amparo igj - final
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PROMUEVE ACCIÓN DE AMPARO
SR./SRA. JUEZ/A:
RICARDO GIL LAVEDRA, diputado nacional y presidente
del bloque de la Unión Cívica Radical en la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, con domicilio real en República Arabe Siria
2699, piso 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el
patrocinio letrado de Hernán Gullco (T° 27 F° 507, CPACF) y Felicitas
Rossi (T° 92, F° 500, CPACF), abogado/as de la Asociación por los
Derechos Civiles (ADC), Organización No Gubernamental sin fines
de lucro que tiene por objeto la promoción y defensa de derechos
humanos fundamentales, constituyendo domicilio procesal en Av.
Córdoba 795 piso 8°, oficinas 15 y 16, de esta Ciudad de Buenos Aires
(Zona de Notificación 149), a V.S. me presento y digo:
I. OBJETO
En tiempo y forma oportunos, vengo a interponer acción
de amparo en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional y
concordantes de la Ley 16.986 contra la Inspección General de Justicia
de la Nación, a cargo del Dr. Norberto Carlos Berner1, con domicilio
real en Av. Paseo Colón 285 (C1063ACC) de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a los fines de que se ordene a la demandada entregar
la información que fuera solicitada con fecha 17 de febrero y 30 de
marzo de 2012, mediante pedidos formales que se adjuntan a la
presente.
Esos pedidos, que nunca fueron contestados por la IGJ,
se realizaron en ejercicio del derecho de acceso a la información
pública de conformidad con lo que garantiza el Decreto 1172/03 y los
artículos 1, 14, 32 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, (en
adelante CN), artículo 13 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, (en adelante CADH), 19 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, (en adelante PIDCP) y articulo 19 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, (en adelante DUDH).
1 Designado por Decreto N° 787/2012.
1
II. ADMISIBILIDAD
La presente acción es admisible en tanto cumple con
todos los requisitos exigidos y la vía elegida es la indicada para la
efectiva tutela jurisdiccional del derecho vulnerado. En efecto, el
silencio de la Administración respecto de mi pedido de acceso a
información pública constituye una negativa en los términos del art.
14 del Anexo VII del decreto 1172/03 y, por ende, un acto
manifiestamente ilegal y arbitrario que viola derechos reconocidos en
la CN, en tratados y en leyes.
Por otro lado, el silencio de la Administración constituye
una violación continuada de mi derecho de acceder a la información
pública. Así, la presente acción es oportuna en tanto se interpone
dentro de un plazo razonable a partir de la configuración de la
negativa de la administración a fin de impugnar una conducta estatal
que ocurre ahora y que se mantiene como afectación continua. Ello
impide oponer plazo de caducidad alguno, pues como la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (en adelante CSJN) ha señalado:
“…el escollo que se deduce de la prescripción del artículo 2°,
inciso “e”, de la ley 16.986, no es insalvable en la medida en
que con la acción incoada se enjuicia una arbitrariedad o
ilegalidad continuada, sin solución de continuidad, originada, es
verdad, tiempo antes de recurrir a la justicia, pero mantenida al
momento de accionar y también en el tiempo siguiente. No es
un hecho único, ya pasado (…) ni un hecho consentido
tácitamente, ni de aquellos que en virtud de su índole deben
plantearse en acciones ordinarias (...) en la especie la lesión es a
la vez, inescindiblemente, actual y pasada”2.
Además, no existe otra vía judicial más idónea para
resolver el conflicto planteado y las violaciones denunciadas no
exigen mayor debate y prueba.
La reforma constitucional del año 1994 incorporó la
acción de amparo en el artículo 43 de nuestra Carta Magna como vía
principal para reparar lesiones o restricciones ilegales o arbitrarias de
2 CSJN, “Recurso de hecho deducido por Sergio Mosqueda en la causa Mosqueda, Sergio c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”, sentencia del 7 de noviembre de 2006; y sentencia de Fallos 324:3074, voto de los Dres. Moliné O´Connor, Fayt y Vázquez y sus citas, entre otros.
2
derechos constitucionales, de modo que hoy constituye un derecho y
una garantía procesal. Vale destacar que el Anexo VII del Decreto
1172/03 habilita en su artículo 6° a toda persona física o jurídica,
pública o privada, a solicitar, acceder y recibir información, no siendo
necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con
patrocinio letrado. En este sentido, la norma establece una
legitimación activa amplia y además, como ya hemos señalado, la IGJ
está obligada también a entregar la información solicitada con base
en lo dispuesto por los mencionados tratados y declaraciones de
Derechos Humanos que cuentan con jerarquía constitucional. Es por
ello que, basados en estas claras previsiones legales, nos vemos
obligados a presentar esta acción de amparo toda vez que la IGJ no ha
entregado la información solicitada.
En la misma línea, la raigambre constitucional del
derecho de acceso a la información pública y su carácter operativo,
permiten per se la posibilidad de accionar judicialmente por esta vía
ya que el actuar de la IGJ es manifiestamente ilegal y arbitrario.
En efecto, la Constitución Nacional (art. 1, 14, 33 y 75
inc. 22) reconoce y protege al derecho de acceso a la información, por
lo que para el improbable caso en que se pudiera considerar que el
pedido de información realizado por esta parte no se encuentra
protegido por el anexo VII al decreto 1172/03, correspondería hacer
lugar a la presente acción sobre la base de lo prescripto por la
Constitución Nacional y las declaraciones y tratados de derechos
humanos con plena vigencia en nuestro país y que gozan de rango
constitucional.
El amparo es una acción rápida y expedita que procede
en casos como el de autos en que se configura una denegatoria
arbitraria e injustificada al ejercicio de un derecho por parte de una
autoridad pública, toda vez que no se permite el legítimo acceso a
datos públicos y para ello se fuerza el alcance de una excepción legal
al principio general de la publicidad de los actos de gobierno. En
efecto, en este caso el silencio de la administración implica una
denegatoria como establece el artículo 14 del Anexo VII del decreto
1172/03.
Numerosos fallos han sostenido que el amparo es la vía
idónea para tutelar el derecho de acceso a la información pública. A
3
modo de ejemplo, entre otros, pueden mencionarse: Bullo Perea, Jorge
Ignacio y otro c/ BANADE s/amparo3, Tiscornia Sofia y otro c/ E.N.
Ministerio del Interior s/amparo Ley 16.9864, Fundación Poder
Ciudadano c/E.N. Secretaria Honorable Cámara de Senadores de la
Nación5, Centro de Implementación de Políticas Públicas c/Honorable
Cámara de Senadores del Congreso de la Nación s/amparo 16.9866,
Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ E.N. M. de Economía -
INDEC s/ Ley 16.9867, “Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/
E.N. –Secretaría de Medios de Comunicación- s/Amparo Ley 16.986”8,
“Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ E.N. –Secretaría de
Medios de Comunicación- s/Amparo Ley 16.986”9, “Asociación por los
Derechos Civiles c/ EN -JGM- DTO. 1172/03 s/ Amparo Ley 16.986"10.
En concordancia con lo que aquí se esgrime, Marcela
Basterra sostiene que:
“el derecho de acceso a la información pública, no es absoluto,
sino que debe ser reglamentando en el marco de convivencia
social, pero dicha reglamentación nunca puede negar o
restringir el derecho constitucionalmente reconocido, pues en
tal caso quedaría expedita la vía de la acción de amparo
establecida en la Constitución Nacional”11.
Asimismo, la comunidad internacional en el marco de la
elaboración de requisitos o estándares mínimos en materia de
derecho a la información ha coincidido en la necesidad de establecer
3 Cámara Nacional de Apelaciones Cont. Adm. Fed. Sala IV, sentencia del 13/11/1992.
4 Cámara Nacional de Apelaciones Cont. Adm. Fed. Sala III, sentencia del 17/12/1997.
5 Juzg. Cont. Adm. Fed. N° 5, sentencia del 22/11/2001.
6 Cámara Nacional de Apelaciones Cont. Adm. Fed., sentencia del 27/5/2005
7 Cámara Nacional de Apelaciones Cont. Adm. Fed., causa 25.037/2007, sentencia del 14/10/2008.
8 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Fed., Sala IV, sentencia del 4/11/ 2010.9 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Fed., Sala II, sentencia del 22/2/ 2011.10 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Fed., Sala IV, sentencia del 10/5/2011.11 MARCELA BASTERRA, EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 2006, pág. 197.
4
recursos judiciales sencillos y accesibles en caso de denegatoria
injustificada o silencio de la administración.
En efecto, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha sostenido que los Estados deben consagrar el derecho a
la revisión judicial de la decisión administrativa a través de un recurso
que resulte sencillo, efectivo, expedito y no oneroso, y que permita
controvertir las decisiones de los funcionarios públicos que niegan el
derecho de acceso a una determinada información o que simplemente
omiten dar respuesta a la solicitud12. Dicho recurso debe: (a) resolver
el fondo de la controversia para determinar si se produjo una
vulneración del derecho de acceso, y (b) en caso de encontrar tal
vulneración, ordenar al órgano correspondiente la entrega de la
información. En estos casos, los recursos deben ser sencillos y
rápidos, pues la celeridad en la entrega de la información suele ser
indispensable para el logro de las funciones que este derecho tiene
aparejadas13. Estos recursos judiciales deben garantizar una solución
de fondo a la pregunta sobre si aquél que solicita la información tiene
o no derecho a acceder a ella. No pueden, por el contrario, tratarse de
meras instancias que dilaten aún más la posibilidad de entrar en
contacto con la información de interés en tanto no resuelven la
cuestión de fondo que sustenta el reclamo judicial.
Por las razones expuestas, es indudable que el presente
amparo constituye el medio adecuado para resolver el conflicto
planteado.
III. COMPETENCIA
En el caso de autos se cuestiona la omisión de un deber
de la Inspección General de Justicia que se encuentra bajo la órbita
del Poder Ejecutivo Nacional, a la vez que se solicita la aplicación del
Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder
Ejecutivo Nacional aprobado por el decreto PEN 1172/2003. En
atención a ello, se trata de una “causa contencioso administrativa”
comprendida en el art. 45 inc. a) de la ley 13.998. Asimismo, en las
presentes actuaciones la pretensión está regida y debe resolverse
12 Cfr. Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 137.
13 Cfr. Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párrs. 116-139.
5
mediante la aplicación en forma preponderante de normas de derecho
administrativo, lo que de acuerdo a pacífica jurisprudencia del Fuero y
de la Corte Suprema de Justicia, determina la competencia de V.S.
para entender en autos14.
IV. HECHOS
IV.A. ANTECEDENTES. EL CASO CICCONE
Hacia fines del 2011, tomó estado público a través de
distintos medios de comunicación una denuncia formulada ante la
justicia federal que acusa a distintos funcionarios del gobierno
nacional, entre ellos al Sr. Vicepresidente de la Nación, Lic. Amado
Boudou, de haberse valido de su influencia para levantar la quiebra de
Ciccone Calcográfica S.A, que había sido declarada por el Juzgado
Comercial Nº 8, Secretaría 15, a cargo del juez Javier Cosentino, y
favorecer su adquisición por parte de sociedades comerciales
controladas por allegados.
Según ha sido reconocido públicamente por su titular,
Ricardo Echegaray, la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) solicitó, junto a otros acreedores, la quiebra de dicha empresa
por una deuda cercana a los $250 millones de dólares15. Y una vez
que esta fue decretada, la sociedad del Estado Casa de la Moneda y
Boldt S.A. se presentaron en el expediente con dos propuestas de
locación de los bienes que integraban su activo.
Finalmente fue la firma Boldt S.A., la que formuló una
oferta que fue juzgada superior y consiguió que se autorice la
suscripción de un contrato, que contenía entre sus cláusulas la
obligación de notificar el arrendamiento a la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia (CNDC), en cumplimiento del art. 8 de la
ley 25.156 (Defensa de la competencia), a fin de que autorizara la
operación.
14 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Fed., Sala I, caso “Ríos A.R.S.A. c/ Administración Gral. de Puertos y otros”, sentencia del 1/2/1993; Sala II, caso “Establecimiento Geriátrico San Jorge c/ D.G.I.”, sentencia del 12/9/1995; ídem Sala III, caso “Capandegui, Héctor M”, sentencia del 24/6/1993.
15 Alconada Mon, Hugo, Ayuda clave de la AFIP a un allegado a Boudou, La Nación, 10 de febrero de 2012, disponible en http://www.lanacion.com.ar/1447631-ayuda-clave-de-la-afip-a-un-allegado-a-boudou.
6
Pero antes de que la CNDC se expidiera, la firma
Ciccone fue comprada por la sociedad The Old Fund, que en cuestión
de semanas se presentó en el expediente y tomó el control de la
empresa, al adquirir alrededor del 70% de sus acciones, tras depositar
algo más de 2 millones de dólares, de los cuales aproximadamente
1,8 millones fueron, en realidad, pagados por la firma London
Supply16, contratista del Estado Nacional17 y socia de la firma Searen
S.A, propietaria de un departamento ubicado en Puerto Madero, que
es alquilado a Boudou según surge de su declaración jurada. Este
dinero, de todas formas, le sería devuelto por The Old Fund mediante
un cheque del banco Macro.
A continuación, los nuevos dueños de Ciccone, ahora
Compañía de Valores Sudamericana S.A. (en adelante CVS),
presentaron un plan de pagos y una proyección de negocios que llevó
a sus acreedores a consentir el levantamiento de la quiebra. En el
caso del Estado Nacional, la decisión de prestar conformidad fue
resuelta en el marco del expediente CUDAP S01:0319607/2010, en
apenas 65 horas18. Y según fue explicado más tarde por el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, se tomó en consideración la
necesidad de preservar las fuentes de trabajo comprometidas, la
importancia estratégica de la empresa y la posibilidad de percibir
íntegramente los créditos, lo que, dicen, no hubiera sucedido de
liquidarse la empresa19.
Una vez levantada la quiebra, CVS solicitó a la CNDC el
cese inmediato de los efectos derivados del contrato celebrado con
Boldt S.A., argumentando que, de acuerdo al artículo 8 de la ley
25.156, la operación aún no había producido efectos, ni le era
oponible y que se veía imposibilitada de desistir por sí misma, porque
el alquiler había sido autorizado por el juez de la quiebra. Y este
16 Alconada Mon, Hugo, El misterioso aporte por $ 1,8 millón que ayudó a la ex Ciccone, La Nación, 15 de febrero de 2012, disponible en http://www.lanacion.com.ar/1448799-el-misterioso-aporte-por-$-18-millon-que-ayudo-a-la-ex-ciccone
17 Ver http://www.londonsupply.net/home.html.
18 Alconada Mon, Hugo, Boudou pidió por Ciccone cuando llegó Vandenbroele, La Nación, 9 de marzo de 2012, disponible en http://www.lanacion.com.ar/1455130-boudou-pidio-por-ciccone-cuando-llego-vandenbroele.
19 Informe Nº 79 del Jefe del Gabinete de Ministros, Mayo de 2011, pp. 440/5. Disponible en http://tmp.jgm.gov.ar/Paginas/InformeSenado/Informe%2079/Informe_79.pdf.
7
planteo fue acogido favorablemente, primero, por la CNDC que
mediante el dictamen 845/10, recomendó a la Secretaría de Comercio
Interior (SCI) que acoja favorablemente su pretensión. Y luego por la
SCI, que dictó la resolución 538/10 SCI, que dejó sin efecto el contrato
e intimó a Boldt S.A. a cesar las actividades, bajo apercibimiento de la
imposición de la multa prevista en el inc. d) del art. 46 de la ley
25.156.
Contra esta decisión, Boldt S.A. intentó distintos
recursos, donde alegó, entre otras cosas, que se encontraban en
marcha tareas comprometidas con sus clientes. Pero éstos no
prosperaron, aunque algunos de ellos aún se encuentran en trámite. Y
tras soportar una multa diaria de $15.000 pesos impuesta por la SCI,
debió cesar con sus actividades y entregar la posesión de los bienes20.
A partir de este cambio en la conducción, la empresa
imprimió las boletas electorales empleadas por el Frente para la
Victoria durante la última elección, se presentó en una licitación para
confeccionar las cédulas y patentes de autos y motos21 y,
actualmente, se encontraría negociando con el Instituto Provincial de
Loterías y Casinos de Buenos Aires para imprimir las fichas empleadas
en los casinos22.
Y también desde entonces, distintas fuentes indicaron
que el Estado Nacional encomendaría la impresión de billetes a
Ciccone y a pesar de las enfáticas negativas públicas de distintos
funcionarios, esto finalmente se concretó cuando el pasado 30 de
marzo, el Banco Central aprobó el esquema de provisión que fue
sometido a su consideración por la Casa de la Moneda23. Más tarde, a
solicitud de la senadora Laura Montero, la Jefatura de Gabinete hizo
entrega de una copia del contrato, que se adjunta, de donde surge
20 Alconada Mon, Hugo, Moreno, otro involucrado en la ayuda a la ex Ciccone, La Nación, 14 de febrero de 2012, disponible en http://www.lanacion.com.ar/1448573-moreno-otro-involucrado-en-la-ayuda-a-la-ex-ciccone.
21La Política Online, Caso Ciccone: jubilados y monotributistas en la trama que complica a Boudou, 11 de febrero de 2012, disponible en http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/80059/caso-ciccone-jubilados-y-monotributistas-en-la-trama-que-complica-a-boudou.html.
22 Wiñazki Nicolás, El amigo de Boudou, atrás de otro contrato estatal de 25 millones de dólares, Clarín, 15 de febrero de 2012, disponible en http://www.clarin.com/politica/amigo-Boudou-contrato-estatal-millones_0_646735371.html.
23 Alconada Mon, Hugo, Moreno, otro involucrado…, cit.
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que Casa de la Moneda alquiló parte de la capacidad productiva de
CVS para la impresión de billetes.
IV.B. LAS SOCIEDADES INVOLUCRADAS Y LOS PEDIDOS DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Como dijimos, este sorpresivo cambio de rumbo en el
destino de Ciccone Calcográfica, fue liderado por The Old Fund, una
firma cuyo operatoria y antecedentes son poco claros. De hecho, uno
de sus directivos, Alejandro Vanderbroele, fue señalado públicamente
como amigo y testaferro de Boudou24 y no tendría un patrimonio que
le permita justificar las operaciones mencionadas. Según ha
trascendido, Vanderbroele está inscripto como monotributista, ha
declarado un ingreso mensual de $12.000 pesos mensuales y figura
como deudor de los bancos HSBC y Citibank, de la Agencia de
Recaudación Bonaerense y del fisco español25.
The Old Fund, además, pertenecería a Tierras
International Investments (TII), un fondo holandés que figura como
dado de baja del Registro de Comercio de Amsterdam y que habría
sido inscripto ante la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia
de Buenos Aires y nombrado como representante legal a Carlos Raúl
Schneider, presuntamente, un jubilado que percibe el haber mínimo y
se domicilia en la localidad de Longchamps26.
TII, a su vez, es una sociedad en comandita integrada
por Stichting LP Services y Stichting MP Services, dos firmas creadas
en Holanda e inscriptas en el Registro de Comercio el 20 de octubre
de 2006, con números casi correlativos, que fijaron domicilio en un
mismo edificio de oficinas en Ginebra (Suiza) y también figuran como
disueltas en su país de origen. En negociaciones con Vandenbroele, TII
24 Wiñazki, cit.
25 Alconada Mon, Hugo, El misterioso aporte por $1,8 millón que ayudó a la ex Ciccone, La Nación, 15 de febrero de 2012, disponible en http://www.lanacion.com.ar/1448799-el-misterioso-aporte-por-18-millon-que-ayudo-a-la-ex-ciccone.
26 Alconada Mon, Hugo, La ex Ciccone, comprada por un fondo holandés que fue disuelto, La Nación, 16 de febrero de 2012, disponible en http://www.lanacion.com.ar/1449081-la-ex-ciccone-comprada-por-un-fondo-holandes-que-fue-disuelto.
9
habría adquirido el 95% de su paquete accionario, quedando el 5%
restante en manos de Sergio Gustavo Martínez27.
El pasado 28 de febrero, además, los directivos de The
Old Fund se habrían presentado ante una escribana para declarar que
la firma uruguaya Dusbel S.A. habría aportado $ 2,4 millones de
dólares, de origen no detallado28, a cambio de la mitad de su paquete
accionario, el 29 octubre de 201029. Al día de la fecha, sin embargo,
Dusbel S.A. no habría concretado su inscripción ante la Inspección
General de Justicia, ni ante la Dirección de Personas Jurídicas de la
provincia de Buenos Aires30. Y en su solicitud fallida, figura como
domicilio la calle Davel 2345 de Longchamps, partido de Almirante
Brown. Esto es a sólo seis cuadras de donde vive Carlos Schneider, el
jubilado que aparece como representante de Tierras International
Investments S.A.31.
Dos de los socios fundadores de Dusbel S.A., además,
Fernando Juan Castagno Schickendantz y Janine Gómez Suárez
aparecen vinculados con operaciones financieras irregulares en
España y con un caso de presunto lavado de dinero en la Argentina32.
En España, fueron reportados por la Comisión Nacional del Mercado
de Valores por operar sin autorización oficial, ni registración de la
firma financiera y de inversiones Pesmir Trading o Banco de Pesmir
Trading33. Y ambos figuran, también, vinculados a una veintena de
sociedades anónimas que operan o se registraron durante los últimos
veinte años en la Argentina, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos34.
En el caso de Castagno Schickendantz, además, a ocho
empresas identificadas en el capítulo destinado “bancos,
27 Íd.
28Alconada Mon, Hugo, Ciccone: surgen vínculos con el lavado en España y aquí, La Nación, 20 de marzo de 2012, disponible en http://www.lanacion.com.ar/1458046-ciccone-surgen-vinculos-con-el-lavado-en-espana-y-aqui.
29Alconada Mon, Hugo, Una firma extranjera, sin papeles, aportó $2,4 millones para Ciccone, La Nación, 17 de marzo de 2012, disponible en http://www.lanacion.com.ar/1457418-una-firma-extranjera-sin-papeles-aporto-$-24-millones-para-ciccone.
30 Íd.
31 Íd.
32 Alconada Mon, Hugo, Ciccone: surgen vínculos con el lavado, cit.
33 Íd.
34 Íd.
10
compañías off shore consolidadas y « shell banks » no reconocidos”
del informe sobre lavado de activos que difundieron en 2001 los
diputados nacionales Elisa Carrió, Graciela Ocaña, Gustavo Gutiérrez y
José Vitar35.
El domicilio de Montevideo aportado por esta firma, que
se constituyó en 2010 con un capital social de 400.000 pesos
uruguayos, por otro lado, coincidiría por lo menos con el de otras 15
sociedades comerciales registradas durante los últimos años. Y tras la
salida de sus dos socios fundadores, habría asumido como presidente
y único integrante del directorio, el Sr. Daniel Gonzalo García Belhot
que aparece también como el único nombre reconocible en otras
sociedades anónimas de similares características36.
Resumiendo, las sociedades involucradas en la
adquisición de Ciccone Calcográfica S.A presentan numerosas
irregularidades y aspectos sospechosos, puntualmente, en lo
referente a la procedencia de los fondos que emplean. Algunas de
ellas, como vimos, incluso fueron constituidas en forma irregular o
directamente no se encuentran inscriptas en el país. Pero esto no les
ha impedido rehabilitar una sociedad quebrada y celebrar contratos
con el Estado Nacional, lo que da cuenta de la ausencia de una labor
de fiscalización adecuada por parte de los organismos de control en
un sector relevante para la economía del país.
IV.C. LAS SOLICITUDES DE ACCESO Y EL PROCEDER DE LA
IGJ
A raíz de estos acontecimientos, interpuse distintas
solicitudes de acceso a la información que, en general, fueron
contestadas fuera de término y en forma deficiente. Y algunas,
directamente, jamás tuvieron respuesta. Dos de ellas, precisamente,
estaban dirigidas a la Inspección General de Justicia. Una de ellas se
presentó el pasado 17 de febrero y la otra el 30 de marzo de 2012. Y
ambas requerían lo mismo.
35 Íd.
36 Alconada Mon, Hugo, Ciccone: más movimientos societarios sospechosos, La Nación, 22 de marzo de 2012, disponible en http://www.lanacion.com.ar/1458564-ciccone-mas-movimientos-societarios-sospechosos.
11
En primer lugar, se solicitó que se contestara si se
había desarrollado en el ámbito de la IGJ algún tipo investigación en
relación a las presuntas irregularidades en la constitución y operatoria
de las sociedades mencionadas. En caso afirmativo, que se aportara
copia de lo actuado o, en su defecto, se explicaran las razones por las
cuáles se decidió que no correspondía intervenir. En segundo lugar,
que se informara si las sociedades mencionadas se encontraban
inscriptas y en qué carácter, que se suministrara copia de su estatuto
y detalle la composición de sus órganos de gobierno y fiscalización,
sus accionistas, los domicilios denunciados, si registraban sanciones y
todo otro dato que pudiera resultar de interés.
Como adelantamos, ninguno de estos pedidos fue
contestado, ni se ha recibido notificación alguna en relación a ellos.
Sin embargo, según trascendió en los medios de comunicación, la IGJ
solicitó la opinión de la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales (DNPDP) sobre el mérito de nuestra presentación. En
respuesta, este organismo emitió el dictamen 7/201237 que, aunque
omite consignar el nombre del diputado requirente y de la sociedad
sobre la cual se solicita información, es fácilmente identificable
porque transcribe textualmente fragmentos de nuestra solicitud y la
fecha se corresponde38.
Allí, la DNPDP ofrece una reseña de la normativa vigente
en materia de acceso a la información y datos personales y avanza en
una interpretación que estimamos equivocada y arbitraria, que
promueve la inclusión de una nueva excepción al acceso a la
información en contraposición al marco legal vigente. Entre los
puntos que se destacan del dictamen 7/2012, la DNPDP realiza un
repaso de las pautas que la ley 25.326 prevé en su artículo 11 para la
cesión de información y afirma que:
“previo a ceder los datos personales en su poder, el organismo
público deberá verificar el cumplimiento por parte del
peticionante del requisito de ‘interés legítimo’, y que el mismo
sea suficiente para acceder a la información pretendida, de
37 Disponible en: http://www.jus.gob.ar/media/348393/D2012_07.pdf.
38 En efecto, el dictamen DNPDP No. 7/2012 se refiere al “Diputado Nacional” y menciona una nota del 17 de febrero.
12
manera restrictiva si los datos revelan información íntima de las
personas39”.
Más adelante, distingue –entendemos que
equivocadamente, tal como demostramos claramente en el apartado
V.D. de esta presentación— entre “información confidencial”,
“información de acceso público” e “información de acceso público
irrestricto”40. Y encuadra la información requerida en la segunda de
estas categorías, dado que, a su juicio, se trata de información:
“que (…) no se encuentra sujeta a confidencialidad ni
tampoco está destinada a ser difundida irrestrictamente
al público y cuyo acceso a terceros resulta generalmente
condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos (…)
atento que la Inspección General de Justicia a través del
REGISTRO NACIONAL DE SOCIEDADES, creado por Ley N°
26.047 (…) constituye una base de datos de carácter público, a
la que puede acceder por medios informáticos cualquier
interesado, mediante el pago de un arancel…”41 (el destacado
nos pertenece).
Y, finalmente, sostiene que:
“(…) no toda la información de carácter personal asentada en un
registro público puede ser difundida o cedida por el mero hecho
de su pertenencia a una base de datos del ámbito público,
corresponderá al organismo requerido verificar la
procedencia de brindar a través de los mecanismos
previstos en la Inspección General de Justicia la
información correspondiente a las sociedades
mencionadas y verificar la existencia de interés legítimo
para proceder a dar mayor información al respecto”42.
El dictamen de la DNPDP incurre en varios errores y
postula una interpretación del marco legal y constitucional aplicable
que resulta sumamente restrictiva del derecho de acceso a la
información pública, y por ende, arbitraria e inconstitucional. Esta
interpretación será específicamente cuestionada al exponer los
fundamentos jurídicos de la presente acción de amparo. Pero cabe
39 Íd., p. 4.
40 Ibíd.
41 Íd., p. 5.
42 Íd., p. 4.
13
adelantar que la DNPDP encuadra la solicitud de información pública
como un requerimiento de “cesión de datos personales”, lo que
importa un grave error que desnaturaliza y afecta los pedidos
realizados por esta parte. En ese encuadre equivocado se encuentra
el germen de la interpretación errónea, arbitraria e inconstitucional
postulada por la DNPDP.
IV.D. EL INFORME DEL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
Ante el silencio de la IGJ, nos convencimos de la
necesidad de formular preguntas similares al Jefe de Gabinete para
que las responda en su visita a la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación. Esto atento a que distintos organismos públicos como el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios han
afirmado en varias oportunidades que el Reglamento General del
Acceso a la Información Pública:
“está dirigido a los ciudadanos, en su carácter de tal, que no
cuentan con un acceso o vía específica para requerir o solicitar
información a la Administración Pública y sus dependencias. Así
lo determina el artículo 4º del Anexo VII – Capítulo I del decreto
citado al establecer que la finalidad del Acceso a la Información
Pública es permitir y promover una efectiva participación
ciudadana (…) En este sentido el aquí requirente invoca su
carácter de Diputado Nacional y Presidente del bloque de
diputados de la Unión Cívica Radical, existiendo para ello un
canal específico de comunicación entre el Poder Legislativo y el
Poder Ejecutivo, previsto por los artículos 71 y 100 inc. 11) de la
Constitución Nacional43”.
Así se preguntó44:
¿Quién son o han sido, desde 2009 hasta la actualidad, los
titulares de la acciones de CVS S.A.? ¿Y de las firmas Tierras
International Investements CV y Dusbel S.A?
43 Ver, por ejemplo, la nota SSCYCG Nº 3251/2012 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que se adjunta. Cabe destacar que los argumentos de la Jefatura de Gabinete son de todas formas equivocados: si bien existen canales específicos, el acceso a la información pública es un derecho constitucional de todos los habitantes de la Nación, y éste no se pierde como consecuencia del ejercicio de ninguna función pública específica.
44 Ver Informe Nº 81 de la JGM a la HCDN, pregunta 522.
14
Como es de público conocimiento, a través de los medios de
comunicación se ha difundido que éstas últimas presentarían
graves irregularidades, tales como la designación de
apoderados insolventes sin vínculo real con la sociedad ¿Se ha
adoptado alguna medida desde el Poder Ejecutivo para
esclarecer estos hechos? ¿Cuál ha sido la intervención de la
Inspección General de Justicia en el tema?
¿Adoptó la Sociedad del Estado Casa de la Moneda alguna
medida para verificar la regularidad de la operatoria y
constitución de estas sociedades antes de contratar la
capacidad productiva de CVS S.A? ¿Lo hicieron la AFIP y el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas antes de consentir el
levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica S.A?
¿Mediante que procedimiento se resolvió celebrar el contrato de
locación productiva entre la Sociedad del Estado Casa de la
Moneda y CVS S.A., que fue acompañado como documental de
su informe al Senado? ¿Hubo licitación? ¿Se trató de una
contratación directa? ¿Se contemplaron otras posibilidades o
proveedores? De ser así, ¿por qué se descartaron o se optó por
CVS S.A?
Y como respuesta, se obtuvo lo que se transcribe a
continuación:
“Respecto de la sociedad COMPAÑÍA DE VALORES
SUDAMERICANA SA, de documentación obrante en SECM,
aportada en el marco de la acreditación de existencia de
sociedad y representación invocada para la firma del contrato
surge COPIA TESTIMONIO, en la parte pertinente a la
transcripción del libro de depósito de acciones y registro de
asistencia a asambleas surgen como accionistas Ciccone Nicolás
Tadeo, Ciccone Silvia Noemí, Ciccone Graciela Cristina, The Old
Fund S.A. Sin perjuicio de lo expuesto, el objetivo del presente
informe es el de comunicar sobre la marcha del Gobierno, y no
así, el de brindar información sobre personas y sociedades que
en algunos casos se encuentra protegida por la normativa
vigente. Por lo expuesto, la información ha sido remitida a los
organismos correspondientes, quedando a la espera de la
remisión y posterior envío, de corresponder45.”
45 Íd., respuesta a la pregunta 522.
15
La información, por supuesto, no ha sido remitida al día
de la fecha. Por lo que la respuesta del Jefe de Gabinete constituye
una nueva evidencia de la falta de voluntad del Poder de Ejecutivo de
aportar los datos solicitados y de su cuestionable interpretación de las
excepciones legales a la obligación de informar. Si no existe ningún
impedimento para revelar la composición accionaria de CVS, ¿por qué
no puede informarse acerca de las sociedades que la controlan? ¿Qué
es lo que diferencia a CVS S.A. del resto de las sociedades? En
definitiva, hemos agotado las vías disponibles para obtener la
información sin haber recibido una respuesta apropiada a nuestro
reclamo.
IV.E. EL PROCEDER POSTERIOR DE LA IGJ
Cabe destacar, finalmente, que la IGJ luego de solicitar a
la DNPDP un dictamen con motivo de mi presentación del 17 de
febrero de 2012 introdujo cambios en el régimen de acceso a la
información que fueron informados por medio de la página web de la
entidad sin que se señale por qué mecanismo legal los mismos serían
implementados. En efecto, en una nota del 18 de junio de 2012 aún
disponible en la página de Internet de la IGJ se informa que “en los
casos de trámites en general, solo se dará ingreso cuando se acredite
ser parte interesada, su apoderado, letrado patrocinante o autorizado
previamente. Para el caso de los actos inscriptos, cuando se acredite
interés legítimo.” Asimismo, se informa:
“La medida se enmarca en la legislación vigente referente al
procedimiento administrativo (Decreto-Ley Nº 19549 y Decreto
1759/72 -TO Dec 1883/91). La información contenida en la
Inspección General de Justicia forma parte de un banco de datos
personales, alcanzada por la Ley Nº 25.326 de Protección de
Datos Personales y su normativa concordante”46.
La información publicada en la página de Internet de la
IGJ es consistente con el dictamen de la DNPDP, razón por la cual en
esta presentación cuestionaremos no sólo al dictamen en sí en su
relación con el pedido de información efectuado por esta parte, sino
46 IGJ. 18 de junio de 2012. Requisitos para la solicitud de información, desarchivo o vista de trámites. Disponible en: http://www.jus.gob.ar/igj/comunicacion/novedades/2012/06/18/procedimiento-administrativo.aspx (consultado el 23 de agosto de 2012).
16
también como antecedente normativo de un cambio en las prácticas
de la IGJ en materia de acceso a la información pública.
V. FUNDAMENTOS DE LA PRESENTE ACCIÓN
V.A. EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
La presente acción se interpone como consecuencia
directa de la violación del derecho constitucional de acceso a la
información pública. Este derecho está garantizado doblemente por la
Constitución Nacional, ya que es parte esencial de la libertad de
expresión y a la vez está expresamente establecido en el artículo 13
de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), el cual
establece:
“Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 1. Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de
su elección” (el subrayado nos pertenece).
El acceso a la información es una precondición de todo
sistema democrático de gobierno y está íntimamente relacionado con
el derecho a la libertad de expresión, con el ejercicio de otros
derechos constitucionales y control de la gestión gubernamental por
parte de los ciudadanos, más allá de los propios resortes de los que
disponga el Estado. En efecto, las instituciones estatales están
sometidas a una permanente vigilancia por parte de la ciudadanía,
que se materializa a través de los derechos de expresión,
manifestación y petición, entre otros. De este modo, mediante la
interpelación al Estado utilizando las herramientas que el propio
sistema reconoce y garantiza, los ciudadanos pueden conocer las
razones por las cuales el Estado actúa, pueden indagar sobre lo
que éste hace con el dinero público y pueden controlar el accionar
estatal en sus más mínimos detalles. De este modo, el acceso a la
información se convierte en un bien público de una gran
trascendencia social, ya que la información que se obtiene por esa vía
funciona como un instrumento de control institucional íntimamente
17
vinculado al concepto participativo de la democracia y al respeto de
los derechos fundamentales.
“El control efectivo de los ciudadanos sobre las acciones
públicas requiere no solo una abstención por parte del Estado de
censurar información, sino que requiere la acción positiva de
proporcionar información a los ciudadanos. Es evidente que sin
esta información, al que todas las personas tienen derecho, no
puede ejercerse la libertad de expresión como mecanismo
efectivo de participación ciudadana ni de control democrático de
la gestión gubernamental”47.
Courtis y Abramovich destacan el tratamiento de la
información como participación y control cuando sostienen que “la
información no se dirige exclusivamente a evaluar la actividad del
gobierno, sino que funciona como presupuesto del ejercicio del
derecho de participar en la formación de políticas públicas o en la
toma de decisiones públicas o de efecto público”48. Este
reconocimiento del acceso a la información como herramienta
ciudadana es realizado también por la Convención Interamericana
contra la Corrupción49 y la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción50, que también nos exigen fortalecer y estimular la
participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la
corrupción como un medio para generar conciencia entre la población
de los países sobre la existencia y gravedad del problema. Y destacan,
entre las medidas propuestas para alcanzar este objetivo, el acceso
eficaz a la información pública.
Finalmente, cabe destacar que el acceso a la
información ha sido reconocido como un derecho humano por
distintos organismos internacionales y regionales además de la Corte
Interamericana en el caso Claude Reyes Vs. Chile51. Así, por ejemplo,
la OEA consideró en diversas resoluciones que el acceso a la
47 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Libertad de Expresión en las Américas. Los cinco primeros informes de la Relatoría para la Libertad de Expresión, IIDH 2003, página 130.
48 Víctor Abramovich y Cristian Courtis, El acceso a la Información como derecho. Anuario de Derecho a la Comunicación; Año 1 Vol. 1 (2000).
49 Ver art. III punto 11 CICC.
50 Ver art. 13 inc. b) CNUCC.
51 Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151.
18
información pública es un requisito indispensable para el
funcionamiento mismo de la democracia, una mayor transparencia y
una buena gestión pública, y que en un sistema democrático
representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos
constitucionales, a través de una amplia libertad de expresión y de un
libre acceso a la información52.
En el presente caso, la Inspección General de Justicia
(IGJ) no respondió los pedidos de acceso a la información realizados
por esta parte. Ese silencio injustificado de la administración importa
una verdadera denegación de un derecho constitucional que debe ser
reparada por medio de esta vía. En efecto, la Convención Americana
exige que el Estado responda todos los pedidos de acceso a la
información, incluso cuando considera que el acceso no corresponde.
“[E]n caso de que exista un motivo permitido por la Convención
Americana para que el Estado limite el acceso a la información
bajo su poder, la persona que solicita el acceso debe recibir una
respuesta fundamentada sobre la negativa que le permita
conocer las razones precisas por las cuales el acceso no es
posible (…). Según ha explicado la CIDH, si el Estado deniega el
acceso a información, éste debe proveer explicaciones
suficientes sobre las normas jurídicas y las razones que
sustentan tal decisión, demostrando que la decisión no fue
discrecional o arbitraria, para que las personas puedan
determinar si tal negativa cumple con los requisitos establecidos
en la Convención Americana (…). En este mismo sentido, la
Corte Interamericana ha precisado que la negativa a proveer
acceso a la información que no está fundamentada, explicando
con claridad los motivos y normas en que se basa, también
constituye una violación del derecho al debido proceso
protegido por el artículo 8.1 de la Convención Americana,
puesto que las decisiones adoptadas por las autoridades que
puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente
52 Cfr. Resolución AG/RES. 1932 (XXXIII-O/03) de 10 de junio de 2003 sobre “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”; Resolución AG/RES. (XXXIV-O/04) de 8 de junio de 2004 sobre “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”; Resolución AG/RES. 2121 (XXXV-O/05) de 7 de junio de 2005 sobre “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”; y AG/RES. 2252 (XXXVI-O/06) de 6 de junio de 2006 sobre “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”.
19
justificadas o, de lo contrario, serían decisiones arbitrarias
(…)”53.
Los derechos que nuestra Constitución garantiza sólo
pueden ser restringidos de manera excepcional y sólo si la restricción
persigue una finalidad legítima y es necesaria en una sociedad
democrática, lo que exige que sea proporcional al fin que persigue y
que no exista otra vía menos gravosa para lograrlo54. Por ello,
cualquier razón que se oponga para intentar resistir el deber de
informar debe ser sometida a un escrutinio estricto y riguroso. En el
presente caso, sin embargo, la negativa a entregar la información
careció totalmente de razones o fundamento alguno, toda vez que la
administración optó por el silencio.
V.B. LA INFORMACIÓN SOLICITADA ES DE ACCESO PÚBLICO
IRRESTRICTO
La información solicitada en el presente caso es de
indudable carácter público y el acceso a ella se presume como tal en
virtud de principio de “máxima divulgación” que debe regir al acceso
a la información de acuerdo a lo establecido por la Corte
Interamericana en el citado caso Claude Reyes Vs. Chile donde
sostuvo que “en una sociedad democrática es indispensable que las
autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación,
el cual establece la presunción de que toda información es accesible,
sujeto a un sistema restringido de excepciones.55” Dicho requisito fue
operativizado en el ámbito del poder ejecutivo nacional a través del
artículo 8 del Anexo VII al decreto 1172/03, el cual establece que “se
presume pública toda información producida u obtenida por o para los
sujetos” obligados por el decreto mencionado.
En efecto, la información solicitada versa sobre las
investigaciones o procedimientos desarrollados por la IGJ en relación a
algunas sociedades comerciales, así como sobre la integración social
de una sociedad comercial legalmente constituida, cuya inscripción en
53 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 2009, Cap. IV, párr. 55 (las citas internas fueron eliminadas).
54 Corte I.D.H., OC, 5-85.
55 Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151., párr. 92.
20
el Registro Público de Comercio es mandada por la ley de Sociedades
Comerciales 19.550. Esta norma establece en su artículo 5 que “el
contrato constitutivo o modificatorio [de las sociedades comerciales]
se inscribirá en el Registro Público de Comercio del domicilio social, en
el término y condiciones de los artículos 36 y 39 del Código de
Comercio.” Es decir, la información que se solicita es información
“pública” en los términos del artículo 8 del Anexo VII al decreto
1172/03.
Cabe destacar que la información contenida en los
Registros Públicos de Comercio establecidos por el Código de
Comercio fue una de las primeras regulaciones estatales que proveían
de información pública a la sociedad sobre datos relevantes para el
ejercicio de la actividad comercial. Su origen puede rastrearse hasta
el derecho romano, como explica Labariega Villanueva en su estudio
histórico sobre el registro público de comercio en México56.
“La actividad del comerciante desborda la esfera de sus
intereses particulares para comprometer intereses comunitarios.
De ahí, la exigencia de conocer públicamente su situación legal
(calidad de comerciante, constitución, modificación, extinción,
contabilidad y demás actos jurídicos que puedan afectarla). La
necesidad de publicar tales actos motivó la aparición del
registro mercantil.57”
En la Argentina, la actividad del Registro Público de
Comercio estuvo regulada por primera vez en el Código de Comercio
de 1859. Dicha normativa sufrió numerosas modificaciones, entre las
que se destaca en la temática relevante para la presente acción la ley
19.550 de Sociedades Comerciales y la ley 26.047 que crea un
registro específico para éstas últimas. Esos registros “son de consulta
pública por medios informáticos, sin necesidad de acreditar interés”
(artículo 3, ley 26.047). En el ámbito de la Capital Federal, el Registro
Público de Comercio es llevado por la IGJ, tal como ella misma señala
en su página de Internet.
“La Inspección General de Justicia, organismo dependiente del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, tiene la
función de registrar y fiscalizar a las sociedades comerciales,
56 Pedro Alfonso Labariega Villanueva, Devenir histórico del registro público de comercio, ESTUDIOS JURÍDICOS EN HOMENAJE A MARTA MORINEAU, T.I, 2006, pág. 289.
57 Pedro Alfonso Labariega Villanueva, op. cit., pág. 289.
21
sociedades extranjeras, asociaciones civiles y fundaciones que
se constituyen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. A su vez, es la encargada de la inscripción en el Registro
Público de Comercio de las sociedades comerciales nacionales y
extranjeras, las matrículas de los comerciantes, y de los
auxiliares de comercio; ejercer el control federal de las
sociedades de ahorro e implementar el Registro Nacional de
Sociedades (Art. 3 Ley 22.315, Art. 2 Ley 26.047). Estas
funciones que ejerce la IGJ son indelegables y se complementan
con las realizadas por los organismos registrales de las distintas
provincias”.
Resulta absolutamente significativo que la información
que no fue entregada por la IGJ haga a la esencia de la información
que debe recabar como organismo dependiente del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos que lleva el Registro Público de
Comercio. En efecto, la información del registro público de comercio
es pública incluso desde antes de que se desarrollara a nivel
interamericano y a nivel local la concepción del derecho de
acceso a la información como un derecho autónomo.
La información solicitada es registrada con la expresa
finalidad de ser difundida y dada a conocer para mejorar y brindar
mayor seguridad a la actividad comercial. Como establece la ley
19.550 en su artículo 10:
“Las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades
por acciones deben publicar por un día en el diario de
publicaciones legales correspondiente, un aviso que deberá
contener: a) En oportunidad de su constitución: 1. Nombre,
edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, número de
documento de identidad de los socios; (…) 4. Domicilio de la
sociedad; (…) 8. Composición de los órganos de administración
y fiscalización, nombres de sus miembros y, en su caso,
duración en los cargos; 9. Organización de la representación
legal; (…)”.
En el mismo sentido se expresa la ley 26.047, como se
señaló anteriormente. Como puede observarse, la normativa en
materia societaria exige la publicidad de la información que
solicitamos y gran parte de ella debe ser publicada por ley en un
medio expresamente destinado a asegurar su mayor difusión posible.
22
En consecuencia, estamos ante información que es de acceso
público irrestricto y que es recabada por el Estado con el
objeto explícito de difundirla. El carácter público de esta
información se apoya no sólo en el principio de máxima
divulgación sino en la normativa societaria que dispone la
publicidad de la misma. Por ello, de ninguna manera puede
considerarse que (a) es necesario obtener el consentimiento del titular
de los datos para acceder a la información o (b) es necesario
demostrar tener un interés legítimo para acceder a la información,
como sugiere la DNPDP en el dictamen 7/2012.
V.C. LA INFORMACIÓN NO FUE ENTREGADA
Como se mencionó anteriormente, la información
solicitada es pública y la respuesta de la administración fue el silencio.
En efecto, y tal como surge de las constancias acompañadas a este
expediente, la IGJ nunca contestó los pedidos de acceso a la
información realizados. Esa falta de contestación habilita la acción de
amparo constitucional, toda vez que el silencio de la administración
permite considerar que hubo una negativa a entregar la información
como establece el artículo 14 del Anexo VII al decreto 1172/03.
V.D. ARGUMENTO SUBSIDIARIO SOBRE EL DICTAMEN DE LA
DNPDP
La falta de contestación de un pedido de acceso a la
información habilita por sí sola la acción de amparo constitucional. Sin
perjuicio de ello, y para el supuesto -altamente probable— en que el
dictamen 7/2012 de la DNPDP haya servido como antecedente para el
silencio de la IGJ ante nuestro pedido de acceso a la información, en
este apartado atacaremos los fundamentos de aquel dictamen.
En efecto, el dictamen de la DNPDP presenta una
lectura totalmente equivocada del marco legal aplicable a la presente
controversia, postula una interpretación indebidamente restrictiva del
acceso a la información pública y recomienda a la IGJ un curso de
acción que deriva en una violación de derechos constitucionales.
23
Analizaremos ese dictamen del siguiente modo. En
primer lugar, señalaremos en términos generales las condiciones bajo
las cuales el derecho de acceso a la información puede ser limitado.
En segundo lugar, analizaremos el dictamen de la DNPDP como
vinculado a una de esas excepciones –la protección de datos
personales sensibles— y señalaremos los problemas de ese análisis
que, según vemos, son dos: (1) la DNPDP adelanta un enfoque
extremadamente formalista de la situación que no repara en los
derechos constitucionales en juego; (2) la DNPDP postula una
armonización entre el régimen de acceso a la información y la ley de
protección de datos personales que resulta en una restricción de un
derecho constitucional, incorporando una causal de limitación al
acceso a la información no prevista en el marco legal vigente.
V.D.1. LOS LÍMITES AL ACCESO A LA INFORMACIÓN
Como se mencionó antes, el derecho de acceso a la
información es un derecho constitucional que se basa el principio de
publicidad de los actos de gobierno, en la forma de gobierno
republicana y en los artículos 14, 32 y 33 de la Constitución Nacional y
en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Por ello, las limitaciones a ese derecho deben satisfacer un estricto
test de proporcionalidad que ha sido desarrollado por la Corte
Interamericana y que se conoce como test tripartito. En virtud de ese
análisis, las restricciones al derecho de acceso a la información deben
(a) haber sido definidas en forma precisa y clara a través de una ley
formal y material; (b) estar orientadas al logro de objetivos imperiosos
autorizados por la Convención Americana, y (c) ser necesarias en una
sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que se
buscan; estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida; e
idónea para lograr el objetivo imperioso que pretende lograr58.
Desde este punto de vista, la excepción al principio
general de acceso a la información pública relevante en este caso es
la prevista en el artículo 16.i del Anexo VII al decreto 1172/03 que
establece que se podrá rechazar la entrega de información cuando
ésta este “referida a datos personales de carácter sensible —en los
58 Cfr. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Informe Anual 2009, Cap. III, párr. 68.
24
términos de la Ley Nº 25.326— cuya publicidad constituya una
vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente
con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la
información solicitada”. Por su parte, los datos personales de carácter
sensible son definidos por la ley 25.326 en su artículo 2 que establece
que los datos personales de carácter sensible son los que “revelan
origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas,
filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la
salud o a la vida sexual.”
Como puede observarse, la limitación al acceso a la
información está prevista en el artículo 16.i del Anexo VII del decreto
1172/03, el cual remite a la ley 25.326. Parece estar redactada en
términos los suficientemente claros y precisos, por lo que el primer
punto del test tripartito parecería verse satisfecho. También resulta
claro que el objetivo de la protección de datos personales sensibles es
un objetivo legítimo bajo la Convención Americana. Finalmente,
corresponde preguntarse si es una restricción necesaria en una
sociedad democrática, lo que exige que nos preguntemos por la
proporcionalidad de la medida y la idoneidad para proteger los datos
sensibles. Nada de ello parece en principio objetable.
El problema surge con la interpretación extensiva
adelantada por el dictamen 7/2012 de la DNPDP, que borra la palabra
sensibles del artículo 16.1 del Anexo VII del decreto 1172/03 y
extiende la protección a todos los datos personales en manos del
Estado. En este sentido, el problema no está en la limitación legal sino
en el hecho de que la DNPDP pretende aplicar una limitación que
no existe. En los próximos párrafos cuestionaremos el dictamen de la
DNPDP ofreciendo distintas razones por las cuales el mismo debe ser
rechazado.
V.D.2. EL DICTAMEN DE LA DNPDP Y LOS LÍMITES AL
ACCESO A LA INFORMACIÓN
V.D.2.A. EL ENFOQUE EQUIVOCADO
El dictamen 7/2012 de la DNPDP contiene un error
fundamental: él analiza la cuestión desde el punto de vista de los
datos personales y considera que estamos ante una “cesión” de datos
25
por parte de los ciudadanos hacia el Estado, cuando en realidad
estamos ante un pedido de acceso a información pública. La
diferencia es significativa: la caracterización que adelanta la DNPDP
muestra un análisis sesgado que la lleva a encuadrar erróneamente el
problema. Ese sesgo inicial se expresa en las conclusiones del
dictamen 7/2012 que habilitan –errónea e ilegalmente— a la IGJ a
modificar las reglas del acceso a la información contenida en el
Registro Público de Comercio en detrimento de un derecho
constitucional, introduciendo una restricción no prevista en el marco
legal.
En efecto, del análisis del dictamen 7/2012 surge que –
para la DNPDP— el régimen de acceso a la información pública
previsto en el decreto 1172/03 se encuentra limitado por la Ley de
Protección de Datos Personales No. 25.326 cuando esa información
pertenece a personas y se encuentra en manos del Estado59. Sin
embargo, dicho análisis es incorrecto ya que la única limitación
al acceso a la información pública como derecho
constitucional debe surgir de una ley que en forma clara y
precisa establezca cuando es posible negar información
pública, y ello está previsto en los señalados artículos 16.i del Anexo
VII al decreto 1172/03 y –por remisión— en el artículo 2 de la ley
25.326. Es decir, es sólo un aspecto de la ley 25.326 que funciona
como un límite para el acceso a la información, no toda la norma.
Ese error de interpretación se ve claramente en la
clasificación realizada por la DNPDP de información confidencial, de
acceso público y de acceso público irrestricto. Esa clasificación es
manifiestamente arbitraria y no surge de ningún tipo de regulación
legal, sino de la pluma de quien firmó el dictamen 7/2012. En efecto,
toda la información pública es de acceso público irrestricto: es el
principio general que surge de principio de máxima divulgación que
rige en materia de acceso a la información pública.
La deficiencia que señalamos en el punto de partida del
análisis adelantado por la DNPDP es sumamente importante: al no
considerar al acceso a la información como un derecho constitucional,
el dictamen se permite adelantar una interpretación que lo restringe
indebidamente, como veremos a continuación.
59 DNPDP, Dictamen 7/2012, pág. 2.
26
V.D.2.B. LA “ARMONIZACIÓN” QUE PROPONE LA DNPDP
En el dictamen 7/2012, la DNPDP sostiene:
“No obstante ello, el citado Decreto Nº 1172/03 señala que los
obligados a informar pueden exceptuarse de proveer la
información requerida cuando una Ley o Decreto así lo
establezca o cuando se configure alguno de los siguientes
supuestos: (…) i) información referida a datos personales de
carácter sensible –en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya
publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad
y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso
de la persona a que se refiere la información solicitada’. // Al
respecto, cabe señalar que la Ley Nº 25.326 de Protección de
Datos Personales es una ley de orden público, que establece
condiciones a la cesión de información personal a terceros. // En
tal sentido, las condiciones que establece la Ley 25.326 son
ineludibles para evaluar la licitud del acto administrativo que
resuelva sobre la entrega de información de las personas en
poder del Estado. // Por tales motivos, entiende esta Dirección
Nacional de Protección de Datos Personales que la libre cesión
de información del Poder Ejecutivo Nacional a terceros dispuesta
por el Decreto 1172/03, en lo que respecta a la información de
las personas, se encuentra condicionada por las disposiciones
de la Ley Nº 25.326”60.
Las contradicciones entre el primer párrafo citado y el
cuarto son sorprendentes. En efecto, mientras que en el primero se
identifica claramente la restricción al acceso a la información cuando
existen datos personales de carácter sensible, en el cuarto se deja de
lado esa restricción y se sostiene que en lo que respecta a la
información de las personas el Estado se encuentra condicionado por
la ley 25.326. Es decir, se pasa de una restricción limitada (datos
personales sensibles) a una restricción amplia (datos personales) por
la sola voluntad interpretativa de la DNPDP.
A partir de allí, todo el dictamen 7/2012 es equivocado:
ya se deja de hablar de datos personales sensibles y se pasa a hablar
de datos personales, que en los términos de la ley 25.326 son todos
aquellos que importen “información de cualquier tipo referida a
60 DNPDP, Dictamen 7/2012, pág. 2.
27
personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables.”
Esa extensión le permite a la DNPDP sostener que ante pedidos de
acceso a la información que involucre a ese tipo de información es
posible exigir (a) el consentimiento del titular de los datos y (b) la
existencia de un interés legítimo.
Esa interpretación sólo es posible porque la DNPDP
propone borrar el artículo 16.i del Anexo VII del decreto 1172/03 y
reemplazarlo con una restricción genérica en materia de datos
personales que no surge del marco legal aplicable. Ello implica una
violación al principio de legalidad presente en el test tripartito
señalado anteriormente, ya que importa la inclusión de una nueva
restricción al derecho constitucional al acceso a la información por vía
administrativa. Sobre este punto, la CSJN sostuvo:
“… Que el sometimiento del Estado moderno al principio de
legalidad, lo condiciona a actuar dentro del marco normativo
previamente formulado por ese mismo poder público que, de tal
modo, se autolimita. El ejercicio de tal poder, por ende, no
puede desvincularse del orden jurídico en que el propio Estado
se encuentra inmerso, como lo ha señalado esta Corte…”61.
Pero de todas formas, incluso suponiendo que ese
artilugio interpretativo fuera válido, las recomendaciones de la IGJ no
se sostienen ni siquiera en sus propios términos, ni con relación al
consentimiento ni al interés legítimo.
En relación al consentimiento del titular de los datos, la
ley 25.326 específicamente establece en su artículo 5.2 que él no será
necesario cuando:
“a) Los datos se obtengan de fuentes de acceso público
irrestricto; // b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias
de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal; //
c) Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre,
documento nacional de identidad, identificación tributaria o
previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio; // d)
Deriven de una relación contractual, científica o profesional del
titular de los datos, y resulten necesarios para su desarrollo o
cumplimiento; // e) Se trate de las operaciones que realicen las
entidades financieras y de las informaciones que reciban de sus
61 CSJN, caso “Naviero de la Serna de López”, Fallos: 315:2771, considerando 5° y sus citas; entre otros.
28
clientes conforme las disposiciones del artículo 39 de la Ley
21.526.”
Asimismo, el artículo 11.3.b establece que ese
consentimiento tampoco será exigido para la cesión de esos datos en
los casos previstos en el artículo 5.2 anteriormente citado. Y sucede
que la información solicitada por esta parte ingresa dentro de
cuatro de esas cinco causales. En efecto, los datos solicitados
están contenidos en “fuentes de acceso público irrestricto” (artículo
5.2.a) tal como establece el artículo 3 de la ley 26.04762. Asimismo,
esos datos fueron recabados “para el ejercicio de funciones propias de
los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal”, es decir,
para el control sobre la actividad comercial desarrollada a través de
sociedades o personas de existencia ideal que prevé la ley 19.550 y la
ley 26.047 (artículo 5.2.b). Además, los datos que se están buscando
se limitan a identificar a los integrantes de una sociedad comercial,
por lo que difícilmente excedan al “nombre, documento nacional de
identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de
nacimiento y domicilio” (artículo 5.2.c). Finalmente, los datos
solicitados derivan “de una relación contractual, científica o
profesional del titular de los datos, y resulten necesarios para su
desarrollo o cumplimiento” (artículo 5.2.d): los datos solicitados
derivan de un contrato societario y son absolutamente necesarios
para el desarrollo y cumplimiento de esa relación contractual, toda
vez que el registro público de comercio cumple una función vital para
el desarrollo de actividades comerciales por medio de corporaciones
de existencia ideal.
En relación a la exigencia de interés legítimo tampoco
se sostiene por lo dispuesto en el artículo 3 de ley 26.047 que
específicamente señala que no será necesario acreditar interés
legítimo alguno para acceder a información contenida en los registros
identificados por esa norma. ¿Para qué se menciona la cuestión del
interés legítimo y se señala que la IGJ “deberá verificar el
cumplimiento por parte del peticionante del requisito de ‘interés
legítimo’ cuando una norma que específicamente se refiere a la IGJ
señala que no será necesario acreditar tal interés? Como señaló la 62 No puede entenderse que el pago de un arancel haga que los datos no sean de acceso público irrestricto: dicho arancel tiene por objeto cubrir los costos de la provisión de información que –generalmente— es utilizada con fines comerciales. En este caso, la información es solicitada con fines de interés público.
29
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes
Vs. Chile,
“En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte
estima que el artículo 13 de la Convención, al estipular
expresamente los derechos a ‘buscar’ y a ‘recibir’
‘informaciones’, protege el derecho que tiene toda persona a
solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado,
con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones
de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el
derecho de las personas a recibir dicha información y la
obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que
la persona pueda tener acceso a conocer esa información o
reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo
permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a
la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser
entregada sin necesidad de acreditar un interés directo
para su obtención o una afectación personal, salvo en los
casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a
una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la
sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y
valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión contempla la protección del
derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el
cual también contiene de manera clara las dos dimensiones,
individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de
forma simultánea”63.
En el presente caso, y tal como quedó demostrado en
los párrafos anteriores, estamos ante un pedido de acceso a
información pública que busca satisfacer un derecho constitucional. La
ley 23.526 encuentra una aplicación restrictiva, ya que ella impide el
acceso a información pública sólo cuando se trata de información que
contiene datos personales sensibles. Asimismo, la información
solicitada –en los términos propios de la ley 25.326— no requiere el
consentimiento del titular ni para el tratamiento ni para la cesión de
esos datos. Por el contrario, la información solicitada fue recabada por
el Estado con el objeto y la finalidad expresa de difusión pública a
través del Registro Público de Comercio. Tampoco corresponde exigir
63 Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151., párr. 77.
30
interés legítimo del solicitante, por las razones expuestas con
anterioridad.
En conclusión, la interpretación adelantada por la
DNPDP en el dictamen 7/2012 postula una extensión ilegítima de las
excepciones previstas al acceso a la información pública lo que
implica una violación al principio de legalidad previsto en la primera
parte del test tripartito mencionado anteriormente. Asimismo, la
armonización propuesta entre el régimen de acceso a la información y
la ley 25.326 resulta en una clara e inconstitucional restricción del
derecho de acceso a la información en detrimento de la ciudadanía en
general, que se vería de ese modo privada de una herramienta
fundamental para el control del Estado democrático y para la
participación política.
Finalmente, y para concluir esta presentación, cabe
señalar –de modo subsidiario— que de considerarse que la
interpretación de la DNPDP es correcta y que toda la ley 25.326
implica una restricción al acceso a la información pública, ello sería de
todas formas inconstitucional no sólo por implicar una violación de
principio de legalidad sino por vulnerar la tercer parte del test
tripartito, que señala que las restricciones, para ser legítimas, deben
ser necesarias en una sociedad democrática, proporcionales al fin
propuesto e idóneas para alcanzarlo.
En efecto, si se considerase que para acceder a
información pública que contiene datos personales es necesario
acreditar un interés legítimo u obtener el consentimiento del titular de
los datos estaríamos ante una violación del principio de legalidad no
por el origen de la norma sino por la ambigüedad y vaguedad de los
términos utilizados por la ley 25.326 que define a los datos personales
como “información de cualquier tipo referida a personas físicas o de
existencia ideal determinadas o determinables”. Se trata de una
definición extremadamente amplia que no corresponde cuando
estamos hablando de una restricción a un derecho constitucional:
éstas últimas deben ser redactadas en términos claros y la
ambigüedad o vaguedad las vuelve inválidas.
Asimismo, si el texto citado de la ley 25.326 se sostiene
como restricción al acceso a la información ello implicaría aceptar que
casi toda la información pública puede ser sometida a requisitos que
31
expresamente no son necesarios, como por ejemplo, demostrar ser
poseedor de un interés legítimo o específico sobre la información
solicitada. En efecto, ¿acaso la información sobre gastos del Estado no
se refiere a información “referida a personas de existencia ideal”?
¿Acaso la nómina de empleados estatales no es información “referida
a personas físicas”? Estos ejemplos de información claramente pública
muestran, mediante una reductio ad absurdum, que las
consecuencias lógicas del dictamen de la DNPDP implica aceptar una
restricción al acceso a la información que violaría el principio de
necesidad en una sociedad democrática, ya que sería
manifiestamente desproporcionado considerar que el derecho de
acceso a la información pública puede atarse legítimamente a la
necesidad de demostrar un interés legítimo. Así lo señaló
expresamente la Corte Interamericana en el caso Claude Reyes Vs.
Chile, que ya fue citado en esta presentación. Este tipo de
restricciones importan una limitación excesiva al derecho
constitucional involucrado y por ello son inválidas y contrarias a la
Constitución Nacional y a los tratados internacionales.
V.E. CONSIDERACIONES ADICIONALES
Si bien los argumentos desarrollados hasta el momento
son suficientes para obtener una decisión favorable, en lo que sigue
formularemos algunas precisiones adicionales vinculadas con el
contexto del caso, que agrega un componente de interés público que
ofrece más argumentos a nuestra posición.
En efecto, el silencio estatal se produce en un marco de
sospechas de corrupción y donde existe una investigación penal en
curso, en el marco de la cual, se han ordenado medidas cautelares
tales como el allanamiento de una propiedad del Sr. Vicepresidente de
la Nación, Amado Boudou64. Y esto sugiere la necesidad de un
escrutinio más detenido de las razones que se esgriman para resistir
la obligación de informar, por comprometer un interés público.
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación ha resuelto en reiteradas oportunidades que la protección del
64 Ver, por ejemplo, Hauser, Irina, Un allanamiento en Puerto Madero, Página 12, 5 de abril de 2012, disponible en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-191203-2012-04-05.html.
32
honor de personalidades públicas debe ser atenuada cuando se
discuten temas de interés público, en comparación con la que se
brinda a los simples particulares65. Y también que:
“la tensión entre los distintos derechos en juego -el de buscar,
dar, recibir y difundir informaciones u opiniones y el derecho al
honor, a la dignidad y a la intimidad de las personas- debe
resolverse en el sentido de asignar un mayor sacrificio a quienes
tienen en sus manos el manejo de la cosa pública”66;
(y que)
“…este criterio responde al prioritario valor constitucional,
según el cual debe resguardarse especialmente el más amplio
debate respecto de las cuestiones que involucren a este tipo de
personas, como garantía esencial del sistema republicano
democrático”67.
Y en la misma línea, la Corte Interamericana ha
entendido que:
“…en una sociedad democrática los funcionarios públicos están
más expuestos al escrutinio y la crítica del público. Este
diferente umbral de protección se explica porque se han
expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus
actividades salen del dominio de la esfera privada para
insertarse en la esfera del debate público. Este umbral no se
asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público
de las actividades que realiza…”68.
Aunque cabe reconocer que estos precedentes no son
dirimentes, dado que no responden exactamente la misma pregunta
que nos formulamos aquí, nos brindan algunas pautas que avalan
nuestras tesis. Esto porque lo definitorio parece ser no la calidad de
funcionario público de la persona investigada, sino el hecho de que
éste tiene en su manos el manejo de la cosa pública.
Los accionistas de estas compañías y los integrantes de
sus órganos de control han dejado de ser simples ciudadanos desde el
65 Cfr. CSJN, Fallos: 310:508; 316:2416; 319:3428, entre otros.
66 Cfr. CSJN, Fallos: 310:508, considerandos 13 y 14.
67 Cfr. CSJN, Fallos: 321:4136.
68 Cf. Corte IDH, “Kimel vs. Argentina”; Sentencia del 2 de mayo de 2008; Serie C, Nº 177.
33
momento en que, voluntariamente, resolvieron celebrar un contrato
de locación de la capacidad productiva de la empresa con Casa de la
Moneda. Y por esta razón, deberíamos reconocerles ab initio un
margen diferencial para escudarse en su derecho a la intimidad.
Nuestra Constitución nos pide el mayor debate posible sobre la
marcha del gobierno y el empleo de los fondos públicos y este ideal
sólo puede ser satisfecho permitiendo que la ciudadanía conozca
quiénes y en qué condiciones celebran negocios con el Estado.
Asimismo, observamos que el silencio de la IGJ en este
caso contrasta con las políticas implementadas por otras
dependencias en cuestiones similares. Así, por ejemplo, vemos que en
la página www.argentinacompra.gov.ar, la Oficina Nacional de
Contrataciones (ONC) permite acceder, precisamente, al tipo de
información que solicitamos. Y pone a disposición de quién quiera
verlos, datos como la nómina de los órganos de gobierno,
administración y fiscalización de las sociedades que han celebrado un
contrato con el Estado.
De hecho, desde esta página es posible acceder a
información desactualizada sobre la composición de la ex Ciccone
Calcográfica, incluyendo el nombre, apellido, cargo y DNI de cada uno
de los integrantes. Aunque no existe información de CVS, ni de las
sociedades que la controlan. Parece ridículo, entonces, sostener -
como lo hizo la JGM- que los mismos datos de las sociedades que,
como The Old Fund, controlan a la ex Ciccone están protegidos por el
secreto. No podemos admitir que una herramienta jurídica empleada
para lucrar y limitar la responsabilidad patrimonial de los individuos
sea empleada, además, para encubrir actos de corrupción. Se está
reclamando información acerca de sociedades que, en definitiva,
reciben fondos estatales y a las cuáles, por ésta razón, les resultan
aplicables las mismas consideraciones. Por eso, no puede afirmarse
que la identidad de los directores o accionistas de The Old Fund, por
ejemplo, sea información confidencial o protegida.
De lo contrario, alcanza con constituir una serie de
sociedades para, así, eludir cualquier tipo de control o instancia de
rendición de cuentas. Y esto no parece una lectura razonable de
nuestra legislación. Se daría el absurdo de que los ciudadanos quedan
obligados a emplear y solventar con sus impuestos el producto de un
34
contratista anónimo. ¿Cómo constataríamos, entonces, que no exista
ningún tipo de incompatibilidad en las contrataciones estatales? ¿De
qué manera podríamos asegurarnos de que no se beneficie a
allegados o familiares del poder? ¿Qué lugar quedaría para el control?
No hay modo de defender en forma plausible un derecho a la
intimidad infranqueable de quien es un inversor comercial de una
empresa que brinda un servicio al Estado, en un área como la
impresión de papel moneda.
Cabe destacar, finalmente, que el Congreso de la
Nación recientemente resolvió aprobar la expropiación de la ex
Ciccone. En el curso del debate, muchos legisladores plantearon
dudas y reservas en relación a la actuación de diversos funcionarios
públicos en este caso. Ese proceso ratifica sospechas señaladas en
este apartado que sugieren la necesidad de someter esta controversia
a un escrutinio estricto sobre las razones esgrimidas para resistir la
obligación del Estado de informar a sus ciudadanos sobre cuestiones
de claro interés público.
VI. PLANTEO SUBSIDIARIO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Tal como hemos visto, no hay nada en el texto de los
artículos 16.i del Anexo VII del Decreto 1172 y 2 de la ley 25.326 que
constituya un obstáculo para acceder a la información pública que
solicito. Por el contrario, dichas normas –correctamente interpretadas-
son plenamente aptas para fundar mi pretensión. Tal solución se
ajustaría a la conocida jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación,
conforme a la cual las normas infra constitucionales deben ser
interpretadas (siempre que su texto lo permita) en forma compatible
con los derechos y garantías reconocidos en la Ley Fundamental (conf.,
entre muchos, caso “Casal“, Fallos: 328:3399).
Sin embargo, para el improbable supuesto que se
entendiera que dichas normas autorizan las conductas llevadas a cabo
en el caso por la IGJ, entonces planteamos subsidiariamente la
inconstitucionalidad de los artículos 16.i del Anexo VII del Decreto 1172
y 2 de la ley 25.326 con base en los argumentos constitucionales que
hemos desarrollado a lo largo de esta presentación.
35
VII. PRUEBA
Se adjunta a esta presentación, la prueba documental
que se detalla a continuación:
a) Copia del D.N.I. de quien suscribe
b) Solicitudes de acceso a la información presentadas ante la
Inspección General de Justicia el 17 de febrero y el 30 de marzo
de 2012;
c) Copia del contrato celebrado entre Casa de la Moneda Sociedad
del Estado y Compañía de Valores Sudamericana S.A aportada
por la Jefatura de Gabinete de Ministros;
d) Formulario de datos básicos de la firma Ciccone Calcográfica
incorporado con fecha 8 de julio de 2005, obtenido a través del
sitio web: www.argentinacompra.gov.ar;
e) Dictamen 7/12 de la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales (DNPDP);
f) Impresión de la página web de la IGJ que detalla los “Requisitos
para la solicitud de información, desarchivo o vista de trámites”.
g) Nota SSCYCG Nº 3251/2012 del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios;
h) Informe Nº 79 del Jefe del Gabinete de Ministros, mayo de 2011,
págs. 440/5.
i) Respuestas a las preguntas formuladas por el bloque de la Unión
Cívica Radical en el Informe Nº 81 del Jefe de Gabinete de
Ministros a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
páginas pertinentes.
j) Versiones taquigráficas de los debates parlamentarios que
concluyeron en la aprobación de la expropiación de la ex Ciccone.
k) Notas periodísticas que han sido referidas a lo largo de esta
presentación:
1) Alconada Mon, “Ayuda clave de la AFIP a un allegado a Boudou”, La
Nación, 10 de febrero de 2012.
2) Alconada Mon, “El misterioso aporte por $ 1,8 millón que ayudó a la
ex Ciccone, La Nación, 15 de febrero de 2012.
36
3) Alconada Mon, “Boudou pidió por Ciccone cuando llegó
Vandenbroele”, La Nación, 9 de marzo de 2012.
4) Alconada Mon, “Moreno, otro involucrado en la ayuda a la ex
Ciccone”, La Nación, 14 de febrero de 2012.
5) La Política Online, “Caso Ciccone: jubilados y monotributistas en la
trama que complica a Boudou”, 11 de febrero de 2012.
6) Wiñazki, “El amigo de Boudou, atrás de otro contrato estatal de 25
millones de dólares”, Clarín, 15 de febrero de 2012.
7) Alconada Mon, “La ex Ciccone, comprada por un fondo holandés
que fue disuelto”, La Nación, 16 de febrero de 2012.
8) Alconada Mon, “Ciccone: surgen vínculos con el lavado en España y
aquí, La Nación, 20 de marzo de 2012”.
9) Alconada Mon, “Una firma extranjera, sin papeles, aportó $2,4
millones para Ciccone”, La Nación, 17 de marzo de 2012.
10) Alconada Mon, “Ciccone: más movimientos societarios
sospechosos”, La Nación, 22 de marzo de 2012.
11) Hauser, “Un allanamiento en Puerto Madero”, Página 12, 5 de
abril de 2012.
VIII. AUTORIZA
Autorizo a Pablo Pejlatowicz (DNI 31.763.914), María
Celeste Leonardi (DNI 31.531.728), y Ramiro Álvarez Ugarte (DNI
28.216.244), a consultar el expediente en mesa de entradas, sellar y
retirar oficios, cédulas, mandamientos y edictos, desglosar y
fotocopiar documentación, diligenciar oficios y mandamientos y a
efectuar cualquier otro acto para el que pudiera requerirse estar
autorizado.
IX. PETITORIO
Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:
1) Se tenga por interpuesta la presente acción de
amparo, por denunciado el domicilio real y por constituido el domicilio
procesal.
2) Se agregue la prueba documental acompañada.
37
3) Se tenga presente el planteo subsidiario de
inconstitucionalidad formulado en el apartado VI de esta presentación.
4) Se tengan presentes las autorizaciones conferidas.
5) Oportunamente se haga lugar a la acción y se
ordene a la Inspección General de Justicia que entregue la información
oportunamente solicitada, con costas.
Sírvase V.S. resolver de conformidad a lo solicitado.
38