amparo en revisiÓn 406/2017 quejoso y recurrente: … · 2019-01-31 · amparo en revisiÓn...
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AMPARO EN REVISIÓN 406/2017 QUEJOSO Y RECURRENTE: ********** RECURRENTE ADHESIVO: SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO ALFREDO VILLEDA AYALA
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al
Vo.Bo.
VISTOS Y RESULTANDO
Cotejó
PRIMERO. Datos del juicio de amparo indirecto
necesarios para la resolución del presente asunto.
Quejoso **********en su carácter de apoderado legal de la
sucesión a bienes de **********
Presentación de la demanda
5 septiembre 2016.
Tercero interesado
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Autoridades responsables
1. Novena Sala Regional Metropolitana del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
2. Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, de
la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Actos reclamados
La resolución de uno de agosto de dos mil dieciséis,
dictada dentro de la queja por defecto, interpuesta
en contra del cumplimiento efectuado por la
autoridad demandada, a la sentencia definitiva de
doce de enero de dos mil quince, emitida en el juicio
de reclamación de indemnización **********.
La ejecución que pretende dar la autoridad a la
sentencia definitiva de doce de enero de dos mil
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quince, dictada en el juicio de reclamación de
indemnización 23137/06-17-09-7, a través del oficio
**********, de quince de marzo de dos mil dieciséis.
Derechos humanos violados
Los contenidos en los artículos 1o., 14, 16, 17, 73,
fracción XXIX-H, 104, fracción III, y 109 de la
Constitución Federal.
Conceptos de violación.
La parte quejosa planteó esencialmente lo siguiente:
La resolución dictada en la queja por defecto
interpuesta en el juicio de origen, carece de
constitucionalidad, legalidad, exhaustividad y
congruencia, ya que la Sala responsable cambió el
sentido de los argumentos vertidos en dicho medio
de impugnación, pretendiendo dar el mismo
significado a las acepciones “representar” y
“competencia”, dejando de ver que, si bien es cierto
que el Subprocurador Fiscal Federal de Amparos
representa al titular de la Secretaría de Hacienda
(autoridad demandada), también lo es que aquel no
tiene la competencia de emitir la resolución
combatida, esto es, el oficio **********, mediante el
cual la Secretaría antes referida pretende
cumplimentar las sentencia definitiva.
La sentencia dictada en la queja antes mencionada
es ilegal, porque la Sala responsable realiza una
interpretación contraria al artículo 109 constitucional,
al determinar que en el caso concreto no procedía el
pago de intereses generados con motivo de del daño
patrimonial causado, en términos de lo establecido
en el artículo 22-A del Código Fiscal de la
Federación, máxime que los artículos 9o. y 13 de la
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del
Estado establecen como norma supletoria aplicable,
el Código Fiscal de la Federación.
Por lo tanto, si en diversos medios de impugnación
anteriores se había determinado la aplicación de la
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del
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Estado, es incorrecto que la responsable concluyera
que no resultaba procedente el pago de intereses de
acuerdo a lo previsto en el Código Fiscal de la
Federación, pues de esa forma se niega la
reparación integral del daño causado.
La resolución impugnada es inconstitucional, porque
deja de observar que en la sentencia dictada en el
juicio de reclamación de indemnización, se concluyó
que el daño patrimonial acreditado fue de $
444,776.72 pesos, lo cual fue confirmado en la
Revisión Fiscal 324/2014; sin embargo, la Sala
responsable, concluyó que era apegado a derecho
que la Secretaría demandada efectuara la
conversión de la cantidad antes mencionada a la
unidad monetaria vigente, teniendo como resultado
que la cantidad a pagar fuera de $ 444.78 pesos, no
obstante que el monto original ya constituía cosa
juzgada y por ende no podía ser modificado.
Además, si bien es cierto que el pago por el predio
no adjudicado se efectuó en viejos pesos, también
resulta cierto que de acuerdo al artículo quinto
transitorio del Decreto por el que se crea una nueva
unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos
Mexicanos, a partir del 1o. de enero de 1993, todas
las obligaciones se entenderían contraídas en la
nueva unidad monetaria, y para no considerarse de
esa forma, se tenía que señalar expresamente que
la cantidad seria pagadera en “viejos pesos”.
En la sentencia que se impugna, la Sala
responsable, incorrectamente determinó que durante
la secuela procesal no se logró acreditar partir de qué
fecha se debía realizar el cálculo del pago de la
indemnización reclamada, porque no se advertía
fecha cierta del pago del terreno; omitiendo que en
la escritura pública número 395, emitida por el
Notario Público número 38 de Zitácuaro, Michoacán,
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se hizo constar que el pago por el predio no
adjudicado se efectúo el nueve de diciembre de mil
novecientos setenta y cuatro.
Juzgado de Distrito
Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa
en la Ciudad de México.
Juicio de Amparo
**********
Admisión 7 septiembre 2016.
Audiencia constitucional
14 octubre 2016.
SEGUNDO. Sentencia de amparo indirecto.
Fecha de engrose.
14 octubre 2016
Sentido Negó el amparo solicitado.
TERCERO. Trámite del recurso de revisión principal.
Recurrente **********en su carácter de apoderado legal de la
sucesión a bienes de **********
Fecha de presentación
25 octubre 2016.
Tribunal Colegiado al que correspondió conocer
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito.
Número de expediente
**********
Fecha de resolución 2 febrero 2017.
Sentido A petición formulada ante este Alto Tribunal
por la Procuraduría General de la República,
ordenó suspender el procedimiento y remitió
los autos a esta Suprema Corte de Justicia de
la Nación para que determinara si era
procedente ejercer o no su facultad de
atracción.
CUARTO. Revisión Adhesiva.
Recurrente **********
Fecha de presentación
16 noviembre 2016.
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QUINTO. Trámite de los recursos de revisión principal
y adhesivo en este Alto Tribunal
Admisión 28 abril 2017.
Numero de toca 406/2017.
Turno Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.
Avocamiento 12 junio 2017.
SEXTO. El proyecto de esta sentencia se hizo público en
términos de lo dispuesto en los artículos 73 y 184 de la Ley de
Amparo vigente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente
competente para conocer y resolver el presente asunto, ya que
en sesión privada de cinco de abril de dos mil diecisiete, la
Segunda Sala de este Alto Tribunal determinó ejercer la facultad
de atracción 124/2017 para conocer del recurso de revisión
356/2016 del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito. La competencia de esta Sala
encuentra su fundamento jurídico en las siguientes
disposiciones:
107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal y 81,
fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo que establecen
los requisitos de procedencia del recurso de revisión en
amparo indirecto;
21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, que establece las atribuciones de
las Salas para conocer de los recursos de revisión cuando
subsista problema de constitucionalidad.
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Puntos Segundo, fracción III, y Tercero del Acuerdo
General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de
la Federación de veintiuno de mayo de dos mil trece que
establece la posibilidad de que las Salas conozcan de los
amparos en revisión que no requieran la intervención del
Tribunal Pleno.
SEGUNDO. Oportunidad y legitimación. Es innecesario
analizar la oportunidad y legitimación de los recurrentes en la
interposición del recurso de revisión principal, así como de la
revisión adhesiva, en virtud de que el Séptimo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ya se
pronunció al respecto declarando procedentes ambos recursos
(fojas 54 del amparo en revisión 356/2016).
TERCERO. Materia de la revisión. En virtud de que en
sesión privada de cinco de abril de dos mil diecisiete, esta
Segunda Sala determinó ejercer la facultad de atracción
124/2017 para conocer y resolver el recurso de revisión **********,
los agravios hechos valer en dicho medio de impugnación
constituyen la materia de la revisión.
CUARTO. Antecedentes.
17 enero 1974 Se publicó en el periódico oficial del Estado de
Michoacán la solicitud de ampliación ejidal,
realizado por los campesinos del poblado
denominado San Rafael, Municipio de Contepec,
Michoacán, en la que requerían que el predio
ubicado en la Ex Hacienda de Atotonilco de dicha
localidad fuera anexado al ejido.
2 diciembre 1974 La Oficina Subalterna Federal de Hacienda, en
Contepec, Michoacán, publicó en el periódico
oficial de la región, remate en segunda almoneda
del predio antes referido, en razón de que el
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terreno había sido materia de embargo por dicha
Secretaría.
9 diciembre 1974 **********, se adjudicó por remate judicial el
mencionado predio, la cual se formalizó el 4 de
julio de 1975, sin poder materializarse debido a
que la posesión del terreno se encontraba en
poder de los campesinos.
20 diciembre 1984 Previo dictamen y mandamiento emitido por el
gobierno local, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, resolución definitiva sobre la solicitud
de ampliación del ejido, declarando nulo el remate
efectuado por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público en favor de **********.
8 junio 1994 ********** demandó de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, en la vía ordinaria civil federal,
lo siguiente:
1. El pago de la cantidad de N$16, 000,000.00
(dieciséis millones de nuevos pesos 00/100
M.N) por concepto de devolución del precio
pagado por el predio ubicado en la Ex
Hacienda de Atotonilco, Municipio de
Contepec, Michoacán.
2. El pago del interés legal que genere la
cantidad antes mencionada, desde la fecha en
que se inició el juicio, hasta el pago del
referido monto.
3. El pago de N$ 57, 000, 000.00 (cincuenta y
siete millones de nuevos pesos por concepto
de daños y perjuicios.
4. El pago de gastos y costas originados por el
inicio del procedimiento.
15 junio 1994 La demanda fue turnada al Juzgado Primero de
Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, cuyo
titular la admitió a trámite, y seguida la secuela
procesal, el siete de octubre de mil novecientos
noventa y cuatro dictó sentencia en donde
condenó a la Secretaría demandada a la
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devolución del precio pagado por el remate
fincado a favor del actor.
4 diciembre 1997 Contra lo anterior, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público interpuso recurso de apelación, el
cual fue turnado al Segundo Tribunal Unitario del
Primer Circuito, y una vez sustanciado el
procedimiento de mérito, dictó resolución en la
que revocó la sentencia combatida y declaró
improcedente la vía ordinaria civil intentada.
12 marzo 1998. Inconforme, ********** promovió juicio de amparo,
del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Primer Circuito, quien negó el
amparo solicitado.
24 febrero 2005 **********, en su carácter de apoderado de la
sucesión a bienes de **********, demandó en la vía
ordinaria administrativa federal de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público:
1) La nulidad de la venta administrativa
efectuada a favor del autor de la sucesión
actora, del predio ubicado en la Ex Hacienda
de Atotonilco, Municipio de Contepec,
Michoacán.
2) La devolución del pago de la cantidad de $ 48,
154, 500.00 (cuarenta y ocho millones ciento
cincuenta y cuatro mil quinientos pesos
00/100 M.N.) con motivo de la no adjudicación
material ni jurídica del bien inmueble referido.
3) El pago de la cantidad de $USD 2,000,000.00
(dos millones de dólares 00/100 USD) o su
equivalente en moneda nacional, por cada
año transcurrido desde el día nueve de
diciembre de dos mil cuatro, más el Impuesto
al Valor Agregado, por concepto de perjuicios
ocasionados ante la falta de disposición del
bien y de la obtención de la utilidad legítima en
su explotación, los cuales al ocho de octubre
de dos mil cuatro, ascienden a
$690,000,000.00 (seiscientos noventa
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millones de pesos 00/100 M.N.) más los daños
y perjuicios que se sigan generando hasta la
total y absoluta liquidación.
4) El pago de gastos y costas que origine el
juicio.
La demanda fue turnada al Juzgado Primero de
Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
Federal, cuyo titular, previo requerimiento y
apelación, admitió a trámite.
9 agosto 2005 El Administrador Central de lo Contencioso de la
Administración General Jurídica de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público promovió incidente
de incompetencia por declinatoria, el cual fue
resuelto por el Juez Primero de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, en el sentido
de declararlo infundado.
31 enero 2006 Inconforme con lo anterior, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, a través de su
representante interpuso recurso de apelación. El
asunto se radicó en el Segundo Tribunal Unitario
en Materias Civil y Administrativa del Primer
Circuito, cuyo titular emitió sentencia en el sentido
de revocar la sentencia reclamada, debido a que
el asunto era competencia del entonces Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues
las prestaciones reclamadas se encontraban
reguladas en la Ley Federal de Responsabilidad
Patrimonial del Estado.
15 agosto 2006 Inconforme con lo anterior, **********, en su
carácter de apoderado de la sucesión a bienes de
**********, promovió juicio de amparo, el cual se
radicó ante el Décimo Primer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito (D.A
109/2006), quien determinó que carecía de
competencia para conocer del asunto, por lo que
ordenó enviar los autos al Tribunal Unitario en
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Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito,
en turno.
El Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y
Administrativa del Primer Circuito, aceptó la
competencia declinada y seguidos los trámites de
ley negó el amparo solicitado.
13 septiembre 2006 **********, en su carácter de apoderado de la
sucesión a bienes de **********, demandó ante el
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa las prestaciones antes referidas.
La Novena Sala Regional Metropolitana admitió el
asunto y lo registró con el número **********.
10 septiembre 2008 Contra lo anterior, la autoridad demandada
interpuso recurso de reclamación, el cual fue
declarado fundado, bajo el argumento de que tal
y como lo afirmaba la recurrente la demanda
resultaba extemporánea, por lo que se ordenó
revocar el auto que admitió la demanda.
27 octubre 2008 Inconforme, **********, en su carácter de
apoderado de la sucesión a bienes de **********,
promovió amparo directo, del cual conoció el
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, quien en sesión
de trece de enero de dos mil diez resolvió
conceder el amparo solicitado
3 febrero 2008 En cumplimiento a lo anterior, la Sala responsable
emitió otra resolución en la que determinó que la
pretensión de la parte actora no era la nulidad de
alguna resolución, sino la reclamación en
términos de la Ley Federal de Responsabilidad
Patrimonial del Estado.
20 mayo 2010 Previo desahogo de requerimiento, la Sala
responsable admitió el reclamo de indemnización
por Responsabilidad Patrimonial del Estado, el
cual fue resuelto el once de mayo de dos mil once
en el sentido de sobreseerse.
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27 junio 2012 Inconforme, **********, en su carácter de
apoderado de la sucesión a bienes de **********,
promovió amparo directo, del que conoció el
Séptimo Tribunal Colegiado en materia
Administrativa del Primer Circuito (**********), y
que se resolvió en el sentido de conceder el
amparo solicitado.
7 agosto 2012. La Sala responsable dictó una nueva resolución
en acatamiento en donde determinó inexistente la
responsabilidad patrimonial alegada.
16 enero 2013 Contra lo anterior, la parte actora promovió juicio
de amparo (**********), en el cual se le concedió la
protección solicitada.
22 enero 2013 En cumplimiento a lo anterior, la Sala responsable
emitió una nueva resolución en la que se declaró
procedente la reclamación de responsabilidad
patrimonial alegada, por lo que condenó a la
Secretaría demandada, al Titular del Servicio de
Administración Tributaria y al Administrador
Central de lo Contenciosos de la Administracion
General Jurídica de Ingresos, al pago de:
1) La devolución de la cantidad de $48,
154,500.00 (cuarenta y ocho millones
ciento cincuenta y cuatro mil quinientos
pesos 00/100 M.N) con motivo de la no
adjudicación material ni jurídica del bien
inmueble relacionado con la venta
administrativa materia del conflicto.
2) Dos millones de dólares o su equivalente
en moneda nacional por cada año
transcurrido desde el día 9 de diciembre de
1974 hasta el día 8 de diciembre de 2004,
más el Impuesto al Valor Agregado por
concepto de perjuicios ocasionados ante la
falta de explotación que ascienden a
$690,000,000.00 (seiscientos noventa
millones de pesos 00/100 M.N.)
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9 octubre 2013 Las autoridades demandadas interpusieron
revisiones fiscales, las cuales fueron declaradas
fundados.
21 mayo 2014 En cumplimiento, la Sala dictó una nueva
resolución en donde reconoció el daño patrimonial
reclamado y condenó a la Secretaría de Hacienda
al pago de $**********por concepto del pago de la
enajenación del inmueble antes referido.
27 noviembre 2014 Contra lo anterior, el actor y la Secretaría
demandada promovieron juicio de amparo
(**********) y revisión fiscal (**********), los cuales
se resolvieron negando la protección solicitada, y
fundado, respectivamente.
12 enero 2015 En cumplimiento a la ejecutoria dictada en la
revisión fiscal, la Sala responsable emitió una
nueva sentencia en donde reiteró la condena
antes referida, especificando que únicamente
resultaba responsable la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.
16 marzo 2016 Previos tramites de ley, la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público informó sobre el cumplimiento
de la sentencia anterior, señalando que si bien era
cierto que se había acreditado el daño patrimonial
por la cantidad de $**********, también lo era que
dicha cantidad correspondía a lo pagado en el año
1975, es decir, en viejos pesos, y en ese tenor
debía hacerse la conversión de acuerdo al
Decreto de 1o. de enero de 1993, por el que se
realizó el cambio de unidad monetaria (nuevos
pesos), dando como resultado la cantidad de
**********, la cual actualizada conforme a la ley
daba un monto total a pagar de $**********
1 agosto 2016 Inconforme, la sucesión actora interpuso recurso
de queja por cumplimiento defectuoso, la cual fue
declarada infundada por la Sala responsable.
5 septiembre 2016 Contra lo anterior, **********, en su carácter de
apoderado de la sucesión a bienes de **********,
promovió amparo indirecto.
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14 octubre 2016 El Juzgado Primero de Distrito en Materia
Administrativa en la Ciudad de México, conoció
del asunto, y seguida la secuela procesal negó el
amparo solicitado.
25 octubre 2016 La parte quejosa interpuso recurso de revisión.
16 noviembre 2016 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
interpuso revisión adhesiva.
2 febrero 2017 El Tribunal Colegiado del conocimiento ordenó
enviar los autos a la Suprema Corte de Justicia de
la Nación para que se pronunciara sobre la
facultad de atracción solicitada por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, la cual fue
desechada por improcedente.
28 abril 2018 Previa solicitud por parte del Procurador General
de la República, y determinación de esta Segunda
Sala (en sesión privada) en el sentido de ejercer
la facultad de atracción solicitada, el Presidente
de este Alto Tribunal admitió el recurso de
revisión, registrándolo con el número 406/2017, y
turnándolo al Ministro Alberto Pérez Dayán.
24 enero 2018 La parte quejosa planteó impedimentos respecto
a los señores Ministros Javier Laynez Potisek,
Eduardo Medina Mora y Alberto Pérez Dayán. La
Primera Sala de este Alto Tribunal calificó de no
legales los formulados respecto a los señores
Ministros Javier Laynez Potisek y Eduardo
Medina Mora, y calificó de legal el concerniente al
Ministro Alberto Pérez Dayán.
6 agosto 2018 El Presidente de este Máximo Tribunal Turnó el
asunto a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna
Ramos.
QUINTO. Agravios del recurso de revisión principal.
Los agravios expuestos por la parte quejosa son, en síntesis, los
siguientes:
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El Juez de Distrito no resolvió la litis planteada pues omitió
analizar los argumentos encaminados a demostrar que el
representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
carecía de facultades para emitir la resolución mediante la
cual se pretende dar cumplimiento al juicio de origen, así
como para interpretar la sentencia dictada en éste, pues en
el oficio recurrido, la autoridad tercero interesada únicamente
se limitó a señalar fundamentos legales relacionados con su
existencia, suplencia y representación, sin fundamentar su
competencia o facultad para emitir el referido oficio.
Además, los argumentos esgrimidos en el concepto de
violación relativo se ciñeron a combatir el hecho de que la
responsable analizó de manera incorrecta la competencia de
la demandada, y no a demostrar que la Sala hubiera sido
omisa en pronunciarse sobre dicho tópico, como lo refirió el
Juez del conocimiento.
Las consideraciones del Juez del conocimiento son carentes de
claridad y precisión, pues solamente se limitó a establecer que la
Sala responsable atendió todos los argumentos plasmados en el
recurso de queja por defecto en el cumplimiento, y que no se
advertía que dicho pronunciamiento hubiere contravenido los
lineamientos especificados en la sentencia dictada en el juicio de
reclamación de origen, o en la revisión fiscal **********; sin
observar que en la propia demanda de amparo se argumentó el
hecho de que la autoridad responsable y la demandada aplicaron en
perjuicio de la quejosa el decreto por el cual se creó la nueva
unidad del sistema monetario, publicado el veintidós de junio de
mil novecientos noventa y dos, lo cual es ilegal porque en la
mencionada revisión fiscal se estableció que lo relativo al cambio
monetario no podía tomarse en cuenta porque la demandada no lo
hizo valer en el juicio de origen.**********
Además, el mismo decreto de cambio de unidad monetaria
estableció que “a partir del 1o. de enero de 1993 las
obligaciones se entenderán contraídas en la nueva
unidad monetaria”, por lo que si la sentencia condenatoria
se dictó el doce de enero de dos mil quince, era de concluirse
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que no se debía aplicar la conversión a los nuevos pesos, es
decir la disminución de tres cifras.
La sentencia recurrida es contradictoria porque establece que
para la actualización de la indemnización sí resulta aplicable
el Código Fiscal de la Federación, mientras que para del pago
de intereses no es aplicable dicha normatividad, lo cual es
ilegal, ya que la propia Ley Federal de Responsabilidad
Patrimonial establece la aplicación supletoria de la legislación
Fiscal, por lo que no existe motivo para excluir el pago de los
intereses reclamados.
Asimismo, el Juez del conocimiento pasa por alto que la figura
de la indemnización contenida en la Constitución Federal,
dispone que ésta debe hacerse conforme a los límites y
procedimientos establecidos en las leyes, y que tendrá por
objeto la reparación integral del daño causado, por lo que la
conclusión de dicho Juez en el sentido de que, además de la
actualización respectiva no procede el pago de los intereses
a razón de que se otorgaría un doble beneficio, es totalmente
incorrecta.
El Juez de Distrito no se pronunció sobre la solicitud que
realizó el quejoso en cuanto a la aplicación del principio “pro
persona”, e interpretar los artículos 9o., 12y 13 de la Ley
Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
En la sentencia recurrida no se realizó un correcto análisis
sobre el hecho de que la responsable agregó
consideraciones novedosas a la sentencia firme en cuanto al
estudio de la escritura pública que se presentó como prueba
en el juicio de origen.
SEXTO. Agravios del recurso de revisión adhesivo.
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Es correcta la determinación del Juez de Distrito, en el sentido
de que el Sub Procurador Fiscal Federal de Amparos sí
cuenta con facultades y atribuciones para actuar en
representación y ausencia de del Secretario de Hacienda y
Crédito Público, por lo que contrario a lo manifestado por el
quejoso, la resolución de quince de marzo de dos mil
dieciséis, en la cual se da cumplimiento a la sentencia de
origen, es apegada a derecho ya que se cumple a cabalidad
con la condena impuesta.
Contrario a lo manifestado por el quejoso, no existió
reducción sobre el monto de la cantidad a pagar, pues de
acuerdo a los antecedentes del asunto, la Sala responsable
mediante sentencia de doce de enero de dos mil quince
reconoció que el daño patrimonial causado a la parte quejosa
ascendía a la cantidad de **********-viejos pesos- conforme a
lo pagado en el año de mil novecientos setenta y cinco, monto
que al actualizarse a la fecha de la resolución definitiva, en
términos del artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidad
Patrimonial del Estado, dio como resultado la cantidad de
********** **********
De ahí que resulte correcto la cantidad que la demandada
pretende pagar a la parte quejosa, pues la conversión que se
realizó, fue conforme a la Ley Federal de Responsabilidad
Patrimonial del Estado, así como al Decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1992 en el
que se determinó crear una nueva unidad del sistema
monetario; además, en la sentencia que recayó a la revisión
fiscal 943/214, el órgano colegiado no se pronunció sobre la
aplicabilidad o inaplicabilidad de la conversión de la cantidad
de viejos a nuevos pesos.
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Finalmente es incorrecto que la parte quejosa señale que de
acuerdo al artículo quinto transitorio del Decreto por el cual
se creó la nueva unidad del sistema monetario, para que la
obligación de pago se entendiera en nuevos pesos, se tenía
que establecer expresamente de esa forma, pues deja de ver
que los montos establecidos en la moneda al momento del
pago en mil novecientos setenta y cinco, son los reales, ya
que ello derivó de la conversión monetaria antes referida.
Debe confirmarse la negativa del amparo solicitado en cuanto
a la improcedencia del pago de intereses, ya que tal y como
lo concluyó el Juez de Distrito, la Ley Federal de
Responsabilidad Patrimonial del Estado no prevé el pago de
intereses, sino que únicamente establece la actualización de
conformidad con su artículo 11 inciso d), por lo que fue
correcto que en la sentencia recurrida se determinara que la
autoridad no se encontraba obligada a pagar intereses en
términos del artículo 22-A del Código Fiscal de la Federación.
Lo anterior en virtud de que si bien es cierto que la Ley
Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado dispone
como ley supletoria el Código Fiscal de la Federación,
también lo es que la parte quejosa no acreditó durante el
juicio de origen la procedencia del pago de intereses, pues
únicamente acreditó un daño por **********por concepto de la
enajenación del inmueble materia de la condena.
Además, la quejosa solamente se limitó a señalar que no se
consideró que de diciembre de 1974 a febrero de 2016 existió
una inflación de promedio de 1.71% mensual, sin expresar la
forma en que arribó a dicha conclusión, aunado a que tal
circunstancia no la hizo valer en el momento procesal
oportuno, ya que desde la resolución dictada el quince de
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marzo de dos mil dieciséis, la Sala responsable determinó
que para el pago de la condena, únicamente debía atenderse
a la actualización prevista en la ley.
Es correcta la determinación del Juez en el sentido de que la
fecha en que se realizó la adjudicación del predio antes
referido fue el cuatro de julio de mil novecientos setenta y
cinco, la cual se llevó ante la fe del Notario Público número
38 de Zitácuaro, Michoacán, en donde se hizo constar que
dicha operación se llevaba a cabo por la cantidad de **********
lo cual genera plena convicción de la cantidad a devolver, así
como la fecha en que se realizó.
SÉPTIMO. Estudio. De la lectura de las constancias se
advierte que la parte quejosa en su demanda de amparo planteó
esencialmente lo siguiente:
1. En el primer concepto de violación la quejosa alegó,
esencialmente, que la resolución dictada en la queja por
defecto en el cumplimiento, impugnada; carece de
constitucionalidad, legalidad, exhaustividad y congruencia,
porque no resuelve la cuestión efectivamente planteada, ya
que la Sala responsable pretendió dar el mismo significado
a las acepciones “representar” y “competencia”, lo cual tuvo
como resultado que pasara por alto el hecho de que la falta
autoridad que representa a la demandada, carecía de
competencia para emitir el oficio por el cual se da
cumplimiento al juicio de reclamación **********.
2. En el segundo concepto de violación, la quejosa
esencialmente adujo que la resolución combatida,
transgrede el artículo 109 de la Constitución Federal, así
como los diversos 9o., 11, inciso d), 12 y 13 de la Ley
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19
Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, porque
la responsable los interpretó de manera incorrecta, ya que
no existe impedimento alguno para que la autoridad
demandada sea omisa de pagar los intereses generados
con motivo del daño patrimonial generado, ya que la propia
Ley patrimonial establece que se aplicará supletoriamente
el Código Fiscal de la Federación, de ahí que sea contrario
a derecho que no se condene al pago de intereses
conforme a lo dispuesto en el artículo 22-A de la norma
fiscal.
Además, señaló que la responsable no tomó en cuenta
para el cálculo de la indemnización, la inflación que existió
de diciembre de mil novecientos setenta y cinco a febrero
de dos mil dieciséis, por lo que solicitó la aplicación del
principio “pro persona” para que el Juez del conocimiento
interpretara de manera integral la reparación integral del
daño.
3. En el tercer concepto de violación, la parte quejosa
argumentó que la resolución impugnada es ilegal, en virtud
de que la responsable no atendió las cuestiones y
peticiones formuladas en el sentido de que la demandada
omitió acatar la sentencia definitiva dictada en el juicio de
origen, ya que era incorrecto que ésta hiciera la conversión
de lo pagado en mil novecientos setenta y cinco (viejos
pesos) al actual sistema monetario (nuevos pesos), esto
es, la eliminación de tres ceros sobre la cantidad
genuinamente enterada, bajo el argumento de que debía
aplicarse lo estipulado en el Decreto por el cual se creó la
nueva unidad del sistema monetario en el país, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de
mil novecientos noventa y dos.
AMPARO EN REVISIÓN 406/2017
20
Aduce que lo anterior se robustece porque en el artículo
quinto transitorio del referido Decreto, se estableció que a
partir del primero de enero de mil novecientos noventa y
tres todas las obligaciones se entenderán contraídas en las
nueva unidad monetaria, y que solamente se concebirán
en viejos pesos, aquellas que así lo establezcan
expresamente, por lo que en los casos en donde no se
señale tal circunstancia serán entendidas en nuevos
pesos.
Por lo que resulta ilegal que se haya aplicado la conversión
antes mencionada, porque en la sentencia que condenó a
la demandada no se señaló que la cantidad a pagar por
concepto de daño patrimonial, debiera hacerse en viejos o
nuevos pesos.
4. En el cuarto concepto de violación, la parte quejosa planteó
la ilegalidad de la sentencia recurrida, porque la Sala
responsable determinó que la parte actora no demostró la
fecha a partir de la cual se debió hacer el cálculo para la
indemnización, soslayando que durante el juicio de origen
se quedó evidenciado que el remate del inmueble se llevó
a cabo el nueve de diciembre de mil novecientos setenta y
cuatro, fecha que debe considerarse para el referido
calculo indemnizatorio.
El Juez de Distrito declaró infundados e inoperantes los
argumentos anteriores por lo siguiente:
a) Determinó que no le asistía razón a la parte quejosa, en
cuanto a la falta de competencia de la autoridad que emitió
la resolución en la cual se informa el cumplimiento de la
AMPARO EN REVISIÓN 406/2017
21
sentencia, pues por un parte, la Sala responsable sí se
pronunció sobre todo lo planteado en ese sentido por el
quejoso, y por otra, señaló acertadamente, que el
Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, contaba con
facultades para representar ante los Tribunales de la
República, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
aunado a que el Director General de Asuntos Contenciosos
y Procedimientos, podía actuar en suplencia por ausencia
del Subprocurador, por lo que en la especie, la resolución
por la cual se informaba el cumplimiento de la resolución
definitiva, sí había sido emitida por autoridad competente.
b) Sostuvo que fue correcto que la Sala absolviera a la
demandada del pago de intereses por concepto del daño
patrimonial causado, en virtud de que la Ley Federal de
Responsabilidad Patrimonial del Estado, no prevé
expresamente la obligación por parte de la autoridad de
efectuar el pago de intereses, pues en términos de su
artículo 11, solamente procede el pago de la actualización
correspondiente, y por ello no resultaba aplicable lo
dispuesto en el artículo 22-A del Código Fiscal de la
Federación, pues de ser así se otorgaría un doble
beneficio.
c) Concluyó que no le asistía razón a la quejosa en cuanto a
la fecha que debía tomarse en cuenta para el cálculo de la
indemnización, pues si bien era cierto que el remate del
predio se había realizado el nueve de diciembre de mil
novecientos setenta y cuatro, también lo era que el pago
se había realizado hasta la emisión de la escritura pública,
esto fue el cuatro de julio de mil novecientos setenta y
cinco, por lo que la determinación de la Sala en el sentido
AMPARO EN REVISIÓN 406/2017
22
de tener como fecha cierta de pago esta última, era
correcta.
De ahí que la Sala Responsable hubiere analizado y
valorado de manera acertada las constancias que obraron
en el juicio de origen.
OCTAVO. Agravios infundados. El primer agravio
esgrimido por la parte recurrente, relativo a que el Juez del
conocimiento no resolvió la litis planteada, porque omitió analizar
los argumentos donde señaló que el Subprocurador Fiscal de
Amparos, representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, carecía de facultades para emitir la resolución
impugnada, y que solamente se limitó a señalar fundamentos
relacionados con su existencia, suplencia y representación, sin
demostrar su competencia para emitir el oficio de cumplimiento;
resulta infundado.
Lo anterior, en virtud de que contrario a lo aducido por la
parte recurrente, el Juez de Distrito sí analizó los argumentos en
los que cuestionó la falta de competencia del Subprocurador
Fiscal de Amparos, quien actúo como representante de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En efecto, el Juez del conocimiento determinó que la Sala
responsable había resuelto de manera correcta sobre dicho
tema, pues analizó los preceptos invocados por la demandada,
concluyendo que éstos acreditaban que el Sub Procurador tenía
facultades para representar a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público ante los Tribunales del País, y que a su vez el
Director General de Asuntos Contenciosos y Procedimientos,
podía actuar en suplencia por ausencia del referido Sub
Procurador, únicamente cuando estuvieran ausentes, el Director
AMPARO EN REVISIÓN 406/2017
23
General de Amparos contra Leyes y el Director General de
Amparo contra Actos Administrativos.
Por lo tanto, es inexacto lo alegado por la parte recurrente
en el sentido de que el Juez del conocimiento no analizó la
totalidad de sus argumentos respecto a la competencia de la
autoridad demandada en el juicio de origen.
Por otra parte, en su tercer agravio, la parte recurrente se
duele del hecho de que la sentencia recurrida es contradictoria,
porque por una parte, establece que para el cálculo de la
actualización sí resulta aplicable el Código Fiscal de la
Federación, y por otra señala, que dicha legislación no es
aplicable para el pago de intereses; aun y cuando la Ley Federal
de Responsabilidad Patrimonial dispone que la norma fiscal se
aplicará supletoriamente, lo cual deja en evidencia que no existe
impedimento legal para excluir el pago de intereses conforme al
artículo 22-A del código tributario.
También alega que el Juez del conocimiento no considera
que la figura de la indemnización contenida en la Constitución
Federal, prevé que ésta debe hacerse conforme a los límites y
procedimientos establecidos en las leyes y que tendrá por objeto
la reparación integral del daño causado, por lo que en su
concepto, es incorrecta la determinación del Juez en el sentido
de que no procede el pago de intereses porque se otorgaría un
doble beneficio.
Lo anterior resulta infundado, pues tal y como lo señaló el
Juez de Distrito en su resolución, la Ley Federal de
Responsabilidad Patrimonial no obliga a los entes públicos
federales a pagar intereses con motivo del daño patrimonial que
causen a los gobernados.
AMPARO EN REVISIÓN 406/2017
24
Lo anterior se corrobora de la lectura del artículo 11 de la
referida Ley, el cual, dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 11.- La indemnización por
Responsabilidad Patrimonial del Estado derivada
de la actividad administrativa irregular, deberá
pagarse al reclamante de acuerdo a las
modalidades que establece esta Ley y las bases
siguientes:
a) Deberá pagarse en moneda nacional;
b) Podrá convenirse su pago en especie;
c) La cuantificación de la indemnización se
calculará de acuerdo a la fecha en que la lesión
efectivamente se produjo o la fecha en que haya
cesado cuando sea de carácter continuo;
d) En todo caso deberá actualizarse la cantidad a
indemnizar al tiempo en que haya de efectuarse el
cumplimiento de la resolución por la que se
resuelve y ordena el pago de la indemnización;
e) En caso de retraso en el cumplimiento del pago
de la indemnización procederá la actualización de
conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal
de la Federación, y
f) Los entes públicos federales podrán cubrir el
monto de la indemnización mediante
parcialidades en ejercicios fiscales
AMPARO EN REVISIÓN 406/2017
25
subsecuentes, realizando una proyección de los
pagos de acuerdo a lo siguiente:
1. Los diversos compromisos programados de
ejercicios fiscales anteriores y los que
previsiblemente se presentarán en el ejercicio de
que se trate;
2. El monto de los recursos presupuestados o
asignados en los cinco ejercicios fiscales previos
al inicio del pago en parcialidades, para cubrir la
Responsabilidad Patrimonial del Estado por la
actividad administrativa irregular impuestas por
autoridad competente, y
3. Los recursos que previsiblemente serán
aprobados y asignados en el rubro
correspondiente a este tipo de obligaciones en
los ejercicios fiscales subsecuentes con base en
los antecedentes referidos en el numeral anterior
y el comportamiento del ingreso-gasto.”
La norma transcrita establece exclusivamente que para el
pago de la indemnización deberá actualizarse la cantidad al
tiempo en que haya de efectuarse el cumplimiento de la
resolución que ordene el pago respectivo, además de que dicha
actualización deberá hacerse de conformidad a lo establecido en
el Código Fiscal de la Federación.
Por otra parte, el artículo 9o. de la Ley Federal de
Responsabilidad Patrimonial del Estado, dispone lo siguiente:
AMPARO EN REVISIÓN 406/2017
26
“ARTÍCULO 9.- La presente Ley se aplicará
supletoriamente a las diversas leyes
administrativas que contengan un régimen
especial de responsabilidad patrimonial del
Estado. A falta de disposición expresa en esta
Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
el Código Fiscal de la Federación, el Código Civil
Federal y los principios generales del derecho.”
De lo anterior, se advierte que sólo en los casos en donde
la Ley no prevea alguna situación, se aplicarán supletoriamente
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Fiscal
de la Federación y los principios generales del derecho.
En ese sentido, la determinación del Juez del conocimiento
en el sentido de confirmar la improcedencia del pago de
intereses, fue correcta, toda vez que la propia Ley Federal de
Responsabilidad Patrimonial del Estado establece que para el
pago de la indemnización, solamente deberá tomarse en cuenta
la actualización correspondiente, la cual se calculara conforme a
lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.
Por lo tanto, es de concluirse que tal y como se señaló en
la sentencia recurrida, en el caso concreto resultaría imposible
aplicar de manera supletoria el artículo 22-A de la norma
tributaria, debido a que la legislación patrimonial no prevé la
procedencia del pago de intereses con motivo de daño
patrimonial, y eso significa que están tácitamente prohibidas
En otro orden de ideas, es inoperante el quinto agravio en
el que señala que el Juez de Distrito analizó de manera incorrecta
la actuación de la responsable en donde agregó consideraciones
AMPARO EN REVISIÓN 406/2017
27
novedosas respecto al estudio de la escritura pública presentada
como prueba en el juicio de origen, y que ello tuvo como
consecuencia que se determinara que en el caso concreto no se
había logrado demostrar la fecha a partir de la cual se debía
realizar el cálculo para el pago de la indemnización.
La inoperancia del argumento anterior radica en que el
recurrente se limita a abundar sobre lo planteado en su cuarto
concepto de violación, en donde adujo que la responsable
agregó argumentos no plasmados oportunamente en la
sentencia definitiva, y por esa razón se llegó a la conclusión de
que durante el juicio no se acreditó la fecha a partir de la cual se
debía realizar el cálculo indemnizatorio.
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio siguiente:
“Época: Novena Época
Registro: 166748
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta
Tomo XXX, Agosto de 2009
Materia(s): Común
Tesis: 2a./J. 109/2009
Página: 77
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN.
SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE
ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR
LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA
RECURRIDA. Conforme al artículo 88 de la Ley de
AMPARO EN REVISIÓN 406/2017
28
Amparo, el recurrente debe expresar los agravios
que le causa la sentencia impugnada, lo que se
traduce en que tenga la carga, en los casos en
que no deba suplirse la queja deficiente en
términos del artículo 76 Bis de la ley de la materia,
de controvertir los razonamientos jurídicos
sustentados por el órgano jurisdiccional que
conoció del amparo en primera instancia.
Consecuentemente, son inoperantes los agravios
que en el recurso de revisión reiteran los
conceptos de violación formulados en la
demanda, abundan sobre ellos o los
complementan, sin combatir las consideraciones
de la sentencia recurrida.”
Finalmente, en su cuarto agravio la parte recurrente
señala que el Juez de Distrito omitió pronunciarse sobre la
solicitud que realizó para que se le aplicara el principio “pro
persona” con el objeto de que se le interpretaran los artículos
9o., 12 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial
del Estado.
Dicho argumento resulta fundado pero inoperante, pues si
bien es cierto que el Juez del conocimiento no atendió la solicitud
respectiva, también lo es que en la especie el principio aludido
no tiene el alcance de que los órganos jurisdiccionales, al
aplicarlo, soslayen los diversos principios constitucionales y
legales, contenidos en todos los cuerpos normativos.
Por lo tanto, si la parte recurrente, genuinamente solicitó
la aplicación del principio “pro persona” para el efecto de que
se considerara que dentro de la indemnización por daño
patrimonial resultaba procedente el pago de intereses, aun y
AMPARO EN REVISIÓN 406/2017
29
cuando la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del
Estado, solamente contempla el pago de la actualización
correspondiente; es de concluirse que la aplicación del
mencionado principio en nada beneficiaria al recurrente, pues no
pueden dejarse de observar los principios y modalidades bajo los
cuales se establece el procedimiento para el pago de
indemnización por responsabilidad patrimonial.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro y
texto siguiente:
“Época: Décima Época
Registro: 2006485
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación
Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II
Materia(s): Constitucional
Tesis: 2a./J. 56/2014 (10a.)
Página: 772
PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS
FAVORABLE A LA PERSONA. SU
CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS
ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES,
AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE
OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y
RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA
FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o.
de la Constitución Federal, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011,
implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano
AMPARO EN REVISIÓN 406/2017
30
en relación con los tratados de derechos
humanos, así como con la interpretación más
favorable a la persona al orden constitucional -
principio pro persona o pro homine-, ello no
implica que los órganos jurisdiccionales
nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y
facultades de impartir justicia en la forma en que
venían desempeñándolas antes de la citada
reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a
que si en los instrumentos internacionales existe
una protección más benéfica para la persona
respecto de la institución jurídica analizada, ésta
se aplique, sin que tal circunstancia signifique
que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de
observarse los diversos principios
constitucionales y legales -legalidad, igualdad,
seguridad jurídica, debido proceso, acceso
efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las
restricciones que prevé la norma fundamental, ya
que de hacerlo, se provocaría un estado de
incertidumbre en los destinatarios de tal
función.”
NOVENO. Agravios fundados por falta de
exhaustividad. En su segundo agravio la sucesión recurrente
alega que las consideraciones del Juez del conocimiento carecen
de claridad y precisión, pues no tomó en cuenta los argumentos
en donde reclamó que la demandada y la responsable aplicaron
de manera ilegal el Decreto por el cual se creó la nueva unidad
del sistema monetario, publicado el veintidós de junio de mil
novecientos noventa y dos, situación que propició que a la
cantidad cuyo pago se condenó se redujera por suprimírsele tres
ceros.
AMPARO EN REVISIÓN 406/2017
31
Por ello, sostiene que el referido decreto no debió ser
tomado en cuenta, porque la conversión de viejos pesos a
nuevos pesos no fue ordenado en el juicio de origen, además de
que la demandada no lo hizo valer, aunado a que en el propio
Decreto se determinó que a partir de enero de mil novecientos
noventa y tres, las obligaciones contraídas se entenderían en la
nueva unidad monetaria, por lo tanto señala que si la sentencia
que condenó al pago de la indemnización se dictó en enero de
dos mil quince, debe concluirse que no se debe aplicar la
conversión antes mencionada.
Lo anterior resulta fundado en virtud de que el Juez del
conocimiento no emitió pronunciamiento alguno sobre la
legalidad o ilegalidad de la aplicación del Decreto por el cual se
creó la nueva unidad del sistema monetario, por lo tanto con
fundamento en el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo
procede examinar exclusivamente el tercer concepto de
violación, en el cual se planteó tal circunstancia.
DÉCIMO. Estudio del tercer concepto de violación. La
parte quejosa esencialmente adujo que la resolución impugnada
es ilegal debido a que la responsable no atendió las cuestiones
planteadas dirigidas a que la demandada omitió acatar la
sentencia definitiva dictada en el juicio de origen.
Lo anterior porque de manera incorrecta, la Secretaría
demandada aplicó el Decreto por el cual se creó la nueva unidad
del sistema monetario, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y
dos; y por tal razón, lo pagado genuinamente en mil novecientos
setenta y cinco ($**********-viejos pesos- ) se le habían suprimido
AMPARO EN REVISIÓN 406/2017
32
tres ceros, dando como resultado que la cantidad efectiva a
pagar fuera de $**********.
También alega que de acuerdo al artículo quinto
transitorio del referido Decreto, se dispuso que a partir del
primero de enero de mil novecientos noventa y tres, todas las
obligaciones se entenderían contraídas en nuevos pesos, y que
exclusivamente se concebirían en viejos pesos aquellas que así
lo señalaran; por lo que si en la sentencia en ningún momento se
estableció que el monto debía entenderse en viejos o nuevos
pesos, aunado a que ésta se dictó en el año dos mil quince;
resulta ilegal –según el quejoso- que se haya aplicado la
conversión, pues con ello se estaría modificando la ejecutoria
que reconoció y condenó al pago de la indemnización por daño
patrimonial, además de contravenir la ejecutoria dictada en la
revisión fiscal **********, del índice del Séptimo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Los argumentos de la parte quejosa resultan infundados
en atención a lo siguiente:
El Decreto por el que se crea una nueva unidad del
Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil
novecientos noventa y tres, en su artículo quinto transitorio
señala lo siguiente:
“QUINTO.- A partir del 1º de enero de 1993 y en
tanto los billetes del Banco de México y las
monedas metálicas representativos de la unidad
monetaria que se sustituye no hayan sido
desmonetizados, las obligaciones de pago en
moneda nacional deberán indicar que se
AMPARO EN REVISIÓN 406/2017
33
denominan en la nueva unidad mediante la
expresión ‘nuevos pesos’ o el símbolo ‘N$’ y, en su
caso, la expresión ‘centavos’ o el símbolo ‘c’.
A falta de esta indicación, las obligaciones se
entenderán contraídas en la nueva unidad
monetaria, a menos que cualquiera de las partes
demuestre que la intención de éstas fue pactar en
la unidad monetaria que se sustituye en virtud del
presente Decreto.”
De lo anterior se advierte que el decreto en cita, estableció
que a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y
tres, y en tanto las monedas y billetes que se sustituyen no
dejaran de circular, las obligaciones de pago debían señalar
expresamente que se denominaban en la nueva unidad (nuevos
pesos); y que aun y cuando dicha expresión fuera omitida, se
deduciría que las obligaciones serían contraídas en la nueva
unidad monetaria, aclarando que solamente se concebirán en la
moneda sustituida aquellas en las que se demostrara que así
fueron pactadas.
Por su parte los artículos 1o., 3o. y séptimo transitorio del
referido decreto disponen:
“ART. 1º. Se crea una nueva unidad del sistema
monetario de los Estados Unidos Mexicanos
equivalente a mil pesos actuales. La nueva unidad
conservará el nombre de ‘peso’ y se dividirá en
cien ‘centavos’.”
“ART. 3º. Las obligaciones de pago en moneda
nacional se solventarán mediante la entrega, por
AMPARO EN REVISIÓN 406/2017
34
su valor nominal, de los signos monetarios que
representen a la nueva unidad.
Esta prevención es aplicable al pago en moneda
nacional de obligaciones contraídas en moneda
extranjera.”
“SEPTIMO.- Las obligaciones dinerarias
contraídas con anterioridad a la entrada en vigor
del presente Decreto se solventarán, conforme a
lo dispuesto por el artículo 3º. Al efecto, se
aplicará la equivalencia establecida en el artículo
1º.”
Los preceptos anteriores establecen que las obligaciones
de pago en moneda nacional se perfeccionarán mediante su
entrega, por valor nominal de los signos monetarios que
representen a la nueva unidad.
Además de que las obligaciones contraídas con
anterioridad a la entrada en vigor del Decreto se solventarán
conforme a lo establecido en el artículo 3o., y se les aplicará la
equivalencia correspondiente a que se refiere el artículo 1o. de
dicha normatividad, consistente en que la nueva unidad será
equivalente a mil pesos de los sustituidos.
Ahora bien, de la lectura de las constancias se advierte
que en la sentencia de doce de enero de dos mil quince, emitida
por la Novena Sala Regional Metropolitana del entonces Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se determinó que la
parte actora había acreditado un daño patrimonial por $**********,
por concepto del pago de la enajenación del inmueble, en los
siguientes términos:
AMPARO EN REVISIÓN 406/2017
35
“En ese tenor, esta Sala alcanza plena convicción
de que el accionante exclusivamente acreditó la
existencia de un daño patrimonial causado por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en
cantidad de $**********por concepto del pago de la
enajenación del inmueble, por lo que es
plenamente procedente reconocer la existencia
de un daño patrimonial, y se condena a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que
efectúe la devolución de la cantidad de
$**********por concepto de la enajenación del
inmueble al no adjudicarse materialmente el Ejido
ubicado en Contepec, Michoacán, ello en
términos de los artículos 1o. y 5o. de la Ley
Federal de Responsabilidad Patrimonial.”
En ese sentido no le asiste razón a la parte quejosa, pues
si bien es cierto que en la sentencia no se estableció que la
cantidad a pagar se debía hacer en viejos o nuevos pesos,
también resulta cierto que en dicha ejecutoria se ordenó la
devolución de la cantidad pagada por el inmueble materia de la
reclamación.
Bajo ese contexto se infiere, que la responsable condenó
a la Secretaría demandada con el objeto de resarcir el daño
patrimonial causado, ordenando la devolución de la cantidad
pagada en mil novecientos setenta y cinco por concepto del
inmueble no adjudicado.
De ahí que resulte acertada la determinación de la
Secretaría demandada, en el sentido de aplicar el Decreto por el
que se crea una nueva unidad del Sistema Monetario de los
AMPARO EN REVISIÓN 406/2017
36
Estados Unidos Mexicanos, toda vez que al ordenarse la
devolución de lo pagado en mil novecientos setenta y cinco
$**********, era necesario llevar a cabo la conversión de la
cantidad enterada, pues de acuerdo a los preceptos citados con
anterioridad, las obligaciones contraídas a partir de la entrada en
vigor del mencionado Decreto, así como aquellas que fueran
anterior a éste, se entenderán y solventarán conforme a la nueva
unidad (nuevos pesos).
Consecuentemente, contrario a lo manifestado por la
parte quejosa, la equivalencia realizada por la demandada sobre
la cantidad a devolverse por concepto de daño patrimonial,
resulta apegada a derecho.
Por último, cabe precisar que la autoridad demandada en
su resolución de quince de marzo de dos mil dieciséis, en la cual
se informa sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en el
juicio de reclamación, determinó que una vez actualizada la
cantidad de $**********conforme a lo establecido en la Ley
Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, el monto
efectivo a pagar por concepto de daño patrimonial en favor del
quejoso es de**********$**********
DÉCIMO PRIMERO. Revisión adhesiva. En razón del
sentido del presente fallo, procede declarar sin materia la revisión
adhesiva hecha valer por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, ello en razón de que el interés de la parte adherente está
sujeto a la suerte del recurso principal, por lo tanto, si la
resolución dictada le resulta favorable, desaparece la condición
a la que estaba sujeto el interés del adhesivo.
Por lo expuesto y fundado se resuelve.
AMPARO EN REVISIÓN 406/2017
37
PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la
resolución recurrida.
SEGUNDO. La Justicia de la unión no ampara ni protege a
**********, en contra de la resolución dictada por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público en el oficio **********, de quince de
marzo de dos mil dieciséis.**********
TERCERO. Queda sin materia la revisión adhesiva
promovida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, y en su
oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
AVA/César