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3ºA Turno Matutino Rodolfo Manuel Cuellar Delgadillo
[ARTÍCULO 20 “NUEVO
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
CON BASE EN LA PUBLICIDAD
Y PERIODISMO”]
Derecho Constitucional impartida por el Dr. José de Jesús Covarrubias Dueñas
............................................................. ÍNDICE
DISPOCISIONES GENERALES DEL ARTICULO 20 CONST. ............. 1
ACUSATORIO .................................................................................... 1
ORAL ................................................................................................... 2
PUBLICIDAD ....................................................................................... 2
CONTRADICCIÓN. ........................................................................... 2
CONCENTRACIÓN ........................................................................... 2
CONTINUIDAD .................................................................................. 2
INMEDIACIÓN ................................................................................... 2
ANTECEDENTES .................................................................................. 4
ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL. GARANTÍAS DEL ACUSADO.
........................................................................................................... 17
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN NUESTROS DÍAS ......... 22
CONFIANZA ......................................................................................... 23
INCIDENCIA DE DELITOS ........................................................................ 24
LAS DENUNCIAS ................................................................................... 25
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA ................................................................ 25
MEDIR UN PROCESO PENAL JUSTO ...................................................... 26
REVISAR LAS CÁRCELES ........................................................................ 26
SISTEMA DE JUSTICA PENAL INQUISITIVO VS. NUEVO SISTEMA
DE JUSTICIA PENAL EN LA PUBLICIDAD ....................................... 27
CONCLUSIÓN .................................................................................. 30
PROPUESTAS ..................................................................................... 30
1
DISPOCISIONES GENERALES DEL ARTÍCULO 20 CONST.
El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los
principios de publicidad, contradicción, concentración,
continuidad e inmediación.
ACUSATORIO
Antes de la reforma se calificaba al proceso mexicano como un
sistema mixto, e incluso unos autores lo mencionaban como un
sistema inquisitivo.
Luigi Ferrajoli apunta:
“Se puede llamar acusatorio a todo sistema procesal que
concibe al juez como sujeto pasivo rígidamente separado de las
partes y al juicio como una contienda entre iguales, iniciada
por la acusación, a la que le compete la carga de la prueba,
enfrentada, a la defensa en un juicio contradictorio, oral y
público y resuelta por el juez según su libre convicción.”
Un sistema penal acusatorio se distingue por una clara
separación de funciones, es decir, que las funciones de acusar y
juzgar quedan claramente separadas entre sí.
Enrique Ochoa Reza señala que el proceso acusatorio
comprende 4 etapas:
1. La investigación conducida por el fiscal y la policía
investigadora
2. La investigación ministerial
3. La actuación de un juez de control, quien vigila el respeto
de los derechos constitucionales durante la etapa
investigativa.
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4. El juicio, donde el juez de un tribunal oral determinará
objetiva e imparcialmente la culpabilidad o inocencia del
indiciado.
ORAL
Oralidad significa que las actuaciones principales del proceso se
realizan en forma verbal.
Es menester referirse a la figura del juicio oral como un concepto
derivado del principio de oralidad, pues hay que entender a
éste como el más importante de los principios rectores del
proceso penal acusatorio.
PUBLICIDAD
Se opone a secreto, característico del enjuiciamiento inquisitivo.
Es una garantía política del proceso.
CONTRADICCIÓN.
Este principio permite el equilibrio entre las partes. Los actos de
cada sujeto procesal estarán sujetos al control del otro.
CONCENTRACIÓN
Su finalidad es lograr el debate procesal en pocas audiencias.
CONTINUIDAD
Ininterrupción del proceso.
INMEDIACIÓN
Recepción, por el propio juzgador, de las pruebas y de los
alegatos con los que formará su convicción.
I. Proceso penal tiene por objeto el esclarecimiento de los
hechos, protección al inocente, no impunidad y
reparación de los daños.
II. Audiencias en presencia del juez realizadas de manera
libre y lógica.
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III. Se consideran como prueba aquellas desahogadas en la
audiencia de juicio, la ley establecerá las excepciones y
requisitos para admitirlas.
IV. Juicio ante juez que no haya conocido del caso
previamente. Presentación de los argumentos y elementos
probatorios se desarrollarán de manera pública,
contradictoria y oral.
V. Carga de la prueba corresponde a la parte acusadora.
VI. No se tratarán asuntos sin que estén las dos partes
presentes, respetando siempre el principio de
contradicción.
VII. Una vez iniciado el proceso penal, se podrá detectar su
terminación anticipada. Si el imputado reconoce ante la
autoridad judicial voluntariamente y con conocimiento de
las consecuencias, su participación en el delito y existen
medios para corroborarlo, el juez citará a audiencia de
sentencia. Se establecerán beneficios para el inculpado
cuando acepte su responsabilidad.
VIII. Juez sólo condenará cuando exista convicción de la
culpabilidad del procesado.
IX. Prueba obtenida con violación de derechos
fundamentales es nula.
X. Principios del art. También se observarán en audiencias
preliminares.
El artículo 20 de la Contstitucion Mexicana, ha sufrido 7 reformas
y 2 Fe de Erratas, desde 1982 hasta 2011.
La más reciente fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día 14 de Julio del año 2011.
Los nuevos derechos que le fueron reconocidos a la víctima,
previstos en el inciso C, del artículo 20 constitucional, son los
siguientes:
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1. Intervenir en el juicio. De esta manera se estaría concretando
el principio de igualdad procesal entre las partes.
2. Interponer recursos ante autoridad judicial. De esta manera se
amplía el alcance del derecho a impugnar las resoluciones de
no ejercicio de la acción penal, incluyendo ahora también las
demás omisiones y determinaciones del Fiscal
3. Resguardo de identidad y otros datos personales. No obstante
que el inculpado tiene el derecho de ser juzgado en audiencia
pública, el derecho que tiene la víctima a ser protegido es
superior. Es por ello que la publicidad de los juicios orales puede
limitarse cuando sea indispensable proteger a la víctima
4. Protección garantizada por el Fiscal. La víctima tendrá a su
favor el hecho de que los jueces tendrán que vigilar que el fiscal
le garantice protección.
Antecedentes
Según el libro “Dos siglos de Constitucionalismo en México”, se
pueden tomar varios antecedentes referidos al artículo 20.
Artículo 20 de la Constitución de 1857, se presento como 24 en
el Proyecto de la Constitución de 1856 y corresponde al 20 de
1917. Garantías del acusado en el juicio criminal.
El 14 de agosto de 1856, su estudio se dividió en cinco partes
donde se señalo la diferencia entre defensor y personero. Se
considero que el acusado podría ser oído por sí o por defensor o
personero. Se solicito la exclusión de la figura del personero y
definió quien es el defensor.
Después, se discutió, el 18 de agosto de 1856 sobre el delito. Se
pugnó por la supresión de la causa de acusación. Se entendió
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por la causa de acusación la personalidad legítima de
acusador así como se explicara al acusado la exposición de las
circunstancias del delito y cuerpo del mismo.
Se propuso el juicio por jurados como conciencia nacional y la
estructura del Poder Judicial. Se considero al jurado como la
expresión de la conciencia nacional y se menciono que el
jurado debía ser independiente de formas políticas aunque esté
en contra de estos juicios por la posibilidad de condenar a reos
confesos. Se considero y agrego que la declaración
preparatoria debía realizarse a las 48 horas de haber quedado
a disposición del juez.
Esto se aprobó el 27 de noviembre de 1856 con 79 votos a favor
y 1 en contra.
Fe de Erratas 6 de febrero de 1917
Articulo 20, fracción V. Primera columna dice “…violaciones de
los reglamentos gubernativos y de policía, el solicite, siempre
que se encuentren en el lugar de…”. Debe decir “… obtener la
comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite,
siempre que se encuentren en el lugar de…”
2 de diciembre de 1948
Articulo 20, fracción I. Juez debe fijar fianza o caución para
libertad provisional del acusado. “En todo juicio del orden
criminal tendrá el acusado las siguientes garantías:
I. El acusado será puesto inmediatamente en libertad
bajo fianza siempre y cuando que él lo solicite tomando
en cuenta sus circunstancias personales y la gravedad
del delito que se le haya imputado. Esto será válido
siempre y cuando la pena dictada por el juez no pase
de los 5 años de prisión, y sin más requisito que poner la
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suma de dinero respectiva a disposición de la autoridad
u otorgar caución hipotecaria o personal. En ningún
caso, la fianza bajo caución será mayor de $250,000.00,
a no ser que cause a la victima un daño patrimonial…”
Iniciativa presentada por Miguel Alemán Valdés, presidente de
la república en ese tiempo, el 1 de septiembre de 1947 a los
Senadores y el 17 de diciembre de ese mismo año a la Cámara
de Diputados. La cual se aprobó por unanimidad.
14 de enero de 1985
Articulo 20, fracción I. Libertad Provisional Bajo Caución. “En
todo juicio del orden criminal tendrá el acusado las siguientes
garantías:
I. Sera puesto en libertad provisional bajo caución
inmediatamente que lo solicite, tomando en cuenta sus
circunstancias personales y la gravedad del delito que
se le impute. Esto se hará valido solo si la pena no
exceda los 5 años de prisión, así también, poniendo la
suma de dinero respectiva u otorgándole otra caución
bastante para asegurarla, donde esta no excederá
durante dos años de salario mínimo general vigente a la
víctima. Si el delito es intencional y causa a la victima
daño y prejuicio patrimonial, la garantía será cuando
menos tres veces mayor al beneficio obtenido o a los
daños y prejuicios patrimoniales causados. Si el delito es
imprudencial, bastara que se garantice la reparación
de los daños y prejuicios patrimoniales.”
Iniciativa hecha el 5 de septiembre de 1984 por Miguel de la
Madrid cuando estaba a cargo de la presidencia.
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Fue aprobado por 44 votos y ninguno en contra por parte de
los Senadores. Y por 251 votos a favor y 61 en contra por
parte de la Cámara de Diputados.
3 de septiembre de 1993
Articulo 20. Reforma Penal. Elementos del Tipo Penal. “En todo
proceso de orden penal, tendrá el inculpado las siguientes
garantías:
I. Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la
libertad provisional bajo caución, siempre y cuando se
garantice el monto estimado de la reparación del daño y
las sanciones pecuniarias que en su caso puedan
imponerse al inculpado y no se trate de delitos en que por
su gravedad la ley expresamente prohíba conceder este
beneficio. En circunstancias que la ley determine, la
autoridad judicial podrá disminuir el monto de la caución
inicial. El juez podrá revocar la libertad provisional cuando
el procesado inculpa en forma grave con cualquiera de
las obligaciones que en términos de ley se deriven a su
cargo en razón del proceso.
II. No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será
sancionada por la ley penal, toda incomunicación,
intimidación o tortura. La confesión rendida ante cualquier
autoridad distinta del MP o del juez, o ante estos sin la
asistencia de su defensor carecerá de todo valor
probatorio…
IV. Siempre que lo solicite, será careado en presencia del juez
con quienes depongan en su contra…
VIII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tataré de delitos
cuya pena máxima no exceda de dos de prisión, y antes
de un año si la pena excediera de ese tiempo, salvo que
solicite mayor plazo para su defensa;
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IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los
derechos que en su favor consigna esta Constitución y
tendrá derecho a una defensa adecuada, por si, por
abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no
puede nombrar defensor, después de haber sido requerido
para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio.
También tendrá derecho a que su defensor comparezca
en todos los actos del proceso y este tendrá obligación de
hacerlo cuantas veces se le requiera; y
X. …las garantías previstas en las fracciones V, II y IX también
serán observadas durante la averiguación previa en los
términos y con los requisitos y limites que las leyes
establezcan, lo previsto en las fracciones I y II no estará
sujeto a condición alguna. En todo proceso penal, la
víctima o el ofendido por algún delito tendrá derecho a
recibir asesoría jurídica, a que se le satisfaga la reparación
del daño cuando procede a coadyuvar con el MP, a que
se le preste atención médica de urgencia cuando la
requiera y, los demás que señalen las leyes”
Iniciativa hecha el 2 de julio de 1993 y 8 de julio de 1993 por
grupos parlamentarias y aprobado el 19 de agosto de 1993 por
300 votos a favor y 20 en contra.
3 de julio de 1996
Articulo 20, fracción I. Reforma Penal. “…I. inmediatamente que
lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo
caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su
gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este
beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del MP, el
juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado
haya sido condenado con anterioridad, por algún delito
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calificado como grave por la ley o, cuando el MP aporte
elementos al juez para establecer que la libertad del inculpado
representa, por su conducta precedente o por las
circunstancias y características del delito cometido, un riesgo
para el ofendido o para la sociedad. El monto y la forma de
caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculpado.
En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial
podrá modificar el monto de la caución. Para resolver sobre la
forma y el monto de la caución, el juez deberá tomar en cuenta
la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las
características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento
de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios
causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en
su caso, pueda imponerse al inculpado. La ley determinara los
casos graves en los cuales el juez podrá revocar la libertad
provisional;…las garantías previstas en las fracciones I, V, VII y IX
también serán observadas durante la averiguación previa, en
los términos y con los requisitos y limites que las leyes
establezcan; lo previsto en la fracción II no estará sujeto a
condición alguna”.
Iniciativa hecha el 19 de marzo de 1996 por Ernesto Zedillo
Ponce de León, Presidente de la República. Aprobada el 1 de
abril de 1996 por 105 votos a favor y 3 en contra.
21 de septiembre de 2000
Articulo 20. Las victimas y los ofendidos en la comisión de ilícitos.
“En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el
ofendido tendrá las siguientes garantías:
A. Del inculpado:…
IV. Cuando así lo solicite, será creado, en presencia del juez
con quien deponga en su contra, salvo lo dispuesto en
fracción V del apartado B de este articulo;…
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B. De la víctima o del ofendido:
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos
que en su favor establece la constitución cuando lo
solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento
penal;
II. Coadyuvar con el MP, a que se le reciban todos los
datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto
en la averiguación previa como en el proceso, y a que
se desahoguen las diligencias correspondientes.
Cuando el MP considere que no es necesario el
desahogo de la diligencia, deberá motivar o fundar su
negativa;
III. Recibir desde la comisión del delito, atención médica y
psicológica de urgencia;
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea
procedente el MP estará obligado a solicitar la
reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al
sentenciado de dicha reparación si ha emitido una
sentencia condenatoria. La ley fijara procedimientos
agiles para ejecutar las sentencias en materia de
reparación del daño;
V. Cuando la víctima o el ofendido sean menores de
edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado
cuando se trate de delitos de violación o de secuestro.
En estos casos, se llevara a cabo en las condiciones que
establece la ley; y
VI. Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley
para su seguridad y auxilio”.
Iniciativa hecha el 28 de octubre de 1997 por parte de Miguel
Quiroz Pérez y Ricardo Monreal Ávila (PRI); 27 de abril de 1998
por José Espina Roehrich, Jorge López Vergara y Abelardo
Perales (PAN).
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Aprobado el 27 de abril de 1999 por 422 votos a favor, ninguno
en contra y 2 abstenciones.
18 de junio del 2008
Reforma penal, en atención a la funcionalidad de la norma. “El
proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios
de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e
inmediación.
A. De los principios generales:
I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de
los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable
no quede impune y que los daños causados por el delito
se reparen;
II. Toda audiencia se desarrollara en presencia del juez, sin
que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la
valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de
manera libre y lógica;
III. Para los efectos de la sentencia solo se considerarán como
prueba aquellas que hayan sido desahogadas en
audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y
los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada,
que por su naturaleza requiera desahogo previo;
IV. El juicio se celebrara ante un juez que no haya conocido
del caso previamente. La presentación de los argumentos
y los elementos probatorios se desarrollara de manera
pública, contradictoria y oral;
V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad
corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca
el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para
sostener la acusación o la defensa, respectivamente;
VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a
proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente
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la otra, respetando en todo momento el principio de
contradicción, salvo las excepciones que establece esta
Constitución.
VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no
exista oposición del inculpado, se podrá decretar su
terminación anticipada en los supuestos y bajo las
modalidades que determine la ley. Si el imputado
reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con
conocimiento de las consecuencias, su participación en el
delito y existen medios de convicción suficientes para
corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de
sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán
otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad;
VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la
culpabilidad del procesado; IX. Cualquier prueba obtenida
con violación de derechos fundamentales será nula, y X.
Los principios previstos en este artículo, se observarán
también en las audiencias preliminares al juicio.
B. De los derechos de toda persona imputada:
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su
responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de
la causa;
II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su
detención se le harán saber los motivos de la misma y su
derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado
en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la
ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La
confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá
de todo valor probatorio;
III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención
como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el
juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le
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asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la
autoridad judicial I - 25 podrá autorizar que se mantenga
en reserva el nombre y datos del acusador. La ley
establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o
sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación
y persecución de delitos en materia de delincuencia
organizada;
IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que
ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime
necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la
comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite,
en los términos que señale la ley;
V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal.
La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de
excepción que determine la ley, por razones de seguridad
nacional, seguridad pública, protección de las víctimas,
testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la
revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el
tribunal estime que existen razones fundadas para
justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones
realizadas en la fase de investigación podrán tener valor
probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o
exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin
perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o
impugnarlas y aportar pruebas en contra;
I. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su
defensa y que consten en el proceso. El imputado y su
defensor tendrán acceso a los registros de la
investigación cuando el primero se encuentre detenido
y cuando pretenda recibírsele declaración o
entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera
comparecencia ante juez podrán consultar dichos
registros, con la oportunidad debida para preparar la
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defensa. A partir de este momento no podrán
mantenerse en reserva las actuaciones de la
investigación, salvo los casos excepcionales
expresamente señalados en la ley cuando ello sea
imprescindible para salvaguardar el éxito de la
investigación y siempre que sean oportunamente
revelados para no afectar el derecho de defensa;
II. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de
delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de
prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese
tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;
III. Tendrá derecho a una defensa adecuada por
abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el
momento de su detención. Si no quiere o no puede
nombrar un abogado, después de haber sido requerido
para hacerlo, el juez le designará un defensor público.
También tendrá derecho a que su defensor
comparezca en todos los actos del proceso y éste
tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le
requiera, y
IV. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención,
por falta de pago de honorarios de defensores o por
cualquiera otra prestación de dinero, por causa de I - 26
responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La
prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que
como máximo de pena fije la ley al delito que motivare
el proceso y en ningún caso será superior a dos años,
salvo que su prolongación se deba al ejercicio del
derecho de defensa del imputado. Si cumplido este
término no se ha pronunciado sentencia, el imputado
será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el
proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas
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cautelares. En toda pena de prisión que imponga una
sentencia, se computará el tiempo de la detención.
C. De los derechos de la víctima o del ofendido:
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que
en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite,
ser informado del desarrollo del procedimiento penal;
II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban
todos los datos o elementos de prueba con los que
cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a
que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a
intervenir en el juicio e interponer los recursos en los
términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público
considere que no es necesario el desahogo de la
diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;
III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y
psicológica de urgencia;
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea
procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar
la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u
ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no
podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha
emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará
procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en
materia de reparación del daño;
V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en
los siguientes casos: cuando sean menores de edad;
cuando se trate de delitos de violación, trata de personas,
secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del
juzgador sea necesario para su protección,
salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
Párrafo reformado DOF 14-07-2011 El Ministerio Público
deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos,
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testigos y en general todas los sujetos que intervengan en
el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen
cumplimiento de esta obligación;
VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias
para la protección y I - 27 restitución de sus derechos, y
VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del
Ministerio Público en la investigación de los delitos, así
como las resoluciones de reserva, no ejercicio,
desistimiento de la acción penal o suspensión del
procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación
del daño.”
Iniciativa hecha el 29 de septiembre del 2006 (PAN); 19 de
diciembre del 2006 (diversos grupos parlamentarios); 6 de marzo
de 2007(PRI); 25 de abril de 2007 (diversos grupos
parlamentarios); 4 de octubre de 2007 (PRD [5 veces]).
Dictaminada el 11 de diciembre de 2007 y aprobada el 12 de
diciembre de 2007.
14 de julio de 2011
Trata de personas. “…A.…B.…C.…I. a IV. …V. Al resguardo de su
identidad y otros datos personales en los siguientes casos:
cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de
violación, trata de personas, secuestro o delincuencia
organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para
su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la
defensa. …VI. y VII. …”
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Artículo 20 Const. Garantías del acusado.
“El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los
principios de publicidad, contradicción, concentración,
continuidad e inmediación.
A. De los principios generales:
I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento
de los hechos, proteger al inocente, procurar que el
culpable no quede impune y que los daños causados
por el delito se reparen;
II. Toda audiencia se desarrollara en presencia del juez, sin
que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y
la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse
de manera libre y lógica;
III. Para los efectos de la sentencia sólo se consideraran
como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en
la audiencia de juicio. La ley establecerá las
excepciones y los requisitos para admitir en juicio la
prueba anticipada, que por su naturaleza requiera el
desahogo previo;
IV. El juicio se celebrara ante un juez que no haya conocido
del caso previamente. La presentación de los
argumentos y los elementos probatorios se desarrollara
de manera pública, contradictoria y oral;
V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad
corresponde a la parte acusatoria, conforme lo
establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad
procesal para sostener la acusación o la defensa,
respectivamente;
VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a
proceso con cualquiera de las partes sin que esté
presente la otra, respetando en todo momento el
18
principio de contradicción, salvo las excepciones que
establece esta Constitución.
VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no
exista oposición del inculpado, se podrá decretar su
terminación anticipada en los supuestos y bajo las
modalidades que determine la ley. Si el imputado
reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y
con conocimiento de las consecuencias, su
participación en el delito y existen medios de convicción
suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a
audiencia de sentencia. La ley establecerá los
beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando
acepte su responsabilidad;
VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la
culpabilidad del procesado; IX. Cualquier prueba
obtenida con violación de derechos fundamentales
será nula, y X. Los principios previstos en este artículo, se
observarán también en las audiencias preliminares al
juicio.
B. De los derechos de toda persona imputada:
V. A que se presuma su inocencia mientras no se declare
su responsabilidad mediante sentencia emitida por el
juez de la causa;
VI. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de
su detención se le harán saber los motivos de la misma y
su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser
utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será
sancionada por la ley penal, toda incomunicación,
intimidación o tortura. La confesión rendida sin la
asistencia del defensor carecerá de todo valor
probatorio;
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VII. A que se le informe, tanto en el momento de su
detención como en su comparecencia ante el Ministerio
Público o el juez, los hechos que se le imputan y los
derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia
organizada, la autoridad judicial I - 25 podrá autorizar
que se mantenga en reserva el nombre y datos del
acusador. La ley establecerá beneficios a favor del
inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda
eficaz para la investigación y persecución de delitos en
materia de delincuencia organizada;
VIII. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes
que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley
estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener
la comparecencia de las personas cuyo testimonio
solicite, en los términos que señale la ley;
IX. Será juzgado en audiencia pública por un juez o
tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos
de excepción que determine la ley, por razones de
seguridad nacional, seguridad pública, protección de
las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en
riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o
cuando el tribunal estime que existen razones fundadas
para justificarlo. En delincuencia organizada, las
actuaciones realizadas en la fase de investigación
podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser
reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o
víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del
inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar
pruebas en contra;
X. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su
defensa y que consten en el proceso. El imputado y su
defensor tendrán acceso a los registros de la
investigación cuando el primero se encuentre detenido
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y cuando pretenda recibírsele declaración o
entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera
comparecencia ante juez podrán consultar dichos
registros, con la oportunidad debida para preparar la
defensa. A partir de este momento no podrán
mantenerse en reserva las actuaciones de la
investigación, salvo los casos excepcionales
expresamente señalados en la ley cuando ello sea
imprescindible para salvaguardar el éxito de la
investigación y siempre que sean oportunamente
revelados para no afectar el derecho de defensa;
XI. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de
delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de
prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese
tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;
XII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por
abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el
momento de su detención. Si no quiere o no puede
nombrar un abogado, después de haber sido requerido
para hacerlo, el juez le designará un defensor público.
También tendrá derecho a que su defensor
comparezca en todos los actos del proceso y éste
tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le
requiera, y
XIII. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención,
por falta de pago de honorarios de defensores o por
cualquiera otra prestación de dinero, por causa de I - 26
responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La
prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que
como máximo de pena fije la ley al delito que motivare
el proceso y en ningún caso será superior a dos años,
salvo que su prolongación se deba al ejercicio del
derecho de defensa del imputado. Si cumplido este
21
término no se ha pronunciado sentencia, el imputado
será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el
proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas
cautelares. En toda pena de prisión que imponga una
sentencia, se computará el tiempo de la detención.
C. De los derechos de la víctima o del ofendido:
VIII. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que
en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite,
ser informado del desarrollo del procedimiento penal;
IX. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban
todos los datos o elementos de prueba con los que
cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a
que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a
intervenir en el juicio e interponer los recursos en los
términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público
considere que no es necesario el desahogo de la
diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;
X. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y
psicológica de urgencia;
XI. Que se le repare el daño. En los casos en que sea
procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar
la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u
ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no
podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha
emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará
procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en
materia de reparación del daño;
XII. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en
los siguientes casos: cuando sean menores de edad;
cuando se trate de delitos de violación, trata de personas,
secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del
juzgador sea necesario para su protección,
22
salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
Párrafo reformado DOF 14-07-2011 El Ministerio Público
deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos,
testigos y en general todas los sujetos que intervengan en
el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen
cumplimiento de esta obligación;
XIII. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias
para la protección y I - 27 restitución de sus derechos, y
XIV. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del
Ministerio Público en la investigación de los delitos, así
como las resoluciones de reserva, no ejercicio,
desistimiento de la acción penal o suspensión del
procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación
del daño.
Nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestros días
Según la investigación hecha por el director general del
periódico mural y su conferencia “El Nuevo Sistema de Justicia
Penal Acusatorio desde la Comunicación y el periodismo, se ha
implementado un análisis de cómo empezó este Nuevo Sistema
de Justicia Penal a implementarse en cada uno de los estados
de la República y en general en el País señalando 7 indicadores
para medir la experiencia de los funcionarios públicos,
abogados, jueces, fiscales, mediadores con los inculpados o
mejor dicho, imputados (como a ahora se les llama) y con las
víctimas del delito:
1. Mide la confianza
2. Incidencia de delitos
3. Las denuncias
4. Trato satisfactorio a las víctimas
23
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Amigos y Familiares
La marina
El ejercito
Los maestros
Los jueces
La policia Federal
La policia Estatal
La policia Municipal
Los partidos politicos
Confianza
5. Presunción de inocencia
6. Medir un proceso penal justo; y por ultimo
7. Revisar las cárceles
Confianza
Que tanto los usuarios de la justicia o ciudadanos creen en las
instituciones. El promedio nacional de confianza en las
instituciones es de 6.9% aproximadamente habiendo mas
desconfianza en los partidos políticos.
De esta grafica, se puede desglosar la Encuesta Nacional de
Victimización y Precepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), en
donde señala 23.3 millones de víctimas de 18 años y mas, lo cual
representa una tasa de prevalencia delictiva de 28,202 víctimas
por cada cien mil habitantes durante 2015, en donde hay más
delitos en contra del hombre que de la mujer.
24
0
500
1,000
1,500
2,000
Secuestro
0
20,000
40,000
60,000
80,000
Homicidio Doloso
0
2,000
4,000
6,000
8,000
Extorsión
0
20000
40000
60000
80000
Robo de vehiculo con violencia
Mientras los delitos suben, las denuncias bajan. Antes se
denunciaban 26 de cada 100 y ahora se denuncian 16 de cada
100 delitos.
Esto habla de la poca confianza que existe entre las personas
hacia las instituciones públicas.
Incidencia de delitos
Se puede cuestionar si, ¿el Nuevo Sistema de Justicia Penal nos
va a ayudar a tener una mejor convivencia?
Aquí algunas encuestas hechas por la Secretaria de Gobierno
con cifras hasta el 31 de octubre de 2016. Por cada 100 mil
habitantes:
25
Las denuncias
¿Qué tanto la gente se está acercando a denunciar? Hay un
promedio nacional en donde hay 19 denuncias por cada 100
delitos. En Jalisco es de 17 denuncias por cada 100 delitos y en
donde menos se denuncia es en Baja California y en Guerrero
gracias a la poca confianza que existe y se le tiene a las
instituciones públicas.
En el estado de Guerrero se llega a tener el menor índice de
desconfianza gracias a las protestas de los estudiantes y por los
desaparecidos en Ayotzinapa o allanamientos y ataques que
ha habido en las instalaciones del Ministerio Público y por el gran
sobajamiento por parte del narcotráfico en contra de las
instituciones del estado.
En Jalisco, la última encuesta realizada por el INEGI nos dice que
más de 1 millón 800 mil víctimas de delito en donde se pregunto
si a lo largo de su vida le había ocurrido un delito, robo, asalto,
etc., en donde todas estas personas encuestadas contestaron
que sí. Pero si nos vamos al número de denuncias que se
hicieron ese mismo año, no supera las 100 mil denuncias y solo
llegan a un poco más de 90 mil.
Esto habla de la muy poca confianza que existe hacia las
instituciones. Un factor seria en donde la persona perjudicada
va a denunciar a la Fiscalía y lo llegan a tardar más de 3 horas
en poder levantar la denuncia, en donde es muy poco
probable que dicha denuncia pueda ayudar a dar o a
encontrar al delincuente.
Presunción de inocencia
Con este Nuevo Sistema de Justicia Penal se le da un gran valor
a la persona y a la presunción de la inocencia, la cual es la gran
diferencia en comparación con el Sistema Penal Inquisitivo en
donde se debe confirmar la culpabilidad abiertamente. Hoy, al
26
imputado como a la victima el juez tiene que oírlos de la misma
manera y no tratar al delincuente hasta probar y confirmar que
este fue responsable de lo que se le acusa.
Medir un Proceso Penal Justo
Este nuevo proceso penal justo comienza desde la policía.
Desde el 2008 al 2016 fueron muy pocas las policías, los jefes
policiales, los alcaldes, los gobernadores, los procuradores
generales de la República que se dedicaron a organizar a sus
policías y darles una buena capacitación, varios policías no
saben y desconocen cómo llenar las nuevas formas, acordonar
la zona del delito, etc.
Se empezó a implementar el Nuevo Sistema de Justicia Penal
aquí en Jalisco (el cual empezó muy tarde) en el 2008, ya que
en el 2005, Jalisco estaba en los últimos lugares de
implementación. En el 2012, después del gobierno de Emilio
Gonzales Marques, Jalisco se encontraba en el penúltimo lugar
de implementación de dicho Sistema, donde gracias a esto, los
policías y cuerpos de seguridad pública y privada no contaban
con la capacitación necesaria para poder brindar a la
sociedad un buen servicio, por lo cual, se elevaba el grado de
impunidad.
Hasta el día de hoy, si un policía corrompe los derechos de
algún presunto culpable, el juez le tendrá que dar inmediata
libertad.
Revisar las cárceles
Con este Nuevo sistema, se busca que el menor porcentaje o las
menos personas llegue a las cárcel.es, es decir, que los delitos
no graves que son susceptibles de resolverse por otras vial
alternativas que no sean las penales, las cárceles sean el
entendimiento, la mediación, la reparación del daño, para que
27
los delitos que no sean graves no impliquen necesariamente
una pena de cárcel.
Esto se debe a que nuestras cárceles están convertidas en
escuelas de crimen, en refugios de la delincuencia organizada,
en fuentes inagotables de recursos por las autoridades que las
controlan que luego son fuente de financiamiento de la
delincuencia organizada.
Según un estudio, hay tan solo, midiendo solo lo que entraba
por los abarrotes a la cárcel que inexplicablemente terminaban
en manos de los presos y no a los administradores de las
cárceles, eran 5 millones mensuales tan solo a precio de factura,
pero si sacamos cálculos y si vemos que un agua que entraba a
5 pesos ellos en la cárcel la vendían a 20 y eso solo en los
productos legales. Pero si se suma también el tráfico de alcohol,
drogas, prostitución o hasta pago de privilegios, se hace una
suma inconmensurada de dinero que se maneja en las cárceles,
en donde lo peor de todo es que lucran hasta con la gente más
pobre.
Sistema de Justica Penal Inquisitivo vs. Nuevo Sistema
de Justicia Penal en la Publicidad
Los principales actores en la terminología de la publicidad, son:
La victima
El acusador
El imputado o el acusado
El defensor
El órgano jurisdiccional
Los facilitadores (despachos)
Los ministerios públicos
Los peritos (fundamentales para transformar y hacer una
policía mas científica)
28
El personal penitenciario (debe ejercer la autoridad en las
cárceles
Otro nuevo factor seria la Comunicación del Hecho Delictivo.
Gracias a esto y al Nuevo Sistema de Justicia Penal, acabó, en
gran parte, el periodismo amarillista que incitan a conductas
delictivas.
¿Qué se puede y que no se puede “reportear” en el Nuevo
Sistema de Justicia Penal?
1. Ya no se puede retratar al detenido como antes. Ahora se
debe cubrir al detenido ojos o alguna otra parte del rostro.
Si se trata de menores se debe de difuminar totalmente el
rostro. Pero al detenido, mientras no haya una sentencia
no se le puede exhibir como culpable
2. Ya no se puede dar el nombre completo por este principio
de presunción de inocencia que es la columna principal y
objetivo principal del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
3. Debe haber un cuidado muy especial de la escena del
crimen, ya que antes si el reportero llegaba tarde, y los
paramédicos y policías ya habían subido el cadáver a la
unidad de Servicio Público Forense pero estos eran sus
amigos, le bajaban al muerto, lo ponían de nuevo en la
escena del crimen para poder tomar la foto. En cambio,
hoy los policías deben estar capacitados para llegar y ser
los primeros en llegar a la escena del crimen para
acordonar la zona para resguardar todos los indicios y
rastros para poder esclarecer ese crimen. Antes solo se
ponía una cinta, pero ahora se debe de acordonar por las
cuatro esquinas formando un cuadrado para que nadie
ajeno pueda atravesarlas y preservar las huellas de sangre,
casquillos, arma. Huellas dactilares de los presuntos
culpables, indicios, etc.
29
4. Antes se podía pedir la información y declaración para
poder hacer la nota cualquiera de los que estuvieran ahí,
(el Ministerio Publico, el policía municipal, etc.). ahora se
puede seguir pidiendo la información, pero ya no como
una fuente oficial. Ahora el único que está facultado para
ser fuente confiable es el primero que llega a la escena del
crimen. Esto se usa para evitar culpabilidades falsas en
contra de personas terceras al hecho.
5. Si se quiere entrevistar a un menor de edad, antes solo
dependía de convencerlo, ahora se requiere el permiso de
los papas o tutores verbal y tácitamente. Si no existe dicho
permiso, la información se invalidara y los padres podrán
denunciar al periodista por abuso de confianza. Como ya
se había hecho énfasis, no se podrá publicar el rostro del
menor, ya que crecerá y esto le ocasionara algún ataque
por haber sido víctima de algún delito.
6. Negligencias médicas, donde antes solo bastaba con la
denuncia verbal de algún paciente que se acercaba
alguna oficina de redacción a la radio. Ahora para poder
imputar la presunta responsabilidad de negligencia
médica tiene que haber de por medio una denuncia
formal ante una instancia de una autoridad de las
presuntas víctimas de esa negligencia. Si no se levanta la
denuncia, no se puede difundir y acusar a nadie de
negligencia médica.
7. Se cambio la nomeglatura y los lenguajes para escribir las
notas. Ya no se puede hablar como delincuente, ratero,
narcotraficante, pederasta, ladrón, etc. sino como
“imputado(s)”.
8. La transparencia y la máxima publicidad de los hechos.
Hoy no se puede ir a buscar al juez para pedir acceso al
expediente del caso, se acaban las filtraciones de terceros
que querían dar a conocer alguna historia delictiva. Hoy el
30
periodista tiene la facilidad de estar presente en todo el
proceso, desde la detención, los alegatos y la sentencia
con la condición de no tomar fotografías o grabar audios y
videos, pero si hacer anotaciones.
9. Una vez dictada la sentencia, se podrán publicar las
fotografías del responsable y los señalamientos del delito.
Una vez que el juez ha declarado culpable a un individuo
se podrá comunicar si fue inculpado por el delito de robo,
homicidio, secuestro, etc.
10. Cualquier imputado que considere que fueron
violados sus derechos de presunción de inocencia por
algún medio de comunicación, si denuncia puede incluso
exigir el pago de daños y prejuicios de los medios.
Conclusión
1. La gran cuestión en México es saber si estamos bien o mal.
Hasta el día de ahora, se ha reducido el índice de
homicidio en un nivel muy importante gracias a este Nuevo
Sistema de Justicia Penal, en donde nuestro presidente
Enrique Peña Nieto apuesta por devolver la paz a nuestro
país.
2. Las cárceles están en una gran crisis, donde hay una
sobrepoblación, donde Jalisco esta dentro de los primeros
5 lugares después de Aguascalientes, Guanajuato,
Querétaro y después Jalisco.
Propuestas
1. Si queremos tener mejor seguridad publica en nuestras
calles y ciudades, primero tenemos que poner orden en
nuestras cárceles, que el estado retome el control de las
mismas. Pero mientras este en las manos de los carteles, las
cárceles se va a seguir vendiendo protección, o hasta
31
agua, refrescos, alimentos chatarra que venden a muy
altos precios y que después van a la delincuencia
organizada.
2. Se deben revisar protocolos de servicio, mejorar la calidad
en las instituciones públicas para el bienestar de los
ciudadanos ya que en una escala del 1 al 10, a las
personas que se les pregunta “¿Que tal fue el servicio de X
Institución Pública?” estas responden que la calidad del
servicio fue de un 5 a un 6 de calificación, dar respuesta a
los altos rangos de impunidad donde en solo Jalisco se
llega a un índice de un poco más de 50% de dicha
impunidad
3. Algo que debemos hacer todos los que estudiamos la
carrera de derecho y todos los que le vamos a dar forma a
este nuevo sistema de justicia penal, es el cómo lograr que
este índice de desconfianza baje.
Bibliografía
COBARRUVIAS DUEÑAS, José de Jesús, Dos Siglos de
Constitucionalismo en México, págs. 557, 797-918
Conferencia “El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio
desde la Comunicación y el periodismo” impartida por el
director general del periódico Mural.
Datos reales del INEGI
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Texto
Actual)