Plan Colombia: Contraproductos y Crisis Humanitaria. Fumigaciones y desplazamiento en la frontera con Ecuador

Por: Marcela Ceballos

C O D H E S

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento

Tels: (57-1) 3425804 – (57-1) 2826689 www.codhes.org.co

codhes@codhes.org.co fronteras@codhes.org.co

Bogotá, Octubre de 2003

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Resumen Ejecutivo

Este informe de CODHES está orientado a: Ø Evidenciar la interrelación que existe entre la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito,

la expansión del conflicto armado interno, y la crisis humanitaria y de derechos humanos en la frontera de Colombia con Ecuador.

Ø Analizar críticamente los resultados de la aplicación del Plan Colombia en términos del fortalecimiento de la institucionalidad democrática, de la recuperación del control del Estado en esa zona y de la aplicación de programas de desarrollo alternativo.

Ø Proponer soluciones y alternativas frente a los cultivos, el desplazamiento, el refugio y la crisis social en la región fronteriza colombo-ecuatoriana.

1. Contraproductos del Plan Colombia: Ø Traslado de cultivos, violencia y actores armados. Si bien es cierto que la erradicación

forzada de cultivos de uso ilícito por aspersión aérea ha generado una disminución del área cultivada de coca en unos municipios del Putumayo, también lo es que hay un traslado de los cultivos hacia otras zonas del departamento, hacia otras regiones vecinas y un relativo crecimiento en países vecinos. Además, con los cultivos de uso ilícito se expande el conflicto armado en territorio colombiano, así como otras manifestaciones de violencia asociadas al negocio de la droga y a la acumulación violenta de las tierras aptas para los cultivos ilegales en Putumayo, Nariño, Amazonas, Caquetá, Vaupés, Vichada y Guainía. Esta expansión territorial cubre cada vez más municipios incluso dentro de los departamentos objeto de fumigación en los cuales se registra reducción durante el 2002.

Ø La dispersión geográfica y redistribución de los cultivos implica que hay más

municipios cultivando menos coca. Lo anterior indica que los cultivos industriales están siendo reemplazados por los de pequeñas parcelas y corroborando que la estrategia de erradicación forzosa ha sido contraproducente.

2. Efectos del Plan Colombia: conflicto e incremento de crisis humanitaria Ø Copamiento de territorios estratégicos aptos para el cultivo por parte de los actores

armados. A raíz de esta dinámica, se observa una expansión de la presencia y el control territorial por parte de los actores armados irregulares a otras zonas apartadas, donde la presencia institucional del Estado es precaria y donde las condiciones son favorables para el cultivo de coca, amapola o marihuana, sin abandonar del todo los territorios afectados por las fumigaciones. Estos nuevos escenarios del conflicto se están convirtiendo en espacios de disputa entre guerrilleros y paramilitares, con el consiguiente incremento de las violaciones de los derechos humanos por parte de agentes del Estado e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de los grupos armados ilegales. En consecuencia, el objetivo consagrado en el Plan Colombia de debilitar a los grupos al margen de la ley que se financian con la producción y comercialización de narcóticos, no sólo no se está cumpliendo sino que, por el contrario, ha provocado su expansión y fortalecimiento. Tampoco mejora la situación de derechos humanos y, en cambio, persiste un ambiente de desprotección y agresiones para los habitantes de estas zonas y para la población civil no combatiente. De hecho, en los municipios en los que hay una mayor área cultivada de coca en Putumayo y

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Nariño, se observa una mayor tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, mientras que en los municipios en donde hay menos área sembrada o no existen estos cultivos, la tasa de homicidios tiende a ser menor comparativamente.

Ø Seguridad democrática, degradación del conflicto y crisis humanitaria. Las formas que asume la lucha contra el terrorismo en el marco de la política oficial de seguridad democrática en las zonas de fumigación y las acciones sistemáticas de los grupos irregulares contra la población civil, ha acentuado y acelerado la intensificación y degradación del conflicto. El arresto masivo de lideres sociales que pueden derivar en detenciones arbitrarias, el reclutamiento forzado o voluntario de niños y niñas, el uso de armas de efecto indiscriminado contra bienes civiles protegidos, la eliminación de contendientes en estado de indefensión, el secuestro, la desaparición forzada y el desplazamiento, son manifestaciones graves que se registran en las zonas donde la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito contribuye al incremento de la crisis humanitaria. Esto, sumado a la estrategia militar del Plan Colombia, ha fortalecido el cerco al que está sometida la población civil y en el que se reducen sus derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal, a la libre circulación por el territorio nacional, a permanecer con dignidad, entre otros.

Ø Fumigaciones, Plan Colombia e inseguridad alimentaria. La estrategia de erradicación

forzosa, tal como está siendo implementada, afecta el derecho a la alimentación en tanto que pone en peligro la seguridad alimentaria de los habitantes donde se concentran las fumigaciones. También afecta el derecho a la salud, a la educación, a gozar de un medio ambiente sano y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas que habitan estas zonas. El desplazamiento es uno de los impactos más graves de las fumigaciones, así como de la intensificación y radicalización del conflicto armado en el departamento del Putumayo y Nariño. Hasta el momento las poblaciones más afectadas no han recibido el reconocimiento y la atención necesaria de parte del Estado porque hay una decisión política de no reconocer el estatus de desplazado a las personas que huyen de las zonas de fumigación en el marco del conflicto armado interno.

3. Algunas conclusiones Ø La erradicación de los cultivos de uso ilícito es más fácil y efectiva en el marco de la

solución política y negociada del conflicto armado, que en medio de una guerra que se prolonga y expande sin resultados reales.

Ø Esta confrontación no la gana el Estado ni la guerrilla y la pierde el país. La guerra interna no se resuelve con el incremento de ayuda militar y, al contrario, se prolonga con altos costos en vidas humanas, sociales, económicos, políticos y culturales.

Ø Las fumigaciones y la estrategia militar del Plan Colombia son contraproducentes porque producen una expansión de los cultivos en el sur del país, provocan reacomodamientos de los grupos armados irregulares, expanden el conflicto, limitan la democracia, agravan la crisis humanitaria y plantea nuevos desafíos a la institucionalidad y la gobernabilidad local.

Ø Las personas afectadas por las fumigaciones están sometidas a diversas alternativas, algunas son: permanecer en sus territorios sin sembrar coca a pesar de la devastación producida por los efectos de la aspersión aérea y en medio del hambre; trasladarse a otras regiones del país y continuar la siembra de cultivos de uso ilícito; en casos extremos involucrarse en el conflicto armado con cualquiera de las partes enfrentadas;

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desplazarse a las ciudades u otras regiones del país o cruzar las fronteras y buscar otras opciones en territorios de países vecinos.

Ø Los campesinos dedicados a los cultivos de uso ilícito son el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico, que incluye en el otro extremo de la vulnerabilidad a las personas que consumen droga. En una política integral y de responsabilidad compartida en el campo internacional es necesario incrementar las acciones contra quienes transportan, exportan o comercializan la droga, contra quienes lavan dineros provenientes del narcotráfico dentro y fuera del país o de quienes se apoderan ilegalmente o bajo presión de las tierras. No necesariamente hay narcotráfico porque hay cultivos de uso ilícito sino que estos cultivos existen porque hay tráfico de drogas como una alternativa económica en medio de la pobreza rural.

Ø Colombia necesita desarrollar una política autónoma y soberana frente al narcotráfico que consulte a la comunidad internacional y sus intereses, pero también debe consultar a las comunidades campesinas obligadas, en muchos casos, por la crisis rural a esta alternativa.

Ø El cultivo de la hoja de coca que responden a usos tradicionales de los pueblos indígenas requieren de otro tratamiento que reconozca las prácticas de comunidades ancestrales que no están insertas en dinámicas de producción industrial de narcóticos.

4. Propuestas 1. Ejercer la autoridad del Estado en el marco de una política clara de respeto a los derechos

humanos, al Derecho Internacional Humanitario y los principios de la democracia como acción que legitima su presencia en estas regiones.

2. Acompañar la presencia disuasiva del Estado con inversión social, con mecanismos de control y con planes alternativos de reforma agraria y asistencia técnica y crediticia a los campesinos, indígenas, afrodescendientes y colonos.

3. Suspender las fumigaciones por aspersión aérea y promover mecanismos de concertación para la erradicación manual, gradual y voluntaria de los cultivos.

4. Reformular la política de atención a población desplazada y garantizar la protección de las comunidades. Para ello, es necesario el reconocimiento de la población en situación de desplazamiento por fumigación y la aplicación de planes de contingencia con un claro componente de ayuda humanitaria, acorde con las necesidades de las personas afectadas.

5. Replantear la política del retorno y garantizar la seguridad en las zonas objeto del Plan Colombia, con el fin de fortalecer la presencia de instituciones civiles del Estrado encargadas de la protección, promoción y garantía de los derechos humanos.

6. Garantizar una política de restablecimiento para las comunidades que se encuentran en situación de desplazamiento y para los afectados por las fumigaciones. Esto incluye a aquellos que han recibido asistencia social con recursos del Plan Colombia; quienes se inscribieron en los distintos programas de erradicación voluntaria, sustitución de cultivos de uso ilícito y desarrollo alternativo; así como aquellos que no se registraron en ninguno de los programas ni recibieron ningún tipo de asistencia, pero que han sido víctimas de la aspersión aérea con glifosato.

7. Constituir una política de erradicación consecuente con los objetivos iniciales del Plan Colombia :

8. Promover estrategias de desarrollo sostenible a largo plazo; que incluya mayoritariamente al grueso de la población campesina, indígenas y afrodescendientes que habitan en dichas zonas.

9. Garantizar una veeduría internacional y coordinación de evaluación de los programas entre las distintas instituciones, a cargo de una instancia independiente que rinda informes

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periódicos y que cuente con capacidad de convocatoria. Es necesario que la recepción de las quejas y su procedimiento esté a cargo de instituciones idóneas y externas a la implementación de las fumigaciones como la Defensoría del Pueblo, y que los requisitos así como criterios establecidos para procesar las denuncias para indemnización correspondan a la realidad de los habitantes del Putumayo. Protección del medio ambiente y de la salud: Evaluación y cumplimiento de lo establecido por el Plan de Manejo Ambiental. Rectificación de la resolución 013 de junio de 2003 expedida por la Dirección Nacional de Estupefacientes y en la que se autoriza las fumigaciones en áreas de reserva, parques naturales y resguardos indígenas, así como cultivos lícitos cercanos a los de uso ilícito.

10. Es necesario que se lleve a cabo una evaluación continua y sistemática de la situación de

derechos humanos en las zonas donde se concentra la ayuda militar del Plan Colombia, y que se garantice la investigación, el juzgamiento y la reparación integral.

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I. Contraproductos del Plan Colombia

El Plan Colombia en su formulación inicial, se plantea como una estrategia para desarticular las redes de producción y comercialización de drogas en la región, así como para debilitar la presencia y acciones violentas de grupos armados al margen de la ley que se financian con actividades del narcotráfico. De otro lado, el gobierno norteamericano planteó la importancia de defender la estabilidad de las instituciones democráticas en Colombia, propósito que además estaba relacionado con la necesidad de garantizar la inversión económica internacional en el país1. El gobierno nacional por su parte, señala en la presentación del Plan que “dentro del marco de una política de construcción de paz, liga las estrategias de negociación con la insurgencia, la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado, la recuperación de la economía, el control a la expansión de los cultivos ilícitos, y la protección del ambiente”2.

De forma más detallada, el logro de estos objetivos, se enfoca en las siguientes estrategias: eliminación del 50% de la extensión de cultivos de uso ilícito por aspersión aérea en el plazo de 5 años (a octubre del 2005), apoyo al desarrollo alternativo y erradicación voluntaria de cultivos ilegales, protección de la infraestructura petrolera, ayuda para las personas internamente desplazadas, ayuda para programas de protección ambiental, recursos para gobierno local y mejoramiento de la capacidad de gobernar, programas para ayudar a mejorar la administración de la justicia, protección de los derechos humanos.

Transcurridos más de 3 años de su implementación, diversos estudios y evaluaciones realizadas por instituciones del Estado, comunidades, organizaciones sociales y no gubernamentales, muestran que estas estrategias no han permitido el logro de los propósitos generales del Plan Colombia. Adicionalmente, que han tenido efectos contraproducentes y un impacto negativo en las condiciones de vida y la protección de la población civil ubicada en las zonas donde se concentra la ayuda del Plan3. Al respecto, las comunidades y organizaciones sociales afirman que: “El Plan Colombia se constituye en un instrumento de lucha contrainseurgente el cual contribuirá de manera negativa al escalamiento y expansión de la guerra que se libra en Colombia desde hace 30 años”…”La erradicación forzada contra los cultivos ilícitos no toca las grandes ganancias del negocio, y por el contrario implica el traslado de los cultivos con e l consecuente impacto ambiental”4.

1 Discurso del Subsecretario de Estado para asuntos políticos de Estados Unidos, Thomas Pickering ante la Corporación Andina de Fomento, durante el Seminario de Comercio en las Américas, 8 de septiembre del 2000 (traducción extraoficial). 2 Plan Colombia. Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social, 2000 a 2002. Citado por la Defensoria en la Resolución Defensorial No. 26, Bogota, Octubre 9 de 2002. 3 Resoluciones Defensoriales No. 4 del 12 de febrero de 2001, No. 26 del 9 de octubre de 2002, No. 28 de mayo de 2003, así como los informes defensoriales de seguimiento, la Amicus Curiae Derecho Humanos y Fumigaciones presentado a la Corte Constitucional dentro de la revisión de tutela interpuesta por la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia (OPIAC) en abril del 2002. Tres Informes de la Contraloría General de la Republica; II Foro el SUR EVALUA EL PLAN COLOMBIA realizado en Puerto Asís el 10 y 11 de diciembre de 2001; III Congreso de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) Organizaciones Sociales del Putumayo, llevada a cabo en Puerto Asis del 7 al 9 de septiembre del 2002. Estudio de DASALUD Putumayo de Octubre del 2002, y de distintas organizaciones ecuatorianas y colombianas como Acción Ecológica, Colectivo de Abogados. El estudio Impactos en Ecuador de las fumigaciones realizadas en el Putumayo dentro del Plan Colombia, de marzo del 2003, realizada por varias organizaciones ecuatorianas como ALDHU, CEDHU, Acción Ecológica, INREDH, RAPAL, Serpaj, Comité Andino de Servicios. 4 Declaración de Puerto Asís del 8 y 9 de septiembre del 2000, suscrita por 325 participantes al I Foro El SUR EVALUA ELPLAN COLOMBIA

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Con respecto al control de la expansión de cultivos de uso ilícito y a su reducción, el informe de la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentado en junio de este año, muestra que las áreas de cultivos de uso ilícito descendieron el 30 por ciento del 2001 al 2002, pasando de 144.807 a 102 mil hectáreas, la primera reducción significativa en muchos años. Sin embargo, esta reducción aparece acompañada de un incremento en otras zonas vecinas a los departamentos de Putumayo y Caquetá, los cuales concentraban más del 50 por ciento de los cultivos en 1999. Este traslado también se presenta hacia los países vecinos, específicamente Bolivia y Perú. Según los datos de la UNODC (oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), los narcocultivos aumentaron en Bolivia de 14.600 hectáreas en 2001 a 19.900 en el 2002 y en Perú de 43.405 a 46.232, respectivamente. El gráfico 1 muestra el número de hectáreas de coca sembradas a diciembre de 1999 (antes del inicio de las fumigaciones en Putumayo y Caquetá) y a diciembre del 2002, después de haberse fumigado 400.000 hectáreas en todo el país. El gráfico ilustra como la reducción de los cultivos de uso ilícito registrada para el 2002 respecto a 1999 en regiones como Putumayo, Guaviare, Caquetá, Norte de Santander, Meta y Cauca; ocurre paralela a la aparición y crecimiento de cultivos en departamentos vecinos a Putumayo como Amazonas y Nariño, y a los departamentos que limitan con Caquetá al oriente así como hacia zonas de influencia de la antigua zona de distensión como Vichada, Vaupes, Guainia y Arauca principalmente. A pesar de la reducción registrada, es importante mencionar que los datos de medición satelital no incluyen zonas montañosas ni nuevas áreas, lo cual, sumado a las imprecisiones en la resolución de las áreas fotografiadas, constituye un margen de error del 10 por ciento en la medición del SIMCI, Proyecto Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos ilícitos. Por ejemplo, en la zona cafetera se cree que hay 18 mil hectáreas de coca cultivada, de acuerdo con declaraciones de la Federación Nacional de Cafeteros, aunque reconocen que esto es difícil de corroborar precisamente por los obstáculos que hay al hacer la medición5.

5 “La coca viajera”en El Tiempo, domingo 13 de octubre de 2002, p 1=4.

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Gráfico 1.

Número de hectáreas cultivadas de coca por departamento,1999 y 2002

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19992002

Fuente: Sistema de información de Drogas de Colombia, SIDCO y DNE. De otro lado, se observa que con el traslado de cultivos, hay una distribución de los mismos que muestran una mayor dispersión geográfica de las siembras. Esta dinámica se refleja en el aumento en el número de municipios en donde hay cultivos, aunque estos considerados en su totalidad representen un área menor. El gráfico 2 muestra como desde 1999 cada vez más municipios están involucrados en la siembra, sobre todo en los departamentos vecinos al Putumayo y al Caquetá, en el primero 10 de sus 13 municipios tienen cultivos. La mayoría de los cultivos de coca del Putumayo se han trasladado hacia Nariño (municipios de Llorente, Barbacoas y zona rural de Tumaco, principalmente en el río Chagüí), donde simultáneamente se registra la llegada de actores armados que están utilizando como estrategia para la apropiación de terrenos aptos para el cultivo, las incursiones, la intimidación, las amenazas, los asesinatos selectivos, el despojo y el desplazamiento de las comunidades. Según testimonios de la comunidad recogidos durante visitas al terreno, en Tumaco“el desplazamiento hacia el casco urbano se ha incrementado y las zonas abandonadas son utilizadas por los actores armados para cultivar grandes extensiones de coca o para ubicarse allí con sus familiares, amigos y otros miembros de los grupos armados”6. De otro lado, el diario El Colombiano en artículo publicado el 3 de septiembre de este año, denuncia las amenazas contra el obispo de Ipiales, tras haber sido presionado por presuntos miembros de las FARC (Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia) para entregar unos predios que pertenecen a la Iglesia.

6 Entrevista realizada en abril de 2002.

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El caso de Nariño llama la atención porque a raíz de la intensificación de las fumigaciones7, se tiene conocimiento del desplazamiento de cultivos hacia el Ecuador, desde Llorente y Sabaleta hacia San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas8.

Gráfico 2.

Número de municipios con cultivo de uso ilícito por año en Departamentos vecinos al Putumayo** y al Caqueta

1999 y 2002.

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Amazonas** Caquetá** Cauca** Guainía Guaviare Nariño** Putumayo Vaupés Vichada

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19992002

Fuente: SIMCI Proyecto Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos ilícitos www.cultivosilicitoscolombia.gov.co –Estadísticas-

Además de lo mencionado anteriormente, la coca es una planta particularmente resistente a las fumigaciones, sufriendo mayores daños los cultivos lícitos por el efecto deriva (viento) y por la aspersión aérea que se ha venido realizando indiscriminadamente. Durante varias reuniones con campesinos del Putumayo, estos afirmaron que la aspersión aérea está afectando principalmente los pequeños cultivos de 2 y 3 hectáreas de coca y muy poco a los cultivos grandes de mas de 15 mil plantas. Los municipios de Putumayo donde se han concentrado las fumigaciones son Puerto Asís, Orito, La Dorada y La hormiga (es el departamento donde más hectáreas se han fumigado, 66 mil en el 2000, 47 mil en el 2001 y 13 mil en el 2002). Este es un factor de desplazamiento en la medida en que la inseguridad alimentaria generada por el desabastecimiento, obliga a las comunidades que habitan sobre todo las zonas rurales a salir hacia otras zonas en busca de condiciones menos desfavorables para su subsistencia.

7 Entre el 2001 y el 2002 el número de hectáreas fumigadas en el departamento se incrementó en más del 100 por ciento, pasando de 7.494 a15.131 respectivamente, según datos del SIDCO. 8 Información recogida en reuniones con las comunidades y organizaciones de Tumaco durante visita a la zona fronteriza con Ecuador en julio del 2003.

10

En Puerto Asís, por ejemplo, las veredas en donde ocurrieron fumigaciones indiscriminadas con efectos graves en cultivos de pancoger de plátano, maíz y yuca, son: El Paraíso, La Danta y Danubio. Los testimonios de los afectados por la erradicación forzosa en sus cultivos lícitos mencionan que “se fumiga el triple de cultivos de pancoger por fumigar un círculo pequeño de coca” y que “las fumigaciones indiscriminadas se han hecho en Orito, La Dorada, Puerto Asís y Puerto Leguizamo”9. Los casos conocidos así como las entrevistas realizadas muestran que el número de hectáreas de cultivos lícitos que han sido arrasadas por las fumigaciones, oscila entre 6 y 35. Los campesinos e indígenas del departamento han mostrado que tienen voluntad de erradicar, no sólo porque la iniciativa surgió de las organizaciones campesinas en el año 2000, sino por el número de firmantes de los pactos de erradicación voluntaria ante el Gobierno nacional. De acuerdo con información de la ANUC, se firmaron 31 pactos entre diciembre del 2000 y junio del 2001 que comprometían a 37.775 familias en la erradicación de 37.728 hectáreas de coca. Otras 7 mil familias indígenas firmaron aparte. A principios del 2002, Usaid lanzó una modalidad de pactos de erradicación temprana (Pildaet) en los cuales las comunidades se comprometieron a erradicar toda la coca antes de recibir los recursos. Estas ayudas están canalizadas a través de Chemonics10. Según datos proporcionados por esta entidad, en el país se han erradicado manualmente 19.08311 hectáreas, lo cual equivale al 44 por ciento de la reducción registrada entre el 2001 y el 2002. De estas, aproximadamente 15 mil corresponden al departamento del Putumayo. Las comunidades igualmente han expresado su decisión de erradicar. Sobre la decisión de seguir o no cultivando coca “ya nos dimos al dolor, por la coca mataron al marido, hijo, esposo, la gente que la trabaja es porque está obligada, ojalá se acabe esa porquería” (mujer desplazada a quien le mataron su hija en el municipio de San Miguel). Además, resaltan la necesidad de “apoyar una propuesta de desarrollo alternativo para generar ingresos y no para disminuir cultivos”12. Al respecto, la Contraloría General de la República concluye que del 60 al 70 por ciento de los recursos del componente social del Plan Colombia, se han gastado en reducción de la demanda y menos del 10 por ciento en soluciones alternativas de cultivos (desarrollo alternativo)13.

9 Entrevistas realizadas a campesinos de varias veredas del municipio de Puerto asís, durante el II Encuentro de ANUC - Organizaciones sociales del Putumayo, septiembre 2002. 10 Esta es una organización no gubernamental, a través de la cual se han canalizado los recursos de la USAID en todo el país, enfocados a erradicación temprana, desarrollo alternativo y sustitución de cultivos. 11 www.fundacad.org.co 12 II Encuentro ANUC-Organizaciones sociales del Putumayo, septiembre 2002. 13 Informe evaluación del Plan Colombia. Contraloría General de la República, agosto 2002.

11

II. Impacto del Plan Colombia: incremento de la crisis humanitaria y de derechos humanos. Ø Violencia

El traslado de cultivos va acompañado de la apropiación violenta de territorios por parte de los actores armados. Es así como la violencia ligada al narcotráfico se expande a nuevas zonas donde la llegada y permanencia de grupos paramilitares y guerrilleros resulta en una disputa por los territorios aptos para el cultivo, con la consecuente desprotección y agresiones para los habitantes de estas zonas y para la población civil que se debate en medio del conflicto. Un reciente estudio de la Contraloría general de la República revela que el 48% de las tierras cultivables del país están en manos de los narcotraficantes y que las que han sido incautadas por el Estado mediante extinción de dominio, no han podido ser distribuidas debido a las dificultades para identificar los verdaderos dueños, su ubicación y actual estado14. Los gráficos 3, 4, 5 y 6 muestran la relación directa entre el número de hectáreas sembradas y la tasa de homicidios en los departamentos de Putumayo y Nariño para los años 1999 y 2002. La información refleja como la violencia aumenta con la llegada de los cultivos –aunque no depende exclusivamente de estos. Principalmente en el departamento de Nariño para el año 2002, la tasa de homicidios aumentó respecto de 1999 en donde se presentó un aumento del área sembrada: municipios de Tumaco (registró una tasa de homicidios de 86 en 1999 y de 99 en el 2002), Barbacoas (con una tasa de 0 en el año 1999 y una de 39 en el 2002), Ipiales (una tasa de 14 para 1999 y de 67 para el 2002) y El Charco (con una tasa de 7 en 1999 y de 61 en el 2002).

14 El estudio está disponible en la página web www.cgr.gov.co

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Gráfico 3

Comparativo Tasa de homicidios por 100 mil habitantes vs hectáreas sembradas NARIÑO, Año 1999

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Fuente: Hectáreas sembradas según datos del SIDCO –DNE y tasa de homicidios según Policía Nacional - Dijín.

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Gráfico 4

Comparativo de Hectáreas sembradas y tasa de homicidios por 100 mil habitantes en Putumayo, Año 1999

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Fuente: Hectáreas sembradas según datos del SIDCO –DNE y tasa de homicidios según Policía Nacional - Dijín.

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Gráfico 5

Comparativo Tasa de Homicidios por 100 mil Habs vs Hectáreas sembradas. Nariño, año 2002

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Tasa homicidios por 100 mil habs Hectáreas Sembradas

Fuente: Hectáreas sembradas según datos del SIDCO –DNE y tasa de homicidios según Policía Nacional - Dijín.

En Putumayo, se observa una disminución del área sembrada en la mayoría de los municipios con un aumento en el número de hectáreas sembradas en Puerto Leguízamo y se mantiene la tendencia: donde más coca hay, más violencia, aunque la violencia no se explique exclusivamente por la presencia de cultivos de coca. Los municipios que presentan la tasa más alta de homicidios en Putumayo son Puerto Asís, Mocoa y La Hormiga. Estos coinciden en gran parte con los que concentran la mayoría de los cultivos de coca que son Puerto Asís, Puerto Guzmán, Orito, san Miguel y la Hormiga. De otro lado, se observa una reducción en la tasa de homicidios para los siguientes municipios: Orito pasó de 90 por cada 100 mil habitantes en 1999 a 2 en el año 2002, La Hormiga de 248 a 81, Puerto Asís de 278 a 120 y Puerto Leguízamo de 93 a 21, respectivamente.

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Gráfico 6

Comparativo Tasa Homicidios por 100 mil Habt vs Hectáreas sembradas. PUTUMAYO 2002.

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Tasa Homicidios por 100 mil HabsHectáreas Sembradas

Fuente: Hectáreas sembradas según datos del SIDCO –DNE y tasa de homicidios según Policía Nacional - Dijín. A pesar de esta disminución, es importante señalar que existe un subregistro de las muertes violentas en los sistemas de información del nivel nacional. Sólo para citar un ejemplo, el Departamento de Salud del Putumayo registró para el 2001 un total de homicidios de 216 y de enero a julio del 2002 un total de 307. Esta información no coincide con los datos suministrados por la Policía Nacional, ya que para los años considerados esta institución no tiene información para los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Caicedo, a pesar de que en este municipio 27 familias indígenas se desplazaron a Mocoa por combates y enfrentamientos entre los grupos armados. Varias personas de la comunidad putumayense que habitan en la frontera con Caquetá (Solano, Solita y Curillo), afirmaron que muchas muertes no se registran porque las entidades responsables no pueden llegar al lugar para hacer el levantamiento de cadáveres o porque no se hacen las denuncias correspondientes, ya que hay amenazas e intimidación por parte de actores armados hacia los habitantes para evitarlo. Sólo en Puerto Asís, según información recogida por la Defensoría, son asesinadas en promedio de 1 a dos personas diarias y sus cuerpos son arrojados al río Putumayo o abandonados a las afueras del pueblo15.

15 Resolución Defensorial No. 26, p8.

16

Este subregistro refleja las estrategias utilizadas por los actores armados irregulares para fortalecer su control en la zona, principalmente los bloqueos a la información, a la movilización de personas, a los recursos de las comunidades y a la ayuda humanitaria. Adicionalmente, se identificaron hechos que debilitan el tejido social y la capacidad organizativa de la población, tales como el señalamiento y asesinato de líderes sociales y comunitarios, de líderes indígenas, los asesinatos selectivos y la ocupación del departamento por parte de los distintos actores armados, así como el desplazamiento forzado.

17

Ø Presencia de actores armados

En la zona del Putumayo se ha podido identificar claramente esta dinámica en que el traslado de cultivos de uso ilícito ocurre paralelo a la expansión de la presencia de actores armados irregulares. Las regiones más afectadas por la violencia y el conflicto son el medio y el bajo Putumayo, siendo los municipios de Puerto Asís, Puerto Guzmán, La Hormiga y Puerto Caicedo los que presentan una situación más crítica. En el departamento hay presencia de las Autodefensa Unidas de Colombia en los cascos urbanos. Este grupo llegó al Valle del Sibundoy en el Alto Putumayo en febrero del 2002 y hacia Puerto Leguízamo desde el Caquetá, este grupo hace presencia en el departamento desde hace dos años aproximadamente)16 y de las FARC en las zonas rurales (este grupo ha tenido presencia permanente en el departamento).

Fuente: Instituto Nacional de Vías, www.invias.gov.co/servicios/mapas/putumayo.htm

16 Esta era la única zona donde no había presencia permanente de un determinado actor armado, tampoco del Ejército hasta el 2002. a pesar de hacer presencia en esa zona después de las denuncias hechas por la comunidad, las AUC mantuvieron bloqueos de alimentos en la zona tres meses después de la llegada del Ejército al Valle del Sibundoy (Ver Reporte Putumayo realizado por Witness for Peace, 2003 en www.witnessforpeace.org). La Resolución Defensorial No. 26 recoge testimonios que muestran como las AUC interrogan a los líderes a la luz pública en Villa Garzón y Puerto Caicedo, realtando que en estas zonas hay control y presencia permanente de la Fuerza Pública.

18

En el departamento de Nariño hay presencia de las FARC desde hace más de 10 años, actualmente su principal zona de influencia es la región andina en los municipios de la Victoria, Carlosama, Ipiales y Guachucal. Los grupos paramilitares hacen presencia en el departamento desde hace un año aproximadamente y con mayor fuerza en la costa pacífica. Las zonas más críticas de confrontación armada y disputa territorial entre estos grupos y las FARC son la costa pacífica, área rural de Tumaco y frontera con el departamento del Cauca.

Fuente: Instituto Nacional de Vías, www.invias.gov.co/servicios/mapas/nariño.htm

Ø Agresiones y bloqueos

En medio de la intensificación y radicalización del conflicto, las agresiones contra la población civil se han convertido en una estrategia utilizada por los actores armados para desarticular el apoyo social del adversario y fortalecer el control territorial, político sobre la población y económico sobre los recursos y actividades en zonas estratégicas. Esto ha resultado en la fragmentación de las relaciones y estructuras sociales, así como en el debilitamiento de la organización social. Las detenciones masivas realizadas por la Fuerza Pública en los últimos meses a miembros de organizaciones y movimientos sociales en zonas de alta conflictividad (Arauca, Vichada,

19

Putumayo) muestran que las acciones de la guerra afectan principalmente a la población civil que se convierte en su principal objeto. De otro lado, las amenazas a las autoridades civiles, a los candidatos a corporaciones públicas, alcaldías y gobernaciones por parte de grupos guerrilleros, reflejan el debilitamiento de la democracia local y los efectos de la radicalización del conflicto en el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Putumayo Los grupos armados irregulares (guerrilla y paramilitares) hacen retenes permanentes en las vías y controlan la entrada y salida de personas y de alimentos al casco urbano y a las veredas. Esta estrategia tiene como fin debilitar el supuesto apoyo social del adversario y ha resultado en el señalamiento y amenazas de quienes se mueven de zona rural al casco urbano y viceversa, pues son acusados de ser colaboradores o informantes del bando contrario. A raíz del rompimiento de los diálogos entre gobierno y FARC en febrero del 2002 y con la finalización de la zona de distensión, la disputa territorial en la frontera con Caquetá se ha incrementado. Diversos líderes mencionan la incursión de las AUC el año pasado en la zona de José María próxima al municipio de San Vicente del Caguán, durante la cual fueron quemadas viviendas y varios locales. De otro lado, los paros armados organizados por las FARC en el 2001 y en octubre del 2002 (bloqueo permanente de la vía que conduce de Putumayo al Amazonas), así como el reclutamiento forzado y la expropiación violenta de terrenos, han generado desplazamientos masivos al casco urbano y hacia el departamento del Amazonas (Leticia), Neiva, Caldas y Bogotá17. De otro lado, es importante señalar otro tipo de agresiones contra las autoridades locales elegidas por voto popular. Las FARC secuestraron en el 2002 a la hija del alcalde de Colón en el Alto Putumayo y la Defensoría constató que funcionarios de alcaldías, inspecciones y corregimientos de municipios de Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Villa Garzón y Puerto Asís, han recibido amenazas de las FARC. El primero estaba despachando desde la capital hasta octubre del año pasado. Los combates entre grupos de las AUC y las FARC18 en la vereda El Tigre, municipio de La Hormiga, generó el desplazamiento masivo de 1000 personas aproximadamente hacia los municipios de Puerto Asís y Mocoa19. La Fuerza Pública sólo ingresó al municipio después de varios días de intensos combates, argumentando dificultad para acceder a la zona. Durante este tiempo, (más de una semana) aproximadamente 50 personas fueron asesinadas en los enfrentamientos y permanecían sin ser sepultados20. Algunas de las personas que se desplazaron retornaron, pero otros se quedaron en el casco urbano. En la zona de frontera entre Putumayo y Caquetá, los líderes de la Junta de Acción Comunal de Mayuyoque fueron declarados objetivo militar el año pasado por parte de ambos grupos armados (FARC Y AUC) porque su labor, que ha consistido en la construcción de obras de mejora para las veredas así como en el fortalecimiento de los vínculos al interior de la comunidad, se convierte en obstáculo para las estrategias de control por parte de los actores armados sobre los habitantes del sector. Como consecuencia de lo descrito, los habitantes de la zona no pueden salir de los lugares donde viven y están en una situación de restricción absoluta de la movilización. A raíz de la

17 La Defensoría recoge denuncias que muestran el desplazamiento de 200 familias al casco urbano por estas razones, Ibid, p8. 18 Fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia y Autodefensas Unidas de Colombia, respectivamente. 19 Entrevista con ACNUR, oficina de Puerto Asís departamento de Putumayo en septiembre del 2003. 20 Entrevista realizada en Putumayo, septiembre de 2003.

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avanzada paramilitar hacia Puerto Leguízamo, las FARC han restringido la movilización de la población como mecanismo para mantener el control sobre la zona 21. En esta zona también se registran bloqueos selectivos por parte de los grupos armados irregulares, impidiendo la movilización a los hombres y restringiendo la salida desde las veredas a los cascos urbanos a las mujeres, lo cual incrementa su vulnerabilidad en un contexto de guerra y genera cambios dramáticos al interior de la estructura familiar. En el municipio de Sibundoy, Alto Putumayo, también se presentan restricciones a la movilización. Después de las 6:00 pm el Ejército hace requisas y retenes y exige de todos la cédula de ciudadanía como requisito para moverse de un lugar a otro. Nariño En este departamento se ha intensificado la crisis humanitaria a raíz del incremento de los cultivos de coca provenientes del Putumayo y del deterioro de la situación de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario en la región. Es importante señalar el temor de la población a denunciar los hechos violentos frente a las presiones de los actores armados y la desconfianza frente a las autoridades, sobre todo en la zona de Tumaco, que es uno de los municipios más afectados22. En este municipio varias personas y miembros de instituciones civiles del Estado, mencionaron la presencia de “Casas de Tortura” instaladas por parte de los grupos paramilitares dentro del casco urbano. Los municipios de Barbacoas, El Charco, Satinga, El Tablón, Ricaurte y El Bordo también presentan una situación crítica. El incremento en los cultivos de coca dentro de zonas de comunidades indígenas ha empeorado su situación de derechos humanos. Por ejemplo, se tiene conocimiento de la venta de tierras de resguardos por parte de líderes indígenas que han denunciado presiones de los grupos armados23. Otra de las principales dificultades en materia de protección es la falta de identificación personal de la gran mayoría de integrantes de las comunidades, ya que los retenes legales e ilegales a los que se ve sometida la población civil constantemente, hacen aún más complicada su movilización cuando no tienen documentos24. El reclutamiento forzado, la desaparición, las amenazas, las presiones para compra y venta forzada de terrenos, el desalojo, las masacres, torturas y asesinatos selectivos por parte de los grupos armados a líderes de la comunidad, han sido causa de desplazamientos internos y transfronterizos hacia el Ecuador. Sumado a esto, en la zona de Tulcán se han denunciado abusos por parte de las autoridades migratorias hacia los colombianos que llegan en busca de protección al estado vecino. El municipio de Ricaurte presenta una de las situaciones más críticas. Este año, entre enero y marzo habían desaparecido 6 indígenas y tres habían sido heridos25. En febrero de este año, se desplazaron 97 familias del Tablón hacia Tumaco por enfrentamientos entre los grupos armados. En Llorente recientemente se han desplazado varias familias por problemas de salud y afectación de los cultivos de pancoger después de las fumigaciones en la zona. En el municipio de El Tablón de acuerdo con

21 Entrevista realizada en septiembre 2003. 22 Según estudio de la Vicepresidencia de la República, Tumaco es la cuarta ciudad más violenta del país, Ver El conflicto armado en las ciudades , Vicepresidencia de la República, Bogotá, 28 de noviembre de 2002. 23 Entrevistas realizadas en marzo del 2003. 24 Según la Pastoral Social, entre el 20 y el 30 por ciento no tiene cédula de ciudadanía. 25 Entrevistas realizadas en marzo del 2003.

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información no oficial, han sido desaparecidos 5 indígenas por parte de miembros de grupos armados. De otro lado, en los municipios de El Charco y Satinga, se presenta una desprotección total de la población civil. Después de que los habitantes de El Charco en un acto de resistencia civil lograron sacar a los paramilitares que se encontraban allí, no hay presencia de Fuerza Pública permanente, a pesar de las repetidas solicitudes que ha realizado la comunidad para que esto sea efectivo. Varias personas identificaron la presencia de fosas comunes en Satinga. Ø Grupos vulnerables, comunidades en riesgo y agentes humanitarios.

Los docentes y las autoridades tradicionales, así como el personal de salud son quienes se encuentran en una situación de riesgo más alta. Estos reciben amenazas por parte de los grupos armados irregulares (guerrilla y paramilitares). Los dos primeros, por ser el eje de la organización comunitaria y del liderazgo y los segundos, por la extrema polarización de la guerra que exige de estos funcionarios una postura a favor de uno u otro actor armado, pasando por encima de los principios humanitarios. En octubre del 2002 habían sido reportados amenazados aproximadamente 129 docentes26. Según información recogida en el departamento, en el hospital de Puerto Asís hacen presencia miembros de los grupos paramilitares y de acuerdo con la Defensoría, este centro no atiende a todos los que llegan y “no ofrece condiciones de seguridad para sus pacientes”27. Los jóvenes hijos de campesinos e indígenas también son una población particularmente vulnerable ya que están expuestos al reclutamiento forzado o son susceptibles de ingresar a las filas de los actores armados, lo cual ha causado deserción escolar y desplazamiento forzado de las familias que se ven expuestas a las amenazas por parte de uno u otro grupo. En la Hormiga se ha registrado la desaparición de varios jóvenes y en Sibundoy está ocurriendo la incorporación de jóvenes entre los 18 y los 24 años al grupo de soldados campesinos, componente específico de la estrategia de seguridad democrática del actual gobierno. Por ejemplo en Puerto Asís se presentó un caso de reclutamiento forzado del hijo de un campesino para integrarlo a la red de soldados campesinos, que ya cuenta con 50 en este municipio y que también se encuentran en Villa Garzón y Puerto Caicedo. Se tiene conocimiento del asesinato de tres autoridades tradicionales indígenas en el municipio de Puerto Caicedo. Las comunidades indígenas enfrentan serias dificultades porque la titulación de los resguardos es difícil dada la situación de derechos humanos en la zona. Esto dificulta la defensa de estos territorios y el retorno de las comunidades desplazadas. En el mes de marzo fueron asesinados 5 indígenas Huitotos en Puerto Leguízamo y las comunidades denunciaron la desaparición de otros 2728. Las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades en situación de desplazamiento son una población particularmente vulnerable: sufren de persecución, señalamientos, discriminación, amenazas y la mayoría no vive en condiciones de vida digna. La última semana de agosto de este año, fueron asesinadas 5 desplazados en Puerto Asís. La mayoría de estos hechos no se registra. De acuerdo con información de los habitantes de la zona, no es la primera vez que ocurre esto y si alguien hace algo para evitar estos asesinatos, sufre retaliaciones. Uno de los entrevistados subraya que “ya le llamaron la atención porque ayudo a salir a personas que iban a matar” “esos eran nuestros”, le dijeron.

26 Resolución Defensorial No. 026 de octubre del 2002. 27 Resolución Defensorial No.26, p8. 28 Encuentro de Pastorales Sociales Fronterizas realizado en Ecuador en julio de 2003.

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En Nariño la población más afectada por el conflicto y la violencia son los líderes sociales y comunitarios, los agentes humanitarios encargados de prestar o solicitar ayuda, así como las comunidades indígenas, específicamente Awas que son los más afectados por las fumigaciones y por las presiones de los grupos armados irregulares. La Pastoral Social de Tumaco por ejemplo, ha sido objeto de repetidas amenazas por parte de los grupos armados irregulares y tras el asesinato de su directora en el 2001 debido a las denuncia s que ella realizaba, esta entidad estuvo sin Director hasta hace pocos meses. Ø Militarización

Del lado colombiano se observa una creciente militarización de las fronteras que refleja la estrategia de seguridad del actual gobierno y las tendencias a establecer controles migratorios y restringir el flujo de personas desde Colombia hacia los países vecinos. Prima una lógica de orden público frente a la necesidad de un enfoque humanitario que brinde seguridad y protección y que permita la búsqueda de protección en otras zonas, incluyendo el paso transfronterizo hacia Ecuador.

Putumayo cuenta con 5 batallones adscritos a la Brigada XXIV, el batallón de Policía Antinarcóticos, el comando de Policía del departamento y la unidad naval en Puerto Leguízamo. Estos últimos reciben apoyo de militares estadounidenses agrupados en la fuerza de Tarea Conjunta del Sur ubicados en la base Tres Esquinas en el departamento del Caquetá29.

Esta estrategia se basa en:

a) El envío de efectivos militares a las zonas apartadas donde la presencia del Estado es débil. Aproximadamente 150 soldados en municipios tan pequeños como Cumbal, departamento de Nariño, y 300 soldados en Puerto Asís para proteger el oleoducto del Bloque San Juan en el departamento del Putumayo. En Tulcán, del lado ecuatoriano se conoce la instalación de cuatro nuevos puestos cada uno con cien soldados, con perspectiva de incrementarse a mil el total de efectivos militares. Las Brigadas Fronterizas pretenden extenderse hacia todas las zonas limítrofes con países vecinos (ya hay 4000 soldados en la zona de Tibú en el departamento de Norte de Santander en la frontera con Venezuela y se instalaron otros tantos en la frontera de Putumayo con Ecuador). Esta situación es contraproducente en tanto que en las zonas de disputa territorial, la presencia del Ejército como otro actor armado más convierte en objetivo militar a la población civil y atenta contra el principio de distinción. De otro lado, los múltiples controles agravan la situación de bloqueo que se registra principalmente en estas zonas, con efectos negativos para la integridad de las comunidades.

b) La llegada del Ejército a municipios apartados está acompañada de una estrategia de “soporte” a la presencia militar, basada en la promoción e implementación de las redes de soldados campesinos. Esta estrategia conlleva el riesgo de “legalizar” miembros de grupos armados al margen de la ley y además, involucra a la población civil en el conflicto armado, principalmente los jóvenes como se describió anteriormente.

En los países del área andina que tiene frontera con Colombia, la expansión de la estrategia militarista del Plan Colombia hacia Aruba, Curazao y Manta (Ecuador), muestra cambios en el papel de las Fuerzas Armadas de la región Andina. Asistimos a la especialización de las funciones militares que se concentran en torno a

29 Documento inédito elaborado durante el 2003 por trabajadora comunitaria de la zona.

23

a) Lucha antidrogas, b) Controles migratorios, c) Monitoreo y patrullaje de las fronteras.

El propósito es encargar misiones de seguridad hemisférica a las Fuerzas Armadas latinoamericanas sin intervenir directamente con pie de fuerza norteamericano. Esto se refleja en Brasil, con el desarrollo del sistema de vigilancia amazónica, en Perú con el control fluvial de la Guardia Nacional sobre 16 puertos, en Venezuela con la implementación del Teatro de Operaciones 2, en Guasdualito, y en Ecuador con el entrenamiento para enfrentar posibles combates en el mar. El 20 de junio del presente año la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez de Rincón y El Ministro de Defensa del Brasil, José Viegas Filho suscribieron un convenio de cooperación que facilitará desarrollar las relaciones bilaterales entre los dos países, básicamente sus propósitos son: Investigación y desarrollo científico y tecnológico de la industria de defensa, entrenamiento y capacitación de recursos humanos, apoyo logístico, organización y legislación institucional, informaciones operacionales, intercambio de información e inteligencia militar, medidas de confianza mutua y seguridad hemisférica.

La frontera con Brasil tenía el año pasado aproximadamente 23 mil hombres, en Perú este número era de 5 mil, en Panamá 1500 guardias controlan la frontera y en Ecuador, cerca de 8 mil soldados distribuidos en sus mil kilómetros de frontera. Venezuela que tiene la frontera más extensa tuvo cerca de 27 mil hombres, número que descendió a 21 mil.

Las cifras de los costos de la guerra muestran no sólo un incremento en la ayuda militar estadounidense hacia Colombia y los países vecinos sino también una desproporción respecto de la ayuda económica y social. La ayuda militar para los países vecinos mediante lo que se ha llamado la Iniciativa Regional Andina, muestra como el incremento de efectivos militares para contener la expansión del conflicto es una constante que está afectando las condiciones de protección para población que huye del conflicto: en el año 2003 en más del 100 por ciento para el caso de Perú (176%) y Panamá (147%), y en el 214% para Brasil comparado con el promedio 2000-200130.

De acuerdo con la información proporcionad por el Centro para las Políticas Internacionales con sede en Washington D.C, el 80% del total de la ayuda estadounidense a Colombia se destina a las actividades militares y policiales, mientras que la ayuda económica y social representa el 1 por ciento, los recursos para desplazados y grupos vulnerables representa el 4%, recursos para derechos humanos y reforma a la justicia representan el 4%, programas de desarrollo alternativo representan el 7% y recursos para fortalecimiento del Estado Social de Derecho representan el 2%31.

Asistencia militar y de policía de Estados Unidos a Colombia

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Millones de dólares 88.56 112.44 308.81 765.32 224.68 371.74 605.25

Fuente: “U.S. Aid to Colombia Since 1997”. Disponible en http://www.ciponline.org/colombia/aidtable.htm.

30 Ponencia presentada por el Center for Internacional Policy al Foro Social Mundial en Cartagena, junio de 2003. 31 Disponible en www.ciponline.org

24

Vale entonces preguntar a quienes insisten desde ambos bandos en la confrontación armada: ¿Cuánto vale la guerra?, ¿Contra quien es su guerra? y ¿Para que seguir en esta guerra? Sólo en el aspecto económico que es cuantificable (nunca se puede calcular el costo en vidas humanas, destrucción del tejido social, democracia, etc.), el país gasta en promedio cada día 11 millones 855 mil 449 dólares para mantener este conflicto armado. Tomando como referencia datos de Planeación Nacional, el Ministerio de Defensa y el reciente informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas32, 7 millones 457 mil 981 mil dólares diarios salen del presupuesto general de la nación para sostener la tropa, comprar armas y municiones, garantizar la logística, hacer inteligencia, comprar el combustible de las aeronaves y vehículo de combate, etc33. Con base en la ley de apropiaciones del Congreso de los Estados Unidos, el país recibe en promedio un 1 millón 680 mil 555 dólares34 diarios de ayuda militar de este país para adquisición de armas, helicópteros, sostenimiento de cerca de 400 asesores militares y civiles en terreno, cuidar oleoductos y desarrollar el programa de fumigaciones por aspersión aérea de cultivos de uso ilícito, todo dentro del Plan Colombia. Según cálculos de especialistas, el sostenimiento de los grupos armados ilegales FARC-ELN y AUC (más de 30 mil hombres, mujeres y niños), la compra de armas y municiones y demás requerimientos propios de su acción armada requiere en promedio una inversión diaria de 2 millones 716 mil 913 dólares35. No incluyen estos datos las pérdidas económicas que producen los atentados contra la infraestructura energética, hidroeléctrica o vial, ni las pérdidas de acciones armadas contra objetivos civiles en las zonas del conflicto, ni los costos que destina el gobierno para atender a las víctimas del conflicto. Según la Contraloría general de la república, en el 2001 fueron asesinados más de 2 mil civiles por causa del conflicto.

32 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-. Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia 2003, El Conflicto Callejón con Salida. Capitulo 7, Cuidar a la gente: Seguridad ciudadana y Justicia. Cuadro 7.2 “Presupuesto de Entidades del Sistema de Seguridad y Justicia Penal (Miles de millones de pesos corrientes)”. Página.161. 33 Esta cifra se obtiene al dividir el presupuesto del nivel central del sector defensa (7.701 billones de pesos) por el valor de la tasa de cambio, al momento de escribirse ésta ponencia (viernes 12 de septiembre de 2003) que es de 2.829 pesos por dólar. El sector central está conformado por: Comando General de las Fuerzas Armadas, Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional. Cifras presupuéstales tomadas de Departamento Nacional de Planeación. “La seguridad democrática en el Plan Nacional de Desarrollo 2003 – 2006”. Bogotá. Mayo de 2003. Tasa de cambio disponible en www.banrep.gov.co/. 34 La ayuda militar del gobierno de los Estados Unidos a Colombia en 2003 asciende a 605.25 millones de dolares, ésta cifra comprende los recursos asignados a los siguientes programas ( en millones de dólares): International Narcotics Control (INC) 323.5; Foreign Military Financing (FMF) 130; International Military Education and Training (IMET) 1.18; "Section 1004" (Authority to use the defense budget for some types of counter-drug aid) 136; "Section 1033" (Authority to use the defense budget to provide riverine counter-drug aid to Colombia) 13.2; Excess Defense Articles (EDA) 1.4; the Center for Internacional Policy’s. Datos tomados de “U.S. Aid to Colombia Since 1997”. Disponible en http://www.ciponline.org/colombia/aidtable.htm. 35 El costo diario que demanda el sostenimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-EP, el Ejercito de Liberación Nacional –ELN- , el Ejercito Popular de Liberación –EPL- y las Autodefensa Unidas de Colombia –AUC- asciende a 7.688.377.384, 96 millones de pesos. Gutiérrez. Ramiro. “Los costos de la guerra en Colombia”. Disponible en http://www.arlac.be/pdocumentos/costoguerra.htm. La tasa de cambio corresponde a la establecida para el viernes 12 de septiembre de 2003, es decir 2.829 pesos por dólar.

25

Total de civiles que han muertos por el conflicto

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Autodefensas 36 18 71 78 216 743 1.012 1.028

Subversión 467 320 531 549 910 1.075 1.060 Total asesinados 485 391 609 765 1653 2087 2088

Fuente: Contraloría general de la República. Colombia entre la exclusión y el desarrollo. Propuestas. Para la transición

al Estado social de derecho”. Garay, Luis Jorge. Bogotá. Diciembre de 2002. Gráfico 10.6. Página 316. De acuerdo con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, en el año 2002 un promedio de 1000 personas cada día son obligadas a huir de las zonas de conflicto y desde 1985 se han desplazado internamente cerca de tres millones de personas, en su mayoría mujeres, niños y niñas37. Hay más de tres mil personas secuestradas (entre civiles y militares) en poder de grupos armados ilegales reporta la Fundación País Libre38, mientras que la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos ha dicho que cada día en promedio es desaparecida una persona en un incremento de esta modalidad de violación de los derechos humanos39. Desde luego que frente al desafío de grupos armados ilegales el gobierno debe establecer una política de seguridad y fortalecimiento de su Fuerzas Pública, pero en el marco del respeto a los derechos humanos y sin descartar la opción de la solución política del conflicto. Según información proporcionada por el Centro para las Políticas Internacionales, entre 1997 y 2002, la ayuda militar y policial de Estados Unidos para Colombia fue de 1.871,55 millones de dólares. En contraste, para el mismo periodo se entregaron sólo 349,53 millones de dólares para ayuda social y económica, aproximadamente la quinta parte de los recursos utilizados para las actividades de la guerra. De esos 349,53 millones de dólares, sólo 2,51 consistieron en ayudas relacionadas con asistencia para el desarrollo y programas relacionados con la seguridad alimentaria, mientras que, 304,20 millones fueron destinados al control internacional de narcóticos.

Surgen entonces inquietudes sobre la desproporción entre la asistencia militar que se incrementa progresivamente y las necesarias políticas humanitarias desde enfoques de prevención, atención integral y reintegración con efectivos componentes de política social que mitiguen los impactos del “paquete militar”.

36 Las cifras de autodefensas y subversión corresponden a civiles asesinados por estos dos grupos. 37 Esta diáspora permanente afectó en el 2002 a una población estimada en 412.553 personas, es decir, un promedio de 1.144 por día, 20% más que el año inmediatamente anterior. Esta cifra corresponden a 82.511 hogares que se vieron obligados a abandonar territorios y espacios socioculturales, porque sus derechos fundamentales no fueron respetados ni protegidos. “Codhes Informa”. Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Número 44, Bogotá, Colombia, 28 de abril de 2003. Páginas 1-2. 38 Tomado de “Estadísticas sobre el secuestro”. Disponible en www.paislibre.org.co. 39 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-. “Informe Nacional de Desarrollo Humano. Colombia 2003. El conflicto callejón con salida”. Capítulo 5. las victimas de una guerra injusta”. Bogotá. Septiembre de 2003. Páginas 119- 137.

26

III. Fumigaciones, Plan Colombia y desplazamiento.

La dinámica del desplazamiento en Nariño y Putumayo tiene como una de las causas principales, las fumigaciones. Sin embargo, la Red de Solidaridad Social no reconoce a estas personas oficialmente como desplazadas y, por lo tanto, estas no ingresan al sistema de registro único para recibir atención del Estado. Esto ha resultado no sólo en una desprotección absoluta de las familias y personas afectadas sino en la desatención de las víctimas de esta estrategia que en muchos casos nunca han cultivado coca. En el primer semestre del 2003 fueron desplazadas en total 116.322 personas de acuerdo con el sistema de información de CODHES, para un total de 25.849 hogares. Se estima que el número de familias que tuvieron que desplazarse por efectos de las fumigaciones, desde 1999 a la fecha es de 35 mil. Los departamentos más afectados por el desplazamiento son Putumayo, Caquetá y Arauca. Estas son las zonas en donde se ha concentrado la ayuda militar del Plan Colombia y las fumigaciones para la erradicación de cultivos de uso ilícito. Esto es el resultado de la desprotección en la que se encuentran los habitantes y refleja los efectos contraproducentes de la militarización, el incremento de los niveles de disputa entre actores y agresión a la población civil, así como el impacto de las fumigaciones en la zona. También refleja que la desatención de los más vulnerables y afectados es un incentivo más para que las personas busquen ayuda en otros lugares. Según testimonios recogidos durante el monitoreo a esta región, se pudo comprobar que las causas principales del desplazamiento son las fumigaciones ligada al traslado de cultivos y la violencia asociada a la disputa por el control de dichos territorios. En entrevistas con la población se identificó que durante el segundo semestre del 2002 habían salido aproximadamente entre 8 y 10 familias de cada una de las veredas fumigadas. Los municipios más afectados ese año fueron Orito y Puerto Caicedo. En el primero, “una vereda que tenía 135 familias quedó con 20 y en otras ya no queda nadie”. Muchas de estas personas salen hacia el Ecuador, otras a Nariño, Cali y Buenaventura en el Valle del Cauca. El principal municipio receptor del departamento es Mocoa, que, de acuerdo con las cifras de la Federación de Asociaciones de Desplazados del Putumayo, concentra aproximadamente el 60% de la población desplazada. Puerto Asís desde el año pasado es también municipio receptor y expulsor y entre enero y junio del año pasado, según los datos de la red de Solidaridad (reporte mensual) se registró un incremento de más del 100% por mes en el número de personas que tuvieron que abandonar sus hogares y que llegaron a los municipios de Puerto Caicedo, Orito y en menor medida a Puerto Guzmán y Villa Garzón40. Durante el 2003 sin embargo, de acuerdo con la información recogida en la zona, se pudo comprobar que en la vereda Nariño Nariño del municipio de Puerto Asís, después de las fumigaciones salieron 30 familias, aproximadamente el 50% del total de habitantes de esa zona. De acuerdo con la oficina de asuntos indígenas de la personería de Puerto Asís hay un total aproximado de 30 familias indígenas desplazadas en el casco urbano del municipio, provenientes de Puerto Guzmán, Orito, Valle del Guamuéz y San Miguel. Este hecho pudo corroborarse a través de distintos testimonios, para citar un ejemplo, “la gente continúa saliendo pero gota a gota y es menos que el año anterior. Se disminuyó el desplazamiento porque hay veredas donde ya no vive nadie y no hay a quién desplazar. Además, la gente no se registra por temor o salen a otras

40 Reporte regional de octubre de 2002.

27

ciudades. La semana pasada mataron a cinco desplazados personas jóvenes registradas en la Red”…“Durante las últimas fumigaciones Puerto Asís estaba llenito de gente, algunos se regresaron a sus veredas pero otro poco se quedó en el pueblo”41. De acuerdo con la información suministrada por el SISDES 42 de CODHES, durante el primer semestre del 2003, el principal municipio expulsor de población desplazada fue La Hormiga, superando en recepción también a Mocoa, lo cual refleja la crítica situación que vive el municipio por los combates registrados a comienzos del año entre guerrilla y paramilitares (Ver Anexo I). En este municipio es donde se han concentrado las fumigaciones desde enero del 2003, lo cual ha generado desabastecimiento y ha empeorado las condiciones de protección de la población. En Nariño la situación no es muy diferente. Con la llegada de los cultivos y de la violencia, Tumaco se convirtió en el tercer municipio receptor del departamento después de Pasto y Taminango, según datos de la red de Solidaridad Social43. De acuerdo con la información suministrada por el SISDES de CODHES, los municipios de Ricaurte y El Tablón presentan una situación crítica en los últimos meses del presente año por desplazamientos masivos a causa de amenazas, asesinatos selectivos y reclutamiento forzado por parte de los grupos armados irregulares. Durante la última visita al departamento, se pudo comprobar que después de las fumigaciones la mayoría de las personas afectadas por las fumigaciones, se han desplazado principalmente desde zonas rurales del municipio de Buesaco al casco urbano. Otros municipios principalmente afectados por las fumigaciones son Roberto Payán y Barbacoas.

Se pueden identificar tres zonas de desplazamiento en la Costa Pacífica Nariñense:

La primera, la Costa Norte, en la cual, por su cercanía a otros departamentos del país, especialmente a Cauca y Valle del Cauca, la población desplazada se moviliza hacia ciudades como Cali. Estos desplazamientos en la Costa Norte son causados fundamentalmente por amenazas y ataques de los grupos armados.

La segunda zona es la del Río Chagüí, en donde el principal móvil de expulsión son los cultivos ilícitos (afectación a la seguridad alimentaria por fumigaciones y bloqueos, así como amenazas de los grupos armados). Esta población se desplaza hacia Tumaco.

Una última zona, la de las riberas hacia el sur del departamento (Chontal, Cabo Manglares, Milagros y Congal) de la cual no se tiene mayor información, pero que preferiblemente se desplazan hacia el Ecuador por la cercanía.

A continuación se presentan una serie de gráficos que muestran la correlación entre fumigaciones y desplazamiento. De acuerdo con esa información, allí donde se han fumigado más hectáreas hay más desplazamientos, sobre todo hacia el casco urbano.

De acuerdo con la información suministrada por los gráficos, los principales municipios afectados por fumigaciones, por sus efectos y por el impacto del conflicto en el desplazamiento durante el 2002, fueron La Hormiga, Orito, Puerto Asís, San Miguel y Puerto Guzmán, para el departamento de Putumayo. Esto refleja la crítica situación del Putumayo, ya que durante el 2002 confluyeron en este departamento simultáneamente tres factores fundamentales para el incremento de la crisis humanitaria: desplazamiento, desabastecimiento de las comunidades que ha resultado en inseguridad alimentaria, y radicalización del conflicto. Todos estos factores en relación directa con el efecto de las fumigaciones y con los bloqueos, señalamientos, amenazas y asesinatos selectivos 41 Entrevista realizada al presidente de la Asociación de Desplazados del municipio de Puerto Asís, Putumayo en septiembre de 2003. Hasta el momento, dice, hay 6000 personas desplazadas en el municipio. 42 Sistema de información sobre desplazamiento forzado y derechos humanos de CODHES. 43 Reporte regional enero a Diciembre de 2002.

28

registrados en la zona. El resultado es una desarticulación del tejido social y deterioro de la estructura y organización de la sociedad civil, afectando el ejercicio de los derechos civiles y políticos. En Nariño la dinámica es un poco diferente ya que, durante el año 2002, el desplazamiento empieza a hacerse más visible en municipios donde aún no se ha fumigado y en donde se presenta una fuerte disputa por los territorios paralela al traslado de cultivos, la cual se expresa en agresiones dirigidas contra la población civil. Estos municipios en donde son altas las tasas por 100 mil habitantes de expulsión y recepción de población en situación de desplazamiento, pero donde hay un número muy reducido de fumigaciones son Ricaurte, El Charco, Santa Bárbara, Policarpo y El Rosario. En estos municipios las presiones para permanecer o salir de los territorios, las amenazas y desalojos forzados son los rasgos característicos de la crisis humanitaria. Paralelo a esta tendencia, se observa una dinámica en la que se confluyen la intensificación de las fumigaciones y las tasas más altas de desplazamiento forzado en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán, Magui e Ipiales. Todos estos municipios registran un incremento de la crisis humanitaria de acuerdo con la información recogida en terreno.

GRAFICO 7

Comparativo Número de hectáreas fumigadas 2002 vs tasa desplazamiento (expulsión y recepción) PUTUMAYO, año 2002

0

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Tasa Recep Codhes 02

Tasa Exp. Codhes 02

Fuente: SIDCO-DNE para hectáreas fumigadas, CODHES para tasa de desplazamiento 2002.

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GRAFICO 8

Cuadro comparativo tasa de desplazamiento por 100 mil habitantes vs número de hectáreas fumigadasNARIÑO, año 2002.

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Fuente: SIDCO-DNE para hectáreas fumigadas, CODHES para tasa de desplazamiento 2002.

30

Durante el primer semestre del año 2003 se observa la misma tendencia en el departamento de Putumayo, es decir, la correlación de la tasa de recepción de población en situación de desplazamiento con el número de hectáreas fumigadas. El principal cambio registrado fue el incremento del desplazamiento en el municipio de la Hormiga, que presentó las tasas más altas de expulsión y recepción y en donde la mayoría de la zona rural ha sido fumigada indiscriminadamente durante este año. En el departamento de Nariño se observa un cambio fundamental y es la correlación significativa en casi todos los municipios (excepto Roberto Payán y Tumaco) del número de hectáreas fumigadas con las tasas de recepción y expulsión de población en situación de desplazamiento. Los municipios más críticos este año que muestran la confluencia de estas tres variables son El Tablón, Barbacoas, Santa Cruz y Samaniego, es decir, zonas donde se ha intensificado el conflicto por disputa territorial, hacia donde se han trasladado los cultivos desde el Putumayo y en donde la presencia de instituciones civiles del Estado es precaria. También son municipios en donde se han incrementado las agresiones y presiones por parte de actores armados irregulares hacia la población civil.

GRAFICO 9

Comparativo Número de hectáreas fumigadas de enero-julio 2003 vs tasa desplazamiento (expulsión y recepción) enero-junio 2003

NARIÑO

0

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hectáreas fumigadas enero a julio del 2003

Tasa desplazamiento recepción enero a junio 2003

Tasa desplazamiento expulsión enero a junio 2003

Fuente: SIDCO-DNE para hectáreas fumigadas, CODHES para tasa de desplazamiento 2003.

31

GRAFICO 10

Comparativo Número de hectáreas fumigadas de enero-julio 2003 vs tasa desplazamiento (expulsión y recepción) enero-junio 2003

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Hectáreas fumigadas enero a julio 2003

tasa desplazamiento expulsión 2003

tasa desplazamiento recepción 2003

Fuente: SIDCO-DNE para hectáreas fumigadas, CODHES para tasa de desplazamiento 2003.

El Gráfico 11 permite observar la tendencia del desplazamiento antes y después de las fumigaciones, mostrando el impacto de la implementación del Plan Colombia, sobre todo en el incremento de personas desplazadas que llegan al departamento de Nariño. En el 2001, un año después de iniciarse las fumigaciones en Putumayo, el número de personas desplazadas en Nariño aumentó aproximadamente tres veces respecto del año anterior, pasando de 6 mil en el 2000 a 19 mil en el 2001. Aunque esa cifra baja en el 2002 para Nariño, aumenta para el caso del Putumayo, que registró 5 mil desplazados en el 2000 y pasó a 7 mil en el 2001. En Putumayo esta cifra supera al número registrado en todos los años anteriores. Lo anterior está indicando la intensa y constante dinámica migratoria desde el Putumayo hacia Nariño y al interior de este departamento tras intensificarse las fumigaciones en el 2003. La información suministrada por el gráfico también permite afirmar que no sólo no se ha logrado prevenir el desplazamiento sino que este es un fenómeno va en aumento desde que se implementó el Plan Colombia en el sur del país.

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GRAFICO 11

Número de personas desplazadas en el departamento 1999- primer semestre 2003Cifras CODHES.

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Nariño Putumayo

Fuente: Sistema de Información sobre el desplazamiento, CODHES

Entre las y los desplazados se encuentran las personas que cultivan coca y otras que, aunque nunca han cultivado o erradicaron estos cultivos, están siendo afectadas por las fumigaciones. Ante una estrategia agresiva de erradicación forzosa, estas personas están sometidas a diversas alternativas, algunas son: permanecer en sus territorios sin sembrar coca a pesar de la devastación producida por los efectos de la aspersión aérea y en medio del hambre; trasladarse a otras regiones del país y continuar la siembra de cultivos de uso ilícito; en casos extremos involucrarse en el conflicto armado con cualquiera de las partes enfrentadas; desplazarse a las ciudades u otras regiones del país o cruzar las fronteras y buscar otras opciones en territorios de países vecinos. Los datos del número de solicitudes de refugio hacia el Ecuador muestran que la gran mayoría de las personas que deciden salir hacia el país vecino y se registran para buscar protección del Estado Ecuatoriano, ha aumentado aproximadamente 36 veces este año respecto al año 2000, pasando de 133 a 4610 en los seis primeros meses del año 2003. Si la tendencia se mantiene, esto quiere decir que al finalizar el año se habrá más que duplicado el número de solicitudes respecto del año 2002. Lo anterior refleja la ausencia de garantías y condiciones para permanecer en la zona fronteriza con Ecuador y en el país 44. Esto también explica la reducción en la cifra de expulsión y recepción

44 Entrevistas con El Servicio Jesuita para los refugiados de Ecuador y con otras instituciones que trabajan con población refugiada, solicitantes de asilo y migrantes en general muestran que la mayoría de personas vienen de Putumayo y de los departamentos de Magdalena, Chocó, Norte de Santander, Cesar. Estos últimos ubicados en la frontera con Venezuela, al otro extremo del país.

33

registrada por CODHES el primer semestre del 2003 respecto al mismo periodo del año pasado45. Aún más grave es el cierre de la política migratoria de Ecuador frente a los solicitantes de asilo provenientes de Colombia, ya que, de acuerdo con la información suministrada por ACNUR y el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, menos de la cuarta parte de las solicitudes presentadas son aceptadas. El siguiente cuadro ilustra esta tendencia

Solicitudes oficiales de refugio de colombianos al gobierno Ecuatoriano

2000 2001 2002 Agosto

2003 Solicitudes 362 3070 6244 8973

Aceptadas 280 1419 1701 1432 Negadas

30 351 1296 2061

Fuente: ACNUR - Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, agosto 2003.

El número de colombianos en búsqueda de protección en Ecuador han sobrepasado todos los registros: tan sólo en enero se presentaron 1642 solicitudes, frente a 154 del mismo mes de enero del año 2002, diez veces más. La mayoría de las personas que salen en busca de protección se asientan en Tulcán e Ibarra (60%), Quito, Cuenca y San Lorenzo, estos dos últimos en la provincia de Esmeraldas. Los siguientes mapas muestran las principales rutas de desplazamiento en la zona:

45 Se observa una reducción del 42% para el país, comparando el primer semestre del 2002 (116.322 este año frente a 203.681 personas)

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Ecuador

DESPLAZAMIENTO EN FRONTERA CON ECUADOR

Fuente: CODHES-Fronteras. Junio 2002.•II Seminario-Taller “Iniciativa Regional Andina, Fronteras y Conflicto Armado en Colombia, Noviembre 2001. CODHES•CODHES-Fronteras. Trabajo de Campo. Abril 2002.•Taller fronterizo sobre desplazamiento y refugio. ACNUR-CODHES-PCS

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DESPLAZAMIENTO EN FRONTERA CON ECUADOR

Fuente: CODHES-Fronteras. Junio 2002.•II Seminario-Taller “Iniciativa Regional Andina, Fronteras y Conflicto Armado en Colombia, Noviembre 2001. CODHES•CODHES-Fronteras. Trabajo de Campo. Abril 2002.•Taller fronterizo sobre desplazamiento y refugio. ACNUR-CODHES-PCS

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Flujo de personas hacia otros lugares

DINÁMICA DEL DESPLAZAMIENTO FRONTERA

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Fuente: CODHES-FronterasTaller fronterizo sobre desplazamiento y refugio. ACNUR/PCS/CODHES.Puerto Asís. Julio de 2002

Flujo de personas hacia otros lugares

DINÁMICA DEL DESPLAZAMIENTO FRONTERA

CON ECUADOR

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Ø Seguridad alimentaria, Salud y medio ambiente

Las fumigaciones afectan el Derecho a la vida, el derecho a la alimentación que comprende: la seguridad, autonomía y soberanía alimentaria; así como los derechos de los pueblos indígenas. Se ha fumigado zonas de parques naturales, reservas y resguardos indígenas. A pesar de que el Plan de Manejo Ambiental establece que no se puede fumigar en estas zonas, esto intenta ser legalizado mediante el decreto 013 de junio de 2003, expedido por la Dirección Nacional de Estupefacientes. Lo anterior refleja no sólo una contradicción en la política nacional contra las drogas sino el incumplimiento incluso de las condiciones que rigen la implementación del Plan Colombia, en las cuales se estableció que este debía acogerse a las normas y legislación nacional. Al respecto, cabe resaltar el fallo del Tribunal de Cundinamarca de junio 13 de 2003, que ordenó la suspensión de las fumigaciones hasta tanto no se establezcan sus impactos en el medio ambiente y las distintas Resoluciones defensoriales46 en las que se señala el impacto negativo de las mismas sobre el derecho a la alimentación, la salud y a gozar de un ambiente sano en las comunidades. De otro lado, no existe un sistema de recepción de quejas eficiente, que es otra de las condiciones establecidas para la implementación del Plan Colombia. Distintas investigaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo concluyeron que no se están atendiendo las quejas de los afectados por fumigaciones (de 2 mil que ha recibido la Policía Nacional, se han indemnizado sólo 2 casos, de empresarios de Palma de Aceite en Nariño y Norte de Santander pero no pequeños propietarios). De estas 2 mil, 994 han sido archivadas por la Policía Nacional porque no son idóneas (errores al llenar el formato en fechas u otros detalles). Sólo en Puerto Asís, Orito y La Hormiga, la Defensoría ha conocido de 318 quejas que afectaron a 6.076 familias y 5.034 hectáreas, aproximadamente la mitad de lo que se fumigó en el departamento durante el 2002, la mayoría firmantes de pactos y provenientes de municipios donde se había erradicado el 100 por ciento de la coca o al menos el 70%. Esta información muestra que del total de familias que han recibido recursos para el componente de pactos, el 32% ha sido afectado por las fumigaciones. La Defensoría del Pueblo por su parte, en la Resolución No. 26 del 9 de octubre del 2002 señala que la erradicación forzosa esta afectando seriamente el derecho a gozar de una vida digna en las comunidades del Putumayo, incluso las suscriptoras de los pactos de erradicación voluntaria están sufriendo las consecuencias: “…los daños en los cultivos de pancoger de los campesinos e indígenas ponen en riesgo su seguridad alimentaria, puesto que, con la destrucción de sus cultivos de yuca, plátano, maíz y árboles frutales, no se asegura a la población el suministro de alimentos que cubran sus necesidades nutricionales. Igualmente, los quejosos han denunciado la muerte de animales de consumo humano…entregados en el marco de los proyectos productivos”47. Además, también han sido afectados proyectos de desarrollo alternativo como el de cultivo para palmito. Según información de Agroamazonía, ente encargado de implementar el programa, durante el 2002 fueron fumigadas 73,4 hectáreas y en el 2003 van 18, para un total de 91, 4 (66, 4 plantadas y 25 en vivero). Las pérdidas económicas por fumigaciones en este tipo de cultivo durante el año 2002, fueron estimadas en 42 millones de pesos.

46 Resolución No 04, No. 26 y No.28. 47 Op. Cit., numeral 3.9.1, p 25.

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IV. Conclusiones y recomendaciones.

Como consecuencia de lo anterior, en las zonas donde se concentran las fumigaciones y la estrategia militar de lucha anti-terrorista, ha empeorado la situación de derechos humanos, se ha intensificado el conflicto armado interno y se incrementa la crisis humanitaria regional. Esto afecta y aumenta la desprotección y las agresiones en contra de la población civil que vive en estas zonas, principalmente indígenas y campesinos, víctimas de las estrategias utilizadas por los grupos armados para mantener su control territorial, económico y político; así como de las estrategias de militarización y erradicación forzosa de cultivos para uso ilícito. Ø La erradicación de los cultivos de uso ilícito es más fácil y efectiva en el marco de la

solución política y negociada del conflicto armado, que en medio de una guerra que se prolonga y expande sin resultados reales.

Ø Esta confrontación no la gana el Estado ni la guerrilla y la pierde el país. La guerra interna no se resuelve con el incremento de ayuda militar y, al contrario, se prolonga con altos costos en vidas humanas, sociales, económicos, políticos y culturales.

Ø Las fumigaciones y la estrategia militar del Plan Colombia son contraproducentes porque producen una expansión de los cultivos en el sur del país, provocan reacomodamientos de los grupos armados irregulares, expanden el conflicto, limitan la democracia, agravan la crisis humanitaria y plantea nuevos desafíos a la institucionalidad y la gobernabilidad local.

Ø Las personas afectadas por las fumigaciones están sometidas a diversas alternativas, algunas son: permanecer en sus territorios sin sembrar coca a pesar de la devastación producida por los efectos de la aspersión aérea y en medio del hambre; trasladarse a otras regiones del país y continuar la siembra de cultivos de uso ilícito; en casos extremos involucrarse en el conflicto armado con cualquiera de las partes enfrentadas; desplazarse a las ciudades u otras regiones del país o cruzar las fronteras y buscar otras opciones en territorios de países vecinos.

Ø Los campesinos dedicados a los cultivos de uso ilícito son el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico, que incluye en el otro extremo de la vulnerabilidad a las personas que consumen droga. En una política integral y de responsabilidad compartida en el campo internacional es necesario incrementar las acciones contra quienes transportan, exportan o comercializan la droga, contra quienes lavan dineros provenientes del narcotráfico dentro y fuera del país o de quienes se apoderan ilegalmente o bajo presión de las tierras. No necesariamente hay narcotráfico porque hay cultivos de uso ilícito sino que estos cultivos existen porque hay tráfico de drogas como una alternativa económica en medio de la pobreza rural.

Ø Colombia necesita desarrollar una política autónoma y soberana frente al narcotráfico que consulte a la comunidad internacional y sus intereses, pero también debe consultar a las comunidades campesinas obligadas, en muchos casos, por la crisis rural a esta alternativa.

Ø El cultivo de la hoja de coca que responden a usos tradicionales de los pueblos indígenas requieren de otro tratamiento que reconozca las prácticas de comunidades ancestrales que no están insertas en dinámicas de producción industrial de narcóticos.

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Propuestas 11. Ejercer la autoridad del Estado en el marco de una política clara de respeto a los derechos

humanos, al Derecho Internacional Humanitario y los principios de la democracia como acción que legitima su presencia en estas regiones.

12. Acompañar la presencia disuasiva del Estado con inversión social, con mecanismos de control y con planes alternativos de reforma agraria y asistencia técnica y crediticia a los campesinos, indígenas, afrodescendientes y colonos.

13. Suspender las fumigaciones por aspersión aérea y promover mecanismos de concertación para la erradicación manual, gradual y voluntaria de los cultivos.

14. Reformular la política de atención a población desplazada y garantizar la protección de las comunidades. Para ello, es necesario el reconocimiento de la población en situación de desplazamiento por fumigación y la aplicación de planes de contingencia con un claro componente de ayuda humanitaria, acorde con las necesidades de las personas afectadas.

15. Replantear la política del retorno y garantizar la seguridad en las zonas objeto del Plan Colombia, con el fin de fortalecer la presencia de instituciones civiles del Estrado encargadas de la protección, promoción y garantía de los derechos humanos.

16. Garantizar una política de restablecimiento para las comunidades que se encuentran en situación de desplazamiento y para los afectados por las fumigaciones. Esto incluye a aquellos que han recibido asistencia social con recursos del Plan Colombia; quienes se inscribieron en los distintos programas de erradicación voluntaria, sustitución de cultivos de uso ilícito y desarrollo alternativo; así como aquellos que no se registraron en ninguno de los programas ni recibieron ningún tipo de asistencia, pero que han sido víctimas de la aspersión aérea con glifosato.

17. Constituir una política de erradicación consecuente con los objetivos iniciales del Plan Colombia:

18. Promover estrategias de desarrollo sostenible a largo plazo; que incluya mayoritariamente al grueso de la población campesina, indígenas y afrodescend ientes que habitan en dichas zonas.

19. Garantizar una veeduría internacional y coordinación de evaluación de los programas entre las distintas instituciones, a cargo de una instancia independiente que rinda informes periódicos y que cuente con capacidad de convocatoria. Es necesario que la recepción de las quejas y su procedimiento esté a cargo de instituciones idóneas y externas a la implementación de las fumigaciones como la Defensoría del Pueblo, y que los requisitos así como criterios establecidos para procesar las denuncias para indemnización correspondan a la realidad de los habitantes del Putumayo. Protección del medio ambiente y de la salud: Evaluación y cumplimiento de lo establecido por el Plan de Manejo Ambiental. Rectificación de la resolución 013 de junio de 2003 expedida por la Dirección Nacional de Estupefacientes y en la que se autoriza las fumigaciones en áreas de reserva, parques naturales y resguardos indígenas, así como cultivos lícitos cercanos a los de uso ilícito.

20. Es necesario que se lleve a cabo una evaluación continua y sistemática de la situación de

derechos humanos en las zonas donde se concentra la ayuda militar del Plan Colombia, y que se garantice la investigación, el juzgamiento y la reparación integral.

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ANEXO I.

Tasas de recepción y expulsión de población en situación de desplazamiento por municipio 1999-Primer semestre de 2003.

Fuente: SISDES, CODHES 2003.

Departamento

2002 I sem 2003 1999 2000 2001 2002 I sem 2003Municipio Expulsión Expulsión Recepción Recepción Recepción Recepción RecepciónColon 365 427 0 0 2398 876 604Mocoa 2199 717 3058 6456 7527 10546 3057Orito 4568 1362 428 4689 891 961 461Puerto Asis 3150 1630 1961 816 599 2576 1860Puerto Caicedo 8112 2571 0 0 478 898 357Puerto Guzman 5532 2746 653 0 0 75 642Puerto Leguizamo 1175 808 234 462 992 1320 424San Francisco (Put) 326 12 0 0 1134 1243 245San Miguel (La Dorada) 5004 1126 1431 6051 2178 485 177Santiago (Put) 497 1051 0 0 264 308 325Sibundoy 446 537 0 699 1131 2308 754Valle del Guamuez (La Hormiga) 7866 7480 4394 4044 1317 1043 4823Villagarzon 3541 2183 0 0 327 1776 1757Total general 3854 2085 1343 2214 1492 2227 1525

Tasa por cien mil habitantesPutumayo

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2002 I sem. 2003 1999 2000 2001 2002 I sem 2003Municipio Expulsión Recepción Recepción Recepción Recepción Recepción RecepciónAlban (Nar) 396 10 0 0 132 0 140Aldaña 0 92 0 0 0 104 82Ancuya 16 21 250 0 0 0 108Arboleda 240 2036 0 0 174 0 186Barbacoas 1076 869 637 0 498 1063 2093Belen (Nar) 807 213 0 0 166 0 0Buesaco 212 273 0 247 145 240 91Chachagui 0 0 0 436 192 382 170Colon (Genova) 189 52 0 0 0 0 0Consaca 0 46 0 0 477 1019 427Contadero 66 0 0 0 519 726 66Cordoba (Nar) 144 41 59 296 2124 2396 387Cuaspud 374 0 0 0 0 0 0Cumbal 7 140 0 0 0 98 153Cumbitara 664 169 713 0 170 212 296El Charco 7471 321 335 0 0 0 0El Peñol (Nar) 178 44 - - - 0 0El Rosario 884 183 306 0 77 83 44El Tablon 497 3731 0 471 59 0 2670El Tambo (Nar) 55 0 0 0 0 0 0Funes 286 68 0 278 0 0 0Guachucal (Nar) 0 0 0 0 0 0 0Guaitarilla 14 0 0 0 47 0 31Gualmatan 0 0 0 0 0 0 0Iles 0 95 0 0 0 0 286Imues 0 0 0 0 167 69 17Ipiales 61 19 517 844 717 284 35La Cruz 512 213 0 0 849 121 50La Florida 405 103 0 0 0 215 28La Llanada 118 82 0 0 1298 0 259La Tola 977 105 901 0 0 0 0La Union (Nar) 113 10 0 0 35 194 144Leiva 388 164 1508 0 0 27 112Linares 69 15 0 0 939 311 146Los Andes 352 110 0 0 1011 2740 662Magui 147 320 0 0 0 0 0Mallama 230 62 853 0 99 84 0Mosquera (Nar) 73 0 0 0 259 1266 45Nariño (Nar) 62 0 - - - 0 171Olaya Herrera 446 56 187 0 0 0 56Ospina 0 0 0 0 118 0 0Pasto 374 29 626 710 2053 1908 322Pizarro (Salahonda) 66 0 0 0 0 0 0Policarpa 768 589 243 4314 1165 368 47Potosi 0 13 0 0 742 433 72Providencia (Nar) 644 15 0 0 211 199 466Puerres 96 0 179 375 255 546 7Pupiales 0 0 224 0 88 0 0Ricaurte (Nar) 5727 3509 671 1329 1411 5504 831Roberto Payan 407 90 0 0 244 0 0Samaniego 179 45 102 0 2144 1361 569San Bernardo (Nar) 170 98 0 319 135 0 0San Juanito (Nar) (PEND) 0 0 - - - 1 0San Lorenzo 111 0 0 0 691 1555 188San Pablo (Nar) 933 109 669 0 733 46 26San Pedro De Cartago 56 84 0 0 0 0 0Sandona 47 25 0 0 108 118 18Santa Barbara (Nar) 522 58 0 0 22820 0 0Santa Cruz 158 34 0 0 0 0 918Sapuyes 0 51 0 0 0 0 0Taminango 167 19 0 0 7853 4659 395Tangua 271 83 0 0 81 628 52Tumaco 677 231 272 1088 663 719 213Tuquerres 13 0 0 0 37 147 17Yaquanquer 0 0 0 0 0 60 69Total general 437 157 279 382 1154 838 248

Tasa por cien mil habitantesNariño