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AMPARO EN REVISIÓN: 79/2016. QUEJOSA Y RECURRENTE: **************
PONENTE: SEÑORA MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO: FAUSTO GORBEA ORTIZ.
Vo. Bo.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
correspondiente al de dos mil dieciséis.
Cotejó:
V I S T O S; Y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Mediante escrito recibido el nueve
de abril de dos mil quince en la Oficina de
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en
Materia Administrativa en el Distrito Federal, el
representante legal de **********, promovió juicio de
amparo indirecto contra las autoridades y por los actos
que a continuación se indican:
AUTORIDADES RESPONSABLES:
Congreso de la Unión.
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Administrador Local de Recaudación del Norte del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria.
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Subadministrador Local de Recaudación del Norte del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria.
************, notificadora, verificadora y ejecutora de la Administración Local de Recaudación del Norte del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria. ACTOS RECLAMADOS:
Del Congreso de la Unión, el Código Fiscal de la Federación, específicamente los artículos 4, 10, 13, 17-A, 17-K, 20, 20-bis, 21, 65, 70, 2d0 (sic), 134, párrafo primero, fracción I, 135, 137, 144, 145, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163, así como el artículo segundo transitorio, fracción VII, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, los cuales fueron aplicados por primera vez en perjuicio de la quejosa mediante el mandamiento de ejecución y el embargo adelante reclamados.
Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la promulgación del código fiscal reclamado y el Reglamento del Código Fiscal de la Federación, específicamente los artículos 97, 99 y 100, también aplicados por primera vez en perjuicio de la quejosa mediante el mandamiento de ejecución y el embargo adelante reclamados.
Del Administrador Local de Recaudación del Norte del Distrito Federal y del Subadministrador Local de Recaudación del Norte del Distrito Federal, el mandamiento de ejecución **********, código de barras ***********, emitido el seis de marzo de dos mil quince, y suscrito por el segundo de los mencionados responsables, en ausencia del primero de ellos.
De ***********, quien dijo ser notificadora, verificadora y ejecutora habilitada, la diligencia de diecinueve de marzo de dos mil quince, mediante la cual reclama expresamente los siguientes actos: Quebrantar la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución
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derivada, por ministerio de ley, de la interposición del incidente de queja por repetición de acto anulado. Embargar y apoderarse de maquinaria y enseres de la negociación quejosa, que son bienes inembargables previstos por la fracción IV del artículo 157 del Código Fiscal de la Federación. Introducir al domicilio de la quejosa a personas no autorizadas en el mandamiento de ejecución; omitir circunstanciar la presencia de dichas personas en las actas de requerimiento de pago y de embargo; omitir identificarlas y circunstanciar su identificación; levantar las citadas actas sin la firma de dichas personas, y ordenarles o permitir a dichas personas no autorizadas ni identificadas la violación de cerraduras del domicilio de la quejosa y la extracción de dicho domicilio de dinero, computadoras y equipo, mobiliario y enseres necesarios para la actividad ordinaria de la quejosa. Asentar falsamente en el acta de embargo que la persona con quien entendió la diligencia fue la que señaló los bienes que embargó, cuando fue la responsable Jane Alejandra López Pérez, quien los designó arbitrariamente y, además, marcar con la letra “x” los recuadros de bienes muebles y cartera de créditos que aparecen a la mitad de la foja dos del acta, para la apariencia de que fue la quejosa quien los señaló, así como, en forma contrastante haber dejado en blanco el recuadro relativo a la negociación para engañar escondiendo que la persona con quién entendió la diligencia expresamente ofreció la negociación con todo lo que de hecho y por derecho le pertenece; rechazar el ofrecimiento de la negociación a pesar de haber reconocido en el acta de requerimiento que la persona con quien se entiende la diligencia tiene derecho a señalar los bienes a embargar. Asentar falsamente en el acta de embargo que designó como depositario de los bienes embargados al Administrador Local de
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Recaudación del Norte del Distrito Federal, y que éste manifestó que tiene su domicilio “particular” en la oficina de la administración que aceptó el nombramiento que protestó su fiel desempeño, y que esa manifestación la realizó en forma expresa y voluntaria, así como que se le hizo saber las penas en que incurren los depositarios infieles y que dicho administrador, supuesto depositario, señaló como domicilio para el depósito de los bienes en la calle *********** todo lo cual es falso porque dicho funcionario ni siquiera estuvo presente en la diligencia, y no se cumplieron los requisitos para tenerlo como depositario ni para entregarle los bienes secuestrados. Practicar, en connvivencia con personas no autorizadas en el mandamiento de ejecución, y que no se identificaron ni firmaron el acta, la violación de las cerraduras del domicilio de la quejosa sin que la finalidad hubiera sido que el depositario tomara posesión del inmueble ni que pudiera seguir adelante la diligencia, como lo exige el artículo 163 del Código Fiscal de la Federación, por lo que de propia autoridad, haciendo violencia (sic) y empleando amenaza y engaño, ocupó un inmueble ajeno. Haber practicado la violación de las cerraduras del domicilio de la quejosa sin que se hubiera realizado el supuesto de que la persona con quien entendió la diligencia no hubiera abierto las puertas del domicilio señalando para la traba del embargo y, además, causar otros daños en el domicilio y bienes de la quejosa sin haber informado al jefe de la oficina ejecutora que se hubiera realizado tal supuesto, y sin que éste hubiera emitido acuerdo fundado ordenando la medida. Haberse apoderado de dinero, maquinaria y enseres de la negociación de la quejosa, y sustraerlos con violencia del domicilio de ésta, sin que se diera el supuesto de que existiera una presunción previa de que en el domicilio existían bienes muebles embargables pues, al contrario, la responsable se apoderó de bienes inembargables que constituyen cosas muebles ajenas, habiéndolo hecho sin derecho y sin
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consentimiento de quien podía disponer de ellas con arreglo a la ley. Omitir designar testigos, como lo exige el citado artículo 163 del Código Fiscal de la Federación, para ocultar los actos ilícitos y dejar en estado de indefensión a la quejosa. Resolver en la diligencia de requerimiento de diecinueve de marzo de dos mil quince, refiriéndose al procedimiento administrativo de ejecución, que “…no tenía por qué suspender dicho procedimiento”.
SEGUNDO. Del asunto correspondió conocer
a la Juez Décimo Quinto de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, la que lo radicó
con el expediente *************, y pronunció sentencia el
seis de noviembre de dos mil quince, con el siguiente
punto resolutivo:
“ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo ***********, promovido por ************, por conducto de su representante ************, respecto de los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y fundamentos precisados en los considerandos tercero y último del fallo.”
TERCERO. Inconforme con esa
determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión,
del que correspondió conocer al Primer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,
quien lo admitió y ordenó su registro con el expediente
*************.
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Posteriormente, por acuerdo de cinco de
enero de dos mil dieciséis, el Presidente del Tribunal
Colegiado admitió el recurso de revisión adhesiva
interpuesto por la delegada de la responsable
Presidente de la República.
El veintiuno de enero de dos mil dieciséis ese
órgano colegiado emitió la sentencia correspondiente,
en cuyo considerando séptimo resolvió el recurso de
revisión interpuesto por la responsable Presidente de la
República, desestimándolo. Posteriormente concluyó.
“PRIMERO. En la materia del recurso,
competencia de este tribunal, se REVOCA la sentencia
recurrida.
SEGUNDO. Se SOBRESEE respecto de los
actos reclamados consistentes en los artículos 4, 10,
13, 17-A, 17-K, 20, 20-bis, 21, 65, 70, párrafo segundo,
134, párrafo primero, fracción I, 135, 137, 144, 145,
párrafo primero, 150, 158, 159, 160, 161, 162 y 163, así
como el artículo segundo transitorio, fracción VII, del
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones del Código Fiscal de la
Federación, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, así
como 97, 99 y 100 de su reglamento, atribuidos a las
Cámaras del Congreso de la Unión y al Presidente de la
República, respectivamente.
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TERCERO. SE DECLARA LA LEGAL
INCOMPETENCIA de este tribunal para conocer del
recurso de revisión, en la parte relativa a la
constitucionalidad de los artículos 151, 152, 153, 155,
156 y 157 del Código Fiscal de la Federación.
CUARTO. Remítanse los autos a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.”
Lo anterior al tenor de las siguientes
consideraciones torales:
“TERCERO. No es materia del recurso y, por
ende, debe quedar firme el sobreseimiento decretado
por la juez federal en el considerando tercero de la
sentencia combatida, por inexistencia del acto
reclamado consistente en el mandamiento de ejecución
de seis de marzo de dos mil quince, identificado con el
número **********, atribuido al Subadministrador Local
de Recaudación del Norte del Distrito Federal del
Servicio de Administración Tributaria.
Lo anterior, ya que esa determinación no es
combatida por la quejosa en el recurso de revisión (…)
CUARTO. Previo al análisis de los agravios
propuestos por la recurrente, es necesario informar las
consideraciones de la sentencia combatida.
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En el considerando quinto, la juez federal
estudió y declaró fundada la causa de improcedencia
propuesta por el Administrador Local de Recaudación
del Norte del Distrito Federal del Servicio de
Administración Tributaria, prevista en el artículo 61,
fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones
III y IV, aplicado en sentido contrario, de la Ley de
Amparo, puesto que los actos reclamados –
mandamiento de ejecución y acta de requerimiento de
pago y embargo- son intraprocesales dictados en el
procedimiento administrativo de ejecución que no son
de imposible reparación, aunado a que no constituyen
la última resolución.
Para arribar a esa decisión, después de
explicar los criterios de la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación relativos a la procedencia
del amparo tratándose de actos emitidos en juicio, en
procedimientos seguidos de esa forma y de ejecución,
la a quo estimó que si bien, atendiendo a las etapas del
procedimiento administrativo de ejecución, no tiene la
finalidad de resolver una controversia entre partes y,
por ende, no es un procedimiento seguido en forma de
juicio, lo cierto es que consta de una serie de actos
tendentes a obtener ejecutivamente el cumplimiento de
una obligación, como lo es un crédito firme, similar a
una sentencia ejecutoriada.
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Con base en lo anterior, la juez determinó que
la quejosa reclamó actos de ejecución de la vía coactiva
del crédito fiscal liquidado en la resolución ***********,
de dos de diciembre de dos mil catorce, que constituyen
actos intraprocesales respecto de los cuales no tiene la
calidad de tercera extraña y, por tanto, no actualiza el
supuesto de procedencia de la fracción III, inciso b), y
IV de la Ley de Amparo.
Asimismo, decidió que los actos reclamados,
al no constituir actos definitivos, son inimpugnables en
amparo indirecto, puesto que este medio de control de
la constitucionalidad sólo procede contra la resolución
definitiva en el procedimiento de ejecución, esto es, la
que aprueba o desaprueba el remate, en la cual la
quejosa podrá reclamar las violaciones cometidas en el
procedimiento.
Lo que antecede, expuso la juez de distrito,
toda vez que la intención del legislador es que no se
entorpezcan los procedimientos administrativos de
ejecución fundados en resoluciones definitivas, a pesar
de que no deriven de tribunales, con la promoción de
diversos juicios de amparo (…)
Finalmente, la juzgadora señaló que tampoco
se actualizaba el supuesto de procedencia del juicio de
amparo relativo a actos de imposible reparación, en
tanto que los actos reclamados no afectaban derechos
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sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en
los tratados internacionales de los que el Estado sea
parte.
Indicó que si bien en el procedimiento
administrativo de ejecución se decretó el embargo de la
negociación y, con esto, se extrajeron diversos bienes,
lo cierto es que cesaron los efectos de ese acto de
autoridad, en atención a que, a través del oficio
*************, de seis de agosto de dos mil quince, la
autoridad responsable aceptó la garantía del interés
fiscal propuesta por la quejosa y le entregó los bienes
de su propiedad; de ahí que, con independencia de que
el embargo subsista, materialmente ya no surte efectos.
Consecuentemente, la a quo declaró
actualizada la causa de improcedencia propuesta y
decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, que
hizo extensivo a las normas generales reclamadas,
específicamente, los artículos 4, 10, 13, 17-A, 17-K, 20,
20-bis, 21, 65, 70, párrafo segundo, 134, párrafo
primero, fracción I, 135, 137, 144, 145, párrafo primero,
150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
162 y 163 del Código Fiscal de la Federación, y 97, 99
y 100 de su reglamento.
Para combatir esa decisión, después de
explicar las características de un procedimiento
administrativo seguido en forma de juicio, la recurrente
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alega que la sentencia es ilegal por incongruente, toda
vez que no se surte la causa de improcedencia
estudiada por la juez (…)
Con apoyo en lo anterior, la quejosa
argumenta que si bien, por las características de los
actos reclamados, procede el recurso de revocación o
el juicio de nulidad en su contra, lo cierto es que al
impugnar diversas normas generales que se aplicaron
por primera ocasión en su perjuicio, se actualiza una
excepción al principio de definitividad y, por tanto,
contrario a lo resuelto por la juzgadora, procede el juicio
de amparo tanto por las normas generales como por los
actos concretos de aplicación.
De la confronta entre lo decidido por la a quo
y lo alegado por la recurrente se sigue que la litis a
resolver consiste en determinar si, atendiendo a las
reglas que rigen la procedencia del juicio de amparo,
procede contra los actos reclamados, consistentes en el
mandamiento de ejecución, acta de requerimiento de
pago y el embargo, dictados en el procedimiento
administrativo de ejecución.
Tomando en cuenta lo anterior, a juicio de
este tribunal, existe una confusión técnica en el análisis
efectuado por la juez federal y lo alegado por la
quejosa, ya que examinan la procedencia del juicio de
amparo contra los actos reclamados, con apoyo en
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disposiciones del Código Fiscal de la Federación, y no
en las reglas constitucionales y de la Ley de Amparo
que lo rigen (…) En este sentido, como se adelantó, es
incorrecto que tomen en consideración reglas de otras
disposiciones que no son la Constitución Federal y la
Ley de Amparo para verificar la procedencia del juicio
de amparo contra los actos reclamados (…) En
consecuencia, este tribunal llevará a cabo el estudio en
estos términos, esto es, verificar la procedencia del
juicio de amparo de los actos reclamados a la luz,
exclusivamente, de los principios y reglas previstas en
la Constitución Federal y en la Ley de Amparo. Sin que
sea obstáculo a lo anterior la circunstancia de que, en
los agravios, la recurrente justifique la procedencia del
juicio con apoyo en el Código Fiscal de la Federación,
dado que existe causa de pedir en el sentido de que es
procedente el amparo porque los actos reclamados son
de imposible reparación
(…).
Consecuentemente, este tribunal estima que,
tomando como referente lo decidido por la Segunda
Sala del alto tribunal, los actos de imposible reparación
dictados en el juicio, en un procedimiento seguido en
esos términos, o bien, en la etapa de ejecución, como
es el caso del procedimiento administrativo de
ejecución, son impugnables en amparo indirecto.
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Expuestas las reglas y principios de
procedencia del juicio de amparo para los actos de
estas características, en el caso que nos ocupa, como
se informó, la quejosa reclamó el mandamiento de
ejecución ***********, emitido el seis de marzo de dos mil
quince (fojas 292 a 306 de los autos del juicio de
amparo indirecto ************), así como el acta de
requerimiento de pago y el embargo que se llevaron a
cabo el diecinueve siguiente.
En esa diligencia, ante la falta de la quejosa
de enterar el monto de los créditos fiscales adeudados,
o de garantizarlos, la autoridad responsable a través de
su ejecutora, procedió a embargar sus bienes (fojas
307 a 330 de los autos del juicio de amparo), entre
ellos: (…)
De lo expuesto hasta este momento se
deduce que los actos reclamados en el juicio de
amparo, en específico, el embargo trabado sobre los
bienes de la quejosa, tiene la naturaleza de ser un acto
de imposible reparación.
Se afirma lo anterior, en la medida de que los
efectos jurídicos que produce afectan derechos
sustantivos de la quejosa, dado que la imposibilita a
disponer libremente de sus bienes, y de utilizarlos para
seguir realizando sus actividades productivas, en
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detrimento de su desarrollo económico y patrimonial
(…) Consecuentemente, contrario a lo sostenido por la
juez federal, el juicio de amparo sí es procedente
contra los actos reclamados, ya que si bien fueron
dictados en el procedimiento administrativo de
ejecución, en que por regla general sólo es impugnable
la última resolución, lo cierto es que, tomando como
referente los criterios del alto tribunal y los requisitos
constitucionales y legales que lo rigen, al tratarse de
actos de imposible reparación, es posible su
impugnación por esta vía (…) Sin que sea obstáculo a
lo decidido, el argumento de la juzgadora en el sentido
de que cesaron los efectos del embargo reclamado,
toda vez que mediante oficio ************ la responsable
aceptó la garantía del interés fiscal ofrecida por la
quejosa y, por tanto, puso a su disposición y entregó
los bienes embargados (…)Lo anterior es así, ya que la
circunstancia de que la quejosa haya que tenido que
garantizar el interés fiscal fue consecuencia del
embargo reclamado (…)
No está por demás precisar que si bien, en la
sentencia recurrida, la juez federal determinó que el
hecho de que un acto reclamado sea de imposible
reparación no actualiza una excepción al principio de
definitividad, citando como ejemplo lo relativo a la
inmovilización de cuentas bancarias, lo cierto es que la
quejosa impugnó diversas disposiciones del Código
Fiscal de la Federación, y señaló como actos de
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aplicación los reclamados; en consecuencia, se
actualiza una excepción al citado principio y, por tanto,
el juicio de amparo es procedente contra los actos
combatidos.
Al resultar esencialmente fundado el agravio
propuesto por la quejosa, lo que se impone es, con
apoyo en el artículo 93, fracciones I y V, revocar la
sentencia recurrida y estudiar las causas de
improcedencia alegadas por las autoridades
responsables y no analizadas por la juez federal.
QUINTO. El Presidente de la República, en el
informe justificado, aduce que el juicio de amparo es
improcedente contra las normas generales impugnadas,
toda vez que no fueron aplicadas en los actos
reclamados a la quejosa, razón por la cual no afectan
su interés jurídico.
La causa de improcedencia es fundada
respecto de algunos de los preceptos reclamados, toda
vez que, de su lectura, se aprecia que no fueron
aplicados en perjuicio de la quejosa en el mandamiento
de ejecución, en el acta de requerimiento de pago o en
el embargo.
Para demostrar tal aserto, y con la finalidad
de facilitar el estudio, se realiza el siguiente cuadro de
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los artículos que no fueron aplicados en los actos
reclamados y una síntesis de su contenido.
Cabe recordar que de la demanda de amparo
se advierte que la quejosa combatió los artículos 4, 10,
13, 17-A, 17-K, 20, 20-bis, 21, 65, 70, párrafo segundo,
134, párrafo primero, fracción I, 135, 137, 144, 145,
párrafo primero, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162 y 163, así como el artículo segundo
transitorio, fracción VII, del Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
del Código Fiscal de la Federación, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de
dos mil trece, así como 97, 99 y 100 (…)
Como se adelantó, los preceptos que
anteceden no se aplicaron en perjuicio de la quejosa en
los actos reclamados; de ahí que no le causan
afectación a sus intereses, por lo que se actualiza la
causa de improcedencia invocada por la responsable,
prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de
Amparo, razón por la cual lo que se impone es, con
fundamento en el diverso 63, fracción V, de ese
ordenamiento, sobreseer en el juicio contra esas
normas generales.
Por su parte, a juicio de este tribunal los
demás artículos impugnados sí se aplicaron en los
actos reclamados en perjuicio de la parte quejosa,
puesto que, con independencia que sirvieron de
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fundamento de aquéllos, su contenido, en la parte que
interesa, es: (…)
De la confronta entre las hipótesis previstas
en los artículos anteriores y los actos impugnados se
deduce que sí se aplicaron, motivo por el cual, respecto
de éstos no se actualiza la causa de improcedencia
analizada.
Lo anterior, en virtud de que la responsable
con la finalidad de hacer efectivo el crédito fiscal a
cargo de la quejosa emitió el mandamiento de
ejecución, en que la ejecutora, al constituirse en su
domicilio (artículo 152), y después de requerirle el pago
y no efectuarlo, procedió a indicarle que señalara
bienes para realizar el embargo, pero ante su negativa
la diligenciaria procedió a embargar los bienes que tuvo
a la vista (artículos 151, 155, 156 y 157), quedando en
resguardo de la autoridad (artículo 153).
SEXTO. Por otra parte, el Presidente de la
República alega que se surte la causa de
improcedencia prevista en los artículos 61, fracción
XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, de la Ley de
Amparo, ya que la quejosa no expresó conceptos de
violación contra las normas reclamadas.
La causa de improcedencia debe
desestimarse, en tanto que basta imponerse del escrito
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de demanda para advertir que en las páginas quince a
la diecinueve, la promovente plantea la
inconstitucionalidad de los preceptos reclamados por
ser violatorios de los artículos 1, 5, 16 y 133 de la
Constitución Federal, en la medida de que no
establecen un recurso administrativo o jurisdiccional
efectivo que permita evitar que las autoridades
quebranten la suspensión del procedimiento
administrativo de ejecución, o bien, el embargo de
bienes inembargables.
Cabe precisar que la viabilidad o
pertinencia de los conceptos de violación para
realizar un examen de constitucionalidad, no es
materia de pronunciamiento en esta etapa, puesto
que únicamente se requiere que se expresen
argumentos para que no se actualice la causa de
improcedencia de referencia.
Desde diversa perspectiva, la responsable
alega que es improcedente el juicio de amparo, dado
que los argumentos de la quejosa están encaminados a
demostrar la aplicación ilegal de los artículos
cuestionados, lo que se traduce en un aspecto de
legalidad, y no de constitucionalidad.
De igual forma debe desestimarse la causa
de improcedencia
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SÉPTIMO. Ante la decisión alcanzada, se
estima oportuno dar solución a los agravios formulados
por el recurrente adherente.
El Presidente de la República aduce que es
correcta la decisión de la juez de sobreseer en el juicio,
dado que se actualiza la causa de improcedencia
prevista en la fracción XXII del artículo 61, en relación
con las fracciones II y IV del diverso 107 de la Ley de
Amparo, ya que el acto de aplicación de las normas
impugnadas se trata de una medida de carácter
provisional (…) El alegato anterior debe desestimarse,
en tanto que la Ley de Amparo no prevé como causa de
improcedencia del juicio de amparo que el acto
reclamado se trate de una medida cautelar (…)
En los restantes agravios, plantea que los
artículos 145, 151 y 157 del Código Fiscal de la
Federación son constitucionales, con independencia de
la actuación de la autoridad responsable de embargar
precautoriamente los bienes de la quejosa (…) Los
argumentos anteriores son inatendibles puesto que
están dirigidos a demostrar la constitucionalidad de las
normas generales reclamadas, aspecto que no se
abordó en la sentencia recurrida.
Concluido el examen de las causas de
improcedencia hechas valer por la responsable, y al no
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advertir este tribunal la actualización de una diversa,
procede a pronunciarse respecto del fondo del asunto.
OCTAVO. Como se adelantó al emprender el
análisis de los agravios de la recurrente, en este asunto
se impugnó la constitucionalidad de diversos artículos
del Código Fiscal de la Federación, con motivo del
primer acto de aplicación en su perjuicio, consistente en
el mandamiento de ejecución de ***********, de seis de
marzo de dos mil quince, el acta de requerimiento de
pago y el embargo ejecutados el diecinueve siguiente
(…)
En la especie, la quejosa demandó el amparo
y protección de la Justicia Federal contra los artículos
151, 152, 153, 155, 156 y 157 del Código Fiscal de la
Federación, que tienen el carácter de ley federal, con
motivo de su aplicación en diversos actos concretos.
Expuesto lo anterior, este órgano judicial
considera que, al haberse revocado la sentencia
recurrida y subsistir el tema de constitucionalidad de
estos artículos, y al no existir jurisprudencia emitida por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que
haya realizado pronunciamiento respecto de su apego
al orden constitucional, en los términos planteados por
la quejosa, ni se surte alguno de los supuestos en que
el tribunal colegiado sea legalmente competente para
resolver el problema subsistente en cuanto a la
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constitucionalidad de los preceptos reclamados, ya que
ese tópico no se encuentra comprendido en las
hipótesis que el Acuerdo General 5/2013 prevé en su
punto cuarto, fracción I, incisos A), B), C) y D), según se
expone a continuación: (…) Por último, lo relativo a si el
asunto en sí mismo considerado o por el estudio que
deba realizarse reviste interés excepcional o sea
inédito, y se requiera fijar un criterio de importancia y
trascendencia para el orden jurídico nacional, es un
aspecto que sólo la Suprema Corte de Justicia de la
Nación puede decidir.
En estas circunstancias, este tribunal
colegiado estima que carece de competencia legal para
conocer y resolver el recurso de revisión, en la parte
relativa a la constitucionalidad de las normas generales,
toda vez que quien debe conocerlo es la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a),
de la Constitución Federal, 83 de la Ley de Amparo y
10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación (…)
CUARTO. En atención a lo resuelto por el Tribunal
Colegiado, en la ejecutoria indicada en el párrafo inmediato
anterior, en auto de dos de febrero de dos mil dieciséis, el
Presidente de este Alto Tribunal admitió el recurso de
revisión principal, lo registró con el número 79/2016 y
ordenó su envío a la Señora Ministra Margarita Beatriz
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Luna Ramos, para su estudio, así como la remisión del
expediente relativo a la Segunda Sala a la que la Señora
Ministra se encuentra adscrita.
En acuerdo presidencial de esta Segunda Sala, de
quince de marzo siguiente se determinó el avocamiento del
asunto; instruyendo que en su oportunidad, se le enviara a
la Señora Ministra Ponente.
Así mismo, se tuvo por recibido el escrito de expresión
de agravios relativo al recurso de revisión adhesivo
promovido por la delegada de la autoridad responsable
Presidente de la República; y
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación es legalmente competente para
conocer y resolver el presente recurso de revisión, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción
VIII inciso a), de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 11, fracción V y 21, fracción XI, de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 81,
fracción I inciso e) de la Ley Reglamentaria de los artículos
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el dos de abril de dos mil trece, en relación con el punto
Segundo, fracción III del diverso Acuerdo General 5/2013,
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno
de mayo de dos mil trece; toda vez que se promueve contra
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una sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio
de amparo indirecto en materia administrativa, y se estima
que no se requiere la intervención del Pleno.
SEGUNDO. Oportunidad en la presentación del
recurso de revisión principal. No se hará mayor
pronunciamiento en torno a ese tópico, toda vez que del
mismo se ocupó el Tribunal Colegiado en su resolución
correspondiente en la que concluyó que el recurso fue
interpuesto dentro del término legal del que el inconforme
disponía.
TERCERO. Estudio. Dado el contenido y el alcance
de la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo en
revisión ***********, la materia de este recurso se limitará al
análisis de la constitucionalidad y convencionalidad de los
artículos 151, 152, 153, 155, 156 y 157 del Código
Fiscal de la Federación; ello a la luz de los conceptos
de violación propuestos por la empresa disconforme en
su escrito inicial de demanda de amparo, cuyo estudio
fue omitido por virtud del sobreseimiento decretado por
la Juez de Distrito en el fallo recurrido.
Sobreseimiento que fue revocado por el Tribunal
Colegiado del conocimiento en la ejecutoria
pronunciada dentro del expediente ************, por
cuanto hace a los citados numerales.
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Ahora bien, antes de entrar al estudio de los conceptos
de violación relacionados con los aspectos de
constitucionalidad y convencionalidad materia de este
medio de defensa, resulta necesario hacer referencia al
texto de los dispositivos legales tildados de
inconstitucionales e inconvencionales
“Artículo 151. Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, requerirán de pago al deudor y, en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de inmediato como sigue: I. A embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos en favor del fisco, o a embargar los depósitos o seguros a que se refiere el artículo 155, fracción I del presente Código, a fin de que se realicen las transferencias de fondos para satisfacer el crédito fiscal y sus accesorios legales. (…) Artículo 152. El ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora se constituirá en el lugar donde se encuentren los bienes propiedad del deudor y deberá identificarse ante la persona con quien se practicará la diligencia de requerimiento de pago y de embargo de bienes, con intervención de la negociación en su caso, cumpliendo las formalidades que se señalan para las notificaciones en este Código. De esta diligencia se levantará acta circunstanciada de la que se entregará copia a la persona con quien se entienda la misma, y se notificará al propietario de los bienes embargados a través del buzón tributario. (…) Artículo 153. Los bienes o negociaciones embargados se podrán dejar bajo la guarda del o de los depositarios que se hicieren necesarios. Los jefes de las oficinas ejecutoras, bajo su responsabilidad, nombrarán y removerán
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libremente a los depositarios, quienes desempeñarán su cargo conforme a las disposiciones legales. Cuando se efectúe la remoción del depositario, éste deberá poner a disposición de la autoridad ejecutora los bienes que fueron objeto de la depositaría, pudiendo ésta realizar la sustracción de los bienes para depositarlos en almacenes bajo su resguardo o entregarlos al nuevo depositario. (…) Artículo 155. La persona con quien se entienda la diligencia de embargo, tendrá derecho a señalar los bienes en que éste se deba trabar, siempre que los mismos sean de fácil realización o venta, sujetándose al orden siguiente: I. Dinero, metales preciosos, depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida que no formen parte de la prima que haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro hasta por el monto de las aportaciones que se hayan realizado de manera obligatoria conforme a la Ley de la materia y las aportaciones voluntarias y complementarias hasta por un monto de 20 salarios mínimos elevados al año, tal como establece la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. En el caso de que se embarguen depósitos bancarios, otros depósitos o seguros del contribuyente a que se refiere el párrafo anterior, el monto del embargo sólo podrá ser hasta por el importe del crédito fiscal actualizado y sus accesorios legales que correspondan hasta la fecha en que se practique, ya sea en una o más cuentas. Lo anterior, siempre y cuando, previo al embargo, la autoridad fiscal cuente con información de las cuentas y los saldos que existan en las mismas. II. Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en general créditos de inmediato y
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fácil cobro a cargo de entidades o dependencias de la Federación, Estados y Municipios y de instituciones o empresas de reconocida solvencia. III. Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores. IV. Bienes inmuebles. En este caso, el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, si dichos bienes reportan cualquier gravamen real, embargo anterior, se encuentran en copropiedad o pertenecen a sociedad conyugal alguna. La persona con quien se entienda la diligencia de embargo podrá designar dos testigos, y si no lo hiciere o al terminar la diligencia los testigos designados se negaren a firmar, así lo hará constar el ejecutor en el acta, sin que tales circunstancias afecten la legalidad del embargo. Artículo 156. El ejecutor podrá señalar bienes sin sujetarse al orden establecido en el artículo anterior, cuando el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia: I. No señale bienes suficientes a juicio del ejecutor o no haya seguido dicho orden al hacer el señalamiento. (…) Artículo 157. Quedan exceptuados de embargo: (…) III. Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión, arte y oficio a que se dedique el deudor. IV. La maquinaria, enseres y semovientes de las negociaciones, en cuanto fueren necesarios para su actividad ordinaria a juicio del ejecutor, pero podrán ser objeto de embargo con la negociación en su totalidad si a ella están destinados.”
Ahora bien, en contra de dichas disposiciones la
empresa quejosa, en sus conceptos de violación expuso:
Que ninguno de los preceptos legales invocados en el
mandamiento de ejecución y en las actas de requerimiento
de pago y de embargo reclamados, establecen algún
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recurso administrativo o jurisdiccional efectivo que permita
evitar que las autoridades quebranten la suspensión al
procedimiento administrativo de ejecución, o que
practiquen el embargo sobre bienes inembargables, ni que
permita una defensa efectiva para evitar la sustracción
ilegal y con violencia de los bienes de su propiedad,
privando al afectado de la posesión de ellos e impidiendo el
funcionamiento o actividad ordinaria de la negociación, ni la
violación del domicilio, incluyendo puertas o cerraduras,
por lo que la quejosa reclama esos preceptos por ser
violatorios de los artículos 1, 5, 14, 16 y 133
constitucionales; 1, 2 y 8 fracción I; 25 y 29, de la
Convención Americana de Derechos Humanos.
Lo así expuesto resulta inoperante.
Ello es así porque la empresa recurrente asevera que las
normas secundarias que impugna son violatorias, de los
artículos 1, 5, 14, 16 y 133 constitucionales; 1, 2 y 8
fracción I; 25 y 29, de la Convención Americana de
Derechos Humanos, en términos generales;_ dicho de
otro modo, omite expresar los argumentos mínimos
requeridos para evidenciar la manera en la que los artículos
que reclama trastocan, en lo particular y de manera
individual cada uno de los preceptos constitucionales y
convencionales, que señala en sus conceptos de violación.
En efecto, tomando en cuenta que cada uno de los
dispositivos constitucionales y convencionales que la
quejosa refiere, consagran cada uno de ellos distintos
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derechos humanos, es incuestionable que la empresa
recurrente debió presentar un mínimo de argumentos
tendentes a demostrar que los numerales que tilda de
inconstitucionales e inconvencionales conculcan, de
manera particular e individual (y no de manera genérica)
aquellos dispositivos constitucionales y convencionales.
En esa tesitura, no basta con que la empresa quejosa
alegue que las normas impugnadas son violatorias de los
numerales constitucionales y convencionales que refiere
en sus conceptos de violación, para que esta Sala se
encuentre constreñida a realizar el estudio de
constitucionalidad y convencionalidad propuesto, ya que se
insiste, para ello resultaba indispensable que la
disconforme expresara el por qué las normas secundarias
que impugna, trastocan de manera particular e individual
cada uno de los numerales constitucionales y
convencionales que estima trastocados.
Por lo que, al no haberlo expuesto así, esta Sala se
encuentra imposibilitada para emprender el estudio de la
cuestión deficientemente planteada, debido a que incluso
en el nuevo modelo de constitucionalidad sobre el estudio
de normas generales que contengan derechos humanos,
se necesitan requisitos mínimos para su análisis; de otra
manera, se obligaría a los órganos jurisdiccionales a
realizar el estudio de todas las normas que reclama la
quejosa, confrontándolas con todos los dispositivos
constitucionales y convencionales que se estiman violados,
labor que se tornaría imposible de atender, sin trastocar
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otros principios como los de exhaustividad y congruencia
respecto de los argumentos planteados.
Máxime que en el presente asunto aplica el principio
de estricto derecho.
Lo anterior encuentra apoyo, si bien por similitud al
caso, en el siguiente criterio de jurisprudencia de esta
segunda sala, de la voz:
“CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO DEBE
SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE
PROPONE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El
ejercicio de control de constitucionalidad y
convencionalidad tiene como propósito fundamental que
prevalezcan los derechos humanos contenidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte, frente a las normas ordinarias que los
contravengan; de ahí que la sola afirmación en los
conceptos de violación de que las "normas aplicadas en el
procedimiento" respectivo son inconvencionales, o alguna
expresión similar, sin precisar al menos qué norma en
específico y cuál derecho humano está en discusión,
imposibilita a los Jueces de Distrito y a los Magistrados de
Circuito, según corresponda, a realizar ese control, debido
a que incluso en el nuevo modelo de constitucionalidad
sobre el estudio de normas generales que contengan
derechos humanos, se necesitan requisitos mínimos para
su análisis; de otra manera, se obligaría a los órganos
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jurisdiccionales a realizar el estudio de todas las normas
que rigen el procedimiento y dictado de la resolución,
confrontándolas con todos los instrumentos internacionales
sobre derechos humanos, labor que se tornaría imposible
de atender, sin trastocar otros principios como los de
exhaustividad y congruencia respecto de los argumentos
planteados.”
(Época: Décima Época. Registro: 2008034. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 123/2014 (10a.). Página: 859.)
Por otra parte, la empresa quejosa alega que los
preceptos legales combatidos son violatorios del artículo 5
constitucional.
Al respecto dice que ni los preceptos impugnados ni
ningún otro establecen un medio legal para prevenir las
violaciones a derechos humanos, específicamente para
prevenir que las autoridades quebranten la suspensión del
procedimiento administrativo de ejecución y se apoderen
de bienes del gobernado mientras dicha suspensión está
vigente y tampoco establecen un medio legal para prevenir
el embargo de bienes inembargables, ni para evitar el
rechazo de la negociación en su conjunto para lograr la
continuidad de sus actividades ordinarias.
Insiste que los artículos reclamados tampoco
establecen un medio legal para prevenir la extracción
ordinaria de los bienes inembargables del domicilio del
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particular, impidiendo con ello el desarrollo de su actividad
ordinaria, lo cual es violatorio de la garantía que concede el
artículo 5 constitucional para que a ninguna persona se le
impida el ejercicio de la industria, comercio o trabajo que le
acomode, siendo lícitos y no haya determinación judicial en
contra cuando se ataquen los derechos de terceros, o
resolución gubernativas, dictada en términos de ley,
cuando se ofendan los derechos de la sociedad.
Lo así expuesto resulta igualmente inoperante, dado
que la empresa quejosa propone la inconstitucionalidad de
los preceptos reclamados, por contravenir el artículo 5
constitucional, partiendo de situaciones particulares y
propias de esa negociación, lo cual es ineficaz para
demostrar la inconstitucionalidad pretendida.
En efecto, como se desprende de autos,
específicamente de la lectura de la demanda de amparo la
empresa quejosa se duele de que aun cuando estaba
vigente la suspensión del procedimiento administrativo de
ejecución previsto en el artículo 58, fracción II; inciso g) de
la Ley Federal del Procedimiento Contencioso
Administrativo; suspensión que dice, fue violada por las
autoridades administrativas. Que debido a esa violación a
la suspensión se le embargaron bienes inembargables,
impidiendo con ello el desarrollo de su actividad ordinaria,
pues le fueron extraídos de su domicilio, a la fuerza con
violación de cerraduras y causando daños.
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Tales argumentos reflejan los hechos que la empresa
quejosa refiere ocurrieron cuando la autoridad
administrativa violó la suspensión decretada respecto del
procedimiento administrativo de ejecución seguido en su
contra.
Así las cosas, esas manifestaciones son
prácticamente una reproducción de los conceptos de
violación a través de los cuales la quejosa planteó la
inconstitucionalidad de las normas reclamadas.
Argumentos que como se ha dicho resultan inoperantes
para evidenciar esa irregularidad constitucional, pues
encuentran soporte en situaciones particulares de la
empresa quejosa.
En efecto, si se toma en consideración que la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma
general deriva de sus propias características, en razón de
todos sus destinatarios y no de que uno de ellos pueda
tener determinados atributos, es inconcuso que los
argumentos que se hagan valer, en vía de conceptos de
violación o agravios, en contra de disposiciones generales,
y que hagan depender su inconstitucionalidad de
situaciones o circunstancias individuales, propias del
quejoso, independientemente del conjunto de destinatarios
de la norma, deben ser declarados inoperantes porque no
podrían cumplir con su finalidad de demostrar la violación
constitucional que se le atribuye y que por la naturaleza de
la ley debe referirse a todos los destinatarios de la norma y
no sólo a uno de ellos.
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Como así lo dispone el siguiente criterio de
jurisprudencia de esta Segunda Sala.
“NORMAS GENERALES. SON INOPERANTES LOS
ARGUMENTOS EXPRESADOS EN SU CONTRA SI SU
INCONSTITUCIONALIDAD SE HACE DEPENDER DE LA
SITUACIÓN PARTICULAR DEL SUJETO A QUIEN SE LE
APLICAN. Si se toma en consideración que la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma
general deriva de sus propias características, en razón de
todos sus destinatarios y no de que uno de ellos pueda
tener determinados atributos, es inconcuso que los
argumentos que se hagan valer, en vía de conceptos de
violación o agravios, en contra de disposiciones generales,
y que hagan depender su inconstitucionalidad de
situaciones o circunstancias individuales, propias del
quejoso, independientemente del conjunto de destinatarios
de la norma, deben ser declarados inoperantes porque no
podrían cumplir con su finalidad de demostrar la violación
constitucional que se le atribuye y que por la naturaleza de
la ley debe referirse a todos los destinatarios de la norma y
no sólo a uno de ellos.
(Época: Novena Época .Registro: 174873. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, junio de 2006. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 71/2006. Página: 215)
Por último y sin perjuicio de lo antes expuesto debe
decirse a la recurrente que no le asiste la razón cuando
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alega la inconstitucionalidad de las normas impugnadas
argumentando que en ninguna de ellas ni ninguna otra se
contempla la existencia de un instrumento jurídico que
impida que las autoridades administrativas violen la
suspensión del procedimiento administrativo de ejecución,
como el seguido en su contra, con todas sus
consecuencias, como lo son, entre otras, el embargo de
bienes inembargables.
En efecto, si bien ninguna de las normas que tildó de
inconstitucionales e inconvencionales contemplan un
recurso o medio de defensa para evitar que las autoridades
violen la suspensión del procedimiento administrativo de
ejecución seguido en su contra, lo cierto es que de autos se
advierte ese procedimiento se regló conforme a las
disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, cuyo artículo 58, fracción II,
inciso g) dispone que -“durante el trámite de la queja, se
suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución
que en su caso existiere”
En ese sentido es que habrá de buscarse en esa ley
la existencia de algún medio de defensa o recurso que
impida que las autoridades a quienes se encomendó la
ejecución del procedimiento administrativo.
Así las cosas el numeral 58 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo dispone:
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“ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere. III. Tratándose del incumplimiento de la resolución que conceda la suspensión de la ejecución del acto impugnado o alguna otra de las medidas cautelares previstas en esta Ley, procederá la queja mediante escrito interpuesto en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva ante el Magistrado Instructor.
En el escrito en que se interponga la queja se expresarán los hechos por los que se considera que se ha dado el incumplimiento y en su caso, se acompañarán los documentos en que consten las actuaciones de la autoridad que pretenda vulnerar la suspensión o la medida cautelar otorgada. El Magistrado pedirá un informe a quien se impute el incumplimiento, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días, en el que, en su caso, se justificará el acto o la omisión que provocó la queja. Vencido dicho plazo, con informe o sin él, el Magistrado dará cuenta a la Sala, la que resolverá en un plazo máximo de cinco días. Si la Sala resuelve que hubo incumplimiento, declarará la nulidad de las actuaciones realizadas en violación a la suspensión o de otra medida cautelar otorgada. La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al superior jerárquico del servidor público responsable, entendiéndose por este último al que incumpla con lo resuelto, para que proceda jerárquicamente y la Sala impondrá al responsable o autoridad renuente, una multa equivalente a un mínimo de treinta días de su salario, sin exceder del equivalente a sesenta días del mismo, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento, el sueldo del servidor público de que se trate y su nivel jerárquico. También se tomará en cuenta para imponer la sanción, las consecuencias que el no acatamiento de la resolución hubiera ocasionado, cuando el afectado lo señale, caso en que el solicitante tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios, la que, en su caso, correrá a cargo de la unidad administrativa en la que preste sus servicios el servidor público de que se trate, en los términos en que se resuelva la queja.
Como se observa, el transcrito numeral consagra la
existencia del recurso de queja, tratándose del incumplimiento
de la resolución que conceda la suspensión de la ejecución
del acto impugnado o alguna otra de las medidas cautelares
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previstas en esa Ley. Asimismo, establece las sanciones que
deberán imponerse a la autoridad contumaz.
Así las cosas, es jurídicamente ineficaz el
planteamiento del quejoso en cuanto refiere que los
artículos combatidos no preveen un medio de defensa para
evitar que las autoridades correspondientes violen la
suspensión del procedimiento administrativo de ejecución.
Pues como se ha visto, ese recurso habrá de
buscarse en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo que regula el procedimiento adminsitrativo
de ejecución seguido en contra de la empresa disconforme.
Así las cosas, ante la inoperancia e ineficacia jurídica
de los agravios analizados lo procedente es, en la materia
de esta revisión, negar el amparo solicitado respecto de los
artículos 151, 152, 153, 155, 156 y 157 del Código Fiscal
de la Federal.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO. En lo que fue materia de la revisión, se niega
el amparo solicitado a ***********
NOTIFÍQUESE; con testimonio de la presente
resolución, devuélvanse los autos al lugar de su origen y,
en su oportunidad, archívese el toca como asunto
concluido.
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En términos de lo dispuesto por el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión de
veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo
previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la información
Pública Gubernamental, así como en el segundo párrafo
del artículo 9º del Reglamento de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura
Federal, en esta versión pública se suprime la información
considerada legalmente como reservada o confidencial que
encuadra en esos supuestos normativos.
FGO/mdm