de regresión.2 Las letras en superíndice denotan las diferencias en la seguridad alimentaria a nivel

de 0.05 entre los años de cada uno de los países.3 Datos faltantes.

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Variables95% CI

CP Bajo Alto

Quintiles de ingreso per cápita

20% más pobre 2.99* 2.81 3.19

Segundo 20% 2.26* 2.13 2.39

Medio 20% 1.74* 1.64 1.84

Cuarto 20% 1.36* 1.29 1.44

20% más rico (Ref.)2 Nivel educativo

Educación primaria o menor 2.11* 1.98 2.25

Educación secundaria/media superior 1.30* 1.23 1.38

Educación superior/ Universidad (Ref.) Categorías de edad

Adultos mayores (60 años o más) 0.67* 0.63 0.71

Adultos (30 a 59 años) 1.02 0.98 1.06

Jóvenes (15 a 29 años) (Ref.) Género

Mujeres 1.13* 1.09 1.17

Hombres (Ref.) Niños (

Seguridad alimentaria creciente y estable

Si bien se esperaba que el estado de la se-guridad alimentaria empeorara en la región, hubo sorpresas: en algunos países la segu-ridad alimentaria aumentó (Paraguay, El Sal-vador y Honduras) y en otros la seguridad o la inseguridad alimentarias se mantuvieron es-tables (Costa Rica, Panamá y Nicaragua). Una explicación puede ser que estos países se están beneficiando de la estabilidad política y financiera a largo plazo, como Paraguay, El Salvador y Honduras (World Bank 2018; ENEP 2018). De 2014 a 2017, estos países mostraron un crecimiento económico estable y positivo, con incrementos en las remesas (FMI 2017; ENEP 2018).

Paraguay presentó el mayor aumento en seguridad alimentaria de 2014 a 2016 (de 44% a 66%), de casi 22%. Durante el mismo perio-do, Paraguay logró una reducción pronun-ciada de la desigualdad social, medida por el Índice de Gini (rangos entre 0 y 1, siendo 1 la máxima desigualdad), con una tasa de re-ducción anual de -2.4%. Este incremento pue-de explicarse por un crecimiento económico sostenido, en torno a 4% anual, y tasas de empleo estables durante casi 10 años (World Bank 2018, CEPAL 2018). El Salvador y Hondu-ras también presentaron una reducción signi-ficativa en la desigualdad, aunque de menor magnitud, con una tasa de reducción del Ín-dice de Gini de -1.5% y -0.1% por año, respec-tivamente, de 2014 a 2016 (CEPAL 2018). En el mismo periodo, ambos países experimenta-ron un crecimiento económico sostenido, con un promedio anual de 2.3% para El Salvador y 3.8% para Honduras. Como era de esperar, la prevalencia de la seguridad alimentaria au-mentó 33% en El Salvador (de 35% a 46%) y 15% en Honduras (de 23% a 27%).

En la categoría de estancamiento (Tabla 3), Costa Rica, Panamá y Nicaragua no mostraron cambios significativos en la prevalencia de seguridad alimentaria. Esto era de esperarse

porque estos países son parte de la región de Mesoamérica, cuyo crecimiento económico se mantuvo estable durante el periodo selec-cionado (FMI 2017). Según la FAO (FAO y OPS 2017), los países de Mesoamérica enfrentaron una menor exposición a la crisis económica mundial, dadas sus conexiones comerciales con Estados Unidos y los bajos precios de las materias primas de las que son exportadores primarios, como café, frutas y azúcar.

Disminución de la seguridad alimentaria y aumento de la inseguridad alimentaria en la región

Argentina, Brasil y Ecuador registraron las mayores caídas en la seguridad alimentaria durante el periodo objeto de investigación. Estos hallazgos coinciden con otros estudios que muestran que el resultado de la recesión económica es el deterioro de la seguridad ali-mentaria (Davis y Geiger 2017; Brinkman et al. 2010). Dado que estos tres países mostraron las peores caídas en crecimiento económico y factores macroeconómicos durante este periodo en AL (World Bank 2018), se espera-ba que el impacto negativo en el estado de seguridad alimentaria fuera mayor entre los países en los que la seguridad alimentaria había empeorado (Tabla 3).

La economía de Argentina ha ganado atención desde 2001, con el inicio de una importante crisis política, financiera y de en-deudamiento (Thomas y Cachanosky 2016). El pico de la crisis económica del país fue en 2002, cuando la tasa de crecimiento del PIB se contrajo a -10.8% y el desempleo alcanzó a casi 20% de la población (World Bank 2018; Thomas y Cachanosky 2016). Aunque des-pués de 2002 comenzó un rápido periodo de recuperación económica, con aumentos en la tasa de empleo y el crecimiento econó-mico, en 2011 la economía entró en declive nuevamente, lo que llevó al incumplimien-

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to en el pago de la deuda pública nacional en 2014 (World Bank 2018; Thomas y Ca-chanosky 2016). Como resultado de la crisis de pagos de 2014, la inflación se aceleró y el desempleo aumentó (World Bank 2018; Thomas y Cachanosky 2016). Esta inestabi-lidad económica prolongada y a largo plazo puede explicar parcialmente la disminución de 25.4% en la seguridad alimentaria en Ar-gentina, de 72.7% en 2014 a 47.3% en 2017 (Tabla 3).

De manera similar, los resultados de los encuestados en Brasil registraron una caída de 24.4%, es decir, de 73.0% en 2014 a 48.6% en 2017 (Tabla 3). Este deterioro de la seguri-dad alimentaria puede explicarse por la gran crisis económica del país, que comenzó en 2014, y las numerosas acusaciones de co-rrupción contra los principales líderes políti-cos (Sousa et al. 2019). Esta situación compro-metió la estabilidad política del país y resultó en el juicio político presidencial de 2015 (Pau-la y Pires 2017; Gimenez 2017; Rossi y Mello 2017). La inestabilidad económica y política brasileña ha impactado muchos indicadores sociales, como el de los ingresos y el desem-pleo, que alcanzaron a 12% de la población en 2016 (Paula y Pires 2017; Gimenez 2017; Rossi y Mello 2017). La inflación afectó los precios nacionales de los alimentos, que subieron 82% de 2010 a 2016, en particular los alimen-tos básicos: arroz, frijoles, verduras, frutas y carnes (IPEA 2016). A la luz de estos choques económicos y del aumento en los precios de los alimentos, el gobierno brasileño res-pondió con medidas de austeridad y redujo el financiamiento asignado a las principales políticas sociales, como los reconocidos pro-gramas de apoyo a la seguridad alimentaria (Paula y Pires 2017; Rossi y Mello 2017).

Ecuador es el tercer país de AL con la dis-minución más significativa de la prevalencia de seguridad alimentaria, de 22.8%, entre 2014 y 2017 (Tabla 3). Durante este periodo, experimentó una recesión económica aso-ciada a grandes caídas en los precios del cru-

do. Los países de la región cuyas economías dependen directamente de materias primas como el petróleo y el gas natural, como Ecua-dor, Bolivia y Colombia, también se vieron afectados por las caídas de hasta 70% en los precios del petróleo entre 2014 y 2016 (World Bank Group 2018). Este impacto en las ma-terias primas ha provocado importantes re-ducciones en el consumo y las inversiones privadas en estos países. En Ecuador, la tasa de crecimiento del PIB disminuyó de 4.9% en 2013 a -1.6% en 2016, algunos autores sugie-ren que el régimen de dolarización, adoptado en 2000, ha reducido la capacidad del país para hacer frente a situaciones de impacto externo (Paredes 2017; World Bank 2018). Si bien Colombia y Bolivia también se han visto afectados por la caída del precio de las ma-terias primas energéticas, se ha sugerido que sus ajustes financieros internos, que se be-nefician de una tasa de intercambio flexible, previnieron parte del daño a sus economías (FMI 2017; World Bank 2018). Aun así, la segu-ridad alimentaria se redujo 16.2% en Colombia y 10.5% en Bolivia entre 2014 y 2017.

Determinantes de la seguridad alimentaria en AL

Los resultados sobre los determinantes de la inseguridad alimentaria en AL durante el pe-riodo de estudio coinciden con lo esperado. En general, ser pobre y tener poca educación aumenta las posibilidades de padecer IA en factores de 3 y 2, respectivamente. Esto corro-bora las conclusiones de estudios anteriores, que indicaron que las crisis políticas y finan-cieras afectan de manera desproporcional la seguridad alimentaria de las personas por su efecto en los ingresos y los niveles educativos (FAO y OPS 2017; FAO 2015; Rosa et al. 2012).

Mientras el impacto del apoyo social en el acceso a la seguridad alimentaria apenas está comenzando a investigarse, nuestros resultados respaldan su importancia. Los en-

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http://www.fao.org/3/a-i7914e.pdfhttp://www.redalyc.org/pdf/4038/403838795008.pdf

cuestados con escaso apoyo social tenían el doble de probabilidades de sufrir IA. Esto era de esperarse, pues en un estudio que involu-cró a 107 países, Miller mostró que existe una asociación entre el apoyo social funcional y estructural y la seguridad alimentaria. Encon-tró que el apoyo social mejoraba la seguridad alimentaria porque facilitaba el préstamo de dinero o alimentos en casos de crisis, brinda-ba ayuda para producir y preparar alimentos, y también para formar conexiones para en-contrar empleo (Miller 2015). Según Silva y Harpham (2007), las madres que recibieron mayor apoyo social tenían hijos (de un año) con mejor estado nutricional. Estos resultados ponderan la protección del apoyo social y la importancia de la disponibilidad de parientes o amigos con los que cuentan los encuesta-dos. Se trata de un área de investigación que podría utilizarse para informar sobre el diseño de políticas de salud pública y bienestar. Esto podría destacar el beneficio de la prestación de servicios en modalidades basadas en gru-pos que reúnen a los miembros comunitarios y grupos demográficos menos activos social-mente, para proporcionar oportunidades para la interacción social y la estimulación de la amistad entre los miembros.

De manera sorprendente, nuestros hallaz-gos mostraron que más allá de los 60 años de edad estas personas gozan un efecto protec-tor para la seguridad alimentaria en la región de AL, con 33% menos de probabilidades de padecer IA. Esto puede explicarse por un es-tudio anterior realizado en Brasil en 2008, que concluyó que en la mitad de los hogares con personas adultas mayores, los ingresos de éstos provenían principalmente de su jubila-ción y constituían la mayor parte de los ingre-sos del hogar. Esto sugiere que las personas mayores contribuyen a la estabilidad econó-mica del hogar, sobre todo a la seguridad ali-mentaria de sus miembros (Rosa et al. 2012).

Los encuestados clasificados como “en sufrimiento” en la evaluación de vida tenían casi cinco veces más probabilidades de pa-

decer IA. Esta asociación entre la seguridad alimentaria y el bienestar se ha explorado en el pasado (Hadley y Crooks 2012). Los in-vestigadores explicaron que la aprensión, el estrés y la ansiedad causadas por la falta de acceso al alimento o la preocupación por no tener suficiente comida, acompañados de la pérdida de valor social asociada a la ali-mentación, también afectan negativamente la salud mental y el bienestar: se ha encon-trado que esto daña el estado emocional de las personas con IA y a las personas que hoy cuentan con seguridad alimentaria pero se preocupan por algún cambio en sus condi-ciones de vida (Hadley y Crooks 2012). De manera más específica, los investigadores encontraron, entre los adultos, una relación entre la IA y sentimientos de vergüenza, ais-lamiento, mal humor y falta de sueño (Had-ley y Crooks 2012; 2016).

Estos sentimientos no sólo afectan a los adultos en el hogar, sino también a los niños y adolescentes que viven allí, quienes son más propensos a tener trastornos conductuales, mentales, académicos y emocionales (Sha-nkar, Chung y Frank 2017). De igual manera, se encontró una asociación negativa entre la IA y el bienestar, así como problemas físicos, en una muestra de 138 países (Frongillo et al. 2017). Por estas razones, las personas que pa-decen IA son más propensas a utilizar los ser-vicios de atención de salud mental (Tarasuk et al. 2018).

Los mecanismos causales de la asocia-ción de la IA con la baja educación, la pobre-za, la falta de apoyo social y el escaso bien-estar encontrados en este estudio se pueden ver en ambas direcciones (Pérez-Escamilla, Shamah-Levy y Candel 2017).

En otras palabras, estos determinantes so-cioeconómicos también pueden ser resulta-do de la IA. Por ejemplo, una dieta deficiente compromete la capacidad de aprendizaje de los niños y un nivel de educación más bajo conduce a pocas oportunidades laborales y menos ingresos, lo que a su vez reduce el

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http://www.redalyc.org/pdf/4038/403838795008.pdf

acceso financiero a los alimentos. Además, la IA conduce a una menor productividad, lo que afecta al rendimiento de las personas en el trabajo y puede dar lugar a la pérdida de empleos (Pérez-Escamilla, Shamah-Levy y Candel 2017). La falta de apoyo social puede ser la causa y la consecuencia de depresión y de una salud mental escasa, que también compromete la capacidad productiva y el aprendizaje de la gente, lo que resulta en un nivel menor de educación, y, por lo tanto, en un mayor riesgo de IA (Pérez-Escamilla, Sha-mah-Levy y Candel 2017; Miller 2015).

Contribuciones a las políticas

Este estudio sobre los cambios regionales en la seguridad alimentaria hace una con-tribución importante en torno a la discusión mundial sobre la elaboración de políticas en este rubro, y puede coadyuvar a los esfuer-zos para cumplir los ODM y a la promoción de la agenda de los ODS para poner fin al

hambre en 2030. La región está bien po-sicionada para contribuir a la discusión de políticas, porque es ampliamente reconoci-da como líder mundial en la lucha contra el hambre. Esta investigación, que proporciona una evaluación rápida de los cambios en la seguridad alimentaria durante un periodo de inestabilidad política y económica, sirve para mostrar la rapidez con la que se pueden frustrar los logros en la seguridad alimenta-ria y la importancia de la vigilancia continua. Es evidente que una condición clave que debe cumplirse para mejorar la gobernanza de la seguridad alimentaria es la capacidad de medir y responder a cuestiones indivi-duales de forma directa y fiable.

La FIES mide la poco estudiada dimensión de acceso a la seguridad alimentaria en lu-gar de los aspectos macroestructurales de otros países, como la producción, el comer-cio, o parámetros representativos de utiliza-ción de alimentos, como la antropometría. Si bien no existen estándares universales en la medición multidimensional de la seguridad

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alimentaria, la FIES destaca como una he-rramienta única y validada, cuyos resultados por país pueden compararse. Este estudio proporciona un ejemplo práctico sobre el uso de la FIES para proporcionar datos sobre la seguridad alimentaria nacional y regional de manera oportuna.

Se ha observado que estas mediciones tienen propiedades indicadoras que pue-den contribuir al mejoramiento de la gober-nanza de la seguridad alimentaria por varias razones (Pérez-Escamilla, Shamah-Levy y Candel 2017). Pérez-Escamilla y sus colabo-radores sugieren que las mediciones de se-guridad alimentaria pueden mejorar el desa-rrollo de políticas al facilitar la planificación, la toma de decisiones y la implementación clara, participativa y receptiva por parte de los encargados de formular políticas nacio-nales y regionales. Los resultados en tiempo real generados en este estudio pueden uti-lizarse para motivar a las partes interesadas, regionales, nacionales y comunitarias, para diseñar respuestas al rápido deterioro de los beneficios de la seguridad alimentaria. Los autores sugieren que medidas como la FIES pueden ayudar a desarrollar y supervisar ins-tituciones eficientes, eficaces, transparentes y responsables. Esto es muy importante en los países en desarrollo, donde los recursos son escasos y su uso eficiente es esencial.

Indicadores como la FIES y otras EBFSS pueden facilitar que los actores estatales sean responsables de la defensa del Esta-do de derecho por medio de la equidad en la asignación de recursos y la prestación de servicios. Esto es de particular importan-cia cuando algunas regiones y subgrupos demográficos corren un mayor riesgo que otros, para garantizar que estos grupos vul-nerables sean identificados, para que pue-dan ser objeto de estudio y se evalúen los resultados de las intervenciones. Por último, pueden ayudar a desarrollar y mantener po-líticas, instituciones y acciones coherentes y coordinadas.

Una importante lección en cuanto a las políticas de AL, relevante para otras regiones en desarrollo, se refiere al tiempo en el que se han socavado los avances históricos en segu-ridad alimentaria en la región. Los países de la región han ganado reconocimientos mundia-les por los compromisos políticos y económi-cos en torno a la seguridad alimentaria (Pé-rez-Escamilla, Shamah-Levy y Candel 2017). En el caso de Brasil, el país ha sido reconocido durante mucho tiempo por sus exitosas políti-cas, que incluyen el Programa Hambre Cero, el Programa de Alimentación Escolar, Restau-rantes Populares y el Programa de Adquisición de Alimentos (Rocha 2016; Paula y Pires 2017; Rossi y Mello 2017). Lo más notable es que es-tas políticas de seguridad alimentaria se han reforzado mediante un marco jurídico que ha sido copiado en toda la región y en los países en desarrollo de todo el mundo (Rocha 2016; Paula y Pires 2017; Rossi y Mello 2017; 2017b). Además, una gran proporción del gasto presu-puestario nacional se ha asignado para apoyar estos programas (CAISAN 2013).

Una pregunta de investigación que surge de este estudio sobre la región de AL podría relacionarse con el impacto de varios pro-gramas en el área referentes a la seguridad alimentaria. Desde el principio de la crisis de la región, muchos de los fondos que antes se dedicaban a estos programas legislados se han reducido drásticamente (Rocha 2016; Paula y Pires 2017; Rossi y Mello 2017). Si bien muchos programas brasileños de seguridad alimentaria persisten porque están asentados por una legislación clave, la caída de las asig-naciones presupuestarias nacionales puede explicar la disminución de la prevalencia de la seguridad alimentaria en Brasil durante la reciente crisis política y financiera (Sousa et al. 2019). Esto sugiere que, si bien son necesarias las políticas sociales agresivas y los arreglos institucionales, se necesitan presupuestos exigidos por ley para apoyar estas políticas. Las investigaciones futuras en la participa-ción de diversos programas de alimentación

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y asistencia social podrían ayudar a identificar su impacto.

En cuanto a las limitaciones del estudio, la muestra no incluyó a las personas sin hogar e institucionalizadas, que podrían ser los gru-pos más vulnerables durante las recesiones económicas. Esta investigación también se beneficiaría de la inclusión de más variables socioeconómicas, como el origen étnico y el área de residencia (urbana y rural). Sin em-bargo, GWP no evaluó la procedencia étnica y la metodología para clasificar las zonas ru-rales y urbanas difiere en gran medida entre los países de AL, por lo que no se consideró adecuada para este estudio. Por último, los resultados no pueden implicar una inferencia causal, dado el diseño transversal del estudio.

Conclusiones

La región de AL ha sido ampliamente reco-nocida entre las líderes mundiales en la lucha contra el hambre. Gran parte de estos avances han sido respaldados por la estabilidad política y económica de la región durante los últimos 15 años. Mientras se celebran estos avances, existen preocupaciones en torno al debilita-miento económico y político reciente, que po-dría causar retrasos en la IA de la región. Con el fin de captar los cambios en la seguridad alimentaria en AL durante la actual recesión económica, este estudio transversal utilizó da-tos de la Gallup World Poll de 18 países de AL (n a 65.146), de 2014 a 2017. El estudio muestra que, después de años de mejora en la lucha

contra el hambre, ha habido una disminución significativa de la seguridad alimentaria (de 51% a 43%) con aumentos en la inseguridad ali-mentaria moderada (de 13% a 16%) y grave (de 14% a 19%) en el mismo periodo. Sin embar-go, países como El Salvador y Honduras, que gozan de una estabilidad política y financiera a largo plazo, presentaron una tendencia con-traria. A pesar de que la seguridad alimentaria disminuyó en Chile y Uruguay durante los úl-timos cuatro años, estos países seguían man-teniendo las dos prevalencias más altas de seguridad alimentaria en 2017 (66.7% y 61.5%, respectivamente). Como se aprecia en otras regiones, la seguridad alimentaria está fuer-temente asociada a la pobreza, la baja edu-cación, el hecho de tener tres niños o más en el hogar, la falta de apoyo social y un escaso bienestar. Las mujeres fueron más propensas a reportar IA, y al mismo tiempo se encontró que las personas adultas mayores (60+) tenían más seguridad alimentaria.

Agradecimientos

Agradecemos a la FAO por proporcionar al Instituto McGill para la Seguridad Alimentaria Global acceso a la Gallup World Poll, por me-dio del proyecto Voices of the Hungry (La Voz del Hambre).

Cumplimiento con los estándares éticosConflicto de intereses: los autores declaran

no tener ningún conflicto de interés.

Para citar este artículo:

APA: Machado de Sousa, L. et al. (2020) Cambios en la seguridad alimentaria en América Latina, Revista Bienestar, 1(2), 20-36.

Tradicional: Machado de Sousa, Luna, et al., "Cambios en la seguridad alimentaria en América Latina", Revista Bienestar, núm. 2, vol. 1, 2020, pp. 20-36..

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