autor: romero ratti, mara victoria instituto provincial de - alice
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Autor:
ROMERO RATTI, María Victoria
Instituto Provincial de Capacitación Municipal - Ministerio de Ciencia y Tecnología
del Gobierno de la Provincia de Córdoba, Argentina.
Título de la Ponencia:
“Comunicación de Planes Subnacionales de Desarrollo Regional: El caso de
Córdoba (Argentina) 2005-2011”.
Mesa:
La Comunicación de las Políticas Públicas. (Número 15).
Coordinador: Dr. José Emilio Graglia
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Índice
I- Introducción…………………………………………………………………… Pág. 03
II- Políticas Públicas Y Comunicación………………………………………… Pág. 05
III- El Desarrollo Integral y el Municipalismo………………………………….. Pág. 08
a) El Desarrollo Integral…….……..………………………………………. Pág. 08
b) El Municipalismo…………………………………………………………. Pág. 09
c) La regionalización como estrategia. El caso de Córdoba…………… Pág.11
IV- Plan de Desarrollo Regional………………………………………………. Pág. 13
a) Las prioridades 2005-2010…………………………………………….. Pág. 14
b) El diseño del Plan de Desarrollo Regional…………………………… Pág. 16
V- Conclusión…….……………………………………………………………… Pág. 19
VI- Bibliografía……………...….…………………………………………………. Pág. 21
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I- Introducción
Existe un acuerdo generalizado sobre que los gobiernos subnacionales
enfrentan nuevos desafíos, entre ellos el de ser generadores de desarrollo, a lo que
se le suma el hecho de que deben hacerlo participativamente ya que los ciudadanos
reclaman ser protagonistas del proceso de gestión del desarrollo.
A partir de la reforma del Estado en Latinoamérica, proceso iniciado desde
mediados de la década de los ´90, ha adquirido gran relevancia el tratamiento del
tema de las diferentes estrategias de desarrollo que deben poner en marcha los
gobiernos, en sus diferentes niveles, a los fines de poder generar contextos
favorables al desarrollo, lo cual supone, el fortalecimiento democrático y la
promoción de nuevas prácticas de cooperación entre los diferentes actores
sociopolíticos.
Partimos del supuesto de que es preciso estimular el aprendizaje y la
cooperación entre los actores sociales y políticos, locales y regionales; un
aprendizaje que tienda a generar nuevos modos de gobernar la cosa pública. Es en
este marco donde la comunicación adquiere un rol fundamental ya que se
transforma en la herramienta que permite fortalecer el accionar de los distintos
sectores promoviendo una gestión participativa y en definitiva legitimando los
procesos de toma de decisión robusteciendo así los vínculos entre el estado y la
sociedad. Como sostiene Luciano Elizalde “La comunicación cumple tres funciones
generales en las que es necesario implicarla para gestionar los asuntos públicos:
primero, establece relaciones entre los jugadores; segundo, construye y proyecta
representaciones sobre objetos y jugadores, sobre relaciones entre jugadores entre
sí, sobre relaciones entre objetos (proyectos, programas, políticas, decisiones,
etcétera); en definitiva, la comunicación sirve para conocer ciertas representaciones
simbólicas sobre el mundo. (Elizalde, 2009:35).
En la Provincia de Córdoba en el año 2004 se introdujo una gran innovación a
partir de la sanción de la Ley de Regionalización N° 9.206 y la integración, puesta en
marcha y funcionamiento de las Comunidades Regionales lo cual significó un gran
esfuerzo de concertación intergubernamental.
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En los años 2005 y 2010 el Gobierno Provincial puso en marcha sendos
procesos de diagnóstico de prioridades regionales a los fines de que los actores
políticos (en primera instancia) identificaran las principales problemáticas a resolver
de cara al desarrollo de las regiones provinciales.
Para los municipios y comunas de Córdoba, el proceso de regionalización y el
asociativismo intermunicipal representa una oportunidad de diseñar y gestionar
políticas asociadas y coordinadas de desarrollo, de gobernar en términos de
governance, problemas regionales siendo gobiernos locales (Aguilar Villanueva,
1996).
De esta manera, el Plan de Desarrollo Regional implica necesariamente la
generación de estrategias de comunicación a los fines de involucrar a todos los
actores y así fortalecer la legitimidad democrática, asegurar el derecho de los
ciudadanos a estar informados y sobre todo transparentar la gestión pública.
En el presente trabajo veremos principalmente las características del proceso
de diagnóstico del Plan Provincial de Desarrollo Regional vinculándolo con las
principales premisas de la comunicación gubernamental a los fines de detectar las
fortalezas o debilidades que se presentaron en este sentido.
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II- Políticas Públicas y Comunicación
La interrelación entre política y comunicación es cada vez más estrecha, tal
como lo mencionáramos, la comunicación desde ésta perspectiva se transforma en
una herramienta eficaz que debe sumarse y complementarse con otros mecanismos
que permitan la planificación, gestión y evaluación de políticas públicas efectivas de
cara a las necesidades sociales.
Partimos de una visión de las políticas públicas como “proyectos y actividades
que el estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración a los
fines de satisfacer necesidades de una sociedad” (Graglia, 2007:19).
En esta perspectiva la comunicación (que supone la difusión y divulgación de lo
que un gobierno proyecta y ejecuta) es un eslabón fundamental en el proceso ya
que es el instrumento que le permite a los gobiernos transparentar sus decisiones y
también su gestión. En definitiva se trata de la tarea de comunicar lo que se ha
diagnosticado, lo que se ha decidido y los programas que serán (o son) ejecutados
para resolver los problemas públicos que impiden la satisfacción de necesidades
sociales (Graglia, 2012).
La teoría de la comunicación integrada (Elizalde, 2009) nos permite acercarnos
a las premisas básicas de la comunicación teniendo en cuenta las tres funciones
antropológicas básicas: la de representar simbólicamente algo (qué se entiende por
desarrollo local y regional), la de establecer relaciones entre jugadores sociales
(definir las cuáles son las prioridades de desarrollo), y la de coordinar y ajustar
expectativas impersonales y sistémicas (el diseño del Plan de Desarrollo Regional).
Este punto de partida nos pone frente a los aspectos estratégicos de la
comunicación. Con esto queremos decir que la comunicación gubernamental no es
el objeto de estudio del presente trabajo sino que la 'utilizamos' como instrumento de
análisis de una realidad determinada, en este caso el proceso de diseño y gestión
del Plan de Desarrollo Regional.
En este marco es importante destacar que observamos un marcado 'déficit
comunicacional' en nuestros gobiernos, una mirada deficiente sobre la importancia
estratégica que tiene la comunicación en procesos de legitimación de las políticas
públicas que diseña y ejecuta.
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El diagnóstico de prioridades, en el marco de una política de regionalización en
la provincia de córdoba, parte del supuesto de que es necesario problematizar
ciertos temas a los fines de que se tomen decisiones públicas que los resuelvan, se
trata de que 'esos' temas pasen de la esfera privada a la pública.
En este sentido, recurrimos a la noción que Habermas plantea sobre el espacio
público, el cual tiene dos funciones básicas “detectar problemas y presionar para que
los espacios púbicos ´fuertes´ tomen decisiones en relación a las cuestiones
públicas del sector de la sociedad civil por efecto del procesamiento de 'sentido' que
realiza en mundo de la vida” (Elizalde, 2003; 286). La comunicación entonces debe
concentrarse en identificar los problemas y a la vez presionar en los espacios
públicos formales para que se tomen decisiones.
En este marco y como venimos sosteniendo la comunicación ya no debe ser
percibida como una posibilidad, sino más bien como una herramienta indispensable
de gestión de los asuntos públicos, ya que como lo mencionáramos es por medio de
ésta que se garantiza la participación de todos los actores sociopolíticos. Es la
herramienta que le permite a los actores pasar del terreno de lo privado al terreno de
lo público de manera incremental a través de la construcción de consensos que solo
son posibles participativamente.
De esta manera, y observando el proceso desde la gobernanza, podemos ver
un Estado que entiende que ya no puede resolver problemas públicos a solas, y
donde la ciudadanía tiene conciencia de que debe ser co-gestor de las políticas
públicas, es allí donde la comunicación se convierte en la ´bisagra´ que articula no
solo la problematización de los temas sino también la relación entre los actores
públicos y privados, y es en definitiva esto lo que garantiza la transparencia de los
procesos.
Siendo la gobernanza un proceso de acción colectiva en el que participan múltiples
actores con diferentes enfoques, intereses y niveles de conocimiento, poder y
recursos, el proceso no podrá ponerse en movimiento más que sobre la base de
acuerdos de los participantes (públicos, privados y sociales): un acuerdo sobre las
reglas de acceso para participar del proceso y un acuerdo sobre las reglas y
prácticas que deberán observarse a los largo del proceso (Aguilar Villanueva, 2009);
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entendemos que no es posible un proceso de estas características si descuidamos
los procesos comunicacionales.
En definitiva de lo que se trata es de construir redes de comunicación que
permitan a los gobiernos y a la sociedad civil no solamente fortalecer su vínculo sino
maximizar los beneficios resolviendo los problemas públicos y satisfaciendo las
necesidades sociales.
Con la gobernanza se abre un nuevo abanico de posibilidades de acción de los
diferentes actores, se trata ahora de construir y fortalecer las relaciones entre ellos a
los fines de construir proyectos consensuados de largo plazo. Ya los gobiernos no
pueden ni deben estancarse en la mera publicitación de los logros de su gestión,
como estrategias comunicacionales, deben (de manera imperativa) trabajar para
construir matrices comunicativas que les permitan relacionarse entre sí y con las
sociedades que gobiernan para lograr lo que Aguilar Villanueva menciona como
contenidos esenciales de la gobernanza, (…) la deliberación conjunta, interacción,
interdependencia, coproducción, corresponsabilidad, cogobierno, asociación entre
gobierno y las organizaciones privadas y sociales (Aguilar Villanueva, 2009:42)
Intentaremos en los apartados siguientes describir las características del
Municipalismo en Córdoba y cómo en ese marco se desarrollaron los diagnósticos
participativos desde la visión de la gobernanza local y atendiendo las
particularidades de la comunicación gubernamental en dichos procesos.
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III- El Desarrollo Integral y el Municipalismo
a) Desarrollo integral
Para que el desarrollo sea integral debe respetar la dignidad humana y buscar
el bien común. Tanto el respeto a la dignidad humana como la búsqueda del bien
común responden a principios que se realizan en un espacio y un tiempo de acuerdo
con circunstancias (Graglia, 2007).
Entendemos que el desarrollo debe fundarse en la cooperación entre los
actores, es decir partimos del supuesto de la existencia de un conjunto de
situaciones problemáticas que no pueden ser resueltas con decisiones y acciones
propias (individuales de cada territorio) sino que la mejor manera de ser resueltas es
de manera mancomunada, esto es, subsidiariamente; y es sobre esta base que el
desarrollo se asienta en principios solidarios y participativos.
Desde la visión que compartimos este desarrollo que buscamos como finalidad
debe ser necesariamente integral, esto es, debe incluir el crecimiento económico
pero debe también promover y garantizar la inclusión social, un crecimiento
económico inclusivo debe favorecer la incorporación efectiva de los sectores más
vulnerables y de los territorios más rezagados a los beneficios de una economía en
aumento (Böhm, 2006). También debe prever la protección del ambiente, es decir
debemos abonar por un crecimiento sostenible y sustentable ambientalmente.
Este desarrollo que buscamos para que sea integral debe fortalecer las
instituciones democráticas y generar herramientas que forjen una real cultura cívica.
Fortalecimiento institucional significa más y mejores instituciones
representativas y republicanas y éste, entre otros factores no menos importantes,
significa un federalismo real, con provincias y municipios capaces de ejercer sus
autonomías políticas, administrativas y financieras.
Por último, pensar el desarrollo integral nos conduce a asegurar que
necesitamos cultura cívica, esto es, una sociedad civil fortalecida e implicada, capaz
de cooperar, de cogestionar responsablemente y dirigentes conscientes y
comprometidos. (Merlo Rodríguez, 2011)
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b) El municipalismo
Los municipios latinoamericanos presentan una gran variedad de diferencias y
similitudes. Aun existen municipios que carecen de autonomía, y muchos otros que
son autónomos legal pero no formalmente, pero concentrándonos concretamente en
Argentina, vemos que “el régimen municipal argentino se configura a través de
diferentes diseños institucionales que a su vez poseen distintas denominaciones y
estructuras: municipios con carta orgánica o sin ella y comunas, delegaciones,
comisiones municipales, vecinales o de fomento. Dicho régimen comienza a
legislarse y rediseñarse en el año 1853 a través del artículo 5° de la Constitución
Nacional: “Cada Provincia dictará para sí una Constitución (…) que asegure su
administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas
condiciones, el Gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus
instituciones” (Merlo Rodríguez, 2011).
En este sentido y a los fines de fortalecer el municipalismo argentino, en la
reforma constitucional de 1994, a través del artículo 123° se introduce una novedosa
modificación: “Cada Provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto
por el art. 5º asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido
en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”. Con esto
vemos que el régimen municipal de nuestro país se encuentra normado con los
artículos 5° y 123° de la Constitución Nacional.
Se puede observar claramente que a lo largo de la historia de nuestro país los
municipios han ido reconfigurándose, reclamando para sí más y mejores
autonomías, reclamando el paso de lo formal a lo real, reclamando mayor
independencia administrativa, económica, financiera y también política.
Se observa un claro salto cualitativo que, con progresos y retrocesos, según los
diversos regímenes municipales de cada provincia argentina, en general, se puede
visualizar que en un primer momento las administraciones municipales se dedicaron
solamente a la prestación de los servicios urbanos (desde alumbrado e higiene
hasta vialidad y transporte). En una segunda etapa, los gobiernos municipales se
consagraron, además, a la promoción del desarrollo local. Este segundo momento
señalado no sustituye al primero. La promoción del desarrollo local se agrega a la
prestación de los servicios urbanos a cargo de los municipios. El paso de la primera
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a la segunda oleada del municipalismo se ha caracterizado por un proceso
incremental de transferencia de funciones del gobierno nacional a las provincias y de
las provincias a los municipios. Dichas transferencias de funciones se dieron tanto
explícita como implícitamente. (Graglia, 2006).
Ahora bien, en la consecución de este proceso se observa un tercer momento
u ´oleada´ donde la característica fundamental es el asociativismo intermunicipal
(Giuliano, 2006) donde los gobiernos locales se relacionaron cooperando
mutuamente en la prestación de servicios urbanos y, también, en la promoción de
desarrollos locales.
Es el paso de municipios que se asociaban para ayudarse en el ejercicio de
sus funciones dentro de sus respectivos ejidos o radios a una tercera ola que se
caracteriza por asociaciones intermunicipales gobernando regiones territoriales. Ésta
será la característica principal del nuevo municipalismo. En la tercera ola del
municipalismo, las administraciones y los gobiernos municipales seguirán prestando
los respectivos servicios urbanos (primera oleada), seguirán promoviendo los
respectivos desarrollos locales (segunda oleada) pero, además, se harán cargo de la
gestión de su región. Más precisamente, se harán cargo de la gestión del desarrollo
de su región. (Graglia, 2006).
Está claro que el desarrollo regional es el soporte del desarrollo local. Para que
se desarrollen las localidades debe progresar la región que las contiene. Hoy por
hoy, trabajar a favor del desarrollo local implica trabajar a favor del desarrollo
regional. En términos de desarrollo, lo local va indisolublemente ligado a lo regional.
A su vez, el desarrollo regional es el soporte del desarrollo provincial y nacional.
Para que se desarrollen las provincias y la Nación deben progresar las regiones
(Graglia y Riorda, 2006).
Es en este esquema, en la Provincia de Córdoba, en el año 2004 se introduce
una gran innovación a partir de la sanción de la Ley de Regionalización N° 9.206 y la
integración y puesta en funcionamiento de las Comunidades Regionales lo cual
lógicamente supuso un gran esfuerzo de concertación intergubernamental.
Es indudable que existe un escenario global que nos conduce a pensar en
gobiernos locales fuertes, autónomos (no solo formalmente), para lo cual es
necesario un marco de legalidad, que constitucionalmente y en el caso de Córdoba,
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a través de la sanción de la mencionada Ley de Regionalización están garantizados;
ahora bien ¿es el marco legal suficiente para pensar el desarrollo local y a partir de
éste el de las regiones?. Sabemos que esto no es suficiente, necesitamos de un
municipalismo que, en términos de gobernanza, sean capaces de erigir y sostener la
concertación entre el sector público, el sector privado y el ciudadano.
Sin un proceso de concertación construido en el escenario público colectivo es
impensable una política pública exitosa en términos de impacto social y político.
c) La regionalización como estrategia. El caso de Córdoba
Viendo al desarrollo como necesidad a satisfacer y considerando a la
centralización provincial como un problema a resolver (Graglia, Merlo y Kunz, 2005),
la Ley N° 9.206 supuso dos innovaciones trascendentes llamadas a reformar
estructuralmente el Estado provincial. A través de acuerdos y consensos se crean
veintiséis (26) regiones y se reconocen asociaciones intermunicipales (llamadas
“Comunidades Regionales”) a constituir como gobiernos de las regiones creadas.
De acuerdo con la Ley N° 9.206, se regionaliza el territorio provincial mediante
la creación de veintiséis (26) regiones en coincidencia con los departamentos
existentes. Esta Ley de Regionalización crea regiones político-administrativas (no
regiones socio-culturales ni socio-económicas).
Lo más importante del caso cordobés, ha sido el reconocimiento de
asociaciones intermunicipales (llamadas “comunidades regionales”) a constituir
como gobiernos de las regiones creadas, basadas fundamentalmente en la
construcción de consensos, es decir en la concertación como herramienta de
gestión.
Claramente, viendo su forma de constitución, las comunidades regionales son
asociaciones intermunicipales (o mancomunidades de gobiernos locales).
Vale señalar que también podrán participar de la comunidad regional, cuando
por resolución de sus cuerpos orgánicos así lo dispongan, los representantes de los
Consejos de la Sociedad Civil con asiento en la región.
Sin dudas la regionalización representa un acuerdo, una construcción de
consensos donde los engranajes de la comunicación adquieren un papel
protagónico. Se trata en suma, de un proceso consensuado, construido
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comunicacionalmente que, si bien se enmarca en un proceso mucho más global,
como lo es el cambio de roles de los gobiernos locales en relación a la promoción
del desarrollo, no hubiera sido posible sin la adecuada visión de la importancia de
una estrategia comunicacional.
Es concertadamente y, desde el ´modelo relacional de políticas públicas´
(Graglia, 2007) que se comunica la alternativa decidida participativamente, viendo al
desarrollo regional como la necesidad a satisfacer.
A continuación describiremos los procesos de diagnósticos promovidos por el
gobierno provincial a los fines de identificar las prioridades regionales para el
desarrollo.
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IV- Plan de Desarrollo Regional.
Como mencionáramos en apartados anteriores el proceso de regionalización
en la Provincia de Córdoba ha significado un gran esfuerzo de concertación
intergubernamental y un caso rico en cuanto a los mecanismos de ajuste mutuo
partidario (Lindblom, 1979), aplicados tanto en la integración como en el
funcionamiento cotidiano de las Comunidades Regionales.
Para los municipios y comunas, el proceso de regionalización y el asociativismo
intermunicipal es una oportunidad por un lado, para asumir nuevas
responsabilidades (competencias y recursos) provenientes del gobierno provincial, y
por otro, para ganar efectividad a través de la centralización de competencias y
recursos municipales y/o comunales, a los fines de intentar superar así las
dificultades provenientes de la escala poblacional y territorial de la generalidad de
los municipios y comunas existentes que dificultan la gestión del desarrollo regional.
(Graglia, Merlo y Kunz, 2005). En síntesis, es una oportunidad de diseñar y gestionar
políticas asociadas y coordinadas de desarrollo, de gobernar en términos de
gobernanza problemas regionales siendo gobiernos locales (Aguilar Villanueva,
1996).
A los fines de maximizar las oportunidades y minimizar de la complejidad que
trae aparejada el asociativismo y el pasaje de lo local a lo regional, es necesaria la
planificación concertada como así también la evaluación participativa, esto es un
Plan de Desarrollo. (Merlo Rodríguez, 2011)
Las prioridades identificadas con sus respectivos indicadores permitirían iniciar
(o reiniciar) un proceso de diseño y gestión de políticas de desarrollo regional, de
descentralización provincial y de integración intermunicipal, indispensables a los
fines de gobernar con sentido público (Aguilar Villanueva, 1996).
Partimos del supuesto de que la elaboración de un Plan de Desarrollo Regional
sobre la base de la identificación y construcción participativa de las prioridades de
cada Región de la Provincia promueve el desarrollo integral a escala regional y
provincial.
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En este marco, el objetivo es diseñar participativamente un plan que promueva
el desarrollo integral a escala regional y provincial.
Para poder lograr este objetivo se necesita en primera instancia que los actores
sociopolíticos identifiquen las principales prioridades de desarrollo de cada una de
las regiones provinciales, lo cual supone la construcción de acuerdos que superen (o
incluyan) la visión local de cada uno de los actores intervinientes.
a) Las prioridades 2005-2010
En el año 2005 el gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de un
convenio con la Universidad Católica de Córdoba, promueve el primer proceso de
identificación de prioridades a los fines de diseñar un Plan de Desarrollo Regional,
que permitiera poner en valor estas mancomunidades que fueron reconocidas luego
de la sanción de la Ley de Regionalización.
Sin dudas se trató de un proceso absolutamente novedoso, donde el gobierno
provincial promueve la formación de un espacio de concertación sobre la definición
de las principales problemáticas a resolver a los fines de satisfacer la necesidad de
desarrollo integral en cada uno de los espacios territoriales que conforman la
Provincia.
En el año 2010, y sobre la evidencia de un proceso que había avanzado muy
lentamente, nuevamente el Gobierno Provincial decide (re) iniciar el proceso en
vistas a contar con una política pública que les permita a los gobiernos locales
pensar y gestionar en términos regionales. En este caso lo hace a través de un
organismo público, el Instituto Provincial de Capacitación Municipal, dependiente del
Ministerio de Gobierno.
El equipo técnico que acompañó metodológicamente sendos procesos aseguró
el encuentro de actores políticos locales que pudieran identificar colectivamente las
principales problemáticas de la región superando la visión localista y promoviendo la
concertación y acuerdos colectivos sobre “lo regional”.
De esta manera fueron los actores políticos quienes acordaron qué era lo más
importante y urgente (priorización de problemas) a resolver a una escala territorial
diferente a la que gestionan cotidianamente.
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Se procuró que primara una “visión estratégica” en términos de desarrollo, que
en esa priorización que se realizaba la urgencia fuera una criterio, pero también que
se pudiera tener una mirada a largo plazo y sobre todo en términos de gestión
cooperativa (que prime lo regional y no lo local).
En este marco el equipo técnico (que desde distintos espacios institucionales
fueron dirigidos y co-dirigidos por los mismos técnicos) a través de actividades de
asistencia técnica que se llevaron a cabo mediante una metodología de
investigación acción participativa, impulsó la búsqueda de acuerdos donde primara
la idea de gobierno en términos de gobernanza, esto que se pudieran identificar
problemas cuya resolución pudiera ser abordados asociativamente.
En definitiva el diseño de intervención tanto en 2005 como en 2010, procuró
seleccionar herramientas metodológicas para el procesamiento y sistematización de
la información resultante de los espacios de diálogo que permitieran
fundamentalmente no solo asegurar la visión de los actores participantes sino
también de poner a la luz una cuestión más que importante, la necesidad de la
concertación como herramienta de gestión.
En base a la metodología mencionada, se realizaron talleres en cada una de
las regiones, trabajando con los Intendentes municipales y Presidentes comunales
integrantes de las respectivas Comunidades Regionales. En cada uno de ellos, se
solicitaba a cada participante que enunciara los tres problemas prioritarios de la
región (no de su municipio o comuna sino de la región, lo que suponía un esfuerzo
de adaptación a una nueva escala de análisis).
No es el objetivo de este trabajo exponer cada una de las prioridades
identificadas (para mayor información consultar www.incam.gov.ar) sino describir el
proceso de diagnóstico a los fines del diseño del Plan de Desarrollo.
En este sentido y desde la perspectiva comunicacional debemos destacar que
en ambas instancias de identificación de las prioridades, fue muy importante la tarea
del equipo técnico quien procuró metodológicamente integrar aquello que
mencionáramos al principio en palabras de Elizalde, la comunicación es una
herramienta que necesariamente debe estar implicada en la gestión de los asuntos
públicos, relacionando los “jugadores” (en este caso los actores políticos locales) a
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los fines de proyectar representaciones sobre objetos (Elizalde, 2009) es decir, que
se pudiera visualizar el tipo de desarrollo que estos actores desean para sus
territorios, pero sobre la base de la búsquedas de acuerdos para una gestión
asociada que permita resolver problemas locales que trascienden los territorios que
gobiernan.
b) El diseño del Plan de Desarrollo.
El fortalecimiento de las autonomías municipales como baluarte del
municipalismo cordobés, supone superar el aislamiento en pos del asociativismo a
los fines de resolver problemas públicos con el objetivo de satisfacer necesidades
sociales. La regionalización en la provincia de Córdoba plantea esta posibilidad
resolver a escala regional problemas locales que por su manifestación exceden el
localismo e implican esfuerzos compartidos entre municipalidades y comunas. El
asociativismo a escala regional es claramente una herramienta de gestión que
fortalece el desarrollo.
Insistimos en la idea de que la comunicación es un mecanismo doblemente
importante para gestionar los asuntos públicos, por un lado nos permite coordinar el
accionar de los actores que intervienen en el proceso y por otro lado para diferenciar
(o destacar) ciertas cuestiones en el escenario púbico.
Sabemos que formular una estrategia nos conduce a pensar en que debemos
formular objetivos pero sobre todo en cuál es la mejor manera de conseguirlos,
implica pensar en un hoy con vistas al mañana.
El proceso de regionalización de la provincia de córdoba, dado en un marco
global de (re) formulación de los roles municipales; la consiguiente puesta en marcha
de las Comunidades Regionales, que nos muestra esa figura de gobiernos locales
gobernando regiones; los procesos de diagnósticos llevados a cabo en los años
2005 y 2010, son la base en la que se sustenta una decisión gubernamental de que
en el año 2011 debíamos cumplimentar con el diseño del Plan de Desarrollo.
Ese es el escenario de este proceso. Conocer 'dónde estamos parados',
conocer nuestra realidad, es lo único que nos permite pensar en la cuál es la mejor
manera de alcanzar los objetos que pretendemos alcanzar. Con esto queremos
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decir, que diseñar el plan de desarrollo sin sendos procesos de diagnósticos
participativos que nos permitan realizar los balances y las perspectivas a casi diez
años de iniciado el proceso, sería hasta peligroso.
El proceso que tuvo como resultado la sanción de la Ley de Regionalización se
caracterizó por la construcción de importantes acuerdos políticos e
intergubernamentales, fue la base que permitió a los actores políticos pensar en la
idea de diseñar un plan a escala provincial de desarrollo regional. En conclusión son
la articulación de las herramientas de búsqueda de consensos, la que permite a los
actores construir un presente y una idea de futuro.
Otro principio nos conduce a afirmar que si ese gran acuerdo intersectorial e
intergubernamental que sentó las bases, podemos pensar, con herramientas
técnicas, que existe un consenso también sobro cómo alcanzar la meta, que es el
desarrollo la provincia a través de lo local y lo regional, esa es la fortaleza que
demos resguardar.
No tenemos dudas de que la construcción y sostenimiento del consenso sobre
qué tipo de desarrollo y de cómo debemos hacer para conseguirlo sigue siendo el
gran desafío. Reconocer colectivamente cuáles son las necesidades a satisfacer y
concertar las maneras y los medios para satisfacerlas construye poder, un poder que
es generado por el consenso.
Sabemos entonces que el consenso genera poder, poder de acción en los
actores que logran consensuar, ahora bien, en este marco la comunicación es una
herramienta que puede ser utilizada para fortalecer ese poder o bien para generar
disensos. Entonces debemos dejar bien en claro que en el marco del diseño y la
gestión del plan de desarrollo regional necesitamos construir una estrategia
comunicacional orientada hacia el consenso.
Como ya se expuso, el objetivo es diseñar participativamente un plan que
promueva el desarrollo integral a escala regional y provincial. Necesitamos entonces
una estrategia de gestión cooperativa, donde sector público, privado y civil puedan
encontrarse a los fines de generar acuresdos sobre como gestionar de cara al
desarrollo.
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Siguiendo a Graglia, destacamos la importancia que tiene desde ésta
perspectiva que se comuniquen los proyectos que se han decidido y las actividades
que se dirijan (Graglia, 2012).
Es responsabilidad de los administradores informar las actividades proyectadas
y ejecutadas, se trata ni más ni menos que el acceso a la información pública.
En este sentido, igual de importante resulta la divulgación de los proyectos y
actividades, cuya responsabilidad es de los gobernantes.
Desde este punto vemos la importancia que cobran los medios masivos de
comunicación en la construcción de la estrategia. Acá es donde los gobernantes
debe comprender la estrecha relación que existe entre los mecos y la política, sin
este entendimiento se presupone solo tendremos por parte de nuestros gobiernos
´reacciones´ a la agenda que imponen estos medios.
Se trata entonces de contar con un plan que prevea una estrategia
comunicacional que permita ´captar´ la demanda social realizada a través de los
medios, pero también que nos permita anticiparnos; y el único modo de conseguir
esto es por medio del diseño y la gestión de políticas públicas participativas que
tiendan, en el sentido de la gobernanza, a la generación de consensos sostenibles
en el tiempo entre actores de todos los sectores, que instale capacidades en los
gobiernos locales de modo tal que la gestión de los asuntos públicos se realice a los
fines de satisfacer la necesidad del desarrollo de localidades, regiones, la provincia y
por ende de la nación.
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V- Conclusiones
Pensar en el desarrollo regional, supone pensar a los gobiernos locales como
agentes del desarrollo lo cual implica asumirlos como generadores de estrategias de
crecimiento económico, de cuidado del ambiente, de fortalecimiento de las
instituciones y sobre todo generadores de acciones que tiendan al civismo, todas
estas bases del desarrollo integral.
Este desarrollo integral, genera un desafío para los gobiernos locales ya que
implica un nuevo modelo de gestión a escala local y regional, un nuevo
municipalismo que los tiene como protagonistas. Hoy el municipalismo supone
además de la prestación de los servicios urbanos la promoción del desarrollo a
escala local y sobre todo regional, lo cual prevé asociaciones intermunicipales que
gobiernen mancomunadamente las regiones territoriales a los fines del desarrollo
regional y por extensión del desarrollo de la Provincia.
La regionalización en la provincia de Córdoba plantea esta posibilidad resolver
a escala regional problemas locales que por su manifestación exceden el localismo e
implican esfuerzos compartidos entre municipalidades y comunas. El asociativismo a
escala regional es claramente una herramienta de gestión que fortalece el
desarrollo.
Las actuales condiciones sociales y políticas (nacionales e internacionales)
evidencian la necesidad de que los estados asuman la importancia que tiene
gestionar asociadamente, entre ellos mismos o bien entre otros niveles de
gobiernos, pero también la necesidad de la concertación público-privada a los fines
de satisfacer necesidades sociales. Al respecto Aguilar Villanueva sobre el concepto
de gobernanza local dice: “De este modo, para resolver los problemas y superar los
desafíos actuales se requiere ascender a un nivel superior de información,
inteligencia, recursos, organización y eficiencia que rebasa las potencialidades
gubernamentales y las de cualquier actor económico y social, razón por la cual se
exigen formas sinérgicas de deliberación, interacción y asociación público-privada,
gubernamental-social: conjunción de jerarquías, mercados y redes sociales”. (Aguilar
Villanueva, 2009: 8).
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En este sentido, pensar en el desarrollo supone también conocer cuáles son
las prioridades para conseguirlo.
La capacidad de gestión es un requisito indispensable para la gobernanza y, a
su vez ésta última necesita de herramientas que favorezcan la gestión asociada
entre los actores sociopolíticos, donde la presencia de herramientas de
comunicación determina la consecución de acuerdos que garantizan la legitimidad
de los procesos.
El diseño y la gestión de un Plan de Desarrollo Regional debe prever la
articulación de herramientas comunicacionales que relacionen a los actores entre sí
y que les permita la generación y fortalecimiento de acciones de concertación.
Es la comunicación (que supone información y divulgación) de los asuntos
públicos la que de manera real y efectiva permite la generación de consensos en el
espacio público colectivo.
El Plan de Desarrollo Regional es una política pública que tiene por finalidad
satisfacer la necesidad de desarrollo, y como lo sostienen Crespo, Garrido, Carletta
y Riorda, “toda política debe transformarse en un hecho comunicable (…). En esta
concepción, el rol de la comunicación adquiere una importancia particular ya que los
actores de la misma tienen limitaciones de carácter temporal para interactuar de
manera veloz y dinámica, en búsqueda de un resultado determinado”.
En el marco de un proceso que dio inicio en 2005, en 2011 nos encontramos
con el diseño de un Plan de Desarrollo Regional que parte de dos presupuesto
básicos, la incorporación de un nuevo modelo de gestión, la gobernanza, y sobre
esta base la necesidad de contar con una estrategia de comunicación que permita
gestionar en ese sentido y sobre el principio de la búsqueda de consensos en el
escenario público, para legitimar y dar transparencia a la gestión.
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