anexo. ponencia enacom

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El tratamiento periodístico del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Página/12. Los debates en la Cámara de Senadores y el día de la sanción de la nueva legislación. Por: Ana Laura Elbirt - Universidad Nacional de Salta Ponencia presentada en el marco del 8º Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación. Sobre Navegaciones y Territorios. Investigación, Intervención y Contextos de la Comunicación. 19/20 y 21 de agosto de 2010, Jujuy – Argentina

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Este anexo reúne todos los artículos periodísticos que hacen referencia al tratamiento del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA) publicados en el diario de circulación nacional, Página/12. El anexo se conforma de 142 artículos periodísticos, publicados entre el 18 de septiembre y 10 de octubre de 2009.

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El tratamiento periodístico del proyecto de

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Página/12.

Los debates en la Cámara de Senadores y el día de la sanción de la nueva legislación.

Por: Ana Laura Elbirt - Universidad Nacional de Salta

Ponencia presentada en el marco del 8º Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación. Sobre Navegaciones y Territorios. Investigación, Intervención y Contextos de la Comunicación. 19/20 y 21 de agosto de 2010, Jujuy – Argentina

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ANEXO

Artículos que hacen referencia a la Ley de Servicios Audiovisuales Diario Página/12, edición digital Artículos ordenados por fecha: Viernes, 18 septiembre de 2009 - Sábado, 10 de octubre de 2009

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Viernes, 18 septiembre de 2009

PIRULO DE TAPA

TRANSFUGUISMO

Luego de un largo debate y consultas con el jefe partidario y senador Rubén Giustiniani y con el gobernador Hermes Binner, los diez diputados socialistas habían decidido apoyar en general la ley de servicios audiovisuales, aunque luego votarían en contra una decena de artículos y se abstendrían en otros tantos. A través de los portales de Internet de Córdoba se enteraron de que su compañera Laura Sesma no acompañaría la decisión del bloque. Hace menos de un año, la propia Sesma había presentado un proyecto de “transfuguismo” en el que proponía que se le quite la banca al diputado que no respete las decisiones de su bloque.

Viernes, 18 de septiembre de 2009

EL PAIS › CRUCES ENTRE EL OFICIALISMO Y JULIO COBOS POR EL TRAMITE QUE TENDRA EL PROYECTO EN EL SENADO

Otra idea “no positiva” del vicepresidente

El vicepresidente anunció que instruyó al secretario parlamentario para que girara la iniciativa a cinco comisiones. El oficialismo criticó la estrategia dilatoria. Mandarían el texto al Senado cuando el vicepresidente esté a cargo del Ejecutivo.

Por Martín Piqué

El proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobado en Diputados podría llegar al Senado el próximo lunes. El primer día hábil de la semana entrante encontrará a Julio Cobos a cargo del Ejecutivo tras el viaje de la Presidenta a Nueva York, con motivo de la cumbre del G-20. Con Cobos al frente de la primera magistratura, el trámite administrativo en el Senado quedará en manos del presidente provisional del cuerpo, José Pampuro. Cobos sabe que es muy probable que el dictamen con media sanción llegue al Senado cuando él ya no esté a cargo de la presidencia de la cámara. Por eso, ayer, en una decisión poco común, instruyó por anticipado al secretario parlamentario, Juan Estrada, para que gire el proyecto a cinco comisiones del Senado. Apenas se conoció esta información, difundida desde el entorno de Cobos, el jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto, salió a contestarle al vice. “Los giros del presidente de la Cámara debe fundarlos sobre la competencia de cada comisión y el tema a debatir. Sería un acto de discrecionalidad girarlo a un sinnúmero de comisiones que no tienen competencia alguna”, replicó.

Los cruces entre Cobos y Pichetto se convirtieron en un clásico de la política argentina desde la madrugada de la resolución 125. Nadie olvidará aquella cita bíblica que el rionegrino le dedicó a Cobos al final de su discurso, cuando ya sabía que el vicepresidente iba a sepultar las retenciones móviles con un desempate inesperado. “Lo que vas a hacer, hazlo rápido”, pronunció Pichetto con la voz grave, recordando a Jesucristo y Judas Iscariote. Ayer, tras la aprobación en Diputados del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Cobos y Pichetto comenzaron a prepararse para otra votación clave.

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Cobos fue el primero en mover sus piezas. A primera hora de la tarde, sus asesores informaron que el secretario parlamentario del Senado, Juan Estrada, quien llegó a ese puesto de la mano de Daniel Scioli en 2003, había recibido instrucciones para que cuando llegara el dictamen con media sanción lo girara a cinco comisiones. Según el reglamento interno del Senado, los proyectos que se van a tratar en la Cámara son enviados a una sola comisión, o a lo sumo dos, sobre todo cuando el dictamen implica una afectación presupuestaria. Pero el reglamento también prevé excepciones. Y sobre esas excepciones es que Cobos pretende justificar una ampliación del debate.

El interés de Cobos es sumar particularmente a las comisiones en las que el oficialismo no tiene garantizada la mayoría, que equivale a 8 votos sobre 15 integrantes. La instrucción que recibió el secretario Estrada consiste en girar el proyecto de Servicios Audiovisuales a las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Medios de Comunicación y Libertad de Prensa; Asuntos Constitucionales; Educación y Cultura; Derechos y Garantías. El oficialismo se opone a que intervengan las tres últimas comisiones.

Ayer, además de difundir su instrucción sobre la ley de Servicios Audiovisuales, Cobos hizo circular un comunicado en el que llamó a políticos y empresarios a construir un “gran consenso nacional”. “Para hacer en el presente una Argentina con futuro alguien tiene que ceder”, exhortó el vice. La idea de un gran acuerdo político entre las principales fuerzas políticas con vistas a los próximos años viene siendo impulsada, con matices, por Eduardo Duhalde y Rodolfo Terragno.

Pichetto no perdió el tiempo y ayer mismo salió a oponerse a la estrategia del vice. “Si se trata de girar por girar, bueno... Hay que explicarle al ciudadano y a los medios que el reglamento de la Cámara tiene un principio general y que el proyecto tiene que ser girado a una sola comisión”, replicó. También le contestó el senador Nicolás Fernández, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales. “El reglamento del Senado tiene dos principios generales. El primero es que los proyectos se giran a una sola comisión. Y en este caso particular, el reglamento es más taxativo porque al haberse unificado las comisiones de Comunicaciones y Libertad de Expresión, este proyecto debería ser remitido solamente a esa comisión”, dijo Fernández en diálogo con Página/12.

–Pero Cobos ya dijo que buscará ampliar el debate a cinco comisiones.

–El presidente del cuerpo, sea el vicepresidente de la Nación o el presidente a cargo de la Cámara, no tiene ninguna atribución plus para darle un trámite a los asuntos distinto al expresamente reglado. La función del vicepresidente de la Nación es de neto corte administrativo. Y sólo tiene atribuciones adicionales a las de ordenar cuestiones de neto corte administrativo y funcional cuando, como sucedió con la 125, existe un empate en las votaciones del cuerpo.

Justo a tiempo

La sucesión de argumentos utilizados por Cobos y los senadores opositores como el mendocino Ernesto Sanz (UCR), por un lado, y por los senadores oficialistas por otro podría derivar en una intrincada discusión inspirada en distintas interpretaciones del reglamento del Senado. Sin embargo, el oficialismo tiene a su alcance una alternativa más práctica para esquivar ese escenario. Mañana a la noche, cuando la Presidenta despegue hacia Estados Unidos, su ex compañero de fórmula quedará temporariamente a cargo del Ejecutivo. Eso le impedirá a Cobos conducir como titular del Senado los pasos previos del debate por la ley de Servicios Audiovisuales.

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Si el proyecto ingresa al Senado el lunes próximo, el trámite parlamentario quedará a cargo de Pampuro. Podría ser una solución provista por el almanaque y la agenda presidencial, pero también por lo complejo y vasto del proyecto que ya logró media sanción en Diputados. El dictamen votado por 147 legisladores del kirchnerismo, la centroizquierda y el Partido Socialista tiene 166 artículos. En la madrugada de ayer, los diputados votaron en forma particular cada uno de sus artículos en un procedimiento muy largo que terminó a las 4.15 de la mañana.

La iniciativa ya había sufrido más de 200 modificaciones en el debate en el plenario de las comisiones de Comunicación, Presupuesto y Libertad de Expresión. Ayer, el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, recordó la complejidad del texto y se preocupó por despejar las suspicacias acerca de una supuesta demora intencional en el giro al Senado. “No hay que generar suspicacias ni acciones intencionales ya que cuando se termine de resolver el trámite parlamentario con prolijidad y celeridad se girará la sanción al Senado, donde sea Cobos el presidente o esté Pampuro a cargo, tendrán que cumplir con el reglamento para avanzar con el trámite”, dijo. “Queremos ser muy prudentes dentro de la rapidez que esto necesita. Por eso, se está trabajando con urgencia con mucha seguridad y tranquilidad. Queremos darle un tratamiento adecuado”, argumentó Fellner.

Viernes, 18 de septiembre de 2009

EL PAIS

Las críticas de Adepa

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas consideró que el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados contiene “restricciones a la libertad de prensa” y afecta “la seguridad jurídica”. En un documento enviado a sus socios, Adepa señaló que la iniciativa “afecta gravemente a la libertad de expresión por la determinación de contenidos obligatorios para las emisiones radiales y televisivas al igual que lo hace la ley vigente de 1980” y que “lesiona seriamente el sistema federal”. La entidad expresó que “la restricción aparece con los amplios márgenes de discrecionalidad que se le otorga a la Autoridad de Aplicación, controlada por el PEN, para el otorgamiento y caducidad de las licencias”. Además, Adepa aseguró que el proyecto viola “bajo el eufemismo de la ‘adecuación’, derechos adquiridos bajo el amparo” de leyes anteriores. “Desconoce –manifestó– licencias legales vigentes y pretende desapoderarlas en el término de un año. Esta disposición intenta forzar a los actuales licenciatarios sin tener en cuenta que, justamente, son titulares de derechos concedidos para un fin determinado. Se violan aquí no sólo el principio de legalidad, sino el derecho de propiedad, el de libre comercio, el de ejercer toda industria lícita y el de libre expresión, en general, y el de la libertad de prensa en particular.” Viernes, 18 de septiembre de 2009

EL PAIS

“Un avance democratizador”

Las universidades nacionales y el Encuentro de Organizaciones de Pueblos Originarios manifestaron su respaldo a la media sanción del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Resulta imprescindible contar con una nueva ley que avance en la democratización de la comunicación”, declaró el consejo superior

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de la Universidad Nacional de Córdoba, en coincidencia con la declaración conjunta de autoridades universitarias de todo el país porque “las universidades nacionales son actores directamente involucrados en la regulación de este tipo de actividad al ser parte del sistema de comunicación audiovisual y también al formar profesionales en el área de comunicación social”.

Matías Melillan, representante del Encuentro de Organizaciones de Pueblos Originarios, aseguró que el proyecto de ley de Comunicación Audiovisual terminará con “décadas de invisibilización y de marginación” de los pueblos originarios y sumará “riqueza cultural”. “Siempre se asoció a los pueblos originarios con la pobreza y los reclamos, y no con el aporte que hacemos a una cultura que tiene modelo eurocentrista, potenciado por los monopolios de los medios de comunicación”, destacó Melillan y consideró que el aporte que pueden hacer los pueblos originarios a partir de su participación en el sistema de medios “viene a sumar una riqueza cultural invalorable que hay en Argentina y que no se ha podido visibilizar”.

Viernes, 18 de septiembre de 2009

EL PAIS › COMO QUEDO EL PROYECTO DE LEY TRAS LA VOTACION EN PARTICULAR

Los cambios a la madrugada

En el debate de los 166 artículos del proyecto, los diputados acordaron fijar topes al reparto de la publicidad oficial, controlar los efectos ambientales de las emisiones radioeléctricas y destinar fondos al futuro Instituto Nacional de Música.

Por Miguel Jorquera

Las más de 250 modificaciones que introdujo el kirchnerismo en el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fueron fundamentales para lograr la media sanción en la Cámara de Diputados con el respaldo de los bloques de centroizquierda y del socialismo. Incluso, varios de los cambios que reclamaban estas bancadas se terminaron de incorporar en la madrugada de ayer, en medio del debate en particular de cada unos de los 166 artículos del proyecto. Entre ellos, establecer topes al reparto de la publicidad oficial a los licenciatarios privados con y sin fines de lucro, destinar el 2 por ciento de lo que recaude la AFIP al Instituto Nacional de Música y el control de las emisiones radioeléctricas de las empresas de comunicación.

La decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de inhabilitar el ingreso de las telefónicas y las empresas prestadoras de servicios públicos al negocio de los medios audiovisuales despejó el camino para los acuerdos, que continuaron en el plenario legislativo con cambios en la integración de la autoridad de aplicación. Dos de los aspectos más cuestionados por todo el arco opositor.

Con el núcleo duro opositor abroquelado para frenar el proyecto, la negociación con los bloques de centroizquierda y de algunos aliados –que estaban dispuestos a debatir la iniciativa en el Congreso– pasó a ser fundamental para obtener el respaldo necesario y que el proyecto atraviese sin dificultades la Cámara baja. Varias de las propuestas realizadas por Solidaridad e Igualdad (SI), Proyecto Sur, Encuentro Popular y Social (EPyS), los socialistas (PS) y radicales concertistas se incorporaron en el despacho de comisión.

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La mayoría de ellos insistieron con otros cambios durante el debate en el recinto. El PS había planteado la necesidad de incorporar al proyecto un artículo destinado al reparto de la publicidad oficial y hasta hizo una propuesta en el plenario de comisiones: un 50 por ciento del total distribuido por igual a todos los medios, un 20 por ciento a los medios de divulgación cultural y científica y el 30 restante de acuerdo con pautas que fijase el PE nacional sobre la base de una llegada masiva del mensaje. La propuesta no prosperó, pero tampoco se truncaron las negociaciones. El miércoles temprano, el socialismo volvió a reformular sus sugerencias y las acercó al bloque oficialista. La misma fue debatida por la conducción del bloque y el titular del Comfer, Gabriel Mariotto, que junto a sus técnicos no abandonó el Congreso durante las más de catorce horas de discusión en el recinto.

Las diferencias se resolvieron cerca de las tres de la mañana, cuando en la discusión artículo por artículo los diputados socialistas volvieron a la carga. “La autoridad de aplicación dispondrá, previa consulta al Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, los topes de publicidad oficial que podrán recibir los servicios de carácter privado comercial o sin fines de lucro, atendiendo las condiciones socioeconómicas, demográficas y de mercado de las diferentes localizaciones. Para la inversión publicitaria oficial, el Estado deberá contemplar criterios de equidad y razonabilidad en la distribución de la misma, atendiendo los objetivos comunicacionales del mensaje en cuestión”, dice el párrafo elaborado por el PS que quedó incorporado al artículo 76 del texto que pasa al Senado.

El diputado y economista de la CTA Claudio Lozano (Proyecto Sur) hizo propio un reclamo del sindicato de músicos. Propuso que el 10 por ciento de lo recaudado por la AFIP entre los medios de comunicación debía ser girado a la autoridad de aplicación de la futura ley, para que ésta lo destine al futuro Instituto Nacional de Música (a crearse), dentro de una ley general para la actividad. Finalmente, el bloque K accedió al reclamo, pero sólo destinó a ese fin el 2 por ciento de lo recaudado.

Tampoco faltaron planteos ambientalistas. Después de un cruce de opiniones acerca de sobre quién recaía la competencia, se incorporó –con el respaldo de varios diputados– un inciso al artículo 12 por el cual la autoridad de aplicación debe realizar “periódicamente los estudios técnicos para evaluar nivel y efectos de las emisiones radioeléctricas sobre el cuerpo humano y medioambiente”.

Cerca de las cuatro de la madrugada del jueves, y tras más de catorce horas de debate, terminaron las modificaciones al proyecto en la Cámara baja. Habían pasado más de ocho horas desde que el núcleo duro opositor –-UCR, Coalición Cívica, PRO, el PJ disidente y el cobismo– había abandonado el recinto pidiendo la nulidad de la sesión y reclamando un “debate más amplio”.

Viernes, 18 de septiembre de 2009

EL PAIS › ROY CORTINA LAMENTO EL RECHAZO DE SUS SOCIOS A LA NUEVA LEY DE MEDIOS

“Me dio lástima el radicalismo”

El diputado socialista dijo que la UCR “debió haber corrido por izquierda” y no enarbolar el mismo discurso que la derecha. Advirtió, además, que Julio Cobos “se equivoca” si pretende dilatar el tratamiento de la iniciativa en el Senado.

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Por Santiago Rodríguez

Roy Cortina no considera que la continuidad de la alianza del socialismo y la UCR en el marco del Acuerdo Cívico y Social corra peligro. “Nos hemos tratado con mucho respeto”, dijo para fundamentar esa impresión, aunque no dejó de remarcar que hubiera deseado otra cosa de los radicales frente al tratamiento de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que le “dio lástima” no haber coincidido con ellos en la votación a favor de la iniciativa. Autor del proyecto del socialismo, Cortina explicó los motivos del voto de ese partido y advirtió que hay opositores “que tienen la decisión de votar en contra y haga lo que haga el Gobierno, siempre van a correr la cancha”. También refutó las críticas del peronismo santafesino y habló del voto en contrario de su compañera de bloque Laura Sesma.

–¿Qué decidió al socialismo a votar a favor de la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual?

–Pusimos de un lado de la balanza cómo quedaba la ley a partir de la eliminación de las telefónicas y la modificación de la autoridad de aplicación, los dos puntos centrales de los seis que habíamos pedido cambiar, y del otro, que votar en contra implicaba la continuidad de la ley de la dictadura.

–¿Qué otro cambio le hubiera gustado al socialismo?

–Que la autoridad de aplicación reflejara más al país federal y la fijación de topes a la publicidad oficial.

–¿Le sorprendió que el Gobierno accediera a realizar los cambios?

–La verdad que para mí fue una sorpresa. Hay sectores de la oposición que tienen la decisión de votar en contra y haga lo que haga el Gobierno siempre van a correr la cancha. Con el socialismo eso no ocurre porque vota en virtud de lo que le parece bien o no.

–¿Es de los que cree que el Gobierno tuvo una auténtica voluntad de consenso o de los que sostiene que debió ceder para lograr su objetivo?

–No querían sacar la ley porque sean unos demócratas de los medios, sino porque creen que en el último año el grupo Clarín los ha perjudicado.

–Su compañera de bloque Silvia Ausburguer destacó que el socialismo actuó en forma coherente. ¿Le parece que hubo incoherencia de parte de otras fuerzas de la oposición?

–Me dio lástima y me dejó preocupado la decisión que tomó el radicalismo. Los proyectos de Giudici y de Stolbizer no eran muy diferentes al del Ejecutivo. Puedo entender que el centroderecha haya levantado el discurso de la libertad de expresión, pero el radicalismo, como el socialismo, debió haber corrido por izquierda. Me dio lástima no haber podido votar con el radicalismo.

–¿Quedaron presos de la necesidad de mostrarse opositores?

–Puede ser. La Argentina en estos veintiséis años estuvo más pendiente de construir alternancia que alternatividad y la alternancia encierra a la oposición en una

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construcción blanco y negro, en decir todo que no a quien está gobernando. Nosotros no le damos tregua al Gobierno en lo que tiene que ver con la calidad institucional, la pobreza y la desigualdad, pero no construimos una línea política basada en la alternancia

–Los peronistas de Santa Fe hablan de un pacto entre el socialismo y el Gobierno.

–Están en campaña. Echar un manto de sospecha sobre el socialismo es una canallada.

–Morales no cuestionó al socialismo, pero dijo que el Gobierno impulsa esta ley porque Kirchner pretende perpetuarse en el poder.

–Eso tiene que ver con las exageraciones a las que lleva la alternancia y la proximidad de la campaña electoral para el 2011. Me parece exagerado.

–¿La división planteada dentro del ACyS pone en riesgo su continuidad?

–No creo, porque nos hemos tratado con mucho respeto y no hemos faltado a la verdad. Además, coincidimos en más temas que en los que diferimos.

–¿Qué opina de la insistencia de Julio Cobos de abrir el debate en el Senado a más comisiones de las que quiere el oficialismo?

–Hemos sido críticos de la metodología del oficialismo en Diputados y nos pareció que, sin la intencionalidad dilatar el debate, se podría haber dado más tiempo para trabajar. Si Cobos lo hace para eso, tiene todo el derecho; si pretende dilatar el debate, se equivoca.

–¿Rubén Giustiniani va a votar a favor en el Senado?

–En términos generales, los socialistas tomamos decisiones como partido y somos muy respetuosos.

–¿Cómo influyó Hermes Binner en la decisión del socialismo?

–Tuvo el mismo rol que Giustiniani. Ambos estuvieron en contacto entre ellos y con nosotros y todos coincidimos en plantear que si se sacaba lo de las telefónicas y se modificaba la autoridad de aplicación se podía votar en general.

–Todos excepto Sesma.

–Ella planteó una objeción de conciencia porque sigue pensando que la intencionalidad del Gobierno es otra y nos pareció correcto aceptar su planteo. En el recinto se limitó a decir que votaba en contra y que respetaba muchísimo la decisión del bloque, pero estoy muy disconforme con sus declaraciones posteriores porque son más que imprudentes.

–Dijo que “la letra de la ley no tiene nada que ver con lo que viene diciendo” el Gobierno y que el bloque socialista cometió un “error”.

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–Esas declaraciones son imprudentes. Tendría que discutir en los cuerpos orgánicos del partido y llamarse a silencio.

–A propósito de declaraciones, Mauricio Macri afirmó que éste es “el Gobierno más fascista” que por años hubo en el país.

–Macri está absolutamente descalificado para opinar; descalifica a este Congreso por tomar una decisión de estas características y habiendo sacado el 31 por ciento de los votos en la ciudad remitió a la Legislatura para su tratamiento un endeudamiento de más de 1500 millones de pesos sin esperar el 10 de diciembre. Además, es de una desfachatez sin límite que opine teniendo de socio a Francisco de Narváez, que es un empresario con una gravitación importantísima en los medios de comunicación.

Viernes, 18 de septiembre de 2009

EL PAIS › LA REACCION DE MAURICIO MACRI EN UNA REUNION DE PARTIDOS DE DERECHA

“El gobierno más fascista en años”

El jefe de Gobierno y el titular de la UCR, Gerardo Morales, fueron los más críticos. Margarita Stolbizer dijo que la oposición debía quedarse a debatir. Martín Sabbatella celebró que la centroizquierda acompañara la iniciativa.

“Está cada vez más claro que este gobierno lo que hace es llevarse por delante a todo el mundo y ser el más fascista que hemos tenido en años”, arremetió el mandatario porteño Mauricio Macri un día después de que la Cámara de Diputados aprobara por un amplio margen el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En el mismo sentido se manifestó el senador y titular de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, que sostuvo que este avance “demuestra que el Poder Ejecutivo quiere asegurarse el control de los medios a partir de enero del 2011, porque Néstor Kirchner quiere volver a ser presidente, se quiere quedar por 40 años”. La titular del GEN, Margarita Stolbizer, se diferenció del resto de los legisladores que no acompañaron la iniciativa: criticó el proyecto, pero dijo que le hubiera gustado “que la oposición hubiera estado ayer sentada discutiendo artículo por artículo”.

Macri aprovechó el marco del encuentro de la Fundación Libertad y FAES, del ex presidente español José María Aznar (ver página 6) para cargar contra el proyecto que obtuvo media sanción en la madrugada de ayer: “Es un retroceso institucional más de los que acostumbra el kirchnerismo”, aseguró. “Estamos mirando con atención lo que van a hacer los senadores y esperemos que no nos defrauden –siguió–, que realmente pongan un freno a este avasallamiento de la libertad de expresión, al pluralismo y a este gobierno fascista que se lleva por delante a todo el mundo.”

El líder del PRO anticipó que “hay que ir pensando en cambiar esta ley con la nueva composición que va a tener el Congreso a partir del 10 de diciembre” y se quejó de que “nunca hubo diálogo entre el oficialismo y la oposición, nunca hubo realmente vocación para el diálogo. Piensan cosas perversas las 24 horas del día”, concluyó.

El titular de la UCR, Gerardo Morales, coincidió en las críticas. Dijo que Néstor Kirchner “quiere volver al poder y quedarse 40 años” y fue duro con los socialistas, socios de su partido en el Acuerdo Cívico y Social y otros diputados del centroizquierda que apoyaron la iniciativa. “No entiendo cómo algunos sectores progresistas terminan haciéndole el juego a esta situación que sostiene un gran

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debate ideológico. La UCR es un partido socialdemócrata y progresista, liberal en el sentido que ha nacido en la lucha por las libertades, en los antípodas de ideología de los fundamentos que pretende el poder K”, dijo Morales en lo que fue también una respuesta a los reproches que a su vez recibió su partido por parte de los socialistas.

De hecho, Stolbizer, líder del GEN y aliada de la UCR y la Coalición Cívica en el Acuerdo Cívico y Social, reconoció que “la ley tiene algunos contenidos que producen avance respecto de lo que hay”, pero aseguró que “se ha desvirtuado eso con el tratamiento que el Gobierno le ha dado”. “Los artículos de esa norma tienen errores y trampas múltiples. Lo que había que hacer era desnudar esa discusión. No sé si la estrategia de retirarse fue buena. Me hubiera gustado que la oposición hubiera estado ayer sentada discutiendo artículo por artículo”, señaló diferenciándose del radicalismo y la CC.

El diputado electo por el movimiento Encuentro, Martín Sabbatella, celebró, en cambio, que se haya aprobado la iniciativa en la Cámara baja y aseguró que el centroizquierda votó “con coherencia”: “Se produjeron muy buenas noticias. La primera, y más importante, es que se haya aprobado en diputados el proyecto de ley de medios y también que el centroizquierda haya votado con coherencia, unida y a favor, luego de aportar las principales modificaciones al proyecto oficial”, dijo el ex intendente de Morón.

Por su parte, el presidente de la bancada kirchnerista en la Cámara baja, Agustín Rossi, festejo la media sanción de una medida que “es profundamente antimonopólica, propicia una mayor cantidad de voces y que esas voces tengan la misma potencia, una sociedad más democrática con una mayor cantidad de opciones” y advirtió que a la oposición “no le va a resultar tan fácil poder anular o modificar” la ley luego del recambio parlamentario del 10 de diciembre, ya que “todo el arco político” que votó a favor de la iniciativa “seguirá siendo mayoría”.

Viernes, 18 de septiembre de 2009

EL PAIS › LA OPOSICION NO IMPUGNO FORMALMENTE LA SESION

Por el momento, sólo declaraciones

El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, fue el encargado de salir al cruce de los planteos de “irregularidades” y de los reclamos de “nulidad” de la sesión especial en la que se dio media sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual del Gobierno. “La oposición cometió un error en lo político y en lo parlamentario”, dijo Fellner sobre la decisión de los principales bloques opositores de retirarse del recinto y aclaró que la oposición “no presentó ningún tipo de planteo administrativo” contra el tratamiento que tuvo el proyecto. En tanto, referentes de distintas bancadas de la UCR, PRO, CC y peronistas disidentes evaluaban anoche distintas posibilidades de “invalidar” el tratamiento pero no habían arribado a ninguna decisión.

“Se ha dado una media sanción histórica, porque ésta es una ley importante para el sistema democrático; más allá de que algunos la sientan en la piel más que otros”, insistió el diputado jujeño, al tiempo que deslizó que “el planteo de nulidad (de la ley por parte de legisladores opositores) sólo fue hecho a viva voz en el recinto”. También criticó a la oposición por haberse abandonado el recinto durante la sesión del

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miércoles y hasta deslizó una chicana por no haber dado el debate: “Podrían haber cambiado algunos artículos con el apoyo de la mayoría”.

Después de haberse mostrado juntos frente a las cámaras de televisión para anunciar que abandonarían el recinto “ante las irregularidades” del tratamiento del proyecto, los referentes de los bloques opositores no avanzaron en ningún acuerdo sobre el tema. Aunque hubo varios contactos informales para analizar la impugnación de la sesión, los diputados opositores no resolvieron nada.

“Veremos, lo estamos analizando”, confirmó a Página/12 el radical Pedro Azcoiti. El diputado bonaerense fue el primero en cuestionar la validez de la sesión especial. Mientras el oficialismo esperaba durante la mañana del miércoles reunir el quórum para sesionar (129 diputados sentados en sus bancas), Azcoiti ingresó al recinto para reclamar que ya había pasado media hora de la hora citada y que la sesión se había caído.

El bonaerense considera que se violó el reglamento de la Cámara baja. Desde el oficialismo, afirman que Azcoiti hace una mala interpretación reglamentaria y que existen antecedentes suficientes como para rebatir sus argumentos. La UCR dejó en manos del diputado bonaerense la estrategia sobre el tema y analiza las denuncias de la porteña Silvana Giúdici, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, de que tampoco se habría alcanzado el quórum en los plenarios legislativos en los que se discutió la iniciativa.

Viernes, 18 de septiembre de 2009

LA VENTANA › MEDIOS Y COMUNICACION

Los dueños de la palabra

Guillermo Mastrini y Martín Becerra adelantan los contenidos de su libro Los dueños de la palabra, que se presenta esta semana.

Por Martín Becerra * y Guillermo Mastrini **

Una de las preguntas recurrentes en los debates públicos sobre la concentración de medios es: ¿qué tan concentrada está la comunicación que circula, industrialmente, en nuestra sociedad? ¿Es novedoso el grado de concentración de los medios? Desde hace años, nuestro trabajo de investigación procura responder estos interrogantes, con datos empíricos. Por ello, hemos publicado el libro Los dueños de la palabra: acceso, estructura y concentración de los medios en la América latina del siglo XXI (Prometeo).

La convergencia tecnológica, de servicios y mercados, y la dinámica de actuación supraestatal de buena parte de los actores corporativos agregan una gran complejidad al funcionamiento de los medios de comunicación y revelan la limitación de las regulaciones que intentan artificialmente establecer diques legales a un proceso tecnológicamente irreversible que interpela, entonces, la capacidad y creatividad de orientación de las políticas.

Si la concentración de cualquier actividad en pocas manos reduce la diversidad, erosiona la innovación y empobrece la dinámica de ese sector, en los medios de comunicación se afecta, además, un derecho fundamental. Los medios son los que vertebran en buena medida las noticias y las concepciones que la población construye

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sobre su cotidiano. Sobre esta premisa, las constituciones modernas y los tratados de derechos humanos han alertado acerca de la necesidad de promover el pluralismo.

El libro Los dueños de la palabra procura identificar la estructura del sector de la cultura y la información industrializadas; relevar el acceso social a ese sector y cuantificar los procesos de concentración de los principales actores.

El trabajo refiere a los medios de comunicación (diarios, radio, televisión abierta y televisión por cable), a otras industrias culturales (editorial gráfica, fonografía y cinematografía), a las telecomunicaciones (telefonía básica y móvil) e Internet. Estos sectores, por su cualidad convergente, son aludidos como “infocomunicacionales”. El trabajo de investigación se localizó en la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y España.

En un libro previo, Periodistas y Magnates (2006), corroboramos los niveles de concentración en la región comparando país por país y presentando un marco de teorías y metodologías que avalaban el estudio. El método empleado –que continuamos en el nuevo libro– permite obtener indicadores de concentración de los cuatro principales actores en cada una de las industrias infocomunicacionales.

En la Argentina, tomando en cuenta la influencia de las cuatro primeras empresas en cada uno de los mercados, resulta que el promedio de concentración es muy elevado: representa el 84 por ciento por parte de los primeros cuatro operadores, en el caso de la facturación, y el 83 por ciento en el caso del dominio de mercado (siempre se trata de promedios). Los porcentajes demuestran la consolidación de una situación estructural: las industrias culturales y de telecomunicaciones argentinas se hallan fuertemente controladas por las primeras cuatro firmas. Esta situación se agrava al contemplar los grupos a los que esas firmas pertenecen: generalmente se trata de los mismos dueños que están ramificados en todas las hileras productivas en casi la totalidad de las industrias consideradas. Particularmente los casos de Clarín y Telefónica se destacan como grupos dominantes, si bien en algún caso existen grupos emergentes (como el de Vila-Manzano-De Narváez) que aspiran en el futuro a incrementar su participación en el mercado.

La tendencia entre los indicadores de concentración del año 2000 y los de 2004 confirma un aumento que profundiza la participación de menos actores en condiciones cada vez más dominantes: de un promedio del 78 por ciento para los primeros cuatro operadores por dominio de mercado en el año 2000 se pasa a un promedio de 83 por ciento en 2004. En el caso de la facturación, la tendencia exhibe un incremento todavía mayor: de una participación del 73 por ciento en promedio por parte de las cuatro primeras empresas en el año 2000 se pasó a un 84 por ciento en 2004.

Ambas tendencias merecen analizarse como parte de un proceso en el que las condiciones políticas y económicas (la historia de las medidas de los distintos gobiernos, el mayor poderío de los actores principales generalmente auxiliados económicamente por el Estado y el debilitamiento, gracias a su estrategia de funcionamiento en escala, de las empresas y actores más pequeños) favorecen la concentración de la propiedad en los mercados estudiados. Lejos de ser el resultado de un proceso “natural”, la concentración en la Argentina ha tenido causas políticas y económicas concretas de las que dan testimonio las últimas tres décadas. Más allá de las interpretaciones y posicionamientos variopintos, los índices de concentración reclaman una atenta mirada por parte de la sociedad, ya que están condicionando su potencial deliberativo.

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* Investigador del Conicet, doctor en Comunicación por la Universidad de Barcelona, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y de la UBA. .

* * Docente de la UBA y de la Universidad Nacional de Quilmes. Imparte cursos de posgrado en las universidades nacionales de La Plata, Córdoba y Buenos Aires.

Viernes, 18 de septiembre de 2009

20:35 › POR UNAS CABEZAS

Mariotto: "La nueva ley generará más puestos de trabajo"

El titular del Comfer, Gabriel Mariotto, no descartó que el Senado amplíe de uno a tres años el plazo para la aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, afirmó que con la nueva norma "habrá muchos más licenciatarios" y criticó la "distorsión del mensaje del Grupo Clarín", que afirma que "TN puede desaparecer".

"Por suerte estamos ahora mucho más maduros, y podemos resignificar estos mensajes y darnos cuenta de que se trata de una gran victimización", expresó el funcionario en relación a los titulares de Todo Noticias, que advierten que la aprobación de la nueva ley de medios haría desaparecer la señal.

El titular del Comité Federal de Radiodifusión afirmó que "no se trata de que desaparezca ninguna señal sino de que haya más señales, más discursos, más emisores". Y agregó que "TN no tiene que desaparecer necesariamente", ya que "puede ser la señal de distribución propia de Multicanal".

El funcionario recalcó que la nueva ley propone que "un mismo grupo que distribuye cable no tenga en la grilla de programación seis o siete señales de generación propia, porque atenta contra la competencia".

Más adelante, repasó que el mismo grupo empresario, propietario del canal de noticias TN, el Grupo Clarín, además posee "los canales Metro, Magazine, TyC Sports, TyC Max y Volver".

Acerca de la posibilidad que se produzcan despidos de trabajadores si cierran sus fuentes de trabajo, Mariotto manifestó que las nuevas licenciatarias "tendrán que asimilarlos, reasignarles tareas y, en el peor escenario, tendrán la posibilidad de inscribirse en las empresas que surgirán" a partir de la aplicación de la nueva ley.

"Habrá nuevos medios a partir de la nueva ley de la democracia" afirmó Mariotto, y no descartó que el Senado amplíe el plazo de un año a tres para que los medios de comunicación se adapten a las nuevas disposiciones que exiga la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. "Dependerá del tratamiento en el Senado. Nosotros tomamos como ejemplo a Microsoft, que tuvo el plazo de un año para ajustarse a derecho frente a sus competidores."

Por último, Mariotto adelantó que apelará la decisión judicial que suspendió la decisión del Comfer de anular la fusión de Multicanal y Cablevisión.

Viernes, 18 de septiembre de 2009

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El jefe del bloque radical en la Cámara alta, Ernesto Sanz, mantuvo hoy un encuentro informal con su par del bloque kichenerista, Miguel Ángel Pichetto, como "prenuncio de la reunión formal del próximo martes", en la cual todos los jefes de bloque acordarán de qué manera abordarán el proyecto de ley de Comunicación Audiovisual que ya cuenta con media sanción de Diputados.

"Le trasmití a Pichetto la necesidad de que el Senado se haga cargo de su función, ser una cámara revisora", explicó Sanz. "El Senado tiene la oportunidad de ordenar un poco el debate, más allá del resultado final", subrayó.

Sanz consideró importante que los líderes de los distintos bloques dialoguen antes del tratamiento en el recinto, para acordar "reglas de juego". "Encontré buena predisposición para hacerlo", afirmó.

"Hablamos de dos opciones: Cobos propone el debate en cinco comisiones y el oficialismo, en dos. Nosotros que sean cuatro las comisiones, para garantizar una mirada plural, y con el tiempo suficiente para profundizar los temas más conflictivos, como la autoridad de aplicación, que no es menor", detalló.

"Con una buena agenda creo que en tres semanas tenemos suficiente tiempo", concluyó, tras confirmar que el proyecto se votará entre el 7 y el 14 de octubre.

Viernes, 18 de septiembre de 2009

"El núcleo central de la Ley de Comunicación Audiovisual no es que desaparezcan canales sino que ningún medio tenga un control dominante en el mercado", afirmó el senador del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto. También precisó que esta situación de monopolio se refiere al concepto de "empresa" que nada tiene que ver con "el ejercicio de la libertad de expresión".

El titular del bloque de senadores del FpV, Miguel Pichetto, aseguró que el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Cámara de Senadores demandará al menos tres semanas y agregó que incluirá la convocatoria a empresas y entidades periodísticas.

"Vamos a analizar la ley y trabajarla en forma permanente, de lunes a viernes, durante tres semanas, un plazo suficientemente amplio como para poder tener una conclusión y que las comisiones puedan llegar a un dictamen", consignó el senador rionegrino.

En torno al debate que comenzará la semana próxima, Pichetto manifestó también que va a haber un "abordaje serio" de la ley en la cámara alta y estimó que "tomará un tiempo estimado de tres semanas".

En este sentido, el rionegrino añadió que la votación en el Senado "no será de una semana para otra" sino que va a haber un "abordaje en serio", que incluirá la convocatoria a "sectores, empresas y entidades periodísticas".

Al ser consultado sobre el contenido de la ley, Pichetto señaló que "si un medio tiene un canal de aire y uno de cable, tendrá que optar" porque el núcleo central de la ley es que "no se puede tener un control dominante en el mercado".

"Hay una empresa, una estructura empresaria, que tiene un control dominante en el escenario de la comunicación audiovisual en la Argentina, que va más allá de la calidad o no de sus contenidos", dijo el legislador en declaraciones a Radio Mitre.

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Añadió que, en este caso, la ley obliga a "ceder o transferir" estas empresas y recordó que "tienen un año para hacerlo".

Pichetto precisó que esta situación de monopolio se refiere al concepto de "empresa", pero que nada tiene que ver con "el ejercicio de la libertad de expresión", para el caso de las empresas de medios de comunicación. Explicó también que, quien ingrese al mercado de medios y tenga otra actividad económica, tiene que tener en cuenta que debe haber "administraciones separadas".

Sábado, 19 de septiembre de 2009

EL PAIS › PANORAMA POLITICO

Inútiles

Por J. M. Pasquini Durán

En el siglo pasado, calificar al gobierno de “fascista”, como hizo Macri esta semana, era una contraseña para el golpe de Estado. Es probable que en el minimundo conservador haya más de uno con ganas golpistas, lo mismo que entre dirigentes rurales, pero, para su desgracia, por el momento les falta tropa. Esos exabruptos orales eran el típico reflejo de la derecha que nunca tuvo votos suficientes para desplazar al gobierno de turno. Esto parecía superado desde el momento en que se destacaron algunas afortunadas perfomances electorales, del mismo Macri en la ciudad o de Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires, pero no fue así debido a que esas victorias, contundentes o escasas, no sirvieron para mucho, por ahora. Desde el estropicio con la Resolución 125, el kirchnerismo les gana cada pulseada en el Congreso, aunque los opositores más cerriles cuentan con el apoyo de los mayores grupos mediáticos.

Lo más desgraciado es que esa oposición, siempre atenta a las luces de la televisión, no se distingue hasta el momento por su capacidad de estudio o de propuestas para reemplazar las iniciativas del oficialismo. Las recientes sesiones en Diputados sobre la ley de medios audiovisuales fueron muestra cabal de esa tremenda inutilidad para el país: un centenar de diputados agotaron sus discursos con motivos formalistas, algunos casi pueriles, pero muy pocos aportaron enfoques o redacciones diferentes, sobre un texto que obra en manos de los legisladores desde marzo, seis meses y medio antes del debate. Sin contar que se trata de la intención de ley que rueda por los despachos del Congreso desde la segunda mitad de los años ’80.

Era obvio para el observador más desprevenido que las mayores corporaciones mediáticas no estaban interesadas en ninguna norma o reglamento que le pusiera límites a sus negocios. En ese sentido, seguían estancadas en el “Consenso de Washington”, que le dejaba al mercado la última palabra y el Estado estaba para facilitar las actividades privadas. Por lo tanto, si la ley que era vigente había sido elaborada en la dictadura de Videla no era asunto de su incumbencia, y si tenían que opinar preferían conservarla, ya que ningún gobierno que se dijera democrático podía apelar a la norma de la dictadura. El Comfer (Comité Federal de Radiodifusión), encargado de aplicar elementales reglas de conducta –como el respeto al horario del menor–, sonaba a hueco desde hace años, de manera que el conjunto (norma y autoridad de aplicación) era la perfecta ecuación neoliberal de consagración del mercado. A ningún acomodado en esa poltrona podía gustarle que viniera un gobierno –para peor populista– a sacarle el caramelito de la boca. Para colmo, el que levantó vuelo con su proyecto de ley –la próxima parada es el Senado– es el mismo que

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perdió en las urnas de importantes jurisdicciones el pasado 28 de junio, tanto es así que los opositores, al día siguiente, ya se preparaban para las exequias de un gobierno que supo tener un poderoso viento de cola.

No todo es mérito de los Kirchner. Cualquiera que mire la región advertirá que, de a poco, los vientos se están llevando las brumas de los años ’90, con todo lo que eso significa, y el tema de esta época es, otra vez, el rol del Estado. Las mismas masas que apoyaban a viva voz todas las privatizaciones, ahora piden la estatización hasta de los kioscos en las estaciones del transporte público. La tremenda hecatombe inaugurada en Wall Street, que arrasó bancos, aseguradoras, fondos de inversión y valores del mercado de capitales, por un valor que multiplica muchas veces la tasación en lote de todo el sistema mediático argentino, dejó en claro que este tiempo es del Estado, si quieren sobrevivir los negocios privados.

Los Kirchner tienen formación estatista, derivada de su historia y experiencia políticas, pero tampoco son ortodoxos ni fanáticos. Apenas si siguen la corriente del momento, sin saber siquiera si será largo o corto, pero con la suficiente astucia para aprovechar la circunstancia para debilitar a sus enemigos más pesados. La torpeza de la oposición, y de algunos intereses afectados, consiste en seguir discutiendo con los argumentos de los ’90 acerca del mercado, el Estado y la sociedad. Con esos criterios hoy en día no se puede gobernar ni una municipalidad, mucho menos la compleja trama de un país como la Argentina. Para lograrlo, no basta con tener un Ejecutivo eficiente sino que hace falta una clase dirigente atenta a los cambios de época y dispuesta a cambiar tantas veces como sea necesario para conservar su posición en la plaza.

Un buen ejemplo está aquí al lado, en Brasil, sede de uno de los mayores emporios televisivos de la región y del mundo, O Globo. Cuando aparecieron los cable-canales, Globo no se abalanzó a llenarse los bolsillos con la ocasión; al contrario, se opuso tenazmente a la instalación del servicio y gastó lo necesario para mejorar la propia calidad tanto de entretenimiento como de información y para llegar al mayor número posible de televidentes. En sus momentos de auge, el noticiero principal llegó a tener una audiencia de sesenta millones de personas y su influencia era tan grande que llegó a imponer un presidente, al que luego tuvo que ayudar a deponer, por inútil y corrupto, pidiendo disculpas a la audiencia.

Su sentido de innovación aceptó lo que le ofrecía la realidad, tanto es así que del vasto movimiento de videastas independientes –un movimiento cultural que envolvió a miles de jóvenes en la búsqueda de una producción televisiva independiente, mejor y más libre–, eligió a los mejores y los contrató para su empresa como ejecutivos de programación, directores, libretistas, etc. El ejemplo contrario está en Venezuela, donde las principales compañías de radiodifusión se repetían a sí mismas, sin aceptar los nuevos tiempos, y un día se encontraron con que las licencias se vencieron y nadie las renovó automáticamente, como sucedía antes cuando el mercado tenía la única palabra dominante. En Buenos Aires también las licencias fueron renovadas por diez años en nombre de la graciosa disposición del presidente Néstor. Si alguna vez pensó que de ese modo los tendría comiendo de la mano, es porque no conoce la insaciable voracidad de la empresa privada para apropiarse de los dineros o beneficios públicos. No es una clase empresaria, como hay en otros países, sino que la pueblan hombres de empresas y también pandillas de astutos que hoy invierten en TV, mañana en efedrina y pasado en medicamentos truchos, de acuerdo con la tasa de rentabilidad de cada rubro.

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La ley de medios audiovisuales que ahora deberá considerar el Senado tiene importancia no tanto por sí misma, ya que los saltos tecnológicos envejecen las normas al día siguiente de dictadas, sino porque expresa como pocas la difícil relación entre el Estado, el mercado y la sociedad. No es que el oficialismo tenga más en claro que la oposición ese complejo equilibrio, pero intenta ponerse al día con lo que puede y como puede. Si en el camino, la pareja gobernante aprovecha para llevarse puesto algún enemigo no sólo es porque quiere, sino porque las condiciones se lo permiten.

Cuando se habla de calidad institucional, la primera mención debería ser para el recurso humano de las instituciones representativas de la sociedad. Los televidentes que hayan tenido la paciencia de seguir las deliberaciones en Diputados habrán advertido que esos recursos son más que deficitarios, capaces de enhebrar discursos con argumentos sacados de los diarios o de recuerdos de la facultad. A modo de referencia: para desacreditar el argumento sobre el reemplazo de una ley de la dictadura, la diputada Caamaño citó media docena de leyes vigentes, también sancionadas por la misma dictadura. Ni uno solo de más de doscientos legisladores, durante o después de la sesión, corrigió o ratificó esos dichos, que allí quedaron hasta que algún periodista decida que podría averiguarlo por Internet. ¿Para qué paga el Estado un número generoso de colaboradores para cada diputado y bloque, si terminan aprobando leyes que no leyeron, como la de Emergencia Agropecuaria, o quejándose porque no tuvieron tiempo para ordenar las correcciones en la ley de medios?

Ahora los opositores cerriles quieren impugnar el texto aprobado por la Cámara baja, pero el centenar de miembros de los bloques opositores, si se hubieran quedado en lugar de retirarse, como bien dice el crítico Macaluse (SI), las correcciones a la ley hubieran sido mucho más que las doscientas o más que ya fueron incorporadas. Detrás de la aparente legalidad de la movida de impugnación, queda en pie la incapacidad de los grupos opositores para bloquear un texto que podría haber sido motivo de largas disquisiciones sobre el rol del Estado, la revisión de los ’90, la responsabilidad de la sociedad de la comunicación en el siglo XXI y una serie de tópicos derivados que no figuraron en los razonamientos escuchados en la sesión y después de ella.

Como a los ciudadanos, en términos generales, les interesan poco estos asuntos mientras no tengan bien resueltos los más elementales, continuarán agobiando a las audiencias con las mil y una especulaciones acerca del poder y sus contornos, aunque nadie supo explicar en qué momento Clarín ocupó el lugar de La Nación en la nómina de adversarios favoritos de los Kirchner, o viceversa.

Hay intereses poderosos en juego y más vale tomar en serio el asunto, pero la verdad es que para la sociedad golpea más que se cumplan tres años de la desaparición del testigo J. López, sin que los aparatos de Inteligencia y de seguridad del Estado hayan encontrado la menor pista de su paradero o de sus captores. Los que hablan de inseguridad jurídica sólo cuando alguna empresa amiga resulta afectada, deberían escandalizarse por la impunidad de los que violan las más elementales de las seguridades que se pueden exigir: la vida y la libertad de cada ciudadano. Mientras casos como éste y tantos otros similares de secuestros extorsivos y otras formas de violencia no alcancen ni verdad ni justicia, el Estado estará lejos de asumir el rol que le reivindican sus partidarios, por más que gane batallas de destino dudoso en el pantanal de deliberaciones agotadoras.

Sábado, 19 de septiembre de 2009

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EL PAIS › EL GOBERNADOR DE SANTA FE, HERMES BINNER, DEFENDIO EL VOTO SOCIALISTA A FAVOR DE LA LEY DE MEDIOS

“Es superador a la ley vigente”

“Somos respetuosos de nuestra historia”, remarcó el gobernador y recordó que “si revisan la participación de Estévez Boero en la Legislatura nacional, en 1989, planteaba la necesidad de modificar esta ley de la dictadura”. Lifschitz coincidió.

El gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, defendió el voto del socialismo a favor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Nosotros somos absolutamente respetuosos de nuestra historia, de nuestra trayectoria, como lo fuimos con el debate sobre (la estatización) las AFJP. Si revisan la participación de Estévez Boero en la Legislatura nacional, en el año ’89 planteaba exactamente lo mismo. No cambiamos nuestras formas de ver la realidad circunstancialmente por los cambios de gobierno”, aseguró el referente socialista. Por su parte, el titular de la UCR, Gerardo Morales, cuestionó que “esos sectores progresistas quedaron enganchados al debate sobre la concepción ideológica de este proyecto que es para que Néstor Kirchner se garantice 40 años más de gobierno”.

La votación dividida de la ley abrió una interna de consecuencias imprevisibles en el Acuerdo Cívico y Social. Ninguno de sus miembros se cruzó con vehemencia en público, pero en privado ya intercambiaron más de un reproche. La prueba es que Morales no tomó distancia ni se sumó a las acusaciones de un acuerdo económico entre el gobierno santafesino y el nacional que manifestó, por ejemplo, el peronista disidente Felipe Solá. “Yo no quiero profundizar ni hacer lecturas desde afuera de situaciones que desconozco y menos aún con un partido aliado con quienes vamos a tener una conversación para afinar la estrategia en el Senado”, afirmó Morales. El senador jujeño consideró que va “a dialogar seguramente” con el senador Rubén Giustiniani, que votará a favor de la ley.

Binner. en tanto, aseguró que la diferencia en la votación que existe con el radicalismo “significa que sobre este tema en particular tenemos miradas diferentes, pero en nada daña al Frente Progresista”. En la misma sintonía se pronunció el intendente Miguel Lifschitz, que aludió a la postura histórica del PS aunque dijo ser partidario de un mayor y más profundo debate en torno del proyecto aprobado.

Antes de ingresar al cine recuperado El Cairo, Binner defendió el voto positivo de nueve de los diez diputados nacionales socialistas con alusiones al fundador del PS Estévez Boero. Dijo que “desde el año ’89, hace veinte años, que planteaba lo mismo” tal como argumentó en el recinto la jefa del bloque, Silvia Augsburger.

El gobernador socialista afirmó que el proyecto aprobado en la Cámara baja “es superador a la ley vigente, es un avance. También hay muchos puntos oscuros y por eso los votamos en contra, y hay otros puntos que habrá que debatirlos” en el Senado. Por otra parte, descontó el aval de Giustiniani a la ley ya que se trata “de una situación ya debatida al interior del partido”.

Cuando la edición de Rosario de Página/12 le preguntó por el voto negativo de la UCR y las críticas de los otros sectores de la oposición, que los acusaron de ser funcionales al kirchnerismo, Binner respondió que “sobre este tema en particular tenemos miradas diferentes, pero en nada daña el Frente Progresista en Santa Fe para lograr una mejor provincia, una mejor realidad cultural, educativa y en salud”. “Nosotros tenemos una visión muy crítica del gobierno nacional fundamentalmente por el conflicto

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agropecuario, ya que el error del Gobierno lo terminamos pagando los santafesinos. Pero somos respetuosos de lo que planteamos siempre”, destacó.

En la misma línea se pronunció Lifschitz. “Tenemos una posición histórica en este tema. Hace más de veinte años que planteamos la necesidad de modificar esta ley de la dictadura”, destacó el intendente de Rosario, y luego advirtió que “en principio no coincidimos con el proyecto del Gobierno. Algunos puntos eran muy objetables, en particular el tema de las telefónicas, e hicimos observaciones pensando que no se los iba a modificar. Pero los modificaron casi en su totalidad”.

El intendente cuestionó la lógica de construcción política del kirchnerismo, “lo que nos llevó a votar el mal menor”, pero aclaró que los diputados del PS “votaron a conciencia”, y destacó que “de haber sido diputado, hubiera intentado prolongar el debate más semanas y escuchar otras voces”.

Sábado, 19 de septiembre de 2009

EL PAIS

La SIP, en estado de alerta

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dijo que la libertad de expresión en América latina “vive momentos difíciles”. Enrique Santos, presidente de la SIP, que agrupa a los propietarios de los principales diarios de la región, sostuvo que “en varios países del continente vemos la misma sintomatología, un común denominador, que es el deterioro muy acelerado de las relaciones gobierno y prensa independiente”. Las críticas apuntaron especialmente a aquellos países con gobiernos que vienen impulsando cambios económicos estructurales, como Venezuela, Bolivia y Ecuador. Como era de esperar, todos los dardos apuntaron al venezolano Hugo Chávez. Los cuestionamientos de la SIP fueron realizados en el marco de un foro que fue convocado precisamente en Venezuela, con la participación de todos los medios antichavistas. Titulado “Foro de Emergencia sobre Libertad de Expresión”, tuvo como invitados especiales a los ex presidentes de Perú Alejandro Toledo (2001-2006) y de Bolivia Carlos Mesa (2003-2005).

Sábado, 19 de septiembre de 2009

EL PAIS › EL DIARIO LA ARENA, DE LA PAMPA, RENUNCIO A ADEPA

“Esta ley ataca la concentración”

“El corazón de la reforma que plantea el nuevo proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales es el de atacar la gran concentración de medios en muy pocas manos. Algunas pocas empresas, a la sombra de la actual legislación de la dictadura militar –más algunos ‘retoques’ oportunos del Congreso durante el menemismo–, permitieron una acumulación de medios nunca vista en la historia. Un proceso que en ningún país medianamente ordenado y organizado sería posible sin transgredir la ley”, puede leer quien entre en estos días a la página del diario La Arena, de La Pampa. El periódico explicó así a sus lectores por qué apoya la reforma de la ley de radiodifusión y les anunció al mismo tiempo su renuncia a la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), en desacuerdo con las críticas que la Cámara que reúne a los editores del país realizó a la iniciativa.

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La ruptura con Adepa fue formalizada con una carta que La Arena envió a los miembros del Consejo Ejecutivo de la entidad, que esta semana habían dado a conocer un documento en el que sostienen que el proyecto de ley “restringe la libertad de prensa” y afecta “la seguridad jurídica”.

“No compartimos estos criterios”, dijo a Página/12 Sergio Santesteban, editor del diario. “Esta ley busca ampliar el espectro de entidades y organizaciones que puedan acceder a una licencia de radio o televisión. Por ejemplo: acá, en Santa Rosa, hay un único operador de cable, un monopolio, mientras la cooperativa eléctrica de la ciudad, una de las más grandes del país, hace años que viene solicitando poder ser operador de cable sin que le abran esa puerta. Si la nueva legislación va a ampliar el horizonte de la gente que puede acceder a una frecuencia, nadie puede sostener que va a afectar la libertad de expresión; en realidad, va a ampliarla.”

Santesteban cuestionó de la misma forma el argumento de la falta de seguridad jurídica: “¿Quién puede creer que una ley de la dictadura vaya a garantizar la libertad jurídica?”, preguntó.

La Arena, contó el editor, “siempre apoyó todas las iniciativas legislativas que se presentaron en el Congreso para modificar la ley. Vimos cómo todas fracasaban en estos veintiséis años, y cuando surgió esta última iniciativa la respaldamos. Valoramos que se hicieran consultas y foros en todo el país para que opinaran todos los sectores sociales. Nuestro punto de vista favorable a una reforma de la ley viene desde siempre, desde el ’83. Por eso tomamos la decisión de irnos de Adepa cuando vimos que salía a oponerse al proyecto”.

En la carta a la entidad, los directivos del diario señalan que “Adepa se ha mostrado procediendo más como un grupo de presión –un lobby– que como una institución que debería representar los intereses de todos los editores del país.” “Con su posicionamiento –concluyeron–, Adepa abandona su papel de representar al conjunto de la prensa para encolumnarse detrás de poderosos intereses corporativos que no quieren perder su poder monopólico u oligopólico en el ámbito de los medios de comunicación.”

Sábado, 19 de septiembre de 2009

EL PAIS › PATRICIA BULLRICH, A TITULO PERSONAL, Y LA RADICAL SILVANA GIUDICI SUMAN DENUNCIAS

Un puntero sobre supuestos “engaños”

Las diputadas denunciaron irregularidades. Dijeron que hubo tres modificaciones en el texto de ley de Servicios Audiovisuales que se había aprobado en comisión y el que se votó en el recinto. La kirchnerista Patricia Fadel refutó los argumentos.

Por Miguel Jorquera

“Los diputados hemos sido engañados y los que firmaron (el dictamen), más aún.” Fue la frase que utilizó la diputada radical Silvana Giúdici para denunciar “irregularidades” del kirchnerismo en la sanción del proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual. Como haber leído modificaciones a la propuesta oficialista en el plenario de las comisiones legislativas que “luego tuvieron cambios sustanciales” en el texto del dictamen que finalmente se llevó al recinto. Su única acompañante, Patricia Bullrich –que no contó con el aval de la Coalición Cívica–, sostuvo que uno de esos “engaños”

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convierte al proyecto en “confiscatorio”. La secretaria del bloque K en la Cámara baja, Patricia Fadel, refutó los argumentos de la denuncia opositora y afirmó que “sólo buscan poner todo bajo sospecha para evitar que se desmonopolicen los medios, que es el principal objetivo de la ley” que ya tiene media sanción del Congreso.

La convocatoria a la conferencia de prensa fue rápida. En el tercer piso del anexo de la Cámara de Diputados, Giúdici y Bullrich recibieron a los periodistas con una “denuncia de irregularidades” que calificaron de “falsedad ideológica”. Aunque los argumentos fueron técnicos, no faltaron las apreciaciones políticas: “Exigimos que esto pase urgente al Senado, hoy mismo, para que corrija estas barbaridades”. Las diputadas querían que fuera Julio Cobos quien decidiera a cuántas comisiones sería girado el proyecto para el debate en el Senado.

Los cuestionamientos fueron sobre las diferencias en 3 de los 166 artículos del proyecto, entre lo que habría leído el secretario de la comisión de Comunicación, Gonzalo Ottone, en el plenario legislativo, y el texto del dictamen de mayoría que se llevó al recinto. A continuación, los argumentos de uno y otro lado sobre cada uno de los puntos.

El primero se refería a “cambios” en la composición de la autoridad de aplicación. Los tres representantes parlamentarios (del total de siete miembros) habían sido establecidos para la primera, segunda y tercera minoría legislativa. La modificación en el texto aclara que uno de ellos será para “la mayoría o primera minoría”. Giúdici y Bullrich consideraron que este cambio significa un “avance para el control” del gobierno de turno sobre la autoridad de aplicación.

“El texto especificaba el reparto sobre las minorías, pero quisimos dejar claro que si alguien tuviera mayoría en las Cámaras, quedara explícito y no fuera marginado: uno es para la mayoría o primera minoría, y los otros dos se asignan en forma descendente para la segunda y tercera minoría. No veo ninguna arbitrariedad. Si la oposición se juntara ahora en un solo bloque, pasaría a ser la mayoría”, sostuvo Fadel ante Página/12.

La segunda observación fue sobre el artículo 47, que reemplazó al polémico ex artículo 40. Allí, según las diputadas opositoras, se establecía que “la autoridad de aplicación, deberá proponer al Congreso en forma bianual” la revisión técnica de las licencias para adecuarlas a las nuevas normas, y que la modificación dice que la autoridad de aplicación “sólo deberá enviar un informe al Ejecutivo y a la comisión bicameral”. Para Giúdici, esto significa “ausencia de control parlamentario”.

Fadel insistió en que se modificó el texto que llegó desde el Ejecutivo para despejar cualquier duda sobre que la revisión es sólo técnica y no sobre la adjudicación de las licencias: “Se incorporó claramente que se preservan los derechos de los titulares de las licencias. Pero es una locura pensar que el Congreso debe hacer una ley cada dos años para una cuestión técnica que debe estar en manos de la autoridad de aplicación. Aunque ésta debe ser informada a la comisión bicameral para su control”, sostuvo la diputada mendocina.

El tercero fue el punto más áspero de la disputa. Las legisladoras opositoras la presentaron como “cláusula de aprisionamiento” y se refiere al artículo 161, que establece un año de plazo para que los licenciatarios se adecuen a la futura normativa. La referencia que allí se hace al artículo 41 –que establece que “las licencias son intransferibles”– haría inaplicable la desinversión empresaria, es decir el proceso de venta de los grupos concentrados para cumplir con la nueva ley. “Este artículo significa

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que es un proceso confiscatorio para los medios que tienen más licencias que las que permite esta ley, no las van a poder vender, no las van a poder transferir y por lo tanto la autoridad de aplicación va a poder dictar la caducidad”, afirmó Giúdici.

Sin embargo, Giúdici y Bullrich omitieron referencia alguna a la incorporación que se hizo en el recinto y que sí estaba incluido en un cuadro comparativo que repartieron a la prensa. Sobre ese punto se refirió Fadel: “Para subsanar esto, se agregó en el debate permitir que las empresas que tengan que vender activos para adecuarse a la nueva ley, lo puedan hacer. Aunque esto deberá ser revisado por la autoridad de aplicación para que el comprador también cumpla con todas las exigencias que impone la normativa. En realidad, quienes plantean esto quieren suprimir los controles que puedan evitar la formación de nuevos monopolios”.

Sábado, 19 de septiembre de 2009

CONTRATAPA

Una invitación

Por Sandra Russo

Acabo de recibir en mi correo electrónico una invitación. Dice así:

“Si no te animás y preferís que te sigan: robando, mintiéndote, burlándote, pisoteándote, riéndose de vos, maltratándote, violando tus derechos, privándote de educación, seguridad, etc., quedate en tu casa tranquilo. Pero por favor enviá este mail a todos los que puedas. Seguramente hay mucha gente que se cansó de vivir a diario todo esto y quiere que se la escuche!!! ‘Para que el mal triunfe, basta con que los hombres de bien se queden de brazos cruzados’. Edmund Burke. CACEROLAZO... Para que los Kirchner escuchen de una vez el ruido de las urnas que con temeridad desobedecen (de eso se trata la democracia)”.

El correo me lo mandó alguien que no me conoce ni sabe cómo pienso; me tiene en su mailing desde que alguna vez hice una consulta on line por un objeto de diseño. Me sentí tan invadida por un pensamiento tan ajeno que le contesté, aunque sé que no sirve para nada. Estoy hasta las extensiones que no tengo de las ñoñadas de la derecha, sobre todo porque fíjense: uno lucha todo el día con las palabras, para que sean correctas, directas, lo más precisas posible. Y en las últimas semanas hemos presenciado el espectáculo de la derecha diciendo cualquier cosa. La impunidad con la que hacen uso del lenguaje y formatean la realidad a su antojo es notable. Están acostumbrados a decidir todo, hasta el nombre de las cosas. Lo último de lo último, según pudo saberse en el cónclave de notables que visitó la Legislatura porteña, es que no quieren que se diga que son de derecha. Les molesta. Lo toman como una ofensa. ¿Cómo se explica? Son muy bien tratados por la gran prensa. No hay campañas multimediáticas de desprestigio de ningún pope de estos que ahora sitúan el mal en Venezuela. Se diría que es al revés. Ellos son los ideólogos del nuevo eje del mal en la región, ellos son los que pusieron la semillita intelectual. No es que defienda todo lo que pasa en Venezuela, ya que para eso tendría que saberlo. Nadie está informado sobre lo que pasa en Venezuela. (A Alvaro Vargas Llosa, por ejemplo, le hicieron notas cuando “lo detuvieron en el aeropuerto de Caracas y le retuvieron el pasaporte”. Ni una ni otra cosa. Fue un trámite migratorio largo.) La información que llega es tan sesgada y tendenciosa que desinforma. Pocos argentinos están en condiciones de discutir algo relacionado con Venezuela, porque lo que circula son

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clichés. En fin, pero ellos dicen que no son de derecha. Quieren ser el centro porque quieren además ser la voz oficial del mundo.

Siguiendo con la historia del mail, por ese mismo medio y controlando el tono le pregunté a la señora que me invitó a cacerolear qué hay de su propio respeto por las urnas que eligieron un gobierno hasta el 2011. Le pedí que dejaran de coquetear con los sobresaltos institucionales, y le indiqué que a mi parecer respetar los mandatos constitucionales es lo único democrático, educado y chic.

Después me quedé repasando el texto. No es un correo escrito por una señora de Barrio Norte irritada con este Gobierno. La frase de Edmund Burke da la pista. La escuché varias veces desde el año pasado. En sí misma, no es mala. Habla del mal, habla del “triunfo del mal”. De Burke no sabía casi nada, y la frase me llevaba a pensar, por ejemplo, en el Holocausto o en el genocidio argentino. El mal no habría triunfado si las personas de bien no se hubiesen quedado de brazos cruzados. Estaba pifiándola feo, ya que Burke fue un filósofo irlandés del siglo XVIII para quien el mal estaba encarnado por... la Revolución Francesa.

Me enteré también de que en España, hace un par de años, se creó la Fundación Burke, que está dedicada a fomentar, relanzar y profundizar políticas conservadoras. Burke, cuya obra más famosa es Una indagación filosófica acerca de nuestras ideas sobre lo Sublime y de lo Bello, es el intelectual en el que abreva la reacción conservadora en muchos países. En uno de los artículos de la Fundación Burke, en un link llamado “Lo conservador”, leí que ese sector defiende una civilización nacida de la síntesis de “la filosofía griega, el derecho romano y el cristianismo”. Y también que esa confluencia “permitió el florecimiento de la libertad: gobierno limitado, libertad individual, responsabilidad personal, sometimiento del Poder al Derecho, economía libre y una invariante moral para el orden político”.

Todo me pareció correcto pero la trampa estaba en lo de la “economía libre”. El neoliberalismo es un bicho que se camufla en la democracia. Burke integraba el Parlamento británico a mediados del siglo XVIII y mantuvo un posición opuesta a la Thomas Paine en relación con la Revolución Francesa: rechazaba la “falta de respeto por la tradición legal consuetudinaria”. Si fuera por Burke, Francia sería aún monárquica. Pero también, en lo económico, fue de los primeros en darle piedra libre al mercado. De esos conservadores, fue el primer liberal.

Quizá por eso se entienda que ahora Burke sea retomado, plumereado y expuesto como think tank de los sectores que en todo el mundo quieren restaurar un orden que no encuentran porque está todo dado vuelta. Empezando, claro, por el ombligo de “nuestra civilización”, que debió admitir en los hechos que cuando todo cae lo único que queda en pie para resolver, salvar, financiar, subsidiar y mantener algún tipo de orden es el Estado.

En otro de los artículos, un ensayista español señalaba que lo más urgente que hay que restaurar es la legitimidad del pensamiento conservador, “acomplejado” en la actualidad (es eso: los acompleja ser de derecha). Así, sostiene, como incluso los gobiernos conservadores no lo son lo suficiente, “actúan aceptando la proscripción del elemento religioso en el debate público, debilitando la familia, aumentando o manteniendo el tamaño y control del Estado de bienestar, consolidando así un modelo claramente intervencionista”.

Estas ideas se vinculan con el relato vigente y en permanente construcción sobre el nuevo “eje del mal” en América latina. Son su leche cultivada. Y contienen bacilos

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contra cualquier tipo de cambio en puerta. Aunque ese cambio sea democrático. Desconocen la soberanía popular. No es un concepto en el que se detengan, más que para sugerir que si el cambio es profundo, conviene abortarlo.

Son los mismos que están contra el aborto. Se niegan sistemáticamente a admitir la interrupción de un embarazo, pero cada tanto instan a abortar un gobierno.

Una frase más de Burke que no tiene desperdicio: “El dinero es el sustituto técnico de Dios”.

Domingo, 20 de septiembre de 2009

EL PAIS › LOS PROXIMOS PASOS DEL GOBIERNO SI SE APRUEBA LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

Una agenda para entusiasmar a los aliados

El kirchnerismo buscará profundizar sus coincidencias con los bloques que apoyaron en Diputados la derogación de la Ley de Radiodifusión de la dictadura. La Reforma Política y la de Entidades Financieras son algunas de las iniciativas en estudio.

Por Martín Piqué

El jueves a la mañana, pocas horas después de que terminara la votación en particular de los 166 artículos del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el jefe del bloque kirchnerista en Diputados, Agustín Rossi, recibió un llamado en su celular. Era la Presidenta. Rossi se encontraba en el despacho de la diputada Patricia Fadel; lo acompañaban el titular de la Cámara, Eduardo Fellner, la vicepresidenta del cuerpo Patricia Vaca Narvaja y la propia Fadel. Tras las primeras felicitaciones, Cristina Fernández pidió hablar con Vaca Narvaja y Fadel. “Este es el camino que tenemos que seguir avanzando y profundizando”, le dijo CFK a la legisladora cordobesa que el próximo 10 de diciembre terminará su mandato para ser embajadora en México. La mandataria se refería a las coincidencias puntuales con bloques de centroizquierda, inclusive con el socialismo, que habían hecho posible la media sanción y con un margen mayor del esperado: 147 votos afirmativos. Para mantenerse en esta línea, el Gobierno impulsaría el proyecto de Reforma Política. Una nueva ley de Entidades Financieras también está en estudio.

El desenlace de la votación en Diputados provocó entusiasmo en la quinta de Olivos. De hecho, el resultado reforzó la estrategia que el matrimonio presidencial está delineando para lo que resta del año legislativo y el inicio del próximo. Un año que promete ser complicado por la nueva composición del Congreso. Se trata de sostener en el tiempo una agenda de contenido progresista, que permita seguir explorando acuerdos con el centroizquierda no K.

No será tan sencillo volver a coincidir en iniciativas puntuales con las bancadas de centroizquierda, como Solidaridad e Igualdad, el ARI de Tierra del Fuego, el Partido Socialista, Encuentro Popular y Social, Proyecto Sur de Pino Solanas y Claudio Lozano. Para que el oficialismo vuelva a encontrarse en una misma posición con esos bloques deberá impulsar proyectos que sean difíciles de rechazar para los espacios identificados con las demandas del centroizquierda. El oficialismo ya tiene en carpeta una propuesta que le permitiría volver a coincidir en una discusión parlamentaria. Se trata del proyecto de ley de Reforma Política (ver página 5).

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La iniciativa que estudia el Gobierno se hace eco de dos demandas históricas de los partidos pequeños con ideario de centroizquierda. La idea es aumentar el aporte del Estado por cada voto obtenido en las últimas elecciones. Otra medida que prevé el proyecto es garantizar que todos los partidos tengan el mismo espacio de publicidad en las pantallas de los medios de comunicación financiados por el Estado. Así se pretende poner límites a las inversiones siderales en publicidad que suelen realizar los candidatos multimillonarios.

En el oficialismo descuentan que los bloques de centroizquierda apoyarían un proyecto de Reforma Política con esos lineamientos. “Si los partidos de centroizquierda no pueden ni siquiera pagar la impresión de las boletas para la provincia de Buenos Aires”, argumentó ante Página/12 un funcionario de diálogo permanente con las bancadas de extracción progresista.

En el Ejecutivo evalúan que el acercamiento con el centroizquierda será complicado en la próxima discusión en el Congreso, en la que se tratará el presupuesto del año 2010. “Creo que los bloques progresistas van a aprovechar este tema para volver a mostrar su autonomía con respecto al kirchnerismo”, pronosticó a Página/12 un diputado de origen extra-PJ que suele acompañar al Gobierno.

La herencia de la dictadura

La discusión del presupuesto en el Congreso será el momento en que se debatirán otros temas subsumidos en la asignación presupuestaria de cada ministerio: quizá el más importante de todos sea la posibilidad de implementar una asignación universal por hijo. Se trata de una medida muy sensible para los bloques de centroizquierda. La propia Presidenta reconoció que es necesario extender el alcance de la política social, que hoy deja sin cobertura a 2.860.713 menores de 18 años, cuando presentó el plan de cooperativas “Ingreso Social con Trabajo”. En el mismo discurso, CFK se preguntó de dónde saldrían los fondos para financiar esa ampliación de derechos. “¿De dónde vamos a sacar esos recursos para asignarlos de un sector a otro?”, interpeló aquel mediodía de agosto.

Los bloques de centroizquierda tienen una respuesta para la pregunta de CFK. Para la mayor parte del espacio progresista, la asignación universal por hijo es posible si se grava la renta financiera o se fija un nuevo impuesto a la compra-venta de acciones en la Bolsa. Una decisión de ese tipo tendría que ir de la mano de la sanción de una nueva ley de Entidades Financieras y de la derogación de la vigente, que en rigor es un decreto-ley (número 21.526) y fue instituido por la última dictadura en 1977. Uno de los impulsores de la idea de gravar las transacciones financieras es el senador socialista Rubén Giustiniani. En la reciente visita al Senado del jefe de Gabinete Aníbal Fernández, Giustiniani insistió con su propuesta. “Es impracticable, sobre todo por la historia del sistema bancario argentino”, retrucó Fernández.

Pero la propuesta de crear un nuevo impuesto que afecte al sistema financiero no fue desechada por completo. Como tampoco se descarta impulsar una nueva ley de Entidades Financieras que reemplace la heredada de la dictadura. La nueva reglamentación tendría como eje promover el crédito productivo y recuperar cierto poder regulatorio en las variables financieras, como las tasas de interés. La nueva legislación podría formar parte de un combo que incluiría además la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Ambas medidas están siendo promovidas por la CGT que encabeza Hugo Moyano. La titular del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, ya intentó impulsar un cambio en el Banco Central. El vice de esa entidad, Miguel Pesce, reconoció que es necesaria una reformulación del sistema financiero.

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El diputado electo Carlos Heller es el principal promotor de la idea de modificar la legislación que regula al sistema financiero (ver aparte). Su mandato empezará el 10 de diciembre, aunque el año legislativo comenzará tras la apertura de las sesiones ordinarias, el 1º de marzo de 2010. Si no hay una definición sobre este tema antes de esa fecha, ése sería el momento de abrir la discusión. En los planes del kirchnerismo, la clave es la construcción de nuevas coaliciones.

Domingo, 20 de septiembre de 2009

EL PAIS › LA PROPUESTA DE CARLOS HELLER

Reformas financieras

“He dicho durante la campaña que una nueva ley de entidades financieras era una cuestión prioritaria, y que una de mis primeras medidas como diputado iba a ser llevar un proyecto al Congreso. ¿Las razones? Uno podría encontrar similitudes con la Ley de Radiodifusión”, comparó Carlos Heller. Para el titular del Banco Credicoop y legislador electo, “ambas leyes tienen que ver con el modelo económico que la dictadura trató de instaurar. La ley de entidades financieras fue, según dijo el propio (José Alfredo) Martínez de Hoz, una piedra fundamental de su proyecto”.

–¿Qué estableció?

–Un régimen de absoluta libertad para los bancos, que se resume así: pueden hacer todo aquello que no tengan expresamente prohibido. Nosotros decimos que la actividad financiera debe ser entendida como un servicio público. Una actividad sujeta a regulaciones.

–¿Cómo definiría al sistema financiero actual?

–Si uno se fija en el sistema financiero que tenía la Argentina antes del golpe de Estado y el que tuvo después, va a ver que la banca pública se achicó, que muchísima banca pública provincial directamente desapareció y que hubo un crecimiento significativo de la banca extranjera. Todos fenómenos que se dieron en el marco de esa ley que es sumamente permisiva.

–La ley fue modificada en democracia.

–Pero en lo sustancial no cambió.

–¿Cómo debería ser una nueva ley de Entidades Financieras?

–Debería definir claramente el concepto de servicio público. Se debería cambiar el sujeto de la ley, porque en la ley actual el sujeto son las entidades, y en el proyecto en el que nosotros estamos trabajando el sujeto son los usuarios. Intentamos crear un marco que defienda los derechos de los usuarios de los servicios financieros, las empresas pequeñas y medianas, la economía social, las personas, etcétera.

–¿Usted está trabajando en el proyecto que presentaría el Poder Ejecutivo?

–No, estoy trabajando el proyecto que quiero presentar cuando asuma. El concepto central es que el servicio financiero es un servicio igual que el del agua, la luz o cualquier servicio público que una familia necesita tener. El que haga un mapa de las

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redes de sucursales, verá que hay lugares del país donde sólo hay banca pública o cooperativa. En general, la banca internacional sólo está concentrada en los grandes centros urbanos. Entonces, una ley debería también regular esto para asegurar una cobertura universal del servicio.

–¿Cuáles son los riesgos de una reacción financiera si se presentara un proyecto de reforma?

–No veo riesgos. ¿Por qué habría riesgos de tener un sistema financiero más inclusivo, más cercano a la gente?

–¿Qué opina de la posibilidad de que el Ejecutivo presente un proyecto propio antes del 10 de diciembre?

–Lamentaría no poder participar y acercaría con gusto lo que estamos elaborando, trataría de contribuir al contenido que tenga ese proyecto.

Domingo, 20 de septiembre de 2009

EL PAIS

“La prioridad es la pobreza”

“La ley (de Servicios de Comunicación Audiovisual) que se está discutiendo en el Congreso es muy importante, pero no puede haber ninguna discusión que olvide o que ponga en la sombra que la lucha contra la pobreza y la exclusión es la problemática fundamental en la vida de los argentinos”, dijo ayer el titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Jorge Casaretto, al inaugurar las XII Jornadas de Pastoral Social en el colegio San Cayetano, de Liniers. En el cierre de ese encuentro, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, aseguró que “el peor riesgo es homogeneizar el pensamiento”, y consideró que urge instalar una nueva cultura del encuentro para “no malversar, ni tirar la Patria a la marchanta”: “El peor riesgo, la peor enfermedad, es homogeneizar el pensamiento, el autismo del intelecto, del sentimiento, que nos lleva a concebir las cosas dentro de mi burbuja, por eso es importante recuperar la alteridad y el diálogo”, afirmó. Agregó que es necesario “liberarse de los autismos que clausuran la memoria histórica, el compromiso comunitario del presente y la capacidad de utopías hacia el futuro”. Domingo, 20 de septiembre de 2009

EL PAIS › OPINION

Hacia dónde va el centroizquierda

Por Edgardo Mocca

La casi totalidad de los diputados que reivindican su pertenencia al espacio progresista votaron a favor del proyecto de regulación democrática sobre los medios de comunicación audiovisuales. Se afirma así una tendencia que se insinuó en ocasión de la discusión de la reforma al régimen jubilatorio y, más recientemente, el sostenimiento de las retenciones a las exportaciones agrarias.

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No debería sorprender la actitud tomada por el espacio de centroizquierda: la reforma de la “ley” dictatorial sobre los medios en un sentido antimonopólico forma parte del acervo político-cultural de ese sector. Sin embargo, hay buenas razones para interrogarse sobre la consistencia y la proyección en el tiempo de esa conducta. El propio episodio de la discusión de la ley muestra el profundo debate que atraviesa al progresismo.

Pino Solanas hizo todos los esfuerzos posibles para definir el voto de sus aliados en una dirección opuesta. Ni la orientación ni los argumentos del cineasta son novedosos; para él el conflicto político argentino gira en torno de un simulacro: el kirchnerismo oculta su faz –idéntica al menemismo, según Solanas– detrás de una fachada popular-progresista. Desnudar esa falsía es, desde hace ya un largo tiempo, la tarea principal de las fuerzas populares “verdaderas”.

En el caso de la ley de medios, la argumentación enfrentó un poderoso obstáculo. La elaboración del proyecto no es una lucubración de gabinete surgida entre gallos y medianoche del riñón kirchnerista: es el producto de un poderoso movimiento social que impulsaron organizaciones sociales y dirigentes políticos de innegable trayectoria y clara pertenencia a la izquierda. De manera que los argumentos para desecharlo y mantener en pie una ley que supedita la libertad de expresión a las necesidades de la “seguridad nacional” no lucían muy atractivos. En la práctica, la prédica oposicionista fue progresivamente aislada y reemplazada por una inteligente línea de negociación del proyecto punto por punto.

Por otro lado, Solanas, a pesar de su reciente notable elección en la Ciudad de Buenos Aires no ha alcanzado el liderazgo indiscutido del sector. Un importante núcleo de dirigentes y fuerzas de centroizquierda vienen sosteniendo una mirada distinta sobre el proceso político en curso. Martín Sabbatella, referencia central de esta corriente, lo sostuvo de modo insistente en su también exitosa campaña electoral: el kirchnerismo puede ser objeto de muchos y razonables cuestionamientos, pero no debería negarse que su gobierno ha desplegado una agenda de cuestiones centrales para el futuro. En consecuencia, aparece muy problemático el desarrollo de fuerzas populares y progresistas al margen de los nudos reales del conflicto político, tal como se viene dando en estos días.

Después de la votación en Diputados, asistimos a una inopinada intervención del columnista del diario Clarín Eduardo van der Koy en el debate del progresismo. En su comentario del viernes 18 pasado, advierte la generación de un bloque de poder kirchnerista para la transición, basado en el acuerdo con el centroizquierda. Añora de este espacio “la capacidad de análisis global que supo caracterizarla aquí y en cualquier rincón del mundo”. Y hace una serie de llamados de atención principalmente dirigidos al Partido Socialista, en el sentido de que su conducta reciente podría debilitar su esquema de gobernabilidad en la provincia de Santa Fe. El operativo extorsivo sobre el socialismo santafesino fue adquiriendo visibilidad en las últimas horas y se basa en el avieso rumor de una “compra” de los votos de la bancada de ese partido por parte del gobierno nacional. Las hasta ahora no desmentidas declaraciones de Felipe Solá sobre el uso de la chequera gubernamental para ganar la votación concurren en la generación de un clima –furiosamente amplificado por el grupo Clarín– en el que el debate político es sustituido por las descalificaciones sin fundamento.

Para la izquierda parece ser un momento de grandes definiciones. No se trata del falso dilema de apoyar o no al gobierno de Cristina Kirchner. Lo que está en cuestión es el perfil de una posición política y su proyección futura. En estos días hemos asistido a una demostración de fuerzas del progresismo. Lejos de quedar atrapado en una lógica

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de “todo o nada”, los diputados del sector activaron una negociación inteligente y con base de principios. Lograron la modificación de los aspectos más conflictivos del proyecto: la apertura del acceso de las telefónicas al negocio mediático y la composición de la autoridad de aplicación. Tenemos un proyecto con media sanción mejorado seriamente respecto de su redacción original. El Gobierno también hizo la experiencia de cómo la flexibilidad política y el diálogo facilita la construcción de mayorías concretas en temas de particular sensibilidad. El progresismo no puso esta vez el testimonio moral en el lugar de la definición política; no recitó su desgraciadamente frecuente apelación a todo lo que está mal en el país y a todo lo que este gobierno no ha resuelto. Se situó en la materia del debate y produjo un resultado que por su amplitud y contundencia crea favorables condiciones para el debate en el Senado.

Pero la discusión sigue. Y las presiones de los grupos multimediáticos y de las corporaciones empresarias se pondrán al rojo vivo. Están dispuestos a dialogar con un centroizquierda “serio”, “moderno”, “realista”. Con un centroizquierda que haya aprendido definitivamente la existencia de límites insalvables para cualquier proyecto transformador. No importa si el progresismo clama contra la pobreza y la injusticia: eso forma parte del folklore de cualquier “país normal”. El problema es que esté dispuesto a comprometer sus fuerzas en la definición de las pulseadas reales de poder que transcurren. Si así ocurre se termina con los buenos modales. Sobreviene el chantaje, las campañas de descalificación, el silenciamiento. Para tener buen marketing, la izquierda tiene que tener comportamientos “razonables”.

Parece estar naciendo un proyecto serio y maduro en el centroizquierda. Un proyecto sólida e indiscutiblemente democrático. Ajeno a toda idea fundamentalista y maniquea. Y dispuesto a crecer en democracia, a ampliar su base de sustentación con un horizonte de mayorías y de gobierno. Por supuesto que tendrá que recorrer un camino complejo y lleno de obstáculos. Pero ni el atajo de las concesiones políticas a la derecha, ni el ejercicio de la proclamación sectaria de las propias verdades al margen de la lucha política deberían torcer el camino emprendido.

Domingo, 20 de septiembre de 2009

EL PAIS › EL SENADOR SOCIALISTA RUBEN GIUSTINIANI APOYARA LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

El anticipo de un voto positivo

A pesar de que la UCR intenta “discutir la estrategia parlamentaria” en el Senado, el presidente del PS ratificó a sus colaboradores que mantendrá la posición que tuvieron sus diputados respecto de la reforma de la Ley de Radiodifusión.

Por Juan Carlos Tizziani Desde Santa Fe

El senador socialista Rubén Giustiniani ratificó ayer que votará a favor de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ya tiene media sanción de Diputados, cuando el proyecto se discuta en el Senado. Los depositarios y testigos de la certeza fueron sus propios colaboradores. “El voto de Giustiniani será positivo. Votará igual que lo hicieron los diputados” de su partido, dijo a Rosario/12 una fuente cercana al legislador. La definición descarta entonces la posibilidad de que los socialistas puedan discutir el voto de Giustiniani con sus socios de la UCR, sobre todo con los más

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cercanos al vicepresidente Julio César Cleto Cobos y permeables a las presiones mediáticas.

Esta semana, el propio gobernador Hermes Binner había anunciado que la posición de Giustiniani sería idéntica a la que adoptó su bloque en Diputados porque “se trata de una situación ya debatida y resuelta en el interior del partido”. Lo mismo sostuvo el diputado Roy Cortina, autor del proyecto alternativo del socialismo y promotor de las modificaciones que planteó el PS y luego se plasmaron en la media sanción de Diputados. “En términos generales, los socialistas tomamos definiciones como partido y somos muy respetuosos”, afirmó Cortina.

Ayer, Giustiniani evitó las declaraciones públicas a la espera de que el dictamen de Diputados ingrese al Senado en las próximas horas. Pero confirmó a su entorno que votará a favor de la ley. “El voto de Giustiniani será positivo. Votará igual que lo hicieron los diputados”, reiteró una colaboradora del senador.

La definición del socialismo es una clara respuesta al pedido de la UCR para discutir el voto de Giustiniani en el seno del Frente Progresista santafesino. El pataleo de los radicales comenzó con el diputado Darío Boscarol, que acusó a sus socios políticos de ser “funcionales al kirchnerismo” y dejar pasar una oportunidad de “fortalecer a la oposición en el país”. Boscarol planteó que si bien el apoyo a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual “era una decisión autónoma del Partido Socialista” y no tendría “repercusiones” en la alianza, creía que “la posición del socialismo a nivel nacional no fue la mejor”. Y pidió que sus aliados revisen la postura en el Senado. “Giustiniani es un legislador del Frente Progresista, por lo tanto deberíamos discutir su voto en el Senado”, insistió.

En los mismos términos se pronunció la UCR en un documento del interventor en el comité provincial. “En temas de trascendencia, las posiciones deben ser una resultante del debate de las diferentes fuerzas que componen la coalición”, sostuvo. Y consideró “saludable que se asegure un debate previo a cualquier tratamiento” en el Senado. Porque el socialismo adoptó una postura “sin agotar los mecanismos de consulta necesarios y reclamados por todo el arco opositor”.

Binner también les contestó a los radicales. Y defendió la posición del socialismo porque es “coherente” con sus principios. “Nosotros somos absolutamente respetuosos de nuestra historia y de nuestra trayectoria, como lo fuimos en el debate sobre las AFJP. No cambiamos nuestras formas de ver la realidad circunstancialmente por los cambios de gobierno”, afirmó.

El gobernador dijo que el socialismo decidió apoyar la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en general y plantear disidencias parciales porque “el Gobierno modificó los principales cuestionamientos, como el ingreso de las telefónicas y la composición del órgano de control”.

“Nosotros fuimos coherentes, como cuando apoyamos la transferencia de los fondos de las AFJP a la Anses. Siempre respaldamos el sistema de reparto. Y en el caso de la ley de medios de comunicación, históricamente hemos defendido la necesidad de una federalización. Y ponemos como ejemplo el caso de Santa Fe: para que a uno lo escuchen en toda la provincia hay que ir a un canal de Buenos Aires. Yo no aseguro que los Kirchner van a cumplir con lo que dice la ley. Pero hoy tenemos una nueva herramienta legal para exigir su cumplimiento”, concluyó Binner.

Domingo, 20 de septiembre de 2009

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EL PAIS › EL RADICAL GERARDO MORALES Y LA PELEA CON SUS SOCIOS

El Acuerdo Cívico en desacuerdo

El titular de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, reconoció que se requerirá “un gran esfuerzo para fortalecer el Acuerdo Cívico y Social” luego de las controversias que surgieron a la hora de consensuar posiciones en común frente a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “El punto de partida que tenemos que discutir es si vamos a tener Acuerdo Cívico o no”, planteó sin medias tintas el senador jujeño.

En las últimas semanas resurgieron las diferencias entre las principales referentes de la Coalición Cívica, Elisa Carrió y Margarita Stolbizer. El primer detonante que enfrentó a las dirigentes fue la convocatoria al diálogo del gobierno nacional. El acercamiento de la líder de GEN hacia el vicepresidente Julio Cobos irritó a su socia chaqueña. Esta semana hubo una nueva discrepancia, esta vez entre la UCR, la Coalición Cívica y, en el otro rincón, el Partido Socialista, que a diferencia de sus socios votó a favor de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Diputados.

“Tenemos muchos problemas, es verdad, pero espero que tengamos la capacidad de resolverlos porque acabamos de obtener casi seis millones de votos” en los comicios legislativos, recordó Morales. “Vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para fortalecer el Acuerdo Cívico y establecernos como fuerza política, saliendo de la cultura de la fragmentación que impuso la década del ’90 y que produjo una gran crisis en el 2001”, admitió. Según Morales, “el punto de partida que tenemos que discutir es si vamos a tener Acuerdo Cívico o no; si vamos a tener una gran organización potente, fuerte, con territorialidad y con un proyecto de país”, planteó. “El mayor inconveniente que tenemos es empezar a discutir de candidaturas”, agregó.

Morales afirmó mediante un comunicado que se pondrá en contacto con el socialista Rubén Giustiniani para “pensar una estrategia parlamentaria común” de cara al segundo tramo del debate parlamentario, que tendrá lugar en la Camara alta. Pero el senador santafesino ya anticipó que mantendrá la misma postura que sus diputados.

Domingo, 20 de septiembre de 2009

EL PAIS › OPINION

Calidad y cantidad

La construcción de una amplia mayoría y los reflejos de la minoría. La salida del recinto, la oportunidad perdida. Una viñeta mendocina. La tendencia en la región, por quién doblan las campanas. Distintas conductas en la oposición: sobre coherencias y desmesuras.

Por Mario Wainfeld

“A un cantor lo llaman bueno cuando es mejor que los piores.” José Hernández, Martín Fierro.

La mayoría de las leyes y medidas sustanciales de los últimos 25 años se aprobaron entre gallos y medianoche, se consagraron con mayorías estrechas, provocaron discusiones enardecidas. Pocos anteproyectos estuvieron en vidriera varios meses antes, como el de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA). El

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oficialismo recuperó una capacidad olvidada que lo embelleció en sus primeros años: la de expresar demandas de larga data y prestar oreja a fuerzas de mayor tradición en la defensa de derechos humanos y sociales. “Abrió” la propuesta, modificó sensiblemente o taló puntos que le fueron cuestionados. Los 147 votos que se lograron en Diputados expresan un claro arco de alianzas y un sesgo ideológico preciso.

Todos los que acompañaron la iniciativa oficial desde el centroizquierda pueden engarzar esa decisión con su trayectoria previa. Claudio Lozano, de Proyecto Sur, no se privó de nada al fundar su voto. Recorrió los errores y desvíos del kirchnerismo y sintetizó bien: “No estamos votando a un gobierno sino una ley”. El socialismo fue consistente con sus principios, arriesgando mucho: Hermes Binner gobierna, tras años de digna construcción democrática, una gran provincia donde convive con la Gran esperanza blanca y lacónica. Las represalias mediáticas y políticas se harán sentir, lo suyo no fue un cálculo mezquino de oportunidad. Binner sabe –cualquier político de fuste sabe– que los poderes fácticos son más contumaces, más despiadados y (dato muy poco subrayado) más perdurables que los políticos.

La oposición más enconada eligió una posición obstruccionista. Disponía de un inmenso terreno para conseguir mejoras a la norma en el contexto abierto por el oficialismo al retractar el ingreso a las telefónicas del cable. No era esa su intención. Con las cartas jugadas y evitando que le contaran las costillas (una derrota de 147 a 100, con suerte), se retiró del recinto. Esas movidas, como el manejo del quórum, son un recurso parlamentario que en sí mismo no debería escandalizar. Sí choca que dirigentes democráticos se comporten como los “dueños de la pelota”. Cuando se ganan elecciones, se habla de gesta republicana, se cantan loas a la madurez ciudadana. Cuando se pierde, se infama al clientelismo, los ciudadanos se homologan a rehenes, se atribuye el mal resultado al voto cadena. Cuando el vicepresidente desempata de modo negativo, el Congreso es el pulmón de la república. Cuando se está a punto de caer por goleada, se miden los minutos con cronómetro, se hace un uso falaz y disfuncional del reglamento, se sale corriendo a Tribunales. Fea la actitud.

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Estado y mercado: Una constante enojosa es explicar las decisiones del adversario en exclusiva clave de corrupción. Se menoscaban las disidencias, la diversidad de enfoques, la plena lógica del pluralismo. El radicalismo, el peronismo disidente, el PRO y la Coalición Cívica armaron un relato sencillísimo: no se retomaba una eterna deuda del sistema democrático, apenas se procuraba hacer un negociado con Telecom. Abolida esa hipótesis, por una inteligente decisión de la Presidenta, quedaron pedaleando en el aire.

Tenían espacio para hacer algo más sistémico. Lo que se dirime es una clásica discusión entre Estado y mercado, un tópico de las diferencias entre centroderechas y centroizquierdas o populismos o regímenes más o menos estatizantes. De un lado, quienes piensan que el desenvolvimiento del mercado genera condiciones virtuosas y deploran la intervención pública. De otro, los que creen en la necesidad de la regulación y mocionan que la defensa de derechos esenciales (como el de la comunicación) imponen un rol activo del Estado y no su mera abstinencia.

Por cierto, este es el perfil idealizado del tema. Lo acecha el autoritarismo gubernamental, de un lado. De ahí las prevenciones de fuerzas alternativas al oficialismo que forzaron modificaciones en la autoridad de aplicación.

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Lo empioja algo más denso, del otro. Las disfunciones del mercado, los oligopolios y grupos con posiciones dominantes, suelen recibir manitos muy generosas de los gobiernos. Papel Prensa, la reforma menemista de la Ley de Radiodifusión, la ley de bienes culturales, las prórrogas de las licencias concedidas por el kirchnerismo no fueron producto del libre juego de la oferta y la demanda. Fueron momentos intensos de activismo estatal, en favor de los poderes fácticos, usualmente inscriptos en un nimbo de silencio o acuerdo palaciego.

Una mayor sinceridad hubiera enriquecido el debate y –es razonable presumirlo– el texto aprobado por Diputados. La opción fue otra, de baja intensidad democrática, con terminal en los Tribunales.

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Campanas afinadas: La fruición por la anécdota, tan cara a los políticos de vuelo bajo y al periodismo, hace perder de vista que el fenómeno trasciende las fronteras locales. Un flamante y recomendable libro de Martín Becerra y Guillermo Mastrini (Los dueños de la palabra. Acceso, estructura y concentración en los medios en la América Latina del siglo XXI) provee un análisis comparado de las tendencias que se controvierten aquí. La concentración cunde en América del Sur. Un grupo reducido de medios acapara porciones formidables del mercado publicitario y de la audiencia, aquí y acullá. La concentración limita las posibilidades expresivas de medios alternativos. “La propiedad cruzada de los medios (...) se traduce en un marco de intervención de grandes grupos con escasos márgenes de incidencia para otros actores sociales económicos, políticos y culturales. (...) La concentración en pocos grupos conduce a advertir sobre la inevitable tendencia de los medios controlados por esos grupos a validar y representar su propio interés (y el de sus alianzas) como el interés general.” Esto no sería letal, agreguemos, si otras voces pudieran hacerse sentir.

Las campanas, lo dijo bellamente John Donne, siempre doblan por ti. Pero la isocronía de los procesos políticos hace que repiquen parecido en todo el vecindario. El peso público de los conglomerados mediáticos, su rol de articulador de la oposición a todos los procesos de cambio (bien diversos) que conviven en América del Sur es un desafío común a la construcción de democracias estables, garantes de ciudadanía plena, agrega el cronista.

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Opacidad y luz: Becerra y Mastrini comentan una traba que tuvieron para investigar, la opacidad informativa. Deriva de la falta de datos oficiales confiables pero también de “la falta de colaboración para brindar información de acceso público por parte de los actores concentrados de la industria de la información y la comunicación”. Puede añadirse que la oscuridad tiene otras estribaciones. Grandes protagonistas de la vida pública, hombres y mujeres que impusieron políticas y transferencias de recursos fastuosos, son desconocidos por los ciudadanos. Estos ven todo el tiempo a sus mandatarios o legisladores, conocen sus muletillas o tics, su modo de vestir o de caminar, se embelesan o se hastían de ellos, los promueven o relevan de modo regular. Otros decisores enormes son desconocidos. Han de ser pocos los argentinos, aun bien informados, que conocieran el rostro de Daniel Vila antes de sus golpistas declaraciones sobre la ley.

El proceso de debate sobre la ley dejó en flagrante minoría, lindante con la soledad, a los defensores del statu quo. Quizá fantasearon con reeditar la reacción social que produjo el conflicto de las retenciones móviles. Pero esta vez su propio frente se

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resquebrajó, por eso debieron salir a la luz, que los incomoda. Periodistas, artistas, comunicadores de variadas posturas políticas, muchos de ellos opositores severos, entendieron el nudo de la cuestión. No hubo movilizaciones ciudadanas, ni colectivos de personalidades de la cultura que se aferraran al aciago régimen vigente. Hasta las audiencias públicas promovidas con más ánimo dilatorio que constructivo reflejaron el fenómeno. Hasta en Mendoza, patria chica del vicepresidente Julio Cobos y del Grupo Vila-Manzano.

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De cuerpo presente: Repasemos una viñeta de la audiencia realizada en esta semana a la que se costearon varios diputados nacionales opositores. El encuentro tuvo un viraje notable, no exento de simbolismo. Las ponencias favorables a la iniciativa oficial superaron a sus contradictores. El público, preponderantemente joven y estudiantil, multiplicó el efecto.

Juan Gispert, presidente del Centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuyo, expuso una ponencia. Describió el peso hegemónico de los grandes grupos, en especial en su provincia. Y propagó una denuncia que viene de lejos: “El Holding Supercanal (grupo Vila-Manzano) es el mismo que se ha apropiado en forma ilegal de 40 hectáreas pertenecientes a la Universidad Nacional de Cuyo, hoy carente de provisión de agua potable y, que por ser el principal accionista de la empresa que provee de esta esencial necesidad humana, se propone mediante esta estafa hacer uno de los más grandes negociados inmobiliarios de que la provincia de Mendoza tenga memoria”. Vila, flanqueado por un par de disimulados guardaespaldas, estuvo un buen rato, guardó silencio. Los diputados no emitieron palabra en la audiencia, que dejaron con sorprendente premura.

El resultado en el ágora fue tanto o más amplio que en el recinto del Congreso, de ahí la deriva a la acusación torpe o a la judicialización.

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A judicializar, a judicializar: Lógico y lícito es que, quienes sienten amenazados sus intereses, analicen la posibilidad de defenderlos en tribunales. La conducta de los representantes del pueblo debería tomar delicada distancia de esas tácticas privadas. La diputada Patricia Bullrich repitió una mala costumbre: anunciar la inconstitucionalidad de un proyecto que aún no es ley, como lo hizo cuando la reinstalación del sistema de reparto. Ante una goleada de similar jaez, degradó el voto de sus pares. No fue similar su conducta cuando el gobierno de la Alianza, en el que revistaba, confiscó los haberes de los jubilados. Ahorró ahí menciones a la seguridad jurídica que suele mentarse sólo para defender patrones o corporaciones. La cuestión se judicializó, la exacción fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema.

Felipe Solá también cayó en la demasía de denigrar a sus adversarios. Atribuyó su congruencia a “la chequera”. Al ex gobernador y diputado electo le cuesta entender que hay políticos con coherencia histórica, quizá porque ése no sea su caso. Su recorrido es más bien itinerante. Sus puntos más oscuros son la anuencia a los indultos de Carlos Menem, la destrucción de las Juntas Nacionales de Carnes y Granos, la predación de la actividad ictícola, la campaña bajo el slogan “meta bala” con Carlos Ruckauf, la defensa encendida del comisario Fanchiotti durante casi un día, hasta que se probó que era el autor directo de los asesinatos de los pibes Kosteki y Santillán. También tuvo momentos virtuosos, como cuando convocó a su lado a

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dirigentes de bien y de convicciones bien puestas, como León Arslanian y Juan Pablo Cafiero. No es fácil encontrar linealidad en ese derrotero, pero sería una ruindad atribuirla a una seguidilla de chequeras contrapuestas y no a zigzagueos de sus alineamientos políticos.

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Prospectivas: El Acuerdo Cívico y Social se fragmentó frente a la propuesta. El socialismo volvió a sus fuentes, el radicalismo borró con el codo trances estimables del pasado. Los diputados que responden a Margarita Stolbizer discutieron mucho acerca de su posición frente al proyecto reformado. La propia referente se apartó del mainstream panradical: era mejor quedarse en el recinto que retirarse, mocionó.

El kirchnerismo desordena a sus rivales cuando tiene iniciativas aperturistas. El diálogo, que menoscabó de mala manera, produjo fisuras. La LSdCA revolvió el avispero. Esas movidas democráticas le son más rentables que las embestidas torpes y frontales.

Muchos de los contingentes aliados del miércoles integran el “setenta por ciento que votó contra el Gobierno”. Honraron sus mandatos, no se casaron con el oficialismo: su aval ante futuras medidas se negociará caso por caso.

¿Aprenderá esa gimnasia el kirchnerismo? No es su fuerte, es parte de su necesidad para repechar en los años por venir.

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Domingo, 20 de septiembre de 2009

EL PAIS › DAMIAN LORETI, VICEDECANO DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UBA

“La ley no impacta sobre la programación”

Participó, desde el ámbito académico, en el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Explica, entre otras cosas, cómo funciona la autoridad de aplicación en otros países y los cambios que podría o no haber en la programación si la iniciativa es sancionada.

Por Adriana Meyer

Es semana de elecciones y en los pasillos de la facultad, que bullen de activismo militante en todos los claustros, lo paran cada cinco minutos. “La ley no impacta sobre la programación ni fija criterios estéticos, nada va a desaparecer. Habrá amplificación de la oferta, mayor transparencia sobre las condiciones de adjudicación, lo que se comprometieron a brindar, quiénes son los dueños y la publicidad oficial asignada. Argentina tiene sólo ocho ciudades con más de una oferta de televisión abierta, eso va a cambiar”, dice Damián Loreti, vicedecano de Ciencia Sociales de la UBA, sobre el nuevo escenario que abrirá la ley de medios.

Sus títulos de doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, de titular de la cátedra de Derecho a la Información de la UBA y de la de Derecho a la Comunicación de la UNLP los resumen de esta manera tanto sus colegas como sus adversarios: es una de las personas que más sabe en el país en

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esas materias. Cuando no está en la vorágine de la política universitaria y la actividad académica va a nadar, lee policiales negros o libros de historia, y escucha a jazz (John Coltrane, Thelonious Monk o Miles Davis) o clásica. “Milité en la Juventud Peronista cuando estudiaba y ahora en Carta Abierta”, dice cuando Página/12 le pregunta sobre su ideología.

–¿Cuál fue el embrión del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual?

–Empecé a trabajar con la Ley de Radiodifusión cuando fui asesor del diputado Enrique Paz (PJ Jujuy) en el año ’88, él era de la Federación Argentina de Prensa, de la cual fui luego abogado, y también fui abogado del Sindicato de Televisión. Vengo trabajando hace muchísimo en los temas de radiodifusión y libertad de expresión. Cuando salió el decreto 527 (que prorrogó las licencias) era director de la carrera de Comunicación y sacamos una de las primeras declaraciones en contra, he trabajado con el CELS, soy miembro de su comisión directiva, y en temas de libertad de expresión fijamos posición crítica muchas veces.

–¿Usted es uno de los autores del proyecto?

–Me llamó (el interventor del Comfer) Gabriel Mariotto. Fui consultado en muchísimas cosas, pero la decisión de los contenidos y la redacción final quedó en manos de Mariotto, su equipo y luego imagino que Legal y Técnica. El texto responde a lo que muchos pensamos en la facultad. La carrera de Comunicación participó en la fundación de la Coalición por una Radiodifusión Democrática y la carrera y la facultad por resolución de su junta asesora y del consejo directivo adhirieron a los 21 Puntos.

–Luego de aprobar la ley, en el recinto cantaron la marcha peronista, y la diputada radical Silvia Vázquez pidió que otro grupo gritara con ella “Alfonsín, Alfonsín”. ¿El espíritu de esta ley nació en esa época?

–Francisco Delich dijo que apoyaba en general la ley en memoria de Alfonsín. Silvia Vázquez hizo lo mismo. Esto abreva del Consejo para la Consolidación de la Democracia, del proyecto de Paz-Felgueras (PJ-UCR). Luego otro antecedente es el de Cositmecos, o el de Rafael Flores o el de Carbonetto-Stolbizer. Pero la matriz del proyecto actual la anclaría en la necesidad de entender a los medios de comunicación en la línea del Convenio de Protección de Diversidad Cultural de la Unesco que toma el Parlamento Europeo cuando hace la directiva europea para los servicios de comunicación audiovisual. También abreva bastante del derecho comparado bien actualizado en línea de recoger buenas experiencias de otros lugares, desde los derechos del público o los mecanismos de control antimonopólico en Estados Unidos, cosas vinculadas con protección de identidad del modelo canadiense, o las cuotas de películas de la legislación francesa. También la protección de adolescentes y niños.

–¿Cómo es la autoridad de aplicación en otros países?

–Suele tener predominio del Poder Ejecutivo, en los mecanismos de elección o en las propias personalidades que lo integran. Hay que diferenciar si son regímenes parlamentarios o no. En Estados Unidos los propone el Presidente, no tiene que haber más de tres del mismo partido, tiene un ciclo de rotación y al presidente lo nombra el presidente de la nación. En Uruguay son tres miembros, todos a propuesta del Ejecutivo, pero se respeta la minoría parlamentaria. En Chile hay una lista cerrada, pero el Ejecutivo propone al presidente, que dura 30 días más que él en el cargo para hacer la transición, y hay ocho miembros propuestos por el Ejecutivo en lista completa,

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que requiere aprobación del Senado. Si hay alguna objeción se rechaza toda junta. En México, el área depende de la Secretaría de Comunicaciones. En Canadá tiene una impronta más parlamentaria, pero porque tiene un gobierno parlamentario.

–¿Quedaron contemplados los pequeños radiodifusores a los que les han secuestrado equipos, que han estado en condición precaria por décadas?

–Hay instancias de solución de controversias por el uso del mismo canal, y una previsión de reserva de frecuencias. Pero no se hace una amnistía, los que estaban clasificados como clandestinos seguirán en esa situación. Hay mecanismos de solución, los que no pudieron ser regularizados.

–¿Por qué no se pudo llegar a esta instancia en 26 años?

–No tengo esa respuesta. Con tomar los diarios de la época de la presentación del proyecto del Consejo para la Consolidación de la Democracia, las críticas que recibió Alfonsín, los comentarios de los diarios en 2001, cuando Gustavo López quería mandar el proyecto, notas diciendo “amenazan con enviar la ley de radiodifusión” como si enviar una ley fuera un castigo, o la crítica permanente de “no se puede en un año electoral, no se puede en un año preectoral”, cuando en Argentina todos los años son lo uno o lo otro. Siempre pensé que el mejor momento para enviar un proyecto eran los tres meses posteriores a una elección. Y después mire los diarios de este año. Alguien decía que las cosas se cuentan solas.

–Alguien también dijo que el lobby mediático siempre pudo más que la voluntad política de los gobiernos. ¿Eso cambió?

–Silvia Vázquez dijo que cuando (Fernando) De la Rúa mandó el proyecto bajaron a la reunión de comisión sólo Pedro Calvo y Luis Brandoni. No tengo memoria de una sesión parlamentaria en la que se haya analizado el rol de los medios, de la política y los medios, la democracia. Lamento la ausencia de la oposición porque hubiera aportado a la ley.

–¿En qué medida fue estratégica la aceptación de modificaciones?

–El Gobierno entendió que esta ley necesitaba el mayor consenso posible. Sin perjuicio de ello, tanto Guillermo Mastrini como Martín Becerra lo han planteado y coincido, queda un flanco que cubrir. El reconocimiento de operadores que aunque no sean los dueños de los contenidos son los conductos para llegar a los contenidos tiene una gran influencia.

–¿Se refiere a las telefónicas?

–Sí, a las “telcos”, al no estar en la ley y ser ductos de contenidos hay que mirar rápidamente qué pasa con las telecomunicaciones. Hace falta plantearse un modelo de industria convergente, de la mano de la ley de medios. A mi criterio, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos al equiparar los medios en términos de universalidad de actores, privilegia la protección del contenido independientemente de los ductos, o del continente. Lo que hay que hacer es generar instancias de pluralismo, y si uno no prevé cómo se saltan los cuellos de botella que generan los monopolios de los ductos tiene que establecer, como hizo Estados Unidos al revisar los procesos de concentración, instancias de pluralismo dentro de ese mismo ducto para propiciar la mayor oferta posible.

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–El borrador inicial no contemplaba la manera de sostener económicamente a aquellos nuevos licenciatarios de pocos recursos nacidos de la desmonopolización. Es decir, gané la licencia, pero no tengo cómo sostener su explotación. ¿Esto fue modificado?

–Es debatible si la ley tiene que prever el funcionamiento de medios privados. En los ’90 algunas radios libres de Francia que vivían de la publicidad del Estado dijeron ‘esto algún día se va a terminar, o nos vemos coaccionados’. Finalmente se agregó un tope a la publicidad oficial en el proyecto. En algunos lugares de Europa existen leyes de fomento al pluralismo, que no tiene que ver con la publicidad oficial. Y en algún momento quizás haya que dar ese debate. Los relatores de libertad de expresión plantean la necesidad de que existan fondos que permitan sobrellevar el salto tecnológico digital por parte de los medios públicos y de las entidades sin fines de lucro.

–¿Por qué los actuales dueños de los medios no armaron su proyecto con la oposición? ¿Su objetivo es que no haya ley?

–No tendrían iniciativa, no tendrían claro qué hacer, o hay quienes piensan, y es una posición honesta, que la mejor ley de medios es la que no existe y lo que tiene que hacer el Estado es regular la asignación de licencias en base a subasta, con las reglas del mercado.

–¿Y cómo sale la libertad de expresión de esas experiencias?

–Owen Fiss tiene una frase contundente al respecto, plantea que al Estado se lo puede pensar como amigo de la libertad de expresión, pero en realidad el libre mercado de ideas no reconoce necesariamente al pluralismo. Me interesa destacar que la ley establece cuotas pero no hay ningún artículo dedicado a la calidad de los contenidos informativos que se puedan difundir; las sanciones previstas no tienen que ver con contenidos. Sólo hay cuotas de programación local o nacional y cumplimiento de horario de protección al menor. No hay ningún artículo vinculado con restricciones a la calidad, cantidad, naturaleza de la información, oportunidad, veracidad, información responsable o cualquier otra que implique una afectación a la libertad de expresión. Esto no quita que algunas expresiones deban ser sancionadas, y da para muchísimos debates, como el discurso del odio o discriminatorio o sobre la imagen de la mujer, porque el Estado está obligado a hacerlo por los Convenios Internacionales. Pero debe pensarse en mecanismos de autorregulación que no deben ser tomados por el Estado.

–¿Habrá juicios, medios que quiebren y despidos?

–Los Tratados de Inversión, en la medida en que no sean denunciados, existen y no se les pueden oponer normas de derecho interno. Hay países que hacen reserva para los medios, como Estados Unidos. Eso ya está contemplado en la Ley de Industrias Culturales. No imagino medios del interior cerrando porque tengan que tener cuota de producción local, y hay un período ventana para que se acomoden. Los sindicatos de trabajadores de medios trabajaron a favor de la ley. Me cuesta creer que los trabajadores acompañen algo que genera pérdida de empleos. Hay plazos para el establecimiento de la autoridad de aplicación, para la convocatoria de los Consejos Federales y lo mismo con la autoridad de los medios públicos.

–¿Cuál es el perjuicio real para los actuales dueños de medios?

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–Los límites a la concentración. Cumplir cuotas de programación no te lleva a la quiebra.

–¿Pero sí a desprenderse de unas doscientas licencias?

–Esa es otra discusión, jamás vi esos expedientes. Si tienen más de un servicio complementario en la misma área de cobertura, la ley actual no lo permite. Ignoro sobre qué base hacen las cuentas. Si alguien tiene dos cables en la misma ciudad, o dos servicios codificados en la misma ciudad, o uno y uno, son dos servicios complementarios del mismo titular y la ley actual no lo permite.

–¿En cuánto tiempo habrá una pantalla y un dial diferentes?

–La ley no tiene nada que obligue a cambiar la pantalla, salvo cuotas de programación propia local e independiente. Pero no hay nada estético vinculado con esto. Habrá que ver las directrices que sugiera el Consejo de los adolescentes y los niños, debería haber un cambio inmediato en los medios públicos, donde sí hay cuestiones más firmes vinculadas al pluralismo, participación de diferentes sectores, etc. Debería notarse en algunos lugares la amplificación de la oferta, y respecto a todos una transparencia mayor sobre las condiciones de adjudicación, la programación que se comprometieron a brindar, quiénes son los dueños, cuál es la publicidad oficial que tienen asignada. La Argentina tiene sólo ocho ciudades con más de una oferta de televisión abierta, eso va a cambiar en la medida en que haya una vocación de expansión de las reservas de frecuencias. Si no el pluralismo es del que tiene la plata para el cable, o tener una oferta de un canal local a veces sin producción independiente.

–¿Determinado canal de noticias de cable va a desaparecer o las radios dejarán de pasar la música que pasan?

–No tiene asidero ese planteo. Nada de eso desaparece. La ley no impacta sobre la estética o la programación. No entiendo la pregunta.

–Algunos grupos mediáticos deberán desprenderse de señales de cable porque sobrepasan los topes establecidos por la ley.

–En ese caso la señal que no quieren que desaparezca puede ser con la que elijan quedarse.

Domingo, 20 de septiembre de 2009

EL PAIS › LA CONSTRUCCION MEDIATICA DE UN PROCER

Cría Cobos

Cleto intenta frustrar la sanción de la ley audiovisual, o Ley K, como la llaman Clarín y el multimedios América, de Vila, Manzano y De Narváez, que lo adoban como

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presidenciable. Los negocios avalan, desde la gobernación de Mendoza en adelante, la construcción mediática de un prócer. La política intenta recuperar la centralidad perdida y el vicepresidente es la quintacolumna del poder corporativo.

Por Horacio Verbitsky

Durante su desempeño como gobernador de Mendoza el vicepresidente Julio Cobos favoreció grandes negocios de los principales grupos de medios del país, que le retribuyen con generosidad, presentándolo como una alternativa política al gobierno nacional, dentro de dos años o ya mismo, según se desarrollen los acontecimientos. Ése es el sentido de su hiperactividad en asuntos que nunca se asociaron con la vicepresidencia, que ha conseguido irritar tanto al gobierno como a otras fuerzas de la oposición. Sus encuentros con el diputado de Unión-Pro Francisco De Narváez y con la conducción del Grupo Clarín tienen una faz pública y una cara oculta, que se develan en esta nota.

Estas relaciones especiales de Cobos abarcan tanto al grupo América, al que lo acercó su asesor Leopoldo Moreau, como a Clarín. Además de medios, el trío Vila-Manzano-De Narváez opera servicios públicos y áreas petroleras en Mendoza, donde Clarín posee el principal diario, fundado hace 126 años. El envío al Congreso del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual recalentó esas conexiones.

Vila-Manzano-De Narváez

En julio de 2006 un fuerte viento Zonda provocó graves daños, entre ellos la caída del servicio eléctrico de la empresa del grupo, EDEMSA, que dejó sin luz a 50.000 personas en el Gran Mendoza por más de 72 horas. El Ente Regulador que dirigía Mario de Casas, le impuso a una multa de por lo menos dos millones de pesos, además de las compensaciones que debería pagar a los damnificados. Cobos lo desautorizó: “No me interesa que el EPRE aplique multas, sino que en situaciones de fuerza mayor ayude a las empresas a restablecer el servicio”, dijo. Agregó “que EDEMSA se puso inmediatamente a disposición y estoy muy conforme con la forma en que ha trabajado”. Pero el ente regulador insistió y Cobos se llamó a silencio al percibir el fastidio social con la falta de servicio.

Cobos y su ministra de Economía, Laura Montero, licitaron once áreas petroleras. La oferta más alta, por 76 millones de dólares, fue presentada por una UTE que encabezó Oxipetrol. Las ofertas siguientes, ambas por 55 millones de dólares correspondieron a empresas del trío ManzanoVilaDe Narváez y del empresario patagónico Cristóbal López. Pero Cobos anuló la licitación. En la segunda convocatoria, ya con la oferta de Oxipetrol conocida, Manzano y López mejoraron las suyas y resultaron los principales adjudicatarios. La inversora en negocios energéticos de Manzano y los Vila, Ketsal, fue la única que ofertó por las once áreas. En asociación con Kilwer obtuvo la principal (Chachahuén, por 126,7 millones de dólares) y por otros 62 millones las áreas Ñacuñán, Pampa del Cebo, Zampal Oeste, San Rafael, Malargüe y El Coirón I y II. Oil M&S, de Cristóbal López, se quedó con el área del Río Diamante, por 66 millones de dólares.

La legislatura cuyana sancionó una ley de marco regulatorio de servicios públicos que el grupo resistía. Manzano dijo que no había que preocuparse demasiado porque podía arreglarse en el decreto reglamentario. Consiguió más que eso: Cobos nunca reglamentó la ley.

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Clarín en Los Andes

José Luis Manzano era el ministro político cuando el presidente Carlos Menem decidió privatizar YPF. Para amortiguar la fuerte oposición que provocaba en el peronismo, le aconsejó que transara con las provincias hidrocarburíferas los juicios por regalías mal liquidadas. Mendoza recibió 617 millones de dólares en Bonos de Consolidación. Ese fue también el origen de los célebres fondos de Santa Cruz, que el gobernador Néstor Kirchner depositó en el exterior. En Mendoza, el gobernador Rodolfo Gabrielli creó el Fondo de Financiamiento de Inversiones Públicas y Privadas para la Transformación y el Crecimiento (FTYC), que comenzó a operar en 1994. El objetivo principal declarado por el Fondo en su página institucional es “brindar asistencia crediticia a las pequeñas y medianas empresas” y apoyar proyectos de desarrollo ganadero, agroindustriales, mineros y de colocación de malla antigranizo para zonas cultivadas. La línea destinada al sector industrial contempla préstamos para adquirir “maquinaria nueva”. El monto financiable es de 200 mil pesos, que aumenta a 300.000 si la mitad de las máquinas son producidas en Mendoza. La tasa para esa línea es la mitad de la ya subsidiada del Banco Nación, se paga a cinco años, y sin gracia.

Sin embargo Cobos usó ese fondo para prestar 11,6 millones de pesos al Grupo Clarín que quería importar una rotativa con muchos años de uso, fabricada en Alemania. Desde su constitución el FTYC prestó 570 millones de pesos a más de 5.000 empresas, a un promedio de 114.000 pesos por crédito. Clarín recibió cien veces más, superó en 58 veces el tope de los 200.000 pesos, importó una máquina alemana desde Estados Unidos y obtuvo además un año de gracia antes de comenzar el pago. Es comprensible que ambos grupos mediáticos consideren a Cobos un estadista notable, llamado a poner límites a la barbarie de lo que Laura Montero llamó “la tiranía” de Kirchner. Por eso lo adoban como presidenciable. Ya llegará el turno de hacerle sentir los instrumentos de trinchar.

Tipos de suerte

Cobos asistió junto con los directivos de Clarín a la puesta en marcha de la rotativa. Era director ejecutivo de ese fondo provincial el ahora secretario administrativo del Senado, el contador Jorge Tieppo, procesado por el otorgamiento irregular de otros créditos. Los préstamos por más de dos millones de pesos deben ser aprobados por la Administradora Provincial del Fondo, un órgano colegiado autárquico que integran tres ministros y depende en forma directa del gobernador, que es la autoridad de aplicación. En el momento del préstamo a Clarín lo integraba Laura Montero, en el presente diputada nacional y senadora electa. Tanto Tieppo como Montero tienen una relación íntima con Cobos. La rotativa fue instalada en la zona industrial de Guaymallén e imprime en media hora los 30.000 ejemplares del diario Los Andes, fundado en 1883 en Mendoza por Adolfo Calle. Sus descendientes sólo retienen el 20 por ciento del paquete accionario. El 80 por ciento restante es del Grupo Clarín, que llegó a ese porcentaje luego de comprar la parte de La Nación, con la que sigue asociado en Expoagro. El 27 de noviembre de 2008, cuatro meses después del voto contra la resolución 125, a partir del cual Clarín y América lo elevaron a la categoría de prócer llamado a grandes destinos, Cobos cortó las cintas y oprimió el botón de arranque de la nueva rotativa que había financiado, de 1.200 toneladas de peso y 1.500 caballos de fuerza. A la ceremonia asistieron las máximas autoridades del Grupo Clarín. La máquina de cinco niveles KBA Commander 70, fabricada hace un cuarto de siglo por la empresa alemana Koenig & Bauer, fue adquirida al diario Daily Herald, de Chicago. La mole, operada a control remoto, fue instalada en una nave de 18 metros de alto por 60 de largo. El Daily Herald la usó hasta 2003. Clarín la compró en 2005 y la desarmó durante tres meses, entre abril y julio de 2006, para cargarla en

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74 contenedores que fueron por carretera hasta Nueva York y en barco por los océanos Atlántico y Pacífico hasta Valparaíso, desde donde siguieron por tierra hasta Mendoza. En un recuadro titulado El financiamiento, el diario Los Andes informó el 18 de marzo de 2007 que la inversión total fue de 17,87 millones de pesos, de los cuales 11,6 fueron prestados por el FTYC, a devolver en cuatro años, con uno de gracia, en 16 cuotas trimestrales y a tasa subsidiada. El 28 de noviembre, al anunciar que ofrecería más color y mejor calidad dijo que “parece un proceso mágico”. Cobos sostuvo que Los Andes era una institución más que una empresa. El intendente de la capital mendocina, Víctor Fayad, dijo que el vicepresidente electo era “un tipo de suerte. Siempre está en el lugar y el momento justos” y contó que en la inauguración de un casino Cobos dijo que le gustaría que salieran el 25 y el 26. Esos fueron los números en los que se detuvieron las dos primeras bolas de la noche.

Malversación e incumplimiento

Hace tres semanas la fiscal especial de delitos complejos de Mendoza Claudia Ríos elevó a juicio por malversación de caudales públicos e incumplimiento de sus deberes funcionales una causa contra el contador Tieppo. La inició el Tribunal de Cuentas cuando detectó que había otorgado créditos para comprar autos particulares a varios de sus empleados en el Fondo, que no contempla esa línea personal. Según la prensa mendocina, Cobos analizó la posibilidad de removerlo, pero no lo hizo porque en ese caso no podría impedir que la mayoría oficialista en el Senado designara al sucesor. Como director administrativo, Tieppo maneja un presupuesto de 362 millones de pesos. Además otorga subsidios y becas, aunque el decreto reglamentario sostiene que sólo pueden hacerlo los senadores. Tieppo y Montero también fueron acusados por el otorgamiento de un crédito de 8,7 millones de pesos a una empresa de transporte que estaba en convocatoria de acreedores y muy endeudada con el Estado provincial, y otros cinco a productores de mosto que se declararon en cesación de pagos. La transportista El Cacique ofreció como garantía los microbuses a comprar con ese dinero. En su fallo 15.012 emitido en diciembre de 2007 el Tribunal de Cuentas provincial condenó a Tieppo y Montero a pagar una multa, y estableció que si el crédito quedaba impago deberían responder con su patrimonio personal, porque la opción de embargar los vehículos sólo perjudicaría a los pasajeros. Según el matutino porteño La Nación fue el entonces jefe de gabinete Alberto Fernández quien convenció a Cobos de que mantuviera a Tieppo porque de otro modo el kirchnerismo designaría al sucesor. El vicepresidente devenido en líder opositor perdería el control de su principal fuente de recursos. Clarín tituló que “Cobos busca retener a su hombre de máxima confianza”.

Vocación de poder

Cuando este gobierno termine, la ley audiovisual lo sobrevivirá. La reclamó una amplísima coalición social y permitirá mayor pluralidad de voces en un mercado de excesiva concentración. Dada la flexibilidad de la presidente CFK, que admitió cambios en todos los artículos antes y durante el tratamiento parlamentario, la oposición de centroizquierda pudo poner en práctica la propuesta de Martín Sabbatella de consolidar el piso de lo avanzado en estos años pero levantar el techo, y por una vez no fue testimonial, salvo algún narcisista solitario. Es útil calcular la magnitud de estos alineamientos con la nueva conformación del Congreso. Para llegar a los 147 votos en la Cámara de Diputados, el Frente para la Victoria sumó a sus 105 remanentes, otros 42 del Partido Socialista, Solidaridad e Igualdad, la Concertación, Frente Cívico por Santiago, Encuentro Popular y Social y Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur. Después del 10 de diciembre, el gobierno conservaría 83 diputados propios y sus potenciales aliados otros 41. En vez de 147 serían 124, cinco menos que

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el quórum, contra los 133 que sumaría la oposición. Ahora el oficialismo puede llegar en el Senado hasta 44 votos, entre propios y posibles aliados, frente a 28 seguros de la oposición. Esto por supuesto es variable, según las leyes que se traten y en el caso de las retenciones móviles se produjo el famoso empate en 36. Con el parlamento renovado la cuenta se reduciría a 40/32 (los cuadros completos de cada Cámara se publican en la edición electrónica). Esto, sumado al posible veto presidencial, que la oposición carecerá de votos para rechazar, define una situación de menor debilidad oficial a la que desearía el obstinado frente del rechazo. La oposición de centro-derecha (radicales, peronistas minoritarios, libertadores y PROs), prefirió no incidir en lo sancionado sino preconstituir presuntas nulidades de las que Clarín y América puedan servirse para impugnar la ley en los tribunales. La táctica de dilatar para que no se supere la ley de Videla (que sólo Menem pudo redefinir porque cedió todo lo que le pedían), sugiere escasa vocación de poder por parte de esa oposición. Si pensara que pronto puede llegar al gobierno hubiera apoyado este proyecto, imprescindible para el sistema democrático, porque redimensiona un poder supraconstitucional que siempre lo condicionó en defensa de intereses, propios y del sector económico que representa.

Al Palacio de Justicia

Apenas horas después de la media sanción a la nueva ley audiovisual el juzgado contencioso administrativo federal 2 aceptó el amparo que le permitirá al Grupo Clarín continuar con la fusión de Multicanal y Cablevisión pese a la orden en contrario del COMFER. El juez Esteban Carlos Furnari fue propuesto en mayo de este año por la presidente CFK pese a que ocupó el cuarto puesto en el concurso para proveer la vacante. El Senado le dio el acuerdo el 5 de agosto y el 18 el Poder Ejecutivo firmó el decreto de designación en ese tribunal crítico. Una versión rosada diría que esto ridiculiza los cuestionamientos al gobierno y al Consejo de la Magistratura. Pero también hay lecturas más escépticas. Furnari era secretario de la sala V de la Cámara en este fuero donde se tratan las cuestiones económicas, tarifarias y de regulación que interesan al Estado y a las grandes empresas. Cuando el titular del juzgado 2, Sergio Fernández, fue ascendido a camarista y la subrogante designada por el Consejo de la Magistratura también se alejó invocando razones de salud, el Consejo designó a Furnari como subrogante. El procedimiento produjo un escándalo en el fuero, porque Furnari no figuró en la terna elevada por los camaristas Bernardo Licht, Marta Herrero, Néstor Buján, Pedro Coviello, Jorge Demarco, Luis Otero, Guillermo Galli y Alejandro Uslenghi. Sin embargo, el Consejo lo eligió, sin fundamentar la razón, invocando la original figura de la “terna de minoría”, propuesta por los camaristas Pablo Gallegos Freddiani, Jorge Argento, Carlos Grecco, Jorge Morán y el infaltable Sergio Fernández, donde sí estaba. Varios amparos judiciales se opusieron a su designación, uno de ellos de Poder Ciudadano. La sala de Sergio Fernández lo rechazó. En la secretaría de la sala V, Furnari sucedió a Claudio Fernández, hermano de Sergio. Claudio Fernández debió renunciar en 1997 cuando la empresa energética por entonces chilena Central Puerto denunció que un abogado íntimo amigo del secretario le había pedido dos millones de dólares para resolver a su favor un expediente. El entonces juez Gabriel Cavallo procesó a Claudio Fernández por entender que le había pasado los datos del expediente al extorsionador. El tercer hermano es Javier Fernández, director de la Auditoria General de la Nación. Los hermanos tuvieron estrecha relación con el ex ministro y juez Rodolfo Barra y hoy son los principales operadores de la SIDE en el Poder Judicial. Con el pretexto de ayudar al gobierno en los temas críticos han construido una base de poder propia, más duradera que cualquier administración. Este episodio demuestra mejor que cualquier discurso que cuando los bienes intangibles salen a subasta en el mercado, siempre hay alguien capaz de mejorar la oferta. También por esa razón utilitaria, no hay nada más conveniente que elegir magistrados capaces e íntegros.

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Domingo, 20 de septiembre de 2009

EL PAIS › OPINION

Yo chavizo Tú chavizas El chaviza

Por José Natanson

De la decena de procesos de cambio político que se viven hoy en América latina, el de la Venezuela de Chávez probablemente sea el más comentado y el menos comprendido de todos. En Argentina, la apelación a Chávez es un recurso fácil de quienes creen ver paralelos con una revolución que no existe y una apelación constante de los que se asustan con una dictadura que no es tal. La discusión por la ley de medios reaviva los temores o las esperanzas de chavizar esto o aquello, en el contexto de un debate que, al menos en sus versiones televisivas, rara vez supera la altura de los subsuelos. ¿Se tropicaliza Buenos Aires? Una mirada rápida a la patria de Bolívar revela que los paralelismos son exagerados, aunque menos por la voluntad de sus líderes que por las enormes diferencias entre los países. Veamos.

A la manera de Chávez

Como con el resto de los poderes establecidos (militares, Iglesia, empresarios y –crucial diferencia con los Kirchner– sindicatos), la relación de Chávez con los medios de comunicación es mala. Tras una breve luna de miel al inicio de su primer mandato, el vínculo comenzó a deteriorarse progresivamente, a fuerza de ataques cruzados, hasta romperse del todo en abril del 2002, cuando la mayoría de los medios apoyó el golpe de Estado y luego trasmitió dibujos animados y películas para disimular la reacción de los militantes oficialistas.

Chávez respondió. En mayo de 2007, fortalecido tras arrasar en la campaña por su reelección, decidió no renovar la licencia de Radio Caracas Televisión (TCTV), el canal más antiguo del país, con el argumento de que había apoyado el punch del 2002.

En un sentido estricto, no sería correcto hablar de censura, pues la licencia estaba vencida y el Estado tenía la posibilidad de no renovarla. Por otra parte, el canal siguió transmitiendo por cable. El trámite, sin embargo, fue claramente irregular. Desde el punto de vista jurídico, si había una responsabilidad debía recaer sobre personas naturales –los dueños del canal– y no sobre la empresa. Desde el punto de vista político, la intencionalidad está clara: el resto de los canales –entre ellos Venevisión, de la poderosa familia Cisneros– también habían acompañado la intentona golpista, pese a lo cual el gobierno les permitió seguir operando, básicamente porque, finalmente convencidos de que había Chávez para rato, decidieron suavizar su línea editorial. El hecho de que Chávez haya formulado el anuncio de RCTV en un establecimiento militar y vestido de uniforme no ayudó a tranquilizar los ánimos. La OEA protestó y el presidente respondió tildando de “insulso” a su titular, José Miguel Insulza.

Más tarde, el gobierno anunció un plan para revisar el espectro radioeléctrico que derivó en el cierre de 32 radios primero y otras 29 después. Hay una densa discusión técnica detrás de estas medidas, y es imposible determinar en qué casos le asiste la razón y en cuáles no.

En todo caso, la medida se suma a los siete procedimientos administrativos iniciados contra el canal de noticias Globovisión. Los motivos son variados: durante una

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entrevista con el director de RCTV, Globovisión difundió imágenes del atentado contra el papa Juan Pablo II con la canción de Rubén Blades “Eso no termina aquí” de fondo. El gobierno acusó a la emisora de incitar subliminalmente al magnicidio. En otra oportunidad, el gobierno denunció al canal por poner al aire un mensaje de texto de un televidente convocando a un golpe de Estado. Estos casos, en los que el canal se ubicaba al filo de la legalidad, se mezclan con otros, más confusos: el 28 de mayo de 2007 Globovisión fue denunciado por mostrar en una misma pantalla a Hugo Chávez y a un líder de Al Qaida con la supuesta intención de asociar al presidente con el terrorismo. En las últimas elecciones, el canal recibió otra denuncia por transmitir la reacción de un candidato a la gobernación de Carabobo que instó a tomar las oficinas del Consejo Nacional Electoral disconforme con el resultado.

Estos procedimientos sancionatorios se encuadran en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (conocida como Ley Resorte). Aprobada en diciembre de 2004, la norma establece algunas regulaciones muy razonables en cuanto a horarios de protección al menor, y abre espacios para la creación de medios comunitarios, pero también prevé sanciones, que pueden llegar a la suspensión por 72 horas continuas de la señal, para “aquellos medios que difundan mensajes que promuevan o hagan apología o inciten a la guerra o a la alteración del orden público”.

La relación de Chávez con los medios no se limita a las saciones contra algunos canales. Un capítulo especialmente enojoso, aunque perfectamente legal, en la abundante utilización de la cadena por parte del presidente (por ahora la obligación de engacharse pesa sólo sobre la TV abierta, pero el gobierno ha dicho que la extenderá también al cable). Entre 1999 y 2007 hubo –según el monitoreo de la empresa AGV– 1513 cadenas presidenciales, que trasmitieron 890 horas (es decir 31 días y dos horas). Entre otras cosas, Chávez trasmitió por cadena el festejo de su 50º cumpleaños, un minirrecital con una banda de Valencia y la imagen de sí mismo manejando una perforadora en un túnel de ferrocarril ¡durante una hora y media! (“¿Quién es exactamente la persona que nos gobierna? ¿Un niño grande?” se preguntó esa tarde el diario Tal Cual en su editorial).

Esto se suma a la creación, también legal pero muy costosa, de nuevos canales –Vive, Asamblea Nacional TV, Avila TV, Telesur–, que se añaden a los ya existentes, como Venezolana de Televisión, y a Televisora Venezolana Social (en la antigua señal de RCTV). Si a ello se agrega el filooficialismo de Venevisión y Televen, el panorama televisivo es bastante homogéneo. En la prensa gráfica, en cambio, hay una mayor diversidad, pues los medios más cercanos a Chávez, como Ultimas Noticias, conviven con los tradicionales El Universal y El Nacional, más cercanos a la oposición, y con nuevos diarios, como el Tal Cual de Teodoro Petkoff.

Lejos de Caracas

Como todo en democracia, la libertad de prensa no es un absoluto, sino un derecho supeditado a otras normas y necesariamente compatible con otros derechos. En Venezuela sobrevive en su sentido más básico: basta con recorrer unos días los medios antichavistas para reparar en un tono que llamaría la atención hasta en el crispado ambiente argentino. Venezuela no es Cuba. Sin embargo, sería tonto no reconocer los esfuerzos del gobierno chavista por ampliar, mediante métodos legales y no tanto, su influencia mediática, aunque no como resultado de un plan maquiavélicamente orquestado sino más bien mediante una serie de medidas improvisadas de acuerdo con las necesidades del momento y los humores del caudillo.

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Las diferencias con la Argentina son claras, por los límites que se han cruzado en Venezuela (Kirchner no sólo no rescindió licencias de los canales sino que las prolongó) y por el contenido del proyecto de servicios audiovisuales aprobado el miércoles pasado en Diputados. En Venezuela, a diferencia de lo que podría suceder en Argentina si el Senado aprueba la ley, la estrategia es un paso a paso confuso, más o menos como sucedía aquí hasta que el gobierno decidió impulsar la nueva regulación: en efecto, no se ha implementado en Venezuela una ley que reorganice de manera general el panorama mediático en base a nuevas directrices, que muchos podrán discutir, pero que no son una serie de ocurrencias sino un proyecto global y articulado de acuerdo con ciertos objetivos explícitos.

Entre los aspectos positivos del proyecto de ley de medios, cabe mencionar su espíritu antimonopólico y la posibilidad de que se abran nuevas opciones para multiplicar las voces. Por supuesto, habrá que esperar para ver si los objetivos de diversificar la oferta mediática se cumplen en la práctica: contra lo que suele creerse, las leyes no son una fórmula que encierra un pronóstico matemático del futuro, sino una regulación, en general amplia, cuyo resultado final depende de las decisiones de los actores, las políticas públicas, el humor social, los fallos de la justicia, la coyuntura económica... Toda ley tiene siempre algo de caja de Pandora.

Por lo pronto, los dos puntos más cuestionados por la oposición fueron corregidos. El primero, la posibilidad de que se formen nuevas posiciones dominantes a partir del ingreso de las telefónicas, fue eliminado del proyecto final. El problema aquí es que la convergencia tecnológica, según estiman los especialistas, es inevitable, y en algún momento será necesario regularla. En una interesante nota publicada el martes en La Nación, el consultor Enrique Carrier explica la necesidad de fomentar la competencia entre proveedores –telefónicas y cableoperadores– del mismo modo que se hizo con la banda ancha, cuyo crecimiento fue exponencial, y evitar el riesgo de posiciones dominantes mediante una distinción entre transportadores de señal y proveedores de contenidos. “Habrá que evitar que la red tenga discrecionalidad total para determinar los contenidos que transporte y, sobre todo, los que no transporte”, escribió Carrier.

El segundo punto cuestionado es el de la autoridad de aplicación. Es discutible quién debe retener el control. Por cuestiones operativas, no es ilógico pensar que debe recaer sobre el Ejecutivo. Pero lo central es establecer reglas que limiten la discrecionalidad y transparenten las decisiones en lo referente a la autorización de licencias, la programación de los medios oficiales y la publicidad del Estado. Hasta el momento, la política kirchnerista fue muy opaca en estos puntos, que conviene no soslayar: aunque se ha creado un consenso bastante amplio en el universo progresista alrededor de la gestión de Tristán Bauer, cabe preguntarse qué sucedería si, digamos, Mauricio Macri llega al gobierno y designa a, digamos, Pancho Dotto como director de Canal 7: seguramente a muchos les parecerá sensato que exista un consejo asesor, técnicamente competente y políticamente diverso, que matice los desfiles de modelos con algún que otro programa cultural. La institucionalización de las decisiones y la construcción de capacidades profesionales de gestión, dos modalidades a las que el Gobierno no es muy adepto, son menos una necesidad del presente que una apuesta al futuro.

Desdramatizar

El panorama mediático argentino es amplio, muy vivaz y muy complejo (algo lógico en un país de amplias clases medias, con raíces de inmigrantes que traían sus puntos de vista y luchaban por expresarlos), aunque también muy concentrado. Tiene razón Mario Wainfeld cuando dice que en sociedades democráticas y complejas ninguna ley,

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ninguna decisión y ninguna política, por más importante que sea, es totalmente definitoria. No se trata, por lo tanto, de disolver un monopolio que no existe –mono = uno–, ni de frenar una ofensiva oficial censuradora que sería imposible de aplicar incluso en el caso de ésa fuera la intención del Gobierno, sino de establecer una nueva regulación con un papel más preponderante del Estado, definir los límites de la autoridad pública y fijar las nuevas condiciones de la prosperidad empresarial.

Lunes, 21 de septiembre de 2009

EL PAIS › OPINION

Cambiar la pregunta

Por Eduardo Aliverti

El asunto central potenció una pregunta que no tiene prensa y para la que no hubo ni hay, todavía, respuesta satisfactoria.

Se trata de esa gente que no percibe tener compromiso alguno con el tema. Porque le parece que es así o porque sencillamente no le importa. Gente de esa que se llama “del común”. Y que ni siquiera dispone de una postura preconcebida –de la que ya no la saca nadie– según sea que se posicione frente al Gobierno muy a favor o muy en contra. De modo que no hablamos de esa gente horrorizada por creer que ahora vendrá Hannibal Lecter a comerse periodistas. Ni de esa otra que por asistir a algo así como la caída del Imperio Romano, en versión mediático-criolla, perdió pensamiento crítico respecto del kirchnerismo. Esta gente de la que hablamos es la que, no desde la bronca por cómo le va en la vida –aunque también– sino con la humildad de reconocerse ignorante del tema, o de aspectos que confiesa se le escapan, pregunta por qué carajo tiene que importarle de quiénes son los medios de comunicación, o quiénes podrían manejarlos en lugar de los que están, y cuál es la relación entre eso y sus problemas, dramas o felicidades cotidianos. Y en verdad, no es que hasta hoy no existe una contestación convincente porque no se le encontró el gancho a la vuelta. Es que no hay vuelta para responder, como no fuere un apunte más bien de orden filosófico, moral, político “sólo” muy globalmente.

En primer lugar: aun si se descuenta que el proyecto sobre medios audiovisuales pasará con éxito la Cámara alta y no aparece una Banelco corporativa capaz de torcer la voluntad de algunos senadores... ambiguos, digamos, restará un período impreciso pero siempre largo, muy largo, en el que se reacomodarán las piezas operativas (y más extenso todavía, tal vez, si se cuentan amparos judiciales, impugnaciones parlamentarias, eventuales intentos de la oposición para revocar la ley, etcéteras). Suponiendo que todos esos muros son sorteados, pasará que los nuevos actores sociales, empresarios, culturales, en disposición de acceder a una licencia de radio o tevé, deberán demostrar su actitud y –sobre todo– aptitud para semejante cosa. Y a fin de que lo demuestren, en ese momento de no se sabe cuándo, tendrá que colaborar decisivamente un Estado dispuesto al apoyo concreto. Porque no hay dos tortas publicitarias. Hay una sola. Es fantasioso que podrá repartirse lo que no se genera. O lo que sí se produce pero para seguir distribuyéndolo entre unos pocos. Las radios (que por razones de baratura tecnológica son el gran sujeto del eventual cambio), e incluso los canales de televisión, dan antes pérdidas que ganancias; y no solamente por algunos sueldos estrafalarios, incompatibles con los ingresos de un mercado achicado. Mucho más que un negocio en sí mismo, son un estilete de poder para marcar agenda y obtener otros negocios, colaterales, gracias a la influencia periodística ejercida. En un país pobre como éste no hay lugar para que un nuevo

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ejército de aspirantes conduzca y administre medios, a menos que el Estado cargue pilas con una política de promoción y subsidios de pymes, cooperativas y combinados de esa naturaleza. E incluso haciendo eso, deberá haber una orientación que segmente las audiencias por rama de gustos y colectivos sectoriales, al estilo de la radiofonía norteamericana, so pena de que los pequeños se devoren entre sí con ofertas de idéntica o similar raíz comunicacional. Si la respuesta a “en qué me cambia la vida según gane éste o aquél” pretende ser técnica, directa, facilonga, mejor dejar de buscarla porque no la hay. Más también: la respuesta es “en nada”, si es cuestión de qué se percibirá, en el andar diario de las clases medias y populares, a corto-mediano plazo. Y hasta en el largo, si no se dan las condiciones apuntadas.

Lo que quizá quepa hacer, entonces, es promover el cambio de la pregunta. Mudarla de “en qué me cambia la vida” a “cómo podría cambiarme la cabeza”. Porque la ley de medios audiovisuales, como debe repetirse sin cansancio y como toda ley, al fin y al cabo, es nada menos pero nada más que una herramienta. El punto es que para tenerla en las manos se debió haber llegado, primero, a un enfrentamiento con los gigantes mediáticos. Y con uno en particular (por los motivos que fuesen, incluyendo desde revanchismos personales hasta el formidable trabajo militante de los imprescindibles que durante años, literalmente, pujaron por construir un escenario mediático novedoso, valiente, provocador). Eso marca un antes y un después en las revelaciones públicas acerca de los manejos e intereses del intocado poder de la “gran prensa”. Como lo señaló con precisión notable el diputado Carlos Raimundi, que no es oficialista, en el comienzo de su intervención parlamentaria, a partir de este proyecto –y, antes, desde la caída del contrato entre la AFA y Clarín– empezaron a circular al aire libre conceptos tales como concentración, monopolio, fijación de estados de ánimo gracias a campañas “periodísticas”, negociados de los medios, empresas desconocidas, testaferros. ¿Acaso no sirvió ni sirve para nada todo eso? ¿Acaso tantos despreocupados y tanto tilingaje no tomaron nota de que estaban viviendo en un tupper, y acaso mucho receloso del proyecto oficial no ratificó que además debe desconfiar de los medios de comunicación que consume, y acaso eso no abre una perspectiva de debate en la que deban contar las operaciones de prensa? ¿No despierta eso que la lucha por la conciencia popular, si es que no por la razón, sea un poco más pareja?

Este último concepto, también acaso, puede parecer soberbio. Pero pensemos si no es más soberbio suponer que el pueblo puede usufructuar razonamiento examinador, si no cuenta con instrumentos informativos. Para el caso, todos los debates y propuestas habidos acerca de la necesidad de derogar la ley mediática de la dictadura, y su reemplazo por una que fugue hacia adelante, tuvieron sede en ámbitos reducidos o ampliados pero jamás transmitidos ni publicados por los grandes medios. Jamás. Fueron congresos, mesas redondas, declaraciones institucionales, proposiciones cajoneadas en el Congreso, charlas en carreras de comunicación, señalamientos gremiales, foros varios. Valiosos. Los medios no tomaron nota. Fueron impermeables. Nunca permitieron que esa discusión transitara por sus vías. Pues bien: no se habrá dado de la manera más prolija y pasa que tiene contornos de conflicto ensuciado, pero resulta que se reveló como la única forma de llamar la atención. De disputar terreno. Y, encima, con un formato de ley ante el que los multimedios se quedaron sin más argumentos que la denuncia política sin sustentación específica. Más una derecha patética a la que sólo le queda discutir aspectos reglamentarios.

¿Me cambia en algo la vida todo esto? No. Pero seguro que me va a cambiar menos que menos si no apunto que el Poder no pasa únicamente por el Gobierno.

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Lunes, 21 de septiembre de 2009

EL PAIS › MAñANA COMIENZA A TRATARSE LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

La pulseada definitiva en el Senado

Mañana a la mañana se reunirá la Comisión de Labor Parlamentaria, donde los presidentes de los bloques definirán cómo seguirá el debate. El oficialismo pretende que por la tarde el proyecto de ley se trate en el plenario de las comisiones.

El proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual comenzará esta semana en el Senado el tramo final de su periplo parlamentario. A pedido del oficialismo, mañana por la mañana se llevará a cabo una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria en la que los presidentes de los bloques fijarán el desarrollo que tendrá el proyecto en el debate en comisiones. Con el viaje de la presidenta Cristina Fernández a los Estados Unidos para asistir a la cumbre del G-20 y la Asamblea General de las Naciones Unidas, el vicepresidente opositor Julio Cobos no podrá oficiar como titular de la Cámara alta y ese lugar será ocupado por el kirchnerista José Pampuro. Mientras que Cobos pensaba girar el texto a cinco comisiones, para dilatar su tratamiento, la estrategia oficialista es hacerlo a dos: Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, por un lado, y Presupuesto y Hacienda, por el otro. El plenario entre ambas comisiones se llevaría a cabo también mañana, pero por la tarde.

De esta manera, el Gobierno busca avanzar en el tratamiento del proyecto con la intención de sancionar la ley a mediados de octubre, con tres o a lo sumo cuatro semanas para debatir los pormenores en comisiones y acumular voluntades aliadas. El jueves pasado por la madrugada, tras negociar algunos cambios con respecto al texto original, el oficialismo consiguió el apoyo casi unánime de los diputados de centroizquierda y el socialismo, y sumó 147 votos a favor, 18 más que los estrictamente necesarios para obtener la media sanción.

Los legisladores kirchneristas manifiestan confianza en que cuentan con el apoyo suficiente para completar el trámite en la Cámara alta. El anuncio del senador santafesino Rubén Giustiniani (PS) de que votará a favor aumenta las posibilidades de un final feliz.

En el Congreso ya trabajan en las obras para acondicionar el Salón Azul del Senado para desarrollar allí el plenario de comisiones. Aunque no habrá, como en el paso del proyecto por Diputados, un proceso de audiencias públicas, sí se invitará a algunos expositores a dar su opinión sobre el texto. La idea del oficialismo es que se apruebe sin cambios, aunque algunos no descartan hacer concesiones. Tanto el kirchnerismo como todo el arco opositor ajustan sus mecanismos de ingeniería parlamentaria para imponerse en la batalla final por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Lunes, 21 de septiembre de 2009

EL PAIS › EL GOBERNADOR DE SANTA FE, HERMES BINNER, SALIO A RESPONDER LAS CRITICAS DE CARLOS REUTEMANN

“Esta ley es sustancialmente superior”

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El senador había criticado el apoyo del PS a la ley de medios. Para Binner el proyecto es perfectible pero mejor que la norma vigente.

La batalla verbal entre Hermes Binner y Carlos Reutemann sumó un nuevo episodio ayer, cuando el gobernador santafesino salió a responder a las acusaciones del senador, que había señalado que “Binner y el socialismo son los verdaderos aliados del kirchnerismo”, en referencia al apoyo de ese partido al proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Diputados. “Negamos rotundamente que haya un arreglo, un pacto, que se haya hecho algo abajo de la mesa, y estamos muy tranquilos”, señaló el mandatario provincial. Y agregó: “Si hay sospechas, es por que alguna vez incurrieron ellos en una situación de ésas”.

“Tenemos una trayectoria de gobierno de veinte años en Rosario, y saben de nuestro comportamiento. Nunca hemos entrado en estas situaciones”, insistió Binner. El gobernador socialista aclaró que, si bien el proyecto de ley para regular los medios de radiodifusión “es perfectible y tiene defectos, es sustancialmente superior” a la legislación actual, que proviene de un decreto-ley de la dictadura, sancionado en 1980.

Binner consideró que votar afirmativamente en la Cámara baja, “con las modificaciones que se hicieron, fue positivo para la democracia”, ya que se pudo “separar a las telefónicas” que podían “empañar el funcionamiento de los medios”, y que “va a haber un cuerpo colegiado (como autoridad de aplicación) y regulación de la pauta oficial”. También explicó que la decisión se tomó de manera colectiva en el seno del Partido Socialista: “Tuvimos una resolución de que la ley tal cual como estaba no la íbamos a votar, pero luego hubo modificaciones sustanciales que hicieron que cambiáramos nuestra posición”. De hecho, el senador del PS, Rubén Giustiniani, ya confirmó que votará a favor en la Cámara alta.

Con sus declaraciones, Binner salió al cruce de Carlos Reutemann, que el sábado en un acto de cara a las elecciones locales del 27 de septiembre había denunciado que “el señor gobernador de Santa Fe ha contribuido con sus diputados a crear un clima de cercenamiento de las instituciones, de falta de libertad y de ausencia de federalismo”. Reutemann y Binner, las principales figuras políticas de la tercera provincia más poblada del país, mantienen una relación conflictiva desde hace años, que tuvo uno de sus puntos más altos durante la campaña previa a las últimas elecciones.

Luego de las acusaciones de Reutemann, Binner argumentó: “Tenemos que pensar en el bien común, y en ese bien común hay que ver los intereses de los privados, pero también de la sociedad en un servicio como es el de las comunicaciones. Compartimos un sistema privado de medicina con uno público, un sistema educativo privado con uno público, también tenemos que compartir un sistema de medios público y privado”, se explayó. “No dudamos que el proyecto tiene defectos, y que se le pueden hacer aportes en Senadores –concluyó–, pero tenemos que partir del presupuesto de que esta ley es sustancialmente superior a la que existe hoy.”

Lunes, 21 de septiembre de 2009

EL PAIS › DOS MIRADAS SOBRE EL DEBATE ACERCA DE LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

Medios, libertades y ciudadanía

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“La libertad de prensa y de información son derechos de todos, no son reaseguros para empresas periodísticas o de entretenimiento”, señala Julio Maier. Gustavo López recuerda que la ley vigente desde la dictadura considera “al ciudadano como enemigo interno”.

¿Nueva era?

Por Julio B. J. Maier *

No me animo a vaticinarlo, pero sí estoy convencido al afirmar que no sólo nosotros, sino el derecho a la información en general, se merecía hace rato un debate como el actual. Hace cerca de una década, cuando todavía ejercía la cátedra en la Universidad de Buenos Aires, tomé como tema de un seminario el derecho a la libertad de prensa y a la libertad de información, constitucionales, y el derecho penal. Invité a dos periodistas que, según recuerdo, no se sintieron demasiado cómodos frente a tantos aprendices de brujos (jóvenes con pretensión académica en derecho penal). Recuerdo bien, eso sí, que yo diferenciaba la libertad de prensa y de información (artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional), de la libertad de empresa y de trabajo (artículo 14), y advertía ya que yo no tenía el mismo derecho de expresar mis ideas públicamente por medio de la prensa que el señor Clarín o el señor La Nación (para no referirme a una persona en particular), al mismo tiempo, tampoco yo gozaba del derecho a informarme, pues sólo podía recibir información de parte de aquél cuyo bolsillo tenía poder (económico) suficiente para publicar y llegar a mi destino (lectura, audición o visión) con su lectura particular (ideológica) del universo; muchos más, la mayoría, estaban incluso por debajo de mis posibilidades. Prueba de ello era la incapacidad de instrumentar un derecho humano consagrado por convenciones internacionales, regionales y universales, el derecho a réplica, derecho e instrumentación siempre rechazados por los “dueños” de la libertad de prensa y sus organizaciones, nacionales e internacionales, con cualquier argumento, incluso el de atentar el ejercicio de ese derecho contra la libertad de prensa. Me parecía, entonces, que una ley de difusión de medios escritos y audiovisuales debía intentar igualar esas posibilidades y, para ello, repartir licencias en instituciones comunitarias, en general sin fines de lucro (universidades, gremios, fundaciones, asociaciones de interés público, etc). No creo que muchos coincidieran conmigo entonces, al menos yo no conocía a ninguno. No soy un experto en la materia, razón por la cual allí quedó todo para mí, en tono de pregunta.

El debate político actual me reconforta. Sin que pueda expresar detalles, pues no me corresponde, observo que de un lado están los que, norma más, norma menos, piensan como yo, que la libertad de prensa y la libertad de información son derechos de todos, del ciudadano, y, por lo contrario, no son reaseguros para empresas “periodísticas” o de “entretenimiento” (para ser sintético). Del otro lado están aquellos para quienes esas libertades y los derechos que generan tienen nombre y apellido, los de las empresas de lucro que los explotan comercialmente. No me asombra la existencia del debate ni su configuración argumental; sí, en cambio, la ubicación en él de alguno de sus protagonistas (la UCR, por ejemplo, que parece querer doblarse para que no se rompa) y los exabruptos de algunos, que califican a los contrarios con epítetos más cercanos a ellos, sobre los cuales deberían tener más cuidado, pues en sus filas existen personas a las que el sayo les cabe.

Por lo demás, me hacen reír las atribuciones de intenciones personales a quienes proponen o defienden la ley, intenciones siempre malignas, como sus portadores. La ley, de ser sancionada, va a regir, con total independencia de cuál sea la intención –buena o mala– de cada uno de los proponentes y de los legisladores que la sancionan,

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y va a ser estimada como buena o como mala según su texto –que no depende de las intenciones del legislador–, conforme a los intereses políticos de quienes la aprecian o la desprecian. De allí que el debate sobre ella tenga también la virtud de mostrarnos la división de aguas en materia de política nacional.

* Profesor consulto de la Facultad de Derecho (UBA).

Un gran paso

Por Gustavo López *

Parafraseando a Neil Amstrong, la media sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un gran paso para el sistema democrático argentino.

Hasta el día de hoy tenemos una ley de la dictadura, firmada por Videla y Martínez de Hoz, basada en la doctrina de la seguridad nacional que consideraba al ciudadano como enemigo interno, sospechoso frente al Estado. Por eso, la ley de la dictadura no consideraba a la comunicación como un derecho, sino como una cuestión de seguridad. De esta concepción se desprende que se prohibía a las cooperativas, ONG, universidades y demás asociaciones sin fines de lucro ser titulares de licencias de radio o televisión. Para esa mirada represiva, estos sectores eran los más peligrosos y a los que había que controlar. Tuvieron que pasar 25 años para que algunos de ellos fueran sujetos de derecho.

Esta ley aún vigente fue modificada por decretos de necesidad y urgencia a la medida de los sucesivos grupos empresariales que se beneficiaron con la concentración económica e informativa y cuyo cambio fue impedido sistemáticamente por esos mismos grupos, con la complicidad o la impotencia del sistema político.

Cada vez que se pretendió cambiar la ley, o “no era el momento” o, si lo era, no se acumulaban fuerzas suficientes para lograrlo. Lo real y concreto es que nuestro país, que pudo juzgar a los máximos responsables del terrorismo de Estado, que pudo cambiar la Constitución, no pudo, en 26 años de democracia, cambiar la Ley de Radiodifusión.

El proyecto sancionado en Diputados es un avance enorme respecto de lo que hoy tenemos. Considera a la comunicación como un derecho humano básico, garantiza la defensa irrestricta de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a dar, buscar y recibir información. Transparenta al organismo de conducción, incorporando a la oposición parlamentaria y a los sectores de la sociedad civil a su directorio y consagra la separación de los medios públicos del gobierno de turno. Impone límites a la formación de monopolios que puedan atentar, por su naturaleza, contra el derecho a la libertad de expresión; incorpora en condiciones de igualdad a todos los sectores sociales eliminando cualquier tipo de discriminación y establece cuotas de producción para el fomento de la industria nacional y local de contenidos, preservando la diversidad cultural.

Lamentablemente, la oposición conservadora quiso impedir a toda costa el tratamiento de la ley. En estos seis meses que transcurrieron desde que se conoció el anteproyecto oficial, intentaron desacreditarlo en lugar de discutirlo.

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Uno no sabe si fue porque se oponen a todo aquello que provenga del actual gobierno o, lo que sería peor, por defender descaradamente los intereses empresariales. Lo cierto es que ese sector opositor trabajó para impedir la sanción de una nueva ley.

El Congreso se dividió entre los que queríamos cambiar la ley y los que intentaron impedirlo. Por el cambio estábamos los aliados de la Concertación y sectores tanto del socialismo como de la oposición de centroizquierda. En cambio, la oposición más conservadora se refugió en la estrategia de la dilación y la impugnación, cuya consecuencia es la vigencia de esta ley vergonzante.

La deuda por reformar la ley llevaba 25 años de debates. La sociedad civil participó de los foros de discusión, en 2001 ya había participado de audiencias públicas y además, a lo largo de estos años, miles de congresos, charlas o seminarios dieron cuenta de la necesidad de la reforma.

El oficialismo parlamentario abrió el debate y se reformularon muchos artículos. Incluso la Presidenta eliminó la participación de las telefónicas, ya que despertaba las mayores polémicas. Pero la oposición conservadora no quiso participar de esas modificaciones. Paradójicamente, si hubieran asistido a la votación en particular, algunas de las cuestiones que planteaban en los programas de televisión y no en sus bancas se hubieran reformado.

Ahora le toca al Senado. ¿Intentarán nuevamente la dilación pretendiendo eludir el debate, haciendo pasear el proyecto para que nunca salga, o asumirá su rol de representación de cara a la sociedad?

La democracia necesita reglas democráticas en materia de radiodifusión. Si el Congreso sanciona una nueva ley, el sistema democrático habrá demostrado estar maduro para mejorar nuestro sistema institucional. Dimos el primer paso, sacamos el tema de la oscuridad, corresponde a los legisladores dar a luz una nueva ley de la democracia, por la salud de la República.

* Subsecretario general de la Presidencia.

Martes, 22 de septiembre de 2009

EL PAIS › LLEGO AL SENADO EL PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS AUDIOVISUALES. EMPIEZA HOY LA DISCUSION

Primer round por el pase a las comisiones

José Pampuro, a cargo de la presidencia de la Cámara alta, envió la iniciativa a dos comisiones. La oposición puja por estirar los debates. Para zanjar la discusión, el oficialismo no descarta decidir el tema en una sesión especial.

Por Miguel Jorquera

Hoy será la primera escaramuza entre el kirchnerismo y la oposición en la Cámara alta por el proyecto oficial de Servicios de Comunicación Audiovisual. Para el mediodía está convocada la reunión de Labor Parlamentaria. El bloque K insistirá en el giro a sólo dos comisiones legislativas, como lo decidió el presidente provisional del Senado, José Pampuro –que reemplaza a Julio Cobos, a cargo del Ejecutivo–, después de que el texto de la media sanción de Diputados llegó a sus manos ayer por la tarde. En tanto, la oposición volverá a la carga por el envío de la iniciativa, al menos, a otras dos

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comisiones. Si hay resistencia, el jefe del bloque K, Miguel Angel Pichetto, convocaría a una sesión para mañana en la que se votaría la cantidad de comisiones que discutirán en el Senado la ley de medios y que dirimiría la primera batalla en el Senado por su aprobación.

El texto de la media sanción de Diputados ya está desde ayer a la tarde en el Senado, aunque aún sigue la disputa por cuántas comisiones legislativas debatirán el proyecto en plenario. Ni oficialistas ni opositores están dispuestos a ceder, a pesar de que en algún momento trascendió la versión de que los bloques mayoritarios (el Frente para la Victoria y la UCR) habrían coincidido en partir las diferencias y remitirla a cuatro comisiones.

Pero los caminos se bifurcaron con la decisión de Cobos de insistir en el giro a cinco comisiones. Pichetto propondrá hoy en Labor Parlamentaria el envío a las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y Presupuesto y Hacienda. La oposición quiere sumar a Asuntos Constitucionales, Derechos y Garantías y Educación y Cultura. Incluso el ex senador de la Coalición Cívica Samuel Cabanchick quiere que se incorpore también Industria y Comercio.

Pichetto podría recurrir a una salida poco frecuente: que lo decida el pleno del Senado en el recinto. Por eso tiene previsto convocar a una sesión para mañana, donde se produciría el anticipo de lo que sería la votación de la ley de medios en la Cámara alta. Aunque el temario de la sesión todavía no está definido, tampoco se descarta debatir el proyecto que aumenta el IVA a los productos tecnológicos importados y lo reduce a las fábricas radicadas en Tierra del Fuego. Un proyecto que, según la oposición, “sólo busca encolumnar a los senadores fueguinos” que responden a la gobernadora Fabiana Ríos. Aunque sus diputados han dado muestras claras de respaldar la ley de medios.

Pichetto tampoco quiere perder tiempo. Anoche evaluaba también la posibilidad de que el plenario de las dos comisiones, a las que Pampuro girará el proyecto, comience hoy mismo o, al menos, que fije la agenda de trabajo. El bloque K quiere que el plenario funcione martes, miércoles y jueves de esta y la próxima semana, a lo que se podría sumar el viernes si este miércoles hay sesión de la Cámara.

El debate se haría con invitados que –a propuesta de los distintos bloques– representen a los sectores involucrados en el proyecto. Aunque no habrá audiencias públicas, como en Diputados. Quizás el único punto en que acuerdan senadores oficialistas y opositores. Desde la oposición se descartó la estrategia de extender el debate por fuera del Congreso, como lo hicieron en la Cámara baja. Tampoco abandonarían el recinto. Esta vez están dispuestos a dar el debate (ver aparte).

Aunque la estrategia a seguir todavía divide aguas en la oposición. Algunos, como el peronismo anti K (ver aparte), insisten en boicotear el proyecto y no dejan de anunciar que lo modificarán tras el recambio legislativo. Otros, como la UCR, aunque no descartan transitar ese camino, irán por modificaciones en dos artículos controvertidos: “mayor autarquía” de la autoridad de aplicación y estirar el plazo de un año para que las empresas monopólicas se desprendan de parte de sus activos para adecuarse a la futura normativa. Consideran que estos puntos pueden generar grietas en la bancada oficialista.

Pichetto considera que el grueso de su tropa está encolumnada pero no descuidará el frente interno. La familia del presidente de la comisión de cabecera –Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión–, el oficialista Guillermo Jenefes, es dueña

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de un multimedio en Jujuy. También existen algunos díscolos en el bloque K que habrían manifestado reparos al proyecto. En pleno debate en la Cámara baja, algunos diputados oficialistas coincidían en que “a Miguel hay que dejarle algún margen de actuación” para que el proyecto no se frustre en el Senado.

Martes, 22 de septiembre de 2009

EL PAIS › EN LA ROSADA PIENSAN QUE SE HICIERON TODOS LOS CAMBIOS NECESARIOS

Reforzando la tropa propia

El oficialismo confía en tener los votos para sancionar el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Explican que el replanteo de las licencias para los actuales propietarios se extendería en la práctica a más de un año.

Por Daniel Miguez

En el Gobierno consideran que los cambios ya realizados al proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que salió con media sanción de la Cámara de Diputados son suficientes para sortear con éxito la votación en el Senado. Aunque en la Casa Rosada hacían la salvedad de que el Congreso tiene su lógica interna y sobre todo el Senado, con mecanismos más delicados, con pocos legisladores y una mayoría propia en el oficialismo a la que no le sobra nada, lo que exige una resistencia muy fuerte a las presiones de los poderosos factores económicos que se oponen a la sanción de la ley. Aun con todas esas prevenciones, el Gobierno anoche seguía considerando que tendrán los votos suficientes, entre 38 y 40, para sancionar la ley.

Saben que con esas modificaciones obtendrán el voto del socialista Rubén Giustiniani y quizá de los senadores del ARI de Tierra del Fuego, María Rosa Díaz y José Martínez. También los retoques al proyecto original, desde la percepción del oficialismo, parecen haber atenuado los reparos de algunos integrantes del propio bloque con los senadores chubutenses Silvia Giusti y Marcelo Guinle y el jujeño Guillermo Jenefes y el aliado del Movimiento Popular Neuquino, Horacio Lores.

El interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, desde que se elaboró el proyecto de ley y las modificaciones que se le fueron haciendo a lo largo de meses de debate en distintos foros, siguió ayer tan activo como los días previos a la votación en Diputados. En un ida y vuelta con senadores, sobre todo con el presidente provisional de la Cámara, José Pampuro, y el titular del bloque oficialista, Miguel Pichetto, Mariotto trata de despejar todas las dudas que le son planteadas y abastece de argumentos para el debate en cuestiones técnicas o muy específicas.

En los temas de fondo las consultas son realizadas directamente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se encuentra en Nueva York para participar de la asamblea anual de las Naciones Unidas. Las dos inquietudes centrales que viajaron telefónicamente a Estados Unidos tienen que ver con los cuestionamientos que hacen algunos miembros de la oposición a dos puntos concretos del proyecto. Uno sigue siendo el de la autoridad de aplicación de la ley; el otro, el plazo que tienen las empresas para desprenderse de medios que no estén adecuados a la ley.

Respecto al primer punto los senadores radicales plantean –también lo hizo Giustiniani– que el órgano de control no pertenezca al Poder Ejecutivo. En el Gobierno responden que en todos los países con modelos presidencialistas la autoridad de

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aplicación está en el Ejecutivo. En Estados Unidos los cinco miembros del organismo los nombra el presidente y hasta pueden ser del mismo partido. En Francia hay un órgano mixto con tres representantes del Ejecutivo, tres del Senado y tres de Diputados. Es decir, que en todos los casos los domina el oficialismo. Para el Gobierno este punto es innegociable.

Respecto de los tiempos de adecuación a la ley, algunos senadores opositores plantean que sea de tres años en vez de uno, como fue aprobado en Diputados. Fuentes del Gobierno le dijeron a Página/12 que en la práctica ese año se estirará a un año y medio porque el plazo empieza a correr a partir de que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición y que eso se hará sin afectar las reglas del mercado. Y que lo ideal es no tocar nada para que el proyecto no tenga que volver a Diputados.

Martes, 22 de septiembre de 2009

EL PAIS › LA UCR CAMBIA DE ESTRATEGIA Y PARTICIPARA DE LA SESION

Ahora no se despegan de las bancas

Por Sebastian Abrevaya

“En el Senado vamos a estar sentados desde el minuto uno hasta el minuto final”, dijo ayer el titular del bloque radical, Ernesto Sanz. Después de retirarse del recinto de la Cámara de Diputados junto a la Coalición Cívica, el PRO y el PJ disidente, la UCR decidió cambiar de estrategia y ahora asegura que jugará “a matar o morir” con tal de conseguir la modificación de al menos dos artículos centrales del proyecto aprobado por la Cámara baja. Por un lado, el radicalismo buscará prolongar a tres años el plazo para que los medios se adecuen a la nueva norma y por el otro intentarán que la autoridad de aplicación tenga “autarquía absoluta” del Poder Ejecutivo. En esa misión se encuentra el senador mendocino Sanz, al mando del bloque opositor más numeroso, con ocho miembros.

“Dos momentos, dos Cámaras, dos estrategias”, repiten en el radicalismo mientras estudian en detalle el proyecto aprobado en Diputados. Tras el fracaso del núcleo duro opositor en su intención de impugnar por irregularidades la votación de la Cámara baja, en el Senado encararán la ley de otra manera. Según adelantó Sanz, van a dar “todos los debates en las comisiones, invitar a todos los que puedan esclarecer el debate, firmar despachos diferentes en caso de que no se llegue a un acuerdo y, en el recinto, sentarnos a seguir discutiendo y a votar como corresponde”.

En la UCR argumentaban que el cambio se debe a las diferencias entre una Cámara y la otra: “Ahora vamos a re-vi-sar”, enfatizaban como una forma de explicar que en este caso el Senado actúa como “Cámara revisora”. “El momento de no estar en el debate ya pasó. Si ahora nos vamos, con la cantidad de votos que tiene el Frente para la Victoria nos pasan por encima”, decían en el entorno de Sanz.

Ayer, el mendocino se cuidó de criticar la postura del socialismo en Diputados y sobre todo de su presidente, el senador Rubén Giustiniani, a quien intentarán sumar para conseguir modificaciones en el tratamiento en particular de los dos puntos “espinosos”. “Vamos a tratar de convencerlo, hablar con él, generar debate de comisiones para que aparezcan algunas cuestiones de la media sanción que habrá que volver a reflexionar”, dijo Sanz. Esta vez los radicales votarán en contra en general y luego

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buscarán consensuar modificaciones con otros legisladores de la oposición, como Giustiniani y los dos del ARI de Tierra del Fuego, que votarían a favor en general.

Martes, 22 de septiembre de 2009

EL PAIS

Giustiniani confirma

El senador Rubén Giustiniani confirmó que apoyará “en general” la ley de medios audiovisuales impulsada por el Gobierno. El senador por Santa Fe y titular del Partido Socialista seguirá el mismo camino que tomaron los diputados de su agrupación en la Cámara baja. “Estamos con una absoluta tranquilidad”, dijo y explicó que el voto positivo busca apoyar los “intereses del país” porque “el socialismo no ha canjeado nunca un voto por ninguna otra cosa”. Luego de la votación de la semana pasada, parte de la oposición dejó correr una versión según la cual los diputados socialistas habían apoyado el proyecto por favores políticos.

Martes, 22 de septiembre de 2009

EL PAIS

La agenda del PJ disidente

Por iniciativa de la senadora Liliana Negre, el Interbloque Federal –que agrupa, entre otros, a Adolfo Rodríguez Saá, Carlos Reutemann, Carlos Menem, Juan Carlos Romero e Hilda “Chiche” Duhalde– tiene para hoy una cita con su primer invitado: el empresario multimedia y presidente del grupo Uno Medios, Daniel Vila. El socio del diputado Francisco de Narváez y de José Luis Manzano en el multimedios América fue convocado para “exponer sus opiniones”. La gacetilla de prensa afirma que “es importante recordar que Vila consideró que el proyecto ‘es la violación jurídica e institucional más grande que haya sufrido el país desde el 24 de marzo de 1976’ y que ‘en definitiva lo que se pondrá en riesgo es la democracia’”.

Martes, 22 de septiembre de 2009

EL PAIS › EL DEBATE SOBRE LA LEY DE SERVICIOS AUDIOVISUALES

Los medios y la política

El papel jugado por el vicepresidente Cobos, en una sugerente mirada comparativa con sus colegas norteamericanos, o la forma en que se reorganizó el sistema político alrededor de las últimas batallas parlamentarias contribuyen a explicar la dureza de la actual polémica.

Disputar la hegemonía

Por Mario Toer *

Todavía falta la definición del Senado, pero lo que se ha venido gestando en torno de la ley de medios audiovisuales resulta ejemplar en lo que hace a la manera en que se debe construir un bloque que pueda disputar la hegemonía y aislar con nitidez a los mezquinos servidores del orden vigente.

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Como nunca antes quedaron desplegados en el escenario político las representaciones que tienen que ver con el campo popular, de un lado, y las diferentes variantes que se someten a los dictados de quienes ejercen la dominación, del otro. Con todas las imperfecciones del caso, porque en esto no hay artefactos selectores precisos, quienes podían y tenían que quedarse en el recinto y votar en un sentido lo hicieron. Y como secuela benéfica que acompaña estos deslindes, los más remolones que aún siguen posando como barniz progre del bunker conservador se vieron solos y confundidos y hasta expresaron sus dudas sobre si debían haberse retirado o quedado junto a otros, sus socios recientes. De excepción.

Por supuesto, nadie nace sabiendo y menos en una Argentina que en demasiadas ocasiones sufrió dolorosas disociaciones que dejaron huellas por mucho tiempo. Pero en este año y medio tan intenso, con el incremento de quienes han hecho un notorio aprendizaje y aspiran a más, atravesando sectores sociales y generaciones, estamos alumbrando otro país.

Uno de los primeros y más sostenidos indicadores de lo nuevo en ciernes fue la conformación del espacio de Carta Abierta, con toda su amplísima gama de historiales y trayectorias y su sorprendente despliegue por todo el territorio. En diferentes ámbitos se comenzó a superar la mera y cauta satisfacción expectante por las imprevistas iniciativas que jalonaron los primeros años K y ante el desparpajo del alzamiento agromediático las voces se alzaron y se cerraron filas. El arraigado escepticismo empezó a retroceder y la confianza en la posibilidad de condensar fuerza propia apareció como un inesperado retoño llamado a crecer. Y esto a pesar de la formidable avalancha mediática que aún pudo maniatar a considerables legiones de incautos. Pero la esperanza fue más fuerte, y a pesar de los resultados de fines de junio se conjuró a no retroceder. Entonces fue quedando claro que había una comunicación y una empatía entre lo nuevo que se ha venido gestando y quienes concentran la conducción de este nuevo rumbo. Detenerse es retroceder.

Y así fue que finalmente se desplegó lo que aún no había madurado. Lo que aún era confuso e incipiente. Fue como una sigilosa irrupción que recorrió insospechados recovecos. Porque no fue sólo invención de imprescindibles y lúcidos negociadores palaciegos. Afloró la primordial sabiduría que requiere poder conjugar y elevar una diversidad que, aun con sus letargos, olvidos, parcialidades y limitaciones, no está modelada para la sumisión. En algún lugar atesora la vocación de ser Pueblo. Y se encontraron. Por arriba y también por abajo. Esto puede tener otra consistencia. Es diferente de las convocatorias para la galería en las que pueden aparecer oportunistas de toda laya y hasta mediocres vicepresidentes. Son otras las trayectorias, es otro el motivo, puede ser otro el compromiso. Para adelante pero no de cualquier modo. Escuchando, aprendiendo, sumando. Si seguimos en este camino va a ser difícil que nos puedan detener.

* Profesor titular de Política Latinoamericana, Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

Hipocresía política

Por Dag Mossige *

Vista desde afuera, Argentina vive una situación política institucional extraordinaria por la persistente y activa oposición del vicepresidente Julio Cobos a iniciativas claves del

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gobierno nacional. Creo instructiva una mirada comparativa con los Estados Unidos cuya Constitución en buena parte inspiró a la argentina.

Antes de la Enmienda XII de la Constitución estadounidense, ratificada en 1804, el vicepresidente de aquel país era el segundo candidato presidencial más votado, quien había llegado al segundo lugar en la elección presidencial. Seguramente esta práctica contenía cierto grado de valor democrático, al permitir la representación y articulación del proyecto perdedor con la mayoría. Pero la gente pronto se dio cuenta de que esta práctica básicamente producía dos efectos indeseables. Primero, en un país que recién había conseguido su independencia, era bastante claro que tener un presidente y un vicepresidente representando dos proyectos distintos era concentrar todos los ingredientes para causar un desastre. Se facilitaban situaciones en las que el vicepresidente podría activamente debilitar la presidencia por ser fundamentalmente opositor.

Segundo, y más grave aún, siendo el vicepresidente la primera persona en la línea de sucesión, si algo pasara con el presidente, tenía un incentivo directo para forzar un golpe de Estado y reemplazarlo.

No acusaría a Julio Cobos –como sí, vale recordar, hizo Elisa Carrió en 2008– de ser un “golpista”. Pero con su oposición directa y cada día más activa a los proyectos claves de la presidenta Cristina Fernández, está perjudicando la función principal de su cargo.

Cuando los Kirchner lo eligieron para acompañarlos en la fórmula presidencial en 2007, parecía una decisión muy lógica. Una fórmula peronista-radical representaba una gran novedad política. Cobos ya tenía la reputación de haber sido un gobernador progresista (al menos no conservador) junto con varios de los otros llamados radicales K. Tal vez estaba ideológicamente más cerca del entonces presidente Kirchner que una gran parte del aparato político llamado “Partido Justicialista”, en muchas maneras una fuerza conservadora.

Todos recordamos su voto sobre las retenciones que no fue “positivo” para el gobierno nacional. Además de hundir la Resolución 125, su voto causó la primera derrota significativa no ya de la presidenta Cristina Fernández sino del kirchnerismo desde su llegada al poder en 2003.

Su acción opositora no fue un hecho aislado. Cobos continuaría su oposición a las políticas de la Casa Rosada, como en el caso de las AFJP, y ahora con la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Cobos ha dicho muchas veces que él también fue electo democráticamente. Es verdad y tiene derecho como ciudadano libre a expresar sus opiniones políticas. Pero hay un océano de diferencia entre el extremo de expresar sus pareceres personales y el de activar minando los proyectos de un gobierno que él fue elegido para apoyar.

Más allá de dañar la calidad institucional, es un caso de hipocresía política ver a un vicepresidente juntando la oposición en su propio despacho contra el gobierno nacional. La paciencia de la Presidenta ha sido nada menos que impresionante.

El vicepresidente después de votar contra las retenciones móviles admitió que institucionalmente debió haber “acompañado” al Gobierno pero que su “corazón” lo animó a votar contra su Presidenta, a pocos meses de asumir. Hoy, en contraste con la Resolución 125, ya advirtió que luchará y votará contra el proyecto de los medios,

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en contraste, por cierto, con otros radicales K. Pero aunque Cobos realmente siguiera los dictados de su corazón en cuanto a su definición política, la vicepresidencia no debe estar reducida a una tribuna pública de aspiraciones personales. Desde mi punto de vista, si el vicepresidente quiere construir su candidatura presidencial sería mejor, por respeto a su cargo, que lo hiciera fuera del gobierno nacional.

* Davidson College, Carolina del Norte, EE.UU. De origen noruego, con Doctorado en Ciencia Política en The Ohio State University.

Martes, 22 de septiembre de 2009

EL PAIS › OPINION

Fachos

Por Gabriela Cerruti *

Mauricio Macri sabe bien de lo que habla.

El sí que sabe lo que es ser facho.

Lo aprendió cuando se encontró con el brigadier Osvaldo Cacciattore en el hotel Alvear para agradecerle haberlo entusiasmado con su ejemplo para ser intendente.

Lo aprendió en la quinta de Los Nogales, cuando veía a su padre jugar al bridge con Licio Gelli, Carlos Suárez Mason o Albano Harguindeguy.

Lo aprendió cuando se formó intelectualmente con Ricardo Zinn, el autor del Rodrigazo, y de la base teórica del Proceso de Reorganización Nacional y el gran hacedor de las privatizaciones de ENTel y Somisa durante el gobierno menemista.

Lo aprendió cuando era militante de la UCeDé, y tomaba clases de liberalismo junto a los hijos de los generales Sánchez y Viola en la casa de Alvaro Alsogaray.

Lo aprendió cuando paseaba por Nueva York junto a José Alfredo Martínez de Hoz para hacer lobby por sus negocios inmobiliarios en Manhattan. Paseos a los que se sumaba también Diego Arría, el ex alcalde de Caracas acusado de corrupción y de haber sido el instigador del último complot para derrocar al presidente Hugo Chávez.

Lo aprendió cuando participó del loteo del gobierno de Carlos Menem entre los representantes del establishment. Cuando discutía con Domingo Cavallo cuántas subsecretarías le tocaban a Socma o cuántos directores del Banco Central.

Sentado al lado del hombre de la derecha española, José Aznar, Mauricio Macri se preguntó si Hermes Binner y Pino Solanas se habían vuelto fachos por apoyar la ley que democratiza la comunicación en la Argentina.

Perdió una buena oportunidad de callarse la boca.

* Legisladora porteña por Nueva Democracia.

Miércoles, 23 de septiembre de 2009

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EL PAIS › EL SENADO DEFINIRIA EN EL RECINTO A CUANTAS COMISIONES IRA EL PROYECTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

La discusión sobre cómo será la discusión

El oficialismo y la oposición no se pusieron de acuerdo acerca de qué comisiones deben analizar el proyecto. El kirchnerismo convocó a una sesión para debatir el tema. Buscan trabar un intento futuro de Cobos de dilatar la votación de la iniciativa.

Por Miguel Jorquera

No todos los puentes de diálogo están cortados en el Senado, pero entre kirchneristas y opositores no existe demasiado entusiasmo en transitarlos. Hoy al mediodía se reanudará la reunión de labor parlamentaria –tras el cuarto intermedio de ayer–, que volverá a discutir a cuántas comisiones legislativas se girará el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual que ya tiene media sanción de Diputados. El oficialismo no abandonará la defensa de la decisión política del presidente provisional de la Cámara alta, José Pampuro, que giró la iniciativa a sólo dos comisiones, mientras que la oposición insistirá en ampliar la convocatoria al menos a dos más. Si no hay acuerdo, el kirchnerismo propondrá dirimir la pulseada en el recinto y ya convocó a una sesión para mañana a las tres de la tarde donde impondría su mayoría numérica. De esta manera, busca cerrar el paso a cualquier intento futuro de Julio Cobos de diversificar el debate legislativo. Radicales y peronistas disidentes no darán quórum si hay sesión.

El primer intento por lograr un acuerdo fracasó ayer. Tras 50 minutos de una áspera discusión, la reunión de labor parlamentaria, de la que participan los presidentes de bloques, pasó a un cuarto intermedio hasta hoy al mediodía. Nada hace prever que 24 horas después las posiciones vayan a cambiar.

El kirchnerista Miguel Angel Pichetto defendió la decisión de Pampuro de girar el proyecto a las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Presupuesto y Hacienda. Una decisión que el presidente provisional del Senado –que reemplaza a Cobos, a cargo del Ejecutivo– fundamentó en un texto de casi cuatro carillas.

El radical Ernesto Sanz pidió la ampliación a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Derechos y Garantías. El Interbloque Federal, a través de Sonia Escudero, persistió en la incorporación de Asuntos Constitucionales, donde el peronismo anti K quiere introducir la discusión sobre la “competencia federal” como paso previo a la judicialización de la ley. El ex CC Samuel Cabanchick reclamó el giro a Industria y Comercio.

Las diferencias volvieron a expresarse al término del encuentro. “No tienen necesidad de atropellar a todo el mundo si tienen el número suficiente hasta el 10 de diciembre para aprobarla. Queremos una metodología correcta, sin sospechas ni acusaciones como las que tuvo en Diputados”, sostuvo Sanz, que volvió a tomar distancia de la estrategia que adoptó su propio bloque en la Cámara baja. La UCR y otros bloques buscarán cambios en dos artículos del proyecto: la reafirmación de la “autarquía” de la autoridad de aplicación y la ampliación del plazo de un año que tienen las compañías monopólicas para desprenderse de algunos medios y adecuarse a la futura norma.

“Vamos a plantear la inconstitucionalidad de esta ley. Los empresarios iniciarán acciones judiciales, es de cajón”, dijo Hilda “Chiche” Duhalde. La esposa del ex

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mandamás del PJ bonaerense hizo suyas las afirmaciones que el empresario multimedia Daniel Vila –socio de Francisco De Narváez– expuso en un salón del Senado, invitado por el interbloque del peronismo disidente que conforman, entre otros, Carlos Reutemann, Adolfo Rodríguez Saá, Carlos Menem y Juan Carlos Romero.

Radicales y peronistas disidentes anticiparon que dejarán en manos del oficialismo la responsabilidad de reunir quórum si la disputa se va a decidir en la sesión de hoy. Pero no rehuirán al debate si se sientan 37 senadores en el recinto.

Aunque no descarta un acuerdo, el kirchnerismo quiere cerrarle definitivamente el paso cualquier intromisión de Cobos en el debate de la ley. La acción más contundente sería que lo decidiera por votación el pleno del cuerpo. Pichetto confía contar con los 37 votos propios para reunir el quórum y se encargó de asegurarlos ayer en la reunión de bloque que comandó en su despacho del segundo piso del Senado. En el bloque oficialista defienden el giro a dos comisiones con varios argumentos: “La decisión es una atribución del vicepresidente o el presidente provisional de la Cámara”; “que lo vote el pleno del Cuerpo es una posibilidad establecida en el reglamento interno”, y que “con dos comisiones de quince integrantes cada una, el 40 por ciento de todos los senadores estaría incluido en el debate”. Hay consenso generalizado en este punto entre los senadores K. Pero hay quienes no quieren acotar el debate y establecer el 7 de octubre la sesión que podría transformar en ley el proyecto del Gobierno. Pichetto quiere arrancar el debate mañana y prolongarlo hasta el viernes 2 de octubre, con una “convocatoria amplia”. Aunque el jefe de la bancada oficialista deberá garantizar al mismo tiempo la unidad de su tropa para no poner en jaque la ajustada mayoría (apenas 8 a 7) que tiene en cada una de las comisiones que deben resolver el dictamen que llegará al recinto para su votación.

Miércoles, 23 de septiembre de 2009

EL PAIS

Sobre los cambios

Los principales referentes de la UCR en el Senado exhibieron diferencias frente al debate por la ley de medios. El titular de la bancada radical, Ernesto Sanz, afirmó que si se cambia la integración de la autoridad de aplicación y se extiende a tres años el tiempo que tendrán las empresas para desprenderse de las licencias, la UCR votaría afirmativamente. Sin embargo, el titular del partido, el senador Gerardo Morales, marcó una distancia mayor: “Los cambios que pretendemos tienen que ver con eliminar la lógica intervencionista y autoritaria del proyecto, no sólo en la autoridad de aplicación y su falta de independencia, sino en la normativa sancionatoria, que es laxa y difusa”, enumeró Morales. En ese marco, el titular de la Comisión de Presupuesto, el kirchnerista Fabián Ríos, adelantó que “no se va a cambiar la estructura central de la ley” de Servicios Audiovisuales, pero reveló que otro tipo de modificaciones “están sujetas a la discusión”.

Miércoles, 23 de septiembre de 2009

EL PAIS

Vila en el Senado

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El empresario de medios mendocino Daniel Vila sostuvo ante el Senado nacional que “cuando la política se mete en el negocio de los medios es una receta inexorable para el fracaso”. El socio de José Luis Manzano y Francisco de Narváez en el Grupo América expuso en la Cámara alta por invitación de la senadora Liliana Negre de Alonso, cercana a Alberto Rodríguez Saá.

Miércoles, 23 de septiembre de 2009

EL PAIS › PROYECTO PARA LOS MEDIOS PORTEñOS

Pedido de “autarquía”

El legislador porteño Juan Cabandié presentó ayer un proyecto para crear el Ente Autárquico de Radio y Televisión Pública de la ciudad. Cabandié estuvo acompañado por el titular del Comfer, Gabriel Mariotto, y el secretario de Cultura, Jorge Coscia. El proyecto firmado por Cabandié propone transformar Radio Ciudad y Ciudad Abierta, la radio y la señal de televisión dependientes del gobierno porteño, para crear un grupo comunicacional que tenga autarquía de la administración de Mauricio Macri. Durante el acto de la Legislatura, Mariotto dijo que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual “romperá el cerco de vivir en un sistema monopólico que parecía natural”. El interventor del Comfer también elogió el proyecto pensado para los medios de la ciudad. “Es un aporte a la democratización y a la pluralidad de voces”, destacó.

La reglamentación propuesta por el proyecto de Cabandié apunta a garantizar la producción propia y, por lo tanto, la incorporación de nuevas fuentes de trabajo. Según el texto, la programación de la radio y la TV dependientes del gobierno porteño deberá tener como mínimo un 50 por ciento de producción propia y un 30 por ciento de contenidos producidos por cooperativas y ONGs. El 20 por ciento deberá estar destinado a contenidos educativos, culturales, sanitarios y de bien público, mientras que el 10 por ciento restante podrá ser ocupado con repeticiones de la programación de ambas emisoras.

Entre sus enunciados, el proyecto se plantea como objetivos “asegurar el derecho de los habitantes de la ciudad a contar con información plural, veraz e imparcial; brindar una adecuada cobertura y difusión de las actividades de todos los Poderes y órganos del gobierno de la ciudad, y difundir las problemáticas, de sus comunas y barrios, generando debates participativos para encontrar soluciones”.

Cabandié recordó que desde la sanción de la Constitución porteña nunca se sancionó una ley que permitiera democratizar los medios de comunicación de la ciudad de Buenos Aires.

Miércoles, 23 de septiembre de 2009

EL PAIS

Telefónica por otro proyecto

“Se viene una etapa en la que habrá que trabajar en un nuevo proyecto de telecomunicaciones”, sostuvo un alto directivo del Grupo Telefónica, para quien “la convergencia tecnológica que va a venir es un derecho de los ciudadanos”. José Luis Rodríguez Zarco, director corporativo de Relaciones Institucionales y Comunicación del Grupo Telefónica, aseguró que no está “de acuerdo con ese discurso que asegura

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que se puede sustituir un monopolio por otro”, ya que su empresa “convive con 250 cooperativas telefónicas” en todo el país. “Vamos a participar de la discusión, queremos competir y no queremos excluir a nadie”, sostuvo Rodríguez Zarco, en referencia a la intención de las compañías telefónicas de aprovechar su infraestructura para ofrecer servicios audiovisuales.

Miércoles, 23 de septiembre de 2009

LA VENTANA › MEDIOS Y COMUNICACION

Aceptar la pregunta

¿A favor o en contra? Gabriela Cicalese propone salir del dualismo a la hora del debate sobre la ley de Servicios Audiovisuales de Comunicación, para reflexionar con el desafío de aceptar la pregunta antes que pretender tener la respuesta.

Por Gabriela Cicalese *

A quienes estamos en el mundo de la comunicación, una pregunta se nos vuelve interpelación insoslayable en las últimas semanas: “¿Estás a favor o en contra de la ley de medios?”. Desde que estudiábamos a principios de los ’90, muchos de nosotros hemos participado activamente de distintas instancias de debate: con legisladores que iban a las carreras a presentar proyectos, en comisiones que se armaban en cada encuentro de estudiantes de Comunicación para consensuar una posición nacional frente a los proyectos, en mesas especialmente conformadas con referentes del campo comunicacional, etc. Debate que, ya por entonces, era consolidado y viejo, debate que varios de nuestros docentes habían comenzado ya a partir del ’83 en ámbitos como la misma institución que hoy me toca dirigir, el Centro de Comunicación La Crujía.

Sin embargo, al escuchar esta pregunta, una misma (que tiene una mirada sobre los demás debates en términos de usos discursivos de unos y otros argumentos) no puede sino involucrarse en la falsa dualidad y se ve obligada a tomar partido por una u otra posición. Posiciones que, por otra parte, se leen automáticamente como “a favor del Gobierno” o “a favor de Clarín”. Barthes nos enseñó que el “ninismo” era una figura discursiva con la que los mitos podían reconocerse en nuestras sociedades. Esto de plantear falsas comparaciones para que un valor social se imponga sin discusiones y posibilidades de ser racionalizado.

También nos enseñó en este abordaje semiológico (aplicable en su libro Mitologías al lenguaje publicitario, pero que parece hoy aplicable también a nuestros propios discursos) otra figura, la de “privación de la historia”: allí donde un proceso pluricausal se vuelve esquemático o se impone como una novedad y no como una compleja construcción histórica. Sin embargo, se escucha en los colegas argumentos del estilo: “La única ley que rompió con la ley de la dictadura”. Como si la famosa derogación menemista del art. 45 que permitió los monopolios no hubiera existido y no fuera una modificación legal (la peor que pudo hacerse, claro está) a aquella primera ley. O cuando se plantea que una señal o medio “desaparecerá”, no ya por decisión empresaria de sus dueños sino por culpa de una ley. Pero las elipsis y los reduccionismos parecen estar validados hoy por los colegas a la hora de sostener un posicionamiento u otro sobre la ley.

El estar “a favor o en contra” de distintas dualidades cuenta en nuestro país con largos ejercicios de posicionamientos ideológicos, desde aquella “civilización o barbarie”,

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pasando por “unitarios y federales”, “peronistas y gorilas”, “la reelección-voto cuota menemista o el caos económico...” hasta el más próximo provocado por el “conflicto del campo” de 2008.

Cuando me preguntan en términos duales sobre la ley, intento posicionar el relativismo, aun cuando se nos tilde de “tibios/as” a los que no aceptamos la pregunta. Una vez revolucionó mi modo de pensar un comentario de la antropóloga y comunicadora Rossana Reguillo: “Lo importante en cualquier planteo de ciencias sociales, antes que las respuestas, es si aceptamos o no la pregunta”.

Si preguntan por la necesidad de la ley y la respuesta es sí, esa respuesta la teníamos como Coalición con los 21 puntos antes de decir hoy, unos y otros dentro de ese colectivo, que sí o que no a la urgencia en su tratamiento.

Si preguntan por el espíritu general antimonopólico, la respuesta es sí aunque hay aristas que “vienen en el paquete” y parece que hay que aceptarlas porque cualquier insinuación a alguna objeción específica se vuelve una conducta reaccionaria. Otra vez recuerdo entonces a Barthes en sus discursos míticos cuando describe la “vacuna”, aceptar un mal menor para impedir un mal mayor.

Podemos seguir mucho tiempo haciendo “mucho ruido y pocas leyes”, como declama el título del libro de Guillermo Mastrini, consulta obligada desde el 18 de marzo, cuando la Presidenta presentó el proyecto en el Teatro Argentino de La Plata. Pero también podemos exigir contextos de diálogo y no debates pautados que muchas veces se centraban en lograr una firma de aval a un proyecto ya diseñado.

Por eso, cuando como comunicadora me preguntan hoy: “¿Estás a favor o en contra de la ley de medios?”, lo primero que se me ocurre decir es “¿podemos reformular la pregunta?”. Y pensar entonces con mi coyuntural interlocutor/a los aspectos positivos y los que faltan, los acuerdos compartidos en viejos y nuevos debates, la excusa para revisar los manejos mediáticos, pero también los nuestros.

* Doctora en Comunicación. Directora del Centro de Comunicación La Crujía

Jueves, 24 de septiembre de 2009

EL PAIS › OFICIALISMO Y OPOSICION ACORDARON QUE LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL SE DISCUTA EN CUATRO COMISIONES DEL SENADO

Un debate que se amplía para evitar suspicacias

La decisión se votó sin debate y por unanimidad ayer en el recinto. El plenario de comisiones resolvió comenzar el debate hoy por la mañana con la presencia del

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interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, y el presidente del Sistema de Medios Públicos, Tristán Bauer.

Por Miguel Jorquera

Finalmente hubo fumata blanca. Senadores kirchnerista y opositores acordaron ayer el giro del proyecto del Gobierno de Servicios de Comunicación Audiovisual –que ya tiene media sanción de Diputados– a cuatro comisiones legislativas para su debate: Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión; Presupuesto y Hacienda; Asuntos Constitucionales; e Industria y Comercio. El acuerdo, que ayer por la tarde también se votó por unanimidad en el recinto del Senado, le cerró el paso a cualquier injerencia de Julio Cobos sobre cómo se desarrollará la discusión en la Cámara alta. El plenario de comisiones resolvió comenzar el debate hoy por la mañana con la presencia del interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, y el presidente del Sistema de Medios Públicos, Tristán Bauer. Luego resolverá cómo continuarán las audiencias que hasta ahora no tienen fecha de finalización, aunque el oficialismo insiste en que la ley debe llegar al recinto entre el 7 y el 14 de octubre mientras trata de controlar su propia tropa para evitar deserciones.

El presidente provisional del Senado, José Pampuro, dejó trascender el martes por la noche que el oficialismo accedería al reclamo opositor de girar el proyecto de ley de medios a más comisiones que a las dos que él mismo había resuelto. Ayer por la mañana, antes de que se reanude el cuarto intermedio de Labor Parlamentaria (presidentes de todos los bloques), Pampuro ratificaba la resolución del oficialismo.

La decisión se adoptó después de una conversación telefónica con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (de gira por Estados Unidos) que Pampuro, y los jefes del bloques K en el Senado, Miguel Pichetto, y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, hicieron desde el despacho de este último. La concesión oficialista tenía dos objetivos. Por un lado, incorporar la propuesta opositora de ampliar la discusión a más comisiones para sumarlos al debate y despejar las sospechas que la estrategia de la oposición había desatado sobre el tratamiento del proyecto en la Cámara baja. La otra, marginar a Cobos de cualquier injerencia sobre el desarrollo del debate en el Senado.

La oposición acogió con beneplácito la extensión del debate a otras comisiones y lo votó sin debate y por unanimidad en el recinto del Senado, ayer mismo por la tarde. Aunque cada sector político interpretó a su manera la concesión. “Olvídense de lo que pasó en Diputados, acá arranca la historia de nuevo”, sostuvo el jefe de los senadores radicales Ernesto Sanz. “Estamos cerca de que se produzca un día histórico, como el de la (Resolución) 125”, dijo Adolfo Rodríguez Saá, entusiasmado en volver a repetir la madrugada del voto “no positivo” de Cobos. “Considero que en el bloque oficialista hay más resistencia al proyecto de lo que se imaginan”, afirmó la porteña María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica.

Tampoco los bloques opositores seguirán la misma estrategia que llevaron adelante sus diputados. Todos los esfuerzos estarán puestos en arrancarle al oficialismo cambios en dos artículos del proyecto: la composición de la autoridad de aplicación y extender el plazo de un año que las empresas monopólicas tienen para desprenderse de algunas de sus compañías para adaptarse a la futura ley. Lo que obligaría a devolver el proyecto a la Cámara de Diputados (ver aparte).

En el oficialismo, trataron de mostrar la concesión no como una derrota, sino como una ratificación de su estrategia. “Con 47 senadores discutiendo en comisión, más del

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60 por ciento del cuerpo participa del debate. Nadie podrá decir que esto fue acotado”, sacaban cuentas y repetían los legisladores.

El kirchnerismo insiste en que el proyecto llegue al recinto el 7 de octubre, pero también es probable que se admita la demora de una semana más. La traba temporal surgió de su propio bloque: el senador Guillermo Jenefes, cuya familia es dueña de un multimedio en Jujuy, planeó su decisión de no acotar el debate. Este senador pasó a ser una pieza clave y estará sujeto a tironeos de uno y otro lado: preside la comisión cabecera (Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión) y es miembro de otras dos comisiones de las cuatro que participan en el debate. En todas ellas, el kirchnerismo –tras las deserciones que siguieron a la 125– tiene una exigua mayoría, ocho sobre quince miembros de cada comisión. El voto de Jenefes puede volcar cualquier decisión.

El propio senador jujeño abrió ayer el debate en el plenario de comisiones, con la convocatoria para hoy a partir de las diez de la mañana de Mariotto y Bauer, además del secretario de Comunicaciones, Carlos Lisandro Salas, que no podrá asistir porque está fuera del país. Jenefes propuso al plenario utilizar “la misma metodología que se adoptó durante el debate de la Resolución 125”: acordar una lista de invitados para que expongan en el salón Azul del Senado y que respondan preguntas, en un marco sin público, más allá de la presencia de periodistas. “Queremos un debate amplio y democrático”, repitió Jenefes, que omitió ponerle fecha de cierre al debate en comisión.

Pichetto fue uno de los primeros en advertirlo. El jefe del bloque k salió al cruce de algunas posturas “dilatorias” de peronistas disidentes y radicales que objetaron que se funcionara a lo largo de “todos los días de semana”, “problemas de vuelos aéreos” o con “horarios demasiados extendidos”. “Entiendo los compromisos previos, pero esto es el Senado de la Nación”, sentenció Pichetto. Luego el rionegrino planteó el deseo de su bloque: que “esto no se extienda demasiado”.

Las primeras listas de invitados que hicieron llegar algunos senadores ya superaba los cincuenta nombres. El viernes, los cuatro presidentes de las comisiones cerrarán la lista de invitados y resolverán el plazo que se extenderán las exposiciones ante los senadores, que en principio abarcará, al menos, toda la semana próxima. Además, decidirán quiénes acudirán al debate el lunes que viene.

La oficialista Blanca Osuna pidió que acudieran los rectores de las universidades públicas y las radios universitarias, pero que no se repitan –más allá de los funcionarios– los mismos invitados que acudieron al debate en Diputados. La puntana disidente Liliana Negre de Alonso salió a responderle: “Yo quiero escuchar todas las voces y tener la posibilidad de preguntar y repreguntar”. Cerca de Pichetto admiten que el rionegrino deberá estar atento a los dos frentes: evitar la dilación del debate y que la presión del lobby mediático “no esmerile” la tropa propia como durante la discusión de la 125. Un tema siempre recurrente en el Senado.

Jueves, 24 de septiembre de 2009

EL PAIS

Jenefes busca “consenso”

El senador jujeño Guillermo Jenefes sostuvo que se propone “buscar acuerdos, buscar consensos” para que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual garantice “en la

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Argentina seguridad jurídica en materia de comunicaciones”. En su rol de presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, que actuará como cabecera del tratamiento de la Ley de Servicios Audiovisuales en la Cámara alta, aseguró que va a “tratar de tomar la mejor decisión para que la Argentina tenga una muy buena ley de medios”. Vamos a tratar de escuchar a la mayor cantidad de personas que están involucradas e interesadas en este tema –adelantó Jenefes–, tenemos que darnos los tiempos para sabernos escuchar, porque la República Argentina necesita obtener consensos, fundamentalmente en una ley que tiene que regir la vida de los argentinos por años y no tener una vida efímera.” Su postura ante este proyecto está en la mira no sólo por el lugar estratégico que ocupará en su tratamiento, sino porque se encuentra vinculado, a través de su familia política, con un multimedios de su provincia. El senador descartó tener “problemas de conciencia o de ética” al respecto. “A nosotros no nos afecta porque no tenemos la cantidad de medios que están limitados en la ley”, argumentó Jenefes, que comparó su situación a “cuando un maestro habla de educación y es un senador o un diputado o cuando un médico habla de medicina y está sentado en una banca”. Consultado por la prensa acerca de cuál será, finalmente, su voto, no quiso dar precisiones. “No le puedo decir cómo voy a votar porque sería adelantarme a un debate que debemos hacer en búsqueda de consensos y no quiero que especulen con eso”, admitió.

Jueves, 24 de septiembre de 2009

EL PAIS › EL TRAMITE PARLAMENTARIO

El proyecto, paso a paso

Por Miguel Jorquera

La media sanción de la Cámara de Diputados sobre el proyecto del Gobierno de Servicios de Comunicación Audiovisual fue girada a cuatro comisiones legislativas del Senado: Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión; Presupuesto y Hacienda; Asuntos Constitucionales; e Industria y Comercio.

- Las cuatro comisiones funcionarán en plenario, es decir juntas.

- Mañana por la tarde, los cuatro presidentes de las comisiones cerrarán la lista de invitados –compuesta a propuesta de los senadores que integran las mismas– y se establecerán los plazos que tendrá el debate en las comisiones legislativas y la fecha tentativa que llegaría al recinto para su votación.

- El oficialismo preside tres de las cuatro comisiones, salvo de la Industria y Comercio, cuya presidencia está en manos de la UCR.

- El oficialismo tiene mayoría exigua en las cuatro comisiones (8 sobre 15 senadores).

- El dictamen de mayoría que surja tras el debate se establecerá de acuerdo con la cantidad de firmas que reúna y éstas se contabilizarán por separado en cada una de las comisiones.

- Si hubiera dictamen de mayoría diferente en alguna comisión, el que llegará al recinto será el que tenga el respaldo de mayor número de comisiones.

- La aprobación de la ley en el Senado requiere de mayoría simple, es decir la mitad más uno de los presentes en el recinto al momento de la votación.

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- Si el proyecto tiene modificaciones en el Senado (que actúa como Cámara revisora), deberá volver a Diputados (la Cámara de origen).

- La Cámara de Diputados sólo podrá expedirse sobre las modificaciones que se hubieran introducido en el Senado.

- La aprobación de las modificaciones requiere de la mayoría simple de los diputados.

- Si Diputados no quisiera avalar las modificaciones que se hubieran realizado en el Senado e insistir en el texto que votó la Cámara baja, deberá hacerlo con la misma cantidad de votos que se reunieron para aprobar los cambios en la Cámara alta. Es decir, si las modificaciones se consiguieron con la mayoría simple o dos tercios de los senadores presentes, los diputados deberán reunir la misma cantidad de votos para rechazarlas.

- También podría suceder que Diputados no avale los cambios y necesite de una mayoría especial (dos tercios) que no pueda reunir para rechazarlos, entonces el proyecto podría quedar sin tratamiento y sin sanción como ley. Aquí se divide la biblioteca legal. Algunos opinan que el Senado podría exigir a Diputados su tratamiento o enviar al Ejecutivo el proyecto con las modificaciones que introdujo la Cámara alta para su promulgación como ley. Para otros, se produce un vacío legal por falta de antecedentes de un conflicto parlamentario de características similares.

Jueves, 24 de septiembre de 2009

EL PAIS

“Que se discuta sensatamente”

Cristina Fernández espera que “se discuta sensatamente” el proyecto de ley de Servicios Audiovisuales en el Senado. Desde Nueva York, la Presidenta se refirió a la ampliación del número de comisiones para el tratamiento del proyecto. Ante un grupo de íntimos, indicó que espera que “haya consenso” y que la ampliación del debate sea vista como “una señal clara para que pueda discutirse sensatamente aun cuando el reglamento marcaba otra cosa”. Según sus voceros, la idea de mandar el proyecto a dos comisiones era suficiente porque era lo que marcaba el reglamento. Sin embargo, CFK dijo que sería una “insensatez” centrar en eso el debate de una ley “tan importante”.

Por su parte, los radicales también hablaron del nuevo debate. El titular del bloque de senadores radicales, Ernesto Sanz, sugirió que a partir de ahora empieza un tiempo distinto en el tratamiento de la ley. “Olvídense de lo que pasó en Diputados”, dijo en declaraciones públicas, porque “acá arranca la historia de nuevo, arrancamos de nuevo en las reuniones de comisiones, en este caso, en las cuatro.”

El presidente del radicalismo, Gerardo Morales, señaló, por su lado, que con la entrada en las nuevas comisiones se “amplía el debate”. Morales, cuyos legisladores se levantaron del recinto cuando se discutió la ley en Diputados, respaldó la decisión del kirchnerismo de tratar en cuatro comisiones el proyecto de ley. “La discusión, lejos de reducirse, debe abrirse a todas las voces, por eso el tratamiento en comisiones y las audiencias públicas deben contemplar una agenda no restrictiva”, señaló el legislador por Jujuy en un comunicado.

Jueves, 24 de septiembre de 2009

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EL PAIS › OPINION

Aprontes en el Senado

Por Mario Wainfeld

La mesa chica quedó diseminada en la aldea global, por razones operativas. Néstor Kirchner y Carlos Zaninni se apearon del viaje a Nueva York, para permanecer cerquita de la negociación sobre la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El ex presidente para la operación política, el secretario legal y técnico para escrutar eventuales discusiones o modificaciones sobre el texto. La Presidenta dista de estar desconectada, en la Gran Manzana. Miguel Pichetto tiene celular rojo con Cristina Fernández de Kirchner, quien repasa con microscopio el poroteo y los vericuetos reglamentarios del Senado en los que es especialista. El titular del bloque del Frente para la Victoria (FpV) consulta todo: arrastra el karma de la derrota en la votación de las retenciones móviles y sus orejas aún arden por los reproches presidenciales previos al veto a la ley de Emergencia Agropecuaria. El oficialismo pone mucha libido en la ley, mientras en forma menos ostensible tira líneas respecto del Presupuesto nacional.

Los radicales, la Coalición Cívica y (seguramente) el peronismo disidente modificarán su táctica de Diputados. Reemplazarán la estridencia, la salida abrupta del recinto y las denuncias tiradas al voleo por una intervención sistémica. Nadie lo dirá, pero hay ingredientes de autocrítica en el cambio, las encuestas de opinión los dejaron muy mal parados. Claro que lo bello se une a lo útil: también priman consideraciones pragmáticas. La principal es que aspiran a introducir reformas, que acaso ya estarían plasmadas si sus correligionarios diputados hubieran ahorrado la sobreactuación.

La segunda, menos factible pero más excitante, es quebrar la mayoría que hasta ahora consigue el FpV.

En última instancia, maquinan, en tres años la taba puede darse vuelta a favor de un gobierno más amigable con las corporaciones.

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Ya que de eso hablamos, Carlos Reutemann traspapeló la aureola de Gran esperanza blanca que lo embellecía el 29 de junio. Por suerte cambió de profesión: mete miedo imaginar qué le hubiera pasado con tantos errores no forzados en su etapa de competidor de Fórmula 1. Julio Cobos, que lo desplaza en el imaginario del establishment empresario, afronta en estas horas una paradoja, consecuencia del peculiar esquema republicano doméstico: ser presidente interino limita su activismo opositor.

Por añadidura, se ha mantenido chito y poco visible. Seguramente reparará esa pasividad en los medios del Grupo Clarín y el Grupo Uno, que lo tienen como paladín. Como es proverbial en estos casos, quizá también incursione en algún maratón, para ganar cámaras de tevé adictas y mechar comentarios de actualidad. Acaso lo acompañe su reciente incorporación, la diputada Cynthia Hotton, cristiana fundamentalista ella. Run, Cleto, run.

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El Senado, conservador por esencia, alberga muchos más emergentes de los partidos tradicionales que Diputados. Unos cuantos son taitas mediáticos en sus territorios, el caso del jujeño Guillermo Jenefes es el más conspicuo, pero no el único. Jenefes revista en el FpV y, cabe suponer, ahí tiene su corazón. La billetera (su interés propio) lo vincula a los medios dominantes. El filósofo epicúreo Jacobo Winograd dio por saldado in eternum el conflicto entre la billetera y el galán, habrá oportunidad para someter a falsación su doctrina. Los lobbistas pueden ser legisladores, nada lo impide ni restringe su competencia en asuntos que pueden favorecer o perjudicar su patrimonio. La ley no fija incompatibilidades, quizá sería interesante limitar sus incumbencias en reglamentaciones futuras. Queda feo que un gerente, titular o lobbista de medios tenga un sitial estratégico para incidir en una norma que concierne a su patrimonio personal. Así opina el cronista, máxime en un contexto tan demandante de calidad institucional. Desde luego, ante la latencia del conflicto de intereses (y a falta de restricción legal) podría surgir la delicadeza de excusarse, pero esas conductas no están de moda.

Vale agregar que el FpV encuentra en su pecado de convocar lobbistas a sus filas una penitencia que padeció con el aceitoso senador cordobés Roberto Urquía cuando se trató la Resolución 125. Puede que esta vez le resulte menos costosa.

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La principal moción de cambio en senadores es el plazo de la “cláusula de desinversión”. La oposición que quiere el rechazo de la ley, el socialismo y algunos oficialistas quieren ampliar de uno a tres años el lapso otorgado a las concesionarias para desprenderse de las frecuencias que excedan el nuevo máximo legal.

La reforma no alteraría un núcleo cualitativo: se varían las condiciones preexistentes, lo que (para sus beneficiarios) constituye una violación de derechos adquiridos. Quien detenta una potestad por diez años se considera despojado si esa cifra es un año, también si fuera tres. Cualitativamente, es lo mismo. Pero un término más largo, opinan ciertos dirigentes que apoyan la medida, limitaría el peso de un argumento corporativo: el de la transferencia forzada a precio vil. Los Tribunales tendrían menos argumentos para decretar la inconstitucionalidad, que en nuestro derecho se resuelve considerando las circunstancias peculiares de cada caso. Las inconstitucionalidades son de interpretación restrictiva, su virtualidad aminoraría si se minimiza el potencial (y, por cierto controvertible) perjuicio material.

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Según estipula el artículo 81 de la Constitución, si un proyecto aprobado por una Cámara es “adicionado o enmendado” por la Cámara revisora, debe volver a la de origen, en este caso a Diputados. Debe consignarse si las modificaciones fueron votadas por mayoría simple de los miembros presentes o por los dos tercios. La Cámara de origen podrá insistir en el texto original, con una mayoría de igual porte. No puede ampliar el debate a otros puntos ni tampoco desechar totalmente el proyecto. El conjunto de bloques de centroizquierda que aprobó en general la ley cuestionó la cláusula de desinversión. Así las cosas, el escenario más factible, si hay reformas en Senadores, es que éstas prevalezcan en el texto de la ley.

Quizás hasta sería funcional al oficialismo evitar polémicas dilatorias para conseguir la aprobación de la ley, manteniendo su núcleo progresivo y antimonopólico.

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Si todo esto sucediera y el debate en el Senado fuera menos fragoroso, se redondearía un trámite interesante. Comprendería cambios importantes dinamizados por la oposición de centroizquierda y la de centroderecha.

El horizonte alternativo realmente existente, la perduración del oprobioso ancien régime por un largo tiempo, es sobrado aliciente para motivar a los senadores que, de buena fe, aún tuvieran dudas. Si los hay, claro.

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Jueves, 24 de septiembre de 2009

EL PAIS › DOS MIRADAS SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

Sobre los medios y el mensaje

La necesidad de “construir políticas públicas honestas y democráticas” que se diriman con discusiones políticas y no con “mezquinas tácticas y estrategias electoralistas”. La reacción de las empresas de comunicación. La adhesión del centroizquierda al proyecto.

Las razones de un apoyo

Por Julio Raffo *

Desde hace más de quince años Pino Solanas y quienes lo acompañamos políticamente venimos bregando por una nueva ley para la radiodifusión argentina. No necesitamos tener un enfrentamiento coyuntural con el grupo Clarín para levantar y defender esta bandera, ni nos dejamos arrastrar nunca por el horizonte que beneficiara el negocio de las telefónicas, que participaron durante el menemato del saqueo del patrimonio nacional con la colaboración activa de los Parrilli y el silencio complaciente y cómplice de los gobernadores de entonces.

No fuimos ni funcionarios ni aplaudidores de Menem y sus secuaces.

No cargamos con el estigma de haber propiciado la prórroga ilegal e ilegítima de las licencias realizada mediante el Decreto 257 en las últimas horas del gobierno del presidente Kirchner.

Por todo ello, recibimos con alegría el que se propiciara la reforma de la ley vigente y apoyamos la decisión de la Presidenta de poner sobre el tapete una “propuesta” para esa reforma. Pero no nos sumamos al coro de “aplaudidores a libro cerrado”, muchos de los cuales ejercieron destacadamente esa actividad en los gobiernos de Carlitos, de Eduardo y de Néstor.

Leímos la propuesta e hicimos públicas nuestras críticas y, si bien el Gobierno hizo algunas correcciones menores, el proyecto que envió a la Cámara de Diputados mantuvo intactos los contenidos que desvirtuaban, en gran medida, los principios levantados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática; principios que, desde siempre, son también los nuestros.

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Por eso, nos diferenciamos de los “aplaudidores a libro cerrado” (que actuaron algunos por error, otros por obediencia y otros por razones prebendarias) y expusimos las 25 razones por las cuales discrepábamos con el proyecto del Ejecutivo adelantando que no nos dejaríamos arrastrar al escenario maniqueo y tramposo según el cual “o se estaba con la ley de la dictadura y el monopolio Clarín”, o se debía estar dispuesto a apoyar “cualquier cosa”.

Estuvimos tan lejos de una como de otra posición extrema y malsana, porque esos escenarios además de ser tamposos les hacen daño al país, a sus instituciones y a la calidad de su legislación.

La oposición de derecha, con todos sus matices, cerró filas contra toda y cualquier reforma, con argumentos falsos para evitar un avance en este campo. Por su parte, el “bloque histórico K”, cuyo arco va desde Aldo Rico, Ramón Saadi y Oscar Parrilli hasta Hebe de Bonafini, no salió a la calle a exigir corrección ninguna. Algunos de ellos confiaban (¿confiaban?) en que los diputados del Pejota (que recientemente confesaron que aprueban las leyes que les mandan sin leerlas) irían, esta vez, a cumplir dignamente con su labor.

Nosotros no tuvimos esa confianza, y por ello exigimos que las reformas cruciales (que –según decían– serían aceptadas) el partido oficialista las hiciera suyas, las escribiera y las firmara en el dictamen de comisión que bajaría al plenario de la Cámara.

Y así fue. De nuestras 25 razones, el dictamen de mayoría incorporó 17 y, entre ellas, las que excluyó del negocio de las telefónicas, la picardía en las llamadas “reservas para las entidades sin fines de lucro”, el injustificado privilegio a la Iglesia Católica, la imposición de la Autoridad de Aplicación dependiente y controlada por el Ejecutivo, un Consejo Federal pintado, el desconocimiento al espacio radioeléctrico como “bien público”, el permitir que la autoridad de aplicación mire para lado frente a efectos de las emisiones en la salud de la gente (que algo importa), el que la cuota de pantalla en la TV fuese una ficción inaplicable, el permitir la discriminación por “opción sexual”, etc., etc.

Ante el compromiso formal que significó el incorporar la mayoría de nuestras propuestas al dictamen que sería tratado en el recinto, Proyecto Sur, mediante su diputado Claudio Lozano, sólo se incorporó a la sesión una vez que el oficialismo obtuvo el quórum, repudió el procedimiento prepotente que cercenó las posibilidades de un debate más amplio y votó “en general” a favor del mismo y, en el debate “en particular”, siguió bregando por mejorarlo.

Tengo la convicción de que, si nos hubiésemos sumado a los “aplaudidores a libro cerrado” el “no-importa-qué-pero-es-K” o a los “críticos en voz baja”, ninguna de esa reformas se habría introducido en la ley, porque el proyecto hubiese seguido estando bajo el control “devido”.

Por todo ello, hoy festejemos que el proyecto de ley se haya aprobado en Diputados con las principales modificaciones que propusimos. Es de esperar que sea aprobado por la Cámara de Senadores.

Insistimos mucho en el tema telefónicas porque estamos convencidos de que “el chorear no es progresista”.

* Legislador electo por Proyecto Sur.

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Por un debate sensato

Por Francisco Godinez Galay y Juan Pablo Alvarez *

La aprobación del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Cámara de Diputados está generando, desde los medios masivos de comunicación, diversas reacciones que desde nuestro lugar de especialistas queremos refutar.

Aclarando que tenemos más diferencias que similitudes con la forma de gobernar que tiene el kirchnerismo, queremos señalar que el proyecto sancionado por Diputados de ninguna manera atenta contra la libertad de expresión. Esta es una idea que se pretende instalar desde los medios masivos, y es comprensible si pensamos que esta ley irá contra sus intereses, que no son los del derecho a la comunicación y la libertad de expresión, sino los de concentración y ganancia económica.

La ley planteada, muy lejos de coartar la libertad de expresión, propone la posibilidad de que haya distintas voces y puntos de vista y no que, como ahora, la mayoría pertenezca a los mismos conglomerados empresarios. Y eso no va contra la libertad de expresión. Nosotros preferimos creer que en donde hoy hay un canal de cable perteneciente a un grupo, puede haber un canal que piense distinto que ese grupo, que ya posee un canal de aire para pensar como quiera. Eso es verdadera libertad de expresión y, sobre todo, mayor pluralidad para el público a la hora de elegir y de formar su propia opinión sobre los asuntos de la realidad.

Si bien a esta ley le falta mucho para garantizar el desarrollo de los medios comunitarios –que a nuestro entender son imprescindibles para una comunicación democrática–, esto no significa que sea una Ley Mordaza o que no sea mejor que la actual vigente. Nadie le va a quitar a ningún canal la posibilidad de opinar con su línea editorial. Lo que se pretende es que en lugar de tener diez canales donde decir lo mismo, haya diez miradas distintas sobre lo que ocurre en la realidad.

También nos parece peligroso el manto de sospechas que se está ciñendo sobre el centroizquierda que votó favorablemente el proyecto. Lejos de lo que dicen los grupos empresarios afectados, la opinión de estos diputados no pasó de una completa oposición a una adhesión entusiasta, de la noche a la mañana y sin que mediara ninguna modificación en la ley. Y lo peor es que estos grupos saben que no es así, pero su público no. Los bloques del centroizquierda plantearon desde el comienzo del debate que adherían a numerosos puntos de la ley, pero que existían cuestiones centrales que no se podía aceptar: el ingreso de las telefónicas y la conformación reducida de la autoridad de aplicación. Se produjo la modificación, entre muchas otras, de ambos puntos. Se restringió el acceso de las telefónicas y la autoridad de aplicación se hizo más federal y plural. Es decir, los diputados de centroizquierda, de una situación inicial de rechazo parcial al proyecto debido a cuestiones esenciales, pero puntuales, decidieron respaldar el proyecto al haberse modificado esos artículos atendiendo sus reclamos. Lo cual tampoco quiere decir que la ley no sea perfectible. Más allá del acierto o el error en la decisión política, ¿no debería funcionar así siempre el Parlamento?, ¿no se trata acaso de debatir las leyes, proponer modificaciones, aportar y votar en función de si se está de acuerdo con la ley en cuestión o no? ¿o la única política posible, según estos grupos, es la alineación u oposición automática? Ni votar una ley hace kirchnerista a nadie ni votarla en contra lo hace opositor.

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No nos interesa tanto defender a los diputados en cuestión, y mucho menos defender su decisión. Esa es otra discusión. Lo que sí nos interesa es defender la política como espacio público de debate, en el que se confronten ideologías, modelos económicos, políticos y culturales, de manera racional y sensata, con el objetivo de construir políticas públicas honestas y democráticas que se diriman como el resultado de esos debates ideológicos y no de mezquinas tácticas y estrategias electoralistas o de poder. Lamentablemente, consideramos que el mensaje ofrecido (tanto desde los medios masivos, como desde la oposición que se opone por mera estrategia de conformación de alianzas, y desde el oficialismo que hace de la lealtad entendida como aceptación de lo bueno, de lo malo y de lo muy malo su única dinámica posible) desvirtúa la política y, por lo tanto, vacía a las instituciones. Y si se vacían las instituciones, la democracia pasa a ser una mera formalidad.

* Centro de Producciones Radiofónicas.

Jueves, 24 de septiembre de 2009

EL PAIS › EL GOBIERNO ASPIRA A APROBAR EL PROYECTO SIN MODIFICACIONES

La estrategia oficialista

Podría haber cambios, pero se producirán sólo si es “estrictamente necesario”. La extensión del plazo para que las empresas periodísticas vendan las señales que no se adecuen a la ley podría ser la prenda de la negociación.

Por Daniel Miguez

El Gobierno tuvo ayer una buena noticia con la asistencia casi perfecta a la reunión de bloque en el Senado, lo que pareciera darle garantías de que tiene los votos suficientes para sancionar la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que podría tratarse en el recinto el 14 de octubre.

“La de hoy era una prueba importante y la superamos muy bien”, le comentó a este diario uno de los senadores más activos en sumar voluntades entre sus pares a favor de la ley.

En la reunión del bloque hubo consenso para tratar de impulsar el proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados, sin nuevos cambios. Y el oficialismo tiene confianza en que lo va a conseguir. De todas maneras, como informó este diario el martes pasado, sigue vigente la idea de que en caso de peligrar la votación, se acceda a alguna modificación, seguramente en la extensión del plazo para que las empresas periodísticas vendan las señales que no se adecuen a la ley y que, como salió de Diputados, por ahora está fijado en un año.

Las cuentas que hace y rehace el presidente del bloque, Miguel Angel Pichetto, hasta anoche le daban 39 votos, sin contar el del socialista Rubén Giustiniani, que dijo que votará a favor la ley en general, pero en disidencia con algunos artículos en particular.

Al acordarse ayer que el proyecto se debate en cuatro comisiones en vez de las dos en que inicialmente había pensado el oficialismo, distendió el clima en el Senado, aunque la oposición no logró sumar otra comisión, la de Derechos y Garantías que preside el radical formoseño Luis Petcoff. Igual, una de las comisiones, la de Industria y Comercio, está en manos de Arturo Vega, de la UCR. Las restantes las preside el

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oficialismo: Asuntos Constitucionales, Nicolás Fernández; Presupuesto y Hacienda, Fabián Ríos; y la principal, la de Sistemas y Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Guillermo Jenefes.

Jenefes, que es propietario de medios en su provincia, Jujuy, cuando se contabilizaba su voto como seguro puso algunos reparos (ver página 3). Esto preocupó al oficialismo, porque si bien tiene mayoría en el plenario de comisiones, Jenefes, como presidente de la comisión cabecera, tiene facultades como para poder entorpecer el avance del debate y dilatar el tratamiento de la ley.

Tanto un alto funcionario del Gobierno que está en contacto permanente con gobernadores para que aseguren el voto de sus senadores, como algunos senadores oficialistas consultados anoche por este diario, aseguraban que el jujeño finalmente iba a alinearse con la mayoría del bloque.

El oficialismo se contenta con que del plenario de comisiones salga un dictamen con despacho de mayoría, aunque tenga disidencias parciales. Los planes contemplan que el viernes 2 de octubre haya dictamen. Y que el proyecto se trate en el recinto el 7 o, más probablemente, el 14 de octubre.

Esos plazos, tanto el que media entre el ingreso del proyecto y la salida del dictamen y desde ese momento hasta su tratamiento en el recinto, obedecen a que el oficialismo no quiere dar lugar a que lo acusen de que no hubo tiempo para debatir y analizar el proyecto. El mismo sentido tuvo el hecho de darles participación a cuatro comisiones, que están integradas por 60 de los 72 senadores.

Si todo marcha como lo prevé el oficialismo, el viernes de la semana que viene saldría el dictamen y a partir de allí los senadores dispondrán de doce días para estudiarlo antes de pasar al recinto para la votación.

Aunque en el Gobierno aseguran que los votos están, también admiten que será suficiente con obtener quórum, porque suponen que más de un senador de la oposición no se presentará a votar. Son los que están en una posición incómoda: no quieren darle un voto al oficialismo pero tampoco su desacuerdo con el proyecto de ley es tan grande como para votar en contra. Por eso la salida sería la ausencia, más que la abstención.

Jueves, 24 de septiembre de 2009

EL PAIS

Las violaciones de la ley

La senadora nacional del monobloque Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro, advirtió ayer que “tanto la ley vigente como el proyecto oficial prohíben que funcionarios públicos del Ejecutivo o electos sean propietarios de medios” y consideró que si esa prohibición no se respeta “es un riesgo para la democracia”. Puntualmente, Estenssoro aseguró que la prohibición debía alcanzar al diputado del PRO Francisco de Narváez, propietario del diario El Cronista y del canal América. “Es un gran riesgo para las democracias, como el caso de (Silvio) Berlusconi lo demuestra”, dijo al aludir al premier italiano dueño de medios en su país. Lo mismo ocurriría con el senador kirchnerista Guillermo Jenefes, titular de la Comisión de Comunicación y Libertad de Expresión.

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La senadora de la CC agregó que, además de esta violación de la ley actual, sucede algo similar con “tantos medios que están en manos de medios extranjeros cuando la ley de bienes culturales lo prohíbe”. Estenssoro dejó en claro su rechazo al proyecto de ley aprobado en Diputados al afirmar que “estas leyes se hacen simplemente para repartir los medios entre amigos”.

Jueves, 24 de septiembre de 2009

EL PAIS

Ahora Buzzi no quiere ley

El titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, consideró ayer que “no es este Congreso el que tiene que tratar esta ley”, en relación con el proyecto de medios audiovisuales aprobado por la Cámara de Diputados. Buzzi argumentó que, si bien una nueva ley es “necesaria”, este Congreso “expresa la voluntad de 2007 y lo que se votó el 28 de junio es una nueva voluntad de la sociedad”. El dirigente de la Mesa de Enlace hizo estas declaraciones luego de un encuentro con el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, quien instruyó a sus legisladores a votar a favor del proyecto en general. “Queremos conocer formalmente la posición que tiene el gobernador en representación de una fuerza importante como es el socialismo, que ha tenido posturas críticas pero que finalmente terminó votando el proyecto de la ley de medios”, enfatizó. En ese contexto le aconsejó al socialismo que debe ser muy claro al decir por qué vota como vota y saber cuál es el criterio de los legisladores al momento de dar esa votación.” Además, el dirigente agropecuario renovó sus críticas al gobierno nacional al afirmar que los números de desempleo publicados por el Indec “no se los cree ni la mamá del que lo escribió”.

Viernes, 25 de septiembre de 2009

EL PAIS › EL INTERVENTOR DEL COMFER Y EL TITULAR DEL SISTEMA DE MEDIOS PUBLICOS DEFENDIERON EL PROYECTO

Los primeros cruces en el Senado

En un debate que duró alrededor de ocho horas, los principales cuestionamientos fueron sobre la composición de la autoridad de aplicación de la nueva ley y los plazos de desinversión para aquellas empresas de medios en posición dominante.

Por Sebastian Abrevaya

Con la presencia del interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, y del titular del Sistema Nacional de Medios Públicos, Tristán Bauer, comenzaron en el Senado las audiencias para analizar el proyecto de ley de Servicios Audiovisuales aprobado por la Cámara de Diputados. Durante el extenso debate, que duró alrededor de ocho horas, los legisladores de la oposición protagonizaron varios cruces con el interventor del Comfer, quien defendió los temas más discutidos de la iniciativa oficial, como la composición de la autoridad de aplicación y los plazos de desinversión para aquellas empresas de medios en posición dominante. Hubo, además, reclamos para incluir la regulación de la publicidad oficial y varios cuestionamientos al decreto firmado por Néstor Kirchner en 2005, que prorrogó por diez años las licencias de distintos medios de comunicación.

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Finalmente y tal como exigió la oposición, a las 10 de la mañana el Salón Azul del Senado estaba poblado por los 60 miembros del plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda; Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión; Industria y Comercio; y Asuntos Constitucionales. Minutos más tarde, Mariotto comenzó con un breve repaso del espíritu del proyecto aprobado en Diputados y luego el conductor del encuentro, el senador Guillermo Jenefes, abrió el juego a las preguntas de la oposición. El plenario arrancó frío hasta que los ocho senadores radicales empezaron a cuestionar al interventor del Comfer. Ante la avanzada, además de Mariotto, salieron a respaldar la postura del oficialismo los kirchneristas al frente de las distintas comisiones.

“Aun con los cambios que se han hecho tenemos la certeza de que va a terminar copado por el kirchnerismo”, disparó el titular de la UCR, Gerardo Morales, con relación al directorio de la autoridad de aplicación. Los radicales reclamaron que se “garantice la independencia” del órgano, para lo cual exigieron que sus miembros sean aprobados por dos tercios de las Cámaras del Congreso Nacional, tal como sucede con el defensor del Pueblo, y que, además, sean previamente sometidos a la consideración pública, como sucede con los integrantes de la Corte Suprema. El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Fernández, le retrucó que su propuesta era “medianamente descabellada”. Además, Mariotto repitió en varias oportunidades que el Poder Ejecutivo designará sólo a dos de los miembros del directorio; la Comisión Bicameral designará a otros tres –uno en representación de la primera minoría, uno por la segunda minoría, y el último por la tercera– y el Consejo Federal los otros dos, uno de ellos miembro de las facultades de Comunicación del país.

El senador Juan Carlos Marino cuestionó que el proyecto de ley no prohibiera explícitamente el ingreso de empresas contratistas del Estado en la prestación de servicios audiovisuales y puso como ejemplo a evitar la adquisición de Radio Del Plata por parte de Electroingeniería, cercana al gobierno nacional. Si bien Mariotto admitió que no existe tal prohibición de manera taxativa, subrayó que sólo podrán obtener una licencia aquellas empresas que tengan como “objeto único” la prestación de servicios audiovisuales. Exaltados, en la bancada radical agregaron que el empresario del juego, Lázaro Báez, también podría ser propietario de un medio. Mariotto replicó que la ley “no tiene casos particulares” y pidió que “quede en claro que ninguna persona con fines de lucro puede tener posición dominante en el mercado”.

Prácticamente todos los senadores opositores coincidieron en cuestionar el artículo 161, que fija el plazo de un año para que aquellas empresas en posición dominante se desprendan de sus medios. La senadora puntana Liliana Negre de Alonso fue una de las más enfáticas defensoras de “los derechos adquiridos”, “el derecho a la propiedad” y “la afectación patrimonial” de las empresas monopólicas. Mariotto contrapuso el ejemplo de “experiencias internacionales” como Microsoft e insistió en que “un año es un plazo razonable, teniendo en cuenta que la libertad de expresión no puede convivir con monopolios y oligopolios”.

En el marco de ese debate, senadores como Morales o el socialista Rubén Giustiniani cuestionaron la prórroga de las licencias firmada por el ex presidente en 2005. Mariotto enmarcó aquel decreto en la crisis económica de 2001 y reveló que “se atendió el reclamo de los empresarios para que pudieran regularizar sus deudas”.

Otro punto de discordia giró en torno del artículo 32, que diferencia la adjudicación de licencias en las ciudades con más o menos de 500 mil habitantes. Según el proyecto, cuando supera esa cantidad, quien otorga la licencia es el Poder Ejecutivo y en caso

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contrario lo hace la autoridad de aplicación. El titular de la bancada radical, Ernesto Sanz, consideró que se trata de una cuestión “discrecional” y Morales agregó que eso “le otorga poder de veto al Gobierno”. El interventor del Comfer les respondió que sólo se trata de una “diferencia de jerarquía del acto administrativo” y aclaró que en todos los casos el que lleva adelante el proceso de adjudicación es la autoridad de aplicación, quien debe llamar a concurso previo.

El presidente del Sistema de Medios Públicos no apareció sino hasta después del receso realizado a las 14. Bauer casi no polemizó con los legisladores y elogió el proyecto, acusó a los medios comerciales de televisión de “estupidizar a los seres humanos” y destacó la acción del canal Encuentro y el traslado de su sede a la ex ESMA.

Viernes, 25 de septiembre de 2009

EL PAIS

La pelea, el chanchito y el fútbol

La complejidad de los temas manejados durante el tratamiento de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el Senado generó varios encontronazos entre los distintos participantes del plenario de comisiones. El más duro fue el cruce entre el coordinador del Comfer, Luis Lázaro, y el titular del bloque radical, Ernesto Sanz, quien en medio del debate interrumpió su exposición para preguntar si “ese señor de barba y pelo canoso que está ahí atrás quiere decir algo”. Sentado en segunda fila, detrás de Tristán Bauer y Gabriel Mariotto, Lázaro expresaba cierto fastidio ante algunas intervenciones de los legisladores opositores. “Si quiere hablar, que hable; en esta Cámara todos pueden tomar la palabra”, lo apuró Sanz. Lázaro no aceptó la propuesta e hizo gestos de que luego se acercaría a hablar personalmente. Cuando llegó el cuarto intermedio, Sanz y el senador Juan Carlos Marino cruzaron entre gestos amenazantes un par de palabras con el funcionario. “Cuidate de no ir preso”, le habrían dicho los radicales.

Viernes, 25 de septiembre de 2009 |

EL PAIS › CAMBIOS EN LAS COMISIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y DE MEDIOS DE COMUNICACION

Por tres firmas seguras

El oficialismo reemplazó a los senadores Roberto Urquía y Elida Vigo y se aseguró mayoría en Industria y Comercio. La oposición dijo que era un “cambio en las reglas de juego” . El kirchnerismo, que los legisladores renunciaron por problemas de salud.

Por Sebastian Abrevaya

El oficialismo reemplazó a los senadores Roberto Urquía y Elida Vigo, de las comisiones de Industria y Comercio y de Medios de Comunicación, dos de las cuatro que debaten el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El titular del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, explicó que ambos legisladores tienen problemas de salud y que fueron cambiados por miembros de la misma bancada. Desde la oposición denunciaron que se produjo un “cambio en las reglas de juego”. Según el titular del radicalismo, el senador Gerardo Morales, el kirchnerismo buscó garantizarse 9 de los 15 miembros de la Comisión de Industria y

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Comercio, algo que no estaba seguro porque Urquía se habría manifestado en contra del proyecto.

Vigo integraba las comisiones de Industria y Comercio y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. En su reemplazo, el oficialismo designó a Nicolás Fernández y Marcelo Fuentes, respectivamente, dos hombres de probada lealtad al kirchnerismo. Urquía sólo formaba parte de la Comisión de Industria y Comercio y en su lugar fue designado Pedro Guastavino, ex vicegobernador de Entre Ríos. “Lo primero que nos genera esto es que se está produciendo un cambio en las reglas de juego”, señaló Gerardo Morales, quien exigió al oficialismo una copia de las renuncias presentadas por los senadores.

Desde el kirchnerismo, el senador Fabián Ríos aclaró que fue Vigo quien solicitó su remoción debido a sus problemas de salud. “Hemos hecho simplemente un trámite de carácter administrativo. No hay ninguna especulación. Hay una renuncia voluntaria”, agregó Pichetto. Sin embargo, el senador Adolfo Rodríguez Saá remarcó que ya había solicitado licencia hace tiempo y que recién ahora se producía el cambio.

De todas maneras, el caso que despertó suspicacias no fue el de Vigo, sino el de Urquía. Pichetto reveló que el senador cordobés renunció a todas las comisiones que integra debido a un tratamiento ocular que lo imposibilita para participar de ellas. El empresario del aceite votó en contra del oficialismo en la célebre Resolución 125, y desde entonces su relación con el kirchnerismo quedó en malos términos.

Quitando el caso de la Comisión de Industria y Comercio, el oficialismo tiene siete miembros seguros en las tres restantes, por lo que depende de la firma del jujeño Guillermo Jenefes para alcanzar mayoría necesaria para aprobar el dictamen. El senador, que es propietario de varios medios de comunicación en Jujuy, ya hizo saber que no está de acuerdo con algunos puntos de la iniciativa que modifica la vieja ley de Radiodifusión.

El reemplazo de los senadores había sido firmado el miércoles por el presidente provisional del Senado, José Pampuro, pero la noticia se conoció ayer, durante el plenario de comisiones, lo que despertó el revuelo opositor en medio del debate.

Viernes, 25 de septiembre de 2009

EL PAIS

“Primero voy a escuchar”

“Primero voy a escuchar. Mi decisión en cuanto a si hay que hacer cambios o no, se tiene que tomar al momento de firmar el dictamen”, sostuvo el titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, el senador jujeño Guillermo Jenefes, quien advirtió que con el texto de la ley de Servicios Audiovisuales “hay que actuar con cuidado, porque una demanda de cables” en el interior “puede provocar el quiebre de nuestras empresas”. El senador aseguró que el artículo destinado al año de tiempo para desinvertir que tendrán las empresas periodísticas “tiene que discutirse. No quiero adelantarme. Hay que escuchar y revisar el proyecto”.

Viernes, 25 de septiembre de 2009

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EL PAIS

La tía de todas las libertades

“No podemos hacer que deje de llover por ley, como tampoco por una ley se puede cercenar la libertad de prensa y las que son su consecuencia, porque la libertad de prensa si no es la madre, por lo menos es la tía de todas las libertades”, sostuvo el titular de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), Lauro Laíño, en la apertura de la 47ª Asamblea General Ordinaria de Adepa en Salta. “Negros nubarrones se ciernen sobre nuestros diarios. La libertad de prensa está cercada por múltiples amenazas que alcanzan tanto a los intereses económicos como a los principios permanentes del periodismo, que no pueden ser desconocidos por urgencias coyunturales”, afirmó Laiño. En tanto, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y director del diario El Tiempo de Bogotá, Enrique Santos Calderón, consideró que la ley de Servicios Audiovisuales convertirá al Estado “en una suerte de Gran Hermano que dicte las políticas a las que se deben ajustar los medios de comunicación”. Por su parte, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, sostuvo que “es en los momentos de crisis cuando surgen con mucha más fuerza los principios rectores de quienes adoptamos la libertad como filosofía de vida”. “No tiene ninguna lógica desperdiciar esta oportunidad para hacer una ley federal de verdad. Hay que ser muy cuidadosos en el tratamiento de esta ley y mejorar todo lo que se pueda mejorar”, dijo ante las cámaras de TN.

Viernes, 25 de septiembre de 2009

EL PAIS

Binner, los ruralistas y la ley

Con ocho tractores y cerca de veinte 4x4, un grupo de ruralistas “autoconvocados” del norte de Santa Fe se movilizaron hasta la Casa de Gobierno provincial y protestaron contra el voto del socialismo a favor de la ley de Servicios Audiovisuales. Los ruralistas exigieron que el senador Rubén Giustiniani vote contra la norma y cuestionaron al gobernador Hermes Binner. “El voto del Partido Socialista se basó en la coherencia para pensar con absoluta libertad, más allá de las conveniencias o inconveniencias por estar frente a un acto electoral. Cambiar porque hay una elección por delante creo que es una mala consejera. Nosotros tenemos que salir del pragmatismo, tenemos que pensar en la gente”, afirmó Binner. Su ministro de Gobierno, Antonio Bonfatti, denunció que detrás de la protesta hay “una enorme connotación política”. Los ruralistas marcharon desde la sede de la Sociedad Rural con ocho tractores, una pala mecánica y una veintena de camionetas 4x4 y automóviles particulares hasta la plaza 25 de Mayo, que queda frente a la Casa Gris. Binner no pudo escucharlos, porque se encontraba participando del congreso de la Federación Agraria en Rosario. Allí Binner cuestionó “la falta de comprensión del gobierno nacional del fenómeno del campo” y criticó “los niveles escandalosos de pobreza que hoy tenemos, un 30 o 40 por ciento, que en ninguna parte del mundo se puede compatibilizar en desarrollo económico y social”.

Sábado, 26 de septiembre de 2009

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EL PAIS › RADIOS COMUNITARIAS, PUEBLOS ORIGINARIOS Y COOPERATIVAS RESPALDARON LA LEY DE SERVICIOS AUDIOVISUALES

Sábado, 26 de septiembre de 2009

Las voces que no escucharon los opositores

Los dueños de radios, nucleados en ARPA, faltaron a la segunda jornada de audiencias. La mayoría de los opositores también.

Por Miguel Jorquera

Las radios comunitarias, las cooperativas telefónicas y los pueblos originarios dieron ayer su respaldo a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ante el plenario de comisiones del Senado que discute el proyecto, que ya tiene media sanción de Diputados. Sin la presencia de las empresas nucleadas en la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) –que faltó a la cita–, la mayoría de los senadores de la oposición le dieron la espalda a la convocatoria y se plegaron al faltazo. El kirchnerismo volvió a insistir en que el viernes de la semana próxima se firme el dictamen, para llevar el debate al recinto el 7 de octubre.

“La función del Estado es asegurar la diversidad y pluralidad de medios. Eso supone normas que faciliten la expresión de los sectores más vulnerables”, sostuvo Néstor Busso, titular del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco). “Es necesario fijar normas que pongan límites a los poderosos que homogenizan el discurso público”, agregó.

Busso fue el primer expositor del día ante el plenario de las comisiones legislativas de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión; Presupuesto y Hacienda; Asuntos Constitucionales; e Industria y Comercio, que integran casi 50 senadores, aunque el amplísimo Salón Azul estaba casi despoblado de legisladores opositores. El dirigente destacó “las bases conceptuales de estos 21 puntos” propuestos por la Coalición por una Radiodifusión Democrática (que también integra) y pidió “sin más vueltas”, la sanción de la nueva ley.

El representante de la red Intercables, José Toledo, pidió la modificación del artículo 30 del proyecto de ley para que las pymes del sector “puedan competir” con las cooperativas de servicios públicos. En tanto, el presidente de la Confederación de Radios y Medios de la República Argentina, Osvaldo Frances, remarcó que “hoy hay unos 6000 medios de comunicación que no están legalizados. Por eso es fundamental que tengamos esta ley”. Pedro Lanteri, de la Federación Latinoamericana de Periodistas y trabajador de la radio de las Madres de Plaza de Mayo pidió que “la ley sea aprobada sin ninguna modificación”.

Tras el cuarto intermedio llegaron las definiciones y chicanas políticas.”No tenemos dudas de que el gobierno nacional ha condicionado al de Tierra del Fuego a que lo acompañe en sus iniciativas legislativas para flexibilizar la situación de asfixia (económica) de la provincia”, dijo el radical Arturo Vera, que preside la Comisión de Industria y Comercio. Y así sugerir que el oficialismo postergó para después del debate de la ley de medios, el proyecto que sube el IVA a los productos electrónicos importados y favorece a la industria fueguina.

En tanto el jefe de la bancada K, Miguel Pichetto, ratificó la decisión de lograr dictamen el viernes próximo para llevar el proyecto al recinto el 7 de octubre. El senador

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santacruceño Nicolás Fernández respaldó la propuesta para “despejar cualquier sospecha sobre la intención de marginar a Julio Cobos” de la sesión que dirimirá la sanción o no de la ley de medios audiovisuales, ya que la semana siguiente está previsto que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner viaje al exterior y que Cobos –que fogoneó un encuentro opositor contra el proyecto– deba quedarse al frente del Ejecutivo sin poder presidir el Senado.

La reanudación del plenario estuvo aún más despoblada. Sólo había 16 de los 43 senadores que componen el plenario: 12 del oficialismo y apenas 4 opositores. Si esta ley no se aprueba, no van a poder gobernar los representantes del pueblo, sino de los medios de comunicación”, advirtió el presidente de la Federación de Cooperativas Telefónicas (Fecotel), quien celebró que las cooperativas pudieran acceder a los medios de comunicación tras la prohibición expresa de la actual ley de la dictadura. Angela Jaramillo, abogada y representante del Encuentro de los Pueblos Originarios, destacó como muy positiva la inclusión de delegados del sector en el Consejo Consultivo y que las comunidades de los distintos pueblos puedan acceder a las licencias. Luego lamentó que muchos medios de comunicación aludan a los pueblos originarios como “creadores de problemas e identificándolos como si fueran insurgentes, cuando en realidad nosotros somos atacados por los que quieren las tierras que nos pertenecen y usan sus influencias para despojarnos de nuestro territorio”. No hubo preguntas para ellos.

Sábado, 26 de septiembre de 2009

EL PAIS › EL JEFE DE GABINETE, ANIBAL FERNANDEZ

El Congreso define

“Dejemos que sea el Congreso el que defina, que es otro poder de la República. Ellos van a tener que sacar sus conclusiones”, declaró ayer el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, consultado sobre posibles modificaciones al proyecto de ley de Comunicación Audiovisual.

“Si no se hacen modificaciones, me parece bárbaro. Si se hacen porque están de acuerdo, me parece bárbaro”, señaló.

Fernández defendió el decreto firmado en 2005 por el entonces presidente Néstor Kirchner que prorrogó por diez años las licencias de TV. Durante la primera jornada de audiencias en el plenario de comisiones en el Senado, la oposición cuestionó al titular del Comfer, Gabriel Mariotto, por esa decisión del ex presidente. “Si uno no tomara una decisión de prorrogarlo, pareciera que la situación era de agresión. (Si no se hubiera firmado) Las tapas de los diarios hubiesen derramado ríos de tinta por agresión innecesaria de no prorrogarlo. Fue una actitud inteligente de un gobernante que no tiene por qué colisionar con los medios de comunicación”, indicó.

Desde el Ejecutivo siguen paso a paso las negociaciones en el Senado.

Sábado, 26 de septiembre de 2009

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EL PAIS › LA DECLARACION DE ADEPA

Rechazo frontal

La asociación de dueños de diarios, Adepa, alertó sobre la “decadencia de los principios republicanos” y “rasgos de creciente autoritarismo que debilitan las instituciones”. Denunció una “campaña de hostigamiento” contra Clarín y advirtió que “un diario se acalla mediante el estrangulamiento económico o impositivo”. El documento de la 47ª asamblea rescató “los pasos dados en torno de la salida del régimen de competitividad, desencuentro crítico entre los medios y el fisco que con los convenios en trámite parece encontrar un principio de solución”. Adepa expresó sus “graves preocupaciones” ante el debate de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sugirió que la misión del Estado debe limitarse al “ordenamiento del dial para evitar la superposición de ondas y la ilegalidad”. Advirtió sobre “riesgos para la vigencia de espacios plurales” producto de “un agudo intervencionismo en los servicios de comunicación audiovisual”, y consideró que los medios públicos “deben estar al servicio de la sociedad toda y no de los fines propagandísticos de un gobierno”. Criticó al proyecto aprobado en Diputados por “el otorgamiento a funcionarios administrativos de amplios márgenes de discrecionalidad y arbitrariedad en la adjudicación y revisión de licencias”, sostuvo que “parece desentenderse de la sustentabilidad de los medios” y que “se despreocupa de la evolución tecnológica”. “Nuestro país podría aislarse una vez más de la evolución y el progreso con iniciativas como ésta, que van en sentido opuesto al del interés general”, concluyó.

Sábado, 26 de septiembre de 2009

EL PAIS › LAS HIJAS DE ADOLFO CASTELO

Repudio al spot

Carla Castelo, hija del fallecido periodista Adolfo Castelo, intimó ayer a Radio Mitre mediante una carta documento para que deje de utilizar el nombre de su padre en su campaña contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “No tienen derecho a comprometerlo como si estuviera en contra de la Ley de Medios, cuando nosotros suponemos que estaría de acuerdo”, advirtió. La periodista se refiere a un comercial de la radio del Grupo Clarín, que afirma que de haber existido la ley que ya aprobó Diputados, los oyentes no hubieran podido escuchar a Castelo. Mitre hace “un uso obsceno del nombre de mi padre”, advirtió.

“Tanto mi hermana (Daniela) como yo trabajamos con mi viejo y conversábamos siempre sobre en qué se habían convertido los medios. Entonces, ¿cómo no iba a estar de acuerdo con que haya más voces o con que los periodistas no estén tan comprometidos con los intereses del monopolio? Yo creo que hay muchos periodistas que trabajan en los monopolios que están a favor de la ley y no lo pueden decir”, afirmó. Sobre el paso de su padre, de extensa carrera profesional, por Radio Mitre, Carla Castelo manifestó que “la radio nunca le pagó, él hizo una coproducción” y sin embargo su familia no tiene “ningún derecho sobre el material de Adolfo Castelo”. Advirtió que “han llegado a un punto de desesperación o enojo que utilizan cualquier cosa”.

Ayer, el spot siguió siendo repetido sin modificaciones en las tandas de la emisora.

Sábado, 26 de septiembre de 2009

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EL PAIS

Las voces del lunes

El plenario de las comisiones legislativas del Senado volverá a sesionar el lunes, para escuchar y responder a expositores de distintos ámbitos sobre el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ya tiene media sanción de Diputados. La lista de invitados tendrá dos ejes: por la mañana, los sindicatos de los trabajadores ligados a los medios de comunicación y, por la tarde, organizaciones defensoras de los derechos humanos y civiles.

Los gremios estarán representados por el Sindicato Argentino de Televisión (SAT), la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (Aatrac), la Federación Argentina de trabajadores de Prensa (Fatpren); la Confederación de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social (Cosimetcos); la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y Héctor Barabino (ex secretario del SAT). La lista de los organismos arranca con lAbuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y seguirá con el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación de Derechos Civiles

Sábado, 26 de septiembre de 2009

EL PAIS

De la dictadura a la democracia

Actores, escritores, intelectuales, organizaciones sindicales, barriales y de derechos humanos convocan a la Jornada Cultural Participativa que se realizará el lunes, frente al Congreso nacional, en apoyo a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bajo la consigna “De un decreto de la dictadura hacia una ley de la democracia”, la actividad comenzará a las 14 con una radio abierta.. A las 15.30 ofrecerá un recital Horacio Fontova y luego se realizará una rueda de prensa para analizar la importancia de la ley.

Domingo, 27 de septiembre de 2009

EL PAIS › OPINION

Comparar sin anteojeras

Por Mario Wainfeld

El proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) tiene un trayecto democrático y parlamentario más que interesante. La Cámara de Diputados recogió importantes reformas exigidas por la oposición de centroizquierda que, con su incorporación, lo aprobó en general. En Senadores es más que posible que se añadan cambios relevantes en la cláusula de desinversión y, eventualmente, en la autoridad de aplicación (ver asimismo nota aparte). En todo caso, esos aspectos se ventilaron en las cámaras, en foros públicos y en los medios. La polémica alcanzó un refinamiento inusual, digno de ser saludado. Hasta se escudriña con lupa cuántas comisiones examinan el texto.

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Ese trámite rico e intenso suele menoscabarse con un discurso que reniega de la falta de institucionalidad, de la urgencia, de un oficialismo sordo y cerrado. Un sobrevuelo por leyes determinantes en los últimos 25 años comprueba que la prisa, las mayorías apretadas, los pasos fugaces por las cámaras han sido más regla que excepción. También que determinaciones gravísimas (el corralito, el recorte a las jubilaciones) se impusieron mediante decretos del Ejecutivo y se refrendaron por el Congreso más tarde, en plena aplicación. La disciplina de los oficialismos, la restricción a aportes opositores también fueron costumbre.

El análisis comparado es inusual en las crónicas domésticas: ni se coteja el presente con el pasado, ni la realidad local con la de otras comarcas. Si se lo hiciera, como se tratará de esbozar en esta breve nota, quizás habría juicios menos tonantes. Tal vez por eso no se hacen, también incide la pereza. Para desafiarla, apenas, vaya este recordatorio, que no pretende ser exhaustivo ni, ejem, cerrar el debate.

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Ampliación de la Corte (primera presidencia de Menem, 1989). A tantos años vista, huelga decir que para el gobierno peronista era esencial cambiar la composición de la Corte Suprema, vía la ampliación del número de sus integrantes. Lo precisaba para su proyecto económico social: una sedicente “modernización” que arrasó al Estado benefactor, renunció a la política monetaria, desguazó el patrimonio estatal y barrió con conquistas laborales producto de años de lucha.

En septiembre de 1989 el presidente Carlos Menem hizo entrar el proyecto de ley por el Senado, donde contaba con mayoría confortable. Fue aprobado en septiembre, pese a la oposición de la bancada radical. José Luis Manzano, jefe del bloque justicialista de Diputados, procuró que se tratara ese mismo día, fracasó. El proyecto debió esperar unos meses y se consagró en una sesión escandalosa, literalmente entre gallos y medianoche. La lista de oradores se suspendió abruptamente, el radicalismo se retiró del recinto, la iniciativa ganó raspando. Manzano saltó de alegría, entonó la marcha peronista a voz en cuello con sus compañeros. Doce días después se enviaron los pliegos de los nuevos cortesanos al Senado. La sesión, secreta, fue un modelo de ejecutividad: duró siete minutos, sin presencia de la oposición.

Manzano, por estos días, mora cerca del Congreso. Hace lobby desenfadado contra la ley de SCA, en representación del Grupo Vila, que integra. El Chupete se vale del perfil bajo y el diálogo entre cortinados, a diferencia de lo que hacía en esos idos buenos tiempos. Sus gestiones no versan sobre calidad institucional sino sobre vísceras sensibles. Daniel Vila, otra cabeza del grupo, es quien sale a la palestra haciendo comparaciones con la dictadura militar. Ni mención a episodios en los que Manzano fue protagonista central como el que reseñamos o como...

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La privatización de YPF (1991, primera presidencia de Menem). El Senado fue la cámara iniciadora. Aun con el clima de época (privatista y de abatimiento de la resistencia popular) al oficialismo le costó colar la entrega de la nave insignia de las empresas estatales. La Cámara alta, con todo, le fue fiel y aprobó la propuesta del Ejecutivo. La UCR se opuso y hasta auguró que revisaría la privatización más adelante, si llegara al gobierno. En Diputados el trámite fue tumultuoso, el catamarqueño Luis Saadi denunció que giraban sobornos de ocho millones de dólares por cada legislador (seguramente exageraba en cuanto a la extensión y al importe). Hubo lo que ahora se llamaría “borocotización”.

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Tras varios fracasos en lograr quórum, el oficialismo consiguió el apoyo del llamado bloque intersindical, compañeros cegetistas que cooperaron en la entrega. Se llegó al quórum estricto, circunstancia en la que Jorge Matzkin (jefe de la bancada peronista) conminó sarcásticamente a “que salgan los radicales que están atrás de los cortinados”, un slogan que transformaría en mantra. La sesión se prolongó más de un día, con un cuarto intermedio. El proyecto se aprobó sin modificaciones. Los radicales, que se retiraron del recinto comandados por César Jaroslavsky, despotricaron contra la medida. Pero al día siguiente, en conferencia de prensa, le hicieron una reverencia a la seguridad jurídica anunciando que no la revisarían si llegaran a la Casa Rosada en 1995.

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Recorte jubilatorio (presidencia De la Rúa 2000). En julio de 2001, Fernando de la Rúa y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunciaron en la Casa Rosada que “primero se pagará la deuda (externa)” y luego los salarios y jubilaciones estatales. Dos días después se dictó el decreto 896/01 que recortó jubilaciones y salarios estatales en un 13 por ciento. La resistencia a la movida incluyó un paro general nacional convocado por la CGT y la CTA. El decreto fue enviado al Congreso en pos de una mayor legitimación. Diputados lo aprobó, aun con el distanciamiento del Frepaso, por primera vez durante la gestión aliancista. La ley entró al Senado el 25 de julio, sólo dos semanas después del anuncio. De la Rúa envió una carta de puño y letra a cada uno de los senadores justicialistas que se mostraban renuentes y despotricaban a voz en cuello. Su comportamiento, empero, fue funcional a la aciaga iniciativa aunque cuidando las formas. Dieron quórum para una atolondrada sesión ¡sábado a la noche! En la madrugada dominical levantaron la mano los senadores oficialistas, varios provinciales y un tránsfuga justicialista: Omar Vaquir. Los votos alcanzaron, ahí justito.

Aun con los pruritos justicialistas, el texto pasó por una sola comisión senatorial, la de Presupuesto. Los radicales gobernantes en 2001 eran, por lo visto, menos puntillosos que ahora, cuando moran en la vereda de enfrente. Tal vez habría venido bien un vistazo de la Comisión de Asuntos Constitucionales: el recorte era manifiestamente violatorio de varias garantías consagradas en la Carta Magna. La Corte Suprema declaró la inevitable inconstitucionalidad en 2002. En el ínterin, los jubilados vieron sisados sus ingresos.

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Corralito (De la Rúa, 2001). El corralito fue también implementado mediante decreto por la dupla De la Rúa-Cavallo, cuando estaban en preembarque del gobierno hacia la sociedad civil y el ostracismo. El megaministro hizo el anuncio el primero de diciembre. El consabido decreto de necesidad y urgencia llevó el número 1570/01, se publicó en el Boletín Oficial dos días después. La implementación fue inmediata. El 19 de diciembre, horas antes de la declaración del estado de sitio, la Cámara de Diputados lo aprobó limitando algo sus alcances. El Senado redondearía el proceso unos pocos días y varios presidentes después: el Día de Reyes de 2002, con Eduardo Duhalde en el sillón de Rivadavia. Del paso por las comisiones nada registra la crónica, audiencias públicas no hubo.

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Otras yerbas. La sinopsis podría sumar casos más patológicos, con mayores irregularidades y corrupción, como la Reforma Laboral de la Alianza, con sobornos

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para senadores oficialistas y opositores. O intentos de fraude parlamentario, frustrados por testigos y periodistas, como fue la invención de “diputruchos” para lograr quórum para el menemismo en 1992.

Tampoco nos detendremos en la ley de obediencia debida, de tremendas consecuencias en materia de derechos humanos. Se resolvió a tambor batiente con presiones sobre el bloque oficialista y sin abrir las comisiones parlamentarias a los organismos de derechos humanos.

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Legitimidad y legalidad. La ilegitimidad de la actual composición del Parlamento, otra acusación en boga, amerita asimismo una mirada retrospectiva. El especialista en Comunicaciones Guillermo Mastrini encontró un ejemplo comparativo bien pertinente, que está posteado en el blog seminariogargarella.blogs pot.com. Evoca Mastrini: “En agosto de 1989, luego de la caída del alfonsinismo, pero antes de que asumieran los diputados electos, el Parlamento aprobó las leyes de Emergencia Económica y de Reforma del Estado, conocidas como leyes Dromi. En uno de sus artículos se eliminaba el impedimento para que los dueños de medios gráficos pudieran ser licenciatarios de medios de radiodifusión. A partir de dicha modificación pudo constituirse el grupo Clarín. De esta forma, no sería arriesgado señalar que de sancionarse la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tendría la misma legitimidad de origen que todos los grupos multimedia que existen en Argentina. Salvo que se utilice un criterio cuando el proceso favorece y otro cuando perjudica”. Ajá.

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Otras yerbas (II). La primacía del Ejecutivo es otro rezongo recurrente, con poco anclaje en la experiencia comparada. El politólogo italiano Gianfranco Pasquino (insospechado, que se sepa, de populismo o kirchnerismo) desmenuza la cuestión en su recomendable libro “Los poderes de los Jefes de Gobierno”. “Quien debe hacer las leyes –mociona Pasquino– es el Gabinete y no el Parlamento, el primer Ministro y no los parlamentarios, por buenas razones.” Lo sostiene con datos empíricos de importantes sistemas políticos europeos. En Alemania, el 76 por ciento de las leyes aprobadas fue promovida por el “Gobierno”. En España la marca sube al 92 por ciento, en la ejemplar Suecia llega al 96 por ciento. Acá llamarían “escribanías” a esos parlamentos.

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El pasado y el hoy. El cronista sabe que, en el acotado marco de lo posible, es mejor que las leyes se asienten en consensos amplios. Eso les da, de movida, sustentabilidad y legitimidad mayor. Las administraciones kirchneristas no quisieron o no supieron construir esos consensos para la reforma del Consejo de la Magistratura (cuya aprobación consiguieron) o para las retenciones móviles (contienda que perdieron). En la recuperación democrática ha habido muchos casos edificantes con aprobación unánime o filo unánime: la ley de Defensa de la Democracia, la que sancionó la inconstitucionalidad de las leyes de la impunidad, la ley Nacional de Educación por citar un puñado. Ese objetivo superior no siempre es accesible.

El repaso de esta columna, que se sabe discrecional pero pretende no ser arbitrario, no aspira al conformismo ni reniega de la búsqueda de mejor praxis política o parlamentaria. Pero sí dar cuenta de que algunos reproches que se concentran en el presente parten del falso implícito de que todo tiempo pasado fue mejor.

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El martes que viene, 29 de septiembre, se cumplirán 140 años desde que el Congreso aprobó a libro cerrado el Código Civil redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield. Así lo impulsó el presidente Domingo Faustino Sarmiento levantando vendavales de cuestionamientos. En este año se conmemoró el decimoquinto aniversario de la Reforma Constitucional de 1994 cuyo nodo, “el núcleo de coincidencias básicas”, fue pactado por el peronismo y el radicalismo antes de la Constituyente. Lo blindaron y lo sustrajeron al debate respectivo.

Con tales precedentes y tanta agua corrida bajo el puente, lo sensato es contextualizar y valorar menos prejuiciosamente lo que está transcurriendo, sin renunciar para nada a tratar de mejorar los desempeños colectivos, día a día, de aquí en más.

Informe: Nicolás Lantos.

[email protected]

Domingo, 27 de septiembre de 2009

EL PAIS

El arte del videogame

Por Mario Wainfeld

Los escenarios que atisban oficialistas y opositores en el Senado son homologables a un videogame con tres pantallas. La primera es el tratamiento en las comisiones. La segunda, la discusión en general. La tercera, el debate artículo por artículo. Desde luego, si no se pasan las dos primeras, es game over. La tercera tiene una sanción más moderada, el regreso a Diputados para tratar adiciones o modificaciones.

El tránsito por las comisiones es peliagudo, sopesan oficialistas y contreras. El reglamento de la Cámara alta es más exigente que el de Diputados: se requieren más firmas para conformar los dictámenes, las minorías pueden meter bastante baza. Cristina Fernández de Kirchner lo redactó, cuando revistaba en el “honorable Senado” durante la presidencia de Eduardo Duhalde. El orden se mantuvo cuando el kirchnerismo devino mayoría y perduró cuando la tuvo holgada. Al politólogo sueco que hace su tesis de posgrado sobre la Argentina le han encargado un paper que dilucide si esa continuidad se debe a convicción republicana, a distracción o a la dificultad del kirchnerismo para implementar políticas anticíclicas en épocas de vacas gordas. La investigación está atrancada: el politólogo está atribulado por desengaños amorosos y por la decepcionante campaña de Boca, su productividad intelectual ronda el cero.

Como fuera, las reglas para saltear la valla de las comisiones son exigentes y, en la coyuntura, conceden un cúmulo de poder (aun de veto por cajoneo) al jujeño Guillermo Jenefes. El hombre ha curtido el perfil bajo hasta ahora pero ahora dispone del password del trámite. Jenefes es un poderoso capitalista jujeño, ésa fue la clave de su ingreso al Senado. Su estudio jurídico no tiene competencia a la par, es dueño de importantes multimedios en su provincia; como cualquier hombre de fortuna en la Argentina siglo XXI es propietario de “campos” envidiables. No es un dirigente político de carrera, ni su patrimonio es ajeno al tema que se debate. He ahí los ejes de su fortaleza política y sus coordenadas éticas. Jenefes se ha puesto exigente respecto de las formas del debate y, acaso, intransigente respecto de la “cláusula de de-sinversión”, el sonado artículo 161 que estipula en qué tiempo deben desprenderse los

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actuales propietarios de medios de las frecuencias que excedan las cuotas autorizadas por la nueva ley. Los lobbies lo rodean, halagan e invocan la pertenencia común. Los grandes medios lo transforman en un repúblico. En el otro platillo de la balanza están sus convicciones, sus compromisos y pertenencias partidarias. La ley de ética pública es imprecisa respecto de qué sucede con los parlamentarios cuando legislan sobre temas que atañen a su propia billetera. Jamás podría haber un criterio muy restrictivo: las cámaras rebosan de abogados, médicos, sindicalistas, propietarios o inquilinos que no podrían dar un paso al costado en cada debate vinculado con sus intereses. Pero hay casos extremos, que quizá justificarían excepciones a la regla de amplitud.

El discurrir de las comisiones será arduo. Un excalibur entre el celular de Miguel Pichetto y el de la Presidenta echaría chispas. Y daría cuenta de que hay llamadas desde acá y desde Nueva York.

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Contra lo que es regla en los jueguitos, la segunda pantalla, por ahora, parece que podría ser menos ardua que la primera. Si saltea el primer escollo, sus operadores porotean 38 votos a favor y profetizan que no habrá asistencia perfecta en los 72 curules. La diferencia, pues, dependería de los faltazos. Por cierto, esos cómputos son interinos, vulnerables a pressing, persuasión y otros recursos sanctos o no tanto. Pero, con la compañía del socialista Rubén Giustiniani, más algunos compañeros que rechazaron la resolución 125 y ahora vuelven al redil, más los representantes del ARI fueguino que suelen concordar con la línea de Proyecto Sur, en el Frente para la Victoria calculan trascender los 36 apoyos que no le bastaron para las retenciones móviles. Y ven un poco más desvaído al conglomerado del rechazo.

Los radicales revieron su táctica. Ahora se inclinan a la discusión minuciosa, cláusula por cláusula si son derrotados en la votación general. Gerardo Morales hace de fighter y amaga ir por todo. Ernesto Sanz se vale del bisturí y opera al interior del debate. Huelga explicar que esa división de ta-reas es pactada y que Sanz está mucho más cerca del corazón de Julio Cobos que el jujeño que expulsó al vice del partido y ahora (quieras que no) está a tiro de represalia.

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La tercera instancia, no eliminatoria, es la discusión en particular. Los augures presagian que el oficialismo tendrá que conceder prolongando el plazo para la retrocesión de las concesiones que exceden el nuevo tope legal. Los socialistas, el ARI fueguino y varios senadores justicialistas lo forzarían. Puede que el Frente para la Victoria prefiera hacer “anticipo ofensivo”, acumular consensos previos y hacerse pie del retoque. Claro que esa jugada no puede sincerarse sino a último momento.

La composición de la autoridad de aplicación sería otro ítem revisable, en el que el oficialismo ve más paridad. Por ende, podía ponerse más tenaz en conservar tal cual vino de Diputados.

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José Luis Manzano fatiga hoteles y bares aledaños al Congreso. Juan Carlos Mazzón opera para el oficialismo fuera del Parlamento, adentro sudan la gota gorda José Pampuro y Pichetto. Consultado un discípulo de Adrián Paenza por este columnista, calculó que es muy difícil que se repita un empate en la votación: la ley de

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posibilidades otorga una chance ínfima, hasta puede haber una cifra impar de senadores; la historia no se repite... Hasta ahora, la directiva presidencial es urgir el procedimiento y tratar de votar el 7 de octubre, con Cobos en el estrado. Desde el extremo sur del celular rojo, Pichetto y Pampuro verían con agrado pasarlo al 14. Ese día la Presidenta estará en la India, Pepe Pampuro presidirá la sesión y contará con la facultad de desempatar, si pinta. La posibilidad es exigua, ya se dijo, pero en un videogame lleno de peripecias es bueno contar con una “vida” más.

Domingo, 27 de septiembre de 2009

EL PAIS › MARIA EUGENIA ESTENSSORO, SENADORA DE LA COALICION CIVICA

“Hay un ánimo de control de los medios”

“No me parece que cualquier ley de la democracia sea buena”, dice la legisladora, que asegura que esta iniciativa “no es un avance”. Aclara que, si el proyecto se vota en el Senado tal como está, insistirá luego en proponer cambios.

Por Miguel Jorquera

María Eugenia Estenssoro, senadora de la Coalición Cívica por la ciudad de Buenos Aires, está en desacuerdo con la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Para ella, no se trata de hacer modificaciones sino del espíritu de la iniciativa, que, a su entender, “es un proyecto donde el Estado tiene un ánimo de enorme control de los medios”.

–El senador Ernesto Sanz, presidente del bloque radical, ha dicho que si se modifica la autoridad de aplicación y el artículo 161 (el plazo para que las empresas se adecuen a la nueva normativa), votaría la ley. ¿Usted opina lo mismo?

–No es lo mismo que he hablado con el senador Gerardo Morales (presidente la de la UCR), que me dijo que ideológicamente no está de acuerdo con este proyecto, porque es un proyecto donde el Estado tiene un ánimo de enorme control de los medios. Cuando en realidad son los medios los que deben controlar al Estado. Yo coincido con este punto. Los medios son el vehículo a través del cual los ciudadanos pueden controlar a sus gobernantes. Los gobernantes no son los que pueden tutelar la opinión pública y decirle a la gente lo que tienen que pensar y quién puede dice tal cosa...

–Pero estamos hablando de empresas y de su regulación.

–La regulación de las licencias, de que todo se ajuste a ley, a la Constitución y regulaciones técnicas. Exigir a las empresas comerciales que transmiten en cadena que deban producir localmente contenidos, que me parece bien, es difícil de sustentar económicamente. El canal público también tendría que tener corresponsalías y producir contenidos locales porque tiene una gran ventaja, que se financia con fondos públicos y no depende de la publicidad comercial, y se puede dar lujos que los que dependen de la actividad comercial no pueden. Por eso sorprende que haya tantas exigencias para los privados.

–¿Está de acuerdo o no con que haya una nueva ley de Radiodifusión?

–Yo presenté un proyecto de ley para modificar el artículo 96, que en vez de seguir con un Comfer intervenido y discrecional –que permite de repente fusiones de

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empresas que ahora parecen que son monopólicas, pero hasta antes de ayer no– tuviéramos una autoridad de aplicación que fuera plural, democrática, lo más autónoma posible, y un organismo del Estado, no del partido dominante. No me parece que cualquier ley de la democracia sea buena, y si esta ley del Gobierno se sanciona sin modificaciones, voy a insistir para que se modifiquen artículos clave como la autoridad de aplicación y que no defina los límites de la publicidad oficial, porque si no vamos a tener un monocolor estatal y paraestatal.

–¿Considera que en la actualidad hay grupos monopólicos en los medios de comunicación?

–Creo que tienen posición dominante y que si este gobierno hubiera cumplido con la Ley de Defensa de la Competencia, hoy no habría el grado de concentración que hay en el sector del cable. O el otorgamiento de licencia de Radio Diez, durante el gobierno de (Carlos) Menem, que pertenecía a Radio Municipal, una radio pública, que me gustaría que se restituya a la ciudad de Buenos Aires. O que haya medios que son enteramente de propietarios extranjeros, cuando la Ley de Bienes Culturales no lo permite, es porque los intereses de los gobernantes hacen que no se cumplan las leyes.

–¿Esta ley sería un avance o no?

–Para mí no, porque el ciudadano es el dueño de la información y es el que puede investigar y controlar al gobernante. En las democracias, como las que conocemos hoy, son los medios de comunicación los que cumplen ese rol.

–¿Pero esto no está sobredimensionado, por ejemplo, con la inacción de otros organismos del Estado como la Justicia?

–No, los medios tienen un gran rol, como lo hicieron con el crimen de José Luis Cabezas, si no hoy (Alfredo) Yabrán sería dueño de un medio de comunicación; en Catamarca con el asesinato de María Soledad Morales, con el asesinato de (Maximiliano) Kosteki y (Dario) Santillán, a través de los fotógrafos. Pero no pasa lo mismo con los medios del gobierno de turno.

–El Grupo Uno en Mendoza boicoteó la transmisión directa de Canal 7, que no podía ser visto si no era por la señal del cable de su propiedad.

–No sé cómo habrá sido, pero me parece increíble que Canal 7 no haya podido retransmitir con su antena propia, debe ser porque el Gobierno no ha hecho cumplir la ley.

–¿Cómo tendría que estar conformada la autoridad de aplicación?

–Que la autoridad sea autónoma. Ahora, de los siete miembros cinco son afines al gobierno.

–El proyecto plantea que habrá dos miembros designados por el Ejecutivo, una representación parlamentaria para las tres primeras fuerzas políticas y el Consejo Federal tendrá dos representantes, uno de los cuales debe pertenecer al ámbito académico.

–Si el Consejo Federal lo definen los gobernadores, ya sabemos cuál va a ser el color político. Y van a buscar un académico que tenga afinidad con este gobierno.

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–El titular del Comfer, Gabriel Mariotto, afirmó que no existe antecedente internacional donde la autoridad de aplicación no esté en manos del Ejecutivo y nadie de la oposición lo ha refutado.

–Sí, pero debe establecerse por audiencias públicas y con autorización del Senado y acá no hay nada de eso. En el proyecto también se establece que puedan ser removidos y me parece muy importante que no puedan ser removidos porque al Gobierno no le guste lo que piensan. Esto va a estar supervisado por el Consejo Federal y no por el Congreso, me parece anticonstitucional.

–¿Está de acuerdo con el reparto en partes iguales para el sector público, y los privados con y sin fines de lucro?

–Me parece muy bien que se le asigne al sector sin fines de lucro acceso a las licencias que no sea igual que los que tienen fines comerciales. Es mucho para el Estado y los privados sin fines de lucro. Lo importante no es el reparto sino el contenido, porque si el Estado y los comunitarios no mejoran nadie los va a ver.

–¿No le parece prematuro juzgar el contenido que puedan tener los futuros licenciatarios?

–No me parece que los comunitarios deban competir con los de carácter comercial. Las cuotas así, tan rígidas, no lo veo necesario.

–¿Cuál es el plazo que, a su criterio, deberían tener las empresas monopólicas para desprenderse de algunos de sus activos?

–De tres a cinco años sería un plazo razonable y despejaría las susceptibilidades que lo que se quiere hacer es rematar los medios actuales y que en un año los amigos del Gobierno se queden con los medios. Además estamos en una recesión, evidentemente también daña el valor al que se van a vender los medios y los que van a poder comprar son los que tengan un financiamiento con ayuda del Gobierno.

–Usted reconoció que muchas de las empresas han adquirido bienes en forma irregular, ¿por qué tanta preocupación por las empresas?

–Tiene que haber normas claras, donde no haya favoritismos ni revanchas, que sean viables y sustentables económicamente. No sustentados por el Gobierno, porque si no van a ser oficialistas.

–¿La ley tendría que resguardar también las fuentes laborales?

–No, no se puede poner una cláusula. Tenemos que hacer una ley que garantice que va a haber más y no menos trabajo.

Domingo, 27 de septiembre de 2009

EL PAIS › ERIC CALCAGNO, SENADOR DEL FRENTE PARA LA VICTORIA POR LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

“Que haya más voces e independencia”

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“La autoridad de aplicación va en un camino similar al de la Corte Suprema”, afirma el senador kirchnerista. Dice que asegurar que el oficialismo tendrá mayoría en ese órgano es hacer futurología, y que no se van a distribuir licencias por favores políticos.

Por Miguel Jorquera

Al igual que María Eugenia Estenssoro, Eric Calcagno es periodista. En su caso, defiende el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual y asegura que los cambios que reclama la oposición no son necesarios. “Esto es un capri-cho de este gobierno. Esta ley tiene un consenso social mucho más importante que el que se deja ver.”

–La oposición considera que las dos cuestiones centrales a modificar del proyecto son la integración de la autoridad de aplicación y el artículo que establece el plazo de un año para que las empresas dominantes se desprendan de algunos medios para adecuarse a la nueva normativa. ¿Ha evaluado el oficialismo algún cambio sobre estos temas?

–Nosotros vamos a defender la media sanción de Diputados porque además nos parece que la autoridad de aplicación es similar a la que se da en otros países. En el caso de Francia son 9 personas: 3 nombrados por el presidente, 3 por la Cámara de Diputados y 3 por el Senado. En el caso de que el oficialismo tenga las dos presidencias de las cámaras, sería una configuración mucho más observable desde el punto de vista de la oposición. Además tal cosa no existe, nosotros lo vamos a crear. Creo que la autoridad de aplicación va en un camino similar al de la Corte Suprema. Decir que “no, porque el oficialismo va a tener mayoría”, es un ejercicio de futurología.

–También se plantea que los integrantes de la autoridad de aplicación no van a ser elegidos como los integrantes de la Corte Suprema, por audiencias públicas.

–La cuestión de fondo es si la agenda política la van a fijar los partidos políticos o si lo van a hacer las corporaciones, creo que esa es la discusión. También la estrategia de la oposición ha sido un debate sobre los procedimientos: “Dos comisiones no, cuatro”. Ahora tenemos cuatro, además de las audiencias con capacidad de repregunta y sin límites de horario.

–¿Y el plazo para las empresas?

–Creo que el plazo de un año es correcto y razonable. Cuando fue el plazo en Estados Unidos con la telefónica, con la ATT, que se separó en siete compañías, tardaron dos años. Estamos hablando de una complejidad y envergadura de una situación en EE.UU., que sin embargo se pudo hacer. Algunos plantean la inconstitucionalidad de la medida según los plazos que tengan las empresas.

–Hay cuestionamientos sobre la “retroactividad” de la ley, que no respeta los “derechos adquiridos”.

–No debería haber ningún problema en la legalidad de la nueva ley. Este es el nuevo marco y una transición en el mapa comunicacional, es un cambio de paradigma, puesto que vamos a tener las emisoras públicas y las privadas con y sin fines de lucro. Este tipo de panorama, que ha sido reconocido por el relator de la ONU, Frank La Rue, como un verdadero ejemplo de la participación de la sociedad civil en la posibilidad de comunicar, es reconocer una clara finalidad y lazo social. No se trata de quitarle pantalla o éter a nadie, sino de que haya más voces y más independencia.

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–Un argumento recurrente es que estas nuevas emisoras estarán condicionadas a la pauta oficial para subsistir.

–La exposición del representante de Farco (radios comunitarias) ante el plenario de senadores señaló que el reparto oficial para esas radios fue de 32 mil pesos, es decir que no van a dejar de existir de acuerdo a la pauta del Estado que reciban. También aclaró que la pauta privada era de siete mil millones de pesos y que la pública no llega ni al diez por ciento de eso. Hay que ver cómo funciona la publicidad privada y hasta cuándo un periodista puede ser realmente independiente. Eso ya forma parte de la profesión y debe ser motivo de otra ley.

–¿No dependerían, según su alcance, de las pautas publicitarias de gobernaciones y municipios?

–Creo que hay una idea de que se van a distribuir licencias por favores políticos y eso no es real. La sociedad argentina es rica y compleja, y en ese marco también va a querer expresar su opinión a nivel local, provincial o regional. Se construye un relato casi orwelliano, que “esta ley va a hacer que haya un montón de medios que respondan a una misma voz”. Es una fantasía, un sueño oscuro, una utopía negativa que está alejada absolutamente de la letra de la ley. Al contrario, la mejor garantía es que hay una pluralidad de voces. Si tenemos pocas voces, y esas voces son con fines de lucro, estamos hablando de empresas y siguen las leyes del funcionamiento económico y muchas veces, en esas leyes, hay fenómenos de posición dominante y cartelización. Nosotros queremos que la construcción de la realidad sea mucho más completa. Si no, lo que no se ve y lo que no se oye no existe.

–¿Usted adhiere a que los medios que hoy transmiten en cadena tengan también un 70 por ciento de producción local en aquellos lugares hasta donde llegan con su mensaje?

–Una vez llegué a Resistencia, Chaco, y vi en una retransmisión cómo estaba el tránsito en la Capital Federal. Se reproducía el mismo esquema centro-periferia que los países desarrollados hacen con el resto del mundo. Que se refleje la situación local va a contribuir a construir un espejo de esas realidades locales, que muchas veces no son tomadas en cuenta.

–¿Qué opina de las campañas publicitarias de algunos medios que dicen que sus voces no van a ser escuchadas con la nueva ley o que algunos podrían desaparecer?

–Son condicionales, “podrían”: es futurología. Es una línea más emocional que reflexiva. Es cierto que hay medios de comunicación que tal vez llevan una lógica devoradora de noticias que nos hacen vivir en un presente perpetuo. Los tiempos que plantean los medios existentes no son los tiempos que precisa uno de los poderes del Estado, como es el Congreso, para reflexionar.

–¿Pero pueden desaparecer?

–No, no. Es una cuestión de respeto con la ley. La ley plantea multiplicar las voces, no disminuirlas.

–Algunos sectores que respaldaron en general la ley en Diputados plantearon ampliar el plazo de un año para desprenderse de ciertas licencias, pero también garantizar la continuidad laboral en esos medios. ¿Usted concuerda?

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–La ley apunta, más que al mantenimiento, a la creación de una mayor cantidad de puestos de trabajo. Un año es un tiempo razonable para la adecuación. También esta es una estrategia de la oposición de decir hay que plantear tres años, especulando tal vez con un cambio de gobierno o que la ley pase a las calendas griegas.

–¿Tiene que ser este Gobierno o puede ser otro el que aplique la ley?

–No es un tema de tiempos. Esta ley lo que hace es establecer la supremacía de la política por sobre una definición de la agenda económica y social fijada por corporaciones. Desde 1983 que la cuestión mediática de la Argentina es objeto de discusión, motivo de posicionamiento y realmente una línea divisoria, de las tantas que hay en la sociedad.

–También existen sospechas sobre que esta ley sería una actitud revanchista hacia algún grupo monopólico.

–Hay un relato de buenos y malos, y que esto es un capricho de este Gobierno. Esta ley tiene un consenso social mucho más importante que el que se deja ver. Esto trasciende la anécdota, no hay que empequeñecer lo grande y engrandecer lo pequeño.

Domingo, 27 de septiembre de 2009

EL PAIS › MEDIOS Y SOJA EN LA CONSTRUCCION DE LA REALIDAD

Señales de humo

El complejo agromediático extrema sus posiciones ante el avance en el Congreso de la ley de servicios de comunicación audiovisual. La doctrina Grondona-Rodríguez Saá caducó con la reforma de 1994. Proyectos de la oposición contradictorios con decisiones del sistema interamericano de derechos humanos. Una de las mayores cosechas de soja y la manipulación informativa. El triángulo AFIP, SIDE y justicia.

Por Horacio Verbitsky

Mariano Grondona sostuvo que el Congreso no está autorizado a sancionar ninguna ley de medios porque el artículo 32 de la Constitución le prohíbe dictar “leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”. El columnista del diario La Nación agregó que la libertad de imprenta del siglo XXI se ha convertido hoy, por obvias razones técnicas, en “la libertad de imprenta y audiovisual”. Con el mismo argumento el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, anunció que recurriría a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para oponerse, propósito que fundamentaron en el Senado su hermano Adolfo y en la Cámara de Diputados el ex jefe del gabinete de ministros de la Nación, el sociólogo Luis Lusquiños. Es por lo menos llamativo que cuatro personas de tanta calificación intelectual y política incurran en argumentos tan endebles, con desconocimiento del texto constitucional y de la jurisprudencia del órgano al que le corresponde su interpretación, la Corte Suprema de Justicia.

La regulación audiovisual

Reformada en 1994, la Constitución Nacional incluyó entre las atribuciones del Congreso “dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y

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circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales” (artículo 75, inciso 19). Queda claro así que a diferencia de la imprenta, la Constitución sí puso a los audiovisuales bajo la jurisdicción federal. Por otra parte, ni un artículo de la ley incluye restricción alguna a la libertad de expresión, ya que no se refiere a los contenidos de la comunicación audiovisual más que para asegurar la plena vigencia de los tratados y convenciones sobre derechos humanos que la protegen. Además, antes de Rodríguez Saá otras provincias discutieron ante la justicia las facultades de organismos como el Comité Federal de Radiodifusión. En cada caso la Corte Suprema falló en contra de la doctrina Grondona-Rodríguez Saá. En 2004, con una mayoría aún constituida por Enrique Santiago Petracchi, Augusto César Belluscio, Antonio Boggiano, Adolfo Vázquez y Juan Carlos Maqueda declaró inconstitucional una ley de la provincia de Buenos Aires que desconocía la competencia del COMFER para otorgar licencias y ejercer el poder de policía sobre el servicio de radiodifusión. La Corte invocó otro inciso del mismo artículo 75 de la Constitución, el 13 (que en el texto histórico de 1853/60 correspondía al artículo 64, inciso 12), según el cual corresponde al Congreso “reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre sí”. La Corte agregó que esa facultad regulatoria “incluye a la actividad radiofónica” (C. 1082. XXXV. “COMFER c/ Buenos Aires s/ inconstitucionalidad”). El mismo año, en un amparo de la provincia de Río Negro contra el Estado Nacional, la Corte sostuvo que “es competencia federal la regulación de las telecomunicaciones” (“Río Negro c/ Estado Nacional s/ acción de amparo”, Fallos 327: 6011, año 2004). En 2006 y ya con su conformación actual, la Corte concedió por unanimidad una medida cautelar solicitada por el COMFER e intimó a la provincia de Misiones a no realizar ningún “acto relacionado con la radiodifusión que requiera la conformidad de la autoridad nacional y no cuente con ella” (C. 1553. XLI. “COMFER c/ Misiones s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”). Es decir que de acuerdo con la ley suprema y con su interpretación auténtica, el Congreso tiene facultades para dictar leyes en materia audiovisual y reglamentar los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

Subsidiaridad

Esta lectura constitucional desbarata el resto de la argumentación sobre la “cultura estatista” que alarma a Grondona y que también habría afectado “el derecho de propiedad de los productores agropecuarios sobre los granos, la leche o la carne, la santidad de los contratos en el tema del fútbol o los derechos inviolables de los jubilados sobre sus ahorros que violó la estatización de las AFJP”. Hasta ahora al menos ningún fallo judicial consideró que el cobro de retenciones al comercio exterior o la administración estatal de los fondos previsionales se apartaran de la Constitución o violaran derechos adquiridos. En cuanto al fútbol, la intervención estatal fue posterior a la ruptura de un contrato entre la asociación deportiva disconforme con los pagos de la empresa comercial. Frente al intervencionismo estatal Grondona opone “el famoso principio de subsidiaridad en función del cual el Estado debe intervenir solamente en aquellos casos en que la iniciativa privada prueba ser insuficiente”. La fama de este principio es discutible. En cualquier caso, forma parte de la doctrina social de la Iglesia Católica pero no de la constitucionalidad argentina. Ni el texto de 1853/60, ni la reforma justicialista de 1949, ni las enmiendas de las dictaduras militares de 1957 y 1972, ni la redacción vigente desde hace quince años contemplan esa proposición formulada en 1931 por el papa Pío XI en su encíclica Quadragesimo Anno, que sentó las bases de un ordenamiento neocorporativo, cuyas manifestaciones más próximas se dieron en la España de Franco y el Portugal de Salazar.

La referencia a las retenciones en medio del debate sobre la comunicación audiovisual no es ociosa. La política concesiva del ex presidente Néstor Kirchner, que prorrogó por diez años todas las licencias, mutó en la decisión de su sucesora CFK de promover

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una pluralidad de voces en la comunicación audiovisual, debido al conflicto con la Mesa de Enlace. A lo largo del año y medio que lleva de duración, uno de los rasgos más nítidos fue la articulación de las cámaras patronales con los medios del Grupo Clarín, asociado con el diario La Nación en Expoagro, la feria agroindustrial en la que se realizan cada año negocios por 300 millones de dólares. El título “Paro histórico”, con el que Clarín definió en su portada el primero de los varios lockouts patronales con desabastecimiento de alimentos fue el punto de partida de la reflexión autocrítica del gobierno sobre su relación con el Grupo. En el primer mes de la pugna la mandataria reemplazó en el COMFER a un traficante de prebendas y acomodos por un académico de prestigio, y las alianzas con los manzanos y los hadades por el acercamiento con la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Esto también se tradujo en el envío al Congreso del proyecto de despenalización de calumnias e injurias en casos de interés público.

Hipnopedia

En el último número de la revista Coyuntura Económica, que edita la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), se compara el reclamo de las cámaras patronales con el cambio de política económica y social producido a partir del golpe de 1955, que distribuyó los ingresos desde el conjunto de la sociedad hacia el sector exportador primario, amparado en el triple poder de las armas, la proscripción de las mayorías y el creciente proceso de “hipnopedia” (en los términos de Aldous Huxley) asociado a la repetición sistemática de consignas a través de los medios privados de comunicación. Los sectores exportadores agrícolas e industriales coinciden en la propuesta de un plan similar al redactado por Raúl Prebisch en 1955. “Bajo las consignas del libre mercado requieren una intervención estatal que las privilegie imponiendo políticas tales como la devaluación, desregulación del comercio exterior, reducción de impuestos y progresiva eliminación del sistema de tipos de cambios múltiples (que se ha establecido en base a la combinación de un tipo de cambio competitivo, con la vigencia de derechos de exportación y compensaciones)”. Las coincidencias se extienden a los mecanismos de manipulación informativa. El método para que “los intereses de las minorías influyentes sean compartidos, incluso en desmedro de sus propios intereses, por buena parte de la clase media, radica en evadir la discusión en torno a datos objetivos (que no permitirían justificar las demandas planteadas) e intercambiarlos por argumentos basados en símbolos, imágenes y creencias; es decir, desviando la discusión desde su sustrato racional hacia uno emocional, con la colaboración de buena parte de los medios de comunicación”. Para FIDE, el margen bruto de explotación de la soja duplica al promedio de 2003-2006, que fue un período de elevada rentabilidad, y supera en 234 por ciento al de comienzos de 2005. Sólo es inferior al excepcional de marzo de 2008. Esto se debe a la recuperación del precio internacional de la soja, la caída de los costos de agroquímicos y fertilizantes y el aumento de los rindes y del tipo de cambio nominal. Con información que provee el propio sector, FIDE sostiene que la campaña 2009/2010 de soja será una de las mejores de la historia. La investigación sostiene que un pequeño productor, que posee 150 hectáreas en la zona núcleo (valuadas entre 4,5 y 5,7 millones de pesos) obtendrá en la campaña 2009-2010 un margen bruto de 300 mil pesos por una inversión productiva de no más de 123 mil, inmovilizada por unos pocos meses. Esto implica que una vez pagados los derechos de exportación, su tasa de rentabilidad bruta será superior al 250 por ciento. Por eso, la opinión dominante no surge de la hermenéutica de los datos sino más bien de su ocultamiento, de modo que buena parte de la población adhiere a una posición perjudicial para sus intereses, como bajar los derechos de exportación a la soja, concluye FIDE.

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Recuerdos de VCC

También en la historia de la televisión argentina hay ejemplos interesantes de personas que adhieren a posiciones que pasan por alto hasta su propia experiencia. Según explica el presidente de la Asociación de Televisión por Cable, Julio Tapia, en el país existían 1800 cables, que se fueron reduciendo por sucesivas adquisiciones y fusiones, cada una de las cuales implicó levantamiento de programas y cesantía de trabajadores hasta llegar a la situación actual de altísima concentración. El 1 de julio de 1998, el matutino La Nación publicó una melancólica nota titulada “VCC ya es una señal de humo”. Contaba que “sin mucha información ni opciones para elegir, sus 670.000 abonados pasarán a los otros dos operadores de cable”, Cablevisión o Multicanal, que se los repartieron por un acuerdo entre privados con la atenta subsidiaridad del Estado. Junto con Videocable desaparecieron sus siete señales propias (Cablín, El canal de la mujer, Bravo, El Chef, Cablesport, Supercine y SofTV). Por entonces Cablevisión pertenecía al multimedios América y Multicanal al Grupo Clarín, que ahora es el propietario de ambos. Entre las víctimas de esa absorción que se quedaron sin pantalla de un día para otro estuvieron los periodistas Germinal Nogués y Moira Soto, los conductores de programas culturales Salvador Sammaritano (“Cineclub”), Julio Palacio (“Opera y concierto”), Inés Molina (“Todas las músicas, la música”) y Héctor Yánover (“La librería en su casa”. El conductor de Cablín, la única señal infantil que se realizaba por completo en la Argentina, era el músico Claudio Morgado, actual diputado nacional, que defiende el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Dos programas en el Canal de la Mujer producía la actual senadora nacional de la Coalición Cívica Libertadora María Eugenia Estenssoro, quien se opone a la reforma. Ambos lo hacen en nombre de la libertad de expresión. La ley es, por supuesto, perfectible y bastante se avanzó en esa dirección hasta ahora. Pero llama la atención que algunos legisladores que se oponen en forma absoluta combinen un discurso libertario con propuestas restrictivas de derechos básicos consagrados por el sistema interamericano de protección a los derechos humanos, como las diputadas Silvana Giudici y Norma Morandini. El proyecto Giudici de radiodifusión obliga a los medios a difundir información “responsable, veraz”, igual que la Constitución bolivariana de Venezuela y en contra de la declaración de principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión, cuyo artículo 7 veda en forma explícita esa exigencia. Esta misma semana una cláusula similar fue rechazada por la Asamblea Nacional dominicana como restrictiva de la libertad de expresión. Morandini fue periodista antes de su elección como diputada. Su proyecto, sin duda bienintencionado, incluye una serie de principios deontológicos de los periodistas profesionales: no confundir entre los hechos y las opiniones ni basarse en conjeturas y rumores; difundir “únicamente informaciones fundamentadas”, sin “afirmaciones o datos imprecisos” que puedan “provocar daño o descrédito injustificado a instituciones públicas y privadas, así como la utilización de expresiones o calificativos injuriosos”; incluir como contexto opiniones que representen “todos los puntos de vista posibles”; identificar las fuentes en “cuestiones polémicas o controvertidas”. Su inclusión en una ley hace tabla rasa del principio 6 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión, según el cual las “conductas éticas en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados”. Basta imaginar cómo podrían aplicarse las propuestas de Giudici y Morandini a la cobertura sobre el debate de la ley que están haciendo las señales noticiosas de América y Clarín.

Lunes, 28 de septiembre de 2009

EL PAIS

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Mensajes de texto

Bauer, manznas y tets

La visita del titular del Sistema Nacional del Medios Públicos, Tristán Bauer, al plenario de comisiones en el Senado no generó tanta polémica como la participación del interventor del Comfer, Gabriel Mariotto. Pero más allá de que Bauer no protagonizó cruces fuertes con los legisladores, más de uno se quedó sorprendido ante el discurso poco habitual para los estándares de la Cámara alta. Cineasta de profesión, Bauer había empezado con un tono casi épico: “Este es un día histórico”, dijo mientras auguraba un “hermoso futuro” para la Argentina a partir de la sanción de la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, el tramo más llamativo de su alocución fue cuando cuestionó a los programas de televisión que “estupidizan a la gente”. En una definición que no dejó margen para la duda, Bauer fue lapidario con un programa en el que “se cortaban manzanas entre culos y tetas”. Como el debate se produjo durante la mañana y la tarde del jueves, tal vez el creador de “La noche del domingo” y ex director de Canal 7 Gerardo Sofovich pudo escuchar el comentario.

Prón Prón

Elisa Carrió está preparando el lanzamiento de su partido Coalición Cívica-ARI para el próximo viernes. La decisión de institucionalizar la fuerza produjo más de un cimbronazo. “Yo soy radical, no voy a renunciar para afiliarme a otro partido”, comenta consternado un viejo militante. Pero si esa decisión le provoca contradicciones nada las iguala con el enojo por el armado de la supuesta “pata peronista”. A fines de febrero, la líder de la CC organizó un almuerzo en El General para celebrar el primer triunfo de Juan Perón, el 24 de febrero de 1946. “Lo hicieron ahí –cuenta– porque querían una foto en un lugar con toda la simbología del PJ. ¿Y sabés lo que le hicieron? Le escondieron el busto del General.” Los muchachos no dan tregua.

No a Uglini

La fiscal de la Cámara en lo contencioso administrativo Daniela Bruna Ugolini, a quien Mauricio Macri propone para ocupar un cargo en el Tribunal Superior de Justicia, ya se ganó un grupo de Facebook. Pero no son precisamente fans: “No a la candidatura de Ugolini para el superior tribunal”, se llama el grupo al que adhieren el CELS, ACIJ, Corhe y FARN. Ya cuentan con 172 miembros, entre ellos la legisladora del SI Liliana Parada, y la diputada electa de Proyecto Sur Laura García Tuñón, entre otros.

Gbrndor en silncio

Las versiones de que el vicepresidente le habría pedido al gobernador de Corrientes, Arturo Colombi, que se baje del ballottage del próximo domingo fueron desmentidas ayer por altas fuentes de la provincia. Muy cerca del gobernador aseguraron que “nunca existió” un llamado de Julio Cobos para sugerirle al mandatario provincial que no se presente a la segunda vuelta frente a su primo Ricardo Colombi. “Además, es irrelevante porque en caso de que sea cierto, la Constitución exige que se presente para que haya ballottage”, afirmó un hombre del círculo íntimo del gobernador. Arturo había pronosticado una victoria suya en primera vuelta, pero finalmente los resultados lo dejaron en segundo lugar, a cinco puntos de Ricardo. Ese escenario, sumado a que el senador kirchnerista Fabián Ríos quedó a menos de un punto, dejó debilitado al gobernador cobista y los rumores de su renuncia a la segunda vuelta surgieron al día siguiente de la elección. En aquel momento salió públicamente a desmentirlo. Según dijeron sus allegados, esta vez guardará silencio.

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Cmbio d plnes

En Nueva York, la presidenta Cristina Kirchner había defendido ante los miembros de la comitiva que el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fuera tratado sólo en dos comisiones del Senado. Para ello, recordaba que ella conocía muy bien el reglamento de la Cámara porque había sido presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales. Pero una vez conocida la decisión del bloque oficialista de girar el proyecto cuatro comisiones, aceptaba la medida: “El reglamento marca otra cosa, pero si esto sirve para que haya consenso está bien. Si hubo acuerdo, es lo correcto”, sostenía CFK. A quienes le preguntaban, prefería no comentar si la habían llamado desde Buenos Aires o si había dado su consentimiento al cambio de planes.

Lunes, 28 de septiembre de 2009

EL PAIS › OPINION

Eso de la comunicación

Por Eduardo Aliverti

Cuando ocurre algo así, lo primero es apuntar que la fortaleza del sentido común no debe verse mellada por la presunta estrictez de las estadísticas. Y ni siquiera cabe hablar de los fantasiosos números del Indec sino de cifras cualesquiera, así las rodee el “prestigio” que tantas veces se inventa para favorecer intereses de los poderosos que atienden a consultoras privadas. En todo caso, el descrédito del organismo oficial azuza la sensación. Haber difundido que los pobres e indigentes de la Argentina son menos de un 14 por ciento es un despropósito. En una de sus últimas apariciones públicas, fue el propio Kirchner quien ubicó al índice por encima del 20 por ciento. ¿Cómo es posible esta contradicción? Vaya uno a saber qué milagro sucedió desde la primera mitad de 2008 para que haya un millón y medio menos de pobres, justo en medio del deterioro de los parámetros macroeconómicos. Y más allá de que el país soportó la crisis internacional, si no bien, mucho mejor que el resto. Como no sea –piensa el periodista, porque es lo único que se le ocurre– el hecho de autoestimarse impunes, o jugados por jugados. O, en la visión más benévola, presos de una forma de medir que no les deja otra opción a los técnicos.

Básicamente, el Indec señala que los precios de la canasta básica de alimentos no aumentaron; que no hubo un crecimiento significativo del desempleo, y que por el contrario se incrementaron de modo sustantivo los ingresos de asalariados, jubilados y autónomos. Lo primero no resistiría el menor análisis, salvo que se tomen los reducidos productos que el secretario Moreno acuerda con algunas cadenas de supermercados. Lo segundo es correcto, como lo reconoce cualquier indicador. Y lo tercero, depende de si el cristal con que se mira es la inflación oficial o la real. No hace falta especialización alguna para apuntar esos aspectos, pero tampoco es eso de lo que se trata sino, para volver, del sentido común. En una enjundiosa nota publicada el jueves pasado en este diario, el director de la Encuesta Permanente de Hogares, Claudio Comari, dice por ejemplo que “se ha registrado en el período un importante crecimiento del número de personas que reciben asistencia a través de distintos programas sociales, como el Plan Familias y otros”. Caramba: ¿no cabe inferir que si aumenta de manera “importante” la cantidad de gente asistencializada es, justamente, porque la pobreza subió en la misma proporción? Pero vamos a suponer que la respuesta es negativa. ¿Un asistencializado deja de ser un pobre, o un indigente sube el escalón y pasa a serlo, por el solo acto de recibir un plan de ayuda o un plato de comida? Es, por lo menos, una lógica muy curiosa. Para no hablar de conceptos tales

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como la calidad de la vivienda, sin siquiera entrar en otros como el acceso a la educación y la salud o las probabilidades de esparcimiento. Y si es cuestión de que esas cuantificaciones corresponden a barrios estadísticos diferentes, entonces vuelve a agredirse al sentido común. Porque bajo ese raciocinio, resulta que si se vive en una villa o un suburbio marginal, en cuatro paredes desvencijadas, yendo a la escuela para comer o teniendo que esperar seis meses para un turno en el hospital, pero ayudado por un plan al que se sumen changas u otros ingresos circunstanciales, no se es pobre. Comari explica, y bien, que la medición de la pobreza a través de este mecanismo fue adoptada por la Argentina en los primeros años de la década de la rata, y que, como todavía no se tomó una nueva metodología, el Indec debe remitirse a publicar los números de acuerdo con esos criterios. Tomado esto por cierto (que lo es, o al menos nadie lo desmiente), y sin que haga falta desmenuzar tópicos como lo que provoca que, según el Indec, la Canasta Básica Alimentaria para un grupo familiar de matrimonio y dos hijos no llegue a los 500 pesos ($ 453,33), igualmente no hay modo de desmentir el choque desopilante que se produce entre la “prisión” numérica y lo bruto de la realidad. A pura caloría de papas, arroz y fideos, más planes de ayuda social, o algún empleo estable que supere mínimamente la marca de ingreso-base (empleo del que carece alrededor del 40 por ciento de la población), ocurre que el régimen calórico es suficiente y que se queda por encima de la línea de pobreza. Quizá técnicamente pueda ser irrebatible, pero seguro que moral y socialmente es un escándalo.

Alguien insospechable de simpatías opositoras, el sociólogo y consultor Artemio López, indicó en un reciente artículo: “Subestimando el nivel de empobrecimiento realmente existente, (el Gobierno) desatendió las políticas sociales específicas que brindaran al menos contención a la carencia; no desplegó un plan consistente de transferencia de ingresos a los hogares más vulnerables y, por ejemplo, permitió que colara en el segundo cordón bonaerense, con (más) de un 30 por ciento de las preferencias, un personaje insólito como el colombiano rojo. Una pena, pero nada es gratis”. Sin embargo, incluso señalamientos como el precedente permiten espacio para ciertas preguntas. ¿No puede haber mejores explicaciones oficiales? ¿Es necesario que se expongan al ridículo? ¿No tienen forma, o no la encuentran, para comunicar distinto? ¿Tanto cuesta pensar en una campaña pública que contextualice las cifras del Indec, como para dejar claro que no hay la intención aviesa de tomarle el pelo a la sociedad o de ignorar lo elemental? ¿Tan obligatorio era difundir estos números en el momento en que se debate la ley de medios audiovisuales, que el mismo oficialismo rotula como la madre de todas las batallas, dándole pasto a una oposición urgida de hallar aunque sea argumentos conexos para voltearla –la voluntad de engañar, para el caso– y sumando clima adverso en la población? ¿La contestación es que el Indec está reglamentariamente obligado a hacerlo de modo fijo y periódico? Vamos...

La percepción es que hay una suerte de descuido congénito, en el kirchnerismo, respecto del estilo informativo. Una cosa es cuando eso “responde”, adrede, y está más que bien, para marcar territorio de diferenciación. Cuando pasa por “acá somos y estamos nosotros y allá son y están ellos”. Porque eso es la potenciación del inevitable conflicto que significa la política si es que de veras quiere afectarse intereses. Lo hicieron muy adecuadamente en algunos campos precisos y relevantes: derechos humanos, disputa con la gauchocracia, desde ya que el proyecto sobre medios audiovisuales, la decisión durante todos estos años de no reprimir la protesta sectorial y social (al margen de la horrible resolución tomada en el conflicto de la ex Terrabusi). Los errores procedimentales no quitan lo valiente.

Otra cosa es que lo sano de esa cualidad confrontadora mute a talante despreciativo. O que se expanda contaminada de necedad a áreas que son muy sensibles para el

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común de la gente, como la pobreza o la inflación. Hay las soberbias bien entendidas. Y hay las inaguantables.

Lunes, 28 de septiembre de 2009

EL PAIS › LA LEY DE MEDIOS AUDIOVISUALES EN EL SENADO

En busca de las firmas

El oficialismo empezará a buscar esta semana las firmas para llevar al recinto el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobado por Diputados. El kirchnerismo necesita el aval de al menos 8 de los 15 miembros que integran las comisiones de Industria, Comunicación, Presupuesto y Asuntos Constitucionales. En la primera tiene 9 votos garantizados, pero en las otras tres tiene siete. Precisamente, el voto faltante –en todas ellas– está en manos del titular de la Comisión de Comunicación, el empresario mediático Guillermo Jenefes, que ayer aseguró que “es imposible” que lleguen a tratar la ley en el recinto el jueves 8 de octubre, tal como había planificado inicialmente el Gobierno.

“Los tres poderes debemos actuar en forma independiente y espero que el Senado pueda actuar como la Cámara revisora del Parlamento, lo cual significa que muy probablemente se introduzcan modificaciones, ya que no es un proyecto perfecto, que no merezca introducir una coma”, afirmó ayer Jenefes. El jefe del bloque del FpV en el Senado, Miguel Angel Pichetto, junto al presidente provisional de la Cámara, José Pampuro, y el titular de Diputados, su comprovinciano Eduardo Fellner, intentan convencer al senador jujeño de que acompañe la iniciativa oficial. Dada su condición de empresario de medios, la principal resistencia de Jenefes gira en torno del artículo 161, que prevé el plazo de un año para que las empresas en posición dominante vendan sus medios para adaptarse a la nueva ley.

Las audiencias del plenario de comisiones continuarán hoy con sindicatos vinculados con el sector audiovisual y organizaciones de derechos humanos y ONG. Por la mañana hablarán representantes del Sindicato Argentino de Televisión, de la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones; y de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, entre otros. En tanto, a partir de las 15 concurrirán Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, el Serpaj, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación de Derechos Civiles (ADC).

Mañana, en tanto, será el turno de los especialistas en derecho de la información y los abogados constitucionalistas. Al plenario fueron convocados los abogados Gregorio Badeni, Daniel Sabsay, Alberto González Arzac y Félix Loñ. También se aguarda la presencia del ex secretario de Comunicaciones Henoch Aguiar, los ex interventores del Comfer Gustavo López (actual subsecretario general de la Presidencia) y Julio Bárbaro, y el profesor de Comunicación (UBA) Guillermo Mastrini.

“A partir de allí se irán formando las distintas mayorías para eventualmente sostener un dictamen”, aseguró ayer Jenefes, tomando distancia del proyecto kirchnerista. El jujeño aclaró que aún no tiene “posición definida” sobre el artículo 161. “No tengo una opinión formada, lo estoy estudiando”, insistió.

Por otra parte, agrupaciones sociales, estudiantiles, de derechos humanos y sindicales, entre otras, convocaron para hoy frente al Congreso a una Jornada Cultural Participativa en apoyo al proyecto de ley. El encuentro comenzará a las 14 e incluirá

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una radio abierta con la participación de emisoras comunitarias, medios alternativos, periodistas, actores y diferentes personalidades.

Martes, 29 de septiembre de 2009

EL PAIS › SOBRE EL DEBATE DE LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL Y SUS IMPLICANCIAS

Medios, expresión e ideologías

La necesidad de complementar “los imprescindibles derechos liberales con derechos democráticos y sociales desde siempre postergados”. Los alineamientos políticos en el Congreso y la posibilidad de construir un espacio progresista capaz de “incidir en la puja de poder real”.

La igualdad de palabra

Por Diego Tatián *

El debate acerca de la llamada ley de medios se presenta bajo una disputa en torno de un motivo que históricamente irrumpe en el siglo XVII como la “madre de todas las batallas” por librar, y persiste hasta nuestros días de manera ininterrumpida; ese motivo es el de la libertad de pensamiento y expresión, cuya conquista nunca puede presumirse definitiva por tratarse de un bien frágil, en riesgo por su propia naturaleza y siempre pasible de ser deformado hasta designar con su nombre lo contrario de sí. Ninguna dictadura deja nunca de declarar la plena vigencia de la libertad de expresión, no obstante ser lo primero que vulnera.

La libertad de palabra es una de las grandes conquistas del liberalismo, incorporada a nuestra cultura política como uno de los derechos civiles de cuya vigencia depende la existencia del régimen democrático tal y como solemos entenderlo, y el bien común que se hallaría centralmente involucrado en la actual contienda acerca de los servicios audiovisuales. Sin embargo, lo que según mi entender se halla en juego con la urgencia de una nueva ley no es sólo, ni tanto, la garantía de la libertad referida al uso y la circulación pública de los significados sociales –siempre amenazada por el mercado, o por el Estado cuando se arroga el derecho de monopolizar el poder simbólico e ideológico que una sociedad produce (posibilidad que la nueva ley cancela al desidentificar Estado y gobierno)–, lo que se halla principalmente en juego es una demanda, esta vez no liberal sino democrática: la igualdad de palabra.

La sabiduría política griega preveía una institución cuya vigencia era la condición misma del régimen llamado democrático: precisamente la igualdad de palabra designada como isegoría, referida siempre al tiempo y las condiciones de su uso. Democrático en sentido antiguo no es otra cosa que el régimen que garantiza igual derecho a la expresión en la asamblea deliberativa, y democracia es la forma de vida colectiva en la que pobres, ignaros, jornaleros, tartamudos, artesanos, durante la deliberación pública usan la palabra en igual medida y por el mismo tiempo que quienes se hallan favorecidos por el dinero, la alcurnia, la retórica o el saber. Desde entonces sabemos que la definición de un régimen político depende en gran medida de las instituciones que afectan el lenguaje.

Tras la recuperación del estado de derecho en la Argentina, las libertades civiles y políticas (que debido a la fragilidad que les es propia ha sido necesario defender e instituir de manera ininterrumpida), sin ser suficientes, han prosperado no obstante de

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manera sustantiva. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con otros derechos y otras demandas de carácter democrático, es decir derechos y demandas orientados a la producción de igualdad. Lo que hay de singularmente nuevo en la presente discusión (y contra lo que reaccionan los monopolios mediáticos, usurpando histéricamente el sintagma “libertad de expresión”) es un avance real, y con pocos precedentes en la ya no tan breve historia de nuestra democracia reciente, relativo a la igualdad de expresión o de palabra, donde igualdad significa: producción y conservación de las condiciones materiales que la hacen efectivamente posible, condiciones que el mercado no genera de manera espontánea sino que requieren de una decisión política. Contra todo pensamiento único, esa igualdad es lo que permite hacer visibles las diferencias e inscribir en la lengua pública la contienda de las ideas que animan al cuerpo social, incluso lo inconmensurable que hay en él.

Parece finalmente haber llegado el momento de un gran salto de calidad institucional y social referido al uso de la palabra (que por lo demás, en un sentido más profundo desborda siempre lo que una ley es capaz de implementar), y por tanto al estatuto de la lengua. Y resulta curioso cómo el argumento más repetido de quienes en cualquier época reaccionan contra cambios orientados a una mayor igualdad es que nunca es el momento (como se aducía por ejemplo insistentemente contra la ley con la que el Congreso sancionó el voto femenino el 9 de septiembre de 1947).

Ese salto de calidad supone la complementación de los imprescindibles derechos liberales –como el de la libertad de expresión– con derechos democráticos y sociales como el de la igualdad de expresión (pero no sólo), desde siempre postergados, bloqueados y malogrados en su irrupción por quienes separan la libertad de la democracia, vuelven una contra la otra, y así arruinan a ambas.

* Profesor en la Universidad Nacional de Córdoba.

La encrucijada del centroizquierda

Por Sebastián Etchemendy *

La votación en Diputados de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de incuestionable carácter progresista y superador del statu quo, mostró un masivo apoyo del centroizquierda en sus diferentes versiones a la iniciativa y alumbró un camino auspicioso. Como pocas veces, la votación mostró una alineación claramente ideológica de los partidos parlamentarios y el resultado fue consecuencia de virtudes de ambas partes: un gobierno proponiendo una ley transformadora que abrió el juego para buscar consenso y un centroizquierda que, a diferencia de instancias como la 125 o en algunos casos la reforma previsional, dejó de lado posturas testimoniales para incidir en la puja de poder real. Como en los orígenes del Frepaso, el centroizquierda atraviesa en estos meses una encrucijada que seguramente incida en el carácter que va a adquirir el espacio a futuro. Convendría, entonces, tener en cuenta algunos elementos esenciales para eludir viejos errores y evitar el neofrepasismo:

1. La apelación moralista como eje de construcción política tiene patas cortas. En el caso del Frepaso, la bandera primordial fue la “corrupción menemista”. Ahora, el purismo moral corre el riesgo de hegemonizar otra vez ciertos espacios de centroizquierda. Se invoca la corrupción del gobierno kirchnerista o se hace hincapié casi exclusivo sobre las multinacionales que depredan los recursos naturales. En esta

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visión, los malos generalmente son sectores más o menos difusos y lejanos para la clase media porteña, lo que permite bien acomodar conciencias. Es decir, este discurso “progresista” pone el foco en elites políticas impresentables del interior o del conurbano, o en sectores empresarios oscuros (paradigmáticamente “las mineras” o “los empresarios del juego”) antes que en, por ejemplo, el sistema de poder mediático o las patronales agrarias. Esto no quiere decir, obviamente, que hay que aceptar cualquier práctica, ni que haya que dejar de denunciar la corrupción o la minería a cielo abierto. Pero basar la construcción propia en discursos moralizantes y mundos ideales, en lugar de enfatizar pujas de poder más inmediatas, y posibles alianzas para incidir en ella, elude los problemas principales, abre la puerta al sectarismo y desorienta a los cuadros propios al agrandar todo el tiempo la brecha entre promesas y posibles realizaciones.

2. Los aparatos políticos territoriales son necesarios. Cegado por la victoria electoral de 1997 en la provincia de Buenos Aires, desde el Frepaso se apostó casi exclusivamente a una política mediática y “de ciudadanos”. Se relegó la construcción territorial y la militancia, se priorizó el romance con la opinión pública y los equipos de publicidad política. Sin embargo, los aparatos políticos son necesarios para gobernar, especialmente cuando se decide enfrentar a sectores de poder. Los partidos y organizaciones con base territorial están siempre, la luna de miel con la opinión pública y los medios va y viene. Crucialmente, la construcción territorial muchas veces entraña servicios y beneficios a los miembros del territorio o comunidad, que la derecha se apura a calificar de “clientelismo”. Sin embargo, es obvio que ese tipo de prácticas son vitales para mantener redes de apoyo por fuera de los circuitos de la política financiados por el establishment. Las elecciones de 1997 y las de junio último demuestran que los aparatos políticos solos no ganan elecciones. No obstante, gobernar sin organización territorial, especialmente cuando se tienen diferencias con sectores del poder económico, es ilusorio.

3. No hay proyecto progresista sin organización popular. Si se construye un armado progresista, pero no hay puentes con la CTA, con los sectores más combativos de la CGT, o con movimientos territoriales de desocupados, comunitarios, etc., pues es una señal de que algo anda mal. Frecuentemente se olvida que la CTA y la FTV orbitaron, allá lejos y hace tiempo, en torno del Frepaso, y que fueron de algún modo ninguneados por éste aun antes de que los imperativos de la emergencia económica dificultaran cualquier estrategia.

4. Hoy la búsqueda de aliados en el espacio nacional, popular y progresista empieza en el peronismo, puede seguir en el PS y es probablemente fútil en el radicalismo. A diferencia de los ’90, la formación de un espacio de centroizquierda debe buscar confluir con los sectores del peronismo que sostuvieron las políticas de estos años. El socialismo, por su parte, está librando la batalla por su alma: decide en estas épocas si va a ser un partido de alternativa para las corporaciones agrarias o va a tener algún rasgo que lo identifique con su nombre. En el radicalismo actual, en cambio, poco o nada parece quedar del alfonsinismo y las corrientes más progresistas o socialdemócratas que habitaron el partido en los ’80 y principios de los ’90.

5. Los problemas políticos fundamentales no se resuelven con recetas “técnicas” que alumbran políticas “óptimas”. Finalmente, hay una tendencia en sectores pretendidamente progresistas a despolitizar la política pública. Según esta visión, el problema de nuestros países es simplemente que no se deja actuar a las instituciones, que interfiere la corrupción y se eluden las soluciones “óptimas” y técnicas frente a problemas como la pobreza. Naturalmente, este fenómeno que traduce la política en operaciones de ONG termina siendo en los hechos un paraguas tradicional para

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iniciativas de centroderecha variopintas. Sin embargo, se ha hecho demasiado eco en sectores que (alguna vez) fueron progresistas. Las soluciones técnicas importan, y hay obviamente políticas públicas mejores que otras para ciertos fines. No obstante, si olvidamos que la política es ante todo relaciones de fuerza, y que ninguna transformación es duradera si no está apoyada en cierta constelación de fuerza populares organizadas de índole partidaria, sindical, comunitaria o barrial, esas soluciones técnicas serán simple maquillaje. De nuevo, la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual da una pauta del camino a seguir: una propuesta progresista de contenidos técnicos complejos apoyada en una constelación de activismo comunitario y cultural importante.

Se abre una nueva etapa en la que la experiencia del centroizquierda en el posmenemismo no puede ser en vano. Una izquierda democrática que eluda la simple apelación moralista, que apueste por los aparatos políticos territoriales y la militancia, que se engarce con organizaciones populares, que busque confluir tanto con la CTA como con sectores de la CGT, que apueste a alianzas con sectores nacional-populares del peronismo, y que eluda los cantos de sirena de la “tecnocracia social” habrá dado un paso importante para no repetir errores del pasado.

* Politólogo, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.

Martes, 29 de septiembre de 2009

EL PAIS › HEBE DE BONAFINI Y OTROS ORGANISMOS PASARON POR LAS AUDIENCIAS DEL SENADO

El turno de los derechos humanos

La Asociación Madres de Plaza de Mayo y el CELS apoyaron la iniciativa. ONG como el Cippec y la Asociación de Derechos Civiles la consideraron un “avance”, aunque cuestionaron algunos aspectos puntuales.

Por Miguel Jorquera

El oficialismo volvió a sumar ayer apoyos al proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual –que ya tiene media sanción de Diputados– en las audiencias convocadas por el plenario de las comisiones legislativas del Senado. La Asociación Madres de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren), la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y las emisoras pymes respaldaron la iniciativa. Aunque tampoco faltaron los cruces. Hebe de Bonafini apoyó la ley sin medias tintas al expresar ante los senadores que “se está con esta ley o se está con la dictadura”. El sociólogo Fortunato Mallimaci advirtió a los legisladores que “si la ley no sale, la sociedad se va a preguntar cuánto les pagaron, como pasó con la Banelco”. Senadores de oposición definieron las opiniones como un “chantaje”.

Las intervenciones de Bonafini y Mallimaci, sobre el final de la tercera jornada de audiencias, le pusieron calor al frío Salón Azul del Senado y frente a una escasa presencia de los senadores opositores. En su exposición, Bonafini recordó cómo las madres de detenidos-de-saparecidos sorteaban la censura militar y el desinterés de la prensa para hacer conocer su situación y que la primera solicitada paga –“que costó el valor de dos departamentos”, agregó– desató la represión sobre ellas y el secuestro y la desaparición de tres Madres de Plaza de Mayo.

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“Esta ley de la dictadura es una vergüenza para el mundo. No nos tenemos que seguir avergonzando. Nos tenemos que sentir orgullosos de que hubo 156 periodistas que prefirieron morir a callarse la boca”, soltó Bonafini y aclaró que la iniciativa en discusión “no es de Néstor Kirchner ni de Cristina, es de todos”. Luego ratificó su respaldo al proyecto: “si no estás con esta ley, estás con la dictadura sangrienta a la que no vamos a olvidar ni vamos a perdonar”.

La definición de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo no produjo ninguna réplica opositora. Distinto fue cuando Mallimaci mencionó la “ley Banelco”, en referencia a los sobornos a senadores durante el gobierno de la Alianza para aprobar una reforma de la ley laboral. El ex senador de la Coalición Cívica Samuel Cabanchick afirmó que las opiniones de Mallimaci y Bonafini se asemejan al “efecto chantaje” y que “no respetan el Parlamento”. El radical Alfredo Martínez se sumó a las críticas, pero la oficialista Blanca Osuna defendió “el derecho de los invitados a opinar”.

Antes, Andrea Pochak, del CELS, argumentó que el proyecto “cumple con los estándares internacionales sobre derechos humanos”, que “significa un avance con respecto al decreto ley de la dictadura” y que goza de “legitimidad, porque se trata de una ley que discute el Parlamento y tiene como finalidad promover la mayor pluralidad posible”. Aunque Pochak reconoció objeciones sobre el control de la publicidad oficial, afirmó que eso puede ser motivo de otra ley que “trate específicamente ese tema”.

Nicolás Ducoté, del Cippec, señaló a los senadores su “responsabilidad de mejorar la autonomía de la autoridad de aplicación” y plazos más extensos para que las compañías monopólicas se desprendan de algunos de sus medios. Eleonora Rabinovich, de la Asociación de Derechos Civiles (ADC), planteó el proyecto como un “avance”, pero cuestionó varios aspectos puntuales.

“Ustedes podrían redactar nuestro dictamen”, le dijo el radical Martínez a Rabinovich, para expresar que compartía sus críticas, antes de preguntarle su opinión sobre la facultad del PEN para “adjudicar” licencias de más de 50 kilómetros de extensión y para poblaciones superiores a los 500 mil habitantes. Sin embargo, Rabinovich no compartió la apreciación del radical sobre el artículo 32 del proyecto: “Ahí está claro que la adjudicación será mediante concurso público”, afirmó.

Martes, 29 de septiembre de 2009

EL PAIS › EN EL OFICIALISMO HACEN CUENTAS DE CUANTAS FIRMAS NECESITAN EN LAS COMISIONES

El primer objetivo es sacar el dictamen

Por Miguel Jorquera

El kirchnerismo trabaja arduamente para superar el primer escollo para aprobar la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el Senado: conseguir las firmas necesarias para el dictamen de mayoría que se debatirá en el recinto de la Cámara alta. El jefe del bloque K, el senador Miguel Pichetto, dedicó gran parte de la jornada a dialogar con los senadores de su bancada y a repasar los números para definir la estrategia parlamentaria. Aunque las cuentas todavía no le cierran, Pichetto deslizó la posibilidad de clausurar el debate en el plenario de comisiones este viernes y, con dictamen propio, convocar una semana después, el 9 de octubre, a la sesión que dirimirá si el proyecto del Gobierno se convierte en ley o sufrirá modificaciones que lo devuelvan a la Cámara de Diputados.

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Los números para el kirchnerismo son ajustados y el jujeño Guillermo Jenefes –dueño de un multimedio en su provincia– se convirtió en la piedra en el zapato para el camino que quiere transitar el oficialismo. El jujeño, que cuestionó varios aspectos del proyecto oficial, no sólo preside la estratégica comisión cabecera del debate –de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión– si no que integra otras dos comisiones (Presupuesto y Asuntos Constitucionales) donde el kirchnerismo tiene una mayoría exigua: ocho sobre quince integrantes.

El oficialismo necesita mayoría de firmas para el dictamen en las cuatro comisiones que integran el plenario legislativo en la Cámara alta, y en tres de ellas la rúbrica de Jenefes es decisiva para inclinar la balanza.

Este será el primer obstáculo que tendrá que sortear el bloque K y el apuro parece conspirar en contra del objetivo que se ha trazado Piche- tto. Sin embargo, el rionegrino volvió a ratificar ayer la intención de conseguir las firmas necesarias este viernes y llevar el proyecto al recinto siete días después, para cumplir con los tiempos parlamentarios que exige el reglamento del Senado.

En medio de la pulseada, Piche-tto recibió ayer una alegría. La senadora riojana Teresita Quintela, a quien varios ubicaban en las filas rebeldes del oficialismo, dio su apoyo al proyecto oficial. “Esta ley debe ser aprobada ya, urgente”, afirmó Quintela e insistió que la iniciativa debe ser votada cuanto antes para “defender a los trabajadores de prensa”.

Quintela no es miembro de ninguna de las comisiones que participan del debate, pero será un aporte importante en el recinto. Allí, el oficialismo no duda que tendrá los números para la aprobación en general del proyecto, aunque no abandona los cálculos. Las cuentas incluyen las bajas propias, como la anunciada ausencia del cordobés Roberto Urquía y la misionera Elida Vigo, también por problemas de salud. Aunque para el oficialismo las apreciaciones sobre la presencia de ambos en el recinto no son iguales: no están seguros de cómo votaría Urquía, aunque tampoco descartan que Vigo regrese para la sesión en la que respaldaría el proyecto oficial.

Pero el oficialismo no puede mostrar el mismo entusiasmo a la hora de contabilizar la votación artículo por artículo de la ley. Igual que en Diputados, la conformación de la autoridad de aplicación y el plazo de un año para que las compañías se desprendan de algunas de sus empresas son los puntos más cuestionados, incluso por algunos oficialistas. Sin embargo, la preocupación del oficialismo está centrada en conseguir las firmas del dictamen.

Martes, 29 de septiembre de 2009

EL PAIS

Siguen las audiencias

La agenda de consultas de las cuatro comisiones que analizan el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual continuará hoy con seis constitucionalistas, cuatro especialistas en comunicaciones y dos en derecho administrativo. El miércoles desfilarán por la Cámara alta trece representantes de entidades empresarias, en tanto el jueves lo harán integrantes de cinco universidades nacionales y nueve organizaciones de periodistas. Hoy, a partir de las 9.30, expondrán en el Salón Azul los juristas Daniel Sabsay, Félix Loñ, Damián Loretti, Gregorio Badeni, Bernardo Licht

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y Alberto González Arzac. Desde las 15, se expresarán los administrativistas Eduardo Merenhikian y Valentín Thury Cornejo y a continuación los expertos en comunicación, el radical Henoch Aguiar, el radical K Gustavo López, el ex titular del Comfer, Julio Bárbaro y Martín Becerra.

Miércoles, 30 de septiembre de 2009

EL PAIS › AUDIENCIA CON EXPERTOS EN EL SENADO POR LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

Con acuerdo en la necesidad de derogar

Ante los senadores expusieron expertos en derecho y en comunicación. Hubo opiniones divididas pero la mayoría señaló que se debe reemplazar la ley de la dictadura. El académico Martín Becerra dijo que hoy cuatro compañías “acaparan el 78 por ciento del mercado”.

Por Miguel Jorquera

Constitucionalistas, expertos en derecho administrativo y especialistas en comunicación dividieron opiniones sobre el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual, aunque coincidieron en la necesidad de “derogar la ley de la dictadura” y avanzar en la construcción de una nueva normativa para los medios de comunicación. El plenario de las comisiones legislativas que debate en el Senado la propuesta oficial tuvo ayer su jornada más extensa y diversificada de las cuatro que lleva realizadas.

Por la mañana fue el turno de los constitucionalistas. Alberto González Arzac defendió el proyecto; Bernardo Licht pidió un plazo mayor para que los grupos oligopólicos se desprendan de medios para adecuarse a la nueva normativa y Daniel Sabsay y Félix Loñ cuestionaron la injerencia del Ejecutivo en la autoridad de aplicación.

“Así como fue superada la dictadura militar, hoy debe superarse la dictadura de los medios de comunicación”, dijo Arzac. “No cabe duda de que los medios audiovisuales están en manos monopólicas y hay que terminar con este monopolio”, añadió el constitucionalista antes de sostener que la nueva norma debe analizarse “bajo la óptica” del artículo 42 de la Constitución, referido a la defensa de la competencia.

Desde la vereda de enfrente, Sabsay sostuvo que “el proyecto de ley resulta sumamente atractivo en cuanto a sus propósitos y enunciados”, pero incluye “puntos flacos”, como “la inseguridad jurídica, la violación a la propiedad privada y la discrecionalidad del Poder Ejecutivo”. A esa línea también adhirió Loñ. Más moderado, Licht se pronunció a favor de otorgar un plazo mayor a un año –como establece el proyecto– para que las corporaciones puedan desprenderse de las licencias que excedan el tope fijado por la futura ley. Las preguntas de los senadores y las respuestas de los constitucionalistas se extendieron hasta las 15.

Una hora y media después se reanudó el plenario con los especialistas en derecho administrativo. Ahí también se dividieron opiniones. “El artículo 161 es la regla de la apertura del mercado (de los medios audiovisuales de comunicación), la norma regulatoria. Es parte del artículo 42 de la Constitución y de la discrecionalidad que este Congreso tiene”, afirmó Eduardo Mertehikian, para quien “la jurisprudencia de la Corte Suprema avala este procedimiento”. Mientras, Valentín Thury Cornejo consideró que la “asignación del espectro radioeléctrico se realiza con carácter precario e impreciso”,

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que se presta a actitudes discrecionales, por lo tanto “deben asignarse con títulos jurídicos para proteger las inversiones”.

Aun con algunos reparos, las disertaciones de los especialistas en comunicación volcaron la balanza a favor del proyecto. Martín Becerra, profesor universitario e investigador del Conicet, fue contundente sobre la concentración de medios en la Argentina: “Los cuatro primeros actores (compañías) en televisión, radios y TV por cable acaparan el 78 por ciento del mercado. El 70 por ciento de los contenidos de televisión que se ven en el país se produce en el área metropolitana de Buenos Aires y el 86 por ciento de esa producción la realizan apenas dos canales. En tanto, el 50 por ciento del territorio nacional no tiene acceso a la televisión abierta”, enumeró Becerra, antes de insistir en la necesidad de terminar con “la concentración de contenidos y operadores”.

El subsecretario general de la Presidencia y ex interventor del Comfer Gustavo López trazó el recorrido de “frustraciones” en veintiséis años de democracia para terminar “con la ley de la dictadura amoldada (tras la década del ’90) a los intereses de las grandes empresas de la comunicación”. Preguntó: “¿Cómo un país que pudo juzgar a las juntas militares, una experiencia casi inédita en el mundo, y cambió su Constitución, no pudo darse una nueva ley de medios? Es debido a las dificultades y las presiones de los grandes grupos económicos y los grandes medios de comunicación”. Recordó que el Comfer está intervenido porque, según la ley vigente, debería estar al mando de militares: “No existe una estructura tan similar a la SIDE como el Comfer, nadie lo puede controlar, porque está ideado bajo la doctrina de seguridad nacional”, destacó López. Y concluyó que “ahora es el tiempo de cambiar la ley”.

Henoch Aguiar, especialista en telecomunicaciones, cuestionó aspectos del proyecto: que “las audiencias públicas sólo se establecen para renovar licencias y no para su adjudicación”; que “las licencias, que requieren un nivel importante de inversión, sólo sean adjudicadas por veinte años”; y abogó por “exigir más especificaciones para evitar la posición dominante”. Igual, consideró que “es un momento fantástico para poder hacer el cambio de ley” y propuso “lograr consenso para realizar una verdadera política de Estado”.

Miércoles, 30 de septiembre de 2009

EL PAIS › EL BLOQUE K QUIERE TRATAR EL PROYECTO EL VIERNES 9

Debate sobre los plazos del debate

Por Miguel Jorquera

Hubo acercamientos, pero no consenso. Senadores oficialistas y opositores se reunieron ayer para tratar –sin suerte– de aproximar posiciones para establecer el día que cerrarán el debate en comisiones y la fecha en que el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual llegará al recinto. Por la tarde hubo un segundo encuentro en las oficinas del vicepresidente Julio Cobos, pero tampoco hubo coincidencia. El bloque K quiere firmar el dictamen este viernes y tratar la iniciativa el viernes 9 de octubre. La UCR y el PJ disidente propusieron como alternativa clausurar el debate el martes de la semana próxima y llevar el proyecto al recinto el martes 13.

La única coincidencia consistió en que tres gobernadores participarán del cierre del plenario de comisiones.

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Fue una jornada de negociaciones. El jefe del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto, no perdió oportunidad para hablar con senadores de su tropa y con los opositores. Por la mañana se reunió con su par de la UCR, Ernesto Sanz, para tratar de acordar las fechas en las que se pondría término al debate en comisiones y se llevaría el proyecto del Ejecutivo al recinto de la Cámara. No hubo acuerdo, pero tampoco se cerró el diálogo.

A primera hora de la tarde, la reunión se amplió en el despacho de Cobos. Hasta allí fueron Piche-tto, Sanz, el jefe del radicalismo, Gerardo Morales, y Adolfo Rodríguez Saá, en nombre del interbloque Federal, que aglutina al peronismo anti K. De un lado y de otro volvieron a insistir con sus propuestas. El kirchnerismo no quiere dilatar más el debate. Considera que el viernes tendría que funcionar el plenario de las comisiones para sacar el dictamen y llegar al recinto no más allá del 9. Confiado en sus números, Piche-tto cree que podrá alcanzar el dictamen de mayoría –a pesar de la resistencia que ofrece el díscolo Guillermo Jenefes–, reunir el quórum para sesionar y las manos necesarias para aprobar en general la ley. Pero las certezas no alcanzan para augurar un triunfo en la pulseada artículo por artículo.

Desde la oposición necesitan tiempo para avanzar en su estrategia parlamentaria. Propusieron convocar a las audiencias a un grupo de gobernadores: Jorge Capitanich (Chaco), encolumnado sin fisuras con el proyecto oficial; Hermes Binner (Santa Fe), que propuso un apoyo crítico, y Alberto Rodríguez Saá (San Luis), que rechaza la iniciativa. Además de una nueva visita del titular del Comfer, Gabriel Mariotto, para que conteste preguntas. Esto extendería las audiencias al menos hasta el martes próximo.

Mientras, la UCR ya tendría listo su propio dictamen, en el que trabajan sus especialistas, una iniciativa elaborada en espejo a la oficial –“porque debemos trabajar en base a la media sanción que llega de Diputados”– para marcar sus diferencias. El propósito es consensuar un dictamen con el resto de los bloques opositores y formar “una masa crítica” para intentar seducir a las oficialistas díscolos. Con esa estrategia apuntan a avanzar con su propio dictamen o, al menos, reunir “una importante cantidad de voluntades” sobre los artículos más cuestionados. No son pocos los opositores que se entusiasman con la idea de devolver con cambios el proyecto a Diputados.

Pichetto está dispuesto a conceder la audiencia con los gobernadores y convocar a Mariotto otra vez al Salón Azul. También dejó en claro que al bloque K no le interesa –en un alarde de fuerza– marginar a Cobos de la presidencia de la sesión que definirá si el proyecto de medios audiovisuales se transforma en ley o no. Pero no quiere que el debate se estire más allá de este viernes, para poder dirimir la cuestión en el recinto la semana próxima. Pero todavía nada está cerrado.

Miércoles, 30 de septiembre de 2009

EL PAIS

Siguen las consultas

Las consultas en el Senado continuarán hoy con la presentación de directivos de las asociaciones y cámaras empresarias. A la mañana irán las asociaciones de Radiodifusoras Privadas (ARPA), de Telerradiodifusoras (ATA), Bonaerense de Televisión (ABT) y Radios Independientes (Arliba). También harán sus planteos la Cámara de Radios en Frecuencia Modulada (Carfrem), la Confederación Cooperar y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc). A la tarde estarán la Asociación

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de TV por Cable (ATVC), las cámaras de Productores y Programadores (Cappsa) y de Cableoperadores Independientes (CCI), así como la Asociación de Programadores de Televisión (TAP), DirecTV y la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (Caltel). El jueves estarán las universidades nacionales y los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santa Fe, Hermes Binner, y del Chaco, Jorge Capitanich.

Miércoles, 30 de septiembre de 2009

EL PAIS

“Que cumpla con su rol”

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió al Senado que “cumpla con su rol de debatir los proyectos de ley que están sometidos a su consideración, sobre todo aquellos que cuentan con una media sanción de una Cámara”. La Presidenta trazó un paralelo entre la ley de medios y la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que fue “el resultado de la lucha de años de las organizaciones de derechos humanos, de familiares, de hijos, de madres, de abuelas y de la sociedad”. “La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es exactamente lo mismo. No es una ley del Gobierno o de un partido político. Es precisamente el Gobierno el que tomó el proyecto de la sociedad y, como nunca, se dieron más de 25 foros a lo largo y a lo ancho del país”, recordó la Presidenta, que encabezó un acto en Entre Ríos.

Miércoles, 30 de septiembre de 2009

EL PAIS › DOS OPINIONES EN TORNO DEL PROYECTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

Sobre medios, leyes y libertades

Las exigencias constitucionales

Por Roberto Gargarella *

En medio del agitado debate en torno de la ley de medios, convendría detenerse a reflexionar por unos instantes sobre las exigencias constitucionales existentes en materia de libertad de expresión. En tal sentido, podrían mencionarse algunas cuestiones y aclaraciones como las siguientes.

- Regulación o no regulación. La exigencia constitucional de no establecer restricciones sobre la prensa no debe entenderse como impidiendo toda regulación estatal en la materia. Ello, en principio, por una razón muy simple, y es que no existe un estado de cosas que pueda definirse como propio de la “no regulación estatal”. Desde el momento en que el Estado define las reglas de la propiedad privada, que permiten que se creen y queden protegidas nuevas empresas de diarios o televisión, por ejemplo, el Estado está regulando la comunicación. Lo mismo ocurre cuando el Estado define el derecho de los contratos, fija regulaciones laborales mínimas o impone principios para regular las quiebras. Es decir, no existe algo así como una situación de no-regulación estatal. Entonces, sólo nos queda por comparar unas regulaciones con otras, distinguir regulaciones mejores y peores, ver qué regulaciones se encuentran más o menos ajustadas a las exigencias de la Constitución.

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- Constitución y expresión. ¿Cuál es el principio constitucional básico, en materia de libertad de expresión? Para algunos, la Constitución se contenta con reclamarnos la no-censura. Según muchos, sin embargo, tal pretensión representa una condición necesaria pero no suficiente de la idea constitucional de libertad de expresión. Según entiendo –y esto es lo mismo que sostuvo la Corte norteamericana, frente a un articulado constitucional básicamente idéntico al nuestro, en el caso más importante que resolvió en la materia (New York Times vs. Sullivan, muy citado por nuestros propios tribunales)–, lo que requiere la Constitución es que aseguremos un debate público “amplio, robusto, desinhibido”. Dicho debate necesita de la no censura (rechazaría tanto la censura directa, como –especialmente en un contexto como el nuestro– la indirecta, referida a la manipulación de las pautas publicitarias oficiales), pero también trasciende ese estadio. La Constitución quiere que nuestras normas sean producto del acuerdo colectivo, lo que significa decir que dichas normas no deben ser el mero resultado del lobby o la presión de unos pocos; y que no debe haber voces que queden indebidamente fuera de dichas discusiones públicas.

- El papel del Estado. Dada la inevitabilidad de la presencia estatal en materia de comunicación, y las exigencias constitucionales señaladas, al Estado le corresponde jugar un papel muy preciso como garante del debate público. Si fuera por el mercado, en cambio (y ello resulta obvio por definición) nunca tendríamos acceso a ideas y puntos de vista impopulares o poco populares. El ideal constitucional de la libertad de expresión, entonces, no queda satisfecho cuando es el mercado el que domina la escena pública. Ello no ocurre, tampoco, cuando el Estado permite la existencia de monopolios comunicacionales ni cuando existen voces omnipresentes o sistemáticamente ausentes del debate colectivo; ni –especialmente– cuando las regulaciones del caso permiten que el rol de garante que le corresponde al Estado quede ocupado por el gobierno de turno (del signo que sea).

- La diversidad de voces. En nuestro país compitieron, a lo largo del tiempo, visiones muy distintas y normalmente muy implausibles acerca de la exigencia constitucional de la diversidad de voces. En los primeros años del alfonsinismo, algunos consideraron que el requisito de la pluralidad de voces quedaba satisfecho, por caso, con la existencia de canales de televisión o radio diferentes, por más que tales medios pudieran resultar administrados, todos o casi todos, por distintas líneas internas del mismo partido político. Desde la época del menemismo, algunos quisieron inducirnos a creer que la pluralidad de propietarios equivalía a la pluralidad de voces, por más que todos esos propietarios insistieran con, o se negaran a hablar, de los mismos temas. En la actualidad, algunos nos quieren llevar a concluir que la presencia de alguna/s ONG, alguna/s cooperativa/s y/o alguna/s universidad/es en el ámbito de la comunicación garantizan –ahora sí– la ansiada pluralidad de voces. Pero no. Otra vez, poco interesa la figura jurídica en juego si las ideas que circulan son básicamente del mismo tenor político. Lo que seguimos necesitando es garantizar la pluralidad de voces y no de gerentes.

- La regulación de contenidos. Uno de los acuerdos que existe entre quienes piensan en la libertad de expresión en términos constitucionales se da en torno del principio de la no-regulación de contenidos. El acuerdo implica rechazar toda regulación estatal que signifique desplazar ciertas voces, ya sea las de la izquierda o la derecha políticas, las de los defensores o los críticos del mercado, las de los abortistas o a los antiabortistas. Sin embargo, conviene como siempre no confundir cuál es la cuestión en juego. Lo que se rechaza es la posibilidad de que una autoridad discrecional digite quiénes deben ser escuchados y quiénes no. Pero ello es compatible con sostener, en contextos de escasez, un principio como el que guiaba a la vieja “doctrina de la equidad”, y que exigía: (i) la reserva de espacio a cuestiones de interés público, (ii) la exigencia de que dichas cuestiones sean examinadas desde

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ópticas contrapuestas. En nuestro país, en cambio, la situación que existe resulta enormemente inatractiva, desde tales parámetros. Por caso, en la actualidad, en muchas provincias del país sólo se escucha la voz del partido político o grupo empresario dominante, con exclusión de las voces que se les opongan. Dicha situación debe verse, en la práctica, como una regulación de contenidos indebida, que bien podría contrastarse con exigencias como las impuestas por la “doctrina de la equidad”, que lo que requiere es que los contenidos den cabida a otras voces.

- Control judicial. Finalmente, ¿cuál es el papel que debe caberle, en estos casos, al Poder Judicial? Según entiendo, el mismo papel que definiera la Justicia internacional en casos como Red Lion (el caso en el que, valga mencionarlo, se reconoció la constitucionalidad de la “doctrina de la equidad” referida). Allí, y frente a la nueva regulación que avanzara el Congreso, la Justicia sostuvo que para la Constitución el punto de mira se situaba en la soberanía del ciudadano (televidente, lector u oyente) y no en el interés de las empresas. Más específicamente, la Corte mantuvo un principio a la vez pro-estatal y antigubernamental, sosteniendo que iba a aceptar la legislación en juego, que prometía fortalecer el debate público, sólo en la medida en que dicha legislación cumpliera con el propósito que anunciaba. Si ella servía, en cambio, para reducir antes que para ampliar esas voces, para quedar otra vez al servicio de un gobierno o grupo particular, entonces su prioridad iba a ser la de derribar esa regulación, tan pronto como le fuera posible. Eso es lo que implica, según entiendo, custodiar el valor constitucional de la libertad de expresión.

* Profesor de Derecho Constitucional (UBA y UTDT).

La visión de la infancia

Por Damián Muñoz *

Desde hace varios días y luego de un postergado tratamiento democrático, se ha instalado un intenso debate sobre los medios de comunicación. La discusión en torno del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha iluminado y, por ende, problematizado un aspecto central para la construcción de ciudadanía con pensamiento crítico.

Uno de los ejes medulares de esta discusión se centró alrededor del concepto de “monopolio”. En un simple reduccionismo puede afirmarse que, con distinta suerte y seriedad argumental, la matriz del debate se encuentra conformada por dos vectores antagónicos: la pulsión monopólica versus la pulsión pluralista.

Más allá de las diversas aristas mediante las cuales se cristaliza esta tensión, el núcleo duro de la cuestión radica, con su debida profundidad, en el monopolio del discurso. Esto es, en la existencia o, si se prefiere, la potencia en detrimento de otros, de un único sentido en la interpretación de la realidad social para su posterior comunicación.

Desde este abordaje, el mundo de la infancia y adolescencia –en especial, el que se encuentra en situación de vulnerabilidad social o en conflicto con la ley penal– tiene mucho para aportar al debate. Ya sea por exceso o por defecto.

El actual contexto de discusión constituye una invalorable oportunidad para debatir, entre otras tantas cuestiones, cuál ha sido la visión dominante de los medios de

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comunicación en el tratamiento de las niñas, niños y adolescentes. Es un momento propicio para pensar la influencia que han tenido los distintos niveles de la ingeniería de la comunicación social dominante en, por ejemplo, la construcción de estereotipos vinculados con la delincuencia juvenil.

Constituye un verdadero lugar común sostener que, de un tiempo a esta parte y salvando aisladas pero honrosas excepciones, el abordaje comunicativo vinculado con esta materia ha estado caracterizado por un “discurso monopólico”, condicionado por un “sentido único” de la interpretación del orden social, pretendidamente fundado en clichés, muletillas y slogans de fácil reproducción, cuya consecuencia fue la creación o el fortalecimiento de un imaginario hegemónico atravesado por el prejuicio y la respuesta punitiva inmediata (sea formal o informal) como única solución posible.

Desde esta encrucijada mediática, las niñas, niños y adolescentes, en tanto sujetos de derecho pero también por su condición de consumidores de los servicios de comunicación social, poseen el derecho a un tratamiento más pluralista y con diversidad de sentidos a la hora de comunicar las particulares (y muchas, muchísimas veces, trágicas) realidades que los adultos –con distintos niveles de responsabilidad– les hemos impuesto.

El 21 de septiembre de 2006, al resolver el caso “Servellón García y otros vs. Honduras”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió que “en atención al principio de igualdad ante la ley y no discriminación, el Estado no puede permitir por parte de sus agentes ni fomentar en la sociedad prácticas que reproduzcan el estigma de que niños y jóvenes pobres están condicionados a la delincuencia o necesariamente vinculados con el aumento de la inseguridad ciudadana. Esa estigmatización crea un clima propicio para que aquellos menores en situación de riesgo se encuentren ante una amenaza latente a que su vida y libertad sean ilegalmente restringidas”.

De ahí entonces que, innegablemente, la puesta en crisis del monopolio del discurso tiene consecuencias directas y concretas en la vida de los niños y adolescentes. La profundización de la discusión en curso servirá entonces para visibilizar que en la pluralidad de los sentidos y las interpretaciones se juega también el Estado de derecho que, con especial recaudo, debe proteger al colectivo de la infancia y la adolescencia.

* Defensor oficial. Integrante de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes.

Miércoles, 30 de septiembre de 2009

20:33 › SERVICIOS AUDIOVISUALES

El turno de los abogados y de los especialistas en comunicación

Durante la quinta audiencia pública convocada por la Cámara Alta, distintos abogados constitucionalistas coincidieron en la necesidad de "derogar la ley de la dictadura", aunque con diferentes matices. Mientras unos reivindican el fin de los monopolios, otros critican el poder que se le otorga al Ejecutivo en la nueva ley y la necesidad de respetar los plazos de las actuales licencias. Por su parte, Gustavo López y Martín Becerra apoyaron sin reservas la iniciativa oficial, a diferencia de Henoch Aguiar, y el ex interventor del Comfer, Julio Bárbaro, quienes reclamaron modificaciones a la futura legislación.

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Mientras Julio Bárbaro optó por dejar un escrito, por el escaso tiempo otorgado por el Plenario a cada expositor, Gustavo López defendió la iniciativa porque "reemplazará una norma que se originó en la dictadura y sobrevivió durante la democracia por la presión de los grandes grupos económicos". López, diputado electo y actual subsecretario general de la Presidencia, añadió que el proyecto oficial se propone defender "la libertad de expresión, la libertad de imprenta y la convención americana de derechos humanos, y se anima a poner controles antimonopólicos que atentan contra los derechos de todos los ciudadanos".

Martín Becerra, a su turno, sostuvo que "el proyecto no es perfecto, sino una plataforma que abre caminos a más desarrollo e invita a incrementarlo en el futuro. (...) Es hora que se salde el mamarracho" de la ley vigente". Agregó que los "niveles de concentración de la Argentina exige que el Estado fije nuevos reglas de juego para evitar el predomino de medios gestionados por muy pocos". Aludió también a lo que llamó "la concentración geográfica de la producción: solo dos empresas concentran el 86 por ciento de la producción metropolitana, que a su vez representa el 70 por ciento de la producción de contenidos de todo el país". Más adelante, lamentó que más del 50 por ciento del territorio nacional tiene un solo canal abierto gratuito y apenas unas pocas ciudades tienen dos, mientras "el basto territorio nacional no tiene acceso a ninguna televisión abierta".

El especialista Henoch Aguiar afirmó que el proyecto "recogió ideas estructurales muy positivas, pero se ha quedado a mitad de camino. No se anima a ser lo progresista que podría ser y produce efectos contrarios a los que se desea". Manifestó que los medios públicos han sido "usados como botín de guerra del vencedor de las contiendas políticas y ya no tenemos medios públicos sino medios político gubernamentales" y por eso "la primera propuesta es que los medios sean públicos y no gubernamentales".

El constitucionalista Alberto González Arzac entendió que la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados, que ahora analiza el Senado, "es perfectamente constitucional" y cuestionó a aquellos que "reclaman más tiempo" para debatirla porque -sostuvo- ya ha sido "considerada suficientemente como para seguir esperando".

"Así como fue superada la dictadura militar, debe superarse la dictadura de los medios de comunicación, que hoy subsiste, cosa que esta ley nos posibilita", aseveró Arzac.

Al iniciar su exposición, González Arzac aclaró que no representaba "intereses concretos, a diferencia de otros", y confesó que sintió "una gran satisfacción" cuando se presentó el nuevo proyecto de ley. Agregó que "no cabe duda de que los medios audiovisuales están en manos monopólicas y que se debe terminar con este monopolio". Por último, sostuvo que el proyecto en discusión se debe analizar bajo la óptica del Artículo 42 de la Constitución Nacional, que se refiere a la defensa de la competencia.

Daniel Sabsay, por su parte, opinó que "si bien el proyecto resulta sumamente atractivo en cuanto a sus propósitos y sus enunciados generales, los medios que se utilizan para propender a esos fines incurren en distintas contradicciones". Criticó lo que a su criterio constituye un "excesivo poder otorgado al Poder Ejecutivo", como así también lo que entendió una "violación a la propiedad privada", en referencia al proceso de desinversión de los actuales licenciatarios, dispuesto por la norma.

"En este proyecto encontramos lados flacos que hacen a la seguridad jurídica, a la legalidad, y a la no discrecionalidad del poder político", señaló Sabsay, quien planteó

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la necesidad de que, paralelamente a esta norma, el Congreso debata una "ley de libre acceso a la información pública y de regulación de la pauta oficial de propaganda".

Miércoles, 30 de septiembre de 2009

20:36 › LEY DE SERVICIOS AUDIOVISUALES

Hoy se escucharon las críticas de los empresarios

Durante la sexta audiencia pública convocado por el plenario de las cuatro comisiones del Senado que deben dictaminar acerca del proyecto de ley de servicios audiovisuales, los empresarios del sector señalaron que la futura norma generará "competencia desleal y daños económicos" y reclamaron modificar el artículo 161, que obliga a los propietarios a desprenderse de las señales que excedan el límite que contempla la iniciativa.

Adrián Jarkovich, de la Asociación Argentina de TV por Cable (ATVC), y Alejandro Harrison, presidente de la Cámara de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales (Cappsa), coincidieron en afirmar que la futura legislación debería mejorar las perspectivas de la televisión nacional sin afectar la situación de las empresas creadas en las últimas años.

Jarkovich afirmó que la cámara representa "más de 60 canales privados y una inversión que llegó a 3000 millones de pesos en la última década, especialmente en los últimos tres años y brinda 15.000 empleados".

El titular de Cappsa sostuvo que la diferenciación entre empresas nacionales y extranjeras "atenta contra principios consagrados en la Constitución nacional" (...) y la reducción del tiempo de publicidad "afectará la principal fuente de ingresos para el funcionamiento" de las empresas, porque "los recursos por suscripción son insuficientes, lo cual condenará a las empresas a una suba de los abonos".

El titular de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), Carlos Molinero, afirmó que el proyecto que tiene aprobación de Diputados "genera un desbalance en contra de la televisión gratuita". "De la lectura del proyecto, surge la intencionalidad política de debilitar la actividad comercial privada independiente", cuya continuidad, insistió, "no está asegurada", dijo.

Molinero advirtió que "de aprobarse tal como está" el proyecto condenará "a la televisión privada abierta a desaparecer". El dirigente empresario señaló además que "consideramos imperioso modificar" el artículo 161.

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Más adelante, Molinero cuestionó que la Autoridad de Aplicación que prescribe el proyecto pueda otorgar licencias "de manera discrecional y sin parámetros técnicos" y recomendó que "no se asignen licencia sin estudio de factibilidad económica".

Carlos Molina, titular de ARPA, advirtió sobre "la magnitud del daño económico que va a generar" y se atrevió a afirmar que "en el mercado de la radiodifusión actual no existe ninguna empresa que tenga una posición de dominio".

El representante de la Federación Cooperativas de la República Argentina, Miguel Lange, señaló que las cooperativas "brindan infraestructura" a las empresas de cable, pero "no pueden brindar televisión por cable". Y agregó que "las cooperativas no son monopólicas, las cooperativas prestan servicios, pero al no haber fines de lucro no hay monopolio", argumentó Lange.

Por su parte, el empresario Julio Grossman, de la Cámara de Radios de Frecuencia Modulada, reclamó que la Autoridad de Aplicación sea "autónoma" del Poder Ejecutivo y que el Consejo Federal esté dividido en cinco regiones para hacerlo "más ágil".

Fabián Alegre, del Chaco, destacó que "es preciso contemplar a las pymes del cable y dar un espacio de reconocimiento a las inversiones realizadas". "La protección de la palabra es también la protección de las pymes. El interior del interior fue la génesis de la televisión por cable, hoy es el gran olvidado de este proyecto de ley", afirmó.

Miércoles, 30 de septiembre de 2009

Las Universidades Nacionales apoyaron por unanimidad

Universidades Nacionales de todo el país expresaron su "apoyo" a la ley de Comunicación Audiovisual que se debate en el Senado y la consideran "indispensable" para garantizar la "igualdad de oportunidades" en el acceso a los medios de comunicación masiva y para poner un límite a los "monopolios" que favoreció la ley de la dictadura.

Este apoyo quedó plasmado en una resolución aprobada por unanimidad al finalizar el 62 plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en la ciudad cordobesa de Villa María.

En este sentido, se expresó el vicerrector del CIN y también rector de la Universidad Nacional de Villa María (Córdoba), Martín Gill, que dijo que la nueva ley es "indispensable" porque la vigente "se encuentra viciada desde su origen por ser de la dictadura militar". "Las universidades siempre han abogado por una nueva ley reguladora de medios", dijo Gill.

En la misma línea se expresó el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Ruta, también integrante del CIN, que dijo que la nueva ley es "un gesto de coherencia" con lo que vienen haciendo las universidades, de abrir sus puertas para "reflexionar, discutir y debatir" esta ley.

"Por lo que las universidades vivieron durante la dictadura son concientes de que es insostenible una ley de medios como la que existe. La necesidad de una ley es impostergable y va más allá de las diferencias, incluso políticas, que puedan tener", dijo.

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Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Misiones, Aldo Caballero, ratificó esta postura y consideró la necesidad de su sanción "sin modificaciones en el Senado", teniendo en cuenta que es una ley que lleva "26 años de tratamiento".

Asumió que toda ley es "perfectible", como cualquier acto humano, y que en un futuro se "pueden perfeccionar algunos aspectos", pero dejó claro que en todo caso "es mejor que la que tenemos, que es de la dictadura".

Caballero señaló también el sentido "federalista" de esta ley y señaló que "ninguno de los canales de televisión disponibles en las localidades del interior del país informan sobre el clima local, sino que lo que se da es el clima en Buenos Aires".

En tanto, el vicerrector de la Universidad Nacional de Quilmes, Mario Lozano, destacó la "amplitud de voces" y las menores posibilidades de "situaciones monopólicas" que permite esta ley, y se preguntó "si los políticos de la oposición que se oponen se dan cuenta que alguna vez pueden ser gobierno y que los monopolios lo que hacen es "fijar la agenda política", en vez de que lo hagan los políticos democráticamente elegidos por el pueblo.

Lozano se refirió también a los condicionamientos financieros que pueden tener algunas organizaciones sociales a la hora de tener un espacio de radiodifusión, y explicó que pueden paliarse con "exenciones impositivas" y "mecanismos de financiación externos".

Dejó claro que "el epíteto que intentan adjudicar hoy a la ley, calificándola como Ley K a modo de insulto, en años futuros será vista como un orgullo y seguramente la oposición dirá que se trató de una ley votada por ellos y no una ley K, como dicen ahora en forma peyorativa".

En tanto, el consejo directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires declaró su apoyo al proyecto oficial, al resaltar que es el producto de "la movilización, perseverancia y madurez de amplios sectores de la sociedad" que "aportaron a la construcción del proyecto de ley".

En el escrito reivindican las mejoras al proyecto logradas en los foros, las audiencias públicas y el trabajo en comisión de la Cámara de Diputados.

Jueves, 1 de octubre de 2009

CARTAS LECTORES

Intereses o derechos

Paradójicamente, la etapa democrática que vivimos desde 1983, lejos de fortalecer los partidos políticos, los ha debilitado hasta hacerlos desaparecer o convertirlos en meros sellos, sólo utilizables durante las campañas electorales. Ello ha provocado una serie de perniciosas consecuencias, entre las que se destaca la ausencia casi total de un debate político serio y profundo, que esclarezca objetivamente a la sociedad sobre los problemas comunes que debe resolver, desde la óptica de hombres públicos que consagren desinteresadamente su vida a la cátedra y la gestión comunitaria. Ese debate ausente ha sido reemplazado, lamentablemente, por la prédica reiterada, tendenciosa y rastrera de una pléyade de comunicadores mediáticos a sueldo, que pretenden erigirse en los fiscales de la República, aunque sólo representan intereses concretos y particulares, que se guardan muy bien de explicitar, simulando gran

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preocupación por el acontecer político y económico de nuestro país, cuando en realidad lo único que hacen es propalar continuamente el discurso que les escriben sus patrones. Y es que el neoliberalismo arrasó con las fronteras que delimitaban lo público y lo privado hasta el punto en que algunos poderosos sectores económicos han pretendido confundir sus intereses particulares con los de la propia patria, a la que invocan sin reparo alguno apenas sienten mínimamente amenazados sus privilegios, consiguiendo, gracias a ese periodismo dependiente, que otros sectores sociales cuya realidad nada tiene que ver con la de aquéllos, caigan ingenuamente en su trampa. Ahora, las grandes corporaciones mediáticas, que de ninguna manera representan el interés general y que no permiten que salga a la consideración pública otra versión de la realidad que no sea la suya, negando el derecho de expresión y de información de los ciudadanos, apelan a la libertad de prensa y se rasgan las vestiduras ante la mínima posibilidad de que los verdaderos y únicos representantes del pueblo amplíen esos derechos a toda la sociedad. Una vez más, los intereses pugnan denodadamente por avasallar los derechos. Por lo menos, sepámoslo.

Francisco Martínez Pería

Abogado - L. E. 7.737.709

Jueves, 1 de octubre de 2009

19:32 › LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

Jenefes aseguró que firmará el dictamen de la mayoría

El senador jujeño Guillermo Jenefes aclaró que "de ninguna manera voy a convertir al bloque del Frente para la Victoria en rehén". El presidente de la comisión de Sistemas y Medios de Comunicación de la Cámara alta adelantó que firmará el dictamen en disidencia, hecho que le permitirá al oficialismo aprobar el proyecto en el plenario convocado para mañana. Por su parte, el presidente del bloque radical, Ernesto Sanz, descontando que la ley será aprobada la próxima semana en el recinto, no descartó que el nuevo Congreso introduzca las modificaciones a la ley que "el oficialismo se negó a debatir".

"Seguramente firme el dictamen en disidencia con lo que disponga el bloque del Frente para la Victoria", manifestó Jenefes en el debate del plenario realizado hoy en el Senado.

Jenefes ratificó su opinión de que el proyecto de ley de servicios audiovisuales "debería sufrir modificaciones", pero aclaró que "la ley no es tan mala como para que la rechacemos en su totalidad, ni tan buena como para que no la revisemos".

Jueves, 1 de octubre de 2009

› LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

Respaldo de los rectores de universidades nacionales

Rectores de distintas universidades nacionales expresaron en el Senado su respaldo al proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y coincidieron en señalar que "este es el momento" para debatir la norma porque "ya se llevan 26 años de debate".

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Fue al exponer la postura del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en el marco de la sexta jornada de las audiencias públicas que se llevan adelante en la Cámara alta para el análisis de la iniciativa que cuenta con media sanción de Diputados.

"Este proyecto de atreve a cuestionar a los dueños de la palabra", afirmó Juan Carlos Del Bello, rector de la Universidad Nacional de Río Negro, quien destacó que "si este proyecto no expresara la reivindicación de los 21 puntos delineados por la Coalición por una Comunicación Democrática, el CIN no hubiese expresado su respaldo".

El martes último, las 43 universidades nacionales reunidas en el CIN emitieron un documento de respaldo al debate de la Ley de Comunicación porque -argumentaron- "desde 1983 las universidades e instituciones públicas de educación superior han abogado por la derogación de la Ley de Radiodifusión de la dictadura".

En este sentido, al exponer en el Salón Azul del Senado, el rector de la Universidad de Río Negro criticó a aquellos que ponen en tela de juicio la legitimidad de la actual composición del Parlamento para debatir la iniciativa: "Este Congreso tiene la legitimidad; si no, habría que cerrarlo hasta su renovación".

Por su parte, Aldo Caballero, de la Universidad Nacional de Misiones, aplaudió la "valentía" de "este Congreso que se animó a discutir" esta iniciativa, y expresó su "agradecimiento y felicitación por esta valentía" porque "desde hace 26 años se viene intentando y este Congreso es el que se animó a hacerlo".

Además, destacó que "todas las universidades nacionales", con la "pluralidad" que eso implica, respaldan el tratamiento de la iniciativa, tal como quedó expresado en el pronunciamiento que realizó el martes último el CIN, reunido en Córdoba.

En este sentido, consideró que "era necesaria una ley que organice, que regule y que democratice el acceso a la información" y puso el acento en que "este tema ya lleva 26 años de debate en las universidades nacionales".

En tanto, el rector de la Universidad de San Martín, Carlos Rabel Ruta, indicó que el Congreso, con la participación de la "sociedad civil", es "el ámbito donde se deben encontrar los instrumentos para debatir y enriquecer" el proyecto de Ley de Comunicación Audiovisual y que, en cambio, ese debate no debe pasar "por una discusión entre los legisladores y los medios".

En este sentido, el académico se hizo eco del texto de la declaración del Consejo, que en un tramo afirma que la discusión de esta norma es, "además de urgente, legítima", y se destaca la necesidad de saldar "esta vieja deuda con la democracia".

Por su parte, Del Bello advirtió que "la sola presencia de un miembro que exprese al sistema universitario" en el marco de la autoridad de aplicación prevista en el proyecto "bastará para que, ante cualquier tipo de arbitrariedad, esa voz se convierta en caja de resonancia en las 43 universidades nacionales".

También, señaló que las universidades nacionales celebraron la decisión del Poder Ejecutivo de "excluir a las telefónicas" del proyecto original y destacó el debate que dio en "todas las universidades" en torno a la iniciativa que busca reemplazar a la vieja Ley de Radiodifusión, de la última dictadura.

A su turno, el titular del Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación, Enrique Zothner, planteó que el proyecto "debería

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preservar ciertas definiciones técnicas" y opinó que, antes del debate, "debería haberse discutido una ley de telecomunicaciones que definiera los conceptos".

En tanto, en el marco de la audiencia, el titular del bloque de senadores del oficialismo, Miguel Angel Pichetto, destacó el pronunciamiento del CIN como "un hecho de relevancia institucional extraordinaria, fundamentalmente porque los rectores son hombres con ideas pertenecientes a distintos partidos políticos".

"El hecho de que unifiquen una posición avalando el proceso de discusión democrático de este proyecto y respaldando sus ejes centrales, ratifica el rumbo democrático que tiene en esencia esta iniciativa", aseveró el legislador rionegrino en el Salón Azul.

Por su parte, el senador nacional y titular del radicalismo, Gerardo Morales, aseveró que si él fuese rector, "salvo algunas observaciones, firmaría totalmente la resolución", aunque remarcó que se trata "de un proyecto incompleto y, por ello mismo, perfectible".

Luego, los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich, y de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, iniciaron su exposición sobre el proyecto.

Jueves, 1 de octubre de 2009

› LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

Más de 330 artistas reclaman la sanción la ley

En una carta dirigida a cada uno de los senadores que debaten el proyecto de ley de servicios audiovisuales, productores, directores, actores y trabajadores de la industria cinematográfica les recuerdan que de ellos depende "la decisión de que sigamos pudiendo ver nuestras propias imágenes y de que nuestros hijos sepan, a través de ellas, quiénes fuimos, quiénes somos y qué país y qué mundo soñamos".

Los representantes de la cultura local señalaron que "hemos trabajado en el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ya aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación, y ofrecemos todo nuestro apoyo para que la Cámara de Senadores lo sancione favorablemente".

Entre los firmantes figuran Leonardo Favio, Adolfo Aristarain, Luis Puenzo, Andrea Del Boca, Natalia Oreiro y Federico Luppi, Liliana Mazure, Tristán Bauer, Soledad Villamil, Lola Berthet, Patricio Contreras, Roberto Carnaghi, Fernando Spiner, Daniel Burman, Ana María Picchio, Lita Stantic, Pablo Rovito, Roberto "Tito" Cossa, David Blaustein y Marcelo Piñeyro.

También firmaron la carta Jean Pierre Noher, Julio Raffo, Lito Cruz, Juan Palomino, Lorenzo Quinteros, Marcelo Schapces, Ricardo Wullicher, Carmen Guarini, Diego Dubcovsky, Hernán Musaluppi, Teresa Constantini, Luis A. Sartor, Juan Villegas y César Di Angiolillo.

Otras personalidades que integran la lista de más de 330 firmas son Santiago Oves, Veronica Cura, Pablo Fendrik, Juan Pablo Gugliotta, Alberto M. Lecchi, Horacio Maldonado, Luis Ziembrowsky, Alvaro Urtizberea, Sergio Bellotti y Pablo Agüero.

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En la nota afirman que "la Argentina posee hoy una inmensa cantidad de productores de contenidos, inmensa en cantidad y calidad. Nuestra creatividad y alto nivel de especialización técnica son reconocidas en el mundo entero. Nuestras escuelas de cine forman hoy a 14.000 alumnos".

"Esta Industria Audiovisual genera hoy cerca de 50.000 puestos de trabajo anuales. Con la producción de un promedio de 60 largometrajes de ficción, 40 documentales y un sin número de cortometrajes, a los que debemos agregar los servicios de producción, la publicidad y las ficciones para TV", agregan.

Para los firmantes "las pantallas se han convertido en protagonistas de nuestras vidas, todos pasamos más horas frente a algún tipo de pantalla que frente a nuestros seres queridos. Es a través de estas pantallas que se expresa y se dinamiza el imaginario colectivo de las sociedades".

Sin embargo, advierten, "nuestros ciudadanos no tienen en sus pantallas lugar para su propia historia, sus propios héroes, sus pensadores, sus artistas, sus científicos. Lo que no está en la televisión no existe. Si la televisión no lo confirma, no es cierto".

"Es tan monumental la selección restrictiva de contenidos que aplica esta suerte de libertad de mercado, que nuestras propias imágenes no son proyectadas en nuestros espacios audiovisuales", se quejaron.

"Hoy existe una clara diferencia entre los países que son capaces de generar sus propias imágenes y distribuirlas y exhibirlas, y los que se encuentran condenados a ver el mundo como otros lo imaginan", señalaron.

Y alertaron: "Nuestro espacio audiovisual está hoy desvastado por las prácticas que se extienden en esta falsa libertad de mercado y por la ausencia del Estado en su regulación".

"Es un espacio donde casi no tienen cabida nuestras películas y nuestras expresiones audiovisuales. Y esto es lo mismo que decir que no tienen cabida nuestra cultura y nuestra historia", finaliza la carta.

Jueves, 1 de octubre de 2009

EL PAIS › EL TRATAMIENTO DE LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL EN EL SENADO

Un dictamen de mayoría se busca

No hubo acuerdo entre oficialistas y opositores para concluir con las audiencias y llevar el proyecto al recinto. El kirchnerismo pretende emitir despacho hoy o mañana y que se trate el jueves o viernes próximos. La oposición quiere prolongar el debate en comisión.

Por Miguel Jorquera

Llegó el tiempo de definiciones. El kirchnerismo no quiere más dilaciones del debate en el Senado sobre el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual y buscará emitir dictamen de mayoría hoy, o a más tardar mañana, para llevar la iniciativa al recinto el jueves o viernes de la semana próxima. Pese a que fracasó el intento de

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acordar con la oposición la clausura de las audiencias y fijar la fecha de la sesión, el presidente del Senado, Julio Cobos, aseguró que no obstruiría un pedido del oficialismo de convocar a una sesión especial para tratar la iniciativa. La oposición se abroqueló en el reclamo de prolongar las audiencias y respetar los siete días reglamentarios para que el dictamen llegue al recinto, mientras prepara contrarreloj su propio dictamen para dar pelea por cambios en el proyecto que fue aprobado en la Cámara baja.

El oficialismo volvió ayer a la carga en busca del consenso que le permita tratar el proyecto de comunicación audiovisual la semana que viene. El ámbito fue una reunión de Labor Parlamentaria –de la que participan todos los jefes de bloques– convocada desde la presidencia de la Cámara alta. Pero el intento no prosperó. Kirchneristas y opositores se mantuvieron firmes en sus posturas.

La propuesta K consistía en cerrar las audiencias hoy –con la presencia de los gobernadores Alberto Rodríguez Saá, Jorge Capitanich y Hermes Binner– y firmar el dictamen para sesionar el jueves de la semana próxima, respetando el plazo de los siete días “de lectura” en una sesión ordinaria. Pero la oposición fue intransigente en su decisión de prolongar las audiencias, al menos hasta el martes de la semana que viene.

Pichetto replicó entonces con la propuesta de convocar a una sesión especial para el viernes 9. Incluso comprometió a Cobos a dar curso al pedido y respetar el reglamento de la Cámara. “Queremos que Cobos presida la sesión para despejar cualquier sospecha sobre que el día de tratamiento del proyecto se escoge para que el vicepresidente no esté”, repetían las principales espadas K en el Senado, en referencia a que la agenda presidencial en el exterior obligará a Cobos a estar al frente del Ejecutivo la segunda semana de octubre.

“La oposición considera que el debate en el plenario de comisiones le hace muy bien a la discusión”, sostuvo el senador porteño Samuel Cabanchik. Los peronistas disidentes de Salta, que comanda Juan Carlos Romero, fueron los más duros a la hora de rechazar cualquier acuerdo con el oficialismo. “Es una postura dilatoria. Cuando insistieron en que el debate se ampliara a más comisiones, a pesar de que el senador (José) Pampuro la había girado a solo dos haciendo uso de sus atribuciones como establece el reglamento, no hicieron cuestionamientos. Ahora exigen que cumplan los siete días de lectura, cuando el 60 por ciento de los senadores participaron del debate y el que no se acercó es porque no quiso”, dijo a Página/12 el oficialista santacruceño Nicolás Fernández.

El kirchnerismo considera que ya tiene las firmas necesarias para el dictamen de mayoría, tras vencer la resistencia del díscolo Guillermo Jenefes, que preside la comisión cabecera de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. Dueño de un multimedio en Jujuy, Jenefes rubricaría el dictamen en disidencia parcial con algunos artículos, pero que no serían los dos más cuestionados por la oposición –la integración de la autoridad de aplicación y la ampliación del plazo para que las compañías oligopólicas se desprendan de medios–.

Si se cumplen los pronósticos oficialistas, los gobernadores podrían cerrar hoy el debate en comisiones, aunque los voceros de Binner afirmaron que el mandatario santafesino no sería de la partida. Si la oposición logra bloquear la firma del dictamen, el kirchnerismo no estirará la decisión más allá de mañana. Quiere que el proyecto se trate la semana que viene en el recinto y con Cobos presidiendo la sesión. Allí, los

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votos dirimirán si la iniciativa se convierte en ley o sufre cambios y regresa a Diputados.

Jueves, 1 de octubre de 2009

EL PAIS › LOS EMPRESARIOS TAMBIEN FIJARON SU POSICION

Rechazos y pedidos de cambios

Por Miguel Jorquera

Ayer fue el día de los empresarios. Las asociaciones que nuclean a los propietarios de medios de comunicación disertaron frente al plenario de las comisiones legislativas del Senado en la quinta jornada de audiencias sobre el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual. Las Asociaciones de Televisión por Cable (ATVC), de Radiodifusoras Privadas (ARPA) y de Teledifusoras (ATA) se opusieron a la iniciativa del Gobierno. En tanto, las cooperativas y pymes del sector coincidieron en marcar la necesidad de que exista una nueva ley, pero reclamaron cambios en el texto que llegó de Diputados. Fuera de agenda y en un salón contiguo al del plenario, el rabino Sergio Bergman instó –flanqueado por peronistas disidentes y bussistas tucumanos– a los senadores a rechazar el proyecto. “No advierten la magnitud del daño que va a generar”, dijo a los senadores Carlos Molina, en defensa de los intereses de las radios privadas agrupadas en ARPA, la asociación que lanzó una campaña publicitaria en contra del proyecto oficial agitando el fantasma que sus voces serán calladas con la futura ley. “De su lectura surge la intencionalidad política de debilitar la actividad comercial privada independiente”, agregó en sintonía con las radios Carlos Molinero, en nombre de los principales canales de aire (ATA).

El representante de la Asociación Bonaerense de Televisión (ABT), Daniel Celentano, planteó la “necesidad de una ley de la democracia que sume voces pero que no calle voces” y reclamó cambios en el proyecto para “evitar asimetrías” entre las “empresas cooperativas y las empresas satelitales”. Luego defendió el rol de la industria de televisión por cable.

“Si bien esta ley es perfectible en el futuro, pedimos que la voten favorablemente”, subrayó Miguel Lange y, a modo de ejemplo, mencionó que en la localidad de General Pico (La Pampa) “la empresa monopólica de televisión por cable tiene ocho mil asociados”. “A cien pesos por mes –continuó Lange–, en un año la empresa obtiene diez millones de pesos, pero seis millones se van de General Pico por año; cualquier cooperativa podría hacer mucho por la ciudad con ese dinero.” Luego afirmó que “existe un clamor real de la gente de que las cooperativas intervengamos en este servicio”.

Bergman llegó al Senado invitado por los senadores de la oposición cuando la audiencia todavía no había terminado. En el Salón de Lectura, frente a los periodistas y flanqueado por los peronistas anti K Adolfo Rodríguez Saá y Juan Carlos Romero y los bussistas tucumanos Delia Pinchetti y Carlos Salazar, Bergman llamó a rechazar el proyecto.

“No hay que discutir artículo por artículo, sino que tienen que hacer que vuelva a Diputados porque hay 6 contravenciones verificables”, dijo el rabino y lanzó una advertencia a los senadores: “Hay que controlar cómo vota cada uno y si lo hace por interés nacional o por interés personal, cargos o aumento de su patrimonio”. El radical

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Ernesto Sanz y la cívica María Eugenia Estenssoro llegaron hasta el lugar, pero se fueron en silencio para evitar quedar pegados a la imprevista convocatoria.

Jueves, 1 de octubre de 2009

EL PAIS

Una actividad de interés público

Con posiciones divergentes, pero sin generar grandes polémicas con los senadores opositores, la jornada que tuvieron los constitucionalistas y especialistas en comunicación en el plenario de comisiones parlamentarias sirvió para debatir algunas cuestiones vinculadas con los detalles de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Damián Loreti, recibió el mismo cuestionamiento que el titular del Comfer, Gabriel Mariotto, por parte del senador socialista Rubén Giustiniani, respecto de la consideración de la comunicación audiovisual como una actividad de interés público, en vez de un servicio público. Loreti acompañó la respuesta que le dio en su momento Mariotto y agregó que la experiencia de algunos países europeos sirve para demostrar que no es suficiente declarar la comunicación audiovisual como un servicio público para evitar los monopolios. Además, Loreti respondió los planteos del radical Pablo Verani vinculados con la protección del patrimonio audiovisual y su copia en el Archivo General de la Nación.

Jueves, 1 de octubre de 2009

EL PAIS

Con el apoyo universitario

“Desde 1983 las universidades e instituciones públicas de educación superior abogan por la derogación de la Ley de Radiodifusión de la dictadura”, plantearon los rectores a través del Consejo Interuniversitario Nacional. El CIN acordó “apoyar” el tratamiento del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el Congreso y reafirmó que “adhiere a los 21 puntos por una ley de radiodifusión democrática”. Los rectores sostienen que para que sea realidad “la plena libertad para expresar y difundir las ideas” y que “todos los argentinos tengamos las mismas posibilidades de acceder a los medios de comunicación masiva es necesaria la sanción de una nueva ley”. Hoy expondrán su postura ante el Senado los rectores de las universidades de Villa María, Martín Gil; de San Martín, Carlos Ruta; de General Sarmiento, Silvio Feldman, y el vice de Quilmes, Mario Lozano.

Viernes, 2 de octubre de 2009

EL PAIS › OPINION *

Carta a los senadores

De nuestra mayor consideración

Los abajo firmantes nos dirigimos a usted porque sabemos que hoy nuestro Poder Legislativo reflexiona sobre un tema que es, para nosotros, trabajadores de la industria

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audiovisual, de importancia vital: el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Argentina posee hoy una inmensa cantidad de productores de contenidos, inmensa en cantidad y calidad. Nuestra creatividad y el alto nivel de especialización técnica son reconocidos en el mundo entero. Nuestras escuelas de cine forman hoy a 14 mil alumnos. Esta industria audiovisual genera hoy cerca de 50 mil puestos de trabajo anuales, con la producción de un promedio de 60 largometrajes de ficción, 40 documentales y un sinnúmero de cortometrajes, a los que debemos agregar los servicios de producción, la publicidad y las ficciones para TV.

Los trabajadores de las industrias audiovisuales expresan y generan cultura nacional, relatan nuestros triunfos, nuestras miserias, nuestros sueños y deseos, generan productos y talentos de exportación.

Los avances tecnológicos utilizados por la enorme mayoría de la población han convertido a las industrias culturales y de la comunicación en uno de los sectores económicos más estratégicos y dinámicos en materia de inversiones de capital, y en el de mayor crecimiento relativo de empleo.

Hoy, las pantallas se han convertido en protagonistas de nuestras vidas, todos pasamos más horas frente a algún tipo de pantalla que frente a nuestros seres queridos. Los individuos consumen hoy cultura más que cualquier otro producto. Es a través de estas pantallas que se expresa y se dinamiza el imaginario colectivo de las sociedades.

Y sin embargo nuestros ciudadanos no tienen en sus pantallas lugar para su propia historia, sus propios héroes, sus pensadores, sus artistas, sus científicos. Lo que no está en la televisión, no existe. Si la televisión no lo confirma, no es cierto. Es tan monumental la selección restrictiva de contenidos que aplica esta suerte de libertad de mercado, que nuestras propias imágenes no son proyectadas en nuestros espacios audiovisuales.

Hoy existe una clara diferencia entre los países que son capaces de generar sus propias imágenes y distribuirlas y exhibirlas, y los que se encuentran condenados a ver el mundo como otros lo imaginan.

Los primeros desarrollan sus industrias audiovisuales y a través de ellas difunden sus culturas y la interacción de éstas con el resto. Los segundos están irremediablemente destinados a un proceso de aculturización que los conduce a convertirse en usuarios de culturas y productos ajenos, y con ello al desdibujamiento de su identidad y la destrucción de su industria nacional.

En Europa se dio un extenso debate que llamaron “Directivas para una televisión sin fronteras” y que ha sido, por su profundidad y excelencia, orientador de las políticas públicas en la regulación del mercado en los países occidentales e inspirador de muchas de las normas que hoy están plasmadas en este proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fue un debate para defender la existencia de la lengua, la historia y la expresión de los pueblos en el concierto general de la comunicación audiovisual.

El resultado de este debate permitió establecer que el Estado debe fijar cuotas de pantalla, de facturación y de proporcionalidad de emisión, que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Y debe

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reglamentar específicamente la obligación de inversión de los medios de difusión en producción audiovisual, así como la compra de derechos de antena de películas nacionales en etapa de preproducción.

Nuestro espacio audiovisual está hoy devastado por las prácticas que se extienden en esta falsa libertad de mercado y por la ausencia del Estado en su regulación. Es un espacio donde casi no tienen cabida nuestras películas y nuestras expresiones audiovisuales. Y esto es lo mismo que decir que no tienen cabida nuestra cultura y nuestra historia.

Es por todo esto que hemos trabajado en el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ya aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación, y ofrecemos todo nuestro apoyo para que la Cámara de Senadores lo sancione favorablemente.

Estimado/a senador/a, en usted está la decisión de que sigamos pudiendo ver nuestras propias imágenes y de que nuestros hijos sepan, a través de ellas, quiénes fuimos, quiénes somos y qué país y qué mundo soñamos.

* Por Liliana Mazure, Leonardo Favio, Adolfo Aristarain, Luis Puenzo, Andrea Del Boca, Natalia Oreiro, Federico Luppi, Víctor Hugo Morales, Tristán Bauer, Soledad Villamil, Lola Berthet, Patricio Contreras, Roberto Carnaghi, Fernando Spiner, Daniel Burman, Adriana Varela, Ana María Picchio, Carolina Silvestre, Lita Stantic, Pablo Rovito, Roberto “Tito” Cossa, David Blaustein, Carlos Gallettini, Mimí Ardú, Marcelo Piñeyro, Osvaldo Santoro, Jean Pierre Noher, Julio Raffo, Lito Cruz, Juan Palomino, Lorenzo Quinteros, Marcelo Schapces, Ricardo Wullicher, Lucrecia Cardoso, Carmen Guarini, Diego Dubcovsky, Hernán Musaluppi, Bernardo Bergeret, Teresa Constantini, Rómulo Pullol, David Lipszyck, Javier Torre, Carlos Piwowarski, Luis A. Sartor, Juan Villegas, Rodolfo Hermida, Julio Ludueña, César D’Angiolillo, Santiago Oves, Marcelo Altmark, Sabrina Farji, Miguel Mato, Rosanna Manfredi, Raúl Seguí, María Elda Pincolini, Eva Piwowarski, Verónica Cura, Virginia Pstyga, Pablo Fendrik, Sergio Zóttola, Juan Pablo Gugliotta, Alberto M. Lecchi, Horacio Maldonado, Rolando Oreiro, Vanessa Ragone, Marcelo Céspedes y siguen las firmas.

Viernes, 2 de octubre de 2009

EL PAIS › EL OFICIALISMO YA TIENE LOS VOTOS PARA QUE SE TRATE EN EL SENADO LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

Con el dictamen a punto de salir al aire

La decisión del senador jujeño Jenefes de firmar “en disidencia” el dictamen mayoritario le dio al oficialismo los votos necesarios para sacar hoy el dictamen de la ley en comisión. El viernes próximo se tratará en el recinto.

Por Miguel Jorquera

El cierre del debate del proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual en el Senado fue abrupto. El kirchnerismo anunció ante el plenario de comisiones su intención de clausurar las audiencias hoy con la presencia de los directivos del Grupo Clarín (solicitada por la empresa ayer por la tarde, aunque luego desistió) y el titular del Comfer, Gabriel Mariotto, para luego firmar el dictamen. La respuesta de la oposición, encabezada por el radicalismo, fue dar por terminado el debate “para no convalidar la pantomima oficialista”. La decisión del díscolo jujeño Guillermo Jenefes

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de rubricar “en disidencia” el dictamen de mayoría, terminó por desvanecer la estrategia opositora de bloquear el despacho oficialista e introducir cambios en le proyecto que llegó desde Diputados. El dictamen se firmará hoy y el viernes de la semana próxima será la sesión especial donde los senadores K buscarán convertir en ley la iniciativa.

La audiencia de ayer, a diferencia de las anteriores, fue una de las más pobladas de senadores. Una situación que, para los más experimentados conocedores de las lides parlamentarias, era “señal de definiciones”. Los contactos entre oficialistas y opositores para lograr un acuerdo sobre las fechas para clausurar las audiencias y sesionar habían fracasado. Jenefes, que preside el plenario como titular de la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, tomó la palabra. “Los directivos de Clarín solicitaron, en una nota dirigida al despacho de Julio Cobos, participar del debate”, dijo solemne el jujeño y anunció que por decisión de los presidentes de las cuatro comisiones (que componen el plenario) fue convocarlos para hoy a las 9.30.

“Es el cierre adecuado para un debate amplio y con multiplicidad de voces”, agregó Miguel Angel Pichetto, el jefe del bloque de senadores K. Pichetto propuso que hoy tras las disertaciones de los empresarios, de Mariotto y del titular de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Ceferino Namuncurá, se firme el dictamen del plenario. “Si no hay acuerdo, podemos votar”, agregó el rionegrino con la certeza que tenía los votos necesarios para imponerse.

El jefe de la bancada de la UCR, Ernesto Sanz, fue el primero en oponerse. El radical insistió en continuar con las audiencias hasta el miércoles de la semana que viene, reclamó cambios en el proyecto y anunció que su bloque no concurrirá hoy a la última audiencia. Luego, convencido que el jujeño aportó el voto que le faltaba al oficialismo para lograr mayoría en el plenario, interpeló a Jenefes: “Usted hizo declaraciones públicas a favor del rol de esta Cámara como Cámara revisora del proyecto que llegó de Diputados”. Al planteo radical, se sumaron los senadores María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica, y Samuel Cabanchik, ex CC, y los cuestionamientos de los peronistas disidentes Sonia Escudero y Adolfo Rodríguez Saá.

Jenefes fue el primero en recoger el guante. “Mi opinión es que esta es una ley que debe sufrir modificaciones: no es tan mala como para rechazarla en su totalidad ni tan buena como para no revisarla”, arrancó. Pero a renglón seguido afirmó que “así como no quiero ser rehén de ningún partido, tampoco quiero hacer rehén de mi firma a mi bloque, por eso voy a firmar el disidencia el dictamen de la mayoría”. Jenefes, que es dueño de un multimedio en Jujuy, también aclaró que presidía la comisión e integra las otras dos (Presupuesto y Asuntos Constitucionales) en nombre del bloque oficialista.

El pronunciamiento público de Jenefes derrumbó la estrategia opositora, que habría cifrado su estrategia parlamentaria y su “esperanza” en bloquear el dictamen oficialista y hasta sumar al jujeño para introducir cambios en la discusión artículo por artículo en el recinto. Incluso, una de las versiones más difundidas ayer en los pasillos del Senado era que Jenefes presentaría su propio dictamen y acorralaría al kirchnerismo. La postura opositora de no asistir hoy a la audiencia, desencajó a Pichetto y propuso que el dictamen se firmara ahí mismo, para cumplir con los tiempos parlamentarios –de siete días de lectura– y sesionar el jueves en una sesión ordinaria. Luego volvió sobre sus pasos para no desautorizar la decisión que habían adoptado los presidentes de la comisiones, e insistió en la convocatoria para hoy.

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“No estoy de acuerdo a que este proyecto se apruebe a libro cerrado. No vamos a participar mañana (por hoy) como cómplices de un debate de Clarín versus el Gobierno o del Gobierno versus Clarín. Iremos al recinto el día que corresponda”, sostuvo Sanz. “No queremos que el Senado se convierta en la escribanía de la Cámara de Diputados”, agregó el renovador salteño Juan Pérez Alsina. “Seis días de audiencias para discutir la ley y no quieren hacer ninguna modificación. Esto demuestra lo devaluada que está la democracia en nuestro país”, sumó Estenssoro.

Pichetto volvió a salir al cruce. “Así como han venido a reclamar modificaciones, otros han dicho que querían que esta ley se apruebe sin cambios. El debate no ha sido estéril”, sostuvo. Pero tampoco dejó pasar la oportunidad de contestarle a Estenssoro: “Somos el partido del Gobierno y estamos alineado con sus decisiones. Tal vez sea una cosa que la senadora Estenssoro no vaya a entender nunca”, añadió Pichetto.

La suerte ya estaba echada. Con el aporte de Jenefes, el oficialismo se impuso en la votación del plenario. Afuera del Salón Azul ya se preparaban las sillas para una conferencia de prensa de la oposición. Los senadores del peronismo disidente decidieron no sumarse. El próximo paso conjunto será reagrupar fuerzas para, en la sesión del viernes, lograr cambios en el articulado del dictamen para que el proyecto regrese a Diputados.

Viernes, 2 de octubre de 2009

EL PAIS › NUEVA AUDIENCIA CON VOCES DISIMILES SOBRE LA LEY

Con dos gobernadores enfrentados

Los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich, y San Luis, Alberto Rodríguez Saá, confrontaron ayer en el plenario de comisiones de la Cámara de Senadores de la Nación, durante el sexto día de audiencias por el debate de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, del que también formaron parte rectores de universidades nacionales; Gustavo Vittori, presidente de la Asociación de Entidades de Prensa de Argentina (Adepa); el rabino Sergio Bergman y Sergio Caletti en representación del espacio Carta Abierta.

El gobernador puntano salió con los tapones de punta al sostener la inconstitucionalidad de la norma y asegurar que, en caso de que el Congreso la sancione, recurrirá a la Corte Suprema y, de ser necesario, incluso a instancias internacionales. El argumento de Rodríguez Saá sostiene que se “está ninguneando” el artículo 32 de la Constitución Nacional, que establece que el parlamento no puede dictar leyes que restrinjan o establezcan jurisdicción federal sobre la libertad de imprenta.

Su par chaqueño sacó a relucir otro párrafo de la ley de leyes, el artículo 75 inciso 19, que dispone dictar leyes que protejan “los espacios culturales y audiovisuales”. En una postura absolutamente favorable a la nueva reglamentación de medios, Capitanich sostuvo que “entender que esta ley es una ley mordaza sensiblemente atenta contra el sentido común, que es el mas común de los sentidos”. Se esperaba también la presencia del gobernador santafesino Hermes Binner en el plenario, pero el socialista finalmente desistió de participar de las audiencias.

Entre las voces opuestas al proyecto se destacó la del presidente de Adepa, Gustavo Vittori, que denunció que el texto deja “artículos demasiado abiertos y una discrecionalidad demasiado extensa para la autoridad de aplicación”, entre otros

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defectos. “En poco tiempo, nos vamos a arrepentir”, vaticinó, en tono apocalíptico. En la misma vereda se paró el rabino Sergio Bergman, que exigió que la iniciativa vuelva a la Cámara de Diputados en función de “los vicios de su tratamiento”.

Juan Carlos Del Bello, rector de la Universidad Nacional de Río Negro, fue uno de los oradores que representaron al Comité Interuniversitario Nacional (CIN). “Este proyecto se atreve a cuestionar a los dueños de la palabra”, aseguró. Aldo Caballero, su par de Misiones, destacó, como garantía de pluralidad, que el proyecto cuenta con el apoyo de “las 43 universidades nacionales”.

El más enérgico de los expositores que pasaron por el senado en la jornada de ayer fue Sergio Caletti, representante del espacio Carta Abierta, de intelectuales cercanos al gobierno nacional. Caletti sostuvo que “es imprescindible” aprobar la ley, y que si el Senado no lo hace “no actuará como un representante de la nación y del pueblo, sino de la vergüenza de la Argentina”.

Viernes, 2 de octubre de 2009

EL PAIS › LA OPOSICION PROTESTO LA DECISION DE NO MODIFICAR EL DICTAMEN

“Se van a salir con la suya”

Los senadores radicales, de la Coalición Cívica, del peronismo disidente y hasta del socialismo protestaron por el cierre de las deliberaciones en comisión. Hoy no participarán de la última jornada de audiencias públicas.

Por Sebastian Abrevaya

Ante el anuncio del presidente del bloque K, Miguel Angel Pichetto, de que el oficialismo llevará sin modificaciones al recinto del Senado la media sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los senadores de la oposición cuestionaron que no se dio el tiempo suficiente para el debate y que si no había intención de hacerle cambios al dictamen oficialista, todo lo hecho hasta ahora en la Cámara alta había “quedado trunco”. “Nosotros hemos intentado que la sociedad tuviera una buena ley y el Gobierno ha intentado sacar la ley que a él le conviene. Finalmente el Gobierno se va a salir con la suya y va a tener la ley que quiere”, sentenció el titular del bloque radical, Ernesto Sanz, en una conferencia de prensa convocada luego de que concluyera el plenario de comisiones.

La actitud del bloque oficialista, de finalizar hoy la ronda de audiencias y de firmar el dictamen de mayoría por la tarde, sin realizarle modificaciones al proyecto aprobado en Diputados despertó las airadas críticas tanto de radicales, peronistas disidentes, de la Coalición Cívica y hasta del socialismo, que acusaron al bloque K de clausurar el debate. “Durante todos estos días nosotros hemos venido aquí con la expectativa de que podamos modificar la ley”, sostuvo Sanz luego de que Pichetto anunció que tenían las firmas necesarias para aprobar el dictamen de mayoría.

Desde la oposición aseguraron que había un compromiso informal entre Pichetto y los presidentes de los bloques opositores para continuar con las audiencias hasta lunes o martes de la semana próxima. Por eso reaccionaron ante el anuncio y denunciaron “presiones” de Olivos para apurar la ley. El titular de la Comisión de Comercio, el radical Arturo Vera, consideró que “el kirchnerismo no respeta la división de poderes”.

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En este contexto, los senadores de la oposición anticiparon que no participarán de la última jornada de audiencias que se realizará hoy con una nueva aparición del interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, y la exposición del titular de la Comisión Nacional de Comunicaciones, Ceferino Namuncurá. Un representante del grupo Clarín estaba convocado a la audiencia pero la empresa emitió ayer un comunicado rechazando la invitación por la actitud del oficialismo.

Desde la oposición están preparando sus dictámenes de minoría y según Sanz buscarán unificar criterios con el bloque del Peronismo Federal. “El dictamen que elaboramos mejora bastante el proyecto, tomamos la media sanción y mejoramos 10 o 12 cuestiones. No veo por qué el oficialismo no puede considerar ninguna de ellas”, le dijo Cabanchik a Página/12, quien comparte el proyecto de la UCR. La senadora María Eugenia Estenssoro también trabaja en el dictamen radical, pero a su vez está ajustando los detalles de una iniciativa propia que involucra la publicidad oficial y el acceso a la información pública.

El titular del PS, Rubén Giustiniani, no se estará presente en la última jornada de audiencias. Aunque ya tenía previsto un viaje a Rosario que le hubiera impedido participar, Giustiniani comparte con la UCR las críticas al método utilizado por el oficialismo para tratar la ley. Sin embargo, fuentes cercanas al presidente del partido aseguraron que mantendrá su posición de votar a favor en general y en contra de algunos artículos.

Sábado, 3 de octubre de 2009

EL PAIS › EL PROYECTO DE MEDIOS FUE APROBADO EN PLENARIO DEL SENADO

La ley ya pasó las comisiones

Por Miguel Jorquera

Casi todos los senadores oficialistas estamparon su firma. Con mayoría en las cuatro comisiones que conformaron el plenario legislativo, el kirchnerismo rubricó el dictamen de mayoría del proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual que llegará el viernes al recinto del Senado, donde se dirimirá si se convierte en ley o regresa a Diputados con modificaciones. Antes, los legisladores leyeron la nota enviada por el Grupo Clarín justificando su rechazo a la invitación, que había solicitado, en la decisión del oficialismo de no promover cambios en la iniciativa, y escucharon las duras críticas del interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, a los grupos empresarios de medios de comunicación. Enfrente, como única señal de resistencia, la oposición dejó sus sillas vacías en el Salón Azul del Senado.

Sin la presencia de empresarios ni senadores opositores, el trámite no duró más de una hora. El díscolo oficialista Guillermo Jenefes, que dirigió el plenario, dio por cerrado el debate poco después de las once de la mañana. Jenefes ratificó que firmaría el dictamen de la mayoría en disidencia y fue el primero en rubricar el texto que reproduce, sin cambios, la media sanción que llegó desde la Cámara baja.

Uno a uno, la mayoría de los senadores oficialistas siguieron los mismos pasos. El bloque K logró mayoría en las cuatro comisiones del plenario. Aportó nueve firmas sobre quince integrantes en las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, y de Industria y Comercio; otras ocho, sobre el total de quince, en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales. Sólo los

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chubutenses se diferenciaron: Marcelo Guinle –al igual que Jenefes– lo hizo en disidencia parcial y Silvia Giusti no firmó el dictamen. El catamarqueño Ramón Saadi no estuvo en el Senado pero habría enviado una carta adhiriendo al dictamen de mayoría, aunque su firma no cambiaría el resultado de la Comisión de Industria.

El plenario se abrió poco después de las 10 de la mañana, cuando Jenefes leyó una misiva del director de Relaciones Externas del Grupo Clarín, Jorge Rendo. Allí, el grupo empresario hizo propio el argumento opositor de no concurrir, para exponer su posición frente al proyecto del Gobierno como lo había solicitado el vicepresidente Julio Cobos, ante la decisión oficialista de avanzar en la sanción de la iniciativa sin realizar modificaciones al texto que aprobó Diputados. La réplica llegó a través de Mariotto, que volvió a hacerse presente en el plenario por solicitud opositora. El titular del Comfer repasó los argumentos vertidos desde la oposición y las empresas contra el proyecto oficial a lo largo del debate parlamentario y sostuvo que el objetivo era “ganar tiempo” y conseguir “que de esto no se hable, que no se discuta”. “No podemos ser ingenuos suponiendo que esos reparos pueden tener que ver con enriquecer el debate”, afirmó Mariotto.

La intervención del titular de Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) fue escueta. Ceferino Namuncurá explicó que “un uso eficiente del espectro seguramente va a saldar esa deuda con muchos operadores que tienen la voluntad de regularizarse”. “Una de las cosas importantes que están contempladas en este proyecto es la migración a nuevas tecnologías y la digitalización”, que permitirá “la multiplicación de las señales”, precisó Namuncurá. Con el dictamen firmado, el jefe del bloque de senadores K, Miguel Angel Pichetto, enfrentó las preguntas de los periodistas. “Es una muy buena ley”, respondió el rionegrino para defender la postura de no introducir cambios de Diputados y afirmó que “tenemos los votos para aprobar la ley”, con el apoyo incluso de algunos aliados.

Pichetto defendió la decisión de Jenefes, porque tuvo “una posición muy correcta” al apoyar en general la ley aunque en el tratamiento en particular se diferenciará y votará en contra de varios puntos del proyecto. “Es una disputa política y en esa disputa política nosotros estamos del lado del Gobierno”, agregó el correntino Fabián Ríos, que preside la Comisión de Presupuesto. Convencido de que no tendrá tropiezos para la aprobación en general del proyecto, la preocupación del oficialismo pasa por garantizar los votos para no resignar cambios en el texto durante la discusión artículo por artículo que se dará en la sesión especial, que Cobos convocó para el viernes 9 a las 11 de la mañana, a pedido del bloque K. El radicalismo ratificó que el lunes o martes presentará el dictamen de minoría que redactan contrarreloj. El peronismo anti K, nucleado en el Interbloque Federal, volvió a rechazar por “inconstitucional” la ley. Pero, a pesar de sus diferencias políticas, la oposición intentará reagruparse para dar en el Senado la última batalla por modificar artículos del proyecto.

Sábado, 3 de octubre de 2009

EL PAIS › MARIOTTO, TITULAR DEL COMFER, HABLO EN EL PLENARIO

La defensa de la ley fue la política

Por Miguel Jorquera

Sin preguntas ni cuestionamientos técnicos para responder, por la ausencia de empresarios y senadores opositores, el titular del Comfer, Gabriel Mariotto, defendió políticamente el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual en el cierre del

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plenario de comisiones del Senado. Enumeró uno a uno los argumentos opositores a lo largo de la discusión parlamentaria, para calificarlos de “dilatorios” y cargó duro contra las campañas que las empresas periodísticas lanzaron para oponerse a la ley.

Mariotto sostuvo que el proyecto toma la resolución del capítulo de libertad de expresión del Pacto de San José de Costa Rica, que establece que los monopolios y los oligopolios atentan contra ese derecho. “Si alguien o un pool de empresas de comunicación tiene una posición dominante en el mercado, se convierte en una nueva forma de censura. Distinta a la de la dictadura militar, pero una forma de censura. ¿Quién nos defiende de este estado de censura? Un Estado que dicte leyes”, dijo Mariotto.

“Nadie quiere cerrar ninguna voz, queremos que haya muchas, múltiples puntos de vista que puedan expresarse”, continuó. Luego afirmó que las voces que “repican” en contra defienden “intereses propios y del sector” y una posición contraria a la que predomina en el mundo. “En 25 años nunca escuché replanteos acerca del rol cómplice que tuvieron durante la dictadura militar”, dijo Mariotto sobre las asociaciones empresariales de radios y televisión privada, como ARPA y ATA. “No podemos ser ingenuos suponiendo que esos reparos pueden ver con enriquecer el debate. No hay ningún interés de estos empresarios en aportar al debate. Permanentemente quieren ganar tiempo, para que esto no se hable, que no se discuta.”

Mariotto elogió el “coraje” de Cristina Fernández de Kirchner para impulsar el proyecto y tomó las palabras del diputado sindical Julio Piumato durante el debate en la Cámara baja: “Si la Presidenta hubiera hecho lo que ellos quieren que haga, hoy sería tratada como la reina consorte”.

Domingo, 4 de octubre de 2009

EL PAIS › BINNER RECHAZO LA POSIBILIDAD DE ACOMPAÑAR A JULIO COBOS EN LAS PRESIDENCIALES

“Una fórmula debe ir de la mano de un proyecto”

El gobernador de Santa Fe habló con Página/12 del 2011 y de su futuro. Reivindicó las internas abiertas como mecanismo de definición de los candidatos. También defendió el papel del socialismo en la discusión de la ley de medios audiovisuales.

Por Pablo Feldman

Desde Rosario

“No voy a ser vicepresidente de Cobos.” Así de tajante se pronunció el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, cuando este diario le preguntó si acompañaría al mendocino en un binomio presidencial en 2011. Y aclaró que “la construcción de una fórmula presidencial tiene que ir de la mano con un proyecto”. En ese sentido dio una pista sobre cómo debería resolverse una fórmula a nivel nacional: “Santa Fe es una provincia que tiene hoy una gran ventaja, y es la de tener primarias abiertas, con lo cual habilita que el que se quiera presentar se presente y que sea la población la que decida”. “¿Por qué esa compulsión a que me defina ahora, cuando falta tanto tiempo y hay tanto por hacer?”, se preguntó cuando se quiso saber qué hará de su vida a partir del 11 de diciembre del 2011, cuando termina su gestión en la provincia.

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–Después de las elecciones en Santa Fe, hubo diferentes visiones sobre el resultado, la más difundida fue “Binner le ganó a Reutemann”. ¿Qué visión tiene usted?

–Creo que son elecciones absolutamente diferentes. En la elección de los senadores se sabe cuál es su trascendencia para la población y la trascendencia que tiene para el destino de la nación la elección que se pueda dar allí. Porque ahí hay una distancia muy grande. Digo esto porque en comparación de lo que significa la democracia de proximidad, donde la población está cerca de su gobernante, gente de la comuna, que está cerca del jefe comunal, del intendente, saben dónde vive y cuáles son sus costumbres, por lo menos desde el primer lugar, que es el que lleva adelante al resto de la lista, en el caso de los primeros concejales. De manera que es una elección muy diferente. Y también que prueba que ya no están más los votos dirigidos a un signo partidario o a una persona en particular, sino que la gente va viendo, de acuerdo a su mejor entender, hacia dónde tiene que ir dirigido su voto para que esta democracia representativa funcione.

–Se da un hecho poco usual, después del 28 de junio, Reutemann pasó a ser presidenciable porque ganó por un punto y medio a Giustiniani, y ahora aparece Binner presidenciable porque dio vuelta aquel resultado.

–Por eso digo que son elecciones diferentes.

–¿Usted se considera presidenciable?

–Bueno, se pueden hacer interpretaciones... Nosotros creemos y estamos convencidos de que necesitamos un proyecto de nación. Sin ese proyecto es indudable que vamos a repetir lo que pasó cuando nos tocó ser parte de la Alianza, que tenía muchísimas propuestas, pero le faltaba un proyecto que contuviese a todos, y por aquí queremos que vaya la Argentina. Tan es así que fue una gran debilidad del Gobierno a partir de que no se quería sacar el uno a uno porque se había comprometido la campaña electoral en no sacarlo y terminó con este absurdo de incorporar a Domingo Cavallo como el salvador de la humanidad y vimos lo que pasó. De manera que si nosotros queremos iniciar un camino de cara al bicentenario, que tenemos esta chance entre el 2010 y el 2016, indudablemente tenemos que pensar en la construcción de un proyecto de nación que realmente en el centenario lo teníamos y que ahora, en el bicentenario, no lo tenemos. A veces usamos la metáfora del barco porque lo que realmente necesitamos es construir, incluir, sumar a toda la gente que pueda aportar a ese proyecto, que no están en los partidos políticos, están en los centros culturales, científicos y de investigación, que están en las universidades, incorporados a la vida de la forma que pueden pero no enganchados en un proyecto común, como puede significar un proyecto de nación.

–¿Se imagina la construcción de ese proyecto sin el peronismo?

–No se trata de excluir al peronismo, sino que es una nueva forma de construir. Históricamente el capitán del barco era el que ordenaba a toda la tripulación, y no es así. Es decir, si buscamos que el capitán pueda armar ese barco, realmente vamos a cometer un error porque en Argentina existe la disidencia más que la coincidencia, que es lo que nos tiene que habilitar. El eje fundamental es pensar en construir un país moderno, con valores que respeten las necesidades de la gente, que nos dé escozor compartir un 40 por ciento de pobreza porque sabemos que no hay ningún caso en el mundo que se haya desarrollado con estos niveles de pobreza, ni siquiera países que puedan tener riquezas. Si esas riquezas quedan concentradas en pocas manos y no

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hay educación, salud, vivienda, trabajo, condiciones mínimas de habitabilidad, indudablemente, tarde o temprano, termina estallando. Estamos a tiempo para que el país no estalle. Acá hay riquezas, tenemos gente emprendedora, humedad, buenas tierras, liquidez, pero falta confianza. Por eso recordamos a este Premio Nobel de 2002 –Muhammad Yunus–, este psicólogo que decía que el problema fundamental estaba en la falta de confianza. Y eso es lo que nos está pasando hoy, no nos hace falta una persona que conozca más que nosotros el proceso agrario o de agricultura, sólo necesitamos valorar lo que tenemos, y no dividiendo partidos y colores, sino construyendo a través de saberes. Si comenzamos con los nombres, empiezan los peros.

–Sin embargo, usted fue muy claro y tajante al decir “Con Kirchner, jamás”. ¿Con Cobos? Porque desde el reutemismo sostienen que usted integraría el binomio en la medida en que le garanticen que el gobernador de Santa Fe sería un socialista.

–Eso es una ridiculez.

–¿Pero acompañaría a Cobos?

–No, no voy a ser el vicepresidente de Cobos. La construcción de una fórmula presidencial tiene que ir de la mano con ese proyecto del que hablamos antes. No hemos aprendido nada de lo que pasó en la Argentina. Además, creo que realmente Santa Fe es una provincia que tiene hoy una gran ventaja y es la de tener primarias abiertas, con lo cual habilita que el que se quiera presentar se presente y que sea la población la que decida.

–Hablamos de la fórmula presidencial, no de Santa Fe.

–La fórmula presidencial también tiene que surgir de esa forma. Nosotros votamos en contra, fuimos sólo 14 o 15 diputados a nivel nacional que votamos en contra de la derogación de la existencia de internas abiertas, que fue uno de los acuerdos logrados en el Diálogo Argentino. Lamentablemente no se consideró más, pero es una herramienta para definir en esta situación de Argentina, que tiene grandes dificultades a la hora de alinear una fórmula para poder tomar definiciones importantes.

–En ese esquema habría distintas alternativas, porque también la escuchamos a Carrió, que con Cobos no quiere ir ni a la esquina. ¿Usted participaría de una interna abierta como candidato presidencial porque esta semana dijo “yo no voy a ser candidato”?

–Bueno, esa respuesta fue por las especulaciones de los candidatos que usted me nombró antes. Pero yo creo que todo el mundo tiene derecho a ser candidato y toda la gente puede establecer ese aporte. Pero yo quiero decir que en Santa Fe tenemos mucho por hacer, recién estamos comenzando, recién tenemos el plan estratégico gracias al apoyo de la Unión Europea. Tenemos ya el libro aprobado por la gente en las asambleas ciudadanas. Tenemos ahora el libro de las obras de arquitectura que son parte de la demanda de la población en cada región y esto es un pedido de los vecinos en las asambleas. Porque ellos son un hilo conductor de lo que hay que hacer en la provincia de acá a veinte años. De manera que sabemos lo que hay que hacer y estamos muy comprometidos en la provincia.

–Sin perjuicio de eso, nadie se imagina que el 10 de diciembre de 2011 usted se va a su casa.

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–¿Por qué no? Se puede construir desde otras partes.

–¿Por qué esa compulsión a autoexcluirse?

–No, para nada, pero yo le pregunto a usted: ¿Por qué esa compulsión a que me defina ahora, cuando falta tanto tiempo y hay tanto por hacer?

–Bueno, entonces no es un “no, de ninguna manera”.

–Póngalo así; se puede ser útil en cualquier lado. A veces me preguntan dónde nació mi idea de la política, y yo creo que surgió por el entusiasmo a emprender, por el emprendedorismo, y esto es una acción que tenemos que fomentar en los niños de 4, 5 y 6 años, que pueden ser emprendedores, porque eso es estudiar lo que pasó en nuestro país; porque Argentina se constituyó en el choque de dos culturas, que fue muy importante. Las comunidades aborígenes y las grandes migraciones, y todos esos migrantes vinieron con un proyecto bajo el brazo, vinieron con un puñado de semillas, con una necesidad de construir y de hacer. Bueno, ésta es la provincia de Santa Fe y ésta es gran parte de la República Argentina, donde hoy lo que no faltan son emprendedores. Eso posibilita que en el tallercito pequeño de artesanos también haya germinado esta idea para que hoy tengamos muchas fábricas, empresas, emprendimientos asociativos. En nuestra historia están los ejemplos de lo que hay que hacer. Es importante que sepamos detrás de qué elementos tenemos que colocarnos, porque hoy el gran debate de Santa Fe es si cambiamos o no la hora, y yo digo que no es un tema menor, pero que no hagamos eje en este problema porque se nos va la vida. Nadie dejó de estar atendido porque se cambie la hora.

–El socialismo padeció intentos de descalificaciones por apoyar la ley de Servicios Audiovisuales y sostener un proyecto que tiene más de veinte años, el que presentó en soledad Guillermo Estévez Boero.

–En realidad no fue en soledad, porque fue en el Consejo de Consolidación de la Democracia con Raul Alfonsín presidente, donde participaban figuras muy importantes de la política, la ciencia y la cultura. En ese ámbito se confundieron todas estas ideas procedentes de distintos ámbitos.

–Ese proyecto ya era antimonopólico, sin que los monopolios fueran lo que son hoy...

–Claro, y después vino la ley de Carlos Menem, que fue un problema muy grave, entre otros problemas muy graves que nos dejó ese período. Pero, creo que realmente tenemos que avanzar en este tema. Nosotros ponemos como ejemplo a Santa Fe, donde no hay ni un solo medio que nos integre. A veces me preguntan por qué hago declaraciones en otro lado, y es que es la única forma de que me escuchen en todo Santa Fe. No hay un lugar, ni una AM o FM, y no por la tenencia de la radio, sino porque puede ser pública, privada, cooperativa, mixta. Acá hay dos lógicas, la que les interesa a los medios que invierten, que tiene la lógica de la rentabilidad, además de ejercer la profesión con absoluta dignidad, y está la idea del servicio, que tiene que ver con una responsabilidad del Estado. Entonces cómo combinamos, si es una tarea que puede ser rentable y además presta un servicio. Si no fuera rentable, la necesitamos como servicio. Esta es la lógica que tiene que darse en la provincia para tratar el tema de los medios.

–¿Cree que se ha sobredimensionado el tema, ya que lo que se está discutiendo afecta los intereses de quienes cuentan la historia?

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–Creo que paradójicamente tenemos una baja información de lo que está ocurriendo, pero no dudo de que si hay diálogo va a haber posibilidad de salir. Y la otra cuestión es que en general las posiciones muchas veces se toman según la opinión que tienen del ente o del gobierno que la va a aplicar, y creo que eso a veces tiñe la decisión, y no debería ser así el Estado de derecho.

–¿Hace mucho que no habla con Carrió?

–Uff... muchísimo.

–¿Y con Cobos ?

–Hace mucho tiempo también, está cada uno en sus cosas.

–¿Y con Reutemann, porque en algún momento él dijo que si usted lo invitaba a la Casa de Gobierno, él iría?

–Antes de fin de año vamos a hacer una reunión con diputados y senadores. Obviamente va a estar invitado, como todos.

Domingo, 4 de octubre de 2009

EL PAIS › COBOS VERA EL PARTIDO POR TELEVISION

La lección

El viernes se votará en el Senado la nueva regulación audiovisual. Cobos planeaba restarle dos votos al oficialismo viajando a Montevideo el día del partido con Uruguay. Pampuro reemplazaría a CFK, de viaje en la India, y Marín conduciría la sesión. Cómo se desbarató la maniobra. Por oponerse a la ley, Bonasso no fue a declarar en Rosario. El consenso de las minorías. La ley de sociedades offshore de Macri-De Narváez.

Por Horacio Verbitsky

Al atardecer del viernes, la oposición no había presentado su dictamen o dictámenes de minoría sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual. Por lo que dejaban trascender sus negociadores políticos, entre los distintos bloques sólo había cinco puntos de acuerdo. A ellos podrían reducirse las votaciones en particular luego de la aprobación en general para la que el oficialismo cree contar con suficientes votos. Pero las peripecias corridas hasta llegar a ese punto aconsejan no dar por cerrada ninguna posibilidad. El Frente para la Victoria se esforzó por cerrar el debate y firmar su dictamen el jueves, de modo de respetar el plazo de una semana de lectura y reunirse el jueves 8 en sesión ordinaria. Su temor si accedía a la prórroga de las audiencias era que la sesión especial, el viernes 9, requeriría que la convocara el hombre de las sorpresas de madrugada. De negarse Cobos, la siguiente sesión ordinaria hubiera correspondido al martes 13. En tal caso, el vicepresidente hubiera podido viajar a Montevideo para darle suerte a Elisa Carrió en el último partido de las eliminatorias para el campeonato mundial de fútbol. De ese modo le sustraería dos votos al oficialismo para la ley de medios: el de José Pampuro, que hubiera debido asumir la presidencia durante el viaje de CFK a la India, y el de Rubén Marín, como

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forzado presidente provisional del Senado, sin derecho a voto. La presidente habría evaluado inclusive la posibilidad de postergar el viaje a uno de los mayores socios comerciales de la Argentina y exponer a Cobos a la consideración pública por su acto encaminado a continuar la erosión institucional que inició en julio de 2008. Un paso previo, en apariencia exitoso, fue la nota que la conducción del bloque mayoritario elevó a Cobos reclamándole la sesión especial para el martes 6 o el viernes 9. Su texto menciona las “especulaciones acerca de quien presidirá la sesión, por lo que consideramos de suma importancia que sea usted. En cualquiera de las dos fechas solicitadas estaría asegurada su presencia como titular nato del cuerpo, disipándose así toda suspicacia”. Cobos firmó ese mismo día la convocatoria para el viernes 9. Su decreto no dice que él presidirá la sesión, pero eliminado el factor sorpresa, el costo personal que tendría la maniobra la torna casi imposible. Aunque no tuviera cable, podrá verlo por televisión.

La edición de la realidad

Las audiencias realizadas durante toda la semana por las cuatro comisiones del Senado a las que se remitió el proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados fueron aleccionadoras acerca de lo que está en juego, tanto por el contenido de las distintas presentaciones como por el modo en que se difundieron. Para enterarse fue necesario sintonizar la señal de Senado TV o estar presente en el salón al que asistieron representantes de entidades interesadas en que se apruebe o se rechace la ley. Quienes siguieron las discusiones sobre “la ley para controlar a los medios” por las señales noticiosas TN y América, de los grupos Clarín o De Narváez-Manzano-Vila, sólo pudieron confirmar que la libertad de expresión en la Argentina está amenazada por la posible sanción de una ley a la que toda la sociedad se opone. También se enteraron de que este empecinamiento sólo se explica por la crispación de un gobierno aislado, que intenta acallar toda crítica, obligar a empresas sanas que enorgullecen a la cultura nacional a que pierdan sus derechos adquiridos y vendan sus medios a precio vil a los amigos del poder. También escucharon que gracias al manejo de la publicidad del Estado construirán luego una cadena oficialista privada que, sumada al sistema de medios públicos, devendrá una usina de propaganda para asegurar la permanencia indefinida de la pareja diabólica en el poder.

El discurso de las formas

Este proyecto totalitario, que avasalla las instituciones y uniforma el pensamiento, fue denunciado por expositores tan profundos como el rabino Sergio Bergman, muy mono con su saco mao negro y su kipá de colores, a quien acompañó el integrante de la comisión justicia y paz de la Iglesia Católica, Gustavo Mangisch, director de un grupo educativo del obispado de San Isidro que, entre otras unidades de excelencia, gestiona un colegio en el barrio privado Nordelta. Bergman dijo que el Senado se proponía aprobar la ley a libro cerrado y que la estatización del sistema jubilatorio probaba que lo único que le interesa al gobierno es la caja. Sin resistir la tentación del juego de palabras propuso tratar los medios de la ley en vez de la ley de medios. Opinó que el Senado debía devolver el proyecto a la otra cámara para que allí se subsanaran los vicios formales que denunciaba, aunque llevara algo más de tiempo. Bergman también convocó a la participación ciudadana por un medio digital interactivo, en el que consignó las direcciones electrónicas de cada senador. De este modo ofreció una alternativa privada a la página estatal del Senado, desde la que también es posible escribirle a cada senador. No quedó claro si por una sobrecarga de ideologismo o porque ignoraba la existencia de Senado.gov.ar.

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Ricos tipos

En forma muy pertinente el dúo Bergman-Mangish citó al cardenal Jorge Bergoglio y al obispo Jorge Casaretto. Los cuatro temen que por debatir estas cuestiones se postergue el tema urgente e importante que es el escándalo de la pobreza, violatorio de los derechos humanos esenciales. Bergoglio había vertido sus lágrimas por los pobres durante unas jornadas en el hotel más lujoso de Buenos Aires, que organizó en forma conjunta con el ex ministro de Obras Públicas Roberto Dromi y con una universidad corresponsal española. Durante la presidencia de Carlos Menem, Dromi diseñó el remate de las empresas públicas, previo despido de buena parte de su planta laboral. Además del liquidador de los teléfonos, el gas, la electricidad, las aerolíneas, el control del espectro radioeléctrico y las rutas nacionales, acompañaron al cardenal el diputado-empresario Francisco De Narváez (si se atiende a sus propias declaraciones es uno de los responsables de la fuga de capitales a la que se refirió Bergoglio), y el CEO italiano de FIAT, Cristiano Rattazzi Agnelli, gestor de obras públicas con créditos de su país natal y sobreprecios del adoptivo y procesado por el contrabando de un auto de lujo. Rattazzi Agnelli se declaró insolvente para eludir un embargo de 50.000 dólares. La elección de estas compañías prueba cuán sutil es el presidente de la Iglesia Católica, quien habló de la pobreza pero escenificó el escándalo de la riqueza. San Ignacio de Loyola se revuelve en su tumba.

Palanca baja

Cuando quien expuso fue Sergio Caletti, de Carta Abierta, América y TN desviaron sus cámaras a otras cuestiones más interesantes, sobre los cortes de calles, las desventuras matrimoniales del gobernador del Chaco o la salud de la cantora. Una edición atenta protegió al público de referencias anacrónicas a luchas populares, nacionales y emancipatorias, lugares comunes como que los medios son operadores de uno de los negocios más concentrados y lucrativos, diatribas capciosas a la representación de la SIDE y las Fuerzas Armadas en el COMFER y cantilenas izquierdistas sobre zonas del país desamparadas. Esos editores tampoco dieron lugar a la manía confrontativa de Caletti, quien dijo que la limitación en la rentabilidad de los medios más concentrados permitirá la expresión de otros actores sociales a los que el esquema actual les expropia la palabra. También interpretó que la pregunta sobre por qué tanto apuro es parte de “la prédica falsamente consensualista, institucionalista, republicana” que propone que si la democracia argentina tardó 26 años en modificar esta ley podría tomarse otros diez años para estudiarla mejor. Concluyó que si los senadores siguen ese camino, el parlamento no será el Congreso de la Nación sino la vergüenza nacional. Pero no hay que preocuparse porque casi nadie se enteró.

Gente como uno

Los presidentes de ADEPA, Gustavo Vittori, de ATA, Carlos Molinero, y de la Academia de las Artes y la Comunicación, Alejandro Fargossi, tuvieron todo el tiempo necesario para exponer a la audiencia de TN y América sus opiniones adversas a la ley, forzando la interpretación de sus artículos y de los de la Constitución Nacional para advertir que se restringirá la libertad de expresión y desaparecerá la televisión de aire o se fundirá la de cable. Vittori se anticipó a los cuestionamientos obvios y dijo que los medios no eran perfectos y habían tenido “inconductas en determinadas circunstancias, como el resto de la sociedad”, una forma taimada de socializar responsabilidades por el comportamiento durante los años de plomo. Pero sólo de cuerpo presente o por Senado TV fue posible conocer la posición del representante del diario pampeano La Arena, Sergio Santisteban, cuando rechazó “ataques falaces contra la ley” y contó que en su ciudad, Santa Rosa, la cooperativa eléctrica tiene

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prohibido competir con el único cable, propiedad del mismo grupo que se apropió de la única fábrica de papel durante la dictadura que asesinó a casi dos centenares de periodistas. Asuntos de provincia, poco interesantes, expuestos por un desconocido. También le bajaron la palanca el día anterior a Andrea Pochak, directora adjunta del CELS, quien con citas precisas de la ley y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos explicó la compatibilidad del proyecto con los instrumentos internacionales que entre otros derechos, defienden el de la libertad de expresión. Y volvió a pasarle el viernes al último interventor del COMFER, Gabriel Mariotto, que había concurrido a completar sus explicaciones sobre la ley a pedido de la oposición que, como en la Cámara de Diputados, dejó sus asientos vacíos. En definitiva, si el Senado confirma lo que votó la otra cámara, los experimentados editores de los grandes medios, que saben mejor que nadie qué le interesa conocer al público, serán desplazados por fanáticos burócratas setentistas que confundirán a la audiencia permitiendo que todas esas voces se escuchen como si fueran equivalentes, sin ninguna jerarquía de valores. Dios no lo permita.

Indignación republicana

La indignación republicana ante el atropello se concentró en el presidente de la comisión de sistemas, medios y libertad de expresión, Guillermo Jenefes, quien luego de fomentar todas las expectativas opositoras como propietario de un multimedios familiar en Jujuy, prestó su firma al dictamen de la mayoría, apenas con disidencias parciales que hará públicas en el pleno. Recién entonces se sabrá si alguna de ellas se refiere a la autoridad de aplicación o al plazo para la desinversión, que los bloques opositores tratarán de modificar en el recinto, como única forma a su alcance de control de daños. Lo mismo ocurre con la sorpresiva disidencia del senador por Chubut Marcelo Guinle, cuyo contenido no se conoce. El tono de virtud ofendida que campea en los bloques minoritarios ratifica su dificultad para amoldarse a las reglas del juego democrático, para dirimir en forma civilizada, por el voto, legítimos disensos. El oficialismo a su vez no entiende que la búsqueda de consensos obligue a modificar todo lo que le plazca a cada legislador de la minoría y con una sospechosa entonación chavista cree que la mayoría debe prevalecer. Notable por su ostensible sinceridad fue la ofensa del senador por la CCL Samuel Cabanchik, quien dijo que la referencia del académico Fortunato Malimacci a la Banelco, la de Carta Abierta a la vergüenza de la Nación o la de Hebe Bonafini a las manos ensangrentadas de la dictadura constituían un chantaje moral. Es opinable la pertinencia de cada una de esas menciones, pero debería estar fuera de duda que hacerlas es parte de la libertad de expresión que, en teoría, le interesa defender a ese senador. ¿Cómo creerá él que se sienten quienes han pugnado durante años desde la sociedad por la reforma de la ley y ahora son insultados por quienes llaman Ley K al proyecto elaborado según las propuestas de la Coalición por una Radiodifusión Democrática?

Lunes, 5 de octubre de 2009

EL PAIS › OPINION

Sincerarse

Por Eduardo Aliverti

Repasemos una historia sencilla para pensar si en Argentina sería imaginable.

El miércoles pasado, el primer ministro británico presentó su programa ante el Congreso laborista. Al día siguiente, como reportó el corresponsal de Página/12 en

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Londres, The Sun, el diario de más tirada en el Reino Unido y el más influyente entre la clase trabajadora y las capas medio-bajas, anunció en su portada que dejaba de apoyar a Gordon Brown. El Grupo Murdoch –uno de los más poderosos del mundo– advertía así sobre su virtual pase a las filas del Partido Conservador, que lidera cómodamente las encuestas de cara a las elecciones del próximo mayo. Fenece de este modo el respaldo que el diario y la corporación le prestaron al laborismo, siempre de manera abierta, desde 1997. Brown, obviamente en preaviso de lo que ocurriría, dijo que “los diarios no ganan las elecciones”. Y su viceprimera ministra señaló que no hay que dejarse patotear. “Hay que salir a la calle y ganar la batalla”, agregó Harriet Harman. Así de fácil, si se quiere, el líder y el partido gobernante de los ingleses fueron explícitamente contestes de que el mayor de sus emporios periodísticos les quitaría el saludo. Y en efecto, se lo pusieron en la tapa. Algo similar sucede en España con El País, del Grupo Prisa, que está en guerra abierta contra el gobierno de Zapatero porque éste osó afectar los negocios multimediáticos de la corporación al abrir la oferta de la Televisión Digital Terrestre: los derechos de retransmitir el fútbol por suscripción nunca estuvieron en manos que no fueran las de una sociedad controlada por Prisa. Y es así que El País aparece arrojado poco menos que en brazos de los conservadores del Partido Popular cuando, desde el fondo de la historia posterior a Franco, el diario llegó a ser definido como la Biblia de los socialistas. La guerra alcanza el extremo de que un dirigente del PSOE apuntó, literalmente: “O el gobierno se carga a Prisa o Prisa se carga al gobierno”.

¿Alguien es capaz de ensoñarse con que aquí podría suceder algo similar? No nos referimos a la guerra entre medios y Gobierno, sino a su sinceramiento expreso en cuanto a los apoyos políticos concretos que eso significa. No es chuparse el dedo. Es eso de la sinceridad, nada más o nada menos. De la misma forma en que los grandes grupos de prensa de Estados Unidos y Europa, y también de Brasil y buena parte de América latina (aún comandados, como en Argentina, por la agenda que trazan sus diarios, revistas y periódicos), no tienen empacho en desnudar no ya sus inclinaciones político-electorales, sino, directamente, para quiénes volcarán su bajada de línea. The New York Times, Le Monde, The Washington Post, O Globo, Le Figaro, todo lo que en Italia no cooptó Berlusconi y lo que sí, las publicaciones uruguayas, chilenas incluso, tienen un “contrato” histórico con sus consumidores por el cual advierten no sólo que hablan desde equis lugar ideológico, sino que en procesos electorales o frente a episodios específicos dicen editorialmente con quiénes juegan. ¿Qué diferencia hay con la obviedad de para quién tuercen sus informaciones y opiniones Clarín y La Nación, por caso? Es cierto: semántica, ninguna. Pero ética, sí. Quizá se trate de otro estilo de cinismo. Sin embargo, el periodista interpreta que hay un mínimo respeto por ciertos códigos elementales del ejercicio de la profesión, que consisten en dejar cristalino el sitio desde el que se dice tal o cual cosa. No aparecer arrastrados, en una palabra. Si tomamos nota de esas firmas y esas voces y esas caras que por aquí, abordado el punto de la ley de medios audiovisuales y amparados en la defensa de la libertad de expresión, insisten en hablar de la necesidad de un “periodismo independiente”, hay una distancia marcada con quienes no se permiten usar ese artilugio, esa falacia, esa hipocresía.

Todos sabemos –los que pertenecemos al ambiente y los que están fuera pero no comen vidrio, porque basta con no ser un analfabeto ideológico– que la bestial campaña de prensa en contra de la ley responde a negocios afectados. ¿Qué tiene que ver eso con la dichosa libertad de prensa? ¿Hace falta resguardarse ahí para criticar el proyecto? No. Podrían hacerlo cuestionando aspectos técnicos dudosos e, incluso, fugando hacia delante mediante el señalamiento de cuestiones socioeconómicas, del tipo de cómo apoyará el Estado a nuevos actores mediáticos que sin el respaldo de las arcas públicas no tienen chance de ingresar al mercado. Pero hagamos lo siguiente, porque cuando una coyuntura es tan ardorosa andan

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todos sensibles por lo que regla la discusión: saquemos la ley del medio y veamos otras expresiones.

La Iglesia Católica, mediante su jefe, Bergoglio, volvió a arremeter contra el escándalo de la pobreza y no hay forma de desmentida objetiva. Pero como el desafío es de subjetividad, esperanzado uno en que lo anterior haya quedado claro, también es objetivo preguntarse cómo es que los príncipes católicos descubrieron la pobreza recién ahora. O por qué dan cuenta con tanta fruición. ¿En la dictadura y en el menemato no había un escándalo de pobres? Pues parece que no, si se comparan los documentos y manifestaciones oficiales de los monseñores con la cantidad, calidad y –sobre todo– entusiasmo de los que hacen circular en este momento. ¿Cómo se hace para estar en misa y a la par en una procesión que favorece, o intenta beneficiar, a un bando determinado?

El largo conflicto en la ex Terrabusi pone furioso al establishment: revela, como con los trabajadores del subte, la terrible incomodidad que le producen unas bases que desbordaron a la patronal burocrática. Y carecen de prurito para meter la cuña de La Embajada. Y avivan el fuego de los automovilistas perjudicados como si el tema central fuese ése y no lo impune de una multinacional que insiste en perpetrar cuanto le venga en gana. La gran prensa sigue invicta en eso: la culpa final es inevitablemente de los laburantes, nunca de sus socios de libertad de mercado.

¿Y cómo hace la patota agraria para asimilar su interés al de la Patria? Su principal construcción simbólica continúa pasando por un carácter de apoliticidad, que se pretende con la exclusiva intención de que los dejen producir para generar el derrame de sus buenas intenciones. Es decir, que el Estado sea un estúpido observador incapaz de tocarles el bolsillo.

En definitiva, no se trata de mejores o peores, sino de la claridad del reglamento. Carrió, por la derecha, es lo único de la oposición que verbaliza sus favoritismos con nombre y apellido. Supo decir que prefiere los monopolios o grandes grupos económicos de la prensa a cualquier alternativa propuesta por el oficialismo. Y los Kirchner, aun cuando se arguya que hay dudas sobre sus intenciones últimas, trazan un relato de centroizquierda por el que también nominan a quienes tienen enfrente. Todo el resto se presenta cual gran otario de la vida.

Y la pregunta es cuánta gente está dispuesta a creerles.

Martes, 6 de octubre de 2009

20:43 › LAS AMENAZAS DE LOS LIBERTARIOS

Bergman, De Angeli y Castells unidos contra la ley de medios

Alfredo De Angeli volvió a amenazar a los senadores que voten a favor de la ley de Servicios Audiovisuales, que ya cuenta con media sanción de Diputados. Acompañado por el rabino Sergio Bergman y el titular del MIJD, Raúl Castells, advirtió que "van a ser señalados en sus pueblos", tal como sucedió en ocasión del conflicto por la resolución 125.

Algunos de los manifestantes, convocados por "Argentina sin Mordaza", "Ojo Cívico" y "Argentina Ciudadana", se cubrieron la boca con cruces hechas de cartulina. Bergman, por su parte, señaló que "se está proponiendo cómo quedarse con todos los medios",

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y agregó que "estamos aquí para decir que todos tienen derecho a la libertad de expresión".

Martes, 6 de octubre de 2009

EL PAIS › EL RADICALISMO AUN BUSCA ALIADOS PARA UN DICTAMEN EN MINORIA

El porotómetro está que arde

El peronismo disidente anticipó que no acompañará el dictamen radical, pero se sumará a la batalla para cambiar el articulado. En el oficialismo aseguran que tienen los votos, pero hay dudas sobre el debate en particular.

Por Miguel Jorquera

El radicalismo continuaba anoche la redacción de un dictamen de minoría sobre el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual, con el que quiere dar pelea artículo por artículo cuando este viernes la iniciativa del Gobierno llegue al recinto del Senado. Una postura que acompañarán los dos senadores porteños que llegaron a la Cámara por la Coalición Cívica, mientras que el peronismo disidente, que no firmará el dictamen porque considera “anticonstitucional” el proyecto, también se sumará a la batalla por conseguir modificaciones en el articulado. En tanto, el kirchnerismo trabaja en abroquelar la tropa propia y sumar aliados para garantizar el quórum para sesionar y reunir la mayoría necesaria para resistir cualquier modificación que le impida convertir en ley el proyecto.

Contrarreloj, los senadores de la UCR trataban de cerrar el texto del único dictamen de minoría que la oposición presentará en el Senado, en contraposición a la media sanción del proyecto de Comunicación Audiovisual que llegó de Diputados. La mayor dificultad radicaba en unificar criterios comunes con el resto de las bancadas opositoras sobre los artículos más cuestionados. Puntos que retrasarían la redacción más de lo previsto.

El propio jefe del radicalismo, el senador Gerardo Morales, adelantó que batallará por modificaciones en una cantidad importante de artículos del proyecto oficial, pero particularmente sobre aquellos más resistidos por las entidades empresarias. Buscan arrastrar a algunos oficialistas díscolos para alcanzar los votos que le permitan modificar el texto, bloquear la sanción de la ley y que el proyecto regrese a la Cámara baja.

“Seguramente, los temas con más discusión serán la autonomía de la autoridad de aplicación y el artículo 32, donde la Presidenta se reserva la adjudicación de las licencias más importantes”, explicó Morales. Luego, el jefe radical agregó al listado “también el artículo 161, que tiene que ver con la seguridad jurídica (el plazo de un año para que las empresas se desprendan de algunas de sus licencias) y el artículo 45, sobre la multiplicidad de licencias”.

La estrategia que trazaron los senadores radicales será opuesta a la que adoptaron sus correligionarios en Diputados, donde abandonaron el recinto sin debatir el articulado del proyecto. A ellos se sumarán la cívica María Eugenia Estenssoro y el ex lilito Samuel Cabanchik. El Interbloque Federal, que nuclea al peronismo anti K en el Senado, se encolumnó tras la postura del gobernador puntano, Alberto Rodríguez

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Saá, que planteó la “inconstitucionalidad” del proyecto, aunque el turno de “judicializar” la ley llegará luego de que sea sancionada.

El bloque K, en tanto, aglutina su propia tropa para contrarrestar la última embestida opositora en el Senado y convertir en ley el proyecto. El jefe de la bancada oficialista, Miguel Angel Pichetto, no tiene dudas de que los números le alcanzan para sancionar la ley en general, pero tampoco quiere sorpresas. El rionegrino trabaja en garantizar el quórum para sesionar y en mantener las manos suficientes para no sufrir ningún revés en la discusión del articulado.

Los números que arrojó la firma del dictamen de mayoría dieron confianza al oficialismo. Pero los cálculos no son sencillos: en cada tramo de la sesión, Pichetto deberá afrontar altas y bajas. El díscolo Guillermo Jenefes –dueño de un multimedio en Jujuy– terminó firmando el dictamen oficialista y dará quórum, pero votará en contra en varios artículos.

A la hora de reunir quórum, el oficialismo considera que contará con la mayoría de su bloque y entre ellos a los chubutenses Marcelo Guinle, que firmó el dictamen de mayoría en disidencia, y a Silvia Giusti, que no lo firmó. No estará en la sesión el cordobés Roberto Urquía, de licencia por enfermedad, mientras que el bloque K intentará que la misionera Elida Vigo dé el presente a pesar de su frágil estado de salud. Entre los aliados, el neuquino Horacio Lores daría quórum, pero votaría en contra del proyecto. En tanto, el socialista Rubén Giustiniani, que apoya con disidencias, no aportará al quórum y votará en contra en varios de sus artículos. También existen interrogantes sobre qué actitud tomarán los dos senadores fueguinos que responden a la gobernadora Fabiana Ríos.

Sobre cada unas de estas dudas trabajan oficialistas y opositores. Aunque nada aún está cerrado.

Miércoles, 7 de octubre de 2009

CARTAS LECTORES

Parlamento

Hace dos años votamos también parlamentarios, como siempre cada dos años. Nadie insinuó entonces que el Congreso de la época no podía tratar ciertas leyes. El Congreso que está en funciones hasta el 10 de diciembre me representa tanto como el que asume ese día, porque en ambas elecciones voté y aunque su composición difiera es mi Congreso. La defensa de las instituciones se hace desde la convicción y la ética. Parafraseando a los chilenos de hace décadas que decían “este gobierno es una mierda... ¡pero es mío!”, ahora podríamos decir: “este Parlamento es tan legítimo y legal como mío”, así que no hay ley que no pueda tratar. Los votamos por cuatro años de mandato, no por tres y pico... Atenta (y republicanamente).

Héctor L. Sor - DNI 4.557.732

Miércoles, 7 de octubre de 2009

EL PAIS › MOVILIZACION CON AIRES RURALES EN CONGRESO CONTRA LA LEY DE SERVICIOS AUDIOVISUALES

Con los modos de De Angeli y Castells

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El ruralista Alfredo De Angeli, que compartió el escenario con el rabino Sergio Bergman y el líder piquetero Raúl Castells, aprovechó para repetir sus antiguas amenazas a los legisladores, aunque con menos público que el acostumbrado.

La primera frase del locutor, al dar comienzo al acto, fue elocuente. “Queremos agradecer a la gente del campo que nos acompaña”, anunció, seguido por una salva de aplausos. La marcha “Todas las voces”, convocada en contra del proyecto oficial de Servicios de Comunicación Audiovisual, juntó a un variopinto grupo de opositores y contó con una fuerte presencia ruralista. El entrerriano Alfredo De Angeli fue uno de los principales oradores del acto que cerró el rabino Sergio Bergman. Junto a él se encontraba el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, y el vicepresidente de la CRA, Néstor Roulet. Además estuvo el líder del MIDJ, Raúl Castells, que celebró haber “vuelto a encontrar juntos” a los protagonistas de “la heroica huelga campesina de 2008”. Aplausos otra vez. También adhirieron al acto, de manera un tanto particular, un grupo de “periodistas autoconvocados” que llegaron a la Plaza Congreso para luchar por la libertad de expresión con el rostro cubierto por máscaras.

Desde el escenario, Bergman repartía juegos de palabras que hacían maravillar al auditorio. “Así como dibujan los números del Indec, ahora van a dibujar la realidad”, advirtió, antes de pedir a los senadores que “escuchen la voz del pueblo”. Hizo un llamado a la participación a aquellos que “ven la democracia por televisión”, porque si no, “todo lo que van a poder ver será Canal 7”. Apurado porque el viernes se tratará en el recinto el texto de la ley, a lo largo de su argumentación el rabino hizo una ensalada de todas las propuestas que intentaron frenar su avance en los últimos tiempos, sin reparar en que difícilmente sean compatibles entre sí. La gente celebraba cada afirmación como un gol de media cancha.

“¡Ay! ¡Qué bueno que sos!”, le gritó una señora con tapado de piel y lentes oscuros, a pesar de que el sol se había puesto hacía un rato y la temperatura, en la Plaza Congreso, no bajaba de los 15 grados. Desde el escenario, Bergman convocaba a salir a las calles en todos los pueblos y ciudades del país. “Lo único que supimos defender hasta ahora es el bolsillo, hoy es hora de defender los principios”, propuso.

“Qué lindo –terció otra señora–. Tendría que ser presidente.” Las dos llevaban, sobre sus frentes bronceadas, las mordazas coloradas de cartulina que repartían chicas rubias a los cerca de dos mil asistentes a la marcha convocada por las ONG Argentina sin Mordaza, Ojo Cívico y Argentina Ciudadana. Una de ellas, versión local de Venezuela sin Mordaza, fue la que decidió “repartir las mordazas de Chávez que nos quieren poner para demostrarles que no nos quedan bien”, según avisaban desde su web. “No quiero vivir como en Venezuela”, insistían las pancartas que, repetidas, asomaban sobre las cabezas.

Detrás del escenario, un nutrido grupo de hombres entre los que predominaban los pantalones bombacha y los pañuelos al cuello –amén de alguna que otra boina– exageraba los cálculos de asistencia (finalmente se decidieron por siete mil, número reproducido por Bergman en su discurso) y aspiraba a recrear “un clima de 125”, tal como confesaban, en voz no demasiado baja, algunos de ellos. Un rato antes, desde el púlpito, Alfredo De Angeli había amenazado a los legisladores con que “no van a poder caminar en la plaza de su pueblo, porque van a ser señalados” si votan a favor de la ley, en un modus operandi similar al de aquella ocasión, que fue recibido con más aplausos. Se convocó, para el viernes, a una vigilia a la espera de la votación en el Senado. Sin embargo, para el mismo momento y lugar ya estaba anunciada una marcha a favor del proyecto oficialista: consultados por Página/12, los organizadores no pudieron coincidir en si se trató de un error o de una provocación.

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“El mal no son los nombres propios sino lo que se apropia de lo nuestro en nuestro nombre”, volvió a parafrasear el rabino Bergman cuando la gente comenzó a chiflar ante la mención del diputado oficialista Agustín Rossi. Mientras se repartían volantes que llamaban al regreso de Carlos Menem, Bergman les recomendaba a los asistentes que “hablen con sus hijos para ayudarlos a defender la libertad”. La gente hacía eco, “Libertad, libertad”. Se levantaban las banderas. “Libertad, libertad”.

Un rato antes, Castells, tras expresar que “los de derecha, los de izquierda y los independientes tienen derecho a expresarse”, había asegurado que “la ley de Videla y la ley de Kirchner son, en esencia, la misma cosa”. Más aplausos.

Informe: Nicolás Lantos.

Miércoles, 7 de octubre de 2009

EL PAIS › REUNIONES POR EL DICTAMEN

La estrategia opositora

Por Miguel Jorquera

El radicalismo se puso a la cabeza de la resistencia opositora al proyecto de Servicio de Comunicación Audiovisual en el Senado. La mayoría del bloque de senadores UCR, con Ernesto Sanz (en la foto junto a Gerardo Morales) a la cabeza, trabajó durante toda la jornada de ayer con asesores y el aporte de los peronistas disidentes Adolfo Rodríguez Saá y Sonia Escudero, además de María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica), Samuel Cabanchik (ex CC) y Rubén Giustiniani (socialista) para lograr consenso alrededor de los artículos más resistidos por la oposición. Los radicales quieren que su dictamen de minoría refleje en el texto los cuestionamientos de todo el abanico opositor para impulsar cambios en el articulado de la media sanción de Diputados durante la sesión del viernes. El oficialismo insiste en que reunirá los votos necesarios para transformar en ley la iniciativa.

Como si se tratara de un partido de fútbol por las Eliminatorias del Mundial, los senadores radicales trabajaron ayer a puertas cerradas sobre la estrategia que adoptarán para la final del viernes en el recinto del Senado, donde se dirimirá la aprobación o no del proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En primer turno, por la mañana, los legisladores de la UCR analizaron con más de dos docenas de asesores propios el texto de su dictamen de minoría, elaborado en espejo a la media sanción que llegó desde la Cámara baja y que reflejaría los cambios que propondrían los senadores opositores sobre cada uno de los 165 artículos que tiene la iniciativa del Gobierno.

Por la tarde, ensayaron variantes en su propio dictamen incorporando los cambios que proponen a la media sanción del proyecto el puntano Rodríguez Saá y la salteña Escudero, del Interbloque federal que reúne al peronismo anti K. Aunque mantienen algunas diferencias internas sobre la conveniencia o no de presentar su propio dictamen, existe acuerdo de trabajar “mancomunados” con la propuesta radical de dar pelea artículo por artículo.

Luego se agregaron, por separado, los porteños Estenssoro y Cabanchik, a quienes los radicales quieren sumar al dictamen. Finalmente, el santafesino Giustiniani también participó de las conversaciones. El socialista no rubricará el dictamen de la UCR,

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porque no pertenece a ninguna de las comisiones que funcionaron en plenario, pero aportó los puntos sobre los que votará en contra y cuyos argumentos también se volcarían a la propuesta radical. Aunque hoy continuarán las conversaciones. Por razones “tácticas”, la UCR recién presentará su dictamen el jueves. Ese día, también se reunirá la Comisión de Labor Parlamentaria, de la que participan todos los presidentes de bloque, para acordar el funcionamiento que tendrá la sesión del viernes que muchos auguran como “maratónica”.

Aunque la mayoría de sus senadores todavía no había llegado ayer desde sus provincias, el kirchnerismo no descuida ningún flanco y mucho menos los cálculos. El oficialismo insiste en que tiene las manos necesarias para resistir las embestidas por modificaciones que devolverían el proyecto a la Cámara baja y confía que en la madrugada del sábado convertirá en ley la iniciativa del Gobierno.

Miércoles, 7 de octubre de 2009

EL PAIS › CRISTINA KIRCHNER COMPARTIO UN ACTO CON BINNER

“Olvidar las pertenencias partidarias”

En Santa Fe, la presidenta Cristina Kirchner sostuvo que se debería “alguna vez olvidar las pertenencias partidarias y discutir en pos de un proyecto de país”. La escuchaba atentamente el gobernador socialista Hermes Binner, de relación zigzagueante con el Gobierno y que en los últimos días manifestó su apoyo a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “No hay municipio, no hay provincia, si no hay país”, sostuvo la Presidenta. Binner, que habló antes que ella, también se pronunció en tono patriótico: “Está allí la gran posibilidad para la construcción de la gran Argentina celeste y blanca que todos anhelamos”.

Cristina Kirchner viajó a la capital de Santa Fe para la inauguración de una planta modelo de producción biotecnológica, de la empresa Zelltek. Obviamente, la cuestión de la educación y de la tecnología ocupó buena parte de los discursos. “Uno de los ejes que planeamos en mi gestión ha sido la incorporación de la ciencia y tecnología a la producción, generando altísimo valor agregado”, explicó la Presidenta.

En sintonía, Binner planteó fomentar la economía del conocimiento. “Tanto que hemos escuchado hablar de la nueva economía, esta economía del conocimiento, aquí tenemos un ejemplo. Esta empresa es un producto de la economía del conocimiento”, afirmó el gobernador.

Según la Presidenta “hay una necesidad de concebir articulación entre lo público y lo privado, la universidad y la producción”, y sostuvo que “el concepto universitario no debe ser algo aislado de un modelo de producción”. Cristina remarcó que “no veo a las universidades disociadas de un modelo de país, sino ligadas a un modelo económico”.

Durante el acto, la Presidenta y el gobernador mostraron buena sintonía. Los diputados socialistas votaron a favor de la ley de Comunicación Audiovisual, un gesto valorado por la Casa Rosada.

Miércoles, 7 de octubre de 2009

LA VENTANA › MEDIOS Y COMUNICACION

Comunidad dialógica alternativa

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Tina Gardella problematiza la relación entre comunicación alternativa y organizaciones sociales a partir de la necesidad de un proyecto de cambio, desde lo académico y desde la gestión.

Por Tina Gardella *

Desde Jujuy

La práctica política y cultural de las organizaciones sociales ha ido definiendo que lo alternativo en comunicación no es una mera disputa en el terreno mediático, tampoco un uso diferente de los mismos medios, ni mucho menos un cambio de contenidos o de productores de mensajes. Es expresión y parte fundamental de un proyecto de cambio para transformar la producción de sentido y las normas del intercambio simbólico que configuran esa trama social que busca alterar.

Este abordaje “relacional” más que “sustancial” de la comunicación alternativa nos obliga a preguntarnos no sólo por el proyecto de cambio social de cada iniciativa comunitaria, popular o alternativa. También interpela al campo académico sobre desde qué proyecto de cambio social se establece el diálogo universidad-sociedad.

Las respuestas pueden ser varias y diversas. Tantas como experiencias desde cátedras, proyectos, programas o cualquier otro espacio institucional se están realizando en todo el país. Lo verdaderamente importante es el sentido que supone esa relación, resignificada en forma permanente por los hechos políticos, fuertes y contundentes de los últimos años. El último, nada más ni nada menos que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Precisamente el debate sobre una ley de la que siempre afirmamos era un punto de partida más que de llegada ha sido el empujón necesario para repensar nuestras prácticas académicas en comunicación, no sólo en términos de docencia, investigación o extensión. También en la gestión.

En octubre se realizará en la Universidad Nacional de Tucumán el XI Congreso de la Red Com. Uno de los ejes temáticos será “Comunicación alternativa: prácticas y nuevas tecnologías”. Para la organización de este eje hemos planteado hacerlo en forma conjunta con las organizaciones sociales. Este trabajo organizativo supone desde armar el cronograma de ponencias mandadas al congreso y debatir el criterio para agruparlas y debatirlas, hasta las actividades propias de cada organización social dentro del congreso. Participan además docentes de comunicación de Salta y de Jujuy que en el afán de “hacer región”, como maestrandos de la Plangesco-Jujuy, tienen la voluntad de recuperar y valorar los saberes locales y los procesos creativos de cada comunidad.

Esta experiencia con las organizaciones sociales en sus prácticas y proyectos de comunicación nos ha permitido poner sobre la mesa algunas cuestiones que no son nuevas ni mucho menos originales, pero que son claves en la construcción de una relación otra, tanto con la comunidad organizada como entre los propios universitarios. Algunas de estas cuestiones, de indudable sentido político, tienen que ver con:

- La concepción de que lo social antecede a lo político y la dificultad para ver que es precisamente lo político lo que constituye al mundo social.

- La naturalización de una cultura política basada en el mero reclamo que limita y distorsiona la participación.

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- La reducción de la política a la elaboración de propuestas y acciones, aséptica en relación a la confrontación que supone la lucha por el poder.

- Las prácticas sociales reivindicativas sin proyectos o propuestas de transformación social que suponga la toma de decisiones y de posiciones.

- La necesidad de propuestas de producción y circulación de recursos propios de las organizaciones sociales.

- La vigencia de la concepción “extensionista” en la universidad que no favorece la construcción de conocimientos desde las prácticas sociales.

- La “vocación” universitaria por transferir conocimientos producidos en otros contextos en desmedro de los saberes y conocimientos de la comunidad.

- La voluntad y solidaridad como sostenes básicos de los proyectos ante la dificultad del trabajo en red.

La lista, cuyo ordenamiento es aleatorio, seguramente podría ser enriquecida con las diversas problemáticas que desde cada práctica se actualizan y visibilizan en forma permanente. En el marco de la discusión que disparó el debate por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el desafío desde nuestras prácticas académicas es sostener y promover los procesos creativos que en comunicación trabajan las organizaciones sociales. Estos procesos deben ser, indiscutiblemente, parte de una visión estratégica de cambio social que supone, desde una viabilidad económica, política, cultural y social, la generación de espacios reales y simbólicos donde la gente pueda pensar su realidad y construir su camino.

* Licenciada en Comunicación Social; Maestranda Plangesco-Jujuy.

Jueves, 8 de octubre de 2009

CARTAS LECTORES

Cobos

Por el derecho que me asiste como ciudadana, insisto en preguntar ¿qué legitimidad puede tener una oposición liderada por un líder ilegítimo (Cobos)? El está ilegitimado por la función que cumple como vicepresidente de la Nación, hecho que lo hace oficialista. Es un discurso y una situación esquizoide, anómala, de un grado de confusión cívica tal hacia la sociedad que sólo lo puede sostener una oposición que lo único que sabe hacer es conspirar contra el Gobierno porque no tiene ideas propias y con el respaldo absoluto de la corporación mediática. ¿No existe alguna ley, artículo, norma, disposición, etcétera, que pueda poner esta situación en su lugar? ¿Qué estatura cívica y ética tienen ellos, Cobos y sus subordinados, para decir que este Gobierno es legal pero no legítimo? ¿Qué legitimidad tienen ellos con ese líder?

Gladys Godoy - DNI: 11.953.859

Jueves, 8 de octubre de 2009

CARTAS LECTORES

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Cambios

No es el tiempo para anular la esclavitud. No es el tiempo para destruir la maquinaria de tortura. No es el tiempo para universalizar el voto. No es el tiempo para que voten las mujeres. No es el tiempo para defender los derechos del trabajador. No es el tiempo para fabricar medicamentos. No es el tiempo para ayudar a los débiles. No es el tiempo de acusar el genocidio. No es el tiempo de investigar la deuda externa. No es el tiempo de recuperar los fondos de los jubilados en las AFJP. No es el tiempo de una ley de arrendamientos. No es el tiempo de una ley de medios audiovisuales. En realidad tengo que ocultar mi afinidad con los poderosos, por lo que les digo, que si ustedes piensan cambiar algo, no es el tiempo.

Ricardo Tubío

DNI: 10.145.940

Jueves, 8 de octubre de 2009

EL PAIS › EL KIRCHNERISMO SUMO DOS SENADORES QUE APOYARAN EL PROYECTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

Empezó el conteo final del porotómetro

La senadora correntina María Dora Sánchez, de la UCR, dijo que votará a favor en general y en particular. Su partido vincula el cambio de posición con un acuerdo realizado por Arturo Colombi. El bussista tucumano Carlos Salazar la respaldará, pero pedirá modificaciones.

Por Miguel Jorquera

Mientras buscaba consensuar una estrategia opositora que seduzca a los oficialistas díscolos en la pelea por cambios en el articulado del proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual, el radicalismo sufrió una deserción en su propia tropa: la senadora correntina María Dora Sánchez afirmó desde su provincia que “votaré en general y en particular a favor de la ley”. El oficialismo también recibió ayer otro apoyo inesperado: el bussista tucumano Carlos Salazar respaldará (aunque sólo en general) la media sanción que llegó desde Diputados con la venia de su partido, Fuerza Republicana. Las decisiones de último momento enriquecieron la confianza del kirchnerismo en que sorteará sin mayores inconvenientes la aprobación del proyecto en general. Y ahora el bloque K trabaja en garantizar las manos necesarias para resistir cualquier embestida opositora en la discusión artículo por artículo que le impida convertir en ley la iniciativa del Gobierno en la sesión de mañana.

“Mis asesores estuvieron trabajando con la ley; seguramente la voy a aprobar en general y en particular, porque necesitamos un cambio con la ley de medios”, confirmó Sánchez a última hora del martes. Incluso, la senadora radical se mostró más confiada que el propio kirchnerismo frente a la sesión de mañana: “La ley va salir, el oficialismo tiene los números para que la ley salga y no va a haber problema”.

El cambio de opinión de Sánchez sacudió al radicalismo, que confirmó la deserción de la senadora y se lo adjudicó al desenlace del ballo-ttage por la gobernación correntina del domingo pasado.

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Sánchez milita en las filas del derrotado gobernado Arturo Colombi, quien perdió a manos de su primo Ricardo Colombi, que tenía el apoyo del radicalismo orgánico. Si bien la senadora correntina pertenece al bloque de la Concertación Plural, que comparte con el también radical rionegrino Pablo Verani, Sánchez sigue siendo parte de la UCR como presidenta del comité de la ciudad de Mercedes y hasta participa de las reuniones del bloque de senadores de su partido.

Por ahora no hubo un pronunciamiento oficial del radicalismo frente a la sorpresiva decisión de Sánchez, aunque en voz baja algunos radicales vinculan el cambio de actitud de la senadora al intento de Arturo de “acordar con el gobierno nacional una salida no traumática de la gobernación”.

La otra noticia que favorece los números del oficialismo llegó desde Tucumán. El presidente de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, ratificó que su senador, Salazar, votará por la sanción en general de la ley sobre medios de comunicación audiovisual. El hijo del ex general Antonio Domingo Bussi, condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, dio su propia explicación. “Los Bussi desde hace 20 años estamos siendo objeto de una campaña de desprestigio por partes de los medios masivos de comunicación, especialmente de Buenos Aires”, dijo Bussi hijo al diario tucumano La Gaceta.

“Muchos de estos medios han sido socios de Kirchner durante más de seis años, hasta que éste parece haberse decidido a pisarle el negocio”, agregó Bussi antes de concluir que “esta es una pelea entre dos monstruos, por lo tanto, nuestro partido, que ha sido el fundado por el enemigo público número uno de ambos, no puede fijar postura”. Salazar votará en general a favor del proyecto pero mantendrá los cuestionamientos que había acordado con el Interbloque Federal, que reúne a todo el peronismo anti K.

No hubo pronunciamiento del bloque de senadores oficialistas sobre estos dos nuevos e inesperados respaldos. Tampoco expresiones de júbilo, pero no despreciarán el respaldo, menos públicamente.

Ahora, los números del kirchnerismo aparecen más holgados. Cualquier cálculo previo le adjudica al oficialismo una mayoría, en al votación general del proyecto, que no bajaría de los 40 senadores, sobre los 72 que conforman la Cámara alta. Pero no todos estarán presentes en la sesión de mañana. Los justicialistas Elida Vigo y Roberto Urquía, y el radical Norberto Massoni, tienen licencia por enfermedad, por lo que habrá no más de 69 senadores en el recinto.

Las bajas le exigirán al bloque K un mayor esfuerzo para reunir el quórum para sesionar pero a la vez le facilitaría sostener la mayoría en las votaciones del articulado, varios de los cuales amenazan con ser reñidos. Con el apoyo de algunos aliados, el oficialismo tendría más de 40 votos para la votación en general, pero le alcanzaría con mantener 35 (si hay 69 presentes) para imponerse en las votaciones de los artículos más cuestionados por la oposición, algunos de los aliados y hasta senadores propios, como el jujeño Guillermo Jenefes.

En esto estaba abocado el radicalismo cuando recibió la noticia de la deserción de Sánchez. El dictamen de la UCR, que presentará hoy, recaba las objeciones de todo el arco opositor peronismo disidente, Coalición Cívica, partidos provinciales y el socialismo contenidas en un texto común para encolumnar a quienes resisten varios de los 165 artículos que contiene la media sanción de la Cámara baja (ver página 2).

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Pero las novedades de ayer resintieron las aspiraciones de los bloques de la oposición.

Sin embargo, el kirchnerismo sabe que los cálculos aritméticos no siempre van de la mano con las decisiones políticas. Por eso no escatima esfuerzos en abroquelar a su propia ropa y tratar de desalentar y desarticular cualquier embestida de la oposición. Aunque nada estará dicho hasta que comience la sesión de mañana, que arrancará antes del mediodía pero que terminaría, según todos los pronósticos, ya muy avanzada la madrugada del sábado.

Jueves, 8 de octubre de 2009

EL PAIS › EL RADICALISMO PRESENTA EL DICTAMEN CONSENSUADO CON LA OPOSICION

El rechazo en cinco puntos

Luego de mucho trabajar con el resto de los bloques, el radicalismo presentará hoy su dictamen. Gerardo Morales anticipó que se va a consensuar en “cinco artículos” con un texto igual para toda la oposición.

El radicalismo presentará hoy su dictamen sobre el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual consensuado con el resto de la oposición. Aunque la pelea por la modificación de la media sanción que la Cámara baja le dio a la iniciativa del Gobierno se centrará en cinco artículos. Así lo afirmó el jefe de la UCR y senador jujeño, Gerardo Morales, que trabajó en la redacción del texto junto a sus correligionarios y varios senadores opositores.

“Hemos tratado de ordenarnos a partir del texto de Diputados. Vamos a tener cerca de cincuenta cambios, un poco más”, arrancó Morales en declaraciones radiales. Aunque el jujeño se sinceró sobre las aspiraciones opositoras: “Se van a afinar cinco o seis artículos en los que vamos a tratar de tener la misma redacción toda la oposición. Vamos a llegar con, por lo menos, cinco artículos con un texto igual”.

El trabajoso consenso que emprendió la UCR con el Interbloque Federal, que nuclea a todo el peronismo disidente y otros bloques provinciales, la Coalición Cívica y el socialismo, no arrojó el saldo que los senadores radicales esperaban: las coincidencias no superarían los cinco artículos y sobre ellos trabajarán durante el debate en particular del proyecto en la sesión de mañana. El núcleo duro opositor deposita allí todas sus expectativas de frenar la sanción de la ley y que el proyecto regrese a Diputados.

Si bien la UCR insiste en conservar el hermetismo sobre el contenido de su dictamen hasta hoy, cuando deba presentarlo, se conoce que el acuerdo se centrará en los artículos más cuestionados por empresarios de medios y legisladores opositores. Entre ellos el 14, que fija una composición de la autoridad de aplicación, que consideran una prolongación del poder político del Gobierno a pesar de la modificación que hicieron los diputados. Allí se establece que habrá dos representantes del Ejecutivo, tres del Congreso (primera, segunda y tercera minoría parlamentaria) y dos del Consejo Federal, uno de los cuales deberá ser “técnico”, seguramente de las universidades nacionales con carreras de Comunicación Social.

Los otros serán el cuestionado 161, que contiene la llamada cláusula de desinversión, que estipula el plazo de un año para que las empresas monopólicas se adecuen a las

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nuevas exigencias de la ley. Entre ellas, la de desprenderse de aquellos medios de comunicación que superen el número de licencias que podrán mantener según la futura normativa. También objetarán el artículo 32, que autoriza al Poder Ejecutivo a entregar licencias en ciudades de más 500 mil habitantes o con más de 50 kilómetros de alcance, a pesar de que el proyecto establece que éstas se harán a través de los mecanismos que adoptará la autoridad de aplicación.

Jueves, 8 de octubre de 2009

EL PAIS

Binner dijo que la vota

El gobernador socialista de Santa Fe, Hermes Binner, confirmó que su partido “votará en general” a favor del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual impulsado por el gobierno nacional, aunque sostuvo que “hay que hacer cambios” en algunos artículos relativos al “tiempo de desinversión, el órgano de aplicación y las pautas publicitarias oficiales”, tal como había anunciado el senador Rubén Giustiniani. “Para noso-tros, todo ello tiene que estar en un marco regulatorio muy claro para que verdaderamente sea una ley bien democrática”, aseguró Binner durante la presentación del libro Santa Fe en obras, una compilación de obras públicas proyectadas por la gobernación provincial en los últimos años. “Para que nos puedan escuchar o ver en toda la provincia de Santa Fe tenemos que salir por un medio nacional, y creo que nos merecemos tener algún medio, sea mixto, privado, cooperativo o público, pero nos merecemos tener un medio que pueda ser vehículo de integración de toda la provincia”, argumentó el gobernador la decisión de su partido de apoyar la nueva ley de medios audiovisuales.

Jueves, 8 de octubre de 2009

EL PAIS › LA CONCENTRACION EN LA PLAZA

A la espera de la ley

Por Martín Piqué

“Nos vamos a quedar hasta que se vote”, prometió el titular del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), Néstor Busso. Conductor de un legendario programa de radio en Viedma, Busso anunció en conferencia de prensa que la Coalición por una Radiodifusión Democrática se movilizará mañana al Congreso para acompañar el debate en el Senado del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Va a ser una concentración multitudinaria”, adelantó Busso a Página/12. La conferencia de prensa se realizó en la sede del Centro Nueva Tierra, una ONG cercana a la Iglesia Católica, en San Telmo. Junto a Busso estuvieron varios representantes del amplio y diverso arco de la sociedad civil que impulsa la sanción de una nueva ley. Lo acompañaron el secretario general de la CTA, Hugo Yasky; el diputado y secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el legislador porteño Francisco “Tito” Nenna; el sacerdote Javier Soteras, director de una cadena de radios católicas, entre otros. “Este proyecto es nuestro proyecto”, dijo Busso para que no quedaran dudas.

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La concentración impulsada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática está convocada para mañana a las 17 en la Plaza del Congreso. Ayer comprometieron su participación las dos centrales sindicales, movimientos sociales, representantes de pueblos originarios, la Federación Universitaria Argentina, la red de radios universitarias (Aruna), sindicatos del área de los medios de comunicación, entre muchos otros sectores. “El proyecto que se debatirá en el Senado es nuestro proyecto. Es el proyecto de las radios comunitarias, de las universidades, de los pueblos originarios, de las organizaciones sociales, que ha sido debatido durante años a partir del consenso logrado a partir de los 21 puntos. Es un motivo para celebrar que se debata una ley silenciada durante 26 años”, dijo Busso en diálogo con Página/12.

Los organizadores tienen previsto instalar un camión con acoplado, un escenario y una pantalla gigante sobre la explanada del Congreso. Sobre esa plataforma móvil se montará una radio abierta; luego irán pasando personalidades de la cultura y músicos que harán shows en vivo para expresar su respaldo a la sanción del proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entre los artistas que comprometieron su asistencia se encuentran Cristian Aldana (cantante de El Otro Yo), Miguel Zabaleta (ex líder de Suéter), Ariel Prat, Ignacio Copani, Piero, el percusionista Santiago Vázquez y La Bomba del Tiempo, Culebrón Timbal, La Bagualera, Inti Huayra. La mayoría de los asistentes responderán a una consigna que circula a voces entre los adherentes al proyecto: todos llevarán una prenda verde o un lazo de identificación del mismo color. El verde significa “no a los monopolios”.

“Es un orgullo formar parte de la coalición, ser parte de la convocatoria para desmonopolizar un sector que puede formar subjetividad”, aseguró Yasky. Desde un primer momento, la CTA jugó un rol protagónico en el apoyo a una nueva ley: el propio Yasky medió para que los diputados que forman parte de la central fundada por Germán Abdala terminaran votando la media sanción en la Cámara baja. En la convocatoria estuvieron también el diputado Edgardo Depetri y el fundador de la FTV, Luis D’Elía. Director de Radio María, el sacerdote Soteras dijo que su participación era una muestra del apoyo de la Iglesia al proyecto de ley aprobado en Diputados. “Esto deja muy claro la posición de la Iglesia”, subrayó Soteras, quien además recordó que el obispo Agustín Radrizzani había participado de las audiencias públicas en el Anexo de la Cámara baja. Radrizzani es presidente de la Comisión de Comunicación Social del Episcopado.

Jueves, 8 de octubre de 2009

EL PAIS

El juego de “La Gran Antena”

Por Martín Piqué

Para dar el debate de ideas, diría Fidel Castro, cualquier herramienta es válida. Mucho más si el recurso en cuestión tiene el atractivo de lo lúdico y al mismo tiempo cumple una función didáctica. Es el caso de “La Gran Antena”, un juego de mesa inspirado en el viejo y conocido “Monopoly” y que en estos días se presenta como “el juego de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual”. La idea surgió del locutor y periodista Rafael Arrastía, miembro de Farco y director de una consultora en comunicación. “La Gran Antena” es un juego para seis jugadores que deben completar tres vueltas completas a un tablero que a su vez está dividido en tres partes identificadas con distintos colores: el sector público o estatal, el sector privado y el sector social. El jugador deberá tirar el dado y responder preguntas para avanzar su ficha con forma de

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antena. También tendrá que sortear peligros. El principal obstáculo son los llamados “casilleros negros”, que obligan al jugador a retroceder cinco casilleros. Los “casilleros negros” representan a la Ley Videla, los Grupos Multimedia y el Monopolio en la Transmisión de Fútbol. Arrastía imaginó su juego como una herramienta pedagógica para difundir el contenido de los 21 puntos, como también la discusión por una nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, entre la población menos involucrada en los debates políticos. “La intención es la que he tenido siempre desde que comencé con la primera radio comunitaria, en 1986: construir una herramienta para que la gente común pueda discutir y enterarse de qué se trata la discusión sobre los monopolios, las cuotas de pantalla, la música nacional, la posición dominante. Este juego es para discutir de política, porque la política tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros”, argumentó Arrastía en diálogo con Página/12. “La Gran Antena” ya despertó el interés de colegios, universidades, ONG, gremios. Como su creador lo ideó como un instrumento de difusión, el juego puede obtenerse en forma gratuita enviando un mail a [email protected].

Viernes, 9 de octubre de 2009

CARTAS LECTORES

Cartas

Colonizados

Mal que nos pese, si reparamos en cómo perduran hasta hoy algunas ideas que han tenido una coherente continuidad a lo largo de la historia latinoamericana, advertiremos que nunca dejamos del todo de ser colonizados, más bien, lo que hicimos a través del tiempo fue ir cambiando de potencia dominante. Tal sometimiento hubiera resultado imposible sin la miserable complicidad interna de gran parte de nuestras clases dirigentes, que casi siempre pudieron más que sus dirigidos, aunque muchas veces éstos hayan protagonizado gestas de resistencia tan gloriosas como efímeras. Como existe algo que se llama vergüenza, nadie se reconoce como imperialista, ni colonizado ni cómplice, para lo cual es necesario subvertir el lenguaje y trasvestir a los imperialistas en desinteresados propulsores de la democracia, a los colonizados en orgullosos ciudadanos de países independientes y a los cómplices y traidores en próceres ilustres. A los mismos fines corresponde demonizar a todos aquellos que osen rebelarse contra el orden establecido y denuncien su matriz colonialista y expoliadora. De eso se han encargado siempre los escribas del poder, de subvertir la historia y de lograr que la verdad nunca coincida con la realidad. Para ello, hace falta también un mínimo de capacidad de supervivencia y grandes dosis de ignorancia en los sometidos, como bien lo sabían los preclaros impulsores del circo romano. Curiosamente, la tecnología ha contribuido mucho menos a acercar la información a la verdad que a acrecentar la estupidez humana a límites impensables para aquellos astutos patricios que no podrían creer lo lejos a donde llegó su sencilla fórmula de dominación. Hoy, que poco ha cambiado, el circo mediático se revuelve escandalizado apenas se pretende ponerle coto al coloniaje cultural que propaga sin descanso. Lo que sí, es tan poca la vergüenza que ha quedado, tan grosera la mentira y tan brutal el discurso dominante, que el menos avisado de los mortales está aprendiendo a invertir las consignas que recibe y en repentinas alusiones a la pobreza sospecha codicia salvaje, en dudosas apelaciones a la democracia percibe veladas amenazas a sus representantes y en líricas invocaciones a la libertad de prensa adivina una descarada defensa del monopolio mediático.

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Francisco Martínez Pería Abogado LE: 7.737.709

Viernes, 9 de octubre de 2009

02:30 › EL MOMENTO DE LA VERDAD

El Senado aprobó la ley de Servicios Audiovisuales por 44 votos a favor y 24 en contra

La Cámara Alta aprobó en general el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual luego de más de 16 horas de debate, que ya contaba con media sanción de Diputados, y se aprestaba a votarla en particular durante la madrugada, votación en la que el oficialismo afirmaba que también impondría su mayoría.

Durante el desarrollo de la sesión los senadores del oficialismo y la oposición cruzaron duras descalificaciones sobre la norma enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso el pasado 27 de agosto.

En la votación en particular de los artículos objetados por la oposición, se calcula que el oficialismo se impondría por 38 votos a favor contra 32 en contra.

Al pie de la foto: El debate en general ya insumió más de 15 horas, y luego se pasará a la discusión en particular, durante la cual la oposición se propone introducir modificaciones al proyecto oficial, en cuyo caso debería volver a Diputados. Frente al Congreso, donde miles de personas esperan el momento de la votación, el titular del bloque del Frente para la Victoria de la Cámara Baja, Agustín Rossi, afirmó que "confiamos que a partir de ahora vamos a tener una ley de comunicación mejor, donde todas las voces se puedan expresar". Además de Rossi estaban presentes los diputados nacionales José María Díaz Bancalari, Julio Piumatto, Carlos Kunkel, Ariel Basteiro; el diputado electo porteño Carlos Heller; músicos y artistas.En medio del Festival y los shows musicales, los organizadores realizaron un homenaje a Mercedes Sosa. Asimismo, el titular de Central de Trabajadores Argentinos, Hugo Yasky, afirmó que "cuando hay unidad y objetivos claros, se pueden alcanzar logros. Es importante que detrás de esta ley estén movilizados los trabajadores de la CGT y la CTA. Cuando hay unidad y objetivos claros contra los poderosos, se puede", aseguró el dirigente. Yasky señaló que "después de esta ley hay que ir por más, como la profundización de la distribución de la riqueza. Vienen más luchas y las vamos a ganar".

Viernes, 9 de octubre de 2009

Fernández: "La política tiene que elegir de qué lado juega, nosotros elegimos jugar del lado de los que no tienen voz"

El senador oficialista Nicolás Fernández exhortó a "romper con la dictadura" de las empresas periodísticas y planteó que los medios de comunicación "deben ser el vehículo de la realidad" pero no "constructores de una realidad capciosa".

"La política tiene que elegir de qué lado juega; nosotros elegimos jugar del lado de los que no tienen voz y de los usuarios para que tengan posibilidad de escuchar las voces que quieran y ver las imágenes que quieran", afirmó Fernández, al abrir el debate en el Senado sobre el proyecto de Comunicación Audiovisual.

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Además, criticó a los que "se llenan la boca hablando de calidad institucional y de consenso y después son contradictorios", al tiempo que afirmó que este proyecto "es el que mayor consenso ha tenido en la vida institucional del país".

El senador dijo además, que con este debate se está "recuperando el vacío de legitimidad pública que durante muchísimos años tuvo el Parlamento".

Viernes, 9 de octubre de 2009

Vera pidió "corregir los defectos de esta ley"

El senador Arturo Vera (UCR-Entre Ríos) expresó que la UCR "quiere que haya nueva ley de comunicación audiovisual" y aseguró que "es totalmente falsa la afirmación de que las objeciones" que ha planteado ese partido "son excusas para que no haya ley".

Durante su exposición, Vera advirtió que "hay mil razones para sostener que, si uno no pierde el sano juicio, esta ley hay que modificarla" en algunos de sus artículos.

"No nos resignamos a tener una oportunidad de hacer una buena ley que preserve todos los intereses en juego", dijo.

El senador radical consideró que los medios de difusión "deben estar liberados de la influencia del poder de turno" y advirtió que el proyecto actual "crea un órgano que también permite que si hay intencionalidad se use mal".

Vera insistió en que su partido está a favor de una nueva ley pero pidió al Senado "la posibilidad de corregir los defectos de esta ley".

Viernes, 9 de octubre de 2009

Lores: "Yo no estoy en contra de esta ley, mis convicciones están a favor"

El senador del Movimiento Popular Neuquino, Horacio Lores, confirmó que votará, en general, a favor del proyecto y hará observaciones en particular cuando se discuta el articulado de la iniciativa.

"Esta ley podría ser muy superadora del proyecto que tenemos en nuestras manos", manifestó el senador y explicó que "yo no estoy en contra de esta ley, mis convicciones están a favor", pero se preguntó "si esta ley sufriese alguna modificación, cuál sería el problema, cual sería la tragedia de este cambio? No estaríamos más que cumplimiendo con lo que establece la Constitución en materia deconformacion de las leyes".

Lores estimó que "esto no sería ningún desastre, no sería el fin de esa ley" sino, por el contrario, contribuiría "a darle mayor sustentabilidad en el tiempo".

Viernes, 9 de octubre de 2009

Reutemann: "No democratiza el uso del espectro radioeléctrico, sólo cambia los actores preexistentes"

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El senador Carlos Reutemann (Santa Fe Federal) fundamentó en el recinto su rechazo al proyecto del ley de Radiodifusión que impulsa el Gobierno y exhortó a sus colegas a "enmendar los errores" del texto votado en la Cámara de Diputados.

Reutemann sostuvo en su discurso leído que la iniciativa "no democratiza el uso del espectro radioeléctrico, solo cambia los actores preexistentes por nuevos protagonistas" y afirmó que en lo que respecta a derechos adquiridos por los actuales licenciatarios "se podria haber encontrado alguna solución alternativa respetando las licencias extendidas".

Para el senador santafesino, como está el texto "la judicialización será el camino que le queda a los licenciatarios que pretendan defender sus derechos", y consideró que el contenido de la ley "no pasa" el "mínimo de constitucionalidad" y vulnera tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica.

Viernes, 9 de octubre de 2009

Estenssoro: "Al proyecto oficial hay que hacerle modificaciones sustantivas"

La senadora nacional por la Coalición Cívica ratificó la decisión de ese partido opositor de rechazar el proyecto oficial de medios porque consideró que del debate "debe surgir una buena ley, no cualquier ley" y comparó a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner con "la dictadura" y "el modelo" concentrado de medios del premier italiano, Silvio "Berlusconi".

"Hay quienes quieren decir que los que no estamos de acuerdo con este proyecto no estamos del lado de los ciudadanos, siempre hemos estado del lado de la democracia y los ciudadanos, el oficialismo siempre impidió que se diera este debate hasta ahora", sostuvo Estenssoro al frente del monobloque CC.

La legisladora -que extendió su discurso por 30 minutos- destacó que "el derecho a la información es esencial a la democracia, porque es la información lo que le permite al pueblo pasar de ser personas a ser ciudadanos informados".

En ese sentido, acusó al matrimonio Kirchner de pretender "invertir" la norma de la democracia que dice que "el pueblo es el soberano y quieren ser ellos los soberanos".

Advirtió que "al proyecto oficial hay que hacer modificaciones sustantivas" y sostuvo que "a la sociedad del miedo, la mentira y la muerte nadie quiere volver".

La senadora y ex periodista cuestionó, entre otros, "el artículo 45 del proyecto oficial porque no regula de forma correcta como evitar los oligopolios, tanto privados como del Estado" y también "el uso de la pauta oficial en favor de los amigos".

"Tenemos preocupación porque varios medios sean comprados por contratistas del gobierno", entre ellos "Electroingeniería, licenciatarios del juego y petroleras porque hay conflicto de intereses", dijo.

Agregó que "otra cuestión que retrotrae a la dictadura es el artículo 108 inc 1, sobre la autoridad de aplicación (no un juez) podrá revocar la licencia de un canal de TV 'si atenta contra el orden constitucional', es decir, si es subversivo".

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"Leí en un diario algo que me dio escalofríos: El debate político en mi país está alterado por el control que el gobierno tiene sobre los medios de información. Mássimo D'Alema, el ex premier italiano, hablaba de la Italia de Berlusconi, el primer ministro controla los tres canales estatales y los privados de su propiedad, también hay muchos medios gráficos de Berlusconi, y otros tienen miedo. Este es el modelo que se quiere aplicar en Argentina", advirtió Estenssoro.

Viernes, 9 de octubre de 2009

Giusti anunció su disidencia en algunos artículos

La senadora por Chubut Silvia Giusti (FPV) aseguró que el tratamiento de una nueva ley de medios representa un "avance manifiesto para la democracia", aunque anticipó que en la votación en particular se manifestará en contra de algunos artículos.

"Los medios no son la excepción a esta centralización que históricamente vive la Argentina y debemos hacer los esfuerzos posibles para tratar de difundir los intereses federales a través de los medios que contamos", dijo la legisladora que responde al gobernador Mario Das Neves.

En su discurso en la Cámara Alta, Giusti recalcó que en la Argentina hay "absoluta libertad de expresión", al tiempo que precisó que votará afirmativamente en general y planteará disidencias en los artículos relacionados con la autoridad de aplicación y la cláusula de desinversión, entre otros puntos.

Viernes, 9 de octubre de 2009

Saadi confirmó su voto a favor y negó un pacto con el Gobierno

El senador Ramón Saadi confirmó que votará a favor de la ley de Comunicación Audiovisual que impulsa el oficialismo y negó que su posición esté vinculada a una supuesta ayuda que el Gobierno nacional prometido para ganar las internas del partido el año próximo.

Saadi dijo que "yo no necesito ayuda de nadie y con el compañero Luis Barrionuevo estamos trabajando el forma conjunta", para poner fin al predominio del Frente Cívico y Social de la provincia que, indicó, ha llevado a Catamarca "a momentos de mucha pobreza".

Además se quejó del desempeño de los medios en lo que fue el sonado caso del asesinato de María Soledad Morales a comienzos de los '90, que determinó el final del dominio de los Saadi en la provincia, ya que pese a haber sobreseído en las causas que lo complicaban, no difundieron la noticia como estima que correspondía.

Viernes, 9 de octubre de 2009

El bussista Salazar votará la ley en general porque "no es tan mala"

El senador de Fuerza Republicana Carlos Salazar aclaró que no modificó su voto ni logró ningún beneficio a cambio para el genocida Antonio Bussi, fundador del partido que integra, y afirmó que acompañará la iniciativa porque "no es tan mala".

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"No he cambiado mi voto; se llegó a la herejía de decir que la moneda de cambio es un paciente mío (Bussi) con prisión domiciliaria, no lo puedo aceptar yo jamás ni mi paciente tampoco lo aceptaría", dijo Salazar, que además de su desempeño en el Congreso es médico cardiólogo y tiene como paciente al dictador y ex gobernador de Tucumán, según relató.

Entre los puntos positivos del texto, indicó que "permite una multiplicidad de voces acalladas actualmente" y que "limita fuertemente las posiciones dominantes", pero también objetó la "preeminencia que se le da al Ejecutivo" como autoridad de aplicación de la norma.

Viernes, 9 de octubre de 2009

Marín: "Voy a apoyar la ley en general y en particular"

El senador oficialista Rubén Marín afirmó que la ley de Comunicación Audiovisual aseguró que "en el fondo de todo lo que se está debatiendo es si el poder político en la Argentina pasa por los representantes del pueblo o las corporaciones políticas".

"Cuando los intereses de unos o pocos van en contra de los intereses de la sociedad, es muy difícil tener una postura intermedia. Por eso voy a apoyar la ley en general y en particular", subrayó.

El legislador por La Pampa destacó que el objeto de la ley "es simplemente regular el funcionamiento de los medios audiovisuales, garantizando la pluralidad de voces, de radios y de canales que alguna vez transmitan esas voces".

Además, cuestionó las críticas de la oposición y dijo que "cuando hablan de calidad institucional no entiendo a que se refieren, si después se van del recinto para ir a los medios de comunicación para criticar al gobierno, a los medios y al oficialismo".

Durante su exposición esta tarde en el recinto del Senado durante el tratamiento de la ley, Marín consideró que el proyecto es "uno de los más importantes" tratados en el Congreso argentino en su historia.

Viernes, 9 de octubre de 2009

Filmus criticó a "los oportunistas que se ponen la camiseta de la libertad de expresión"

El senador Daniel Filmus defendió el proyecto de ley que impulsa el oficialismo y apuntó sus críticas contra los "oportunistas que se ponen la camiseta de la libertad de expresión" mientras "nombran a un procesado por el caso AMIA" en la Policía Metropolitana.

De esta manera, Filmus rechazó la postura del macrismo con respecto a la iniciativa de medios y lo vinculó con la designación de Jorge "Fino" Palacios, que finalmente debió renunciar antes de asumir.

Para el ex ministro de Educación, "el tema de cómo construimos una Argentina distinta tiene que ver con un esfuerzo grande por sumar consensos" y destacó que el texto original tuvo "más de 100 cambios" y aún así hay sectores que no lo aceptan.

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Viernes, 9 de octubre de 2009

Chiche Duhalde: "Esta ley lo único que generará serán juicios"

Hilda González de Duhalde afirmó que "no creo que esta ley vaya a generar más libertad de prensa. Lo que va a generar son más juicios, para los que nos tenemos que preparar". Más adelante hizo incapié en la falta de seguridad jurídica que generará su aprobación, y agregó que lo más importante no está contemplado en sus artículos, "los 1000 millones de pesos de pauta publicitaria oficial, que el Gobierno distribuirá discrecionalmente". Por último, lamentó que el oficialismo contara con los votos para aprobar sin modificaciones el proyecto, que a su criterio "debe volver a Diputados" para corregir los errores cometidos en la Cámara Baja.

Viernes, 9 de octubre de 2009

Giustiniani adelantó que votará en contra de los artículos 14, 32, 45, 47, 93 y 161

Rubén Giustiniani, senador socialista por Santa Fe, afirmó que votará la ley en general pero advirtió que cuestionará 6 artículos. "El socialismo fue, es y será oposición a este gobierno hasta el 2011, pero ser oposición no significa votar en contra siempre", agregó más adelante, y mencionó como ejemplo el apoyo brindado por su partido al cambio de la Corte Suprema de Justicia impulsado por el kirchnerismo.

Viernes, 9 de octubre de 2009

Morales: "Los Kirchner no han hecho nada para impedir los monopolios"

El jujeño Gerardo Morales, aunque adelantó el voto negativo de su partido, afirmó que el radicalismo comparte el número de miembros de la autoridad de aplicación, establecido por la ley, pero reclamó autonomía para ese órgano y que sus integrantes se designen a través de acuerdos, en audiencia públicas y con los dos tercios de la cámaras. Más adelante definió que el artículo 161 es el corazón de la ley pero adelantó que si se aprueba tal como figura en el proyecto "será declarado inconstitucional". Respecto de los plazos de aplicación diferenció entre quienes hayan cumplido con la Ley 25156, de defensa de la competencia, y quienes no lo hayan hecho, cosa que el proyecto en debate no contempla. Por último planteó una cuestión de privilegio respecto de la senadora Sara Sánchez, quien cambió su voto en los últimos días, en favor de la ley, y solicitó que intervenga la Procuración General del Nación para evaluar si este caso de "transfuguismo" se encuadra o no en el delito de cohecho.

Viernes, 9 de octubre de 2009

Sanz: "El Gobierno instaló la tiranía de las mayorías legislativas"

Ernesto Sanz, como jefe del bloque de la UCR, reconoció el trabajo hecho por sus compañeros durante el debate, que hizo extensivo a las organizaciones sociales y derechos humanos que participaron de la elaboración de los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, pero advirtió que quienes festejen la aprobación de la ley no festejarán "la ley de la democracia", por la manera en que se discutió y se aprobará: "No se puede discutir de acuerdo con el berrinche de los gobernantes. Nosotros nos oponemos a que cada discusión se transforme en una batalla".

Viernes, 9 de octubre de 2009

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Pichetto: "Esta ley es una norma moderada y democrática"

Miguel A. Pichetto, como jefe de bloque del Frente para la Victoria, cerró el maratónico debate criticando el doble estándar político y moral instalado en el país para calificar la conducta de los dirigentes políticos, se trate de oficialista u opositores. Calificó la ley como "una norma moderada, razonable", y desmintió que con su aprobación se fueran a perder fuentes de trabajo sino todo lo contrario. Criticó la concentración actual de medios y aseguró "el eje central de la futura ley es la desconcentración".

Viernes, 9 de octubre de 2009

Jenefes: "Hagamos una ley que tenga el consenso de todos los partidos y que perdure 20 años"

El titular de la comisión de Sistemas y Medios del Senado, el oficialista Guillermo Jenefes, abogó porque haya "diálogo" en el debate del proyecto de Comunicación Audiovisual y se consiga así sancionar una ley "que tenga el consenso de todos los partidos y perdure 20 años".

El senador jujeño se defendió de las críticas que recibió por haber firmado "en disidencia" el dictamen de mayoría de la iniciativa del Ejecutivo que se discute en la Cámara alta.

"Pertenezco al Partido Justicialista; no pretendan que la responsabilidad del proyecto que se está tratando hoy recaiga sobre este senador, que actuó conforme a su pertenencia política", argumentó.

Jenefes reiteró así que, pese a haber firmado en "disidencia", su interés no pasó por "tomar de rehén al bloque Frente para la Victoria" y aseguró que no recibió "presiones" por parte del Ejecutivo Nacional, sino más bien del "periodismo".

"Mi dictamen en disidencia es porque esta ley no es tan mala como para que pueda ser rechazada y no es tan buena como para votarla", insistió.

"Pido a los senadores que nos escuchemos, que dialoguemos y que hagamos una ley que tenga el consenso de todos los partidos y que perdure 20 años", expresó.

En otro orden, pidió que el texto de la norma asegure que "la industria audiovisual sea el orgullo de la República" y marcó que sus discrepancias pasan porque la iniciativa garantice "seguridad jurídica".

Viernes, 9 de octubre de 2009

EL PAIS › CRITICAS DE LA UCR A LA SENADORA MARIA DORA SANCHEZ

Una furia radical

Gerardo Morales, Ernesto Sanz y Julio Cobos manifestaron su enojo porque la cobista correntina apoyará el proyecto oficial. “Es lo mejor para mi provincia”, dijo ella.

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Los dirigentes de la UCR salieron con los tapones de punta contra la decisión de la senadora radical cobista María Dora Sánchez –alineada con el derrotado gobernador correntino Arturo Colombi– de votar a favor del proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Colombi está negociando impunidad”, afirmó el jefe partidario, Gerardo Morales. “Parece que el Gobierno salió de compras”, ironizó el jefe de los senadores radicales, Ernesto Sanz, en alusión al cambio de voto de Sánchez. “Es preocupante tanto condicionar como dejarse condicionar”, sostuvo Julio César Cleto Cobos a través de un comunicado en un intento de despegarse de su ex aliada. Aunque ningún sector quiere azuzar ahora la interna partidaria, desde la conducción del radicalismo también señalan a Cobos como el responsable del giro inesperado de Sánchez, luego de que el vice le retaceó su apoyo a Arturo Colombi en el ballottage provincial.

Sánchez salió a defenderse y a justificar su cambio de opinión. “Mi voto no tiene otra explicación que el deseo de lo mejor para mi provincia, en el marco de un contexto que no puede ser recortado”, declaró a través de un comunicado de prensa. Allí, la senadora también aseguró que otra de las razones que la llevaron a cambiar su voto fue haber consultado “a los trabajadores de prensa correntinos que cotidianamente se ven afectados por las regulaciones y viven las restricciones que actualmente hacen a su ejercicio profesional”.

Pero sus explicaciones no recibieron ninguna contemplación del radicalismo. “No sé qué hace Arturo Colombi con los Kirchner si en sesenta días se va del gobierno provincial”, se preguntó Morales, para luego asociar el cambio de voto de Sánchez a las necesidades del gobernador cobista derrotado por su primo, el también radical Ricardo Colombi.

“El mandatario correntino puede estar negociando impunidad, ya tiene una denuncia por peculado, un funcionario preso y es confusa la situación de la muerte de (el empresario Hernán) González Moreno”, disparó con munición gruesa Morales. El pope radical también insinuó presiones sobre la provincia de Río Negro y su senador radical Pablo Verani. Sanz, a su vez, sugirió prebendas en los cambios de votos de Sánchez y el bussista tucumano Carlos Salazar: “Parece que el Gobierno salió de compras”, soltó el senador mendocino.

Cobos también hizo esfuerzos para despegarse de Arturo y su senadora. Durante la tarde de ayer recibió al senador electo por Corrientes, el radical Eugenio “Nito” Artaza. Pocos minutos después dialogó telefónicamente con la también senadora electa Josefina Meabe de Mathó, del Partido Liberal de Corrientes, quien compitió en el Frente por Todos y ganó las últimas elecciones legislativas en esa provincia. Con ambos intercambió opiniones sobre la situación provincial y en particular sobre el cambio de actitud de Sánchez. “Es preocupante tanto condicionar como dejarse condicionar. Es distinto actuar por convicción que por conveniencia, sea cual fuere la motivación de ésta última”, sostuvo como conclusión Cobos al final del texto difundido desde su despacho.

Viernes, 9 de octubre de 2009

EL PAIS › HOY HABRA MOVILIZACIONES AL CONGRESO

A favor y en contra

La Coalición por una Radiodifusión Democrática y más de doscientas organizaciones sociales que durante el último cuarto de siglo militaron para que se derogue y reemplace la ley sancionada en 1980 por Jorge Rafael Videla se concentrarán hoy,

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desde las 17, en la Plaza del Congreso para respaldar a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que será tratada en el Senado.

La agrupación Libres del Sur convocó a sus militantes a las 11.30, también para apoyar la ley. Las diputadas Patricia Bullrich y Silvana Giudici, junto con el rabino Sergio Bergman, caras visibles del rechazo a la norma, se concentrarán frente al Congreso, desde las 9, e instalarán una carpa en Rivadavia y Callao, donde darán una conferencia de prensa al mediodía.

En la plaza se instalará un palco y una pantalla para transmitir la sesión. Las radios comunitarias transmitirán el debate en directo en todo el país. A las 16, frente al Cabildo, se concentrarán la CTA, el Partido Humanista y otras organizaciones. La Central de Movimientos Populares se reunirá a las 17 en Pueyrredón y Rivadavia. Unos y otros marcharán al Congreso. La Corriente Peronista Felipe Vallese se movilizará a las 18.30 desde Quilmes. Los miembros de Carta Abierta se concentrarán a las 19 en la Biblioteca Nacional para rendirle homenaje al ensayista Nicolás Casullo y, desde allí, se dirigirán luego al Congreso. La convocatoria a la movilización central también fue impulsada por el Instituto Nacional de Cinematografía, el Frente Grande, la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, la Corriente Nacional y Popular del Frente para la Victoria, la organización barrial Tupac Amaru y la Red de Organizaciones Sociales.

Viernes, 9 de octubre de 2009

EL PAIS › DENUNCIA DEL GRUPO CLARIN

El papel de Moreno

Mientras desde el Gobierno no hubo respuesta política a la denuncia penal que hizo el grupo Clarín contra el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, a quien acusó de “abuso de autoridad e intimidación” por una intervención suya en una reunión de representantes del Estado en la empresa Papel Prensa, varios dirigentes de la oposición salieron ayer a pedir la renuncia del polémico funcionario.

De acuerdo con la denuncia de Clarín, principal accionista de Papel Prensa –empresa proveedora de papel para diarios de la que también forman parte La Nación y el Estado–, Moreno el 14 de septiembre citó a sus oficinas a los directores estatales de la empresa y le dijo que había en carpeta un decreto de necesidad y urgencia para intervenirla o la opción de hacer que bajen su acciones para una venta conveniente o la expropiación.

Según la versión de los hechos que publicaron el diario Clarín y su socio La Nación, Moreno amenazó a los funcionarios para que no divulgaran lo hablado en esa reunión. “Como ustedes habrán visto, afuera están mis muchachos, expertos en partirle la columna y hacerle saltar los ojos a quien hable”, fue la frase amenazante atribuida a Moreno.

Quien reveló lo dicho por Moreno en ese encuentro –de acuerdo siempre a Clarín y La Nación– fue Carlos Collasso, uno de los representantes del Estado en Papel Prensa. El 30 de septiembre –16 días después– Collasso dejó constancia de los dichos que le atribuyó a Moreno ante un escribano público. También contó lo ocurrido en el Consejo de Vigilancia de Papel Prensa. Fue allí que intervino Jorge Rendo, director de relaciones externas del grupo Clarín y vicepresidente de Papel Prensa, quien por orden de sus superiores en el diario hizo la denuncia ante el juez federal Octavio

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Aráoz de Lamadrid. El juez citó a Collasso como testigo, quien el miércoles pasado habría ratificado lo que dijo ante escribano.

Según publicaron ayer Clarín y La Nación, Collasso contó que en esa reunión del 14 de septiembre estaban también la ex directora del Indec Beatriz Paglieri, quien asumirá una de las representaciones del Estado en la empresa a partir del 27 de octubre. De acuerdo con la misma versión Moreno les dijo al resto de los representantes estatales en Papel Prensa que quedarían bajo las órdenes de Paglieri. Collasso cuenta que replicó que Paglieri aún no había asumido y que Moreno le contestó: “Con ley o sin ley, la que manda es Paglieri por expresas instrucciones de la señora Presidenta”.

Collaso también habría señalado que fueron testigos en esa reunión el director de Papel Prensa Carlos Mauricio Mazzón, los síndicos Carlos Vidal y Alejandro Turri y el subsecretario de Servicios Financieros del Ministerio de Economía, Juan Manuel Prada.

En su denuncia, Clarín sostiene: “Estamos en presencia de un nuevo acto intimidatorio y de presión por parte del Poder Ejecutivo Nacional que tiene por objeto dañar al grupo Clarín”.

Ayer en el Gobierno nadie quiso hablar del tema, ni aun los muchos funcionarios que por lo bajo sostienen que Moreno le hace muy mal al Gobierno y que debería haber renunciado hace mucho tiempo. “La que recibe todos los golpes por lo que hace Moreno es la Presidenta y encima él, cada cosa que hace, dice que lo hace por orden de ella”, se lamentaba un alto funcionario.

Pero quienes sí salieron a pedir de viva voz que se vaya Moreno fueron dirigentes de casi todos el arco de la oposición. Una de ella fue Hilda “Chiche” Duhalde. “Si eso es así, hay que pedirle la renuncia. El Gobierno lo tiene que alejar, pero no les pide la renuncia a las personas que le son más útiles”, afirmó la senadora del peronismo disidente.

El jefe del bloque de la UCR en Diputados, Oscar Aguad, sostuvo que las metodologías de Moreno “son cuasi mafiosas” y dijo que “la Presidenta es su cómplice”. También la diputada de la Coalición Cívica dijo que lo que hizo Moreno “es una clara extorsión, un claro apriete mafioso, para decirlo de una manera simple”. Y acto seguido pidió que se vaya. “Lo primero que tiene que hacer es renunciar, tiene que irse. No puede haber un funcionario que apriete a la gente de esta manera, que amenace”, sostuvo. Por su parte, el diputado electo Felipe Solá afirmó que “Moreno hace de payaso gratis para tapar otros temas; alguien quiere que miremos a Moreno y que no miremos para otro lado, por lo que intuyo que hay algo más grave que quieren ocultar”.

“La violencia y prepotencia con la que se maneja este Gobierno alcanzaron niveles inauditos. Moreno es insostenible. Ningún presidente que se diga democrático puede aceptar que un funcionario suyo realice amenazas”, sostuvo el diputado de PRO Esteban Bullrich. Su jefe de bancada, Federico Pinedo fue más allá de las declaraciones: presentó un pedido de juicio político para el ministro de Economía, Amado Boudou, superior jerárquico de Moreno.

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EL PAIS › LA CAMARA ALTA TRATA HOY EL PROYECTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

El Senado tiene la palabra

El kirchnerismo está seguro de tener los votos para aprobar el proyecto en general y confía en que será sancionado sin cambios. La oposición busca conseguir modificaciones en algunos de los artículos en un debate que se extenderá hasta la madrugada.

Por Miguel Jorquera

Llegó el turno del Senado. Los senadores del kirchnerismo buscarán convertir hoy en ley el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual en la sesión especial que comenzará a las diez de la mañana. La oposición se abroquelará detrás de la estrategia de conseguir en el recinto alguna modificación al texto de la media sanción de Diputados para frenar la iniciativa y que esta regrese a la Cámara baja. Ayer, el bloque oficialista volvió a reunir su tropa en un clima más distendido que el de algunos días atrás y el radicalismo conservó el hermetismo sobre su propio dictamen, al que considera la llave que abrirá paso a los cambios en la iniciativa. En tanto, el peronismo disidente –que también se plegará a la estrategia trazada por el radicalismo– intentó diferenciarse a través de una rueda de prensa de una liga de ex gobernadores para criticar el proyecto del Gobierno.

La víspera del día D en el Senado fue agitada. Al mediodía, la Comisión de Labor Parlamentaria –de la que participan todos los presidentes de bloque– pactó tras algunos rodeos los tiempos que tendrán los muchos oradores previstos en la sesión de hoy. Los miembros informantes de cada dictamen tendrán treinta minutos para exponer, en tanto cada senador a título personal dispondrá de diez para expresar su postura sobre el proyecto de comunicación audiovisual. No habrá límites de tiempo durante el debate sobre el articulado de la media sanción que llegó desde Diputados.

Hermetismo radical

Al término del encuentro, el radicalismo volvió a la carga contra el proyecto oficial. “El kirchnerismo no tiene límites, están fuera de sus cabales y, por controlar los medios de comunicación, está dispuesto a cualquier cosa”, dijo el presidente de la UCR, Gerardo Morales. El senador jujeño tampoco perdió la oportunidad para embestir el cambio de actitud de la senadora cobista por Corrientes, María Sánchez (ver aparte), y concluyó que “esto viene muy mal, poco transparente”.

El radicalismo evitó abrir el juego de su estrategia y guardó bajo llave el dictamen de minoría con el que llegará hoy al recinto. Los senadores y asesores del bloque de la UCR trabajaron toda la semana en consensuar con el resto de la oposición un texto común sobre los artículos más cuestionados, con la idea de seducir a los oficialistas díscolos y conseguir su apoyo. Entre ellos cuentan al jujeño Guillermo Jenefes, dueño de un multimedio en su provincia, y a los chubutenses Silvia Giusti y Marcelo Guinle. Todos ellos adelantaron su voto a favor en general pero mantienen sus críticas sobre varios de los artículos del proyecto.

En la lista de los más resistidos figuran el 14, referido a la composición de la autoridad de aplicación; el 32, que faculta al Ejecutivo a adjudicar las licencias en las ciudades de más de 500 mil habitantes, aunque las mismas se harán bajo las pautas que fije la autoridad de aplicación; y el 161, que contiene la llamada cláusula de desinversión,

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que estipula el plazo de un año para que las empresas monopólicas se adecuen a la nueva norma.

El PJ desidente, sin ley

Aunque se plegarán a la estrategia que trazó el radicalismo para dar batalla en el recinto por cambios en la iniciativa, el peronismo anti K, nucleado en el Interbloque Federal, se mostró unido para embestir contra la ley que impulsa el Gobierno. La mesa, en la rueda de prensa, la presidió un suerte de liga de ex gobernadores: los senadores Carlos Reutemann (Santa Fe), Juan Carlos Romero (Salta), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), y los diputados electos Felipe Solá (Buenos Aires) y Ramón Puerta (Misiones). “Argentina no puede seguir entrampada en los caprichos de un matrimonio”, dijeron.

Romero fue mucho más explícito sobre el objetivo que propuso el peronismo disidente para la sesión de hoy: “La mejor ley es que no haya ley”, sostuvo el salteño antes de afirmar que “este texto tiene mucho de revancha por el que no piensa igual que el Gobierno” y que se asemeja “al modelo chavista”.

“La falta de federalismo ya es insoportable. Esta ley de medios es unitaria”, sumó Solá y sostuvo que “las presiones existen y fueron llevadas al máximo por este Gobierno”. Fiel a su estilo, Reutemann afirmó que “se debería haber logrado un acuerdo de todo el espectro político argentino”. Rodríguez Saá pasó el aviso político: todos ellos convocarán a un acto propio para el 17 de octubre, el Día de la Lealtad peronista.

Confianza kirchnerista

Mientras tanto, el jefe del bloque K, Miguel Angel Pichetto, abría las puertas de su despacho para juntar a los senadores del oficialismo. Casi toda la bancada acudió a la cita. Faltaron el cordobés Roberto Urquía y la misionera Elida Vigo, ambos con licencia por enfermedad; pero tampoco estuvo en la reunión la chubutense Giusti.

Puertas afuera, Pichetto prefirió la cautela y esquivó hacer pronósticos, aunque se lo veía mucho más sereno que los días anteriores y seguro de los números que maneja. Los cálculos menos optimistas le auguran al oficialismo la certeza de conseguir la sanción en general del proyecto. El bloque K reuniría al menos 40 senadores, entre propios y aliados, a favor del proyecto, sobre un total de 72 legisladores que componen la Cámara alta.

Diferentes son las cifras a la hora de calcular los votos propios en los artículos más resistidos, pero mucho dependerá de la asistencia en el recinto. Urquía, Vigo y el radical Norberto Massoni no serían de la partida por sus problemas de salud. Con 69 senadores presentes –en caso que concurran todos los demás– el kirchnerismo necesita 35 votos para resistir cualquier embestida opositora sobre cambios en el texto. Un número que lo acerca al objetivo de transformar en ley el proyecto. Aunque nada estará dicho hasta el momento de la votación.

Cobos se reservó el cierre de la agitada jornada. Desde su despacho se distribuyó un escueto comunicado (ver aparte) donde el vicepresidente sólo le pone título a la misiva con el objetivo de sacarse de encima el peso político sobre el cambio de decisión de la cobista correntina Sánchez.

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EL PAIS

Clase pública

Profesores y alumnos de la Cátedra de Pensamiento Político Argentino, de la Carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, realizaron una clase pública frente al Congreso en apoyo a la ley de Comunicación Audiovisual. Los participantes destacaron la importancia de “avanzar en la aprobación de una ley como ésta que permita mayor pluralidad de voces en materia de comunicación”. Afirmaron que la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA “ha trabajado históricamente en el reclamo de que se trate una ley de medios que reemplace a la vieja Ley de Radiodifusión”. El encuentro se realizó bajo la consigna “La UBA piensa la Política y los Medios de Comunicación”, y “Para una ley de medios democrática y popular. Prensa, Política y Nación”.

Viernes, 9 de octubre de 2009

EL PAIS › DOS REFLEXIONES SOBRE EL DEBATE POR LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

De corporaciones y derechos adquiridos

La difícil tarea de penetrar en la realidad

Por Bernardo Licht *

El artículo 161 del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (conocido como cláusula de desinversión) establece que los titulares de las licencias que no se adecuen al régimen establecido por la ley respecto de la cantidad de licencias permitidas o de una composición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse a los parámetros establecidos en un plazo no mayor a un año desde que la autoridad de aplicación determine los mecanismos de transición. Vencido dicho plazo, serán aplicables las medidas ante la verificación del incumplimiento que en cada caso correspondiesen.

Se ha venido oyendo por distintos medios que los titulares de las licencias tienen un derecho adquirido temporal que, como parte integrante de su patrimonio, no puede ser limitado mediante una intervención legislativa posterior; la cual de forma ilegítima desconoce los contornos del contenido iusfundamental protegido del derecho de propiedad.

Esa aserción no da cuenta de lo siguiente: los titulares de licencia de servicios de radiodifusión resultan vinculados con la Administración Pública por un contrato administrativo. La Administración conserva el poder de modificación unilateral e implícito de modificar las condiciones contractuales sin perjuicio del co-contratante a ser indemnizado cuando se produce una mutación en la ecuación económica financiera. En este caso, ni siquiera la modificación del régimen jurídico tiene su origen en una norma administrativa, sino que es fruto de una ley. En ese sentido nadie tiene derechos adquiridos al mantenimiento de un orden jurídico y el título administrativo incorporado al patrimonio del licenciatario no puede ser entendido como una patente de corso que asegure indemnidad frente a cualquier cambio legislativo. Bien explicaba Rafael Bielsa que una de las más importantes cuestiones en el régimen de servicio

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público es la relativa a la facultad que la Administración Pública tiene de modificar las formas y condiciones del funcionamiento del servicio público de concesión (Rafael Bielsa, Derecho Administrativo, 1938, 3ª edición, Librería de Lajouane y Cía., pág. 329). Y dice este autor, recordando a Jéze: “Si se pudiese admitir por un instante que, por efecto de los contratos de concesión, la voluntad de los concesionarios (léase ahora medios de comunicación) pudiera poner en jaque las decisiones tomadas por la Administración en un fin de utilidad pública, necesario sería condenar irremisiblemente el sistema de la concesión como contrario al interés general” (ibídem pág. 329). Y continúa el maestro rosarino: “Por otra parte, generalmente los servicios públicos tienen por base el dominio público (como es el caso de la TV abierta y las radios), que es de la comunidad, y respecto del cual, por eso mismo, el Estado, o sea, en nuestro caso, el poder administrador, ejerce sobre él el derecho de regular el uso; también esto define lo precario de ciertas concesiones. En las cosas del dominio público no puede constituirse ningún jus in re, ni se pueden enajenar los bienes que lo componen, mientras dure la afectación al uso público, ni fraccionar el derecho de dominio. Se trata de un principio general” (ibídem 320). En ese orden de ideas hacía notar que: “La Administración Pública, ante la necesidad de aumentar o mejorar un servicio público, debe proponer esa modificación al concesionario; si éste no la acepta, puede entonces la Administración otorgar una nueva concesión de acuerdo con la ley u ordenanza. Este procedimiento lo establecen ciertas leyes, y a veces los mismos contratos a falta de leyes orgánicas sobre concesiones de una clase dada de servicios (ibídem 333). E ilustraba su explicación con el sistema de la ley 2499 de la provincia de Santa Fe, promulgada el 1º de octubre de 1935. Esta ley establecía reglas para la ampliación, etc., de servicios de transportes colectivos por vehículos automotores. Así dispuso que cuando las líneas resultan insuficientes se concederá plazo de tres meses a los concesionarios, para que amplíen sus servicios, a prorrato o por orden de concesión. En caso de no hacer así se abrirá a concurso para nuevas concesiones (ibídem 334).

Ese mismo cuadro de situación se presentó al Consejo de Estado Francés en 1890 cuando se empezó a aplicar la electricidad al alumbrado. Las concesionarias a gas invocaban derechos adquiridos. Al principio tuvieron éxito, pero luego triunfó la doctrina más racional y concordante con el interés público. Explica Bielsa que “también pueden alterarse las condiciones de explotación, sin alterar el servicio, sin sustituir sistema o clase; esas modificaciones se refieren a simples instalaciones impuestas por medidas de policía” (como aquí que tiene en mira la defensa de la competencia) (pág. 334). Observa: “La Administración Pública no viola ninguna regla de derecho cuando modifica la situación prevista en un contrato administrativo, si esa modificación resulta del ejercicio normal de su actividad jurídica en sentido material o si se dicta una reglamentación, sobre policía general de seguridad, de higiene, etc. (pág. 336). Advirtió que el principio sacrosanto de la autonomía contractual de derecho privado explica que originariamente se haya discutido la cuestión. Pero estas ideas y soluciones no tienen ya en el propio Consejo de Estado aplicación alguna. Insisto: no tienen aplicación alguna.

Recuerda que, aun en los sistemas más liberales, los tribunales han reconocido que el poder de policía del servicio público es atribución propia e inseparable del concedente de cada servicio público. Por ello afirma: “Ni las disposiciones legislativas de orden esencialmente eonómico fiscal ni las de orden público pueden ser discutidas por los concesionarios”. Es por ello que si alguien resulta privado de una ganancia o una expectativa legítima por razones de política general o de orden fiscal, ninguna indemnización debe el Estado, a menos que, siempre en lo financiero, se haya pactado válidamente lo contrario. Al tiempo que recordaba a Jéze cuando decía que “cada generación tiene el derecho de organizar y adoptar los servicios públicos en armonía con sus necesidades y sus ideales” (pág. 353).

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Asimismo se afirma que, aun en la hipótesis de que la cláusula prevista por el art. 161 del proyecto de ley fuera constitucionalmente viable, el exiguo plazo de un año impone la obligación al titular de la licencia de tener que desprenderse de sus activos a un precio vil o irrisorio, sin tener en cuenta las particularidades económicas y financieras de cada uno de los licenciatarios. En primer lugar, es dable advertir que se ha pretendido instalar mediante profusa información que el artículo 161 del proyecto de ley impone un plazo de un año desde su sanción para desprenderse de los bienes en situación de incompatibilidad. Tal aserción se exhibe, cuanto menos, como fruto de intencionalidad política y alejada de la realidad. Ello así a poco que se advierta que el mentado artículo 161 otorga un plazo para ajustarse o adecuarse a la norma que crea la incompatibilidad (no mayor de un año) contado “desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición”. Para el logro de tal cometido será necesario que, en primer lugar, resulte creada la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (autoridad de aplicación), dos de cuyos integrantes deberán ser designados a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Va de suyo que el tiempo que demande la constitución de las autoridades y la elaboración de los mecanismos de transición impedirían el cómputo del plazo previsto por la ley. Ahora bien, vencido que fuese ese plazo, cabe interrogarse cuál sería la consecuencia. La respuesta surge de la última parte del primer párrafo del art. 161: “Vencido dicho plazo serán aplicables las medidas que al incumplimiento –en cada caso– correspondiesen”. De ello no se desprende que el vencimiento del plazo legal determine la caducidad automática de la licencia sino que es necesario a tal fin el inicio de un procedimiento administrativo sancionador en donde el responsable podrá articular todas las defensas que estime adecuado, incluso las dirigidas a plantear las razones que lo llevaron a incumplir con las normas sobre adecuación al régimen de incompatibilidad. En suma: el plazo legal es un plazo de gracia que confiere el legislador ante una ilicitud sobreviniente.

* Ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal; ex docente de la Cátedra de Derecho Constitucional y de la Primera Cátedra de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Dos leyes, dos historias comunes

Por Juan Cruz Esquivel *

El Congreso Nacional se encuentra hoy a punto de votar una nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, luego de inéditos mecanismos de participación y consulta con los expertos y sectores que gozan de una trayectoria reconocida en la temática.

La ley Nº 22.285 de Radiodifusión fue sancionada en 1980 durante la etapa más oscura de nuestra historia nacional. Basta observar los signatarios de la normativa (Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz, entre otros) para imaginar sus contenidos. La legislación era una de las piedras angulares de la dictadura, habida cuenta de su intencionalidad de censurar las voces que no eran afines y monopolizar la información.

La aprobación de aquella Ley de Radiodifusión no debe interpretarse como un acto aislado. Era parte de un cronograma de “inteligencia” jurídica más ambicioso. Otros decretos firmados por el gobierno de facto permiten comprender el carácter integral de la estrategia del Proceso. Entre ellos, el que creó el Registro Nacional de Cultos, que si bien contaba con antecedentes históricos, fue reglamentado en 1978 para controlar y perseguir a las manifestaciones religiosas que eran visualizadas como “disidentes”.

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Inspirada en la Doctrina de la Seguridad Nacional, instauró un registro para los cultos no católicos. Hasta el día de hoy, las iglesias y comunidades religiosas distintas a la Católica Apostólica Romana se ven obligadas a inscribirse y ser reconocidas por el Estado Nacional como condición previa de su actuación.

Las similitudes entre ambas legislaciones no se limitan a una génesis y un espíritu compartido. Desde 1983 a la fecha, hubo denodados proyectos para reemplazar estas leyes de la dictadura, pero lo cierto es que en los 26 años de vida democrática, no lograron perforar el filtro parlamentario. Poderes concentrados en la esfera de la comunicación y en el campo religioso, que no pasan por el veredicto de las urnas cada dos años, consiguieron bloquear esas iniciativas, obstruyendo una y otra vez el camino hacia una sociedad más igualitaria.

No se trata de sustituir un monopolio por otro, sino de posibilitar que la pluralidad de voces se manifieste a través de los micrófonos y las cámaras. Tampoco es cuestión de que los cultos no católicos adquieran las mismas prerrogativas que las de la Iglesia Católica, sino de garantizar un trato igualitario y autónomo del Estado hacia las religiones.

El Parlamento Nacional se enfrenta hoy ante la oportunidad histórica de recuperar para sí una atribución que es inherente al sistema político: la de legislar referenciándose en la ampliación de los derechos ciudadanos (en este caso, el acceso a la información, la democratización de la palabra, la apertura de espacios en los medios para los pueblos originarios, etc.), poniéndole un filtro a los canales por los que presionan las fuerzas corporativas. En otras palabras, la oportunidad para despojarse de las amarras tendidas por factores de poder que operan generalmente en las sombras y fortalecer así los lazos con la sociedad, confiriéndole a la política un mayor grado de credibilidad.

De lograrlo, la democracia argentina habrá dado un salto de calidad y tendrá el camino allanado para otras conquistas ciudadanas. En el horizonte cercano, esperan como asignatura pendiente el ingreso universal a la niñez, la anulación de la ley de entidades financieras, la derogación de la ley del registro de cultos y una mayor protección para la interrupción de los embarazos no deseados.

* Doctor en Sociología (UBA-Conicet).

Viernes, 9 de octubre de 2009

EL PAIS › DUHALDE COMPARO EL DEBATE DE LA LEY DE MEDIOS AUDIOVISUALES CON LOS SOBORNOS EN EL SENADO

“Las coimas se hacen hoy por televisión”

El ex presidente volvió a hablar en público, ahora en Córdoba. Denunció que él y su esposa son víctimas de espionaje y acusó al kirchnerismo de administrar un “Estado policíaco”. Dijo que su “aspiración no es ocupar un cargo” en 2010.

“El daño que se le ha hecho a la institucionalidad con el actual gobierno no tiene antecedentes en el sistema democrático.” Con su apellido sonando en todos lados, Eduardo Duhalde ratificó ayer con una sola frase que pretende seguir siendo la pesadilla del kirchnerismo. Pero sus críticas a los Kirchner no se limitaron a aquella frase. En una visita a tierras cordobesas, Duhalde denunció que él y su esposa son víctimas de espionaje y escuchas telefónicas. Enseguida acusó al kirchnerismo de

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poner en funcionamiento un “Estado policíaco” y, a modo de broma, comparó al Gobierno con la película La vida de los otros, un film que muestra el accionar del servicio secreto de la Alemania del Este. “No tenemos ningún micrófono oculto, pero estamos controlados desde todos lados”, denunció.

Su nombre había comenzado a sonar tras un anuncio echado a rodar desde la CGT Azul y Blanca de Luis Barrionuevo: Duhalde estaba preparando su lanzamiento como candidato a presidente para 2011. Ayer, en un acto de su Movimiento Productivo Argentino (MPA), el propio ex presidente desestimó esa hipótesis: “Mi máxima aspiración no es ocupar un cargo, no tengo pretensiones personales”. Duhalde aclaró que su interés en estos momentos pasa por elaborar “políticas de Estado” que deban ser respetadas por el próximo presidente, sea del partido que sea. “Necesitamos llegar a acuerdos. Argentina necesita como el aire que respiramos políticas en conjunto, y en esa tarea estamos”, exhortó.

En Córdoba, Duhalde se mostró junto al diputado electo Ricardo Alfonsín, de la UCR. Duhalde pronosticó que el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aun si llegara a convertirse en ley en la sesión prevista para hoy, será modificado por el Congreso cuando cambien las mayorías parlamentarias. “Es una ley que durará un año o dos. Va a ser modificada”, auguró Duhalde, durante cuyo mandato como presidente el Congreso aprobó la ley de Bienes Culturales, también llamada ley Clarín. Ayer, en su contacto con la prensa, se refirió al cambio de posición de los senadores María Sánchez (UCR, Corrientes) y Carlos Salazar (Fuerza Republicana, Tucumán), que en los últimos días hicieron público su apoyo al proyecto oficial. Duhalde equiparó el caso con las coimas en el Senado registradas en la época de Fernando de la Rúa como presidente.

“En esta semana fue convocado una vez más De la Rúa por las llamadas coimas en el Senado de hace tantos años. Esas mismas coimas se hacen hoy por televisión, por los medios, cuando se dice a un gobernador, para que vote su senador le vamos a dar tanta plata. No es su plata. Es de todos los argentinos”, cargó Duhalde sin mencionar a la Presidenta, aunque tampoco hacía falta. El caudillo de Lomas de Zamora enseguida vaticinó que no habrá “ningún riesgo de gobernabilidad” a partir del 10 de diciembre. Sin embargo, después agregó otra frase sobre el tiempo próximo: “Para que los dos años que le quedan a este gobierno puedan trascurrir sin problemas –advirtió– hay que explicarle que hay un lenguaje de la democracia. El lenguaje bélico de que los tractores son como carros de asaltos es ajeno al sistema democrático”.

Viernes, 9 de octubre de 2009

EL PAIS › OPINION

Nicolás, un 9 de octubre

Por Ricardo Forster

Por esos extraños juegos del destino, de esos que siempre lo fascinaron hasta perseguirlos por las lejanías de la historia, de la literatura y de la filosofía, el mismo día en que la Cámara de Senadores se apresta a discutir y votar la ley de medios, un día demasiado esperado, luchado y trajinado durante veintiséis años, en este viernes seguramente memorable me descubro tocado por la melancolía y la tristeza de su ausencia, de la que precisamente se cumple un año en esta jornada que, como él diría entre la seriedad y la broma, lleva todas las marcas del destino nacional, de ese que hubiera recordado con acento borgeano. Pero también puedo palpar, bien adentro, la

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felicidad del amigo insistiendo entre nosotros con sus ideas, con la risa rea y sobradora, que imagino, de quien nunca dejó de prestarles atención a esos signos inesperados, a esos azarosos encuentros que forman un acontecimiento.

Tristeza y alegría de una amistad invalorable, profunda, fraterna y deudora, como una maravillosa donación, de pasiones intelectuales y políticas, de esas que se desplegaron en los pasadizos de una historia que nos atravesó con sus promesas y sus fracasos, con sus esplendores festivos y sus hecatombes, con los añorados arraigos y los destierros. Una historia, la de él, que es la nuestra por herencia y deseo, esa que supo transmitir como ninguno entre las palabras extraídas de su memoria callejera y erudita, de fervores amasados con la arcilla del barrio, de la gloria futbolera, de picados entre faroles tangueros y calvarios racinguistas, pero que también supo de los encuentros con las lenguas de la poética emancipatoria, de la militancia, de las utopías redentoras entramadas con antiguas liturgias metodistas y vastas lecturas bíblicas en increíble alquimia con Fanon y Sartre, con el profeta Isaías y León Trotsky, con Hölderlin, el poeta del crepúsculo de dios, y Julio Cortázar, con la melancolía mesiánica de un Walter Benjamin y la escritura urgente e imperiosa de un Rodolfo Walsh. Como si siempre hubiera sabido que las cosas importantes, esas que dejan huella, nos exigen el desparpajo de entrelazar a Borges con el gordo Cooke, a Perón con Sófocles, a Thomas Münzer con Evo Morales. Amasijo lúdico de escrituras de la vida y de las ideas atravesadas por el reclamo de la revolución. Lecturas desasosegadas del tiempo otoñal, ese tiempo de la revisión y de la autocrítica, de la inquieta indagación por aquellos legados duramente sacudidos por los golpes de una historia inclemente capaz de llevarse vidas entrañables junto con ideas galvanizadoras de militancias sobrecogidas por la sed de justicia e igualdad. En Nicolás el atardecer de la revolución se convirtió en tema de honda y decisiva indagación; para él, atravesado por su biografía y por las ideas de un tiempo excepcional, se trató de seguirles la pista a esos legados para proseguir, bajo nuevas condiciones y sin las antiguas certezas, por los arduos caminos de un pensar comprometido con la lengua tartamuda de la emancipación.

Nicolás vivió sacudido por la pasión argentina; nunca dejó de añorar una geografía de remansos y de mesuras mientras se sumergía en el torbellino de una historia capaz de girar alocadamente sobre sí misma para ofrecernos la imagen inverosímil de un país siempre en estado de urgencia e incompletitud; de un país capaz de sacudirnos el letargo para devolvernos, inesperadamente, a la intensidad de la política, de las plazas y de los arrebatos nacidos de viejos y nuevos reclamos, de antiguas y nuevas promesas. Con su mirada astuta y socarrona, no dejaba de observar, no sin ciertas reticencias nacidas de otras travesías por mares tempestuosos y devoradores de navíos y de náufragos, las anomalías de este tiempo argentino, en especial esa que viniendo del Sur llegó a inquietarlo profundamente al confrontarlo con sus propios arcanos setentistas. Algo loco y extraño, algo a destiempo y anacrónico venía a romper la inercia de un país en estado de catástrofe, de un país atravesado de lado a lado por la noche de la neobarbarie cultural capaz de multiplicar hasta el hartazgo las voces del cualunquismo autóctono, ese que casi siempre, en las distintas estaciones de la historia nacional, vino a expresar los fervores virtuosos de nuestras clases medias.

Nicolás, nacido y criado en Almagro, descendiente de tanos del Ligure; hijo de un amante de la ópera y del radicalismo gorila, y de una madre devota de Evita, descendiente de un extraordinario pastor metodista, uno de los dueños del negocio de la naranja en el Abasto y escritor arrebatado por la lengua teológica y salvífica. Nicolás, su nieto y heredero, habitante del corazón porteño, nunca dejó de sentirse profundamente incómodo por la verborragia insoportablemente arribista, mediocre y racista de sus propios vecinos de barrio. Pero, y así de extraña es la vida, nunca dejó

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de sentirse a gusto en esas calles gardelianas que inspiraron su novela El frutero de los ojos radiantes, fresco de una Argentina entre la promesa y el desastre, entre la ilusión libertaria y el Apocalipsis. Con ese amasijo contradictorio se fue conformando la peculiar sensibilidad de este porteño medular y añorante de una ciudad perdida e imposible. Tan fuerte sería su arraigo a ese barrio que al retornar del exilio mexicano sus pasos lo llevarían, con la inexorabilidad marcada por los signos zodiacales, nuevamente hacia Almagro.

Casi desde el inicio, Nicolás se sintió atraído por lo inaugurado en mayo de 2003, pero no atraído en el sentido de quien simplemente se deja llevar por el entusiasmo ciego. La atracción que en él despertó Kirchner, su excepcionalidad, corrió pareja con su permanente interrogación crítica, con sus palabras que podían cruzar el apoyo directo y furibundo ante la avalancha de gorilismo racista clasemediero para tornarse, inmediatamente, en cuestionamiento de los límites de un proyecto que tenía mucho de tienda de los milagros o de armada brancaleone, pero que también le ofrecía la imagen de una gramática plebeya y entrañable allí donde nos permitía sacudirnos de la barbarie de los noventa. Mirada irónica que sobrevolaba una escena en la que las épocas parecían arremolinarse, en la que las memorias del pasado volvían a disputarse en el laberinto del presente. Nicolás pudo intuir lo espeso del aire de época. Pudo anticipar, cuando todavía no se vislumbraba en el horizonte la maroma agromediática, que se avecinaban tiempos conflictivos porque, entre otras cosas, el kirchnerismo había tocado algunas fibras íntimas del poder, de ese que se tragó el gesto inaugural del cuadro descolgado de Videla, que dejó hacer hasta que, recuperado de su inicial estupor y de sus propias necesidades de recomposición, volvió, como otras tantas veces en el pasado, a cargar sin contemplaciones y apoyándose en lo irresuelto de 2001, en ese fondo viscoso que Nicolás pudo describir con ojo anticipatorio cuando mostró su fino escepticismo ante la “rebelión de las clases medias de Scalabrini Ortiz y Santa Fe”. Leyendo algún reportaje que le hicieron en 2007 puedo comprobar que, aunque sin tener la certeza de su acontecer futuro, ya intuía llegado el tiempo de la revancha contra el “insoportable plebeyismo populista”.

Para él, como para muchos de nosotros, el kirchnerismo implicó una anomalía, aquello loco e inesperado que venía, junto con otros procesos abiertos en Suda-mérica, a quebrar la inercia de la repetición neoliberal, a romper la monotonía insoportable de la larga siesta del fin de la historia proclamada a los cuatro vientos por la retórica de la dominación. Sus ensayos sobre el populismo, su intento de volver a abrir la caja de Pandora de una tradición bombardeada por las nuevas formas del virtuosismo republicano vinieron a expresar su convicción, forjada entre lecturas eruditas de matriz benjaminiana y de experiencias políticas efectivamente vividas en otras épocas argentinas, de que la querella en torno del populismo, de sus herencias y legados sería una de las grandes batallas cultural-políticas del presente. Remoción de los escombros de una tradición que parecía regresar bajo nuevas e inéditas condiciones, apertura de un debate con aquellos que vulgarizaban de un modo insoportable lo que en los años sesenta y setenta había constituido una verdadera pasión argumentativa. Nicolás, como siempre aunque con las cicatrices de otras batallas, se movió contracorriente, dirigiendo sus dardos más críticos e irónicos contra un neoprogresismo fascinado con la retórica de un republicanismo seudovirtuoso y profundamente olvidado de los olvidados de la tierra; de un progresismo vaciado y fascinado por la llegada al puerto del libre mercado y de la democracia liberal. El vio en lo inaugurado en mayo de 2003 la posibilidad de la reintroducción desordenada y plebeya de la política y del conflicto en una escena devastada por la neobarbarie massmediática y el cualunquismo de los “filósofos de época” portadores del virtuosismo propio de los republicanos de Barrio Norte.

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Pero lo que también apreció con ojo crítico, no exento de cierto pesimismo civilizatorio, fue la profunda y decisiva transformación cultural que desplegó el capitalismo neoliberal. Una transformación anclada fundamentalmente en los lenguajes massmediáticos, verdaderos exponentes de la estetización de la política y de la vida cotidiana en términos de un discurso que redefinió imaginarios e identidades sociales, al mismo tiempo que proyectó nuevas formas de subjetividad atravesadas y horadadas por la naturalización de los valores emergidos de la lógica del mercado y de sus necesidades. No sólo se trató de un giro economicista, del dominio de la gramática de la mercancía, sino que, más intenso todavía, lo que se puso en escena fue el desplazamiento de la vieja política y de los partidos que expresaron tradicionalmente al poder y a las derechas, para dejar su lugar, ahora sí y de un modo complejo y novedoso, a las corporaciones mediáticas que pasaron a ser, según su opinión, la emergente derecha de la época, el núcleo disparador de los arquetipos culturales que giran alrededor del ciudadano-consumidor, forma elegante para nombrar lo que en palabras de Nicolás no sería otra cosa que el cualunquismo de clase media. Una derecha innovadora que logra meterse en la vida íntima de los individuos al mismo tiempo que logra calar hondo en el sentido común. En esos complejos dispositivos de los medios de comunicación de masas vio Nicolás lo propio de estas últimas décadas. Tal vez, y apelando de nuevo a los enigmas del destino, no resulta casual que el viernes 9 de octubre se crucen los caminos de una vida intensa y lúcidamente vivida con la jornada histórica en la que se dirimirán, en el Senado, los días por venir, esos que con pasión crítica siempre intentó pensar Nicolás Casullo.

Sábado, 10 de octubre de 2009

EL PAIS › EL OFICIALISMO CONSIGUIO LA APROBACION EN GENERAL DEL PROYECTO QUE TENIA LA MEDIA SANCION DE DIPUTADOS

Nueva etapa para los medios audiovisuales

En la madrugada, y luego de más de catorce horas de debate, el oficialismo consiguió por 44 votos contra 24 la aprobación en general de la ley de Comunicación Audiovisual. Aseguraba contar con los votos para aprobar todos los artículos sin cambios.

Por Miguel Jorquera

Con 44 votos a favor y 24 en contra, el kirchnerismo aprobó en general el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual y se encaminaba a convertir en ley la iniciativa del Gobierno esta madrugada, tras el debate artículo por artículo en el recinto del Senado.

“Es una ley moderada, democrática”, aseguró el jefe del bloque del oficialismo, Miguel Angel Pichetto, en el cierre, pasadas las 2 de la mañana. Pichetto dedicó buena parte de su discurso a criticar el dictamen de minoría que el radicalismo presentó ayer mismo. “Tiene profundas contradicciones”, sostuvo. “No es perfecta, pero es un paso gigantesco”, definió Pichetto la ley aprobada.

Antes, el presidente de la UCR, Gerardo Morales, cuestionó el proyecto y advirtió sobre la “peligrosidad de los conversos”, en alusión al cambio de posición de la cobista correntina María Dora Sánchez, que votó a favor del proyecto y a la que definió como “tránsfuga”: pidió que la Justicia la investigue por cohecho. En tanto, el socialista Rubén Giustiniani justificó su voto en general en la convicción partidaria de terminar

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con la ley de la dictadura y que con el Comfer intervenido el Gobierno dispone de más discrecionalidad que con la futura normativa.

Uno de los escasos momentos de tensión se vivió por la mañana. Desde el sillón de la presidencia del Senado, Julio Cobos miraba nervioso el reloj y masticaba una decisión. Faltaban pocos minutos para que venciera el plazo reglamentario de media hora de espera para que se cayera la sesión y el oficialismo todavía no había reunido el quórum para sesionar.

El jefe del bloque K, Miguel Angel Pichetto, y José Pampuro advirtieron el nerviosismo de Cobos y se acercaron para calmarlo. Sobre la hora, el kirchnerismo alcanzó el quórum con el aporte de los ex aristas fueguinos José Martínez y María Díaz. La convaleciente oficialista misionera, Elida Vigo, y la cobista correntina Sánchez también estaban en sus bancas.

La sesión arrancó con algunas intervenciones apasionadas, pero el fervor se diluyó con el correr de las horas, cuando los números ya estaban echados. El kirchnerismo había garantizado 42 votos para la aprobación en general del proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual y reunía –sostenían– al menos 37 senadores fieles, sobre 69 presentes, para resistir cualquier embestida opositora para modificar algún artículo.

A media tarde, entre los senadores de la oposición había resignación sobre el resultado de la votación en general y aunque trataban de incentivar la posibilidad de cambios en el articulado, ya comenzaban a hablar de revisar la ley tras el recambio legislativo de diciembre.

“Siempre que se discute intereses concentrados, monopolios, hay tensiones y allí la política debe decidir de qué lado está, y nosotros decidimos jugar del lado de la sociedad, de los que no pueden expresarse”, arrancó el santacruceño Nicolás Fernández como miembro informante del oficialismo, después de que el díscolo Guillermo Jenefes resignó ese rol. “Defendemos la libertad de prensa y esta ley ratifica ese compromiso. No hay un solo artículo que hable de contenidos”, concluyó Fernández.

Como presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Jenefes tuvo 30 minutos para su descargo. Dueño de un multimedio en Jujuy, comenzó su discurso con reproches a sus pares empresarios: “Me quieren hacer responsable de que hoy se trate esta ley en el Senado”, dijo, y denunció: “La presión la sufrí por parte de los medios de prensa que querían que traicionara mis tradiciones políticas”. Después, cargó contra algunos aspectos del proyecto.

El entrerriano Arturo Vera fue el primer radical en tomar la palabra. Afirmó que “es totalmente falsa la afirmación de que las objeciones” que planteó su partido “son excusas para que no haya ley”. Pero también expresó la resignación opositora al reconocer que el kirchnerismo tenía los votos para aprobar el proyecto y clamó por deserciones en el oficialismo para facilitar los cambios en el articulado.

“Aunque dice que quiere terminar con los monopolios, este proyecto oficial habilita un solo monopolio, el del Gobierno. Esto es volver a los ’80”, clamó la senadora de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro. “Es contra un sector, del cual antes eran amigos”, afirmó el cobista Emilio Rached, sobre “la relación Kirchner-Clarín”.

“La judicialización será el camino que les queda a los licenciatarios de radiodifusoras, por lo que la consecuencia podría ser costosa para el Estado”, dijo Carlos Reutemann

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y afirmó que “hay un claro menoscabo al derecho de propiedad de los licenciatarios”. Culminó un monótono discurso leído exclamando “por la libertad de prensa y la libertad del pueblo”.

“No existe ninguna limitación para que las telefónicas ofrezcan servicios de triple play: telefonía, Internet y señal de televisión de cable”, sumó la senadora salteña del PJ disidente, Sonia Escudero, que comparó el proyecto oficialista con la ley de la Revolución Libertadora por el control que estableció esa dictadura sobre los medios de comunicación. “Esta ley es un botín, y ese botín son las provincias argentinas: es el federalismo. No es verdad que esta ley es constitucional, que no avasalla a las provincias y que no viola los derechos adquiridos”, sostuvo otra peronista disidente, la puntana Liliana Negre de Alonso.

Las respuestas del oficialismo no se hicieron esperar. “Acá se discute la libertad de prensa o de imprenta. La peor censura es la que no se ve. Esto es lo que pasa en la actualidad por los grandes monopolios periodísticos”, dijo la oficialista cordobesa Haidé Giri antes de lanzar una ironía: “En la Argentina el sonido del clarín lo unimos a las marchas militares. Estoy contenta porque al clarín se le van unir muchísimos más instrumentos para que sea la orquesta del pueblo argentino”.

El pampeano Rubén Marín aseguró que “todo monopolio u oligopolio atenta contra la libertad de expresión. Estamos tratando de que la capacidad de acumulación de unos pocos no condicione a la sociedad y a los gobiernos”. “Discutimos si la agenda política, en torno de cuáles son los debates esenciales, se fija desde la política o se hace desde los multimedios”, agregó el kirchnerista neuquino Marcelo Fuentes.

Sobre la medianoche, ya no había dudas de que el oficialismo contaría con los votos para aprobar la ley. A las ausencias del peronista cordobés Roberto Urquía y del radical chubutense Norberto Massoni por problemas de salud, se sumó el faltazo de Carlos Menem, a pesar del anuncio de Adolfo Rodríguez Saá de que el riojano llegaría al Senado para votar en contra.

Tras la votación en general, el oficialismo contabilizaba a su favor más de los 36 legisladores necesarios para frenar los intentos de introducir cambios en el articulado que hiciera regresar el proyecto a la Cámara baja. El radicalismo resignaba las ilusiones de modificar el proyecto y varios senadores trazaban otro objetivo: la hora de emprender el viaje a Rosario para participar del lanzamiento de la línea interna del jefe partidario, Gerardo Morales. Algunos kirchneristas, en cambio, especulaban con la presencia de Néstor Kirchner en el Senado o a Plaza Congreso.

Sábado, 10 de octubre de 2009

14:05 › MAS VOCES, MAS VOTOS

El Senado aprobó sin cambios la Ley de Servicios Audiovisuales

El Senado aprobó y convirtió en ley, tras casi 20 horas de debate, el proyecto oficial sobre Servicios de Comunicación Audiovisual, con una diferencia de 10 puntos en los articulos más polémicos.

Junto al bloque del Frente para la Victoria votaron en general a favor de la propuesta gubernamental los oficialistas que firmaron en disidencia el dictamen mayoritario -el jujeño Guillermo Jenefes, el chubutense Marcelo Guinle y su comprovinciana Silvia

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Giusti-, la radical correntina María Dora Sánchez y el bussista Carlos Salazar, que anunciaron un cambio de posición en los últimos días.

Sufragaron en contra los miembros del bloque de la UCR, y sus aliados María Eugenia Estenssoro y Samuel Cabanchik y los integrantes del Interbloque Federal, que reúne a justicialistas disidentes y partidos provinciales.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que estuvo hasta el final de la sesión, destacó que con la iniciativa "está de acuerdo la mayoría" y se mostró satisfecho con la sanción ante los medios que siguieron durante toda la jornada el debate.

La sesión insumió más de 19 horas en la que se registraron exposiciones de más 50 legisladores, de una cámara que registra un total de 72 miembros, que se expresaron con encendidos discursos cruzados, que se fueron diluyendo con el correr de las horas.

El articulo 161 -que establece un plazo máximo de un año para que los medios de comunicación se adecuen a las nuevas exigencias de la ley y los obliga a desprenderse de emisoras que deberán ser vendidas de urgencia- tuvo el apoyo de 38 oficialistas y la resistencia de 28 opositores, más la abstención de la radical correntina María Dora Sánchez, y el sorpresivo retiro unos minutos antes de los senadores radicales de Catamarca, quienes no explicaron las razones de su abandono del recinto cuando faltaban apenas minutos para la votación.

En otros dos artículos, el oficialismo vio reducido su número a 40 y la oposición subió a 29: fue en los que llevan los números 14, que describe los integrantes de la Autoridad de Aplicación de la ley; y el 32, con los mismos votos, que permitirá al Poder Ejecutivo entregar las licencias en ciudades de 500 mil personas, mientras la autoridad de aplicación, lo hará sobre poblaciones que no alcancen ese medio millón de personas.

El último orador antes de la votación en general, el oficialista Miguel Angel Pichetto, aseguró que "vamos a respaldar este proyecto en particular y en general porque tiene reformas importantes, porque ha venido mucha gente a decir que la votemos como está. Ninguna norma es perfecta, ninguna norma es sancionada a perpetuidad", afirmó.

El legislador afirmó que "hace poco Francia votó sobre la reforma de la Constitución y se definió por un voto y no ocurrió nada" y puso como ejemplo la noche en la que cayó la denominada resolución 125, en una sesión en la que desempató Cobos, quien esta noche también presidía la sesión: "Hace poco vivimos una noche trascendente, en la cual su voto desempató", rememoró.

El jefe del bloque radical, Ernesto Sanz, afirmó que el gobierno de Cristina Kirchner construyó una "matriz autoritaria", enfatizó que "no se puede vivir en un país sometido al berrinche de una persona", y vaticinó que la norma de Medios que impulsa el oficialismo "va a ser inaplicable" y denunció que "el gobierno ha utilizado en todos estos años desvergonzadamente el dinero público para premiar a amigos que hablaban bien del gobierno y castigar a los que eran críticos de su gestión".

El socialista santafesino Rubén Giustiniani afirmó que iba "a acompañar en general la sanción" de la ley de medios, porque "siempre será mejor una ley de la democracia que una de la dictadura militar" y sentenció que "el Partido Socialista es y será oposición a este gobierno", aunque eso "no significa votar todo en contra".

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El presidente de la UCR, Gerardo Morales, afirmó que los principios que inspiran la se basan en "una teoría autoritaria que tiene su basamento en la expansión del Estado" y que "en la lógica del autoritarismo, se busca restringir la información y producir apatía en el pueblo a través de la desinformación para poder expandir su poder".

Pese a la aprobación de la iniciativa, en su discurso los legisladores Juan Carlos Romero (peronismo disidente de Salta; el puntano Adolfo Rodríguez Saá; y el santafesino Carlos Reutemann, al igual que la cívica María Eugenia Estenssoro, cuestionaron con dureza el proyecto, pero finalmente no lograron que se impedir que se convirtiera en una ley que nace con polémica

Sábado, 10 de octubre de 2009

Rossi: "El espíritu cuasi revanchistas de la oposición es algo inadmisible"

El jefe del bloque de diputados oficialistas, Agustín Rossi, admitió que "toda ley es modificable y absolutamente perfectible", en alusión a la legislación de medios sancionada esta madrugada, pero advirtió sobre el "espíritu de cuasi revanchistas" que dijo vislumbrar en la oposición para después del 10 de diciembre.

Rossi manifestó su confianza en que la ley de radiodifusión aprobada por el Senado no sea objeto de una batalla judicial por parte de las empresas periodísticas que se sientan afectadas por la nueva legislación.

"Espero que no", afirmó, consultado sobre si augura un escenario de contienda judicial, pero dijo comprender que quien "tenga una posición monopólica o de posiciones dominantes, en cualquier negocio" sostenga una "posición contraria" ante una "ley que va a perjudicar esa situación".

El legislador oficialista señaló por radio América que "ir a la justicia será una decisión de cada uno de los que la tienen que tomar", pero dejó en claro la normativa aprobada en la Cámara alta no significa que "las grandes empresas (vinculadas a la radiodifusión) vayan a desaparecer, ni mucho menos".

Rossi reconoció que "toda ley es modificable y absolutamente perfectible", en referencia a la eventual decisión de revisar la flamante Ley de Servicios Audiovisuales por parte de los legisladores que van a asumir en el Congreso a fin de año.

"Si estas modificaciones se hacen con un sentido propositivo, de perfeccionar la ley, nadie va a tener ningún problema", afirmó. Sin embargo, lanzó una seria advertencia: "Si el espíritu es el que yo he escuchado de algunos dirigentes, sobre todo del peronismo disidente, que es un espíritu de cuasi revanchistas: 'todo lo que aprueben de acá al 10 de diciembre nosotros lo vamos a derogar'" eso es algo inadmisible, aseguró.

Al reivindicar los objetivos que afirmó tener el oficialismo al impulsar el proyecto convertido en ley, Rossi apuntó una vez más contra sus adversarios políticos. En ese sentido, destacó que "la oposición tuvo una estrategia equivocada" en torno a esta discusión que "fue la de defender los intereses corporativos y no fijar su propia posición".

"Se pusieron del lado de los grupos empresarios que se sentían afectados por la creación de esta nueva ley de medios", lamentó. Para el legislador kirchnerista, a los opositores "le fijaron la estrategia desde afuera no la definieron ellos, entonces

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cometieron ese gravísimo error, un papelón casi, de haberse ido del debate en la Cámara de Diputados, que terminó condicionando toda la estrategia opositora inclusive en el Senado".

Sábado, 10 de octubre de 2009

PIRULO DE TAPA

PRESIONES

Con un histrionismo pocas veces visto en él, el senador Filmus pidió permiso para terminar su discurso leyendo una carta. Se trataba de la carta de renuncia del diputado (mandato cumplido) Luis Brandoni a la Comisión de Comunicaciones durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Brandoni renunció indignado tras el fracaso del debate. A la comisión sólo habían asistido tres diputados: Héctor Polino, Pedro Calvo y él. El autor de aquel proyecto, el entonces interventor del Comfer Gustavo López, hoy es subsecretario general de la Presidencia. “Hubo permeabilidad a las presiones”, se quejó Brandoni a fines de 2001.

Sábado, 10 de octubre de 2009

EL PAIS › COMO SIGUIERON EL DEBATE LOS KIRCHNER

Un día sin sobresaltos

Por Daniel Miguez

La atención de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su esposo Néstor Kirchner sobre los pasos que daba el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual pareció estar más concentrada en los días previos a la votación, que en la jornada decisiva que comenzó ayer y se extendía esta madrugada en el Senado. Sabiendo que el oficialismo contaba con los votos suficientes, el matrimonio Kirchner vivió toda la jornada de ayer “con bastante relax”, según describió a Página/12 un funcionario que estuvo con ellos buena parte de la tarde en la residencia de Olivos.

Cuando en el Senado comenzaba lo que sería un extenuante debate, la Presidenta salía de Olivos hacia la Casa Rosada. Al llegar allí encabezó la inauguración de la muestra de fotos, videos y textos sobre el Día de la Lealtad en el patio del edificio que comunica con la vieja Aduana, organizada por el secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, en el marco de los festejos del Bicentenario.

Mientras Cristina recorría la muestra, Kirchner desde Olivos hacía los llamados de rigor al presidente del bloque oficialista en el Senado, Miguel Pichetto, y al interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, que se mantuvo firme en el Congreso desde que arrancó la sesión. Los telefonazos de Kirchner recién se repitieron cuando caía la tarde. En otras jornadas trascendentales desde el punto de vista político, como la recordada noche del debate en el Senado sobre la Resolución 125, Kirchner y Cristina no paraban de hablar por teléfono monitoreando la marcha de la sesión.

Luego de inaugurar la muestra por el 17 de Octubre, la Presidenta hizo una rápida pasada por su debate, donde apenas pispeó el debate por televisión. No llegó a escuchar un discurso completo, que se fue al Salón de las Mujeres para darle la despedida del segundo contingente de familiares de los muertos en la guerra de las

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islas Malvinas que viajaron ayer para rendirles homenaje en el cementerio argentino de Darwin.

De nuevo en su escritorio, con la televisión encendida, firmó algunos despachos para regresar a Olivos, donde almorzó con su marido. Por la tarde sí le dedicaron más tiempo a ver el debate por TV, aunque la Presidenta varias veces se levantó del sillón para atender cuestiones de la gestión. Habló al menos con tres ministros por temas totalmente ajenos a la ley de medios. Otra muestra, comentaban sus colaboradores, de distensión.

En los escasos intercambios de llamados entre Olivos y el Congreso, uno fue para indicar que no hubiera más oradores de la oposición que del oficialismo. Así fue que cuando hubo 20 opositores anotados para hablar, se anotaron otros tantos kirchneristas “para dar una respuesta pareja a sus argumentos”, explicaron.

También la Presidenta tuvo la confirmación de que el catamarqueño Ramón Saadi iba a votar a favor y que los santacruceños Marcelo Guinle y Silvia Giusti, como el jujeño Guillermo Jenefes, acompañarían en general con algunas objeciones en particular.

Después de la habitual cena frugal, Cristina y su esposo sí se sentaron a ver el desenlace del debate. Comentaron que iban a quedarse despiertos al menos hasta la votación del artículo 14, que hace referencia a la autoridad de aplicación de ley y era uno de los más cuestionados. Tenían la percepción de que si el oficialismo pasaba bien ese obstáculo, llegaría sin trabas hasta el final. Ni la Presidenta ni su esposo toman alcohol, pero a su alrededor daban por hecho que en algún momento de la madrugaba iban a brindar, aunque fuera con agua.

EL PAIS › UN DEBATE CON MUCHAS HORAS DE ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA

Imágenes de una sesión maratónica

El debate tuvo mucho de puesta en escena para la transmisión en vivo. Las citas de los discursos. Las presiones en los recuerdos de Negre de Alonso y ahora a Jenefes. Las razones de Salazar y la posición del socialismo.

Por Martín Piqué

El recinto del Senado vivió ayer una jornada histórica con un debate extenso en la que se escucharon argumentos de todo tipo, citas de jurisprudencia y frases famosas de teóricos de la comunicación. Fueron muchas horas de una sucesión de exposiciones a favor y en contra del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero en medio de la Babel de palabras, como parte de una discusión que tuvo algo de –y valga la paradoja, puesta en escena para los canales de noticias que transmitían en vivo, se escucharon algunas revelaciones que obligaron a detenerse en lo dicho y en lo no dicho. En lo sugerido y en lo explícito.

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Uno de los discursos más comentados fue el de la senadora de San Luis, miembro del Opus Dei y espada legislativa de los hermanos Rodríguez Saá, Liliana Negre de Alonso. La senadora puntana contó varios episodios que le tocó vivir cuando se trató en el Congreso la ley de Bienes Culturales, en enero de 2002. Llamada también “ley Clarín”, aquella normativa hizo posible que los grupos mediáticos en proceso de

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concurso preventivo fueran excluidos del procedimiento de cramdown previsto en la ley de Quiebras. Se trata de un mecanismo que permite a los acreedores capitalizar sus deudas absorbiendo acciones de las empresas en problemas.

La senadora puntana relató que en 2002, al anunciar que se opondría a esa ley, recibió llamados intimidatorios en su celular (“me ponían la marcha fúnebre”). También dijo que su departamento fue violado y que desconocidos ingresaron a su cocina para dejarle un mensaje intimidatorio. “Dejaron todas las luces prendidas y me dejaron el pollo arriba de la hornalla”, reveló. Su testimonio despertó sonrisas y hasta tentó a alguno de sus pares, como el socialista Rubén Giustiniani. Negre de Alonso contó además que cuando se estaba por tratar aquel proyecto dos hombres se le presentaron en su despacho. “Me dijeron ‘esto es lo que tiene que votar’ y me entregaron una carpeta”, relató.

La senadora rememoró esos episodios para contestarle al senador oficialista Marcelo Fuentes, uno de los legisladores más cercanos al matrimonio presidencial, quien había exhortado a sus pares opositores a “tener coraje”. Negre de Alonso agregó que ella había resistido las presiones y los mensajes amenazantes. Pero no fue la única mención a los entretelones que precedieron a la sanción de la ley de Bienes Culturales hace siete años. Un rato antes, la senadora salteña Sonia Escudero, también del peronismo disidente, había recordado el rol que en aquella votación tuvo “un grupo de lo-bbistas de medios”.

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El recurso de citar bibliografía, de mencionar a intelectuales que se leen en las carreras de comunicación o de nombrar a filósofos emblemáticos de la historia de Occidente es un recurso típico de cualquier sesión legislativa. Incluso es habitual que quienes siguen un debate confirmen la pertenencia política de cada orador, su formación ideológica, a partir de los autores que va desplegando en su exposición. Así se pudo escuchar a Eric Calcagno recordar una frase del monje franciscano William de Baskerville, el protagonista de la novela de Umberto Eco El nombre de la rosa; a Daniel Filmus citar una frase de Voltaire para subrayar su compromiso del derecho de opinión (“No estoy de acuerdo con lo que usted dice pero defenderé con mi vida su derecho a decirlo”); a Samuel Cabanchik (Buenos Aires Federal) elogiar al periodista Miguel Wiñazki, columnista de medios de Clarín, por el libro La noticia deseada. Pero entre tantas referencias a autores o a lecturas sobre la compleja relación entre periodistas, grupos mediáticos y gobiernos no se pudieron disimular algunas gaffes para el recuerdo. Quizá uno de los más comentados haya sido el que lanzó el radical santacruceño Alfredo Martínez. “No queremos ni monopolios privados ni públicos. Y también reclamamos un estatuto del periodista que garantice la fuente laboral y el derecho a la opinión”, exhortó. El pedido de Martínez pareció desconocer la existencia del estatuto del periodista profesional, sancionado en 1946 primer gobierno de Perón a través de la ley 12.908 y del decreto 13.839 y que está vigente. Aunque a veces no se cumpla.

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El senador del Frente para la Victoria de Jujuy Guillermo Jenefes fue uno de los protagonistas de la discusión en comisiones del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión anticipó que tenía diferencias con el proyecto y se convirtió en la gran esperanza de la oposición para impedir que el kirchnerismo lograra formar el dictamen de mayoría. Segundo en tomar la palabra ayer, repitió que

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la iniciativa no le parecía “tan mala para rechazarla ni tan buena para no hacerle modificaciones”. También criticó a la oposición, sobre todo por haberse retirado del recinto cuando se trató la norma en Diputados: “No podemos decir que si el partido que se está jugando no nos gusta nos llevamos la pelota a casa y el partido no se juega”. Finalmente, desmintió haber recibido presiones por parte del gobierno nacional y reveló: “La presión la sufrí de los medios de prensa que pretendieron que este senador traicionara sus convicciones y su pertenencia política”.

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Por los balcones del segundo piso del recinto desfilaron varios invitados especiales que se habían acreditado ante la jefatura de bloque del oficialismo, también en la Secretaría Parlamentaria del Senado. Allí se dejó ver desde bien temprano el interventor del Comfer, Gabriel Mariotto. Lo acompañaron el director nacional de supervisión del organismo, Gustavo Bulla, y el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, Damián Loreti. También se acercaron hasta el hemiciclo del Senado los diputados Julio Piumato y Diana Conti, que tuvieron una activa participación en el debate público previo a la votación en la Cámara baja. Otro espectador muy comentado fue el director de estadísticas del Indec, Norberto Itzcovich, quien se paseó por las galerías del primer piso, destinadas a la prensa.

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Los senadores también se valieron de aquella máxima, tan usada en la práctica cotidiana del periodismo, que proclama que “nadie resiste un archivo”. No sorprendió, por ejemplo, que desde el oficialismo se leyeran viejos proyectos de ley de Radiodifusión impulsados por legisladores opositores que no difieren demasiado del texto impulsado por el Frente para la Victoria, el socialismo y el centroizquierda. En algunos puntos conflictivos, como los artículos que reglamentan la Autoridad de Aplicación, las diferencias eran muy poco sustanciales. Uno de los que más jugo le sacó al recurso fue el senador porteño Daniel Filmus, quien recordó una iniciativa radical.

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El tucumano Carlos Salazar (del bussismo, Fuerza Republicana) hizo un discurso en el que se repitieron varias veces las justificaciones. Salazar fue uno de los dos senadores que anunció a último momento su voto a favor en la elección en general. Apenas comenzó su intervención, el tucumano salió a explicar que su voto no tenía precio. “No he cambiado mi voto. Aquí se llegó a la herejía de decir que el precio de mi voto era un paciente mío que está con prisión domiciliaria (por el represor Antonio Bussi, fundador del partido). A mis hijas, a mis amigos, al pueblo de Tucumán, les digo que no he cambiado mi voto”, insistió el soldado de Bussi. La mención a sus familiares hizo recordar a aquella introducción de entrecasa los consejos que le había dado su hija que eligió el vicepresidente Julio Cobos para anunciar su voto no positivo. Salazar fue uno de los pocos senadores que más tiempo permaneció sentado a lo largo de la maratónica sesión. Sentado a dos filas y en la misma línea de Chiche Duhalde, el tucumano giró sobre su cuerpo para escuchar cómo la senadora bonaerense se quejaba porque algunos senadores habían tenido que cambiar su voto para que sus provincias recibieran algún beneficio. Su explicación no había surtido efecto.

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Al santafesino Rubén Giustiniani le tocó la tarea de defender la decisión de su partido, que había decidido de manera orgánica votar a favor en general. Giustiniani aclaró enseguida que en la discusión en particular iba a votar en contra sobre una serie artículos: los más importantes fueron su oposición al plazo de desinversión de un año propuso un margen de tres años y su rechazo a la composición de la Autoridad de Aplicación. “Acá se han escuchado tantas exageraciones que propongo que las recordemos para contrastarlas dentro de diez años. Yo no creo que con esta ley vayamos a entrar en la noche de los silencios”, subrayó. El hombre que comparte con Hermes Binner el liderazgo del Partido Socialista adornó su intervención con citas al irlandés Sean Mc Bride, ideólogo del Nuevo Orden Mundial de la Comunicación y la Información de la Unesco, y al canadiense Marshall McLuhan, creador del concepto de “Aldea Global”.

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Cerca de la medianoche, cuando sólo faltaban cuatro oradores para el cierre del debate y el momento de la verdad, en las galerías del primer piso comenzaron a escucharse comentarios por la multitud que se había concentrado en la Plaza del Congreso. “Mucha gente”, evaluaron algunos testigos de la sesión que no ocultaban su desacuerdo con el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual. Unas horas antes, el senador catamarqueño Castillo había deslizado que una buena parte de esa convocatoria no sabía a qué había ido y por qué se realizaba la concentración. La opinión de Castillo motivó un reto por parte de la mendocina Marita Perceval.

Sábado, 10 de octubre de 2009

EL PAIS › OPINION

De cepas nobles y bien añejada

Por Mario Wainfeld

La ley que se seguía discutiendo en particular al cierre de esta nota (bien entrado el sábado) tiene un linaje noble y demasiados años de añejamiento. Fue una constante lucha de colectivos sociales aguerridos, tuvo su concreción en los consabidos veintiún puntos, dos gobiernos (el de Raúl Alfonsín y el de Fernando de la Rúa) procuraron sin éxito llevarla al recinto del Congreso. El oficialismo distorsiona la realidad cuando se arroga la condición de fundacional, lo que desmerece en algo su gran virtud: es el primero que la concretó en debate y, todo lo indica, en ley aprobada.

El trámite parlamentario suscitó adhesiones políticas importantes, del centroizquierda incluido el socialismo. Sus presencias distaron de ser rituales: obtuvieron reformas sustantivas. Una de ellas, la exclusión de las telefónicas consultaba los intereses de los multimedios cuestionados. De hecho, era su principal objeción hasta que se suprimió.

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Una temática compleja, llena de tecnicismos, fue debatida con intensidad en el ágora. Los apoyos tuvieron carnadura social, las objeciones quedaron casi exclusivamente reservadas en los propietarios de los medios y algunos comunicadores. Las dos centrales de trabajadores (oficialista y alternativa), una mayoría aplastante de académicos y universidades, los esforzados ciudadanos que dan vida a las radios

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comunitarias, directores de cine, trabajadores de la cultura, minorías usualmente discriminadas y movimientos sociales se sumaron al proyecto.

Las movilizaciones de esta semana corroboraron la tendencia. Dos iconos de la derecha, Sergio Bergman y Alfredo De Angeli, convocaron una concurrencia mínima. Coberturas apologéticas e imágenes trucadas trataron de disimular la falta de convocatoria. El rabino habló de siete mil personas; hay que reconocer que es un hombre de fe pero las matemáticas no son su fuerte. Ayer, en la Plaza Congreso, al atardecer, la asistencia multiplicó varias veces a los seguidores del compañero de ruta de Juan Carlos Blumberg.

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La mayoría en Diputados y la lograda en la votación en general en Senadores expresan un consenso amplio.

En términos políticos, el kirchnerismo demostró una iniciativa de la que carecen sus principales antagonistas y supo sumar. Todo lo contrario que la oposición más numerosa. Los dirigentes más votados de ese espectro tenían un panorama halagüeño a partir de las elecciones. Unos cuantos no gobiernan distritos, lo que los alivia de los traumas de la gestión: Francisco de Narváez, Carlos Reutemann, Felipe Solá, Julio Cobos. Contaban con legitimidad y una anuencia entusiasta de los grandes medios. Por carencias propias, perdieron volumen. Se dispersaron, afrontaron divisiones internas y deserciones, libran su interna sin encanto y sin lograr prevalecer. Sus continuos rezongos sobre el oficialismo y su adhesión a las corporaciones rural y mediática han sido sus únicos aportes poselectorales, tienen sabor a poco.

El cuadro cambiará con la nueva integración del Congreso, pero es un alerta para un sector que tiene amplias chances para ganar las presidenciales en 2011, si sabe combinar maña y fuerza. Hasta acá, les viene faltando.

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La UCR, el peronismo disidente, el PRO y la Coalición Cívica incurrieron en un pecado original al ausentarse en Diputados. Obnubilados por su táctica previa y por el slogan “Ley de medios K” no se percataron de la ampliación del arco político que dio forma y aprobación a la ley. Ningunearon a otras fuerzas democráticas, insospechadas de seguidismo o de tentaciones autoritarias. Y dilapidaron la ocasión de meter cuchara ampliando las modificaciones, haciendo yunta con del centroizquierda. En el Senado reconocieron tácitamente el error, aunque sin hacerse cargo de sus responsabilidades. Su participación se hizo más sistémica, sí que incoherente. Reclamaron, como dogma, que la Cámara revisora debe corregir “aunque sea una coma”. El punto es débil, máxime cuando se desertó en la Cámara baja. Tampoco es estricto, legalmente. Y no ha sido lo habitual en 25 años de funcionamiento del sistema.

El eje de sus razonamientos es la traslación de las argumentaciones “ad hominem” a la política. A su ver, el oficialismo tiene (sólo tiene) designios perversos, es una suerte de rey Midas al revés. Sin embargo, sus pretensas motivaciones no deben ser la única vara para medir una ley. Aunque fastidie vale recordar que, cuando se implantó el voto femenino, hubo objeciones porque perseguía perpetuar a Perón y valerse de la popularidad de Evita. Seguramente los dos “cargos” eran ciertos, pero la conquista los trascendió y se incorporó al acervo ciudadano.

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La narrativa de los defensores del statu quo ha sido llamativamente pobre. Equiparar la libertad de información con el uso del control remoto es una perla, un pelotazo en contra. Se constriñe el derecho a la comunicación (un atributo de la ciudadanía) al rol pasivo del espectador, minga de poder hacerse oír, emitir.

El núcleo antimonopólico y la apertura a nuevos emisores son los aspectos más promisorios de la ley. Digamos algo que merece un desarrollo mayor: ningún régimen puede (ni debe) impedir la mala información o la manipulación. Cada emisor edita los hechos, los sesga a su criterio, los privilegia según su visión del mundo o su interés. El único reaseguro del espectador es cotejar, confrontar, comparar. La única vacuna contra la dominación (siempre, ay, insuficiente) es que haya muchas voces en competencia.

Empoderar entidades sin fines de lucro abriéndoles un tercio del espectro es una apuesta a la sociedad civil, como destacó bien ayer Daniel Filmus. El cronista cree que se equivocan quienes intuyen en el “tercer sector” emisores cortesanos o complacientes. La sociedad civil argentina, en la que todos piquetean, cortan calles, cuestionan, permite avizorar otro porvenir. Las radios barriales o comunitarias, las universidades, los movimientos sociales jamás fueron mansos ni eternos adláteres de nadie. En cualquier caso, es chocante defender el pluralismo consolidando la concentración.

La polémica, además, fertiliza otras flores: la ley de acceso a la información pública, la desincriminación de las injurias y calumnias por hechos de interés público, la pauta publicitaria oficial, una institucionalización de los medios públicos. Son también viejas batallas que recobran sentido y viabilidad en este clima de apertura.

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Algunos legisladores críticos les perdonaron la vida a los muchísimos colectivos e individuos que, sin ser oficialistas, adscribieron a la ley. Quizás el más elegante fue Samuel Cabanchik, pero no pudo eludir un sentido común despectivo: con palabras más amigables, se los trató de idiotas útiles. El cronista piensa que son ellos los que se equivocan, en su afán de convertir al oficialismo en mancha venenosa. No son simétricos con el establishment. Una señal fuerte emergió: muchos opositores eligieron el albur de equivocarse con la coalición que luchó por esta ley en el pasado y la que la construyó antes que defender un statu quo penoso. Es curioso: nadie lo reivindica pero unos cuantos quieren dejarlo indemne.

Una acotación subjetiva, para terminar. Frustra cubrir un hecho sin poder dar cuenta de su desenlace completo. Habrá revancha mañana, lo que no consuela del todo. Por ahora, baste decir que la aprobación en general es un avance enorme, que trasciende a este Gobierno en su génesis y en sus consecuencias. El oficialismo consiguió una victoria, pero serán millones de argentinos los que podrán mejorar su condición ciudadana cuando el esquema empiece a cambiar. Cómo lo harán, cuánto conseguirán es algo que depende en gran medida de ellos. En buena hora.

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EL PAIS

Otras voces

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- Francisco de Narváez, diputado por Unión-PRO: “La ley va a terminar en los tribunales. Es uno de los intentos reeleccionistas más brutales de Néstor Kirchner. Como el kirchnerismo no puede mejorar la realidad, ha decidido condicionar la información, como lo hizo con los registros inflacionarios del Indec”.

- Agustín Rossi, presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria: “Confiamos que a partir de ahora vamos a tener una ley de comunicación mejor, donde todas las voces se puedan expresar. Creemos que después del 10 de diciembre no va a pasar nada con esta idea revanchista de que van a modificar la ley. Les quiero avisar que no van a tener los números”.

- Silvana Giudici, diputada por la UCR: “Debe ser raro para la sociedad saber que Kirchner hace referencia constante al sufrimiento de los argentinos durante la última dictadura y para derogar una ley de esa época recurre al voto del senador bussista Carlos Salazar”.

- Jorge Rivas, diputado socialista: “La ley es un paso adelante para la democracia, a pesar de la obstrucción y de la propaganda insidiosa de corporaciones interesadas en mantener sus privilegios. Se trata de una norma forjada colectivamente, con la participación y la adhesión de amplios sectores de la ciudadanía y de prácticamente todos los actores de la comunicación social que actúan con independencia de los grandes monopolios”.

- Vilma Ripoll, dirigente del MST-Nueva Izquierda: “Era necesaria una nueva ley, pero no como ésta que nace sospechada, no democratiza realmente los medios para que se oigan todas las voces y encima de todo el control tendrá hegemonía del oficialismo”.

- Cecilia Merchán, diputada nacional por el Movimiento Libres del Sur: “Tenemos la oportunidad histórica para democratizar la comunicación en la Argentina. Sólo aquellos que quisieron trabar su aprobación, pueden negar el amplio proceso de participación ciudadana que se desarrolló en todo el país”.

Sábado, 10 de octubre de 2009

EL PAIS

Adepa expresa su repudio

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó su “preocupación” ante la denuncia judicial realizada por el grupo Clarín en base al testimonio de un consejero de Papel Prensa, que declaró que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, aseguró que el Gobierno busca tomar el control de la empresa. La entidad dijo que el episodio “revela las entretelas del accionar del Gobierno en su tenaz enfrentamiento con los medios de comunicación independientes”. Adepa consideró que “estos hechos salen a la luz durante el debate final del proyecto de ley de medios propuesto por el Gobierno y desnuda los móviles profundos que se esconden detrás de quienes impulsan lo que un funcionario kirchnerista denominó `la madre de todas las batallas`”. “En este clima de belicosidad –continúa un comunicado de la asociación– la hipótesis del estrangulamiento de los diarios a través de los recortes de cuotas de papel evoca un viejo método aplicado por gobiernos que, en distintas geografías –incluida la nuestra–, han intentado e intentan controlar a la prensa.” Por último, Adepa expresó que “lo que la asfixia de los diarios pone en riesgo es la calidad de la información”.

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EL PAIS

Con pedido de expulsión

El Frente Grande anticipó ayer que “podría expulsar” de sus filas a la senadora nacional por Río Negro María José Bongiorno, “en virtud” de sus “reiteradas posiciones políticas” contrarias a las de esa fuerza. Bongiorno votó en contra del proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual y el Frente Grande recordó que lo mismo hizo en anteriores ocasiones “con otras iniciativas de importancia estratégica para el país”. “Este partido quiere reiterar a la opinión pública que esas posiciones fueron adoptadas a título personal y no se corresponden con las posturas y criterios políticos de la conducción nacional del Frente Grande”, agregó la fuerza conducida por el funcionario de la Cancillería Eduardo Sigal. Bongiorno desempeña su actividad política en Cipolletti y por esa razón el propio Sigal estuvo reunido con el intendente de esa localidad neuquina, Alberto Weretilneck, quien viajó a Buenos Aires para analizar el futuro de la senadora. Lo que acordaron durante su encuentro fue “elevar al Tribunal de Conducta Partidaria una moción para expulsar del Partido Frente Grande a la senadora nacional por Río Negro”.

Sábado, 10 de octubre de 2009

EL PAIS › PANORAMA POLITICO

Democratizaciones

Por J. M. Pasquini Durán

El régimen de facto instalado en Honduras por el golpe de Estado del pasado 28 de junio fue interpelado esta semana, otra vez, por la comunidad interamericana para que reinstale al presidente Zelaya, electo en las urnas, que éste acepte un gobierno de unidad nacional y que sean convocadas urgentes elecciones generales. Hasta el momento fueron invocaciones vanas porque los golpistas, civiles y militares, reniegan de cualquier acuerdo de reconciliación. Para la política multilateral de la democracia es una severa frustración, que debería preocupar a todo el continente. En la víspera, sin embargo, ninguno de los senadores argentinos que deliberaron largas horas para saber quién estaba a favor y quién en contra del proyecto de ley de medios audiovisuales, propiciado por el Poder Ejecutivo, dedicó siquiera una mención a la realidad hondureña. No hubiera sido una unión caprichosa porque en ambos asuntos el fondo en debate era idéntico: cómo garantizar mejor los derechos civiles y la identidad institucional con los mejores instrumentos del régimen democrático.

Podría argumentarse que el silencio obedecía a que la situación argentina está muy lejana de un peligro semejante, aunque el día anterior el ex presidente Eduardo Duhalde aseguró que el peligro golpista existía en el país, sin identificar a los conjurados, y se ofreció como presidente para una situación excepcional posible. Ese tipo de advertencias, multiplicadas por el eco mediático, no está presente en la voluntad o la intención de los ciudadanos, ya que no hay encuesta o cualquier otro tipo de evidencia sobre algún sentimiento cívico destituyente generalizado. Lo que hay, eso sí, son grupos de poder, intereses económicos concentrados, dentro y fuera del país, aparatos mediáticos y sectores disconformes de clases medias urbanas y rurales que, en movimientos con diferentes objetivos pero coincidentes en la hostilidad antigubernamental, pretenden aislar a la Casa Rosada, ridiculizar a la presidenta

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Cristina, torcer la voluntad oficial y pasarle por encima a los sectores sociales que todavía apoyan al kirchnerismo y al mismo peronismo, aprovechando su atomización circunstancial. Aún así, fue magra la convocatoria a un mitin en apoyo de los consorcios multimediáticos del rabino Bergman, el chacarero Minga De Angeli y el otrora piquetero Castells. Fue el fiasco más notable de las derechas en los últimos tiempos, sobre todo en contraste con la presencia multitudinaria de los que acudieron en vigilia a la plaza frente al Congreso mientras esperaban la aprobación del proyecto oficial que, con esa media sanción, quedara convertida en ley.

Pese a ello, vale la pena decir que las minorías opositoras no están solas en la tarea, ni las voces de la disconformidad surgen todas de la misma matriz, porque lo cierto es que el propio kirchnerismo ofrece a menudo los flancos del Gobierno para recibir el cascoteo de las críticas, sean maliciosas o genuinas. Guillermo Moreno, cuya imagen es comparable al retrato de Dorian Grey, esta semana volvió a ser el blanco preferido de los que presumen de críticos genuinos o desinteresados, cuando todos saben que el objetivo principal de los ataques es el matrimonio Kirchner y, en particular, el señor K, acusado, por diferentes motivos, de arrogancia extrema. La ex ministra Ocaña aseguró esta semana que su alejamiento del Gobierno incluyó el desacuerdo con los cambios en la política de alianzas del kirchnerismo que, según ella, pasó de la transversalidad de centroizquierda a los pactos con los aparatos del PJ y de la CGT, con lo que implican esas opciones.

Más allá de estos juicios están los hechos. La hecatombe financiera originada por la voracidad especulativa de Wall Street modificó bruscamente el clima internacional, obligando a los países a reacomodar las cargas para seguir la marcha en las mejores condiciones posibles. En el país, además, la presidenta Cristina decidió atacar a los núcleos económicos concentrados que controlan más del 70 por ciento del mercado mediático, así como resistió todas las tácticas descalificadoras de “la mesa de enlace” agropecuaria o las incontroladas ambiciones de los nuevos aliados gremiales y bonaerenses.

La combinación de estos factores, en distintas proporciones, sumada a las debilidades y deficiencias gubernamentales, sobre todo para impedir que en nombre de esa desorbitada realidad mundial numerosas empresas de buen tamaño licenciaran personal, los que controlan el tráfico de mercadería de consumo masivo aumentaron los precios y la tasa de pobreza recuperó parte de lo que parecía perdido en el último lustro. Por el contrario, todos esos elementos concurrentes abrieron las brechas para que las derechas opositoras hicieran sus tareas, entre ellas presionar al Gobierno, con algún éxito, para revisar sus relaciones con los centros internacionales de crédito (FMI, Banco Mundial, etc.) y para reabrir la negociación con los tenedores de bonos de la deuda externa, condiciones que, según esas mismas fuentes, están esperando los capitalistas para aumentar las inversiones en la economía y las finanzas nacionales.

Dicho de manera esquemática: la política oficial mantuvo el discurso de soberanía democrática en política exterior, pero al mismo tiempo endureció las operaciones en el país, porque tuvo que restringir los generosos subsidios de los últimos años, lo cual aumentó las tarifas de luz y gas entre otras consecuencias desagradables y provocó espanto o miedo en algunos patronatos que en los años anteriores acumularon generosos beneficios, aparte de restringir el gasto público justo en el momento que más falta hace para compensar las restricciones de las obras privadas. Así, el Gobierno perdió aliados, aumentó la disconformidad en capas de las clases medias y aumentaron las dificultades para los trabajadores, sobre todo los que perdieron el empleo o la expectativa de conseguir algún salario en el futuro inmediato. El conflicto disparado por la empresa Kraft es una muestra de lo que podrían esperar un buen

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número de trabajadores si el Estado no tiene fuerza para proteger a los más débiles. Aún así, como quedó demostrado ayer en las calles del Congreso, la movilización popular que respondió a la convocatoria de organizaciones civiles pro-gubernamentales, tal vez sólo para demostrar su apoyo al Gobierno sin que le importe demasiado la suerte de las empresas mediáticas, indica que la oposición no está tan cerca de la presidencia como dicen algunos medios o de sus líderes.

Hubo diputados y senadores que asumieron la defensa del capital concentrado en el negocio mediático, tal vez sin advertir que los mismos medios que defendían en el Congreso como espacio democrático no suelen medir la realidad con la misma vara. Tanto la Ciudad Autónoma como la provincia de Buenos Aires tienen problemas de financiamiento, pero en las versiones mediáticas las dificultades de Macri se originan porque descubrió de pronto que la Capital es una economía pobre, en cambio las de Scioli son por incapacidad o corrupción. En un caso la versión es del mismo gobierno porteño y en el otro la de los opositores al kirchnerismo, aunque ambas son presentadas como verídicas por empresas de la información. Con casos como estos y muchos otros, las expectativas de cambio que mejoren la calidad de la información pública, que la noticia no quede reducida a la mera condición de mercancía con valor de mercado, que las múltiples voces de esta tierra única, de este mundo común, resuenen no sólo por su poder o su dinero sino por la democratización de las tecnologías de información y comunicación. La ley, una vez aprobada, no es más que el primer paso del cambio. De ahí en adelante es un desafío para el Gobierno, para los grupos económicos habilitados, para los movimientos sociales y políticos, y para los profesionales de la comunicación. La tarea es mucha y desafiante. Sus consecuencias, no hay duda, excederán los límites del propio terreno audiovisual.

Sábado, 10 de octubre de 2009

EL PAIS › UNA CONCENTRACION ORGANIZADA POR LA COALICION POR UNA RADIODIFUSION DEMOCRATICA APOYO EL PROYECTO

La plaza que no quiso perderse el debate

Movimientos sociales, unidades básicas del conurbano, sindicatos, grupos de radios comunitarias, trabajadores del espectáculo y organizaciones políticas y culturales se manifestaron a favor de la ley en la Plaza del Congreso.

Por Laura Vales

“Bombita Rodríguez apoya la nueva ley de medios”, anunciaba el cartel que el morochazo de la JP Evita llevaba en alto.

–¡¡Vamos, Bombita!! –lo alentó una mujer en la manifestación–. ¡No aflojés!

Desde las cinco de la tarde, frente al Congreso una concentración respaldó el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Movimientos sociales, unidades básicas del conurbano y sindicatos se movilizaron para acompañar el debate de los senadores. En la plaza se mezclaron con grupos de radios comunitarias, trabajadores del espectáculo y organizaciones políticas y culturales, que siguieron el debate hasta el final, para festejar la votación.

La marcha fue convocada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Néstor Busso, uno de sus principales referentes, sintetizó el camino que llevó a la jornada de ayer. “La Coalición se creó en el 2004, cuando el Foro de Radios Comunitarias

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propuso trabajar en un acuerdo para terminar con la ley de la dictadura. Durante varios meses nos reunimos y redactamos 21 puntos de consenso. En esos debates participaron los sindicatos de la comunicación de la CGT y la CTA, las universidades, el movimiento cooperativo, los organismos de derechos humanos y los movimientos sociales. Le presentamos los 21 puntos a Cristina Kirchner en abril del 2008, y ahí comenzó a armarse este proyecto de ley”.

El arco de las organizaciones que nombraba Busso se podía ver, con sus pancartas, a lo largo de la plaza. Pero la plaza no era una sola. Por empezar, la manifestación tuvo, por encima de esos grupos, un marcado tono de peronismo del conurbano. Especialmente en las horas iniciales de la tarde. Los intendentes del PJ fueron los primeros en llegar con su gente y rodearon el escenario montado sobre las escalinatas del Congreso. Mario Ishii, de José C. Paz, Juan José Mussi, de Ezeiza, Alejandro Granados, de Berazategui, Julio Pereyra, de Florencio Varela, aportaron nutridos contingentes. Y mucho bombo, al más puro estilo del PJ.

Más tarde llegaron los movimientos piqueteros a copar la parada. La Central de Movimientos Populares, de Luis D’Elía, el Movimiento Evita, el Movimiento Territorial de Liberación, el Tupac Amaru, con su tonalidad propia, se abrieron paso hasta llegar también frente al escenario. Diferencias: murgas en lugar de bombos, e imágenes del Che. Hay otro porte, otro modo de pararse en unos y otros. Las organizaciones piqueteras hoy marchan con sus cooperativas de trabajo. “Queremos la ley para que se sepa más lo que está haciendo el Gobierno, no sólo lo que ellos quieren decir”, dijo Vanessa, de la Cooperativa La Fábrica, de Avellaneda.

A las siete de la tarde, cualquiera que caminara hacia el fondo de la plaza podía encontrar, además, un escalón social más arriba, a los sindicatos. “Apoyamos la ley porque los canales van a tener que pasar seis películas de producción propia por año: eso significa más trabajo”, señaló Hernán Bardi junto a la bandera del Sindicato de la Industria Cinematográfica. Más allá, los músicos apuntaron una razón similar. “La ley nos da una protección en el artículo 65, porque dice que las radios tienen que pasar un 30 por ciento de música nacional, y que de ese porcentaje la mitad tiene que ser de producción independiente”, dijo Diego Boris, de la Federación Independiente de Músicos de la Argentina.

La CTA estuvo con sus gremios, así como la CGT, cuya seccional de Mendoza aportó el camión que sirvió de escenario para el acto, un vehículo que venía de recorrer la provincia haciendo difusión del proyecto de ley.

Una presencia inesperada fue la de los evangelistas. El pastor Darío Chávez llegó con un contingente de fieles desde Ezeiza y se instaló sobre uno de los canteros de la plaza. Micrófono en mano, los evangelistas hicieron su propio show en apoyo al proyecto, con números de teatro y de rap. El pastor oró por la ley y, ya que estaba, bendijo a los senadores.

Por el escenario pasaron figuras que dieron su respaldo al debate. Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, fue una de las primeras en hablar. “Venimos a decir basta a los monopolios que nos mienten.” Había un clima de festejo y Hebe de Bonafini, que subió al escenario unos minutos más tarde, se animó a anticipar “esta noche ganamos”.

Aunque con un perfil bajo, también pasaron por el lugar los actores Arturo Bonín y Daniel Aráoz. “Soy cordobés, y tuve que venir a Buenos Aires para poder hacer mi carrera”, contó Aráoz. “En 30 años de trabajo como actor y productor no pude

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convencer a los medios de mi provincia de que participaran de la cultura local. Poder trabajar en los medios es muy difícil también acá, hay cinco personas que manejan los medios y si no tenés acceso a esas personas quedás afuera del sistema”.

El acto fue a la vez una radio abierta, que estuvo a cargo de Radio Gráfica y la Radio de las Madres. Sus conductores se turnaron, dos horas por vez, para ir llevando el relato de la jornada. Hugo Yasky (titular de la CTA), Julio Piumato (de los judiciales de la CGT), Francisco Nenna (de la Ctera y legislador porteño), Luis Lázzaro (coordinador general del Comfer), Luis D’Elía e Ignacio Copani fueron otros de los dirigentes que fueron pasando a lo largo de la tarde por el lugar. El Movimiento Libres del Sur también dio su respaldo a la sanción de la ley, aunque por sus diferencias con el oficialismo pasó y se fue de la plaza más temprano.

Sábado, 10 de octubre de 2009

EL PAIS › ESCRACHE A LA CASA DE LA SENADORA DORA SANCHEZ

Una visita para nada amistosa

Un grupo de personas de la localidad correntina de Mercedes realizó ayer un escrache en la casa de la senadora radical Anahí Dora Sánchez a raíz de su decisión de votar a favor del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual impulsado por el oficialismo. Los manifestantes hicieron sonar sus cacerolas y llevaron carteles con las leyendas “vendida” y “traidora”. La decisión de la legisladora alineada con el gobernador Arturo Colombi también fue cuestionada por la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, que manifestó su “sorpresa” frente a su actitud. “Sabemos de la vocación democrática de la senadora y conocemos su compromiso con una Argentina federal y productiva, por ello creemos oportuno manifestarle por la presente que todo el campo correntino observa con mucha atención los pasos a seguir, rogando a Dios la ilumine y la ayude a votar según sus convicciones”, dijo la entidad en un comunicado. Los ruralistas remarcaron también que “no se negocia la libertad de prensa ni la independencia de pensar con libertad y votar según las convicciones de cada uno”.

Sábado, 10 de octubre de 2009

16:34 › CONFERENCIA DE PRENSA

Aníbal Fernández anunció que CFK promulgó la ley

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, informó que la presidenta Cristina Fernández de kirchner firmó el decreto 467 que promulga la ley de Comunicación Audiovisual sancionada esta madrugada por el Senado. Además, informó que la norma ya se encuentra publicada en el Boletín Oficial.

Además, sostuvo que la ley de Comunicación Audiovisual aprobada esta madrugada por el Senado es "una normativa muy moderna y muy reconocida". Y remarcó que la ley "fue aprobada por 80 foros y tuvo mas de 200 modificaciones".

Por otra parte, Fernández sostuvo que aquellos ciudadanos que se sientan perjudicados por la sancionada ley de Comunicación Audiovisual pueden presentarse ante la Justicia, aunque esa decisión "no tendrá ningún sustento".

Y afirmó que "todos tienen la seguridad jurídica" porque así lo prevé la Constitución Nacional.