ley 18575 resumen
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ADMINISTRACION PUBLICA NESTOR BURGOS RIQUELME 1
LEY Nº 18.575 ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE
BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
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A) En esta Ley se define la Finalidad de la Administración del Estado: La Administración del Estado esta al Servicio
de la persona humana. Su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua, permanente y fomentando el desarrollo del país.
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B) Se Establecen los Principios que Regulan la Administración del Estado. Responsabilidad. Eficiencia. Eficacia. Coordinación. Impulsión de Oficio del Procedimiento. Impugnabilidad de los actos administrativos. Control. Probidad. Transparencia. Publicidad Administrativa. Respeto a la Jerarquía y la disciplina.
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Responsabilidad: El estado será responsable por los daños que
causen los órganos de la Administración del Estado en el ejercicio de sus funciones (func)
Eficiencia: Las autoridades y funcionarios deberán velar
por la eficiente e idónea adm. de los bienes públicos y la función pública.
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Eficacia: Tramites simplificados, ágiles y expeditos, sin
más formalidades que las que establezcan las leyes y reglamentos.
Coordinación: Deberán cumplir sus cometidos
coordinadamente y propender a la unidad de la acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones.
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Impulsión de oficio del procedimiento: Actuaran por propia iniciativa en el
cumplimiento de sus funciones, o a petición de parte.
Impugnabilidad de los actos Adm.: Se podrá interponer un recurso de reposición
ante el organismo que dicto la resolución.
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Control: Las autoridades dentro de ambito de su
competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerarquico permanente del funcionamiento de lso organismos y del personal.
Este control se extiende tanto a la eficacia como a la eficiencia en el cumplimiento de los fines y objetivos, asi como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones.
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Probidad: Se deberá observar el principio de probidad y en
particular las normas generales y especiales que lo regulan.
Transparencia: La función pública se ejercerá con transparencia, de
manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las desiciones que se adopten en ejercicio de ella.
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Publicidad Administrativa: Son públicos los actos administrativos de los órganos
de la Administración del Estado y los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial.
Respeto a la Jerarquía y la disciplina: Los funcionarios estarán afectos a un régimen
jerarquizado y disciplinado. Deberán cumplir fiel y esmeradamente sus obligaciones para con el servicio y obedecer órdenes que les imparta el superior jerárquico.
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Publicidad y Transparencia
A) Respecto de la PyT de los Contratos Admisitrativos se establece que estos se celebrarán previa propuesta pública en conformidad a la Ley.
B) Se establece como deber funcionario la observancia del principio de la Probidad Administrativa y las normas legales y especiales que la regulan.
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C) En el mismo aspecto se establece que la función pública se ejercerá con transparencia de forma de permitir y promover el conocimiento del procedimiento y los contenidos y los fundamentos de las desiciones tomadas en su ejercicio.
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Lo más gravitante es el hecho de establecer que son públicos los actos administrativos de los órganos de la Adm. del Estado y los documentos que le sirvan de sustento o complemento directo o sesncial y que también son públicos los informes y antecedentes que las empresas provadas que prestan servicios de utilidad pública y las empresas en que el Estado participe, proporcioinen a las entidades estatales encargadas de su fiscalización siempre que:
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A) Su difusión no afecte el debido funcionamiento de la empresa.
B) Que el titular de dicha información no haga uso de su derecho a denegar el acceso a la misma.
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Procedimiento para requerir información
El interesado requiere la información o documentación al Jefe del Servicio
Actitudes del Jefe del Servicio: Entregar la información. Consultar a terceros que pueden ser
afectados. Estos pueden:
Ejercer su derecho de oposición. No deducir oposición.
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Causales de denegación de información
1.- La reserva o secreto establecidos en disposiciones legales o reglamentarias.
2.- El que la publicidad impida o entorpezca el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido.
3.- La oposición deducida en tiempo y en forma. 4.- El que la divulgación de documentos o antecedentes
afecte los derechos o intereses de terceras personas (circunstancia calificada fundadamente por el jefe superior del órgano requerido).
5.- El que la publicidad afecte a la seguridad de la nación o el interés nacional.
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Denegada la información por una causa distinta a la seguridad de la Nación o el interés nacional, o vencido el plazo para entregarla, el solicitante tendrá derecho a recurrir al Juez de Letras de Turno en lo Civil del domicilio del órgano requerido, solicitando amparo al derecho a la información.
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La reclamación deberá señalar la infracción cometida, los hechos que la configuran y acompañar las pruebas del caso. Se notifica por cédula en la oficina de partes de la entidad reclamada y en el domicilio del tercero involucrado, si lo hubiere.
Los reclamados deberán presentar sus descargos dentro de 5º día hábil y acompañar medios de prueba. Si no disponen de medios de prueba deberán expresarlo y el tribunal citará a una audiencia de prueba dentro de 5º día hábil.
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Las pruebas se mantienen en un cuaderno reservado, que conservara ese carácter aún después de terminado el proceso, si se denegare el acceso a la información y se confirmare su carácter de reservada.
Mientras no se dicte sentencia el reclamante no podrá tener acceso a la información, aún cuando fuera acompañada como prueba.
La sentencia se dicta transcurridos tres días desde que venció el plazo para contestar, o desde que se efectuó la audiencia de prueba, en su caso.
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La sentencia es apelable en ambos efectos dentro de 5 días. La apelación deberá tener fundamentos de hecho y derecho y peticiones concretas.
Apelada la sentencia el expediente se eleva de inmediato a la Corte de Apelaciones, la que resolverá en cuenta sin esperar la comparecencia de las partes.
Si la Corte lo estima conveniente o hay fundamento plausible podrá oír alegatos, pero en este caso la audiencia no será pública.
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Si la denegación de la información se efectúa invocando que la publicidad afecta la Seguridad de la Nación o el Interés Nacional, la reclamación deberá deducirse ante la Corte Suprema, la que solicitara informe por la vía más rápida, fijándole un plazo, tras el cual resolverá en cuenta.
Si se acoge la reclamación, la sentencia fijará un plazo para entregar la información, asimismo podrá imponer una multa al Jefe del Servicio de entre 2 a 10 UTM.
Si no se entrega la información se sanciona al Jefe del Servicio con la suspensión de su cargo entre 5 y 15 días y multa de 2 a 10 UTM. Si persiste en la actitud la sanción se eleva al doble.
El costo de entrega de la información siempre será de cargo del requirente.
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REQUISITO DE INGRESO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO El personal de la Administración del estado se
regirá por las normas estatutarias que establezca la Ley, en las cuales se regulará el ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación de funciones.
Se señala que además de cumplir con los requisitos estatutarios de debe dar cumplimiento a lo establecido en el Titulo III de la Probidad Administrativa.
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Entre otras cosas esta ley señala: Todos quienes cumplan los requisitos postulan en igualdad de
condiciones, previo concurso. Las normas estatutarias deben proteger la dignidad de la función
pública y guardar conformidad con su carácter técnico, profesional y jerarquizado.
El personal esta sujeto a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la civil y la penal. (Derecho a un proceso justo).
Se esta impedido de realizar actividad política dentro de la Administración.
Se asegura la capacitación y el perfeccionamiento del personal para un mejor desempeño de la función pública.
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De la Organización y funcionamiento
La organización básica de Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y los Servicios Públicos se establecen en esta Ley.
No se aplican las Normas del Titulo II: La C.G.R. Banco Central. F.F.A.A., de Orden y Seguridad Pública. Los Gobiernos Regionales. Las Municipalidades. Al C.N.Tv. A las Empresas Públicas. Otras que se rigen por su propia LOC o de quórum calificado.
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Los Ministerios son los órganos superiores de colaboración del Pdte. de la República. Los Ministros dirigen los Ministerios. Deben proponer y evaluar políticas y planes. Estudiar y proponer normas aplicable. Velar por el cumplimiento de las normas. Asignar recursos. Fiscalizar en su sector.
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En cada Ministerio habrá una o más Subsecretarias. Coordinar la acción de los órganos y servicios
públicos del sector. Actuar como ministros de fe. Ejercer la administración interna del Ministerio
y cumplir las demás funciones que les señale la ley.
El Ministro será subrogado por el respectivo Subsecretario y, en caso de existir más de uno, por el de más antigua designación.
Los Ministerios, con las excepciones que contemple la ley se desconcentrarán territorialmente mediante Secretarías Regionales Ministeriales, las que de estarán a cargo de un Secretario Regional Ministerial.
Internamente los Ministerios estarán organizados en: División, Departamento, Sección y Oficina.
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Los servicios públicos son órganos administrativos encargados de satisfacer necesidades colectivas, de manera regular y continua. Estarán sometidos a la dependencia o supervigilancia del Presidente de la República a través de los respectivos Ministerios, cuyas políticas, planes y programas les corresponderá aplicar.
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Los servicios públicos serán centralizados o descentralizados.
Los servicios centralizados actuarán bajo la
personalidad jurídica y con los bienes y recursos del Fisco y estarán sometidos a la dependencia del Presidente de la República, a través del Ministerio correspondiente.
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Los servicios descentralizados actuarán con la personalidad jurídica y el patrimonio propios que la ley les asigne y estarán sometidos a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio respectivo.
La descentralización podrá ser funcional o
territorial.
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Los servicios públicos centralizados o descentralizados que se creen para desarrollar su actividad en todo o parte de una región, estarán sometidos, en su caso, a la dependencia o supervigilancia del respectivo Intendente.
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Los servicios públicos estarán a cargo de un jefe superior denominado Director, quien será el funcionario de más alta jerarquía dentro del respectivo organismo. Sin embargo, la ley podrá, en casos excepcionales, otorgar a los jefes superiores una denominación distinta.
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En la organización interna de los servicios públicos sólo podrán establecerse los niveles de Dirección Nacional, Direcciones Regionales, Departamento, Subdepartamento, Sección y Oficina
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Las instituciones de Educación Superior de carácter estatal podrán, además, establecer en su organización Facultades, Escuelas, Institutos, Centros de Estudios y otras estructuras necesarias para el cumplimiento de sus fines específicos.
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Los Servicios Públicos se podrán desconcentrar territorialmente y se hará mediante Direcciones Regionales, a cargo de un Director Regional, quien dependerá jerárquicamente del Director Nacional del servicio. No obstante, para los efectos de la ejecución de las políticas, planes y programas de desarrollo regional, estarán subordinados al Intendente a través del espectivo Secretario Regional Ministerial.
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La desconcentración funcional se realizará mediante la radicación por ley de atribuciones en determinados órganos del respectivo servicio. En los casos en que la ley confiera competencia exclusiva a los servicios centralizados para la resolución de determinadas materias, el jefe del servicio no quedará subordinado al control jerárquico en cuanto a dicha competencia. ADMINISTRACION PUBLICA
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El Presidente de la Ley 18.575 República podrá delegar en forma Art. 32º genérica o específica la representación del Fisco en los jefes superiores de los servicios centralizados, para la ejecución de los actos y celebración de los contratos necesarios para el cumplimiento de los fines propios del respectivo servicio.
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Los servicios públicos podrán encomendar la ejecución de acciones y entregar la administración de establecimientos o bienes de su propiedad, a las Municipalidades o a entidades de derecho privado, previa autorización otorgada por ley y mediante la celebración de contratos, en los cuales deberá asegurarse el cumplimiento de los objetivos del servicio y el debido resguardo del patrimonio del Estado.
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En aquellos lugares donde no exista un determinado servicio público, las funciones de éste podrán ser asumidas por otro.
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Los Ministros de Estado y los Subsecretarios serán de la exclusiva confianza del Presidente de la República, y requerirán, para su designación, ser chilenos, tener cumplidos veintiún años de edad y reunir los requisitos generales para el ingreso a la Administración Pública.
No podrá ser Ministro de Estado el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico.
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Para asumir alguno de esos cargos, el interesado deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad.
Los jefes superiores de servicio, con excepción de los rectores de las instituciones de Educación Superior de carácter estatal, serán de exclusiva confianza del Presidente de la República, y para su designación deberán cumplir con los requisitos generales de ingreso a la Administración Pública, y con los que para casos especiales exijan las leyes.
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El ejercicio de las atribuciones y facultades propias podrá ser delegado, sobre las bases siguientes: a) La delegación deberá ser parcial y recaer
en materias específicas; b) Los delegados deberán ser funcionarios de
la dependencia de los delegantes; c) El acto de delegación deberá ser publicado
o notificado según corresponda;
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d) La responsabilidad por las decisiones administrativas que se adopten o por las actuaciones que se ejecuten recaerá en el delegado, sin perjuicio de la responsabilidad del delegante por negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones de dirección o fiscalización;
e) La delegación será esencialmente revocable.
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d) La responsabilidad por las decisiones administrativas que se adopten o por las actuaciones que se ejecuten recaerá en el delegado, sin perjuicio de la responsabilidad del delegante por negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones de dirección o fiscalización; y
e) La delegación será esencialmente revocable.
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Los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio. No obstante, el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal.
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DE LA CARRERA FUNCIONARIA
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La Carrera Funcionaria se regulara a través del respectivo Estatuto Administrativo o de algún Estatuto de carácter especial cuando corresponda.
Estos deberan considerar especialmente el ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación de funciones
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En Ingreso en calidad de titular se hará por concurso público.
La Carrera funcionaria se fundara en el merito, la antigüedad y la idoneidad de los funcionarios.
Las promociones se harán por concurso o por ascenso.
El personal gozara de estabilidad en el empleo
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Solo podrán cesar por: Renuncia voluntaria. jubilación. Por otra causa legal, basada en su
desempeño deficiente, incumplimiento de obligaciones, por la perdida de requisitos para ejercer la función, termino del período legal por el cual ha sido designado o supresión del empleo.
Se exceptuan los cargos de confianza. ADMINISTRACION PUBLICA NESTOR BURGOS RIQUELME 48
Los FP solo se podrán destinar a funciones propias del empleo para el cual han sido designados, dentro del órgano o servicio correspondiente.
Los FP podrán ser designados en comisión de Servicio.
Los funcionarios estarán afectos a calificación, para ello existira un reglamento.
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Los FP tienen derecho a la capacitación. Los cargos de exclusiva confianza
corresponderán a los tres primeros niveles jerárquicos del respectivo órgano o servicio.
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DE LA PROBIDAD ADMINISTRATIVA
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Las Autoridades de la Administración del Estado y los Funcionarios de la Administración Pública, sean de Planta o contrata, deben dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa.
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El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.
Su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo 4º de este Título, en su caso.
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Artículo 54.- Sin perjuicio de las inhabilidades especiales que establezca la ley, no podrán ingresar a cargos en la Administración del Estado: a) Las personas que tengan vigente o
suscriban, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con el respectivo organismo de la Administración Pública
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Tampoco podrán hacerlo quienes tengan litigios pendientes con la institución de que se trata, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
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Igual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.
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b) Las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la administración civil del Estado al que postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive.
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c) Las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito.
Para acreditar lo anterior, los postulantes deberán prestar una declaración jurada de que acredite que no están sujetos a esta inhabilidades.
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No podrá desempeñar las funciones de Subsecretario, jefe superior de servicio ni directivo superior de un órgano u organismo de la Administración del Estado, hasta el grado de jefe de división o su equivalente, el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico.
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Todos los Ley funcionarios tendrán derecho a ejercer libremente cualquier profesión, industria, comercio u oficio conciliable con su posición en la Administración del Estado, siempre que con ello no se perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes funcionarios, sin perjuicio de las prohibiciones o limitaciones establecidas por ley
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El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Subsecretarios, los Intendentes y Gobernadores, los Secretarios Regionales Ministeriales, los Jefes Superiores de Servicio, los Embajadores, los Consejeros del Consejo de Defensa del Estado, el Contralor General de la República, los oficiales generales y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y niveles jerárquicos
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equivalentes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Alcaldes, Concejales y Consejeros Regionales deberán presentar una declaración de intereses, dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de asunción del cargo.
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Igual obligación recaerá sobre las demás autoridades y funcionarios directivos, profesionales, técnicos y fiscalizadores de la Administración del Estado que se desempeñen hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente.
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La declaración de intereses deberá contener la individualización de las actividades profesionales y económicas en que participe la autoridad o el funcionario.
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Corresponderá a la autoridad superior de cada órgano u organismo de la Administración del Estado prevenir el consumo indebido de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, de acuerdo con las normas contenidas en el reglamento
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Artículo 62.- Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las siguientes conductas: 1. Usar en beneficio propio o de terceros la
información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña;
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2. Hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero;
3. Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros;
4. Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales;
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5. Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o función, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza. Exceptúanse de esta prohibición los donativos oficiales y protocolares, y aquellos que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación.
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El millaje u otro beneficio similar que otorguen las líneas aéreas por vuelos nacionales o internacionales a los que viajen como autoridades o funcionarios, y que sean financiados con recursos públicos, no podrán ser utilizados en actividades o viajes particulares;
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6. Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad.
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7. Omitir o eludir la propuesta pública en los casos que la ley la disponga, y
8. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración.
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La designación de una persona inhábil será nula.
Las inhabilidades sobrevinientes deberán ser declaradas por el funcionario afectado a su superior jerárquico dentro de los diez días siguientes a la configuración de alguna de las causales señaladas en el Artículo 54.
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La no presentación oportuna de la declaración de intereses será sancionada con multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales.
El incumplimiento de la obligación de actualizar la declaración de intereses se sancionará con multa de cinco a quince unidades tributarias mensuales
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El jefe de personal o quien, en razón de sus funciones, debió haber advertido oportunamente la omisión de una declaración o de su renovación y no lo hizo, incurrirá en responsabilidad administrativa.
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La inclusión de datos relevantes inexactos y la omisión inexcusable de la información relevante requerida por la ley en la declaración de intereses se sancionarán administrativamente con la medida disciplinaria de destitución.
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