Todo acto de memoria es poltico, y toda

poltica emancipadora que se considere crtica

del presente debe criticar tambin las maneras

hegemnicas en que el presente se apropia del

pasado. La teora de los dos demonios, as como

la actual poltica estatal de derechos humanos,

son formas de la memoria que debemos

desenmascarar no slo por su falsedad

histrica, sino porque prestan un lamentable

servicio a los sectores sociales que quieren que

nada cambie.

La teora de los dos demonios se elabor

en el retorno a la democracia en 1983 como

interpretacin oficial de los hechos que le

precedieron. La teora equipara el accionar de

las organizaciones armadas de izquierda con el

terrorismo ejercido por el Estado y las

organizaciones paraestatales como la AAA

(Alianza Anticomunista Argentina) antes y

durante la dictadura militar. La teora no slo

recurre a esa equiparacin, sino que postula que

fue la violencia de izquierda la causa de la

dictadura militar.

No podemos abarcar aqu el tema de la

violencia poltica en toda su complejidad, que

va mucho ms all de la cuestin moral de la

legitimidad de la violencia y requiere un

anlisis histrico sobre las coyunturas en las

que esa forma de lucha est a la orden del da.

Sin embargo, sostenemos que la violencia

ejercida por la izquierda y la derecha no son en

ningn sentido equiparables.

Las organizaciones polt ico-

militares de los 70 no realizaban acciones

armadas para aterrorizar a la poblacin civil,

sino para el aprovisionamiento de armas y

fondos, la propaganda, la autodefensa de las

luchas populares y slo en algunos casos el

asesinato de objetivos polticos o militares

determinados. La violencia ejercida por el

aparato represivo, en cambio, tena dimensio-

nes masivas, constituyendo un verdadero

genocidio: hubo 30.000 desaparecidos, en su

mayora referentes y organizadores sociales

que no realizaban tareas armadas. Adems,

sus mtodos consistan en la tortura, la

desaparicin, la clandestinidad de la

represin, robos de identidad, etc.

Los objetivos estratgicos de estas

dos formas de violencia, adems, eran

diferentes. Las organizaciones poltico-

militares aspiraban a la construccin de una

sociedad igualitaria, democrtica y socialista,

y recurran a la violencia porque entendan (y

as lo atestiguaba la experiencia histrica) que

la clase dominante no cedera de manera

pacfica sus privilegios. La dictadura militar,

en cambio, consideraba que era necesario dar

fin a un proceso de auge y empoderamiento de

las masas que impeda la reestructuracin

neoliberal de la economa y la sociedad por la

que reclamaban la oligarqua local y el capital

internacional.

la memoria es un

campo de batalla

La represin estaba dirigida al conjunto

de lxs activistas sociales, pues se trataba de

destruir el poder y los lazos de organizacin

forjados al calor de la lucha del pueblo

trabajador, que no slo impedan el avance de la

clase dominante sobre el pueblo, sino que

tambin constituan una acumulacin de

fuerzas que eventualmente poda derrotar a esa

clase y transformar radicalmente la sociedad.

La demonizacin de las organizaciones

de izquierda oculta, detrs de una fachada de

demencia armada y subversiva, una racionali-

dad poltica, un proyecto de sociedad distinta, y

una capacidad de organizacin social que iba

ms all de lo militar. La teora de los dos

demonios adems elude referirse al proyecto

econmico que constituye la verdadera causa

del golpe de estado, encubriendo las responsa-

bilidades civiles que lo impulsaron. Por ello, si

bien contribuy al juzgamiento de algunos

genocidas durante el gobierno de Alfonsn, la

teora es completamente funcional a la sociedad

instaurada por la dictadura, propugnando el

mantenimiento irrestricto de una democracia

que, luego del trabajo sucio realizado por la

dictadura, ahora poda garantizar a la clase

dominante la ejecucin por medios pacficos de

sus planes de reestructuracin econmica de

corte neoliberal.

El kirchnerismo ha realizado algunos

avances en materia de derechos humanos que

implicaron retomar el juzgamiento a los

genocidas y una crtica de la teora de los dos

demonios. Sin embargo, entendemos que lo

hace de una manera sumamente cuestionable,

que consiste ya no en demonizar a las vctimas

del terrorismo de estado, sino precisamente en

reducirlas a su condicin de vctimas, simples

personas que han visto sus derechos

terriblemente cercenados por la represin

militar.

El principal sentido pblico o

poltico que asume la accin estatal bajo el

gobierno kirchnerista tiene que ver con una

relegitimacin del Estado en su carcter de

reparador de los daos a travs de la justicia, y

con la difusin en la sociedad de una

conciencia genrica de que "la dictadura no

puede volver a suceder". Estas operaciones

invisibilizan el sentido de la lucha de lxs

compaerxs desaparecidxs, que no eran

simples vctimas civiles de la dictadura, sino

en su mayora militantes revolucionarios. Al

poner en un primer plano la dicotoma entre

dictadura y democracia, la nica recuperacin

que se hace de lxs desaparecidxs es para la

custodia de la democracia, y a lo sumo para el

cuestionamiento de las formas ms "salvajes"

de capitalismo. Pues un proyecto de

"capitalismo serio" no puede reivindicar a lxs

luchadorxs por el socialismo.

A la invisibilizacin del proyecto

poltico de lxs compaerxs desaparecidxs le

oponemos la recuperacin de su racionalidad

poltica, no para repetir sus acciones o

mitificarlas, sino para criticarlas en trminos

polticos, para adaptar su experiencia a las

necesidades del presente, y retomar su legado

en el punto en el que nos lo dejaron. Y a la

autolegitimacin que constantemente realiza

el sistema democrtico le oponemos la crtica

histrica que muestra su raz en la represin

dictatorial, al tiempo que apostamos por la

construccin de poder popular y la lucha por

una sociedad radicalmente diferente.

A 9 aos de iniciados los juicios contra

los delitos de lesa humanidad cometidos por el

terrorismo de estado durante la ltima dictadura

cvico-militar en Argentina, consideramos

necesario hacer un balance crtico de su

desarrollo desde la derogacin de las leyes de

impunidad. Este balance cobra particular

relevancia, faltando dos aos para el fin del

gobierno kirchnerista, y la expresa voluntad del

ejecutivo nacional de dar por finalizados los

juicios en 2015. Tomamos para esta tarea el

informe de Diciembre de 2013 de HIJOS de La

Plata.

Avance en los juicios contra los genocidas

El informe de HIJOS La Plata, revela que

al 31 de Diciembre de 2013 el Estado argentino

slo efectiviz 111 juicios con sentencia. En

esos 111 juicios hubo como resultado 567

condenas sobre 468 represores, 61 absueltos y 6

muertos impunes durante el proceso, por un

universo de 2793 vctimas. Slo alrededor del

30% del total de los 2.100 procesados desde

2003 fue llevado a juicio, y slo un 24% fue

condenado. Si tomamos los 600 Centros

Clandestinos de Detencin que funcionaron

durante la dictadura, 468 condenados

representan menos de 1 represor condenado por

CCD.

Comparado con los miles de

represores implicados en el Terrorismo de

Estado (200.000 segn el Ministerio de

Defensa) el nmero es nfimo, e incluso

comparado con los 2.100 procesados, ms del

70% est impune.

Si analizamos las penas, slo el 47 % de

las condenas fueron por al mximo de la pena.

En efecto, el 14 % de los condenados recibi

25 aos de prisin, y el restante 39 % menos de

25 aos. Esto nos hace reflexionar sobre la

calidad de la condena con que el Estado valora

los crmenes que est juzgando, que son de

lesa humanidad, crmenes de Estado que

muchas veces son equiparados en sentencia en

el monto de las penas a delitos cometidos por

delincuentes comunes.

Hacia el 2015 El fin de los juicios?

Desde abril de 2013 el Secretario de

DD.HH. de la Nacin, Martn Fresneda,

plante su voluntad de que en el transcurso

del 2015 empiecen a concluir los procesos

judiciales por delitos de lesa humanidad.

Cristina Fernndez lo viene pregonando desde

diciembre de 2011, cuando en el acto por el da

de los Derechos Humanos dijo: Yo espero

que en estos cuatro aos de mi mandato estos

juicios que han demorado ms de treinta aos

en ser iniciados, puedan ser terminados.

Si en 10 aos se juzg al 30% de los

procesados, una proyeccin objetiva nos dice

que juzgando a razn de un promedio de 600

represores cada 10 aos, sin sumar nuevos

procesamientos, concluira recin en ms de 3

dcadas. As planteados, estos procesos

reproducen la situacin de impunidad porque

slo sern juzgados casos emblemticos, los

altos mandos, mientras el conjunto de

miembros de las fuerzas represivas que

planificaron y ejecutaron el genocidio quedar

impune.

Nuestra lucha por la memoria, la verdad y la

justicia.

De estos datos se desprende que no existe

voluntad real de condenar el carcter masivo y

planificado del terrorismo de Estado. La

apropiacin del gobierno kirchnerista de esta

lucha, autoproclamndose el gobierno de los

derechos humanos no ha tenido como

correlato efectivo el enjuiciamiento de todos

los que torturaron, desaparecieron y asesinaron

a ms de 30.000 compaerxs, e instauraron un

modelo econmico neoliberal cuyas trgicas

consecuencias an padece el pueblo trabajador.

Sin embargo, el gobierno ha sido muy

efectivo en la cooptacin de diversos

organismos y personalidades otrora referentes

de la lucha por los derechos humanos y hoy

defensores de un modelo econmico y social

que beneficia a los mismos de siempre, contra

los legtimos derechos del pueblo, que hoy

enfrenta la represin y el ajuste por parte del

propio gobierno nacional y sus gobernadores

provinciales. La designacin de un represor,

Milani, frente al Ejercito, es, sin lugar a dudas,

ms que la contracara, el verdadero rostro de la

poltica de derechos humanos del gobierno,

para cooptar y neutralizar las resistencias

sociales que pueden poner en tensin el actual

estado de cosas. Reapropiarnos y resignificar

la lucha por Memoria, Verdad y Justicia es una

tarea impostergable, cuando la Memoria

oficial no es otra cosa que la mquina del

o l v i d o , q u e b o r r a l o s p r o y e c t o s

revolucionarios de nuestrxs compaerxs y se

los apropia para garantizar la impunidad de

ayer y de hoy.

Nuestra lucha contra la represin

estatal y por la defensa de los derechos

humanos, la abordamos en su actualidad,

porque ni la represin ni la violacin de los

derechos del pueblo trabajador son una cosa del

pasado. Desde el retorno de la democracia

formal en nuestro pas, el aparato represivo del

Estado no ha dejado de perseguir, reprimir,

desaparecer y matar personas. Y lo hace, y lo

seguir haciendo, porque su funcin es sostener

una sociedad desigual donde una minora, la

clase capitalista, explota y oprime a la mayora,

la clase trabajadora, para garantizar la

continuidad, tambin en democracia, de sus

intereses y privilegios. Slo mediante la

violencia estatal, sistemtica, organizada y

masiva, puede sostenerse una sociedad que

somete a la mayor parte del pueblo a la miseria,

el hambre y la explotacin.

Cambian los gobiernos, las cpulas

policiales y militares (y no tanto, alcanza con

mencionar la designacin de Milani, un

represor, como Jefe del Ejercito), la represin

toma nuevas modalidades, pero lo que no

cambia es su funcin social. Esta tarea se dirige

en dos sentidos fundamentales; la represin

preventiva, para controlar a los sectores

populares que padecen las miserias del sistema;

y la represin selectiva, para silenciar a los

sectores organizados del pueblo que luchan por

otra sociedad.

Desde 1983, el Estado argentino ha

asesinado a 4000 personas, la mitad menores

de 25 aos y mediante el gatillo fcil, lo que

demuestra que, lejos de ser un abuso

policial, el gatillo fcil constituye una

poltica sistemtica de disciplinamiento y

control social. 2448 de los asesinatos se

produjeron durante el kirchnerismo, el 61% de

las muertes en manos del Estado desde 1983.

69 personas fueron asesinadas en protestas

sociales desde entonces, 41 durante el

gobierno de De La Ra, 20 durante el gobierno

de los Kirchner. Tampoco la desaparicin de

personas es patrimonio exclusivo de la ltima

dictadura; hay ms de 210 desaparecidxs en

democracia.

La lucha por los derechos humanos

entonces, requiere que combatamos la

represin, porque es mediante esta

herramienta que las clases dominantes

garantizan la continuidad de este sistema,

tambin en democracia. Recuperar la

memor i a de nues t rx s compae rxs

desaparecidxs y asesinados por la dictadura

debe tener, para nosotrxs, esta orientacin

entra en pugna por lo tanto con el relato oficial,

que intenta apropiarse de esa memoria para

legitimar la continuidad del modelo

econmico y social que las clases dominantes

impusieron a fuerza de represin y muerte.

ALFONSN

1983/1989

MENEM

1989/1999

DE LA RUA

1999/2001

DUHALDE

2001/2003

NK / CFK2003/PRESENTE

REPRESIN PREVENTIVA: Es la que

despliega el Estado para evitar la

organizacin popular, asesinando e

intimidando con el gatillo fcil y la tortura.

DESAPARICIONES:

Luego de detener y

torturar, las fuerzas de

seguridad del Estado

desaparecen el cuerpo

de sus vctimas.

R E P R E S I N

SELECTIVA: La aplica

el Estado hacia las

organizaciones y

m i l i t a n t e s p a r a

d e s o r g a n i z a r y

aleccionar al pueblo.

REPRESIN ESTATAL 1983/PRESENTE

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