BOLETIN Nº 707

LAS OTRAS NOTICIAS DEL P. P

Del 13 de noviembre al 10 de diciembre 2014

 

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INDICE 01. RAJOY EXCULPA A ANA MATO Y NIEGA QUE HAYA CORRUPCIÓN GENERALIZADA 02. CASO GÜRTEL / BÁRCENAS / CAJA B DEL PP

2.1. EL CGPJ SACA A CONCURSO LA PLAZA DEL JUEZ RUZ EN LA AUDIENCIA NACIONAL 2.2. DIMITE ANA MATO PARA NO HUNDIR A MARIANO RAJOY 2.3. RUZ A SUIZA: “EL ‘CASO BÁRCENAS’ NO SE TRATA DE UNA SIMPLE OCULTACIÓN FISCAL” 2.4. EL JUEZ RUZ RECHAZA POR QUINTA VEZ PONER EN LIBERTAD A BÁRCENAS 2.5. LAS CLAVES DEL AUTO QUE CIERRA LA PRIMERA FASE DEL ‘CASO GÜRTEL’ 2.6. EL AFORADO QUE DIMITA DESPUÉS DE QUE SE ABRA JUICIO NO IRÁ A OTRO TRIBUNAL 2.7. LA FOTO DEL ARQUITECTO QUE COBRABA EN B DESMIENTE A ÁNGEL ACEBES 2.8. EL JUEZ RECHAZA QUE TRES EXCONSEJEROS EVITEN EL BANQUILLO POR EL ‘CASO GÜRTEL’

03. NINGUNA MEDIDA ANUNCIADA POR RAJOY CONTRA LA CORRUPCIÓN ESTÁ EN VIGOR 04. EL PP IMPIDE QUE SE INVESTIGUE EN EL CONGRESO SOBRE LAS CUENTAS DE BANKIA Y LOS CASOS DE CORRUPCIÓN 05. RAJOY: “CUALQUIER RECTIFICACIÓN DE LAS REFORMAS SERÍA UN GRAVE ERROR” 06. EL GOBIERNO ADMITE QUE EL ESTADO DEBE RECUPERAR PRESENCIA EN CATALUÑA 07. RAJOY LANZA UNA OFENSIVA POLÍTICA EN CATALUÑA TRES SEMANAS DESPUÉS DEL 9-N 08. RAJOY SOBRE CATALUÑA: “TENDRÉ QUE EXPLICAR MEJOR MIS RAZONES” 09. EL GOBIERNO CRITICA LA EXCARCELACIÓN DE ETARRAS: “ESTO NO SE PUEDE HACER” 10. 257 CARGOS NO PUBLICAN SU DECLARACIÓN DE BIENES 11. EL GOBIERNO DESIGNARÁ EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA SIN CONSENSO 12. EL CAMBIO EN EL GOBIERNO DESATA UN DEBATE SOBRE EL PAPEL DE SANTAMARÍA 13. SORAYA SE PEINA ‘LA COLETA’: AVANZA SU PLAN PARA CONVERTIRSE EN ‘LA PABLO IGLESIAS’ DEL PP 14. SANTAMARÍA LLAMA POPULISTA A SÁNCHEZ POR QUERER REFORMAR EL ARTÍCULO 135 15. ¿EN QUÉ CONDICIONES OBTUVO LA VICEPRESIDENTA SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA LOS 385.000 EUROS DE SU HIPOTECA?

 

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16. EL CONSEJO DE ESTADO DESMONTA EL PLAN DEL GOBIERNO PARA MODIFICAR LA LEY DE ABORTO 17. ESPAÑA, EL PAÍS DESARROLLADO EN QUE MÁS SUBE LA DESIGUALDAD POR EL PARO 18.EL CORTA Y PEGA DE LA TESIS DOCTORAL DEL EMBAJADOR FEDERICO TRILLO 19. EL CONSEJO DE INFORMATIVOS DE TVE RECHAZA EL NUEVO CARGO DE LA ACUSADA DE HACER 'LISTAS NEGRAS' 20. EL PRESIDENTE DE RTVE FICHA CON CARGO DE RESPONSABILIDAD A SU SECRETARIA EN PLENA OLA DE DESPIDOS 21. REABIERTA UNA QUERELLA CONTRA EL PRESIDENTE DE RTVE POR PREVARICACIÓN 22. PLANTE DE TRABAJADORES DE TVE POR LA DESTITUCIÓN DE JEFES INFORMATIVOS 23. EL CONSEJO DE INFORMATIVOS DE TVE RECHAZA LOS NOMBRAMIENTOS DE GUNDÍN 24. CONTINÚA EL ASALTO DEL PP A TVE: LA QUE FUE JEFA DE POLÍTICA CON URDACI NUEVA SUBDIRECTORA DE INFORMATIVOS 25. EL SUPREMO INVESTIGA POR PREVARICACIÓN AL JUEZ DEL CONSTITUCIONAL GONZÁLEZ-TREVIJANO 26. C.A. CANTABRIA. UNA JUEZ VE COHECHO EN LA ESTANCIA DEL PRESIDENTE CÁNTABRO EN UN BALNEARIO 27. C.A. CASTILLA LA MANCHA. COSPEDAL GANÓ 51.092 EUROS EN 2013 SÓLO COMO PRESIDENTA DE CASTILLA-LA MANCHA 28. C.A. CASTILLA LA MANCHA.EL GOBIERNO OCULTA LOS DETALLES DEL FIN DE SEMANA PRIVADO DE CAÑETE Y COSPEDAL EN UN PALACIO DE DOÑANA 29. C.A. MADRID. LA JUEZ ABRIRÁ JUICIO POR MALVERSACIÓN EN EL CASO DEL ESPIONAJE POLÍTICO 30. C.VALENCIANA. CASO NÓOS.FISCAL Y ACUSACIÓN PIDEN HASTA 11 AÑOS DE CÁRCEL PARA LOS IMPUTADOS 31. C.VALENCIANA. CARLOS FABRA INGRESA EN LA PRISIÓN DE ARANJUEZ POR FRAUDE FISCAL  

 

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01. RAJOY EXCULPA A ANA MATO Y NIEGA QUE HAYA CORRUPCIÓN GENERALIZADA El presidente del Gobierno asegura en el Congreso que "España no está corrompida" También advierte de que la acusación solo beneficia a los "salvapatrias de las escobas" El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llegó al Pleno del Congreso con el objetivo de intentar disipar la impresión de corrupción generalizada, hacer frente a los escándalos que afectan directamente al PP, eludir la imagen de inacción y recomponer su credibilidad. “España no está corrompida”, proclamó, antes de añadir que la repetición de estos casos en la prensa “está creando un clima que, a ratos, se hace irrespirable, porque siembra una desconfianza generalizada hacia los instrumentos de la convivencia democrática. Entiendo la indignación de los españoles”, dijo. Durante casi cinco horas de debate, la oposición acusó a Rajoy de carecer de credibilidad para afrontar la corrupción, exigiéndole responsabilidades y hasta con acusaciones tan enormes como la de Joan Coscubiela (ICV): “Usted es el capo de la familia”. Rajoy llegó al hemiciclo unas horas después de sacrificar a su ministra de Sanidad, Ana Mato, por ser señalada por el juez Pablo Ruz como beneficiada por la trama corrupta de Gürtel. Y con su partido acusado por el magistrado de mantener una cuenta b y de beneficiarse también de esos pagos. La bancada de la derecha transmitía la imagen compungida de quien tiene que afrontar un difícil trago con todo en contra. Rajoy optó por eludir la confrontación y volvió a repetir medidas que, en su inmensa mayoría, ya enunció en febrero de 2013 y aún no han entrado en vigor. Prometió impulsar ahora todas esas reformas y solo en el turno de réplica hizo una defensa de Mato y una mención elíptica a Gürtel. Con el auto del juez Ruz “queda fuera de toda duda” que Mato “ignoraba la comisión de tales delitos”, aseguró. Echó mano del eufemismo para admitir que su partido ha sufrido “problemas serios”. “Ha habido corruptos en mi partido, personas que fueron merecedoras de mi confianza y he pedido perdón”, alegó como única referencia a la investigación de Ruz. Ni palabra de Gürtel, más allá de esa referencia genérica de perdón Solo en el último turno y en tono bajo, hizo frente al socialista Pedro Sánchez con una referencia al caso de los ERE de Andalucía. En su arranque minimizó el problema con la primera referencia implícita a Podemos que se le recuerda: “Se comienza generalizando la corrupción, se culpa a los políticos y se acaba señalando al sistema. A partir de ahí no queda espacio más que para los salvapatrias de las escobas, cuyo único programa político consiste en barrer, con las consecuencias de todos conocidos”. La metáfora de la escoba fue usada por Pablo Iglesias. El bloque sustancial de su comparecencia lo dedicó Rajoy a refugiarse tras las medidas contra la corrupción, más de 20 meses después de que él las anunciara en el Congreso, sin que hayan entrado en vigor. De hecho, compareció este jueves con un inusual formato para presentar dos leyes que llegaron a las Cortes en febrero y que han permanecido atascadas por voluntad del PP, la de financiación de partidos y el estatuto de altos cargos. Se suma el Código Penal que llegó al Congreso en septiembre de 2013 y ha tenido 41 ampliaciones de plazo de enmiendas. Rajoy reiteró el contenido de esas normas y solo anunció algunos retoques en forma de enmiendas, como modificaciones de los umbrales de donaciones de particulares a los partidos. Otras han caído en el olvido, como la supresión de aforamientos, que ni mencionó, y solo dijo que estudiará la propuesta de Rosa Díez (UPyD) para eliminarlos. En 2013 prometió una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero este jueves, por falta de tiempo para tramitarla esta legislatura, anunció cambios para evitar macroprocesos que se eternizan en asuntos complejos “sin necesidad de concatenación de hechos”, limitación de

 

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tiempo de instrucción sin precisar y medidas para la recuperación de bienes. Ya había hablado de iniciativas para controlar los indultos y anunció que se cambiará la ley para que cada seis meses se informe en la Cámara de las medidas de gracia concedidas y denegadas. Rajoy repitió la propuesta para que la financiación ilegal de los partidos sea delito El proyecto de financiación de partidos obliga a la elección de sus órganos directivos y Rajoy precisó que será cada cuatro años. También habló de un “procedimiento de suspensión de militancia” para cuando se abra juicio oral por corrupción y un “procedimiento de expulsión de la militancia” para condenados. Respecto al estatuto del alto cargo, el proyecto limita los gastos de representación y refuerza las incompatibilidades. El presidente incluyó la obligación de un certificado de estar al corriente con Hacienda, lo que ya se exige para contratar con la Administración. Para el Código Penal, Rajoy repitió la propuesta para que la financiación ilegal de los partidos sea delito, agravar las penas por corrupción y ampliar los plazos de prescripción de 10 a 15 años. También propuso reformas en el reglamento del Congreso, que el PP ha retrasado durante la legislatura, y 100 nuevas plazas de jueces y fiscales. En las primeras reiteró que los parlamentarios deben dejar el cargo cuando están inmersos en casos de corrupción, pero sin especificar en qué momento, si al producirse la imputación o al abrirse el juicio oral. Omitió la regulación de los lobbies, que él prometió en 2013, que el PP propuso esta misma semana y que este jueves desapareció del documento distribuido por La Moncloa con las 70 medidas de regeneración. La ponencia de Reglamento solo se reúne una vez al mes y no ha abordado ni la cuarta parte de la norma, con un ritmo premioso impuesto por el PP. Rajoy explicó que ya no esperará a pactos y que impulsará sus medidas, aunque sea en solitario, antes de final de año. Alguna, como la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no llegará al Congreso hasta febrero porque antes debe pasar por el Consejo de Ministros, ser sometida a los informes preceptivos y volver al Gobierno para ser enviada a las Cortes. http://politica.elpais.com/politica/2014/11/27/actualidad/1417076748_410848.html 02. CASO GÜRTEL / BÁRCENAS / CAJA B DEL PP 2.1. EL CGPJ SACA A CONCURSO LA PLAZA DEL JUEZ RUZ EN LA AUDIENCIA NACIONAL La Comisión Permanente apoya sacar a concurso la plaza del magistrado quien tendrá que pedir continuar con la Gürtel y Caja B como juez de refuerzo, pero hay problemas legales Por cuatro votos a uno. Ha rechazado el acuerdo el vocal progresista Álvaro Cuesta. La permanente del Poder Judicial ha aprobado básicamente su propuesta de acuerdo del pasado viernes. Es decir, sacar a concurso la plaza del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y cuando se incorpore el titular, previsiblemente en marzo, Ruz tendrá que solicitar su continuidad como juez de refuerzo si desea instruir los casos más complejos que ha llevado hasta la fecha, como el proceso Gürtel o la Caja B del PP. A continuación, la comisión permanente del CGPJ, oída la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, estudiará la solicitud para que pueda investigar estas causas hasta que finalice su instrucción. Pero juristas consultados por la SER resaltan que el Consejo no puede garantizar que Ruz vaya a investigar estos casos. Esta decisión corresponde exclusivamente a quien acabe ganando la plaza, y cualquier imposición contravendría el principio del juez predeterminado por Ley. Es más, de acuerdo con el artículo 216 bis 2 de la LOPJ, en su apartado cuarto, el futuro juez titular del juzgado de instrucción número 5, tendrá que asumir las causas que ya se están investigando, y dejar para Ruz solo "los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento" de juicio oral, lo que en principio, descartaría que Pablo Ruz continuase con la instrucción de los procesos que afectan al PP. La mejor salida, según las fuentes jurídicas consultadas por la SER, era aplicar el 355 bis que permitía continuar a Ruz en el juzgado, mientras el titular, Miguel Carmona, se encuentre en

 

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situación de Servicios Especiales como juez de enlace en el Reino Unido. Precisamente esa ha sido la postura que ha planteado en la permanente el vocal Álvaro Cuesta. http://cadenaser.com/ser/2014/12/09/tribunales/1418146722_856287.html 2.2. DIMITE ANA MATO PARA NO HUNDIR A MARIANO RAJOY Rajoy evita la fotografía con la ministra en el pleno sobre corrupción de hoy en el Congreso Cinco años y medio después de su estallido, el caso Gürtel se ha cobrado su pieza política de mayor nivel: la ministra de Sanidad, Ana Mato, muy cercana a Mariano Rajoy, dimitió este miércoles tras una reunión con el presidente del Gobierno en La Moncloa. Formalmente se presentó como una dimisión, pero pocas horas antes su equipo trasladaba que quería seguir. La decisión final la tomó Rajoy, según diversas fuentes. El comunicado oficial señala que la ministra quiere evitar que su permanencia pueda “perjudicar al Gobierno, a su presidente o al PP”. Rajoy protagoniza este jueves un pleno clave sobre medidas anticorrupción y la presencia de Mato en el banco azul amenazaba con hundir su mensaje, por lo que la dejó caer. Mato, que desde que hace 27 años se fuera a trabajar para José María Aznar en Valladolid siempre ha estado en política, seguirá de diputada rasa en el Congreso, aunque no irá al pleno. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, asumirá sus funciones hasta que haya nuevo titular de la cartera, un cargo para el que se apunta como candidata a la secretaria de Estado, Susana Camarero. Mato dimite después de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, sostuviera en un auto que la ministra fue “partícipe a título lucrativo” de los delitos supuestamente cometidos por su exesposo y exalcalde de Pozuelo (Madrid), Jesús Sepúlveda. Mato se convierte así en la política popular de mayor rango que se lleva por delante Gürtel, el gran quebradero de cabeza de Rajoy, después de Francisco Camps, que dimitió en 2011 tras un largo calvario similar al que ha sufrido la responsable de Sanidad. En ambos casos, Rajoy les mantuvo su apoyo hasta el final y dejó que su imagen se fuera deteriorando hasta que la presión fue insoportable. En un primer momento, Mato se resistió y rechazó la dimisión, como ha hecho en las diversas crisis que ha sufrido desde que Rajoy la nombrara en 2011. De hecho su equipo preparó un comunicado para explicar que nadie le imputaba ningún delito, que el juez la colocaba en el mismo lugar que al PP, también “partícipe a título lucrativo”. Alrededor de las tres de la tarde de este miércoles, el entorno de Mato aseguraba que ella no se planteaba dimitir “de momento”. Pero ese texto nunca se llegó a publicar y la sensación fue cambiando a lo largo de la tarde, hasta que a las 19.47 llegó el comunicado oficial dando cuenta de la dimisión. Mato se había resistido otras veces y había aguantado las presiones para que cesara porque contaba con el apoyo de Rajoy. Pero esta vez era diferente. Primero porque el presidente y el PP están hundidos en las encuestas y el deterioro provocado por los escándalos de corrupción ha disparado ya todas las alarmas internas. Barones autonómicos y alcaldes, que tienen elecciones en mayo de 2015, reclaman a Rajoy contundencia frente a los escándalos. Rajoy siempre agradeció a Mato su lealtad en los momentos difíciles, después de la derrota en 2008 Pero sobre todo, porque esta vez los tiempos políticos jugaban contra ella. Rajoy protagoniza un pleno clave en el Congreso, que el presidente diseñó para dar un giro y salir del pozo en el que le han colocado los últimos escándalos, en especial la Operación Púnica. Esta situación ha hecho que el 86,6% de los españoles confíe poco o nada en el presidente y que el PP haya caído hasta el 27%, según el CIS, mientras Podemos es ya la primera fuerza en intención de voto directa. En el PP se extendió durante toda la tarde la idea de que el juez Pablo Ruz había elegido para sacar su auto el día que más daño político podía hacer a Rajoy, precisamente antes de ese pleno clave. En la cúpula del partido se escuchan críticas muy duras contra un juez que ordenó

 

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a la policía un registro en la sede del PP por primera vez en su historia porque el partido no le daba los documentos que pedía. Mato nunca se planteó presentar la dimisión hasta este miércoles, pese a que la oposición se lo pidió muchas veces, porque Rajoy podía asumir el coste de tener una ministra cuestionada. Pero esta vez, según señalaban antes y después de la dimisión varios altos cargos del PP y del Gobierno, “era Rajoy o Mato”. Porque el coste iba directamente sobre la imagen del presidente, que iba a ver a toda la oposición reclamándole en el pleno de este jueves que empezara por destituir a la ministra antes de hablar de ser implacable contra la corrupción. Ana Mato se convierte así en la segunda dimisión del Ejecutivo de Rajoy, después de Alberto Ruiz-Gallardón Rajoy siempre agradeció a Mato su lealtad en los momentos difíciles, después de la segunda derrota en 2008, y creía que era injusto que ella tuviera que pagar por los delitos de su exmarido. Pero ante la tesitura de que el hundimiento de Mato arrastrara su propia imagen, el presidente ha decidido prescindir de ella. Mato se convierte así en la segunda dimisión del Ejecutivo de Rajoy, después de Alberto Ruiz-Gallardón, que dejó el cargo de ministro de Justicia en septiembre pasado, pero sin que mediara ningún escándalo, sino por una cuestión puramente política: la retirada de la reforma de la ley del aborto. Al contrario de que lo sucedió con Gallardón, Rajoy no anunció quién sucederá a Mato al frente del Ministerio de Sanidad, una decisión que aún no parecía tomada porque la dimisión se produjo de forma precipitada por la tarde. Rajoy tendrá que hacer la tercera remodelación desde 2011, aunque mínima, después de la salida de Miguel Arias Cañete para ser candidato europeo y la de Gallardón. Mato reivindica en su comunicado que dimite aunque el juez no le imputa ningún delito ni le “atribuye responsabilidad penal alguna”. “No quiero, bajo ningún concepto, que mi permanencia en esta responsabilidad pueda ser utilizada para perjudicar al Gobierno de España, a su presidente ni tampoco al PP”, remata el texto que deja claro que su salida está pensada para proteger al presidente del Gobierno. http://politica.elpais.com/politica/2014/11/26/actualidad/1417012981_141230.html 2.3. RUZ A SUIZA: “EL ‘CASO BÁRCENAS’ NO SE TRATA DE UNA SIMPLE OCULTACIÓN FISCAL” El abogado del extesorero del Partido Popular bloqueó la entrega de los documentos Luis Bárcenas ocultó una fortuna de 47 millones en cuentas en Suiza El juez Pablo Ruz solicitó el pasado jueves a la oficina federal de la justicia suiza que tramite con “máxima urgencia” su petición de colaboración para poder utilizar en el proceso abierto por el caso Bárcenas, pieza separada del caso Gürtel, la documentación que acredita la existencia de varias cuentas en ese país propiedad del extesorero del PP, donde llegó a acumular una fortuna próxima a los 50 millones de euros. La utilización de esa documentación como elemento probatorio en la causa abierta a Bárcenas ha quedado bloqueada como consecuencia de un recurso presentado por Javier Gómez de Liaño, abogado del extesorero, en el que se quejaba de que las autoridades suizas no le habían dado el trámite de audiencia. El 14 de noviembre pasado, el Tribunal Penal Federal suizo falló a favor de Liaño y anuló la decisión de la Oficina Federal Judicial del 14 de abril de 2014 por la que se autorizaba al juez Ruz a utilizar toda la documentación recabada durante las distintas comisiones rogatorias. El Tribunal Penal ordenó a la Oficina Federal revisar el procedimiento previa audiencia de las partes para resolver si autorizaba o no a Ruz la utilización de esa información. En el escrito remitido por el juez español a la Oficina Federal de Justicia suiza, el magistrado Pablo Ruz recuerda que los hechos objeto de la instrucción “no se tratan de una simple

 

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ocultación fiscal”. Aunque Suiza ha cambiado en los últimos años sus criterios de colaboración en materia judicial con países de la Unión Europea, sigue rechazando facilitar información cuando los delitos que se investigan son exclusivamente de evasión de impuestos. En el caso que se instruye en la Audiencia Nacional contra Bárcenas, el juez le imputa, además de varios delitos fiscales, otros de blanqueo de capitales, cohecho, estafa procesal en grado de tentativa y falsedad en documento público. Ruz apremia a las autoridades suizas a resolver de manera urgente su petición “habida cuenta de la situación de prisión provisional de Luis Bárcenas (desde el 27 de junio de 2013) y la previsible proximidad de celebración del juicio oral”. http://politica.elpais.com/politica/2014/12/08/actualidad/1418060017_514741.html 2.4. EL JUEZ RUZ RECHAZA POR QUINTA VEZ PONER EN LIBERTAD A BÁRCENAS El magistrado dice que el freno cautelar de Suiza al uso de la documentación bancaria no afecta a la medida de prisión El extesorero del PP Luis Bárcenas no ve la puerta de salida de la cárcel. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha denegado este miércoles por quinta vez la puesta en libertad provisional para el antiguo ejecutivo de Génova 13, autor confeso de una contabilidad paralela de la formación conservadora en la que anotó ingresos de 7,5 millones de euros en dinero negro entre 1990 y 2008. El magistrado, en un auto –resolución judicial razonada- de 17 páginas, expone que al estar próximo el juicio de la pieza troncal del caso Gürtel y habiendo indicios de que Bárcenas conserva “un importante patrimonio indiciariamente ligado a su actividad presuntamente delictiva, fuera de nuestras fronteras”, la prisión provisional es la “única medida posible” para “neutralizar el “riesgo de fuga” del extesorero. Desde que Bárcenas entró en prisión preventiva el 27 de junio de 2013, su abogado, Javier Gómez de Liaño, ha solicitado su puesta en libertad en cinco ocasiones y ha obtenido de Ruz –y de la Sala de lo Penal de la Audiencia- otras tantas negativas. En el último de los recursos presentados, Gómez de Liaño solicitaba la excarcelación en atención a tres causas principales: la “práctica conclusión de la instrucción” del caso Gürtel; un informe policial que, según el letrado, desvirtúa el delito de apropiación indebida de 149.600 euros del PP para comprar acciones de Libertad Digital que se imputa a Bárcenas; y el freno provisional que ha dado Suiza al uso de la documentación bancaria del extesorero hasta que se subsane un defecto legal cometido por las autoridades helvéticas. El juez Ruz, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, rechaza los argumentos de la defensa de Bárcenas. Según el magistrado, siguen vigentes los indicios de participación del antiguo ejecutivo de Génova 12 en delitos fiscales, de blanqueo de capitales, apropiación indebida, falsedad y estafa procesal en grado de tentativa. Además, “permanece igualmente vigente” la fianza civil de 43,25 millones de euros que Ruz impuso a Bárcenas –y confirmó la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia- en julio de 2013 y que ha supuesto el embargo de los bienes conocidos del extesorero popular. El magistrado, tras hacer un repaso de toda la investigación patrimonial y bancaria efectuada sobre Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, anuncia en el auto que las autoridades de Bermuda, paraíso fiscal, han dado luz verde a la investigación sobre el traspaso de 200.000 dólares en agosto de 2009 desde una cuenta suiza vinculada a Bárcenas a la cuenta de una entidad domiciliada en esa isla del Atlántico Norte. Respecto a la decisión de la justicia suiza de paralizar cautelarmente la autorización para el uso de la documentación bancaria de Bárcenas, que fue esgrimida por el abogado para solicitar la libertad de su cliente, el juez Ruz no cede. El instructor recuerda que la justicia helvética deberá pronunciarse sobre la documentación una tras escuchar a los abogados suizos de Bárcenas, trámite que obviaron con anterioridad y que provocó la anulación de la autorización. El magistrado insiste en la idea de que, incluso en el caso de que, escuchado Bárcenas, Suiza decidiera vetar el uso de la documentación bancaria para juzgarle por delito

 

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fiscal, “son múltiples los restantes indicios existentes en la instrucción que no resultarían afectados por aquella resolución” y que aconsejan mantener al extesorero en prisión. http://politica.elpais.com/politica/2014/12/03/actualidad/1417634858_095057.html 2.5. LAS CLAVES DEL AUTO QUE CIERRA LA PRIMERA FASE DEL ‘CASO GÜRTEL’ El magistrado procesa a 43 imputados en la trama de corrupción liderada por Correa El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dado por concluida en un auto de 205 páginas la parte troncal de la investigación del caso Gürtel y propone sentar en el banquillo a 43 personas. Además, el auto considera a la ministra de Sanidad, Ana Mato, "partícipe a título lucrativo" de los negocios de su exmarido con la trama. En la misma condición se mantiene al Partido Popular. El juez, por otra parte, retira la imputación al exministro del PP Ángel Acebes; a la exportavoz de Presidencia de la Comunidad de Madrid Julia López Valladares y al empresario Carlos Ignacio Hernández-Montiel. ¿Qué parte de la instrucción de la trama se cierra con este auto? El juez firma un auto de pase a procedimiento abreviado –equivalente al procesamiento- relacionado con los primeros años de actividad de la trama Gürtel y operaciones que se circunscriben a las comunidades de Castilla y León y Madrid, y a los ayuntamientos de Madrid, Pozuelo y Majadahonda, así como la localidad de Estepona (Málaga). ¿Cuál es el origen de la red? Según relata el auto, Francisco Correa lideraba una red creada en los años noventa que se especializó en organizar eventos y campañas electorales del PP. La trama aprovechaba los contactos en el partido para conseguir adjudicaciones públicas. El entorno de Correa se encargaba de hacer regalos a funcionarios y cargos que supuestamente intervenían para favorecer los negocios de las empresas de la trama. ¿Cómo actuaba el grupo de Correa? A partir de las relaciones con distintos responsables políticos, el grupo de Correa contactó con los Ayuntamientos citados y consejerías autonómicas, organismos de los que logró contratos y adjudicaciones irregulares, según los indicios recogidos por el juez. A cambio, la red realizaba regalos, entregas en efectivo o pagaba viajes a los imputados. El juez concluye que al menos 348 actos de la Comunidad de Madrid fueron adjudicados directa o indirectamente a empresas controladas por la red. Además, Ruz sostiene que "Correa puso a disposición de determinados cargos públicos su propio entramado societario con el fin de ocultar la titularidad y el origen de los fondos" obtenidos de forma ilícita. ¿A qué delitos corresponden los hechos descritos por el juez Ruz? El auto considera, provisionalmente, que se pudieron cometer un total de 11 delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación. ¿Quiénes son los principales imputados en esta fase del caso Gürtel? El juez considera que hay indicios suficientes para sentar en el banquillo a 43 personas. Entre ellos, los más destacados son el extesorero del PP Luis Bárcenas Gutiérrez; y su mujer, Rosalía Iglesias Villar; los tasmbién extesoreros Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís; Jesús Sepúlveda Recio, exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de la ministra Ana Mato; Francisco Correa, principal propulsor de la trama y su número dos, el exsecretario de organización del PP gallego Pablo Crespo; la mujer de Correa, Carmen Rodríguez; el exconcejal en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), Ricardo Galeote; el exconsejero de

 

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Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo y su mujer, Teresa Gabarra. Ahora se abre un plazo de 30 días para que la fiscalía y las demás acusaciones soliciten la apertura de juicio oral o en su caso el sobreseimiento de la causa. ¿Se sentará en el banquillo la ministra Ana Mato? El magistrado considera a la ministra de Sanidad, Ana Mato, “partícipe a título lucrativo” de los delitos supuestamente cometidos por su exesposo y exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Jesús Sepúlveda, y a Gema Matamoros, esposa de Guillermo Ortega, exregidor de Majadahonda. Tanto la ministra como Matamoros estarán sentadas en el banquillo durante la vista oral, no como procesadas sino como responsables civiles de estos supuestos delitos, y esta es la conducta que se va a estudiar en el juicio, según confirman fuentes jurídicas. El Partido Popular permanece en la causa en su condición de partícipe a título lucrativo. ¿Qué pasa con el exministro Ángel Acebes? El exministro Ángel Acebes, el más alto cargo del PP implicado en la Gürtel, deja de estar imputado. Ruz considera que no ha quedado probado que supiese de la compra de acciones de Libertad Digital con dinero de la caja B del PP cuando era secretario general. Acebes reconoció ante el juez que en 2004 se entrevistó con el entonces presidente de Libertad Digital, Alberto Recarte. Sin embargo, en contra de lo que declararon los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, el antiguo secretario general negó que del encuentro saliese un compromiso para comprar acciones de este medio, afín a la formación. “Yo le comentaría -a Lapuerta- que –en Libertad Digital- estaban buscando personas o inversores para cubrir la ampliación de capital y nada más”, dijo Acebes al juez. http://politica.elpais.com/politica/2014/11/26/actualidad/1417009371_186512.html 2.6. EL AFORADO QUE DIMITA DESPUÉS DE QUE SE ABRA JUICIO NO IRÁ A OTRO TRIBUNAL El Supremo acuerda que el fuero solo se perderá si la dimisión es durante la instrucción Los aforados investigados por el Tribunal Supremo o los tribunales autonómicos no podrán renunciar a su fuero una vez que se haya dictado auto de apertura de juicio oral contra ellos. Así lo ha decidido hoy el pleno de la Sala de lo Penal del Supremo, que ha debatido sobre la situación de dos exconsejeras valencianas imputadas por los contratos de Fitur con la trama Gürtel. El acuerdo del alto tribunal supondrá que se revoque la decisión del tribunal superior valenciano, que después de que las consejeras dejaran el cargo remitió el caso a la Audiencia Provincial de Valencia. Según la decisión adoptada por unanimidad por los jueces de lo Penal, el caso de los pabellones de Fitur será juzgado por el tribunal autonómico. El acuerdo del Supremo fija el criterio que se seguirá en un futuro para todos los casos de aforados investigados en los tribunales. Los magistrados han acordado que es el auto de apertura de juicio oral el que determina la imposibilidad de una renuncia del aforamiento con efectos procesales. Los aforados podrán renunciar a su fuero durante la instrucción, pero no podrán hacerlo una vez que se haya dictado auto de apertura de juicio oral contra ellos. El acuerdo afecta también la exsenadora socialista Elena Diego, acusada de prevaricación, y sobre la que ya se ha dictado auto de apertura de juicio oral, por lo que será juzgada por el Supremo. En un futuro, el criterio establecido hoy podrá afectar a los cinco aforados andaluces a los que está investigando el Supremo por el caso de los ERE, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En el caso de las dos exconsejeras valencianas, Milagrosa Martínez y Angélica Such renunciaron como diputadas cuando el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ya había puesto fecha para el juicio contra ellas. Tras la renuncia de las diputadas, el tribunal autonómico se declaró no competente para juzgarlas y dejó el caso en mano de la Audiencia Provincial. Los jueces argumentaron un supuesto de “pérdida de aforamiento sobrevenido”, pues la pérdida de la condición de diputadas de las dos únicas procesadas que lo eran

 

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determinaba, según el tribunal, la pérdida de su aforamiento, y con ello la pérdida de la "competencia jurisdiccional objetiva" del tribunal autonómico. Según aquel auto, para resolver quién es competente en el caso hay que determinar en qué momento es aplicable la "perpetuaio jurisdictionis", que permite perpetuar la competencia de un órgano jurisdiccional aunque ya no concurra el elemento determinante de su competencia. Para el tribunal valenciano esa figura se produciría "necesariamente" cuando se inicien las sesiones del juicio oral, "momento en el que se ha de entender consolidada la competencia jurisdiccional del órgano de enjuiciamiento", cosa que no ocurre en este caso, lo que unido a la pérdida de aforamiento de las personas acusadas hace que el TSJCV ya no sea competente. El auto señala que el Tribunal Supremo, ante un caso "idéntico", declaró en 1993 su incompetencia una vez producida la pérdida de condición de una diputada y con ello su aforamiento, justo antes del inicio de la celebración del juicio oral señalado. La Fiscalía Anticorrupción recurrió la decisión del tribunal valenciano al considerar que las acusadas estaban incurriendo en “fraude de ley”. http://politica.elpais.com/politica/2014/12/01/actualidad/1417467637_023849.html 2.7. LA FOTO DEL ARQUITECTO QUE COBRABA EN B DESMIENTE A ÁNGEL ACEBES El juez muestra al ex secretario general del PP varias fotos con Gonzalo Urquijo en presencia de Rajoy y Bárcenas Acebes asegura que desconocía la existencia de una caja b en el PP El juez Pablo Ruz investiga desde hace año y medio si el PP pagó con dinero negro parte de las obras de reforma de su sede central, en el número 13 de la calle de Génova. El PP encargó esos trabajos al arquitecto Gonzalo Urquijo quien, según la investigación, no declaraba a Hacienda una parte de los ingresos que recibía por las obras. Por su parte, el PP tampoco incluía en su contabilidad oficial una parte de los gastos de la reforma porque supuestamente los abonaba con fondos de su caja b, opaca al fisco. La investigación ordenada por el juez de los trabajos realizados en cada una de las plantas del edificio de Génova 13 ha descubierto unos pagos supuestamente ilegales de 1,7 millones de euros por los que mantiene imputados, entre otras personas, al ex tesorero Luis Bárcenas, al ex gerente Cristóbal Paez y al arquitecto Urquijo. El juez Pablo Ruz preguntó el pasado 28 de octubre a Ángel Acebes, ex secretario general del PP, si conocía a Gonzalo Urquijo. Durante la etapa en que Acebes estuvo al frente del partido (2004-2008) se hicieron la mayoría de las obras de reforma de la sede que fueron pagadas en parte, según la investigación judicial, con dinero de la caja b que controlaban los tesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. Acebes contestó al juez Pablo Ruz que no sabía nada de una caja b dentro del partido para realizar determinados pagos, que el tesorero y el gerente no estaban a sus órdenes pues sólo se encargaba de la gestión política del partido, y que no conocía al arquitecto Gonzalo Urquijo. En ese momento, el magistrado le mostró varias fotos donde Acebes aparecía sonriente saludando y conversando con el arquitecto Urquijo en presencia de Mariano Rajoy y Luis Bárcenas. Entre la documentación incautada por el magistrado en los registros realizados en el despacho profesional de Urquijo se encontraban algunas de las fotos que el juez Ruz mostró al ex secretario general del PP. Acebes reaccionó explicando que quizás se tratase de una foto sacada en vísperas de las festividades navideñas, cuando los responsables del partido organizaban una recepción donde saludaban a muchas personas a las que no conocían. http://politica.elpais.com/politica/2014/11/18/actualidad/1416337663_620017.html

 

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2.8. EL JUEZ RECHAZA QUE TRES EXCONSEJEROS EVITEN EL BANQUILLO POR EL ‘CASO GÜRTEL’ De Miguel, Cervera y Rosado están acusados de dar ilegalmente contratos a la trama Otro excargo pedía que se investigara en "Presidencia de la Generalitat" El juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Ceres ha rechazado los recursos presentados por tres exconsejeros para evitar sentarse en el banquillo de los acusados por la pieza del caso Gürtel que investiga el presunto y generalizado fraccionamiento de contratos por parte de numerosas consejerías y otros entes de la Generalitat con el objetivo de facilitar su adjudicación a la trama que lideraba Francisco Correa. Los tres exconsejeros que habían recurrido eran Alicia de Miguel (Bienestar Social), Manuel Cervera y Luis Rosado (ambos de Sanidad) que desempeñaron sus funciones en Gobiernos del expresidente valenciano Francisco Camps. El magistrado sostiene en el auto con el que ha denegado las peticiones que los contratos fueron troceados "intencionalmente", según los indicios que ha reunido en la investigación, con la finalidad de eludir los principios de publicidad y libre concurrencia de las convocatorias públicas. Al argumento de uno de los recursos de que la práctica de partir un mismo objeto contractual no era extraña en la Administración y no sería suficiente como para considerarlo base de un delito de prevaricación, el magistrado responde que la "persistencia en una ilegalidad no convierte desde luego el acto administrativo en legal". En la presente investigación, prosigue, "además se da una plural reiteración de los fraccionamientos, una alteración según dicen los testigos de lo que solía hacerse habitualmente concurriendo una especie de desapoderamiento fáctico de sus dunciones, pues solían ocuparse de la selección de las empresas salvo en estas de Orange" Market, que era la filial del grupo empresarial de Correa en Valencia. Ceres afirma, en el apartado en el que rechaza el recurso presentado por Cervera, exconsejero y exdiputado en el Congreso, que "gran parte del caudal acumulativo indiciario" que obra en el sumario "converge en el recurrente". Cervera, añade el juez, "pudo decidir por sí o aceptar algún tipo de indicación respecto de la irregular participación de Álvaro Pérez [el responsable de Orange Market] en el evento, propiciando o dando lugar a las irregulares contrataciones y sus formas de pago". La resolución de Ceres rechaza también los recursos del resto de acusados, salvo en el procesamiento de una empleada de la trama, Elisa Jordán, y solo respecto a una de las contrataciones irregulares que se le atribuían. Entre los recursos había uno de Santo Juan, exjefe de área de la empresa pública Vaersa, en el que se lamentaba que a lo largo de la instrucción no se hubiera llevado a cabo ninguna diligencia para localizar a los "auténticos responsables" de los supuestos favores a las empresas de Correa que fuera capaz de poner de acuerdo a "tantas consejerías". "Solo alguien por encima de ellas y con autoridad sobre los consejeros, con capacidad política y administrativa para asegurar su influencia a escala funcionarial, era capaz de llevar a cabo tan coordinada actuación, estimando que a la luz del Estatuto de Autonomía, de la Ley del Gobierno valenciano y del propio sentido común solo Presidencia de la Generalitat tiene ese capacidad de influir en sus subordinados", añadía el recurso. Ceres no acepta la petición que, recuerda, no se solicitó a lo largo de la investigación de los hechos, y agrega que la petición "precisaría venir acompañada de solicitud de concretas diligencias tendentes a su objeto que, sin embargo, no se indican en el recurso". http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/24/valencia/1416855432_810727.html

 

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03. NINGUNA MEDIDA ANUNCIADA POR RAJOY CONTRA LA CORRUPCIÓN ESTÁ EN VIGOR Ninguna de las leyes contra la corrupción que prometió Mariano Rajoy hace 21 meses en el Congreso de los Diputados está en vigor. El 20 de febrero de 2013, en su primer debate sobre el estado de la Nación como presidente del Gobierno, prometió una batería de medidas de regeneración que, en el mejor de los casos, están atascadas en las Cortes, otras ni siquiera han pasado por el Consejo de Ministros y alguna ya no podrá aprobarse en el año que queda de legislatura. El próximo jueves, Rajoy irá al Pleno del Congreso a defender por tercera vez las mismas medidas, especialmente dos de ellas —la ley de financiación de partidos y la de ejercicio de altos cargos— que llegaron el 22 de febrero de 2014 al Congreso y desde entonces están bloqueadas por decisión del PP. Ambos proyectos de ley han tenido hasta el momento 27 ampliaciones de los plazos de enmienda, una situación inusual. Aquel día de 2013 Rajoy ya habló de la Ley de Control de la Actividad Económico-Financiera de los Partidos Políticos y del Estatuto del Cargo Público. Las aprobó el Consejo de Ministros un año después, pero no han sido debatidas aún en el Pleno. "Una nueva norma que modificará algunas que ya forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y que propondrá nuevas exigencias a los partidos y más instrumentos al Tribunal de Cuentas" y "una norma, en definitiva, que transmita seguridad y certeza a los ciudadanos y a los políticos, para que todos los que ejercemos la política respondamos sin distingo a las mismas obligaciones de transparencia, y tengamos claro las declaraciones tributarias, de bienes y de actividades que tenemos que publicar y cómo tenemos que hacerlo; con unos estándares que todos debemos cumplir", dijo. Sus propuestas se completaban con un Código Penal que llegó al Congreso el 24 de septiembre de 2013 y que ha tenido hasta 41 ampliaciones del plazo de enmiendas. Comparecieron expertos que dudaron de su efectividad contra la corrupción, entre ellos el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, pero el proyecto quedó atascado. Hasta el punto de que el Gobierno se plantea ahora dejar caer una parte e impulsar solo otras para que dé tiempo a seguir su trámite en el Congreso y luego en el Senado. También prometió una "Ley de Enjuiciamiento Criminal que agilice los procedimientos, para que el tiempo de respuesta ante el delito no sea, en ningún caso, una forma de impunidad para el delincuente o una condena pública sin sentencia para quien no lo es ni lo ha sido nunca". Ese proyecto ni siquiera ha pasado por el Consejo de Ministros. Hubo una propuesta de una comisión de expertos que el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, guardó en un cajón. Ahora ya no hay tiempo de aprobarla completa y, por eso, el Gobierno optará por una reforma parcial referida a limitar macroprocesos, al control de comunicaciones y a los procesos para las faltas. El Gobierno aprobará en breve el anteproyecto para recabar informes y no llegará al Congreso antes de febrero de 2015, con dificultades para aprobarlo en esta legislatura. La Ley de Transparencia fue aprobada por el Gobierno antes de ese debate, pero no entrará en vigor hasta el 10 de diciembre, y una parte referida a la publicidad del patrimonio de altos cargos no se ha aplicado a los que fueron nombrados antes de julio de 2013, es decir, 257, por aplicación de un reglamento previo a la ley. Tras aquel debate, el PP pactó con el resto de grupos una resolución para crear "una comisión independiente formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social que elabore un informe para su remisión al Parlamento sobre la regeneración de la democracia". Ni se intentó siquiera crear esa comisión. La resolución hablaba de otras medidas como la "reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, medidas parlamentarias como regular las organizaciones de intereses o lobbies y puesta en marcha inmediata de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales". No hay noticias de ellas.

 

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Solo el lunes el PP presentó una propuesta para regular los lobbies en la ponencia de reforma del Reglamento, que se constituyó hace más de un año y que aún no ha cerrado ni un apartado. El siguiente paso fue un grupo de trabajo interno en La Moncloa que en marzo de 2013 volvió a anunciar todas esas medidas y de forma detallada, pero tampoco se aprobaron entonces. El 1 de agosto de 2013, en pleno apogeo del caso Gürtel y las acusaciones del extesorero Luis Bárcenas, Rajoy volvió al Congreso y anunció de nuevo las mismas seis medidas, de las cuales ninguna está en vigor y algunas como las del Tribunal de Cuentas y la Ley de Enjuiciamiento ni siquiera han arrancado. "Presentaré, a través de media docena de textos legales, un auténtico Plan Nacional de Regeneración Democrática, que deseamos que alcance el mayor nivel de consenso en esta Cámara", dijo ese día el presidente. En septiembre de 2013, el Gobierno remitió el proyecto de Código Penal al Congreso que permanece bloqueado. En febrero de este año, las dos leyes que tampoco han avanzado y que Rajoy presentará el jueves en el Pleno nueve meses después, con una fórmula parlamentaria insólita en la que interviene el presidente para defender dos leyes en trámite. La oposición pretendía que fuera un pleno monográfico, pero el Gobierno prefirió este inusual procedimiento. Sí hubo un intento de pacto con los partidos, con reuniones sobre todo con el PSOE, pero esta formación se negó al acuerdo Antes, el pasado 31 de agosto, el Gobierno recuperó su plan de regeneración para anunciar en una nota de La Moncloa que abría un plazo de dos meses para negociar sobre ellas con los grupos parlamentarios. Se repetían las mismas medidas con tres añadidos: limitación del aforamiento, control sobre los indultos y limitar gastos de campañas electorales. Hace un mes que acabó ese plazo y ninguna de ellas ha avanzado en su tramitación, ni en el Consejo de Ministros, ni en el Parlamento. Sí hubo un intento de pacto con los partidos, con reuniones sobre todo con el PSOE, pero este partido se negó al acuerdo porque el Gobierno insistía en incluir la reforma de la ley electoral para primar a los partidos más votados en los Ayuntamientos. Hace un mes que acabó ese plazo que se dio el Gobierno y tampoco hay noticias de ninguna de estas medidas y el Ejecutivo no ha vuelto a hablar siquiera de esa reforma electoral que impidió el pacto de regeneración que proponía. "Se abrirá un plazo de dos meses para el desarrollo de las negociaciones y la definición de propuestas, de forma que en el mes de noviembre pueda afrontarse la tramitación en Comisión de las Leyes y en diciembre sean aprobadas en el Congreso, cumpliendo el compromiso adquirido", decía la nota de La Moncloa, pero ha terminado noviembre y eso no ha ocurrido. Ahora solo queda un año de legislatura, lo que supone que únicamente hay un periodo de sesiones completo —el que va de febrero a junio de 2015— y en esos cinco meses las Cortes deben sacar adelante lo que en 21 meses el Gobierno del PP con su mayoría absoluta no ha aprobado. Los planes de regeneración 20 de febrero de 2013. Rajoy anuncia en el debate sobre el estado de la nación un Proyecto de Ley Orgánica de Control de la Actividad Económico-Financiera de los Partidos Políticos, un Estatuto del Cargo Público, la reforma del Código Penal y nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. 24 de febrero de 2013. Aprobada una resolución para crear una comisión de expertos y más medidas como la Ley del Tribunal de Cuentas.

 

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1 de agosto de 2013. Rajoy vuelve a anunciar las mismas medidas en el Pleno sobre Bárcenas. 24 de septiembre de 2013. Llega al Congreso el nuevo Código Penal. 22 de febrero de 2014. Llegan a las Cortes la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económico-Financiera de los Partidos Políticos y el Estatuto del Cargo Público. 31 de agosto de 2014. El Gobierno vuelve a anunciar las mismas medidas y se da dos meses para un pacto de regeneración. 27 de noviembre de 2014. Rajoy irá al Pleno del Congreso a anunciar otra vez un plan de regeneración y defender las dos leyes que anunció hace 21 meses y que deben cumplir todo el trámite parlamentario. http://politica.elpais.com/politica/2014/11/24/actualidad/1416852000_742860.html 04. EL PP IMPIDE QUE SE INVESTIGUE EN EL CONGRESO SOBRE LAS CUENTAS DE BANKIA Y LOS CASOS DE CORRUPCIÓN El PSOE y la Izquierda Plural habían pedido la creación de comisiones de investigación Lo que es escandaloso para la mayoría de los ciudadanos no parece que preocupe al PP que ha desplegado, una día más, su mayoría absoluta en la Junta de Portavoces para impedir que se apruebe una comisión de investigación sobre lo que ha ocurrido en Bankia y otra para indagar en los casos de corrupción política. Peticiones que presentaban el PSOE y la Izquierda Plural. Los populares también han rechazado la propuesta de los socialistas de cambiar el procedimiento para elegir a los vocales del Consejo de Transparencia. Una elección en la que el PSOE quiere que participen todos los grupos parlamentarios. El portavoz socialista, Antonio Hernando, reprochaba al PP su actitud: “El PP dice que quiere ser transparente y niega al Congreso la posibilidad de investigar qué ha pasado con Bankia, y con los gestores de Bankia, algunos de ellos con inmejorables relaciones con el PP. El PP dice una cosa pero luego hace otra”, concluía Hernando. Desde el grupo popular, su secretario general, José Antonio Bermúdez de Castro, explicaba que no es el momento de crear comisiones de investigación porque, según él, algunos grupos utilizan estas iniciativas simplemente para desgastar al gobierno. Bermúdez dice que lo que toca es debatir cuanto antes las medidas anticorrupción que el PP ha traído a la Cámara. Sus palabras han sido muy criticadas también por el portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, que cree que la actitud del PP desgasta no sólo al propio partido sino también a las instituciones y, en este caso, al Congreso. http://cadenaser.com/ser/2014/12/09/politica/1418139673_114562.html 05. RAJOY: “CUALQUIER RECTIFICACIÓN DE LAS REFORMAS SERÍA UN GRAVE ERROR” El presidente critica la intención del líder del PSOE de revisar la obligación constitucional de dar prioridad al pago de la deuda El presidente Mariano Rajoy ha defendido hoy las reformas económicas aplicadas por el Gobierno y ha advertido de que “cualquier rectificación sería un grave error”. Aunque no lo ha citado expresamente, se trata de una alusión muy clara al anuncio del líder del PSOE, Pedro Sánchez, de que revisará la reforma del artículo 135 de la Constitución, pactada en 2011 por Rajoy y Zapatero para poner techo al déficit y dar prioridad al pago de la deuda.

 

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El jefe del Gobierno ha advertido también contra las “ocurrencias y frivolidades” y el riesgo de “dar un paso atrás” en la política de reformas, que en su opinión ya está dando frutos. Por el contrario, se ha mostrado dispuesto a “seguir liderando las reformas para que la recuperación se consolide en España y los españoles recuperen el nivel de bienestar que la crisis les quitó”. En presencia del presidente de México, Enrique Peña Nieto, embarcado en un programa de reformas estructurales, Rajoy ha dicho que estas son imprescindibles, a pesar de que no producen popularidad a corto plazo y son utilizadas por algunos partidos, “para ver qué pueden pescar”. Rajoy ha pronunciado estas palabras en el Foro de la Comunicación, clausurado en Veracruz pocas horas antes de la Inauguración de la Cumbre Iberoamericna; en el que han participado, entre otros, el presidente de Televisa, Emilio Acárraga, el del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, el de Univisión, Randy Falcó o el del Grupo Clarín, Jorge Carlos Rendo, así como el vicepresidente de Telefónica, Julio Linares. http://politica.elpais.com/politica/2014/12/08/actualidad/1418063281_685556.html 06. EL GOBIERNO ADMITE QUE EL ESTADO DEBE RECUPERAR PRESENCIA EN CATALUÑA Rajoy rechaza un cambio constitucional y ve “patético” el giro de Sánchez El presidente ve poco útil verse con Mas porque solo quiere la independencia El Gobierno tiene claramente identificado su principal problema estratégico en Cataluña: la escasa “presencia y papel” del Estado en esta comunidad, que ha permitido que crezca el independentismo. Así lo admitió este sábado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en una conversación informal con periodistas en el día de la Constitución, en la que explicó que hay que recuperar esa presencia y hacer mucha “pedagogía” para convencer a los catalanes de lo útil que es para ellos seguir en España y lo perjudicial que sería separarse. En otra conversación similar, el presidente, Mariano Rajoy, anunció que acudirá de nuevo a Cataluña en enero —en diciembre su agenda lo complica— para dar esta batalla. Antes de ese viaje en enero, el PP tratará de mostrar su unidad en torno a Rajoy y su defensa de la unidad de España. Para lograrlo ha organizado el próximo día 13 en La Granja (Segovia) una reunión de todos los presidentes autonómicos en la que Rajoy defenderán el actual modelo territorial español. El presidente, de forma más matizada con micrófonos y sobre todo de manera rotunda ya sin ellos, descartó la reforma constitucional que le reclaman desde diversos sectores, en especial desde el PSOE. “Hay otras prioridades”, dijo frente a las cámaras. Y en la conversación informal fue rotundo y durísimo contra el líder del PSOE, Pedro Sánchez, lo que evidenció que entre ellos no hay nada ni parecido a un acercamiento para esta reforma. Rajoy aseguró que el PP, con sus 183, no va a proponer ninguna reforma porque él cree que no hay ningún punto de la Constitución que sea imprescindible cambiar. Enfrascado en la explicación, Rajoy utilizó un tono indignado al hablar de Sánchez. Dijo que es “una broma” que esté reclamando una reforma constitucional pero no sea capaz de presentar una propuesta concreta, y sobre todo se quejó del giró del líder del PSOE sobre la reforma del artículo 135 que él pactó en 2011 con José Luis Rodríguez Zapatero y Sánchez votó como diputado. “Estamos dando una imagen internacional patética, no se puede pactar algo importante PSOE y PP como el articulo 135 y tres años después decir que no vale”, se indignó el presidente. Rajoy trasladó la idea de que es muy difícil negociar con alguien como Sánchez que hace ese giro, y aseguró que ni siquiera en privado le da ninguna concreción sobre la reforma que pretende. Rajoy también dejó la puerta muy cerrada a cualquier negociación con Artur Mas. El presidente dijo que él está siempre dispuesto a hablar con todo el mundo, pero dejó claro que con Mas ya no le utilidad. El Gobierno ni siquiera tiene intenciones de contestar al documento con 23

 

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puntos que le dejó Mas en su última reunión en La Moncloa, en julio. “En ese texto se piden modificaciones de ocho leyes que acabamos de cambiar”, explicó el presidente. Rajoy sobre todo dejó claro que ve inútil negociar con Mas porque ve al president lanzado en exclusiva a la búsqueda de la independencia. “Yo estoy dispuesto a hablar pero no de la unidad de España, de ceder la soberanía nacional. Y eso es lo que él quiere. ¿Cómo vas a hablar con alguien que lo único que quiere es irse de España?”, se preguntó el presidente. El Gobierno parece decidido a mantener la posición sobre Cataluña a la espera de que Mas, si quiere, convoque elecciones y ahí llegue la batalla definitiva, aunque el presidente aseguró que no sabe nada sobre los planes de Mas. La vicepresidenta reforzó con datos la decisión de Rajoy de no moverse y rechazar incluso una subcomisión para estudiar una reforma constitucional. Dijo que según las series del CIS, una media del 65 % de españoles quiere seguir con el modelo territorial actual mientras el apoyo a la llamada tercera vía que impulsa el PSOE no llega al 15 %. Según apuntó, una tercera horquilla de entre el 30 y el 35 % la polarizan los que quieren un Estado central y los que quieren la independencia. Rajoy admitió que el asunto de Cataluña está entre sus tres prioridades para lo que queda de legislatura, además de la economía y la lucha contra la corrupción. Pero dio varias muestras durante la conversación de estar concentrado en las otras dos mucho más que en buscar soluciones a la crisis catalana. De hecho aseguró que una de las que se planteó en su momento, esto es la reforma de la financiación autonómica, queda para la próxima legislatura. “Ahora no hay dinero para hacer esa reforma”, aseguró. Rajoy parecía más bien dar por hecho que Cataluña entra en periodo electoral y él mismo parece ya preparado para hacer campaña allí. Y mientras Rajoy insistía en mantener su posición de firmeza, Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP y portavoz de Libres e Iguales, aseguraba que el problema de España no es la reforma de la Constitución sino “la debilidad del Estado y su condescendencia con quienes atacan la convivencia”. “En días como hoy causa perplejidad y decepción la complacencia de la máxima institución del Estado con quienes abiertamente pretenden destruirlo”, en clara referencia a las fotografías del Rey y Artur Mas sonrientes dentro de un coche en la fábrica Seat que reproducía la prensa este sábado. Rajoy volverá a ser candidato El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha confirmado este sábado que tiene intención de agotar la legislatura y de presentarse a la reelección como cabeza de lista de su partido en las próximas elecciones generales. El presidente del Gobierno ha dejado claro ante los medios de comunicación que no habrá elecciones anticipadas este año y que, si lo quiere su partido, él volverá a ser el cabeza de cartel del PP en las generales. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha manifestado poco después que eso era lo "previsible" y que no le sorprendía nada que Rajoy tenga previsto volver a ser el cabeza de cartel del PP en los comicios. Según ha dicho a Europa Press, esto no cambia en nada su estrategia, que es salir a ganar las elecciones. http://politica.elpais.com/politica/2014/12/06/actualidad/1417863018_280047.html 07. RAJOY LANZA UNA OFENSIVA POLÍTICA EN CATALUÑA TRES SEMANAS DESPUÉS DEL 9-N El Gobierno y el PP reivindican que han salvado a la Generalitat de la quiebra Mariano Rajoy, su Gobierno y su partido han decidido finalmente acudir a Cataluña para hacer política, como le reclamaban desde el PP catalán y muchos otros sectores. El presidente viaja este sábado para realizar allí un discurso muy esperado que, según distintos miembros del Gobierno, será “constructivo” y “en positivo”, y no centrado solo en la ley como hasta ahora.

 

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Rajoy, explican fuentes del Gobierno, tiene poco margen para ofertas concretas como la que va a plantear David Cameron a los escoceses —cesión completa del Impuesto sobre la Renta— porque los barones autonómicos del PP, con elecciones a la vista, y en general el sector conservador están alerta y exigen al presidente que no conceda nada. Pero sí está preparando hace días un discurso contundente con una idea central: que el Gobierno ha salvado a Cataluña con su apoyo financiero a la Generalitat. Rajoy insistirá en que el plan de proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómico han permitido que una comunidad sin acceso a los mercados por sus problemas financieros pudiera pagar todos los meses a sus funcionarios y a sus farmacias, abrir colegios y hospitales y evitar la quiebra. Esta idea la apuntaron este viernes tanto la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el ministro de Economía, Luis de Guindos. Estos dos últimos estuvieron presentes en Cataluña en un desembarco pensado para recuperar espacio frente al independentismo. La idea que este viernes repitieron Sáenz de Santamaría y Cospedal — y que este sábado desarrollará Rajoy— es que mientras Artur Mas se dedicaba a la apuesta independentista, el Gobierno se ha concentrado en ayudar a los catalanes. La vicepresidenta reivindicó la ayuda financiera. “Bien que ha necesitado la Generalitat el fondo de rescate. A lo largo de estos años hemos conseguido que Cataluña pudiera financiarse. Hemos intentado que salga del marasmo financiero en el que se encuentra. La semana pasada les hablé del rescate del Teatro del Liceo. Es nuestra responsabilidad y lo hacemos con mucho gusto. Y mientras, el president no se ha dedicado a gobernar. Menos mal que estaba ahí el Gobierno de España para suplir sus carencias”, insistió tras el Consejo de Ministros. Ana Botella, alcalde de Madrid, ha hecho un llamamiento a los responsables municipales para que se rebelen contra "la mentira" que se está explicando en Cataluña. La alcaldesa ha señalado que los Ayuntamientos son los "principales valedores" de la historia que articula España desde "tiempo inmemorial". "No quiero una sociedad catalana de invernadero, oscura y cerrada donde la exclusión es la norma. Hay que volver a la cordura que se ha perdido. El Estado de Derecho quebrado el 9N tiene que restablecerse", ha afirmado. "Tenemos la responsabilidad de ayudar a esa mayoría no nacionalista que vive en Cataluña y lo voy a hacer donde esté". Y, como ejemplo, ha mostrado su solidaridad con el alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, que ha sido reprobado, dijo, por defender el castellano. En realidad no fue así: lo ha sido, a instancias de Iniciativa per Catalunya, que lo acusó de mentir en el programa Salvados, de Jordi Évole, al decir que a los niños se les fuerza a hablar catalán en el patio del colegio y se les dice que "no pueden hablar en castellano". En esa misma entrevista, señaló que él si era partidario de defender una consulta en la que se pidiera a los padres si querían que a sus hijos fueran educados en una u otra lengua. Cospedal, en Barcelona, tiró de cifras. Recordó que el Gobierno ha inyectado 24.000 millones de euros a Cataluña, lo que supone el 40% del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Y esa suma, detalló, es muy superior a los 16.000 millones de euros en que tasan los nacionalistas el déficit fiscal. Esos 24.000 millones, explicó, han servido para costear el casi un millón de facturas que debían abonarse a 330.000 proveedores. El Gobierno de CiU suele reprochar a Rajoy que las ayudas del FLA no son a fondo perdido y que son en realidad un crédito que tienen que devolver con intereses, aunque el Gobierno recuerda que en los mercados la Generalitat nunca habría obtenido esa financiación. Esa estrategia de Rajoy, que rematará este sábado con su discurso, se visualizó en la convención municipal que arrancó este viernes en Barcelona y que está concebida para arropar a los populares de Cataluña tras la conmoción que les supuso ver las urnas en la calle el 9-N. El presidente también tratará de animar a su partido en Cataluña —el viaje es única y exclusivamente para un acto de partido, sin citas institucionales— y también de dirigirse a lo que para el Gobierno es la “mayoría silenciosa”, esto es, los cuatro millones de residentes en Cataluña que no fueron a votar el 9-N.

 

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Cospedal abonó la tesis que ha sido el Gobierno el que se ha ocupado de Cataluña a diferencia de Mas a quien ha acusado de estar frenando el crecimiento económico al dedicarse a alimentar “mitos prefabricados” con el “aplauso financiado”. Con el diálogo entre Rajoy y Mas hecho trizas desde la querella de la Fiscalía, Cospedal ignoró el posible adelanto electoral y dibujó a Cataluña como una comunidad hundida incapaz de financiar su educación, pagar los servicios sanitarios, a las farmacias o los salarios de los funcionarios y que, por tanto, solo ha podido resistir gracias al “compromiso ineludible” del Gobierno. Cospedal sí deslizó que las cotizaciones de los trabajadores de Cataluña no alcanzan a pagar las pensiones de los jubilados Con un discurso positivo y sin poner tanto el acento como hace un año en la catástrofe económica que supondría para Cataluña la secesión, Cospedal sí deslizó que las cotizaciones de los trabajadores de Cataluña no alcanzan a pagar las pensiones de los jubilados. “Faltarían 4.000 millones”, avisó señalando que, en cualquier caso, esa es la obligación del Gobierno: cubrir ese desfase de la misma forma que lo cumple en cualquier otra comunidad. Y en pleno desembarco del Gobierno y del PP, también apareció en Barcelona, contraprogramando casi a Rajoy, José María Aznar. El expresidente, en un acto organizado por el Grupo de Líderes Empresariales, cargó contra el independentismo y pidió contundencia al Gobierno. “O hay continuidad histórica o hay ruptura, y cuando se lleva la política a estos límites, la acción debe ser muy clara”, sostuvo. “De las crisis económicas se sale con más o menos coste o tiempo; las crisis políticas exigen gente con sentido histórico de Estado y con enorme generosidad, pero supone no llevar las cosas al límite”, remató. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/28/catalunya/1417183376_987635.html 08. RAJOY SOBRE CATALUÑA: “TENDRÉ QUE EXPLICAR MEJOR MIS RAZONES” El presidente del Gobierno critica a Podemos: “Si alguien quiere liquidar la Transición será por desconocimiento” Mariano Rajoy admite implícitamente que el Gobierno está perdiendo el debate en Cataluña y se va a poner manos a la obra para intentar recuperar espacio. Durante una rueda de prensa en Brisbane (Australia), al final de la cumbre del G-20, el presidente ha sido más sincero de lo habitual al confirmar que está preparando un viaje a Cataluña para dar allí la batalla contra el independentismo. “Tendré que explicar mejor que hasta ahora mis razones y mis argumentos” en Cataluña, ha admitido el presidente. Rajoy ha asegurado que tiene intenciones de acudir a esta comunidad, aunque aún no ha cerrado la fecha. “Voy a intentar explicar a los catalanes que es el momento de luchar contra el paro, que España es un gran país con peso en el mundo, como demuestra este G-20 en el que se han puesto las reformas españolas como un ejemplo. Les voy a decir que yo no quiero que tengan que elegir entre ser catalanes o españoles. Les voy a decir que en este mundo no conviene estar aislado, que no quiero que les expulsen del euro. Y también les voy a decir que a Cataluña le ha ido bien cuando ha tenido dirigentes que han sabido buscar el pacto. Yo voy a defender sus intereses”, ha insistido Rajoy en lo que parecía casi un borrador del discurso que está preparando para ofrecer en Cataluña. El presidente ha anunciado que mañana contestará a la carta de Mas y ha evitado en todo momento hablar sobre las decisiones de la fiscalía. “Yo no soy juez ni fiscal, respeto la división de poderes, no hay ninguna presión del Gobierno”. Rajoy ha insistido en que él no presiona aunque ha dejado caer que “otros”, en posible referencia a la Generalitat, sí pueden estar presionando en el sentido contrario a los fiscales catalanes para que no haya querella. Rajoy se va muy contento del G-20 porque ha recibido aquí el espaldarazo político que le falta en España, ya que sus socios han alabado las reformas españolas. “Para mí es un orgullo que España sea visto en todo el mundo como un ejemplo de superación”, ha asegurado después

 

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de reunirse con Barack Obama y los presidentes de los cuatro grandes países de Europa -Alemania, Francia, Italia, Reino Unido- y representantes de la Comisión y el Consejo Europeo en una fotografía muy esperada en La Moncloa. Incluso se ha quejado con ironía de que en España no tiene ese reconocimiento: “En España hay mucha gente que tiene que cascarle al Gobierno porque forma parte del mundo en el que vivimos”. Respuesta a Podemos El presidente también ha querido responder al mensaje lanzado ayer por el líder del Podemos, Pablo Iglesias, que promete acabar con el “régimen” de 1978". “Yo no quiero acabar con la Transición, que fue uno de los acontecimientos más importantes de la moderna historia de España, y lo único que ha traído es democracia, libertad, derechos humanos, descentralización, nos metió en Europa y en el mundo. Si alguien quiere liquidar eso y tirarlo por la borda será por desconocimiento”. Rajoy, que ha sufrido en las últimas semanas un gran deterioro de imagen por los escándalos de corrupción, ha emplazado a Pedro Sánchez y a Susana Díaz a explicar qué van a hacer con Manuel Chaves y José Antonio Griñán, los dos expresidentes andaluces contra los que el Supremo ha iniciado una investigación por posible malversación de fondos públicos. “Esa es una excelente pregunta para hacerle a Susana Díaz y a Pedro Sánchez”, ha desviado. “Yo no soy juez ni fiscal, yo lo que haré es comparecer el 27 en el Congreso y explicar las medidas que legales que vamos a tomar”, ha insistido. http://politica.elpais.com/politica/2014/11/16/actualidad/1416125397_614042.html 09. EL GOBIERNO CRITICA LA EXCARCELACIÓN DE ETARRAS: “ESTO NO SE PUEDE HACER” El PSOE achaca a la negligencia del PP la alarma por la liberación de Santi Potro La Audiencia Nacional acuerda la excarcelación de Santi Potros El Gobierno ha criticado duramente a la Audiencia Nacional por su decisión de liberar a terroristas con decenas de asesinatos a sus espaldas como Santi Potros después de conmutarles el tiempo de condena cumplido en Francia, un asunto que está generando una enorme indignación en distintos sectores sociales incluido el PSOE, que reprochó ayer al Ejecutivo que no hubiera trabajado antes para impedir la excarcelación. Ese enfado generalizado puede abrir una nueva brecha en los votantes más fieles del PP, precisamente en un momento en el que Gobierno intenta recuperar impulso, y por eso el Ejecutivo salió rápidamente a frenar la sangría. La vicepresidenta se saltó así la norma de no criticar las decisiones judiciales, que suele cumplir en sus comparecencias. El Gobierno siempre evita hablar de las decisiones judiciales, sobre todo las que afectan al PP, con el argumento del respeto escrupuloso a la separación de poderes. Pero ayer se saltó esa norma presionado por la indignación de las víctimas del terrorismo, un sector muy sensible para el PP. Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta, criticó con gran dureza, algo inusual en ella, la decisión de la Audiencia Nacional de excarcelar a los etarras Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, y Alberto Plazaola. “Los ciudadanos no lo entienden y nosotros [el Gobierno] tampoco lo entendemos” clamó la vicepresidenta tras la reunión del Consejo de Ministros. La vicepresidenta criticó que la decisión puede variar en función de la sala que la adopte, y apoyó la decisión de la fiscalía de recurrir esta puesta en libertad ante el Tribunal Supremo. “Nosotros respetamos las decisiones judiciales pero en este caso es más difícil porque, depende de la sección, se toma una decisión u otra. La ley es muy clara y el criterio de la sección primera no cabe en esta ley. El Gobierno tiene su criterio: estamos de acuerdo con el recurso de la fiscalía”, aseguró. La decisión la tomaron los jueces de la sección primera de la Sala de lo Penal en contra del criterio de la fiscalía y de sus compañeros de la sección segunda. La resolución de la sección primera deriva de una normativa europea del año 2008 sobre reconocimiento de sentencias penales entre Estados miembros de la UE. El pasado 13 de noviembre, una ley orgánica

 

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incorporó esta norma comunitaria al derecho español, pero limitando notablemente su alcance, hasta el punto de impedir la acumulación en España del tiempo de prisión cumplido por condenas impuestas en otros países de la UE antes del 15 de agosto de 2010. Sin embargo, la Ley Orgánica 7/2014, publicada en el BOE del 13 de noviembre, no entró en vigor hasta 20 días más tarde, es decir, hasta el pasado 3 de diciembre, por lo que los magistrados de la sección primera de la Audiencia no la tuvieron en cuenta a la hora de ordenar el nuevo cómputo del tiempo de cumplimiento de las condenas de los cuatro etarras. Otra sección penal de la Audiencia Nacional, la segunda, optó por la solución opuesta. “Los ciudadanos no lo entienden y nosotros tampoco”, dijo Santamaría La vicepresidenta fue más lejos que nunca y no solo comentó la decisión de forma crítica. Aseguró que los jueces no pueden hacer lo que hicieron, una intromisión absolutamente inédita en la conferencia de prensa del Consejo de Ministros desde que ella llegó a La Moncloa. “Queremos decírselo también a las víctimas. Esto no se puede hacer como lo ha hecho la sección primera de la Audiencia Nacional. Lo tenemos muy claro. La posición del Gobierno está en la ley que salió de las Cortes. Nos llena de desazón que ciudadanos se tengan que enfrentar a criterios judiciales tan dispares y algunos tan incomprensibles”, aseguró. El Ejecutivo hasta ahora siempre evitaba comentar también las actuaciones de la fiscalía, incluso las que han supuesto una querella contra el president de la Generalitat, Artur Mas. La indignación con la liberación de Santi Potros que más preocupa al Ejecutivo es la de su electorado, pero no es la única. El secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, aseguró que le produce “desasosiego” y aseguró que el Gobierno y los jueces, “ante una alarma social tan tremenda”, debían haber “puesto el parche antes” para evitarlo. Ante esta presión cruzada desde todos los sectores, el Gobierno trabaja desde el primer minuto para ponerse al frente de la protesta contra la Audiencia y evitar lo que sucedió cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tumbó la llamada doctrina Parot, lo que supuso la excarcelación de decenas de etarras. Entonces, el Gobierno y el PP vivieron uno de los momentos internos más difíciles de la legislatura, solo al nivel de la excarcelación de otro etarra, Josu Uribetxeberria Bolinaga, en agosto de 2012, que provocó el Comité Ejecutivo Nacional más tenso en muchos años con un grave enfrentamiento entre el ministro del Interior, Jorge Fernández, y el entonces portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor. Esperanza Aguirre salió en defensa de Mayor y Rajoy apoyó a Fernández, en un ambiente interno durísimo. El Ejecutivo había evitado hasta ahora comentar las decisiones judiciales Con el fin de la doctrina Parot, las víctimas y un sector de la prensa conservadora se movilizaron y organizaron el 27 de octubre de 2013 una manifestación multitudinaria en la plaza de Colón que nadie en el PP ha olvidado. Todos los dirigentes populares, salvo el propio Mayor y la expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre, fueron abucheados e insultados. Javier Arenas, Carlos Floriano y Esteban González Pons tuvieron que llegar a sus coches escoltados por la policía mientras les gritaban “cobardes, traidores, asesinos”. Dirigentes del PP vasco con años de escoltas y lucha contra el terrorismo a sus espaldas como Iñaki Oyarzábal o Arantza Quiroga fueron increpados mientras recorrían las calles de Madrid. Ese es el peor escenario para un Gobierno y un partido que pretenden recuperar impulso con un nuevo ministro, Alfonso Alonso, y sobre todo con un giro hacia la política social, después de años de recortes, que esta semana se ha concretado en una reunión con sindicatos y patronal para ultimar una ayuda a los parados de larga duración y ayer con anuncios de ayudas en el IRPF para familias numerosas. http://politica.elpais.com/politica/2014/12/05/actualidad/1417785766_724466.html 10. 257 CARGOS NO PUBLICAN SU DECLARACIÓN DE BIENES El PP se acoge a un reglamento previo para no aplicar una parte de la Ley de Transparencia

 

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El Gobierno se ha acogido a un reglamento previo para no aplicar una parte de la Ley de Transparencia que está en vigor desde hace nueve meses. En concreto, no se ha publicado la declaración de bienes y derechos patrimoniales de la mayoría de los actuales altos cargos. El PSOE cifra en 257 los cargos públicos que deberían haber hecho pública esa declaración en septiembre y aún no lo han hecho. Los socialistas han presentado en el Congreso una proposición no de ley y una solicitud de documentación de cada uno de ellos. La ley de Transparencia aprobada el 9 de diciembre de 2013 prevé la publicación de los bienes y patrimonio de los altos cargos en su toma de posesión y al acabar su mandato, de forma que pueda compararse si ha habido enriquecimiento. Esa norma ampliaba una ley de 2006, elaborada por el ministro Jordi Sevilla, que solo se refería a ministros y secretarios de Estado. Ahora es aplicable a muchos más altos cargos, incluyendo responsables de empresas y organismos públicos y embajadores. El pasado 24 de septiembre el Boletín Oficial del Estado publicó una resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas en la que se incluían las declaraciones, pero únicamente referidas a los altos cargos cuya toma de posesión o cese se haya producido entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014. Dado que el Gobierno cambió en diciembre de 2012, han quedado excluidos casi todos los altos cargos, es decir, los que fueron nombrados entre esa fecha y el mes de julio. Para explicarlo, el Gobierno se acoge al Reglamento de 2009 que desarrollaba la ley anterior y que establecía que se publicaban las declaraciones de los que tomaban posesión entre el 1 de julio y el 30 de junio. Es decir, limita la eficacia de la ley estrella del Gobierno de Mariano Rajoy para la regeneración con un reglamento de inferior jerarquía normativa y anterior. Siete dirigentes de Presidencia aún no han hecho público su patrimonio El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, aseguró a este periódico que este Gobierno ha ampliado el número de personas que deben publicar su declaración. Explica que no la deben publicar los que ya estaban en el cargo antes de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia porque así lo ha decidido la Oficina de Conflicto de Intereses y porque "cuando fueron nombrados no estaba en vigor la norma”. Eso supone en la práctica que en este momento hay dos tipos de altos cargos: los que tomaron posesión después de julio de 2013 y que sí tienen patrimonios transparentes y los que tomaron posesión antes y no lo tienen. Además, con esa interpretación, todos estos altos cargos deberán presentar la declaración cuando cesen en el cargo sin que previamente hayan hecho pública la inicial, es decir, sin que haya posibilidad de comparar para determinar si hay enriquecimiento. El PSOE entiende en su proposición no de ley que “con esta publicación limitada, el Gobierno ha incumplido la obligación que la ley establece respecto de los demás altos cargos nombrados con anterioridad al 1 de julio de 2013 y que han permanecido en sus puestos hasta ahora”. Añaden que “en ningún caso puede considerarse que el Reglamento pueda limitar o excluir el alcance de los sujetos obligados por la norma legal, ya que estaríamos ante una norma viciada de nulidad por incumplimiento del principio de legalidad". "La intención del Gobierno de no publicar las declaraciones relativas a todos los Altos Cargos incluidos en la Ley de Transparencia, excluyendo precisamente a los que fueron nombrados durante el primer año y medio de su mandato y aún permanecen en sus cargos, no solo supone el incumplimiento evidente de la previsión legal, sino que además impide que ésta pueda cumplir eficazmente su función respecto de este grupo de altos cargos, al evitar que puedan salir a la luz, en su caso, incrementos patrimoniales injustificados de los Altos Cargos producidos durante el ejercicio de su mandato", explica el principal partido de la oposición. Por todo ello pide que se inste al Gobierno "al cumplimiento inmediato de la previsión incluida en la Ley de Transparencia, cuya disposición final segunda amplió la obligación de publicar en el BOE el contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los Altos

 

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Cargos de la Administración General del Estado, procediendo a la publicación de las correspondientes a todos los recogidos en el artículo 3 de la Ley 5/2006 que permanecen en sus puestos, aunque hayan sido nombrados con anterioridad al 1 de julio de 2013." La lista de altos cargos de los que aún no se ha publicado la declaración incluye a siete de Presidencia del Gobierno, desde donde se impulsó la norma, como el director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y la secretaria general de la Presidencia, entre otros. Diez de vicepresidencia, empezando por el subsecretario de la Presidencia, la jefa de Gabinete de Soraya Sáenz de Santamaría y el director del Instituto Cervantes, entre otros. No han publicado sus patrimonios casi todos los delegados del Gobierno y unos 80 embajadores, siempre según el listado aportado por el PSOE en el registro del Congreso. http://politica.elpais.com/politica/2014/11/22/actualidad/1416686874_059672.html 11. EL GOBIERNO DESIGNARÁ EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA SIN CONSENSO PP y PSOE no logran pactar la designación de los vocales del Congreso y del Senado El Gobierno tiene previsto nombrar el próximo viernes a los miembros del Consejo de la Transparencia y el Buen Gobierno. Lo hará aunque finalmente no logre un acuerdo con el PSOE o con los grupos nacionalistas para la designación de los dos vocales previstos del Congreso de los Diputados y del Senado. Este consejo es el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de la ley de transparencia, el proyecto estrella de la número dos del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, que entra en vigor mañana. De momento, solo se conoce el nombre de su presidenta, un puesto para que el que el Gobierno ha elegido a Esther Arizmendi, hasta noviembre directora general de Modernización Administrativa, informa EP. El diputado que sea nombrado vocal de ese órgano tiene que ser designado por la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas de la Cámara Baja en una reunión que, según fuentes parlamentarias, se convocaría para el jueves de esta semana. Inicialmente el Congreso se había dado de plazo hasta el pasado viernes para poner sobre la mesa el nombre del diputado elegido pero ese plazo se ha acabado prorrogando hasta el próximo miércoles. En el Senado ni siquiera se había abierto oficialmente el proceso y la previsión es que la Mesa de la Cámara lo haga el próximo martes. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, avisó el pasado día 21 a las dos Cámaras apremiándolas a elegir a sus vocales. El modelo que el Gobierno tenía en mente era el que tradicionalmente se ha aplicado para designar a los representantes de la Cortes en la Agencia de Protección de Datos: un pacto entre los dos partidos mayoritarios para que cada uno colocase un parlamentario en cada Cámara. Sin embargo, el PSOE se negó a pactar los nombres solo con el PP y se descolgó el pasado martes ofreciendo al resto de partidos un nuevo sistema para designar a los futuros vocales. Su alternativa consiste en que cada grupo parlamentario proponga un candidato, y por insaculación, el elegido salga al azar. Al hacer pública su oferta, el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, ya dejó claro que si no tenía éxito y prevalecía del método bipartidista, el PSOE renunciaría a estar representado en el consejo. http://politica.elpais.com/politica/2014/12/07/actualidad/1417982269_364888.html 12. EL CAMBIO EN EL GOBIERNO DESATA UN DEBATE SOBRE EL PAPEL DE SANTAMARÍA La vicepresidenta forma un núcleo duro cada vez más fuerte mientras algunos ministros constituyen un grupo alternativo La llegada de Alfonso Alonso al Ministerio de Sanidad ha profundizado una separación en el Gobierno de la que ya se había empezado a hablar internamente hace tiempo: el núcleo duro

 

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en torno a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, al que se incorpora Alonso, y el grupo de ministros veteranos y más cercanos a Rajoy, con el que les une una larga amistad. Según coinciden diversos ministros y dirigentes del PP consultados, entre estos últimos incluso se va formando un grupo alternativo que, en ocasiones, organiza encuentros de fin de semana. El más conocido de ellos se produjo en La Rioja en 2013, donde fueron fotografiados José Manuel García Margallo (Exteriores), Jorge Fernández Díaz (Interior) Ana Pastor (Fomento) José Manuel Soria (Industria) y Miguel Arias Cañete (entonces Agricultura). Todos ellos son amigos de Rajoy de muchos años, veteranos políticos con perfil propio y tienen un recorrido muy diferente al de la vicepresidenta, aunque ni mucho menos están enfrentados a ella. De forma más discreta, esos encuentros han continuado y, según fuentes del Gobierno, a ese grupo se han incorporado ministros como José Ignacio Wert (Educación) o Isabel García Tejerina (sucesora de Arias Cañete en Agricultura). "Un poco de conspiración de vez en cuando no hace daño a nadie, este es un Gobierno unido en torno al presidente", ironiza un ministro. Otros insisten en que no hay problemas entre ellos. El poder que acumula Sáenz de Santamaría genera algunos recelos en el Gobierno y el PP, donde no todos los sectores ven con buenos ojos que se haya convertido en la principal aspirante a la sucesión del presidente si este, al contrario de lo que anunció el sábado, decidiera no repetir como candidato. En el PP algunos recelan del perfil demasiado técnico y poco político de Sáenz de Santamaría. El choque, siempre con sordina, de la vicepresidenta y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, también genera muchas suspicacias. Mientras, en el grupo más cercano a la vicepresidenta —aunque todos son de Rajoy, que lleva 10 años al frente del PP y ha designado ya prácticamente a todo el mundo— están ministros clave como Cristóbal Montoro (Hacienda), Fátima Báñez (Empleo), ahora Alonso y muchos colocan ahí también a Rafael Catalá (Justicia). Cercanos a la vicepresidenta son también muchos cargos intermedios y secretarios de Estado y un puesto clave como el de Álvaro Nadal, jefe de la oficina económica del presidente. Se llaman a sí mismos sorayos, con ironía, y son un bloque sólido. "Algún sorayo tendrá que quedarse con Soraya", ironizaba el sábado José Luis Ayllón, secretario de Estado de relaciones con las Cortes, ante la posibilidad de que Rajoy lo elija como nuevo portavoz parlamentario. Entre la vicepresidencia, Hacienda y el grupo parlamentario se forma el núcleo duro que toma las decisiones diarias. La salida de dos ministros veteranos con autonomía como Alberto Ruiz Gallardón y Ana Mato ha reforzado el poder de la vicepresidenta. "Es cada vez más evidente que Rajoy ha dejado todas las tareas del día a día del Gobierno en manos de Sáenz de Santamaría y su gente", señala un ministro, que admite que hay dos tipos de perfiles, los que son muy cercanos a Rajoy, que despachan directamente con él o actúan más por libre, y los que están en la órbita de la vicepresidenta. Nadie cuestiona al presidente, y menos la propia Sáenz de Santamaría, que desde que empezó en política solo ha trabajado para él. Pero los dos polos del Ejecutivo son cada vez más claros, con algunos ministros más autónomos como Luis de Guindos o Pedro Morenés. "En cualquier caso ella prácticamente no puede tener más poder, porque ya lo tiene casi todo", señala otro ministro. Según varios de los dirigentes que más conocen a Rajoy, al presidente no le agrada que se traslade tanto la idea de que la que manda en el Gobierno es ella. Sin embargo, no ha actuado. "No es mi tema, yo no soy comentarista, yo tomo decisiones", suele decir, según las fuentes que recuerdan sus palabras. Ahora tiene muchas decisiones por tomar. Sobre todo, con las candidaturas a las autonómicas y municipales. http://politica.elpais.com/politica/2014/12/07/actualidad/1417985714_330823.html 13. SORAYA SE PEINA ‘LA COLETA’: AVANZA SU PLAN PARA CONVERTIRSE EN ‘LA PABLO IGLESIAS’ DEL PP Ante la debilidad de Mariano Rajoy, la vicepresidenta acelera: estos son los círculos de poder que está creando en su apoyo para ser el 'relevo generacional' que ya han tomado los otros partidos

 

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Quizás pasara desapercibido para la mayoría. Pero no era un gesto vacío. Este jueves, en Zarzuela, en la toma de posesión de Alfonso Alonso como nuevo ministro de Sanidad, allí estaba ella. A la derecha de Rajoy, vestida de formal negro, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Ha ido a otras tomas de posesión, pero esta vez su presencia tenía doble lectura: la formal, la que marca el protocolo. Pero también estaba la otra, la de quien presencia cómo se suma un ‘hooligan’ más a ‘su equipo’ en el Ejecutivo. ‘La visir que quiere ser califa en lugar del califa’ Porque tres cambios ha hecho Rajoy este año en el Gobierno, bien que forzado por dimisiones o causa mayor (como fue el caso de Arias Cañete propulsado a Bruselas) y un, dos, tres…, todos los cambios han llevado el sello ‘Soraya’. Aunque la guinda es el de Alfonso Alonso: ‘su elección’ para sustituirla al frente del Grupo Parlamentario Popular; ‘su elección’ para sustituir a una ‘rajoysta’, Ana Mato. Otra muesca en su camino hacia convertir en realidad el sueño de aquel viejo personaje de los comics, Iznogood, el visir que quería ser califa en lugar del califa. Y para lograrlo, durante todos estos años en Moncloa, la vicepresidenta ha ido creando una serie de círculos de poder en los que apoyarse. Círculos que le aseguran influencia y protección en muchos niveles, de forma que cuando llegue el momento (cada vez toma más cuerpo que eso podría ser en sólo unos meses) de que en el PP ‘se releve’ a Mariano Rajoy, su figura parezca ‘incontestable’. En este sentido, no ha sido en los digitales progresistas y de izquierdas donde primero se ha comenzado a señalar que Rajoy está acabado, que su imagen generacionalmente desentona frente a los Sánchez, Garzón, Iglesias…, que se ha quedado sin energía y hace falta un relevo: Losantos, Isabel San Sebastián, Ignacio Camacho…, El Mundo y el ABC no han dudado en tentarle las ropas. Tanto que Marhuenda, siempre le quedará a Rajoy Marhuenda, tuvo que salir en su defensa. Y luego está El País, aunque este medio juega otro papel en este asunto, del que luego hablamos. El círculo de abogados del Estado.., los íntimos entre los íntimos En la pavimentación de su camino ‘al trono máximo’, con quien cuenta Soraya en primer lugar es con el clan de los abogados del Estado. El poder de esta carrera siempre ha sido grande en la Administración, pero ahora se ha añadido un punto clave: hay toda una generación de ellos que funcionan como un clan, y que ocupan sillones clave en instituciones oficiales.., y privadas. La influencia de Soraya Sáenz de Santamaría sobre este grupo le viene dada por su condición de ser ‘uno de ellos’ y, claro, por su preeminente posición política, pero también a través de quien es su mano derecha, Jaime Pérez Renovales, el ‘patrón’ de ese grupo generacional, los llamados miembros de ‘la gloriosa’, una promoción a la que pertenece también el propio marido de la vicepresidenta, Iván de la Rosa. La propia ‘jefa’ de todos los abogados del Estado, directora del Servicio Jurídico del Estado es el cargo oficial, Marta Silva Lapuerta (atención a sus apellidos), es miembro destacado del grupo, y a su nombramiento no fue ajeno, claro, la vicepresidenta. Pero hay más: los subsecretarios de Economía, de Interior, la Secretaria General Técnica de Economía, el director general de Deportes…, todos ellos son ‘del grupo’. Pero es que además, y esto no es menos importante, todos ellos, y otros muchos ‘amigos’ abogados del Estado de carrera, han estado o están en los puestos clave de las grandes empresas del país, como el Banco de Santander, Telefónica, OHL, Abertis… La propia vicepresidenta tiene sus contactos con este mundo de la gran empresa, pero sin duda los tentáculos que le ofrece este clan de los abogados del estado no es en absoluto despreciable. El círculo del Gobierno La influencia de la vicepresidenta en la estructura del Ejecutivo queda patente mirando el organigrama oficial. Su poder de control alcanza simplemente a todas y cada una de las áreas

 

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del Gobierno. Aunque por resumir cómo lo ejerce, se puede decir que lo hace a través de dos corrientes. Por un lado en la propia mesa del Consejo de Ministros. Es ahí donde se añade la muesca del nuevo ministro de Sanidad a la influencia que ya ostentaba ‘Soraya’. En estos momentos, así se reconoce en círculos del PP, apenas Luis de Guindos, porque está ya ‘en otro mundo’, pendiente de su salto a Europa, y los ‘rajoystas’ ministros de Exteriores e Interior, hombres de otra generación, y Montoro escapan a su ‘control’. Todos ellos, sin embargo, personajes ‘en extinción’, sin futuro político, al menos cara a ocupar un puesto en el Gobierno, a partir de 2015. Jaime Pérez Renovales, subsecretario del Ministerio de la Presidencia, con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría: el poder del poder.., ellos deciden incluso lo que ‘votan’ los viernes los ministros Pero es que hay otro control previo que ejerce ‘el equipo’ de la vicepresidenta sobre los ministerios. Sus tentáculos se ejercen por un lado a través de su jefa de Gabinete, María González Pico, que ‘coordina’, y este es un asunto no baladí, a los jefes de gabinete de todos los ministros. Por otro, a través de del propio Pérez Renovales, su ‘mano derecha’, que organiza las reuniones semanales de subsecretarios (que preside por cierto la misma Soraya), donde se decide qué temas acaban y son aprobados cada viernes en la mesa del Consejo de Ministros. La influencia que esto le da sobre los ministerios no necesita mayor explicación. Circulo de influencia institucional Soraya Sáenz de Santamaría, recordamos, era la jefe y portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en la pasada legislatura. En ese cargo es donde, una recién llegada al partido como era ella en 2004, hizo ‘músculo’. Consciente del poder que da ese control de los diputados, cuando saltó a Moncloa lo hizo sin soltar ni uno de sus dedos sobre el cuello del grupo popular en el Congreso. No sólo dejó como portavoz a su ‘protegido’ Alfonso Alonso, ahora ascendido al Gobierno, sino que además situó como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes a quien había sido más que su segundo, su sombra, en el GPP: José Luis Ayllón. Y no hay que olvidar otro movimiento que hizo ‘Soraya’ tan pronto comenzó a ‘diseñar’ la nueva administración y que tiene una importancia manifiesta: ‘birló’ el control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a Defensa y se lo pidió para ella. Es con la vicepresidenta con quien despacha el director del CNI, es ella, la que ve primero los informes del ‘espionaje’… Es ella quien ‘decide’ las directrices de lo que se investiga.., o lo que no. Pero su ojo ve también en prácticamente todas las instituciones y departamentos del Estado. Un ejemplo tomado ‘casi’ al azar. En la Comisión Nacional de Valores, el gran regulador de los mercados, la segunda en el mando es Lourdes Centeno.., abogada del Estado y, claro, miembro del ‘clan de la gloriosa’. Las conexiones con el mundo económico que aporta este cargo no necesitan más explicación. Círculos de este y de otros mundos Pero su reino no es sólo ‘Madrid’. Es de ella de quien dependen las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, lo que le da mano en todos los rincones del país. Aunque su influencia, en realidad, va más allá de ‘este mundo’. Es ella quien ejerce, en este sentido, con el control de las relaciones con la Iglesia. Y no sólo para los asuntos formales. Su viaje al Vaticano en las fechas en las que el Gobierno abortaba definitivamente el proyecto de ley de interrupción del embarazo de Gallardón, cuesta pensar que fuera casual. Y luego están los medios… Ya hemos apuntado cómo menudea cada vez más el ‘balaceo’ de ’las plumas’ de la derecha contra Rajoy. Pero eso es desgaste de quien hay que derribar. ‘En positivo’, Soraya Sáenz de

 

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Santamaría trabaja otros campos. Nos referimos a grupos como PRISA, que ‘venden’ su imagen en otros ‘mercados’. Que le digan a Gallardón, por ejemplo, que eficaz puede ser el apoyo de El País y la SER para vender la imagen de un político a ‘los votantes de centro’, incluso cuando se es tan retrógrado como el exministro. Busquen en este sentido una crítica a la gestión de ‘Soraya’ en las páginas del diario de PRISA… Aguja en un pajar. Claro que la vicepresidenta ha hecho lo suyo a cambio para salvar a PRISA de la quiebra, pero no puede olvidarse que le han devuelto el favor: seis meses llevaba en el Gobierno ‘Soraya’ cuando Juan Luis Cebrián le abrió las puertas del Club Bilderberg que se reunía en Virginia. Este trato de los medios con Soraya Sáenz de Santamaría es el que le permite, por ejemplo, que su vida y sus ingresos no tengan el escrutinio que sufren otros políticos. En ELPLURAL.COM ofrecimos las cuantías de sus sobresueldos (más de 1.200.000 euros en siete años recibidos de la política), por ejemplo, que otros medios prefirieron silenciar. O las condiciones en las que obtuvo la hipoteca de su chalet en una zona céntrica de Madrid, sobre la que preguntamos en Moncloa, hasta el momento sin obtener respuesta, con un banco en el que entonces era directivo su actual número dos, Pérez Renovales. Dato por el que otros medios han mostrado gran interés cuando se ha tratado de otros políticos. Su talón de Aquiles.., su partido Un único punto débil tiene la vicepresidenta ‘Iznogood’ que quiere ser presidente en lugar del presidente, su propio partido. ‘Soraya’ es joven, como Sánchez, como Garzón, como Iglesias…, y ‘Soraya’ es vista en el PP como ‘una recién llegada’. Un pecado grave en un partido tan regionalizado y con tantas raíces en una vallisoletana residente en Madrid, sin ‘reino’ fuera de las moquetas de Moncloa, los ministerios, o el Congreso. Es cierto que muy posiblemente Ruz le ayude a quitarse del medio a Cospedal, la que parecía su gran rival en 2011, pero hay otros ‘barones’ que no podrá desplazar tan fácilmente y que ‘estaban antes que ella’ en el partido. Quizás Núñez Feijóo sea el ejemplo más claro. Bien es verdad que visto todo lo anterior… ¿Qué no sabrá ella que pueda ‘dejar fuera de la foto’ a quien se mueva? http://www.elplural.com/2014/12/05/soraya-se-peina-la-coleta-avanza-su-plan-para-convertirse-en-la-pablo-iglesias-del-pp/ 14. SANTAMARÍA LLAMA POPULISTA A SÁNCHEZ POR QUERER REFORMAR EL ARTÍCULO 135 El Gobierno defiende la reforma de la Constitución que pactaron Zapatero y Rajoy en 2011 El artículo 135 de la Constitución, antes y después de la reforma de 2011 Rajoy reivindica a Rubalcaba y dice que el PSOE estaba mejor con él El calificativo de "populista", uno de los más usados por el Gobierno y el PP pero para referirse a Podemos, pasa ahora a extenderse también al PSOE. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha utilizado ese término para calificar el giro dado ayer por Pedro Sánchez, líder del PSOE, sobre el artículo 135 de la Constitución, reformado en 2011 con un acuerdo entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, entonces en la oposición. Sánchez votó como diputado esa reforma y la defendió, pero ahora considera que fue un error y quiere modificar ese artículo, algo prácticamente imposible si no cuenta con el apoyo del PP, que defiende la vigencia de ese pacto de 2011. La vicepresidenta ha tildado de "populista" este giro. Sáenz de Santamaría ha alertado de que las "medidas populistas" suponen un "mensaje erróneo" para la sociedad, mercados e inversores y ha defendido la aprobación de la reforma del artículo 135 de la Constitución, mediante la cual se obligaba a las Administraciones públicas a cumplir con la estabilidad presupuestaria.

 

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Sáenz de Santamaría ha reivindicado ese gran acuerdo entre el PSOE y el PP en 2011, que siempre recuerda el propio Rajoy como un momento clave. La vicepresidenta ha recordado que cuando se aprobó esta reforma de la Constitución, España estaba "al borde del rescate", era un país "al borde del abismo". La vicepresidenta cree que esta medida fue una de las primeras que sirvió para evitar el rescate de España, precisamente el gran mérito que se atribuye el propio Rajoy, aunque en este caso la medida se tomó cuando aún gobernaba Zapatero. El acercamiento entre Zapatero y Rajoy desde que se produjo ese pacto, fraguado en pleno agosto en un par de llamadas de teléfono, es evidente, tanto es así que el expresidente socialista nunca ha criticado los recortes de su sucesor del PP y el actual presidente del Gobierno siempre habla en tono de gran respeto de su antecesor socialista. En esa línea mantenida por Rajoy, Sáenz de Santamaría ha reivindicado el artículo 135, que Sánchez en cualquier caso no pretende derogar sino modificar. "Esa medida permite que ningún gobierno pueda gastarse lo que no tiene. Ojo con las medidas populistas que derogan la confianza económica y política", ha sentenciado la vicepresidenta del Ejecutivo durante su participación en la jornada 'Reindustrializar España' organizada por "El Economista", informa Europa Press. http://politica.elpais.com/politica/2014/11/25/actualidad/1416915255_609630.html 15. ¿EN QUÉ CONDICIONES OBTUVO LA VICEPRESIDENTA SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA LOS 385.000 EUROS DE SU HIPOTECA? Una casualidad, su actual número dos, el subsecretario Jaime Pérez Renovales, era un alto directivo del banco que le concedió el préstamo El 19 de julio de 2006, el Banco de Santander concedió a Soraya Sáenz de Santamaría un préstamo por valor de 385.000 euros para la adquisición de su actual vivienda, un chalet en un barrio exclusivo en una zona céntrica de Madrid. Son datos que constan en la declaración de bienes de la vicepresidenta del Gobierno ante el Congreso. Es un préstamo para comprar una vivienda de la que la vicepresidenta se declara propietaria al 50%. La otra mitad, es de suponer, es de su esposo, el abogado del Estado, Iván Rosa, actualmente consejero de Telefónica, que desconocemos si para adquirir su parte pidió también un préstamo, como es la costumbre en la mayoría de los casos, de otro préstamo a la misma entidad bancaria. Soraya Sáenz de Santamaría contaba ya, así consta en su declaración en el Congreso, con otra hipoteca, esta del Banco Pastor, de 214.000 euros, para la compra de la vivienda en la que vivía antes de mudarse con su pareja. En este momento, en el que afortunadamente se miran con detalle el patrimonio de políticos y altos cargos, nos ha parecido oportuno empezar por preguntarnos por los de los principales miembros del Gobierno, así como las condiciones en las que han accedido a esas posesiones. Mariano Rajoy, por ejemplo, declara ser propietario además de su vivienda habitual, de tres apartamentos, una plaza de garaje y una oficina, en dos de los casos en gananciales. Pero todo ello sin deber nada. Es decir, a pesar de sus considerables posesiones, el presidente no tiene en este momento ninguna hipoteca. De Pedro Sánchez, el líder del PSOE, este lunes sabíamos que tenía dos viviendas, una en gananciales, cada una con un garaje, para cuya compra contaba con un préstamo de Bankia de 318.600 euros, obtenido cuando era consejero de la caja, por lo que obtuvo, lo que ha sido publicado, una bonificación del 30% en el tipo de interés. En su caso, euribor más el 1,25%. En su declaración, el dirigente socialista dice que paga una cuota mensual de 1.397,40 euros. En el PSOE explican que, si bien Sánchez obtuvo esa bonificación, a los trabajadores de la entidad se les daba una del 70%. ¿… Y el préstamo que la vicepresidenta logró del grupo bancario donde trabajaba su amigo?

 

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En este contexto, parece que preguntarse por el préstamo de la vicepresidenta resulta oportuno… Pero es que además en su caso existe un hecho, quizás sólo casual, que puede hacer aún más necesario conocer los detalles. Cuando Soraya Sáenz de Santamaría y su marido, Ivan Rosa, pidieron el préstamo, tenían un gran amigo en la entidad a la que se lo pidieron. Nos explicamos. ‘La gloriosa’ y sus gloriosos miembros Iván Rosa, como la vicepresidenta de profesión abogado del Estado, pertenece, con el número 34, a la que se conoce como ‘la Gloriosa’, la promoción que aprobó la oposición a la Abogacía del Estado el 29 de febrero de 1996, la misma semana en la que el PP de José María Aznar lograba vencer por primera vez en unas elecciones generales. ‘La Gloriosa’, un nombre que le dieron los propios miembros de la promoción, está formada por un grupo de hombres y mujeres que se han colocado en puestos muy relevantes de la administración y de la empresa privada. Jaime Pérez Renovales y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría amigos y colaboradores por su bien común Miembro de esa promoción es Jaime Pérez Renovales. De hecho, obtuvo el número 2… Cuando Sáenz de Santamaría, y su esposo, pidieron en 2006 su préstamo, su compañero de promoción, y amigo personal, Pérez Renovales, era secretario general y miembro del Consejo del Banco Español de Crédito, uno de los bancos del Grupo Santander, que concedió el préstamo a la vicepresidenta. El consejero, a subsecretario Prueba de lo excelente de la relación y de la confianza mutua de Soraya Sáenz de Santamaría en Pérez Renovales, tan pronto como fue nombrada vicepresidenta del Gobierno, pidió a Pérez Renovales que dejara el banco y se fuera con ella a Moncloa como su número dos. Y él no se lo pensó y dijo que sí, renunciando así a mucho dinero. Aunque no es mala inversión la que hizo. Pero la pregunta parece clara: ¿En qué condiciones se produjo el préstamo que el Grupo Santander hizo a Soraya Sáenz de Santamaría para comprar su chalet? Lo hemos preguntado en la oficina de comunicación personal de la vicepresidenta. Y debemos reconocer que no hemos obtenido respuesta… Al menos no hasta el momento. Pero no perdemos la esperanza de que la vicepresidenta, que se presenta como gran promotora de la Ley de Transparencia, basada en el acceso a la información púbica y el Buen Gobierno, acabará por darnos los datos que hemos pedido sobre las características de su hipoteca http://www.elplural.com/2014/10/14/en-que-condiciones-obtuvo-la-vicepresidenta-soraya-saenz-de-santamaria-los-385-000-euros-de-su-hipoteca/ 16. EL CONSEJO DE ESTADO DESMONTA EL PLAN DEL GOBIERNO PARA MODIFICAR LA LEY DE ABORTO Tras la retirada de la reforma del aborto de Gallardón, el Gobierno señaló que la interrupción del embarazo de menores sería modificada en la ley de protección a la infancia El órgano consultivo recuerda que "una ley ordinaria no puede modificar una ley orgánica", que es como el Ejecutivo había planteado prohibir al aborto de las menores sin la autorización de sus padres La vicepresidenta asegura que "buscarán la vía legal" necesaria para llevar adelante ese cambio Cuando el Gobierno renunció a la reforma del anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, advirtió de que prohibiría la interrupción del embarazo de menores de edad sin el consentimiento de sus padres. Para modificar uno de los aspectos más batallados por el PP de la ley de plazos de Zapatero, la vía elegida por el Ejecutivo fue el anteproyecto de Ley de Protección de la Infancia, que se encuentra en fase consultiva. Pero el Consejo de Estado ha

 

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dado por tierra con esa opción. "Una ley ordinaria no puede modificar una ley orgánica", resumen fuentes de esa institución. Así que el Gobierno de Mariano Rajoy deberá buscar un plan alternativo al que había anunciado públicamente y que debía completarse en "semanas", según afirmaba la vicepresidenta del Gobierno el pasado 21 de noviembre. Con esa estrategia en vía muerta, la modificación de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, de 2010, queda en el aire. Aunque no desaparece de las prioridades del Ejecutivo, como se desprende de las declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría tras el Consejo de Ministros de este viernes. Santamaría, —que ha asumido las riendas de la cartera de Sanidad tras la dimisión de Ana Mato— ha reiterado la intención del Ejecutivo de obligar a las menores a contar con el consentimiento de sus padres para interrumpir sus embarazos. Para ello se buscará "la vía legal" necesaria, ha afirmado ante las advertencias del Consejo de Estado. Una ley de rango menor La conclusión del dictamen del Consejo de Estado (no vinculante), que ha adelantado El País, afecta a los propósitos del Gobierno aunque en el órgano consultivo insisten en que no se han referido en ningún momento a la vigente ley del aborto. "En el texto que nos ha enviado el Gobierno no aparece en ningún momento la mención a la ley del aborto y el dictamen no se refiere a esta", apuntan. Sin embargo, el anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia sí incluye la modificación de la ley de 41/2002, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Respecto a esta norma, el anteproyecto modifica el consentimiento de los menores emancipados o mayores de 16 años por la obligación de la autorización de los representantes legales. "El Consejo de Estado lo que ha hecho es recordar que no se puede regular el consentimiento de leyes orgánicas en una ley ordinaria, que las modificaciones solo afectarán a leyes ordinarias", explican fuentes del organismo. "Es que es obvio. No se puede modificar una ley orgánica a través de una ley ordinaria, porque tiene un rango de ley inferior", explican desde la institución. "El consentimiento en una ley orgánica necesita de otra ley orgánica para ser modificado", insisten. Muy pocos casos La vigente Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo obliga a las jóvenes de 16 y 17 años a que informen a sus padres de su intención de abortar, tal y como recoge el artículo 13 de la normativa. Solo cuando "la menor alegue fundadamente que ello [el conocimiento paterno] le provocará un conflicto grave" se prescinde de la información. Solo 113 chicas de 16 y 17 años de un total de 913 que decidieron abortar entre enero y septiembre de este año lo hicieron sin el conocimiento de sus padres, según un estudio realizado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI). Ello significa que casi el 90% de las menores que interrumpieron sus embarazos lo hicieron con el acompañamiento de sus padres. Con este nuevo contratiempo, uno de los proyectos estrella con los que Rajoy llegó a La Moncloa queda nuevamente congelado. De aquel primer anuncio del hoy exministro Alberto Ruiz-Gallardón de que la reforma estaría lista en otoño de 2012 al retoque con el que la hoy exministra Ana Mato prometía zanjar el tema en pocas semanas, han pasado casi tres años. Mientras tanto, los grupos más conservadores del PP salen a la calle a reclamar "el compromiso por la vida" que el partido llevaba en su programa de Gobierno. Quedan ocho meses para un plan B.

 

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http://www.eldiario.es/sociedad/Consejo-desmonta-Gobierno-modificar-aborto_0_329317754.html 17. ESPAÑA, EL PAÍS DESARROLLADO EN QUE MÁS SUBE LA DESIGUALDAD POR EL PARO La OIT cifra la pérdida de poder adquisitivo en un 17% España sufre la crisis más desigual La concentración del aumento del desempleo en las rentas más bajas ha convertido a España en el país entre las economías desarrolladas donde más ha aumentado la desigualdad a lo largo de la crisis económica. Según el Informe Mundial sobre Salarios 2014/2015 que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó este viernes en Madrid, la brecha que separa la parte más rica de la parte más pobre de la población se ha incrementado entre un 40% y un 50%, y ha transformado España en el segundo país más desigual —después de Estados Unidos— en el conjunto que incluye la Unión Europea y el gigante norteamericano. La agencia de Naciones Unidas se ha basado en datos de 2010 que ya habían sido subrayados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero ha introducido un elemento de novedad al identificar el desempleo como principal causa de la ampliación de la desigualdad. La OIT destaca que la reducción del poder adquisitivo asciende en España a un 17%. El hecho de que la pérdida de empleo —y en menor medida la rebaja de los salarios— se concentra en el 10% más pobre de la población, ha determinado que este grupo sufra el 43% de la disminución de esta capacidad de compra. “Este dato, teniendo en cuenta que la reducción de poder adquisitivo del 10% más adinerado de la población no va más allá del 3% o 4%, es el principal motivo del aumento de la brecha de desigualdad”, explicó ayer Rosalía Álvarez, una de la autoras del informe. La investigadora de la OIT subrayó además que estas dinámicas no se reprodujeron en países como Portugal, Grecia y Rumanía, donde ocurrió más bien lo contrario: el poder adquisitivo de la parte más acomodada de la población disminuyó más que el de la parte más pobre, y determinó un “efecto aplanamiento” de las rentas que ha reducido la diferencia entre ellas. Álvarez destacó también la caída del 1,3% de los salarios españoles en 2013, mientras en 2007 crecían un 1,1%. Su peso en la capacidad de compra, además, se ha reducido en 10 puntos (suponía el 70% en 2006 y el 60% en 2013). Se trata de una tendencia que ha sido más marcada que en otros países desarrollados, donde también se registra una reducción. En cambio, en las economías emergentes el sueldo medio creció y eso está determinando una convergencia de los niveles salariales globales. El informe evidencia también un crecimiento de la productividad laboral —el valor de bienes y servicios producidos por cada trabajador— entre 1999 y 2013. La diferencia respecto a los salarios ha sido del 10% entre 1999 y 2013 y del 5% entre 2009 y 2013. “Existe margen para subir salarios, tanto como lo permita la productividad”, declaró el director general de la OIT en España, Joaquín Nieto, a la hora de comentar los resultados del informe. Insistió en que las causas de la situación actual son “tanto estructurales como políticas”, y remarcó: “La pregunta no es si deben subir los salarios, sino cuánto deben subir”. http://economia.elpais.com/economia/2014/12/05/actualidad/1417770534_603645.html 18.EL CORTA Y PEGA DE LA TESIS DOCTORAL DEL EMBAJADOR FEDERICO TRILLO El corta y pega de la tesis doctoral del embajador Federico Trillo El dramaturgo Ignacio Amestoy publicaba recientemente un artículo con ocasión de la abdicación de Juan Carlos de Borbón en las páginas del diario El Mundo. Bajo el título “La tragedia de un rey y sus hijas”, allí, refiriéndose a la tragedia de El Rey Lear, escribía: “Federico Trillo Figueroa, embajador del Reino de España en Londres y autor del ensayo El poder político

 

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de los dramas de Shakespeare, dice que en ese momento trascendental en su vida el rey, al sufrir una “crisis de soberanía producto de su desilusión política”, se confiesa a los suyos: “Es mi propósito firme librarme en mi vejez de toda carga y toda obligación, y confiarlas a más jóvenes brazos, mientras yo, aliviado, me deslizo hacia mi fin, despojándome de mi poder, mis posesiones y de las cargas del Estado”. Trillo-Figueroa apunta sobre la actitud del rey en esos momentos:«Muestra su descontento por la organización política y está decidido a crear una nueva».” Las citas están dadas correctamente por Amestoy pero las palabras que allí se recogen no son de Trillo-Figueroa, sino de Duncan Salkeld, un profesor universitario especialista en Shakespeare y autor de Madness and Drama in the Age of Shakespeare. Amestoy no puede conocer fácilmente esto. Los fragmentos que él recoge son textuales y hace un uso correcto de las comillas. Federico Trillo-Figueroa, por el contrario, no hace un uso correcto de las comillas a lo largo de su obra El poder político en los dramas de Shakespeare. El corta y pega del embajador en el Reino Unido puede detectarse en al menos 30 páginas del libro que publicó la editorial Espasa. Las fuentes de donde se toman estas citas textuales no reconocidas aparecen, eso sí, en el aparato bibliográfico -bastante extenso- de la obra, que le sirvió para obtener el título de Doctor en Derecho por la Universidad Complutense cuando ya era presidente del Congreso de los Diputados. Los “préstamos” son más importantes en algunas páginas que en otras, sobre todo hacia el final de lo que es una tesis doctoral muy extensa, en unos capítulos que tratan sobre la psicopatología del poder en Shakespeare. Allí, por ejemplo, las páginas 315 y 316 de la obra firmada por Federico Trillo están tomadas, casi en su totalidad, de fragmentos textuales, traducidos y no reconocidos como tales, de la tesis doctoral de la investigadora francesa Martine Bigeard. En un capítulo acerca de lo sobrenatural en Shakespeare, aun mencionándose en algún momento la fuente, Trillo-Figueroa fusila párrafos enteros sin comillas ni atribución de carácter textual a partir de Witches and Jesuits: Shakespeare’s Macbeth, de Garry Wills. Las páginas 105-107 toman abundantes citas textuales no reconocidas de la obra de Samuel Schoenbaum, Shakespeare’s lives, obra que no obstante también aparece en la bibliografía. Por momentos, los generosos préstamos de otros autores pueden tener una lectura cómica, un efecto sin duda no buscado por el Dr. Trillo-Figueroa. Como cuando no reconoce citas que son de autores que, suponemos, estarán en las antípodas ideológicas de lo que él profesa. Así, por ejemplo, Trillo-Figueroa pasa por sus propias palabras lo que en realidad es una cita textual no reconocida del conocido marxista Terry Eagleton. Trillo-Figueroa: “Las brujas, exiliadas de este orden violento, viven en hermandad en sus sombrías fronteras y rechazan todo trato con las discusiones tribales y los honores militares de tal orden. Son el subconsciente de la obra, que debe ser exiliado y reprimido por su carácter peligroso, pero que siempre puede volver con una venganza.” Terry Eagleton: “The witches are exiles from that violent order, inhabiting their own sisterly community on its shadowy borderlands, refusing all truck with its tribal bickerings and military honours. […] figure as the ‘unconscious’ of the drama, that which must be exiled and repressed as dangerous but which is always likely to return with a vengeance. In this sense the witches figure as the ‘unconscious’ of the drama, that which must be exiled and repressed as dangerous but which is always likely to return with a vengeance.” En otra ocasión, tampoco le concede las comillas, que deberían señalar la cita textual, al filósofo gay y sabido izquierdista, Michel Foucault: Trillo Figueroa: “También al mundo moral pertenecería […] , la locura del justo castigo, que es la que castiga, por medio de trastornos del espíritu, los trastornos del corazón. La justicia de esta locura tiene la característica de ser verídica, puesto que ya el culpable experimenta, en el vano torbellino de sus fantasmas, lo que será en la eternidad el dolor de su castigo, porque el crimen escondido a los ojos de todos se hace patente en la noche de este extraño castigo. La locura, con sus palabras insensatas, con sus gritos, habla en vez de la conciencia; de ahí el delirio de Lady Macbeth…”

 

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Michel Foucault: Historia de la Locura, en traducción de Juan José Utrilla: “También al mundo moral pertenece la locura del justo castigo. Es ella quien castiga, por medio de trastornos del espíritu, los trastornos del corazón; […] La justicia de esta locura tiene la característica de ser verídica. Verídica, puesto que ya el culpable experimenta, en el vano torbellino de sus fantasmas, lo que será en la eternidad el dolor de su castigo […] porque el crimen escondido a los ojos de todos se hace patente en la noche de este extraño castigo; la locura, con sus palabras insensatas, […] sus gritos hablan en vez de su conciencia. Así, el delirio de Lady Macbeth…” Otras veces, al no poner comillas en lo que es una cita textual, parecería incluso que Trillo-Figueroa da por válidas viejas teorías de la criminología decimonónica como las de Enrico Ferri: Trillo-Figueroa: “Por muy lúcida y pensante que se nos presente su locura, no deja de ser menos real. Los crímenes de los locos, ¿suelen tener un móvil confesable y lógico? De hecho, el asesinato gratuito y absurdo de Polonio, por su rareza y su inutilidad, sería suficiente para probar la impulsividad irracional de Hamlet, ya que el viejo, desde su escondite detrás del tapiz, no habría podido averiguar ningún secreto comprometedor.” Enrico Ferri: “Quoiqu’elle soit lucide et raisonnante, la folie, chez Hamlet, n’en est pas moins réelle […] les crimes des fous ont souvent un mobile avouable et logique . Et d’ailleurs l’assassinat gratuit et absurde de Polonius, par son étrangeté et son inutilité suffirait à prouver l’impulsivité irraisonnée d’Hamlet, puisque le vieillard, de sa cachette derrière une tapisserie, n’avait pu surprendre aucun secret compromettant.” La tesis doctoral recibió la calificación de sobresaliente cum laude. Años más tarde, uno de los miembros del jurado se vería envuelto en sonadas controversias por la justificación de las facturas de unas millonarias subvenciones públicas a la Fundación Shakespeare de Valencia. Julieta de Micheo, una de las pocas personas que aparecen de forma expresa en los agradecimientos en la introducción de la tesis, y a la que precisamente se le agradece su habilidad para traducir del inglés al español, es ahora diputada por el PP de Alicante. Pese a que, inicialmente, el ministro de exteriores García-Margallo juró el cargo prometiendo que reservaría las direcciones de embajada a miembros del cuerpo diplomático, Federico Trillo es, hoy, el embajador de España en el Reino Unido. http://www.lamarea.com/2014/12/05/el-corta-y-pega-de-la-tesis-doctoral-del-embajador-federico-trillo/ 19. EL CONSEJO DE INFORMATIVOS DE TVE RECHAZA EL NUEVO CARGO DE LA ACUSADA DE HACER 'LISTAS NEGRAS' Cecilia Gómez Salcedo ha sido nombrada jefa de Economía tras la dimisión la pasada semana de su predecesora Dimitió en abril de 2013 de otro cargo tras enviar por error al Consejo de Informativos un email en el que criticaba la ideología de algunos de sus compañeros en TVE El Consejo de Informativos considera que no cumple "los principios éticos y profesionales del Estatuto de Información" tras realizar ese escrito, que estaba destinado supuestamente a una consejera de RTVE por el PP Cecilia Gómez Salcedo es la nueva jefa de Economía de los Servicios Informativos de TVE. Llega al cargo tras la dimisión de su antecesora por la purga en varios cargos impulsada por el director del departamento, José Antonio Álvarez Gundín. Una responsabilidad que asume año y medio después de su dimisión por ser acusada de hacer 'listas negras' de sus compañeros de la cadena pública, a través de un email que envió por error al Consejo de Informativos de TVE cuando el destinatario original era supuestamente una consejera de RTVE designada por el PP. El Consejo de Informativos ha reaccionado al regreso de Gómez Salcedo con un comunicado en el que recuerdan su pasado, entre el que está ese "escrito difamatorio para varios miembros

 

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del Consejo". En el documento señalado, la nueva jefa de Economía criticaba la ideología de algunos de miembros de la redacción cuando era directora de Gestión y Programación de los Servicios Informativos de TVE. En su texto, titulado "Consejo de Informativos de TVE para Charo" (supuestamente, en referencia a Rosario López Miralles, la consejera del PP), Gómez Salcedo hacía comentarios despectivos de los componentes del Consejo de Informativos a la vez que daba cuenta de la afinidad política de cada uno, según informó Vertele. Por esta razón, el grupo de trabajadores de TVE sostiene que ésta no cumple "los principios éticos y profesionales del Estatuto de Información". Gómez Salcedo no admitió los hechos en su carta de dimisión. Alegó que "se me atribuye un correo interno que no reconozco", pero que dimitía "para no causar más problemas a TVE". Para el Consejo, lo ocurrido con la nueva responsable de Economía evidenció que la independencia del canal "no había sido salvaguardada". http://www.eldiario.es/sociedad/Consejo-Informativos-TVE-rechaza-acusada_0_331767795.html 20. EL PRESIDENTE DE RTVE FICHA CON CARGO DE RESPONSABILIDAD A SU SECRETARIA EN PLENA OLA DE DESPIDOS El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, ha nombrado a su secretaria de confianza nueva responsable del Gabinete de la Presidencia. Según ha podido saber EL MUNDO, este cargo con nivel de subdirección se ha creado ad hoc para esta profesional recién llegada a la cadena estatal, en un departamento que ya cuenta con cuatro secretarias que sí forman parte de la plantilla de la corporación pública. Sánchez, presidente de RTVE, anunció la pasada semana en el Congreso un reajuste en el organigrama de la corporación que, según sus palabras, "persigue la simplificación y eficiencia". El responsable de RTVE expuso en la Cámara Baja que, gracias a sus recientes ceses, "el número de directivos pasa de 154 a 129, el menor de la historia de la corporación". Esa reducción del organigrama (en un 23%) contrasta con la incorporación de su secretaria, que ya acompañó a Sánchez cuando se le nombró director general de Telemadrid. Es más, en el Congreso, Sánchez hizo hincapié en la importancia de la disminución del número de directivos contratados (externos), que pasan de 35 a 24. EL MUNDO intentó contactar con la nueva responsable del Gabinete de la Presidencia, sin éxito. Consultados por EL MUNDO, desde la pública argumentan que un presidente de una corporación de la magnitud de RTVE tiene potestad para conformar un equipo de su confianza. Así, Sánchez nombró a Javier Lamana secretario general; a José Antonio Álvarez Gundín, director de Informativos incorporado desde La Razón; y a Eladio Jareño, director del centro de Cataluña. Varios directivos externos han abandonado RTVE en las últimas semanas. Medios interactivos, Imagen, Fondo documental, Orquesta y Coro, Investigación y Desarrollo, Marketing, Estrategia corporativa y Secretaría general de la corporación han perdido a sus responsables para dar cumplimiento a las directrices de Sánchez. Éste detallará hoy sus medidas durante la reunión del Consejo de Administración. http://www.elmundo.es/television/2014/12/04/547f8366e2704ea9098b4590.html?a=69b78a795a905388578a21901b5b2674&t=1417676944 21. REABIERTA UNA QUERELLA CONTRA EL PRESIDENTE DE RTVE POR PREVARICACIÓN Los sindicatos de Telemadrid denunciaron a José Antonio Sánchez cuando dirigía el ente autonómico por externalizar servicios a su ex empresa tras el ERE

 

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La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado la reapertura de la querella que los sindicatos de Telemadrid presentaron en febrero de 2013 contra el presidente de Radio Televisión Española, José Antonio Sánchez, entonces director general del canal autonómico, por externalizar servicios de retransmisión después del ERE que supuso el despido de 861 trabajadores. En la querella, archivada el pasado noviembre, los denunciantes acusaban a Sánchez de cometer varios delitos: contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y un delito societario al autorizar la contratación de la filial de Telefónica TSA para la producción técnica de las emisiones de Telemadrid tras el expediente de regulación de empleo. La sección cuarta de la Audiencia Provincial estima los recursos de apelación de los sindicatos CC OO y CGT contra el archivo dictado por un juzgado de Pozuelo de Alarcón (Madrid) por considerar que las explicaciones de Sánchez en las que se basó el sobreseimiento provisional de la querella "no han sido suficientemente verificadas". Añade el auto que "la valoración sobre la plena regularidad de la decisión de contratación externa y su justificación, así como el procedimiento para la adjudicación del contrato no ha sido judicialmente verificada" y que la "decisión de sobreseimiento provisional no descarta que los hechos sean delictivos". Tras el despido colectivo de 861 empleados ejecutado en Telemadrid en enero, el canal subcontrató a otra empresa, Telefónica Broadcast Services S.L.U., para la producción técnica de sus emisiones. Los denunciantes entendieron que existió una "cesión ilegal" de empleados que cuestionaba la validez de los despidos efectuados, "cuyos puestos fueron amortizados por causas económicas". Además, el hecho de que Sánchez fuera entonces un empleado de Telefónica en excedencia (fue director general de la División Latinoamericana de Telefónica Internacional) llevó a CC OO a plantear un posible tráfico de influencias. En su declaración ante la juez de Pozuelo, que tuvo lugar en julio del pasado año, el entonces director general de Telemadrid defendió la "absoluta legalidad" de todas las decisiones, actuaciones y contratos realizados en la tramitación y ejecución del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el ente público. http://politica.elpais.com/politica/2014/11/27/actualidad/1417089935_726327.html 22. PLANTE DE TRABAJADORES DE TVE POR LA DESTITUCIÓN DE JEFES INFORMATIVOS Los cambios afectan a los responsables de Economía, Cultura, Internacional y Sociedad Un mes después de la designación de José Antonio Gundín como director de los Servicios Informativos, este viernes el nuevo responsable de Torrespaña ha comunicado una oleada de cambios en las principales áreas de la Redacción. Así, Alejando Alcalde es el nuevo jefe de Internacional, Francisco Arjona toma el mando de Sociedad y María José Ramudo asume la jefatura de Cultura. El relevo de sus anteriores responsables ha generado una cadena de protestas en la sede de los servicios informativos. Los periodistas han expresado con sentadas su malestar por el relevo de los anteriores responsables. Las destituciones han afectado a los responsables de Internacional (Diego Arizpeleta), Cultura (Manuel Román) y Sociedad (Mavi Doñate). La jefa de Economía, Silvia Rodríguez, ha dimitido ante la petición de que relevara a sus dos adjuntos. Al frente de Nacional permanece Javier Alcalá, aunque las dos adjuntas a este departamento también ha sido relevadas. Los trabajadores de RTVE han denominado esta jornada el black friday (viernes negro) de Torrespaña, que se ha saldado con tres destituciones de jefes de área, cuatro adjuntos y una dimisión. Gundín, “ha pasado la segadora”, ha dicho un periodista de la corporación para describir los cambios llevados a cabo durante la jornada. El nuevo director de informativos, que

 

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tomó el relevo de Julio Somoano, era responsable de Opinión del diario La Razón antes de incorporarse a la televisión pública. El Consejo de Informativos de TVE, que representa a los periodistas de la televisión pública, ha expresado "su más enérgico rechazo" ante el relevo en cuatro de las principales áreas de los Telediarios: los jefes de Sociedad, Internacional, Economía y Cultura, dos adjuntos al jefe de Nacional y dos al jefe de Economía. Considera que con ellos la nueva dirección de informativos "quiebra la columna vertebral de los Telediarios sin que existan razones profesionales que lo justifiquen". En su opinión, todos los destituidos o relevados "son profesionales de los servicios informativos de TVE con una acreditada e indiscutible trayectoria profesional". Estos relevos se suman a las recientes destituciones de la editora y el presentador de los telediarios del fin de semana, Oriol Nolis. La dirección de la cadena alega su derecho a formar un equipo de confianza, frente a lo que el Consejo de Informativos entiende que este argumento "no es admisible en una televisión pública, a la que las normas legales que la regulan le imponen la obligación de perseguir la excelencia informativa, además del respeto a la carrera profesional de sus trabajadores". El consejo ha respaldado la “sentada” de protesta ante el despacho de Gundín. El portavoz socialista en la Comisión de Control de RTVE, Germán Rodríguez, ya ha anunciado que pedirá la comparecencia del presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, para que explique los motivos de estas destituciones. "Nos preocupa que estos relevos supongan otra vuelta de tuerca más en el control y la manipulación de los informativos que han venido denunciando los profesionales de TVE”, ha señalado Rodríguez. De los nombramientos hechos públicos hoy, RTVE destaca que Alejandro Alcalde comienza su carrera en prensa escrita, y se incorpora a RNE en el País Vasco en 1985. Ha sido director de Informativos de RNE en La Rioja, redactor del Área de Internacional y director de la redacción central de RNE en Madrid. Corresponsal en Italia y enviado especial a la I Guerra del Golfo, el golpe de estado en la Unión Soviética, el segundo intento de golpe de estado en Venezuela, la rebelión en Albania o la Guerra de Kosovo. También ha sido editor-presentador del Diario de las 2 y del informativo Clave de 5, en Radio 5 y director de programas como Radiografía Exterior de REE y La víspera del infinito en Radio Nacional. Francisco Arjona ha trabajado como diseñador gráfico de ediciones corporativas y se vincula como redactor a RNE en el año 2001. Ha sido editor local en Segovia, redactor de Radio 5 Todo Noticias y director de los Informativos de Radio Exterior de España. Mª José Ramudo ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en prensa y televisión. Vinculada a TVE desde hace más de 20 años, ha viajado como reportera y enviada especial a zonas de conflicto y ha sido corresponsal en México, Moscú y Buenos Aires. http://cultura.elpais.com/cultura/2014/11/28/television/1417194573_533444.html 23. EL CONSEJO DE INFORMATIVOS DE TVE RECHAZA LOS NOMBRAMIENTOS DE GUNDÍN Acusa a la nueva directora de Contenidos, Carmen Sastre, y al jefe de informativos diarios, José Gilgado, de manipulación en anteriores etapas Gilgado increpó a los informadores que rechazaron justificar la dimisión de Echenique por motivos personales y que acabó con la redacción puesta en pie El Consejo de Informativos de TVE rechaza los nombramientos de Carmen Sastre y José Gilgado, hechos públicos la pasada semana por su director, José Antonio Álvarez Gundín. El órgano de representación de los trabajadores de ese departamento recuerda que la nueva directora de Contenidos, Carmen Sastre, era la responsable de Economía cuando TVE fue condenada judicialmente por "vulneración de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical, a raíz de la demanda presentada por Comisiones Obreras por presunta manipulación informativa en los telediarios durante la huelga general del 20 de junio de 2002". La sentencia consideraba que no se establecieron mecanismos de control "y criterios objetivos" para la

 

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distribución de tiempos, espacios y contenidos, y obligaba a TVE a emitir una rectificación que, el entonces director, Alfredo Urdaci, leyó ante las cámaras, refiriéndose al sindicato demandante, como "ce, ce, o, o". En cuanto a José Gilgado, designado ahora como responsable de los informativos diarios, el Consejo afirma que el rechazo se sustenta en su incumplimiento durante la anterior etapa de los valores que consagra el estatuto de RTVE. Entre otros episodios, se recuerda cómo obligó a incluir, en agosto de 2013, unas declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a pesar de que se sabía que eran falsas. Ya en aquel momento, los representantes de los trabajadores pidieron a la dirección su cese. También, y como mano derecha de Julio Somoano, Gilgado, procedente de Telemadrid, fue el directivo que increpó a los redactores que rechazaban que la información sobre el abandono del anterior presidente de la Corporación, Leopoldo González-Echenique, se basara en "motivos personales", y que culminó con la redacción puesta en pie para imponer que en la noticia se dijera que lo hacía por la falta de financiación de RTVE, tal como él mismo había declarado. Las valoraciones están contenidas en un informe interno de difusión exclusiva entre los trabajadores de TVE vía la intranet corporativa. Precisamente, a las seis de la tarde de este martes, esta prevista una reunión de los miembros del Consejo con el director de Informativos, José Antonio Álvarez Gundín. Será antes de que el órgano de representación haga pública sus consideraciones sobre los últimos acontecimientos, así como el informe anual, en el que, con toda seguridad, aparecerán reflejados los casos de mala práctica periodística que se han producido, y de los cuales infoLibre puntualmente. http://www.infolibre.es/noticias/medios/2014/11/18/el_consejo_informativos_tve_rechaza_los_nombramientos_gundin_24088_1027.html 24. CONTINÚA EL ASALTO DEL PP A TVE: LA QUE FUE JEFA DE POLÍTICA CON URDACI NUEVA SUBDIRECTORA DE INFORMATIVOS Carmen Sastre, durante años asesora de los Consejeros del PP, se 'consagró' con el 'España va bien', la guerra de Irak y el 11M y fue uno de los cerebros del intento de controlar los telediarios a través de su sistema informático Lo que está sucediendo en TVE con los nombramientos es digno de mirarse. Y no se sabe si lo es más por el descaro que demuestran quienes lo toman, o por el miedo que se percibe en un intento tan desesperado de controlar la radiotelevisión pública. El regreso del equipo de Urdaci, sin Urdaci Hace sólo 48 horas les informábamos que para dirigir el centro territorial de Cataluña, José Antonio Sánchez, el presidente de la Corporación, sin el más mínimo complejo había elegido a Eladio Jareño, nada menos que el director de comunicación de la presidenta del PP catalán, Alicía Sánchez-Camacho. El descaro resulta casi insultante. Pero es que Jareño tenía otra virtud, ya había ocupado el mismo cargo cuando Sánchez, con Urdaci dando la cara, controlaba la TVE de Aznar. Este dato, el regreso del ‘urdacismo’ en bloque, que en realidad debe verse como la decisión de Sánchez de recuperar ‘su viejo equipo’, se viene a confirmar con el nuevo nombramiento que se ha conocido este jueves: el de Carmen Sastre para subdirectora. Esta mujer, con larguísimo historial, va a ser la mano derecha de Sánchez en la redacción, ‘por encima’ incluso de José Antonio Álvarez Gundín, un director de Informativos que de alguna manera le han impuesto al Presidente de la Corporación. Pedigree que no deja lugar a dudas Sin embargo, la nueva subdirectora es sin duda mujer ‘suya’. Sánchez, nos dicen en RTVE, va presumiendo de ello en los pasillos sin disimulo: Le han puesto para ganar las elecciones y él va a hacer todo lo posible para lograrlo a través de los telediarios, ha dicho. Carmen Sastre es una prueba indudable de esto: era mujer clave en el equipo Sánchez-Urdaci.

 

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Su pedigree no deja lugar a dudas. Fue nombrada jefa del área de Economía tan pronto desembarcó el PP en TVE. Siempre se la ha recordado como ‘la correa de transmisión de Rato’, y la impulsora de los vídeos en los que se hablaba, sin rubor, del famoso “España va bien”. Posteriormente Urdaci, que la tenía en su equipo de máximos fieles, la hizo jefa de nacional, puesto desde el que participó en las ‘grandes operaciones’ de imagen de TVE durante los momentos más difíciles del aznarismo: la guerra de Irak y los atentados del 11M. Asesora y controladora política Tan importante fue su rol, que el PP se lo recompensó nombrándola asesora de los consejeros ‘populares’ en TVE en el periodo siguiente. Época en la que también dejó huella, ya que estuvo tras el intento de control de los informativos por parte de los consejeros del PP, por el que los consejeros pretendían supervisar el sistema informático, i-news, en el que los redactores escriben sus textos y se prepara la escaleta de cada telediario. La recuperación de Carmen Sastre parece que se va a completar con un intercambio con otro subdirector, Ángel Nodal, que pasaría a ocupar el puesto que hasta ahora ostentaba ella, como directora de Relaciones Institucionales. De esta manera, Sánchez habrá creado en torno a Gundín un equipo compacto y de ‘su total confianza’: la propia Sastre, la confirmación de José Gilgado, subdirector que llegó de la Telemadrid del propio Sánchez, y Jenaro Castro, el que fuera número dos y sustituto de Urdaci en pantalla cuando éste faltaba, y actualmente era ya responsable de los informativos no diarios (por cierto, la vanidad le ha impedido resistirse a dar el paso de quitar a la presentadora de Informe Semanal para ponerse a él mismo). Los españoles ya no eligen TVE…ni para ver a Rajoy Eso sí…, al PP se le podría haber ido la mano y llegar ya tarde en su intención de ‘utilizar’ RTVE como arma para ganar las elecciones. Y es que el desprestigio al que han sometido en los tiempos de Somoano al medio ha llevado a que los españoles a la hora de informarse eligan otros medios. Incluso cuando la información es oficial. El último ejemplo, la comparecencia de Mariano Rajoy para hablar de Cataluña. La televisión pública quedó en quinto lugar en audiencia en ese momento, por detrás no sólo de Antena 3, que ganó, y Tele 5, sino ¡¡también detrás de Cuatro y La Sexta!! http://www.elplural.com/2014/11/13/continua-la-toma-de-tve-la-que-fue-jefa-de-politica-con-urdaci-nueva-subdirectora-de-informativos/ 25. EL SUPREMO INVESTIGA POR PREVARICACIÓN AL JUEZ DEL CONSTITUCIONAL GONZÁLEZ-TREVIJANO La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, ha designado al magistrado Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado durante los dos mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), ponente en la causa abierta contra el magistrado del Tribunal Constitucional Pedro González-Trevijano por un presunto delito de prevaricación. González-Trevijano, que fue rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) antes de incorporarse en 2013 al Alto Tribunal de la mano del PP, se enfrenta a una querella que le acusa de haber tejido una "tupida trama clientelar" y amparado "numerosas contrataciones ilegales de profesores", saltándose los "procedimientos legalmente establecidos" durante su etapa como rector (2002-2013). El hilo argumental de la querella, presentada por el profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la URJC Salvador Perelló, es la contratación presuntamente ilegal del profesor visitante Marco Landeta Vacas, cuya esposa, madre y tía también figuran en la nómina de esa universidad pública. Y a través de ese hilo, Perelló trata de desenrollar el ovillo del supuesto nepotismo practicado por González-Trevijano durante casi 11 años. El ahora magistrado del Tribunal Constitucional –que gastó en sólo cuatro años como rector más de 473.000 euros sin justificar en "atenciones protocolarias y representativas"– aseguró ayer a El Confidencial, a través de un portavoz, que no ha recibido "notificación alguna del

 

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Tribunal Supremo referida a una querella en su contra". Y añadió que no puede "decir nada respecto de algo que no conoce". El caso de Landeta Vacas "es sólo la punta del iceberg", sostiene la querella por prevaricación contra González-Trevijano. En el curso académico 2012-2013, el entonces rector de la URJC promovió la contratación de aquel como profesor visitante del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, el mismo al que pertenece Perelló, pese a que supuestamente no reunía los requisitos que fija la Ley Orgánica de Universidades (LOU). El artículo 54 de la LOU, que regula la figura de los profesores visitantes, establece sólo dos condiciones para su contratación: que sean "profesores o investigadores de reconocido prestigio" y que procedan "de otras universidades y centros de investigación, tanto españoles como extranjeros". Landeta Vacas no cumplía ninguna de las dos: era un mero licenciado universitario –no acabó el doctorado hasta 2013– y nunca había practicado la docencia en otra universidad. El joven profesor, sin embargo, sí reunía un mérito no contemplado en la LOU: sus relaciones de parentesco. Su madre, Catalina Vacas, era entonces decana de la Facultad de Turismo de la URJC; su tía, Trinidad Vacas, ocupaba el cargo de coordinadora del Área de Geografía Humana adscrita al Departamento de Ciencias Sociales –el mismo en el que trabajaba el querellante y en el que fue colocado su sobrino–; y su esposa, María José Ferrera, era secretaria administrativa del decanato de la Facultad de Ciencias del Turismo. Según el relato de la querella, "con la única finalidad de seguir beneficiando a la familia Vacas y ocultar la trama clientelar y endogámica perpetrada" por González-Trevijano, este promovió el traslado de Landeta Vacas a la facultad de la que su madre era entonces decana. Para ello, propuso al Consejo de Gobierno de la URJC el cambio de adscripción del Área de Geografía Humana: pasaría del Departamento de Ciencias Sociales de Ciencias de la Comunicación al Departamento de Lenguas Modernas de Ciencias del Turismo. "Nadie sensato desde el punto de vista académico puede defender que es más coherente que el área de conocimiento Geografía Humana esté con Francés que con Ciencias Sociales. Algo sencillamente ridículo y únicamente fundamentado en una suerte de reagrupación familiar en la Facultad de Ciencias del Turismo (...) por la sola finalidad espuria de que el señor Landeta Vacas realice sus tareas en la facultad donde su madre es decana", sostiene la querella. El Consejo de Gobierno de la URJC debatió en diciembre de 2012 la propuesta de González-Trevijano. Pero "el escándalo fue tal que, finalmente, tuvo que retirarla", prosigue la querella. Durante aquella reunión, el catedrático Octavio Uña pidió la palabra y, dirigiéndose, al entonces rector, afirmó: "Te pido hoy, aquí, en alto, que paralices de inmediato esta infamia y evites a este Consejo de Gobierno la tesitura de tener que votar esta aberración, ejemplo máximo de endogamia". http://www.elconfidencial.com/espana/2014-11-19/el-supremo-investiga-por-prevaricacion-al-juez-del-constitucional-gonzalez-trevijano_470545/ 26. C.A. CANTABRIA. UNA JUEZ VE COHECHO EN LA ESTANCIA DEL PRESIDENTE CÁNTABRO EN UN BALNEARIO El juzgado eleva al Supremo la causa porque Ignacio Diego es aforado Entre el 13 y el 16 de agosto de 2010, el actual presidente de Cantabria, Juan Ignacio Diego Palacios, y su consejero de Obras Públicas y Vivienda, Francisco Javier Rodríguez Argüeso, disfrutaron junto a dos acompañantes de una estancia con tratamientos de belleza incluidos en un balneario asturiano de cinco estrellas sin coste alguno. De las facturas de estos dirigentes del Partido Popular se hizo cargo una empresa del Grupo Agbar, Aquagest Promoción Técnica y Financiera de Abastecimiento de Aguas, S.A. En aquellas fechas, Diego y Rodríguez no ostentaban estos cargos, sino que ejercían la oposición al entonces presidente Miguel Ángel Revilla: el primero era diputado en el Parlamento cántabro además de presidente autonómico

 

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del PP, y el segundo, portavoz parlamentario del partido. El caso sobre posible cohecho salió el jueves de Lugo camino del Tribunal Supremo después de que la magistrada de la Operación Pokémon contra la corrupción acordase elevar “exposición motivada”, porque se trata de aforados sobre los que el juzgado de Instrucción 1 de Lugo no tiene competencia. Un informe elaborado por agentes de Vigilancia Aduanera para la juez que investiga esta operación contra la corrupción política en Galicia, Pilar de Lara, revela que las facturas de aquel puente de agosto incluían la pernoctación en habitación doble, la cuenta del restaurante, el paquete “Balneario Colección Deluxe” y un “tratamiento facial”. Los investigadores se basan en la documentación incautada a la compañía de aguas y en otra entregada por el propio Hotel Las Caldas Villa Termal, el balneario más lujoso del Principado, ubicado a ocho kilómetros del centro de Oviedo. La magistrada cree que Diego y Rodríguez “podrían haber cometido un presunto delito de cohecho”. Para dilucidar si se trata de un hecho penal, explica en un auto, “es preciso practicar gestiones a fin de averiguar si tales abonos se realizaron o no como contraprestación o agradecimiento”. La Operación Pokémon, con un centenar de imputados, salpica a varios partidos y ha provocado la dimisión de varios políticos, entre ellos tres alcaldes en Galicia. La trama de tráfico de influencias, cohecho, fraude, exacciones ilegales y blanqueo que se investiga está vertebrada por el grupo empresarial Vendex y por la firma Aquagest, ambas entregadas, supuestamente, a la caza de contratas públicas a cambio de favores, enchufes, regalos y dinero, de los que se beneficiarían políticos y funcionarios. Según expone De Lara, aquel fin de semana largo, Juan Ignacio Diego “estuvo hospedado junto a otra persona en las instalaciones del balneario de cinco estrellas […]siendo todo el hospedaje abonado por la empresa Aquagest”. El importe de la estancia “ascendió a la suma de 627,99 euros”. En el caso de Rodríguez hoy consejero de Obras Públicas, “en las mismas fechas” estuvo también “hospedado junto a otra persona en el Hotel Las Caldas Villa Termal”. Su factura, “igualmente abonada por la empresa” catalana, fue de 546,99 euros. Las facturas incluían la pernoctación en habitación doble, la cuenta del restaurante, el paquete "Balneario Colección Deluxe" y un "tratamiento facial" El hallazgo que De Lara envía al Supremo ha coincidido en el tiempo con el de otra magistrada, la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Avilés, Elena González, que tira del hilo de la que ha sido bautizada como “trama asturiana del agua”. Las dos juezas decidieron cruzar datos porque estaban investigando prácticas de la misma empresa. González rastrea el supuesto pago de favores políticos por parte de Aquagest (con estancias en el mismo balneario de lujo o viajes de grupo fuera del Principado) a personas que ocuparon u ocupan diversos cargos públicos en la comunidad. Entre la documentación de Las Caldas recabada por los agentes de Aduanas que trabajan a las órdenes de Pilar de Lara figuran también estancias de otros cargos políticos, como el actual presidente del PP de Avilés, Joaquín Aréstegui Artime. En 2009, cuando era diputado, Asturagua, SA, una empresa vinculada a Aquagest, se hizo cargo de los 610 euros que costaron los servicios de los que Aréstegui disfrutó en las termas. Según el informe de Aduanas, Diego fue alcalde del municipio cántabro de El Astillero entre 1995 y 2006, y bajo su mandato “se procedió a la privatización del abastecimiento del agua”. Además, en este Ayuntamiento constan apuntes “por ingresos y pagos” de la empresa Aguas del Norte, SA, (entre 2005 y 2010) y de Aquagest (entre 2011 y 2013). “En 2005”, añade Aduanas, “Aguas del Norte estaba participada en un 99,99% por Aquagest”. El eje es Aquagest En la exposición que ha remitido al Supremo, la juez Pilar de Lara destaca que “es público y notorio que Aquagest mantiene importantes intereses en Cantabria, donde gestiona el agua de Camargo, Santoña y El Astillero”. En la mayoría de los casos de estancias pagadas en el balneario, la compañía del agua hacía las reservas con las que agasajaba a los políticos. Tal y como recoge la juez, en un primer momento, un portavoz oficial del Gobierno cántabro aseguró

 

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que el actual presidente, Diego Palacios, había pagado las termas de su bolsillo. Más adelante, se dijo que su “intención” era la de pagar, pero “un directivo de la empresa investigada se adelantó”. La Pokémon inició su investigación con el encargado de los parquímetros de Lugo, del grupo Vendex, que era dueño del solar que ocupaba un burdel. Este hombre era amigo y estrecho colaborador del socialista Francisco Fernández Liñares, expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y principal imputado en la Pokémon. A partir de una serie de escuchas, la juez empezó a destejer una telaraña de corrupción. Investigando las mordidas de Vendex llegó hasta Aquagest y desde Galicia dio el salto a Cantabria y a Asturias y Cataluña. http://politica.elpais.com/politica/2014/11/28/actualidad/1417209742_259119.html 27. C.A. CASTILLA LA MANCHA. COSPEDAL GANÓ 51.092 EUROS EN 2013 SÓLO COMO PRESIDENTA DE CASTILLA-LA MANCHA En la declaración de bienes de la secretaria general del PP constan además 13.371 euros de las Cortes regionales por indemnizaciones, varias propiedades y más de 12.000 euros en cuentas bancarias. Su marido, López del Hierro, posee 300.000 euros en acciones María Dolores de Cospedal ganó en el año 2013 un total de 51.092 euros netos como presidenta de Castilla-La Mancha, según su declaración de actividades publicada en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma (DOCM), en la que se refleja que también percibió 13.371 euros de las Cortes regionales, en concepto de indemnizaciones —no sujetas a tributación—, hasta sumar un total 64.463 euros. Tal y como publica el DOCM, Cospedal declaró en 2013 tener la propiedad del 50% de un piso de 265 metros cuadrados en Madrid, la tercera parte de un local en Albacete de 143 metros cuadrados y el 50% de una casa en Toledo procedente de una donación, de un total de 280 metros cuadrados. Declara también poseer 12.153 euros de saldo en sus cuentas bancarias, además de un plan de pensiones del Senado (hasta junio de 2011) valorado en 2.298 euros, y un coche Fiat Punto tasado en 7.500 euros. Por otro lado, Ignacio López del Hierro, como cónyuge de la presidenta, también ha presentado una declaración de bienes del año 2013 en la que refleja una cartera de valores en bolsa de 300.000 euros. Además, según consta en su declaración, actualmente ejerce los cargos de consejero en Iberdrola Inmobilizari, Iberdrola Ingeniería e Itinere, el puesto de senior advisor en Societé Générale y ser administrador único de Hilo de Inversiones. http://www.publico.es/558814/cospedal-gano-51-092-euros-en-2013-solo-como-presidenta-de-castilla-la-mancha 28. C.A. CASTILLA LA MANCHA.EL GOBIERNO OCULTA LOS DETALLES DEL FIN DE SEMANA PRIVADO DE CAÑETE Y COSPEDAL EN UN PALACIO DE DOÑANA Fueron dos días a todo trapo en el Parque Nacional de Doñana (Huelva). Con alojamiento en un palacio de titularidad pública y al servicio del ocio del exministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete y sus invitados, entre los que se encontraba la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Unas jornadas de esparcimiento el pasado mes de marzo que, ahora, el Gobierno admite que se trató de un uso privado. Aun así, el Ejecutivo oculta los detalles de la escapada de fin de semana que Cañete organizó para sus amigos en el Palacio de Las Marismillas, en pleno corazón del Parque Nacional de Doñana. El Ejecutivo reconoce por escrito que Arias Cañete utilizó de forma privada las instalaciones de Patrimonio Nacional, ya que argumenta que la factura la pagó el actual comisario europeo. En una contestación parlamentaria al diputado de IU Gaspar Llamazares, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, justifica que "los gastos de manutención derivados de la visita de D. Miguel Arias Cañete a la casa-palacio de Las Marismillas, fueron íntegramente sufragados por él, con cargo a su patrimonio personal". La respuesta no aclara a

 

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qué se refiere con manutención ni desglosa los gastos que conllevó la fiesta del grupo de Cañete. Y eso que la propia Secretaría de Estado describe el carácter público del uso de Las Marismillas: "Sus instalaciones son necesarias para la gestión de la finca por parte de Parques Nacionales, y se emplean, asimismo, tradicionalmente, para uso protocolario por parte de presidentes de Gobierno, ministros y otros altos cargos". Sin embargo, la excursión de Cañete y Cospedal no coincidió con las labores de conservación de Doñana ni con ningún acto de representación del ministro, puesto que abonó él mismo el uso de los recursos del parque. La respuesta de Ayllón es que el palacio forma parte del "patrimonio del Organismo Autónomo Parques Nacionales, cuya presidencia ostenta el titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente". Que en ese momento era Arias Cañete. Es decir, que constata el hecho de que el jefe de Parques Nacionales fue el que puso a su misma disposición el patrimonio a su cargo para su disfrute personal. Con esos dos conceptos –el carácter protocolario de la casa-palacio (que no fue el aplicado por Arias Cañete) y el pago de la manutención por el ministro–, el Ejecutivo ha despachado el episodio. La pregunta parlamentaria indagaba sobre si esa disposición del parque nacional era "parte de la agenda oficial" y "cuánto costó" el despliegue material –que incluía barcazas para acercarse a la punta sur de Doñana y desplazamientos en vehículos todoterreno del grupo de amigos–. También fue preguntado el Gobierno sobre la "lista de personas invitadas y su calidad oficial que justificara dicha invitación". Ninguno de estos extremos ha sido aclarado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. http://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-detalles-Canete-Cospedal-Donana_0_325817891.html 29. C.A. MADRID. LA JUEZ ABRIRÁ JUICIO POR MALVERSACIÓN EN EL CASO DEL ESPIONAJE POLÍTICO La instructora procesa a cinco agentes y a un empleado de la Comunidad de Madrid La juez Carmen Valcarce ha rechazado archivar la causa abierta contra dos policías nacionales, tres guardias civiles y un empleado de la Comunidad de Madrid por el caso del supuesto espionaje político a adversarios de Esperanza Aguirre pagado con dinero público. La juez resuelve continuar el procedimiento contra los seis imputados por un delito de malversación que será juzgado por un Tribunal del Jurado. Al menos tres guardias civiles, fichados como asesores de Seguridad por el entonces consejero de Interior, Francisco Granados, hoy encarcelado por el caso Púnica, siguieron entre abril y mayo de 2008 en sus actividades privadas y públicas a Alfredo Prada, consejero de Justicia, y a Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, según las pruebas aportadas por la policía. El resultado de esos seguimientos quedó reflejado en unos partes mecanografiados donde los supuestos espías apuntaban las personas con las que se veían los espiados. A Prada llegaron a seguirle de madrugada cuando salía de restaurantes en los que había cenado con familiares. La etapa de los seguimientos coincide con la batalla política por el poder dentro del PP tras la primera derrota electoral de Mariano Rajoy, el 14 de marzo de 2004. Tanto Prada como Cobo se alinearon con Rajoy cuando Esperanza Aguirre amagó con plantear una disputa por la presidencia del partido. La presidenta sacó de su Gobierno a Alfredo Prada unos meses después. A Prada llegaron a seguirle de madrugada cuando salía de restaurantes en los que había cenado con familiares

 

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El jefe de los tres guardias civiles era el policía Sergio Gamón, entonces casado con la secretaria de Aguirre y fichado por la presidenta como director general de Seguridad Ciudadana. Cinco años después de abrir la causa, la juez resuelve “continuar el procedimiento por los trámites adecuados y que en el presente [caso] es el Tribunal del Jurado dado el delito de malversación imputado”. En el auto, la juez recuerda que la Audiencia Provincial denegó en dos ocasiones el archivo del procedimiento que ella misma había decretado y ordenó continuar con las diligencias. “Siempre a título indiciario”, señaló la Audiencia, “se han utilizado varios funcionarios, a los que se estaba pagando su nómina, para destinarlos a fines ajenos a la causa pública. Dichos funcionarios habrían destinado jornadas enteras durante muchos días al mes, al menos durante tres meses, a fines ajenos a la función encomendada estatutariamente. La supuesta dificultad en la fijación del importe de lo defraudado no puede querer decir impunidad (...). Además, el bien jurídico de estos delitos no tiene sólo un contenido económico, sino que incluye la garantía de la confianza que se deposita en el recto actuar de la Administración pública y en la legalidad de su actuación”. La juez no ha imputado al jefe político de los supuestos espías, Francisco Granados, citado como testigo hace cuatro meses. “Ni ordené ni amparé los seguimientos”, declaró. Tanto Prada como Cobo se alinearon con Rajoy cuando Esperanza Aguirre amagó con plantear una disputa por la presidencia del partido Granados está encarcelado desde hace 25 días por decisión del juez Eloy Velasco, que le imputa graves delitos de corrupción durante su etapa de consejero autonómico. Granados recibió un chivatazo sobre la investigación que la Guardia Civil estaba llevando a cabo en la Operación Púnica por parte del agente José Luis Caro Vinagre, imputado en el caso del espionaje político. Otro de los imputados, el guardia civil José Oreja, explicó que cuando les ordenaron los seguimientos le pareció “una locura, por las personalidades de las que se trataba, autoridades legalmente constituidas o designadas, y porque para conseguir cualquier información relevante habría que obtenerla de forma irregular, es decir, mediante actuaciones delictivas”. Oreja relató a la juez que se dirigió junto a los otros dos guardias civiles al entonces consejero Granados para expresarle su repulsa a realizar los seguimientos. Reiteró las quejas, según su versión, en tres ocasiones, “sin que se tomaran medidas al respecto”. “La actitud de Granados nos demostró lo que ya empezábamos a tener claro, que no era capaz de imponerse al director de Seguridad, quien a su vez ejecutaba órdenes directas del vicepresidente”. Los partes de los seguimientos “se elaboraban en la dirección general de Seguridad, en la calle de Gobelas, 33, en los ordenadores que teníamos asignados. Se entregaban en mano al director o subdirector en sus respectivos despachos. Sobre una de esas notas vimos escribir a Castaño [subdirector general de Seguridad Ciudadanal, también imputado]”. La juez no ha imputado ni a Granados ni a González. “No concuerdan con el perfil” El auto en el que la juez Carmen Valcarce resuelve continuar con el procedimiento para que un Tribunal del Jurado decida si hubo malversación de caudales públicos en el seguimiento a políticos adversarios de Esperanza Aguirre ha sido recurrido en reforma por Ramón González Bosch, abogado de dos de los imputados, el empleado autonómico José Manuel Pinto, y el guardia civil José Oreja. González Bosch señala que la juez en su auto admite que “efectivamente existieron los seguimientos, pero sus representados no concuerdan con el perfil para realizarlos”. “Si esto es así”, señala el recurso de reforma, “lo que coincide con nuestras teorías, es evidente que mis representados no pueden seguir siendo imputados por el delito de malversación de fondos públicos por los que venían siendo acusados”.

 

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Los principales perjudicados por el supuesto espionaje político, Alfredo Prada y Manuel Cobo, denunciaron los hechos en un primer momento, pero decidieron retirarse de la causa por orden expresa de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, que quería evitar una guerra interna en el partido, dado que el caso afectaba al corazón del Gobierno de Esperanza Aguirre. Cobo llegó a denunciar públicamente que Aguirre había montado “una gestapillo” para espiarle, mientras que Prada consideró los hechos “de una gravedad inmensa. [Lo ocurrido] no sólo vulnera mi derecho a la privacidad, sino que vulnera los derechos de mis hijos”. Uno de los seguimientos recogía la salida de Prada de un restaurante junto a miembros de su familia. Otra persona que aparecía reflejada en los partes de seguimiento, María del Carmen Rodríguez Flores, diputada nacional del PP, decidió retirarse como acusación particular en el caso hace sólo unos meses. Sólo queda en la causa la acusación representada por el abogado Wilfredo Jurado, que representa los intereses del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid. http://politica.elpais.com/politica/2014/11/26/actualidad/1417034177_057197.html 30. C.VALENCIANA. CASO NÓOS.FISCAL Y ACUSACIÓN PIDEN HASTA 11 AÑOS DE CÁRCEL PARA LOS IMPUTADOS La oposición considera a Camps y Barberá “responsables políticos” del escándalo El tribunal echa en falta en la causa a Barberá e imputa a su vicealcalde Los escritos de calificación del caso Urdangarin o Nóos están ya en poder del juez José Castro, que concluye una instrucción que abrió en 2010. La fiscalía y las acusaciones populares, que desempeñan los socialistas de Valencia y Manos Limpias, piden penas de cárcel de entre seis y 11 años para los cinco imputados de la rama valenciana por los casi cuatro millones de euros de fondos públicos derivados al instituto de Iñaki Urdangarin. El ministerio público estima que, restados los gastos imputables a tres ediciones del foro Valencia Summit, Nóos se habría apropiado de 1,8 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción reclama de seis a ocho años de prisión para los cuatro ex cargos públicos de la Ciutat de les Arts i les Ciències (Cacsa) por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad de documento público y fraude a la Administración. Son el ex secretario autonómico de Turismo Luis Lobón, el ex director general de Cacsa Jorge Vela, el ex director general José Manuel Aguilar y la responsable jurídica de la sociedad Elisa Maldonado. El fiscal Pedro Horrach no acusa al quinto imputado del caso, el vicealcalde de Valencia y presidente del patronato de la Turismo Valencia Convention Bureau, Alfonso Grau. Sí lo hicieron las acusaciones populares, que solicitan 11 años de cárcel y 30 años de inhabilitación de cargo público para el que es mano derecha de la alcaldesa Rita Barberá durante los últimos 20 años. Según el portavoz municipal socialista en la capital, Joan Calabuig, Grau pudo incurrir en los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude a la administración por "impulsar la concertación" de los convenios con el instituto de Urdangarin. Sandra Gómez, abogada de los socialistas, entiende que el vicealcalde pudo prevaricar porque en lugar de hacer un contrato de prestación de servicios, recurrió a un convenio de colaboración con el instituto de Urdangarin para eludir la libre concurrencia de otras empresas. "Se eludió con ello la redacción de informes económicos que justificaran el interés público del foro", resume la letrada. El vicealcalde pudo incurrir también en malversación, a juicio de los socialistas, porque el dinero con que se pagaron esos eventos provenía de las arcas públicas, ya fueran autonómicas o locales. Además no se fiscalizó el gasto. "Todo dinero público debe ser justificado y en este caso no se hizo", agregó Gómez. El presunto delito de tráfico de

 

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influencias se habría dado, prosiguen los socialistas, porque Grau, en su condición de vicealcalde, influyó para que los patronos de la fundación Turismo Valencia permitieran la celebración de las jornadas. Los socialistas reclaman además 1,5 millones de euros a Grau, Urdangarin y a su socio Diego Torres en concepto de responsabilidad solidaria, y anuncia que citará como testigos en el juicio oral a Barberá, al expresidente Francisco Camps y al eurodiputado del PP Esteban González Pons. La oposición apunta en bloque a Camps y Barberá. La alcaldesa, dijo Calabuig, es “responsable política última de todas las decisiones” relacionadas con los Summit. El portavoz parlamentario de EUPV Ignacio Blanco se pronunció en sentido parecido: “Al final pagarán el muerto los responsables penales, los que firmaron los papeles por orden de Camps o de Barberá, que son los que abrieron la puerta a Nóos y los que se hicieron las fotos con Urdangarin”. Enric Morera, de Compromís, ha añadido que las peticiones de penas de cárcel para los ex altos cargos del Consell por parte de Fiscalía en el 'caso Nóos' es un hecho "muy preocupante" y ha pedido a los cuatro acusados que "tiren de la manta para llegar al fondo de la cuestión". La letrada del sindicato Manos Limpias, Virginia López-Negrete, ha subrayado que, una vez exonerados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el expresidente Camps y la alcaldesa Barberá, está acusado "el número dos del Ayuntamiento", que "se paseaba por las televisiones diciendo que no estaba imputado". Barberá agregó que confía en la justicia y destacó que el fiscal Pedro Horrach había sido muy claro al no imputar a Grau. Recuperar el dinero público La Generalitat se ha adherido a las peticiones del Ministerio Fiscal en lo que se refiere únicamente al posible perjuicio económico para las arcas públicas, con el fin de recuperar los fondos públicos por los que hubiera podido resultar perjudicada. La Abogacía de la Generalitat, que está personada por lo civil en el caso Urdangarin, ha presentado un escrito en el que se adhiere a las peticiones del ministerio público en lo que se refiere exclusivamente al posible perjuicio económico para las arcas públicas. El Consell acordó en febrero de 2013 autorizar a la Abogacía de la Generalitat a personarse por lo civil en el caso Nóos, con el objetivo de garantizar "que cualquier euro percibido indebidamente por el Instituto Nóos retorne a la Generalitat". La Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), dependiente de la Generalitat, y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, dependiente del Ayuntamiento de Valencia, suscribieron convenios con el Instituto Nóos para organizar tres ediciones del foro Valencia Summit. Por esas cumbres, celebradas en 2004, 2005 y 2006, Nóos percibió 3,6 millones de euros de Cacsa y de Turismo Valencia, en concepto de canon fijo (1.044.000 euros por edición) más los gastos de desarrollo del evento. El Instituto presidido por Urdangarin también ofreció la preparación de la candidatura de Valencia a unos Juegos Olímpicos Europeos, que nunca llegaron a celebrarse, y para lo que en 2005 se firmó un convenio a través de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Generalitat. El coste del convenio era de tres millones de euros, aunque la Generalitat solo pagó 382.203 euros por un informe, y devolvió 123 facturas por dos millones de euros al no estimarlas justificadas. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/12/09/valencia/1418122207_924386.html

 

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31. C.VALENCIANA. CARLOS FABRA INGRESA EN LA PRISIÓN DE ARANJUEZ POR FRAUDE FISCAL El expresidente de la Diputación de Castellón ha de cumplir una pena de cuatro años Once años después de que estallara el caso Fabra, el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, ingresó ayer en prisión. Lo hizo en el centro penitenciario de Aranjuez (Madrid), en cumplimiento de la sentencia que le condenó, en noviembre de 2013, a una pena de cuatro años de cárcel por otros tantos delitos fiscales. Fabra fue declarado culpable de haber defraudado cerca de 700.000 euros a Hacienda, en los ejercicios fiscales de 1999 a 2003. Fabra entró en la cárcel por no haber declarado 3,3 millones de euros cuyo origen no pudo justificar ni en sus cuentas ni en las de su entonces esposa, María Amparo Fernández, que también fue condenada por un delito fiscal que no la llevará a prisión. La condena le obligó, además, a abonar casi 1,4 millones de multa e indemnización que aún no ha pagado. El, en otro tiempo, todopoderoso Fabra apuró el plazo de cinco días otorgado por la Audiencia de Castellón, el tribunal que le condenó, para que ingresara de forma voluntaria en prisión. Aprovechó el fin de semana para despedirse de amigos y familiares antes de viajar a Aranjuez, una cárcel cercana al domicilio de sus hijos. Al conocer el cumplimiento de la orden de entrada en la cárcel, el presidente del Gobierno valenciano, Alberto Fabra, quien apoyó al ahora preso hasta que él mismo decidió dejar la política, habló de “sentimientos contrapuestos”. “Le conocemos desde hace mucho tiempo y sabemos lo que ha trabajado y lo que ha hecho por Castellón. A nadie nos hubiera gustado verlo en esta situación, pero al final se demuestra que la justicia llega a todas las personas”, apuntó el presidente. Por la tarde, en apenas dos horas, alrededor de 200 personas se concentraron frente al edificio de la Diputación de Castellón para celebrar el ingreso en prisión de Carlos Fabra. La cita, con cava incluido, se convocó por las redes sociales pero tuvo escasa difusión. “Hemos visto hoy que la justicia ha comenzado a funcionar, a pesar del retraso. Es un día grande para la libertad y la democracia en Castellón”, dijo Paco, un miembro del colectivo de los yayoflautas que acudió a la cita con una imagen de Fabra dentro de una “jaula dorada”. La celebración prosiguió durante algo más de una hora con mascletàs y gritos de “nos ha tocado el Gordo”. La forma de operar del matrimonio Fabra-Fernández fue calificada en el juicio por un perito de Hacienda como “la primera que se incluye en los manuales de estudio de afloración de dinero negro”. El caso Fabra comenzó con la denuncia del empresario Vicente Vilar, que le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Los tribunales consideraron no probados ni el tráfico de influencias ni el cohecho de los que también estaba acusado. En nueve meses, Fabra podrá comenzar a pedir permisos, pero debería cumplir en prisión, al menos, tres de los cuatro años a los que fue condenado (uno por cada fraude cometido). http://politica.elpais.com/politica/2014/12/01/actualidad/1417421424_144619.html LA AUDIENCIA DE SEVILLA DA UN REVÉS A ALAYA EN EL ‘CASO MERCASEVILLA’ El tribunal anula el auto de la juez en el que procesaba a Rodrigo Torrijos Nuevo varapalo de la Audiencia Provincial de Sevilla a la juez Mercedes Alaya. En esta ocasión, por su instrucción de la venta de suelos en la empresa pública Mercasevilla. Tras estimar un recurso de la fiscalía, la Sección Primera ha anulado el auto en el que la magistrada procesaba por este supuesto fraude a 16 personas, entre ellas, el ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y al exasesor del grupo socialista Domingo Enrique

 

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Castaño. En su resolución, la Audiencia ordena que se “retrotraigan las actuaciones al trámite anterior del auto del 20 de diciembre de 2013”, en el que la juez daba por concluida la instrucción y convertía las diligencias previas en procedimiento abreviado. Este revés supone un nuevo retraso en una instrucción que acumula ya cinco años. La decisión de la Audiencia deriva del recurso presentado por la fiscalía contra la decisión de la magistrada de sumar al caso, el pasado febrero, documentación aportada por dos imputadas y ordenar nuevas diligencias. En ese escrito, la fiscalía solicitaba la anulación del auto de procesamiento al considerar que se ve privada “al igual que las demás partes, del examen de la documental aportada y de la valoración de las pruebas que con la misma se solicitaron, lo que pudiera, una vez practicadas, tener efectos en el oportuno recurso y en la concreción de cada una de las posibles imputaciones”. Asimismo, alegaba que “no resulta procedente” que se ordenaran nuevas actuaciones “pues la fase de instrucción estaba concluida”. De ser “pertinentes”, apunta, Alaya debía haber anulado la resolución del pasado diciembre. En dicho escrito, la juez Alaya acusaba a estas 16 personas de los delitos de prevaricación, prevaricación contra la ordenación del territorio y falsedad por, entre otras cosas, amañar supuestamente un concurso público para favorecer a Sanma, una filial de la constructora Sando. Ahora la Audiencia apoya la tesis de la Fiscalía de Sevilla y anula dicho auto. Los magistrados creen que la actuación de la fiscalía se habría “visto limitada” al ser incorporadas a posteriori dichas pruebas. “La fase de preparación del juicio oral en el procedimiento abreviado no responde a la finalidad de completar la fase de instrucción previa”, exponen los jueces en su resolución, al aludir a otras sentencias del Tribunal Constitucional. Además, recuerdan que una vez abierto el procedimiento abreviado le corresponde al ministerio público y a las partes acusadas “valorar las diligencias de prueba que se practiquen”. Pese a ordenar que se retrotraigan las actuaciones, el tribunal declara “la validez de las diligencias de investigación practicadas con posterioridad”, en referencias a otras declaraciones tomadas por Alaya. En su argumentación, la Audiencia también atiende la alegación presentada por una de las dos imputadas que aportó nueva documentación con posterioridad al cierre de la investigación. Según la acusada, con esta información, “el auto de procedimiento abreviado habría sido esencialmente distinto en lo que se refiere a la situación procesal de alguna de las partes”. Este no es el único reparo que la fiscalía ha puesto a Alaya en la fase final de la instrucción de esta rama del caso Mercasevilla. Ya en diciembre, el fiscal tuvo que advertir a la juez de que no podía transformar las diligencias previas en sumario, dada la entidad de los delitos y las penas que acarreaban. Tras rectificar, Alaya convirtió las diligencias previas en procedimiento abreviado. La decisión de la Audiencia se conoce dos semanas después de que la propia fiscalía pidiera para Torrijos y otros nueve procesados dos años de prisión, entre ellos, el ex director general de la lonja Fernando Mellet y el exconcejal del PSOE Gonzalo Crespo. El fiscal, que excluye a los otros seis procesados, les acusa de un delito de fraude y exenciones fiscales por su presunta implicación en el amaño del concurso público. La fiscalía solicitó también para el exportavoz de IU, quien dejó el cargo a finales del año pasado, ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público. Asimismo, el ministerio público reclamó que se declare nulo el procedimiento. A la petición de dos años se sumó a los pocos días la representación letrada de la lonja. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/12/05/andalucia/1417806012_619335.html