intervencion debate enmiendas constitucionales
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Intervención en el Primer Debate de las
Enmiendas Constitucionales
Sesión 302. Diciembre 2 de 2014
Los jueces de la Corte Constitucional en una actitud de franco vasallaje frente
al poder político, permitieron a través de un fallo ilegítimo y espurio que los
cambios propuestos a nuestra Carta Política que en su gran mayoría, no
todos, afectan derechos y alteran la estructura del Estado, sean tratados
como Enmiendas en detrimento del pronunciamiento ciudadano, sino que
ejerciendo indebidamente facultades omnímodas, han querido subyugar a
este Parlamento Ecuatoriano, al mero papel de tramitador de puntos y comas
e inclusive a que rindamos cuentas.
Esa misma Corte no cumplió con su obligación jurídica e histórica de proteger,
defender y salvaguardar la Constitución, al determinar que un Proyecto
Político se encuentra por encima de la voluntad popular y de la Carta Magna,
asestándole un golpe mortal a la democracia que lo sufrirán las presentes y
futuras generaciones.
La Constitución de los 300 años les quedó estrecha. El Garantismo del que
tanto se vanagloriaban ha quedado reducido una vez más. Los adalides de la
participación ciudadana ahora quieren menoscabarla y restringirla. Los que
han venido violando sostenidamente y ultrajando a la Constitución ahora
quieren cambiarla, pero no para darle más derechos y garantías a los
ciudadanos, sino para quebrantar esos derechos y esas garantías con la
finalidad de consolidar un modelo estatista, totalitario y concentrador de
poder.
Es justamente en ese sentido, que estas mal llamadas Enmiendas,
constituyen un traje a la medida para avalar el autoritarismo, ante el flagrante
temor de conocer el pronunciamiento ciudadano, de lo que el pueblo
ecuatoriano pueda decidir sobre ellas.
Lo que quieren hacer, de frente –y eso es lo que queda de este debate- es
quitar los frenos que tiene el poder y que son propios de un Estado
Democrático, para extenderle los derechos a una sola persona para que
pueda seguir gobernando.
En esa línea, el oficialismo se inaugura como el primero que desde el retorno
de la democracia, -porque si bien, ha habido muchas Reformas de carácter
legal sobre el tema de la participación en elecciones- pero será el primero que
en materia de reelección de dignidades no acuda al pueblo ecuatoriano. En el
año 1978, el pueblo en referéndum dijo “no” a cualquier tipo de reelección,
hastiado de 40 años de Velasquismo; en 1994, a través de consulta popular,
la ciudadanía manifestó que exista reelección ilimitada para prefectos,
alcaldes, diputados, concejales y consejeros y pasando un período para
Presidente de la República, principio que fue recogido textualmente por la
Constitución de 1998, y diez años después en el referéndum de la
Constitución de Montecristi, el pueblo se pronunció en el sentido que exista
reelección, si, por una vez, consecutiva o no. Y ahora, que se quiere la
reelección presidencial indefinida, que es la más profunda y poderosa en una
Reforma constitucional por el sistema caudillista que ha arrastrado la Historia
del Ecuador, se la quiere pasar por las tranqueras, irrespetando el sentir de
los ecuatorianos.
Es realmente penoso como en el intento de adecuar la Ley Fundamental a las
pretensiones de la élite gobernante, caen en preceptos, por decir lo menos,
absurdos, incluso en el Dictamen y en el informe se descontextualiza a
Norberto Bobbio y a Sartori, y se nos dice que “no se puede desperdiciar un
buen presidente” y que la democracia se entiende como “la más amplia
participación posible”.
Nadie discute eso, nadie está en contra de la mayor participación ciudadana
ni de la reelección –que ya existe-, porque parece por el debate que recién la
vamos a poner. Inclusive no discuto la facultad que tiene este órgano
legislativo de presentar Enmiendas y Reformas constitucionales. Es el
procedimiento: este tema debió pasar por Reforma, tramitarlo en la Asamblea,
es su derecho por tener la mayoría, pero el resultado de estos dos debates,
que se dan en 90 días, 45 días después debe ser refrendado por el pueblo
ecuatoriano, eso manifiesta el artículo 442 de nuestra Constitución. ¿Y por
qué? Porque la participación electoral de quienes ejercen el gobierno, no la de
los ciudadanos en derecho de participación, como establece el artículo 61, se
da dentro de los límites al poder, puesto que, reelección presidencial
ilimitada y sin consulta es igual a absolutismo.
Se argumenta que la consulta al pueblo se la hará en las elecciones del 2017
cuando se vote a favor o no del actual Primer Mandatario. Pero esto no es un
combo, no es un 2x1: primero se aprueba el concepto, la institución jurídica
denominada “reelección de dignidades”, y después los sujetos políticos que
se sientan acreedores, pueden ejercer el derecho a participar. En ese sentido,
ahí es donde la alternancia, que es un principio democrático republicano, se
ve seriamente afectada y tiene que ver con la estructura del Estado, de la
República. Y digo República, en los más altos e imperecederos valores e
ideales como son: Democracia, Libertad, Igualdad de oportunidades y
Esperanza inquebrantable.
También se esgrime que muchas autoridades se han reelegido, muchos
alcaldes, muchos diputados. Efectivamente, pero aquí hay una gran
diferencia, en la mitad del juego, no cambiaron las reglas para elegirse
sino que se candidatizaron con las reglas preestablecidas, y al revés, a
medida que han ido avanzando, estas normas han restringido los derechos de
quienes ejercen, momentáneamente, el poder político.
Aquí esta tarde he escuchado tres ejemplos que no pensé que iba a
escuchar: citaron al señor François Mitterrand, 14 años en Francia, solo dos
períodos de siete, nada más. Y en el 2000, vía referéndum lo achicaron a
cinco. Citaron a Felipe González, de España: democracia parlamentaria, se
vota por partido, no se vota en papeleta por el Presidente del Gobierno; se fue
porque perdió la mayoría en 1996. Y se citó a Franklin Delano Roosevelt, gran
presidente norteamericano, quien fue candidato en el año 1932, 144 años
después que la Constitución preveía que exista reelección. Años después de
su fallecimiento, en su cuarto mandato en ejercicio, se limitó la reelección a
dos períodos. Esa es la gran diferencia, que entre otras cosas, la Corte
Constitucional en su servilismo político y su precariedad jurídica no pudo o no
quiso descifrar.
Algunas de estas Reformas tapiñadas de Enmiendas son realmente lapidarias
para el pueblo ecuatoriano. En lo referente al art. 104 inciso 4, la iniciativa
ciudadana, ¿cómo no va a ser restricción, limitación de derechos, si se puede
consultar sobre cualquier asunto y ahora se la elimina? Salvo las excepciones
tributarias y de organización territorial. Eso inclusive amerita una Asamblea
Nacional Constituyente. Inclusive se olvidaron, o quien hizo la enmienda se
olvidó, de argumentarlo, y al principal de la Corte, que se prestó para aquello,
no le importó y dijo que se puede hacer minutos antes de la sustentación de la
argumentación. Así que es falso que exista una contradicción en ese sentido,
lo que quieren es aprobarlo, para que vía Ley limitar aún más lo que el pueblo
ecuatoriano pueda consultar, para que sólo sea el Presidente de la República
quien tenga esa facultad. Y ya sabemos que a estas alturas no quieren
consultar absolutamente nada.
Esto se termina de consumar de forma inaudita, quitándole a la Contraloría su
control de gestión en base a conjeturas para pasárselo a los tecnócratas
gubernamentales, militarizando la seguridad ciudadana con la gravedad que
esto conlleva, rebajando el derecho de comunicación y de libertad de
expresión de los ecuatorianos a un servicio que es prestado por el Estado y
que es equiparable al alcantarillado y finalmente y como no podía ser de otra
manera, afectando competencias municipales en expresas actitudes
centralistas. En conclusión, todo para el Poder, nada para el pueblo.
Este paquetazo de Enmiendas lo único que busca es usurpar los derechos y
garantías constitucionales, demostrando el desprecio y el miedo al
pronunciamiento del pueblo ecuatoriano para consolidar el Proyecto y así
perennizar en el poder a quien ejerce en la práctica y de forma
autoproclamada, la Jefatura de todas las Funciones del Estado.
Pero hay un dicho: “Hay que ser esclavo de la ley para no ser esclavo de los
déspotas.” Ante aquello, hay que romper los dogales y las cadenas porque si
queremos vivir en una República de ciudadanos libres, hemos de rechazar la
amenaza de un Ecuador constituido por súbditos y azotado por autócratas.
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