carta de presentación director del programa · 2017. 12. 21. · de manera complementaria,...
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ANEXO 1
Carta de Presentación Director del Programa
Bogotá, Agosto de 2015 Señores BIBLIOTECA GENERAL Pontificia Universidad Javeriana Ciudad Respetados Señores, Me permito presentar el trabajo de grado titulado Seguridad y Defensa en Colombia perspectiva desde la Gestión Pública, elaborado por el estudiante Juan David Huertas Mejía, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.015.417.273, para que se incluya en el catálogo de consulta. Cordialmente, Sebastián Líppez de Castro Director de la carrera de Ciencia política
ANEXO 2
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES (Licencia de uso)
Bogotá, D.C., Agosto de 2015
Señores Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J. Pontificia Universidad Javeriana Cuidad El suscrito:
Juan David Huertas Mejía , con C.C. No 1015417273
En mí calidad de autor exclusivo de la obra titulada: Seguridad y Defensa en Colombia perspectiva desde la Gestión Pública
(por favor señale con una “x” las opciones que apliquen)
Tesis doctoral Trabajo de grado x Premio o distinción: Si No x
cual:
presentado y aprobado en el año 2015 , por medio del presente escrito autorizo
(Autorizamos) a la Pontificia Universidad Javeriana para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mí obra las atribuciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación. En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la presente licencia se autorizan a la Pontificia Universidad Javeriana, a los usuarios de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J., así como a los usuarios de las redes, bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado un convenio, son:
AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO
1. La conservación de los ejemplares necesarios en la sala de tesis y trabajos de grado de la Biblioteca.
x
2. La consulta física o electrónica según corresponda x
3. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer x
4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet
x
5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la Pontificia Universidad Javeriana para efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y condiciones
x
6. La inclusión en la Biblioteca Digital PUJ (Sólo para la totalidad de las Tesis Doctorales y de Maestría y para aquellos trabajos de grado que hayan sido laureados o tengan mención de honor.)
x
De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso
mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. NOTA: Información Confidencial: Esta Tesis o Trabajo de Grado contiene información privilegiada, estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de una investigación que se adelanta y cuyos
Resultados finales no se han publicado. Si No x
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta, tal situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.
NOMBRE COMPLETO No. del documento
de identidad FIRMA
FACULTAD: CIENCIA POLITICA Y RELACIONES INTERNACIONALES
PROGRAMA ACADÉMICO: CIENCIA POLITICA
ANEXO 3
BIBLIOTECA ALFONSO BORRERO CABAL, S.J.
DESCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO FORMULARIO
TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO
Seguridad y Defensa en Colombia perspectiva desde la Gestión Pública
SUBTÍTULO, SI LO TIENE
AUTOR O AUTORES
Apellidos Completos Nombres Completos
Huertas Mejía Juan David
DIRECTOR (ES) TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO
Apellidos Completos Nombres Completos
Cancelado Franco Henry Edelberto
FACULTAD
Ciencia política y Relaciones Internacionales PROGRAMA ACADÉMICO
Tipo de programa ( seleccione con “x” )
Pregrado Especialización Maestría Doctorado
x Nombre del programa académico
Ciencia política Nombres y apellidos del director del programa académico
Sebastián Líppez de Castro TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE:
Politólogo
PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial):
CIUDAD AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO
NÚMERO DE PÁGINAS
Bogotá D.C. 2015 45 TIPO DE ILUSTRACIONES ( seleccione con “x” )
Dibujos Pinturas Tablas, gráficos y
diagramas Planos Mapas Fotografías Partituras
x SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL DOCUMENTO
Nota: En caso de que el software (programa especializado requerido) no se encuentre licenciado por la Universidad
a través de la Biblioteca (previa consulta al estudiante), el texto de la Tesis o Trabajo de Grado quedará solamente en formato PDF.
MATERIAL ACOMPAÑANTE
TIPO DURACIÓN (minutos)
CANTIDAD FORMATO
CD DVD Otro ¿Cuál?
Vídeo
Audio
Multimedia
Producción electrónica
Otro Cuál?
DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS Son los términos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar estos descriptores, se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J en el correo biblioteca@javeriana.edu.co, donde se les orientará).
ESPAÑOL INGLÉS
RESUMEN DEL CONTENIDO EN: ESPAÑOL E INGLÉS (Máximo 250 palabras - 1530 caracteres)
La Política de Seguridad y Defensa del Estado Colombiano no protege el interés nacional plasmado en el preámbulo de la Constitución política de 1991, dado que responde a dinámicas de conflictos internos que si bien ponen en riesgo la seguridad del gobierno, en ningún momento pone en riesgo de existencia al Estado, dejando abierto un vacío de poder que ha sido llenado tanto por los grupos insurgentes como por intereses de actores externos; además la Política de Seguridad y Defensa en Colombia responde a intereses de otros Estados, obligando a las Fuerzas Militares a actuar como un ejército privado protegido por un entramado institucional que desvía la toma de decisiones y de acciones hacia el ejecutivo que piensa y funciona como actor político y no estatal, por lo que la misión de las Fuerzas Militares ha sido desviada y confundida con objetivos y funciones de carácter policial. Policy on Security and Defense of the Colombian State to protect the national interest expressed in the preamble of the 1991 Constitution, as it responds to the dynamics of internal conflicts that while threatening the security of the government, at any time threatening existence to the state, leaving open a power vacuum that has been filled by insurgent groups as well as by external actors' interests; also the Security and Defence Policy in Colombia responds to interests of other States, forcing the armed forces to act as a private army protected by an institutional framework that shifts decision making and action to the executive who thinks and works as an actor political and non-state, so that the mission of the armed forces has been diverted and confused objectives and functions of a police nature.
SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA PERSPECTIVA DESDE LA
GESTIÓN PÚBLICA
JUAN DAVID HUERTAS MEJIA
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE POLITÓLOGO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA
BOGOTÁ D.C.
2015
SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA PERSPECTIVA DESDE LA
GESTIÓN PÚBLICA
JUAN DAVID HUERTAS MEJIA
DIRECTOR TRABAJO DE GRADO
HENRY CANCELADO FRANCO
POLITÓLOGO, MAGÍSTER EN ANÁLISIS DE PROBLEMAS
CONTEMPORÁNEOS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA
BOGOTÁ D.C.
2015
SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA PERSPECTIVA DESDE LA
GESTIÓN PÚBLICA
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE POLITÓLOGO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA
BOGOTÁ D.C.
2015
I
TABLA DE CONTENIDO
1.0 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 1
2.0 Capítulo 1. Marco Conceptual y Teórico ................................................................................ 6
2.1 Las Políticas públicas ...................................................................................................... 6
2.2 Seguridad y Defensa ............................................................................................................. 7
2.3 El Interés Nacional ........................................................................................................... 8
2.4 El Interés Gubernamental ..................................................................................................... 9
2.5 El Neo institucionalismo y el Realismo Político: Dos enfoques con miradas distintas
frente a la política de defensa. ................................................................................................ 10
3.0 Capítulo 2. Los asuntos sobre la política de Seguridad y Defensa entre las zonas
limítrofes de Colombia ................................................................................................................... 15
3.1 El interés nacional en la construcción de la Política de Seguridad y Defensa .......... 17
3.2 Fronteras terrestres ........................................................................................................ 19
3.3 Fronteras marítimas ........................................................................................................ 28
3.3.1 Asuntos Antárticos........................................................................................................ 29
4.0 Capítulo 3. Efectos de la política de Seguridad y Defensa en el territorio Colombiano.
........................................................................................................................................................... 35
4.1 ¿Por qué la Política de Seguridad y Defensa de Colombia se enfoca en la
Seguridad y Defensa del gobierno y no del interés nacional? ............................................ 37
4.2 Introspección de los Gobiernos de Colombia en su ejecución de la Política de
Seguridad y Defensa y visión como problema de política pública. (Presidencias de
1990-2002 y 2002-2012) ........................................................................................................... 39
5.0 CONCLUSIONES Y APRECIACIONES .............................................................................. 43
6.0 Bibliografía ................................................................................................................................ 46
7.0 ANEXOS ................................................................................................................................... 51
1
1.0 INTRODUCCIÓN
El Pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus
delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de
Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes
la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la
libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que
garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar
la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la
siguiente Constitución Política de Colombia.
La intervención de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y su decisión que llevó a
la pérdida de aproximadamente 250.000 km2 de área marítima con Nicaragua,
desató en Colombia preguntas frente a la Defensa nacional (DN) que hay en el
país. Estas preguntas se desataron ante la idoneidad, la fortaleza y las
debilidades de la política de Defensa Nacional (PDN) que protege al Estado
colombiano.
Investigaciones anteriores arrojaron que desde la constitución de Colombia como
Estado en 1810, la pérdida de territorio con Estados vecinos ha representado al
día de hoy 1.000.000 de km2, lo que significa que en 200 años de existencia
como Estado, Colombia ha perdido la mitad de su territorio. (Torrijos, 2010, pág.
148)
Una de las propuestas ha mostrado que, en Colombia por múltiples situaciones, la
DN ha venido en constante debilitamiento. El descuido de la PDN ha puesto al
país en una situación de vulnerabilidad frente a las amenazas que ponen en
peligro el Interés Nacional (IN), la soberanía y la autonomía del Estado
colombiano. (Esquivel Triana, 2001)
2
Mientras otros Estados en Latinoamérica se toman en serio el tema de consolidar
su territorio, de generar una PDN efectiva y de defender el IN de sus habitantes,
Colombia sigue reflejando inseguridad y falta de control en su territorio nacional.
La ausencia de Gestión Pública frente a la Política de Seguridad y Defensa en
Colombia, durante todos sus gobiernos, se ve reflejada en las problemáticas no
sólo territoriales con las que tiene que lidiar el gobierno actual, también el
abandono de la PDN tiene repercusiones serias sobre la economía nacional, la
educación, la moral, la industria, la estabilidad gubernamental, la democracia,
entre otros. (About Colombia Internacional , Septiembre de 2002 - Junio de 2003)
Este estudio sobre “Seguridad y Defensa Nacional”, tiene sus antecedentes, entre
los que se pueden destacar durante el pregrado, los cursos de Introducción a las
Relaciones Internacionales (Cancelado, 2010) y Estado Descentralización y
Desarrollo (Amaris, 2013), las cuales abren la perspectiva al tema y sientan las
bases para los interrogantes llevados a cabo en este trabajo de grado sobre la
debilidad de la PDN en Colombia y sus consecuencias dado la ausencia de su
gestión, además de la importancia que tendría una buena PDN para el Estado
colombiano. Pero también existen antecedentes prácticos, que se dieron con la
incertidumbre generada por la pérdida de mar territorial con Nicaragua en el 2012.
(Corte Internacional de Justicia , 2012)
Este trabajo tiene en cuenta la dificultad que ha tenido Colombia para poder llevar
a cabo la construcción de una PDN adecuada y las dificultades que ha tenido para
garantizar por ende la DN frente a los demás Estados. Un factor determinante de
lo anterior es el problema de integrar al país en torno a un territorio unificado; la
escasez de gobernabilidad sobre el territorio nacional es un hecho crucial que
marca la ausencia de planeación y de Gestión pública, consecuencia de un
desinterés absoluto del gobierno central frente a las regiones y los territorios
limítrofes. (Jiménez, 2004)
3
El interés nacional promueve un entorno frente al cual se señalaron preguntas a
resolver que permiten comprender el planteamiento del problema de la presente
investigación. ¿Colombia está realmente preparada para afrontar una amenaza
externa? ¿Cuál es el IN y su importancia para mantener la soberanía del Estado
Colombiano frente a otros Estados? y ¿En qué difiere con el interés
gubernamental? ¿Una política pública que esté orientada en contra del interés
nacional puede conducir a la debilidad o fortaleza de la Defensa Nacional?
Estas preguntas nos permiten resaltar las categorías de análisis centrales: la
seguridad y la defensa como conceptos complementarios pero no equiparables
que se desarrollarán más adelante.
Por consiguiente la hipótesis que se plantea en el trabajo de grado es: La Política
de Seguridad y Defensa del Estado Colombiano no protege el interés nacional
plasmado en el preámbulo de la Constitución política de 1991, dado que responde
a dinámicas de conflictos internos que si bien ponen en riesgo la seguridad del
gobierno, en ningún momento pone en riesgo de existencia al Estado, dejando
abierto un vacío de poder que ha sido llenado tanto por los grupos insurgentes
como por intereses de actores externos; además la Política de Seguridad y
Defensa en Colombia responde a intereses de otros Estados, obligando a las
Fuerzas Militares a actuar como un ejército privado protegido por un entramado
institucional que desvía la toma de decisiones y de acciones hacia el ejecutivo
que piensa y funciona como actor político y no estatal, por lo que la misión de las
Fuerzas Militares ha sido desviada y confundida con objetivos y funciones de
carácter policial.
Este trabajo de grado se construye alrededor de un objetivo general y dos
específicos que guían la presente investigación. Como objetivo general se
pretende demostrar que la débil política pública de Defensa del Estado
colombiano en el periodo de estudio de 1990, tiempo en el que se enmarcó una
nueva Constitución Política, hasta el año 2012 hecho de la pérdida territorial en
disputa con Nicaragua de 250000Km2, ha venido debilitando constantemente la
4
DN. Y como objetivos específicos 1. Bajo la variable del interés nacional
colombiano, identificar como la falta de gestión pública en las zonas limítrofes del
Estado ha debilitado la Seguridad y la Defensa tanto en territorio terrestre como
marítimo. 2. identificar los efectos y consecuencias que la debilidad de la política
pública de Defensa para el territorio colombiano, y la proyección de los mismos
en un futuro a corto y mediano plazo.
En cuanto a este trabajo se refiere y su estudio conlleva específicamente al
análisis de la PDN, no se concentrará en el conflicto interno, ya que este
comprende amenazas directas a la seguridad interna; este trabajo se extiende
más allá, con miras a escudriñar la defensa externa sin entrar a medir las
fronteras internas del Estado colombiano.
Dentro de este trabajo se encontrarán características propias, ya que destaca la
PDN como una política de Estado de largo plazo, y no como una política
gubernamental o de gobierno de corto plazo; por ende se realizará una
diferenciación entre Interés Nacional e Interés Gubernamental. Por otra parte se
realizará un análisis crítico de las debilidades y fortalezas de la Política de
Seguridad y Defensa en Colombia, teniendo en cuenta los elementos claves que
se considera debe tener una adecuada PDN teniendo en cuenta la teoría del
realismo pragmático y la teoría Neo institucional.
Y finalmente se crean escenarios hipotéticos, en los que la PDN, permite explicar
cómo en efecto, las Fuerzas Militares (FFMM) por mandato constitucional son la
institución que tiene la función de proteger el territorio y defenderlo de amenazas
externas. Debido a que la PDN, es orientada por el interés nacional el cual se
proyecta a corto y Mediano plazo a través del reconocimiento de: variables según
el Realismo Pragmático como lo son: territorio, recursos, población, desarrollo
tecnológico. (Morgenthau, 1986)
Y complementariamente según el Neo institucionalismo: los actores intervinientes,
roles que cumplen, reglas de juego formales, arreglos institucionales.
5
Es importante entender además las limitantes que el desarrollo de este trabajo de
grado ha conllevado, ya que la dificultad en el acceso a la información respecto a
los temas de la seguridad y la defensa nacional se encuentran registrados como
de carácter secreto y la poca difusión de estos documentos o la reticencia de las
FFMM y de sus integrantes e instituciones agregadas a hablar de estos temas a la
población civil.
Comprender la importancia de todos los elementos anteriores, requerirá la
vinculación de dos teorías o enfoques tanto de las Relaciones Internacionales,
como de la Gestión Pública; en este orden de ideas se cruzará el conocimiento y
las bases del Realismo Pragmático con el enfoque de Gestión Pública del Neo
institucionalismo ya que estas dos teorías, de entrada no afines entre sí,
permitirán entender el desbalance que existe en Colombia entre el interés
nacional y el interés gubernamental; además de que permitirá vislumbrar un
mirada más central de la PDN relacionada con la gestión pública y no como un
enfoque exclusivo de las Relaciones Internacionales.
Se espera que este trabajo se entienda como un aporte a la Gestión Pública por
cuanto aplica una nueva posición frente al conocimiento de la políticas públicas,
debido a que la política de Seguridad y Defensa en la academia es vista desde
una posición aislada de la Gestión y más cercana a las RRII; sin embargo, este
estudio acerca de la Política pública permite la posibilidad de integrar los
conocimientos en DN, de la PDN y la SN a la institución gubernamental y a la
praxis diaria que estas políticas defienden y que por ende es esencial entender el
rol que establece la Gestión Pública en relación con DN. Además este estudio
pretende ser también un aporte al área de la DN en donde se destaca el enfoque
de este estudio, en tanto abre la posibilidad a un debate académico serio, en
donde nunca ha sido discutido desde esta perspectiva. Este estudio no se debe
tomar como una revisión exhaustiva de la Política de Defensa Nacional, ni de una
recopilación de todas las visiones existentes, sino más bien una mirada específica
en las objetivos tanto en el general como en los específicos.
6
2.0 Capítulo 1. Marco Conceptual y Teórico
En este capítulo se definen los principales conceptos que se manejan en este
trabajo y se desarrolla el marco teórico para el análisis de los efectos de la política
de seguridad y defensa en Colombia. De acuerdo con esto se definirán los
conceptos de: políticas públicas; seguridad y defensa; interés nacional; interés
gubernamental y al mismo tiempo se da conducto a la interrelación del Neo
institucionalismo y al realismo pragmático.
2.1 Las Políticas públicas
En una revisión bibliográfica de textos especializados de políticas públicas, se
pudo encontrar una veintena de definiciones del concepto. Sin embargo, la
revisión logró detectar varias fallas dentro de estas definiciones, como
definiciones muy específicas, lo cual deja por fuera fenómenos que deben ser
considerados como política pública, algunas de estas definiciones que presentan
este problema se pueden encontrar en (Kraft & Furlong, 2007), o también en
(Ocampo, 2004); también se encontraron definiciones incompletas que no
incorporan todos los elementos que constituyen a la política pública, como la
definición de David Easton “Asignaciones autoritarias de valores para toda la
sociedad” (Easton, 1979); se encontró además definiciones que por ser generales
e incompletas se considere la política pública como decisiones o actividades que
no lo son, como por ejemplo la definición de Thomas Dye: “[Política Pública es] lo
que los gobiernos escogen hacer o no hacer” (Dye, 1995)
Para el presente trabajo entenderé el concepto de política pública como: “Política
pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e
instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual
de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida
como problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado
del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener.” (Gavilanes, 2009)
7
2.2 Seguridad y Defensa
La defensa es un concepto más restringido que el de seguridad, pues sólo se
refiere a las condiciones adecuadas que permite a un Estado “asegurar sus
intereses primarios ante posibles amenazas o acciones del exterior (...) La
defensa constituye así la faceta externa de la seguridad, y por lo tanto en este
ámbito actúan los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional”
(RESDAL, 2007).
A nivel administrativo en Colombia, la seguridad y la defensa están comandados
por el Ministerio de Defensa, cuyo principal objetivo es “la formulación y adopción
de las políticas, planes generales, planes y proyectos del sector administrativo
Defensa Nacional, para la defensa de la soberanía, la independencia y la
integridad territorial, así como para el mantenimiento del orden constitucional y la
garantía de la convivencia democrática” (Congreso de la República, 2000)
Adjunto al ministerio de defensa se encuentran organizadas tanto las Fuerzas
Militares de Colombia (FFMM) como la Policía Nacional. Según la constitución de
Colombia, “la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza
civil, a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las
condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas
y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz” (Asamblea
Nacional Constituyente, 2010). Por otro lado, las Fuerzas militares de Colombia
adjuntas también al Ministerio de Defensa Nacional y representado dentro de la
institución como el Comando General de las Fuerzas Militares, la cual es la
entidad de más alto nivel de planeamiento y dirección estratégica para las
instituciones castrenses del país. Bajo su égida y faro están el Ejército Nacional
de Colombia, la Armada de la República de Colombia y la Fuerza Aérea
colombiana; bajo la directriz constitucional del artículo 217 de la Carta Magna,
“Las Fuerzas militares de Colombia tendrán como finalidad primordial la defensa
de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden
8
constitucional”. Por ende la estructura de seguridad y defensa en Colombia,
comprende un sector central y otro descentralizado.
Sin embargo, el Presidente de la República de Colombia, por mandato
constitucional en el artículo 115, es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema
autoridad administrativa; dado lo anterior y como Jefe de Estado, el Presidente de
la República, es el Comandante en Jefe, tanto de las Fuerzas Militares, como de
la Policía Nacional.
Para el presente trabajo se entenderá el concepto de Defensa como una actividad
y como una estructura. Como actividad, la defensa se va a entender como las
condiciones de seguridad externa para que el país pueda asegurar sus intereses
primarios; y como estructura, se va a entender como la organización y el conjunto
de recursos materiales y humanos destinados al cumplimiento de la actividad
antes definida (RESDAL, 2007).
2.3 El Interés Nacional
Desde la aparición, tras la paz de Westfalia (1648), del moderno sistema de
Estados, la idea de interés nacional ha sido el criterio directivo de la política
Exterior.
Durante el desarrollo del siglo XIX y los comienzos del siglo XX, el interés
nacional se convirtió en la búsqueda de la razón de los Estados, por ende este
concepto se fortaleció durante la Primera y la Segunda Guerra mundial. El
establecimiento de los Estados del mundo moderno, junto con los aspectos y
conceptos legales que rodean a este término o concepto, se figura el interés
nacional como la máxima aclamada dentro de un sistema tanto político como
jurídico en el marco de un desarrollo internacional estable con los demás Estados.
Henry Kissinger subrayó como las primeras formulaciones de la idea de interés
nacional aparecen relacionados con otros conceptos, como el de raison d’état o el
de balance of power. Para Kissinger “the balance of power reemplaza a la
9
nostalgia de la monarquía universal con el consuelo de que cada Estado, al
proseguir sus propios intereses egoístas, contribuirá de alguna manera a la
seguridad y progreso de los otros” (Kissinger, 1996)
Por lo tanto para efectos de este trabajo, el interés nacional será comprendido
como la Constitución Política de Colombia proclama en su Preámbulo, el cual por
fallo de la Corte Constitucional (Sentencia No. C-479/92, 1992), es de carácter
vinculante, y refleja el interés nacional de la República de Colombia: “con el fin de
fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz,
dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden
político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integridad de la
comunidad latinoamericana”
2.4 El Interés Gubernamental
Después de una búsqueda exhaustiva de información referente al concepto de
interés gubernamental, no se encontró referencia alguna en textos académicos.
Por tal motivo definiré personalmente el interés gubernamental como:
El Gobierno es el conjunto de órganos ejecutores del Poder Público del Estado
que realizan la voluntad de éste, ordenando y manteniendo un régimen con
arreglo a la Constitución, por ende, el interés gubernamental es la utilidad o
conveniencia, que busca tanto a nivel material como moral, el fortalecimiento del
gobierno central por encima del mandato constitucional y el aseguramiento de los
cargos públicos y posiciones sociales, dentro de la cartera del Estado,
manipulando mediáticamente la construcción de un Estado a su favor, y no en
favor del interés nacional.
10
2.5 El Neo institucionalismo y el Realismo Político: Dos enfoques con
miradas distintas frente a la política de defensa.
Dentro de la disciplina de las Relaciones Internacionales existen diversas teorías
que explican los fenómenos que se dan dentro del campo de la seguridad y la
defensa. Estas diferencias han llevado a debates académicos y teóricos, los
cuales son representados en sus diferentes teorías, en este caso acogeremos la
teoría realista como parte de la base teórica de este trabajo de grado.
Por otro lado dentro del campo de la Gestión Pública es importante aclarar el
amplio debate que se ha llevado a cabo sobre el desarrollo de políticas públicas,
su construcción, el análisis y la aplicación de las mismas; por ende existen
también varias posiciones académicas que identifican postulados claros sobre el
desarrollo del Estado y las políticas públicas. Para efectos de este trabajo de
grado se desarrollará el Neo institucionalismo y sus postulados.
Entre los autores que se identificaron para determinar los postulados del realismo
en las Relaciones Internacionales está Edward Hallett Carr, Paul Karl Reinhold
Niebuhrs, y Hans J. Morgenthau. Las obras sobre el realismo político entre estos
autores presentan La visión realista como una escuela de pensamiento dentro del
campo de las Relaciones Internacionales, como respuesta al Idealismo Político; el
Realismo percibe al Estado como una entidad suprema; sin embargo, identifica el
Interés Nacional como un concepto clave en el poder que ostenta el Estado. Se
pueden identificar seis presupuestos en los cuales confluyen estos autores:
1) Racionalidad de los actores y universalidad de las leyes: se parte del
supuesto que “la política, al igual que toda la sociedad, obedece a leyes objetivas
que arraigan en la naturaleza humana” (Morgenthau, 1986, pág. 12) así como en
la “factibilidad de elaborar una teoría racional que explique […] estas leyes
objetivas”. El autor afirma que la política logra separar la verdad de la opinión y su
“teoría consiste en la verificación de los hechos y darles sentido a través de la
razón”(ibíd., 1986:12-13), luego, es esta comprobación de los hechos reales y sus
11
consecuencias lo que da “sentido teórico a los hechos de la política internacional”
(ibíd., 1986:13).
2) Interés en términos de poder: “el elemento principal que permite al
realismo político encontrar su rumbo en el panorama de la política internacional es
el concepto de interés definido en términos de poder” (ibíd., 1986:13). Éste
articula la relación entre la razón y los hechos que define la política como una
esfera autónoma de acción y comprensión, como portadora de una lógica propia
que distingue entre la política y el político (estadista), específicamente entre “su
deber oficial, que consiste en pensar y actuar en función del interés nacional, y su
deseo personal, que tiende a la corporización en todo el mundo de los propios
valores morales y principios políticos” (ibíd., 1986:15). Así, la Realpolitik
comprende no sólo elementos teóricos sino también factores normativos: “sólo
una política exterior racional minimiza los riesgos y maximiza los beneficios, […]
cumple simultáneamente con el precepto moral de la prudencia y el requerimiento
político del éxito” (ibíd., 1986:18-19).
3) Importancia del contexto y sus cambios en el tiempo y espacio: “el
realismo supone que su concepto clave de interés definido como poder es una
categoría objetiva de validez universal, pero no otorga al concepto un significado
inmutable” (ibíd., 1986:19), en el sentido en que “el equilibrio de poder, por
ejemplo, es indudablemente un elemento constante en todas las sociedades
pluralistas” (ibíd., 1986:20).
4) Tensión entre los valores morales y la acción política: “El realismo político
[…] tiene conciencia de la inevitable tensión entre los preceptos morales y los
requerimientos de una exitosa acción política. Tampoco pretende eludir
rápidamente ese conflicto"(ibíd., 1986:21). De ahí que el autor considere la
prudencia como el valor de “suprema virtud política” (ibíd., 1986:21) en tanto a
que logra concretar esta tensión.
12
5) El enfoque de análisis no debe centrarse en las ideas: “El realismo
político se niega a identificar las aspiraciones morales de una nación en particular
con los preceptos morales que gobiernan el universo” (ibíd., 1986:22). Aquí el
autor resalta la noción de lógica propia una cosa es la afirmación “naciones están
sujetas a la ley moral y otra muy distinta pretender saber qué es el bien y el mal
en las relaciones entre las naciones” (ibíd., 1986:22).
6) Autonomía de los estudios de la política internacional: el realismo político
mantiene, por un lado “la autonomía de su esfera política […] piensa en términos
de interés, definido como poder” (ibíd., 1986:22), por el otro lado, “no ignora la
existencia y relevancia de otros parámetros de pensamiento distintos a los
políticos. Pero como realista político no puede subordinar esos parámetros a los
políticos” (ibíd., 1986:23) y finalmente, se “apoya en una concepción pluralista de
la naturaleza humana” (ibíd., 1986:25) y los comprende “cada uno de ellos dentro
de sus propios términos” (ibíd., 1986:25).
Por su parte la visión Neo institucionalista, nace como un concepto dentro de la
Ciencia Política que considera a las instituciones como “un conjunto de normas y
tradiciones que tienen su origen en la rutinas organizacionales. Los actores
organizacionales las obedecen porque representan mecanismos eficaces para
simplificar la realidad y facilitar procesos de toma de decisiones que lleven a
resultados satisfactorios” (March y Olsen, 2006)
El enfoque o visión Neo institucionalista en sus diferentes variantes, coinciden en
tres aspectos esenciales:
1) El comportamiento de los actores está determinado por un marco
institucional expresado en reglas de juego, costumbres y organizaciones (conjunto
de arreglos institucionales entre actores).
13
2) Las instituciones determinan la actividad política y están constituidas por
elementos de identidad, poder y estrategia que estructuran el comportamiento de
los actores políticos y determinan los resultados.
3) Las instituciones están determinadas por la historia, al incorporar una
trayectoria que pesa en la definición del futuro compartido.
“El análisis neo institucional ofrece argumentos para entender (...) el cambio
institucional como un proceso permanente en donde las instituciones formales -
normas que idean los humanos - pueden sufrir modificaciones abruptas como
consecuencia de decisiones políticas, mientras que las instituciones informales -
código de conducta - siguen una senda evolutiva debido a la resistencia al cambio
que las caracteriza” (Gómez, 2010).
Desde la perspectiva Neo institucional, los procesos de toma de decisiones tienen
en cuenta tres elementos. Primero, que la decisión se tome con base en el uso
sistémico de la información; segundo, que corresponda con las perspectivas y
necesidades del contexto y, finalmente, que el sistema político sea “coordinado”
por el tomador de decisiones en todo el proceso (March y Olsen, 2006)
Luego para comprender esta dinámica de las organizaciones es necesario
comprender: Actores, roles e intereses, arreglos institucionales, marco
institucional, cambio institucional:
Por actores se entenderán como los cuerpos que materializan las instituciones,
también se puede entender como la distribución estable de individuos, roles,
procedimientos y recursos, con el fin de cumplir una tarea. Para North (North,
1990), la organización estaría constituida por los jugadores; las instituciones son
las reglas de juego.
Los roles e intereses “alude a un intercambio de cosas deseadas que tienen lugar
entre dos o más personas. Una persona tiene algo que la otra desea y por el cual
14
esta ofrece algo en intercambio. Más exactamente, se designan los costos en que
incurre cada uno de los actores del intercambio para definir los términos del
mismo, monitorear el proceso de intercambio y asegurar, aun mediante el recurso
a sanciones, el cumplimiento del acuerdo” (Losada L. y Casas C., 2010)
15
3.0 Capítulo 2. Los asuntos sobre la política de Seguridad y Defensa
entre las zonas limítrofes de Colombia
Las zonas de frontera en Colombia son zonas abandonadas, cruzadas por el
fuego y poco estudiadas. Las zonas fronterizas en Colombia están siendo cada
vez más sacadas al olvido por la guerra. Lo que para el gobierno colombiana eran
zonas lejanas y de poco conocimiento, que simplemente cumplían un papel de
límites de soberanía, se están transformando cada vez más en un asunto
netamente de seguridad y defensa nacional.
En el año 2000 con el inicio del Plan Colombia, el debate sobre los riesgos del
desbordamiento del conflicto colombiano hacia los Estados fronterizos, dio lugar a
que los Estados que rodean a Colombia redoblaran el pie de fuerza para proteger
la soberanía y el interés nacional de sus habitantes. (Vargas, 2009)
Para Colombia la situación en las fronteras se ha convertido en un problema que
desborda la capacidad accionaria de las Fuerzas Militares, ya que el enfoque de
seguridad que le da el gobierno nacional, no se considera por muchos (entrevista)
el adecuado para el interés nacional; el gobierno colombiano trata las fronteras
como un problema de corredores del narcotráfico, del tráfico de armas, o como los
lugares preferidos de descanso de los grupos insurgentes al margen de la ley.
Pese a la vasta realidad del conflicto, ahí allí cuestiones, como en el resto del
país, aplazadas hace muchos años.
En Colombia se realizaron una serie de foros en los Departamentos limítrofes del
país, de los cuales nació un documento elaborado por la ESAP a mediados del
2001, con la participación de la Cancillería, y el Departamento Nacional de
Planeación, el cual resume las grandes demandas de las zonas de frontera
“Quejas por el cierre de oficinas de los bancos privados y el retiro de aerolíneas;
dificultades inauditas para asumir los costos de salud que suponen áreas
selváticas y sin comunicación; acusaciones contra un proceso de
16
descentralización que sigue manteniendo en Bogotá demasiados canales de
decisión con inmensas dificultades de acceso; corrupción escandalosa a todos los
niveles del Estado local; baja participación política; índices de desarrollo con
mucho inferiores a la media nacional; problemas de transporte, de educación...”i
Más de la mitad de los municipios tenían déficit presupuestal en el 2001, y no
pocos, estaban quebrados. El PIB per cápita departamental promedio es inferior
al nacional en un 23%. Desde Chocó, donde la población analfabeta es un 18,6%
y la esperanza de vida está más de 5 años por debajo del promedio nacional
hasta Boyacá, donde la primera es un 9,9% y la segunda un 70,7%, ninguno
alcanza los promedios nacionales en esas áreas. Las necesidades básicas
insatisfechas son el doble de la media nacional y, en muchos municipios,
alcanzan el 100%. Pese a que tienen apenas un 13% de la población nacional,
27% de los hogares del país en situación de miseria y 24% de los hogares con
NBI está en los departamentos fronterizos. Mientras el índice Desarrollo Humano
nacional es de 0,771 (y el de Bogotá 0,817) el de estos territorios es de 0,726.
Avanzando hacia el este, a partir de una línea imaginaria desde Arauca (Arauca),
a lo largo del piedemonte de la cordillera Oriental, hasta Puerto Asís (Putumayo),
hay más de la mitad de Colombia. Se trata a menudo de territorios sin otra vía de
comunicación que la aérea y donde el control y la presencia del Estado son
mínimos. Si bien regiones urbanas y con un activo comercio fronterizo como
Maicao (La Guajira) Cúcuta (Norte de Santander) o Ipiales (Nariño), introducen
diferencias importantes, una inmensa parte de las fronteras está en esas regiones
remotas, con escasa comunicación y, salvo el rio Orinoco, pocos lazos con el país
vecino. En la misma situación -aunque difícilmente atribuible a la distancia
geográfica— se encuentran el sur del Pacífico y las poblaciones en ambos
océanos fronterizas con Panamá.
En la Amazonia la distancia supone un costo de vida escandaloso. En Mitú
(Vaupés), donde no se produce casi nada localmente, productos como la gasolina
17
o el cemento sólo pueden llegar en avión. Resultado: un galón de la primera vale
9.000 pesos; un bulto del segundo, 83.000. Esa es la constante a lo largo de la
frontera amazónica con Brasil y Perú. La Orinoquia, los Santanderes y La Guajira,
por el contrario, son estrechamente dependientes del combustible venezolano,
más barato que el colombiano, lo cual no sólo genera formas de vida que bordean
la ilegalidad sino que hace extremadamente vulnerables a esos departamentos de
los vaivenes políticos y económicos de Venezuela.
Las cinco fronteras terrestres del país son jóvenes. Los tratados que las delimitan
fueron firmados entre 1907 (Brasil) y 1941 (Venezuela). Durante décadas, fueron
un estricto asunto de soberanía para el Estado bogotano, sin que eso se reflejara
en una preocupación por llegar hasta allí. Sólo hasta el gobierno de Belisario
Betancur, en 1983, se promulgó un Estatuto de Fronteras y se creó la Secretaria
de Fronteras, pero, aún a partir de ahí, el tema siguió siendo objeto de escasa
atención por parte de los sucesivos gobiernos.
La Constitución de 1991, que introduce tres artículos relacionados con las
fronteras, y la promulgación de la Ley 191 en 1995, o ley de fronteras, marcan un
cierto giro en la atención oficial. En abril del 2001 se crea la Comisión
Intersectorial de Integración y Desarrollo Fronterizo (Cu-DEF), y la Cancillería,
DNP y la ESAP llevan a cabo entonces los foros fronterizos mencionados.
No deja de ser insólito que la ley de fronteras de un país tenga ocho años de
existencia y el organismo encargado de aplicarla apenas dos y medio. Tiene,
empero, plena lógica que, con semejante atención del Estado, las fronteras estén
hoy día como están.
3.1 El interés nacional en la construcción de la Política de Seguridad y
Defensa
“Desde un punto de vista etimológico, podemos definir interés, como una
preocupación natural y/o general, así como tener un derecho objetivo sobre algo.
18
El interés nacional, puede definirse entonces de forma genérica, como la defensa
y promoción de objetivos naturales y esenciales de un Estado en el área política,
económica, social y cultural.
El interés nacional esencial, sería garantizar la supervivencia, seguridad del
propio Estado y la defensa de su población. Inmediatamente después cabría
situar la búsqueda de poder, riqueza y crecimiento económico. Todo ello, por sí
mismo y para servir a la satisfacción del nivel esencial.” (Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional , 2010)
Como uno de los teóricos más prominentes en la teoría realista, Hans Morgenthau
señala que el interés nacional es como una brújula que debe guiar a los dirigentes
y fuentes de legitimidad de la política exterior de los Estados. (Morgenthau, 1986)
Eso quiere decir que el interés nacional es el eje rector de toda política que
desarrolle el Estado, por ende la política pública de seguridad y defensa no es la
excepción; por otro lado cabe resaltar la importancia que el mismo autor le da al
Estado como autoridad máxima, y que es este el que debe llevar a cabo bajo la
primicia del interés nacional, políticas de carácter estatal, que permitan trascender
en el tiempo y fortalezcan las estructuras institucionales, que se tienen que
enfrentar a sistemas anárquicos.
El interés nacional de un Estado está expresado en términos de supervivencia y
de poder. Supervivencia porque es el fin último, por lo que se tiene que luchar; y
en términos de poder, porque es al mismo tiempo la razón de ser y de existir de
un Estado. El interés nacional a la final es el pacto máximo que realiza el gobierno
con la población de un territorio, con el fin de expresar ese deseo de subsistir y de
existir en un modelo estatal.
En cuanto el enfoque neo institucionalista, el Estado es el encargado de crear
instituciones formales e informales, que permitan salvaguardar el fin último de la
existencia del Estado, el interés nacional en el neo institucionalismo, como en el
realismo se convierte en el dogma de un Estado.
19
Habiendo ya el Estado dado poder institucional a un actor como son las Fuerzas
Militares de Colombia, que su misión máxima es de mantener la supervivencia del
Estado y de engrandecer su poder, de esta manera se da paso al desarrollo
gubernamental de la política pública de seguridad y defensa que se transforma
finalmente en la necesidad de encontrar una solución al factor problema de
proteger el interés nacional.
Cabe recordar que tanto el enfoque realista de las relaciones internacionales,
como el neo institucionalismo, consideran que no existe una moral universal, no
existen amigos o enemigos en el sistema, existen intereses entre actores, y la
búsqueda por el poder para lograr la supervivencia.
En cumplimiento al mandato constitucional, definido en el artículo 9° de nuestra
Carta Magna, el cual reza textualmente “las relaciones exteriores del Estado se
fundamentan en la Soberanía nacional”, así como en los objetivos de la política
del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección de Soberanía Territorial y
Desarrollo Fronterizo, vela por el cumplimiento de los tratados internacionales de
límites y garantiza el ejercicio público, pacífico y permanente de nuestra
soberanía, en coordinación con otras entidades del Estado, competentes en la
materia.
3.2 Fronteras terrestres ii
Las fronteras terrestres fueron las primeras que definió el país para establecer la
dimensión de nuestro territorio, en ese proceso que tardo más de cien años, se
determinaron los limites internacionales con las repúblicas vecinas: Brasil,
Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.
Esta labor fue iniciada por la antigua “Oficina de Longitudes” del Ministerio de
Relaciones Exteriores, la cual posteriormente dio origen al Instituto Geográfico
Agustín Codazzi.
20
En la determinación de los límites de la República se utilizan tanto accidentes
naturales y como líneas imaginarias. Las fronteras naturales o arcifinias se dividen
en cursos o fuentes de agua, divorcios de aguas o divisores, en tanto las fronteras
imaginarias corresponden a las líneas geodésicas, que a su vez están divididas
en paralelos y meridianos geográficos y líneas con direcciones diferentes a las
señaladas por los puntos cardinales.
3.2.1 Venezuela
Colombia comparte con Venezuela una frontera de más de 2.219 kilómetros. De
las negociaciones para definir los límites con los países vecinos, las llevadas a
cabo con esta República fueron, indudablemente, las más complejas y dilatadas;
al día de hoy siguen existiendo negociaciones diplomáticas sobre el territorio
fronterizo.
El conflicto de la delimitación marítima entre Colombia y Venezuela en el Golfo de
Venezuela, se desarrolló desde 1939 como una ampliación de un antiguo conflicto
de frontera terrestre que se inició en tiempos coloniales.
Después de la independencia de Colombia y Venezuela a principios del siglo XIX,
empezaron ambos países con negociaciones sobre una frontera terrestre para
dividir la península de la Guajira en dirección longitudinal. Cuando las
negociaciones fracasaron reiterativamente por causa de exigencias incompatibles,
los interesados solicitaron un fallo de la Corona Española, el cual se hizo público
en 1891, pero que no se pudo delimitar en el terreno debido a sus indicaciones
geográficas imprecisas. Una larga serie de negociaciones bilaterales, la solicitud
de un segundo fallo al Consejo Federal Suizo (1922) y otra ronda de
negociaciones llevaron, apenas en 1941, hacia un arreglo fronterizo definitivo, el
cual sin embargo ha sido puesto frecuentemente en duda. (Bushnell, 1996)
21
La expansión de la problemática fronteriza hacia el espacio marítimo se inició por
medio de un decreto venezolano de septiembre de 1939; Colombia reaccionó a
finales de los años cuarenta con la solicitud de calcular una línea media según el
derecho del mar y con reclamos sobre las Islas Monjes.
Colombia reconoció la soberanía venezolana sobre estas micro islas en 1953,
pero no obstante el problema de una línea que marque el límite exterior del Golfo
y la fijación del mar territorial, ante todo en la región fronteriza de Castilletes,
como también entre las Islas Monjes y la península de la Guajira, continúa en la
discusión política.
En los años 60 se agregó un nuevo componente por causa de concesiones para
prospección petrolera adjudicadas por Colombia directamente frente a Castilletes.
Después de largas negociaciones los presidentes de ambos países acordaron en
1975 delimitación marítima y un uso conjunto de las zonas fronterizas
potencialmente ricas en petróleo. (Mejía, 1998)
Con esto se inició una «golfización» no solamente en las relaciones bilaterales
entre ambos países, sino también en la discusión política interna y las disputas
partidistas en Venezuela, que en épocas electorales, especialmente en 1988,
adquirió formas histéricas. Sin embargo, una vez terminado el período electoral,
se intentó fuertemente a nivel gubernamental desescalar la situación y comenzar
negociaciones bilaterales sobre el complejo integral de la problemática fronteriza,
incluyendo los problemas urgentes del comercio de drogas y del contrabando
(«desgolfización»).
No obstante, todo acercamiento hacia un compromiso fue bloqueado en
Venezuela por fuertes reacciones nacionalistas hasta llegar a una intervención
militar (golpe militar en febrero de 1992 en relación con la problemática del Golfo).
22
Una solución pacífica de esta disputa amarga se ha impedido hasta hoy, sobre
todo porque el lado venezolano ha sido incapaz de imponer políticamente
soluciones de compromiso. Aquí tienen gran fuerza corrientes nacionalistas con
constante referencia a presuntos perjuicios históricos, con palabras como
«intereses vitales» o «integridad nacional» que piensan en dimensiones terrestres
(soberanía-territorio-frontera) y con el rechazo absoluto de llevar este diferendo
ante la Corte Internacional. (Liévano., 2000)
La delimitación se acordó por una serie de instrumentos que incluyen el Laudo
Español en 1891, el arbitramento del Consejo Federal Suizo de 1922 y,
finalmente, el Tratado López De Mesa-Gil Borges de 1941, el cual puso fin a la
larga negociación territorial.
Debe tenerse en cuento que si bien los límites territoriales con la República de
Venezuela han llegado a un punto estable, las reacciones nacionalistas por parte
de los venezolanos y la posibilidad de reabrir capítulos que aún no han sido
sellados, se convierte en una constante hacia el desarrollo de nuevas discusiones
bilaterales, o peor aún, una lucha por la frontera, dada la negativa del gobierno
venezolano de acudir ante los tribunales internacionales, y la inestabilidad política
que vive el Estado venezolano hoy en día.
3.2.2 Brasil
La frontera con la República Federativa del Brasil abarca una longitud cercana a
los 1645 kilómetros. El arreglo de límites fue complejo dado que, desde la época
de la Colonia, la delimitación entre las Coronas de España y Portugal, en sus
territorios coloniales en América, no era lo suficientemente clara y, al momento de
lograr su independencia, las nuevas Repúblicas heredaron esa situación.
23
En 1826 se iniciaron gestiones para dar solución al problema de límites, pero fue
sólo hasta 1907 cuando se logró un acuerdo de delimitación y ello únicamente
para el tramo norte, comprendido entre la Frontera con Venezuela (río Negro
frente a la “Piedra del Cocuy”) y la confluencia de los ríos Apaporis y Caquetá.
Para el trayecto final hasta el río Amazonas, fue necesario esperar hasta 1928, y
lograr el arreglo de delimitación con Perú, toda vez que en 1851 Brasil y Perú
habían suscrito un Tratado de Comercio y Navegación Fluvial mediante el cual se
reconocían como límite, entre ellos, la línea geodésica Tabatinga-Apaporis, en un
área que Colombia reclamaba como propia. Dicha línea, a la postre, fue aceptada
como frontera entre la República de Colombia y la República Federativa del
Brasil.
En el Tratado de 1928 los dos países se reconocen, recíprocamente y a
perpetuidad, el derecho a la libre navegación por los ríos Amazonas, Yapurá o
Caquetá, Izá o Putumayo y todos sus afluentes y confluentes.
Los instrumentos que fijan la frontera entre Colombia y Brasil son:
“Tratado de Bogotá entre Colombia y el Brasil”, suscrito en Bogotá, el 24 de abril
de 1907 por el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, ALFREDO
VASQUEZ COBO y el Ministro Residente en Misión Especial de Brasil ENEAS
MARTINS.
“Tratado De Límites y Navegación Fluvial entre Colombia y el Brasil”, suscrito en
Río de Janeiro (Brasil), el 15 de noviembre de 1928, entre el Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Colombia en Brasil, LAUREANO
GARCIA ORTIZ, y el Ministro de Estado de las Relaciones Exteriores de Brasil,
OCTAVIO MANGABEIRA.
“Colombia comparte con Brasil la que constituye su segunda frontera en
extensión, pero, a diferencia de la más extensa, que lo separa y comunica con
Venezuela, a esa colindancia no se le ha otorgado en el país la relevancia que
24
merece, pese a estar ubicada en una región tan estratégica como la Amazonia ,
no obstante el enorme peso geopolítico y económico de su vecino y a pesar de
que algunas áreas de esa frontera han estado y siguen estando articuladas, de
una u otra manera, a flujos internacionales y globales. La historia ha incidido para
que los dos centros políticos, Brasilia y Bogotá, se comporten como vecinos
distantes, desconocidos y temerosos, y que sólo en los últimos años se acerquen
mutuamente, urgidos por los problemas de seguridad y motivados por el interés
comercial o geopolítico global.” (Ramirez, 2006)
3.2.3 Perú
La frontera entre las Repúblicas Colombia y Perú tiene una longitud aproximada
de 1.626 kilómetros. Las conversaciones para la suscripción de un Tratado de
límites se iniciaron muy poco tiempo después de la liberación de España y se
dieron durante un período muy largo, que concluyó únicamente en 1922.
El Tratado, además de fijar el límite entre Colombia y Perú, contempla:
Que Colombia declara como peruanos los territorios comprendidos entre la
margen derecha del río Putumayo hacia el oriente de la boca del río Cuhimbé. y la
línea establecida y amojonada como frontera entre Colombia y Ecuador en las
hoyas de los ríos Putumayo y Napo en virtud del Tratado de límites celebrado
entre ambas Repúblicas en 1916.
Que los países se reconocen recíprocamente y a perpetuidad la libertad de
tránsito terrestre y la libre navegación por los ríos comunes, sus afluentes y
confluentes.
Los instrumentos que fijan la frontera entre Colombia y Perú son:
“Tratado de Límites y Libre Navegación Fluvial entre la República de Colombia y
la República del Perú”, suscrito en Lima, Perú, el 24 de marzo de 1922 por los
25
Plenipotenciarios FABIO LOZANO T. de Colombia y ALBERTO SALOMON del
Perú.
“Acta Tripartita de Límites y Navegación entre Colombia, Perú y Brasil”, firmada
en Washington D.C., el 4 de marzo de 1925, por los Plenipotenciarios CHARLES
E. HUGHES, conciliador por Estados Unidos, HERNAN VELARDE, por Perú,
ENRIQUE OLAYA HERRERA, por Colombia y SAMUEL DE SOUZA LEAO
GRACIE, por Brasil.
“Protocolo de Amistad y Cooperación entre la República de Colombia y la
República del Perú”, firmado en Río de Janeiro el 24 de mayo de 1934, junto con
un “Acta Adicional” firmada el mismo día.
De la relación diplomática de Colombia con Perú, es posible distinguir tres
momentos claves; la primera que va desde 1821 hasta la segunda mitad del siglo
XX, la cual está marcada por el enfrentamiento y el recelo, tan solo existiría un
breve período de armonía en el segundo lustro de la década del 30, en el siglo
XX, que conduciría a la firma de convenios aduaneros y culturales, y hasta la
elevación de nuestras representaciones diplomáticas en Lima y Bogotá, a la
categoría de Embajadas. (Credencial Historia, 2005)
La segunda etapa se inicia en la década del 60 hasta el primer lustro de la década
de los 80. Se trata de un período de transición, en el que comienzan a mejorar las
relaciones con Colombia, aunque sin percibirse aún como futuros socios
estratégicos.
La tercera etapa, se inicia con los Presidentes Alan García del Perú y Virgilio
Barco de Colombia, en la segunda mitad de la década de los 80, y se extiende
hasta nuestros días. En esta se produce un giro radical en nuestras relaciones
diplomáticas, dejándose atrás el marasmo y la indiferencia imperante por la
26
búsqueda de la cooperación y de mayores niveles de intercambio, hasta
establecer como meta en los últimos años, la construcción de una asociación
estratégica y de una integración profunda. (Novak & Namihas, 2011)
3.2.4 Ecuador
La frontera terrestre con Ecuador tiene una longitud cercana a los 586 kilómetros.
Las negociaciones para el arreglo de límites siguieron, al igual que con otros
países, un largo proceso que se inicia en 1830 con la disolución de la antigua
República de Colombia que conformaban Colombia, Ecuador y Venezuela y
termina en 1916, cuando se llega a un acuerdo sobre la delimitación.
Dado que Colombia y Ecuador arreglaron sus límites sin haberlo hecho con la
República del Perú, país con el que ambos mantenían diferencias por amplias
zonas de la Amazonía, la frontera fijada en el Tratado de 1916, sufrió variaciones
en función de acuerdos posteriores entre Colombia y Perú, en 1922, y entre
Ecuador y Perú, en 1942.
Los instrumentos que fijan la frontera entre Colombia y Ecuador son:
“Tratado de Límites entre la República de Colombia y la República del Ecuador”,
suscrito en Bogotá Colombia, el 15 de julio de 1916 por los Plenipotenciarios
MARCO FIDEL SUAREZ de Colombia y ALBERTO MUÑOZ VERNAZA del
Ecuador.
Los lazos que unen a Ecuador y Colombia trascienden las fronteras que los
delimitan; en el caso del Ecuador, esta frontera ampliada incluye las provincias de
Orellana e Imbabura, además de Esmeraldas, Sucumbíos y Carchi. En Colombia
serían considerados, además de los departamentos de Putumayo y Nariño, los de
Caquetá y Cauca.
27
De esta manera, se observa que la interrelación entre ambos países no se limita a
aquella que se produce en la línea de 640 km que divide a Ecuador y Colombia;
se trata de un territorio mucho más extenso, que vive día a día las dinámicas de
dicha interrelación y, asimismo, se ve afectada por las políticas y medidas que se
toman en cualquiera de las dos naciones, puesto que el nivel de interdependencia
es bastante alto. Es por esto que territorios ecuatorianos también se ven
afectados en gran medida por el conflicto que vive Colombia. (Lauret, 2009)
3.2.5 Panamá
La frontera terrestre con la República de Panamá se extiende por 266 kilómetros,
aproximadamente. La negociación con éste país (1906-1924) se inició algún
tiempo después de la separación del Departamento de Panamá en 1903, y el
acuerdo definitivo se alcanzó en 1924.
“Tratado de Límites entre la República de Colombia y la República de
Panamá”, suscrito en Bogotá, el 20 de agosto de 1924 por los Plenipotenciarios
JORGE VELÉZ de Colombia y NICOLÁS VICTORIA J. de Panamá.
Con la pérdida del Departamento de Panamá en 1903, los Estados Unidos
asumieron no solamente el control del canal de Panamá, sino también asumieron
la responsabilidad de cuidar y proteger el istmo bajo la premisa de sus intereses
comerciales y militares. Sin embargo, la salida de los Estados Unidos luego de
caducar el tratado que le confería a Estados Unidos el control del canal, Panamá
se encontró con una autoridad cívico-policial y no militar, que lo dejó en
condiciones de vulnerabilidad frente a sus vecinos inmediatos.
La frontera entre Colombia y la República de Panamá se ha convertido en una
línea o puerta para el transporte y carga de las bandas criminales en Colombia de
productos ilícitos, como drogas y armas; además según informe de las Naciones
Unidas, Panamá es uno de los sitios preferidos para la trata de blancas de
28
colombianas, y es uno de los llamados paraísos fiscales, lo que permite la
expansión del narcotráfico y la guerra cruenta en Colombia. (Bushnell, 1996)
3.3 Fronteras marítimas
Colombia fijó sus fronteras marítimas con los países vecinos mediante seis (6)
acuerdos en el Mar Caribe (Costa Rica, Haití, Honduras, Jamaica, República
Dominicana y Panamá) y tres (3) en el Océano Pacífico (Costa Rica, Ecuador y
Panamá).
Los tratados en materia de fronteras marítimas tanto en el Mar Caribe como en el
Océano Pacífico, en orden cronológico de su suscripción, son los siguientes:
1. En 1975 el Convenio Liévano -Lucio con la República del Ecuador.
2. En 1976 el Tratado Liévano -Boyd con la República de Panamá.
3. En 1977 el Tratado Fernandez - Facio con la República de Costa Rica (en
el Caribe)
4. En 1978 el Acuerdo Liévano -Jiménez con la República Dominicana.
5. En 1978, el Acuerdo Liévano -Brutus con la República de Haití.
6. En 1984 el Tratado Lloreda -Gutiérrez con la República de Costa Rica en
el Océano Pacífico.
7. En 1986 el Tratado Ramírez -López con la República de Honduras.
8. En 1993 el Tratado Sanín-Robertson con Jamaica.
Paralelamente el país siguió avanzando en la ruta del mar expidiendo la Ley 10
de 1978 por medio de la cual se dictan normas sobre Mar Territorial, la Zona
Económica Exclusiva y la Plataforma Continental, incorporando con ello a la
legislación nacional material del nuevo derecho del mar. Posteriormente, se emitió
29
la Ley 1436 de 1984 que fijó las Líneas de Base Rectas, a partir de las cuales se
miden las áreas marítimas consagradas en el Derecho del Mar.
3.3.1 Asuntos Antárticos
Colombia adhirió al Tratado Antártico mediante Ley 67 de 1988 y actualmente se
encuentra revisando su posición en el mismo, respecto del cual hemos
mantenido el estatus de observadores. En tal sentido, el Ministerio de Relaciones
Exteriores se ha propuesto posicionar la participación de Colombia en el Sistema
del Tratado Antártico por lo que se encuentra trabajando con otras instituciones
del orden nacional para generar las condiciones que permitan el cambio de
estatus de Colombia a miembro consultivo del Tratado Antártico, entre las que se
consideran a nivel legal, la modificación del Decreto 1690/90 que creó la Comisión
Nacional sobre Asuntos Antárticos para establecerlo como un órgano
intersectorial, de carácter permanente del Gobierno que preste asesoría,
orientación y coordinación con los temas antárticos. A nivel científico, definir y
establecer un Programa Nacional de Investigación sobre la Antártida y a nivel
Internacional, la ratificación por Colombia del Protocolo al Tratado Antártico sobre
Protección del Medio Ambiente “Protocolo de Madrid”.
3.3.2 Costa Rica
Con la República de Costa Rica, Colombia cuenta con fronteras marítimas tanto
en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico, las cuales se establecieron
mediante dos Tratados, el primero aún sin ratificar.
MAR CARIBE: “Tratado sobre Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas y
Cooperación Marítima entre la República de Costa Rica y la República de
30
Colombia”, suscrito en San José, Costa Rica, el 17 de marzo de 1977 por los
Plenipotenciarios HERACLIO FERNÁNDEZ SANDOVAL de Colombia y
GONZALO J. FACIO de Costa Rica. (Pendiente de ratificación por Costa Rica).
OCÉANO PACÍFICO: “Tratado sobre Delimitación de Áreas Marinas y
Submarinas y Cooperación Marítima entre la República de Colombia y la
República de Costa Rica, adicional al firmado en la ciudad de San José, el 17 de
marzo de 1977”, suscrito en Bogotá, Colombia el 6 de abril de 1984 por los
Plenipotenciarios RODRIGO LLOREDA CAICEDO de Colombia y CARLOS JOSÉ
GUTIÉRREZ de Costa Rica.
3.3.3 Ecuador
“Convenio sobre Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas y Cooperación
Marítima entre las Repúblicas de Colombia y del Ecuador”, suscrito en Quito,
Ecuador, el 23 de agosto de 1975 por los Plenipotenciarios INDALECIO LIÉVANO
AGUIRRE de Colombia y ANTONIO JOSÉ LUCIO PAREDES de Ecuador.
En este Tratado se estableció más allá de las 12 millas, una zona común (franja)
de 10 millas náuticas de ancho a cada lado del paralelo que constituye el límite
marítimo entre los dos países, para tránsito de embarcaciones dedicadas a la
pesca artesanal.
En la historia diplomática de Colombia con Ecuador, un hecho resalta sobre los
demás; la crisis diplomática que se dio en febrero de 2008 en territorio
ecuatoriano cuando las fuerzas militares y policiales de Colombia incursionaron
allí sin dar aviso a las Fuerzas Militares Ecuatorianas de las acciones planeadas.
Luego de bombardear un campamento guerrillero de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) en donde murió Raúl Reyes, segundo líder
de este grupo, 18 guerrilleros y 4 estudiantes mexicanos más, el gobierno
ecuatoriano es informado y en ese momento estalla realmente la crisis. El 1 de
marzo el gobierno ecuatoriano al enterarse del ataque reclamó al gobierno
31
colombiano la violación de la soberanía de su país, al haberse hecho esta
incursión sin autorización y violando lo establecido por la Convención de Viena de
1961. (Bonilla, 2010)
El gobierno colombiano, por su parte centró su atención en justificar el ataque,
destacando la importancia que tenía en el proceso de lucha interna el golpe dado
al segundo cabecilla de este grupo armado. Se enfatizó en el la información
encontrada en las computadoras de los guerrilleros en donde se identificaron
documentos que comprometían a los gobiernos ecuatoriano y venezolano de
colaborar con la FARC. Mientras tanto el gobierno ecuatoriano insistía en su
reclamo de intervención territorial. (Bonilla, 2010)
Ecuador solicitó de forma vehemente la convocatoria del Consejo Permanente de
Seguridad de la OEA y de la CAN para estudiar la intervención, ese mismo día
Ecuador movilizó tropas hacia la frontera norte.
Finalmente y en esencia, cada país buscó diseñar una estrategia de
comunicación que le permitiera conservar su imagen pública y evitar el
enfrentamiento militar. La estructura de los discursos mantuvo un doble juego: por
un lado estaba diseñada para los públicos internos siendo los voceros de la
nación, la voz de su país que reclamaba justicia. Por otro lado, se buscó
evidenciar públicamente al contrario para justificar los hechos y las acciones
tomadas por cada uno. (Bonilla, 2010)
Si bien se evitó el conflicto armado y se presentaron las disculpas
correspondientes por los hechos, los abrazos y saludos entre los mandatarios
dejaron entrever que las cosas no terminaban allí y que esto era solo un paño de
agua tibia, en un conflicto que aún se sigue. (Bonilla, 2010)
3.3.4 Haití
“Acuerdo sobre delimitación de fronteras Marítimas entre la República de
Colombia y la República de Haití”, suscrito en Puerto Príncipe, República de Haití,
32
el 17 de febrero de 1978 por los Plenipotenciarios INDALECIO LIÉVANO
AGUIRRE de Colombia y EDNER BRUTUS en representación de Haití.
3.3.5 Honduras
“Tratado sobre Delimitación Marítima entre la República de Colombia y la
República de Honduras”, suscrito en la Isla de San Andrés, Colombia, el 2 de
agosto de 1986 por los Plenipotenciarios AUGUSTO RAMIREZ OCAMPO de
Colombia y CARLOS LOPEZ CONTRERAS de Honduras.
3.3.6 Jamaica
“Tratado sobre Delimitación Marítima entre la República de Colombia y Jamaica”,
suscrito en Kingston, Jamaica, el 12 de noviembre de 1993 por los
Plenipotenciarios NOEMI SANIN DE RUBIO de Colombia y PAUL DOUGLAS
ROBERTSON de Jamaica.
3.3.7 Panamá
Con la República de Panamá, además de frontera terrestre, se comparte una
extensa frontera marítima que abarca límites en el Mar Caribe y en el Océano
Pacífico, los cuales se establecieron en el Tratado suscrito en 1976.
“Tratado sobre Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas y Asuntos Conexos
entre la República de Colombia y la República de Panamá”, suscrito en
Cartagena, Colombia, el 20 de noviembre de 1976, por los Plenipotenciarios
INDALECIO LIÉVANO AGUIRRE de Colombia y AQUILINO E. BOYD. Incluye la
delimitación en el Mar Caribe y el Océano Pacífico.
3.3.8 República Dominicana
“Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas y Cooperación Marítima entre la
República de Colombia y la República Dominicana”, suscrito en Santo Domingo,
República Dominicana, el 13 de enero de 1978 por los Plenipotenciarios
INDALECIO LIÉVANO AGUIRRE, por Colombia, y RAMÓN EMILIO JIMÉNEZ, por
la República Dominicana.
33
3.3.9 Nicaragua
“Tratado sobre Cuestiones Territoriales entre Colombia y Nicaragua”, suscrito en
Managua, Nicaragua, el 24 de marzo de 1928 por los Plenipotenciarios MANUEL
ESGUERRA de Colombia y JOSÉ BARCENAS MENESES de Nicaragua.
ACTA DE CANJE: Firmada en la ciudad de Managua, el día 5 de mayo de 1930.
El 24 de Marzo de 1928 se firmó el tratado Esguerra-Barcenas como bien aparece
anteriormente, con el que se buscó poner fin al litigio ente ambos países; este
documento es el mayor antecedente que existe históricamente sobre el diferendo
entre Colombia y Nicaragua. En este tratado se le reconoce soberanía a
Nicaragua sobre la Costa de Mosquitos y sobre las Islas Mangle Grande y Mangle
Chico; por el otro lado a Colombia se le reconoce soberanía sobre la Isla de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las islas, islotes y cayos que conforman el
Archipiélago de San Andrés y Providencia. Roncador, Quitasueño y Serrana se
encontraban en litigio entre Colombia y Estados Unidos. Finalmente EEUU cedió
sobre su pretensión, por lo cual la Asamblea Nacional de Nicaragua dio anexo,
mediante una declaración de soberanía sobre los mismos cayos que fueron dados
a Colombia; por lo cual Nicaragua dio paso a declarar nulo el tratado de 1928.
(Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2013)
Para el 2012 la Corte Internacional de Justicia entró a dirimir sobre los cayos que
no se habían incluido dentro del tratado de 1928 ya que consideraba que era de
su competencia definir claramente la línea divisoria. (Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia, 2013)
Nicaragua argumentó que, habiendo sido parte de la Capitanía General de
Guatemala, tenía en su jurisdicción las islas en disputa con Colombia, con base
en la Cédula Real del 28 de junio de 1568, confirmada en 1680 por la Ley VI de la
Recopilación de las Indias y posteriormente en la Novísima Recopilación de 1744
(Corte Internacional de Justicia, 2012, pág. 26, párrafo 58). Adicionalmente, con
base en el principio uti possidetis iuris, Nicaragua argumentó soberanía pues las
34
islas son adyacentes a su costa, y el hecho de que Colombia tenga soberanía
sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina responde a un cesión por parte
de Nicaragua en el Tratado de 1928, pero no significa que las demás islas no
estén bajo su jurisdicción. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia,
2013)
Colombia, por su parte, reclamó su soberanía con base en la Orden Real de
1803, donde el Archipiélago se encontraba bajo jurisdicción del Virreinato de
Nueva Granada. Colombia afirmó que las autoridades de la Capitanía General de
Guatemala nunca rechazaron la jurisdicción sobre el Archipiélago por parte del
Virreinato.
La Corte finalmente falló a favor de Colombia en cuanto a la soberanía sobre las
islas, con base en el comportamiento de las autoridades posterior a la
independencia.
No obstante, Nicaragua solicitó a la Corte pronunciarse sobre la delimitación
marítima, con el interés de crear una zona de enclave marítimo de no más de 12
millas náuticas sobre las islas colombianas. Debido a que las partes estuvieron en
desacuerdo sobre qué método usar para la delimitación marítima, la Corte optó
por aplicar el método de línea media provisional. Sin embargo, esa línea estuvo
sujeta a modificaciones con base en diferentes consideraciones, como la
aplicación de seguridad y defensa sobre la zona por ambas partes, el tamaño de
las costas de cada país, la búsqueda de un acceso equitativo a recursos naturales
y las delimitaciones marítimas preexistentes en el área.
Tras la modificación de la línea, la Corte cambió la delimitación marítima,
concediendo a Nicaragua zonas que se extienden al oriente del meridiano 82 que
anteriormente había sido el punto de referencia sobre el cual finalizaba el
archipiélago de San Andrés como límite occidental del mismo. (Corte
Internacional de Justicia , 2012)
35
4.0 Capítulo 3. Efectos de la política de Seguridad y Defensa en el
territorio Colombiano.
La política de Seguridad y Defensa se considera una política compleja, ya que no
es equiparable a las demás políticas producidas por el gobierno, la formulación de
esta no se da al azar, ya que se necesita de un conocimiento previo profundo, que
permita abarcar todo lo que una política de Seguridad y Defensa necesita para
cumplir su mandato constitucional.
En la política de Seguridad y Defensa Nacional, los antecedentes son
fundamentales para que en la formulación tenga congruencia con los fines
esenciales del Estado, eso quiere decir, que tenga congruencia con el interés
nacional. El desarrollo de un estudio previo sobre las debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas (DOFA) permite con antelación dar con el principio de
oportunidad para el desarrollo de la PDN.
La debilidad de Colombia en este asunto tan importante se ve reflejada en el
hecho de que no se conocen a ciencia cierta el DOFA de la PDN con respecto a
los países vecinos. Esta debilidad se refleja en los intensos esfuerzos del
gobierno colombiano encaminados a mantener el orden territorial bajo el
comando de las Fuerzas Militares para poder prevalecer la soberanía nacional a
nivel interno, lo que socaba el sentido real de la PDN. Lo anterior se vislumbra
claramente en la medida en que el gobierno de Colombia, confunde la PSN con la
PDN, encaminando erróneamente, confundiendo y malinterpretando la PDN con
una política gubernamental, lo que produce un vacío en el desarrollo de la PDN.
En Colombia se ha venido perdiendo el norte del interés nacional, que
constitucionalmente debe prevalecer por encima de los demás intereses, ya que
el interés nacional ha sido reemplazado por necesidades que afectan de manera
inmediata a los ciudadanos y que vulneran el territorio nacional, pero que no
amenazan la supervivencia de los mismos.
36
La PDN en Colombia está encaminada en seis puntos: (Ministerio de Defensa
Nacional, 2015)
1. Desarticular los GAML y crear condiciones suficientes de seguridad para
la consolidación del Estado.
2. Crear condiciones de seguridad para la convivencia ciudadana
3. Llevar a un mínimo la producción nacional de narcóticos
4. Avanzar hacia un sistema de capacidades disuasivas creíble, integrado e
interoperable.
5. Fortalecer la institucionalidad y el bienestar del sector seguridad y defensa
nacional.
6. Contribuir a la atención oportuna de desastres naturales y catástrofes
Lo anterior muestra, que en Colombia solamente se ha propugnado por el
desarrollo de una política interna de Seguridad institucional, más no una PDN que
apunte a la defensa del interés nacional. Como se puede observar, la PDN que
pregona el Ministerio de Defensa está encaminado a la lucha contra el
narcotráfico, las drogas ilícitas y el conflicto interno como los principios
fundamentales que apoyan su implementación, bajo los objetivos de “consolidar el
control del territorio nacional y fortalecer el Estado de Derecho”
Lo anterior muestra la incongruencia con el objetivo de una PDNiii, descuidando
objetivos de supervivencia y de poder como lo resalta el realismo pragmático;
además se deja de lado el interés nacional, punto de encuentro entre el Neo
institucionalismo y el realismo pragmático. Claramente la PDN encaminada,
dirigida y ejecutada por el gobierno nacional, está enfocada sólo en amenazas
internas, y deja de lado las amenazas externas que deben ser la base de toda
PDN.
En cuanto al desarrollo de la PDN, el Ministerio de Defensa, según su misión y
visión, es el encargado de la formulación y ejecución de la PDN del país, sin
embargo, este actor encuentra una grave inconsistencia con dicha política. Esta
37
inconsistencia se encuentra en los objetivos que tiene como actor bajo medidas
institucionales y las funciones que le son otorgadas por el ejecutivo a la cabeza
como comandante en jefe; el Ministerio de Defensa Nacional debe garantizar “la
soberanía del territorio, la independencia, la integridad territorial y el orden
constitucional, el mantenimiento de las condiciones democráticas, la contribución
de la paz y el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los
derechos, obligaciones y libertades públicas” (RESDAL, 2015). Dado lo anterior
es claro que estas funciones no se llevan a cabo, confirmando que los objetivos
del Ministerio de Defensa, así como la Misión y la Visión del mismo, se
direccionan a la política gubernamental dictaminada por el comandante en jefe
designado constitucionalmente, dando preferencia a una política gubernamental, y
no a la directriz del Estado, que es la protección del interés nacional.
4.1 ¿Por qué la Política de Seguridad y Defensa de Colombia se enfoca
en la Seguridad y Defensa del gobierno y no del interés nacional?
Según el gobierno nacional y su política de defensa y seguridad democrática, “la
necesidad de atender la seguridad interior no implica un descuido dela defensa
nacional, a la que se otorgará la debida prioridad. Colombia seguirá siendo fiel a
su tradición de país respetuoso del derecho internacional, pero mantendrá una
capacidad disuasiva, con la proyección necesaria para asegurar el respeto a su
soberanía nacional e integridad territorial, dentro de una postura estratégica
defensiva” (Ministerio de Defensa Nacional, 2003). Sin embargo, la formulación de
la estrategia y táctica militar aplicada por el Ministerio de Defensa y de la
Presidencia de la República, desobedece la institución y la directriz constitucional
dictaminada, además su formulación en táctica real, pone en entredicho tanto la
seguridad como la defensa del Estado. Esto se corrobora al analizar el
posicionamiento de las bases de las Fuerzas militares a través de todo el territorio
nacional, el cual parece obedecer más a una política de protección gubernamental
y de una política de seguridad y defensa para la industria extractiva y de
hidrocarburos. (Anexos de mapas)
38
Por otro lado es importante resaltar las manifestaciones del gobierno nacional por
medio del Ministerio de Defensa, en cuanto aceptan que “Sin embargo, la
naturaleza de las amenazas que aquejan a la Nación, en particular el terrorismo, y
el negocio de las drogas ilícitas, ha llevado a que en el caso colombiano […] se
desdibujen los límites entre la seguridad interior y la defensa nacional” (Ministerio
de Defensa Nacional, 2003). Lo anterior no se puede constituir como una excusa
del gobierno colombiano hacia sus deberes constitucionales con la nación y por
encima de estos, el deber con el Estado.
Con la implementación de la Seguridad Democrática en Colombia, a partir del
primer mandato del Expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) la PDN se
enfocó en recuperar el control territorial en muchas zonas del país, que para el
momento eran casi inaccesibles para el gobierno nacional, e incluso para las
Fuerzas Militares, territorios comandados por los grupos armados ilegales al
margen de la ley. Para esta política gubernamental, ya que fue planteada como
una estructura institucional para cuatro años, la defensa nacional ocupa un aparte
ínfimo dentro del plan de acción de las Fuerzas Militares, por orden del presidente
de la República, ya que solamente menciona la Misión y la Visión de las Fuerzas
Militares, más no proyecta esta misión y visión sobre los objetivos y funciones que
deberían tener las Fuerzas Militares de Colombia, ya que le es encargado tareas
policiales y de carácter civil, lo que deteriora en gran medida aún más la
protección del interés nacional.
Ya para el segundo periodo de Álvaro Uribe (2006-2010), el Ministerio de Defensa
de Colombia, publica en el 2007 el documento oficial que dictamina la política de
seguridad y defensa del Estado, bajo el nombre de “política de consolidación de la
seguridad democrática”, en este documento es imperante la falta absoluta de la
PDN, ya que la segunda ola de la política de seguridad democrática se dedica
únicamente al conflicto interno, no da directriz alguna frente al desarrollo de la
39
PDN, dejando de lado la demanda entablada por Nicaragua ante la CIJ, los
constantes arremetimientos del gobierno de Venezuela por la conquista de la
península de la Guajira colombiana, la instalación de bases militares de Estados
Unidos y de Brasil en la frontera de la amazonia colombiana, la instalación de
bases militares de Estados Unidos y de Ecuador en la frontera que delimita el
Estado de Ecuador con el Departamento de Putumayo, la cada vez más insegura
frontera entre Colombia y Panamá (Esquivel Triana, 2001); lo que es una falta
absoluta a la misión de las Fuerzas Militares de Colombia, llegando a utilizar las
mismas como un ejército propio del gobierno nacional, y no del Estado
Colombiano (Ministerio de Defensa Nacional , 2007)
4.2 Introspección de los Gobiernos de Colombia en su ejecución de la
Política de Seguridad y Defensa y visión como problema de política
pública. (Presidencias de 1990-2002 y 2002-2012)
En Colombia la política de seguridad y defensa nacional se puede establecer en
dos etapas; la primera etapa está construida bajo las bases de la nueva
constitución política, que da la entrada a Colombia a ser un país de carácter más
liberal, y que acepta todas las recomendaciones relacionadas por el Plan de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual envío a Colombia varias
misiones de carácter diplomático y económico para desarrollar una apertura de
mercado (Bushnell, 1996). Esta etapa está marcada además por el rápido
crecimiento de las guerrillas de Colombia y una escalada crítico del terrorismo
llevado a cabo por los carteles de la droga.
En esta primera etapa la política de seguridad y defensa de Colombia, se vio
coaptada por el narcotráfico, en primera medida, con la llegada de Pablo Escobar
a la Cámara de Representantes por el Departamento de Antioquia, situación que
de inmediato llamó la atención tanto de la comunidad nacional como internacional,
ya que se conocía muy bien la procedencia de la inmensa riqueza y poder de este
40
personaje, que llevó a transformar toda la cultura de un país, y llevó a cabo la
transformación institucional de todo un sistema político. (Legarda, 2005)
Para aquel entonces los actores tanto políticos como jurídicos se vieron atados de
manos, la institucionalidad del Estado se vio frenada y coaptada por el cartel de la
droga de Medellín, el miedo subyugó el desarrollo de la búsqueda por el interés
nacional, quedando un Estado débil, a la deriva y con una mancha institucional y
política, que aún hoy en día genera crisis en el sistema político y en el desarrollo
de políticas públicas; lo anterior debido a que la cultura institucional se transformó,
y con ello la capacidad y la toma de decisiones de los actores dentro del Estado.
El Ministerio de Defensa junto con la Fuerza Pública tuvo que lidiar con uno de los
enfrentamientos más cruentes desde la proclamación de la nueva constitución
política. (Semana, 2013)
Para la llegada a la Presidencia de la República de Ernesto Samper (1994), la ola
de coaptación institucional llega a su punto más alto, el llamado proceso ocho mil
se convierte en la mayor vergüenza política hasta el momento llevada a cabo por
el Jefe de Estado y de Gobierno, además de ser la máxima autoridad
administrativa, deja entrever la debilidad institucional.
Siendo las instituciones las que determinan la actividad política y están
constituidas por elementos de identidad, poder y estrategia que estructuran el
comportamiento de los actores políticos y determinan los resultados con el fin de
desarrollar la estructura que permita la búsqueda del interés nacional, el contexto
colombiano que se desarrolló bajo la primicia y autoridad de los actores, y con un
esquema institucional abrumado por el terrorismo (Vargas, Lesmes, & Téllez,
1996), la PND y el interés nacional se vieron relegados a la inmediatez de la
protección de los más altos rangos del Estado, proceso que hay que tener en
cuenta fue propiciado por los mismos actores que juraron proteger los intereses
del Estado, y que utilizaron la Fuerza Pública como ejército privado para cubrirse
de quienes en algún momento sirvieron a los intereses privados.
41
Ya posteriormente con la llegada de Andrés Pastrana a la presidencia (1998) se
da la firma con el gobierno de los Estados Unidos del llamado Plan Colombia, el
cual es un plan primeramente de ayuda militar al gobierno colombiano, cuyo
propósito declarado es el contribuir al desarrollo de Colombia a través de la lucha
contra el narcotráfico. Según el plan Estados Unidos ofrecerá medio billón de
dólares de ayuda militar a Colombia para la lucha antisubversiva. (Embajada de
los Estados Unidos de América , 2000) Aunque el plan incluye componente de
ayuda social y reforma institucional, estos demuestran una falta de entendimiento
de las causas reales de los problemas colombianos, que los harán totalmente
inefectivos. La política de seguridad y defensa del Plan Colombia, representa
claramente una intervención de los Estados Unidos a la política de Colombia,
reflejando claramente los intereses de los norteamericanos referentes a su política
de seguridad y defensa, encaminada y descrita en su documento oficial.
(Department of Defense, 2008 )
Para varios autores (Torrijos, 2010) (Esquivel Triana, 2001) es claro que la política
de seguridad y defensa del plan Colombia, es una política que amenaza el interés
nacional, las instituciones militares, el desarrollo del país, ya que las medidas que
se llevan a cabo en este plan, solamente encrudecen el conflicto interno y no
buscan la estabilidad. Para (Morgenthau, 1986) no existen vacíos de poder;
Colombia se vio enfrentada a una de sus peores crisis de estabilidad política y
gubernamental, a tal punto que cedió frente a los intereses de otro Estado,
doblegando la capacidad de toma de decisión de los actores y la importancia del
carácter institucional y moral que esto conlleva.
En la segunda etapa (2002-2012) la llegada de Álvaro Uribe al poder marcó la
transición de una política de defensa coaptada por los Estados Unidos, a una
política, que sin dejar de ser coaptada, permitió el realce de la Fuerza Pública; sin
42
embargo, lo anterior nunca significó el contraste entre el interés de los Estados
Unidos, y el interés nacional del Estado colombiano.
La implementación de la política de seguridad democrática permitió un realce
moral de los actores de la fuerza pública y la reestructuración de las instituciones
que comandan la política de seguridad nacional, pero no significó el
empoderamiento en la toma de decisiones, ya que la política gubernamental de
seguridad democrática, es la continuación del plan Colombia adaptada al Plan
Nacional de Desarrollo del año 2002 hasta el año 2012.
Si bien este enfoque que se le da a la política de seguridad nacional, responde a
la necesidad de seguridad nacional, no responde a las necesidades de defensa
que tiene Colombia; la cuestión se complica en la medida en que si se le da
prioridad únicamente a la seguridad interna de la nación, la existencia del Estado
se pone en peligro, ya que se genera un grado de vulnerabilidad frente a las
amenazas externas que influyen directamente en la pérdida de soberanía,
territorio, he institucionalmente se estaría cometiendo un crimen de Estado, ya
que las Fuerzas Militares de Colombia están obviando su deber constitucional, lo
que para el sector público significa la pérdida del sentido de ser de la institución,
generando un vacío de poder que de inmediato es absorbido, ya sea por los
grupos armados ilegales o por actores externos al Estado.
La consolidación de la seguridad democrática es exactamente eso, el olvido de la
defensa en territorio nacional. Esta política de Seguridad y Defensa confunde los
roles que juegan los actores armados de la Fuerza Pública en Colombia, distraen
la atención de la misión de las Fuerzas Militares, genera inestabilidad y confusión
dentro de las instituciones, empobrece la actividad de crear un sistema de
defensa que permita controlar el territorio y de esta manera poder reclamar
soberanía.
43
5.0 CONCLUSIONES Y APRECIACIONES
El estudio realizado partió de la premisa de que en Colombia si existe una
política de seguridad y defensa, sin embargo, el desarrollo de la misma no
concluye con el deber ser constitucional que le es encomendado, la
protección del interés nacional. A su vez, se ha afirmado que lo anterior ha
causado un aumento en la pérdida de territorio soberano en los 200 años de
existencia del Estado colombiano, lo que ha representado un 50% de pérdida
territorial; en segundo lugar, este trabajo intenta relacionar lo anterior con la
capacidad de respuesta del Estado Colombiano ante una eventual
confrontación, y si las Fuerzas Armadas de Colombia están preparadas para
defender la soberanía del Estado; además la estructura institucional
presentada en la constitución política de Colombia de 1991, que antepone al
jefe del ejecutivo como comandante de la fuerza pública, reduce la toma de
decisiones de los actores a cero, lo que representa la perdida en la misión, la
visión, los objetivos y las funciones constitucionales de las fuerzas militares.
En esta sección, se esbozarán las conclusiones referentes al estudio de la
política de Seguridad y Defensa en Colombia y sus efectos sobre la perdida
de territorio soberano, para corroborar o no los puntos de la hipótesis central.
Se presentarán una serie de apreciaciones provenientes de los resultados
del estudio frente a los aportes del neo institucionalismo y del realismo
pragmático en función de analizar una institución nacional como el sector de
Seguridad y Defensa en Colombia. Estas apreciaciones no son más que un
aporte de nivel teórico bajo fundamentos prácticos al debate sobre la validez
de las miradas neo institucionalista y realista en el estudio de la Gestión
Pública y de las Relaciones Internacionales.
Efectivamente como se mencionó en la primera parte de la hipótesis, la
Política de Seguridad y Defensa en Colombia está enfocada en la búsqueda
y protección de intereses de otra índole o extranjeros, y no en la protección
44
del interés nacional como la Carta Magna lo manda, en consecuencia la
misión y la visión de las Fuerzas Militares, que constitucionalmente se
deberían enfocar en la protección de la soberanía nacional y la integridad del
territorio nacional, están siendo destinadas a cumplir objetivos y funciones
que si bien ponen en peligro la seguridad de los habitantes del territorio
colombiano, en ningún momento han puesto en peligro la existencia del
mismo, refiriéndonos al conflicto interno, tanto del narcotráfico como la lucha
contra las organizaciones armadas al margen de la ley. Sin embargo,
contrario a lo que se podría pensar, el deslinde de las fuerzas militares con
su principal objetivo que es la protección del interés nacional, no se debe a
un problema de organización institucional, sino que se debe a que no tienen
capacidad de toma de decisiones por sí mismas, ya que son comandadas
por el poder ejecutivo, el cual está representado por un personaje de nivel
político, que atiende primero a intereses políticos y no nacionales.
Política Pública de Seguridad y Defensa Nacional
Fuerza Aérea Ejército Nacional Armada de Colombia
Actor Político Obedece a Interéses Políticos
Presidencia de la República y Ministerio de Defensa
Toma de desiciones
Comando General de las Fuerzas Militares
Jerarquía Castrence, obedece ordenes
Funciones y Objetivos no
concuerdan con Misión y Visión
Ejecutan una PSYDN del gobierno, pero no protegen
el interés nacional
45
Finalmente se ha demostrada en este estudio que una Política de Seguridad y
Defensa orientada en contra del interés Nacional solamente genera la pérdida de
soberanía nacional, integridad territorial, concentración excesiva de recursos tanto
políticos como económicos, pobreza, desigualdad, abandono de zonas
territoriales, aumento de la inseguridad, pérdida de poder y generación de vacíos
de poder.
La Política pública de Seguridad y Defensa debe estar orientada a la protección
del Interés Nacional, no solamente como obligación constitucional, sino como un
factor mismo de la existencia del Estado; dentro de la organización del Estado
colombiano, la capacidad de toma de decisión sobre la Seguridad y Defensa de
Colombia recae sobre el Presidente de la República, por ende, en la medida en
que este actor político no desee proteger el Interés Nacional, las Fuerzas Militares
de Colombia no van a poder cumplir con su Misión de proteger la soberanía del
Estado y la integridad territorial, por lo que Colombia seguirá perdiendo territorio y
soberanía frente a los demás Estados limítrofes.
46
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51
7.0 ANEXOS
En la siguiente sección se encuentran algunos planos que ilustran los principales
cambios fronterizos en algunos de los casos del presente estudio.
Anexo 1. Caso Colombia y Nicaragua
Fuente: Caso Limítrofe Nicaragua contra Colombia, Corte Internacional de
Justicia, Fallo final.
52
Anexo 2. Territorio perdido por Colombia desde 1717 hasta el presente.
Fuente:http://www.semana.com/nacion/articulo/infografia-una-historia-
perdidas/268399-3
53
Anexo 3. Bases de la Fuerza Aérea en Colombia
Fuente: https://www.fac.mil.co/
54
Anexo 4. Bases de la Armada de Colombia
Fuente: https://www.armada.mil.co/
55
Anexo 5. Bases del Ejército de Colombia
Fuente: Archivo propio
56
Anexo 6. Mapa de oleoductos y gaseoductos en Colombia
Fuente: www.ecopetrol.com.co
57
Anexo 7. Entrevista almirante de la Armada de Colombia
Introducción:
Siendo las 10:20 de la mañana del día 15 de Mayo de 2015, me encuentro con el
Almirante……….. Quien ha excedido a ser entrevistado sobre temas de
Seguridad y Defensa en Colombia, con aras de un desarrollo académico, que
permita la elaboración de la tesis planteada. En esta entrevista participarán
únicamente el Almirante (AL), y Juan David Huertas Mejía (JD) como
entrevistador.
Entrevista:
JD: Almirante muy buenos días y gracias por acceder a la entrevista.
AL: Muy buenos días.
JD: En primer lugar Almirante quisiera que me comentara sobre ¿qué entiende
usted por Seguridad y Defensa?
AL: La Seguridad y la Defensa primero que todo no son conceptos aislados, no se
puede considerar la defensa sin tener que hablar de seguridad; por defensa
estamos hablando de la capacidad que tiene un Estado de defenderse de actores
o situaciones externas que puedan llegar a menoscabar la soberanía de un
Estado; y por seguridad entiéndase el conjunto de elementos necesarios para
poder desarrollar las complejas actividades que los habitantes de un territorio
cualquiera necesitan, por medio de dos factores, percepción y situación real de
seguridad, y que les permite un patrón de estabilidad y desarrollo.
JD: ¿Qué entiende usted por Política de Seguridad y Defensa?
AL: Una política en primera medida es la respuesta de un gobierno a un problema
dado por el transcurrir de una sociedad, por ende una política de seguridad y
defensa no es otra cosa que la respuesta que le da el gobierno para proteger al
Estado de lo que le pueda hacer daño.
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JD: ¿Almirante, entonces usted considera que la política de seguridad y defensa
en Colombia responde a un problema?
AL: Por supuesto, la política de seguridad y defensa en Colombia responde a los
complejos problemas que vive por el narcotráfico y la lucha contra los actores
armados ilegales
JD: Almirante ¿Cuál es la Misión de las Fuerzas Militares de Colombia y como se
diferencia esa Misión de la Fuerza Pública policial?
AL: La Misión de las Fuerzas Militares es proteger la integridad del territorio
nacional, a sus habitantes y la soberanía del Estado de Colombia; la Policía
Nacional de Colombia tiene como Misión la protección de los habitantes de
Colombia, su patrimonio, su honra y la vida de los mismos.
JD: ¿Usted cómo define interés nacional?
AL: El interés nacional es el punto culmine donde toda institución pública debe
apuntar, es el fin del Estado mismo, es el deber ser.
JD: ¿podría entonces afirmar que la Misión de las Fuerzas militares de Colombia
es proteger el interés nacional y como visión hacer lo posible para alcanzarlo?
AL: El interés nacional es una visión, es una hoja ruta que permite a las Fuerzas
Militares cumplir sus fines.
JD: ¿Almirante quién es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares?
AL: El Presidente de la República
JD: ¿Quién es el que diseña la política pública de seguridad y defensa de
Colombia?
AL: Quien diseña la política de Seguridad y Defensa de Colombia es el Ministerio
de Defensa quien a la cabeza se encuentra el Ministro.
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JD: ¿Almirante, quien nombra el Ministro de Defensa en Colombia?
AL: El Presidente de la República bajo sus facultades está elegir el gabinete de
Ministros, por ende el Ministro de Defensa es elegido por el Presidente de la
República.
JD: Almirante, dentro de las Fuerzas Militares existe una formación bien estricta
sobre la institución castrense, ¿Cómo funciona la cadena de mando dentro de la
organización de las Fuerzas Militares?
AL: Las Fuerzas Militares de Colombia están divididas en tres especialidades, el
Ejército de Colombia, La Fuerza Aérea y la Armada; cada una de estas
organizaciones tiene su propio comandante, sin embargo, existe en Comando
General el Comandante de las Fuerzas Militares, quien es la persona encargada
de toda la Fuerza Pública Militar de Colombia, y por encima del Comandante
General está el Presidente de la República.
JD: Dentro de la institución castrense el factor de una orden es una orden, ¿sigue
existiendo?
AL: Claro que sí, dentro de las Fuerzas Militares la cadena de mando es muy
clara, si no, no existiría.
JD: ¿Entones todo el accionar de las Fuerzas Militares es comandado por el
Presidente de la República?
AL: En efecto, Las órdenes se imparten desde la Presidencia al Ministro de
Defensa, quien a su vez, nos informa en Comando General de las acciones a
tomar y se diseñan las estrategias y las tácticas para que la orden se cumpla.
JD: Una última pregunta Almirante, sé que es una persona con muchas
obligaciones. ¿Por qué las Fuerzas Militares se dedican a combatir problemas
internos, como el narcotráfico y las guerrillas?
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AL: Desde hace muchas décadas la política de Seguridad y Defensa en Colombia
dio un giro muy fuerte debido a la amenaza que las guerrillas estaban
representando para el Gobierno de Colombia, lo que llevó al Presidente a tornar
esa responsabilidad que en principio era de la Policía Nacional, a las Fuerzas
Militares, debido al tipo de armamento utilizado por las guerrillas y por los
narcoterroristas, armas que eran más parecidas a las utilizadas por las Fuerzas
Militares.
JD: Almirante, solo me queda agradecerle por su tiempo y su conocimiento y
experiencia en el tema.
NOTAS
i Departamento Nacional de Planeación es uno de los pioneros de los estudios fronterizos. Desde 1973 ha producido documentos sobre el tema, que condujeron a un documento Conpes en 1986, y a otro más en enero de 2002. Entre la lista de estudios de la Dirección de Desarrollo Territorial del DNP están: Conpes 3155, Bogotá, 2002; Tres décadas de políticas fronterizas en Colombia, Bogotá, 2001; Colombia y sus fronteras política: de frontera, caracterización regonal socioeconómica comparada por países y departamentos fronterizos. Documentos para el desarrollo territorial No. 42, Bogotá, 2001; Conpes 2244, Plan fronteras: consolidación de ¡apolítica de desarrollo fronterizo, Bogotá, DNP, 1986; Conpes 1247, Hacia una política nacional de desarrollo de las áreas de frontera, DNP, 1975. En la página web de la Dirección de Desarrollo Territorial del DNP íwww.dnp.gov.co/01 cont/des terr/D REG-.HTM) puede accederse a amplia información técnica y legislativa sobre el tema de fronteras. ii En el desarrollo de esta sección del trabajo de grado, se tomaron los artículos y apartes encontrados en: http://www.cancilleria.gov.co/politica/asuntos-bilaterales donde se encuentra toda la información institucional concerniente a los tratados que se han realizado en cuestión de las fronteras con los países vecinos; tanto tratados terrestres como marítimos son tomados de ésta página web, por la razón de que es la información más verás que se pudo encontrar en la revisión del estado del arte. Por otra parte la información consignada en el Instituto Geográfico
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Agustín Codazzi aportó todos los mapas históricos que respaldan la información de la Cancillería de Colombia; esa información puede ser consultada y ampliada en: http://www.igac.gov.co:10040/wps/portal/igac/raiz/iniciohome/MapasdeColombia/Mapas/Historicos iii La PDN es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La PDN hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende proteger el interés nacional. Además la defensa son las condiciones de seguridad externas para que el país pueda asegurar sus intereses primarios, que por medio de una estructura, y una organización aprovecha el conjunto de recursos materiales y humanos destinados al cumplimiento de la actividad antes definida.
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