POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIALES

Los colectivos abajo firmantes queremos trasladar a la opinión pública el desacuerdo ante los

recortes en las políticas sociales que la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales quiere introducir a

través de las reformas recogidas en el “Borrador de Decreto de la Renta de Garantía de Ingresos” y

en el “Decreto Regulador de la Prestación Complementaria de Vivienda”.

En una coyuntura de crisis, cuando más necesarias son las ayudas sociales, el Gobierno Vasco,

que se autodenomina progresista, ha decidido hacer un recorte drástico de las mismas. Nos sonroja

que, en cambio, a quienes causaron la actual crisis no sólo no se les exijan responsabilidades, sino

que se les subvenciona con dinero público. Nos venden el reglamento como un avance social en pro

de la empleabilidad y, sin embargo, su única consecuencia va a ser un aumento de la exclusión social.

Valoramos estas medidas como arbitrarias, injustas y técnicamente deficientes. Creemos que crean

mayor desigualdad y discriminación y expulsan del sistema de protección a las personas con menos

recursos, que tendrán que vivir en condiciones de mayor pobreza, por lo que aumentarán las

situaciones de marginación y la conflictividad social mientras empeorarán las condiciones

residenciales y subirán los precios de los alquileres con derecho a empadronamiento.

Con estas medidas el Gobierno Vasco se sitúa en la línea de otras administraciones que se

aprovechan de la crisis y de discursos populistas. Si bien hemos asistido a un progresivo recorte de

derechos, con esta norma se da un paso substancial y se rompen consensos sobre derechos inclusivos.

Llamamos a la ciudadanía a movilizarse contra estos recortes que nos afectan a todas y todos.

Solicitarlas es un derecho que nos asiste por ley y que hemos de defender, de la misma forma que

protestaríamos si viéramos en peligro la sanidad pública o las pensiones. Las prestaciones son un

derecho conseguido con el empeño de mujeres y hombres que han vivido otras crisis. Es un error

asociar las ayudas sociales con ciertos colectivos que sentimos ajenos a nuestra realidad, ya que si

algo hemos aprendido a lo largo de los años es que cualquier persona, sea cuál sea su situación

laboral actual, su origen o su actitud hacia el trabajo -y más aún en tiempos de crisis económica y de

precarización del empleo- puede verse en la situación de solicitar la renta de garantía de ingresos u

otro tipo de prestación social. Ni la crisis ni los prejuicios negativos e infundados que pesan sobre las

y los preceptores de renta básica son excusa para recortar nuestros derechos.

Denunciamos especialmente los siguientes retrocesos:

1. Sólo se percibirán como máximo dos prestaciones sociales por vivienda. Esta medida va en

contra de las personas que no les queda más remedio que compartir piso con otras para hacer frente al

abusivo precio de los alquileres, por ser jóvenes, por tener empleos precarios o que por ejemplo han

abandonado su vivienda por motivo de una separación. Muchas se verán forzadas a sobrevivir sin

prestaciones en todavía peores condiciones de vivienda o a tener que mentir sobre el

empadronamiento. Con el reglamento anterior este límite estaba establecido en el total de

habitaciones que tuviera una casa sin que tal limitación haya demostrado utilidad alguna para mejorar

las situaciones de vivienda.

2. Además, dejarán de tener validez los contratos de hospedaje/pupilaje (es decir, alquiler por

habitaciones) cuando son una de las formas más habituales que tienen las personas y familias más

desfavorecidas para acceder a un piso compartido.

3. Las personas con un trabajo en precario verán que sólo pueden complementar sus bajos

salarios durante 2 años y después se les suspenderá el cobro de la ayuda social a la que tuvieran

derecho aunque sigan trabajando con contratos en precario y sueldos míseros. Hecho que no se

producía hasta la actualidad. Esta nueva normativa va en contra de la conciliación laboral y familiar

ya que no se va poder cobrar una ayuda social y acogerse a una excedencia por cuidado a familiares

dependientes.

4. Las trabajadoras y trabajadores por cuenta propia que sufran una fuerte bajada de ingresos

no podrán pedir ninguna prestación hasta que no tengan la nueva declaración de la renta; por lo cuál

en algunos casos tendrán que esperar cerca de un año para poder acceder a alguna cobertura social.

5. Se computan como bienes muebles a efectos de patrimonio (con la consiguiente

imposibilidad de acceder a las ayudas sociales) aquellos de los que las familias no pueden disponer,

de propiedad compartida o de difícil realización. Por ejemplo, haber heredado parte de una vivienda

contará como patrimonio a pesar de que no se pueda disponer de la misma porque esté en usufructo.

6. Se establecen límites a la cuantía de las ayudas para el pago del acceso a una vivienda o la

atención sanitaria no cubierta por Osakidetza.

Por último, he aquí algunos datos que muestran el sinsentido de realizar recortes cuando la

sociedad más necesita prestaciones sociales:

135.687 personas se encuentran desempleadas (67.944 hombres y 67.743 mujeres), 25.594 más que hace un año, lo que representa un alza del 23,25 %. 48.000 no cobran ningún tipo de

prestación (SISPE-INEM)

Están pues legislando y decretando en contra de más de 890.000 personas, ya que según la

Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales del 2008, que realiza el Gobierno de Lakua, un 21,6%

(463.000 personas) de la población vasca refleja algún tipo de precariedad (vivienda, vestido,

sanidad, alimentación, educación...) y además otro 20,1% de la población (otras 430.000 personas

más) declara que tiene considerables dificultades para llegar a fin de mes.

6.700 familias se han quedado sin cobertura social al no tener la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales un presupuesto suficiente para atender todas las solicitudes de Ayudas de

Emergencia Social. Ayudas destinadas a prevenir situaciones de marginación social. (Dato del

Gobierno Vasco).

En el primer semestre de 2009 los juzgados de Euskadi han registrado 661 solicitudes de

ejecuciones hipotecarias. La mayor parte de ellas, 356, fueron en Vizcaya, 168 en Guipúzcoa y 138 a

Álava.

Las peticiones a Cáritas y al Banco de Alimentos han aumentado un 40%. A día de hoy 35.000 personas se alimentan gracias a estas instituciones.

Por todo ello, reclamamos una política social que amplíe los derechos sociales en lugar de

recortarlos.

COLECTIVOS FIRMANTES:

ELA, LAB, STEE-EILAS, ESK, CGT y CNT.

Danok Lan (Galdakao), Argilan (Bilbo), Berri-Otxoak (Barakaldo) y Elkartzen.

SOS Racismo, Mujeres del Mundo, Asociación Colombia-Euskadi, ASEMA (Asociación de Senegaleses de Markina-Xemein), Mbolo Moye Doole.

Asociación Alavesa de Trabajo Social, Zuzen, red por la igualdad de derechos de Vitoria-Gasteiz, Foro R. P. de Gasteiz - C.V.X. (Comunidades de Vida Cristiana) de Gasteiz, Asamblea de Mujeres

de Bizkaia, Asociación Mujeres en la Diversidad, Centro Asesor de la Mujer “Argitan”,

Coordinadora de Grupos de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, La Salle Iturburu Elkartea,

Anitzak Ekimena.

GIZARTE ESKUBIDEEN DEFENTSAREN ALDE

Behean sinatzen dugun taldeok, Enplegu eta Ongizate Kontseilaritzak "Sarreren Berma

Errentaren Dekretuaren Zirriborroan" eta "Etxebizitzaren Emate Osagarriaren Erregulatzailearen

Dekretuan" proposatzen dituen erreformak gizarte politikan murrizketa suposatzen dutela eta hauen

aurrean gure desadostasuna helarazi nahi diogu gizarteari.

Eusko Jaurlaritzak, bere burua aurrerakoitzat hartzen badu ere, krisi egoera batean, gizarte-

laguntzak beharrezkoagoak direnean, hain zuzen ere, berauek zorrotz murriztea erabaki du. Era

berean, lotsa ematen digu krisialdi hau eragin zutenei ardurak exijitu ez eta gainera diru publikotik

laguntza ematen zaiela ikusteak. Araudia enpleguaren aldeko gizarte-aurrerapena dela esaten

badigute ere, bere ondorio bakarra gizarte-bazterketa gehitzea izango da. Gure ustez, neurri hauek

arbitrarioak, bidegabekoak eta teknikoki eskasak dira. Diskriminazio eta desberdintasun handiagoa

sortzen dute eta babes sistematik baliabide gutxien dituzten pertsonak kanporatzen dituzte. Hauek

txirotasun egoera larriagoan bizi beharko dute eta ondorioz gizarte gatazka eta bazterketa egoerak

gehituko dira, alde batetik eta bestetik, bizileku egoerak kaskartuko dira eta erroldatze eskubidea

ematen duten alokairuak garestituko dira

Neurri hauekin, Eusko Jaurlaritza, krisitik eta berbaldi herrikoietatik etekina ateratzen duten beste

administrazioen parean jartzen da. Eskubideen murrizketa bizi izan badugu ere, arau honekin

funtsezko pausu bat ematen da eta eskubideen inguruan lortutako adostasunak apurtzen dira

Denoi erasaten digun murrizketa hauen aurka, hiritarrei mobilizatzeko deia egiten diegu. Gizarte-

laguntzak eskatzea legez dagokigun eskubidea da eta babestu behar dugu, osasun publikoa edo

pentsioak arriskuan ikusiko bagenitu babestuko genituzkeen moduan Prestazioak beste krisiak bizi

izan dituzten gizon eta emakumeen ahaleginez lortutako eskubideak dira. Krisitik zerbait ikasi

badugu zera izan da: laguntza horren beharrean edonor aurki daitekela. Laguntza sozialak gure

errealitatetik urrun sentitzen ditugun zenbait talderekin lotzea akatsa baino ez da. Urteetan zehar ikasi

dugu edozein pertsona, bere jaioterria edo lan-egoera edozein izanda ere, eta are gehiago, krisi

ekonomiko eta enplegu eskaseko kontestu batean, gizarte-prestazioa eskatzeko egoeran aurki

daitekeela. Ez oinarrizko errenta jasotzen dutenenganako aurreiritzi ezkor eta funsgabeak ezta krisia

ere izan daitezke gure eskubideak murrizteko aitzakia.

Bereziki ondorengo atzerakadak salatzen ditugu:

1.- Neurri honek neurriz kanpoko alokairuak ezin ordaindu eta ondorioz, etxebizitza berean

bizi behar duten pertsonen aurka egingo du, alegia, gazteak, enplegu ezegonkorrak dutenak edo

banaketa bat dela eta bere etxea utzi behar izan dutenak. Hauetariko asko, prestaziorik gabe,

etxebizitza egoera okerragoetan bizirautera derrigortuta egongo dira edo erroldatzeari buruz gezurrak

esatera. Aurreko araudiak, etxe bakoitzeko logela kopuruan ezartzen zuen muga, muga horiek

etxebizitzen egoera hobetzeko baliagarritasunik duten ala ez frogatu ez badute ere.

2.- Gainera, ostatu/apopilotza kontratuak (gelak alokatzea) balio gabe geratuko dira, pertsona

eta familia behartsuenak gehien erabiltzen duten era izanik.

3.- Lana kolokan dutenek 2 urte baino ez dute euren lan-sari kaskarragatik osagarriak

lortuko eta gero gizarte-laguntza jasotzeko eskubide horiek kenduko dizkietela lan-kontratu ez-

egonkorrak eta lan-sari miserableak izaten jarraitu arren. Orain arte gertatzen ez zena. Araudi berri

honek lan eta familia kontziliazioaren aurka egiten du, ezin izango baita gizarte-laguntzak jaso eta

menpekotasuna duten familiarrak zaintzeko lan-utzialdia hartu.

4.- Norbere kontura lan egiten duten langileek diru-sarreretan jeitsiera handia izaten badute

ezin izango dute inongo prestaziorik eskatu errenta adierazpen berria egin arte, beraz, kasu batzutan

ia urtebete itxaron beharko dute gizarte babesen bat lortzeko.

5.- Ondare xederako ondasun higigarriak kontuan hartzen dira (beraz, gizarte-laguntzak ezin

jaso) Hauen artean aurkitzen dira: familiak erabili ezin dituen haiek, jabetza partitutakoak edo egiten

oso zailak direnak. Adibidez, etxebizitza bat heredatzea ondasuntzat hartuko da, nahiz eta

usufruktuan dagoelako ezin erabili.

6.- Etxebizitza batean sartzeko edo Osakidetzak betetzen ez duen arreta ordaintzeko laguntzen

kopuruari mugak jartzen zaizkio.

Azkenik, gizarte-laguntzak gehien behar direnean murrizketak egitearen zentzugabekeria

frogatzeko hona hemen datu batzuk:

128.201 pertsona daude lan-gabezian (65.085 gizon eta 63.116 emakume), lehengo urtean baino 27.564 gehiago, %27,39 igo dela esan nahi du. 48.000k ez dute inongo laguntzarik

jasotzen (SISPE-INEM).

8900.000 lagun baino gehiagoren aurka egiten ari dira arauak, Eusko Jaurlaritzak egiten duen 2008ko Pobrezia eta Giza Desberdintasun Inkestaren arabera, EAEko biztanleriaren 21,6 %ak

(hots, 463.000 lagun) nolabaiteko behar larria dauka (etxebizitza, jantzia, osasuna, elikadura zein

hezkuntzakoa) eta horretaz gain, biztanleriaren beste 20,1 %ak (beste 430.000 lagun) hilabetea

bukatzeko diru arazoak dituela adierazten zuen.

6.700 familia gizarte babesik gabe geratu dira Enplegu Kontseilaritzak eta Gizarte Gaiak

behar beste diru ez daukatelako Gizarte Larritasuneko Laguntzen eskaerei erantzuteko. Gizarte

bazterketak aurreikusteko ematen diren laguntzak. (Eusko Jaurlaritzako datua).

2009ko lehenengo seihilabetekoan Euskadiko Epaitegiek 661 eskaera jaso dituzte hipotekak burutzeko. Gehienak, 356, Bizkaian, 168 Gipuzkoan eta 138 Araban.

Karitasera eta Janarien Bankura egindako eskaerak %40 igo dira. Gaur egun 35.000 pertsona elikatzen dira erakunde hauei esker.

Guzti honengatik, gizarte eskubideak murriztu beharrean ezean gehitzen dituen gizarte politika

bat eskatzen dugu.

TALDE SINATZAILEAK:

ELA, LAB, STEE-EILAS, ESK, CGT y CNT.

Danok Lan (Galdakao), Argilan (Bilbo), Berri-Otxoak (Barakaldo) y Elkartzen.

SOS Racismo, Mujeres del Mundo, Asociación Colombia-Euskadi, ASEMA (Asociación de

Senegaleses de Markina-Xemein), Mbolo Moye Doole.

Asociación Alavesa de Trabajo Social, Zuzen, red por la igualdad de derechos de Vitoria-Gasteiz,

Foro R. P. de Gasteiz - C.V.X. (Comunidades de Vida Cristiana) de Gasteiz, Asamblea de Mujeres

de Bizkaia, Asociación Mujeres en la Diversidad, Centro Asesor de la Mujer “Argitan”, Coordinadora de Grupos de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, La Salle Iturburu Elkartea,

Anitzak Ekimena.