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MENSAJES COMUNICATIVOS
“TIERRAS Y CONFLICTOS RURALES”
El informe nacional de tierras que lanza el Centro Nacional de Memoria Histórica
es uno de los más ambiciosos que ha emprendido esta institución.
‘Tierras y conflictos rurales’ analiza la evolución de la legislación, las reformas
agrarias y el reparto de baldíos y la distribución de tierras en Colombia desde 1827
hasta 2012; repasa la abundante investigación académica sobre la evolución de la
propiedad y los conflictos en el mundo rural; analiza los impactos del abandono y
despojo de tierras y las características, el papel y las voces de las organizaciones
sociales campesinas y los gremios agrarios, para pintar un vasto cuadro de la
evolución de la propiedad agraria en Colombia y los impactos de la conflictividad
en el campo.
El informe intenta trazar una memoria de lo que ha sido el campo colombiano
desde comienzos del siglo XX hasta hoy y hace aportes sustanciales –algunos de
ellos, polémicos– a un tópico ampliamente estudiado en Colombia
Para ello, reúne y analiza críticamente la estadística existente y, sobre nuevas
fuentes documentales, como la series de datos 1903 – 2012 del INCODER sobre
adjudicación de baldíos y las de la Superintendencia de Notariado y Registro sobre
la tradición de dominio de esos predios, cuestiona o matiza hipótesis ampliamente
aceptadas sobre el aumento de la concentración de la propiedad o sobre la
sustitución de cultivos transitorios campesinos por cultivos permanentes
agroindustriales o forestales.
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Mensajes centrales
Las adjudicaciones de baldíos han tenido un enorme peso en la definición de la
estructura agraria. Entre 1903 y 2012, se adjudicaron 23,7 millones de hectáreas a
casi 550.000 personas.
Si se suman las adjudicaciones colectivas a indígenas y afros, en ese lapso, el Estado
entregó cerca de 60 millones de hectáreas, más de la mitad de la superficie nacional
(114 millones de hectáreas).
En el siglo XX, se pasó de la estructura latifundio/minifundio a una estructura
multimodal en la que predominan, en términos de superficie, la pequeña y mediana
propiedad y la propiedad colectiva.
El análisis estadístico no permite establecer una correlación a nivel nacional, salvo
casos aislados, como Montes de María, entre el abandono y despojo de tierras y su
concentración.
Se sabe que 40% de los predios registrados no tienen títulos; no se sabe cuántos
predios nunca fueron registrados.
El desplazamiento y el abandono y despojo de tierras no se reflejan en una
disminución significativa de la superficie cultivada. Esto revela la capacidad de
resiliencia del campesinado.
El crecimiento de las empresas agroindustriales no ha tenido un impacto
significativo en la concentración de la propiedad, pero ha modificado el paisaje rural
y el equilibrio ecológico.
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Pese a los impactos del conflicto armado, se han creado o mantenido en el mundo
rural organizaciones sociales, redes, gremios, mecanismos de información
alternativos y asociaciones y cooperativas de productores que representan un
importante capital político y social para la construcción de la paz y reflejan la
diversidad del mundo campesino y empresarial en el campo.
Estructura
La investigación está dividida en tres grandes partes.
La primera, sobre asignación de tierras y evolución de la propiedad agraria, hace
un recorrido por la legislación agraria y las políticas de reparto de tierras del
Estado –en especial baldíos– desde 1827 hasta 2012 y su impacto sobre la
distribución de la tierra.
La segunda parte, sobre vulneración de los derechos de propiedad, explora los
impactos del abandono y el despojo de tierras en el mundo rural y los cambios en
el sector agrícola y los usos del suelo.
La tercera, hace una caracterización de las organizaciones sociales y los gremios
económicos del campo, sus formas organizativas y su papel y posiciones en el
conflicto armado.
Uno de los aportes es una base de datos bibliográfica con cerca de 700 entradas,
que está a disposición del público y el mundo académico:
• Conflicto armado
• Desplazamiento, abandono y despojo de tierras
• Propiedad de la tierra y usos del suelo
• Características de la población rural
• Organizaciones sociales y gremios rurales
• Normatividad sobre desplazamiento, reparación y restitución
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El informe se apoya en varios estudios de campo en Montes de María, Tolima,
Huila, Meta, Caquetá y bajo Putumayo.
Algunos hallazgos
IMPACTOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE BALDÍOS
Pese a la concentración de la propiedad, la política de distribución de baldíos del
Estado ha contribuido a la formación de una clase media en el campo y a un gran
aumento en el número de propietarios privados de predios.
Sobre la base de un análisis estadístico histórico, el informe muestra que en 112
años, entre 1901 y 2012, el Estado adjudicó casi 23 millones de hectáreas de
baldíos a particulares (61% de la superficie de propiedad privada registrada a
2009). Además, adjudicó 31,6 millones de hectáreas a indígenas y otros 5,4
millones a comunidades afro.
El análisis de la legislación agraria y del reparto de baldíos en la primera mitad del
siglo XX, muestra que:
• Hubo una política de fomento a la colonización campesina y de expansión
de la frontera agraria.
• Se mantuvo una distribución desigual de la tierra, preservando grandes
concesiones de baldíos.
• La adjudicación de terrenos medianos y pequeños contribuyó a formar una
clase media en el campo.
• Aunque en varios periodos se privilegiaron grandes concesiones, la política
de baldíos de la primera mitad del siglo XX amplió la pequeña y mediana
propiedad.
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En el cuarto de siglo que va de 1962 a 1987 el Estado colombiano tituló el 55% de
los terrenos y distribuyó el 47% de la superficie de baldíos distribuida entre 1903
y 2012. Por primera (y única) vez, entregó a pequeños propietarios la mitad de
esas tierras y solo 11% a grandes concesionarios.
Adjudicación de baldíos a particulares
Colombia, 1903-2012*
Fuente: elaboración propia, datos tomados de INCODER (2012),
Serie histórica de adjudicación de baldíos 1903-‐2012
*En los dos últimos periodos, se entregaron, además, más de 210.000 parcelas
de reforma agraria, con una superficie de casi 1.850.000 hectáreas.
El informe hace un breve repaso a las denuncias que hizo en 2013 el ministro de
Agricultura Juan Camilo Restrepo por adjudicaciones de baldíos a quienes no
tenían derecho y a la apropiación ilegal de baldíos.
• Un listado de casos de presunta concentración de tierras suma 87.424
hectáreas.
Periodos Adjudicatarios Superficie
1903-‐1931 4.125 848.425
1932-‐1946 12.359 607.673
1947-‐1953 14.894 764.896
1954-‐1957
1958-‐1961
1962-‐1987
1988-‐1994
1995-‐2012
12.649
9.755
293.105
77.277
125.808
976.520
1.143.896
10.216.982
3.144.894
5.030.255
Total 549.972 22.733.541
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• Entre 1995 y 2012, se entregaron a 1.225 particulares predios baldíos de
más de 1.000 hectáreas que sumados representan 38% del total adjudicado
en esos 17 años.
EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD AGRARIA
En los últimos 30 años, la estructura bimodal de la propiedad de la tierra
(latifundio/minufundio) se transformó en una estructural multimodal (propiedad
privada, colectiva y pública).
La desigualdad en la distribución de la propiedad privada disminuyó en la segunda
mitad del siglo XX.
Pese a ello, la inequidad sigue siendo muy acentuada.
No se detecta una concentración significativa de la propiedad en la década 2000 –
2009.
El informe estudia la distribución de la propiedad agraria entre 1960 y 2009.
Advierte sobre las distorsiones que genera, al analizar la concentración, incluir los
territorios indígenas, colectivos y de propiedad pública, que son habitualmente,
grandes extensiones.
Entre 1970 y 1984, se consolida la mediana propiedad como dominante en la
estructura de propiedad. Aunque entre 2000 y 2009 esta disminuye levemente su
peso porcentual y la gran propiedad sube en proporción, el análisis estadístico
arroja una estabilidad en la estructura de propiedad rural, pese al despojo violento
y la compra de grandes extensiones por grandes empresas y narcotraficantes.
No se detecta en esta década una tendencia significativa a una mayor
concentración de la propiedad de la tierra.
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Distribución porcentual de la superficie rural
Colombia, 1984 – 2009
Fuente: elaboración propia con datos tomados de: (1) Ministerio del Interior y Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, (2012), Sistema de información de caracterización general de los resguardos indígenas colombianos, consultada en: http://resguardoscolombia.org/ (2) Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas, CEGA y Llorente, Luis; Salazar, Armando y Gallo, Ángela (1985), Distribución de la propiedad rural en Colombia 1960-1984, Ministerio de Agricultura. Fuente: elaboración propia datos tomados de (1) Ministerio del Interior y Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, (2012), Sistema de información de caracterización general de los resguardos indígenas colombianos, consultada en: http://resguardoscolombia.org/ (2) Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas, CEGA y Llorente, Luis; Salazar, Armando y Gallo, Ángela (1985), Distribución de la propiedad rural en Colombia 1960-1984, Ministerio de Agricultura.
ABANDONO Y DESPOJO DE TIERRAS
La vulneración de los derechos de propiedad en Colombia no es un fenómeno nuevo,
ni ligado exclusivamente al conflicto. Es un problema de larga duración por la
precariedad del Estado en los territorios, la corrupción en todos los niveles y la
tolerancia social a maniobras para apropiarse de la tierra.
Las estimaciones sobre tierras abandonadas en el marco del conflicto armado en
Colombia varían notablemente y diversas fuentes dan cifras que van de 1,2
millones de hectáreas hasta 10 millones. Los registros diseñados especialmente
para medir el fenómeno son el Registro Único de Territorios y Predios
Abandonados (RUTPA) y el Registro de Tierras de la Unidad de Restitución de
Tierras (RTDA). El primero arroja una cifra de 6,5 millones de hectáreas; el
segundo, 3,4 millones.
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El informe hace un análisis detallado de la base de información del RUTPA.
Entre 1994 y 2013, los periodos de mayor abandono individual de predios fueron
2000 – 2002 y 2005 – 2008.
Por solicitudes de inscripción en el Registro, Antioquia tiene la mayor proporción.
Por afectación, Chocó es el primero: 37,5% de los predios privados de uso
agropecuario en el departamento ha sido declarado como abandonado.
Proporción de la superficie abandonada por municipio
Colombia. 1994-2012
Fuente: elaboración propia a partir de: INCODER, Registro Único de Predios y Territorios Abandonados individuales (RUPTA individual), 1994-2013 (agosto). *En el mapa del lado derecho los municipios que reportan más del 25 por ciento de su superficie como abandonada son: Carmen de Bolívar, San Jacinto y Calamar en Bolívar; Toluviejo en Sucre; Útica en Cundinamarca; Carmen de Viboral en Antioquia y Quinchía en Risaralda.
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Nota. En el segundo mapa, para calcular la proporción de la superficie abandonada se tuvo en cuenta la superficie total del municipio.
La comparación del registro de tierras abandonadas (RUPTA) con las solicitudes
de restitución (Unidad de Restitución de Tierras) muestra que mientras en el
primero hay más de 178.000 registros, por algo más de 5,6 millones de hectáreas,
las solicitudes de restitución son apenas 45.000 y cubren solo 3 millones de
hectáreas. Es decir, a nivel nacional hay mucha más tierra registrada como
abandonada que solicitantes para que se las devuelvan.
Para proteger legalmente a esos predios de cualquier transacción se necesita el
folio de matrícula inmobiliaria. Como tantos predios no tienen título, solo una
cuarta parte del total ha podido ser objeto de protección efectiva.
Estos son los nueve departamentos con mayor abandono:
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Fuente: elaboración propia a partir de: Registro Único de Predios y Territorios Abandonados individuales (RUPTA individual), 1994-2013 (agosto). Nota. Para calcular la proporción de la superficie se tuvo en cuenta como medida de control la superficie privada rural para el año 2000 según el Atlas de la distribución de la propiedad rural 2000-2009 del IGAC (2012).
Los desplazados pierden mucho más que la tierra. De acuerdo a la Encuesta
Nacional de Verificación:
• 55,5% de las familias tenía tierra
• 78,9% tenía animales
• 43,6% tenía cultivos
• Entre 1980 y 2010 se dejaron de cultivar 1.563.759 hectáreas
SAN ANDRÉS
SAN ANDRÉS
META
VICHADA
AMAZONAS
CAQUETÁ
GUAINÍA
VAUPÉS
CHOCÓ
ANTIOQUIA
GUAVIARE
CAUCA
NARIÑO
CASANARE
CESAR
TOLIMA
HUILA
ARAUCA
BOYACÁ
SANTANDER
CÓRDOBA
PUTUMAYO
BOLÍVAR
MAGDALENA
LA GUAJIRA
SUCRE
CUNDINAMARCA
VALLE DEL CAUCA
NORTE DE SANTANDER
CALDAS
RISARALDA
ATLÁNTICO
QUINDÍOBOGOTÁ D.C.
¯
Procesado por:Centro Nacional de
Memoria Histórica- CNMHGeorreferenciación: Carolina Hormaza
Marzo-2015 0 90 180 270 36045Miles
Dptos con mayores declaraciones de abandono
Municipios con mayor afectación
Menor a 18,9%
Entre 19,0% y 36,3%
Entre 36,4 y 53,7%
Entre 53,8 % y 71,1%
Entre 71,2% y 88,5%
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Una cosa es el abandono y otra el despojo. Este es difícil de medir. Una forma es
la declaración de las víctimas que piden restitución: hasta 2013, un tercio de ellas
afirmaban que sus predios habían sido despojados; el resto solo consignó
abandono. Ese es el promedio nacional; el cuadro por departamento es muy
diverso.
Fuente: elaboración propia a partir de: Registro de solicitudes de restitución – URT, Oficina de Tecnologías de la Información, 31 de diciembre de 2013.
Hay una clara relación entre desplazamiento y abandono. El informe explora, a
través de numerosos estudios de caso, esa relación y el papel de los actores
armados.
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Fuente: elaboración propia a partir de: Registro Único de Predios y Territorios Abandonados Individuales (RUPTA individual), 1994-‐2013 (agosto); Registro de solicitudes de restitución – URT, Oficina de Tecnologías de la Información, 31 de diciembre de 2013. Solo 6 de los 70 municipios de mayor abandono presentaron aumentos
significativos en compraventas de predios de origen baldío.
IMPACTO DEL ABANDONO EN LOS USOS DEL SUELO
Los desequilibrios entre la vocación y los usos del suelo en Colombia son
conocidos.
Conflictos de usos del suelo (Usos vs. Vocación). 2012
Fuente: elaboración propia a partir de IGAC, (2012), Estudio de los conflictos de uso del territorio colombiano, Bogotá, páginas 92,152). Infografía inspirada en El Espectador.
El sector agrícola ha sufrido importantes variaciones: en el análisis tradicional,
entre 1985 y 2010 los cultivos predominantemente campesinos pasaron de
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representar casi el 60% del valor de la producción a 36%, en tanto que los cultivos
predominantemente capitalistas aumentaron su participación de algo más de 4% a
25%.
El informe se aparta de la dicotomía que sostiene que los cultivos campesinos son
transitorios y los permanentes, capitalistas y niega que haya habido una tendencia
al desplazamiento de los primeros por los segundos. Los campesinos tienen
cultivos permanentes como el plátano o la caña panelera. Y muestra que, en
términos de superficie cultivada, los cultivos predominantemente campesinos,
transitorios y permanentes, siguen teniendo una participación mayoritaria.
Distribución de la superficie por tipo de cultivos 2011 (sin café)
Fuente: elaboración propia a partir de: Datos procesados de la ENA (Encuesta Nacional Agropecuaria) y Agronet para el Informe de Desarrollo Humano: Colombia rural. Razones para la Esperanza, PNUD, 2011. Nota. Gráfica construida a partir de 29 cultivos desagregados en el anuario estadístico del sector agropecuario. Resultados evaluaciones agropecuarias municipales 2011. La clasificación de cultivos se hizo así: Transitorios: a) predominantemente campesinos (ajonjolí, arroz secano, papa, tabaco rubio, cebada, fríjol, maíz tradicional, trigo, maní, hortalizas); b) predominantemente capitalistas (algodón, arroz riego, sorgo, soya, maíz tecnificado). Permanentes: a) predominantemente campesinos (cacao, tabaco negro, arracacha, caña miel, caña panela, cocotero, fique, ñame, plátano, yuca, frutales); b) predominantemente capitalistas (palma, caña de azúcar y banano exportación).
Aunque hay un impacto del desplazamiento y el abandono de tierras en las
prácticas agrícolas, que puede llevar en algunos casos a la pérdida de cultivos, el
informe señala que no hay coincidencias entre momentos de escalamiento del
conflicto y el desplazamiento con cambios significativos en los cultivos, al analizar
la superficie cultivada a nivel departamental y nacional.
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A partir de un análisis de la evolución de los cultivos transitorios y permanentes,
campesinos y capitalistas, el informe concluye que los altos niveles de abandono de
tierras que produjo el conflicto armado no afectaron drásticamente la
productividad agropecuaria. Tanto en departamentos con altos niveles de
abandono, como en los que presentan bajos niveles, hay una tendencia a la
disminución de las hectáreas de cultivos transitorios campesinos.
Al menos en algunas regiones, el abandono tampoco redundó en una expansión de
las tierras dedicadas a ganadería. Como dicen otros estudios, junto a una ganadería
extensiva, especulativa y asociada con prácticas ilícitas, hay una ganadería
productiva, con grandes propietarios y, también, pequeño campesinado, que tiene
un peso importante.
LAS ORGANIZACIONES Y LOS GREMIOS RURALES
Los movimientos agrarios
Desde las huelgas, invasiones, memoriales y juicios de posesión de comienzos de
siglo, los primeros sindicatos agrarios, las organizaciones de autodefensa
campesina, el auge y caída de la ANUC, la persistencia de las Juntas de Acción
Comunal, las grandes invasiones de tierras de los años 70, los paros cívicos
campesinos, las marchas cocaleras de los años 90 hasta desembocar en las nuevas
formas organizativas y repertorios reivindicativos, en los que destacan las
organizaciones de víctimas y nuevas organizaciones rurales nacionales y de
defensa del medio ambiente y contra grandes proyectos minero-‐energéticos, que
surgieron al calor del conflicto armado, la apertura económica y los tratados de
libre comercio, el informe traza una breve historia de la movilización y la
organización en el campo y hace un registro de las múltiples organizaciones y
movimientos que hay hoy en el país.
Aunque la tasa de sindicalización de los 2,9 millones de personas ocupadas en
actividades agropecuarias no llega al 3%, los investigadores registraron un total de
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2.060 organizaciones de otro tipo en el campo, entre ellas 346 consejos
comunitarios y 724 resguardos indígenas y un total de 1.527 acciones de protesta
rural entre 1991 y 2013, de acuerdo al CINEP.
Un fenómeno notable es la vasta cobertura geográfica de las Juntas de Acción
Comunal, que datan de 1958. También, las nuevas organizaciones, como las
Dignidades, que protagonizaron los paros agrarios de 2012 a 2014; las defensoras
de las Zonas de Reserva campesina, como ANZORC; las múltiples organizaciones de
víctimas (2.623, según la Unidad de Víctimas). Todas ellas, dice el informe
conforman un apreciable capital político y social, que ha logrado importantes
conquistas y es clave en la construcción de la paz en Colombia.
Los gremios rurales
Los gremios del sector agropecuario no son entes monolíticos con una visión
idéntica del contexto nacional y tienen diferencias en sus posturas frente a la
guerra y la paz. A través de docenas de entrevistas, el informe explora sus muy
diversas percepciones.
Esos gremios son muy diversos a nivel regional y están surgiendo movimientos
distintos a los tradicionales (asociaciones de pequeños y medianos ganaderos
frente a FEDEGAN; Dignidad Cafetera frente a la Federación), que son a la vez un
canal de diálogo con las autoridades y una alternativa frente a los gremios
nacionales. Además, los repertorios de violencia de los grupos armados cambian
con la geografía y el tiempo, afectando a los productores rurales de maneras
distintas.
Aunque tienen percepciones diferenciadas frente a los impactos y los daños del
conflicto armado, dependiendo del sector al que pertenezcan, muchos coinciden en
sus críticas a la falta de una política estatal coherente para el campo y hablan de un
sesgo anti-‐rural en la política pública y de limitaciones de acceso de los pequeños y
medianos productores a los servicios estatales.
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El desplazamiento de productores rurales a la ciudad no se explica solo por el
conflicto armado sino por la falta de acceso a bienes y servicios públicos en sus
zonas.
Además del pequeño campesinado, uno de los sectores que más han sufrido el
impacto del conflicto es el ganadero.
Delitos contra el sector ganadero. Colombia, 1967-2012
Fuente: tomado de Fundación Colombia Ganadera (Fundagan), (s.f), Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Memoria histórica. Visibilización de los delitos en contra del sector ganadero, Bogotá.
Delitos contra el sector ganadero y presuntos responsables
Fuente: Tomado de Fundación Colombia Ganadera (Fundagan), (s.f), Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Memoria histórica. Visibilización de los delitos en contra del sector ganadero, Bogotá.
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En las entrevistas, el informe explora las opiniones de los gremios sobre
restitución de tierras, zonas de reserva campesina y el proceso de paz con las
FARC. Expresan reservas sobre los mecanismos de la primera, temores sobre un
exceso de autonomía de las segundas, y, además de dudas sobre el proceso de paz,
preocupaciones sobre la capacidad institucional para cumplir con lo acordado.
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