art. 0 n° 33

Art. 0:VOLANTAArt. 0:Año XIII · N0 33 · Julio 2012

DUEÑOS DE LATIERRA

“No acepten lo habitual comocosa natural pues en tiempos

de desorden, de confusióngeneralizada, de arbitrariedad

consciente, de humanidaddeshumanizada, nada debe

parecer imposible de cambiar”.

Bertolt Brecht

Un derecho hecho negocioTerrenos de la UNC en manos de empresas privadas

Art. 0:

Julio de 2012 · Foja 2

Art. 0:

S U M A R I O3 EDITORIAL

EEll ccoonnfflliiccttoo ppoorr llaa ttiieerrrraa

4 NEGOCIO URBANODDeessaarrrroollllaaddrreess ddee ddeessiigguuaallddaadd

7 VIVIENDA Y CONSTITUCÓNBBrreevvee hhiissttoorriiaa ddee uunn ddeerreecchhoo

8 EXPERIENCIA DE ORGANIZACIONSSoollaarreess ttiieerrrraa ddee nnaaddiiee,, ttiieerrrraa ppaarraa mmuucchhooss

10 ENTREVISTA A LUCIANO ROSSIUUnn bbaannccoo ppaarraa llooss eexxcclluuiiddooss ddeell mmeerrccaaddooiinnmmoobbiilliiaarriioo

12 FRENO A LA EXTRANGERIZACIÓNUUnnaa ddiissccuussiióónn qquuee nnoo ssee ddiioo:: llaa lleeyy yy llaassttiieerrrraass eenn mmaannooss eexxttrraannjjeerraass

14 ENTREVISTA A RAMIRO FRESNEDAFFrreennaarr llooss ddeessaalloojjooss,, uunnaa ccuueessttiióónn ddeeDDeerreecchhooss HHuummaannooss

16 PUEBLOS ORIGINARIOSLLooss ppuueebbllooss pprreeeexxiisstteenntteess aa llaa NNaacciióónn

18 UNIVERSIDAD Y SOCIEDADUUnn ppaarrqquuee,, jjuueeggoo ddee iiddeeaass

19 EN EL SENADORReeffoorrmmaa ddee llaa lleeyy ddee qquuiieebbrraass

20 TIRRAS “INTERNACIONALES”EExxppaannssiióónn eexxttrraannjjeerraa sseeggúúnn llaassnnaacciioonnaalliiddaaddeess

EQUIPO DE ASESORAMIENTOPRACTICANTES 2012

EQUIPO DE ASESORAMIENTOPRÁCTICAS PRE PROFESIONALES

COORDINADORA:AB. SILVANA BEGALA

TEXTOS PERIODÍSTICOS:JESICA COLAZOEZEQUIEL LUQUEVICTORIA DÍAZ

ADRIAN LARRAMENDI

DISEÑO GRÁFICO:SEBASTIÁN CHAUTEMPS

SUMARIO / STAFF

Año XIII · N0 33Julio de 2012

Art 0 es una publicación pensada para estudiantesde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

AUSPICIA ESTA EDICIÓN:CENTRO DE COMUNICACIÓN POPULAR

Y ASESORAMIENTO LEGAL (CECOPAL)Av. Colón 1141- 5000 Córdoba

República ArgentinaTelefax: (0351) 422 3528 / 425 4923

Asociación Civil:Resolución 285 “A”/86

Entidad de Bien Público:Resolución Nacional N0 3090

Afiliada a CEAAL (Consejo de Educación deAdultos de América Latina)

Esta publicación es posible gracias a lacolaboración solidaria de la Agencia de

Cooperación AlemanaKZE - MISEREOR.

La reproducción total o parcial de estostextos debe citar a la fuente.

Agradecemos a todos los que colaboraroncon imágenes para ilustrar este número

Las opiniones firmadas no reflejannecesariamente las de la institución.


Art. 0:EDITORIAL

esde siempre la tierra fue un ele-mento de conflictos y disputas encasi todo el mundo. Y la Argentina

no permaneció ajena a esta realidad.Es suficiente con recordar la forma enque les fue arrebatada a los pueblosoriginarios en el sur y el noreste delpaís, con el telón de fondo de un ver-dadero genocidio que la historia oficialbuscó embellecer bajo el nombre de “laconquista del desierto”.Hoy ese conflicto asume nuevas for-mas. La avidez por la ganancia delcapital empuja la expansión de la fron-tera agropecuaria, en particular lasojera, y desplaza a los pequeños ymedianos productores que, sin títulosde propiedad, habitaban y cultivabanesas tierras desde hace décadas, sinproducir daños ambientales. Y losempuja hacia las ciudades, ya que lasoja requiere muy poca mano de obra. Pero los fondos sojeros, entre ellos losque necesitan lavar el dinero porqueprovienen de la economía en negro,también terminan recalando en las ciu-dades para la felicidad de los desarro-llistas urbanos, ya que invierten endepartamentos, viviendas en barrioscerrados y megaemprendimientosinmobiliarios.La mayor demanda de suelo urbanoproduce, como es obvio, una suba delos precios y el valor de un lote sevuelve inalcanzable para los sectorespopulares. Como lógica consecuencia,el déficit habitacional sigue trepando y

hoy alcanza a tres millones de unida-des en todo el país.Los desarrollistas urbanos, con suenorme poder económico, la inaccióno la complicidad de los gobiernos y laausencia de planificación urbana,alientan el desalojo forzoso de loshumildes, empujándolos a los bordesde la ciudad, lejos de los circuitos desupervivencia, los establecimientosescolares y los centros de salud.En este contexto, nadie puede sor-prenderse del resultado de los estu-dios que indican que las ocupacionesde tierras y viviendas son, en la actua-lidad, la forma predominante del acce-so al suelo y a la vivienda para los sec-tores populares.Y esta tendencia se profundizará mien-tras no existan sólidas políticas públi-cas que eviten la concentración de latierra en pocas manos, regulen el mer-cado del suelo urbano, impidan laespeculación, prohiban que la tierra sesiga manejando como una mercancía ygaranticen tanto el derecho a la vivien-da como el derecho a la ciudad.Mientras tanto, ¿es legítimo condenara quienes ocupan tierras para conse-guir un lote o una vivienda?.Absolutamente no. Y cobra más vigen-cia que nunca la consigna que lustrosatrás enarbolara la Unión deOrganizaciones de Base por losDerechos Sociales: “Donde existe unanecesidad, hay un derecho”.

EL CONFLICTO POR LA TIERRA

DD


Art. 0: NEGOCIO URBANO

a inestabilidad econó-mica y la desconfianzahacia otras inversiones

financieras, hacen que resul-te tentadoramente más ren-table invertir en ladrillosque destinar el dinero a ope-raciones bancarias, a la com-pra de acciones o monedasextranjeras, lo que impulsael negocio inmobiliario enCórdoba hacia cifras récord. Nutrido de esta situación, enlos últimos años el rumbo

urbanístico de la Ciudad deCórdoba se encuentra a ente-ra disposición de la Cámarade Empresarios Desarro-llistas Urbanos de Córdo-ba (CEDUC), quienes con lavenia del Gobierno, tienenla oportunidad de hacergrandes negocios mientrascolateralmente la ciudadcrece donde, cuanto y comolo desean. La CEDUC es unaasociación civil que reúne alos principales desarrollistasde Córdoba como Edisur,Ecipsa, Grupo Dinosaurio,Gama, entre otros; quienesse agrupan con el objetivoprincipal de trabajar por “lapromoción, progreso y pro-tección de la actividad des-arrolladora urbana privada,de las industrias vinculadas,de los intereses profesionalesde sus asociados y del armó-nico desarrollo económico ysocial de la provincia”, segúnindica la página web oficialde la CEDUC.Sin embargo, lejos de crearun armónico desarrollo eco-nómico y social, la contraca-ra de este paraíso empresa-rio es la ruptura violenta delsistema urbano cordobés. Lafragmentación social es tam-bién producto de una plani-ficación urbanística privadaque contribuye al sosteni-miento y reproducción delas inequidades sociales. Encoincidencia con lo que pun-

tualizan los brasileñosEdmilson Brito Rodrigues,Jurandir Santos de Novaes yRaimundo Silva, “la ciudadno es un mero reflejo de lasociedad ya que produceriquezas, produce y repro-duce relaciones económicas,políticas y culturales. Reflejala estructura social, pero, almismo tiempo, puede tam-bién impulsar dinámicas queacaben por definir esaestructura, o sea, además deheredar desigualdades de laestructura social, las profun-diza”.I

La rentabilidad tiene nom-bre propioEl notorio incremento delpoder de los empresariosdesarrollistas no sólo selimita a la relación con elGobierno, sino que tambiénse traduce a un mayor prota-gonismo en las propias insti-tuciones que agrupan a losdiferentes sectores empresa-riales. Lejos de ser casuali-dad, los ilustres miembrosde la CEDUC, se encuentranliderando varias de las prin-cipales entidades empresa-riales de la Provincia. En estesentido, podemos notar queHoracio Parga, director dela firma desarrollista Edisur,es también presidente de laCEDUC y al mismo tiempopresidente de la Bolsa deComercio de Córdoba. O

Art. 0:

Desarrolladores de desigualdadHablar de planificacióninmobiliaria en Córdobahoy en día pareciera ser

imposible, o por lomenos, desde la visión

del Estado. Elavasallamiento de losDesarrollistas Urbanos

se hace notorioenmarcado en una

coyuntura económicadonde el excedente dela economía se vuelca

dadivoso sobre elmercado inmobiliario, ybajo la pasiva mirada deuna ciudad en la que lapolítica sobre el espacio

urbano brilla por suausencia.

LL


Art. 0:

podemos encontrar tambiénque el empresario de laconstrucción Martín Amen-gual, del grupo Regam, esdesde septiembre del 2009presidente de la siempreinfluyente Fundación Medi-terránea, y miembro activodel Movimiento Producti-vo Argentino (asociacióncivil que tiene como presi-dente honorario a EduardoDuhalde).Por supuesto que la situa-ción de privilegio de esteselecto grupo también se vefavorecida por la incansableanuencia de ciertos mediosde comunicación que día adía hacen que la actividaddel sector de la construcciónen la ciudad sea un negociomás que redondo. Particular-mente, La Voz del Interior ylos desarrollistas sostienenuna relación simbiótica quebeneficia a ambas partes. Nohace falta ser un expertopara dar cuenta que los des-arrollistas urbanos publicanreiteradamente numerosaspublicidades de venta deloteos de countries o barriosprivados de altura, que sig-nifican un cuantioso ingresoa las arcas del diario más leí-do de la Provincia. Y en con-tra respuesta, el matutinoretribuye a sus generosossocios con propagandasnarrativizadas que dejanbien parado al sector de la

construcción. “Córdoba cunade desarrollistas”, titulabaLa Voz del Interior pararrelatar generosamente que lacantidad de emprendimien-tos de este tipo en Córdobaduplicaba la de Rosario, ycrecía más rápido que enBuenos Aires. De esta mane-ra, la poderosa CEDUC cuen-ta con un integral dispositi-vo de marketing y publici-dad que lo posicionan deuna manera favorable ante laopinión pública.Curioso es que, no conformecon la rentabilidad actual, laCEDUC hace uso de su pode-río y de su capacidad delobby para presionar alGobierno Provincial para queintervenga con políticas deestado que ajusten los meca-nismos de articulación conel Municipio para facilitar lacontinuidad de la máquinainmobiliaria a gran escala. Laposibilidad de exencionesimpositivas y diferimientoen el cumplimiento de lasobligaciones fiscales, crédi-tos en condiciones defomento, subsidios, becas yasistencia técnica, y la provi-sión de infraestructura deservicios públicos esencia-les, son algunos de los bene-ficios que pretenden losempresarios, y que elGobierno está en condicio-nes de otorgar si así lodesea.

Claro está que sin importarcolores o banderas partida-rias, los intereses empresa-riales requieren de ungobierno que acompañe yfavorezca el proceso gene-rando las condiciones econó-micas y legales que permitanel despliegue del modelo.Del otro lado de la vereda, elGobierno entiende que losmercados inmobiliariosurbanos son uno de los prin-cipales vehículos de acumu-lación de capital, y consideraque el crecimiento del sectores fundamental para explicarel dinamismo económicoactual y es por esto que elrubro merece ser respaldadocon medidas que lo fortalez-can. Además, tanto políticoscomo empresarios del sectordestacan su contribución ala creación de empleo (movi-liza a más de 32.000 trabaja-dores en la provincia), alaumento de la recaudaciónde impuestos y al impulsode la actividad turística.Sin embargo nada de estojustifica el desenfreno enmateria de edificación des-conociendo cualquier tipode criterio planificador, cau-sando daños ambientalesirreparables y, en definitiva,dando lugar a un territoriocada vez más desequilibradoe injusto.Mientras que los empresa-rios desarrollistas aplauden

Art. 0:

los créditos hipotecariossubsidiados del Banco deCórdoba que significan unaimportante herramientafinanciera de venta de pro-yectos de alta gama, la clasemedia-baja espera y deses-pera por una vivienda dignaque brilla por su ausencia.La ordenanza que decreta laconstitución de un Banco deTierras Municipal podría lle-gar a ser una solución habi-tacional para los sectoresmás postergados de la ciu-dad, sólo si en algúnmomento logra sortear elcerco político-empresarialque pospone sucesivamentesu reglamentación. Como señala Neil Smith(2004)II, el urbanismo neoli-beral se conforma como unmodo específico de hacerciudad plenamente coheren-

te con los procesos globalesde reestructuración socioe-conómica. La complacenciadel Estado favorece elaumento de la desigualdadsocial ya que los nuevos pro-yectos de desarrollo urbanono se limitan sólo a la cons-trucción de edificios, sinoque está en auge la ejecu-ción de grandes proyectosque suponen transformacio-nes de amplias zonas, conlas consecuencias socialesque ello implica.Como bien puntualizaSmith, las consecuencias deeste modelo de desarrolloinmobiliario son extremada-mente preocupantes ya quese produce una profundiza-ción de la división socioeco-nómica del espacio. “Se alejala posibilidad de configurarespacios urbanos mixtos

desde el punto de vistasocial, la ciudad es cada vezmás la suma inconexa deuna serie de áreas socialesinternamente muy homogé-neas. Áreas definidas básica-mente por la capacidad decompra (y endeudamiento)de los adquirientes devivienda”, explica el autor.

Ezequiel J. Luque

I Brito Rodríguez Edmilson, SantosJurandir (org). “Luzes na floresta. Ogoverno democrático e popular emBelém“(1997-2001), Prefeitura Municipalde Belém, Belém, 2002, p 255.IIDiario La Voz del Interior, Sección deEconomía y Negocios, Día 24/04/2011.IIISmith, N. (2004), “New Globalism, NewUrbanism: Gentrification as a GlobalUrban Strategy”, en: Brenner, N. yTheodore, N. (eds.), Spaces of Neoliberal-ism. Restructuring in North America andWestern Europe, Blackwell, Oxford, pp.80-103.


Art. 0:

n la actualidad el dere-cho a la vivienda estágarantizado en nuestra

Constitución Nacional. Sinembrago, no siempre fue así.Los cambios de épocas y losgiros políticos influyeron enla manera en que las leyesargentinas garantizan elacceso a la vivienda.Si hacemos un poco de histo-ria, encontramos que en lareforma constitucional de1949 aparecía protegido elderecho a la vivienda porprimera vez. Así, en el artí-culo 37 parte I se establecía:“El derecho de los trabajado-res al bienestar, cuya expre-sión mínima se concreta enla posibilidad de disponer devivienda, indumentaria y ali-mentación adecuadas (…)”.En este sentido, el mismoartículo, en su parte III inci-so 2 dispone: “el derecho aun albergue higiénico, conun mínimo de comodidadeshogareñas es inherente a lacondición humana para latercera edad”.En 1955, la dictadura militarque derrocó a Perón, estable-ció la necesidad de unareforma constitucional. Así,

sobre la Constitución de1853 sólo se consiguió agre-gar el artículo 14 bis dondese hace una mención explíci-ta al derecho a una viviendadigna en su parte final. Sinembargo, la protección delos derechos sociales queestaba garantizada en laConstitución de 1949, quedóeliminada.Según el abogado SebastiánTedeschi, nunca se dictó unaley general que establezca elcontenido y el alcance delderecho a la vivienda digna,de hecho aún está pendien-te. Sobre esto, Tedeschiexpresa: “una interpretaciónarmónica e integrativa delmarco jurídico debería com-prender que todas las nor-mas que crearon instrumen-tos para la implementaciónde políticas de acceso a lavivienda (…) deben ser inter-pretadas como aplicacionesde la norma constitucionalque protege el derecho a lavivienda digna. Sin embargo,ninguna de estas normas haconsiderado al derecho a lavivienda como derecho subje-tivoi”.Recién en la Reforma de1994 se incorpora el derechoa la vivienda en laConstitución Nacional. Apartir del artículo 75 inciso22, los tratados internacio-nales de derechos humanos

comienzan a tener jerarquíaconstitucional y, entre ellos,algunos contienen previsio-nes sobre el derecho a lavivienda. Algunos de ellosson: el Pacto Internacionalde Derechos Económicos yCulturales, artículo 11; laDeclaración Universal deDerechos Humanos, artículo25; la Declaración Americanasobre Derechos y Deberesdel Hombre, artículo XI y laConvención Americanasobre Derechos Humanos,artículo 26. Resulta interesante rescatarque en la Constitución deCórdoba, en el artículo 58 segarantiza el derecho a lavivienda digna desde el año1987. Es decir, este derechoestaba presente en laConstitución Provincia antesde quedar reconocido por laNacional.Así, el acceso a la vivienda

es sin duda un derecho reco-nocido en nuestras constitu-ciones y tratados; aunqueaún se abren grandes deba-tes sobre el real cumplimien-to del mismo.

Jesica Colazo

i Tedeschi, Sebastian, “El derecho a lavivienda” http://www.isel.edu.ar/assets/Argentina_El_derecho_a_la_vivienda.pdf


Art. 0:VIVIENDA Y CONSTITUCÓN

BREVE HISTORIA DE UN DERECHOLa vivienda como

derecho y su paso por lahistoria en las leyes

argentinas

EE


Art. 0: EXPERIENCIA DE ORGANIZACION

n dato curioso es que ,en los años 50, enBuenos Aires, la mayo-

ría de lotes de Solares eranobsequiados por la fábricade trajes “Tomsom yWilliams” a sus clientesjunto con su compra.Muchos de los beneficiarioshan fallecido y ningún here-dero ha reclamado las pro-piedades. En otros casos, elagasajo brindado por la sas-trería directamente no movi-lizó interés alguno en losclientes por considerarlopropio. ¿Qué se debe hacercon los sitios abandonados ysin dueño? La Ley N° 9150propone un marco legal paraque estos espacios ociosospuedan aprovecharse. Creaun registro de poseedores afin de reconocer a aquellosque, sin ser titulares domi-

niales, hacen uso del inmue-ble.

Actualmente en Solares hay365 familias poseedoras. Deesa cifra 65 viven allí: variasen casas construidas conrecursos propios y otras ins-taladas en carpas para avan-zar día a día en la construc-ción de su hogar. Las 300restantes ya han alambradosus terrenos y esperan con-tar con los recursos necesa-rios para finalmente trasla-darse al barrio.

Si bien la ley establece unprocedimiento y garantizaciertos derechos sobre elterreno, en la práctica lacuestión es más compleja.Los vecinos han encontradoen la municipalidad, paradó-jicamente, su principal obs-

SOLARES TIERRA DE NADIE,

TIERRA PARA MUCHOS

Barrio Solares perteneceal Municipio de Icho

Cruz. Las tierras que loconforman son

propiedad de personasque han fallecido o quenunca las han utilizado,ni se han interesado por

ellas. Desde 2004algunas familias hanencontrado en estos

terrenos en desuso unlugar para su vivienda.Respaldados por la LeyN° 9150 y organizados

en asamblea los vecinosluchan por sus

derechos.

UU


Art. 0:EXPERIENCIA DE ORGANIZACION

táculo. Ellos afirman que elintendente de la comunaJosé Gavo les impide ejercersu derecho como poseedo-res. Un ejemplo de estas tra-bas se encuentra en la aseve-ración de Iris, vecina deSolares: “el intendente serehúsa a cobrarnos losimpuestos, herramienta desuma importancia para acre-ditar la posesión en el regis-tro creado por la Ley N°9150”. Asimismo, el ejecuti-vo municipal tampoco pro-porciona la conexión de aguacorriente a quienes estánposeyendo y sí a aquellosque han pagado al municipioun monto de dinero por elterreno, de lo que puedeinferirse un acto discrimina-torio por parte del munici-pio.Frente a esto, los vecinos

han encontrado un virtuosomodo de trabajo, se organi-zan a través de una asam-blea. La cual, resulta unámbito de crecimiento con-junto, allí se instruyen en losrequisitos que la ley prevé,comparten información yexperiencias. Como diceAlejandra, residente tambiéndel barrio: “la asamblea esnuestro motor, si alguiennecesita ayuda sabe que noestá solo, este espacio noslegitima y nos da identidaden la comuna”.

Las tierras de Solares pue-den considerarse entoncesya no en desuso sino comoposesiones de los vecinosque las habitan. Hoy ellos seencuentran realizando lasgestiones legales en conjun-to para obtener mayor segu-

ridad jurídica respecto desus tierras, están organiza-dos para conseguir el aguacorriente, tienen un proyec-to de independencia alimen-ticia y de una farmaciacomunitaria, entre otros. Esuna propuesta, es otraforma, es la manera queestas familias han encontra-do para vivir dignamente.Seguro, no debe ser el modoen que procederíamos lamayoría a la hora de conse-guir una vivienda, quizás enello, radique la necesidad deprestarle atención y recono-cerlo como otra posibilidad,quizá para muchos.

Victoria Díaz

a expansión del mercadoinmobiliario, el aumentoexcesivo de lo precios de

la construcción, la perversaespeculación con la tierra ylos negocios de los desarro-llistas, dejan cada vez a másfamilias lejos de la posibili-dad de acceder a la tierra y auna vivienda. La ausenciadel Estado con políticas sobreel hábitat empeora estasituación. En este contexto, elproyecto del Banco Municipalde Inmuebles abre una puer-ta y pretende que desde elEstado se trabaje para cum-plir los derechos de lo ciuda-danos. Luciano Rossi, representantede la organización TupacAmaru en Córdoba, noscuenta sobre esta nuevaordenanza. Explica los objeti-vos, la situación actual delBanco de Inmuebles y losnuevos desafíos.

¿Cuándo nace el proyectodel Banco de Inmuebles yen qué contexto?

En el 2009, junto con elMovimiento Campesino pre-sentamos el proyecto de leyen la Legislatura y lo volvi-mos a presentar en el 2010,nunca nos dieron una res-puesta. Ese mimo año, enbase a una negociación quetuvimos con el ex intendenteDaniel Giacomino, se nos dala posibilidad de que ellospresentaran en el ConcejoDeliberante, con sus conce-jales, este proyecto de leyque veníamos reclamando.Así pudimos empezar aencarar lo que nosotros con-sideramos un esquema siste-mático para que el EstadoMunicipal se apropie de susrecursos y los distribuyaentre quienes lo necesitan.Finalmente lo logramosganar y en noviembre delaño pasado se vota, elIntendente lo firma, pero nose reglamenta.La idea del Banco deInmuebles nace en unmomento en el que el merca-do ya no incluye a la mayoríade la población. Para estohay explicaciones económi-cas: el mercado creció en losúltimos 8 años un 100%, ade-más la inflación fue en dóla-res. Esto se entiende porque

la tierra es un recurso escasoy estable, es una inversiónsegura. Así se generó queuna masa importante dedinero se volcara al sectorinmobiliario y eso empujólos precios muy por arribade lo normal.

¿Cuáles son los objetivosdel Banco de Inmuebles?El primer punto es hacer unrelevamiento y un registroserio de los inmuebles quedispone la Municipalidad.Suena extraño, pero laMunicipalidad no sabe cuán-ta tierra tiene. Cuando hici-mos la primera investigaciónnos dimos con que había unaimportante cantidad delotes, algunos eran donacio-nes, otros habían sido basu-rales que se cerraron y fue-ron expropiados. Todos esosterrenos no estaban registra-dos en ningún lado. O sea,cada área, cada direccióntenía información desparra-mada. Esto no es para acusara nadie, pero es un hechoque hoy la Municipalidad nodispone de un registro siste-matizado de sus tierras ypor eso dicen que no hayrecursos ni plata. Pero, nohace falta inventar lotes,

ENTREVISTA A LUCIANO ROSSIArt. 0:


Un Banco para los excluidosdel mercado inmobiliario

“No hace falta inventarlotes, porque hay tierrasque no están utilizadas

para nada”

LL

porque hay tierras que noestán utilizadas para nada.El otro punto importante era

que una vez que se tuvieraeste registro y supiéramoscuántos lotes hay, éstos sevenderían, no se regalaríanada. La idea es hacer un plande pago para que las familiaspagaran el lote a un preciomenor que el del mercado yen una cantidad importantede cuotas. Así, el banco iba arecapitalizarse en algúnmomento y podría seguircomprando tierras. Pero,como el precio de la tierraestaba por debajo de los valo-res del mercado e iban a sernumerosas las cuotas, en unmomento el banco se iba adescapitalizar, no iba a tenermás lotes ni el dinero paracomprarlos. Entonces, lo quenosotros discutimos con losconcejales fue generar unimpuesto a las construccio-nes de los desarrollistas, del5% del valor de la superficieparcelaria. Ahí se dio una dis-cusión más dura porque semetieron los desarrollistasque no querían pagar ese 5%,más algunos argumentos fala-ces de parte del radicalismoque decían que esto iba agenerar inflación. Esto es

mentira, entre otras cosasporque el 5% de la superficieparcelaria no representa ni el1% del valor final de la vivien-da. Finalmente esto se pudoincluir en la ordenanza.

¿Cuál es la situaciónactual de esta ordenanza?La situación actual es que lefalta la reglamentación, osea el proyecto está aproba-do, pero como cualquier leyu ordenanza, si se aprueba yno se reglamenta quedadando vueltas. Desde queasumió el nuevo Intendenteno hemos tenido noticias dela reglamentación, yo creoque principalmente por lapresión de los desarrollistas.No podemos decir que laMunicipalidad esté trabandolas cosas a propósito, peroen el punto particular de lareglamentación no estánavanzando.

¿A nivel provincial van apresentar un proyecto deley para la creación delBanco de Inmuebles?La idea es presentar a travésde la Comisión Provincial deTierras un proyecto más dis-cutido, que pueda tener unconsenso más amplio.

Entendemos que va a sermás difícil discutirlo en laLegislatura, por lo tanto va arequerir más apoyo. Estoimplica poder hablar con losjefes comunales, con losIntendentes del interior,sobre cuáles son las necesi-dades y las visiones que tie-nen al respecto. La tierra noes solamente el pedazo detierra, tiene que ver con elhábitat, tiene que ver con losservicios. Así, en algunoslugares el terreno está dispo-nible, pero no hay agua,entonces discutir el Bancotiene que ver con eso. El tema en el interior seamplía porque no alcanzacon un Banco de Inmueblespara el hábitat, sino que hayque hablar de la produccióndel campo también. Hay queempezar a discutir un abani-co de situaciones que exce-den a la discusión que venía-mos dando para el BancoMunicipal de Inmuebles. Esteproyecto de ley tiene quetener una mirada y un con-senso más amplios.

Jesica Colazo


Art. 0:ENTREVISTA A LUCIANO ROSSI

Una discusiónque no se dio: laley y las tierrasen manosextranjeras

FRENO A LA EXTRANGERIZACIÓN


Art. 0:

ace algunas semanas, elhistoriador OsvaldoBayer argumentaba en el

diario Página12 queArgentina es el cuarto paíscon mayor superficie de tie-rra vendida a capitalesextranjeros con más del 10%de su territorio cedido. Uncuarto puesto que no acredi-ta ningún mérito o medalla.“Nuestro país tiene más tie-rra vendida al capital extran-jero que, por ejemplo, lanación africana del Congo,con el 6 por ciento”, declara-ba el reconocido histo-riador.iSon datos como estos losque obligan a abrir el debateen cuanto a la soberaníanacional, la independenciaeconómica y el tipo de políti-

cas públicas que se estánaplicando con respecto a latenencia de tierras, y especí-ficamente, cuál es la inciden-cia de la Ley de Protección alDominio Nacional sobre laPropiedad, Posesión oTenencia de las TierrasRurales aprobada en diciem-bre del año pasado.Ley PerfectibleEn líneas generales, es unabuena y necesaria ley. Estose vio reflejado en la vota-ción ya que recibió el apoyode todos los bloques partida-rios y en la Comisión deAgricultura del Senado fueaprobada con 62 votos afavor y sólo uno en contra.Sin embargo, la ley en sí esrelativamente corta (tienesólo 17 artículos) y no dejade ser una propuesta perfec-tible con muchas críticasplausibles de realizar en loparticular.En este sentido, el legisladorsocialista Rubén Giustinianisostuvo que la ley es un pasoadelante, pero advirtió quela norma debe completarse.“Sería importante - agregó elsenador santafesino- discu-tir una ley integral de uso ytenencia de la tierra queponga límites al creciente

proceso de concentración,que garantice la protecciónde los recursos naturales, yel desarrollo de un modelode producción agropecuariaaltamente inclusivo”.La ley descuida la protec-ción de recursos natura-les. Como bien señala elgeógrafo investigador delCONICET Carlos Reboratti, elproyecto expone la necesi-dad de legislar sobre la tie-rra, que, junto con el agua,son definidos como recursosno renovables. Sin embargo,Reboratti argumenta la con-tradicción que significa que“en el caso de la minería lalegislación argentina permi-te la explotación de losrecursos naturales que sonclaramente norenovables, sin mayor preo-cupación por el origen de loscapitales, que en realidad sepromocionan”.iiOtra opinión pertinente eneste aspecto es la de la orga-nización ecologistaGreenpeace Argentina. Ladirectora política deGreenpeace en el paísEugenia Testa dijo a Lemonde Diplomatique queconsidera que si bien secumple con el derecho del

En plena vigencia deesta normativa,

permanece todavía en eleje de la cuestión su

utilidad práctica.¿Cuáles son el alcance ylas limitaciones de estaley? ¿Cómo se refleja sureglamentación en los

hechos?

HH


Art. 0:

país a poner límites a latenencia de tierras, esta leyno resuelve los conflictos detierras de los campesinos, eldesarrollo sustentable o laprotección de los bosquesnativos.La ley no afecta los dere-chos adquiridos. Estoimplica que las tierras yavendidas a extranjeros sonprácticamente irrecupera-bles. “La Presidenta fue cate-górica respecto a que losderechos adquiridos sonderechos adquiridos”, acota-ba el entonces Ministro deAgricultura JuliánDomínguez.Según estimaciones de laFederación AgrariaArgentina en el país existenunas 20 millones de hectáre-as en manos de extranjeros,sobre un total de 180 millo-nes de hectáreas producti-vas con las que cuenta elpaís, lo que significa el 12%de la tierra nacional.Claros ejemplos de la situa-ción de desprotección denuestras riquezas y recursosnaturales no renovables quedeberían preservarse encuanto patrimonio nacionalson: los esteros del Iberá y elacuífero Guaraní, en manos

del empresario inglésDouglas Tompkins; las 970mil hectáreas patagónicas,en manos de Benetton(dueño de un territorio querepresenta 40 veces laCapital Federal); el LagoEscondido, secuestrado enlas tierras del inglés Lewisen El Bolsón; las 408 mil hec-táreas en manos de unaempresa italiana en La Rioja;las 250 mil hectáreas enmanos de intereses malayosen Mendoza; entre otros abe-rrantes casos observables enel país.No contempla el derechode los pueblos originariosy su territorio.Desgraciadamente la presen-cia de las tierras de los origi-narios en la ley es sólo unatriste anécdota. En el escritooriginal, se mencionaba a lospueblos originarios, peropara que pueda ser tratadamás rápidamente en elCongreso se suprimió el artí-culo que contemplaba la per-tenencia de los pueblos ori-ginarios y la propiedad coo-perativa que muchos deellos sostienen.Sin intención de cerrar ladiscusión al respecto, lafinalidad de la nota es ahon-

dar sobre los aspectos per-fectibles de esta normativasin opacar el gran avanceque significa en materia depolítica territorial. La leysienta un precedente sobrela potestad del Estado delegislar sobre los límites a latenencia de tierras y comotal es fundamental para unEstado que pretende cuidarsu soberanía. Teniendo en cuenta esto, esun punto de partida para ladesconcentración de rique-zas y sólo queda seguiravanzando sobre los intere-ses de los capitales financie-ros, ya sean internacionaleso nacionales, para podergarantizar el derecho a la tie-rra y a la vivienda que atodos los ciudadanos lescorresponde.

Ezequiel Luque

i “Desde diciembre del 2001 hasta sep-tiembre del 2011 se vendieron en elmundo 227 millones de hectáreas de tie-rras a inversores extranjeros.”Contratapa diario Página 12. Día 21 demarzo de 2012.ii Carlos Reboratti, “Para pensar una leyde tierras”, diario Clarín. Día 18 de agos-to de 2012.(*) Fotografía tomada por Simón Avilés.Derechos de imagen bajo licenciaCreative Commons atribuidos enhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.es_AR


Art. 0:

n diciembre de 2011 sepresentó en el Congresode la Nación un proyecto

de Ley de Emergencia Terri-torial, con el aval de todaslas organizaciones del sectorcampesino. Contó con la fir-ma de siete diputados delFrente para la Victoria y deNuevo Encuentro. En estemomento se está trabajandopara que dicho proyectotome estado parlamentario.Ramiro Fresneda, abogadocoordinador del equipo dederecho del MovimientoCampesino de Córdoba, noscuenta cuál es la problemáti-ca que este proyecto atacaríay las diferentes aristas delconflicto por la tierra.

¿A partir de qué contextosurge el proyecto de ley?A nivel nacional, en los años90 con el neoliberalismomás salvaje que tuvimos,desaparecieron alrededor de200 mil pequeños producto-res campesinos en el país.Por esos años, ingresa aArgentina el paquete tecno-lógico del agronegocio, apartir de un decreto firmado

por el entonces secretario deagricultura Felipe Solá, don-de se permite lo que llama-mos la sojización y la expan-sión de la frontera agrope-cuaria. Así, miles de hectáre-as empiezan a avanzar sobreterritorios de comunidadescampesinas, de agriculturafamiliar y de indígenas.En este momento tenemosmás de 20 millones de hectá-reas de soja transgénica y laposibilidad de que la fronte-ra agropecuaria siga avan-zando sobre ese territorio,afectando, de manera evi-dente, derechos humanosadquiridos de las comunida-des campesina. Por eso, sepresentó en diciembre delaño pasado un proyecto deley de emergencia territorial.Este proyecto fue trabajadoy construido desde el senode las organizaciones delsector. Consideramos unhecho de valor que todas lasorganizaciones campesinasy de agricultura familiar enla Argentina se hayan puestode acuerdo en un proyectode ley que es técnicamenteviable y que estaría generan-do una defensa para lasfamilias que no tienen segu-ridad jurídica sobre sus tie-rras.

En el caso de aprobarse laley ¿Cómo cambiaría lasituación actual?El problema grave que tieneel pequeño productor es quela justicia termina siendouna herramienta para conso-lidar un modelo de agricul-tura para pocos, obviamentecon excepciones. Esa cir-cunstancia hace que muchasveces se inicie el desalojo delas comunidades, ya que enel conflicto agrario hay unadesigualdad muy fuerteentre los grandes propieta-rios de tierras y el pequeñoproductor. Entonces grancantidad de familias son víc-timas de desalojo violento osilencioso, lo cual es unaviolación a los derechoshumanos.En ese sentido, este proyectode ley plantea la suspensiónde desalojos de comunida-des campesinas, agricultoresfamiliares y pequeños pro-ductores por 5 años. Ydurante ese lapso proponerealizar un relevamientoterritorial participativo, endonde, tanto la comunidad,como el Estado Nacional y elProvincial, puedan eviden-ciar que las familias viven,producen, trabajan y cuidanla tierra de toda la vida enese lugar y que no tienen

ENTREVISTA A RAMIRO FRESNEDA

FRENAR LOSDESALOJOS,

“Hoy más de 63.000familias corren el riesgo

de ser desalojadas”

EE


Art. 0:

acceso a la justicia. Es decir,se debe poder demostrar eluso social de la tierra.Estamos hablando de miles ymiles de familias que tienenesta problemática. Algunosdatos interesantes son, porejemplo, que más del 63%del empleo rural de la Argen-tina, lo da el pequeño pro-ductor, con sólo el 13,5% dela tierra. Hoy más de 63 milfamilias corren el riesgo deser desalojadas.

¿Cuál es la relación delproyecto de ley que sepropone con la llamadaley de extranjerización?Nuestro proyecto encuentrasu sintonía con la ley de pro-tección de dominio de tie-rras rurales. Esa ley, de algu-na manera, está tomando loque nosotros venimoshablando de la construcciónde un registro nacional detierras rurales. En Argentina,por la estructura constitu-cional, el problema de lastierras tiene que ver con unafalta de información, porqueno tenemos un registronacional de tierras rurales. Así también, nos pareceimportante frenar la ocupa-ción extranjera en nuestropaís, pero es fundamentalavanzar, como Estado demo-

crático, en la función socialde la tierra. No sólo esimportante quién es el titu-lar, sino cómo usa la tierra,desde una perspectiva sus-tentable desde lo social y loambiental. En ese sentidocreemos que tenemos quedar una discusión más parti-cipativa. No hay dudas que en Argen-tina desde el 2003 se halogrado mucho en el para-digma de los derecho hacialos sectores populares. Laley del Estatuto del PeónRural, la Ley de Extranjeriza-ción, son avances insoslaya-bles. Pero tenemos queseguir trabajando por leyesde protección a territoriosque producen alimentossanos, avanzar en la protec-ción de la semilla criolla.Esta ley va en sintonía conesto. De todas maneras, yosiempre lo digo: amortigua,pero no cura. Es decir, esnecesario discutir un mode-lo agrario más participativoy con perspectiva social,ambiental y productiva.

¿Cuál es la relación de laproblemática de la tierraen el campo y en la ciu-dad?Son las dos caras de la mis-ma moneda. Los sectores

populares del campo y de laciudad se ven encerrados.Por un lado, por el agronego-cio que viene del campohacia la ciudad, expandiendosu frontera; y por otro, porla especulación inmobiliariaque empieza a excluir hacialas periferias a los sectorespopulares urbanos. Pareceimportante que el conflictode la tierra en el campo y laciudad tenga más diálogo,porque es parte del mismoconflicto. En la Argentina el problemade la tierra en el campo y enla ciudad, cada vez es másevidente, más fuerte y másgrave. De hecho, si uno sepone a pensar los últimoscrímenes de luchadoressociales se han dado a partirde la lucha por la tierra. En elcaso urbano, en el ParqueIndoamericano, en Ledesmaen Jujuy. En el caso rural,Cristian Ferreira en Santiagode Estero, los compañerosde la comunidad Qom deFormosa. Es evidente que tenemos queavanzar fuertemente en elreconocimiento de los dere-chos humanos en la práctica.

Jesica Colazo

UNA CUESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS


Art. 0:

os pueblos originarios,indígenas o aborígenesson aquellas comunida-

des autóctonas que estabanantes de los procesos deconquista, colonización ynacionalización que desen-cadenó la expansión mun-dial de las naciones europe-as.

Sobre ellos existe una mira-da que tergiversa su natura-leza. Desde la ideología delprogreso o desarrollo mate-rialista se los entiende como“grupos sociales atrasados”,“minorías étnicas” o “secto-res vulnerables“; y se degra-da sus idiomas a “dialectos”;y sus formas de organiza-ción económica, social ypolítica, a “tradición” o “cos-tumbre”.

Es necesario dar un giro adicha postura, porque conesta forma de mirarlos se lesescinde de su verdaderanaturaleza, la de ser preexis-tentes a las organizaciones

políticas de las naciones, dehaber sido perseguidos,saqueados y despojados desus territorios ancestrales.

Deuda histórica

Desde la década de 1990comienza a ser legislado,desde el ámbito internacio-nal,i un nuevo derecho indí-gena. Es a partir delConvenio 169 de laOrganización Internacionaldel Trabajo (OIT) que sebusca recomponer el saqueocultural mediante un tratolegal preferencial. En conso-nancia con esto, se introduceen la reforma de 1994 en elart 75 de nuestra CartaFundamental el nuevo esta-tus jurídico de los pueblosindígenas argentinos y loscorrelativos deberes delEstado.

Dentro de esta nueva con-cepción legal, en lo referidoal territorio, el Estado secomprometió a “reconocer(…) la posesión y propiedadcomunitaria de las tierrasque tradicionalmente ocu-pan; y regular la entrega deotras aptas y suficientes parael desarrollo humano; ningu-na de ellas será enajenable,transmisible ni susceptible degravámenes o embargos.Asegurar su participación enla gestión referida a sus

recursos naturales y a losdemás intereses que los afec-te (…)” (art. 75 inc. 17 CN)

Este compromiso no fue lle-vado a cabo en la práctica.No se ha dotado a los pue-blos originarios de mecanis-mos de participación efecti-va en la elaboración y con-trol de las políticas públicasque los atañen. El organismoestablecido para ello dentrodel Instituto Nacional deAsuntos Indígena (INAI) care-ce de representatividad,como lo observa el Comitépara la Eliminación de laDiscriminación Racial(CEDR).ii

En el orden provincial esdonde más reticencia hahabido por parte de losgobiernos para implementarlos nuevos derechos indíge-nas. Ha sido en este ámbitodonde se han permitido losdesalojos forzosos. Tal elcaso de Chuschagasta en laprovincia de Tucumán y deCurrumil en Aluminé, enNeuquén, aún en contra de laLey Nacional N° 26.160iii quedeclara la emergencia de lospueblos indígenas a fin dedetener los procedimientosde desahucios en su contra,y poder regularizar la pro-piedad comunitaria. Las pro-vincias de Salta, Formosa,Jujuy, Tucumán, Chaco y

PUEBLOS ORIGINARIOS

Los pueblospreexistentesa la Nación

Los pueblos originariossiguen luchando por

encontrar el amparo desus derechos frente a laambición de aquellos

que pretenden arrebatarlas riquezas de sus

tierras.

LL


Art. 0:

Neuquén no han aceptadoaplicar dicha ley de carácternacional.iv Es precisamenteen tierras de riquezas mine-rales y forestales donde lasautoridades asumen el rol deportavoces de las empresasque avasallan los territoriosancestrales de las comunida-des indígenas, aplicando elderecho privado individua-lista de los Códigos de fondo(Civil y de Minería), dondelos derechos indígenas estáninvisibilizados. De estamanera se desconoce laimperatividad de lo legisla-do en la Constitución y elConvenio 169 de la OIT.

Esta es la situación de lospueblos originarios enArgentina. Encontramosdeclaraciones muy genero-sas en el vértice jerárquicode la pirámide normativa,pero hay un panorama muydistinto al descender por lamisma hasta los hechos;donde la posesión y propie-dad comunitaria aún no seimplementa de manera efec-tiva y el derecho a ser con-sultados no se respeta.Parece que los intereses eco-nómicos del paradigma delprogreso extractivo puedenmás que lo que se vienereconociendo a nivel inter-nacional como una deudahistórica.

Actualmente, el proyecto dereforma del Código Civil(CC) que se está tratando enel Senado, incluye un títulodestinado a reglar la propie-dad comunitaria indígena.Las voces más representati-vas de estas comunidadesvse alzan en contra del trata-miento de la cuestión en elmismo cuerpo de ley que eldel derecho común, argu-yendo que amerita ser trata-da mediante una ley espe-cial.

El derecho indígena en esteProyecto presenta desperfec-tos conceptuales. Primerosomete a las comunidadesindígenas al régimen de unapersona jurídica privada,cuando poseen un reconoci-miento constitucional de supreexistencia al Estado, estoimplicaría una violación a lajerarquía de su estatus jurí-dico.

Por otra parte, el derecho aparticipar en la gestión desus recursos naturales estáplanteado, en el proyecto dereforma del CC, en términosdébiles. El artículo 2035 loestablece como “el aprove-chamiento de los recursosnaturales (…) con incidenciaen los habitantes indígenasestá sujeto a previa informa-ción y consulta a las comuni-dades indígenas respecti-

vas.” En cambio, en elConvenio 169 de la OIT estederecho está legislado entérminos más categóricos,donde se establecen la “nece-sidad de obtener el libre con-sentimiento” de los pueblosindígenas afectados.

Otra observación que se hizoal proyecto es la de no haberdado la participación reque-rida ni siquiera a través delórgano que oficialmenterepresenta a las comunida-des indígenas argentinas, elConsejo de ParticipaciónIndígena perteneciente alINAI; participación que hoyse encuentra legislada (art.75 inc. 17 de la CN) comonecesaria para toda gestiónque afecte sus intereses.

Adrian Larramendi

I Ratificado y depositado en el año 2000por la Argentina; de jerarquía constitu-cional en virtud del art. 75 inc.22 CN.II Informe 2010 CEDR. Preocupaciones yrecomendaciones #23.III Sancionada en 2006 por una vigenciade 4 años, y prorrogada luego por 4años más por no haber alcanzado susobjetivos.IV Informe 2010 CEDR. Preocupaciones yrecomendaciones #20V El Consejo Plurinacional Indígena,espacio de articulación de organizacio-nes nacido luego marcha indígena demayo de 2010.

Propuesta Científica

Los “parques científicos” sondefinidos por la asociacióninternacional que los nucleacomo “organizaciones ges-tionadas por profesionales,

cuyo objetivo es incremen-tar la riqueza de su comuni-dad y la competitividad de laempresa y de las institucio-nes generadoras de saberinstaladas en el parque oasociadas a él”.I Estosemprendimientos, tienen suorigen en EEUU en los años50 y se han multiplicado endiversos países del mundo.En Argentina, las universida-des nacionales del Litoral,Misiones y La Plata poseenparques científicos y tecno-lógicos en actividad. EnCórdoba, la UNC construyeel propio en el predio quesepara la Facultad deMatemática, Astronomía yFísica (FAMAF) de la AvenidaVélez Sarsfield.

Respecto a la formación delPCT-UNC, Raúl Carbonio, exsubsecretario de Innovación,Transferencia y VinculaciónTecnológica y propulsor dela iniciativa del PCT-UNCafirmó: “queremos que estosignifique un incentivo paralos investigadores, el benefi-cio va a ser muy grande por-que va a haber una sinergia,una retroalimentación dedos sectores que sumados sepotencian, tendremosempresas de base tecnológi-ca que hacen investigación ydesarrollo que se instalaránen la UNC y ése conocimien-

to podrá ser transmitido alos alumnos y docentes de launiversidad”. II

Las dos primeras empresasdesignadas para su radica-ción, en el PCT-UNC sonSpinlock y Austral. La prime-ra se dedica al diseño yfabricación de equipos deresonancia magnética y reso-nancia cuadripolar, asimis-mo ofrece tecnologías apli-cables a diversas industriascomo las de petróleo, gas,alimentos y farmacéutica. Lasegunda, es una PYME argen-tina que produce activos enel campo de la química paraproductos farmacéuticos. Enel PCT-UNC, Austral, produ-ciría prostaglandinas para eluso oftalmológico.

Según el reglamento del PCT-UNC podrán radicarse allí,empresas públicas, privadaso mixtas, con atención espe-cial a las PYMES. Dichas fir-mas, deberán incorporar alcabo de 24 meses un porcen-taje de universitarios, yasean estudiantes, egresadoso docentes, de la UNC.

I Parque Científico Misiones. “¿Qué es unparque científico y tecnológico?“http:www.ptmi.org

II Secretaria de ciencia y tecnología,“Cómo será el parque científico y tecno-lógico de la UNC”http://www.secyt.unc.edu.ar/


Art. 0: UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD

En la actualidad esincuestionable la necesidad

de un nexo eficaz entreuniversidad y sociedad. Loproblemático radica más

bien, en la construcción deeste vínculo y en cómo se loconcibe y se lo aplica. En este

sentido, la creación del“Parque Científico y

Tecnológico de la UNC” (PCT-UNC) y más específicamente,la decisión de qué empresasse están instalando allí, abre

interrogantes y generaopiniones encontradas.Opiniones que ayudan a

posicionarse respecto a loque pertenece a todos.

UN PARQUE,JUEGO DE IDEAS


Art. 0:

La otra mirada

Entrevista a PaulaHernández, consiliariaestudiantil del MovimientoUniversitario Sur en elConsejo Superior de la UNC

¿Cuál es la opinión deMovimiento Sur respectoal Parque Científico yTecnológico de la UNC?(PCT-UNC)Entendemos que la UNC cedeparte de su predio a las fir-mas y esos espacios hoy sonmuy rentables, porque la tie-rra vale muchísimo. Además,los accionistas en el PCT-UNC cuentan con el benefi-cio de toda la infraestructurapara instalarse. Si bien, lasempresas deben pagar losservicios, eso no cuesta nadaen relación a la construcciónde la infraestructura de losmismos. Pero además, laUNC pone algo de muchomás valor, que es la produc-ción de conocimiento y laformación de profesionales einvestigadores.

El reglamento del PCT-UNC señala la obligatorie-dad de las empresas deincluir personal universi-tario ¿cómo ven esteaspecto?Dice que las empresas tienen

que tener pasantes universi-tarios, otorgar becas y darun seminario. Sin embargo,no se detalla qué tipo decontenido se dará, ni lasactividades de los pasantes.Esto queda a criterio de cadaempresa y así, es muy proba-ble que el conocimiento enel que inviertan sea el queellos necesitan. Otro beneficio para las fir-mas, es que el canon anualque tienen que pagar vuelvea la misma empresa, mejo-rando su propia competitivi-dad. El reglamento tambiénafirma que se prestará espe-cial atención a las PYMES y aaquellas de desarrollo local,pero en las exigencias parainstalarse el proyecto tienemás facilidades para lasgrandes empresas. De hechouna de las firmas que se va aradicar, Spinlock, tiene clien-tes en EEUU y en Europa.Además, produce una tecno-logía magnética que, entreotras cosas, se utiliza en elcultivo de soja, o sea vieneenclavado en el modelo delmonocultivo. La otra empre-sa es Austral, que produciráun medicamento para unaafección en el ojo. Al indagarqué incidencia tiene estaenfermedad en la región, larespuesta de miembros delárea Ciencia y Técnica de laUNC fue que “eso no tiene

que ver con el convenio”. Esdecir, no está claro cuál es elbeneficio para nuestra socie-dad, pero sí el de los accio-nistas. Creo que esas empre-sas tienen poco que ver conel desarrollo de la región.Además, la sociedad que esquien paga con sus impues-tos la universidad pública,¿qué recibe de esto? ¿Cuántose promueve el desarrollo deCórdoba? ¿Estamos realmen-te investigando cosas que lasociedad cordobesa necesi-ta? Me parece que no.Pienso, por ejemplo, quequizá las madres de BarrioItuzaingó necesitarían unmontón de aportes de losinvestigadores de la UNC, ose me ocurre también queponiendo el esfuerzo de losinvestigadores podríamospensar un modelo producti-vo conjunto con el movi-miento campesino. Lo que debe pensarse es quéciencia queremos y al servi-cio de quién y en cómo pen-samos la producción delconocimiento. Estas son dis-cusiones primeras a la exis-tencia de un parque científi-co, y que hoy no están pues-tas en cuestión.

Victoria Díaz

TIRRAS “INTERNACIONALES”


Art. 0:

Expansión extranjerasegún las nacionalidadesFuente: http://negocios.iprofesional.com/

art. 0 n° 33

Documents