aumento de capital

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PARTE I: EL CAPITAL SOCIAL 1. NOCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL 1.1. NOCIÓN ECONÓMICA Los economistas aún no se han puesto de acuerdo sobre un concepto unitario de capital. Se ha dicho en este sentido que el término “tiene casi tantos significados como economistas hay”. Sin embargo, a despecho de las diferencias que matizan las diversas precisiones conceptuales, los autores coinciden en señalar al capital como uno de los factores de la producción. En este sentido, se distinguen clásicamente tres categorías: la tierra, expresión genérica que comprende a los recursos naturales que se incorporan al proceso productivo; el trabajo como actividad humana; y el capital. Los dos primeros elementos mencionados quedan comprendidos en los que se denominan factores primarios de la producción, pues su concurrencia y cantidad es determinada fuera de la economía. El capital, en cambio, es un factor secundario, pues constituye un producto de la propia economía. Por ello, a riesgo de simplificar en exceso la cuestión diremos con VITO que capital en un sentido macroeconómico “es una riqueza producida que se aplica a ulteriores producciones más bien que al consumo inmediato”. Más recientemente ha dicho SAMUELSON que “el capital es un factor de producción producido ”, expresión que sintetiza y simplifica en grado difícilmente superable la noción. La oposición al resto de los factores de la producción ha propiciado otras formas de acceso al concepto. Así, se ha dicho que la noción del capital “comprende todo cuanto coopera en la producción, exceptuando a las fuerzas naturales tal y como se nos presentan y al trabajo humano”, definición que, por la simple circunstancia de provenir de WICKSELL, merece un grado especial de atención. 1.2. NOCIÓN CONTABLE La Ley General de Sociedades vigente, a diferencia de su antecesora, no define el contenido del balance y de la cuenta de ganancias y pérdidas, sino que se limita a regular los aspectos societarios relativos a esos instrumentos; ello, en palabras del maestro ELÍAS LAROZA, por cuanto “No es función de la ley societaria, en

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Page 1: Aumento de Capital

 PARTE I: EL CAPITAL SOCIAL

 1. NOCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

1.1. NOCIÓN ECONÓMICA

Los economistas aún no se han puesto de acuerdo sobre un concepto unitario de capital. Se ha dicho en este sentido que el término “tiene casi tantos significados como economistas hay”.

Sin embargo, a despecho de las diferencias que matizan las diversas precisiones conceptuales, los autores coinciden en señalar al capital como uno de los factores de la producción. En este sentido,   se   distinguen   clásicamente   tres   categorías:   la   tierra,   expresión   genérica   que comprende a los recursos naturales que se incorporan al proceso productivo; el trabajo como actividad   humana;   y   el   capital.   Los   dos   primeros   elementos   mencionados   quedan comprendidos   en   los   que   se   denominan   factores   primarios   de   la   producción,   pues   su concurrencia y cantidad es determinada fuera de la economía. El capital,  en cambio, es un factor secundario, pues constituye un producto de la propia economía. Por ello, a riesgo de simplificar en exceso la cuestión diremos con VITO que capital en un sentido macroeconómico “es una riqueza producida que se aplica a ulteriores producciones más bien que al consumo inmediato”. Más recientemente ha dicho SAMUELSON que “el capital es un factor de producción producido”, expresión que sintetiza y simplifica en grado difícilmente superable la noción. La oposición al resto de los factores de la producción ha propiciado otras formas de acceso al concepto.  Así,  se ha dicho que  la noción del  capital  “comprende todo cuanto coopera en la producción, exceptuando a las fuerzas naturales tal y como se nos presentan y al trabajo humano”, definición que, por la simple circunstancia de provenir de WICKSELL, merece un grado especial de atención.

 1.2. NOCIÓN CONTABLE

La Ley General de Sociedades vigente, a diferencia de su antecesora, no define el contenido del balance y de la cuenta de ganancias y pérdidas, sino que se limita a regular los aspectos societarios relativos a esos  instrumentos;  ello,  en palabras del maestro ELÍAS LAROZA, por cuanto “No es función de la ley societaria, en nuestros días, ocuparse de temas reservados a la ciencia contable, que están normados por disposiciones especiales (….)”

El artículo 223 de la Ley General de Sociedades vigente señala que los estados financieros se preparan y presentan de conformidad con las disposiciones  legales sobre  la materia y con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el país, los cuales mediante el artículo 1 de  la Resolución Nº 013-98-EF/93.01,  publicada el  23/07/98,  se precisa que los aludidos principios comprende, substancialmente, a las Normas Internacionales de Contabilidad (NICs), oficializadas  mediante  Resoluciones  del  Consejo  Normativo  de  Contabilidad,   y   las  normas establecidas por Organismos de Supervisión y Control para las entidades de su área siempre que se encuentren dentro del Marco Teórico en que se apoyan las Normas Internacionales de Contabilidad:

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Desde el punto de vista contable el capital es una cuenta que concurre a formar el patrimonio neto en el Cuadro de Situación Patrimonial de la sociedad. El patrimonio neto, por su parte, equivale en todo momento a la diferencia entre el activo y el pasivo sociales, y se compone, además de la cuenta capital, de los resultados acumulados no distribuidos, las reservas, etcétera.

 

1.3. NOCIÓN JURÍDICA

El   capital   social,   según   IZQUIERDO   MONTORO “(…) se trata de una abstracta magnitud matemática que ha de ser fijada en los Estatutos”.

BRUNETTI señala que “(…) el capital social representa el importe obligatorio del patrimonio neto de la sociedad en el momento inicial de la empresa”.

URÍA, por su parte, dice que “(…) al hablar de capital social se alude exclusivamente a esa cifra escriturada, suma de los valores nominales de las acciones que en cada momento tenga emitidas la sociedad”.

RUBIO considera que “(…) el capital constituye la medida de valor de la totalidad de los bienes que han sido aportados por los Socios”.

ELÍAS LAROZA considera que “(…) el concepto jurídico de capital social es el de una suma o cifra que los socios entregaron en pago de sus acciones y que la sociedad les debe”.

Por nuestra  parte, el capital social es la cifra mencionada en los Estatutos e incluida en los sucesivos estados financieros resultante del aporte originario o incremento sobreviniente del que la sociedad no puede disponer libremente por cuanto está destinada a servir de cobertura a terceros.

 

2. PRINCIPIOS ORDENADORES DEL CAPITAL SOCIAL

2.1. PRINCIPIO DE UNIDAD.- El presente principio postula que el capital debe ser una cifra única y singular que exprese “el valor global del patrimonio de garantía”, reuniendo todos los aportes de los socios. La sociedad anónima sólo tiene un capital y con él responde por todas las deudas sociales, resultando irrelevante a estos efectos la existencia de sucursales.

Según RUBIO este principio distingue el capital social de la anónima de otros tipos societarios en donde la unidad es menos marcada (por ejemplo una sociedad en comandita por acciones).

 2.2. PRINCIPIO DE DETERMINACIÓN.- El principio de determinación implica la necesidad de fijación  numérica  exacta  de   la   cifra  de  capital  en  moneda  de  curso   legal.  Asimismo,  esta determinación   es   exigida   como   dato   de   incorporación   obligatoria   del   estatuto,   según   se desprende del inciso 3 del artículo 54 de la Ley General de Sociedades cuyo texto señala que “El pacto social contiene obligatoriamente: 3) El monto del capital y las acciones en que se divide(…)”. También es consecuencia de este principio la exigencia de valuación de los aportes 

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no dinerarios,  así como las reglas a  las que debe ajustarse la misma (artículo 76 de la Ley General de Sociedades).

Por  otro   lado,  el  principio  que analizamos  fundamenta   la  disciplina  destinada  a   reglar   las modificaciones que se produzcan en la cifra del capital.

 2.3. PRINCIPIO DE EFECTIVIDAD O CORRESPONDENCIA.- El  presente  principio   impone   la necesidad de correspondencia entre la cifra de capital y los bienes efectivos que constituyen el patrimonio.

La función del capital como cifra de retención del patrimonio exige que éste no baje la línea trazada   por   aquél.   En   el  mismo   sentido,   los   sucesivos   aumentos   deben   responder   este principio, preservando esta idea de equivalencia entre capital y patrimonio. Varias normas de la Ley General de Sociedades contribuyen a delinear este principio, como el artículo 84 que exige la suscripción y pago en por lo menos el veinticinco por ciento de su valor nominal para la emisión de acciones, el artículo 204 que autoriza la emisión de nuevas acciones sólo cuando las anteriores ya han sido suscriptas, entre otras normas.

 2.4. PRINCIPIO DE PERMANENCIA O INVARIABILIDAD.- Corolario del principio anterior, el aquí analizado exige que este capital único, determinado u efectivo siga, al menos en principio, inalterado y correspondiéndose con el patrimonio durante la vida de la sociedad. Este principio admite un doble juego que comprende un aspecto interno y otro externo de la sociedad.

En el ámbito del primero se pretende preservar intacta la posición del socio en función de la proporcionalidad de su participación. En el segundo aspecto, se persigue la inmutabilidad de la garantía a los terceros pues, en términos generales, un aumento de capital sin el correlativo aumento del patrimonio implicaría un engaño para ellos y sucesivamente, una reducción de capital conllevaría la posibilidad de disminuir simétricamente el patrimonio.

Algunos   autores sostienen   que   en   rigor   debería   hablarse   de   principio   de   variabilidad condicional  y no de permanencia,  atento que el  cumplimiento de determinados requisitos legalmente previstos habilita la modificación de la cifra.

Los  principios   llamados de vinculación  y  de estabilidad  constituyen,  en opinión de RUBIO, aplicación del más genérico de permanencia. El primero de los mencionados responde a la necesidad de mantener la correspondencia entre capital y patrimonio. El segundo, por su lado, es la razón de ser del esquema que la ley prevé para encauzar las variaciones del capital.

 2.5. OTROS PRINCIPIOS.- A los principios analizados la doctrina ha agregado otros que, en rigor parecen constituir derivaciones de aquellos. Así URÍA menciona: el principio de capital mínimo, de integridad, de desembolso mínimo y de realidad.

 

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3. FUNCIONES DEL CAPITAL SOCIAL

3.1. FUNCIÓN DE PRODUCTIVIDAD.- Los socios efectúan su aporte con el ánimo de proveer a  la sociedad los recursos materiales necesarios para  la consecución de su objeto. En este orden de ideas, la lógica intrínseca de este aspecto funcional del capital indica que el monto del mismo debería guardar una razonable relación con el emprendimiento al cual se aboca la sociedad. Así, el capital, que desde un punto de vista macroeconómico constituye uno de los factores de la producción clásicamente considerados, es trasladado por la doctrina tradicional al   plano   de   la   microeconomía   empresarial   con   idéntico   sentido   funcional,   sirviendo   al cumplimiento  del   objeto   societario   en   su   aspecto  material.   El   término   “productividad”   es empleado, por ende, en un sentido amplio abarcativo no sólo de una actividad industrial sino también comercial,  financiera,  de servicios,  o cualquier  otro para el  que pueda concebirse (idónea o no) la figura de la anónima.

En   efecto,   desde   la   presente   perspectiva   el   capital   es   considerado   como   elemento   de producción de la empresa que constituye el objeto de la sociedad. Esta denominada “función de productividad” del capital social requiere que los distintos elementos integrantes del mismo sean entidades susceptibles de ser utilizadas instrumentalmente en la actividad social, lo que va a permitir a la persona jurídica sociedad reunir los factores de producción imprescindibles para  la consecución del objeto social;  de este modo,  los aportes de  los socios,  junto a  los demás capitales propios generados por el desarrollo de la actividad social, son una absoluta necesidad en orden a la consecución del objetivo señalado, de donde el capital cumple por tanto una importante función instrumental para el ejercicio de la empresa. En este sentido se ha dicho que una articulación equilibrada del capital  en relación a  las características de  la empresa efectuada por la sociedad, facilita no sólo el saneamiento financiero de la misma, sino también   la   efectividad   de   la   causa   de   cualquier   sociedad:   la   obtención   de   un   beneficio repartible entre sus miembros.

El capital social en este plano en la medida en que conserva y protege la capacidad productiva de la empresa objeto de la sociedad, supone una garantía, indirecta o suplementaria, para los acreedores sociales, en orden a la satisfacción de sus pretensiones: la solvencia y capacidad de obtención de dividendos de la sociedad es garantía tanto para los accionistas como para los acreedores; para los primeros, constituirá la base de sus expectativas de ingresos; para los segundos, significará la certeza de su crédito. Desde este punto de vista, el capital aparece como  un   conjunto   de   bienes   destinado,  ab initio,   a   la   garantía   o,  más   bien,   a   crear   un “suplemento de garantía” en favor de los derechos de los acreedores, como contrapartida del beneficio  de   la   limitación  de   responsabilidad  de  que  gozan   los  accionistas  en   la   sociedad anónima. Así pues, el capital social, al obligar a la retención de valores en el activo por cuantía equivalente a su importe, aminora las pérdidas de los acreedores al ser redistribuido entre ellos.

En resumen, podría decirse que el resultado útil que identifica la función de productividad del capital   social   es   la   consecución  del   equilibrio  económico  financiero  de   la   empresa,   en  el sentido de la adecuada relación entre “medios propios” y “medios de terceros” en el conjunto de todos los elementos a los que la sociedad tiene necesidad de recurrir para conseguir el objeto 

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social, lo que constituye, al mismo tiempo, la única garantía verdadera del pago de las deudas sociales.

 3.2. FUNCIÓN DE GARANTÍA.- La presente función se cumple por medio de la obligación legal  de mantener el  valor del  activo de la sociedad por sobre el  valor del  pasivo,  en una cuantía por lo menos igual a la cifra del capital. Vale decir, no es suficiente que el activo social alcance a cubrir las deudas frente a terceros, se exige que sea superior: la medida mínima de esa superioridad está dada por el valor del capital social. Por ello, desde este punto de vista se ha afirmado que el capital social es la parte del activo total libre de acreedores, razón por la cual   su   contenido   deviene   sinónimo   de   “patrimonio líquido”.   Sin   embargo,   es  menester puntualizar  que esta propuesta sinonimia se verifica en el  caso que el  capital  sea  la única cuenta  que   integre  el  patrimonio  neto,  hipótesis  en   la  que  ambos  conceptos   resultan   -al menos   nominalmente-   coincidentes.   Este   supuesto,   aunque   puede   parecer   de   dudosa procedibilidad en la práctica, sería constatable en el momento inicial de la sociedad.

Pero la garantía que el capital social implica para los acreedores, en rigor no es tal toda vez que el mismo no Involucra un núcleo especial de bienes. Por ello se insiste en el carácter indirecto de esta garantía, que no se traduce en un componente físico efectivo sobre el cual pueden avanzar los terceros, sino en una cifra de retención, una dimensión contable que impide el reparto de dividendos sin que los elementos del activo cubran las deudas y la cifra del capital.

La función de garantía del capital, como se advierte por los desarrollos precedentes adquiere un sentido dual referido a la protección de los acreedores frente a los socios y frente a las vicisitudes propias del giro comercial empresario.

 3.3. FUNCIÓN DE DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN DEL SOCIO

El capital social cumple una función básica como determinante de la posición del socio. Se afirma en consecuencia,  que a través de él se mide matemáticamente la responsabilidad y participación del accionista en la sociedad anónima.

En efecto,  el   capital   social   configura  el  parámetro  de  medición  de   los  siguientes  aspectos operativos de la entidad, delimitando: a) la responsabilidad de los socios; b) la participación de los socios en las utilidades; c) la participación de los socios en la cuota de liquidación; d) los derechos de los socios en la toma de las decisiones sociales; e) los derechos de los socios al mantenimiento de una determinada proporción en el paquete accionario.

 

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 PARTE II: EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL

Cuando una empresa del sistema financiero califica la viabilidad o rentabilidad de la concesión de   un   crédito,   toma   en   cuenta   un   conjunto   de   variables   económicas   que   finalmente determinarán si resulta conveniente o no otorgarlo. Una de las más importantes variables es el importe  del  capital  social  de  la  empresa solicitante de financiamiento.  ¿Por qué? Por  una sencilla razón: porque el capital social constituye una cuenta inamovible de la que se cobrarán los acreedores en caso de que los activos sociales no alcancen para satisfacer sus créditos. Por ello, antes de solicitar un préstamo, es común que las empresas se vean precisadas a realizar un aumento de capital,  a fin de presentarse como más confiables frente a sus potenciales acreedores. Igualmente, el aumento de capital en sí mismo puede constituir una fuente de financiamiento,   si   es   que   éste   se   produce   por   nuevos   aportes   de   los   socios,   es   decir, inyectando más dinero a la empresa.

 1. CAPITAL NOMINAL Y CAPITAL REAL

El capital, desde un punto de vista técnico, es el punto de referencia fundamental para obtener una adecuada comprensión de los diversos principios configuradores de la disciplina propia de las   sociedades  anónimas.   En   torno  al   concepto  de   capital   gira   la  problemática   relativa  al balance, a la publicidad de los actos sociales, a la responsabilidad de la sociedad frente a los acreedores; en síntesis, al significado que esa disciplina viene a asumir en las sociedades de capital, sean de pequeñas o grandes dimensiones.

El   capital   social   sigue   siendo   una   realidad   primaria   y   sustancialmente   jurídica,   una   cifra estatutariamente   determinada   con   carácter   único   y   vocación   de   permanencia,   a   la   que corresponden sobre todo funciones, como la del cálculo de la participación del socio en el patrimonio y en las actividades sociales y, especialmente, la garantía de los acreedores, en cuanto opera como cifra de retención de valores en el activo.

Sin embargo, en el sector de las sociedades de capital, este vocablo es utilizado de manera un tanto promiscua: así por ejemplo, se acostumbra hablar de “capital”, de “capital social”, de “capital suscrito”, de “capital pagado”, de “capital desembolsado”, de “capital autorizado”, de “capital propio”, de “capital de terceros”, de “capital de crédito”, de “capital de riesgo”, de “capital nominal”, de “capital efectivo”, de “capital real”, etc.

De los múltiples y diversos significados de ese término, sólo nos interesa por ahora intentar trazar las diferencias existentes entre los conceptos de “ capital nominal” y de “capital real” o “ capital efectivo“, debido a sus evidentes repercusiones en tema de aumentos de capital.

El   “capital nominal”   consiste   en   aquella   cifra   establemente   determinada   en   el   pacto constitutivo de la sociedad, que será objeto de inscripción en la primera partida del pasivo correspondiente al balance de apertura y, sucesivamente, en los correspondientes balances de ejercicio. El “capital real”, por su parte, indica aquella fracción “ideal” del patrimonio social destinada a dar cobertura en el activo del balance a la cifra que, como capital social, figura en el pasivo del mismo.

El “capital nominal “, en tanto en cuanto no se proceda a su modificación en la forma prevista por   la   ley,   permanece   siempre   fijo   (gracias   al   denominado   “principio de estabilidad,

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permanencia o invariabilidad“), a diferencia del patrimonio social que está sujeto a continuas oscilaciones por consecuencia del ciclo económico imputable a la actividad social. Por eso, una vez iniciada la actividad social, el capital va a identificarse sólo con una fracción del patrimonio que figura en el balance de la sociedad, pues la correspondencia plena entre capital nominal y patrimonio neto sólo queda limitada, prácticamente, al momento constitutivo de la sociedad. Desde este punto de vista, el capital nominal no sólo desempeña una trascendental función en orden a   la  estructuración de  la  actividad social,  sino que también cumple una  importante función de garantía con relación a los intereses de terceros y de los propios socios, quienes desearán saber   la   situación patrimonial  de  la  sociedad,  aunque sólo sea para  conocer   los dividendos que podrían corresponderles.

 

2. NOCIÓN DE AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ sostiene que “el aumento del capital social consiste en añadir al propio capital de la sociedad que ya fue constituida, nuevas aportaciones”.

ELÍAS  LAROZA,  por   su  parte,  define  el  aumento  de  capital   como “la realización de nuevos aportes de bienes o derechos a favor de la sociedad, que incrementan o fortalecen su activo y mejora su situación económica, a cambio de la entrega a los aportantes de nuevas acciones o del aumento del valor nominal de las acciones existentes”.

Por nuestra parte, el aumento de capital consiste en aquella actividad en virtud de la cual la sociedad a través de nuevos aportes, fortalece su situación patrimonial, en contraprestación de acciones o incremento del valor de las ya existentes.

 

3. PRESUPUESTOS DEL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL

 3.1. PRESUPUESTOS JURÍDICOS

El aumento del capital social, denominado GASTÓN CERTAD como los aumentos de la cifra-capital, no deja de provocar una cierta sensación contradictoria en el jurista, habida cuenta de que la “estabilidad” o “inalterabilidad” del capital social ha sido siempre considerada uno de los principios ordenadores en las sociedades de capital, ya que sólo de este modo cabe satisfacer su triple función: garantía de  los acreedores,  elemento básico para  la determinación de  la posición de socio y cifra de limitación de responsabilidad. A pesar de ello, este principio de “fijeza” del capital social no entraña su inmodificabilidad, sino, únicamente, la imposibilidad de variarlo si no es a través del correspondiente proceso de modificación estatutaria, sometido a las formalidades señaladas por la ley.

El   aumento   de   capital   es,   sustancialmente,   una  modificación   al   alza   de   la   cifra-capital, elemento estructural fijado en los estatutos, de donde deriva lo esencial de su trascendencia, no   de   su   efecto   patrimonial,   si   bien   directamente   relacionado   con   la   financiación   de   la sociedad, constituyendo el núcleo del tratamiento jurídico, situado en el campo de aplicación de los principios de permanencia y efectividad, el mantenimiento de esa función de garantía para los acreedores sociales y la protección de los accionistas.

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La Ley General de Sociedades recoge en el Libro II, Sección Quinta, Título Segundo las normas referidas al aumento de capital,  de las cuales pueden ser consideradas como presupuestos jurídicos para la realización del aumento del capital social los siguientes artículos:

�      Artículo 201 referido al órgano competente y formalidades, cuyo texto prescribe que “El aumento de capital se acuerda por junta general cumpliendo los requisitos establecidos para la modificación del estatuto, consta en escritura pública y se inscribe en el Registro”.

�     Artículo 202 referido a las modalidades del aumento de capital, cuyo texto prescribe que “El aumento de capital puede originarse en:

1) Nuevos aportes;

2) La capitalización de créditos contra la sociedad, incluyendo la conversión de obligaciones en acciones;

3) La capitalización de utilidades, reservas, beneficios, primas de capital, excedentes de revaluación; y,

4) Los demás casos previstos en la ley.

�     Artículo 204 referido al requisito previo del pago de todas las acciones suscritas, cuyo texto prescribe que “Para el aumento de capital por nuevos aportes o por la capitalización de créditos contra a sociedad es requisito previo que la totalidad de las acciones suscritas, cualquiera sea la clase a la que pertenezcan, estén totalmente pagadas. No será exigible este requisito cuando existan dividendos pasivos a cargo de accionistas morosos contra quienes esté en proceso la sociedad y en los otros casos que prevé esta ley”.

�      Artículo   211   referido   a   la   publicidad   del   proceso   de   aumento   de   capital,   cuyo   texto prescribe que “La junta general o, en su caso, el directorio, establece las oportunidades, monto, condiciones y procedimiento para el aumento, todo lo que debe publicarse mediante un aviso. El aviso no es necesario cuando el aumento ha sido acordado en junta general universal y la sociedad no tenga emitidas acciones suscritas sin derecho a voto”.

El contenido del artículo 201 de la Ley General de Sociedades permite advertir la necesaria concurrencia  de  otros  elementos  para   la   realización  del  aumento de  capital  no señalados expresamente en el Libro II, Sección Quinta, Título Segundo, pero previstos en otras normas del acotado cuerpo normativo dentro de los cuales podemos señalar:

�     Artículo 54 incisos 1, 3 y 4 referido a ciertos datos que debe comprender el pacto social, en este caso, del  aumento de capital  social,  cuyo texto prescribe que “El pacto social contiene obligatoriamente:

1) Los datos de identificación de los fundadores. Si es persona natural, su nombre, domicilio, estado civil y el nombre del cónyuge en caso de ser casado; si es persona jurídica, su denominación o razón social, el lugar de su constitución, su domicilio, el nombre de quien la representa y el comprobante que acredita la representación; (el presente requisito se entiende exigible cuando el aumento de capital determina la presencia de nuevos accionistas)

3) El monto del capital y las acciones en que se divide;

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4) La forma como se paga el capital suscrito y el aporte de cada accionista en dinero o en otros bienes o derechos, con el informe de valorización correspondiente en estos casos;

�      Artículo 55 incisos 5 y 6 referido a ciertos datos que debe comprender el estatuto, cuyo texto prescribe que “El estatuto contiene obligatoriamente:

5) El monto del capital, el número de acciones en que está dividido, el valor nominal de cada una de ellas y el monto pagado por cada acción suscrita;

6) Cuando corresponda, las clases de acciones en que está dividido el capital, el número de acciones de cada clase, las características, derechos especiales o preferencias que se establezcan a su favor y el régimen de prestaciones accesorias o de obligaciones adicionales.

�     Artículo 198 referido al  órgano competente y requisitos formales para la modificación del estatuto, cuyo texto prescribe que “La modificación del estatuto se acuerda por junta general. Para cualquier modificación del estatuto se requiere:

1) Expresar en la convocatoria de la junta general, con claridad y precisión, los asuntos cuya modificación se someterá a la junta.

2) Que el acuerdo se adopte de conformidad con los artículos 126 y 127, dejando a salvo lo establecido en el artículo 120.

Desde la perspectiva jurídica debemos destacar, en primer lugar, la condición de modificación estatutaria que tiene el aumento de capital. Se trata, entonces, del resultado de un proceso que articula la voluntad social de realizar esa modificación, para conseguir aquella finalidad económica, asumiendo requisitos y consecuencias legalmente vinculadas a una determinada configuración normativa del capital.  En segundo lugar,  tenemos la  imagen del aumento de capital como proceso, esto es, como serie de actos de diversa naturaleza y significado jurídicos, vinculados entre sí por su concurrencia a un fin común -precisamente el aumento del capital- y necesarios para su consecución.

De acuerdo con  los preceptos  legales que recogen su régimen en nuestro Ley General  de Sociedades apenas transcritos, el proceso de aumento de capital estaría comprendido por las siguientes etapas:

�      Junta  General,   usualmente  especial,   en  donde   se   acuerda   el   aumento  de   capital   y   la consiguiente modificación estatutaria, para lo cual conforme al artículo 198 numeral 2 de la Ley General de Sociedades, que nos remite al artículo 126 del acotado texto, se requiere un quórum calificado, es decir, que en primera convocatoria, cuando menos, la concurrencia de dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto y en segunda convocatoria basta la concurrencia de al menos tres quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto; debiendo   el   acuerdo   societario   contar   la   aprobación   por   un   número   de   acciones   que represente, cuando menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.

�     Suscripción del Acta de Junta General; documento que deberá contener la información que el  artículo  62 del  Reglamento  del  Registro  de Sociedades,  Resolución del  Superintendente Nacional   de   los   Registros   Públicos  N°   200-2001-SUNARP-SN,   exige   en   el   documento   que contiene el acuerdo societario:

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a)            El importe y la modalidad del aumento;

b)             El  número de nuevas acciones creadas, o en su caso emitidas, su clase y, cuando corresponda, el nuevo mayor valor nominal de las existentes, con la  indicación de si están parcial o totalmente pagadas;

c)            El nuevo texto del artículo o artículos pertinentes al capital social; y,

d)            Cualquier otra información que exija la Ley o este Reglamento.

�     Escritura Pública de Modificación de Estatutos, la cual según artículo 61 del Reglamento del Registro de Sociedades, Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 200-2001-SUNARP-SN, debe contener la siguiente información:

a)            El acta de la junta general que contenga el acuerdo de modificación, con la indicación de los artículos que se modifican, derogan o sustituyen y el texto de los artículos sustitutorios o adicionales;

b)             En   caso  que   la  modificación   la   acuerde  el  directorio,  por  delegación  de   la   junta general, el acta de la sesión de directorio que satisfaga los requisitos indicados en el inciso precedente,  y el  acta de  la  junta de accionistas  que delega en el  directorio  la  facultad de modificar, derogar, sustituir o agregar determinados artículos del estatuto;

c)             Si  la decisión la adopta el gerente general,  por delegación de la junta, tal decisión debe  expresarse  en   la  escritura  pública.  En  ésta   se   insertará  el   acta  en   la  que   consta   la delegación para modificar, derogar, sustituir o agregar determinados artículos del estatuto.

Desde una óptica estrictamente técnico-jurídica, el aumento del capital nominal, al alterar la base capitalista de la sociedad, entraña una operación jurídico-formal que, si bien suele ser causa   de   motivaciones   de   índole   económico-financiera,   sin   embargo,   proyecta   sus consecuencias sobre el armazón en que descansan los derechos y deberes de los accionistas, ya que su participación en la sociedad puede verse alterada -disminuida- gracias al mismo.

El aumento de capital es un mecanismo jurídico de precisión que interesa tanto a los socios como a los acreedores: a estos, por lo que respecta a la certeza y conservación de sus derechos de crédito; a aquellos, en lo que atañe a la posibilidad de realización de los fines sociales y a su posibilidad de participación en los dividendos que genere la sociedad.

Una cosa resulta incuestionable: el principio de realidad que informa la regulación del capital social   requiere,   inevitablemente,   que   todo   incremento  de  esa   cifra   estatutaria   tenga  una efectiva correspondencia patrimonial, es decir, “un contra-valor” que, como mínimo, debe ser igual al importe del aumento definitivamente ejecutado; pues bien, en atención al “origen” o “fuente” del contra-valor con cargo al cual tenga lugar la elevación de la cifra-capital, suelen distinguirse tradicionalmente,  como tendremos oportunidad de ver más adelante en forma más detallada,  dos tipos o  clases  de aumentos:   los  denominados  “aumentos  reales”  y   los llamados “aumentos nominales” o “puramente contables”.

En síntesis, frente al aumento de la cifra-capital, más que a una simple modificación de los estatutos   sociales,   asistimos  a  un  auténtico  cambio  en   la  propia  estructura   jurídica  de   la 

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sociedad, cuyas repercusiones habrán de alcanzar la esfera de los derechos de los socios y hasta la de los derechos de los acreedores, quienes, en principio, habrán visto fortalecida la garantía de cobro de sus créditos.

 

3.2. PRESUPUESTOS ECONÓMICOS

Las motivaciones económico-financieras de los aumentos de capital pueden ser de índole muy heterogénea.  Evidentemente,   toda operación de esta naturaleza supone,  en principio,  una reducción en la dependencia de los fondos ajenos mediante la captación de nuevos fondos y, al mismo tiempo, una elevación del límite máximo para la emisión de obligaciones. Claro que puede afirmarse, sintéticamente, que su finalidad característica sigue siendo la de contribuir al fortalecimiento del soporte financiero de la sociedad, esto es, a su “saneamiento“.

Explícito   en   esa   primera   aproximación   al   tema   está   el   reconocimiento   del   significado económico del  aumento de capital,  como operación financiera,  o conjunto de operaciones financieras.  El   recurso a  esa vía  de financiación como alternativa al  crédito,  dentro de  los amplios márgenes de libertad que otorga el legislador, que no excluye la necesidad de atender los distintos intereses afectados, va a depender de múltiples circunstancias, relativas una a la propia empresa y otras a la situación del mercado.

Ante la expansión de las actividades propias de la empresa social,   la entidad necesitará de nuevos recursos económicos, evitando recurrir al mercado de crédito, para lo cual llamará a sus  accionistas   con  el  objetivo  de  conseguir   los   fondos  que  necesita.   En  otras  ocasiones, necesidades   de   saneamiento  financiero   producidas   como   consecuencia   de   situaciones   de desequilibrio   o   de   pérdidas   de   la   entidad,   pueden   justificar   el   recurso   a   los   socios   para conseguir el  incremento del capital necesario. También es posible que las ampliaciones del capital   no   persigan   una   función   directamente   financiadora   de   la   sociedad,   sino   que   se conviertan en procedimientos que, reconociendo la participación de los socios en reservas o beneficios no distribuidos, tengan por finalidad incorporar éstas al capital, lo que entraña una mayor garantía para los acreedores y, contemporáneamente, una retribución indirecta a los accionistas al entregarles los beneficios retenidos en el patrimonio social  no en numerario, sino a través de la disponibilidad de un mayor número de acciones o de un incremento del valor nominal de las ya existentes. Asimismo podría pensarse en que, por razones fiscales o de reordenación patrimonial interna, sea conveniente proceder a un aumento del capital social para tratar de normalizar la política de dividendos o de cotización bursátil de las acciones. Finalmente, el aumento de capital es posible que trate de alcanzar fines de muy dudosa licitud, como  por   ejemplo,   la   alteración   de   la   relación   de   poder   en   las   asambleas   generales   de accionistas, eliminando minorías “molestas” o enfrentadas a los integrantes del órgano gestor societario.

En conclusión, razones de carácter económico y de alcance general, vinculadas a la crisis de las economías,   acentúan   la   conveniencia   de   evitar   el   excesivo   endeudamiento   derivado   del recurso al crédito para su financiación y de recurrir con mayor frecuencia a aumentar el capital de las sociedades. Aquel riesgo adquiere particular gravedad y la oportunidad de recurrir al aumento de capital resulta específicamente conveniente en momentos, como los actuales, en 

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los que a las exigencias de lucha contra la inflación se unen las de adaptación de la estructura financiera de las empresas al desafío tecnológico y a la creciente competencia internacional, sin dejar de lado el beneficio que ello significa para los acreedores sociales y para los mismos socios, finalidad típica de la regulación societaria en general y del tratamiento del capital de la sociedad anónima en particular.

 

4. MODALIDADES DEL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL

Dentro de las modalidades que responden a la función económica apenas indicada, adquieren un amplio reconocimiento legal y doctrinal aquellas que resultan de distinguir entre diversos supuestos de aumento de capital, según la procedencia de los medios patrimoniales que se adscriben al mismo y sirven de cobertura al incremento de la cifra estatutaria. En razón de la tradición con que cuentan las clasificaciones binarias, pero también sin duda por su significado económico, suelen agruparse éstas distinguiendo, por un lado, aquellas en que se produce ingreso de nuevos medios patrimoniales en la sociedad -englobadas en las que se consideran manifestaciones  de un aumento denominado “real“,  “material“,  “absoluto”  o  “efectivo”  del capital- y aquellas otras que suponen un cambio de destino y régimen de bienes preexistentes en el patrimonio social que reciben el nombre de aumento “nominal” o meramente “contable“.

La Ley General de Sociedades recoge la aludida clasificación, según se puede desprender de una lectura del artículo 202 cuyo texto prescribe que “El aumento de capital puede originarse en:

1) Nuevos aportes;

2) La capitalización de créditos contra la sociedad, incluyendo la conversión de obligaciones en acciones;

3) La capitalización de utilidades, reservas, beneficios, primas de capital, excedentes de revaluación; y,

4)            Los demás casos previstos en la ley.

En conclusión, podemos agrupar en dos las modalidades de aumento de capital: 1°) aumento de capital social real o material; y, 2°) aumento de capital social nominal o contable.

                                 

4.1. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL REAL O MATERIAL

4.1.1. NUEVAS APORTACIONES

La presente  modalidad  de  aumento de  capital   social  agrupa  los  aportes  que consisten en dinero   efectivo   o   en   títulos   valores   equiparados   al   dinero   efectivo   (como   los   cheques certificados o cheques  de  gerencia)  y   los  que tienen por  objeto bienes  de otra  naturaleza susceptibles de valorización económica.

ELÍAS LAROZA en torno a la denominación de “nuevos aportes” sostiene que “todo aumento de capital entraña nuevos aportes, sin excepción, aunque sobre esta afirmación existen opiniones

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discrepantes en la doctrina. Luego si partimos de esa premisa no sería técnicamente correcto que la Ley, en el artículo 202 que comentamos, separe los nuevos aportes como una forma o modalidad de aumento de capital diferente de las otras. Sin embargo, las legislaciones lo hacen por razones doctrinarias, didácticas o prácticas, diferenciando los nuevos aportes “regulares” de bienes o derechos de aquellas diversas formas de capitalización de pasivos o de operaciones societarias especiales, como es el caso de la fusión”.

La denominación de subespecies (nuevos aportes) de una misma modalidad (aportes en sentido estricto) se justifica, desde el punto de vista económico, en la medida en que, en ambos casos, se incorporan al patrimonio social nuevos valores,  lo que ha permitido considerar a ambas como manifestaciones de un aumento de capital adjetivado de real, efectivo o material. En virtud del principio de correspondencia entre capital y patrimonio, se requiere que el aumento del primero tenga una efectiva contrapartida patrimonial que, en este supuesto, consiste en el ingreso de nuevos elementos patrimoniales en la sociedad, lo que significa que este primer grupo  englobaría   todos   aquellos   aumentos  en   los  que   la   elevación  de   la   cifra  de   capital suponga   un   incremento   equivalente   y   correlativo   del   patrimonio   social   y,   por   ende,   una elevación del patrimonio neto de la sociedad.

El aumento de capital con dinero efectivo o títulos equiparados a éste es considerado por la mejor doctrina como el supuesto tipo, en razón de la fuente del contra-valor, especialmente cuando se produce recurriendo a la emisión de nuevas acciones.

 

4.2. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL NOMINAL O CONTABLE

4.2.1. CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS Y OBLIGACIONES

El aumento de capital a través de la modalidad de capitalización de créditos y obligaciones significa que los acreedores de  la sociedad pueden aportar el  derecho a cobrar su crédito frente a ella, a cambio de recibir nuevas acciones o, inclusive, incrementar el valor nominal de las   acciones   existentes   (en   el   caso,   por   ejemplo,   que   los   acreedores   fuesen   también accionistas).

MONTOYA MANFREDI refiriéndose  al  aumento por  conversión de obligaciones  en acciones sostiene que dicha modalidad “comporta dos supuestos: si la conversión fue prevista al hacerse la emisión de las obligaciones, o si no se hizo esta previsión. Por otro lado también supone la conversión del crédito del acreedor en acciones de la sociedad, es decir, los supuestos involucran aquellos casos que provenga de un derecho de crédito materializado en un título llamado obligación o bono o simplemente un crédito reconocido por la sociedad a un tercero o accionista”.

GARRIGUES respecto a la presente modalidad de aumento de capital señala que “El legislador español ha creído también conveniente regular en el artículo 95 otro de los procedimientos internos de aumento del capital, usado frecuentemente en la práctica. Destaca en el precepto legal la necesidad de contar con la voluntad de los dos grupos interesados en la operación, accionistas y obligacionistas. Estos últimos han de prestar su consentimiento individual por la razón de que no se puede imponer a ningún obligacionista el trocar una posición segura como acreedor de un interés cierto, en una posición insegura como acreedor de un dividendo incierto”.

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En   cuanto  a   la   importancia  de   la  presente  modalidad  de  aumento  de   capital,  MONTOYA MANFREDI sostiene que “El aumento de capital para esta vía supone que la sociedad afronta dificultades económicas que le impiden hacer el servicio de los intereses de las obligaciones y que no existen inversionistas dispuestos a proveerla de recursos. En esta forma de aumento, si bien no se obtienen nuevos aportes, se alivia la situación de apremio en que se encuentra la sociedad. Si el valor de las obligaciones objeto del canje sobrepasa el valor en conjunto de las acciones, la diferencia será abonada por los obligacionistas o cubierta por las reservas libres, o con las utilidades de la sociedad”. En el mismo sentido se pronuncia ELÍAS LAROZA quien al respecto sostiene que “La sociedad, por su parte, se beneficia porque desaparece la obligatoriedad de pagar el crédito aportado, cesan de devengarse los intereses del mismo y un pasivo que debe pagarse de inmediato o a plazo se convierte en capital, o sea en una obligación secundaria que incrementa el patrimonio neto y que sólo es exigible después que se paguen todas las deudas sociales frente a terceros”.

En resumen, el aumento de capital a través de la capitalización de créditos y obligaciones es una operación que tiene exactamente los mismos efectos económicos que si la sociedad pagase el crédito, y, acto seguido, los acreedores aportasen el dinero cobrado, en favor de la sociedad, en calidad de un nuevo aporte dinerario, a cambio de acciones. Jurídicamente es el aporte de un crédito, que queda cancelado en forma inmediata por decisión del propio accionista, a cambio de acciones de la sociedad y que, en tanto es el aporte de un crédito, se encuentra previsto expresamente en el artículo 26 de la Ley General de Sociedades.

 

4.2.2. CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES

ELÍAS LAROZA trata en forma conjunta la capitalización de utilidades con la capitalización de reservas, en razón de que las reservas están constituidas, necesariamente, con utilidades de la sociedad;   posición   que   compartimos   plenamente,   pero   que   por   razones   de   didáctica preferiremos no seguir.

La capitalización de utilidades es una operación similar, desde el punto de vista económico, a una capitalización de créditos: es exactamente igual que si la sociedad reparte las utilidades a sus socios y ellos, acto seguido, aportan a la sociedad el dinero o activos que reciben como consecuencia de la distribución, en calidad de nuevo aporte. Desde el punto de vista jurídico es el   aporte  de  un  derecho  económico,   con  beneficios   inmediatos  en   favor  del  activo  de   la sociedad, también éstos últimos de carácter económico; y ello, a cambio de acciones. Luego, un aporte previsto expresamente por el artículo 27 de la Ley.

Las utilidades, al igual que el capital, son cuentas que integran el patrimonio neto pero que son intrínsecamente  diferentes  al  capital.  Ellas  pueden ser  distribuidas  en cualquier  momento, mediante un sencillo e inobjetable acuerdo de la junta general. Si eso ocurre, el activo de la sociedad sufre una merma inmediata, consistente en el reparto de dinero u otros bienes de su activo a los accionistas. Si son capitalizadas, la sociedad hace suyos esos activos, con fijeza y permanencia definitivos, desde que el pasivo capital tiene fecha indefinida y secundaria de pago. Desaparece, entonces, la amenaza de una pérdida rápida de activos, gracias al aporte de los accionistas de su derecho a cobrar las utilidades. Como consecuencia de ello y al igual que en cualquier otro aumento de capital, el activo social cobra mayor solidez y mejora la situación económica de la sociedad.

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En suma, es una forma de aumento de capital mediante el aporte de un derecho económico a la sociedad, que incrementa su activo permanente y que mejora su situación económica, a cambio de acciones, siendo muy distinto el balance de una sociedad con grandes utilidades y reservas libres y un capital menor que aquel que muestra una capitalización definitiva de esas utilidades y reservas.

 

4.2.3. CAPITALIZACIÓN DE RESERVAS

El término reserva, desde un punto de vista gramatical, supone la guarda o custodia que se hace de una cosa, o prevención de ella para que sirva a su tiempo. En un sentido puramente económico   el   vocablo   en   estudio   conecta   con   la   idea   de   previsión   y   ahorro,   como   algo consubstancial a todo individuo o persona, impuesto por el devenir incierto de la vida misma. Las sociedades mercantiles, respondiendo a esa necesidad de ahorro, sólo suelen repartir, en situaciones favorables, una parte de sus beneficios, destinando el resto de los mismos a la constitución de unos fondos de reserva para asegurar la estabilidad, continuidad y expansión de las empresas de que son titulares.

Las   reservas,   como  provisiones   destinadas   a   cubrir   necesidades   futuras,   las   contempla   la doctrina desde un punto de vista económico y jurídico.

�      Desde la perspectiva económica, en una primera fase, las reservas se concibieron como simples beneficios obtenidos por  la sociedad que no eran repartidos entre sus  integrantes (beneficios acumulados). Pero ésta restringida noción de reserva fue dando campo a una más amplia que las veía como conjunto de valores patrimoniales que las sociedades obtenían y retenían, a fin de atender futuras contingencias para asegurar la continuidad, el desarrollo y la expansión de sus empresas. Nótese que en este concepto tienen cabida no sólo los beneficios no   distribuidos,   sino   también   las   aportaciones   suplementarias,   las   primas   de   emisión   de acciones  y   los   incrementos  patrimoniales  derivados  de  una   regularización  de   los  balances (conocido en nuestro medio como “revalorización de activos“).

�     Desde la perspectiva jurídica, las reservas constituyen un excedente patrimonial por encima de   la   cifra   formal   del   capital   que   contablemente   se   materializa   en   unas   cuentas   que representan una fracción del activo neto de la sociedad o pasivo interno y que figuran en el pasivo   del   balance.   Siempre   desde   el   punto   de   vista   jurídico   no   deben   confundirse   los conceptos de “fondo de reserva” y “cuenta de reserva“: el primero se refiere a un conjunto de bienes que efectivamente se han acumulado en el patrimonio de la sociedad en relación con la situación económica de la misma, en tanto que con el segundo se identifica a la cifra del pasivo interno que por encima del capital social aparece en el pasivo del balance.

La doctrina mercantilista ha venido polemizando sobre la naturaleza de las reservas, habida cuenta de que su posible disponibilidad puede venir condicionada, no sólo por el origen de los fondos,   sino   también  por   su  mayor  o  menor  aproximación  al   concepto  de  capital:  en   las reservas hay que ver una medida del valor del patrimonio social que, junto con el capital y el beneficio anual, constituyen el patrimonio social neto. Las reservas, a diferencia del capital que permanece estable mientras no se modifiquen simultáneamente los estatutos sociales, son 

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esencialmente variables y están representadas por unas cifras o cuentas de retención, que aparecen en el pasivo del balance, distintas de la de capital,  y que normalmente tienen su contra-valor   diluido   en   los   elementos   patrimoniales   del   activo   social.   Ellas   cumplen   una función   o   finalidad  muy   variada,   desde   reforzar   el   capital   social   como   garantía   de   los acreedores   hasta   permitir   el   pago   de   dividendos   en   ejercicios   adversos   o   combatir   la depreciación monetaria con sus efectos negativos en el momento de reponer determinados elementos del activo o prevenir las dificultades que presenta el mercado de capitales cuando no es fácil la financiación de la empresa mediante el ahorro público acudiendo al aumento de capital o a la emisión de obligaciones.

El aumento de capital a través de la capitalización de reservas no supone, desde un punto de vista económico, un incremento del patrimonio, implicando jurídicamente sólo un aumento contable. Se produce, por tanto, un cambio en la estructura de las cuentas del pasivo, esto es, se opera simultáneamente un cargo en la cuenta de reservas y el correspondiente abono en la de capital. La operación se materializa en un acto: transformación de las reservas o beneficios en capital y la entrega de las nuevas acciones resultantes a los antiguos socios o el cambio por las nuevas acciones, si se ha decidido efectuarlo aumentando el valor nominal de los títulos primigenios.

Si   como de  acuerdo  al   citado  principio  de   correspondencia  entre   capital   y  patrimonio   se requiere que el aumento del primero tenga una efectiva contrapartida patrimonial, aquí ésta consiste en  la  realización de una simple operación contable por  la que se transforman en capital elementos patrimoniales que ya figuraban, por otros conceptos, en el balance social, sin  que,  por   tanto,  el  aumento signifique un  incremento  del  patrimonio  social.  De  ahí   su nombre de aumento “nominal“, “contable“, “gratuito” o “con cargo a fondos propios“.

 

4.2.4. CAPITALIZACIÓN DE BENEFICIOS

Según las normas de contabilidad universalmente aceptadas, entre las partidas del pasivo se incluye el  saldo acreedor de  la cuenta de pérdidas y ganancias,  o  lo que es  lo mismo,  los beneficios.  También,  como fondos propios,  se comprenden en el  pasivo,   los resultados de ejercicios anteriores y el  resultado del ejercicio actual;  estos dos apartados  implícitamente aluden   a   beneficios   de   la   sociedad   que,   tras   la   aprobación   de   las   cuentas   anuales   y   la propuesta de reparto del resultado, no han sido objeto de distribución como dividendos, ni destinados   específicamente   a   ninguna   cuenta.   Estos   fondos   -beneficios   no  distribuidos  ni asignados-, en esencia, tienen la misma naturaleza que las reservas en sentido estricto. Este remanente, en cuanto comprende beneficios sin distribuir ni asignar, que permanecen en el balance,   incrementando   la   financiación   propia   de   la   sociedad,   puede   ser   utilizado   para aumentar el capital social.

La   regulación   en   forma   separada  de   la   capitalización  de  beneficios   y   la   capitalización  de utilidades,  pese  a  su  naturaleza  coincidente,  motiva preguntarnos   la   justificación de dicho trato por la Ley General de Sociedades. Creemos que, en este caso, la legislación societaria ha querido incluir a todas las otras formas de beneficio o utilidad que puedan obtenerse en una sociedad anónima, dentro de las cuales podemos comprender a todo beneficio extraordinario 

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proveniente de operaciones ajenas al objeto social, ganancias de capital por enajenación de bienes del activo fijo o no-negociable, ingresos extraordinarios y, en general, toda utilidad no comprendida en las que se obtienen como consecuencia de las operaciones normales de la empresa; beneficios estos que son capitalizables, al igual que las utilidades y las reservas.

 

4.2.5. CAPITALIZACIÓN DE PRIMAS DE CAPITAL

La prima de capital es la suma que se obtiene en la colocación de acciones sobre su valor nominal, según lo señala el artículo 85 de la Ley General de Sociedades; norma que además establece que son  la   ley,   la  escritura  de constitución o  la   junta general  de accionistas   los llamados a establecer los términos y condiciones del pago de la prima y la aplicación de la misma.

La  prima  de  capital  es  una   forma  de  beneficio  para   la   sociedad,  pues  al   ser  pagadas   las acciones con prima ingresan a su activo aportes por un valor mayor (valor nominal más las primas) que el incremento de su pasivo en la cuenta capital social (valor nominal solamente). Se produce, en consecuencia, un aumento automático del patrimonio neto de la sociedad.

La   prima   de   capital   es   favorable   para   la   sociedad  pero   implica   un   desembolso   para   los accionistas que es superior al valor nominal de la acción que adquieren. Por ello, estos últimos no aceptarán normalmente el pago de la prima si el valor real del patrimonio neto no es mayor al valor nominal de la cuenta capital. En otras palabras, si el valor real de las acciones de la sociedad no es superior al nominal, con anterioridad a la determinación de la prima.

El artículo 233 de la Ley las trata como utilidades extraordinarias de la sociedad y permite, en ciertos casos, su distribución como dividendos. También señala que pueden ser capitalizadas. Por tanto, es una capitalización de la misma naturaleza que las comentadas en los numerales precedentes.

 

4.2.6. CAPITALIZACIÓN DE EXCEDENTES DE REVALUACIÓN

La revaluación de los activos de la sociedad hace aflorar las plusvalías ocultas en el balance y que provienen del aumento de los valores que puede haberse acumulado en el tiempo con respecto a los activos re valuados.

La aparición de estas plusvalías origina la contabilización de un beneficio o ganancia de capital que incrementa el patrimonio neto de la sociedad. Estos beneficios extraordinarios pueden ser capitalizados   o   distribuidos   como   dividendos   entre   los   accionistas,   aún   cuando,   como oportunamente veremos, no es aconsejable (o, a veces, prohibido por la ley), que el reparto como   dividendo   se   realice   antes   que   los   bienes   revaluados   sean   enajenados,   y   así   los beneficios de la revaluación adquieran una contrapartida de activos líquidos.

 

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4.2.7. OTROS CASOS PREVISTOS EN LA LEY.

La   Ley  General  de  Sociedades  en  el   inciso  4  del   artículo  202   concluye   señalando  que  el aumento de capital puede producirse de conformidad con otras modalidades especificadas en casos previstos por la Ley. La norma societaria se refiere, sin duda, a formas especiales en que se produce un aumento de capital,  no mencionadas en los primeros tres incisos del citado artículo y dentro de las que podemos encontrar:

El aumento automático del capital cuando el balance lo consigna con motivo de revaluaciones obligatorias, dispuestas por la ley, previsto en el artículo 205 de la Ley General de Sociedades, en donde la plusvalía que aflora resulta obligatoriamente capitalizada. Adviértase que en este caso no se trata de una modalidad distinta de aumento de capital sino de una forma diferente de registrarlo, por mandato de la ley. La esencia jurídica de éste caso sigue siendo la de un aumento de capital por revaluación del patrimonio de la sociedad.

La   capitalización   de   la   reserva   legal,   especialmente   prevista   en   el   artículo   229,   aunque tampoco se trata de una modalidad especial pues pertenece al rubro de la capitalización de reservas.

Las operaciones de fusión por absorción y de escisión con fusión, en muchos casos, originan modalidades especiales de aportes y aumentos de capital  en  las sociedades absorbentes o beneficiarías de la escisión.

 

5. ÓRGANO COMPETENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL

5.1. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El artículo 201 de la Ley General de Sociedades dispone que el aumento de capital se acuerda por Junta General cumpliendo los requisitos establecidos para la modificación del estatuto.

La norma societaria reconoce de esta manera la facultad, no exclusiva, de disponer el aumento (nominal o real) del capital social, debiendo en este ámbito reiterar los requisitos que debe concurrir  para   la  plena validez  del  acuerdo societario  que disponga  la  presente  operación jurídico-financiera.

La Junta General convocada a efectos de acordar el aumento de capital social deberá cumplir una   serie   de   exigencias   particulares,   tanto   para   su   instalación   como   para   la   validez   del acuerdo:

En cuanto a la instalación, debe cumplirse las exigencias del artículo 198 numeral 2 de la Ley General de Sociedades referido a la modificación del estatuto, norma que nos remite al artículo 126 del acotado texto legal y que requiere para la válida instalación de la Junta General que pretenda el aumento del capital social, la presencia de un quórum calificado, es decir, que en primera convocatoria, cuando menos, la concurrencia de dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto y en segunda convocatoria basta la concurrencia de al menos tres quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto.

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En cuanto al acuerdo, debe cumplirse las exigencias del artículo 127 de la Ley General de Sociedades, que dispone que el acuerdo societario debe contar con la aprobación por un número de acciones que represente, cuando menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.

El  Acta  de  la   Junta  General,  a  fin de proceder  a  su posterior  protocolización,  que deberá contener   la   información   que   el   artículo   62   del   Reglamento   del   Registro   de   Sociedades, Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 200-2001-SUNARP-SN

El   importe   y   la  modalidad   del   aumento   (nuevos   aportes,   capitalización   de   créditos   u obligaciones,   capitalización   de   utilidades,   reservas,   beneficios,   primas   de   capital   o excedentes de revaluación o demás casos previstos en la ley);

El   número   de   nuevas   acciones   creadas,   o   en   su   caso   emitidas,   su   clase   y,   cuando corresponda, el nuevo mayor valor nominal de las existentes, con la indicación de si están parcial o totalmente pagadas;

El nuevo texto del artículo o artículos pertinentes al capital social; y, Cualquier otra información que exija la Ley o este Reglamento.

 

5.2. EL DIRECTORIO

El   artículo   206   inciso   2  DE   LA   Ley  General   de   Sociedades   faculta   a   la   Junta  General   de Accionistas para delegar en el  Directorio  la atribución de acordar uno o más aumentos de capital. En el presente caso existe una delegación más completa, que incluye el acuerdo mismo de aumentar el capital, por lo que la normatividad societaria pone estrictas condiciones:

a)             Los  aumentos  delegados  sólo  pueden ser  hasta  determinada  suma,  que  tiene un máximo:  el   100% del   capital  pagado  de   la   sociedad,  que  existía  al  momento  en  que   fue acordada la delegación.

b)            Sólo pueden acordarse los aumentos mediante nuevos aportes o por capitalización de créditos existentes contra la sociedad.

c)            El plazo máximo de la delegación es de cinco años.

d)            Dentro de las condiciones referidas, se puede delegar en el Directorio la facultad de decidir  esos  aumentos   y   las  oportunidades,  montos,   condiciones  y  procedimientos  de   los mismos.

El  caso de delegación de facultades al  Directorio para  llevar a cabo el  aumento de capital social,   plantea   la   necesidad   de   señalar   que   en   la   Escritura   Pública   de  Modificación   de Estatutos,   el   artículo   61   del   Reglamento   del   Registro   de   Sociedades,   Resolución   del Superintendente  Nacional  de  los  Registros  Públicos  N°  200-2001-SUNARP-SN,  exige  que se inserte el  acta de  la sesión de directorio que contenga el  acuerdo de modificación,  con la indicación de los artículos que se modifican, derogan o sustituyen y el texto de los artículos sustitutorios   o   adicionales,   además  del   acta   de   la   junta   de   accionistas   que   delega   en   el directorio   la   facultad  de  modificar,  derogar,   sustituir  o  agregar  determinados  artículos  del estatuto.

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CONCLUSIONES

El aumento de capital consiste en aquella actividad en virtud de la cual la sociedad a través de nuevos   aportes,   fortalece   su   situación   patrimonial,   en   contraprestación   de   acciones   o incremento del valor de las ya existentes.

El  aumento de capital  presenta una serie  de presupuestos   jurídicos y  económicos  para su concurrencia; en cuanto a los primeros, estos se encuentran   delimitados por las exigencias formales   que   establece   la   normatividad   societaria,   en   cuanto   a   los   segundos,   estos   se encuentran determinados  por  los   factores   internos de  la  sociedad que motivan recurrir  al aumento de capital.

El   aumento   de   capital   presenta   modalidades   en   su   realización,   adquiriendo   un   amplio reconocimiento legal y doctrinal aquellas que resultan de distinguir entre diversos supuestos de aumento de capital, según la procedencia de los medios patrimoniales que se adscriben al mismo   y   sirven   de   cobertura   al   incremento   de   la   cifra   estatutaria.   Las  modalidades   de aumento   del   capital   social   sobre   dicho   criterio   se   encuentran   agrupados   en   dos   claros sectores: 1°) aumento de capital social real o material; y, 2°) aumento de capital social nominal o contable. La Ley General de Sociedades en su artículo 202 recoge la aludida clasificación.

El   aumento   de   capital   social   real   o   material   comprende   las   denominadas   “nuevas aportaciones”,  es  decir,   los  aportes  que  consisten  en  dinero  efectivo  o  en  títulos  valores equiparados al dinero efectivo (como los cheques certificados o cheques de gerencia) y los que tienen por objeto bienes de otra naturaleza susceptibles de valorización económica.

El aumento de capital social  nominal o contable; comprende la capitalización de créditos y obligaciones y capitalización de utilidades, reservas, beneficios, primas de capital y excedentes de revaluación.

El acuerdo de aumento del capital social es plenamente válido y, fundamentalmente, oponible a terceros, transcurrido el plazo de ley, a partir del momento en que se efectúa la inscripción ante los Registros Públicos, concretamente, en el Registro de Sociedades.