denuncia el cni ‘‘escalada represiva’’ · por matias maximo recorrió pasillos...
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Las manos a las obras 3
Demanda México a países emitir alertas cuando detecten flujos migratorios atípicos 5
Lo que sabemos y lo que ignoramos 6
Activistas exponen a Angela Merkel problemas de derechos humanos 12
Facultad que atrasa 13
Insta Inmujeres a legislar sobre la violencia política para poner orden 15
El feminicidio de Miroslava Breach no debe quedar impune. 16
Violentadas 17
Denuncia el CNI ‘‘escalada represiva’’ 25
Diga 33 26
Promueve lo que amas 29
Confiere la UNAM reconocimiento a defensores de migrantes vulnerables 30
Derechos de papel 32
Ordena Inai a CNDH informar sobre muertes de mujeres en 2015-16 37
¿Quién le teme a la música contemporánea? 38
En riesgo permanente, derechos de niños y adolescentes: CNDH 41
La sombra de Sísifo: El Estado y las mujeres 43
Emite CNDH recomendación contra la PGR 49
La pluma de oro 50
Sistema de Infotecas Centrales Universidad Autónoma de Coahuila
2 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Violencia en todo el país contra las mujeres 52
La cadena de Jabba: La falacia punitiva 55
Crea la UdeG la cátedra Javier Valdez Cárdenas 60
ARTE Y SIDA 61
Dio asilo EU sólo a 10 de 300 de los cubanos varados en Nuevo Laredo 66
No son excesos, no son errores 67
El amor lo sienten igual todas las personas, sin importar preferencias ni orientaciones 73
Pide la CNDH proteger a 500 desplazados guatemaltecos 74
Muy politizadas 75
Persiste el maltrato contra adultos mayores, revelan cifras del Conapred 78
Su nombre era Luna 79
Crisis humana en cifras 82
A mansplaining World Science Festival host wouldn't stop talking over his one female panelist 83
Violencia machista desde las cárceles 86
México y EU violan el derecho de protección y refugio a miles, acusa AI 87
Plus-size and curve models are ready to move beyond the body positivity conversation 89
Nuestras voces 97
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3 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Las manos a las obras
La cámara de la uruguaya Delfina Martínez captura imágenes de mujeres trans y travestis en sus horarios
laborales en clubes, hospitales, fábricas y oficinas.
Por Matias Maximo
Recorrió pasillos legislativos, oficinas, hospitales y clubes. Peluquerías, fábricas y escuelas. Durante dos
meses, con una Nikon prestada en el bolso, el ojo de Delfina Martínez caminó por Uruguay con la mirada fija
en un objetivo: captar a identidades T en trabajos formales, sin pose, con una perspectiva casual dentro de sus
horarios laborales: “Atravesada sobre todo por el hecho de que soy una mujer trans, lo hice con la búsqueda
de sacar de la oscuridad a eso que resulta tan poco frecuente de ver, que es el acceso a un sustento por fuera
de la prostitución”, dijo a SOY acerca de “Cuando travajar se escribe con v”, una muestra que se presenta
hasta el 25 de junio en Casa Brandon.
Según Delfina, sus fotos no son la “gran realidad”, más bien excepciones que merecen ser contadas, espacios
donde se filtra un haz para la esperanza. La selección -de grano medio, en blanco y negro-, guarda un
concepto: esta esperanza no quiere condescendencias ni actos de fe, sino abrirse paso desde una fuerza curtida
en años de expulsiones del hogar, de esquinas frías, de adicciones para tapar el dolor. “La muestra se levanta
como un documento social que reivindica el acceso a otras formas de ser. Cuando tu vida está 24 horas un
contexto que te excluye, cuando tenés que pensar en ganarte un peso para solucionar lo que vas a comer
mañana o pagar un día más de habitación, no te queda tiempo para ver que hay otras realidades posibles. Lo
mismo pasa en el caso de los hombres trans, que directamente son invisibilizados y no se los reconoce.
Apenas aparece alguna posibilidad, te das cuenta de que existen cosas que te gusta hacer y por pequeñas que
sean te cambian la vida”, cuenta Delfina.
Hace dos semanas que el parlamento uruguayo analiza una propuesta integral para personas travestis y trans,
que incluye desde cupo laboral hasta acceso a la cultura, pasando por otras necesidades básicas como la
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4 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
vivienda. “Es muy difícil para nuestra comunidad, con todas las limitaciones que se dan, traspasar los 40 años.
Desde la organización de la que formo parte, la Unión Trans del Uruguay, estamos activando para que esta
ley se apruebe cuanto antes”, dice Delfina. Otro de los puntos de esta normativa habla de una reparación
histórica: quienes hayan nacido hasta el 31 de diciembre de 1975 podrán solicitar un resarcimiento por haber
sufrido criminalización sistemática desde el Estado. Por otra parte, se reclama una modificación de la ley de
identidad de género, que a diferencia de la argentina no se limita a un trámite administrativo y precisa de una
aprobación judicial.
¿Proyectos? Delfina tiene muchos. Uno es hacer una reconstrucción audiovisual de la memoria trans en
Uruguay, “para que aquellas que empezaron el movimiento cuenten en primera persona su historia y las
peleas que han dado para afirmar su identidad”. También, a corto plazo, proyecta dedicarse al periodismo
cultural, haciendo un curso primero y después entrando a la carrera de comunicación: “Quiero aportar desde
el arte, disputar cuestiones dadas y dejar ver que todos y todas somos parte de la cultura”.
Invitan: Unión Trans del Uruguay y Colectiva Lohana Berkins. Entrada gratuita y los horarios varían: pueden
consultarse en facebook.com/casabrandon
https://www.pagina12.com.ar/42970-las-manos-a-las-obras
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5 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Es necesario replantear políticas públicas para evitar una crisis humanitaria: Gobernación
Demanda México a países emitir alertas cuando detecten flujos migratorios atípicos
FABIOLA MARTÍNEZ
Periódico La Jornada
Domingo 11 de junio de 2017, p. 11
Ante las restricciones migratorias en Estados Unidos y la flexibilidad en países de Centro y Sudamérica, México
recibe el principal impacto. Ante ello, el titular de la Secretaría de Gobernación (SG) contactó a sus homólogos
de Colombia, Brasil, Panamá y Ecuador, naciones en las que desde 2016 se abrió una brecha para el ingreso y
paso hacia el norte de migrantes procedentes del continente, así como de Asia y África.
El objetivo es que avisen o emitan una alerta a las autoridades mexicanas cuando detecten flujos
extraordinarios o atípicos.
Si bien en lo que va de 2017 el número de extranjeros en tránsito por México ha disminuido, incluso de
algunas nacionalidades entre 40 y 50 por ciento, persiste la presión porque la mayoría intenta pasar hacia
Estados Unidos y al no conseguir su objetivo se quedan aquí, indicaron funcionarios de la SG.
El jueves pasado trataron el tema altos funcionarios de México, Colombia, Panamá, Estados Unidos y
Canadá.
El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SG dijo que es necesario replantear
políticas públicas, especialmente para intensificar la coordinación entre las naciones y evitar que este fenómeno
se convierta en crisis humanitaria.
Según fuentes consultadas, el director general de Migración de Colombia, Christian Krüger, y su homólogo
panameño, Javier Carrillo Silvestri, mostraron disposición para intercambiar información ante cualquier
contingencia migratoria y se comprometieron a generar propuestas de solución.
También manifestaron su preocupación Kevin McAleenan, titular de la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza de Estados Unidos, y el vicepresidente de la Agencia de Servicios Aduanales de Canadá, Peter Hill.
Durante el periodo enero-abril del año en curso han sido presentados 29 mil 629 extranjeros en situación
irregular, de los cuales 24 mil 760 procedían de Centroamérica. Sin embargo, hay incremento de cubanos (618)
y haitianos (852), precisamente dos de las nacionalidades a las que Estados Unidos les canceló beneficios para
el ingreso a esa nación.
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/11/politica/011n1pol
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6 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Lo que sabemos y lo que ignoramos
Roberto Castro
Ilustraciones: Kathia Recio
A partir de 2003, con el levantamiento de la primera edición de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (Endireh) por el Instituto Nacional de las Mujeres y el INEGI, comenzó en México
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7 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
el estudio a gran escala del problema de la violencia de género, con la activa participación de las instancias
oficiales en alianza con el sector académico. El gran salto adelante que representó la Endireh fue su carácter
pionero al ser la primera con una muestra de hogares a nivel nacional (y la primera de su tipo en
Latinoamérica) destinada a la medición de la violencia contra las mujeres, de pareja (2003), y de pareja y de
otros tipos en sus ediciones subsiguientes (2006 y 2011). Paralelamente, a partir de 2003 otras encuestas de
carácter nacional han sido levantadas también desde el sector público, pero enfocándose a sectores específicos
de la población. Como lo demuestra el estado del arte de esa investigación, en los últimos años se ha
acumulado un número muy significativo de investigaciones sobre violencia contra las mujeres en México.
Apoyándonos en esta acumulación de estudios y evidencias, en este artículo nos proponemos sintetizar qué
sabemos y qué nos falta saber sobre el problema de la violencia en contra las mujeres en México.
Qué sabemos
El homicidio de mujeres se incrementó dramáticamente a partir de 2007. Desde 1980 y hasta 2007 la tasa de
homicidios en general de este país había venido descendiendo de manera sostenida. Sin embargo, a partir de
2007, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno federal, la tasa de
homicidios de hombres y mujeres se incrementó dramáticamente, y en tan sólo cuatro años volvimos a los
niveles de tres décadas atrás. Si bien a partir de 2013 estas tasas han comenzado nuevamente a descender, es
evidente que el hondo desasosiego nacional, debido al problema de la inseguridad, está bien fundado.
El homicidio de mujeres presenta claras determinaciones de género. La proporción de muertes por homicidio
entre la población joven (de 19 años o menos) así como entre la población de mayor edad (de 60 años y más),
es más elevada entre mujeres en comparación con los hombres. Es decir, proporcionalmente hablando, se
asesina a más niñas y mujeres de la tercera edad que a niños y hombres de la tercera edad. Por otra parte, la
mayoría de los homicidios de mujeres se da en el espacio doméstico, si bien en los últimos años se incrementó
de manera muy evidente la proporción de homicidios de mujeres ocurridos en la vía pública. Por último, los
medios más crueles de homicidio han aumentado: ahora más mujeres son asesinadas por arma de fuego,
golpes sin armas y violación, ahorcamiento, estrangulación y ahogamiento, así como por armas
punzocortantes; en cambio, en los últimos 10 años ha disminuido drásticamente la proporción de mujeres
muertas por negligencia y maltrato, así como por envenenamiento o ataques con armas corrosivas. Además de
éstas, existen muchas otras evidencias de que el género —en particular, ser hombre o ser mujer— se asocia
directamente con el riesgo de sufrir una muerte violenta, así como con la forma, el lugar, las circunstancias y
los motivos por los que unos y otras mueren por homicidio.
Los determinantes del homicidio de mujeres son diferentes de los de los hombres. El crecimiento de la tasa de
homicidios de hombres se asocia a la guerra contra el narcotráfico, a la existencia de cárteles en la zona y a
condiciones de inequidad. El crecimiento de la tasa de homicidios de mujeres, en cambio, no muestra una
asociación con dichos factores, ni con otras variables socioeconómicas locales. Por tanto, estamos ante
indicios que apuntan a la verosimilitud de la hipótesis feminista que postula la existencia de fuerzas
específicas, como el patriarcado y la desigualdad de género, que le imprimen una dinámica particular al
homicidio de mujeres.1
La mayoría de las mujeres experimenta violencia en el contexto familiar. El carácter sistémico de la violencia
de género se aprecia, también, en el hecho de que sólo 33% de las mujeres de 15 años y más han podido llevar
una vida relativamente libre de violencia pues no atestiguaron ni sufrieron violencia en su infancia, ni la han
ejercido o sufrido en la escuela, ni la han sufrido por parte de su pareja, ni la ejercen contra sus hijos. Para los
otros dos tercios, en cambio, la violencia ha estado presente en sus vidas en una o más de estas modalidades.
El 42% del total de mujeres (unidas, solteras, separadas y viudas) ha sufrido alguna forma de violencia de
pareja alguna vez en su vida. Al comparar las tres ediciones de la Endireh (2003, 2006 y 2011), sin embargo,
un hallazgo notable se refiere a la tendencia decreciente que al paso de los años se registra en la prevalencia
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8 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
(contrario a lo que ha ocurrido con los homicidios). Entre las mujeres unidas o casadas de 15 años y más la
violencia física en los últimos 12 meses pasó de 9.3% en 2003 a 4.4% en 2011; en ese mismo periodo la
violencia sexual cayó de 7.8% a 2.8%; la violencia emocional pasó de 34.5% a 23.3%, y la violencia
económica de 27.3% a 16.1%. Esto parecería indicar que la violencia no letal contra las mujeres está
disminuyendo, dato que contradice las evidencias respecto a otros tipos de violencia de género. La Endireh
2016 (que se levantará a fines de este año) permitirá confirmar o corregir esta hipótesis.
A mayor empoderamiento de las mujeres menor riesgo de sufrir violencia física y sexual. Además del
contexto social en que viven las mujeres, es en el tipo de relación que sostienen con sus parejas donde radican
las claves que explican el riesgo de que sufran (o no) algún tipo de violencia. Así, en la medida en que se
incrementa la participación de los hombres en las tareas domésticas disminuye drásticamente el riesgo para la
mujer de sufrir cualquier tipo de violencia de pareja.2 La implicación de este hallazgo, en términos de política
pública, es inmediata: hay que promover activamente, a través de campañas masivas y duraderas, la
corresponsabilidad de los hombres en las tareas del hogar. Las razones del efecto protector de esta variable
radican en el carácter invisible del trabajo doméstico (que, a diferencia del trabajo que se realiza fuera del
hogar, sólo se ve cuando no se hace) y en el efecto concientizador que ejerce sobre quienes comienzan a
hacerlo tras largos años de sólo darlo por sentado.
Otras mediciones del grado de poder con que cuentan las mujeres en su relación de pareja muestran también
claras asociaciones con el riesgo de sufrir violencia. Así, el índice de autonomía (capacidad de la mujer de
decidir por su cuenta cuestiones sobre trabajar por un pago, ir de compras, visitar a otras personas, comprar
algo para sí misma o cambiar su arreglo personal, participar en una actividad vecinal o política, hacer amistad
con alguna persona o votar por algún partido o candidato) tiene efectos muy claros respecto a la violencia
física y sexual: a mayor autonomía, menor riesgo de sufrir ambos tipos de violencia.
Un patrón un poco más complejo se observa respecto al índice de roles de género (medida en que las mujeres
apoyan una visión más igualitaria entre hombres y mujeres) y el índice de poder de decisión de la mujer (la
influencia efectiva o capacidad de intervención de las mujeres en el proceso de toma de decisiones en
cuestiones personales, sexuales y reproductivas, de crianza y educación de los hijos, y otras de tipo familiar).
En ambos casos, un mayor empoderamiento de la mujer se asocia a un menor riesgo de violencia física y
sexual, pero a un mayor riesgo de violencia emocional. Cabe suponer que este efecto “negativo” del
empoderamiento con respecto a la violencia emocional será sólo temporal en tanto que quizás expresa el
desajuste de muchos hombres ante los nuevos roles que están jugando las mujeres.
Las mujeres enfrentan barreras de género para solicitar y recibir ayuda. Pervive una cultura patriarcal que
coloniza tanto las prácticas de los prestadores de servicios de salud y justicia, como la misma decisión que
toman las mujeres acerca de la conveniencia o no de presentar una denuncia o solicitar atención médica. Sólo
un reducido porcentaje de mujeres presenta cargos contra sus agresores, mayoritariamente cuando se trata de
violencia física. Aunque cierta proporción de mujeres considera haber sido bien atendida, aún sigue
existiendo una gran falta de preparación de parte de los funcionarios que laboran en las instituciones médicas
y de justicia que les permita ver el problema de la violencia contra las mujeres como una genuina materia de
trabajo.
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9 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Qué nos falta saber
La intersección entre el género y otros factores. No existe una indagación sistemática sobre la violencia que
sufren las mujeres en ciertos supuestos específicos. Por ejemplo, no sabemos qué pasa con las mujeres que
tienen alguna discapacidad. También carecemos de información más precisa sobre la violencia que sufren en
particular las mujeres migrantes. (Los testimonios de las que viajan sobre el tren denominado “La Bestia” son
sobrecogedores. La condición de migrante indocumentado constituye una vulnerabilización adicional a las
mencionadas anteriormente, que es urgente investigar en relación al problema de la violencia.) Tampoco se ha
explorado la violencia a la que están expuestas las mujeres no heterosexuales, tanto en el ámbito de la pareja
como en el familiar, laboral y comunitario. La literatura de otros países muestra que también en las parejas
formadas por personas del mismo sexo existe un grave problema de violencia, que en este país ha
permanecido del todo inexplorada. Hasta la fecha tampoco se han realizado investigaciones en poblaciones
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10 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
indígenas con instrumentos en sus propias lenguas, debidamente validados de acuerdo a su contexto cultural,
y con entrevistadoras capacitadas para hacer investigación en dichos espacios. En síntesis, es necesario
investigar los cruces entre el género y la discapacidad, la migración, la preferencia sexual y la condición
indígena.
La importancia estratégica de los análisis regionales. Habida cuenta de que las encuestas nacionales como la
Endireh tienen representatividad estatal, es indispensable realizar análisis jerárquicos que permitan incluir el
papel de los factores estructurales en el nivel regional. Esto apenas se ha hecho y el resultado ha sido muy
revelador, pues las variables asociadas a la explicación de la violencia funcionan diferente en las diversas
regiones. Por ejemplo, un alto nivel de autonomía de las mujeres, en entidades con menor desigualdad de
género, como la Ciudad de México, es un factor protector contra la violencia; pero ese mismo nivel de
autonomía, en estados con una elevada desigualdad de género, se vuelve un factor de riesgo.3 Sabemos,
entonces, que en materia de violencia contra las mujeres las encuestas analizadas a nivel nacional apenas
tienen un valor indicativo. Para fincar políticas más eficaces es preciso realizar análisis estatales y regionales.
Violencia contra mujeres por la ex pareja. Una variante que ha permanecido inexplorada hasta ahora se refiere
a la violencia que sufren las mujeres en el contexto de una separación o divorcio, y por parte de sus ex
parejas. Esta violencia se refiere no sólo a los cuatro tipos ya mencionados (física, sexual, emocional y
económica), sino a las distintas formas que puede adoptar la agresión en estas circunstancias: retención ilegal
de los hijos, denegación de la pensión ordenada por el juez o mutuamente acordada, alteración de la
información personal (como salario) para disminuir el monto mensual a pagar a la mujer, despojo de
propiedades, expulsión de la casa, tráfico de influencias, etcétera. Es importante estudiar este tipo de violencia
pues suele ejecutarse por parte de los hombres en connivencia con otros actores sociales clave,
particularmente abogados y jueces, así como los parientes y otro tipo de personas. El estudio sistemático de
estos atropellos debe permitir desentrañar una de las variantes del funcionamiento de la sociedad patriarcal,
así como su capacidad para activar recursos y agresiones en contra de las mujeres.
La medición de la violencia en el noviazgo. En los últimos años las encuestas que han incluido tanto a
mujeres como a hombres en sus muestras han reportado resultados sorprendentes. Es el caso de la Encuesta
Nacional sobre Violencia en el Noviazgo (Envin 2007), según la cual 10% de hombres reporta haber sufrido
violencia física de parte de sus novias, contra sólo 3% de mujeres que reporta lo mismo de parte de sus
novios.4 Algo similar ocurre con los datos de la Encuesta Nacional de Exclusión, Intolerancia y Violencia en
las Escuelas Públicas de Educación Media Superior en México (ENEIVEMS 2007 y 2009). De acuerdo a esta
fuente, casi 26% de los adolescentes varones reporta haber sufrido alguna forma de violencia en el noviazgo,
mientras que esta proporción es de sólo 10% entre las mujeres. Es necesario dilucidar el carácter de estas
cifras. Es posible que estemos ante datos válidos, en cuyo caso habrá que buscar las explicaciones teóricas
adecuadas. Pero también es posible que estemos ante datos poco válidos ante lo cual habrá que buscar las
causas: una posibilidad, por ejemplo, es que los hombres sobrerreportan la violencia de que han sido objeto
por extrañamiento (la agresión femenina les resulta atípica, de acuerdo a los estándares de género), mientras
que las mujeres subreportan la violencia que han sufrido por normalización (algunas formas de agresión
pueden resultarles típicas de lo que cabe esperar de los hombres). Es necesario continuar con esta línea de
indagación.
Investigación sobre la bidireccionalidad de la violencia de pareja y en el noviazgo. Lógicamente, también es
necesario impulsar estudios que exploren de forma sistemática la bidireccionalidad de la violencia, esto es, no
concentrarse solamente en la violencia que las mujeres sufren, sino también en la que ellas ejercen. Esta línea
de indagación debe llevarse a cabo en diálogo con el debate internacional actual sobre esta materia con el fin
de evitar la trivialización del problema o la reducción de la aparente bidireccionalidad a una supuesta
equivalencia con la violencia que ejercen los hombres. La hipótesis fundamental que ha guiado nuestros
análisis de la Endireh es que la violencia de pareja que sufren las mujeres debe entenderse en el contexto
relacional de la pareja. Por tanto, al entrevistar sólo a mujeres se pierde un cúmulo de información muy
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11 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
relevante para teorizar adecuadamente el problema. Necesitamos información sobre el contexto en el cual se
produce la violencia (bidireccional) de pareja para poder comprender la naturaleza de esa violencia.
Estudios de los agresores, sus motivaciones, sus estrategias, sus justificaciones. También hace falta desarrollar
una línea de investigación que se centre en los agresores de mujeres, para dilucidar sus motivaciones, sus
estrategias y sus “justificaciones”. Un estudio de Segato5 en Brasil con presos por violación permitió
formular una de las hipótesis más audaces y de más largo alcance en relación a los feminicidios de Ciudad
Juárez, a saber: que se trata de un código entre hombres que usan cuerpos de mujeres para comunicarse entre
sí y marcar territorio y jerarquías. La apuesta es que al estudiar a los agresores debe ser posible obtener
elementos para nuevas hipótesis que permitan ampliar el conocimiento que tenemos sobre el funcionamiento
de la sociedad patriarcal y sus articulaciones específicas, en el plano de los actores/ejecutores, con la violencia
contra las mujeres.
Después de 13 años de la realización de la primera Endireh, y luego de la realización de múltiples y diversos
estudios cuantitativos y cualitativos en torno a las diversas expresiones de la violencia contra las mujeres, es
mucho lo que podemos dar por conocimiento acumulado, y son claras las preguntas fundamentales que aún
tenemos por explorar. Las políticas públicas pueden apoyarse en el conocimiento consolidado, al mismo
tiempo que una nueva política de impulso a la investigación en esta materia puede concentrarse en las
prioridades aquí detectadas. Así evitaremos el riesgo de investigar más sobre cosas que ya conocemos al costo
de postergar innecesariamente la exploración de preguntas de urgente resolución.
Roberto Castro
Sociólogo. Es investigador titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.
Especialista en violencia de género, teoría social y salud.
1 Valdivia, M. y R. Castro, “Gender bias in the convergence dynamics of the regional homicide rates in
Mexico”, Applied Geography, vol. 45, 2013, pp. 280-291.
2 Casique, I., “Ìndices de empoderamiento de las mujeres y su vinculación con la violencia de pareja”, en
Casique, I., R. Castro (coords.), Retratos de la violencia contra las mujeres en México. Análisis de Resultados
de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, Inmujeres, México, 2012,
pp. 72-143.
3 Frías, S., Gender, the State and Patriarchy: Partner Violence in Mexico, ProQuest LLC, Ann Arbor, 2008.
4 Castro, R. y Casique, I., Violencia en el noviazgo entre los jóvenes mexicanos, Instituto Mexicano de la
Juventud y CRIM-UNAM, Cuernavaca, 2010.
5 Segato, R. L., Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género entre la antropología, el
psicoanálisis y los derechos humanos, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 2003.
http://www.nexos.com.mx/?p=28505
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12 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Corrupción, impunidad y militarización, otros temas
Activistas exponen a Angela Merkel problemas de derechos humanos
FERNANDO CAMACHO SERVÍN
Periódico La Jornada
Domingo 11 de junio de 2017, p. 5
Diversas organizaciones de la sociedad civil se reunieron ayer con la canciller alemana Angela Merkel para
externar sus preocupaciones respecto de temas como la impunidad, la corrupción y violaciones a derechos
humanos.
En el encuentro –de carácter privado– estuvieron presentes miembros de seis colectivos, quienes
expusieron a Merkel cuáles son algunos de los principales problemas del país y la forma en que éstos impactan
a las garantías individuales, afirmó Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan.
Uno de los temas que las organizaciones enfatizaron es el de la corrupción, un problema añejo y
acendrado que afecta todos los aspectos de la vida de los mexicanos, y frente al cual las autoridades siguen
actuando con leyes e instituciones, pero sin que éstas generen cambios verdaderos más allá del discurso, indicó
el antropólogo en entrevista.
De la mano de la corrupción está la impunidad, fenómeno presente de manera transversal en toda la historia
del país, que ha enviado a los delincuentes el mensaje de que no van a ser castigados por cometer delitos o
violaciones graves de derechos humanos.
Los activistas también pusieron sobre la mesa el asunto de la colusión entre los grupos del crimen
organizado y los organismos de seguridad supuestamente encargados de combatirlos, pues subrayaron que esta
inercia debilita a las instituciones y expone a los ciudadanos.
Otro asunto que señalaron a la canciller alemana fue el de las consecuencias nefastas de la militarización
de la seguridad pública, que sólo multiplicó los casos de violaciones graves a los derechos humanos y ha servido
para postergar el trabajo de depurar a los cuerpos policiacos y establecer contrapesos civiles al poder de las
fuerzas armadas.
En la reunión también se abordó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa –caso en el que
Alemania ya había ofrecido su apoyo al gobierno mexicano–, y la extrema vulnerabilidad en la que realizan su
trabajo los periodistas y defensores de derechos humanos.
Merkel hizo comentarios de que le preocupa de verdad el clima de violencia e inseguridad en México.
Estos temas seguirán aflorando en el discurso del gobierno, pero mientras no aterricen en políticas y
mecanismos concretos, todo va a quedar diluido, lamentó Barrera.
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13 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Facultad que atrasa
A casi dos años –se cumplen este 10 de junio– de la aprobación por el Consejo Superior de la UBA del
“Protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o
discriminación de género u orientación sexual”, se diría que aquí, en la facu, no pasó nada.
Por Paula Jiménez España
¿Qué es un protocolo? Es un conjunto de estrategias de intervención respecto de una problemática (que
consistiría, por ejemplo, en campañas de difusión de programas de prevención, estipulación de formas en que
se deben tomar las denuncias, organización de comités, etc) que las autoridades de la institución -en este caso,
la Facultad de Filosofía y Letras-, tienen la obligación de hacer cumplir. En 2015, cuando el protocolo fue
aprobado, el plazo que se fijó para su aplicación fue de 180 días, pero apenas se dieron unos pocos pasos. Uno
de ellos, en marzo de 2016, fue la creación de la comisión “No a la violencia de género” que funciona en el
edificio de la calle Puan. Ivana Otero, una de sus integrantes, participó de la charla que organizó el Colectivo
de feminismo popular Berta Cáceres en el pasillo del tercer piso de la facultad a comienzos de mayo.
La acompañaron también otrxs tres panelistas: Alba Rueda, Allan Prieto y Ezequiel Bassa. Entonces se
debatieron no solo la escases de acciones concretas (Otero hizo hincapié en la necesidad de difusión y en las
pocas posibilidades de conseguir, a partir del cambio de gobierno, lugares a donde derivar a las víctimas
denunciantes en caso de necesitarse asistencia psicológica), sino tambien la urgencia de incluir una
perspectiva sexual y de género diversa y disidente, ya que el Protocolo parece haber dejado afuera una serie
de realidades, entre ellas las de la comunidad trans. Para traer a esta mesa la cuestión de la invisibilidad como
una de las formas de violencia institucional y discriminación solapada más naturalizadas, expuso en primer
lugar Allan Prieto, integrante de Capicúa. “Me parece que lo interesante de este encuentro es clarificar las
cosas -dijo Prieto-.
Que este protocolo incluya masculinidades trans y pensar en todo, por ejemplo, un baño que solo tenga
mingitorios está excluyendo la realidad de los varones trans. Estas parecen cuestiones sencillas, pero es un
bajón transitar espacios donde no se contemple que las corporalidades son distintas”. Toda distinción, todo
matiz, es evidente que se aparta del lenguaje de la mayoría de las instituciones por sensibles y revolucionarias
que puedan parecer: “Uno piensa que por tratarse de la facultad de Filosofía están más adelantados - dice
Prieto- y cuando venís a plantear determinados debates, te das cuenta de que hay preguntas como las de
Medicina y Psicología, las universidades donde más batallas, continua y constantemente, tenemos que dar
porque nos siguen patologizando”.
En cuanto al marco general normativo a nivel nacional, explicó Ezequiel Bassa, militante de la Organización
Rebelión Popular y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que “las leyes de protección integral a las
mujeres del año 2009 y la ley contra actos de discriminación, de 1988, tienen un sesgo heteronormativo, así
como aparece en algunos lineamientos curriculares que se desprenden del programa de Educación sexual
integral”. Entonces, no es de extrañar, que si el marco general y hasta la misma ESI están levantados sobre
este criterio, en las universidades se lo reproduzca también, por más autónomas que se supongan a la hora de
generar sus propias normas. La activista trans Alba Rueda, entre otras cosas, explicó cómo fue expulsada de
una cátedra por su identidad en esa misma facultad y cerró la charla contando las resistencias de la burocracia
institucional para que su nombre fuera respetado en los papeles, aun después de la sanción de la Ley de
identidad de género.
“Me parece que el protocolo puede enriquecerse en la medida en que pueda ponerle voz a la experiencia trans
-dijo-, por ejemplo, poder decidir qué hacer cuando hay una persona trans y quiere cambiar su libreta
universitaria siendo estudiante. Esta cuestión del coming out dentro de la institución, ¿cómo se traduce esto?
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14 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
¿Con qué herramientas? En mi caso, me borraron la libreta con LiquidPaper y pusieron “Alba” y al final,
después de que con la ley de identidad de género estaba explícito que los datos personales tenían que ser
protegidos por la institución, aclararon:
“Se procede a cambiar el nombre de fulanito por el de Alba”. Por su puesto que su caso es uno más de esos
que las normativas protocolares parecen desconocer: “En la práctica -cuenta Ivana Otero- de cada denuncia se
abren un montón de situaciones nuevas a contemplar. Muchas no cuadran en el protocolo, se salen de su
formalidad”.
https://www.pagina12.com.ar/42965-facultad-que-atrasa
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15 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Aplicar sanciones permitirá combatir la impunidad, apunta
Insta Inmujeres a legislar sobre la violencia política para poner orden
JESSICA XANTOMILA
Periódico La Jornada
Lunes 12 de junio de 2017, p. 7
Sin una legislación en materia de violencia política no podemos poner orden. Es de suma importancia para que
se implanten sanciones contra quien la ejerza, ya que además ésta es la mejor manera de prevenir, atender y
combatir la impunidad en la que se da, aseguró Marcela Eternod Arámburu, secretaria ejecutiva del Instituto
Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Refirió que de 2012 a 2016 se presentaron ocho iniciativa en esta materia en el Senado, y de 2015 a 2016
cuatro en la Cámara de Diputados, pero ninguna se aprobó.
Indicó que las mujeres que trabajan en la esfera política, en los comités comunitarios, en las colonias, en
las células de los distintos partidos han sufrido a lo largo de su vida la participación de violencia, pero no la
identificábamos, sino hasta que tenemos todo este andamiaje de otros tipos de abusos se empieza a detectarla,
al ver que no se les dan recursos para desarrollar sus campañas, las omiten de las listas o se les excluye de la
toma de decisiones.
Eternod Arámburu mencionó que se han dado casos emblemáticos en los cuales las mujeres han sido
violentadas simplemente por el hecho de querer participar, como sucedió con Felícitas Muñiz, alcaldesa de
Mártir de Cuilapan, Guerrero, que en mayo del año pasado fue presionada para dejar el cargo con amenazas de
muerte, robo de bienes y allanamientos.
Reconoció que a pesar de que la denuncia es importante con un marco legal para la sanción, muchas de las
mujeres no lo hacen por miedo, porque piensan que así siempre ha sido y seguirá siendo.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, dijo, tiene más de 170 denuncias y el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 2016 a enero de 2017, registraba 11 sentencias.
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/12/politica/007n3pol
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16 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
ARTICLE 19 MX-CA @article19mex 23 jun.
El feminicidio de Miroslava Breach no debe quedar impune. Tres meses después, no hay avances en la
investigación. #NoAlSilencio
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17 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Violentadas
Sonia M. Frías
Violencia. Esa palabra resuena (desafortunamente) en nuestros oídos a diario. Violencia hacia los niños/as,
violencia del crimen organizado, violencia política, violencia simbólica, violencia institucional, violencia de
género, violencia contra las mujeres… así podría seguir como si fuera Bubba en Forrest Gump, enumerando
las distintas recetas que se pueden preparar con camarones. Pero… ¿Mujeres? ¿Violencia hacia las mujeres?
¿Qué tienen en particular sus experiencias? ¿No será que unas viejas chismosas no tienen nada mejor que
hacer que llamar la atención sobre la situación que viven sus congéneres planteándola como algo distinto a la
que viven los varones?
Ilustraciones: Kathia Recio
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18 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
No toda la violencia hacia las mujeres es violencia de género. La violencia de género consiste en cualquier
acto que provoque algún tipo de daño a otra persona, que se realice en contra de la voluntad de ésta, y que
esté “originado en las desigualdades de poder (género), que explotan las distinciones entre hombres y
mujeres. Aunque no se dirige exclusivamente contra las mujeres y las niñas, la violencia de género las afecta
principalmente a ellas en todas las culturas” (Ward, 2002; Castro y Casique, 2010). Algunas formas de
violencia hacia las mujeres están asociadas al sexismo y/o al deseo de dominarlas. Éste es el caso, por
ejemplo, de la violación, acoso sexual, tráfico de mujeres, esterilización en contra de la voluntad, imposición
de métodos anticonceptivos, feminicidio, gran parte de la violencia de pareja y abortos selectivos en función
del sexo. Las teorías feministas pueden explicar estas formas de violencia al estar influidas por la
construcción social del ser hombre y mujer en nuestra sociedad, que se manifiesta en la estratificación de
género y en la diferenciación de roles de género. Sin embargo, otras formas de violencia hacia las mujeres no
tienen que ver —o al menos no directamente— con esta diferencia socialmente construida entre hombres y
mujeres, es el caso de los delitos contra la propiedad, secuestros y extorsiones, sólo por mencionar algunos
(Russo y Pirlott, 2006). Dicho tipo de victimizaciones se pueden explicar mejor a partir de teorías
criminológicas y de victimización en las que el género aparece como un factor que puede incrementar la
vulnerabilidad.
La violencia de género hacia las mujeres tiene distintas caras o distintas expresiones sutiles de control (como
el lenguaje sexista o la discriminación por embarazo), hasta formas más explícitas (como la violación o el
feminicidio). Las personas suelen clasificar la violencia según su severidad, lo cual les lleva a normalizar y
condonar las formas menos severas de violencia y exclusión. Sin embargo, dentro de este continuo, la
normalización de las formas menores de violencia en contra de las mujeres colabora a perpetuar la violencia
hacia ellas.
Centrarme en la violencia de género hacia las mujeres no implica que los hombres no padezcan algunas
expresiones de violencia de género, como pueden ser a las que se enfrentan gays y travestis en el espacio
público o en sus hogares. Tampoco implica que no la ejerzamos hacia ellos. En el caso de México, por cada
asesinato de un hombre registrado durante 2015 en el que hubo violencia familiar se registraron 8.6 de
mujeres.1 También se ha documentado, por ejemplo, que los hombres padecen acoso y hostigamiento sexual
en el empleo, en el ámbito educativo (Frías, 2013a; Salinas Rodríguez y Espinosa Sierra, 2013) y violencia
física de pareja (Frías, en prensa). Pero todo lo anterior en menor medida que las mujeres. Hay evidencia, sin
embargo, de que el género moldea que un mismo acto sea interpretado como violencia o no, así como el
significado atribuido y la reacción ante el mismo (Frías, 2013a). Los actos de violencia hacia los hombres por
parte de las mujeres pueden explicarse a partir de distintos factores de carácter biológico, individual,
relacional, pero no a partir de desigualdades de poder socialmente construidas que favorezcan estructural e
ideológicamente a las mujeres.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y sus homólogas en las entidades
federativas han permitido delinear los distintos contextos en los que se presenta la violencia de género hacia
las mujeres (familiar, pareja, educativo, laboral, institucional y comunitario) e identificar las distintas
expresiones de la misma (física, sexual, emocional/psicológica/control, patrimonial/económica, obstétrica y
feminicida). Pero, ¿es tan grande el problema de la violencia de género hacia las mujeres como para
preocuparnos? ¿No será que unos/as cuántos/as están magnificando el problema?
Los datos oficiales disponibles sobre violencia hacia las mujeres sólo refleja la punta del iceberg ya que
representan aquellos casos en que las mujeres han padecido alguna forma de violencia, han ido a buscar ayuda
a alguna institución pública, las han atendido y han registrado su caso. Por ejemplo, los datos que ofrecen las
procuradurías y fiscalías estatales de justicia —las instituciónes a las que en mayor medida tienden a acudir
las víctimas de violencia de pareja y violencia sexual no de pareja (Frías, 2012, 2013b)— tienen numerosos
problemas de subregistro (Ríos, 2013). Esta información, además, tiende a no estar desagregada por sexo ni
por todos los tipos de delito.
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19 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Las encuestas, por su parte, muestran datos más cercanos a la realidad ya que no tienen los problemas de
autoselección de los que adolecen los registros administrativos. En México contamos con diversas encuestas
generales que miden victimización y encuestas centradas en alguna o varias manifestaciones de violencia
hacia las mujeres. Aunque las primeras tienden a subregistrar el fenómeno (Bachman, 2000; Koss, 1996;
Schwartz, 2000), ambas permiten aproximarnos de alguna forma al fenómeno de la violencia de género hacia
las mujeres. Digo aproximarnos porque no se puede estimar la verdadera magnitud del problema ya que
ambos tipos de encuestas presentan al menos cuatro problemas: a) tienden a no abordar la multiplicidad de
expresiones de violencia hacia las mujeres en distintos ámbitos; b) muchas no son representativas de todas las
mujeres; c) las definiciones conceptuales y operativas tienden a no coincidir; d) consideran las distintas
formas de violencia como eventos separados e independientes en lugar de conceptualizarlas como diversas
manifestaciones que varían dependiendo del contexto en el que se presenten (Koss et al., 1994).
Una de las fuentes de datos más completa es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (ENDIREH). La última se realizó en 2011. A pesar de las limitaciones, los datos sobre la magnitud
de la violencia de género hacia las mujeres que presenta esta encuesta son contundentes. Voy a presentarlos
utilizando estimaciones poblacionales en lugar de porcentajes porque a veces pareciera que éstos quedan en el
plano de lo abstracto.
Sólo por parte de nuestra pareja alrededor de cuatro millones 600 mil mujeres en México fuimos objeto de
violencia sexual, control o violencia física durante 2011—cifra equivalente al número de mujeres y niñas
residentes en el Distrito Federal en 2010. Más concretamente:
• Más de un millón 300 mil mujeres en México padecieron violencia física.
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20 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
• 830 mil, violencia sexual.
• Cuatro millones 200 mil, control coercitivo. 2
Por personas distintas a la pareja (compañeros de trabajo, superiores jerárquicos en el trabajo, compañeros de
escuela, autoridades escolares, amigos, conocidos, familiares, vecinos, autoridades públicas y desconocidos)
durante 2011:
• Más de dos millones 600 mil mujeres fuimos objeto de abuso sexual (equivalente a toda la población de
Sonora). Es decir, hemos sido toqueteadas, violadas, hemos tenido miedo de ser atacadas o abusadas
sexualmente, hemos recibido insinuaciones no deseadas, hemos presenciado algún acto exhibicionista o algún
tipo de acto sexual en el ámbito público, laboral, educativo o familiar.
• Alrededor de cuatro millones 200 mil mujeres recibimos piropos o frases de carácter sexual que nos hicieron
sentir mal.
En el otro extremo del continuo de violencia, las mujeres también padecemos formas de discriminación que
buscan excluirnos de determinadas posiciones sociales (ver la Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Violencia hacia la Mujer). Aproximadamente:
• A 7.8% de las mujeres asalariadas nos han solicitado una prueba de embarazo durante 2011 (más de un
millón de mujeres).
• A casi tres millones de mujeres (23% de las empleadas por cuenta ajena) nos han pagado menos que a un
hombre que realiza las mismas actividades en el trabajo, hemos tenido menos oportunidades de ser
ascendidas, y/o hemos recibido menos prestaciones.
De las formas de violencia y discriminación a las que me he referido se desprende que aproximadamente 11
millones y medio de mujeres en México hemos padecido al menos un evento de violencia durante 2011.
Muchas hemos padecido el mismo en más de una ocasión o diversos en varias ocasiones.3 Esta cifra sería
mucho mayor si incluimos a las mujeres que han padecido violencia institucional, es decir, esas
manifestaciones de violencia que por acción u omisión ejerce el Estado al reproducir, en su quehacer,
procedimientos y productos, la desigualdad de género imperante en la sociedad (Connell, 1990; MacKinnon,
1989). Podemos pensar en las mujeres a quienes nos han colocado un dispositivo intrauterino en contra de
nuestra voluntad, las que hemos sido esterilizadas sin nuestro consentimiento o que hemos recibido malos
tratos en las salas de parto (Castro y Erviti, 2003; Frías, 2012), en las que aun peligrando nuestra vida no
hemos recibido órdenes de protección (Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio y Católicas por el
Derecho a Decidir, 2013), y en las que después de una violación no hemos tenido acceso a anticoncepción y
tratamiento para infecciones de transmisión sexual (Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, 2012).
No puedo ofrecer cifras sobre la magnitud de estas expresiones de violencia ya que no contamos con datos
representativos y confiables.
Estar expuesto a una forma de violencia invariablemente incrementa el riesgo de padecer otra forma de
violencia o victimización (Frías y Castro, 2011; Frías y Erviti, 2014). En cuadro 1 se muestra que 14% de las
mujeres mexicanas unidas en relaciones amorosas y aquellas que lo estuvieron en alguna ocasión, padecieron
violencia física, sexual o control coercitivo por parte de su pareja o ex pareja durante el último año. De éstas,
24% estuvo expuesta a algún tipo de violencia sexual. En cambio, sólo 9% de las que no padecieron esas
formas de violencia de pareja sufrieron algún tipo de violencia sexual en el ámbito laboral, educativo, familiar
o comunitario. Estamos entonces ante un problema público: el problema público y social de las violencias de
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21 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
género contra las mujeres. Hablo de violencias porque las padecemos de forma concurrente y a lo largo de
nuestra vida.
Las violencias de género hacia las mujeres también están relacionadas con otras formas de victimización no
tan asociadas al género como pueden ser los delitos contra la propiedad, amenazas y extorsiones. Por ejemplo,
análisis propios del módulo de jóvenes de la Encuesta sobre Cohesión Social para la Prevención de la
Violencia y la Delincuencia 2014 (ECOPRED) muestran que las adolescentes y mujeres jóvenes entre 12 y 29
años padecen en mayor medida tocamientos y abuso sexual que los jóvenes de esas mismas edades.
Concretamente, se estima que 7.1% de ellas (entre 316 y 349 mil) fue objeto de tocamientos durante 2014 y
que 2.1% (entre 87 y 106 mil) padeció abuso sexual.
El cuadro 2 muestra que aquellas niñas y jóvenes que han padecido una forma de victimización de género
tienen mayor probabilidad de padecer victimizaciones no de género (y viceversa). Por ejemplo, aquellas que
tuvieron algún tipo de encuentro sexual indeseado tienen una probabilidad 2.4 veces mayor de haber padecido
un robo sin violencia, robo con violencia (2.2 veces mayor), y haber sido objeto de bullying (4.5 veces
mayor). De forma similar, haber sido objeto de tocamientos no deseados incrementa en más de 400% el riesgo
relativo de ser objeto de amenazas, y en 150% de haber padecido un robo violento. Esto sugiere que estas
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22 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
formas de violencia de género y victimización pueden producirse en contextos semejantes, y que los factores
de vulnerabilidad pueden estar interrelacionados.
Dos conclusiones emergen de estos datos. Primero, las intervenciones de los poderes públicos encaminadas a
prevenir y atender la violencia deben tener en cuenta que los contextos en los que se produce la violencia de
género y no de género son parecidos, así como también pueden serlo los factores de vulnerabilidad. Segundo,
las violencias de género están interconectadas y deben conceptualizarse de forma comprehensiva.
Conceptualizar el fenómeno de las violencias de género de forma fragmentada genera una competencia entre
problemas sociales que pueden llevarnos a plantear si la violencia de pareja es más o menos importante que el
feminicidio o si el acoso sexual en el transporte es más o menos relevante que la violación. Estos
planteamientos son inadecuados ya que las distintas manifestaciones de violencia de género hacia las mujeres
forman parte de un mismo problema social que se distribuye en forma de continuo y que tiene un origen
común: la desigualdad socialmente construida entre hombres y mujeres.4 Es decir, estudiar y abordar de
forma separada la problemática del feminicidio, la violencia de pareja, el acoso sexual en la calle, el
hostigamiento sexual y la violencia institucional, por mencionar algunas, puede generar una pugna por
establecer cuál es el problema (de violencia) más relevante, así como tensiones por la distribución de
recursos. Aunque los hombres también padecen violencia en distintos contextos, a lo largo de toda nuestra
trayectoria de vida, las mujeres continuamos siendo la mayoría de las víctimas de violencia de género ya que
en el ámbito público, privado e institucional padecemos situaciones que nos excluyen, discriminan y violentan
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23 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
debido a las desigualdades de poder socialmente establecidas entre hombres y mujeres y que se reproducen en
las instituciones sociales.
Referencias
Bachman, R. (2000): “A Comparison of Annual Incidence Rates and Contextual Characteristics of Intimate
Partner Violence Against Women from the National Crime Victimization Survey and the National Violence
Against Women Survey”, Violence Against Women, 6(8), pp. 839-867.
Castro, R., y Casique, I. (2010): Violencia en el noviazgo entre los jóvenes mexicanos, Centro Regional de
Investigaciones Multidisciplinarias-Instituto Mexicano de la Juventud, Cuernavaca.
Castro, R., y Erviti, J. (2003): “Violations of Reproductive Rights during Hospital Births in Mexico”, Health
and Human Rights, 7(1), pp. 91-110.
Connell, R. W. (1990): “The State, Gender and Sexual Politics: Theory and Appraisal”, Theory and Society,
19(5), pp. 507-544.
Frías, S. M. (2012): “Violencia contra las mujeres mexicanas en los ámbitos familiar, educativo, laboral,
comunitario e institucional: evidencia a partir de las encuestas”, en F. Ríquer y R. Castro (eds.), Estudio
nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que reproducen la violencia contra las mujeres, Conavim,
México. Disponible en http://bit.ly/1s5um6x.
Frías, S. M. (2013a): “Definiciones, género y acoso sexual en el ámbito laboral: el caso de un tribunal federal
mexicano”, en C. Agoff, I., Casique y R. Castro (eds.), Visible en todas partes. Estudios sobre violencias
contra las mujeres en múltiples ámbito, CRIM-UNAM y Porrúa, Cuernavaca, pp. 75-102.
Frías, S. M. (2013b): “Strategies and Help-Seeking Behavior in Law-Enforcement Offices Among Mexican
Women Experiencing Partner Violence”, Violence Against Women, 19(1), pp. 24-49.
Frías, S. M. (en prensa): “Challenging the Representation of Intimate Partner Violence in Mexico:
Unidirectional and Mutual Violence and the Role of Male Control”, Partner Abuse.
Frías, S. M., y Castro, R. (2011): “Socialización y violencia: Desarrollo de un modelo de extensión de la
violencia interpersonal a lo largo de la vida”, Estudios Sociológicos, 86(29), pp. 497-550.
Frías, S. M., y Erviti, J. (2014): “Gendered Experiences of Sexual Abuse of Teenagers and Adolescents in
Mexico”, Child Abuse and neglect, 38(14), pp. 776-787.
Johnson, M. P., Leone, J. M., y Xu, Y. (2014): “Intimate Terrorism and Situational Couple Violence in
General Surveys: Ex-Spouses Required”, Violence Against Women, 20(2), pp. 186-207.
Koss, M. P. (1996): “The Measurement of Rape Victimization in Crime Surveys”, Criminal Justice and
Behavior, 23(1), pp. 55-69.
Koss, M. P., Heise, L., y Russo, N. F. (1994): “The Global Health Burden of Rape”, Psychology of Women
Quarterly, 18, pp. 508-537.
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24 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
MacKinnon, C. A. (1989): Toward a Feminist Theory of the State, Harvard University Press, Cambridge,
MA.
Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (2012): Atención de las mujeres víctimas de violación en
las Secretarías de Salud de 10 estados (junio 2010-junio 2011).
Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, y Católicas por el Derecho a Decidir (2013): Órdenes de
protección en México: Mujeres víctimas de violencia y falta de acceso a la justicia, México.
Ríos, A. (2013): Sistemas de Información de los Ministerios Públicos con Perspectiva de Género. Informe
Nacional, INMUJERES y CIDE, México.
Russo, N. F., y Pirlott, A. (2006): “Gender-Based Violence. Concepts, Methods, and Findings”, Annals of the
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Salinas Rodríguez, J. L., y Espinosa Sierra, V. (2013): “Prevalencia y percepción del acoso sexual de
profesores hacia estudiantes de la licenciatura de psicología en la FES Iztacala: Un estudio
exploratorio”, Revista Electrónica de Psicología Iztacala, 16(1), pp. 125-147.
Schwartz, M. D. (2000): “Methodological Issues Using Surveys”, Violence Against Women, 6(8), pp. 815-
838.
Sonia M. Frías
Investigadora titular en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
http://www.nexos.com.mx/?p=28501
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Se ha incrementado a partir de la integración del Concejo Indígena de Gobierno
Denuncia el CNI ‘‘escalada represiva’’
ELIO HENRÍQUEZ
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 12 de junio de 2017, p. 6
San Cristóbal de las Casas, Chis.
El Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció que a partir del nombramiento –a finales de mayo– del
Concejo Indígena de Gobierno (CIG) para México, y de su vocera, María de Jesús Patricio Martínez, se ha
incrementado la ‘‘escalada represiva’’ en contra de sus integrantes.
Por ello, llamó ‘‘a los pueblos de México, indígenas y no, a las organizaciones honestas de derechos
humanos, a los medios de comunicación, a la comunidad científica e intelectual, a repudiar esta escalada’’.
Agregó que dicha campaña está dirigida contra ‘‘compañeros y compañeras de nuestros pueblos donde se
han estado nombrando concejales para la integración del (CIG), lo que representa una agresión en contra del
congreso y de nuestra propuesta lanzada a toda la nación’’.
El CNI advirtió ‘‘a quienes piensan que nuestra lucha caerá por su represión’’, que ‘‘este caminar es por la
vida y la libertad, y por tanto la muerte no la detendrá, sino todo lo contrario’’.
En un comunicado titulado La ofensiva de arriba, ante el movimiento de abajo, llamó ‘‘a la sociedad civil
a estar consciente, solidaria y atenta a esta lucha, a esta ofensiva, que es por reconstruir la democracia, la libertad
y la justicia para todas y todos’’.
Detalló que en Chiapas, ‘‘crece la hostilidad y grave tensión que los malos gobiernos han generado en el
ejido Tila, por caciques ligados a grupos paramilitares en su intento por que regrese el mal gobierno a la
comunidad, como es el líder paramilitar de Paz y Justicia, Arturo Sánchez y su hijo Francisco Arturo Sánchez
Martínez, quienes realizando disparos y acompañados por más personas pertenecientes a su organización
cerraron el acceso a Tila’’.
Denunció que el pasado 5 de junio estas personas ‘‘bloquearon la carretera Tila-Salto de Agua, frente al
hospital integral de Tila y en el tramo Tila-Yajalón; incluso caminos dentro de terrenos ejidales con personas
encapuchadas y armadas’’.
Señaló que en la comunidad de San Francisco, municipio de Teopisca, ‘‘los ricos pretenden arrebatar
nuevamente la tierra dignamente recuperada por nuestros hermanos, miembros del grupo de trabajo Semilla
Digna’’.
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/12/politica/006n1pol
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26 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Diga 33
Se acaba de editar en castellano el libro de cuentos lésbicos Amora, de la escritora brasileña Natalia Borges
Polesso. Por fuera del clisé y en primerísimo plano, la experiencia de ser mujeres entre mujeres en un mundo
de hombres y de familias tradicionales a lo largo de 33 relatos. La autora visita Buenos Aires para presentar
su libro.
Por Paula Jiménez España
Imagen: Eduardo Martins
Al leer Amora no es difícil llegar a esta conclusión: sigue resultando necesaria una suerte de sociología así,
una ficción capaz de hacerle justicia a tanta vivencia lésbica invisibilizada. Este libro de cuentos (con el que
su autora obtuvo el premio AGES (Associação Gaúcha de Escritores), el Açorianos de Literatura, y el Jabuti
2016), es el tercero de Natalia Borges Polesso y acaba de ser publicado en castellano por Odelia Editora, para
alegría de muchas tortas y no tortas hispanoparlantes. Son 33 historias que abren el abanico de una existencia
colectiva que por ser múltiple se aleja de una representación cliché. Lo abyecto, lo diferenciado, lo
monstruoso convive con lo normativo porque los estereotipos que la autora combate le resultan a la vez
imprescindibles para hacerlos desencarnar, devolverlos a su infierno de cartón, a su inercia cultural
aplanadora.
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27 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
En el cuento “Flor, flores de hierro retorcido” (uno de los más hermosos), el estigma de la marimacho
(“machorra” en portugués) como enferma, pasa por el tamiz de los ojos de una nena. Al escuchar esto de la
enfermedad en referencia a una vecina, la niña –personaje inspirado en vivencias de la propia autora– opta por
llevarle flores, porque imagina que por trabajar con hierros en un taller lo que tiene es tétanos. Haber
equiparado en la mente infantil del personaje el lesbianismo con el tétanos, es una buena maniobra para hablar
del proceso mortífero que esta opción sexual simboliza para esa madre y esa cultura. ¿Quién no recuerda el
dolor de haber sido invisibilizada e invisibilizar alguna vez? De estas dos cuestiones se nutren los cuentos.
Personajas deseantes, mansas, revoltosas, aplomadas, inexpertas, jóvenes, ancianas, ansiosas, habladas en
discursos coloquiales, literarios o epistolares, en primera, segunda o tercera persona, todas distintas e
igualmente reconocibles por su pertenencia a la voz de una autora que logra hacer equilibrio en una zona
difícil: una línea donde política y poética pueden encontrarse sin repelerse. “Mi idea era hacer un libro, una
recopilación de cuentos en que las mujeres fueran protagonistas de las historias, mujeres lesbianas –cuenta
Natalia–. Mi propuesta era un poco deshacer esas representaciones más cliché de la identidad lésbica y de las
propias relaciones entre mujeres. Fui pensando en una especie de panel, de panorama de tipos que quería
representar. Pero eso no funcionó como proyecto porque los personajes que fui creando empezaron a tener
más importancia que cumplir una función como si fuese un bingo de ciertos tipos. Se volvieron más
importantes para mí que el trabajo. Y ahí sí me parece que Amora termina siendo un libro político, social,
porque los personajes son pensados con esa identidad porque es la forma como ellos están en el mundo”.
Fue muy buena la recepción sobre todo de la colectividad lésbica…
–Amora viene a suplir una laguna y eso lo percibí con la recepción del libro. Una tiene una idea de lo que
quiere hacer, pero nunca sabe cómo las personas van a recibir ese trabajo y cuando empecé a tener respuestas
de las lectoras, hablando de cómo se sentían representadas al leer y que nunca habían pensado que una
historia de esas podría estar en la literatura, me di cuenta de que sí tiene una función política, y me terminó
dando la oportunidad de crear una red, de conocer gente que está escribiendo sobre cuestiones de género en
literatura.
¿Cómo ves el panorama de la literatura en Brasil? ¿Cómo ingresa el tópico lésbico, considerado tantas veces
como tema aparte dentro de la gran literatura?
–Hablar de literatura brasileña contemporánea hoy es un desafío. Gracias al trabajo de Regina Dalcastagnè en
la Universidad de Brasilia y a sus grupos de investigación, la literatura brasileña amplió su mirada. Ellos
trabajan para deconstruir al autor brasileño hoy que es un hombre blanco de cincuenta años que vive entre Río
de Janeiro y San Pablo. Es un gran momento de la literatura brasileña. Nunca se había producido tanta poesía.
La editorial Patuá publicó 350 libros de poesía de género el año pasado, con tiradas mínimas, de 100 a 300
libros, que están figurando en los grandes premios de literatura del país.
Amora justamente encaja en esa pluralidad...
–Sí. Y hay un trabajo enorme de esos investigadores y de la crítica (que es muy académica) de traer esas
literaturas más marginales para los grandes centros de discusión. Esas voces hoy están ahí, tenemos literatura
de autoría femenina, negra, de encuentros culturales de periferia, y ya era hora de que la autoría lésbica se
pronunciara; algunos escritores incluían personajes homosexuales en sus libros, pero no con protagonismo ni
autoral ni de personajes, sino con personajes secundarios. Amora se inserta en ese camino, en ese escenario de
deconstrucción de la hegemonía de autoría masculina y blanca.
¿Pensás que existe una literatura de género como género literario en sí mismo?
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28 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
–Sí y no. No, porque literatura es literatura y necesita circular y ser libre y consumida por todos, que no quede
restringida a siglas o rótulos, sin embargo, los rótulos todavía son necesarios en momentos en que se precisa
una lucha contra el sistema o para tener representación tanto en términos de autoría como de temática. Es una
respuesta doble. Existe como posicionamiento político.
En el cuento “Abuelita, ¿usted es lesbiana?” el tabú familiar impide que las mujeres lesbianas puedan hablar
de eso entre ellas.
–Era un tema que necesitaba contar en el libro y es algo que atraviesa generaciones. El primer conflicto que
yo tuve, que las personas tienen con su sexualidad, es en la familia, que es el ambiente más cercano. La
aceptación de la familia es algo muy importante, porque te ayuda después a pasar con más confianza por las
otras aceptaciones. Todavía es un gran tabú familiar hablar de eso.
El título “Amora”, ¿tiene relación con el libro de la autora mexicana Rosa María Roffiel?
–Primero Amora se iba a llamar “Amor a”, pero me preocupaba cómo las personas iban a leer eso, y decidí
dejar Amora, como un juego de amor en femenino. Investigué si había otro libro llamado así y en ese
momento no encontré nada que me llamara la atención. Tiempo después descubrí el libro de Rosa y lo dejé
para investigar más adelante y terminé olvidándome. En la PUC (Universidad de Porto Alegre), una persona
me lo recordó, me habló del libro y me lo prestó. Fue una coincidencia muy feliz. l
Amora se presenta en viernes 9 a las 20.30, en Espacio 22 (Zapata 406). El domingo 11 a las 15.30
Borges Polesso dará una charla en la Feria de editores (Santos Dumont 4040). El lunes 12 de junio a las 19 la
autora dialogará sobre género y cultura en Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (Puán 480).
https://www.pagina12.com.ar/42956-diga-33
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29 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Revista Scenario @RevistaScenario
Feliz día de la marcha del orgullo CDMX #MarchaDelOrgulloGay2017
https://twitter.com/RevistaScenario/status/878722329135779840?s=09
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30 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Una ONG y cuatro activistas estadunidenses son los galardonados
Confiere la UNAM reconocimiento a defensores de migrantes vulnerables
EMIR OLIVARES ALONSO
Periódico La Jornada
Martes 13 de junio de 2017, p. 10
Cuatro destacados activistas y una organización civil estadunidense son los galardonados de la primera edición
del Reconocimiento Alfonso García Robles para Labores Destacadas en Favor de Personas Migrantes, creado
por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La idea de este premio es honrar en vida, o de manera póstuma, a servidores públicos, autoridades e
instituciones que hayan realizado labores destacadas en defensa, promoción, protección o garantía de los
derechos humanos de migrantes en condición de vulnerabilidad.
Los ganadores son: Kalman D. Resnick, fundador del Centro para el Servicio Legal para Inmigrantes;
Dolores Huerta, presidenta de la fundación que lleva su nombre; Angélica Salas, directora ejecutiva la Coalition
for Humane Immigrant Rights; Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles, y la organización American Civil
Liberties Union.
Se informó que la creación de este reconocimiento –que lleva el nombre diplomático mexicano ganador
del Nobel de la Paz en 1982– es parte de los esfuerzos de la UNAM por brindar apoyo a los migrantes mexicanos
ante las políticas en su contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Kalman D. Resnick es abogado especialista en temas de defensa a los derechos de migrantes. Nació en
1973 en Chicago. Obtuvo el premio Reginald Heber Smith Fellowship a los jóvenes graduados preocupados
por la defensa de los pobres y oprimidos en Estados Unidos. En Chicago ha trabajado durante años al servicio
de las personas sin documentos.
Dolores Huerta nació en Nuevo México hace 83 años. Estudió en la Universidad del Pacífico, en Stockton,
donde inició su lucha contra la injusticia social al ser testigo de las precarias e injustas condiciones de muchos
de sus alumnos. En 1962, junto con César Chávez fundó la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas.
Sigue abogando por los derechos civiles y la igualdad de los grupos vulnerables. Ha recibido varios
reconocimientos: los premios a los Derechos Humanos Eleanor Roosevelt y Ohtli, así como nueve
doctorados honoris causa de universidades de Estados Unidos.
Angélica Salas es directora ejecutiva la Coalition for Humane Immigrant Rights, donde ha encabezado
campañas en favor de esos grupos. Gracias a sus gestiones, se logró una colegiatura estatal reducida para
estudiantes inmigrantes indocumentados. Es portavoz para la reforma migratoria y miembro activo del Fair
Immigration Reform Movement.
En 2013, el alcalde Los Ángeles, California, Garcetti, restableció la Oficina de Asuntos de Inmigrantes
para promover y fomentar el bienestar económico, cultural, social y político de estas comunidades en su ciudad.
La idea es desarrollar programas e iniciativas para apoyar la integración de los migrantes mediante los servicios
de la ciudad, la divulgación y la abogacía legislativa. A finales de 2016, junto con la consejera Hilda Solís, el
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31 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
alcalde propuso la creación de un fondo de 10 millones de dólares para contratar a abogados defensores de los
migrantes indocumentados locales.
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/13/politica/010n2pol
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32 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Derechos de papel
1 JUNIO, 2016
Ana Pecova
María es una mujer indígena, maya, de 24 años, que vive en condiciones de extrema pobreza en una
comunidad rural en Yucatán. Es una persona con una discapacidad psicosocial. En 2012 María fue violada
por un hombre cercano a su familia y la violación resultó en un embarazo. Acompañada por su madre María
presentó una denuncia en contra de su violador. El ministerio público nunca emitió una orden de protección,
por lo que el violador permaneció en su inmediata cercanía. Un año más tarde María fue violada otra vez por
el mismo hombre, y otra vez quedó embarazada. El ministerio público no sólo rechazó cualquier
responsabilidad, sino se negó —se niega— a levantar una segunda denuncia acusando a María de mantener
una relación amorosa con el violador. El juez penal que atendió el caso concluyó que María se “dejó violar”
por su “retraso mental”, el cual no le permite distinguir entre “lo bueno y lo malo”. Con ayuda de
organizaciones de la sociedad civil el caso está en revisión. Mientras tanto María lleva cuatro años buscando
la justicia sin ningún resultado.
Ximena es una mujer española. En 2004 se casó con un mexicano y tuvieron un hijo. Varios años después
decidieron separarse. En el juicio de guarda y custodia el juez falló en su contra, utilizando el argumento de
que Ximena no sigue los valores tradicionales de la familia. Para el juez, Ximena no cumple con el rol de
“madre mexicana” y no entiende, como los mexicanos, los conceptos de amor, solidaridad y familia. El juez
de distrito que revisó el amparo reiteró el fallo original, otorgándole la custodia al padre bajo el argumento de
que es mejor para el niño criarse con su padre porque ambos son hombres. Ximena lleva más de dos años sin
saber nada de su hijo.
La falta de acceso a la justicia afecta a miles de mujeres en México, y a cada una lo hace de forma distinta,
dependiendo de su realidad social, económica y/o cultural. Las mujeres enfrentan procesos lentos, largos e
ineficientes que involucran a policías, ministerios públicos, defensores de oficio y jueces que operan con base
en estigmas y prejuicios y que fallan sistemáticamente en incorporar la perspectiva de género a su trabajo.
Todos estos son factores que revictimizan a las mujeres y hacen que su acceso a la justicia sea virtualmente
nulo. Las fallas institucionales también afectan a los hombres, por supuesto; lo que los ejemplos antes
mencionados buscan ilustrar es que las mujeres, sin embargo, enfrentan seguido obstáculos relacionados con
el hecho de que son mujeres, sin importar su edad, origen, educación o clase social. Por eso la violencia en
contra de las mujeres es de género: porque por el hecho de ser mujeres —y todo lo que ello implica en esta
sociedad— se ven en una situación de vulnerabilidad o desventaja que termina por mermar el disfrute de sus
derechos.
En un país en el que siete mujeres mueren diario y cuatro de cada 10 han vivido violencia a manos de sus
parejas, sólo se presentan unas 150 mil denuncias al año en contra de alguno de los tipos de violencia
tipificados por el orden jurídico. De dichas denuncias sólo 11% resultan en averiguaciones previas y sólo
2.4% de éstas reciben sentencias condenatorias. Uno de los principales motivos detrás de las pocas denuncias
es la desconfianza en las instituciones. Desconfianza, por supuesto, que se justifica cuando se analiza cómo
opera el sistema de justicia actual. Antes de exigirle a las mujeres denunciar cuando tienen todo en su contra,
lo fundamental es cambiar al sistema para que eso ya no les resulte tan costoso.
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33 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Si bien las mujeres en México somos titulares ya de todos los derechos reconocidos por el orden jurídico, este
reconocimiento se queda en el papel y no se traduce aún en un ejercicio efectivo. Contamos con un marco
Ilustración: Kathia Recio
constitucional bastante completo, el cual, gracias a la reforma de derechos humanos de 2011, también se nutre
del derecho internacional de los derechos humanos —que abarca no sólo tratados internacionales, sino
sentencias, recomendaciones e informes—. Han pasado siete años desde que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos se pronunció en el caso González y otras vs. México, mejor conocido como Campo
Algodonero, señalando en el ámbito internacional que México falla gravemente en los esfuerzos para
prevenir, investigar y sancionar los casos de violencia contra las mujeres. Poco después de Campo
Algodonero llegaron las sentencias de Inés Fernández y Valentina Rosendo, dos mujeres indígenas que
sufrieron violaciones graves de derechos humanos e incluso tortura sexual en manos de miembros del ejército
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34 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
mexicano. A nivel nacional también contamos con sentencias emblemáticas, como la de Mariana Lima,
resuelta por la Suprema Corte de Justicia en 2015.
Estas sentencias son paradigmáticas e importantes. Pero las sentencias no son el punto final del proceso. Más
bien son el inicio de una fase crítica que busca garantizar la reparación del daño, abriendo el paso a una serie
de oportunidades para impulsar acciones que buscan atender las condiciones mismas que llevaron a esas
violaciones de los derechos de las mujeres. Esto es, previniendo la violencia. Para que ello ocurra, sin
embargo, se requieren de instituciones que le den seguimiento e implementen las sentencias.
Si vemos nuestra realidad no podemos evitar la sensación de que poco ha cambiado desde que se emitieron
todos estos fallos emblemáticos. La violencia de género sigue marcando nuestra cotidianidad. ¿Esto se debe a
que nada ha pasado? Que, después de las sentencias, ¿no se hizo nada más? No.
El Estado mexicano ha invertido, durante los últimos 10 años, enormes recursos, tanto humanos como
materiales, para combatir la discriminación y promover la igualdad de género. Me atrevería a afirmar que esta
inversión rebasa a cualquier otra de la historia. En el sector público se está abriendo un número considerable
de unidades, comités u órganos que se encargan de promover la perspectiva de género en la vida pública, con
presupuestos que parecen crecer año con año (como el del Instituto Nacional de las Mujeres, Inmujeres, que
creció de 198 millones de pesos en 2001, cuando fue creado, a 801 millones de pesos en 2013). La “igualdad
de género” ya está incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo y ha sido manejada como prioridad absoluta
para las tres últimas administraciones del gobierno. Dentro del paraguas de la igualdad de género los recursos
que se destinan a la violencia son sustanciosos.
Incorporar la perspectiva de género en la vida pública y el trabajo de las instituciones es sin duda esencial
para promover la igualdad sustantiva. Pero una vez que se analiza a detalle la estrategia estatal, ésta parece
carecer de claridad.
El Poder Judicial, por ejemplo, ha tomado importantes pasos para incorporar la perspectiva de género en su
trabajo. En 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación impulsó el Protocolo para Juzgar con Perspectiva
de Género, una herramienta judicial que busca apoyar a las y los juzgadores en la tarea de impartir justicia
con perspectiva de género, adecuándose a los más altos estándares nacionales e internacionales. Tres años
después, el Protocolo ha sido citado en un número mínimo de sentencias. En lugar de ser una herramienta que
ayude a la mejor comprensión de los factores del contexto que colocan a las mujeres en situaciones de
desventaja, la perspectiva de género a menudo se percibe como un riesgo al principio de “imparcialidad” por
parte de las y los juzgadores. Se cree que utilizar esta metodología implica de alguna manera alterar la “litis”
e ir más allá de lo que se les tiene permitido. Los cursos de capacitación que se les da en la materia por lo
general son pocos, breves e inconsistentes, y se han convertido en una excusa para no aplicar la perspectiva de
género en la impartición de justicia. No han sido pocas las veces que hemos oído “no sabemos qué es
perspectiva de género, pero nos estamos capacitando en la materia”.
Exigir rendición de cuentas al Poder Judicial sobre los resultados de estos esfuerzos es difícil si no se tiene
acceso a las sentencias. Como lo confirma el “Diagnóstico de situación sobre acceso a sentencias” de EQUIS
Justicia para las Mujeres, ningún Poder Judicial estatal cumple con sus obligaciones de transparencia en
cuanto acceso a sentencias, a pesar de que éstas son documentos públicos.
En paralelo al Protocolo, desde la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) se ha promovido
el pacto para la introducción de la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México,
el cual contempla la creación de Unidades de Género en los tribunales del país como mecanismos
institucionales que impulsen estrategias para promover la igualdad de género dentro del sistema judicial.
Idealmente, las Unidades de Género tendrían un papel importante no sólo en la eliminación de la
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35 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
discriminación dentro del Poder Judicial, sino también en la impartición de justicia. Los resultados del
monitoreo nacional de la situación que guardan las Unidades de Género en los Tribunales Superiores de
Justicia en los 32 estados realizado por EQUIS Justicia para las Mujeres, a través de solicitudes de acceso a la
información, comprueban que la implementación de esta política difícilmente va a dar los resultados
esperados. A tres años de que se impulsó el pacto, todos los tribunales cuentan con algún mecanismo,
normalmente un comité o comisión que trabaja temas de género, pero sólo ocho tribunales cuentan con una
Unidad de Género formalmente constituida. La diferencia entre los mecanismos y las unidades formalmente
constituidas estriba en la autonomía, la cual se traduce en capacidad para impulsar acciones sustantivas.
Asimismo, muchos de estos mecanismos que buscan promover la perspectiva de género están profundamente
enterrados dentro de la compleja estructura judicial, lo cual limita su potencial y eficiencia. En muchos casos
el personal a cargo cuenta con un año o menos de experiencia en género y derechos de las mujeres. Existen
mecanismos que no cuentan con presupuesto propio, por lo que no están en posición de impulsar ningún tipo
de iniciativas. Sólo siete de 32 mecanismos cuentan con un plan de trabajo y ninguno cuenta con herramientas
para monitorear y evaluar el impacto de su trabajo.
El Poder Judicial no es el único que enfrenta retos en la materialización de los esfuerzos para eliminar la
discriminación contra las mujeres y mejorar su acceso a la justicia. Una de las políticas de Estado para
responder a los obstáculos que enfrentan las mujeres sobrevivientes de violencia para acceder a la justicia son
los Centros de Justicia para las Mujeres. Los centros fueron creados en 2011 bajo la coordinación de la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), y parten del
principio de concentrar bajo el mismo techo todos los servicios que necesita una mujer que ha vivido
violencia. Este modelo tiene el potencial de gestionar el trabajo multisectorial y multidisciplinario tanto de
agencias gubernamentales como de la sociedad civil para ofrecer una atención especializada, sensible y
profesional a las mujeres.
Sin embargo, en la actualidad la implementación de esta política enfrenta varios retos. Primero, se financia y
se coordina desde dos espacios distintos, y no necesariamente vinculados al interior de la estructura
institucional de la Secretaría de Gobernación (Segob). Por lo mismo, cualquier esfuerzo de exigir rendición de
cuentas sobre el impacto de esta política está destinado al fracaso. Desde la Segob se plantea el éxito de estas
metas bajo criterios mayormente dedicados a la construcción del espacio físico de los centros, y no
necesariamente en relación al impacto en la vida de las mujeres. Los 27 centros que actualmente existen en 20
estados de la República operan todos bajo modelos y lineamientos distintos. En su operación los Centros de
Justicia para las Mujeres enfrentan los mismos retos en relación a la profesionalización de su personal, que no
necesariamente ha sido sensibilizado y formado para atender las necesidades de las mujeres que han vivido
violencia. El personal trae consigo las mismas deficiencias que tenía antes de unirse al centro.
Pero mientras tratamos de consolidar estos Centros de Justicia, el gobierno federal está impulsando una nueva
política llamada Ciudad Mujer, que prácticamente duplica muchas de las funciones que ya cumplen los
centros, en particular respecto a la provisión de acceso a la justicia. Y esta nueva política la impulsó en un
inicio la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que no está especializada en problemas que aquejan a las
mujeres, y ahora pasó, junto con Rosario Robles, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU). Esta nueva política es asistencialista, y no necesariamente responde a las necesidades reales de
las mujeres de las regiones donde se abren estas “ciudades”.
Y, por si fuera poco, existe un tercer programa, el Cuarto Rosa, que también se impulsa desde la SEDATU y
trabaja bajo la tesis de que mucha de la violencia ocurre por la falta de espacio en las viviendas y lo que debe
hacerse es crear un “lugar seguro” donde las mujeres se puedan esconder con sus hijos. Desde el nombre se ve
un gran estereotipo, y a esto hay que sumarle que un “lugar seguro”, así, sin más, no es la solución correcta a
este tipo de problemas.
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36 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Un análisis de los múltiples esfuerzos que se han realizado para combatir la violencia de género que sufren las
mujeres revela la importancia de mejorar los procesos de diseño de políticas públicas. Éstas no se pueden
seguir formulando desde la opacidad de las oficinas gubernamentales. Todos tenemos un papel que jugar para
acabar con el fenómeno de la violencia contra las mujeres: el gobierno, la academia y la sociedad civil. Pero
ante todo tenemos la responsabilidad de establecer canales para oír e incluir en el diseño de programas y
política la voz de las mujeres, especialmente la de las que han vivido violencia. El diseño de las políticas
tiene, además, que venir acompañado por mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de los
esfuerzos institucionales. La solución no necesariamente está en la creación de “nuevas” leyes y políticas,
sino en asegurarse de que las que existan funcionen adecuadamente. Es necesario detener la tendencia de
“formular, pero no implementar”. De lo contrario, seguiremos siendo el país de las instituciones y leyes sin
sentido. De los derechos de papel.
Ana Pecova
Directora ejecutiva de EQUIS Justicia para las Mujeres.
http://www.nexos.com.mx/?p=28495
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37 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Ordena Inai a CNDH informar sobre muertes de mujeres en 2015-16
DE LA REDACCIÓN
Periódico La Jornada
Martes 13 de junio de 2017, p. 7
Por considerar que sería un factor para reducir la impunidad en los actos de violencia contra las mujeres, el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hacer pública la información relacionada con las
estadísticas sobre los casos y los motivos de las defunciones de mujeres en el periodo 2015-2016. Al revocar la
declaración de incompetencia del organismo, el Inai destacó la necesidad de contar con insumos necesarios para
conocer la problemática sobre los feminicidios.
Al resolver un recurso de acceso de información en que un particular se inconformaba con la respuesta de
la CNDH acerca de la petición de datos sobre los feminicidios y sus causas, en el proyecto de resolución
elaborado por la comisionada Ximena Puente se considera que es pertinente y necesario contar con información
que permita dar seguimiento a la situación de la violencia contra las mujeres, para que se desarrollen las acciones
públicas y sociales, que contribuyen no sólo con su disminución, sino con su necesaria eliminación.
En el proceso de desahogo del recurso, el INAI verificó que la CNDH cuenta con unidades administrativas
que pueden conocer esta información –la tercera y cuarta visitadurías generales y la secretaría técnica del
Consejo Consultivo–, las cuales tienen entre sus atribuciones la elaboración de un diagnóstico anual sobre la
situación de respeto de los derechos humanos en el sistema de reinserción social del país, el cual debe contener,
al menos, los datos estadísticos sobre el número, las causas y los efectos de los homicidios.
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/13/politica/007n2pol
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38 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
¿Quién le teme a la música contemporánea?
Comienza Foco Boulez, un ciclo de actividades organizado por el Centro de Experimentación del Teatro
Colón dedicado a la figura de Pierre Boulez (1925-2016). Una oportunidad para encontrarse con un enfant
terrible de la vanguardia musical del siglo XX y con sus modos singulares de romper todos los moldes.
Por Ernesto Castagnino
En una ocasión, Michel Foucault dijo que hablar de Boulez era hablar sobre la batalla de lo “formal” en el
siglo XX. Boulez el compositor, Boulez el director, Boulez el intelectual, Boulez el gay tapado, Boulez el
vanguardista, Boulez el arrogante… se habla y se escribe más sobre él de lo que se escuchan sus obras.
Discutió con todos y contra todo, incluso consigo mismo, esperando, al final de su vida, que los jóvenes lo
discutieran a él: “su obligación es matar al padre”, dijo al cumplir 85 años. El homenaje que se le rendirá este
mes en Buenos Aires con varias de sus composiciones fundamentales trae nuevamente al centro de la escena a
una de las figuras más relevantes que hayan surgido en el panorama musical europeo de posguerra.
Violentamente moderno
Crítico del dodecafonismo de Schoenberg, del neoclasicismo de Stravinsky e incluso del serialismo al que
inicialmente adhirió, Boulez debatió abiertamente con sus contemporáneos porque consideraba que su misión
debía ser cuestionarlo todo, único modo de sacar a la música del molde formal al que los siglos anteriores la
habían condenado, para refundarla. Y eso lo convirtió en un arrogante. Cualquiera que rechace tan
radicalmente toda tradición y pretenda refundar una práctica –la composición, en su caso– sobre nuevos
principios tiene, inevitablemente, algo de arrogancia.
Siendo estudiante del conservatorio, comenzó a participar del grupo conformado por György Ligeti, Luigi
Nono, Luciano Berio, Iannis Xenakis y Karlheinz Stockhausen, que se reunía anualmente en Darmstadt en
torno a la figura de Olivier Messiaen y el serialismo; pero su necesidad de radicalizar la búsqueda de nuevos
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39 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
principios y su falta de diplomacia lo hizo confrontar –a veces con virulencia– con todos y cada uno de ellos.
Quería hacer estallar la forma, “pienso que la música debería ser histeria colectiva y magia, violentamente
moderna”, escribió a los 23 años.
En su escrito de 1952 llamado “Schoenberg ha muerto” –literal modo de ‘matar al padre’– el músico intentó
ubicar el punto de impasse al que había llegado el dodecafonismo, creyendo –ingenuamente, según nuestro
joven parricida– que su propuesta significaba un progreso para la evolución del lenguaje musical. Nada de
progreso, hay que deconstruir, propondrá Boulez. Le marteau sans maître (El martillo sin dueño), estrenada en
1955, significó su entrada al mundo de la “música contemporánea”, esa categoría imprecisa donde la crítica,
en cada generación, ubica todo aquello que rompe con el canon establecido. Basado en poemas de René Char
–que le interesaron por su “contenida violencia; no una violencia expresada en gestos, sino una violencia
interna, concentrada en una manera muy tensa de expresión”– el ciclo de nueve movimientos o secciones
propone un mundo sonoro –voz de contralto, flauta, viola, guitarra, vibráfono, xilófono y percusión– que, a
mediados del siglo XX, significó una enorme novedad.
Vendrán luego obras emblemáticas como Pli selon pli (1957-62), Livre pour cordes (1968) o Sur incises
(1996-98) en las que la escritura musical bouleziana seguirá intentando pulverizar la forma, eliminando todas
las referencias con las que la tradición ha moldeado nuestro modo de oír: tono, ritmo, dinámica, serán
deconstruidos hasta dejar al desnudo el sonido y poder, entonces, partir de él como principio generador.
Boulez queer
Al googlear su nombre, surgen varias páginas dedicadas a exponer listas de homosexuales célebres. Incluso
en alguna de ellas –participación de lectores mediante– una suerte de “homosexómetro” lo califica como
“68% homosexual”. Todos sus amigos y conocidos coinciden en describir al compositor como una persona
reservada o incluso cerrada en torno a su vida personal, lo que generó las inevitables especulaciones que el
morbo periodístico construye cuando le es vedado el acceso a la intimidad de una figura pública. Varios
críticos musicales anglosajones, con Norman Lebrecht a la cabeza, “revelaron” que Boulez compartió su vida
durante cincuenta años con Hans Messner, a quien siempre presentó como su asistente. Tal vez, más
interesantes que el chismerío de alcoba resultan los análisis que hace algunos años comenzaron a hacerse
acerca de su amistad con John Cage –con quien mantuvo una intensa correspondencia–, Virgil Thomson,
Peter Maxwell Davies y Sylvano Bussotti, compositores abiertamente homosexuales, o que al menos no
escondían su sexualidad. Con muchos de ellos coincidió en la Escuela de Darmstadt y con todos tuvo
acercamientos y desacuerdos estéticos que, posiblemente, no estuvieran desligados de sus diferencias acerca
de la visibilidad de la sexualidad como posicionamiento estético-político.
Ladrar como un perro
Boulez forma parte de una larga tradición de compositores-directores cuyo origen se remonta al siglo XVII,
cuando los músicos, además de componer, dirigían obras propias y de otros. Ya en el siglo XIX y comienzos
del XX, la dirección orquestal fue independizándose como profesión y la figura del compositor-director se
redujo a unas pocas personalidades excepcionales como Gustav Mahler y Richard Strauss. En el siglo XX,
Pierre Boulez y Leonard Bernstein –cuya música Boulez detestaba– son los dos nombres que desarrollaron
prestigiosas carreras tanto en la composición como en la dirección orquestal. A Bernstein precisamente
sucedió en 1971 al frente de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, su primer cargo de director titular, que
conservó hasta 1977. En esos años creó los Rug Concerts (conciertos sobre alfombras), quitando las butacas
de la sala para que el público escuchara el concierto recostado sobre almohadones.
Sobre Pierre Boulez director de orquesta se ha escrito tanto como, o tal vez más que, sobre Pierre Boulez
compositor. Sus versiones de obras de Ravel, Stravinski, Bartók, Schoenberg y Varèse son personalísimas y
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40 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
nunca complacientes, porque mientras las dirigía parecía estar discutiendo con sus autores, acentuando lo que
esas visiones estéticas tuvieron de innovadoras, o sea, cuánto hubo en ellas de ruptura formal. Tal vez por eso
siempre prefirió dirigir música del siglo XX, porque allí estaban los padres a los que debía matar para poder
ser él mismo. Richard Wagner fue el único compositor del siglo XIX que le interesaba (sostenía que en él
estaba el germen de la destrucción de la forma) y, cuando en 1976 fue invitado a dirigir en la meca
wagneriana de Bayreuth, agitó el avispero con la “lectura marxista” que propuso, junto a Patrice Chéreau, de
El anillo del Nibelungo.
Con el prestigio ganado en las salas de conciertos y las grabaciones, programó obras de Harrison Birtwistle,
Henri Dutilleux, Toru Takemitsu y otros compositores contemporáneos con pocas chances de ser escuchados
en las salas oficiales. Ser consagrado por el establishment sirvió a Boulez para cumplir con su misión
evangelizadora. A lo largo de su vida ocupó cátedras, escribió libros sobre estética de la música, fundó y
dirigió un colectivo de trabajo –el Domaine musical–, un centro de experimentación –el Institut de Recherche
et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM)– y una orquesta de cámara –el Ensemble InterContemporain–
referente hasta hoy en la interpretación del repertorio contemporáneo. Como expresó alguna vez en relación a
sus cargos oficiales: “no siempre puedes estar afuera, ladrando como un perro”.
Si algo hay que reconocerle a Boulez es su empeño por difundir la música contemporánea, sacar al oyente de
la comodidad de lo conocido e invitarlo a que se arroje a experimentar sensibilidades nuevas. Rechazaba la
narratividad en la música y la pereza de quien sólo quiere transitar territorios conocidos, empujando al
espectador a suspender su necesidad de comprender y prever lo que va a suceder. Su enseñanza y su
exploración compositiva tuvieron como eje la invención.
En una conversación que mantuvo con Michel Foucault (publicada en C:N:A:C: Magazine, N° 15, 1983)
acerca de la música contemporánea, el filósofo reflexiona que ella “no tiene las indicaciones que le permitan
[al oyente] esperarla y reconocerla […] No es una música que buscaría llegar a ser familiar. Está hecha para
conservar su contraste. Se puede repetir, pero ella no se reitera. En este sentido, no es posible llegar a ella
como a un objeto. Tiene siempre su irrupción en las fronteras”.
Este junio el CETC nos propone un viaje a esas fronteras. Allá vamos.
Foco Boulez. Un mes dedicado a la figura de Pierre Boulez: charlas, instalaciones y conciertos. Desde el 8 al
24 de junio. Organizado por el Centro de Experimentación (CETC) del Teatro Colón.
Informes: teatrocolon.org.ar
https://www.pagina12.com.ar/42950-quien-le-teme-a-la-musica-contemporanea
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41 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Pronunciamiento del organismo por el Día Internacional contra el Trabajo Infantil
En riesgo permanente, derechos de niños y adolescentes: CNDH
JOSÉ ANTONIO ROMÁN E ISRAEL RODRÍGUEZ
Periódico La Jornada
Martes 13 de junio de 2017, p. 3
La vigencia y efectividad de los derechos de la niñez y adolescencia no sólo están muy lejos de ser realidad en
México, sino se encuentran en riesgo permanente de vulneración, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH).
Este riesgo, añadió el organismo, está esencialmente en una inadecuada cobertura de sus necesidades de
subsistencia ante insuficientes ingresos que tienen sus padres y tutores como consecuencia de la desigualdad y
pobreza en que viven.
En un pronunciamiento con motivo del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, que se conmemoró
ayer, la Comisión Nacional alertó sobre el trabajo de niñez y adolescencia, pues vulnera sus derechos humanos
y los expone a ser víctimas de explotación, esclavitud y trata de personas, fenómenos delictivos para los que no
debe existir tolerancia social ni omisión de las autoridades.
De acuerdo con los más recientes datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2015
había en el país 2 millones 475 mil 989 niños, niñas y adolescentes de cinco a 17 años que realizaban alguna
actividad económica, y 2 millones 217 mil 648 en ‘‘ocupaciones no permitidas’’, consideradas así porque ponen
en riesgo su salud, afectan su desarrollo o bien se llevan a cabo por debajo de la edad mínima permitida para
trabajar, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT). De esta cifra global, 27 por ciento son niñas y 73
por ciento niños.
Otro dato que revela la violación de los derechos de este sector de la población es que 915 mil 309 menores
no asisten a la escuela por estar trabajando (36.9 por ciento). Las tres entidades federativas con mayor población
de niños, niñas y adolescentes que trabajan son estado de México, con 286 mil 153 (11.55 por ciento); Jalisco,
220 mil 116 (8.89 por ciento), y Puebla, 208 mil 450 (8.41 por ciento).
El mismo Inegi, en datos contenidos en el Módulo de Trabajo Infantil (MTI) identifica los principales
motivos por los cuales los menores realizan algún trabajo económico: para pagar su escuela y/o sus propios
gastos, porque el hogar necesita de su trabajo, por gusto o sólo por ayudar en su casa y a su familia.
De las niñas, niños y adolescentes que están ocupados, 42.5 por ciento no recibe un ingreso, seguidos por
aquellos que reciben hasta un salario mínimo (28.8 por ciento) y solamente 7.5 por ciento perciben ingresos
mayores a dos salarios mínimos.
Los infantes que trabajan lo hacen principalmente en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y
pesca, en la minería, la construcción y como comerciantes. Ante este panorama, la CNDH destacó que la
atención que deben brindar los tres niveles de gobierno a la niñez y adolescencia debe ser integral,
especialmente en las actividades en que son expuestos a ambientes peligrosos, a esclavitud y otras formas de
trabajo forzado, así como actividades ilícitas como tráfico de drogas, delincuencia organizada y explotación
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42 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
sexual, que además de ser delitos constituyen abiertas violaciones a sus derechos, entre ellos al desarrollo de su
personalidad, a la salud, a la educación, al juego, a la cultura y al deporte.
De igual forma, la Comisión Nacional exhortó al Estado mexicano a cumplir con las observaciones sobre
los informes periódicos cuarto y quinto consolidados que el Comité de los Derechos del Niño le formuló ante
el elevado número de niñas y niños que laboran en la minería y agricultura, así como por la ineficacia de medidas
para abordar el trabajo doméstico, que afecta especialmente a las niñas.
Con este motivo, el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, instó
a proteger a los niños respecto del trabajo infantil y ante conflictos políticos o catástrofes. En un comunicado,
el directivo subrayó que ante estas situaciones los infantes son vulnerables, pues con frecuencia se destruyen
hogares, escuelas, medios de subsistencia, y se quiebran los sistemas de protección familiar y social, lo cual
aumenta los riesgos vinculados al trabajo infantil y al tráfico de personas.
Finalmente, datos de la OIT ilustran que en el mundo existen unos 200 millones de individuos que cada
año son afectados por catástrofes naturales, un tercio de ellos son niños. Además, a escala global, de las 168
millones de víctimas de trabajo infantil, unos 85 millones realizan trabajos peligrosos.
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/13/politica/003n1pol
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43 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
La sombra de Sísifo: El Estado y las mujeres
Alejandra Ríos
Ilustraciones: Kathia Recio
El 19 de abril de este año el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció una nueva
alianza para el combate a la violencia contra las mujeres, la cual tendrá tres aspectos prioritarios. Primero,
buscar una respuesta desde lo local en reconocimiento a que la violencia contra las mujeres se presenta “de
acuerdo a las dinámicas sociales de cada lugar, y exige, por lo tanto, soluciones específicas a cada realidad”.
Segundo, la conformación de un registro confiable de delitos y víctimas, por lo que “a través de la
Subsecretaría de Derechos Humanos y con el apoyo de INMUJERES y de la ONU, [se reconfigurará] el
Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra la Mujer”. Y, tercero, demandar que
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44 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
las “procuradurías estatales hagan lo necesario para contar con personal especializado, con perspectiva de
género y protocolos de actuación”.1
Es un buen indicio que el gobierno de la República reconozca la omisión de las instituciones en la atención a
este tema y asuma la iniciativa, pero lo anunciado genera dudas sobre si esta alianza incorporará las lecciones
aprendidas de los esfuerzos que han caracterizado el pasado inmediato. Basta recordar que con la Ley General
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) se pensó como el inicio de la solución a
la violencia contra las mujeres en el país. Cierto, aquella ley fue en otro sexenio; sin embargo, la
responsabilidad de un mandato legislativo de esas proporciones trasciende las fronteras de los periodos.
Por ello, lo relevante es conocer si la apuesta reciente del gobierno federal considera cómo solventar los
problemas, desaciertos y complejidades ya documentadas de iniciativas anteriores que incorporaban acciones
muy similares. A modo de ilustración, en los siguientes párrafos presento una reflexión sobre las tres
prioridades mencionadas, a la luz de lo que conocemos sobre la implementación de las iniciativas que hemos
aplaudido en los últimos nueve años, pero de las que lamentablemente no hemos visto resultados
contundentes.2
Para 2010 las 32 entidades contaban con la normatividad estatal que mandataba la LGAMVLV. Esto es, en
los últimos seis años hemos vivido bajo el mandato de una ley general que coordina competencias entre
niveles de gobierno y un conjunto de normativas estatales que las afinan. De acuerdo con el artículo 49,
fracción VI de la misma ley, todas las entidades estaban obligadas a integrar un “Sistema Estatal de
Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e incorporar su contenido al Sistema
Nacional” en un plazo de seis meses. Se sabe que sólo Chihuahua cumplió con el plazo establecido, mientras
que en el resto el sistema se instauró entre 2007 y 2012 (Sinaloa fue la última). En la mayoría, la presidencia
reside en la Secretaría de Gobierno o en la Oficina del Gobernador, mientras que la secretaría ejecutiva se
encuentra en manos del Instituto Estatal de la Mujer, y en todos los casos se mandató que el sistema debía
sesionar de manera periódica. Tenemos, entonces, normatividad y diseño institucional. La pregunta es ¿qué se
ha hecho?
Si existieron las sesiones que mandataban las leyes estatales ¿dónde está la información que hoy en día
permitiría elaborar el diagnóstico “local” de la violencia contra las mujeres que demanda la alianza? ¿Cuáles
fueron los planes de intervención estatal que se derivaron del trabajo de los sistemas? ¿Cuáles son los
indicadores que permiten su evaluación? Aún más, ¿cuál fue el seguimiento que realizaron las comisiones
legislativas de género (o equivalente) de cada Congreso local sobre los sistemas? No hay que perder de vista
que la LGAMVLV obliga a los tres poderes de los tres niveles de gobierno, ¿qué cuentas nos da cada uno al
respecto?
En resumen, la normatividad nacional y estatal consideran ya una estructura que atiende a la primera prioridad
de la alianza. No hay necesidad de crear algo nuevo, sino de revisar el funcionamiento de lo ya existente. Sin
una evaluación de esto, la propuesta nacerá frágil y, muy probablemente, con las mismas debilidades. La
conclusión anterior surge porque es complejo afirmar que lo que tenemos son aciertos, pues en ese caso no se
habría puntualizado la necesidad de una “respuesta local” de nueva cuenta.
Hay dos maneras de conocer la situación sobre violencia de género. Una es a través de encuestas o ejercicios
similares, y la segunda es a partir de registros gubernamentales que, sin embargo, enfrentan múltiples retos.
Por principio, no todas las víctimas acuden a instituciones gubernamentales, a lo que se añade que en muy
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45 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
pocas ocasiones existen protocolos compartidos sobre los datos que se registran sobre la víctima, agresor e
incidente y esto deriva en problemas de captura, omisión, incapacidad para referenciar incidentes, o bien, su
duplicación.3
La LGAMVLV reconoció la necesidad de las estadísticas para la correcta medición del fenómeno y sus
avances al estipular la creación de un Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia
contra las Mujeres que debía actualizarse cada seis meses (art. 44, fracción III) y estar en completo
funcionamiento para el 1 de abril de 2008. El Banco quedó en manos de la ahora extinta Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) quien el 24 de abril de 2008 lo presentó como el Banco Nacional de Datos e
Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) y un año después emitió los lineamientos
para su operación. De aquel momento a la fecha la característica del Banavim ha sido su insuficiencia para
documentar la toma de decisiones. Una causa de ésta ha sido la falta de bancos estatales. Al desaparecer la
SSP, el Banavim fue incorporado al Sistema Único de Información Criminal que forma parte de la Plataforma
México.4 Pero su funcionamiento sigue siendo limitado, de otra suerte, no sería la segunda prioridad de la
Alianza.
Podemos hablar de dos limitaciones inmediatas para el funcionamiento de los bancos de datos a nivel estatal y
nacional. La primera y más obvia es que no todas las instituciones registran la misma información o de la
misma manera. Por ejemplo, las Agencias del Ministerio Público (AMP) en el país capturan, en promedio, 22
variables de información sobre la víctima, lo que contrasta con los Centros de Atención a Víctimas (CAVIs)
de las propias PJE que en promedio capturan 12 variables (las cuales no necesariamente son coincidentes con
las AMP). Sabemos también que en las PJE se capturan menos variables sobre el agresor y que existen CAVIs
que no capturan dato alguno. Aún más, si bien la mayoría de las PJE capturan datos sobre “detonantes” de la
violencia, el tipo y modalidad de violencia, esta información se registra en la narrativa del caso y no en
campos específicos de información, por lo que resulta imposible generar estadísticas de manera automática o
inmediata. La divergencia de lo que se captura en las oficinas de las AMP y los CAVIs no es menor pues
indica que dentro de la misma institución se captura información distinta y no siempre en un mismo sistema.5
Una segunda limitante proviene del diseño institucional de los bancos de información, pues aunque las
instituciones que deben contribuir a alimentar estos bancos estatales (Sistema Estatal para el Desarrollo de la
Familia, Seguridad Pública, Secretaría de Gobernación, Procuración de Justicia, Administración de Justicia,
Sector Salud y la Instancia Estatal de la Mujer) registran datos de las víctimas y sus circunstancias, no
necesariamente generan estadísticas. Por otra parte, en un tercio de las entidades la coordinación del banco
estatal o del Banavim descansa en los Institutos Estatales de la Mujer cuya jerarquía burocrática dentro de la
administración pública estatal es siempre limitada, por lo que no cuentan con un mandato transversal que
permita hacer obligatoria la transferencia de información. En otras palabras, la posibilidad de un banco estatal
de datos es bastante acotada.
La pregunta al respecto es sobre el plan del Ejecutivo para solventar los problemas ya detectados. Sin lugar a
dudas, la participación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía puede contribuir de manera notable
en la estandarización de los datos, pero no podrá suplir un auténtico sistema estatal de información. Como
resulta evidente, la creación de un sistema nacional de información no será viable si las acciones no se
implementan desde lo local, y esto implica compromisos, responsabilidades y seguimiento, precisamente
desde las instituciones locales.
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46 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
En el discurso del 19 de abril se llamaba a las PJE a implementar de manera correcta la “norma 46” que alude
a la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM-046-SSA2-2005)
donde se establecen los criterios para la prevención de estas situaciones y la atención a víctimas. Esta norma
constituye la referencia obligada para la organización y estructuración de los servicios de atención a mujeres
víctimas de violencia en muchas dependencias gubernamentales, incluidas las PJE. Si bien es cierto que la
mayoría de las PJE han creado Agencias del Ministerio Público Especializadas (AMP-E) en violencia
intrafamiliar, violencia sexual o “delitos contra la mujer” para atender con protocolos especializados, estas
acciones no parecen ser suficientes. A continuación, tres ejemplos de las limitaciones que se enfrentan las PJE
para la implementación de protocolos.
Primero, hay un problema de oferta institucional. En 2013 había una AMP mixta (es decir, no especializada)
por cada 29 mil 957 habitantes, mientras que había una AMP-E por cada 807 mil 494 habitantes. Pocas son
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47 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
las entidades con una oferta de AMP-E distribuida en el territorio estatal (hubo casos con una AMP-E para
toda la entidad).6 Aunado a esto, las AMP-E suelen tener horarios acotados de servicio, por lo que la mayoría
de los incidentes de violencia de género contra las mujeres se atienden en AMP mixtas debido a que las
víctimas suelen acudir a la AMP más cercana (especializada o no), o porque son canalizadas a esas agencias
por personal de seguridad pública.
En las AMP mixtas el personal no necesariamente cuenta con capacitación específica o con el personal
profesional para cumplir con los protocolos de atención. Por ejemplo, en una AMP del centro del país una
agente comentaba que frente a delitos sexuales la rutina era explicarle a la víctima la obligatoriedad de una
entrevista, se le anunciaba la inevitabilidad de “preguntas incómodas” y explicaba que los agentes tratan de
“que [las víctimas] también entiendan nuestra postura; porque para nosotros no es fácil el decirle, ‘oye ¿y te
penetró o no te penetró’ […] ‘¿eyaculó o no eyaculó?’, no es tan fácil a una persona a la que no conoces, y
que sabes que sufrió una agresión de esa naturaleza, hacerle ese tipo de preguntas”.7
Sobre personal especializado fue común que se declarara la insuficiencia de psicólogos que pudieran realizar
contención a las víctimas o bien de peritos especializados en situaciones de violencia sexual. En algunas AMP
mixtas se mencionó que conocen la obligación de aplicar protocolos de profilaxis que aminoran las
consecuencias colaterales de la violencia sexual (enfermedades o embarazos); sin embargo, no siempre se
contaba con el material necesario.
Los ejemplos pueden continuar, pero la reflexión debe concentrarse en las causas que explican la incapacidad
de las PJE para aplicar de manera correcta los protocolos existentes. Aquí apuntamos una hipótesis (no única):
la sobrecarga de trabajo que se ha intensificado como consecuencia de las reformas a la legislación penal, que
ampliaron el catálogo de delitos del fuero común, y el aumento de la incidencia delictiva. En una AMP mixta
lo mismo se atiende un asalto a mano armada que un homicidio por riña, que una violación, que un caso de
violencia intrafamiliar, ¿cómo priorizar? Además, este personal debe ser capaz de implementar una variedad
de protocolos de actuación (de violencia sexual, trata de personas, secuestro, etcétera) en un contexto de
precariedad de recursos (sin peritos especializados, por ejemplo) y sin mucha consideración al desgaste
personal, pues son escasos los esquemas de contención emocional para el personal directamente involucrado
en atención a víctimas.
Lo anterior no elimina de un plumazo la negligencia o la reproducción de estereotipos de género, pero sí
complejiza lo que de otra manera parecería ser simple indolencia institucional. Nuestra tremenda apuesta a la
habilidad reformadora del derecho penal nos obliga a observar a las instituciones de procuración de justicia de
una manera distinta y considerar de manera seria los problemas de implementación al momento de legislar (o
decretar).
En resumen, se requiere de los gobiernos federal y estatales la presentación de propuestas sustentadas en
evidencia. Sin ello la alianza parecerá una reacción coyuntural. Una propuesta seria debe crear compromisos
concretos con un horizonte de implementación y evaluación. En contraparte, la sociedad civil debe contribuir
con una mirada pausada y un esfuerzo por imaginar, fuera de la caja (penal), la solución al problema de la
violencia. Sin eso, en unos años nos indignaremos de nuevo y regresaremos, como Sísifo, a una gran reforma
normativa, con una gran estrategia de coordinación intergubernamental a partir de una gran alianza nacional.
Alejandra Ríos
Profesora-investigadora de la División de Administración Pública del CIDE.
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48 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
1 Ver Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, presentación de Alianza contra la Violencia
hacia las Mujeres, Acciones y Compromisos URL: http://bit.ly/1sNgoa5 (consultado el 9 de mayo de 2016).
Las citas al discurso del secretario que se presentan en este texto provienen de esta página.
2 Los datos que a continuación se presentan provienen del estudio “Sistemas de información de los
ministerios públicos con perspectiva de género” disponible en http://bit.ly/1U9Fbh5
3 Ver ONU, Poner fin a la violencia contra la mujer. De las palabras los hechos. Estudio del secretario general
de Naciones Unidas, 2006, p. 68
4 Hoy en día la consulta al Banavim permite conocer cinco variables: total de casos registrados (133,435),
número total de agresores (69,122) y agresoras (4,028), así como número de órdenes de protección (611) y
número de órdenes de servicios (6,879). La página del Banavim no proporciona mayor detalle en cuanto a
periodos de registro y cómo vincular tipo y modalidad de violencia con
agresor: http://bit.ly/1OT12dB (consultado el 5 de mayo de 2016).
5 Hay más implicaciones sobre esto como, por ejemplo, que la víctima repite datos sobre el mismo hecho en
una oficina y en la otra, lo que contraviene los principios de no revictimización. Para más detalles ver
capítulos IV y V del estudio mencionado.
6 Para visualizar los modelos de atención y la oferta institucional de AMP-E
ver http://mexicoestatal.cide.edu/publicaciones/
7 Ver Alejandra Ríos Cázares (coord), Sistemas de información de los ministerios públicos con perspectiva de
género, CIDE-México Estatal, 2013, p. 53. Disponible en http://bit.ly/1U9Fbh5
http://www.nexos.com.mx/?p=28492
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49 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Emite CNDH recomendación contra la PGR
JOSÉ ANTONIO ROMÁN
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de junio de 2017, p. 7
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a la Procuraduría
General de la República (PGR) porque se obligó a una empleada con embarazo de alto riesgo a realizar
actividades peligrosas que contribuyeron a la pérdida del producto de la gestación y violaron sus derechos.
En la recomendación 22/2017, la CNDH señala que a pesar de que conocían su estado por embarazo de
alto riesgo, autoridades de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación
Criminal de la PGR obligaron a una perita en antropología forense a realizar esfuerzos y actividades peligrosas
que contribuyeron a la pérdida del producto de la gestación, en hechos ocurridos en 2014.
La CNDH acreditó que la actitud de los servidores públicos violó los derechos a la protección de la
maternidad, igualdad y no discriminación laboral, a una vida libre de violencia, seguridad jurídica y acceso a la
justicia en su modalidad de procuración.
Derivado de la querella presentada por la agraviada el 27 de junio de 2016, se ejerció acción penal contra
tres funcionarios de la PGR. Sin embargo, tres días después el juez de la causa negó las órdenes de aprehensión
solicitadas por el Ministerio Público y devolvió la indagatoria para su perfeccionamiento.
LA CNDH recomendó al procurador Raúl Cervantes Andrade reparar el daño a la mujer, que incluya
compensación, atención médica, sicológica y tanatológica, así como emitir un protocolo de actuación que
deberá seguir el personal directivo de la PGR para el tratamiento de las trabajadoras en estado de gravidez.
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/14/politica/007n2pol
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50 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
La pluma de oro
Erudito e irreverente, el 4 de junio murió Juan Goytisolo, una de las plumas centrales del siglo XX, estudioso
de la literatura española del Siglo de Oro y más allá, y también defensor a ultranza de la disidencia.
Por Adrián Melo
“Desde la primera visita al Varadero te sientes atraído por él. Raimundo es de mediana altura, complexión
atlética, piernas y brazos musculosos, pelo castaño áspero y erizado, pecho velludo, mostazo silvestre. Su
rostro es duro, pero enérgico; sus ojos centelleantes y oscuros, el conjunto de su persona y figura irradia un
poderoso magnetismo animal”.
De esta manera describe Juan Goytisolo (1931-2017) a una de sus más inolvidables pasiones amorosas en
Coto vedado (1985), su extraordinaria autobiografía. Raimundo es, en efecto, un hombre duro, un buscavidas
del Varadero, un chiringuito cercano a la Barceloneta. Para Goytisolo, Raimundo encarna no solo el deseo
erótico sino también la absoluta marginalidad: no sabe leer ni escribir, carece de familia regular y domicilio
fijo, no se conoce casi nada de su pasado salvo que pasó una temporada en prisión. Raimundo no cederá a los
intentos de seducción de Goytisolo que incluyen hasta fingirse borracho para tumbarse a su lado en la cama, y
sin embargo se volverá su amigo. Por poco tiempo. Los años que siguen el lumpen deambulará -más vale
agonizará- por tabernas y cafés hasta morir borracho. Sin embargo el hecho de que Raymundo haya pasado
por la vida de Goytisolo tendrán mucho que ver con el nacimiento del artista, el nacimiento de una nueva
conciencia social en el autor y una defensa a ultranza de la disidencia y de lo outsider: en efecto, nunca se
sintió cómodo ni se ubicó en ninguna identidad, ideología o militancia.
Goytisolo nació en el seno de una familia burguesa muy conservadora cuyo padre tenía una fobia visceral a
los homosexuales y refería con satisfacción que Mussolini mandaba fusilar sin contemplaciones “a todos los
maricones’”. Aun así el escritor centrará su deseo en los hombres pero no cualquiera sino los muchachos
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51 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
viriles del proletariado y el lumpen. Jamás se sentirá atraído por escritores, intelectuales o todo lo que se
parezca a burguesía y buenas maneras. Siempre señaló que los callejeos por el barrio proletario no sólo se
limitaron a contentar su sexo sino que a la vez avivaron su percepción de las cosas, lo obligaron a contemplar
otras parcelas de realidad.
A pesar de que Coto Vedado es uno de los textos más bellos del género y testimonio ineludible para pensar la
vida de los homosexuales en Barcelona en el siglo XX, el escritor nunca adhirió a ninguna propuesta
militante. “Algunos me reprochan dentro del movimiento gay el que no haya transformado mi
homosexualidad en un instrumento político de combate (…) no me ha interesado nunca este tipo de militancia
(…) Solo me ha interesado lo que yo llamo la Zona Sotádica y nunca me he acostado con homosexuales, sino
con heterosexuales que ocasionalmente pueden ser bisexuales”, señaló en una ocasión refiriéndose a la
hipótesis. Siempre polémico, como suele suceder con estos extraordinarios personajes que se colocan al
margen desde ya que sus puntos de vista solían ser necesarios para pensar y criticar las afirmaciones más
contundentes que necesitan las identidades y las militancias para legitimarse.
Goytisolo murió el pasado 4 de junio a los 86 años. Su tumba fue colocada al lado de la de Jean Genet (1910-
1986) en un cementerio en Larrache, una ciudad al norte de Marruecos. Con Genet vivió buenos y algún que
otro momento incómodo y fue quien le abrió todo un universo a través de la literatura: el de la cárcel. “Me
excitó fuertemente su descripción de las mariconas asistiendo a la misa, maquilladas, con mantilla y peineta;
el de la muchachita ciega, conducida allí por su madre los días de visita para mamar la pija a los presos por un
puñado de reales”, rememora Goytisolo en su autobiografía. Con Genet compartió también sin duda el elogio
eterno de lo marginal, el gusto por el Barrio Chino y los caminos oscuros de la Barceloneta de otras épocas,
los correteos por los barrios obreros, las trasnoches en bares sórdidos, tugurios, y prostíbulos. Esos lugares
han sido la patria, la identidad y la militancia de Goytisolo.
https://www.pagina12.com.ar/42922-la-pluma-de-oro
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Historias cotidianas de muerte, impunidad, drama y desesperanza creciente
Violencia en todo el país contra las mujeres
FABIOLA MARTÍNEZ
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de junio de 2017, p. 6
Los hilos de la violencia contra las mujeres surcan todo el país. Cada día mueren en México, en hechos
vinculados a agresiones de género, siete mujeres.
La situación es grave. Se trata de una alerta nacional y así lo muestran los números, la estadística, las
declaraciones de funcionarios, pero sobre todo las historias cotidianas de impunidad, drama y desesperanza
creciente.
Esta problemática es motivo de la exposición Feminicidio en México ¡Ya basta!, en el Museo Memoria y
Tolerancia, en el centro de la capital, pero a partir del mes entrante será llevada a todas las entidades.
Después del 30 de junio, el primer sitio al que será trasladada la exposición será el estado de México, el
primero con alerta por violencia de género (emitida en 2015) y donde ocurrió el primer caso en torno a esta
problemática atendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La semana pasada visitó la muestra el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien
destacó precisamente la importancia de visibilizar la violencia desde el terreno más cotidiano, porque si bien el
feminicidio es muerte, la agresión –y así se explica en la muestra-–también son frases, actitudes.
Mariana Lima Buendía, de 29 años de edad, fue asesinada por su esposo Julio César Hernández Ballinas;
las autoridades locales intentaron cerrar el expediente con el argumento de que la mujer se había suicidado.
Era 2010. Ella fue encontrada por su madre, Irinea Buendía, en su domicilio, ya sin vida, en la cama, con
el cabello mojado (‘‘como si estuviese recién bañada’’); presentaba algunos moretones y señas de violencia.
Mariana fue estrangulada por su marido, un policía judicial con antecedentes de violencia.
Desde el principio el hombre mostró actitudes violentas e incluso llegó a amenazar a la madre de Mariana
con matar a su hija, como lo había hecho antes con otras dos mujeres. El día del asesinato la víctima se disponía
a denunciarlo por violencia física y sexual.
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Primer caso atraído por la SCJN
Después de cinco años de pelear contra la versión oficial del suicidio, Irinea Buendía logró que éste fuera
el primer caso en llegar al máximo tribunal del país. ‘‘Actualmente el agresor se encuentra preso’’, se narra en
la muestra.
Linda Atach Zaga, directora de Exposiciones Temporales del Museo Memoria y Tolerancia, subraya que
el feminicidio es el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. Es decir, no es un simple homicidio sino
un ataque deliberado por condición de género.
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54 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Hoy, señala, México es un vertedero de dolor, indignación y ruptura, un escenario de impunidad donde las
sentencias y recomendaciones internacionales no han sido capaces de evitar que en esta tierra mueran siete
mujeres cada día en situaciones de terror.
Esta contribución destaca dos factores: impunidad y machismo, detonadores universales de esta violencia.
‘‘Es algo que nos rebasa como sociedad, como país; la impunidad tiene ejes machistas en todas las esferas’’,
advierte Atach.
Ahí están las frases hacia las niñas, adolescentes o mujeres adultas: ‘‘eres una idiota, te mereces una buena
golpiza, eres una desgraciada, me das asco, eres una cualquiera, tú sin mi no vales nada, calladita te ves más
bonita...’’ O las que supuestamente tendrían que ser socialmente aceptadas o hasta legítimas: ‘‘chichis pa’la
banda; las mujeres como las escopetas: cargadas y contra la pared; seguro ese dinero se lo ganó por puta; no
chilles, no seas vieja’’.
Por ahora, esos hilos de la violencia feminicida siguen surcando cada calle, cada pueblo, cada ciudad
mexicana. Cada vez son más los legajos de historias inconclusas, no sólo de aquellos planes truncados por la
violencia, como los de Ericka, quien antes de ser asesinada planeaba ‘‘leer a Platón y entrar a nadar’’, sino por
las investigaciones que ninguna autoridad hace.
Impunidad, se lee y se ve por todos lados de la exhibición: tan sólo en el periodo 2013-2014 casi 4 mil
mujeres fueron asesinadas.
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/14/politica/006n1pol
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La cadena de Jabba: La falacia punitiva
1 JUNIO, 2016
Catalina Pérez Correa
Ilustraciones: Kathia Recio
A pesar de la complejidad del problema de violencia en contra de las mujeres parecería que creemos que tiene
una potencial solución sencilla. En contra del acoso callejero o laboral, para frenar la violencia obstétrica o
para garantizar la pensión alimenticia, se invoca como conjuro al derecho penal. Con nuevos tipos penales
como el feminicidio o la persecución oficiosa de delitos de violencia doméstica buscamos que el Estado haga
justicia a través del vehículo mediante el cual suele ser complaciente y cómplice. Así, como en otros ámbitos
de la vida social, el derecho penal se ha convertido en la principal herramienta para enfrentar este problema.
¿Puede el derecho penal ser una herramienta exitosa de igualación de género y/o de protección de las
mujeres? ¿Podemos, como la princesa Leia en el episodio VI de La guerra de las galaxias, usar la cadena que
nos somete para deshacernos de nuestro captor? Adelanto la respuesta: no lo creo. El derecho penal no es una
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56 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
herramienta que vaya a permitir que las mujeres nos libremos de la mano masculina que nos acosa en el
transporte público, en la calle, en la casa, en el trabajo o en la escuela. Tampoco será la razón por la que
finalmente nos reconozcan como iguales los varones. Pero peor aún, nuestro derecho penal, que hoy es
sinónimo de encarcelamiento, hace lo contrario: sirve para extorsionar, empobrecer y subyugar a miles de
mujeres. Así, la herramienta de liberación que hemos buscado conquistar para frenar la violencia genera
nuevas condiciones de violencia hacia las mujeres.
Es difícil exagerar el clima de violencia que las mujeres vivimos. Las últimas semanas —o meses— nos
hemos enterado, con escalofriante detalle, la forma en que padecemos cotidianamente la violencia. El hashtag
#MiPrimerAcoso logró mas de 100 mil menciones en tan sólo unas horas de haberse lanzado en Twitter. En
140 caracteres miles de mujeres contaron cómo de niñas, muchas de seis o siete años, vivieron la primera —
no la única— invasión a su intimidad, a su cuerpo y a su desarrollo. El sitio de internet Estamos en
Duelo1 también se abrió como espacio para que mujeres den su testimonio de los abusos o la violencia que
han sufrido. Columnas de opinión, programas de reflexión, testimonios en Facebook, blogs, la marcha #24A,
más hashtags, todos dieron cuenta de lo normalizada que es la violencia sexual hacia las mujeres. Ningún
perfil ni contexto se salva. El acoso se da en la calle, en el transporte, en la escuela, en la casa, en el trabajo.
No hay lugar seguro. Participan de la violencia —o la solapan— hombres desconocidos, anónimos, pero
también —y con preocupante frecuencia— parientes cercanos y personas de confianza. Todas las mujeres
somos blanco de ataques cotidianos, de mayor o menor virulencia, desde niñas.
Los datos muestran además que la violencia no se limita al acoso y al abuso sexual. Según el INEGI, entre
2003 y 2014 fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país.2 Desde 2007, cuando fue creada, la
declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres (AVGM) se ha solicitado 13 veces. Este
instrumento está pensado como una respuesta extraordinaria para enfrentar la violencia más extrema, aquella
que termina con la vida de las mujeres. ¿Cuántas mujeres murieron en cada caso antes —y después— de
solicitarse la AVGM? Los informes estremecen a cualquiera, no sólo por las cifras sino también por el rencor
con el que se violenta el cuerpo de las mujeres. Muestran la complejidad del problema de violencia de género
contra las mujeres que atraviesa todas las capas y espacios sociales.
Ante este alud de violencia multicausal, el clamor social parece unirse en torno a la exigencia de una misma
respuesta: proceso penal y cárcel para los perpetradores. Pero quienes impulsan el uso del derecho penal como
remedio poco se detienen a reflexionar cómo funciona en la realidad ese instrumento jurídico y social, ni
sobre las consecuencias concretas que su uso tiene para muchas mujeres de este país. El derecho penal es un
sistema normativo e institucional pensado y construido por los hombres que dista de ser una herramienta de
común acceso. A lo largo de la cadena de instituciones mediante las cuales funciona, se refleja la miopía para
entender las necesidades, vulnerabilidad y capacidades de las mujeres. Desde la barandilla hasta la celda
podemos constatar cómo el sistema excluye a las mujeres que piden su intervención y deja fuera de su visión
a las (invisibles) que inadvertidamente afecta.
Los sistemas penales, siempre, han sido un instrumento accesible para —y controlado por— los miembros
(enfatizo el masculino) más aventajados de la sociedad. Un instrumento que suele ser injusto, violento y de
aplicación selectiva. Una y otra vez lo vemos usado para castigar la pobreza y lo diferente. En el México del
Porfiriato, por ejemplo, como narra Robert Buffington en su libro Criminales y ciudadanos en el México
moderno (2000), el discurso del derecho penal mezclaba ideas sobre la raza, la clase y el género para excluir
del proyecto nacional a los grupos marginados. Las actividades tradicionales de los indígenas, de los
migrantes que llegaban a las ciudades, de las trabajadoras sexuales, eran consideradas riesgosas para la
sociedad y dañinas para el desarrollo económico del México moderno. Por ello fueron tipificadas como
delictivas, criminalizando así a los migrantes, indígenas y mujeres.
La historia no ha cambiado mucho en 100 años ni es exclusiva de México. En Estados Unidos, por ejemplo, la
población afroamericana e hispana representa el 64% de la población en prisión (75% de la que se encuentra
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57 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
en prisiones federales), aunque estos grupos sólo componen 37% de la población general.3 En aquel país las
leyes de drogas han sido la excusa para criminalizar a un sector específico de la población.
Hoy México también tiene un sistema burdamente selectivo que sirve principalmente para procesar y
encarcelar a personas con perfiles muy específicos: hombres y mujeres jóvenes, pobres, con escasa educación,
provenientes de lugares marginados y, me atrevo a decir, sin estadística en las manos, de tez oscura. Las
mujeres encarceladas, además, suelen ser madres y, por lo menos en el sistema federal, sancionadas con
muchos años de prisión por delitos no violentos de drogas. No es un sistema que castigue a culpables, sino
uno que sanciona principalmente a pobres y a incómodos sociales, a los jóvenes que hoy tampoco encuentran
cabida en el proyecto nacional.
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58 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
El sistema penal es además elitista en la elección de sus causas, una herramienta que deja enormes márgenes
de discrecionalidad y arbitrariedad en manos de funcionarios públicos que la usan, las más de las veces, para
su propio beneficio. Para las mujeres, como para otros grupos vulnerables, es lento, torpe e ineficaz. Entre
más pobre la mujer, más lento e ineficiente es el sistema. Cuando una mujer quiere denunciar un delito de
violencia en su contra suele ser rechazada, la importancia de su causa minimizada. Quizá por ello, o por temor
a represalias, la enorme mayoría de mujeres violentadas optan por no usarlo. La Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2011), por ejemplo, señala que del total de mujeres
casadas o unidas que fueron violentadas por su pareja sólo 9% pidió ayuda o denunció el hecho.4 De éstas,
61.6% lo hizo ante el Ministerio Público y el resto acudió a otras instituciones. La poca frecuencia con que las
víctimas de este tipo de violencia acuden a las instancias penales en busca de protección debería alertarnos de
lo inadecuada que es la justicia penal para resolver el problema de violencia en contra de las mujeres. El
panorama se ensombrece cuando vemos que sólo un mínimo porcentaje de los casos que sí se denuncian
resultan en una sentencia. En el Distrito Federal, por ejemplo, de las averiguaciones previas iniciadas en 2010
sólo 0.9% resultaron en una sentencia condenatoria.
Cuando el sistema “funciona” y resulta con una persona procesada, sancionada y puesta en prisión —no
necesariamente en ese orden—, genera efectos perversos para un enorme número de mujeres que pertenecen a
los sectores más vulnerables de la sociedad. El estudio sobre las mujeres invisibles, publicado en este mismo
espacio en diciembre de 2015,5 da cuenta de cómo el costo de mantener a internas e internos en prisión recae
principalmente en las mujeres de sus familias: sus madres, parejas, hermanas, tías o hijas. 80% de los
visitantes que encuestamos en los centros del DF y Morelos eran mujeres. Al entrar una persona en prisión
ellas se convierten en las principales proveedoras de comida, agua, ropa, cobijas, calzado, jabón, protección,
medicamentos y demás enseres que una persona necesita pero que el Estado no proporciona a sus internos. Y
no sólo deben sufragar la manutención de los hombres y mujeres en reclusión sino también pagar las
extorsiones del personal de los centros de readaptación social. Para poder ingresar los bienes, para usar una
mesa en el área de visitas y no tener que sentarse en el piso, para que le avisen a su familiar que llegaron
visitas, deben pagar. También deben pagar para que sus hijos, hijas, parejas tengan protección dentro del
penal y no sean golpeados por otros internos o por los mismos custodios. Deben pagar importantes cantidades
de dinero para que tengan cama o para que no sean alojados en celdas superpobladas. El resultado es las miles
de vidas de mujeres abocadas a sostener el sistema penitenciario infame que hemos construido. 52% de las
mujeres que encuestamos tuvo que empezar a trabajar o conseguir un trabajo adicional para costear los gastos
de tener a su familiar en prisión. 67.9% reportó problema de salud a raíz del encarcelamiento de su pariente.
Por el estigma que genera tener a un pariente en prisión o por falta de tiempo la mayoría dejó de frecuentar
amigos, vecinos y familiares, enfrentando solas la extensión del castigo penal.
Las razones sobre por qué estas mujeres asumen el cuidado de los y las internas van más allá del objeto de
este texto. Sin duda, un sistema penitenciario menos corrupto y políticas que ayuden a compartir el cuidado
del otro, servirían para crear un sistema con resultados menos injustos para las mujeres. Pero la realidad es
que hoy un mayor uso este derecho penal implica un mayor uso de estas cárceles y ello significa que más
mujeres se vean agraviadas por el sistema que pretendemos usar para protegernos. Cuando pensamos en usar
más años de cárcel en contra de los hombres negligentes que no pagan alimentos, o a los médicos que
privilegian su comodidad por encima de las necesidades de sus paciente, sería bueno tener en mente que
nuestras cárceles también castigarán severamente a las mujeres que les rodean.
La ineficacia y corrupción del sistema penal es bastante conocida. Así, ante la evidencia sobre su
arbitrariedad, pareciera que el clamor punitivo tiene un objetivo más simbólico que práctico. Pareciera
responder a un deseo de un reconocimiento social sobre lo censurable que es la violencia hacia las mujeres.
Sin duda, la sociedad debe reprochar, severamente, las conductas violentas de los hombres hacia las mujeres y
mandar un mensaje fuerte de rechazo. La mujeres tenemos derecho a vivir libres y a pedir que se condenen
los actos que violan nuestra intimidad y seguridad. Tenemos razón en pedir que los hombres (y las mujeres
que tienen la suerte de no haber sido victimizadas) se indignen por la violencia que padecemos o hemos
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59 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
padecido. No minimizo la importancia del poder simbólico del derecho penal, los símbolos pueden ser
vehículos de cambio, en particular de los complejos cambios culturales que necesitamos para transformar
aquello que sustenta la violencia que se ejerce en contra de las mujeres. Pero la realidad es que el derecho
penal y las cárceles tienen una capacidad transformadora escasa en casi todos los ámbitos sociales. La energía
invertida hacia el mayor uso del sistema penal difícilmente logrará grandes cambios. Si el objetivo es
empoderar a las mujeres para que vivan libres de violencia, parece más importante lograr salarios iguales por
trabajo igual, escuelas de tiempo completo y guarderías de buena calidad para apoyar a madres que trabajan,
que elevar los años de cárcel para los agresores. Es más importante lograr paridad en las instituciones,
públicas y privadas, prevenir embarazos de niñas adolescentes y tener más mujeres profesionistas que más
mujeres formadas afuera de los reclusorios.
No propongo que el derecho penal nunca sea usado o que no se sancione a homicidas, golpeadores o
violadores. Todo adulto responsable debe responder por el daño que cause a los derechos de otro u otra. Pero
la insistencia en el uso del derecho penal como solución parece obviar la naturaleza violenta y selectiva del
derecho penal. Pareciera olvidar que los aplicadores del sistema (las policías, los ministerios públicos, los
militares, los custodios de las prisiones) son parte del problema y que difícilmente servirán como vehículo
para transformar nuestra realidad. El derecho penal no es como la cadena que tiene cautiva a la princesa Leia
y con la que da muerte a Jabba el Hutt. La insistencia en su uso se parece más al momento en que Lando
Calrissian pacta con Darth Vader para mantener segura a su ciudad en las nubes, pensando que las
instituciones del imperio protegerían los intereses de su comunidad. A la postre, Calrissian se ve traicionado
por el imperio y orillado a unirse a la Resistencia. Quizá es hora de pensar en nuestra resistencia desde otras
herramientas construidas por nosotras para dar respuesta a nuestras necesidades.
Catalina Pérez Correa
Investigadora de la División de Estudios Jurídicos, CIDE.
Twitter: @cataperezcorrea
http://www.nexos.com.mx/?p=28488
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60 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Crea la UdeG la cátedra Javier Valdez Cárdenas
JUAN CARLOS GARCÍA
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de junio de 2017, p. 5
Guadalajara, Jal.
La memoria de los periodistas asesinados en México, y en especial de Javier Valdez, quedará viva con la
creación de la cátedra que llevará su nombre a iniciativa de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU)
de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Javier Valdez, corresponsal de La Jornada en Sinaloa y cofundador del semanario Riodoce, fue asesinado
el 15 de mayo pasado en Culiacán, y su trayectoria y valentía lo convirtieron en paradigma del alto riesgo que
padecen los comunicadores mexicanos por ejercer su labor con ética.
María Gómez Rueda, miembro del comité directivo de la FEU y una de las organizadoras de la cátedra,
dijo que se trata de un esfuerzo conjunto entre la organización estudiantil y la Agenda de Periodistas, con
apertura total en cuanto a participantes y temáticas a abordar.
La cátedra Javier Valdez ‘‘será transmitida vía streaming y cada participación se encontrará después en el
canal de Youtube de la FEU’’, agregó.
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/14/politica/005n3pol
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61 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
ARTE Y SIDA
En el marco de la primera retrospectiva argentina del colectivo artístico General Idea, y en el 30 aniversario
del inicio de sus obras sobre el sida, el Malba realiza el seminario Efectos virales, donde se propone pensar y
debatir las respuestas políticas y artísticas al VIH en las últimas décadas en Latinoamérica.
Por Diego Trerotola
obras de la muestra Tiempo partido de General Idea
Hace justo 30 años, mientras el activismo LGTB en Estados Unidos se redefinía a partir de la crisis del sida,
el colectivo General Idea comenzaba una nueva etapa en una obra que había sido iniciada en 1969 por los
canadienses AA Bronson, Felix Partz y Jorge Zontal. En 1987, el cambio del activismo LGTB se manifestaba
en el nacimiento de ACT UP, una coalición para luchar contra el sida a través de la acción directa, articulando
su ideología a través de la consigna SILENCIO = MUERTE, tipografía mayúscula y blanca sobre un fondo
negro base de una gráfica que comenzó a propagarse por lugares públicos como una forma de activismo
visual ilustrado con el triángulo rosa con un ángulo hacia arriba, tal como lo usaba el nazismo en los campos
de concentración para estigmatizar a homosexuales.
Según Catherine Lord, ACT UP “resignificaba el triángulo rosa para una nueva generación, refutando la
ecuación HOMOSEXUALIDAD = SIDA = MUERTE y alineando la indiferencia genocida de la política
estadounidense en relación al SIDA con la eugenesia que había barrido del mapa no sólo a judíos, sino
también a comunistas, gitanos y homosexuales.”
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62 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
En paralelo, ese mismo 1987, surgió la obra AIDS, donde el colectivo General Idea se apropiaba de la
tipografía y los colores de Robert Indiana en su obra LOVE de 1964, que se había convertido en insignia de la
generación hippie del amor libre. Antes de que dos de los miembros de General Idea, Partz y Zontal, supiesen
que vivían con VIH, el colectivo comenzó a usar esa obra gráfica como una suerte de logo viral, como
siempre se señala, recuperando la serialidad del pop art bajo el influjo de la viralidad de William Burroughs,
adosado otra dimensión en el nuevo contexto de la pandemia.
A diferencia de ACT UP, General Idea no sacaba de la ecuación la palabra SIDA, ni la reemplazaba por otra,
sino que la volvía protagonista de una forma de nueva visibilidad viral, redefiniendo las estrategias activistas
y artísticas propias y ajenas. General Idea era un movimiento posthippie, que luego de haber transitado la
experiencia de vida en comunas, había creado un colectivo a partir de un trío amoroso y sexual, por lo que el
enroque de LOVE por AIDS tiene una carga de sentido adicional. Porque General Idea, complementariamente
a ACT UP, propuso una de las primeras experiencias donde las políticas en relación al SIDA se sustentaban
en las formas de sostener comunidades de libertad sexual y erótica, nunca recluirse en el ámbito de la pareja
monogámica, ni de las convenciones familiares heterosexistas, y mucho menos en la seriedad, evitando “el
momento en que el pánico moral del sida pone camisas de fuerza en torno a las contorsiones libidinosas,
recolocando las pasiones en las vías de la ley”, como escribía Néstor Perlongher por aquellos años.
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63 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Y, como lo demuestra su genial serie Mondo Cane Kama Sutra, los miembros de General Idea tenían virtudes
como contorsionistas artísticas y de las libidinosas también, así que globalizaron sus obras sobre el sida,
migrando el logo de portátil a totémico, de estampa en remera a empapelado, de estampilla a monumento, de
objeto de consumo a obra única, cruzando las barreras entre diseño y arte. Y así con las otras obras virales que
hicieron hasta 1994 cuando el grupo se disolvió por la muerte de Partz y Zontal.
Mirada interna
“Dejen de mirarnos, empiecen a escucharnos”, decían los panfletos de ACT UP que se repartían en el Museo
de Arte Moderno de New York en el contexto de una muestra de fotografía “Fotos de personas” de 1988
donde Nicholas Nixos tenía una sección dedicada a “Fotos de sida”, retratos de gays sintomáticos en el
camino hacia la muerte. El conflicto de representación del sida desde una mirada externa, convirtiendo la
enfermedad incluso por sobre el enfermo (en el reemplazo de la palabra “personas” por “sida”), se
multiplicaba como forma hegemónica de representación y estigma social.
En eso de cruzar barreras y de estéticas de reapropiación, General Idea en 1991 realizó su obra que cruza su
idea comunitaria del sida a Latinoamérica con la muestra Maracaibo a partir de una serie de fotografías
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64 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
mayormente eróticas de un empresario venezolano muerto como consecuencia del sida, donde hombres
desnudos posaban en una misma habitación. Como epílogo de esa muestra, una serie de 10 obras llamadas El
Dorado que se proponían representar los distintos matices de colores de piel de los hombres representados en
las fotos homoeróticas, creando cuadros donde siempre había en cada uno variación cromática como orgía
epidérmica múltiple, conviviendo en amalgama los tonos en gamas dinámicas de puntos donde una piel es
todas las pieles. En épocas donde uno de los máximos estigmas del sida eran las marcas del sarcoma de
kaposi sobre el cuerpo, General Idea crea una serie que sigue el recorrido erótica múltiple sobre la piel
erotizada por la mirada de una persona que murió de sida.
Las dos fridas (1989/2017), Las yeguas de apocalipsis
La interioridad inmersiva, envolvente con el virus en la obra de General Idea tal vez tenga su experiencia más
extrema en la instalación Fin de siécle (1990), que en un desierto de telgopor casi cegador el horizonte se
corta por tres focas bebés tan blancas como todo el entorno que retozan entre una isla de hielo. Desarrollada
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65 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
en la época en que Partz y Zontal fueron diagnosticados como portadores de HIV, la instalación bien se podría
leer como la alegoría espermática más tierna y positiva de una de las formas de transmisión del virus.
Cuando murió Felix Partz, AA Bronson fotografió su cadáver y luego convirtió ese retrato en una de sus obras
en solitario tras la disolución del grupo. Entre sábanas de distintas tramas multicromáticas, con mucho del
color y de las formas de las festividades mexicanas del Día de los Muertos, el retrato del cuerpo de Partz
parece ser la coda de esa sensibilidad con que General Idea engendró imágenes que desafiaron los límites de
las representaciones mediáticas y médicas del sida, para interpelar desencuadrando y acercando una voz que
todavía es acallada. Además de ese lugar de seducción estética del encuadre, los ojos abiertos de Partz hacen
del rigor mortis una estampa incómoda, porque la vista del retrato se clava directo en quienes se asoman al
retrato, que deben enfrentar esa mirada interna al sida que este colectivo pudo dinamizar para desafiar todo
estigma hasta las últimas consecuencias.
Seminario Efectos virales
El miércoles 14 a las 15.30, la conferencia de apertura estará a cargo de Gabriel Giorgi y a las 17 tendrá lugar
una entrevista pública a Marta Dillon. El jueves 15, Francisco Lemus, María Laura Gutiérrez, Fernanda
Carvajal y Guillermina Bevacqua participarán del panel “Imágenes seropositivas. Prácticas artísticas en torno
a la pandemia”, y a las 17 Diego Trerotola entrevistará a Pablo Pérez. Cronograma completo en malba.org.ar
https://www.pagina12.com.ar/42918-arte-y-sida
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66 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
El resto siguen detenidos por autoridades migratorias estadunidenses
Dio asilo EU sólo a 10 de 300 de los cubanos varados en Nuevo Laredo
CARLOS FIGUEROA
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 15 de junio de 2017, p. 18
Nuevo Laredo, Tamps.
De los 300 cubanos que quedaron varados en esta frontera y se entregaron el mes pasado a la aduana de
Estados Unidos, sólo 10 han logrado obtener asilo político y los otros continúan detenidos, informó el director
de la Casa del Migrante Nazareth, Giovanni Bizzotto.
Aseguró que los caribeños optaron por cruzar el Puente Internacional número uno para entregarse a las
autoridades migratorias al no alcanzar los beneficios de la ley Pies Secos/Pies Mojados, cancelada el pasado 12
de enero por el entonces presidente Barack Obama.
Expuso que los cubanos que quedaron varados en esta frontera eran más de 500, de los cuales 300 cruzaron
a Estados Unidos para pedir asilo político, pero sólo 10 –todas mujeres– lograron su libertad por un año,
mientras continua el proceso.
Los 290 restantes, dijo, permanecen en un centro de detención y hasta que comprueben que hay elementos
que muestren el riesgo que corren de regresar a la isla serán tratados como cualquier otro
migrante. Extraoficialmente dicen varios abogados y autoridades estadunidenses que los van a tener detenidos
un buen rato, y no creo que a todos les vayan a dar asilo, señaló.
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/15/politica/018n2pol
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67 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
No son excesos, no son errores
En Argentina para presentar su libro Pax Neoliberalia -Editorial Madreselva- en el que recoge trabajos que
analizan las relaciones y jerarquías sexo-genéricas en territorios distantes como Turquía y América latina, la
filósofa feminista Jules Falquet habla de la violencia contra las mujeres como una forma de la tortura
organizada por las guerras de baja intensidad a la vez que cruza radicalmente las cuestiones de género, de raza
y de clase. Sin dudar, insiste en que mientras exista el capitalismo la violencia machista seguirá coartando
vidas y mientras manifiesta su curiosidad por el movimiento Ni Una Menos alerta sobre las formas liberales
del feminismo que en Europa se utilizan para cerrar la puerta a las poblaciones migrantes.
Por Luciana Peker
Imagen: Constanza Niscovolos
La violencia doméstica no es solo un tema privado. Es público. Pero, además, tiene métodos y síntomas
similares a los de la tortura. Y está dirigida, principalmente, a mujeres trabajadoras que son esenciales para las
ganancias capitalistas. “Mientras no paremos el capitalismo y el neoliberalismo no va a parar la violencia
porque van de la mano”, remarca la filósofa feminista Jules Falquet. Ella vino a la Argentina a presentar su
libro Paxneoliberalia, perspectivas feministas sobre (la reorganización de) la violencia contra las mujeres, de
Editorial Madreselva, en donde cuenta experiencias personales y trabajos académicos en El Salvador, México,
Turquía, Francia, Alemania, entre otros países. Con una mirada global que va desde el uso del feminismo para
cerrarle las fronteras a lxs migrantes hasta la admiración por el feminismo autónomo en tierra
centroamericana, Falquet hace un aporte esencial para ligar las cuestiones de clase y raza a la pelea mundial
contra la violencia hacia las mujeres.
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68 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
“El feminismo está siendo utilizado por los gobiernos de derecha muy descaradamente para limitar la
migración y para agredir a los hombres y las mujeres migrantes y eso va en contra de las luchas de las
mujeres”, advierte Falquet que hoy se va a presentar en el Centro de Formación Profesional Número 24, de
Morón 2538 (esquina Artigas) del Bajo Flores porteño, entre múltiples actividades que va a realizar durante
quince días en Argentina invitada por la Editorial Madreselva.
Falquet se define como lesbiana y feminista. Y, fundamentalmente, como alguien que intenta combatir el
racismo y el capitalismo. Vive en París. Pero sus pies conocen de la selva lacandona en México (donde
participó de tribunales zapatistas) y del suelo tropical de Brasil de donde emergió el Movimiento Sin Tierra o
El Salvador. Es Doctora en Sociología graduada en el Instituto de Altos Estudios sobre América Latina de la
Universidad de la Sorbona y del Instituto de Estudios Políticos de Paris. La combinación entre teoría y tierra
es imprescindible para hilvanar una mirada global no complaciente con fenómenos mundiales y locales.
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69 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Lo personal es político. Y ella descree de la lavada de cara de gobiernos de derecha en lo económico que, a
cambio de explotación laboral o salarial, son capaces de ceder a políticas de diversidad sexual o matrimonio
igualitario. Tampoco en lo personal cree en el matrimonio, ni fuera ni dentro de la ley, porque considera que
la exclusividad provoca violencia. “No me gusta la dependencia exclusiva y que la felicidad de la otra persona
dependa de tu relación con ella y de resolver todas sus expectativas sexuales y espirituales. No me gusta que
me pidan eso ni pedirlo. Sí se puede ser muy fiel, pero la fidelidad no es lo mismo que la exclusividad. Vos
puedes ser fiel a una idea, pero eso no significa que tengas una sola idea”, apunta.
Constanza Niscovolos
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70 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
¿Por qué considerás que la violencia hacia las mujeres constituye una guerra de baja intensidad?
–Hay una guerra no declarada, no oficial, medio invisible y, al no ser declarada, no respeta las reglas mínimas
de la guerra. Todo está permitido. Es interesante ver cómo se aplica, especialmente, a partir del 11 de
septiembre del 2001 esta nueva forma de guerra que se libera de cualquier tipo de regulación clásica y de
derechos humanos y ataca a civiles.
¿Qué opinas del fenómeno Ni Una Menos que nace en la Argentina?
–Me parece súper importante como el feminismo se reorganizó contra la violencia y el efecto continental.
Pero quiero averiguar más durante mi visita a la Argentina par poder dar una opinión.
Durante las marchas y los Encuentros de Mujeres se producen asesinatos de mujeres en esas mismas fechas.
¿Qué implica esta lucha contra la violencia con la violencia enrostrada durante las protestas?
–Es triste y, en parte, desmoralizante ver que sigue la violencia. Pero sería un milagro que una marcha pudiera
poner fin a un sistema que tiene una raíz de explotación del trabajo asalariado, productivo, sexual de las
mujeres. Es lógico que la violencia siga. Y probablemente puede tener un efecto intencional que los medios
saquen eso para intentar desmoralizar a las mujeres.
¿Estás de acuerdo con las teorías de Silvia Federici sobre la vuelta de la quema de brujas?
–Silvia Federici es muy interesante. La conocí cuando vino a presentar la traducción en francés de su libro y
tenemos miradas parecidas aunque tengan un origen distinto. La reorganización de la violencia que toma la
violencia contra las mujeres como su eje central es fundamental para la acumulación capitalista. Mientras no
paremos el capitalismo y el neoliberalismo no va a parar porque van de la mano.
¿Crees que la vulnerabilidad económica permite la vulnerabilidad a la violencia?
–No comparto el concepto de vulnerabilidad. Es como si dijéramos que el proletariado es vulnerable. Es un
término psicologizante, desempoderante y victimizante que no nos sirve mucho. Las mujeres son explotadas,
no son vulnerables. En la perspectiva del feminismo materialista francófono las mujeres son explotadas y
apropiadas. Si solo fuéramos explotadas sería un lujo. Pero ni siquiera nos pertenecemos para vender nuestra
fuerza de trabajo. Le pertenecemos al Estado, al padre y al marido: a los hombres. Las mujeres somos
apropiadas y explotadas a través de la violencia y eso permite que haya violencia. Es un círculo vicioso. Se
dice que en Ciudad Juárez las mujeres son vulnerables y en realidad tienen una capacidad para el trabajo
increíble, tienen mucha fuerza física para resistir los turnos de trabajo, están colocadas en una posición en
donde es difícil que se defienden. Es distinto ser vulnerabilizada que ser vulnerable. Tienen la voluntad de
defenderse pero les atan las manos.
¿Cómo enlazás la reorganización liberal con el recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres?
–Es muy difícil medir la violencia. Hay un recrudecimiento de las desigualdades sociales de clase y raza. El
uno por ciento de la población mundial es más rica y tiene más propiedades que el 99 por ciento de la
población. Es un capitalismo racista y sexista heteropatriarcal. Eso se da a través de una coerción brutal. El
primer libro que escribí se llama Por las buenas o por las malas, las mujeres en la globalización, publicado en
Colombia en castellano, en el comienzo de la aplicación de las políticas neoliberales más brutales, en los
noventa y muestra cómo se intentó hacer participar a las mujeres en un capitalismo humano a través de
microcréditos. Por eso fue muy importante el componente autónomo del feminismo continental.
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71 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
¿El feminismo autónomo no se dejó utilizar por el capitalismo?
–No fueron un brazo del Estado ni de organismos internacionales. Las feministas y lesbianas
latinoamericanas empezaron a cuestionar, desde el sexto encuentro feminista en El Salvador, antes de la
Cumbre de Beijing, en China, a las organizaciones no gubernamentales dirigidas por la ONU y la agencia de
cooperación de Estados Unidos, que ha promovido esterilización forzada de mujeres afro e indígena. Esa
reflexión fue muy novedosa.
¿Qué opinás de la pelea de la iglesia católica y evangélica contra lo que llama la “ideología de género”?
–Es complejo. Yo estoy opuesta al pensamiento de género porque para mí es un debilitamiento del
pensamiento feminista más radical. Yo me apego a una corriente de las relaciones estructurales de sexo. En
cambio la perspectiva de género parte de la idea que hay una diferencia biológica que es el sexo y ahí la
sociedad hizo una diferencia. Para mí eso es errado. No es por la vagina o el pene. Pero, obviamente, frente a
otras concepciones retrógradas la vaina del género es un avance. La Iglesia católica muy claramente tiene un
componente reaccionario con Juan Pablo II y Francisco porque están viendo que las mujeres estamos a punto
de escapárseles. Y yo creo que un asunto esencial es que no quieren que se les escape el control del propio
cuerpo a nivel de sexualidad y de la capacidad procreativa. Como saben que de todas formas la gente no va a
poder cambiar el capitalismo y la gente va a estar jodida les avientan algo con que entretenerse. Por lo menos
en Francia nos pusieron el matrimonio igualitario porque el gobierno socialista aplicó medidas económicas de
derecha y no se diferenció en nada -ni en la política económica ni en la política exterior de la derecha- y en lo
único que se podía diferenciar era en la cuestión moral.
¿Es una lavada de cara del capitalismo? ¿Es el efecto pink washing?
–Son medidas que no cuestan como un aumento del salario. Dicen “se pueden casar” y no cuesta nada. En
Francia, de todos modos, les salió el tiro por la culata porque hubo un gran revuelo y la derecha supo
agarrarse de eso para repensarse.
¿Qué significa Ciudad Juárez en la lectura de la violencia hacia las mujeres en Latinoamérica?
–A mí no me gusta decir que son crímenes misóginos porque la explicación de la misoginia es una
explicación culturalista, no es una explicación material. Siempre son los otros los que son misóginos: son los
negros, árabes, mexicanos, migrantes. Las clases populares. La misoginia es una forma de decir “son los
otros” y de poner el foco en las cuestiones de sexo cuando para mí hay relaciones internacionales, relaciones
sociales de clase y relaciones de raza. Las tres están co-construidas. Las mujeres que están matando son
mujeres de clase y raza desprevilegiadas. Es muy importante para entender por qué las matan.
¿Por qué las matan?
–Cada uno que mata a una mujer no tiene todo el esquema en la cabeza. Pero es muy significativo que maten
y dejen asesinar a trabajadoras.
¿Hay un ataque a las trabajadoras?
–Hay un ataque a los trabajadores. Los trabajadores más importantes, hoy en día, son mujeres porque están
permitiendo unas ganancias muchos mayores que los varones. Las zonas francas donde hay maquiladoras, que
es un dispositivo muy importante neoliberal, emplean mayoritariamente mujeres jóvenes. Están muy
calificadas porque en la sociabilidad que han recibido como mujeres tienen calma, docilidad, la paciencia
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72 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
(aunque esa calificación no es reconocida y por eso no se tiene que pagar) pero permite muchas ganancias.
También sobre las trabajadoras del sexo o del entretenimiento dicen también que no son calificadas pero han
sido sociabilizadas para que sean seductoras, sepan agradarle a los hombres y eso también permite ganancias
increíbles. Hay que reflexionar sobre eso para ver que sobre la mano de obra que permite más beneficios es la
que más está siendo atacada para que no vea su valor o para que no tenga tiempo y energía para luchar porque
están en la emergencia de no morir.
Vos tomás como un emblema el caso de Dominique Strauss Kahn, ex director del FMI, que violó a una
empleada doméstica de un hotel en Nueva York. ¿Por qué es un caso tan simbólico?
–Los hombres crean la situación para poder ejercer violencia y ejerciendo violencia crean las condiciones
para poder explotar. El mexicano, lejano, moreno, analfabeto, como lo ven desde Estados Unidos o Europa,
no es el que ejerce más violencia sino un hombre blanco, educado y titular del FMI. No es la misoginia, sino
algo más complejo político y económico. Siempre se ven a las pobres mujeres racializadas. Pero se me hace
importante visibilizar dialécticamente la gente que está del lado privilegiado que son los hombres blancos
burgueses. Siempre parece que son los jóvenes de bandas de Tijuana, narcos, pero el que manda más está en
Francia y en el FMI.
También hacés foco en las denuncias sobre abusos masivos en Colonia, Alemania, durante un 31 de enero,
hace dos años, por parte de migrantes hacia mujeres alemanas, en una estación de transporte público como
algo que estuvo armado.
–Las supuestas agresiones fueron mucho menores de lo que dijeron y, sobre todo, hubo robos. El circo que
armaron estaba basado en mentiras mediáticas. Los medios de comunicación son soportes para vender
publicidad y están en manos de los vendedores de armas. En Alemania la policía se metió mucho en la
narración de esos acontecimientos. Los hechos de violencia sexual fueron muchísimo menores de lo que se
manejó y hay una violencia ejercida por hombres alemanes mucho mayor de la que nunca se habla. El
feminismo está siendo utilizado por los gobiernos de derecha, muy descaradamente, para limitar la migración
y para agredir a los hombres y las mujeres migrantes y eso va en contra de las luchas de mujeres feministas y
lesbianas. Es muy curioso y muy triste ver como el gobierno y la derecha y hasta la izquierda (que se ha
vuelto de derecha) logran manipular y transformar las cosas y atacar a las y los migrantes a través de
proclamas supuestamente feministas.
https://www.pagina12.com.ar/42897-no-son-excesos-no-son-errores
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73 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Inst Simone Beauvoir @ISBeauvoir 23 jun.
#BuenosYFeministasDías El amor lo sienten igual todas las personas, sin importar preferencias ni
orientaciones. #LoveIsLove #FelizViernes
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74 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Pide la CNDH proteger a 500 desplazados guatemaltecos
JOSÉ ANTONIO ROMÁN
Periódico La Jornada
Jueves 15 de junio de 2017, p. 8
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno mexicano medidas cautelares
para proteger a las más de 500 personas de origen guatemalteco que desde los primeros días del mes se asentaron
en el municipio de Candelaria, en el estado de Campeche, luego de haber sido desalojadas de su comunidad
fronteriza en el vecino país del sur.
Las medidas cautelares, dirigidas a los tres niveles de gobierno, incluyen proporcionar la asistencia
humanitaria necesaria e indispensable para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, sanitarias,
médicas y de seguridad.
El organismo informó que entre los desplazados hay 35 mujeres, de las cuales 12 tienen embarazos que
van de los dos a los nueve meses de gestación; cuatro adultas mayores; 126 niños y adolescentes varones, entre
ellos cuatro recién nacidos; 87 niñas y adolescentes, entre las cuales hay seis recién nacidas, y 151 varones, de
los cuales ocho son adultos mayores.
Dijo tener conocimiento de que han surgido brotes de enfermedades gastrointestinales, y al no contar con
un lugar para aseo personal, algunos ya presentan salpullido, además de que se terminó el suministro de
alimentos que les proporcionaban la Pastoral Social de Guatemala y pobladores de la comunidad El Desengaño,
donde están asentados.
El 2 de junio estas personas de la comunidad de San Andrés en Laguna Larga, municipio de La Libertad,
en Petén, Guatemala, fueron desplazadas de sus tierras tras el anuncio de que más de un millar de efectivos de
la Policía Nacional Civil y del ejército guatemalteco avanzaban a la zona para un desalojo masivo.
Diversas organizaciones de derechos humanos señalaron que el gobierno mexicano tuvo conocimiento
oficial de la inminencia del desalojo por parte de su par guatemalteco desde días antes de que se ejecutara.
Incluso, señalaron, estuvieron presentes desde su llegada elementos de seguridad nacional, pero ni el
gobierno de México ni el de Guatemala han proporcionado recursos suficientes para aliviar la condición indigna
del campamento y han puesto en riesgo la salud y la vida, especialmente de la población más vulnerable,
denunciaron.
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/15/politica/008n1pol
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75 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Muy politizadas
Por Marta Dillon
Hubo una vez un almuerzo de Mirtha Legrand en el que estuvo invitada la actriz y cantante Cecilia Rossetto,
a quien la conductora casi centenaria del ciclo que lleva media vida animando quiso aleccionar para que calle
sus opiniones políticas y así poder conseguir más trabajo “en lo suyo”. Rossetto, sin ninguna gana de ser
disciplinada, respondió que le parecía muy triste la opinión ya que a “grandes estrellas que le hacían la felatio
a los genocidas” nadie las cuestionaba. Y entonces fue que se consagró la frase: “Estás muy politizada,
demasiado”, dijo la Chiqui con cara de oler comida pasada, indignada frente a la poca ductilidad para la
sumisión de la artista.
Esta semana, apenas terminada la marcha Ni Una Menos, el comentario se actualizó en la voz de muchos
conductores en todo tipo de ciclos y también en portales de noticias y, cómo no, en los comentarios
indignados que suelen aparecer en los portales de noticias, sobre todo aquellos ligados a los grandes diarios
argentinos. Un contrapunto en la pantalla de A24, el domingo a la tarde, puede dar cuenta de cómo opera esa
denostación que aun inaugurada hace una década por la conductora platinada tiene una actualidad rampante.
Había frente a cámara un hombre y una mujer llenando las largas horas del día no laborable con notas
extensas sobre, por ejemplo, el semáforo para peatones que se pondría en el piso de algunas esquinas para que
lo pudieran ver quienes cruzan mirando para abajo (hacia la pantalla de su celular).
Y cuando llegó el turno de reseñar la marcha del día anterior, él se encabritó y usó la frase: “muy politizada,
así pierde su sentido, una causa que nos tiene que unir a todos, se politizó”. Ella también se puso efusiva, pero
para defender la movilización aun cuando, siguiendo la línea del canal que la contrata, aceptó que “el
problema es que se defendió a Milagro Sala cuando eso no tenía nada que ver”. El intercambio es interesante
porque aun con este último y desafortunado comentario, habla de un entendimiento de la mujer de la
complejidad de las demandas de la manifestación -ella reivindicaba que se reclamara contra la desigualdad
estructural de la situación de las mujeres mientras él insistía en que hay “cosas urgentes, de ahora, que son los
femicidios, lo otro es para conversar”-, y me animo a decir que la enorme mayoría de las mujeres lo puede
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76 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
comprender ya que esa desigualdad estructural nos pasa por el cuerpo, está escrito en nuestras experiencias de
vida.
Lo llamativo es que la “politización” de la marcha, o mejor, su adscripción a tal o cual partido político, fue
una operación que expusieron los medios hegemónicos antes y después de la marcha. La Nación, por ejemplo,
hizo una nota que se sostuvo largo tiempo en el portal web en la que explicaba que “las consignas no son
compartidas por todas las organizadoras” sin aclarar a quienes se refería con “organizadoras” pero sí separar
cada consigna como si fueran distintos navíos en el mar de gente que no se tocaban unos con otros. Así, había
quienes pedían por la legalización del aborto, quienes pedían por el fin de la brecha salarial, quienes acusaban
a la Justicia por la inacción frente a los femicidios y quienes pedían políticas públicas contra la violencia
hacia las mujeres; todo eso aclarando que en el escenario había “militantes k y de partidos de izquierda”.
Clarín, por su parte, eligió un título para la crónica principal sobre la manifestación Ni Una Menos que elegía
el hecho más minoritario de toda la jornada: “Con globos negros y cintas violetas, una multitud marchó contra
el machismo”. Esos elementos fueron parte de la convocatoria al frente de los Tribunales en Buenos Aires de
la que participaron algunas independientes, la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez
-encargada de hacer cumplir la ley 26485 para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres-, y el Frente
Renovador. Una linda manera de entronizar el árbol que tapa todo lo demás, aunque apenas pudo ocultar la
pésima elección del pequeño título que puso en tapa en la edición impresa del domingo y que hablaba de
“auge” de femicidios igual que si se estuviera refiriendo a la moda de los spiners en las escuelas -juguetito
que es furor y que fue prohibido esta misma semana-.
En ambos diarios, la denostación al pedido de libertad de Milagro Sala tuvo un lugar principal, aun cuando
ese pedido, además de ser una causa del movimiento de mujeres, es clamor desde todos los organismos
internacionales de derechos humanos. Y también lo tuvo en ese extraño programa a mitad de camino entre la
lucha libre, la farándula y el debate político que es Intratables -América TV- donde la acusación al colectivo
Ni Una Menos por haber, otra vez, “politizado” el grito contra los femicidios fue descarnado. Para oponer un
contrapunto a esa corrupción se invitó a Gabriela Arias Uriburu, conocida en los años ‘90 por su lucha para
recuperar a sus hijxs, a quienes el padre secuestró para llevarlos a Jordania. ¿Será que era necesario
contraponer a una “madre” -y no de las politizadas- al reclamo colectivo para dar cuenta de lo que se supone
correcto y lo que no?
Fue Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo y una de las voces que dieron vida al documento conjunto que se
leyó al final de la multitudinaria manifestación del sábado pasado, la que terminó de cerrar el hilo conductor
de esta forma de denostación a esta manera de salir a la calle y decir basta. Lo hizo en una mesa de debate en
el marco del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos: “Cuando empezamos a dar vueltas a
la Plaza, al principio, a las Madres nos criticaban porque estábamos politizadas, y estos días viendo la
televisión volví a escuchar lo mismo. Por eso agradezco a mis amigas feministas que hayan invitado y que me
hayan ayudado a tomar conciencia”.
¿Cómo no agradecerle a ella ese recuerdo para que la memoria se engarce con los pasos del presente? Lo hizo
a su manera Victoria Solano, una joven periodista colombiana que dio cuenta de qué manera el discurso único
sobre el conflicto armado en su país había borrado el genocidio de las fuerzas políticas de izquierda y cómo a
su generación se la había empujado a la “despolitización” a riesgo de dejar de existir de la forma más literal
posible y también de otras como pueden ser la falta de trabajo o la falta misma de voluntad política.
A la salida de ese conversatorio, mientras esperaba el subte y paladeaba todavía las palabras de Nora y de
Victoria, mientras empezaban a rondarme estas mismas palabras, me detuve en las pantallas que sobre los
andenes reproducen publicidad oficial. Nada, nada, nada que estuviera relacionado con la prevención de la
violencia machista. Se pasaban sí, campañas de vacunación, muy necesarias por cierto, en las que se veía a
niños y niñas, embarazadas, algunos varones también -los menos- que acudían sonrientes a recibir sus
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77 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
vacunas. Y recordé que hasta no hace tanto hubo en las estaciones de subte una campaña sobre violencia de
género en la que siempre aparecía el rostro de una mujer doliente, lastimada, con los labios sellados. Es a lo
que estamos acostumbradas, tanto que hasta parece natural que así sea como se comunique.
Sin embargo, para alentar la vacunación no se muestran cuerpos estragados por la enfermedad. Entonces
quedó claro: a las mujeres nos quieren víctimas, nos quieren en ese único lugar donde puede sostenerse
siempre la relación vertical entre quien sufre y se le puede dar ayuda. La politización en cambio, esa que
genera tanta tirria, es rebeldía. Es atrevimiento por demandar la vida que queremos vivir y empezar a
ensayarla. Y eso, evidentemente, es lo que resulta insoportable.
https://www.pagina12.com.ar/42898-muy-politizadas
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78 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Se conmemora hoy el Día contra abusos en la vejez
Persiste el maltrato contra adultos mayores, revelan cifras del Conapred
JESSICA XANTOMILA
Periódico La Jornada
Jueves 15 de junio de 2017, p. 7
Viejo y anciano son los adjetivos que más escucha Fernando Alvarado en la calle; también burlas, por su manera
de caminar, pues usa bastón, y las expresiones de rechazo son constantes. Esto es parte de la vida, dijo en
entrevista.
Alvarado tiene 68 años, vende paletas de dulce en la esquina de Reforma y Génova para mantener a su
esposa, y ahora también a su hija y sus nietos, pues ésta dejó a su pareja.
El señor Fernando se quedó sin trabajo y aunque hace dos años intentó buscar uno, nada más me miraban
y me hacían fuchi, aunque iba yo de traje. Siempre hay discriminación y no hay oportunidad.
Esta es una de las realidades que viven los adultos mayores en el país. De 2011 hasta el 29 de febrero de
2016, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) calificó 146 expedientes de presuntos
actos de discriminación relacionados con este sector.
En el contexto del Día Mundial de toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemora
hoy, el Conapred señaló que entre los derechos vulnerados el más frecuente fue trato digno, con 24 por ciento
de casos; trabajo, 22; igualdad de oportunidades, 14.5; salud, 8.7; vida libre de violencia, 6.2; prestación de
servicios al público, 5.8; accesibilidad, 5.5; seguridad social y no discriminación, 3.2 por ciento cada uno.
La señora Maura tiene 60 años y vive con tres hermanas, pero dice que está sola. Entrevistada en la Alameda
Central, señaló que ha sufrido maltrato de sus familiares, quienes le cortan servicios, entran a su cuarto y toman
sus cosas, se la avientan o hablan mal de ella.
Sin embargo, dijo que no puede hacer nada y prefiere ignorar a sus hermanas: Nada sirve. Tengo diabetes
y mejor me cuido.
Tania Ramírez, directora general adjunta de vinculación, cultura y educación del Conapred, manifestó, en
relación con el trato que reciben los adultos mayores, que como sociedad no hemos sido educados, porque nadie
nos enseñó y hace algunas décadas las personas no eran tan longevas.
En el país, 7.2 por ciento de la población tiene 65 años o más, la mayoría son mujeres, pero la proporción
cambia según el rango de edad: entre los 60 y 69 años, hay 88 hombres por cada cien mujeres, y después de los
70 años, 83 por cada cien, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Casi la mitad de todas las personas con discapacidad, 47.4 por ciento, tiene 65 años y más. Y, de acuerdo
con el Conapred, casi 50 por ciento vive en pobreza.
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/15/politica/007n3pol
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79 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
VIOLENCIAS
Su nombre era Luna
Luna Marianella Ortiz salió de su casa de Benavídez el viernes pasado para postularse a un trabajo en una
zapatería. Apareció muerta al otro día, cuando miles de personas marchaban por Ni Una Menos, en la casa de
un fulano. Las cámaras de seguridad del Casino de Tigre registran cuando éste la saca de ahí casi desvanecida
y lo siguen en un recorrido por diversos lugares que se pierden dentro de una villa. No era la primera vez que
Luna desaparecía, ya otra vez había vuelto con signos de abuso y sin querer contar demasiado de lo que había
vivido. Pero claro, Luna consumía drogas y aunque ahora estaba en rehabilitación, para la policía y para la
Justicia esa precariedad la convirtió en un problema menor. Muerte por sobredosis, le dijeron al papá y a la
mamá, que la buscaban, y les mostraron una foto en blanco y negro impresa en papel común de su hija
inerme. Por orden del fiscal no pudieron identificar el cuerpo hasta después de la autopsia. Ahora reclaman el
esclarecimiento de lo que sería un entramado mafioso de captación y descarte de adolescentes, eso que podría
estar detrás de la constante desaparición de niñas en los barrios populares.
Por Roxana Sandá
“A Luna la engañaron.” “Se la llevaron para prostituirla.” “Hicieron lo que quisieron y la descartaron.”
“Anularon su voluntad.” Palabras a borbotones de amigas, familiares, vecinas que conocían a Luna
Marianella Ortiz desde chica comienzan a fundirse en una protesta rabiosa frente a su desaparición y muerte,
entre el viernes 2 y este sábado 3 de junio en el barrio Kanmar de Benavídez, partido de Tigre, un territorio
denunciado durante los últimos años por las desapariciones de adolescentes y el vínculo de esos hechos con el
accionar de redes narco y de trata. El único detenido bajo la carátula “abandono de persona seguido de muerte
y suministro de sustancias estupefacientes a título gratuito”, es Isaías Villarreal, un individuo que dijo
conocerla circunstancialmente a través de facebook, que salió con ella del Casino de Tigre a rastras,
prácticamente desvanecida, según registraron las cámaras de seguridad, y que después la llevó a recorrer
villas de la zona y diferentes lugares para obtener droga, pero se cree que fue trasladándola para prostituirla.
“¿Cuántas veces se puede revictimizar a una mujer durante 48 horas?”, arroja Pamela, allegada a la familia y
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80 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
formadora de una red de cuidado popular y colectivo “para acompañarnos y contenernos en sororidad”. La
muerde la impotencia por el caudal escandaloso de procedimientos policiales y judiciales cuestionables que
sumieron a los padres de Luna en la búsqueda desesperada del cuerpo, porque ni la policía ni el fiscal a cargo,
Marcelo Fuenzalida, precisaban a dónde lo habían llevado. Tampoco les permitieron reconocerla hasta
después de la autopsia, y llegaron a ensayar un intento de entrega a cajón cerrado.
“Hay mucho para preguntar y averiguar. Estamos esperando ver el expediente y conocer el resultado de las
pericias y la autopsia. No sabemos qué pasó en esos dos días con el cuerpo de nuestra hija”, manifestó
Facundo Ortiz, el padre de Luna. “Todo sucedió a unas diez cuadras de casa. Nos dijeron que murió por
sobredosis, que se encontró con Villarreal, que la alcoholizó y la llevó de casa en casa, inconsciente, para
intercambiarla por droga.” Las cámaras de seguridad captaron la salida del Casino de Tigre con Luna llevada
en andas por el individuo, pero ninguna fuerza los interceptó. “El fiscal nos dijo que las cámaras registran que
la llevan inconsciente. ¿Entonces por qué no hicieron nada? Nos dijeron muchas mentiras”, dijo su mamá,
Marisa Rodríguez. Que estaba en la morgue de San Fernando, que estaba en una cochería en San Francisco
Solano, que al final estaba en otra de El Talar. “Buscando nos enteramos de que una cochería había trasladado
el cuerpo al cementerio de Benavídez”, relató Marisa. “Queremos que se haga Justicia y que no cierren todo
esto como un caso de sobredosis.”
Luna quería salir adelante con la búsqueda de un trabajo. El viernes 2 a las 18.30 se puso el jean, la campera
de siempre y se colgó el bolso gris para ir a la zapatería Diez Puntos, un local en Alvear entre Jujuy y La
Rioja que necesitaba empleada. No volvió más. Marisa le envió un whatsapp que recién contestó a las 3 de la
mañana. “Acá estoy, estoy bien…” El mensaje se repitió un par de veces más, los puntos suspensivos
inquietaron. Fue la última “conversación” que tuvo con su familia. El 3 de junio a las 18, cuando la
movilización convocada por Ni Una Menos abrazaba otra jornada histórica, tres patrulleros se presentaron en
la vivienda de los Ortiz para llevarlos a la 4ta de Benavídez, donde el comisario Ceferino Hernández les
comunicó que su hija murió de sobredosis en la casa de la parienta de un fulano, cerca de ahí. Un oficial de
apellido Machado les mostró una foto en blanco y negro impresa en un papel. Era el rostro de Luna con los
ojos cerrados. Facundo creyó que era una imagen de su hija durmiendo. Otro policía les contó “de favor” que
el único detenido era Villarreal, que declaró haber conocido a la chica por las redes sociales y que el viernes
tomaron algo en un lugar que no recordaba. De ahí al Casino y después a una villa cercana -La Garrote
probablemente-. Y aquí el recorrido se pierde porque en esa zona las cámaras no funcionan. “Pero se la ve
saliendo a rastras del Casino y aún así la policía no hizo nada”, lamentó Mariana, tía de Luna y una de las
mujeres que la acompañaron en el tratamiento de rehabilitación que realizaba desde diciembre del año pasado.
“Estamos desconsolados y muy enojados por todas las idas y vueltas y por el destrato institucional que
recibieron los padres”, advirtió Mariana. “Ese papel en blanco y negro que pretendía ser una foto, el hecho de
comunicarles qué había pasado con su hija como si les estuvieran haciendo un favor, y encima el capítulo del
fiscal, que el domingo 4 a la mañana los atendió de mala manera, dándoles a entender a los padres que Luna
era una adicta y que así terminan estas personas. Nos dio información errónea sobre dónde estaba depositado
el cuerpo y estuvimos viajando todo el domingo por morgues y cocherías.” Marcelo Fuenzalida es el titular de
la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Tigre. De su currículum no surge una
formación en la temática. Es quien no permitió que los Ortiz pudieran reconocer el cuerpo de Luna hasta
después de la autopsia, posiblemente bajo el argumento de “no alterar” la prueba. Pero es injustificable que la
familia de la adolescente no supiera dónde se encontraba ni qué tratamiento iba a recibir el cuerpo.
Los funcionarios judiciales suelen aducir una sobre saturación de expedientes que no hace más que enfatizar
la desprolijidad histórica de algunos ministerios públicos fiscales de la provincia de Buenos Aires y el
desprecio por la capacitación con perspectiva de género. Organismos sociales, de derechos humanos y de
monitoreo demandan hace años la intervención de unidades fiscales especializadas en violencia de género
desde el inicio de las investigaciones penales. Proponen que esas unidades cuenten con un cuerpo de
investigadores especializados en la materia, que dispongan de inmediato las medidas de instrucción. Como
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81 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
por ejemplo librar la orden de captura del femicida, preservar y analizar la escena del crimen, disponer
allanamientos, tomar declaraciones a los testigos y producir y analizar pruebas periciales desde una
perspectiva de género. Nada de esto ocurrió en el caso de Luna, como tampoco en el de Araceli Fulles, para
dar una pincelada de memoria urgente.
La tía de Luna no cree que el detenido resulte un nadie. Era del barrio, supone que a su sobrina “la tenía vista”
y que hay conocidos en común. “En octubre ella salía con una persona que a sus padres no les gustaba. En
diciembre la encontraron tirada en un arroyo en Benavídez, inconsciente. Había sufrido un hecho grave de
abuso y violencia física. Comenzó el tratamiento de rehabilitación, y meses después hubo otras situaciones
pesadas. Creemos que estuvo cautiva en General Pacheco, y esos episodios la marcaron.” Vivía aterrorizada,
dicen. No quería contar lo que le había pasado. Tenía miedo de ir sola por la calle y de que la encontraran los
que la habían llevado. “Estoy segura de que pusieron a este perejil que detuvieron para volver a llevársela”,
dijo Mariana. “¿Dónde están los otros que abusaron de ella esa noche y las otras personas que estaban en la
casa donde apareció muerta? Aquí hay redes narco y de trata para explotación sexual que se llevan a las pibas
todo el tiempo.” Se habla de cautiverios organizados para transa y prostitución, con entrada y salida de
adolescentes en el propio territorio.
Desde 2015, organizaciones sociales de Tigre, amigxs, vecinxs y familiares de las víctimas reclaman al
intendente Julio Zamora el esclarecimiento de crímenes que estarían vinculados con redes de trata y
narcotráfico bajo amparo policial, judicial y político. Exigen el desmantelamiento de esas redes y la aparición
con vida de las jóvenes desaparecidas, y acumulan denuncias contra los abusos policiales y el maltrato que
reciben por parte del Centro de Operaciones Tigre (COT) y la comisaría de la mujer del distrito. Quieren
lograr condiciones dignas en los barrios para evitar la inseguridad, más iluminación y que los descampados y
baldíos se destinen a la construcción de viviendas populares, antes de que sean tomados por nuevos kioscos
de droga. Aún no hay respuesta.
“La niña es solamente algo que sirve en el refuerzo del pacto de la alianza mafiosa, de la alianza masculina.
El interés es por la niña pero no por la niña. ¡Cuidado! Porque las niñas son intercambiables entre sí, no
importa quién, es alguna niña. Todas reciben de la misma identidad falsa al mismo tiempo los llamados y las
amenazas. Esto quiere decir que la niña es cualquiera que sirva a ese pacto. Es como una víctima sacrificial
que alimenta un pacto que debe ser sellado”, explicaba la antropóloga Rita Segato en agosto de 2016, en una
jornada de reflexión coordinada por Ileana Arduino, publicada en “Los cuerpos de las mujeres en la mira de
los poderes territoriales. El caso de las niñas y adolescentes desaparecidas en el Bajo Flores”, de la Comisión
Investigadora de la Violencia en los Territorios. Dice Segato que “(…) La niña es funcional, su captura es
funcional a esa progresión de escala en la carrera mafiosa. Entonces el análisis tiene que ser sobre la
estructura del pacto masculino mafioso, que es un pacto de negocio, un pacto corporativo, o un pacto de
personas que están en el mismo negocio y que necesitan dar pruebas progresivas para poder escalar
posiciones. Son pruebas de crueldad, de capacidad de engaño. En un mismo sentido, el peso fundamental de
la interpretación debe estar no en los cuerpos de las niñas -aunque la niña está, por supuesto- sino en el pacto
de silencio. El pacto corporativo es el centro de gravedad de toda esta escena que estamos intentando
comprender”.
Luna era una “piba silvestre”, en los términos que el Colectivo Juguetes Perdidos caracteriza como una
pulsión de vida que atraviesa a chicas y chicos de los barrios con intensidad desbaratadora, por ser una
perspectiva que nace en márgenes agitados, creando estrategias dentro de territorios que mutan
permanentemente y donde circula el consumo, los circuitos represivos y la precariedad. Surfeó con el ansia de
reconstruirse desde una autonomía genuina. Muerta ahora en la nebulosa de una causa de visible matriz
patriarcal, la Justicia racista y sexista y un Estado ausente eligen culpabilizarla a ella antes que a esa cadena
mafiosa de tráficos y ultrajes que ponen fecha de vencimiento a la vida de las pibas.
https://www.pagina12.com.ar/42899-su-nombre-era-luna
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Crisis humana en cifras
JOSÉ ANTONIO ROMÁN
Periódico La Jornada
Jueves 15 de junio de 2017, p. 7
• En 2016, el Instituto Nacional de Migración de México detuvo a 188 mil 595 personas que ingresaron al país
en forma irregular, de las cuales 81 por ciento procedía de Centroamérica, y deportó a 147 mil 370 a sus países
de origen. El 97 por ciento de los deportados procedían de El Salvador, Honduras y Guatemala, países que
forman el Triángulo Norte de Centroamérica. A muchas no se les informó sobre su derecho a buscar protección
mediante una solicitud de asilo.
• El número de solicitudes de asilo de ciudadanos de esos tres países aumentó 555 por ciento entre 2010 y
2015.
• El Salvador y Honduras están clasificados como dos de los lugares más mortíferos del planeta fuera de
una zona de conflicto, con tasas de homicidio de entre ocho y 10 veces más altas.
• Entre 7 mil y 10 mil personas procedentes de México han solicitado asilo en Estados Unidos cada año
desde 2011, a causa de la violencia, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
• Se estima que hasta 287 mil personas estaban desplazadas internamente en México en 2015 por la
violencia provocada por los enfrentamientos entre cárteles de la droga y fuerzas gubernamentales.
• En el año fiscal 2016, 91 por ciento de las unidades familiares aprehendidas por la Patrulla Fronteriza
estadunidense y 79 por ciento de los menores de edad no acompañados procedían del Triángulo Norte de
Centroamérica.
• Se calcula que cada año más de 400 mil personas cruzan irregularmente la frontera sur de México. Hasta
la mitad de ellas podrían tener derecho a protección internacional, pero sólo unas cuantas la solicitan.
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/15/politica/007n2pol
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83 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
A mansplaining World Science Festival host wouldn't stop talking over his one female panelist
Published June 6, 2017
by Melanie Ehrenkranz
SHARETWEETEMAIL
Source: World Science Festival/Mic
During a panel about how the universe operates, something else ancient and inexplicable occurred: A man
interrupted a woman.
The panel — Pondering the Imponderables: The Biggest Questions of Cosmology — took place at the World
Science Festival on Saturday. It featured five men and one woman and was moderated by philosopher
and New Yorker contributor Jim Holt. Veronika Hubeny, the one woman on stage, is a theoretical physicist
and professor in the Department of Physicsat UC Davis. She is an expert in string theory and quantum
gravity.
Hubeny
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84 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Source: World Science Festival/YouTube
But when Holt posed a question to Hubeny — one centered on her area of expertise — he continued to speak
over her as she tried to answer his question. That is, until someone shouted "Let her speak, please!" from the
audience.
Hell yes.
You can witness the event described above at just after an hour and five minutes into the YouTube video of
the event.
"I talked too much," Holt said in an email to Mic. "The reproach from the audience was well-merited. I
apologize to Dr. Hubeny and salute her for her stellar contribution to the discussion."
Holt reacts to the audience member shouting "Let her speak."
Source: Mic/World Science Festival
"We could clearly see that she was trying to speak up," Marilee Talkington, who identified herself as the
person who shouted from the audience, wrote in a Facebook post. "But he continued to talk over her and
dominate the space for several minutes."
Talkington noted that the event was sold out, and that she was told that "millions of people" watch the videos
of the panels following the livestreams.
"So at this point, after seeing very clearly that she was not going to be given space to speak and in fact having
her own theories described to the audience by the moderator, I am in full outrage," Talkington continued.
After hearing "Let her speak, please" — and the cheer of the crowd that followed — Holt apologized. "That
always happens to me," he joked. "Do I talk too much?"
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This scenario — a theoretical physicist mansplained during a male-dominated panel — is representative of
broader, systemic issues plaguing women in science, technology, engineering and mathematics. Not only are
these academic fields predominantly male, but women that do pursue a career in science face gender
bias and sexual harassment. What's more, a study showed that men aren't convinced that sexism in STEM is
even a real issue. It's a shame — more women in the field is better for everyone.
In a Facebook comment responding to Talkington's post, Hubeny offered a note of optimism. "If you allow
yourself to enjoy the beautiful things that really matter, if you don't let social or peer pressure dissuade you
from pursuing a field which appeals to you, then no pettiness or childishness or boorishness that you
encounter can harm you so much," she wrote. "Please understand that I’m not trying to say that sexism in
science is a myth. It is real and we should all aspire to diminish it. But I am trying to say that it need not pose
as much of an impediment as you might fear."
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85 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Watch the full video here.
Source: YouTube
https://mic.com/articles/179068/world-science-festival-jim-holt-veronika-hubeny-let-her-speak-mansplaining-
interruption#.D0HRgsURz
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86 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
El megáfono
Violencia machista desde las cárceles
Por Malena Rico
¿Qué se hace entonces? Es la pregunta del millón que nos hacemos ante cada caso de femicidio quienes
entendemos que la solución no es más encierro. Imposible de responder de una única forma porque la
problemática es inabordable desde un solo ángulo. Aquí entonces, la forma que hemos encontrado con mi
equipo de trabajo, en dirección al cambio social y cultural a desentramar los mandatos y desnaturalizar
conductas. Soy parte del Equipo de Abordaje Psicosocial de la unidad penitenciaria n°39, junto con mi
compañera Analía Ponce, trabajamos con hombres privados de su libertad por haber cometido delitos de toda
índole. Conformamos dispositivos grupales de contención y reflexión y de acuerdo a los emergentes,
diseñamos talleres y capacitaciones y llevamos a cabo diversos proyectos.
En esos espacios grupales se ponen de manifiesto, con repetición y frecuencia, discursos que ponen en
evidencia estereotipos de género que son el germen de la violencia y hasta en muchos casos, del delito:
“cuando salga tengo que darle todo a mi familia, no les puede faltar nada”, “mi mujer tiene que quedarse en
casa con los chicos, yo soy el que tiene que mantenerlos”, entre otros dichos, ponen de manifiesto la
naturalización del rol del macho proveedor y la mujer cuidadora. En estos espacios grupales, donde se juega
la palabra, la simple pregunta ¿por qué? O ¿por qué no?, abre, habilita, destraba reflexiones inéditas y le
quitan el carácter de “naturales” a fenómenos que son puramente “culturales”.
En este contexto es que surgió la necesidad de armar una capacitación en salud sexual y reproductiva. Allí
pudimos trabajar la temática en un ámbito de confidencialidad, pero además pudimos brindar aportes teóricos,
para nutrir las reflexiones. Algunos se pudieron hacer cargo de sus prejuicios, de sus matrices cerradas, otros
pudieron confesar que alguna vez habían maltratado a su pareja, que en ese momento lo habían vivido como
algo que estaba bien, porque “se lo merecía” pero que ahora podían cambiar el enfoque. También trabajamos
sobre la legalización del aborto, muchos no estaban de acuerdo, pero resultó que casi todos habían sido parte
de uno alguna vez y no se sentían habilitados a contarlo hasta ese momento.
Otro de los temas centrales fue la planificación de los embarazos y la prevención de infecciones de trasmisión
sexual. La cantidad de mitos y falsos pareceres acerca de estos temas es realmente llamativa. “Embarazar a las
mujeres” como forma de atraparlas y asegurarse visita y provisiones, es una práctica común. En ese grupo
había chorros, asesinos, violadores. En definitiva hombres, productos de esta cultura. Portavoces del abuso de
poder sobre el cuerpo del más débil. Entonces, encontrar espacios donde problematizar las cuestiones de
género, cumplir con la Ley de Educación Sexual Integral en las aulas y en cada espacio por los que
transitemos, eso es atacar el problema de fondo.
* La autora es psicóloga social e integrante del Programa Provincial de Prevención de Violencia en Cárceles.
https://www.pagina12.com.ar/42900-violencia-machista-desde-las-carceles
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87 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
En 2016 el país recibió 8 mil 788 solicitudes; sólo lo otorgó a 35 por ciento
México y EU violan el derecho de protección y refugio a miles, acusa AI
La complicidad del gobierno federal fortalece las políticas de mano dura de Washington
JOSÉ ANTONIO ROMÁN
Periódico La Jornada
Jueves 15 de junio de 2017, p. 7
Los gobiernos de Estados Unidos y México han violado de forma sistemática el derecho humano al asilo de
miles de centroamericanos y mexicanos que han decidido huir de sus comunidades de origen a causa de la
violencia, afirmó Amnistía Internacional (AI).
Sostuvo que las políticas de mano dura que ha aplicado el gobierno estadunidense para el control de su
frontera se ha conjugado con la complicidad de su par mexicano, encargado de devolver a los migrantes al
peligro del que huyeron. Ambos gobiernos cometen flagrantes violaciones al derecho internacional de asilo.
En el informe Enfrentando muros. Violaciones de los derechos de solicitantes de asilo en Estados Unidos
y México, AI señala que los datos y la propia experiencia indican que las férreas políticas de control fronterizo
no impiden que la gente migre o huya de su país, sino que la condenan a seguir rutas más peligrosas y fortalecen
las redes delictivas violentas que alimentan el tráfico de seres humanos y dan lugar a un aumento de la pérdida
de vidas.
Estados Unidos y México son socios en el crimen y están fraguando una incipiente catástrofe de derechos
humanos. Estados Unidos está construyendo un sistema cruel y hermético para impedir que gente que lo necesita
reciba protección internacional, y México está demasiado dispuesto a desempeñar el papel de portero de Estados
Unidos, indicó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.
El informe destaca que entre la gran cantidad de personas que cruzan la frontera sur de Estados Unidos se
encuentra un número significativo de solicitantes de asilo que huyen de la violencia extrema del llamado
Triángulo Norte de Centroamérica, formado por Honduras, El Salvador y Guatemala.
Pero también existe un número creciente de solicitudes de asilo presentadas por mexicanos que también
huyen de la violencia y la persecución en su país.
Amnistía Internacional advierte que, con sus acciones, el gobierno del presidente Donald Trump busca
socavar los derechos de los solicitantes de asilo en Estados Unidos y permitir un régimen inhumano y punitivo
para las personas migrantes que entran irregularmente a ese país.
En esta tarea, agrega, el gobierno mexicano ha desempeñado un importante papel en la detención ilegal, la
deportación y la devolución de decenas de miles de centroamericanos a situaciones de peligro, a veces
basándose para ello en financiación estadunidense, mediante los recursos de la llamada Iniciativa Mérida.
Abusos múltiples
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88 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Junto con el Plan Frontera Sur se ha provocado un aumento de operaciones de seguridad en los límites entre
México, Guatemala y Belice, y se ha asociado con frecuentes informes de extorsiones, secuestros y otros abusos
contra los derechos humanos de los migrantes, señala el informe de 45 páginas, que incluye decenas de
testimonios de personas a quienes les han negado asilo en los dos países, así como entrevistas con activistas,
abogados y funcionarios de ambas naciones.
En el reporte, AI, una de las organizaciones de defensa de derechos humanos con mayor reconocimiento a
escala global, concluye que México está incumpliendo su responsabilidad de proteger al creciente número de
personas centroamericanas que buscan protección en el país.
De acuerdo con datos oficiales, en 2016 se registró en México una cifra récord de 8 mil 788 solicitudes de
asilo, en comparación con las mil 296 de 2013; sólo 35 por ciento de solicitantes recibieron el reconocimiento
de la condición de refugiado.
El 91 por de las solicitudes era de personas originarias de las tres naciones centroamericanas asoladas por
la violencia. La agencia de la ONU para los refugiados prevé que el número de solicitudes pueda llegar a 20
mil este año.
Respecto de los mexicanos que han solicitado asilo en Estados Unidos, también a causa de la violencia, la
cifra varía entre 7 mil y 10 mil cada año desde 2011, según datos del Departamento de Justicia.
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/15/politica/007n1pol
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89 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Plus-size and curve models are ready to move beyond the body positivity conversation
Published May 29, 2017
by Rachel Lubitz
Source: Instagram
The first time curve model Charli Howard ever heard about the concept of "body positivity" was back in
2015, after she wrote a scathing Facebook status about how she had just been dropped from her modeling
agency for being too big.
"My mental and physical health is of more importance than a number on a scale, however much you wish to
emphasize this," she wrote. "Until (and if) an agency wishes to represent me for myself, my body & the
WOMAN I've become, give me a call. Until then, I'm off to Nandos."
With that, Howard received a flurry of what we'd now refer to as body-positive messages, unintentionally
landing her right in the middle of the body-positive movement, which was just taking off with the rise of
women like Ashley Graham and Robyn Lawley.
But now, nearly two years since Howard's original post, she and some of her peers have realized that the body
positivity conversation is at a crossroads. You can only talk about how much you love your stretch marks, and
about how much you love your cellulite and about how much you love your stomach rolls so many times
before it starts feeling disingenuous.
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90 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
"Just because I'm a curve model," Howard, who is a size 6/8, said in an interview. "It doesn't mean I want to
constantly shout about how I feel about my body. I think that it's important to love your body, but it doesn't
always define you. It is getting to a point where being bigger doesn't have to be brought up."
Charli Howard
Source: Mic/Charli Howard/Instagram
It's not that body positivity is unimportant so much as that the conversation largely preaches to an already rapt
choir, rather than evolving to draw in new members.
As model Denise Bidot said in an interview: "I think the body positive conversation is one that lives
indefinitely not just through curvy women, but men too. It started as a conversation for us because we needed
to stomp our feet and what it did is unite everyone. It's a conversation that's near and dear to my heart, but
yeah, I think the conversation needs to progress into inclusivity and how we get more curvy women out there,
rather than individual experiences with loving ourselves."
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91 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Denise Bidot
Source: Mic/Denise Bidot/Instagram
Indeed, there are many problems with how the body positivity conversation is presented now, according to
these models. And for starters, it's mostly only plus-size and curve models who are asked about it.
"It suggests that only bigger women or bigger models have faced criticisms about their bodies," Howard said.
"And what I can say is that is absolutely untrue. When I was a size 2, I felt awful about my body."
And it's not like thinner models don't have anything to say about it, either. Model Clémentine Desseaux,
who's been modeling for eight years now, claims she knows they do, but they simply aren't asked about it
because the media doesn't think they are included in this movement at all.
"There's many girls I even know in the straight-size industry that are into body positivity, but they really
never are asked about it because they're not different," Desseaux said. "It's like when you're not black, so you
don't get asked about Black Lives Matter. There's this assumption that if you're not in this group you don't
care, which is ridiculous."
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92 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Clémentine Desseaux
Source: Mic/Les Mijotés/Instagram
For Desseaux, she claims that her interviews are too often only about body positivity, when she would be
happy to talk about things like beauty and even, hey, the French elections.
In terms of why these models think they're the only ones asked about body positivity, Bidot, who has
launched a body-positive project of her own, "No Wrong Way," said that it goes back to this idea that women
who are above a certain size are inherently unhappy with their appearance.
"I think it's unbelievable to them that we can feel beautiful and confident," Bidot said. "I was meant to be
curvy, I didn't think anything of it. For some people, it shocks them that you can be confident. People are still
like, how can you be confident?"
Another issue now is that there's actually an expectation that plus-size and curve models want to talk about
body positivity constantly.
"I think that on the whole, for a lot of these curve models, they're lumbered with that tag," Howard said. "It's
like we have to love our bodies and show off our cellulite and stuff. And actually, it's like, do we have to do
that? You don't have to always bring attention to your body and loving it, you could just love it."
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93 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Charli Howard
Source: Mic/Charli Howard/Instagram
That, in turn, has made several models feel like they're being used in campaigns as a "token plus-size model"
in order for a brand to promote this idea that it loves diversity.
"That's definitely how I felt about Aerie Man," Kelvin Davis — who runs the blog Notoriously Dapper, has
modeled for Chubbies and was involved in that #AerieMan April Fool's Joke — said in an interview. "They
tapped into me because they were like, we need one body-positive dude who's active in this stuff. Sometimes
a company will use you in the right way in order to help gain a better understanding of the movement and
help other people. But there are some people that just jump on the wagon just because it's hot."
An example of this would be Urban Outfitters using curve and plus-size models when they don't even stock
plus-size clothing.
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94 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Kelvin Davis
Source: Mic/Kelvin Davis/Instagram
Yet another issue: The conversation remains too broad. For Desseaux, if it focused in more on certain aspects
of self-love and appreciation, then it could be a stronger movement.
"I think it needs to be diversified in the sense that everything is body positivity whether we're talking about
health, mental health, eating disorders," Desseaux said. "Everything is under body positivity and I think
there's so much confusion coming from that. Girls are looking at body positivity as a solution for everything,
when it's not, and they should be looking elsewhere. We should be more specific, and focus."
So, in what ways can the conversation evolve? Among the models interviewed, one thing they all agreed on
was a need for more diversity within the movement.
"I think inclusion is the most important thing, as we still see very minimal diversity in race and size and age in
the runway shows or in commercials," Bidot said. "As a half-Latina, half-Middle Eastern woman, I see the
representation on the Latin side but on the Middle Eastern side, there aren't a lot of us. I hope these doors
continue to open for women of different sizes. We don't all need to have this hourglass body. I think we're just
tiptoeing into that."
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95 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Denise Bidot
Source: Mic/Denise Bidot /Instagram
"We do have a lot of curvy models and plus-size curve models, but they're all one race and they all look one
way," Davis added. "They're white or fair-skinned and there's more to see. We need to see women who have a
bigger stomach and thighs and not just hourglasses. We have to do that for the movement to go forward."
Howard thinks that it's time for campaigns and runway shows to stop publicizing their diversity, because of
this need for plus-size and curve bodies to seem normal rather than "the other."
"The only way to normalize it is to incorporate more bodies into campaigns, and not boast or really draw
attention to that," Howard said.
In the end, it's all about feeling a part of the fashion industry for these models, and not apart from it.
"Yes, we're curvy, we're powerful," Bidot said. "We needed to let you know it, but now we said it and now it's
time to do what we can and use those tools of feeling beautiful and be the best that we're able to be, whatever
career path you choose. I want to create the next generation of doctors and lawyers that feel great about their
bodies."
By Rachel Lubitz@rachellubitz
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96 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Rachel is a senior Style writer at Mic. She previously worked for The Washington Post's Style section for
more than three years. Feel free to contact her at rachel@mic.com.
https://mic.com/articles/177948/plus-size-and-curve-models-are-ready-to-move-beyond-the-body-positivity-
conversation#.jYy4Y7AGi
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97 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Nuestras voces
La tercera edición de Ni Una Menos fue una fiesta que vistió las plazas de todo el país de consignas
feministas. En un agite que ya se volvió regional y que incluye a grandes ciudades del mundo, el sábado
pasado nos encontramos en una marea de abrazos, bailes y cantos que quedaron grabados en nuestros cuerpos
y que multiplican nuestras voces. Con palabras como sororidad y empoderamiento flotando en el aire, del
Congreso a Plaza de Mayo, niñas, mujeres, lesbianas, trans y travestis marchamos juntas: aquí algunas
palabras de quienes allí estuvieron que dan cuenta de estos dos años de lucha y potencia colectiva.
Por Flor Monfort
Imagen: Jose Nico
Juana, 78 años, jubilada
Vengo a todas las marchas que tengan que ver con los derechos feministas. Todo lo que está pasando me
moviliza aún más. No entiendo todavía bien qué es lo que acrecienta los crímenes de este modo pero me
enorgullece que Argentina sea el país con más empoderamiento y que hayamos contagiado al mundo de esta
furia. Yo milito desde que tengo 18 años así que no sé qué podría decir que ha cambiado desde el primer Ni
Una Menos a éste pero sin duda algo se está moviendo y es imparable.
Pía, 26 años, participa de un colectivo de música y arte
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98 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Me parece muy importante estar en la calle en esta fecha, la mayor cantidad que estemos es mejor. Si bien el
machismo se destruye desde las acciones de todos los días es importante recordar desde las movilizaciones
por qué tenemos que seguir luchando. Lo más urgente es frenar los femicidios y luego que cambie el
paradigma en relación a las políticas públicas que se destinan a las mujeres. La ESI es fundamental y no
podemos permitir que se deje de lado: tenemos que exigir que se aplique como indica la ley. Siempre estuve
comprometida y siempre voy a marchar por nuestros derechos.
Julieta, 19 años, estudiante
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99 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Tenemos que hacernos escuchar, decirle a los políticos que acá estamos, y que nos están matando. Siempre
vengo, a veces marcho en La Plata y a veces acá. De dos años a esta parte, desde el Estado no cambió mucho
pero la sociedad sí lo hizo, mucha gente tiene esto muy fresco, muy presente, lo comenta y se arma debate,
por más que haya choque de opiniones, me parece que lo más importante es que se está hablando de la
violencia machista, y eso es gracias a Ni Una Menos.
María José, 46 años, coordinadora nacional de la Red Latinoamericana y del Caribe por la Humanización del
Parto y del Nacimiento
Sistema de Infotecas Centrales Universidad Autónoma de Coahuila
100 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Queremos erradicar la violencia obstétrica. Necesitamos que el Estado no se siga evadiendo y habilite a las
mujeres a cumplir sus derechos en situación de parto y a que los hospitales públicos de toda la nación
cumplan con la ley 25.929 por el respeto a los derechos y a la autonomía de las mujeres en situación de parto.
Actualmente en los únicos lugares donde se cumplen estos derechos son la Maternidad Estela de Carlotto de
Moreno y el Roque Pérez de Rosario. De dos años a esta parte, cada vez es más difícil explicarle a la
hegemonía médica que nos tiene que garantizar nuestros derechos, que son muy vulnerados porque el Estado
decidió correrse de ciertas responsabilidades. Las mujeres están más empoderadas desde el conocimiento pero
si los profesionales de la salud y el Estado atentan contra nuestros derechos, estamos en problemas. Hay que
seguir luchando mucho.
Luisa, 35 años, Lic. en Comunicación
Sistema de Infotecas Centrales Universidad Autónoma de Coahuila
101 Gaceta Universitaria de Derechos Humanos No. 301 agosto 2017
Jose Nicolini
Marcho porque soy feminista, porque me parece fundamental que visibilicemos nuestras demandas y nuestra
lucha: necesitamos aborto legal, seguro y gratuito. Tenemos que cuestionar el patriarcado y desde el primer
NUM venimos haciéndolo. Esto se siente sobre todo en la sociedad, gente que no estaba cercana al activismo
pudo empezar a ver cosas que tenía naturalizadas como violencias, y hay silencios que ya no se sostienen.
Vivir lo personal como político empezó a pasar y eso está muy bueno. El tetazo no hubiera pasado sin el Ni
Una Menos y lo que Macri dijo hace unos años de los piropos ya no pasa desapercibido.
https://www.pagina12.com.ar/42902-nuestras-voces
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