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ANTEPROYECTO DE LEY POR EL QUE SE REGULA EL ESTATUTO
DE LOS ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
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ANTEPROYECTO DE LEY POR EL QUE SE REGULA EL ESTATUTO
DE LOS ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en la redacción que le
otorga la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, atribuye, en el
artículo 70.1.1º, a la Comunidad de Castilla y León la competencia
exclusiva sobre la organización, régimen y funcionamiento de sus
instituciones de autogobierno.
Ello supone, a tenor de lo dispuesto en el apartado 2 del mismo
artículo, que en el ejercicio de tales competencias corresponden a la
comunidad las potestades legislativa y reglamentaria y la función
ejecutiva.
En el ejercicio de tales competencias de naturaleza legislativa, y en
desarrollo de otros preceptos estatutarios, se aprobó la Ley 3/2001, de 3
de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla
y León, en la cual, entre otras cuestiones, se regula la organización y el
funcionamiento de la Junta de Castilla y León y de sus miembros, así
como de la Administración General e Institucional de la Comunidad de
Castilla y León, de las empresas públicas y de los entes públicos de
derecho privado.
Junto a la organización y el funcionamiento del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad, se hace preciso regular el estatuto
jurídico de los miembros de la Junta de Castilla y León, como institución
de gobierno y administración de la Comunidad de Castilla y León, y
también de los altos cargos titulares de los órganos directivos que
componen la organización de la administración autonómica y de los entes
a ella adscritos.
Respecto de los miembros de la Junta de Castilla y León, tal
regulación constituye un mandato normativo, con la exigencia de rango
de ley, establecido en el artículo 28.3 del Estatuto de Autonomía.
Esta previsión fue objeto de regulación de forma sectorial por
diversas normas. Así, se encontraban vigentes, en el momento de la
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entrada en vigor de esta ley, la Ley 6/1989, de 6 de octubre, de
incompatibilidades de los miembros de la Junta de Castilla y León y de
otros cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León; la Ley 11/1990, de 28 de noviembre, de creación del Registro de
Intereses de los miembros de la Junta de Castilla y León y de otros
cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma y el Decreto
3/1991, de 17 de enero, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Registro de Intereses de Altos Cargos.
Tales normas fueron objeto de diversas modificaciones con el fin de
adaptar su contenido a las nuevas exigencias en materia de
transparencia. Así, recientemente, la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de
Transparencia y Participación Ciudadana en Castilla y León ha supuesto
la modificación parcial de las dos leyes antes señaladas.
La presente ley deroga dichas normas y aborda el cumplimiento del
mandato estatutario de forma sistemática y global, aunando la regulación
en un solo cuerpo normativo de todas aquellas cuestiones que componen
el estatuto de los miembros de la Junta de Castilla y León y de los altos
cargos titulares de los órganos directivos de la Administración General y
de los equivalentes en la Administración Institucional, empresas públicas
y fundaciones públicas.
Su finalidad es modernizar la regulación existente, dotarla de una
mayor sistemática, consolidar el proceso de regeneración democrática,
incrementar la transparencia en todas aquellas cuestiones que forman
parte de la condición y del ejercicio de las funciones de alto cargo,
incorporando medidas de seguridad jurídica y garantías de su
cumplimiento, como la existencia de un régimen sancionador explícito y
de un órgano colegiado con competencias sancionadoras y de control.
Para ello, la ley se compone de veintisiete artículos ordenados en
un Título Preliminar y otros seis títulos, siete disposiciones adicionales,
cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cinco
disposiciones finales.
El Título Preliminar regula las “Disposiciones Generales” y contiene
el artículo 1, que define el objeto de la ley, que es establecer el régimen
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jurídico de los altos cargos de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León y de las entidades a ella adscritas. De este modo la ley
abarca un concepto de alto cargo en el sentido más amplio posible,
incorporando en su ámbito de aplicación, no solo a la Administración
General e Institucional en sentido estricto, sino también a otros entes
como las empresas públicas y las fundaciones públicas.
El Título I, bajo el título “Nombramiento”, abarca los artículos 2,3 y
4, que regulan, respectivamente, el nombramiento, la toma de posesión y
las obligaciones derivadas del nombramiento.
Se introducen requisitos en la regulación jurídica del nombramiento
de los altos cargos, antes inexistentes en el ordenamiento jurídico
autonómico, entre otros, la necesidad de que el nombramiento recaiga en
personas con formación idónea para el cargo, y el nombramiento, con
carácter general, de secretarios generales y directores generales
preferentemente entre funcionarios de carrera pertenecientes a cuerpos
del subgrupo A1.
A su vez, se impone una limitación de carácter temporal máxima de
ocho años para ser titular de una misma consejería y se establece la
prohibición de nombrar o contratar a los condenados por sentencia firme
por la comisión de delitos contra la Administración Pública, así como a
aquellos contra los que se encuentre abierto juicio oral por tales delitos o
respecto a los sancionados por infracciones a la normativa de altos
cargos.
Como obligaciones derivadas de nombramiento, la ley establece el
deber de presentar un conjunto de declaraciones, certificados y
documentos relativos a la situación laboral, patrimonial y tributaria de los
nombrados.
El Título II aborda la regulación del “Ejercicio del alto cargo”.
Comprende los artículos del 5 al 11 y en él se prevén los valores, el
régimen de incompatibilidades, los conflictos de intereses, la gestión de
los recursos y el Código Ético y de Austeridad.
Los valores que han de conducir la actuación de los altos cargos
son la objetividad, transparencia, ejemplaridad y austeridad.
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Se regulan a continuación las causas de incompatibilidad,
estableciendo como regla general el régimen de dedicación exclusiva,
excepto para las actividades tasadas en el artículo 7, que se reducen,
entre otras, a las de carácter representativo por razón de su cargo, el
ejercicio de funciones en partidos políticos, a la administración del
patrimonio familiar o a la creación literaria, artística, científica o técnica.
Se limita también la participación de los altos cargos en aquellos
asuntos en los que exista conflicto de intereses, y se definen
pormenorizadamente en la ley cuáles son aquellos que se consideran
intereses personales de los altos cargos.
Este título concluye con el sometimiento de los altos cargos al
Código Ético y de Austeridad, cuya aprobación se atribuye a la Junta de
Castilla y León, previo debate como comunicación ante las Cortes de
Castilla y León, y al que se otorga publicidad a través del Boletín Oficial
de Castilla y León.
El Título III se dedica en su totalidad a la regulación del cese de los
altos cargos, así como de las obligaciones y limitaciones que de él
derivan, a lo cual se dedican, respectivamente, los artículos 12, 13 y 14.
Junto a los supuestos normativamente previstos para el cese se
establece la obligación legal de cesar en el supuesto de condena firme
por delitos contra la Administración Pública, apertura de juicio oral por
tales delitos o por sanción administrativa que lo conlleve.
Establece el artículo 13 las obligaciones derivadas del cese, que se
concretan en la necesaria aportación de diversa documentación.
Y se regulan en el artículo 14 las limitaciones derivadas del cese o
despido durante los dos años siguientes, impidiendo el desarrollo de
determinadas actividades.
El Título IV regula la “Comisión de Ética Pública”, con cuatro
artículos, desde el 15 al 18, en los cuales se establece la naturaleza y
adscripción de este órgano colegiado, su composición, funciones y
funcionamiento.
Se adscribe a la consejería a la que, a su vez, esté adscrita la
inspección de servicios. Su composición, de carácter mixto, incluye a tres
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titulares de órganos directivos de la Administración Autonómica con
competencias en inspección de servicios y secretariado de la Junta y a
tres expertos entre catedráticos y profesores universitarios en el ámbito
del derecho.
Entre otras funciones, elaborará la propuesta de Código Ético y de
Austeridad, resolverá consultas y planteará recomendaciones e incoará y
resolverá los procedimientos sancionadores que se tramiten por
infracciones administrativas cometidas por altos cargos.
El Título V, sobre el “Registro de Bienes y Actividades de los Altos
Cargos”, comprende los artículos 19 a 22, que regulan su descripción,
gestión, naturaleza y acceso y organización.
En este registro se incorporarán los documentos que deban
presentar los altos cargos, así como los pronunciamientos de la
inspección de servicios, la Comisión de Ética Pública o de cualquier otro
órgano sobre los altos cargos en el ejercicio de sus funciones.
Por último, el Título VI se refiere al “Régimen Sancionador” y en él,
el artículo 23 tipifica las infracciones como leves, graves y muy graves, el
24 las sanciones que van desde el apercibimiento al cese, el 25 regula el
régimen jurídico del procedimiento, el 26 determina los órganos
competentes y el 27 el régimen de prescripción y cancelación.
Las disposiciones adicionales regulan cuestiones materiales que no
encuentran su encaje sistemático en el articulado de la ley.
Tales son la limitación de la duración a ocho años de la Presidencia
de la Junta de Castilla y León o de alguna de las instituciones propias de
la Comunidad en la misma persona; la obligación de que las instituciones
propias cuenten con su propio Código Ético y de Austeridad; la
comunicación de la relación actualizada de entes a los que resulta de
aplicación la Ley en el Portal de Transparencia; la comunicación de
nombramientos y ceses a la inspección de servicios y a la Junta de
Castilla y León, según el órgano en el que recaiga la competencia; y el
contenido de las declaraciones y los formularios para su presentación.
Incorporan también mandatos no dirigidos a la producción de
normas jurídicas, como la constitución de la Comisión de Ética Pública en
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el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la ley y la Adaptación
del Registro de Bienes y Actividades de los Altos Cargos a la nueva
norma en el mismo plazo.
Las disposiciones transitorias recogen los preceptos relativos a la
solución de situaciones jurídicas producidas por la entrada en vigor de la
nueva norma y se refieren al régimen de nombramiento de los altos
cargos que lo sean a la entrada en vigor de la ley; a la pervivencia del
Código Ético y de Austeridad vigente; y al alcance transitorio de la
modificación de la normativa electoral y de la normativa en materia de
función pública que efectúan, respectivamente, la disposición final
primera y cuarta.
La Disposición Derogatoria deroga cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en la ley y, expresamente, la
normativa que regula el régimen de incompatibilidades y el registro de
bienes e intereses de otros cargos de la Administración de la Comunidad.
Las Disposiciones Finales Primera, Segunda, Tercera y Cuarta
modifican, respectivamente, determinados preceptos de la Ley 3/1987, de
30 marzo, Electoral de Castilla y León, para ampliar las causas de
inelegibilidad como procuradores, con carácter general, a todos los altos
cargos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley, con las tasadas
excepciones que se establecen, así como de incompatibilidad a los
presidentes de diputación y a los alcaldes y concejales de los municipios
con población superior a 20.000 habitantes; de la Ley 3/2001, de 3 de
julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León, para regular un consejo de dirección en cada consejería, cuyas
sesiones se celebrarán periódicamente de forma abierta a los medios de
comunicación social y recogiendo sugerencias de los ciudadanos y
organizaciones sociales; de la Ley 4/2001, de 4 de julio, reguladora de la
iniciativa legislativa popular y de los Ayuntamientos de Castilla y León,
para reducir del 1 al 0,75 por ciento el porcentaje de electores necesario
para ejercer la iniciativa legislativa popular y permitir que los promotores
participen en su tramitación; y de la Ley 7/2005 de 24 de mayo, de la
Función Pública de Castilla y León, para limitar el derecho de reserva de
puesto al personal en situación de servicios especiales.
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La Disposición Final Quinta faculta a la Junta de Castilla y León
para aprobar las disposiciones necesarias en desarrollo de esta ley y la
Disposición Final Sexta dispone su entrada en vigor en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Castilla y León.
Título Preliminar
Disposiciones Generales
Artículo 1.- Objeto
1.- La presente ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de los
altos cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y
de las entidades a ella adscritas a las que se refiere el siguiente apartado.
2.- A efectos de lo previsto en la presente ley, se consideran altos cargos:
a) Los miembros de la Junta de Castilla y León.
b) Los viceconsejeros, secretarios generales, directores generales,
delegados territoriales, o asimilados a algunos de los anteriores de
la Administración General o de la Administración Institucional.
c) Los presidentes, consejeros delegados, directores generales,
gerentes o asimilados de las empresas públicas o fundaciones
públicas, siempre que tengan un contrato de alta dirección.
Título I
Nombramiento
Artículo 2.- Nombramiento.
1.- El nombramiento y la contratación de los altos cargos que
corresponde a la Administración de la Comunidad y a las entidades
previstas en el artículo 1 se efectuará entre personas con formación
idónea para ello apreciada por quien propone y efectúa el nombramiento.
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En ningún caso podrán ser nombrados ni contratados para puestos
de tales características quienes hubieran sido condenados por sentencia
firme por la comisión de delitos contra la Administración Pública hasta
que los antecedentes penales hayan sido cancelados, ni aquellas
personas contra las que se encuentre abierto juicio oral por delito contra
la Administración Pública. Tampoco podrán ser nombrados ni contratados
quienes hubieran sido sancionados por infracciones a la normativa de
altos cargos con el cese o despido hasta que se cancelen las sanciones
de su expediente.
2.- En el caso de los miembros del gobierno, no podrán ser
nombrados como titulares de una consejería quienes ya lo hubieran sido
de ese mismo departamento durante ocho años.
3.- Los secretarios generales y directores generales, con carácter
general, deberán ser nombrados entre empleados públicos,
preferentemente funcionarios de carrera de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, del Estado, del resto de las Comunidades
Autónomas o de las Entidades Locales pertenecientes a cuerpos del
subgrupo A1.
Excepcionalmente, podrá nombrarse a quienes no ostenten la
condición de empleados públicos, en atención a las razones derivadas de
las funciones del órgano o de los especiales méritos del candidato,
motivados en la propuesta de nombramiento.
Artículo 3.- Toma de posesión.
La efectividad del nombramiento y la contratación de los altos
cargos requerirá su toma de posesión, debiendo, para ello, prometer por
su conciencia y honor o jurar que cumplirán fielmente las obligaciones
que les correspondan con lealtad al Rey y que guardarán y harán guardar
la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de
Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la
Comunidad.
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Asimismo, en el acto de toma de posesión, deberán manifestar su
adhesión al código ético y de austeridad de los altos cargo que en cada
momento esté vigente.
Artículo 4.- Obligaciones derivadas del nombramiento.
1.- Los altos cargos deberán presentar ante la Inspección General
de Servicios en el plazo de dos meses a contar desde el día de su toma
de posesión, así como desde el inicio de cada legislatura, los siguientes
documentos:
a) Declaración de no estar incursos en ninguna de las causas de
incompatibilidad, ni de inelegibilidad previstas en el ordenamiento jurídico.
b) Declaración de las actividades que les proporcionen o les puedan
proporcionar ingresos económicos.
c) Declaración notarial de sus bienes, derechos y obligaciones
patrimoniales omitiendo aquellos datos referentes a su localización e
identificación para salvaguardar la privacidad y seguridad de sus titulares.
d) Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
en el que conste que están al corriente de sus obligaciones fiscales.
Asimismo, mientras se mantenga su condición de alto cargo,
deberán comunicar a la Inspección General de Servicios las variaciones
sustanciales que puedan producirse respecto a las declaraciones
previstas en el párrafo anterior.
2.- Además, en el mismo plazo de dos meses desde su toma de
posesión, los altos cargos presentarán ante la Inspección General de
Servicios una copia de su última declaración realizada del impuesto sobre
la renta de las personas físicas y, en su caso, del impuesto sobre el
patrimonio.
Asimismo, anualmente, y mientras se mantenga su condición de
alto cargo aportarán copia de las declaraciones correspondientes a
dichos impuestos durante el mes de septiembre.
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3.- La Inspección General de Servicios, a la vista de la
documentación presentada, podrá solicitar aclaraciones, requerir
documentación o efectuar las comprobaciones que considere oportunas.
Título II
Ejercicio del alto cargo
Artículo 5.- Valores.
Los altos cargos ejercerán su función con la finalidad de lograr el
interés general conforme a los valores de objetividad, transparencia,
ejemplaridad y austeridad.
Artículo 6.- Incompatibilidades.
1.- Las causas de inelegibilidad previstas en el artículo 2 para
ostentar la condición de alto cargo lo son también de incompatibilidad.
2.- Los altos cargos ejercerán sus funciones en régimen de
dedicación exclusiva, siendo incompatible su desempeño con cualquier
otra actividad profesional, mercantil, industrial o laboral, cargo o
representación, por sí o mediante sustitución o apoderamiento, ya sea
por cuenta propia o ajena, a excepción de lo previsto en esta ley o en
otras leyes.
3.- En el supuesto de causa sobrevenida de incompatibilidad por el
ejercicio de sus funciones a que se refiere el apartado anterior, el alto
cargo deberá comunicarlo de manera inmediata a la Inspección General
de Servicios y optar por solicitar el cese o realizar, en el plazo de dos
meses desde que se produjo dicha causa, las actuaciones necesarias
para eliminar la incompatibilidad. Si no se efectuara la opción expresa, se
entenderá que opta por el cese y se procederá a su formalización.
4.- El ejercicio de alto cargo será incompatible con la condición de
miembro de corporaciones locales y de asambleas legislativas de otras
Comunidades Autónomas. Las limitaciones para el desarrollo de
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funciones en las Cortes de Castilla y León serán las previstas en la ley
electoral de Castilla y León.
Artículo 7.- Actividades compatibles.
1.- El ejercicio de alto cargo será compatible con las siguientes
actividades de carácter público:
a) El ejercicio de los cargos que les correspondan con carácter
institucional o para los que fueran designados por razón del cargo que
ocupan.
b) La representación de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León en consejos de administración o patronatos, sin que por
ello puedan percibir ningún tipo de cantidad por asistencia. Con carácter
general, ningún alto cargo podrá pertenecer a más de dos consejos de
administración, salvo que la Junta de Castilla y León lo autorice cuando
concurran razones que lo justifiquen.
c) La representación de la Comunidad de Castilla y León en
funciones o misiones temporales ante el Estado y ante organizaciones o
conferencias nacionales, suprarregionales o internacionales.
d) La asistencia ocasional como ponente a seminarios,
conferencias, congresos, jornadas, coloquios o cursos, cuando dicha
asistencia se produzca por razón de su cargo.
2.- Además, el ejercicio de alto cargo será compatible con las
siguientes actividades privadas:
a) Las actividades de producción y creación literaria, artística,
científica o técnica y las publicaciones derivadas de las mismas
b) La asistencia ocasional como ponente a seminarios,
conferencias, congresos, jornadas, coloquios, o cursos de carácter
profesional.
c) La participación en entidades culturales o benéficas que no
tengan ánimo de lucro.
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d) El ejercicio de actividades, funciones y cargos en partidos
políticos, siempre que no perciba ninguna retribución por ello, salvo las
dietas que puedan corresponder.
e) La administración del patrimonio personal o familiar, siempre que
no ostente por sí o junto con su cónyuge, sea cual sea el régimen
económico matrimonial, o con persona con quien conviva con análoga
relación de afectividad, participaciones directas o indirectas, iguales o
superiores a un diez por ciento, o que sin llegar a este porcentaje
supongan una posición en el capital social que pueda condicionar de
forma relevante su actuación, en empresas o entidades que tengan
contratos, conciertos o convenios con el sector público estatal,
autonómico o local.
Artículo 8.- Conflicto de intereses.
1.- Los altos cargos no podrán participar en aquellos asuntos y
procedimientos en los que exista conflicto de intereses, entendiendo
como tal toda situación en la que sus intereses personales, directos o
indirectos, puedan comprometer el ejercicio de sus funciones con la
debida imparcialidad o independencia.
A efectos de lo previsto en esta ley, se consideran intereses
personales de los altos cargos:
a) Los intereses propios.
b) Los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona
con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de
afinidad.
c) Los de las personas con quien tengan una cuestión litigiosa
pendiente.
d) Los de las personas con quien tengan amistad íntima o
enemistad manifiesta.
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e) Los de personas jurídicas a las que hayan estado vinculados por
una relación laboral o profesional de cualquier tipo en los dos
años anteriores a su nombramiento.
f) Los de las personas jurídicas a las que los familiares previstos en
la letra b) estén vinculados por una relación laboral o profesional,
siempre que la misma implique el ejercicio de funciones de
dirección, asesoramiento o administración.
2.- En los supuestos previstos en el apartado anterior, así como
cuando concurran el resto de causas de abstención previstas en la
normativa estatal básica, el alto cargo comunicará tal circunstancia por
escrito a su superior jerárquico inmediato, el cual resolverá lo que
proceda, salvo los miembros de la Junta de Castilla y León que lo
comunicarán al Consejo de Gobierno que adoptará la decisión que
corresponda.
3.- Los altos cargos podrán ser recusados en los casos previstos en
los apartados anteriores, conforme al procedimiento establecido en la
normativa básica de aplicación.
Artículo 9.- Gestión de recursos.
Los altos cargos deberán destinar los recursos materiales que se
pongan a su disposición, únicamente, al cumplimiento de las funciones
públicas que les corresponden y gestionarlos conforme a los principios de
eficiencia, eficacia y austeridad.
Artículo 10.- Informe de gestión.
Los titulares de cada una de las consejerías, una vez finalizado el
segundo año de legislatura, solicitarán su comparecencia ante la
comisión permanente legislativa de las Cortes Castilla y León
correspondiente a su ámbito competencial, para informar del grado de
cumplimiento de los objetivos de su departamento para la legislatura.
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Artículo 11.- Código Ético y de Austeridad.
1.- Los altos cargos, además de lo previsto en los artículos
anteriores, deberán observar lo establecido en el Código Ético y de
Austeridad.
2.- Dicho Código recogerá las actuaciones que los altos cargos
deben respetar con la finalidad de lograr una actuación objetiva,
transparente, ejemplar y austera.
3.- La Comisión de Ética Pública prevista en esta ley elaborará una
propuesta de Código Ético y de Austeridad que elevará al Consejo de
Gobierno para su remisión a las Cortes de Castilla y León como una
Comunicación de la Junta de Castilla y León para su debate conforme a
lo previsto en el Reglamento de dicha Institución.
A la vista del resultado del debate y de la votación de las
propuestas de resolución, la Junta de Castilla y León aprobará el Código
Ético y de Austeridad que se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y
León.
En el supuesto de que las Cortes aprobaran alguna propuesta de
resolución que implique el rechazo global del contenido de la
Comunicación, la Comisión de Ética Pública deberá elaborar una nueva
propuesta de Código Ético y de Austeridad.
Título III
Cese
Artículo 12.- Cese
Los altos cargos cesarán o finalizarán sus funciones a petición
propia o por decisión de quien hubiera acordado su nombramiento o
contratación, así como en el resto de los supuestos previstos en la
normativa de aplicación.
En todo caso, los altos cargos deberán cesar cuando sean
condenados por sentencia firme por la comisión de delitos contra la
Administración Pública, cuando se acuerde la apertura de juicio oral
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contra ellos por el mismo tipo de delitos y cuando se les imponga una
sanción por la comisión de una infracción administrativa en el ejercicio de
sus funciones que lleve aparejada el cese o el despido.
Artículo 13.- Obligaciones derivadas del cese.
1.- En el plazo de un mes desde que se produjera su cese o despido, el
alto cargo deberá presentar ante la Inspección General de Servicios la
siguiente documentación:
a) Declaración notarial de sus bienes, derechos y obligaciones
patrimoniales omitiendo aquellos datos referentes a su localización e
identificación para salvaguardar la privacidad y seguridad de sus titulares
b) Copia de la última declaración presentada del impuesto sobre la
renta de las personas físicas y, en su caso, del impuesto sobre el
patrimonio, salvo que fuera la misma que en ese momento constara en la
Inspección General de Servicios.
2.- Esta misma documentación deberán presentarla todos los altos
cargos en el plazo de un mes desde que se acuerde la disolución de las
Cortes de Castilla y León.
Artículo 14.- Limitaciones derivadas del cese.
1.- Durante los dos años siguientes a su cese o despido, los altos
cargos no podrán prestar servicios para entidades privadas de un sector
en el que no tuvieran experiencia profesional previa a su nombramiento y
sobre el que hubieran tenido responsabilidades durante el ejercicio de
sus funciones.
Asimismo, durante los dos años siguientes a su cese o despido, los
altos cargos no podrán prestar servicios en entidades privadas que
hubieran sido afectadas por decisiones en las que hubieran participado
individual y directamente.
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Los altos cargos que tras su cese se incorporen a una entidad
privada en la que hubieran prestado servicios antes de su nombramiento
no estarán afectados por lo previsto en los párrafos anteriores.
2.- Durante el periodo de los dos años siguientes a su cese o
despido, los altos cargos deberán comunicar a la Inspección General de
Servicios, con carácter previo a su inicio, las actividades privadas que
pretendan desarrollar.
La Inspección General de Servicios se pronunciará, en el plazo de
veinte días desde la comunicación anterior, sobre la compatibilidad de la
actividad a realizar.
3.- Igualmente, durante el periodo previsto en los apartados
anteriores, los altos cargos, por sí mismos, o a través de entidades
participadas por ellos, directa o indirectamente, en más del diez por
ciento, no podrán celebrar contratos con la Administración de la
Comunidad, ni con sus entidades adscritas, siempre que guarden relación
directa con las funciones que ejercieron como alto cargo.
4.- A los altos cargos que con posterioridad al cese o despido
reingresen a la función pública y se les reconozca la compatibilidad para
prestar servicios retribuidos de carácter privado, les serán de aplicación
las limitaciones previstas en este artículo en lo que se refiere a la
actividad declarada compatible.
Título IV
Comisión de Ética Pública
Artículo 15.- Naturaleza y adscripción.
La Comisión de Ética Pública es un órgano colegiado de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León adscrito a la
consejería que tenga atribuidas las funciones de inspección de servicios.
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Artículo 16.- Composición.
1.- La Comisión de Ética Pública estará formada por los siguientes
miembros:
- El titular de la consejería a que esté adscrita la Inspección
General de Servicios, que la presidirá.
- El titular del centro directivo que tenga atribuidas las funciones
de inspección de servicios.
- El titular del centro directivo que tenga atribuidas las funciones
de secretariado de la Junta de Castilla y León.
- Tres expertos designados por la Junta de Castilla y León entre
catedráticos y profesores universitarios del ámbito del derecho.
2.- En el supuesto de que la Comisión deba pronunciarse sobre
asuntos que afecten a alguno de los altos cargos que forman parte de
ella, serán sustituidos por quien determine la Junta de Castilla y León.
3.- Actuará como secretario de la Comisión un funcionario al
servicio de la Administración de la Comunidad, designado por el
consejero en cuyo departamento se incardine la Inspección General de
Servicios.
Artículo 17.- Funciones.
La Comisión de Ética Pública desarrollará las siguientes funciones:
a) Elaborar la propuesta del Código Ético y de Austeridad de los Altos
Cargos, así como de su actualización siempre que sea necesario y,
al menos, al inicio de cada legislatura.
b) Resolver las consultas que se planteen sobre la aplicación del
Código.
c) Plantear recomendaciones a los altos cargos sobre el cumplimiento
de lo previsto en el Código.
d) Realizar un informe anual sobre el cumplimiento del Código.
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e) Incoar y resolver los procedimientos sancionadores que se tramiten
por posibles infracciones administrativas cometidas por los altos
cargos en el ejercicio de sus funciones y reguladas en cualquier
norma que les sea de aplicación.
Artículo 18.- Funcionamiento
1.- La Comisión de Ética Pública desarrollará sus funciones de
acuerdo con lo previsto en la normativa de los órganos colegiados de
las administraciones públicas.
2.- La consejería a la que esté adscrita la Comisión de Ética Pública
le facilitará los medios materiales que necesite para el desarrollo de
sus funciones.
3.- La Comisión contará con la asistencia técnica y jurídica de todos
los órganos de la Administración de la Comunidad, a los que podrá
solicitar los informes o el asesoramiento que considere necesarios
para el desarrollo de sus funciones.
4.- Los miembros de la Comisión no percibirán ninguna retribución
por el desarrollo de sus funciones, sin perjuicio de las dietas por
desplazamiento que podrán percibir los expertos.
Título V
Registro de Bienes y Actividades de los Altos Cargos
Artículo 19.- Descripción.
El Registro de Bienes y Actividades de los Altos Cargos es aquel en
el que se incorporarán los documentos que deben presentar los altos
cargos, así como todos los pronunciamientos de la Inspección General de
Servicios, de la Comisión de Ética Pública, o de cualquier otro órgano
sobre los altos cargos en las materias a que se refiere la presente ley.
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Artículo 20.- Gestión
La gestión del Registro de Bienes y Actividades de los Altos Cargos
corresponde a la Inspección General de Servicios bajo la dirección de su
titular.
Artículo 21.- Naturaleza y acceso.
1.- El Registro tiene carácter público en lo que se refiere a las
declaraciones de actividades de los altos cargos y reservado para el resto
de datos.
No obstante lo anterior, las declaraciones de bienes, derechos
patrimoniales y obligaciones de los miembros de la Junta de Castilla y
León se publicarán en el Portal de Transparencia de la Junta de Castilla y
León y en el Boletín Oficial de Castilla y León.
2.- Además del propio interesado, únicamente tendrán acceso al
contenido de los datos del Registro que no sean públicos:
a) Las Cortes de Castilla y León, conforme a lo previsto en su
Reglamento.
b) La Junta de Castilla y León y su Presidente.
c) Los órganos judiciales para la instrucción o resolución de
procesos que requieran el conocimiento de los datos que obren en el
Registro.
d) El Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones.
e) La Comisión de Ética Pública prevista en esta Ley.
3.- Los órganos previstos en el apartado anterior adoptarán las
medidas necesarias para mantener el carácter reservado de la
información obtenida del Registro que tenga dicha naturaleza.
Artículo 22.- Organización.
1.- En el Registro de Bienes y Actividades de los Altos Cargos
existirá un expediente individual para cada uno de los altos cargos en el
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que se incorporarán todos los documentos que debe presentar, así como
los pronunciamientos individualizados que realice cualquier órgano y que
versen sobre las cuestiones reguladas en la presente ley.
2.- El expediente individual se estructurará de tal manera que quede
clara la diferencia entre los documentos que tienen carácter reservado de
aquellos que no lo tienen.
3.- Mediante orden del titular de la consejería a la que esté adscrita
la Inspección General de Servicios podrá desarrollarse la organización
del Registro.
Título VI
Régimen Sancionador
Artículo 23.- Infracciones
1.- A los efectos de lo previsto en esta ley y sin perjuicio del régimen
sancionador recogido en la normativa estatal básica, se consideran
infracciones muy graves:
a) El incumplimiento del régimen de incompatibilidades contenido
en esta ley.
b) La presentación de declaraciones o documentos falsos.
c) El incumplimiento del deber de abstención, siempre que haya
supuesto un beneficio para el alto cargo o para sus intereses personales.
d) El incumplimiento de las limitaciones tras el cese previstas en el
artículo 14.1
e) La comisión de dos infracciones graves en una legislatura.
2.- Se consideran infracciones graves:
a) El incumplimiento del deber de abstención, siempre que no
suponga una infracción muy grave.
b) La omisión deliberada de algún dato en las declaraciones que
deban presentarse conforme a lo previsto en esta ley.
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c) La no presentación de alguna de las declaraciones o documentos
exigidos por esta ley tras ser apercibido para ello.
d) El incumplimiento de lo previsto en el Código Ético y de
Austeridad, siempre que no suponga una infracción muy grave.
e) El incumplimiento de las obligaciones y las limitaciones exigidas
tras el cese, siempre que no supongan una infracción muy grave.
f) La comisión de tres infracciones leves durante el ejercicio del
cargo.
3.- Se considera infracción leve la presentación de las declaraciones o
documentos exigidos en esta ley fuera del plazo previsto para ello.
Artículo 24.- Sanciones
1.- Las infracciones leves serán sancionadas con un apercibimiento
por escrito dirigido al alto cargo.
2.- Las infracciones graves serán sancionadas con la declaración
del incumplimiento y de la publicación en el Portal de Transparencia de la
infracción cometida y de la identidad de su autor.
3.- La sanción de las infracciones muy graves comprenderá lo
previsto para las graves y además:
a) El cese o despido del cargo que estuviera ocupando.
b) La obligación de restituir los beneficios que se hubieran percibido
de manera indebida en el caso de que se hubiera cometido la infracción
prevista en el artículo 23.1.c).
c) La imposibilidad de ser alto cargo en un periodo de entre cinco y
diez años.
4.- Lo previsto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio
de la posible exigencia de cualquier otra responsabilidad a que hubiere
lugar. Además, en caso de que los hechos pudieran ser constitutivos de
delito se dará traslado de ellos al Ministerio Fiscal.
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Artículo 25.- Procedimiento
El procedimiento se sustanciará en un expediente sumario y
contradictorio y se ajustará a lo previsto en la normativa reguladora de la
potestad sancionadora de la Administración de la Comunidad de Castilla
y León.
Artículo 26.- Órganos competentes
1.- La Comisión de Ética Pública es el órgano competente para
incoar los procedimientos sancionadores por hechos realizados por altos
cargos que puedan constituir infracciones administrativas previstas en
cualquier norma que les sea de aplicación.
2.- La instrucción de los procedimientos sancionadores
corresponderá a la Inspección General de Servicios de la Junta de
Castilla y León.
3.- Corresponde a la Comisión de Ética Pública resolver los
procedimientos sancionadores por hechos que constituyan infracciones
administrativas de los altos cargos. Las resoluciones que dicte dicho
órgano pondrán fin a la vía administrativa.
Artículo 27.- Prescripción y cancelación.
1.- Las infracciones previstas en esta ley prescribirán a los cinco
años las muy graves, a los tres las graves y al año las leves.
Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a
los cinco años, por infracciones graves a los tres años, y por infracciones
leves al año.
2.- Las sanciones impuestas conforme a lo previsto en esta ley se
cancelarán del expediente del alto cargo, de oficio o a instancia del
interesado, una vez transcurrido el mismo plazo que el señalado para la
prescripción de la infracción de que se tratara.
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DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- Limitación de mandatos.
Las personas que hayan ostentado durante ocho años la
presidencia de la Junta de Castilla y León o de alguna de las instituciones
propias de la Comunidad de Castilla y León no podrán ser propuestas
para su reelección en la misma Institución.
Segunda.- Código Ético y de Austeridad de las Instituciones Propias.
Cada una de las instituciones propias de la Comunidad de Castilla y
León contará con su propio Código Ético y de Austeridad. Estos Códigos
deberán aprobarse por cada institución en el plazo de seis meses desde
la entrada en vigor de esta ley.
Tercera.- Relación de entes.
En el Portal de Transparencia de la Junta de Castilla y León se
mantendrá una relación actualizada de los entes y de sus cargos a los
que les sea de aplicación esta ley conforme a lo previsto en su artículo 1.
Cuarta.- Comunicación de nombramientos.
El centro directivo competente en materia de secretariado de la
Junta de Castilla y León comunicará los nombramientos y ceses que
efectúe dicho órgano a la Inspección General de Servicios.
El resto de nombramientos, contrataciones, ceses o despidos, de
altos cargos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley se deberán
comunicar, con carácter previo a su formalización, a la Junta de Castilla y
León por el titular de la consejería a la que esté adscrita la entidad de que
se trate. Y una vez formalizado, el titular de la secretaría general de la
consejería correspondiente lo comunicará a la Inspección General de
Servicios.
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Quinta.- Contenido de declaraciones.
Las declaraciones previstas en esta ley que deben formular los altos
cargos tendrán el contenido que determine la Inspección General de
Servicios y se efectuarán mediante los formularios que elabore dicho
órgano.
Sexta.- Constitución de la Comisión Ética Pública.
En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta ley se
deberá constituir la Comisión de Ética Pública.
Séptima.- Adaptación del Registro de Bienes y Actividades de los
Altos Cargos.
El Registro de Bienes y Actividades de los Altos Cargos y su
contenido actual se adaptarán a lo previsto en esta ley en el plazo de dos
meses desde su entrada en vigor.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Régimen de nombramiento.
El Título I, salvo el artículo 4.2, no será de aplicación durante la
presente legislatura a quien tenga la condición de alto cargo en el
momento de la entrada en vigor de esta ley.
Segunda.- Código Ético y de Austeridad.
El Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León y de sus entes
adscritos aprobado por Acuerdo 132/2015, de 15 de octubre, de la Junta
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de Castilla y León, en lo que no se oponga a lo previsto en esta ley,
mantendrá su vigencia hasta que no se apruebe un nuevo código.
Tercera.- Reserva de puesto.
Lo previsto en la disposición final cuarta será de aplicación al
personal de la Administración de la Comunidad que esté en situación de
servicios especiales en el momento de la entrada en vigor de esta ley.
Cuarta.- Normativa electoral.
Lo previsto en el apartado 3 de la disposición final primera no será
de aplicación durante la presente legislatura a quienes ostenten la
condición de procurador de las Cortes de Castilla y León en el momento
de la entrada en vigor de esta ley.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango
se opongan a lo dispuesto en la presente ley, en concreto:
a) La Ley 6/1989, de 6 de octubre, de incompatibilidades de los
miembros de la Junta de Castilla y León y de otros cargos de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
b) La Ley 11/1990, de 28 de noviembre, de creación del Registro
de Intereses de los miembros de la Junta de Castilla y León y de otros
cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
c) Decreto 3/1991, de 17 de enero, por el que se regula la
organización y funcionamiento del Registro de Intereses de Altos Cargos.
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DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Modificación de la Ley 3/1987, de 30 marzo, Electoral de
Castilla y León.
1.- Se modifica el artículo 3.2 que queda redactado como sigue:
“2.- Son, además, inelegibles:
a) Los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla
y León y de las entidades adscritas a ella, salvo los miembros de la
Junta de Castilla y León y quien ostente la titularidad del órgano
directivo competente en materia de relaciones con las Cortes de
Castilla y León.
b) Los Ministros y Secretarios de Estado del Gobierno de la Nación.
c) Los Parlamentarios de las Asambleas de otras Comunidades
Autónomas y los miembros de las Instituciones Autonómicas que
por mandato estatutario o legal deban ser elegidos por dichas
Asambleas.
d) Los miembros de los Consejos de Gobierno y el resto de altos
cargos de otras Comunidades Autónomas.
e) Quienes ejerzan funciones o cargos conferidos y remunerados por
un Estado extranjero.”
2.- Se deja sin contenido el apartado 3 del artículo 2.
3.- Se modifica el artículo 5.2 que queda redactado como sigue:
“2.- Además de los supuestos comprendidos en Ley Orgánica del
Régimen Electoral General también es incompatible la condición de
procurador de las Cortes de Castilla y León con:
a) La condición de parlamentario del Parlamento Europeo.
b) La condición de presidente de diputación provincial.
c) La condición de alcalde o concejal de municipios con población
superior a 20.000 habitantes.”
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4.- Se incorpora un nuevo artículo 31 bis, con la siguiente
redacción:
“Artículo 31 bis.- Debates.
Los candidatos a la presidencia de la Junta de Castilla y León de las
formaciones políticas que tengan grupo parlamentario propio en las
Cortes de Castilla y León deberán celebrar, al menos, dos debates
públicos durante la campaña electoral.
Una comisión de profesionales del periodismo en Castilla y León fijará
las condiciones para la celebración de estos debates garantizando el
respeto de los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y
neutralidad, y de acuerdo con las instrucciones que en la materia
pueda establecer la Junta Electoral competente. La composición y
funcionamiento de esta Comisión se regulará por orden de la
consejería competente en materia de procesos electorales.
Segunda.- Modificación de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León.
Se incorpora un artículo 40 bis con la siguiente redacción:
Artículo 40 bis.- Consejo de dirección.
1.- En cada consejería existirá un consejo de dirección como órgano
de deliberación y coordinación, presidido por el titular del
departamento y del que formarán parte los titulares de los centros
directivos centrales. Además, podrán asistir todas aquellas otras
personas a las que el titular de la consejería convoque expresamente.
2.- Las consejerías, de manera periódica, celebrarán un consejo de
dirección fuera de su sede ordinaria reservando un tiempo para
recoger sugerencias y propuestas de los ciudadanos y de las
organizaciones sociales que deberá desarrollarse de manera abierta a
los medios de comunicación social.”
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Tercera.- Modificación de la Ley 4/2001, de 4 de julio, reguladora
de la iniciativa legislativa popular y de los Ayuntamientos de
Castilla y León.
1.- Se modifica el artículo 2 que queda redactado como sigue:
“La iniciativa legislativa popular se ejercerá mediante la presentación
ante la Mesa de las Cortes de Castilla y León de una proposición de
ley suscrita por las firmas de, al menos, el 0,75 por ciento de los
electores del censo autonómico vigente el día de la presentación de la
iniciativa ante la Mesa de las Cortes, correspondientes a la mayoría de
las circunscripciones electorales de la Comunidad que representen en
cada una de ellas, como mínimo, el 0,75 por ciento del respectivo
censo provincial y que reúnan los requisitos prescritos en el artículo
anterior.”
2.- Se modifica el artículo 21.2 que queda redactado como sigue:
“El trámite ulterior se atendrá a lo dispuesto en el Reglamento de las
Cortes para las proposiciones de ley, pudiendo un miembro de la
Comisión Promotora, designado por ésta, participar en el debate en
Comisión y en Pleno.”
Cuarta.- Modificación de la Ley 7/2005 de 24 de mayo, de la
Función Pública de Castilla y León.
Se modifica el apartado 2 del Artículo 90 que queda redactado como
sigue:
“2. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales
tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que ocupaban,
siempre que aquél se hubiere obtenido por concurso o concurso
específico. En caso de que el puesto de trabajo que ocupaban en el
momento de su pase a la situación de servicios especiales hubiere
sido obtenido por libre designación no tendrán derecho a la reserva del
puesto, pero su reingreso al servicio activo se efectuará, al menos, a
un puesto del mismo nivel y localidad que los del puesto que
ocupaban.
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En todos los casos, el tiempo que permanezcan en situación de
servicios especiales computará a efectos de trienios, consolidación del
grado personal y derechos pasivos como si se hallaran en servicio
activo en la Administración de la Comunidad de Castilla y León”.
Quinta.- Habilitación normativa.
Se faculta a la Junta de Castilla y León para aprobar las
disposiciones necesarias en desarrollo de esta ley.
Sexta.- Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Castilla y León.