C i u d a d a n o s p o r u n a C a u s a e n C o m ú n , A . C .

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DERI VADAS DEL SEG UI MI ENTO AL A CUERDO NACIO NAL

PO R LA SEG URIDAD, LA J UST I CIA Y LA LEG ALI DAD

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cualquier medio o procedimiento, sin previa

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CONSEJO DIRECTIVO

Ma. Elena Morera

Presidenta

CONSEJEROS

Graciela García Bringas

Amanda Berenstein

Ma. Amparo Casar

Miguel Ángel Dávila

Rosana Fuentes Berain

José Octavio López Presa

Carlos Quintero Herrera Lazo

Rodolfo Rubio

Roberto Trad

Ulrich Richter Morales

CONSEJO EXTERNO

Manuel Arango

Elena Azaola

Michel Berenstein

Eduardo Bohórquez

Roy Campos

José Carral

Félix Gavito

Claudio X. González

Blanca Heredia

José Adolfo Ibinarriaga

Alberto Islas

René Jiménez

Mateo Lejarza

Ellen Lerek

Rafael López Silanes

Alejandra Madrazo

Bruno Newman

Juan E. Pardinas

Federico Reyes Heroles

Víctor Covarrubias

Alberto Saracho

Nelia Tello

José Woldenberg

Ruth Zavaleta

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CONTENIDO

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Posicionamiento 2012. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Propuestas para la Agenda de Seguridad y Justicia 2012-2018 . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seguimiento al ANSJL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Metodología de seguimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fuentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRESENTACIÓN

A cuatro años de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad

(ANSJL) y próximos al inicio del nuevo sexenio, es momento de reflexionar sobre los

programas y acciones en materia de seguridad y justicia que deben formar parte de la

agenda gubernamental.

En Ciudadanos por una Causa en Común, A.C., hemos realizado el seguimiento puntual al

ANSJL dando cumplimiento al compromiso 59 que refiere: “Participar en la creación y

fortalecimiento de mecanismos de monitoreo y evaluación de las autoridades para

erradicar la corrupción y aumentar la eficiencia y el reconocimiento social”, asimismo

hemos asumido nuestra responsabilidad como organización de la sociedad civil y

cumplimos de manera permanente los compromisos en materia de cultura de la legalidad,

denuncia y participación ciudadana, como señalan los compromisos 57 y 58 del Acuerdo.

La firma del ANSJL el 21 de agosto de 2008 fue un acontecimiento trascendente en el que

las dependencias del Gobierno Federal, el Poder Judicial de la Federación, el Poder

Legislativo, los gobiernos estatales y municipales y diferentes sectores de la sociedad se

comprometieron a dar cumplimiento a un conjunto de objetivos y compromisos que

señalaron específicamente a las autoridades responsables de su cumplimiento, e incluso

determinaron los tiempos en que estos deberían llevarse a cabo.

En 2012 todos los compromisos del Acuerdo deberían estar cumplidos, sin embargo como

se ha presentado en nuestros seguimientos realizados en 2010 y 2011 muchos de los

compromisos no han sido cumplidos, en algunos casos sólo se han cumplido

numéricamente, y en otros casos se ha simulado el cumplimiento, dando como resultado

que los problemas de fondo subsisten.

Por lo anteriormente expuesto, nos dimos a la tarea de elaborar el presente documento

que se divide en dos partes:

En la primera, se presentan las Propuestas para la Agenda de Seguridad y Justicia 2012-

2018 derivadas del seguimiento al ANSJL, estas propuestas se han redactado para cada

una de las dependencias del gobierno federal involucradas.

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En la segunda parte de este documento se presenta el análisis de los compromisos

firmados por el gobierno federal en el ANSJL, se hace un balance de los avances y

pendientes de los 28 compromisos, que funge como un insumo para la formulación de

propuestas.

Las propuestas que presentamos, no son excluyentes de los programas y proyectos que

formen parte de la política pública de seguridad y justicia del sexenio 2012-2018 pero si

consideramos que son un referente para consolidar los esfuerzos estructurales que se han

iniciado durante el presente sexenio.

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POSICIONAMIENTO 2012

“Falta mucho por hacer, el Acuerdo no es perfecto, pero si perfectible, se debe

evaluar cuales compromisos deben ser retomados, como la profesionalización

de policías, la recuperación de espacios públicos, el combate al secuestro, entre

otros tantos que ya cuentan con infraestructura física y humana. La prioridad

debe ser disminuir la violencia en el país”

María Elena Morera

A CUATRO AÑOS DE LA FIRMA DEL ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD, LA

JUSTICIA Y LA LEGALIDAD: POCOS LOGROS Y MUCHOS PENDIENTES

A cuatro años de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad,

y del seguimiento a cada uno de los compromisos por Ciudadanos por una Causa en

Común, A. C., estamos convencidos de que estos no han sido cumplidos como se asumió

en la firma el 21 de agosto de 2008. Consideramos que el gobierno apostó al olvido de los

ciudadanos y únicamente integraron avances de programas que no llegaron a

consolidarse, y que justifican con cifras sin sustento.

En nuestro análisis hallamos que hay temas pendientes que presentamos en las

siguientes líneas con el objetivo de que sean considerados en la política pública de

seguridad y justicia del gobierno federal 2012-2018.

La incidencia delictiva a la alza.

La tendencia a la alza de los índice delictivos de alto impacto -y que por ende afectan en

mayor grado a la sociedad- no han sido revertidos. Las cifras de homicidio doloso

incrementaron de 13,155 a 22,480, es decir aumentaron en un 70%, en cuanto al

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secuestro este registró una aumento del 48% al pasar de 907 a 1,344 en el periodo 2008-

2011.1

En 2012 las cifras que registra el Sistema Nacional de Seguridad Pública no son muy

alentadoras, y es posible predecir que al cierre de año, la tendencia a la alza de estos

delitos será ineludible.

Paralelo al incremento de los delitos, debemos colocar los escuetos avances en el

fortalecimiento institucional.

En cuanto en la integración de las Unidades Estatales para el Combate al Secuestro (UECS)

hay un gran rezago a pesar de los $453, 543,115 que ha aportado el gobierno federal2. A

febrero de 2012 no estaban integradas al 100%, tan sólo 8 entidades tienen más del 70%

de avance, y el resto menos de este porcentaje. Por si esto fuera poco, únicamente el 86%

de los elementos (1,129) ha sido evaluado en el centro de control de confianza.3

En el combate al narcomenudeo no hay muy buenas noticias, desde la firma del Acuerdo

lo más significativo fue el cambio de nombre a la estrategia de combate al narcomenudeo,

que el 21 de agosto de 2009 transformó a las Unidades Mixtas de Atención al

Narcomenudeo (UMAN) en Centros de Operaciones Estratégicas (COE). A julio de 2012

sólo se han inaugurado dos COE en Baja California Sur y en Puebla, siendo que en este

mismo año el gobierno federal aportó $371, 906,009 a las entidades federativas4.

En relación al lavado de dinero encontramos que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público identifica un gran número de operaciones

inusuales (operaciones que no concuerdan con los antecedentes o actividades conocidas o

declaradas por los respectivos clientes) en 2011 se obtuvieron un total de 49,501.

Sin embargo el alto número de operaciones inusuales detectadas no se refleja en la

integración de averiguaciones previas. La PGR refiere que en 2011 se iniciaron 351

averiguaciones, sin embargo tan sólo se consignaron 65, es decir únicamente el 18.5% de

las averiguaciones se consigna, y de estas un número menor obtiene una sentencia

condenatoria.

1 Incidencia delictiva. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2008-2012 (al mes de julio) 2 Recursos Federales 2012. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 3 El Universal, PGR admite rezago en unidades contra secuestro, 29 de febrero de 2012. 4 Recursos Federales 2012. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

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Es evidente que se requiere mayor coordinación entre la UIF y la PGR para el diseño de

mecanismos que permitan la integración de un mayor número de averiguaciones previas

por este delito.

La incipiente depuración a la policía

El gobierno federal, y los gobiernos estatales no han cumplido con la depuración de las

instituciones de seguridad y justicia.

Al mes de agosto de 2012 existen 38 centros de los cuales 2 son federales y 36 estatales.

Se han acreditado un total de 28 centros, 2 del gobierno federal (PGR y SSPF) y 26 de las

entidades federativas. Las entidades que se encuentran en proceso de certificación son:

Baja California Sur, Campeche, San Luís Potosí y Quintana Roo.

Hay un gran porcentaje de personal pendiente de evaluación en las instituciones de

seguridad y justicia (incluso en las áreas más sensibles). El avance global reportado al 31

de julio de 2012 refiere que quedan pendientes por evaluar un total de 215,636

funcionarios, lo que equivale a más del 50%.

No existen parámetros claros para la interpretación de los resultados de los exámenes de

confianza y la transparencia de los mismos; no hay publicidad de los resultados que

permitan a la sociedad, y al mismo evaluado conocer su situación.

La evaluación y certificación de la policía continúa desarticulada del Sistema de Desarrollo

Policía, lo que no permite la conformación de un modelo integral de dignificación de

policías.

Readaptación Social

En 2012 existen entidades federativas, cuyos centros de readaptación social albergan a

más del 20% de internos federales del total de su población. este es el caso de

Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Durango, Baja California y

Aguascalientes.

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En algunos casos la sobrepoblación de los centros estatales corresponde al número de

internos del fuero federal. Esto significa que si los internos federales fueran trasladados a

los centros federales no habría sobrepoblación. Por ejemplo en Aguascalientes su

sobrepoblación es de 432 internos, y el número de internos federales es de 373.

Aunado a la sobrepoblación, destaca que el Presupuesto de Egresos de la Federación se

redujo en 2012 por el concepto de pago de cuota alimenticia de internos del fuero federal

en custodia en los estados, denominado como “Socorro de Ley”5. Para 2011 el

presupuesto fue de $932,500,000 manteniendo la cuota diaria6 de $75 por interno, y para

2012 el presupuesto asignado fue reducido a $767,900,000 que equivale a una cuota

diaria de $64 que resulta insuficiente para cubrir los costos de los internos federales en los

centros estatales. Sobre todo, cuando se trata de personas que cometieron delitos del

fuero federal y requieren atención diferenciada.

Es urgente que los internos del fuero federal sean trasladados a los Centros Federales de

Readaptación Social para evitar las fugas que se han registrado en los últimos meses. Por

ejemplo la del 16 de septiembre del presente año donde se fugaron 132 internos del fuero

federal y común del Penal de Piedras Negras, Coahuila, o la del 19 febrero también de

este año cuando se escaparon del Penal de Apodaca, Nuevo León 30 internos ligados al

cartel de los “zetas” luego de masacrar a más de 40 rivales del “cartel del golfo”.

Prevención del delito

La Estrategia Limpiemos México se quedó a medias, se logró articular a las dependencias

de educación, salud, y desarrollo social en la prevención del delito, pero falta mucho por

hacer para que tengamos resultados. Los programas están desvinculados, y al parecer no

les interesa prevenir el delito.

El Programa Escuela Segura7 que opera la Secretaría de Educación Pública ha llegado a

más de 44,000 escuelas de educación básica a nivel nacional. Desde la firma del Acuerdo

se le ha asignado presupuesto de manera ascendente a la Coordinación Nacional del

5 Para la manutención de los internos del fuero federal, el Gobierno Federal cubre el denominado Socorro de Ley por concepto de alimentación que albergan los centros estatales. 6 La estimación de “cuota diaria” se obtiene al dividir el Presupuesto del Socorro de Ley de cada año entre el total de internos correspondiente. 7 El objetivo general del Programa Nacional Escuela Segura, “se orienta a la mejora de la calidad educativa a través de la consolidación de las escuelas públicas de educación básica como espacios seguros y confiables, propicios para el desarrollo integral de los alumnos, protegidos de la violencia y adicciones y en los que se promueve la participación social y la formación ciudadana”

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Programa Escuela Segura, en 2012 se le asignó un presupuesto de 329.5 millones de

pesos.

Sin embargo no se cuenta con un programa que articule las acciones en las escuelas

participantes lo que ha generado que algunas entidades consideren cualquier actividad

como parte del programa.

Por ejemplo en Michoacán la Subsecretaría de Educación Básica argumenta como parte

del Programa Escuela Segura la regulación de las cooperativas, de manera tal que “se

cuente con alimentos saludables con bajo nivel calórico y que coadyuven a la buena

alimentación que junto con actividad física disminuyen los problemas de sobrepeso y

obesidad”8

Es urgente que el Programa Escuela Segura funcione como un mecanismo para prevenir el

delito, sobre todo después de que varias escuelas han sido identificadas por las

autoridades educativas como focos rojos9 por ubicarse en áreas donde se han

escenificado balaceras, atentados y otros delitos. Asimismo hay escuelas en donde el

bullyng, el consumo de drogas, el uso de armas por menores de edad, son una constante.

En cuanto a la prevención de adicciones, se cumplió con el compromiso de instalar más de

trescientos Centros de Atención Primaria Nueva Vida. De acuerdo al directorio actualizado

a junio de 2012, se encuentran operando 336 centros en las 32 entidades federativas.

Sin embargo hemos detectado que en Colima, Guerrero, Jalisco, Oaxaca y Zacatecas

disminuyeron el número de centros en sus respectivas demarcaciones, lo que indica que

probablemente estos no fueron debidamente planeados y por esa razón tuvieron que ser

cerrados.

Además, no obstante que las adicciones y el consumo de drogas continúan siendo una

amenaza para el país, el Gobierno Federal no ha destinado recursos suficientes para

realizar estudios, encuestas, etc., que nos permitan conocer el grado de consumo en la

sociedad.

8 Asegura SEE que 70% de cooperativas escolares venden alimentos sanos. Quadratin, Morelia, Michoacán, 10 de septiembre de 2012. http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Asegura-SEE-que-70-de-cooperativas-escolares-venden-alimentos-sanos 9 Autoridades educativas del estado de Tamaulipas señalaron a 25 escuelas de la ciudad están consideradas como focos rojos, El Universal, 23 de julio de 2012 http://www.eluniversal.com.mx/estados/86942.html

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En cuanto al Programa de Rescate de Espacios Públicos10 que opera la Secretaría de

Desarrollo Social, este continúa desde 2007. Sin embargo los recursos que han destinado a

este programa han disminuido. De 2011 a 2012 se registró un decremento de más de 295

millones de pesos, que seguramente impactará en el número de espacios intervenidos y el

número de beneficiarios de este programa

La disminución de los recursos representa el 27.1% a nivel nacional, sin embargo hay

entidades como Chihuahua, Guerrero y Campeche que registran una disminución de más

del 40%.

Además los espacios que han sido intervenidos son olvidados y unos meses después se

encuentran en condiciones deplorables, es necesario que la intervención contemple

programas sociales que involucren a la comunidad para que la sociedad se apropie de los

espacios y sean sustentables.

Cédula de identidad

En 2011 venció el plazo para integrar en un solo sistema el Servicio Nacional de

Identificación Personal, y se inició el registro de menores entre 4 y 17 años para expedir la

cédula de identidad.

En 2012 tan sólo en 10 entidades existen módulos fijos para expedir la cédula, y de

acuerdo a la información proporcionada por la Subsecretaría de Población, Migración y

Asuntos Religiosos al 19 de septiembre de 2012 se han captado 5, 556,974 registros a

menores entre 4 y 17 años y se han expedido 1, 937,045 cédulas de identidad.

Además de 2011 a 2012 hay una inconsistencia en la información proporcionada por la

Secretaría de Gobernación. En 2011 se nos reportó que en Baja California se habían

expedido 335,507 cédulas y en 2012 refieren que disminuyó a 259,597, lo mismo ocurre

en Colima donde reportaron 105,334 cédulas en 2011 y en 2012 tan sólo 80,803.

10 La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) con el Programa de Rescate de Espacios Públicos, “apoya la realización de obras de mejoramiento físico y el desarrollo de acciones de participación social y seguridad comunitaria en plazas, parques, unidades deportivas, centros de barrio, entre otros”. De acuerdo a sus objetivos “contribuye al desarrollo de ciudades seguras y al fortalecimiento de la cohesión social, al dotarlas de lugares de calidad para la interacción, el encuentro, la recreación y convivencia armónica de las personas que viven en las ciudades y zonas metropolitanas, dando prioridad a aquellas que presentan condiciones de marginación e inseguridad”.

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Cédulas de identidad expedidas

Entidad Cédulas expedidas

2011 Cédulas expedidas

2012 Población

de 4 a 17 años % de menores

registrados en 2012

Aguascalientes 0 9,193 374,108 2.46

Baja California 335,507* 259,597 907,847 28.59

Baja California Sur 0 6,874 175,427 3.92

Colima 105,334* 80,803 181,665 44.48

Chiapas 39,268 176,231 1,634,821 10.78

Distrito Federal 263,167 263,167 2,042,665 12.88

Guanajuato 622,072 724,321 1,730,686 41.85

Jalisco 17,341 223,439 2,156,471 10.36

México 0 8,409 4,394,450 0.19

Morelos 0 66,500 510,020 13.04

Sinaloa 11,413 118,511 810,633 14.62

Total 1,130,935 1,937,045 14,918,793 12.98

Fuente: Cuadro de elaboración propia con información de SEGOB entregada a Causa en Común A. C. a través de INFOMEX

*En el caso de Baja California y Colima las cifras entregadas en 2011 son más altas que las entregadas en 2012

Como se observa hay una diferencia de 75,990 menores, esta inconsistencia revela que la

Secretaría de Gobernación no está proporcionando la información verídica, que ha

manipulado las cifras y ni siquiera ha tenido la capacidad de engañarnos sistemáticamente

para mostrar cifras ascendentes.

En Ciudadanos por una Causa en Común, A. C., así como otras organizaciones de la

sociedad civil estamos monitoreando permanentemente los programas de gobierno y no

permitiremos este tipo de “errores”.

Transparencia y rendición de cuentas

Bajo el argumento que las funciones de seguridad y justicia requieren confidencialidad no

se transparenta el ejercicio de los recursos y el avance en el cumplimiento de las metas

comprometidas.

La Secretaría de Seguridad Pública Federal presenta un reducido número de documentos

en su sección de Transparencia Focalizada, en donde únicamente se encuentra el Registro

de empresas de seguridad privada; las Sesiones del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios; las infracciones de tránsito en carreteras federales; las

estadísticas del Sistema Penitenciario Federal, y; la localización en donde se prestan

servicios de protección federal.

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El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no publica los avances

del ejercicio de los recursos federales destinados a los sistemas de seguridad y justicia11

cuya sumatoria en 2012 asciende a $17, 311,550,500.

Asimismo el Secretariado no presenta periódica y consistentemente los avances en cuanto

a los programas prioritarios como la evaluación del personal en los Centros de Control de

Confianza, la Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, la

Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS), la Implementación de

los Centros de Operación Estratégica (COES) entre otros.

Esta ausencia de transparencia y rendición de cuentas permite que se hagan gastos

dispares por ejemplo los gastos en chalecos antibalas oscilan entre los $14,295 (Policía

Federal) y los $27,800 (Veracruz).

11 Los fondos federales en materia de seguridad y justicia son básicamente cuatro: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), Subsidio a los Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública (SUBSEMUN), Subsidio de Apoyo a Programas en Materia de Seguridad Pública (PROASP) y Subsidio para la Policía Acreditable (SPA).

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PROPUESTAS PARA LA AGENDA

DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

2012-2018 DERIVADAS DEL SEGUIMIENTO AL ACUERDO NACIONAL

POR LA SEGURIDAD LA JUSTICIA Y LA LEGALIDAD

OBJETIVO

Formular propuestas para la Agenda de Seguridad y Justicia 2012-2018 a partir de la

revisión, análisis y valoración de la calidad del cumplimiento de los compromisos del

Acuerdo Nacional por la Seguridad la Justicia y la legalidad, con el fin de coadyuvar a la

construcción de un México más seguro.

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Es este documento se presentan las propuestas que se derivan del seguimiento al Acuerdo

Nacional, por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que durante los últimos años ha

llevado a cabo Ciudadanos por una Causa en Común, A. C.

Este conjunto de propuestas tiene como único espíritu el contribuir al diseño de la política

pública de seguridad y justicia que guiará el sexenio que está por iniciar el próximo 1º de

diciembre de 2012.

Estamos convencidos que falta mucho por hacer, y que la innovación será uno de los

principales motores de la nueva gestión, sin embargo también sabemos que hay una serie

de programas que no pueden dejarse fuera, como la certificación a policías, la

recuperación de espacios públicos, la prevención de adicciones, el combate al secuestro,

entre otros tantos que cuentan ya cuentan con infraestructura física y humana.

A continuación se presentan las propuestas que deben integrarse en la agenda

gubernamental para cada una de las dependencias que están involucradas en seguridad y

justicia.

PODER EJECUTIVO FEDERAL

Fortalecer y dotar de mayor eficiencia los sistemas de seguridad y procuración de

justicia, a través de la reasignación de recursos.

Vigilar que la ministración de los recursos se realice oportunamente y el ejercicio

sea eficiente y eficaz.

Consensar las reglas de operación de los recursos de seguridad y justicia con las

dependencias locales, a fin de ejercer los recursos al 100% de manera transparente

y oportuna.

Monitorear a través de indicadores el impacto de los recursos en los programas de

seguridad y justicia.

Mantener los recursos orientados a los Programas con Prioridad Nacional como la

Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS), la

Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES), el

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Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, entre

otros.

Presentar reglas de operación flexibles y procedimientos eficaces y transparentes.

Revisar las Reglas de Operación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

con el fin de garantizar un ejercicio oportuno y transparente de los recursos.

Ministrar oportunamente los recursos del FASP a las entidades federativas.

Establecer los mecanismos para el ejercicio oportuno de los recursos en las

entidades federativas para evitar los rezagos que retrasan los programas de

combate a la delincuencia.

Monitorear el cumplimiento de los montos y metas de los Anexos Técnicos del

FASP.

Elaborar indicadores para medir la eficiencia del gasto de los recursos destinados al

FASP por cada uno de los programas.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Depurar y fortalecer las instituciones con apego a un modelo nacional de evaluación y

control de confianza.

Supervisar el cumplimiento del Modelo Nacional de Evaluación y Control de

Confianza y en los centros a nivel estatal y federal.

Asegurar que se homogenicen las prácticas estatales de evaluación y control de

confianza con apego al protocolo de evaluación y control de confianza.

Impulsar la creación y certificación de centros estatales de control de confianza

certificados

Impulsar que los centros de control de confianza en los estados cumplan con los

requisitos estipulados para consolidarse como centros acreditados.

Vigilar que los estados cuyos centros han sido acreditados, continúen cumpliendo

con los requisitos establecidos por el Modelo Nacional de Evaluación y Control de

Confianza.

Coadyuvar a la capacitación de los evaluadores de los centros estatales, con el

objetivo de que las evaluaciones se homogenicen a nivel nacional.

P R O P U E S T A S P A R A L A A G E N D A

D E S E G U R I D A D Y J U S T I C I A 2 0 1 2 - 2 0 1 8

13

Sujetar a evaluación permanente y control de confianza al personal de las instituciones

policiales a través de organismos certificados.

Continuar con la evaluación y certificación del personal de las instituciones

policiales federales.

Establecer los mecanismos para el tratamiento del personal que “no apruebe”

alguna de las pruebas de la evaluación.

Informar a la sociedad sobre el seguimiento que se le da al personal que ha sido

dado de baja a través del proceso de depuración.

Consolidar el Sistema Nacional de Desarrollo Policial.

Continuar con el Sistema de Desarrollo Policial a nivel federal y coadyuvar en las

entidades federativas para perfeccionar los mecanismos de selección,

capacitación, promoción y retiro de los elementos policiales.

Dar continuidad a la estrategia nacional e integral contra el secuestro, y apoyar la

consolidación de las Unidades de Combate al Secuestro (UECS)

Supervisar la integración y operación de las UECS con el objetivo de homogeneizar

los métodos y estrategias en la prevención y atención del delito de secuestro a

nivel nacional.

Evaluar al 100% al personal que integra las UECS.

Monitorear el ejercicio de los recursos destinados a la integración de las UECS en

las entidades federativas

Dar continuidad a la estrategia nacional contra el narcomenudeo con colaboración de

los distintos órdenes de gobierno en el marco de la legislación.

Impulsar la integración de los Centros de Operación Estratégica (COE) en todas las

entidades federativas.

Fortalecer la aplicación de protocolos que permitan armonizar las metodologías y

procedimientos en el combate al narcomenudeo.

Coadyuvar para que los Congresos estatales aprueben la aprobación de reformas

legales para el combate al narcomenudeo.

P R O P U E S T A S P A R A L A A G E N D A

D E S E G U R I D A D Y J U S T I C I A 2 0 1 2 - 2 0 1 8

14

Establecer mecanismos de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno

para el combate a este delito.

Dar continuidad a la estrategia nacional contra el lavado de dinero en el marco de la

legislación.

Fortalecer en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera y la

Procuraduría General de la República las metodologías de trabajo de inteligencia

conjunto.

Cumplir con el marco jurídico para regular transacciones en efectivo.

Participar en operativos y programas para combatir el lavado de dinero, con apego

al marco jurídico vigente en materia de transacciones de efectivo.

Fortalecer y consolidar las redes de atención a víctimas del delito a nivel nacional.

Difundir los servicios y asesorías que se proporcionan a las víctimas del delito.

Consensar la implementación de la Ley General de Víctimas con la sociedad civil y

con los gobiernos estatales.

Incentivar la coordinación con las entidades federativas para la atención a víctimas

del delito, y la aplicación del modelo integral de atención.

Asegurar la cobertura del número único en todo el país para el sistema de atención de

emergencias (066) y para el servicio de denuncia ciudadana anónima (089).

Garantizar la conectividad de todas las entidades federativas al Servicio de

llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089.

Publicar las estadística referentes al Servicio de llamadas de emergencia 066 y de

denuncia anónima 089

Mejorar el tiempo de atención del servicio de emergencias 066 en las entidades

federativas.

Promover la utilización del 066 y 089 como indicativos únicos de atención de

emergencias y denuncia anónima respectivamente, a nivel nacional.

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D E S E G U R I D A D Y J U S T I C I A 2 0 1 2 - 2 0 1 8

15

Fortalecer, con la participación de la sociedad civil, el sistema de denuncias contra la

corrupción y la mala actuación de servidores públicos federales de seguridad y

procuración de justicia.

Continuar actualizando mes con mes la información relativa a las denuncias por

corrupción y mala actuación.

Difundir los mecanismos de observación ciudadana en la recepción de denuncias e

informar a la población sobre los procedimientos de sanción.

Garantizar la responsabilidad compartida entre la Federación, las entidades federativas

y los municipios.

Coadyuvar a la armonización de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad

Pública en las entidades federativas.

Enfatizar en que las leyes estatales correspondan a un modelo de policía

homogéneo, al establecimiento del servicio de carrera de las instituciones de

seguridad pública y de la certificación de sus integrantes, a la regulación de la

implementación de bases de datos criminalísticos y de personal, y de la

reglamentación para la administración de los fondos federales.

Fortalecer el Sistema Penitenciario.

Iniciar las funciones del penal de máxima seguridad en Papantla, Veracruz.

Certificar a los custodios de los centros federales de readaptación social.

Incrementar el número de módulos especiales para secuestradores.

Revisar el Socorro de Ley.

Trasladar a los centros federales al mayor número posible de internos del fuero

federal, priorizando en aquellos de mayor peligrosidad.

Mantener actualizado los ingresos por concepto de Socorro de Ley en relación al

número de internos y el índice de precios.

Apoyar a los centros estatales en la capacitación para la atención de población

penitenciaria federal para evitar conflictos al interior de los centros y evitar

motines y fugas.

P R O P U E S T A S P A R A L A A G E N D A

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16

Fortalecer el marco jurídico en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

Promover la armonización del marco jurídico en los estados para homogenizar los

procedimientos en el combate a la delincuencia.

Consolidar el Sistema Único de Información Criminal a fin de garantizar la interconexión

e intercambio de información entre instancias y órdenes de gobierno para combatir el

delito.

Garantizar la conectividad a Plataforma México en todas las entidades federativas.

Incrementar el número de municipios interconectados a Plataforma México.

Capacitar al personal para la carga y análisis de los datos en el Sistema Único de

Información Criminal.

Incentivar el acceso, carga y análisis de datos en las entidades federativas para

contar con bases de datos que proporcionen información en el combate a la

delincuencia.

Consolidar el módulo de información sustantiva en el Sistema Único de Información

Criminal de Plataforma México para el registro, seguimiento y combate al delito del

secuestro.

Capacitar a los elementos de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro

(UECS) en las entidades federativas para que utilicen los aplicativos estadísticos de

del Módulo de Secuestro del Sistema Único de Información Criminal.

Lograr que el Módulo de Secuestro se convierta en una base de datos nacional que

permita generar diversos productos estadísticos, mapas delictivos y tableros de

información que apoyen la toma de decisiones para los programas de prevención y

persecución del delito de secuestro.

Desarrollar y ampliar el uso de tecnología para el intercambio de información en el

combate a la delincuencia.

Desarrollar protocolos de actuación entre las dependencias federales que confluyen

en el combate a la delincuencia utilizando la infraestructura y la tecnología soporte de

comunicación.

P R O P U E S T A S P A R A L A A G E N D A

D E S E G U R I D A D Y J U S T I C I A 2 0 1 2 - 2 0 1 8

17

Establecer convenios de colaboración en los que se delimiten las funciones de la

Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina en la seguridad

interior.

Instrumentar campañas para promover la cultura de la legalidad.

Continuar con las acciones de promoción de cultura de la legalidad, prevención del

delito y denuncia ciudadana, y compartir los contenidos con organizaciones de la

sociedad civil e instituciones educativas, para su difusión.

Continuar la medición del apego a la legalidad de la Secretaría de Seguridad

Pública a través del Índice de Fortalecimiento de una Cultura de Legalidad, Ética y

Responsabilidad Pública.

Diseñar programas y acciones tendientes a mejorar los resultados en relación al

Índice de Fortalecimiento de una Cultura de Legalidad, Ética y Responsabilidad

Pública

Garantizar la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos para los programas de

seguridad pública.

Continuar con la medición de los indicadores de desempeño y eficiencia operativa

en las dependencias de seguridad y justicia.

Difundir los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas en materia de

seguridad y justicia.

Coadyuvar a que los indicadores incidan en la mejora del desempeño de las

instituciones.

Promover la creación de un Observatorio Ciudadano que vigile y supervise el

cumplimiento de los compromisos.

Continuar con los trabajos de interlocución social del Observatorio Ciudadano y las

organizaciones de la sociedad civil que lo conforman, con las dependencias de

seguridad y justicia.

Rendir cuentas a la sociedad a través de la evaluación permanente que realiza el

Observatorio Ciudadano y las organizaciones de la sociedad civil que lo conforman.

Fortalecer la creación de observatorios ciudadanos en los estados.

P R O P U E S T A S P A R A L A A G E N D A

D E S E G U R I D A D Y J U S T I C I A 2 0 1 2 - 2 0 1 8

18

Crear indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de

procuración de justicia con la participación de instancias ciudadanas.

Diseñar indicadores sustentables que puedan ser presentados en los observatorios

de orden nacional y local, y convocar a las instancias ciudadanas a participar en su

evaluación y seguimiento.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Depurar y fortalecer a los elementos de la Procuraduría General de Justicia con apego a

un modelo nacional de evaluación y control de confianza.

Asegurar el cumplimiento del Modelo Nacional de Evaluación y Control de

Confianza y en el Centro de la PGR.

Coadyuvar a la homogenización de las prácticas de evaluación y control de

confianza en las procuradurías estatales con apego al protocolo de evaluación y

control de confianza.

Impulsar la creación y certificación de centros estatales de control de confianza

certificados

Coadyuvar a la capacitación de los evaluadores de los centros estatales, con el

objetivo de que las evaluaciones se homogenicen a nivel nacional.

Sujetar a evaluación permanente y control de confianza al personal de procuración de

justicia a través de organismos certificados.

Continuar con la evaluación y certificación del personal de las instituciones de

procuración de justicia.

Establecer los mecanismos para el tratamiento del personal que “no apruebe”

alguna de las pruebas de la evaluación.

Informar a la sociedad sobre el seguimiento que se le da al personal que ha sido

dado de baja a través del proceso de depuración.

P R O P U E S T A S P A R A L A A G E N D A

D E S E G U R I D A D Y J U S T I C I A 2 0 1 2 - 2 0 1 8

19

Consolidar el Sistema Nacional de Desarrollo de Ministerios Públicos en el marco de la

Conferencia Nacional de Procuradores.

Coadyuvar a la aplicación del Sistema Nacional de Desarrollo de Ministerios

Públicos a nivel local en las agencias del Ministerio Público en los estados.

Dar continuidad a la estrategia nacional e integral contra el secuestro, y apoyar la

consolidación de las Unidades de Combate al Secuestro.

Coadyuvar a la integración y operación de las UECS con el objetivo de

homogeneizar los métodos y estrategias en la prevención y atención del delito de

secuestro a nivel nacional.

Monitorear el ejercicio de los recursos destinados a la integración de las UECS en

las entidades federativas.

Dar continuidad a la estrategia nacional contra el narcomenudeo que sume las

capacidades y la necesaria colaboración de los distintos órdenes de gobierno en el

marco de la legislación.

Impulsar la integración de los COE en todas las entidades federativas.

Fortalecer la aplicación de protocolos que permitan armonizar las metodologías y

procedimientos en el combate al narcomenudeo.

Coadyuvar para que los Congresos estatales aprueben la aprobación de reformas

legales para el combate al narcomenudeo.

Establecer mecanismos de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno

para el combate a este delito.

Fortalecer la Subprocuraduría Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO)

con recursos financieros, capacitación, servicios periciales e infraestructura y

equipamiento.

Incrementar los recursos financieros, humanos y materiales de la Subprocuraduría,

en concordancia con las necesidades y requerimientos que existen en materia de

delincuencia organizada.

Monitorear el ejercicio de los recursos destinados a la SIEDO.

Evaluar al 100% a los elementos que conforman la Subprocuraduría.

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20

Dar continuidad a la estrategia nacional contra el lavado de dinero en el marco de la

legislación, con apego al protocolo de actuación e investigación, inicio de averiguaciones

previas y procedimientos judiciales para la obtención de sentencias condenatorias.

Fortalecer la coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera con la Procuraduría General de la República a través de metodologías de trabajo de inteligencia conjunto, para incrementar el número de averiguaciones previas por este delito.

Mejorar el porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las averiguaciones previas iniciadas.

Cumplir con el marco jurídico para regular transacciones en efectivo.

Fomentar que las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

incidan en un mayor número de investigaciones por parte de la PGR.

Reglamentar la Ley como establecen los artículos transitorios.

Fortalecer la capacidad institucional del ministerio público federal.

Mejorar la coordinación del control de procesos entre la Procuraduría General de

la República y el Poder Judicial para incrementar la obtención de sentencias

condenatorias.

Desglosar la información relativa a averiguaciones previas iniciadas y

averiguaciones previas consignadas por los diferentes tipos de delitos federales.

Fortalecer y consolidar las redes de atención a víctimas del delito a nivel nacional.

Incrementar el número de centros de atención a víctimas.

Difundir los servicios y asesorías que proporciona a las víctimas del delito para

llegar a un mayor número de personas que requieren ser atendidas.

Consensar la implementación de la Ley General de Víctimas con la sociedad civil y

con los gobiernos estatales.

Incentivar la coordinación con las entidades federativas para la atención a víctimas

del delito, y la aplicación del modelo integral de atención.

P R O P U E S T A S P A R A L A A G E N D A

D E S E G U R I D A D Y J U S T I C I A 2 0 1 2 - 2 0 1 8

21

Regular el registro, establecimiento y acceso a bases de datos de los equipos de

telefonía móvil y fija.

Coadyuvar con los cambios legislativos que se implementen para combatir los

delitos derivados de las telecomunicaciones.

Establecer disposiciones para inhibir el uso de teléfonos celulares en actividades

delictivas.

Establecer protocolos de coordinación con los concesionarios de telefonía móvil

para realizar investigaciones en las que se involucren teléfonos celulares.

Asegurar la cobertura de un número único en todo el país para el servicio de denuncia

ciudadana anónima (089).

Garantizar la conectividad de todas las entidades federativas al servicio de

denuncia anónima 089.

Publicar las estadísticas referentes al servicio de denuncia anónima 089.

Promover la utilización 089 como indicativos únicos de denuncia anónima a nivel

nacional.

Fortalecer, con la participación de la sociedad civil, el sistema de denuncias contra la

corrupción y la mala actuación de servidores públicos federales de procuración de

justicia.

Continuar actualizando mes con mes la información relativa a las denuncias por

corrupción y mala actuación de servidores públicos federales que trabajan en

procuración de justicia.

Mantener en funcionamiento el funcionando el número 01800 FUNCION y el buzón

electrónico que enlaza las quejas y denuncias.

Difundir los mecanismos de observación ciudadana en la recepción de denuncias e

informar a la población sobre los procedimientos de sanción.

Fortalecer el marco jurídico en materia de procuración de justicia.

Promover la armonización del marco jurídico de procuración de justicia en los

estados para homogenizar los procedimientos en el combate a la delincuencia.

P R O P U E S T A S P A R A L A A G E N D A

D E S E G U R I D A D Y J U S T I C I A 2 0 1 2 - 2 0 1 8

22

Coadyuvar a la consolidación del Sistema Único de Información Criminal a fin de

garantizar la interconexión e intercambio de información entre instancias y órdenes de

gobierno para combatir el delito.

Capacitar al personal de la Procuraduría para la carga y análisis de los datos en el

Sistema Único de Información Criminal.

Incentivar el acceso, carga y análisis de datos en las procuradurías estatales para

contar con bases de datos que proporcionen información en el combate a la

delincuencia.

Coadyuvar a la consolidación del módulo de información sustantiva en el Sistema Único

de Información Criminal de Plataforma México para el registro, seguimiento y combate

al delito del secuestro.

Capacitar a los elementos de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro

(UECS) en las entidades federativas para que utilicen los aplicativos estadísticos de

del Módulo de Secuestro del Sistema Único de Información Criminal.

Lograr que el Módulo de Secuestro se convierta en una base de datos nacional que

permita generar diversos productos estadísticos, mapas delictivos y tableros de

información que apoyen la toma de decisiones para los programas de prevención y

persecución del delito de secuestro.

Desarrollar y ampliar el uso de tecnología para el intercambio de información en el

combate a la delincuencia.

Desarrollar protocolos de actuación entre las dependencias federales que confluyen

en el combate a la delincuencia utilizando la infraestructura y la tecnología soporte de

comunicación.

Establecer convenios de colaboración en los que se delimiten las funciones de la

Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina en la seguridad

interior.

P R O P U E S T A S P A R A L A A G E N D A

D E S E G U R I D A D Y J U S T I C I A 2 0 1 2 - 2 0 1 8

23

Instrumentar campañas para promover la cultura de la legalidad.

Continuar con las acciones de promoción de cultura de la legalidad, prevención del

delito y denuncia ciudadana, y compartir los contenidos con organizaciones de la

sociedad civil, instituciones educativas, para su difusión.

Continuar la medición del apego a la legalidad de Procuraduría General de la

República a través del Índice de Fortalecimiento de una Cultura de Legalidad, Ética

y Responsabilidad Pública.

Diseñar programas y acciones tendientes a mejorar los resultados en relación al

Índice de Fortalecimiento de una Cultura de Legalidad, Ética y Responsabilidad

Pública

Garantizar la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos para los programas de

procuración de justicia.

Continuar con la medición de los indicadores de desempeño y eficiencia operativa

en las dependencias procuración de justicia.

Difundir los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas en materia de

procuración de justicia.

Coadyuvar a que los indicadores incidan en la mejora del desempeño de las

instituciones.

Crear indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de

procuración de justicia con la participación de instancias ciudadanas.

Diseñar indicadores sustentables que puedan ser presentados en los observatorios

de orden nacional y local, y convocar a las instancias ciudadanas a participar en su

evaluación y seguimiento.

P R O P U E S T A S P A R A L A A G E N D A

D E S E G U R I D A D Y J U S T I C I A 2 0 1 2 - 2 0 1 8

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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Dar continuidad a la estrategia nacional contra el lavado de dinero en el marco de la

legislación.

Fortalecer la coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera y con la Procuraduría General de la República a través de metodologías de trabajo de inteligencia conjunto, para incrementar el número de averiguaciones previas por este delito.

Cumplir con el marco jurídico para regular transacciones en efectivo.

Fomentar que las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

incidan en un mayor número de investigaciones por parte de la PGR.

Fortalecer y consolidar las redes de atención a víctimas del delito a nivel nacional.

Incrementar el número de centros de atención a víctimas de PROVICTIMA

Difundir los servicios y asesorías que proporciona PROVICTIMA para llegar a un

mayor número de personas que requieren ser atendidas.

Consensar la implementación de la Ley General de Víctimas con la sociedad civil y

con los gobiernos estatales.

Incentivar la coordinación con las entidades federativas para la atención a víctimas

del delito, y la aplicación del modelo integral de atención.

Expedir la Cédula de Identidad.

Difundir los componentes que integran la Cédula de Identidad a la población en

general.

Ampliar la cobertura de los módulos fijos e itinerantes para expedir la Cédula de

Identidad a nivel nacional.

Difundir la ubicación de los módulos para que un mayor número de menores

puedan ser registrados.

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D E S E G U R I D A D Y J U S T I C I A 2 0 1 2 - 2 0 1 8

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Instrumentar campañas para promover la cultura de la legalidad.

Continuar con las acciones de promoción de cultura de la legalidad, prevención del

delito y denuncia ciudadana, y compartir los contenidos con organizaciones de la

sociedad civil, instituciones educativas, para su difusión.

Continuar la medición del apego a la legalidad de la Secretaría de Gobernación a

través del Índice de Fortalecimiento de una Cultura de Legalidad, Ética y

Responsabilidad Pública.

Diseñar programas y acciones tendientes a mejorar los resultados en relación al

Índice de Fortalecimiento de una Cultura de Legalidad, Ética y Responsabilidad

Pública

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Depurar y fortalecer las instituciones con apego a un modelo nacional de evaluación y

control de confianza.

Supervisar el cumplimiento del Modelo Nacional de Evaluación y Control de

Confianza y en los centros a nivel estatal y federal.

Asegurar que se homogenicen las prácticas estatales de evaluación y control de

confianza con apego al protocolo de evaluación y control de confianza.

Impulsar la creación y certificación de centros estatales de control de confianza

certificados

Impulsar que los centros de control de confianza en los estados cumplan con los

requisitos estipulados para consolidarse como centros acreditados.

Vigilar que los estados cuyos centros han sido acreditados, continúen cumpliendo

con los requisitos establecidos por el Modelo Nacional de Evaluación y Control de

Confianza.

Coadyuvar a la capacitación de los evaluadores de los centros estatales, con el

objetivo de que las evaluaciones se homogenicen a nivel nacional.

P R O P U E S T A S P A R A L A A G E N D A

D E S E G U R I D A D Y J U S T I C I A 2 0 1 2 - 2 0 1 8

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Vigilar la evaluación permanente y control de confianza al personal de las instituciones

policiales, de procuración de justicia, de Aduanas, de los centros de readaptación social

federales, así como del Instituto Nacional de Migración, a través de organismos

certificados.

Continuar con la evaluación y certificación del personal de las instituciones

policiales, de procuración de justicia, de Aduanas, de los centros de readaptación

social federales, así como del Instituto Nacional de Migración.

Establecer los mecanismos para el tratamiento del personal que “no apruebe”

alguna de las pruebas de la evaluación.

Informar a la sociedad sobre el seguimiento que se le da al personal que ha sido

dado de baja a través del proceso de depuración.

Garantizar la responsabilidad compartida entre la Federación, las entidades federativas

y los municipios.

Coadyuvar a la armonización de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad

Pública en las entidades federativas.

Enfatizar en qua las leyes estatales correspondan a un modelo de policía

homogéneo, al establecimiento del servicio de carrera de las instituciones de

seguridad pública y de la certificación de sus integrantes, a la regulación de la

implementación de bases de datos criminalísticos y de personal, y de la

reglamentación para la administración de los fondos federales.

Fortalecer el marco jurídico en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

Promover la armonización del marco jurídico en materia de seguridad pública y

procuración de justicia en los estados para homogeneizar los procedimientos en el

combate a la delincuencia.

Instrumentar campañas para promover la cultura de la legalidad.

Continuar con las acciones de promoción de cultura de la legalidad, prevención del

delito y denuncia ciudadana, y compartir los contenidos con organizaciones de la

sociedad civil, instituciones educativas, para su difusión.

P R O P U E S T A S P A R A L A A G E N D A

D E S E G U R I D A D Y J U S T I C I A 2 0 1 2 - 2 0 1 8

27

Continuar la medición del apego a la legalidad del Secretariado Ejecutivo del

Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del Índice de Fortalecimiento de

una Cultura de Legalidad, Ética y Responsabilidad Pública.

Diseñar programas y acciones tendientes a mejorar los resultados en relación al

Índice de Fortalecimiento de una Cultura de Legalidad, Ética y Responsabilidad

Pública

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Sujetar a evaluación permanente y control de confianza al personal de Aduanas, a través

de organismos certificados.

Continuar con la evaluación y certificación del personal de las Aduanas.

Establecer los mecanismos para el tratamiento del personal que “no apruebe”

alguna de las pruebas de la evaluación.

Informar a la sociedad sobre el seguimiento que se le da al personal que ha sido

dado de baja a través del proceso de depuración.

Dar continuidad a la estrategia nacional contra el lavado de dinero en el marco de la

legislación y consolidar el protocolo de actuación e investigación, inicio de

averiguaciones previas y procedimientos judiciales para la obtención de sentencias

condenatorias.

Fortalecer la coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera con la Procuraduría General de la República a través de metodologías de trabajo de inteligencia conjunto, para incrementar el número de averiguaciones previas por este delito.

Mejorar el porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las averiguaciones previas iniciadas.

Cumplir con el marco jurídico para regular transacciones en efectivo.

Fomentar que las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

incidan en un mayor número de investigaciones por parte de la PGR.

Reglamentar la Ley como establecen los artículos transitorios.

P R O P U E S T A S P A R A L A A G E N D A

D E S E G U R I D A D Y J U S T I C I A 2 0 1 2 - 2 0 1 8

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Fortalecer el Sistema de Aduanas.

Continuar con los trabajos de modernización en las aduanas y difundir las mejoras

realizadas con el objetivo de reducir el contrabando, en particular el tráfico de

armas y de precursores químicos.

Evaluar y certificar a los funcionarios públicos aduaneros.

Garantizar la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos para los programas de

seguridad pública.

Continuar con la medición de los indicadores de desempeño y eficiencia operativa.

Difundir los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas.

Coadyuvar a que los indicadores incidan en la mejora del desempeño de las

instituciones.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Coadyuvar al fortalecimiento de las redes de atención a víctimas del delito a nivel

nacional.

Difundir los servicios y asesorías que proporciona PROVICTIMA para llegar a un

mayor número de personas que requieren ser atendidas.

Fortalecer el Programa de Rescate de Espacios Públicos.

Ampliar el número de espacios intervenidos sobre todo en las zonas de impacto

del programa.

Elaborar planes de trabajo comunitario en espacios que han sido intervenidos en

los años anteriores.

Reportar indicadores que demuestren el grado en el que los espacios públicos han

beneficiado a la población y han repercutido en los niveles de inseguridad en las

zonas en las que están ubicados.

P R O P U E S T A S P A R A L A A G E N D A

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Publicar los diagnósticos, planes de trabajo, etc., que están realizando los

municipios o delegaciones para hacerse acreedores de los recursos federales.

SECRETARÍA DE SALUD

Fortalecer y consolidar las redes de atención a víctimas del delito a nivel nacional.

Difundir los servicios y asesorías que proporciona PROVICTIMA para llegar a un

mayor número de personas que requieren ser atendidas.

Brindar atención médica a las víctimas del delito.

Fortalecer la atención a personas con problemas de adicciones.

Ampliar la red de Centros de Atención Primaria Nueva Vida.

Fortalecer la red de difusión en cada una de las entidades para que las personas

con problemas de adicciones y sus familiares acudan a estos centros.

Ampliar la red de Centros Nueva Vida a las entidades federativas en donde se

registra un mayor número de personas con adicciones.

Establecer mecanismos de apoyo a organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la

rehabilitación de personas con adicciones.

Garantizar que las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la rehabilitación

cumplan con los requisitos en materia sanitaria como lo establece la Ley General

de Salud.

Proporcionar seguridad a las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la

rehabilitación para evitar el acceso que grupos delictivos.

Continuar el apoyo a las organizaciones dedicadas a la rehabilitación de personas

con adicciones y revisar los parámetros de asignación de recursos, de manera tal

que las organizaciones ubicadas en las entidades con mayores problemas de

adicción, sean las más beneficiadas.

P R O P U E S T A S P A R A L A A G E N D A

D E S E G U R I D A D Y J U S T I C I A 2 0 1 2 - 2 0 1 8

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DIF NACIONAL

Fortalecer y consolidar las redes de atención a víctimas del delito a nivel nacional.

Difundir los servicios y asesorías que proporciona PROVICTIMA para llegar a un

mayor número de personas que requieren ser atendidas.

Brindar atención a los niños que son víctimas del delito.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Regular el registro, establecimiento y acceso a bases de datos de los equipos de

telefonía móvil y fija.

Coadyuvar con los cambios legislativos que se implementen para combatir los

delitos derivados de las telecomunicaciones

Establecer disposiciones para inhibir el uso de teléfonos celulares en actividades

delictivas.

Establecer protocolos de coordinación con los concesionarios de telefonía móvil

para realizar investigaciones en las que se involucren teléfonos celulares.

Inhibir la comunicación a través de teléfonos celulares en los centros de

readaptación federales y estatales.

Asegurar la cobertura de un número único en todo el país para el sistema de atención de

emergencias (066) y para el servicio de denuncia ciudadana anónima (089).

Garantizar la conectividad de todas las entidades federativas al Servicio de

llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089.

Promover la utilización del 066 y 089 como indicativos únicos de atención de

emergencias y denuncia anónima respectivamente, a nivel nacional.

P R O P U E S T A S P A R A L A A G E N D A

D E S E G U R I D A D Y J U S T I C I A 2 0 1 2 - 2 0 1 8

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Desarrollar y ampliar el uso de tecnología para el intercambio de información en el

combate a la delincuencia.

Desarrollar protocolos de actuación entre las dependencias federales que confluyen

en el combate a la delincuencia utilizando la infraestructura y la tecnología soporte de

comunicación.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Coadyuvar a la regulación, registro, establecimiento y acceso a bases de datos de los

equipos de telefonía móvil y fija

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Fortalecer, con la participación de la sociedad civil, el sistema de denuncias contra la

corrupción y la mala actuación de servidores públicos federales de seguridad y

procuración de justicia.

Continuar actualizando mes con mes la información relativa a las denuncias por

corrupción y mala actuación de servidores públicos federales que trabajan en

seguridad y procuración de justicia.

Mantener en funcionamiento el funcionando el número 01800 FUNCION y el buzón

electrónico que enlaza las quejas y denuncias.

Difundir los mecanismos de observación ciudadana en la recepción de denuncias e

informar a la población sobre los procedimientos de sanción.

Instrumentar campañas para promover la cultura de la legalidad.

Continuar con las acciones de promoción de cultura de la legalidad, prevención del

delito y denuncia ciudadana, y compartir los contenidos con organizaciones de la

sociedad civil, instituciones educativas, para su difusión.

Continuar la medición del apego a la legalidad de las dependencias del gobierno

federal a través del Índice de Fortalecimiento de una Cultura de Legalidad, Ética y

Responsabilidad Pública.

P R O P U E S T A S P A R A L A A G E N D A

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Diseñar programas y acciones tendientes a mejorar los resultados en relación al

Índice de Fortalecimiento de una Cultura de Legalidad, Ética y Responsabilidad

Pública

Garantizar la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos para los programas de

seguridad pública.

Continuar con la medición de los indicadores de desempeño y eficiencia operativa

en las dependencias de seguridad y justicia.

Difundir los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas en materia de

seguridad y justicia.

Coadyuvar a que los indicadores incidan en la mejora del desempeño de las

instituciones.

COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

Regular el registro, establecimiento y acceso a bases de datos de los equipos de

telefonía móvil y fija.

Coadyuvar con los cambios legislativos que se implementen para combatir los

delitos derivados de las telecomunicaciones.

Establecer protocolos de coordinación con los concesionarios de telefonía móvil

para realizar investigaciones en las que se involucren teléfonos celulares.

Asegurar la cobertura de un número único en todo el país para el sistema de atención de

emergencias (066) y para el servicio de denuncia ciudadana anónima (089).

Garantizar la conectividad de todas las entidades federativas al Servicio de

llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089.

Promover la utilización del 066 y 089 como indicativos únicos de atención de

emergencias y denuncia anónima respectivamente, a nivel nacional.

P R O P U E S T A S P A R A L A A G E N D A

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SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

Actualizar las licencias colectivas de portación de armas que expida la Secretaría de la

Defensa Nacional a los cuerpos de seguridad pública.

Establecer los indicadores que permitan evaluar y dar seguimiento a la

actualización de las licencias de portación de armas.

Desarrollar y ampliar el uso de tecnología para el intercambio de información en el

combate a la delincuencia.

Desarrollar protocolos de actuación entre las dependencias federales que confluyen

en el combate a la delincuencia utilizando la infraestructura y la tecnología soporte de

comunicación.

Establecer convenios de colaboración en los que se delimiten las funciones de la

Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina en la seguridad

interior.

SECRETARÍA DE MARINA

Desarrollar y ampliar el uso de tecnología para el intercambio de información en el

combate a la delincuencia.

Desarrollar protocolos de actuación entre las dependencias federales que confluyen

en el combate a la delincuencia utilizando la infraestructura y la tecnología soporte de

comunicación.

Establecer convenios de colaboración en los que se delimiten las funciones de la

Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina en la seguridad

interior.

P R O P U E S T A S P A R A L A A G E N D A

D E S E G U R I D A D Y J U S T I C I A 2 0 1 2 - 2 0 1 8

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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Instrumentar campañas para promover la cultura de la legalidad.

Continuar con las acciones de promoción de cultura de la legalidad, prevención del

delito y denuncia ciudadana, y compartir los contenidos con organizaciones de la

sociedad civil, instituciones educativas, para su difusión.

Continuar la medición del apego a la legalidad de las dependencias del gobierno

federal a través del Índice de Fortalecimiento de una Cultura de Legalidad, Ética y

Responsabilidad Pública.

Diseñar programas y acciones tendientes a mejorar los resultados en relación al

Índice de Fortalecimiento de una Cultura de Legalidad, Ética y Responsabilidad

Pública

Fortalecer el Programa Escuela Segura.

Fortalecer las acciones del Programa Escuela Segura para lograr resultados

contundentes con las acciones de intervención, sobre todo en las entidades con

mayor incidencia delictiva.

Establecer los criterios para que una escuela forme parte del Programa Escuela

Segura.

Incluir en los programas de estudio la cultura de la legalidad, el combate a las

adicciones, el respeto a los derechos humanos y la transparencia.

Ampliar la cobertura de los programas escolares que promueven la cultura de la

legalidad y de los valores cívicos.

Incentivar la participación de los docentes y padres de familia que conocen la

problemática local en el diseño de los programas escolares y materiales que

promuevan la cultura de la legalidad y los valores cívicos.

Capacitar a los docentes y padres de familia en materia cultura de la legalidad, el

combate a las adicciones, el respeto a los derechos humanos y la transparencia.

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SEGUIMIENTO AL ACUERDO NACIONAL

POR LA SEGURIDAD LA JUSTICIA

Y LA LEGALIDAD

2012

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Compromisos suscritos por el Poder Ejecutivo Federal

en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de Agosto de 2008

El Poder Ejecutivo Federal se compromete a alcanzar los siguientes objetivos:

I. Depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Crear un modelo nacional de evaluación y control de confianza.

Las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación se comprometen a diseñar un protocolo de evaluación y

control de confianza e impulsar su aprobación por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Tiempo de ejecución: cuatro meses.

Impulsar la creación de centros estatales de control de confianza certificados.

Las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación se comprometen a regular el funcionamiento de

organismos públicos y privados de certificación e impulsar la creación, en coordinación con las entidades federativas,

de centros estatales de control de confianza certificados.

Tiempo de ejecución: un año.

Sujetar a evaluación permanente y control de confianza al personal de las instituciones policiales, de

procuración de justicia, de Aduanas, de los centros de readaptación social federales, así como del Instituto

Nacional de Migración, a través de organismos certificados.

Las secretarías de Seguridad Pública, Gobernación, Hacienda y Crédito Público así como la Procuraduría

General de la República se comprometen a evaluar a su personal en áreas sensibles; a dar seguimiento a elementos

dados de baja y a comunicar sus resultados a un observador ciudadano.

Tiempo de ejecución: un año.

Establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Policial.

La Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con las entidades federativas se compromete a

perfeccionar los mecanismos de reclutamiento, selección, capacitación, promoción y retiro de los elementos de las

instituciones policiales del país.

· Tiempo de ejecución: seis meses a partir de la promulgación de la legislación correspondiente.

Establecer un Sistema Nacional de Desarrollo de Ministerios Públicos en el marco de la Conferencia Nacional

de Procuradores.

La Procuraduría General de la República se compromete a perfeccionar los mecanismos de reclutamiento,

selección, capacitación, promoción y retiro de los ministerios públicos.

Tiempo de ejecución: dos años.

Tiempo de ejecución para ministerios públicos federales: un año.

II. A fin de fortalecer y dotar de mayor eficiencia los sistemas de seguridad y procuración de justicia, el Poder

Ejecutivo Federal reasignará recursos y partidas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación. El ejercicio

de estos recursos será acompañado por reglas de operación flexibles y procedimientos eficaces y transparentes.

Tiempo de ejecución: presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009.

III. Apoyar a las entidades federativas en el combate a los delitos más sensibles para la sociedad, de acuerdo con

las competencias de cada orden de gobierno. En especial se apoyará el fortalecimiento o en su caso la creación y

formación de unidades estatales para el combate al secuestro.

La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con las entidades

federativas elaborarán una estrategia nacional e integral contra el secuestro. Dicha estrategia incluirá la elaboración

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de programas tipo, de acuerdo con la realidad de las entidades federativas y el diseño de cursos, talleres y

seminarios de capacitación para cada entidad e insertará mecanismos de capacitación continua.

La Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, en coordinación con las entidades

federativas, formularán y emitirán una estrategia nacional contra el narcomenudeo que sume las capacidades y la

necesaria colaboración de los distintos órdenes de gobierno en el marco de la legislación expedida por el Congreso

de la Unión.

Tiempo de ejecución: seis meses.

El gobierno federal asume el compromiso de fortalecer la Subprocuraduría Especializada contra la Delincuencia

Organizada (SIEDO) con recursos financieros, capacitación, servicios periciales e infraestructura y equipamiento.

Tiempo de ejecución: dieciocho meses.

IV. Formular y emitir una estrategia nacional contra el lavado de dinero.

Las secretarías de Seguridad Pública, Gobernación y Hacienda y Crédito Público, a través de su Unidad de

Inteligencia Financiera, conjuntamente con la Procuraduría General de la República, se comprometen a formular el

protocolo de actuación e investigación, inicio de averiguaciones previas y procedimientos judiciales para la

obtención de sentencias condenatorias, así como a definir los mecanismos de control de gestión y de evaluación con

base en indicadores de desempeño por parte de las dependencias involucradas.

Tiempo de ejecución: seis meses.

Asimismo, las mencionadas dependencias se comprometen a elaborar una iniciativa a fin de que sea

presentada por el Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión para regular transacciones en efectivo.

Tiempo de ejecución: seis meses.

V. Fortalecer la capacidad institucional del ministerio público federal.

La Procuraduría General de la República se compromete a formular el protocolo de actuación e investigación,

inicio de averiguaciones previas y procedimientos judiciales para mejorar la eficacia en la obtención de sentencias

condenatorias.

Tiempo de ejecución: seis meses.

VI. Fortalecer y consolidar las redes de atención a víctimas del delito a nivel nacional.

Las secretarías de Seguridad Pública, Gobernación, Desarrollo Social, Salud, así como el DIF-Nacional y la

Procuraduría General de la República, se comprometen a celebrar convenios con entidades federativas e instancias

de la sociedad civil en la materia, y a formular protocolos de actuación coordinada e intercambio efectivo de

información entre instituciones y órdenes de gobierno.

Tiempo de ejecución: seis meses.

VII. Regular el registro, establecimiento y acceso a bases de datos de los equipos de telefonía móvil y fija, así como

el acceso a la información sobre la ubicación física de los móviles en tiempo real, en los casos en que sean

aparatos y números telefónicos relacionados con actividades delictivas.

Las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Economía, Seguridad Pública, así como la Procuraduría

General de la República y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se comprometen a emitir o, en su caso, a

promover un instrumento de regulación, realización de inspecciones y aplicación de las normas en caso de

incumplimiento.

· Tiempo de ejecución: seis meses.

VIII. Asegurar la cobertura de un número único en todo el país para el sistema de atención de emergencias (066) y

para el servicio de denuncia ciudadana anónima (089).

Las secretarías de Seguridad Pública y Comunicaciones y Transportes, así como la Procuraduría General de la

República y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se comprometen a apoyar a las entidades federativas para

poner en funcionamiento estos sistemas en cada una de ellas.

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· Tiempo de ejecución: seis meses.

IX. Fortalecer, con la participación de la sociedad civil, el sistema de denuncias contra la corrupción y la mala

actuación de servidores públicos federales de seguridad y procuración de justicia.

Las secretarías de Seguridad Pública, de la Función Pública, así como la Procuraduría General de la República,

se comprometen a incluir mecanismos de observación ciudadana en la recepción e investigación de denuncias y

procedimientos de sanción.

· Tiempo de ejecución: tres meses.

X. Adecuar el modelo de coordinación y el arreglo institucional de atención a la seguridad pública, para garantizar

la responsabilidad compartida entre la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación, en atención a las necesidades planteadas por las entidades

federativas, se comprometen a elaborar el proyecto de iniciativa de una nueva Ley General del Sistema Nacional de

Seguridad Pública a fin de que sea presentada por el Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión. Algunos de los

principales objetivos de la ley son las directrices de un modelo de policía homogéneo; establecer las diferentes

etapas del servicio de carrera de las instituciones de seguridad pública y de la certificación de sus integrantes;

regular la implementación de bases de datos criminalísticos y de personal; así como disponer las reglas generales

para la administración de los fondos de ayuda federal.

· Tiempo de ejecución: presentación de la iniciativa en septiembre de 2008.

XI. Actualizar las licencias colectivas de portación de armas que expida la Secretaría de la Defensa Nacional a los

cuerpos de seguridad pública.

La Secretaría de la Defensa Nacional se compromete a autorizar el equipamiento de las instituciones de

seguridad pública con armas automáticas y de calibre superior a los cuerpos de seguridad que cumplan con los

compromisos establecidos en este acuerdo.

· Tiempo de ejecución: tres meses.

XII. Expedir la Cédula de Identidad.

La Secretaría de Gobernación se compromete a integrar en un solo sistema el Servicio Nacional de

Identificación Personal, que servirá de base para el propósito de identificación personal en los trámites más

relevantes.

· Tiempo de ejecución: tres años.

XIII. Fortalecer el Sistema Penitenciario.

La Secretaría de Seguridad Pública se compromete a construir dos Centros Federales de Readaptación Social de

alta seguridad, incluyendo módulos especiales, para secuestradores.

· Tiempo de ejecución: dos años.

XIV. Revisar el Socorro de Ley.

La Secretaría de Seguridad Pública se compromete a revisar con los titulares de los ejecutivos de las entidades

federativas, los montos asignados por concepto de Socorro de Ley por interno federal en centros de readaptación

social estatales.

· Tiempo de ejecución: seis meses.

XV. Fortalecer el Sistema de Aduanas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se compromete a modernizar todas las aduanas del país con

tecnología y a mejorar sus procesos e infraestructura para reducir el contrabando, en particular el tráfico de armas y

de precursores químicos.

· Tiempo de ejecución: dos años.

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XVI. Presentar a consideración del Congreso de la Unión un paquete de reformas que fortalezcan las capacidades

del gobierno federal en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

Las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, así como la Procuraduría General de la República, en

coordinación con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, se comprometen a elaborar proyectos de ley a efecto

de que el Ejecutivo Federal presente ante el Congreso de la Unión las siguientes iniciativas: Ley de la Policía Federal,

para regular el funcionamiento y organización de esa corporación, en especial lo relativo al servicio de carrera; Ley

Orgánica de Procuraduría General de la República, para normar la nueva relación entre el Ministerio Público de la

Federación y la policía, así como su modernización institucional; Ley Federal de Extinción de Dominio, aplicable a

bienes producto de delitos de alto impacto; Reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal

contra la Delincuencia Organizada para reflejar las disposiciones constitucionales en materia de justicia y seguridad

que han entrado en vigor.

· Tiempo de ejecución: presentar antes de octubre de 2008.

XVII. Consolidar el Sistema Único de Información Criminal a fin de garantizar la interconexión e intercambio de

información entre instancias y órdenes de gobierno para combatir el delito.

La Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, en coordinación con las entidades

federativas se comprometen a homologar los sistemas y procedimientos para el acceso, carga y análisis de datos en

el Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México.

· Tiempo de ejecución: un año.

XVIII. Implementar un módulo de información sustantiva en el Sistema Único de Información Criminal de

Plataforma México para el registro, seguimiento y combate al delito del secuestro.

La Secretaría de Seguridad Pública así como la Procuraduría General de la República, se comprometen a poner

en operación un módulo de información específica relacionada con el delito del secuestro.

· Tiempo de ejecución: seis meses.

XIX. Desarrollar y ampliar el uso de tecnología para el intercambio de información en el combate a la delincuencia.

Las secretarías de Seguridad Pública, Defensa Nacional, Marina, Comunicaciones y Transportes así como la

Procuraduría General de la República se comprometen a establecer mecanismos para ampliar la infraestructura y la

tecnología que se requieren como soportes para unificar y mejorar las comunicaciones entre las dependencias e

instituciones federales que combaten la delincuencia.

· Tiempo de ejecución: un año.

XX. Instrumentar campañas para promover la cultura de la legalidad.

Las secretarías de Seguridad Pública, Gobernación, Educación Pública, Función Pública, así como la

Procuraduría General de la República, se comprometen a producir y difundir en los medios de comunicación

campañas que fomenten en la sociedad prácticas de apego a la legalidad, así como de prevención del delito y

denuncia ciudadana.

· Tiempo de ejecución: tres meses.

XXI. Fortalecer la atención a personas con problemas de adicciones.

La Secretaría de Salud se compromete a ampliar la red de Centros de Atención Primaria Nueva Vida para

contar con más de trescientos puntos y cobertura nacional.

· Tiempo de ejecución: 31 de diciembre de 2008.

Asimismo, dicha Secretaría se compromete a establecer mecanismos de apoyo a organizaciones de la sociedad

civil dedicadas a la rehabilitación de personas con adicciones.

· Tiempo de ejecución: un año.

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XXII. Fortalecer el Programa de Rescate de Espacios Públicos.

La Secretaría de Desarrollo Social se compromete a recuperar por lo menos mil espacios públicos deteriorados,

abandonados e inseguros en las zonas urbanas con mayor índice delictivo.

· Tiempo de ejecución: un año.

XXIII. Fortalecer el Programa Escuela Segura.

La Secretaría de Educación Pública se compromete a incorporar al programa más de trece mil quinientas

escuelas primarias y secundarias públicas y a promover la ejecución del programa en escuelas privadas.

· Tiempo de ejecución: un año.

XXIV. Garantizar la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos para los programas de seguridad pública.

Las secretarías de Seguridad Pública, Función Pública, Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de

la República se comprometen a difundir los indicadores de gestión y medición de la aplicación del gasto y de su

eficiencia operativa.

· Tiempo de ejecución: un año.

XXV. Ejercicio de recursos públicos en los Programas de Seguridad Pública.

El Gobierno Federal revisará las Reglas de Operación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública con

el fin de garantizar un ejercicio oportuno y transparente de los recursos.

· Tiempo de ejecución: seis meses.

XXVI. Promover la creación de un Observatorio Ciudadano que vigile y supervise el cumplimiento de los

compromisos.

La Secretaría de Seguridad Pública se compromete a promover la creación de un Observatorio Ciudadano que

sea plural, representativo de los distintos sectores de la sociedad y que incluya a estudiosos del tema de seguridad y

justicia, contando así con reconocimiento y liderazgo social.

· Tiempo de ejecución: tres meses.

XXVII. Crear indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia con

la participación de instancias ciudadanas.

La Secretaría de Seguridad Pública así como la Procuraduría General de la República se comprometen a

establecer indicadores, a hacerlos públicos y a invitar a las instancias ciudadanas a formular el protocolo y a

participar en su evaluación y el seguimiento.

· Tiempo de ejecución: dos meses a partir de la creación del Observatorio Ciudadano.

XXVIII. Incluir en los programas de estudio la cultura de la legalidad, el combate a las adicciones, el respeto a los

derechos humanos y la transparencia.

La Secretaría de Educación Pública se compromete a fortalecer en el contenido de los programas escolares, la

promoción de la cultura de la legalidad y de los valores cívicos.

· Tiempo de ejecución: un año.

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METODOLOGÍA

El seguimiento al ANSJL se realizó a los 28 compromisos firmados por el Poder Ejecutivo

que involucran a las dependencias del Gobierno Federal. Partimos del hecho de que a

cuatro años de la firma del Acuerdo, los compromisos deberían estar cumplidos en su

totalidad, exceptuando a aquellos que se comprometieron de manera permanente y que

por ende deberían estar en cumplimiento.

Con el propósito de transparentar los criterios y consideraciones utilizados para el

seguimiento y evaluación del Acuerdo se construyó una metodología que será descrita a

continuación.

Para realizar el seguimiento se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Solicitud de información

-Solicitud de información a través del Sistema de Acceso a la Información

INFOMEX a las dependencias del Gobierno Federal.

Recopilación de información

- Se consultaron los sitios electrónicos de cada una de las dependencias del

Gobierno Federal que se enuncian en las fuentes.

- El marco jurídico fue consultado en Sistema de Información Legislativa (SIL) y

en Orden Jurídico de la Secretaría de Gobernación, así como en el Diario Oficial

de la Federación.

Análisis de la información

- La información entregada y recopilada por Ciudadanos por una Causa en

Común A. C. fue sistematizada y analizada para dar seguimiento a cada uno de

los compromisos

Seguimiento y Evaluación.

Una vez analizada la información se valoró el status de cada uno de los

compromisos y se elaboraron las propuestas correspondientes.

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1. Depurar y fortalecer de instituciones de seguridad y procuración de justicia.

1.1 Crear un modelo nacional de evaluación y control de confianza.

Las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación se comprometen a diseñar un protocolo de

evaluación y control de confianza e impulsar su aprobación por el Consejo Nacional de Seguridad

Pública.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

Las secretarías de Seguridad Pública y

Gobernación

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Cuatro meses.

El Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza fue aprobado el 28 de

noviembre de 2008 en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y ratificado el 4 de

febrero de 2010 en la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación, como eje

rector para la operación, consolidación, certificación de los centros de evaluación y

control de confianza, de sus procesos y de su personal, así como el eje para alinear de

manera homogénea la aplicación de las evaluaciones de control de confianza y las

acciones de capacitación del personal responsable de estos procesos.

No obstante del protocolo de evaluación y control de confianza, en Ciudadanos por una

Causa en Común, A. C., a través de la aplicación de un cuestionario a 850 policías en 16

entidades federativas12, hemos constatado que la evaluación en los estados carece del

seguimiento de un protocolo.

Propuestas:

Supervisar el cumplimiento del Modelo Nacional de Evaluación y Control de

Confianza y en los centros a nivel estatal y federal.

Asegurar que se homogenicen las prácticas estatales de evaluación y control de

confianza con apego al protocolo de evaluación y control de confianza.

12

Ver los Resultados del Cuestionario a Policías ¿Qué piensa la policía? Elaborado en 2012 por Ciudadanos por una Causa en Común, A. C.

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1. Depurar y fortalecer de instituciones de seguridad y procuración de justicia.

1.2 Impulsar la creación de centros estatales de control de confianza certificados.

Las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación se comprometen a regular el funcionamiento de

organismos públicos y privados de certificación e impulsar la creación, en coordinación con las entidades

federativas, de centros estatales de control de confianza certificados.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

Las secretarías de Seguridad Pública y

Gobernación

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Un año

Se ha avanzado en la creación y fortalecimiento de los Centros de Control de Confianza

estatales. Al mes de agosto del 2012 existen un total de 38 centros de evaluación, de los

cuales 2 son federales y 36 son estatales.

Se han acreditado un total de 28 centros, 2 de ellos son de la Procuraduría General de la

República y la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal y 26 están en las

entidades federativas. El Distrito Federal, Guanajuato y Nuevo León tienen un total de 2

centros y Veracruz un total de 3 centros.

Las entidades que se encuentran en proceso de certificación son: Baja California Sur,

Campeche, San Luís Potosí y Quintana Roo.

Estatus Centros de Evaluación y Control de Confianza Instituciones de Seguridad Pública

Centros Acreditados (73.68%)

Procesos Certificados (15.79%)

En Proceso de Certificación (10.53%)

•Procuraduría General de la República (2010)

•Secretaría de Seguridad Pública Federal (2011)

• Aguascalientes (2012)

• Baja California (2010)

• Colima (2011)

• Coahuila (2011)

• Chiapas (2011)

• Chihuahua (2011)

• Guerrero (2012)

• Nayarit (2012) •Tamaulipas (2010)

• Yucatán (2011)

• Durango (2012)

•Baja California Sur

• Campeche •San Luis Potosí

• Quintana Roo

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Centros Acreditados (73.68%)

Procesos Certificados (15.79%)

En Proceso de Certificación (10.53%)

• Distrito Federal-SSP (1/2) (2011)

• Estado de México (2011)

• Guanajuato – Estatal – PGJ (1/2 y 2/2) (2011)

•Jalisco (2011)

• Michoacán (2011) •Morelos (2011)

•Nuevo León-CISEC-PGJ (1/2 y 2/2) (2011)

• Puebla (2011)

• Querétaro (2011)

• Sinaloa (2011)

• Sonora (2011)

• Tabasco (2012)

• Tlaxcala (2011)

•Veracruz PGJ - CESP (2011) – SSP (2012) (1/3, 2/3 y 3/3)

• Zacatecas (2012)

• Oaxaca (2012)

• Hidalgo (2012) Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con corte al 2 de agosto de 2012.

Como se aprecia en el siguiente gráfico se ha avanzado en la acreditación de los centros

estatales, pasando de 0 en 2010 a 28 en el 2012. Sin embargo aún quedan pendientes

entidades federativas por acreditar sus respectivos centros.

Avances en los Centros de Control de Confianza (Noviembre 2010 –agosto 2012)

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con corte al 2 de agosto de 2012.

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Propuestas:

Impulsar que los centros de control de confianza en los estados cumplan con los

requisitos estipulados para consolidarse como centros acreditados.

Vigilar que los estados cuyos centros han sido acreditados, continúen cumpliendo

con los requisitos establecidos por el Modelo Nacional de Evaluación y Control de

Confianza.

Coadyuvar a la capacitación de los evaluadores de los centros estatales, con el

objetivo de que las evaluaciones se homogenicen a nivel nacional.

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1. Depurar y fortalecer de instituciones de seguridad y procuración de justicia.

1.3 Sujetar a evaluación permanente y control de confianza al personal de las instituciones policiales, de procuración

de justicia, de Aduanas, de los centros de readaptación social federales, así como del Instituto Nacional de Migración,

a través de organismos certificados.

Las secretarías de Seguridad Pública, Gobernación, Hacienda y Crédito Público así como la Procuraduría

General de la República se comprometen a evaluar a su personal en áreas sensibles; a dar seguimiento a

elementos dados de baja y a comunicar sus resultados a un observador ciudadano.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

Las secretarías de Seguridad Pública,

Gobernación, Hacienda y Crédito Público

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Un año

Hay un gran porcentaje de personal pendiente de evaluación en las instituciones de

seguridad y justicia. Aún en las áreas más sensibles quedan pendientes funcionarios por

evaluar.

El avance global reportado al 31 de julio de 2012 refiere que quedan pendientes por

evaluar un total de 215,636 funcionarios, lo que equivale al 50.13%.

Avance global de evaluaciones (estatal y municipal)

Evaluados: 214,553 (49.87%)

Universo Aprobados No aprobados Pendientes de

resultado

Pendientes de evaluar

Número 430,189 134,160 37,604 42,789 215,636

Porcentaje 100% 62.53 17.53 19.94 50.13

Fuente: Centros de Evaluación y Control de Confianza Estatales y Federales al 31 de julio de 2012.

A nivel estatal quedan pendientes de evaluar un total de 130,776 mandos y operativos, lo

que equivale al 48.7%. Estatal

Evaluados: 137,848 (51.32%)

Universo Aprobados No aprobados Pendientes de

resultado

Pendientes de evaluar

Mandos 268,433 6,488 1,849 2,130 1,966

Operativos 256,191 86,941 17,063 23,377 128,810

Total 268,624 93,429 18,912 25,507 130,776

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Fuente: Centros de Evaluación y Control de Confianza Estatales y Federales al 31 de julio de 2012.

A nivel municipal el número de mandos y operativos pendientes por evaluar asciende a un

total de 84,860 lo que equivale al 52.5%. Es decir el status de evaluaciones pendientes a

nivel municipal es mucho más grave que a nivel estatal.

Municipal

Evaluados: 76,705 (47.48%)

Universo Aprobados No aprobados Pendientes de

resultado

Pendientes de evaluar

Mandos 6,198 3,694 2,028 1,698 *

Operativos 155,367 37,037 16,664 15,584 86,082

Total 161,565 40,731 18,692 17,282 84,860

Fuente: Centros de Evaluación y Control de Confianza Estatales y Federales al 31 de julio de 2012.

Uno de los componentes más importantes de este compromiso está relacionado a los

funcionarios que no aprueban y que por lo tanto tienen que ser dados de baja, el

compromiso consistió en "dar seguimiento a elementos dados de baja y a comunicar sus

resultados a un observador ciudadano”.

En principio no es claro el procedimiento que se sigue cuando un policía “no aprueba” la

evaluación, pues encontramos que del total de aprobados, tan sólo el 8.8% ha sido dado

de baja por el CC y el 1% se encuentra en proceso de baja.

Seguimiento al proceso de depuración-control de confianza en los estados (estatales y municipales)

Evaluados No aprobados Bajas por CC En proceso de baja* Bajas pendientes

190,567 37,604 3,326 382 34,276

Fuente: Centros de Evaluación y Control de Confianza Estatales y Federales al 31 de julio de 2012. *Bajas reportadas por no aprobar la evaluación en control de confianza en el periodo 2010 a junio de 2012.

Propuestas:

Continuar con la evaluación y certificación del personal de las instituciones

policiales, de procuración de justicia, de Aduanas, de los centros de readaptación

social federales, así como del Instituto Nacional de Migración.

Establecer los mecanismos para el tratamiento del personal que “no apruebe”

alguna de las pruebas de la evaluación.

Informar a la sociedad sobre el seguimiento que se le da al personal que ha sido

dado de baja a través del proceso de depuración.

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1. Depurar y fortalecer de instituciones de seguridad y procuración de justicia.

1.4 Establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Policial.

La Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con las entidades federativas se compromete a

perfeccionar los mecanismos de reclutamiento, selección, capacitación, promoción y retiro de los

elementos de las instituciones policiales del país.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

La Secretaría de Seguridad Pública

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Seis meses a partir de la promulgación de

la legislación correspondiente.

Aún y cuando el Sistema Nacional de Desarrollo Policial (SIDEPOL)13 se ha mantenido en la

agenda de las entidades federativas, no ha logrado consolidarse.

Los procesos para la implementación del SIDEPOL son dispares en los estados. En la

legislación, hay 26 entidades con SIDEPOL incorporado en su legislación: Aguascalientes,

Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Campeche,

Guerrero, Hidalgo, Estado de México (Pendiente de Publicar su Ley), Michoacán, Morelos,

Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco,

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En cuanto a las entidades que cuentan con

iniciativa de Ley (no aprobada aún) que incorpora SIDEPOL son cinco: Jalisco, Oaxaca, San

Luis Potosí, Yucatán y Baja California Sur.

No se contempla al Distrito Federal toda vez que es facultad del Congreso de la Unión la

aprobación de su ley (artículo 122 de la Constitución)

En el Sexto Informe de Gobierno, refiere que se han realizado programas de capacitación,

instrucción y formación policial, entre las que destaca la capacitación a más de 5,000

13

El Gobierno Federal define el Sistema Nacional de Desarrollo Policial (SIDEPOL), como “ un conjunto de reglas y procedimientos estructurados y enlazados, cuyo objetivo es garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades, en las etapas de reclutamiento, selección, formación, certificación, ingreso, permanencia, promoción, estímulos, reconocimiento, disciplina y justicia policial, así como la separación y retiro”

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funcionarios de la SSP en diversas temáticas relacionadas con la profesionalización

policial. Sistema Nacional de Desarrollo Policial

• El Gobierno Federal ha promovido desde el inicio de la administración la profesionalización del servicio policial del país, mediante el establecimiento del Sistema Nacional de Desarrollo Policial (SIDEPOL). De septiembre de 2011 a junio de 2012 se realizaron las siguientes acciones: - Programas de capacitación, instrucción y formación policial. En la PF se desarrollaron actividades académicas escolarizadas, itinerantes y de especialización; y se impartieron cursos con el apoyo de instructores de instituciones educativas y policiales nacionales y extranjeras. • Se realizaron 422 actividades académicas internas e itinerantes en las que se capacitó a 5,913 servidores públicos de la SSP, en los siguientes temas: técnicas de investigación policial, análisis de información, herramientas de Plataforma México, informe policial homologado y estadística, prevención del delito y cultura de la legalidad, psicología criminal, análisis e inteligencia policial y derechos humanos.

Fuente: Sexto Informe de Gobierno, p. 134-135

Propuestas:

Continuar con el Sistema de Desarrollo Policial a nivel federal y coadyuvar en las

entidades federativas para perfeccionar de los mecanismos de selección,

capacitación, promoción y retiro de los elementos policiales.

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1. Depurar y fortalecer de instituciones de seguridad y procuración de justicia.

1.5 Establecer un Sistema Nacional de Desarrollo de Ministerios Públicos en el marco de la

Conferencia Nacional de Procuradores. La Procuraduría General de la República se compromete a perfeccionar los mecanismos de reclutamiento,

selección, capacitación, promoción y retiro de los ministerios públicos.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

La Procuraduría General de la República

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Un año

El Sistema Nacional de Desarrollo de Ministerios Públicos, continúa siendo un tema

vigente en la agenda de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. A nivel federal

se han conseguido logros importantes, sin embargo se requiere de mayores esfuerzos a

nivel local en las Procuradurías Generales de Justicia.

El Instituto Nacional de Ciencias Penales publica las convocatorias de reclutamiento para

agentes del Ministerio Público, en la que además de contar con el título de licenciatura en

derecho solicita los siguientes requisitos:

Requisitos para ser Agente del Ministerio Público

1. Tener la ciudadanía mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 2. Haber obtenido un promedio general mínimo de ocho en la licenciatura. 3. Contar con título de licenciatura en Derecho, expedido y registrado legalmente, y con la correspondiente cédula profesional. 4. En el caso de los varones, tener acreditado el Servicio Militar Nacional. 5. Ser de notoria buena conducta, no haber recibido condena por sentencia irrevocable por delito doloso o culposo calificado como grave, ni estar sujeto o sujeta a proceso penal. 6. No tener suspensión, inhabilitación o destitución por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto o sujeta a un procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables. 7. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo. 8. Tener disponibilidad para cambiar de residencia a cualquier parte de la república o del extranjero. 9. Firmar consentimiento para someterse a las evaluaciones que practica el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Procuraduría General de la Republica.

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10. Presentar y aprobar el examen de conocimientos jurídicos generales. 11. Presentar y aprobar las evaluaciones que practica el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Procuraduría General de la Republica

Fuente: Convocatoria al proceso de reclutamiento y selección para el ingreso a la “Especialidad en función ministerial”

Propuesta:

Coadyuvar a la aplicación del Sistema Nacional de Desarrollo de Ministerios

Públicos a nivel local en las agencias del Ministerio Público en los estados.

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2. A fin de fortalecer y dotar de mayor eficiencia los sistemas de seguridad y procuración

de justicia, el Poder Ejecutivo Federal reasignará recursos y partidas dentro del

Presupuesto de Egresos de la Federación. El ejercicio de estos recursos será

acompañado por reglas de operación flexibles y procedimientos eficaces y

transparentes.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

El Poder Ejecutivo Federal

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Un año

En los últimos años se han incrementado los recursos destinados a seguridad y justicia, sin

embargo aún se requiere de la implementación de reglas de operación flexibles y

procedimientos eficaces que eviten el rezago en el ejercicio de los recursos, y un escenario

catastrófico el mal uso de los recursos.

Los recursos federales destinados a los sistemas de seguridad y justicia, son básicamente

cuatro: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), Subsidio a los Municipios

y demarcaciones territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública (SUBSEMUN),

Subsidio de Apoyo a Programas en Materia de Seguridad Pública (PROASP) y Subsidio para

la Policía Acreditable (SPA). En 2012 la suma de estos recursos asciende a

$17, 311,550,500.

Recursos federales destinados a los sistemas de seguridad y justicia

Recursos federales Monto

FASP $7,373,650,500

SPA $2,484,000,000

PROASP $3,000,000,000

SUBSEMUN $4,453,900,000

TOTAL 17,311,550,500 Fuente: SESNSP. Recursos 2012

Del total de los recursos asignados el 42.59% corresponde al FASP, el 25.73% al

SUBSEMUN, el 17.33% al PROASP y el 14.35% al SPA.

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Recursos federales destinados a los sistemas de seguridad y justicia

2012

Fuente: SESNSP. Recursos 2012

Cada uno de estos recursos se distribuye en diferentes Programas Prioritarios como la

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, la Instrumentación de la

Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS), la Implementación de los Centros de

Operación Estratégica (COES) entre otros.

Recursos federales destinados a los sistemas de seguridad y justicia

2012

PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL FASP PROASP SPA SUBSEMUN APORTACIÓN

FEDERAL

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación

Ciudadana 1,000,000 224,129,149 - 883,598,319 1,108,727,468

Acceso a la Justicia para las Mujeres 136,926,996 76,981,075 - - 213,908,071

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de

Confianza 656,632,465 766,642,208 - 294,223,354 1,717,498,027

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública

808,326,135 281,455,969 - - 1,089,782,104

Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)

173,353,844

280,189,271

- -

453,543,115

Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)

177,127,407

194,778,602

- -

371,906,009

Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPES)

13,202,126

49,007,361

- -

62,209,487

Huella balística y rastreo computarizado de armamento

173,170,779

110,242,596

- -

283,413,375

Nuevo Sistema de Justicia Penal 313,751,449

149,353,359

- - 463,104,808

Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema

Penitenciario Nacional

721,833,470

418,018,771

- -

1,139,852,241

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PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL FASP PROASP SPA SUBSEMUN APORTACIÓN

FEDERAL

Red Nacional de Telecomunicaciones (radiocomunicación)

843,203,956

140,646,984

-

157,024,914

1,140,875,854

Servicio de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089

372,076,477 61,667,553 - -

433,744,030

Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)

827,241,248 32,357,140 - 471,074,741 1,330,673,129

Registro Público Vehicular 152,160,947 133,541,350 - - 285,702,297

Evaluación de los distintos Programas o Acciones

31,560,000 0 - - 31,560,000

Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración

de Justicia 1,972,083,201 65,988,612 - 2,597,205,173 4,569,288,374

Policía Acreditable - - 2,471,580,000 - 2,471,580,000

Gastos Indirectos - 15,000,000 12,420,000 50,773,499 78,193,499

TOTAL 7,373,650,500 3,000,000,000 2,484,000,000 4,453,900,000 17,245,561,888

Fuente: SESNSP. Recursos 2012

De acuerdo a la distribución de los diferentes fondos para los programas con prioridad

nacional, destaca que el Programa de Desarrollo Institucional alcanza el 47.84% de los

recursos y el 16.85% corresponde al Sistema Nacional de Información de Seguridad

Pública.

Recursos federales destinados a los sistemas de seguridad y justicia

2012

Fuente: SESNSP. Recursos 2012

Sobre el FASP, el Diario Oficial de la Federación publica el Acuerdo por el que se da a

conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para

la ministración de los recursos correspondientes.

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Para el periodo 2009-2012 encontramos que se ha registrado un incremento del 6.6% a

nivel nacional, que se refleja en todas las entidades federativas, destacando estados

como Colima, Chihuahua, Guerrero y Quintana Roo que registran un incremento en el

periodo superior al 8%.

Distribución del FASP 2009-2012

ENTIDAD 2009 2010 2011 2012 Incremento

2009-2012 ( %)

Total Nacional 6,916,800,000 6,916,800,000 7,124,300,000 7,373,650,500 6.6

Aguascalientes 107,732,948 107,732,948 111,623,174 115,709,778 7.4

Baja California 281,364,901 281,364,901 290,097,313 296,884,121 5.5

Baja California Sur 139,005,076 139,005,076 140,908,700 145,085,116 4.4

Campeche 107,721,886 107,721,886 110,654,191 115,313,857 7.0

Coahuila 195,410,651 195,410,651 202,266,606 208,533,020 6.7

Colima 105,158,763 105,158,763 108,944,080 113,582,419 8.0

Chiapas 287,450,494 287,450,494 294,602,546 303,051,621 5.4

Chihuahua 238,648,485 238,648,485 249,513,728 259,143,093 8.6

Distrito Federal 433,461,432 433,461,432 445,548,644 462,069,157 6.6

Durango 163,352,766 163,352,766 168,664,742 173,795,616 6.4

Guanajuato 250,883,709 250,883,709 260,301,587 268,356,395 7.0

Guerrero 205,798,245 205,798,245 215,044,318 223,732,134 8.7

Hidalgo 174,018,584 174,018,584 178,383,306 184,211,075 5.9

Jalisco 310,742,932 310,742,932 319,115,904 330,369,999 6.3

México 550,065,440 550,065,440 568,101,295 588,161,491 6.9

Michoacán 249,297,900 249,297,900 258,847,541 267,067,507 7.1

Morelos 147,713,759 147,713,759 153,634,227 157,999,958 7.0

Nayarit 133,317,742 133,317,742 136,281,419 141,825,301 6.4

Nuevo León 265,087,358 265,087,358 272,662,281 283,183,626 6.8

Oaxaca 218,382,143 218,382,143 225,795,001 234,383,180 7.3

Puebla 262,611,076 262,611,076 270,048,706 281,614,170 7.2

Querétaro 132,024,093 132,024,093 136,324,831 140,481,805 6.4

Quintana Roo 140,828,670 140,828,670 145,208,033 152,539,955 8.3

San Luis Potosí 199,162,769 199,162,769 203,155,227 208,336,964 4.6

Sinaloa 196,755,878 196,755,878 203,802,501 210,661,710 7.1

Sonora 280,608,913 280,608,913 285,602,861 291,363,921 3.8

Tabasco 160,711,628 160,711,628 165,016,018 170,781,109 6.3

Tamaulipas 256,201,322 256,201,322 262,729,182 270,894,707 5.7

Tlaxcala 128,478,953 128,478,953 131,898,023 136,763,382 6.4

Veracruz 332,606,468 332,606,468 341,876,124 356,777,867 7.3

Yucatán 149,603,086 149,603,086 152,492,595 159,926,370 6.9

Zacatecas 112,591,930 112,591,930 115,155,296 121,050,076 7.5

Fuente: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, 2009-2012

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En cuanto a la distribución por entidad federativa el Estado de México es el estado que

recibe mayor cantidad de recursos y los estados de Aguascalientes, Campeche y Colima las

entidades que reciben menos recursos provenientes del FASP.

Distribución del FASP 2012

Fuente: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, 2009-2012

Propuestas:

Mantener los recursos orientados a los Programas con Prioridad Nacional como la

Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS), la

Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES), el

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, entre

otros.

Vigilar que la ministración de los recursos se realice oportunamente y el ejercicio

sea eficiente y eficaz.

Consensar las reglas de operación de los recursos de seguridad y justicia con las

dependencias locales, a fin de ejercer los recursos al 100% de manera transparente

y oportuna.

Monitorear a través de indicadores el impacto de los recursos en los programas de

seguridad y justicia.

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57

3. Apoyar las entidades federativas en el combate de los delitos más sensibles para la

sociedad, de acuerdo con las competencias de cada orden de gobierno, En especial se

apoyará el fortalecimiento o en su caso la creación y formación de unidades estatales

para el combate al secuestro.

3.1 La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con las

entidades federativas elaborarán una estrategia nacional e integral contra el secuestro. Dicha estrategia

incluirá la elaboración de programas tipo, de acuerdo con la realidad de las entidades federativas y el

diseño de cursos, talleres y seminarios de capacitación para cada entidad e insertará mecanismos de

capacitación continua.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Seis meses.

La Estrategia Nacional e Integral para el Combate al Secuestro fue aprobada en 2008 por

el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y dio paso a la creación de las Unidades

Estatales para el Combate al Secuestro (UECS).

En la XXXII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en febrero de 2012, se

presentó el avance en el fortalecimiento de las UECS, con el documento denominado

“Avances en los procesos de evaluación y control de confianza de sus elementos”.

En el documento citado, se presenta que a finales de 2009 se publicaron los decretos de

creación de las 32 unidades, y trabajaron en los protocolos para unificar la actuación. En

cuanto al estado de fuerza señalan la existencia de un total de 1,311 elementos de los

cuales tan sólo 1,129 (86%) ha sido evaluado en los centros de control de confianza.

Estado de Fuerza, Evaluación y Capacitación de las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro

APROBADO

VIGENTE APROBADO NO

VIGENTE EN PROCESO NO APROBADO TOTAL

Titulares 23 1 3 4 31

Mandos 21 3 2 11 37

Ministerial 178 57 11 54 300

La Procuraduría General de la República y

la Secretaría de Seguridad Pública en

coordinación con las entidades federativas

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APROBADO

VIGENTE APROBADO NO

VIGENTE EN PROCESO NO APROBADO TOTAL

Pericial 23 6 2 4 35

Policial 370 202 156 83 811

Administrativo 71 6 8 12 97

TOTAL 686 275 182 168 1311 Fuente: “Avances en los procesos de evaluación y control de confianza de sus elementos”

Del total de los elementos capacitados y evaluados, destaca que el mayor porcentaje lo

ocupan los policías, mientras que el menor corresponde a los peritos.

Avances Porcentuales de la Conformación

de las Unidades Especializadas de Combate al Secuestro

%

Fase Primaria 35%

Policial Capacitado 13%

Policial Evaluado 12%

Titular Evaluado 10%

MP Capacitado 10%

MP Evaluado 9%

Titular Capacitado 5%

Pericial evaluado 3%

Pericial capacitado 3%

100% Fuente: “Avances en los procesos de evaluación y control de confianza de sus elementos”

No obstante de la creación por decreto de las 32 UECS, la operación no es homogénea. De

acuerdo a la declaración de Marisela Morales Ibáñez titular de PGR, sólo ocho entidades

se encuentran por encima del 70% de avance en su integración, mientras que 12 estados

apenas tienen más del 60% y el resto de las entidades tienen un avance menor al 60%.

Avance de la integración de las UECS

Entidades por arriba del 70% de avance Entidades con más del 60% de avance Entidades con avance menor al 60%

Distrito Federal Colima Chiapas Puebla

Campeche Nuevo León

Oaxaca Aguascalientes

San Luis Potosí Sinaloa

Guanajuato Baja California

Morelos Hidalgo Sonora Tabasco Jalisco

Tlaxcala Guerrero Coahuila

Durango Yucatán

Estado de México Querétaro Michoacán Tamaulipas

Baja California Sur Quintana Roo

Zacatecas Chihuahua Veracruz Nayarit

Fuente: El Universal http://www.eluniversal.com.mx/notas/833239.html

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Es preocupante la situación de las UECS en las entidades federativas que tienen avances

menores del 70% (28 entidades), puesto que además del decreto se han destinado

recursos para su integración, que en total ascienden a $428, 677,314 como se presenta en

la siguiente tabla.

Recursos destinados a las UECS

Estado Instrumentación de las UECS ($)

Estado Instrumentación de las UECS ($)

Aguascalientes 5,757,077 Morelos 12,373,197

Baja California 2,307,000 Nayarit 17,000,000

Baja California Sur 9,672,250 Nuevo León 10,823,800

Campeche 9,656,025 Oaxaca 5,000,000

Coahuila 50,000,000 Puebla 9,312,179

Colima 17,000,000 Querétaro 14,300,000

Chiapas 17,000,000 Quintana Roo 10,800,000

Chihuahua 17,000,000 San Luis Potosí 14,633,754

Distrito Federal 17,000,000 Sinaloa 16,150,000

Durango 17,000,000 Sonora 3,500,873

Guanajuato 0 Tabasco 9,325,210

Guerrero 17,000,000 Tamaulipas 14,500,000

Hidalgo 5,000,000 Tlaxcala 10,821,767

Jalisco 3,620,000 Veracruz 17,000,000

México 85,338,000 Yucatán 3,441,000

Michoacán 8,487,103 Zacatecas 14,000,000 Fuente: SESNSP. Recursos 2012

El monto mínimo que ha sido asignado para la integración de las UECS es de $2,307,000

para el estado de Baja California, pero en el Estado de México se otorgaron $85,338,000

cuyo avance es menor del 60%.

La única entidad que no recibió recursos es Guanajuato y su avance es de más del 60%,

pero menor del 70%.

Aunado a esta debilidad institucional, debe analizarse la situación que prevalece en

cuanto al número de secuestros que ocurren. A continuación se presentan las cifras

registradas durante el 2008-2011, donde se observa como se ha incrementado este delito

en las entidades de 825 a 1,327 secuestros.

A junio de 2012 se registraron 602 secuestros lo que hace previsible que al cierre del año

el total de secuestros sea muy similar al del año precedente.

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Secuestro 2008-2012*

* A junio de 2012

Fuente: Grafica de elaboración propia con información del SESNSP

Desglosando los datos por entidad federativa se encuentra que Tamaulipas, Estado de

México y Michoacán son las entidades que registraron mayor número de averiguaciones

previas durante 2011. A junio de 2012 estas mismas entidades son las que registran un

mayor número de secuestros.

Secuestro 2008-2012*

2008 2009 2010 2011 2012

Total Nacional 825 1128 1262 1327 602

Aguascalientes 22 16 10 7 0

Baja California 115 103 79 64 9

Baja California Sur 5 3 1 3 0

Campeche 0 0 3 3 1

Chiapas 9 12 24 30 9

Chihuahua 38 204 190 95 27

Coahuila 5 17 91 13 13

Colima 4 1 3 8 2

Distrito Federal 139 85 60 54 31

Durango 5 37 79 67 30

Guanajuato 14 78 59 27 4

Guerrero 38 51 43 62 30

Hidalgo 16 15 35 13 8

Jalisco 13 17 25 46 23

México 136 127 172 103 59

Michoacán 88 98 137 130 64

Morelos 0 33 28 26 33

Nayarit 3 4 1 10 9

Nuevo León 19 13 18 51 34

Oaxaca 27 33 26 46 18

Puebla 8 27 29 63 11

Querétaro 2 3 9 6 2

Quintana Roo 10 6 24 21 11

San Luis Potosí 1 21 11 40 10

Sinaloa 12 18 13 25 15

Sonora 8 4 6 9 6

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2008 2009 2010 2011 2012

Tabasco 34 16 26 75 24

Tamaulipas 21 52 43 129 62

Tlaxcala 0 3 0 3 2

Veracruz 10 0 0 60 47

Yucatán 0 0 0 0 0

Zacatecas 23 31 17 38 8

Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública

El Sexto Informe de Gobierno señala –como anteriormente se había señalado- que no

todas las UECS funcionan al 100% debido a que aún hay personal pendiente por evaluar y

capacitar, y por la constante rotación.

Principales resultados de la ejecución del Programa Nacional para Prevenir, Perseguir

y Sancionar el Delito de Secuestro, obtenidos entre septiembre de 2011 y julio del 2012.

- Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro (UECS). • En cumplimiento a los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el Procurador General de la República, los Procuradores Generales de Justicia de los 31 estados de la República, del Distrito Federal y de Justicia Militar, así como la Secretaría de Seguridad Pública, acordaron el 12 de septiembre de 2008 la Estrategia Nacional e Integral contra el Secuestro. • El 24 de noviembre de 2011 en el pleno de la XXVI Sesión Ordinaria, de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en Acapulco, Guerrero, se firmó la Carta Compromiso por parte de la Procuraduría General de la República, las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las Entidades Federativas, cuyo objetivo es contribuir al fortalecimiento y conformación de las UECS, mediante la permanencia de los Ministerios Públicos, Peritos y Policías, por un periodo mínimo de cinco años prorrogable, siempre y cuando ya hayan sido evaluados y capacitados. • Para diciembre de 2011 ya se contaba con la creación de las 32 Unidades Especializadas Contra el Delito de Secuestro (UECS) en los 31 estados de la República y el Distrito Federal, de las mismas que cuentan con decretos de creación y protocolos de actuación, un titular designado, así como con instalaciones destinadas para su operación; cabe señalar que no todas las Unidades operan al 100%, debido a que aún hay personal pendiente por evaluar y capacitar, por la constante rotación del mismo. • Estas unidades estandarizan los procedimientos y protocolos para investigar y combatir este ilícito desde la perspectiva ministerial, pericial y policial, sus principales características son:

- Están integradas por personal ministerial, pericial y policial especializado en el combate al secuestro, quienes fueron capacitados por la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública y las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados y el Distrito Federal.

- El personal que las integra asciende a 1,413, el cual es rigurosamente seleccionado para que se conduzcan con eficacia, honradez y profesionalismo, toda vez que los perfiles para su ingreso fueron establecidos por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública; es decir, el 100% del personal que forma parte de las UECS acreditaron o se encuentran en proceso de acreditación, bajo los requisitos de ingreso y permanencia, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- En el marco de los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su XXXI sesión, el 28 de noviembre de 2011, se dio inicio formal a los procesos de concertación entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las entidades federativas, para la implementación de los programas con prioridad nacional entre ellos el relativo a la instrumentación de la estrategia en el combate al secuestro, con lo cual se ha logrado la designación de recursos federales por un monto aproximado de 428´677,314 pesos en moneda nacional para el fortalecimiento y equipamiento de dichas Unidades. Asimismo entre las acciones

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durante el primer semestre de este año son las siguientes: se ha trabajado en la validación y firma de los programas ejecutivos, así como en el seguimiento y cumplimiento de las metas comprometidas para la liberación del recurso.

Fuente: Sexto Informe de Gobierno, p. 49-50

Propuestas:

Supervisar la integración y operación de las UECS con el objetivo de homogeneizar

los métodos y estrategias en la prevención y atención del delito de secuestro a

nivel nacional.

Evaluar al 100% al personal que integra las UECS.

Monitorear el ejercicio de los recursos destinados a la integración de las UECS en

las entidades federativas

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3. Apoyar las entidades federativas en el combate de los delitos más sensibles para la

sociedad, de acuerdo con las competencias de cada orden de gobierno, En especial se

apoyará el fortalecimiento o en su caso la creación y formación de unidades estatales

para el combate al secuestro.

3.2 La Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, en coordinación con las

entidades federativas, formularán y emitirán una estrategia nacional contra el narcomenudeo que sume las

capacidades y la necesaria colaboración de los distintos órdenes de gobierno, en el marco de la legislación

expedida por el Congreso de la Unión.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

La Procuraduría General de la República y

la Secretaría de Seguridad Pública en

coordinación con las entidades federativas

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Seis meses.

En septiembre de 2008 el Ejecutivo Federal presentó la Estrategia Nacional Contra el

Narcomenudeo que se sustenta en los siguientes ejes rectores:

Estrategia Nacional Contra el Narcomenudeo

1. Impulso a las reformas legales en materia de narcomenudeo para regular

la concurrencia de autoridades en su prevención, investigación, persecución

y sanción.

2. Combate al delito, mediante la generación de inteligencia y la

coordinación de autoridades.

3. Prevención del delito y las adicciones.

4. Establecimiento de un sistema de canalización de adictos a centros de

salud y seguimiento para su rehabilitación.

5. Construcción de un Observatorio Ciudadano de Drogas y Adicciones.

Fuente: DOF. 3 de febrero de 2010

El 21 de agosto de 2009 en la XXII Asamblea de la Conferencia Nacional de Procuradores

se anunció la transformación de las Unidades Mixtas de Combate al Narcomenudeo

(UMAN) en Centros de Operaciones Estratégicas (COE).

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De acuerdo a la información oficial, en los COE se ha avanzado en el Manual para la

Integración de Averiguaciones Previas en Materia de Narcomenudeo, así como una guía

técnica de apoyo para los agentes del Ministerio Público local. No obstante, se requiere de

mayor coordinación entre los distintos niveles de gobierno para combatir el delito de

narcomenudeo.

En 2012 solo se han inaugurado dos COE en los estados. El 21 de julio se inauguró en Baja

California Sur y el 23 de julio en Puebla.

El 31 de julo se firmó el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Creación y

Funcionamiento de los Centros de Operación Estratégica en el Estado de México, sin

embargo las instalaciones se encuentran en construcción.

La instalación de los centros continúa retrasado y aún no se concretan en 28 entidades del

país. Este rezago es preocupante, en virtud de que se han destinado recursos para su

integración a 28 entidades federativas como se presenta en la siguiente tabla.

Recursos destinados a las Centros de Operaciones Estratégicas (COE)

Estado Implementación de

los COES ($) Estado

Implementación de los COES ($)

Aguascalientes 3,020,794 Morelos 9,461,857

Baja California 0 Nayarit 11,899,030

Baja California Sur 20,272,000 Nuevo León 0

Campeche 9,266,289 Oaxaca 6,500,000

Coahuila 6,500,000 Puebla 5,000,000

Colima 9,683,520 Querétaro 13,000,000

Chiapas 13,805,477 Quintana Roo 5,393,055

Chihuahua 3,000,000 San Luis Potosí 34,500,000

Distrito Federal 0 Sinaloa 8,500,000

Durango 12,374,850 Sonora 2,294,000

Guanajuato 15,611,400 Tabasco 15,054,972

Guerrero 14,000,000 Tamaulipas 0

Hidalgo 5,000,000 Tlaxcala 0

Jalisco 59,836,129 Veracruz 10,123,900

México 26,000,000 Yucatán 0

Michoacán 10,263,204 Zacatecas 14,450,000 Fuente: SESNSP. Recursos Federales 2012

Las únicas entidades que no recibieron recursos son: Baja California, cuyo centro ya fue

inaugurado, Distrito Federal, Nuevo León, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

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En el Sexto Informe de Gobierno se refiere que en el marco de la Estrategia nacional

contra el narcomenudeo, se logró la aprobación de reformas legales para el combate al

narcomenudeo en 20 entidades federativas, que se ajustan a la Ley General de Salud.

Asimismo, el Informe refiere logros en el combate al delito, derivado de operativos y

cateos, que permitieron asegurar drogas y detener a más de 60,000 personas.

Resultados de la ejecución de la Estrategia nacional contra el narcomenudeo

De septiembre de 2011 a julio de 2012

- Reformas legales aprobadas. A julio de 2012 se registró la aprobación de reformas legales para el combate al narcomenudeo en 20 entidades: Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. Dichas modificaciones consisten en ajustar las legislaciones locales de cada entidad al contenido de la Reforma a la Ley General de Salud, Código Penal Federal y Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de que las entidades federativas conozcan los delitos de narcomenudeo. - Combate al delito. Se efectuaron 26,022 acciones entre operativos y cateos, en las que se detuvo a 31,627 personas; se aseguraron 80,507 kilogramos de marihuana, 946 kilogramos de cocaína, 138 kilogramos de heroína, 16,724 kilogramos de metanfetamina y 31,426 pastillas psicotrópicas. Asimismo, se eliminaron 1,163 centros de distribución y se desmantelaron 52 laboratorios clandestinos. Del total de las acciones realizadas por la Procuraduría General de la República, el 20% de estas se efectuaron en coordinación con las procuradurías de justicia y las secretarías de seguridad pública locales, a través de los Centros de Operación Estratégica, en donde se detuvo al 27% del total de detenidos, se aseguró el 25% del total de marihuana, el 16% de cocaína, el 2% de heroína y el 19% de psicotrópicos, así como el 0.34% de metanfetamina. - Sistema de Registro de Detenidos (SIRED). A partir de abril de 2011 se inició el registro de detenidos a nivel nacional en las 32 delegaciones estatales de la PGR, el 1° de marzo de 2012 en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales y el 1° de abril de 2012 en la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la SCRPPA. Al mes de julio de 2012 se cuenta con 46,441 registros (eventos de detención), en los cuales se involucran 65,176 personas: (62,282 detenidos, 2,749 presentados, 70 testigos y 75 víctimas). Hasta el 31 de julio de 2012 se tiene un total de 2,998 servidores públicos capacitados para operar el SIRED, lo cual representa el 83.1% del total de los usuarios activos que suman a la fecha 3,607. - Por su parte la PF a través del Centro Nacional de Atención Ciudadana, atiende las llamadas de denuncias relacionadas con el delito de narcomenudeo. Entre septiembre de 2011 y julio de 2012 atendió 3,060 llamadas denunciando este delito. - De septiembre de 2011 a julio de 2012 la División de Seguridad Regional realizó un total de 2,178 operativos, los cuales arrojaron los siguientes resultados: • Se aseguró a 673 personas en posesión de droga para venta directa a consumidores. Se aseguró 1.4 toneladas de marihuana; 10.2 kilogramos de cocaína; dos kilogramos de heroína y 1.5 kilogramos de anfetamina. • Se aseguraron 71 armas cortas, 63 armas largas, 3,223 cartuchos, 135 cargadores, un proyectil para mortero y dos granadas. • El aseguramiento de 526,222 pesos mexicanos; 144,968 dólares americanos y 73 vehículos empleados para cometer este tipo de delito.

Fuente: Sexto Informe de Gobierno, p. 47-48

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Propuestas:

Impulsar la integración de los COE en todas las entidades federativas.

Fortalecer la aplicación de protocolos que permitan armonizar las metodologías y

procedimientos en el combate al narcomenudeo.

Coadyuvar para que los Congresos estatales aprueben la aprobación de reformas

legales para el combate al narcomenudeo.

Establecer mecanismos de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno

para el combate a este delito.

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3. Apoyar las entidades federativas en el combate de los delitos más sensibles para la

sociedad, de acuerdo con las competencias de cada orden de gobierno, En especial se

apoyará el fortalecimiento o en su caso la creación y formación de unidades estatales

para el combate al secuestro.

3.3 El gobierno federal asume el compromiso de fortalecer la Subprocuraduría Especializada contra la

Delincuencia Organizada (SIEDO) con recursos financieros, capacitación, servicios periciales e

infraestructura y equipamiento.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

El Gobierno Federal

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Dieciocho meses.

Hay un grado de avance importante en el fortalecimiento de la SIEDO, respecto a

capacitación, infraestructura y equipamiento, sin embargo aún se requieren accione para

mejorar el combate a la delincuencia organizada.

En el último informe publicado por el SESNSP en junio de 2011 se señala este compromiso

como “en proceso de consolidación”. Respecto a los avances refieren los siguientes:

Ya se cuenta con la nueva estructura de la SIEDO.

Se autorizaron recursos para llevar a cabo la creación de plazas que se requieren

(125.5 Millones de Pesos).

Se adecuaron 12 Protocolos de Actuación Ministerial.

Se capacita permanentemente a personal de la SIEDO.

Se han implementado acciones de mayor cobertura operativa y se han consolidado

servicios de seguridad informática.

En cuanto a los recursos que han sido destinados a la SIEDO, se observa en la página de

transparencia presupuestaria de la PGR que en los últimos años se han incrementado.

Además hay correspondencia entre el ejercicio de los recursos y el gasto aprobado.

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SIEDO: Ejercicio del Gasto

Millones de pesos

Fuente: PGR. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/

Sin embargo, a pesar de los incrementos presupuestales, no hay impacto en los

indicadores contra la delincuencia organizada. Como se observa en al siguiente tabla en

2011 solo uno de los indicadores se alcanza.

Resultados de los indicadores de la SIEDO

2011

Objetivos Denominación Método de cálculo Meta

Programada Meta

Alcanzada

Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la

seguridad nacional, a través de la obtención de sentencias

condenatorias en materia de delincuencia organizada a favor

de la sociedad.

Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a

favor de la sociedad en materia de delincuencia organizada

(Número de sentencias condenatorias obtenidas en

materia de delincuencia organizada / número de averiguaciones previas

despachadas por consignación en materia de delincuencia

organizada) X 100

21.03 18.94

La sociedad es beneficiada con las averiguaciones previas consignadas en materia de delincuencia organizada.

Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación

a las despachadas en materia de delincuencia organizada.

(Número de averiguaciones previas despachadas por

consignación en materia de delincuencia organizada / Total

de averiguaciones previas despachadas en la materia) X

100

38.48 37.74

Expedientes de averiguaciones previas en materia de

delincuencia organizada despachados.

Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas

despachados en materia de delincuencia organizada

respecto a los expedientes en trámite

(Número de expedientes de averiguaciones previas

despachados en materia de delincuencia organizada / Total

de expedientes de averiguaciones previas en

trámite en la materia) X 100

41.99 29.31

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Objetivos Denominación Método de cálculo Meta

Programada Meta

Alcanzada

Recepción de denuncias en materia de delincuencia

organizada

Comportamiento de la incidencia delictiva en materia

de delincuencia organizada.

(Número de denuncias recibidas en materia de

delincuencia organizada en el año / Número de denuncias programadas a recibir) X 100

100.00 127.57

Fuente: PGR. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/

Paradójicamente, el único indicador que alcanza la meta programada, es el incidencia

delictiva, que como se explica en la tabla, está fuera del control de la SIEDO pues se

refiere al comportamiento de la incidencia delictiva de delincuencia organizada, es decir,

la realidad superó a lo programado.

Resultados de los indicadores de la SIEDO

2011

Fuente: Grafico de elaboración propia con información de la PGR. Transparencia Presupuestaria

Propuestas:

Incrementar los recursos financieros, humanos y materiales de la Subprocuraduría,

en concordancia con las necesidades y requerimientos que existen en materia de

delincuencia organizada.

Monitorear el ejercicio de los recursos destinados a la SIEDO.

Evaluar al 100% a los elementos que conforman la Subprocuraduría.

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4. Formular y emitir una estrategia nacional contra el lavado de dinero.

4.1Las secretarías de Seguridad Pública, Gobernación y Hacienda y Crédito Público, a través de su Unidad

de Inteligencia Financiera, conjuntamente con la Procuraduría General de la República, se comprometen

a formular el protocolo de actuación e investigación, inicio de averiguaciones previas y procedimientos

judiciales para la obtención de sentencias condenatorias, así como definir los mecanismos de control de

gestión y de evaluación con base en indicadores de desempeño por parte de las dependencias

involucradas.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

Las secretarías de Seguridad Pública,

Gobernación y Hacienda y Crédito Público,

a través de su Unidad de Inteligencia

Financiera, conjuntamente con la

Procuraduría General de la República

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Seis meses.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, cuenta con el “Modelo Integral contra el

Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo” y el “Proceso de Recepción, Análisis y

Difusión”, y reportan un alto número de operaciones relevantes y preocupantes, sin

embargo el número de averiguaciones previas iniciadas por este delito continua siendo

muy bajo, así como el número de consignaciones.

En el portal electrónico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el espacio

dedicado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se encuentra el resumen ejecutivo

del trabajo realizado por la Unidad, así como links dedicados a las estadísticas

comprendidas desde su creación a la fecha (2005-2012) divididas en Operaciones

Relevantes, Inusuales y Preocupantes.

Del 2008 al primer semestre de 2012, la Unidad de Inteligencia Financiera reporta las

siguientes cifras:

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Operaciones relevantes: De acuerdo con las

disposiciones emitidas por la SHCP en la materia,

esta categoría comprende, en general, a todas

aquellas operaciones con las instituciones

financieras y demás sujetos obligados en

términos de dichas disposiciones realizadas con

billetes y monedas de curso legal en México o en

cualquier otro país, así como con cheques de

viajero y monedas de platino, oro y plata, por un

monto igual o superior al equivalente en moneda

nacional a diez mil dólares estadounidenses,

independientemente de que puedan estar

vinculadas con esquemas de lavado de dinero o

financiamiento al terrorismo.

Operaciones relevantes

2005-2012

Cifras en millones

Al primer semestre de 2012

Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera

Operaciones Inusuales. De acuerdo con las

disposiciones emitidas por la SHCP en la materia,

esta categoría comprende, en general, a aquellas

operaciones, actividades, conductas o

comportamientos que no concuerden con los

antecedentes o actividades conocidas o declaradas

por los respectivos clientes de las instituciones

financieras y demás sujetos obligados en términos de

dichas disposiciones, o con su patrón habitual de

comportamiento transaccional, en función al monto,

frecuencia, tipo o naturaleza de la operación de que

se trate, sin que exista una justificación razonable

para dicho comportamiento, o bien, aquellas que,

por cualquier otra causa, esas instituciones o sujetos

consideren que los recursos pudiesen ubicarse en

alguno de los supuestos de los artículos 139, 148 Bis

o 400 Bis del Código Penal Federal —relativos al

financiamiento al terrorismo nacional e internacional

o al lavado de dinero— o cuando se considere que

los recursos pudieran estar destinadas a favorecer la

comisión de los delitos señalados en este párrafo.

Operaciones Inusuales.

2005-2012

Al primer semestre de 2012

Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera

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Operaciones preocupantes: De acuerdo con las

disposiciones emitidas por la SHCP en la materia, esta

categoría comprende, en general, a aquellas

operaciones, actividades, conductas o

comportamientos de los directivos, funcionarios,

empleados y apoderados de las instituciones

financieras y demás sujetos obligados en términos de

dichas disposiciones que, por sus características,

pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las

normas en esa misma materia, o aquella que, por

cualquier otra causa, resulte dubitativa para dichas

instituciones y sujetos obligados.

Operaciones preocupantes

2005-2012

Al primer semestre de 2012

Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera

Sujetos Reportados 2005-2012

Al primer semestre de 2012

Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera

Sujetos Reportados: Comprende a todos los sujetos incluidos en algún tipo de reporte o denuncia realizado por la UIF.

Reportes de operaciones en efectivo con dólares de EUA: De acuerdo con las disposiciones emitidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, las Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa y Casas de Cambio deberán remitir un reporte por cada operación de compra, recepción de depósitos, recepción del pago de créditos o servicios, o transferencias o situación de fondos, en efectivo que se realicen con dólares de los Estados Unidos de América. Tratándose de clientes, por un monto igual o superior a quinientos dólares. Tratándose de usuarios, por un monto igual o superior a doscientos cincuenta dólares.

Reportes de operaciones en efectivo

con dólares de EUA 2010-2012

Cifras en millones

Al primer semestre de 2012

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Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera

En el Sexto Informe de Gobierno se presentan los resultados de la Estrategia Nacional en

la que se refiere la desarticulación de bandas, y el aseguramiento de dólares americanos,

de pesos en moneda nacional, y de otras monedas internacionales.

Resultados alcanzados a través de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de

Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, entre septiembre de 2011 a julio de 2012

• Se continuó con el fortalecimiento de acciones entre la Procuraduría General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria, así como con la Agencia Antidrogas y la Oficina de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos de América para el intercambio de información relacionada con el delito de lavado de dinero en distintos países. • Derivado de la operación de las “Células Especializadas para el Combate al Lavado de Dinero”, de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la SIEDO, así como de la colaboración de SEDENA, SEMAR y AFI, se obtuvieron los siguientes resultados:

Se logró la desarticulación de una célula perteneciente al “Cartel del Pacifico”, dedicada al trasiego de droga de México a los Estados Unidos de América y Sudamérica, así como la custodia y traslado de numerario, motivo por el cual se detuvieron y ejerció acción penal contra 12 personas. Asimismo, se realizó el aseguramiento de 594,860 dólares americanos, 26,700 pesos en moneda nacional, 6 inmuebles, 10 vehículos y cuentas bancarias de las 12 personas consignadas, de las cuales a la fecha ha causado abandono de todo el numerario, así como de los vehículos asegurados. Por lo que respecta a los inmuebles y cuentas bancarias, se encuentran en vías de causar abandono, a favor del Gobierno Federal

Se logró desarticular una célula criminal de índole internacional, que transportaba recursos mediante documentos a nombre de empresas inexistentes, la cual contaba con el apoyo de autoridades que operaban en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que representó un golpe a la organización criminal de Los Beltrán Leyva, dando como resultado el aseguramiento de cuatro vehículos y de 10.8 millones de pesos.

Se aseguró, en distintas operaciones, el siguiente numerario: 121.6 millones de pesos mexicanos, 22.5 millones de dólares americanos, 17.9 miles de euros, 6.7 miles de dólares canadienses, 481 libras esterlinas, 175 yenes Japoneses, 3,020 francos suizos, 1,185 quetzales guatemaltecos y 1,110 pesos cubanos.

Se iniciaron 337 averiguaciones previas y se despacharon 281, que derivaron en la consignación de 70 indagatorias, cifras que se incrementaron en comparación a lo reportado de septiembre de 2010 a julio de 2011, donde se iniciaron 275 averiguaciones previas, se despacharon 211, de las cuales se consignaron 61

Se detuvo a un total de 89 personas, se desarticularon tres organizaciones delictivas y se aseguraron 3,084.87 gramos de cocaína, 472 gramos de metanfetaminas, 15 armas largas, 19 armas cortas, 1,911 cartuchos, 63 cargadores, siete granadas, un lanzagranadas, 10 computadoras, 20 vehículos terrestres, un vehículo marítimo, 21 inmuebles, 32 Joyas y 130 objetos diversos, 147 millones 93 mil 3 pesos en moneda nacional en cuenta bancaria, así como 124 mil 519 piezas de moneda nacional falsificada.

Se logró el abandono a favor del Gobierno Federal de 20.7 millones de dólares; 19 millones 680 mil 957 pesos en moneda nacional, un inmueble con valor de 11.8 millones de pesos, dos menajes con valor de 3.9 millones de pesos, 10 vehículos terrestres con un valor de 944.6 miles de pesos.

Fuente: Sexto Informe de Gobierno, p. 48

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Las cifras relativas al número de averiguaciones previas iniciadas y el número de

averiguaciones consignadas que se presentan en el Sexto Informe de Gobierno, son

relevantes. En principio se aprecia que a partir del 2009 el número de averiguaciones

previas ha ido en incremento, sin embargo el número de averiguaciones consignadas

continúa siendo muy bajo. En 2010 se consignó el 27% y en 2011 tan sólo se consignó el

18%.

Averiguaciones previas iniciadas y consignadas

por Lavado de Dinero

2008-2012

Fuente: VI Informe de Gobierno, p. 49

Propuestas:

Fortalecer la coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera con la Procuraduría General de la República a través de metodologías de trabajo de inteligencia conjunto, para incrementar el número de averiguaciones previas por este delito.

Mejorar el porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las averiguaciones previas iniciadas.

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4. Formular y emitir una estrategia nacional contra el lavado de dinero.

4.2 Asimismo, las mencionadas dependencias se comprometen a elaborar una iniciativa a fin de que sea

presentada por el Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión para regular transacciones en efectivo.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

Las secretarías de Seguridad Pública,

Gobernación y Hacienda y Crédito Público,

a través de su Unidad de Inteligencia

Financiera, conjuntamente con la

Procuraduría General de la República

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Seis meses.

A partir de la firma del ANSJL, se han presentado iniciativas en materia de Lavado de

Dinero para regular transacciones en efectivo.

El 31 de agosto de 2010 el Ejecutivo Federal presentó la iniciativa de la Ley Federal para la

Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de

Financiamiento al Terrorismo, no obstante el 29 de abril de 2011 se encontraba en turno

en las Comisiones Revisoras.

Texto detallado del contenido de asuntos legislativos

Denominación Que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia

Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo; se reforma el artículo 27 y se adiciona un artículo 27 bis, ambos del Código Fiscal de la Federación.

Objeto La iniciativa propone: 1) medidas para prevenir y detectar actos u operaciones con recursos de procedencia

ilícita y los tendientes a financiar al terrorismo; 2) determinar a las personas físicas o morales que serán -sujetos obligados- a presentación de reportes ante la SHCP y los actos u operaciones que serán objeto de un régimen

de prevención; 3) limitar operaciones mediante pago en moneda, billetes o metales preciosos con un tope máximo de 100 mil pesos; y 4) verificar mediante visitas de la SHCP a los sujetos obligados a comprobar el

cumplimiento de sus disposiciones.

Observaciones Se rectificó el turno, por un acuerdo de la Mesa Directiva el 7 de septiembre de 2010.

Fecha de publicación en Gaceta Parlamentaria: 31/08/2010

Fuente: Sistema de Información Legislativa consultado el 27 de julio de 2011

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El 28 de abril de 2011, el Senado de la República aprobó la iniciativa de Ley Federal para la

Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,

presentada por el Ejecutivo Federal que busca transitar en la elaboración de un catálogo

de actividades vulnerables al blanqueo y financiamiento al terrorismo, así como en la

tipificación de conductas que no se penalizan.

El 30 de abril de 2012, se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley Federal para la

Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita con 316

votos a favor, con la que se pretende detectar y prevenir actor y operaciones con recursos

ilícitos que tengan como objetivo financiar al terrorismo por montos de hasta 100,000

pesos.

Entre los cambios más importantes destacan las facultades de la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público (SHCP) para dar seguimiento a operaciones en efectivo que puedan estar

destinadas al lavado de dinero, así como se crea la Unidad Especializada en Análisis

Financiero de la PGR para que investigue y de seguimiento a las operaciones con recursos

ilícitos.

Propuestas:

Fomentar que las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

incidan en un mayor número de investigaciones por parte de la PGR.

Reglamentar la Ley como establecen los artículos transitorios.

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5. Fortalecer la capacidad institucional del Ministerio Público Federal.

La Procuraduría General de la República se compromete a formular el protocolo de actuación e

investigación, inicio de averiguaciones previas y procedimientos judiciales para mejorar la eficacia en la

obtención de sentencias condenatorias.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

La Procuraduría General de la República

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Seis meses.

De acuerdo a las declaraciones oficiales existen los protocolos de actuación e

investigación, para el inicio de averiguaciones previas y procedimientos judiciales, sin

embargo estos no han impactado en los indicadores de manera que nos permitan concluir

que se ha mejorado la eficacia en la obtención de sentencias condenatorias.

La Procuraduría General de la República a través de un documento que publica la

Secretaría de la Función Pública dando cumplimiento al compromiso XXIV del ANSJL,

refiere los siguientes resultados a junio de 2012:

Resultados de la PGR

Indicador Resultados a junio de 2012

“Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados respecto a los expedientes en trámite en materia federal”, el indicador se estableció para dar seguimiento al trabajo de los Ministerios Públicos Federales en el manejo que están dando a las averiguaciones previas despachadas para combatir la impunidad de los delitos federales, a fin de medir el rezago en el despacho de averiguaciones previas.

Al mes de junio se han despachado 56,923 expedientes de averiguaciones previas en materia de delitos federales de un total en trámite programado anual de 157,854 expedientes, representando el 36.06 por ciento del total en trámite de averiguaciones previas en la materia, que comparado con lo programado al periodo de 39.95 por ciento, mostró un avance del 90.26 por ciento. -Estos resultados no incluyen expedientes en materia de delincuencia organizada, delitos federales de carácter especial, delitos electorales y delitos cometidos por servidores públicos de la Institución-.

“Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delincuencia organizada respecto a los expedientes en trámite”, mide la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Público de la Federación atiende este tipo de investigaciones, respecto al total en trámite

Durante el periodo de análisis se despacharon 848 expedientes de averiguaciones previas cifra que representa el 17.38 por ciento de los 4,880 expedientes programados en trámite anual, cifra mayor en 0.76 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 16.62 por ciento.

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Indicador Resultados a junio de 2012

de averiguaciones en materia de delincuencia organizada.

“Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delitos federales especializados”, el indicador se estableció para dar seguimiento a los expedientes de averiguaciones en materia de delitos de carácter especial (Delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial; fiscales y financieros; contra el ambiente y previstos en leyes especiales; y cometidos por servidores públicos y contra la administración de justicia) respecto al total en trámite, midiendo la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Público de la Federación atiende este tipo de investigaciones.

Durante el periodo de análisis se despacharon 979 expedientes de averiguaciones previas cifra que representa el 31.74 por ciento de los 3,084 expedientes programados de averiguaciones previas en trámite anual, cifra mayor en 5.97 por ciento respecto a la meta programada al periodo de 25.78 por ciento.

“Porcentaje de averiguaciones previas despachadas en materia de delitos electorales”, el indicador mide la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Público de la Federación atiende investigaciones de delitos federales electorales, respecto al total de expedientes en trámite de averiguaciones previas, a fin de evitar que se lesione o ponga en peligro el adecuado desarrollo de la función pública electoral federal.

Al mes de junio se han despachado 940 expedientes de averiguaciones previas en materia electoral cifra que representa el 49.47 por ciento con respecto a los 1,900 expedientes programados en trámite anual, cifra mayor en 14.68 por ciento respecto a la meta programada al periodo de 34.79 por ciento.

Fuente: Secretaría de la Función Pública. Cumplimiento al compromiso XXIV del ANSJL, junio de 2012

Propuestas:

Mejorar la coordinación del control de procesos entre la Procuraduría General de

la República y el Poder Judicial para incrementar la obtención de sentencias

condenatorias.

Desglosar la información relativa a averiguaciones previas iniciadas y

averiguaciones previas consignadas por los diferentes tipos de delitos federales.

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6. Fortalecer y consolidar las redes de atención a víctimas del delito a nivel nacional.

Las secretarías de Seguridad Pública, Gobernación, Desarrollo Social, Salud, así como el DIF-Nacional y la

Procuraduría General de la República, se comprometen a celebrar convenios con entidades federativas e

instancias de la sociedad civil en la materia, y a formular protocolos de actuación coordinada e intercambio

efectivo de información entre instituciones y órdenes de gobierno.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

Las secretarías de Seguridad Pública,

Gobernación, Desarrollo Social, Salud así

como el DIF Nacional y la Procuraduría

General de la República

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Seis meses.

Durante el sexenio, la política de atención a víctimas brindada por el Gobierno Federal, ha

sido modificada.

Posterior a la firma del ANSJL en 2009 se firmó el Convenio Marco para Fortalecer y

Consolidar las Redes de Atención a Víctimas del Delito a Nivel Nacional, y la Dirección de

Atención a Víctimas de la PGR le dio seguimiento. De acuerdo a la información oficial, se

elaboraron lo protocolos de actuación coordinada e intercambio efectivo de información

entre instituciones para la atención a víctimas destaca el fortalecimiento del Registro

Nacional de Víctimas del Delito y de la Red de Atención a Víctimas a nivel nacional.

El tema de atención a víctimas del delito, ha formado parte de la agenda de gobierno.

Durante la primera sesión de 2011 de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia

se abordó sobre el Fondo de Apoyo para las Víctimas y Ofendidos.

El 6 de septiembre de 2011 se creó por decreto presidencial la Procuraduría Social de

Atención a las Víctimas del Delito PROVÍCTIMA como un organismo descentralizado de la

Administración Pública Federal e inició operaciones formales el 10 de octubre de 2011.

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Creación de PROVICTIMA

Como parte de un compromiso del Presidente de la República, en septiembre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA), como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal. Esta institución surge como respuesta a la demanda de la ciudadanía de poner al alcance de las víctimas y ofendidos del delito los elementos que sean necesarios para que de manera oportuna reciban la atención integral e inmediata que merecen. Tiene cobertura nacional a través de 16 Centros de Atención a Víctimas (CAV) en 15 entidades federativas: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Yucatán y el Distrito Federal, donde además, existe un módulo de atención en cada terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Fuente: Sexto Informe de Gobierno, p. 4

De acuerdo a las cifras presentadas en el reporte de actividades del primer trimestre 2012

de PROVÍCTIMA se han atendido a 2,591 personas, y el Centro de Atención Telefónica ha

recibido 2,060 llamadas, y los Centros de Atención a Víctimas han brindado 19,167

servicios. Atención Global

Llamadas Telefónicas Atenciones Personales Servicios Otorgados

Enero 583 859 5,306

Febrero 559 872 7,192

Marzo 918 860 6,663 Fuente: PROVICTIMA. Informe Trimestral.

En cuanto al lugar en que fueron atendidas las personas destaca que el mayor porcentaje

lo ocupa la Ciudad de México, con el 31.5%.

Atención Personal

Centro % Personas Atendidas

Centro % Personas Atendidas

Ciudad de México, Distrito Federal

31.5 % Mérida, Yucatán 3.7 %

Guadalajara, Jalisco 8.1 % Cuernavaca, Morelos 3.2 %

Mazatlán, Sinaloa 6.7 % Tijuana, Baja California 3.1 %

Ciudad Juárez, Chihuahua 6.0 % Monterrey, Nuevo León 2.9 %

Tepic, Nayarit 6.0 % Guanajuato, Guanajuato 2.7 %

Tapachula, Chiapas 6.0 % Veracruz, Veracruz 2.2 %

Torreón, Coahuila 5.4 % T1 y T2 Aeropuerto, D.F. 2.2 %

Acapulco, Guerrero 4.5 % Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 1.5 %

Morelia, Michoacán 4.3 % Fuente: PROVICTIMA. Informe Trimestral.

En las cifras desagregadas por PROVICTIMA destaca que de cada 3 personas atendidas, 2

son mujeres y que el 86% de las personas manifiestan ser víctimas directas u ofendidos de

algún hecho delictivo.

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Durante el primer trimestre de 2012 se han llevado a cabo 19,167 sesiones con personal

especializado en diferentes áreas: jurídica, médica, psicológica y asistencia social.

Atención Personal

Tipo de Asesoría Numero de Sesiones Porcentaje

Asesoría Psicológica 8,303 49%

Asesoría Trabajo Social 5,273 27%

Asesoría Jurídica 4,396 15%

Asesoría Médica 1,195 8%

Fuente: PROVICTIMA. Informe Trimestral

En cuanto al tipo de víctimas del delito que se atienden en PROVICTIMA, destacan las 373

personas que fueron atendidas en relación a la desaparición de algún familiar o conocido.

Víctimas del delito que se atendieron en PROVICTIMA

Delitos de Alto Impacto Social Otros Delitos

Delito Personas atendidas

% Delito Personas atendidas

%

Desaparecidos 373 17 % Violencia Familiar 516 23 %

Homicidios 263 12 % Abuso Sexual 188 8 %

Privación Ilegal de Libertad

127 6 % Lesiones 70 3 %

Violación 119 5 % Responsabilidad Profesional

28 1 %

Secuestro 151 7 % Amenazas 52 2 %

Extorsión 18 1 % Negligencia Medica

22 1 %

Trata de Personas

53 2 % Robo 45 2 %

Abuso de Autoridad

20 1 %

Otros 191 9 % Fuente: PROVICTIMA. Informe Trimestral

También están los avances que se reportan en el Sexto Informe de Gobierno, en el que

destaca la polémica Ley de General de Víctimas y la creación del Sistema Nacional de

Atención a Víctimas. Ley General de Víctimas

El 17 de abril de 2012 fue presentada la Ley General de Víctimas, cuyo objeto es establecer el derecho de la víctima a obtener facilidades en la presentación de denuncias. Se crea el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y se establece la obligación de las autoridades de ingresar la denuncia a dicho sistema, además se generan mecanismos de coordinación institucional para atención de víctimas, así como medidas judiciales, administrativas y económicas, que garanticen los derechos de las víctimas del delito y la no violación a sus derechos humanos, considerando la reparación integral del daño, restitución de sus derechos violados, correcta atención y diligencia, así como aquellos consagrados en la Constitución. La iniciativa fue aprobada el 30 de abril de 2012, y remitida al Ejecutivo Federal el 1 de

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junio de 2012 para los efectos del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de promulgación y publicación. No obstante, el Ejecutivo Federal remitió en tiempo y forma el Decreto con observaciones a la Cámara de Senadores el 1 de julio de 2012, en ejercicio de la facultad constitucional del apartado B del artículo 72, debido a que la promulgación y publicación de la misma no era viable en razón de que presenta inconsistencias constitucionales, como la falta de la facultad constitucional para que el Congreso de la Unión expida una Ley General de Víctimas, inconsistencias respecto al esquema de protección de reparación del daño principalmente por el planteamiento de altos e incuantificables costos, además de inconsistencias al marco institucional propuesto, al no ser armónica con la Ley Federal de Entidades Paraestatales. - Actualmente la publicación de la norma está suspendida hasta la resolución de la Controversia Constitucional 68/2012 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. - El Ejecutivo Federal, en coordinación con la organizaciones de la sociedad civil, trabaja en la iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley General de Atención y Protección de los Derechos de las Víctimas, misma que pretende cumplir con los objetivos propuestos por la Ley General de Víctimas y subsanar las inconsistencias legales que propiciaron la imposibilidad de su promulgación y publicación.

Fuente: Sexto Informe de Gobierno, p. 22

Propuestas:

Incrementar el número de centros de atención a víctimas de PROVICTIMA

Difundir los servicios y asesorías que proporciona PROVICTIMA para llegar a un

mayor número de personas que requieren ser atendidas.

Consensar la implementación de la Ley General de Víctimas con la sociedad civil y

con los gobiernos estatales.

Incentivar la coordinación con las entidades federativas para la atención a víctimas

del delito, y la aplicación del modelo integral de atención.

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7. Regular el registro, establecimiento y acceso a bases de datos de los equipos de

telefonía móvil y fija, así como en el acceso a la información sobre la ubicación física de

los móviles en tiempo real, en los casos en que sean aparatos y números telefónicos

involucrados en actividades delictivas

Las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Economía, Seguridad Pública, así como la Procuraduría

General de la República y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se comprometen a emitir o, en su caso,

a promover un instrumento de regulación, realización de inspecciones y aplicación de las normas en caso de

incumplimiento.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

Las secretarías de Comunicaciones y

Transportes, Economía, Seguridad Pública,

así como la Procuraduría General de la

República y la Comisión Federal de

Telecomunicaciones.

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Seis meses.

La regulación de la telefonía móvil y fija significa la posibilidad de reducir la oportunidad

de que estos sean utilizados de manera ilícita, es decir que sean usados en actividades

delictivas. Desafortunadamente los avances que se registraron a partir de la firma del

Acuerdo, fueron revertidos.

En 2009 se reformó la Ley Federal de Telecomunicaciones en la que se establece el

Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT). Paralelamente se inició una

plataforma en internet para que los usuarios registraran su teléfono móvil asociado a la

CURP.

Se estableció el 10 de abril de 2010 como la fecha límite para que todos los teléfonos

celulares que existen en el país se dieran de alta en el Registro Nacional de Usuarios de

Telefonía Móvil (RENAUT) sin embargo en el mes de marzo de 2011 los diputados

integrantes de la Comisión de Comunicaciones exhortaron al Ejecutivo Federal, para que a

través de la SCT, realice una evaluación exhaustiva, sobre la integración, operación y

eficacia del RENAUT.

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En abril de 2011 la Cámara de Diputados exhortó al Ejecutivo federal a evaluar la

integración, operación y eficacia del RENAUT, conforme a las disposiciones establecidas en

la Ley Federal de Telecomunicaciones.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes señaló en la información entregada a

Causa en Común A. C., que el 29 de abril de 2011, el Pleno del Senado de la República

aprobó la iniciativa de proyecto de decreto que reforma a la Ley Federal de

Telecomunicaciones y la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social

de los Sentenciados; cuyo objetivo principal fue derogar el Registro Nacional de Usuarios

de Telefonía Móvil (RENAUT)14. Dentro de las modificaciones propuestas, destacan las

siguientes medidas:

Faculta a las procuradurías federal y/o estatales solicitar a los concesionarios del

servicio de telecomunicaciones, a través de la COFETEL, a realizar la localización

geográfica en tiempo real, de las comunicaciones que estén relacionadas con

delincuencia organizada.

Establece disposiciones que contribuyan a inhibir el robo de celulares y su uso para

fines delictivos a través del bloqueo inmediato de los equipos de comunicación

que sean reportados por el usuario como robado o extraviado.

Garantiza que los celulares cuenten con dispositivos de emergencia que permitan

que permitan enviar señales de auxilio.

Establece que los centros penitenciarios cuenten con equipos que permitan

bloquear o anular las señales de telefonía móvil o radiocomunicación dentro del

perímetro del establecimiento garantizando la continuidad y seguridad de los

servicios al exterior. La operación sería monitoreada por el Sistema Nacional de

Seguridad Pública (SNSP), con la colaboración de los concesionarios.

Obliga a los concesionarios a informar a las autoridades cualquier variación o

interrupción en la funcionalidad u operatividad de los equipos utilizados para

inhibir o bloquear las comunicaciones en los centros penitenciarios.

Instituye que los concesionarios tendrán un plazo en horas para entregar la

información requerida por la PGR o procuradurías estatales.

14

Esta iniciativa fue aprobada en la Cámara de Senadores por 80 votos a favor y pasó a la Cámara de Diputados

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Propuestas:

Coadyuvar con los cambios legislativos que se implementen para combatir los

delitos derivados de las telecomunicaciones.

Establecer disposiciones para inhibir el uso de teléfonos celulares en actividades

delictivas.

Establecer protocolos de coordinación con los concesionarios de telefonía móvil

para realizar investigaciones en las que se involucren teléfonos celulares.

Inhibir la comunicación a través de teléfonos celulares en los centros de

readaptación federales y estatales.

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8. Asegurar la cobertura de un número único en todo el país para el sistema de atención

de emergencias (066) y para el servicio de denuncia ciudadana anónima (089).

Las secretarías de Seguridad Pública y Comunicaciones y Transportes, así como la Procuraduría General de

la República y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se comprometen a apoyar a las entidades

federativas para poner en funcionamiento estos sistemas en cada una de ellas.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

Las secretarías de Seguridad Pública y

Comunicaciones y Transportes, así como la

Procuraduría General de la República y la

Comisión Federal de Telecomunicaciones

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Seis meses.

Lo que este compromiso busca es asegurar la cobertura de un número único de

emergencias y de denuncia anónima, tomando en cuenta que en 2005 con la firma del

Acuerdo Nacional por un México Seguro se estableció poner en servicio en todo el país los

números telefónicos 066 de emergencia y 089 de denuncia anónima, con la idea

fundamental de que la ciudadanía participe y unifique esfuerzos con las dependencias de

seguridad para combatir la delincuencia.

A cuatro años de la firma del Acuerdo, el 066 no es el único número telefónico de

emergencia que se utiliza a nivel nacional. De acuerdo al diagnóstico realizado por el

SESNSP en 2010, operaban más de 600 números diferentes, y se estima que el promedio

de atención por llamada es superior a los 17 minutos.

En cuanto al 089 se refiere que se cuenta con 32 centros estatales y con el 100% de

cobertura en los municipios.

En la información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública se refiere lo siguiente:

El Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 066 abarca 2390 municipios y

es soportada por 277 Centros de Atención de Llamadas de Emergencia 066 a nivel

nacional.

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El Servicio de Atención de Llamadas de Denuncia Anónima 089 abarca 2456

municipios y es soportada por 32 Centros de Atención de Llamadas de Denuncia

Anónima 089 estatales a nivel nacional.

El monto aproximado asignado al programa del Servicio de Atención de Llamadas

de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089 en 2012 fue de: a) FASP

$372,076,477.13; b) PROASP $61,667,552.64; c) Aportación Estatal

$235,935,021.12; d) Monto Total $669,679,050.89.

Además, de la multiplicidad de números de emergencia, persisten los problemas de

enrutamiento, así como una gran diversidad de bases de datos en cada entidad.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la información entregada a Causa en

Común, señala en relación a la operación de los servicios de atención a llamadas de

emergencia y denuncia anónima que operan en el país:

Actualmente el Código de Servicio Especial 066 opera en las 32 entidades

federativas, de las cuales en 15 como único prefijo de atención a emergencias.

Por su parte las 32 entidades federativas operan bajo el Código de Servicio Especial

089 para la atención de la Denuncia Anónima reportada por la ciudadanía.

En el Sexto Informe de Gobierno se señala que el SESNSP ejecutó el protocolo de

marcación en 19 entidades federativas.

Resultados del Servicio de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089

Para mejorar la operación del Servicio telefónico para emergencias y denuncia anónima, el SESNSP ejecutó el protocolo de marcación en 19 entidades federativas documentando el nivel de disponibilidad y gratuidad del servicio 066, así como la disponibilidad y anonimato del servicio 089. Asimismo, se actualizaron en 27 entidades federativas las matrices de enrutamiento para la entrega de llamadas hechas por la ciudadanía al Centro de Atención correspondiente de acuerdo a su ubicación

Fuente: Sexto Informe de Gobierno, p.37

El servicio de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 es un programa con

prioridad nacional y por esta razón le entregan recursos federales como se presenta en la

siguiente tabla.

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Recursos asignados

2012

Estado Servicio de llamadas de

emergencia 066 y de denuncia anónima 089

Estado Servicio de llamadas de

emergencia 066 y de denuncia anónima 089

Aguascalientes 278,000 Morelos 3,775,000.00

Baja California 29,188,964 Nayarit 9,840,000

Baja California Sur 10,504,109 Nuevo León 12,700,000

Campeche 903,000 Oaxaca 29,954,000

Coahuila 30,000,000 Puebla 21,055,000

Colima 21,303,900 Querétaro 6,550,000

Chiapas 6,556,000 Quintana Roo 4,600,000

Chihuahua 2,220,000 San Luis Potosí 6,940,000

Distrito Federal 0 Sinaloa 28,000,000

Durango 1,000,000 Sonora 85,365,231

Guanajuato 8,000,000 Tabasco 5,666,788

Guerrero 2,698,000 Tamaulipas 5,100,000

Hidalgo 3,000,000 Tlaxcala 13,540,000

Jalisco 13,000,000 Veracruz 37,384,734

México 19,500,000 Yucatán 4,550,000

Michoacán 1,889,125 Zacatecas 16,841,000 Fuente: SESNSP. Recursos 2012

Propuestas:

Garantizar la conectividad de todas las entidades federativas al Servicio de

llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089.

Publicar las estadística referentes al Servicio de llamadas de emergencia 066 y de

denuncia anónima 089

Mejorar el tiempo de atención del servicio de emergencias 066 en las entidades

federativas.

Promover la utilización del 066 y 089 como indicativos únicos de atención de

emergencias y denuncia anónima respectivamente, a nivel nacional.

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9. Fortalecer, con la participación de la sociedad civil, el sistema de denuncias contra la

corrupción y la mala actuación de servidores públicos federales de seguridad y

procuración de justicia.

Las secretarías de Seguridad Pública, de la Función Pública, así como la Procuraduría General de la

República, se comprometen a incluir mecanismos de observación ciudadana en la recepción e investigación

de denuncias y procedimientos de sanción.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

Las secretarías de Seguridad Pública, de la

Función Pública, así como la Procuraduría

General de la República

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Tres meses

A cuatro años de la firma del ANSJL, la Secretaría de la Función Pública, continúa

actualizando mes con mes la información relativa a las denuncias por corrupción y mala

actuación de servidores públicos federales que trabajan en seguridad y procuración de

justicia.

Asimismo continúa funcionando el número 01800 FUNCION y el buzón electrónico que

enlaza las quejas y denuncias.

En concordancia con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, la

Secretaría de la Función Pública realiza un monitoreo mes a mes de las denuncias por

corrupción y mala actuación de servidores públicos federales que trabajan en seguridad y

procuración de justicia. A continuación se presentan las cifras registradas al 30 de junio de

2012.

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Denuncias por corrupción y mala actuación de servidores públicos federales en seguridad y justicia

Fuente: Secretaría de la Función Pública. Reporte Ciudadano ANSJL

Medios de captación

Fuente: Secretaría de la Función Pública. Reporte Ciudadano ANSJL

Número de Servidores Públicos denunciados

Fuente: Secretaría de la Función Pública. Reporte Ciudadano ANSJL

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Nivel de Servidores Públicos denunciados

Fuente: Secretaría de la Función Pública. Reporte Ciudadano ANSJL

Como se observa en el reporte de la Secretaría de la Función Pública el mayor porcentaje

de servidores públicos denunciados corresponde a los policías y los respectivos mandos

policiacos.

En el Sexto Informe de Gobierno se reportan estos datos estadísticos como parte del

Acuerdo Nacional y refieren que desde la firma se recibieron 2,667 quejas y denuncias

relacionadas con funcionarios de seguridad y justicia.

Resultados del sistema de denuncias contra la corrupción y la mala actuación

de servidores públicos federales de seguridad y procuración de justicia

Como parte del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (ANSJL), en agosto de 2008 se conformó un grupo de trabajo integrado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF). A junio de 2012, se obtuvieron los siguientes resultados: - Entre agosto de 2008 y abril de 2012 se recibieron 2,667 quejas y denuncias vinculadas con el sector

seguridad, mismas que fueron turnadas para su revisión en los órganos internos de control de las instancias del sector de referencia.

- Del total de quejas y denuncias recibidas por la Secretaría de la Función Pública, 1,747 corresponden a servidores públicos distribuidos de la siguiente forma según el nivel de mando: 191 corresponden a mandos policiacos (10.9%), 1473 a policías (84.3%), 31 a custodios (1.8%), 26 a ministerios públicos (1.5%) y 26 a personal administrativo (1.5%).

- De las 2,667 quejas y denuncias recibidas, el 42% derivó en el inicio de un proceso de investigación para determinar presuntas responsabilidades administrativas y en el 58% restante las quejas y denuncias fueron archivadas al encontrarse elementos suficientes para iniciar la investigación correspondiente.

Fuente: Sexto Informe de Gobierno, p. 52

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Propuestas:

Continuar actualizando mes con mes la información relativa a las denuncias por

corrupción y mala actuación de servidores públicos federales que trabajan en

seguridad y procuración de justicia.

Mantener en funcionamiento el funcionando el número 01800 FUNCION y el buzón

electrónico que enlaza las quejas y denuncias.

Difundir los mecanismos de observación ciudadana en la recepción de denuncias e

informar a la población sobre los procedimientos de sanción.

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10. Adecuar el modelo de coordinación y el arreglo institucional de atención a la

seguridad pública, para garantizar la responsabilidad compartida entre la Federación, las

entidades federativas y los municipios.

Las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación, en atención a las necesidades planteadas por las

entidades federativas, se comprometen a elaborar el proyecto de iniciativa de una nueva Ley General del

Sistema Nacional de Seguridad Pública a fin de que sea presentada por el Ejecutivo Federal ante el

Congreso de la Unión. Algunos de los principales objetivos de la ley son las directrices de un modelo de

policía homogéneo; establecer las diferentes etapas del servicio de carrera de las instituciones de seguridad

pública y de la certificación de sus integrantes; regular la implementación de bases de datos criminalísticos

y de personal; así como disponer las reglas generales para la administración de los fondos de ayuda federal.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

Las secretarías de Seguridad Pública y

Gobernación

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Presentación de la iniciativa en septiembre

de 2008

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue presentada por el Ejecutivo

Federal al Congreso de la Unión y publicada el 2 de enero de 2009 en el Diario Oficial de la

Federación. En el siguiente cuadro se presenta cronológicamente el proceso de

dictaminación de la Ley, hasta ser aprobada y publicada en el Diario Oficial de la

Federación.

Proceso Legislativo

Estado Breve Fecha

PRESENTADO EN ORIGEN 02/10/2008

APROBADO EN COMISION(ES) ORIGEN 03/12/2008

APROBADO EN ORIGEN 04/12/2008

APROBADO EN COMISION(ES) REVISORA 09/12/2008(Publicación en Gaceta)

APROBADO CON MODIFICACIONES EN REVISORA 09/12/2008

APROBADO EN COMISION(ES) ORIGEN 11/12/2008(Publicación en Gaceta)

MODIFICACIONES APROBADAS 11/12/2008

TURNADO AL EJECUTIVO 11/12/2008

PUBLICADO EN D.O.F. 02/01/2009

Fuente: Sistema de Información Legislativa

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Posterior a su publicación se realizaron diversas reformas y adiciones al Código Penal

Federal que fueron publicadas en el DOF el 24 de mayo de 2009.

Propuestas:

Coadyuvar a la armonización de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad

Pública en las entidades federativas.

Enfatizar en qua las leyes estatales correspondan a un modelo de policía

homogéneo, al establecimiento del servicio de carrera de las instituciones de

seguridad pública y de la certificación de sus integrantes, a la regulación de la

implementación de bases de datos criminalísticas y de personal, y de la

reglamentación para la administración de los fondos federales.

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11. Actualizar las licencias colectivas de portación de armas que expida la Secretaría

de la Defensa Nacional a los cuerpos de seguridad pública.

La Secretaría de la Defensa Nacional se compromete a autorizar el equipamiento de las instituciones

de seguridad pública con armas automáticas y de calibre superior a los cuerpos de seguridad que

cumplan con los compromisos establecidos en este acuerdo.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

La Secretaria de la Defensa Nacional

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Tres meses.

El 4 de noviembre de 2008, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, emitió el

oficio en el que estable los lineamientos para la actualización de las licencias colectivas de

portación de armas. En el discurso del Gral. Guillermo Galván Galván en el marco de la

XXIV Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se autorizó el equipamiento de las

instituciones de seguridad pública con armas automáticas y de calibre superior a los

cuerpos de seguridad, que cumplan con los compromisos establecidos en el Acuerdo

Nacional.

Asimismo en abril de 2010 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad

Pública, publicó los lineamientos del Registro Nacional de Armamento y Equipo.

Lineamientos del Registro de las Armas

1. Todas las armas deberán ser inscritas en la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos. 2. El portal del Registro Nacional de Armamento y Equipo de la Plataforma México será la única herramienta informática utilizada por las personas responsables y autorizadas de los tres órdenes de gobierno para mantener actualizada la información del armamento que legalmente se encuentre en territorio nacional. 3. Sólo los funcionarios responsables y debidamente inscritos para el uso de la Plataforma México podrán, según sea el caso, dar de alta y baja, actualizar y consultar la información de Armamento de acuerdo a su competencia. 4. Sin menoscabo del la inscripción en el RNAE a través de Plataforma México, las Instituciones Involucradas deberán ajustarse a los requerimientos definidos por la mencionada Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos. 5. La mencionada Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos será la instancia responsable de validar cada uno de los registros que se encuentren en el RNAE. 6. Las Instituciones Involucradas llevarán a cabo, a través de su personal responsable y autorizado, la integración de las de altas de armamento, así como los cambios y bajas del mismo en el RNAE a través de la Plataforma México; esto en un plazo no mayor a las 48 horas a partir de ocurrido el cambio. 7. En el caso de las empresas de seguridad privada, la Dirección General de Seguridad Privada será la encargada de integrar los datos en el RNAE, respetando el plazo señalado.

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8. Las Instituciones Involucradas deberán realizar revisiones periódicas de su armamento y cotejarlo contra los datos en el RNAE 9. El RNAE se conformará con la información que amparan las Licencias Oficiales Colectivas (LOC) otorgadas a las entidades federativas, el Distrito Federal y las dependencias federales, así como las Licencias Particulares Colectivas otorgadas a empresas de seguridad privada. 10. Se incluirá en el RNAE tanto las armas como las municiones de las instituciones de Seguridad Pública y de las empresas de seguridad privada, aportando en el caso de armas los datos como el número o nombre de la licencia oficial colectiva o particular, número de folio C y D, tipo de arma, calibre, marca, modelo, matrícula, país de fabricación y demás elementos para su pronta identificación y localización. 11. Los responsables de ejecutar las bajas son las Instituciones Involucradas que registraron armas bajo la LOC correspondiente. 12 Las Instituciones Involucradas recabarán la huella balística de su armamento, así como de las armas que lleguen a asegurar.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Propuesta:

Establecer los indicadores que permitan evaluar y dar seguimiento a la

actualización de las licencias de portación de armas.

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12. Expedir la Cédula de Identidad

La Secretaría de Gobernación se compromete a integrar en un solo sistema el Servicio Nacional de

Identificación Personal, que servirá de base para el propósito de identificación personal en los trámites más

relevantes ( 3 años)

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

La Secretaría de Gobernación

TIEMPO DE EJECUCIÓN

3 años

En 2011 venció el tiempo de ejecución para integrar en un solo sistema el Servicio

Nacional de Identificación Personal, y se iniciaron los trabajos de registro para obtener la

cédula de identidad en Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guanajuato,

Jalisco y Sinaloa.

De acuerdo a la información enviada por la Secretaría de Gobernación el Servicio Nacional

de Identificación inició en 2011 con la inscripción al Registro de Menores de Edad y

expedición de la Cédula de Identidad Personal de menores de entre 4 y 17 años de edad.

En 2012 se instalaron módulos fijos para expedir la Cédula de identidad en 10 entidades.

Además se instalan módulos itinerantes en diferentes ciudades.

Módulos fijos para expedir la Cédula de identidad

Estado Numero de módulos

Aguascalientes 1

Baja California Sur 1

Colima 7

Chiapas 1

Distrito Federal 6

Estado de México 1

Guanajuato 1

Jalisco 1

Morelos 1

Sinaloa 1 Fuente: Portal de la Secretaría de Gobernación

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De acuerdo a la información proporcionada por la Subsecretaría de Población, Migración y

Asuntos Religiosos al 19 de septiembre de 2012 se han captado 5, 556,974 registros a

menores entre 4 y 17 años y se han expedido 1, 937,045 cédulas de identidad.

Cédulas de identidad expedidas

Entidad Registros

2011 Registros

2012 Población

de 4 a 17 años % de menores

registrados en 2012

Aguascalientes 0 9,193 374,108 2.46

Baja California 335,507* 259,597 907,847 28.59

Baja California Sur 0 6,874 175,427 3.92

Colima 105,334* 80,803 181,665 44.48

Chiapas 39,268 176,231 1,634,821 10.78

Distrito Federal 263,167 263,167 2,042,665 12.88

Guanajuato 622,072 724,321 1,730,686 41.85

Jalisco 17,341 223,439 2,156,471 10.36

México 0 8,409 4,394,450 0.19

Morelos 0 66,500 510,020 13.04

Sinaloa 11,413 118,511 810,633 14.62

Total 1,130,935 1,937,045 14,918,793 12.98

Fuente: Cuadro de elaboración propia con información de SEGOB entregada a Causa en Común A. C. a través de INFOMEX

*En el caso de Baja California y Colima las cifras entregadas en 2011 son más altas que las entregadas en 2012

Se incrementó de 1, 130,935 cédulas expedidas en 2011 a 1, 937,045 en 2012 y el

registro se amplió a las entidades de Aguascalientes, Baja California Sur, Estado de México

y Morelos.

Como se observa en el cuadro, de 2011 a 2012 hay una inconsistencia en la información

proporcionada por la Secretaría de Gobernación a través del Sistema de Acceso a la

Información Pública. En 2011 se reportó que en Baja California se habían expedido

335,507 cédulas y en 2012 refieren que disminuyó a 259,597, lo mismo ocurre en Colima

donde reportaron 105,334 cédulas en 2011 y en 2012 tan sólo 80,803.

Esta inconsistencia revela que la Secretaría de Gobernación no está proporcionando la

información verídica, que ha manipulado las cifras y ni siquiera ha tenido la capacidad de

engañarnos sistemáticamente para mostrar cifras ascendentes.

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Tomando en consideración el total de población registrada en 2010 por INEGI, se

encuentra que tan sólo el 12.98% de los menores (de estas 11 entidades) cuentan con su

cédula de identidad.

Las entidades que registran mayor avance son Colima y Guanajuato con más del 40% de la

población entre 4 y 17 años con cédula de identidad, sin embargo hay entidades como

Estado de México, Baja California Sur y Aguascalientes con menos del 3% de población

registrada.

Propuestas:

Hacer valida la Ley General de Población que establece la existencia de dos tipos

de cédula de identidad: Cédula de Identidad Ciudadana (para personas de 18 años

y más) y la Cédula de Identidad Personal (para personas menores de 18 años.

Rendir cuentas oportuna y verídicamente sobre los avances en el número de

cédulas expedidas por entidad federativa.

Difundir los componentes que integran la Cédula de Identidad, así como los

beneficios a la población en general.

Garantizar la confidencialidad de los datos del Servicio Nacional de Identificación

para que estos no puedan ser extraídos y/o manipulados por personas ajenas.

Ampliar la cobertura de los módulos fijos e itinerantes para expedir la Cédula de

Identidad a nivel nacional.

Difundir la ubicación de los módulos para que un mayor número de menores

puedan ser registrados.

Capacitar al personal encargado del registro para mejorar el proceso y tiempos del

levantamiento.

Actualizar las redes de telecomunicaciones para transmitir la información

registrada lo más rápido y eficientemente posible, con ninguna posibilidad de

intervención y error.

Garantizar que el presupuesto se otorgue y ejerza en relación al número de

cédulas que se planea expedir.

Consensar la unificación de los diferentes registros que existen a nivel nacional:

CURP, IFE, RFC, Cédula de Identidad, etc. Tener estos diferentes registros

incrementa los costos y vuelve más difícil la identificación de las personas.

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13. Fortalecer el Sistema Penitenciario

La Secretaría de Seguridad Pública se compromete construir dos Centros Federales de Readaptación Social

de alta seguridad, incluyendo módulos especiales, para secuestradores.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

La Secretaría de Seguridad Pública.

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Dos años

En julio de 2011, después de varios años de trabajos de rehabilitación el CEFERESO 8 en

Guasave Sinaloa entró en funciones. La construcción del este centro tardó más de 9 años y

fue proyectado con capacidad para 2,400 internos.

En cuanto al penal de Papantla este aún no entra en funciones, de acuerdo a las noticias

locales publicadas en la primera semana de septiembre de 2012, en los municipios de

Papantla y Poza Rica continúan instalados -en sus respectivos ayuntamientos- los módulos

de reclutamiento del sistema penitenciario y se les anuncia que “quienes serán los

seleccionados tendrán un sueldo entre los 9 mil y 11 mil 500 mensuales más prestaciones

de ley”

En cuanto a los módulos especiales para secuestradores se anunció el 1 de julio de 2011

durante la XXX Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que se implementarán

como parte del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar el Secuestro.

El Sexto Informe de Gobierno señala que en 2006 había un total de seis centros con

capacidad para 6,192 internos y para junio de 2012 se cuenta con un total de 13 centros

con capacidad para 18,684 internos

Infraestructura penitenciaria federal

El Gobierno Federal ha trabajado para superar el rezago estructural y de operación existente en el Sistema Penitenciario Nacional, lográndose el escalamiento de infraestructura en penales de máxima seguridad federales a efecto de que antes de que finalice esta administración, se atienda la totalidad de la población de internos del fuero federal. En diciembre de 2006 existían seis centros penitenciarios federales con capacidad para 6,192 internos; en junio de 2012 se cuenta con 13 centros penitenciarios con capacidad para 18,684 internos: la Colonia Penal Federal Islas Marías, el Centro Federal de

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Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), el Centro Federal Femenil Noroeste y los CEFERESOS No. 1 "Altiplano", No. 2 "Occidente", No. 3 "Noreste", No. 4 "Noroeste", No. 5 "Oriente", No. 6 "Sureste", No. 7 "Nor-Noroeste”, No. 8 "Nor-Poniente", No. 9 "Norte" y el No. 10 "Nor-Noreste".

Fuente: Sexto Informe de Gobierno, p. 3-4

Los últimos centros que se han integrado son el de Juárez, Chihuahua en septiembre de

2011, el de Monclova, Coahuila en mayo de 2012.

Nueva Infraestructura Penitenciaria Federal

- Se incorporó al SPF el CEFERESO No. 9 Norte, ubicado en la reserva El Cantón, Municipio de Juárez, Chihuahua. Dicho centro penitenciario comenzó a operar en septiembre de 2011 y tiene una capacidad instalada para 934 internos. - Mediante el Acuerdo 02/2012 del Secretario de Seguridad Pública, el Centro Federal de Readaptación Social de Monclova, Coahuila, se incorporó al Sistema Penitenciario Federal como CEFERESO No. 10 Nor-Noreste, el cual inició operaciones en mayo de 2012, con una capacidad instalada para 964 internos. - En el Complejo Penitenciario Islas Marías se continuó con las obras de rehabilitación y ampliación de la infraestructura instalada. En diciembre de 2011 se alcanzó la meta de 8 mil espacios penitenciarios.

Fuente: Sexto Informe de Gobierno, p. 33

Propuestas:

Iniciar las funciones del penal de máxima seguridad en Papantla, Veracruz.

Certificar a los custodios de los centros federales de readaptación social.

Incrementar el número de módulos especiales para secuestradores.

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14. Revisar el concepto de “Socorro de Ley” por interno federal en centros de

readaptación social estatales.

La Secretaría de Seguridad Pública se compromete a revisar con los titulares de los ejecutivos de las

entidades federativas, los montos asignados por concepto de Socorro de Ley por interno federal en centros

de readaptación social estatales.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

La Secretaría de Seguridad Pública.

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Seis meses.

El Presupuesto de Egresos de la Federación mantiene el mismo monto en 2010 y 2011 y lo

reduce en 2012 por el concepto de pago de cuota alimenticia de internos del fuero federal

en custodia en los estados, denominado como “Socorro de Ley”.

Para la manutención de los internos del fuero federal, el Gobierno Federal cubre el

denominado Socorro de Ley por concepto de alimentación que albergan los centros

estatales. Para 2011 el presupuesto fue de $932,500,000 manteniendo la cuota diaria de

$75 por interno, y para 2012 el presupuesto asignado fue reducido a $767,900,000 que

equivale a una cuota diaria de $64 que resulta insuficiente para cubrir los costos de los

internos federales en los centros estatales. Sobre todo, cuando se trata de personas que

cometieron delitos del fuero federal y requieren atención diferenciada.

Socorro de Ley

Clave Programa presupuestario 2010 PEF 2011 PEF 2012 PEF

R006 Pago de Cuota Alimenticia por internos del Fuero Federal en Custodia de los Gobiernos Estatales

$932,500,000 $932,500,000 $767,900,000

Fuente: Presupuesto Público Federal para la Función Orden, Seguridad y Justicia, 2010-2012

Como se presenta en el siguiente gráfico se registró una disminución de más del 10% del

2011 al 2012.

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Socorro de Ley

Fuente: Cámara de Diputados “El Presupuesto Público Federal para la Función Orden, Seguridad y Justicia, 2010-2011”

Aunada a la disminución de recursos, es importante revisar las estadísticas que reflejan la

problemática en los centros estatales y que refleja la necesidad de Centros Federales de

Readaptación Social, para trasladar a los internos.

Población penitenciaria nacional por entidad. Centros penitenciarios estatales 2012

Entidad Capacidad Población Sobrepoblación

relativa Porcentaje de internos

del fuero federal Número de internos

del fuero federal

Total /Promedio 170,400 219,449 50,512 15.06 33,043

Aguascalientes 1,275 1,599 324 23.33 373

Baja California 14,987 16,677 1,690 26.07 4,348

Baja California Sur 1,746 1,710 -36 18.36 314

Campeche 1,704 1,485 -219 14.07 209

Chiapas 4,903 7,163 2,260 10.82 775

Chihuahua 6,091 6,611 520 16.55 1,094

Coahuila 2,877 2,628 -249 14.76 388

Colima 2,625 2,695 70 10.17 274

Distrito Federal 23,261 42,150 18,889 10.53 4,439

Durango 3,454 2,612 -842 23.47 613

Guanajuato 5,896 4,324 -1,572 17.35 750

Guerrero 3,682 5,288 1,606 21.8 1,153

Hidalgo 1,987 3,248 1,261 8.44 274

Jalisco 9,279 16,626 7,347 22.65 3,766

México 10,379 18,048 7,669 7.21 1,302

Michoacán 9,141 5,743 -3,398 21.56 1,238

Morelos 2,084 3,362 1,278 19.75 664

Nayarit 1,476 2,798 2,785 12.97 363

Nuevo León 6,605 9,552 2,947 19.97 1,908

Oaxaca 4,713 4,685 -28 18.1 848

Puebla 6,012 8,379 2,367 8.33 698

Querétaro 2,571 2,304 -267 12.02 277

Quintana Roo 2,560 3,007 447 9.71 292

San Luis Potosí 3,285 3,269 -16 3.92 128

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Entidad Capacidad Población Sobrepoblación

relativa Porcentaje de internos

del fuero federal Número de internos

del fuero federal

Sinaloa 6,648 5,730 -918 24.1 1,381

Sonora 7,880 12,495 4,615 21.49 2,685

Tabasco 3,521 5,622 2,101 7.36 414

Tamaulipas 7,310 6,964 -346 22.17 1,544

Tlaxcala 1,051 861 -190 15.8 136

Veracruz 6,946 7,876 930 1.69 133

Yucatán 2,345 2,599 254 5.77 150

Zacatecas 2,106 1,339 -767 8.36 112

Nota: Se marca en rojo los centros con sobrepoblación

Fuente: Elaboración propia con información publicada por la Secretaría de Seguridad Pública

Como se observa, existen entidades federativas, cuyos centros de readaptación social

albergan a más del 20% de internos federales del total de su población, este es el caso de

Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Durango, Baja California y

Aguascalientes.

Porcentaje de internos del fuero federal

en relación a la población penitenciaria de cada entidad federativa

2012

Fuente: Elaboración propia con información publicada por la Secretaría de Seguridad Pública

En algunos casos la sobrepoblación de los centros estatales corresponde al número de

internos del fuero federal. Esto significa que si los internos federales fueran trasladados a

los centros federales, no habría sobrepoblación. Por ejemplo en Aguascalientes su

sobrepoblación es de 324 internos, y el número de internos federales es de 374.

Por el contrario en los Centros Federales de Readaptación Social continúan existiendo

centros sin sobrepoblación, como es el caso de los centros 6, 7, 8 y 9.

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Población penitenciaria de los Centros Federales de Readaptación Social

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Centros Federales de Readaptación Social Capacidad Población Sobrepoblación

CEFERESO No. 1 “Altiplano” 836 842 6

CEFERESO No. 2 “Occidente” 836 861 25

CEFERESO No. 3 “Noreste” 836 851 15

CEFERESO No. 4 “Noroeste” 1360 1607 247

CEFERESO No. 5 “Oriente” 2538 4375 1837

CEFERESO No. 6 “Sureste” 648 330 -318

CEFERESO No. 7 “Nor-Noroeste” 480 337 -143

CEFERESO No. 8 “Nor-Poniente” 656 545 -111

CEFERESO No. 9 “Norte” 934 853 -81

CEFEREPSI 460 311 -149

Colonia Penal Federal Islas Marías 8,040 7,673 -367

Total/Promedio 17,624 18,585 961

Nota: Se marca en rojo los centros con sobrepoblación

Fuente: Elaboración propia con información publicada por la Secretaría de Seguridad Pública

Propuestas:

Trasladar a los centros federales al mayor número posible de internos del fuero

federal, priorizando en aquellos de mayor peligrosidad.

Mantener actualizado los ingresos por concepto de Socorro de Ley en relación al

número de internos y el índice de precios.

Apoyar a los centros estatales en la capacitación para la atención de población

penitenciaria federal para evitar conflictos al interior de los centros y evitar

motines y fugas.

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15. Fortalecer el Sistema de Aduanas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se compromete a modernizar todas las aduanas del país con

tecnología y a mejorar sus procesos e infraestructura para reducir el contrabando, en particular el tráfico de

armas y de precursores químicos.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Dos años

El fortalecimiento del sistema de aduanas ha respondido principalmente al Plan de

Modernización de Aduanas. Durante 2010 y 2011 destaca el incremento del flujo de

pasajeros en los cruces fronterizos así como del número de vehículos.

Crecimiento del flujo de pasajeros

En 2011, el cruce fronterizo terrestre registró un total de 405.2 millones de pasajeros, con un promedio diario de 1,110,369 personas. En cuanto a vehículos, se reportó un ingreso promedio diario de 118,324; durante el programa Paisano este promedio se incrementó a 130,986 vehículos diarios, alcanzando un pico diario de 142,933 en noviembre de 2011.

Fuente: www.aduanas.com

En cuanto a la modernización, destacan los proyectos de simplificación con los que se ha logrado agilizar los trámites aduaneros sin descuidar la seguridad.

Principales proyectos de simplificación

Modernización de sistemas

Reingeniería de procesos

Aduana sin papel

SAAI web

Carriles FAST y Exprés

Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM)

Nuevo Esquema de Empresas Certificadas (NEEC)

Sistema de Operación Integral Aduanera (SOIA)

Facilidades aduaneras

Reanudación de actividades

Alianza para el Comercio Seguro

Homologación de criterios y ampliación de horarios

Pago Electrónico Centralizado (PECA)

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Inscripción al Padrón de Importadores

Consultas (personales, telefónicas, escritas, correo electrónico, pagina web)

Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior

Exportación simplificada Fuente: www.aduanas.com

En el periodo 2008-2011 se implementó el Programa de Modernización de Aduanas. En

2011 se destinaron $1,396,000,000 para obras públicas para la remodelación de aduanas,

instalaciones locales, federales, puntos fronterizos y la academia de perros.

Asimismo, a través del Grupo de Trabajo de Gestión Fronteriza, se han implementado los

estándares mínimos de seguridad internacionalmente reconocidos.

Resultados del Grupo de Trabajo de Gestión Fronteriza

• Grupo de Trabajo de Gestión Fronteriza, Procedimientos Aduaneros e Informática o El 15 de diciembre de 2011, el Secretario de Hacienda y Crédito Público y el Jefe del Servicio de Administración Tributaria anunciaron la implementación del Nuevo Esquema de Empresas Certificadas (NEEC). El objetivo de este programa es fortalecer la seguridad de la cadena logística internacional a través de la implementación de estándares mínimos de seguridad, internacionalmente reconocidos, en coordinación con el sector privado. - Durante 2011, se realizó la etapa de planeación de este nuevo esquema, en la que se creó un grupo de trabajo con 12 organismos del sector privado. Se ejecutó un programa piloto con 10 empresas y durante el programa de capacitación se contó con el apoyo del programa estadounidense Customs-Trade Partnership Against Terrorism y del canadiense Partner in Protection (PIP). - Desde la entrada en vigor del marco normativo, del 2 de enero al 30 de junio de 2012, se recibieron 124 solicitudes, de las cuales 15 empresas ya cuentan con su autorización. Por otra parte, se ha difundido el programa a través de la participación en más de 33 foros organizados por cámaras y asociaciones industriales, a los que han asistido más de 2 mil representantes de empresas de distintos sectores, que pudieran estar interesados en adherirse al NEEC.

Fuente: Sexto Informe de Gobierno, p.14-15

Propuestas:

Continuar con los trabajos de modernización en las aduanas y difundir las mejoras

realizadas con el objetivo de reducir el contrabando, en particular el tráfico de

armas y de precursores químicos.

Evaluar y certificar a los funcionarios públicos aduaneros.

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16. Presentar a consideración del Congreso de la Unión un paquete de reformas que

fortalezcan las capacidades del gobierno federal en materia de seguridad pública y

procuración de justicia.

La SEGOB, SSP, PGR, en coordinación con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, se comprometen a

elaborar proyectos de ley a efecto de que el Ejecutivo Federal presente ante el Congreso de la Unión las

siguientes iniciativas: Ley de la Policía Federal, para regular el funcionamiento y organización de esa

corporación, en especial lo relativo al servicio de carrera; Ley Orgánica de Procuraduría General de la

República, para normar la nueva relación entre el Ministerio Público de la Federación y la policía, así como su

modernización institucional; Ley Federal de Extinción de Dominio, aplicable a bienes producto de delitos de

alto impacto; Reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia

Organizada para reflejar las disposiciones constitucionales en materia de justicia y seguridad que han entrado

en vigor.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

La SEGOB, SSP, PGR, en coordinación con la

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Antes de octubre 2008.

Una de las primeras acciones del Ejecutivo después de la firma del ANSJL fue el envío del

paquete de reformas al Congreso. El paquete incluyó iniciativas que reforman, adicionan y

derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley

Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley que establece las Normas Mínimas

sobre Readaptación Social de Sentenciados, del Código Penal Federal, de la Ley de la

Policía Federal Preventiva, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,

de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de la

Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, y de la Ley

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

El Ejecutivo envío al Congreso de la Unión las siguientes de Iniciativas de Ley:

Ley de Extinción de Dominio. La iniciativa tiene por objeto constituir un fondo destinado a

la reparación del daño de las víctimas u ofendidos, acción denominada extinción de

dominio, fondo que se integraría con los recursos que se obtengan de los bienes o el

producto de los delitos de secuestro, robo de vehículos y trata de personas. La fecha de la

publicación en la Gaceta Parlamentaria fue 23 de septiembre de 2009 y su fecha de

publicación en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de2009.

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Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. La iniciativa tiene por objeto homologar

las leyes reglamentarias de las recientes reformas constitucionales en materia de

seguridad. Para ello propone: 1) permitir la figura de presunción de flagrancia; 2) crear el

Registro Nacional de Detención; 3) el policía que detiene podrá recibir la denuncia,

participar en la investigación del delito, la detención y el aseguramiento de bienes,

debiendo mantener informado al MP; 4) incluir las grabaciones particulares como

elemento probatorio; 5) crear la figura de denuncia anónima y la reserva de identidad

para agentes infiltrados; 6) crear centros especiales de máxima seguridad para evitar que

la delincuencia opere desde el interior; 7) establecer sanción penal en los casos de

servidores públicos que faciliten el desvío o la obstaculización de las investigaciones y, 8)

ante la terminación injustificada del servicio de un agente policial el Estado sólo pagará la

indemnización sin que proceda su reincorporación al servicio. La fecha de publicación en

la Gaceta Parlamentaria fue 23 de septiembre de 2008 y la publicación en el DOF fue de

23 de enero de 2009.

Ley de la Policía Federal. La iniciativa propone la desaparición de la Policía Federal

Preventiva (PFP) y la creación de la denominada Policía Federal, a quien corresponderá la

seguridad pública federal y garantizar un combate eficaz al crimen organizado; dicho

cuerpo policial tendrá capacidades de investigación y estará regulada por un marco legal

que establece una delimitación clara de su competencia, será encabezada por un

Comisionado General y tendrá el auxilio de las policías del D.F. y de los estados. Publicada

en la Gaceta Parlamentaria el 21 de octubre de 2008 y en el DOF el 1 de junio de 2009.

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. La iniciativa tiene por objeto el

establecimiento de un Servicio Profesional de Carrera obligatorio para los agentes del

Ministerio Público Federal, quienes en caso de no hacerlo serán considerados empleados

de confianza, con la posibilidad de ser removidos; por otro lado podrán recibir

información anónima y estarán sujetos a coadyuvar a la integración de un registro de

información de personas detenidas, entre otros aspectos. Publicada en la Gaceta

Parlamentaria el 21 de octubre de 2008 y en el DOF el 29 de mayo de 2009.

Reforma la fracción XXI del artículo 73 Constitucional para facultar al Congreso para

legislar en materia de delincuencia organizada y secuestro. La iniciativa propone que el

Congreso de la Unión tenga facultad para legislar sobre el delito de secuestro y en

consecuencia establezca disposiciones relativas a la prevención, investigación,

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persecución y sanción de este ilícito, de manera que se distribuyan coordinadamente las

competencias y queden reguladas las acciones que correspondan a la federación,

entidades federativas y municipios; lo anterior ante la próxima emisión de la Ley General

del Secuestro, pactada como uno de los compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional

por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Publicada en la Gaceta Parlamentaria el 9 de

octubre de 2008 y en el DOF el 4 de mayo de 2009.

Propuesta:

Promover la armonización de estas reformas en los estados para homogenizar los

procedimientos en el combate a la delincuencia.

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17. Consolidar el Sistema Único de Información Criminal a fin de garantizar la

interconexión e intercambio de información entre instancias y órdenes de gobierno para

combatir el delito.

La Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, en coordinación con las

entidades federativas se comprometen a homologar los sistemas y procedimientos para el acceso, carga y

análisis de datos en el Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

La Secretaría de Seguridad Pública y la

Procuraduría General de la República, en

coordinación con las entidades federativas

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Un año

Desde la constitución de Plataforma México, la SSP, la PGR, entidades federativas y

algunos de los municipios se encuentran interconectados al Sistema Único de Información

Criminal.

Plataforma México

Se constituyó la Plataforma México para fortalecer los esquemas de colaboración e intercambio de inteligencia entre las instituciones de seguridad del Gobierno Federal, así como con las corporaciones estatales y municipales de seguridad pública, las instituciones estatales de procuración de justicia y agencias de seguridad de otros países. Con lo anterior, se potencializó la generación de inteligencia operativa en contra del crimen organizado y sus redes transnacionales. Además, se puso en operación el Sistema Único de Información Criminal (SUIC) al que tienen acceso las 32 entidades federativas para el registro, consulta y generación de estadística de información criminal.

Fuente: Sexto Informe de Gobierno, p. 3

Sin embargo existen rezagos importantes en cuanto a la homologación de procedimientos

para el acceso, carga y análisis de datos. Por ejemplo registros elementales como el de

personal o de procesados o sentenciados no se encuentran actualizados al 100%. Entre los

argumentos, prevalecen los relacionados a problemas de conectividad en las entidades

federativas, y las dificultades en cuanto las claves electrónicas de acceso.

El Gobierno Federal reporta como un logro de Plataforma México y del Sistema Único de

Información Criminal las más de 5, 302,897 consultas, de las cuales 2, 956,714 fueron de

las entidades federativas.

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Acciones de Plataforma México y del Sistema Único de Información Criminal

La Plataforma México (PM) ha constituido un instrumento esencial de la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia; su modelo de desarrollo tecnológico y de comunicaciones permite el almacenamiento e intercambio de información delictiva en los tres niveles de gobierno, favoreciendo y facilitando los operativos y acciones de inteligencia contra la delincuencia. De septiembre de 2011 a junio de 2012 destacan las siguientes acciones: - Las consultas oficiales y de referencia a la PM sumaron 5,302,897, de las cuales 2,346,183 fueron de instituciones federales y 2,956,714 de las entidades federativas. - El Sistema Único de Información Criminal (SUIC), integra las bases de datos con información y registros de orden criminal, con la finalidad de apoyar a los cuerpos policiales y organizaciones vinculadas con la seguridad pública de las 32 entidades federativas del país a ubicar y relacionar personas, objetos y eventos asociados al fenómeno delictivo.

Fuente: Sexto Informe de Gobierno, p.36

Propuestas:

Garantizar la conectividad a Plataforma México en todas las entidades federativas.

Incrementar el número de municipios interconectados a Plataforma México.

Capacitar al personal para la carga y análisis de los datos en el Sistema Único de

Información Criminal.

Incentivar el acceso, carga y análisis de datos en las entidades federativas para

contar con bases de datos que proporcionen información en el combate a la

delincuencia.

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18. Implementar un módulo de información sustantiva en el Sistema Único de

Información Criminal de Plataforma México para el registro, seguimiento y combate al

delito del secuestro.

La Secretaría de Seguridad Pública así como la Procuraduría General de la República, se comprometen a

poner en operación un módulo de información específica relacionada con el delito del secuestro.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

La Secretaría de Seguridad Pública y

Procuraduría General de la República.

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Seis meses.

Desde abril del 2011 el SESNSP indicó que el módulo para el combate al secuestro del

Sistema Único de Información Criminal (SUIC) se instaló en las 32 entidades federativas.

En 2012, se tienen un total de 2,900 registros en los que se presenta información sobre la

mecánica operativa de los grupos delictivos que sirven como insumo de trabajo a las

Unidades Especializadas de Combate al Secuestro.

Módulo de Combate al Secuestro en el Sistema Único de Información Criminal (SUIC).

- La SSP, tiene en operación el Módulo de Combate al Secuestro en el Sistema Único de Información Criminal (SUIC) de Plataforma México, el cual cuenta con los aplicativos estadísticos y de casos. • En el caso del aplicativo estadístico, las 32 entidades federativas cuentan con acceso a información para el registro, consulta y generación de estadística sobre el delito de secuestro. • Las procuradurías generales de justicia de los estados en el periodo de septiembre de 2011 a julio de 2012 realizaron la captura de 700 registros. • La PF realizó la captura de 801 registros en el Módulo de Combate al Secuestro de Plataforma México, acumulando un total de 2,900 registros desde el 2008. • El aplicativo de casos permite conocer y analizar la mecánica operativa con las que operan los grupos delictivos, ya que contiene diversa información, como son: mapas delictivos, montos de rescate solicitado, montos pagados, medios de comunicación utilizados, entre otros. Esta herramienta apoya a las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro, genera reportes estadísticos en tiempo real, mapas delictivos y tableros de información estratégica.

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Fuente: Sexto Informe de Gobierno, p. 50

Propuestas:

Capacitar a los elementos de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro

(UECS) en las entidades federativas para que utilicen los aplicativos estadísticos de

del Módulo de Secuestro del Sistema Único de Información Criminal.

Lograr que el Módulo de Secuestro se convierta en una base de datos nacional que

permita generar diversos productos estadísticos, mapas delictivos y tableros de

información que apoyen la toma de decisiones para los programas de prevención y

persecución del delito de secuestro.

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19. Desarrollar y ampliar el uso de tecnología para el intercambio de información en el

combate a la delincuencia.

Las secretarías de Seguridad Pública, Defensa Nacional, Marina, Comunicaciones y Transportes así como la

Procuraduría General de la República se comprometen a establecer mecanismos para ampliar la

infraestructura y la tecnología que se requieren como soportes para unificar y mejorar las comunicaciones

entre las dependencias e instituciones federales que combaten la delincuencia.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

Las secretarías de Seguridad Pública,

Defensa Nacional, Marina, Comunicaciones

y Transportes así como la Procuraduría

General de la República

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Un año.

Las dependencias federales involucradas en este compromiso declaran que se encuentran

interconectadas, sin embargo el objetivo final se cumplirá únicamente con la intensidad

de uso, y con la coordinación entre las dependencias para la planeación, diseño e

implementación de acciones para combatir la delincuencia.

La última información entregada por la Secretaría de la Defensa Nacional a Causa en

Común A. C. señala que han dado cumplimiento a este compromiso en los siguientes

términos:

-Se cuenta con conexiones al Sistema Plataforma México, instalados en el Estado Mayor

de la Defensa Nacional, Direcciones Generales y Mandos Territoriales.

-A partir de enero de 2009, se contribuye en la captura del Informe Policial Homologado

(IPH) a nivel nacional.

-Los cruces de información entre las Dependencias Federales que combaten a la

delincuencia, han permitido la captura de líderes de organizaciones delincuenciales que

operen en el país.

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Propuestas:

Desarrollar protocolos de actuación entre las dependencias federales que confluyen

en el combate a la delincuencia utilizando la infraestructura y la tecnología soporte de

comunicación.

Establecer convenios de colaboración en los que se delimiten las funciones de la

Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina en la seguridad

interior.

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20. Instrumentar campañas para promover la cultura de la legalidad.

Las secretarías de Seguridad Pública, Gobernación, Educación Pública, Función Pública, así como la

Procuraduría General de la República, se comprometen a producir y difundir en los medios de

comunicación campañas que fomenten en la sociedad prácticas de apego a la legalidad, así como de

prevención del delito y denuncia ciudadana.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

Secretarías de Seguridad Pública,

Gobernación, Educación Pública, Función

Pública, así como la Procuraduría General

de la República,

TIEMPO DE EJECUCIÓN

3 meses

A partir de la firma del Acuerdo, se han implementado campañas para promover la cultura

de la legalidad, así como de prevención del delito y denuncia ciudadana. Entre las acciones

que se han realizado destacan campañas, exposiciones, congresos, cápsulas de valores y

cultura de la legalidad, programas con temas jurídicos, compilaciones jurídicas, entre otros

que han presentado las diferentes dependencias involucradas en este compromiso.

Uno de los indicadores más relevantes pare medir el fortalecimiento de la Cultura de la

Legalidad en las dependencias del gobierno federal es el denominado Índice de

Fortalecimiento de una Cultura de Legalidad, Ética y Responsabilidad Pública (IFCL)15, que

realiza la Secretaría de la Función Pública para medir el apego a la legalidad en las

dependencias. De acuerdo a los resultados del primer semestre de 2012 tan sólo el

44.57% de las dependencias cumple con una calificación mayor a 8.

Índice de Fortalecimiento de una Cultura de Legalidad

• La Secretaría de la Función Pública (SFP) realizó diversas acciones para continuar con el fortalecimiento de la cultura de la legalidad, en un marco de mayor transparencia y rendición de cuentas, así como para combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno. Las principales acciones realizadas fueron las siguientes: -Dio seguimiento al Índice de Fortalecimiento de una Cultura de Legalidad, Ética y Responsabilidad

15

El IFCL tiene una escala de 0 a 10, donde 0 es la puntuación más baja y 10 la más alta. Este instrumento se constituyó con los datos que arrojó la Encuesta de Nivel de Control Interno Estratégico 2011, dirigida a medir el cumplimiento del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. La encuesta fue resuelta por 1,209 mandos superiores de 255 dependencias y entidades de la APF

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Pública (IFCL) 2011, a través del cual se evalúa el esfuerzo realizado por las dependencias y entidades públicas para reforzar la cultura de apego a la legalidad. Los resultados de este indicador al primer semestre de 2012 muestran que 115 de un total de 258 dependencias y entidades gubernamentales, es decir, un 44.57%, cumple con una calificación mayor de 8 en la escala de este índice. Esto representó un aumento del 1.82% respecto a la misma medición en 2011.

Fuente: Sexto Informe de Gobierno, p. 70

Propuestas:

Continuar con las acciones de promoción de cultura de la legalidad, prevención del

delito y denuncia ciudadana, y compartir los contenidos con organizaciones de la

sociedad civil, instituciones educativas, para su difusión.

Continuar la medición del apego a la legalidad de las dependencias del gobierno

federal a través del Índice de Fortalecimiento de una Cultura de Legalidad, Ética y

Responsabilidad Pública.

Diseñar programas y acciones tendientes a mejorar los resultados en relación al

Índice de Fortalecimiento de una Cultura de Legalidad, Ética y Responsabilidad

Pública

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21. Fortalecer la atención a personas con problemas de adicciones.

21.1 La Secretaría de Salud se compromete a ampliar la red de Centros de Atención Primaria Nueva Vida

para contar con más de trescientos puntos y cobertura nacional.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

La Secretaría de Salud

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Un año

El compromiso de instalar más de trescientos Centros de Atención Primaria Nueva Vida se

cumplió. De acuerdo al directorio de los centros actualizado a junio de 2012, se

encuentran operando 336 centros en las 32 entidades federativas.

Además se ha conformado una red de promotores, y se han coordinado con el Consejo

Nacional de Adicciones y el DIF en cada una de las entidades, y se ha fortalecido la

campaña nacional de información denominada: “Por una nueva vida”.

De 2010 a 2012 se registró un incremento de centros a nivel nacional pasando de 307 a

336, lo que significa un aumento del 9.4%. Este incrementó se registra a pesar de que

entidades como Colima, Guerrero, Jalisco, Oaxaca y Zacatecas disminuyeron el número de

centros en sus respectivas demarcaciones durante el mismo periodo.

Centros Nueva Vida.

2010-2012

Número de Centros Incremento 2010-2012 (%) Entidad 2010 2011 2012

TOTAL NACIONAL 307 329 336 9.4

Aguascalientes 4 4 4 0.0

Baja California 17 17 17 0.0

Baja California Sur 6 6 6 0.0

Campeche 4 4 4 0.0

Coahuila 8 8 8 0.0

Colima 10 4 4 -60.0

Chiapas 8 8 8 0.0

Chihuahua 4 10 10 150.0

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Número de Centros Incremento 2010-2012 (%) Entidad 2010 2011 2012

Distrito Federal 32 32 32 0.0

Durango 4 4 4 0.0

Guanajuato 9 9 9 0.0

Guerrero 11 11 10 -9.1

Hidalgo 3 3 5 66.7

Jalisco 21 21 19 -9.5

Estado de México 30 30 31 3.3

Michoacán 4 4 4 0.0

Morelos 6 6 6 0.0

Nayarit 6 6 6 0.0

Nuevo León 23 23 24 4.3

Oaxaca 8 8 7 -12.5

Puebla 9 9 9 0.0

Querétaro 6 6 6 0.0

Quintana Roo 8 8 8 0.0

San Luis Potosí 8 8 7 -12.5

Sinaloa 9 9 13 44.4

Sonora 11 11 11 0.0

Tabasco 10 10 13 30.0

Tamaulipas 16 16 18 12.5

Tlaxcala 4 4 4 0.0

Veracruz 17 17 17 0.0

Yucatán 6 6 6 0.0

Zacatecas 7 7 6 -14.3

*Se marcan en rojo las entidades que registraron un decremento

en el número de Centros Nueva Vida durante el periodo

Fuente: Secretaría de Salud. Directorio de Centros Nueva Vida.

En el Sexto Informe de Gobierno se refiere que los Centros Nueva Vida beneficiaron a un

total de 7 millones de personas entre septiembre de 2011 y agosto de 2012. Entre las

acciones que realizan se encuentran las pláticas de prevención para jóvenes y las pruebas

de tamizaje para la detección oportuna, así como terapias y tratamientos breves.

Acciones de la Red de atención de los “Centros Nueva Vida

• La Secretaría de Salud otorgó diversos servicios a través del Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones (CENADIC), fortaleciendo la red de atención de los “Centros Nueva Vida (CNV)”. Entre septiembre de 2011 y agosto de 2012, se destacan los siguientes. - Se reforzaron las acciones de la Campaña Nacional de Información para una Nueva Vida, orientadas a informar sobre las consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas y sobre factores de riesgo y de protección; se dieron recomendaciones a padres de familia y se promovió el desarrollo de habilidades para la vida en preescolares, niños y jóvenes, además del desarrollo de tareas de detección, orientación y consejería en adicciones. Entre septiembre de 2011 y agosto de 2012, mediante las acciones señaladas se benefició a más de 7 millones de personas. - De septiembre de 2011 a junio de 2012, se capacitó a más de 1.7 millones de personas entre jóvenes, maestros, beneficiarios de programas sociales, conscriptos del Servicio Militar Nacional, entre otros.

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-Iniciaron operaciones 12 nuevos Centros Nueva Vida (CNV), para ampliar la red a 335 centros, ubicados en 261 municipios del país, en los que se ofrecieron terapias y tratamientos breves, se impartieron pláticas de información y sensibilización sobre el impacto en el uso de drogas, se efectuaron pruebas de tamizaje para la detección oportuna de casos, de jóvenes con factores de riesgo o consumidores experimentales, así como talleres dirigidos a padres, niños y adolescentes, todo para beneficio de 7,685,895 personas. -De septiembre de 2011 a agosto de 2012, los CNV llevaron a cabo 353,073 sesiones entre intervenciones y tratamientos breves para adolescentes que inician el consumo de alcohol y otras drogas, además de tratamientos grupales y prevención de recaídas, lo que representa 6% más respecto a igual periodo previo. Asimismo, se otorgaron 11% más consultas de primera vez en los CNV (151,969). -Se realizaron 773,296 pruebas de tamizaje a población adolescente escolarizada, para detectar jóvenes en riesgo de consumo, lo cual significa un incremento de 52.5% con respecto al mismo periodo anterior (507,132).

Fuente: Sexto Informe de Gobierno, p. 124-125

Propuestas:

Fortalecer la red de difusión en cada una de las entidades para que las personas

con problemas de adicciones y sus familiares acudan a estos centros.

Ampliar la red de Centros Nueva Vida a las entidades federativas en donde se

registra un mayor número de personas con adicciones.

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21. Fortalecer la atención a personas con problemas de adicciones.

21.2 Asimismo, dicha Secretaría se compromete a establecer mecanismos de apoyo a organizaciones de

la sociedad civil dedicadas a la rehabilitación de personas con adicciones.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

La Secretaría de Salud

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Un año

Además de los convenios y de la transferencias de recursos realizadas a las organizaciones

dedicadas a la rehabilitación de personas con adicciones, la Secretaría de Salud se ha

comprometido a la regulación de estos centros de manera tal que cuenten con las

instalaciones propias, y de que cumplan con los requisitos administrativos de

documentación en materia sanitaria como lo establece la Ley General de Salud.

A través de la Secretaría de Desarrollo Social y de su Programa de Coinversión Social se

han emitido convocatorias para beneficiar a organizaciones de la Sociedad Civil que

presenten proyectos de prevención y rehabilitación de adicciones.

Propuestas:

Garantizar que las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la rehabilitación

cumplan con los requisitos en materia sanitaria como lo establece la Ley General

de Salud.

Proporcionar seguridad a las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la

rehabilitación para evitar el acceso que grupos delictivos.

Continuar el apoyo a las organizaciones dedicadas a la rehabilitación de personas

con adicciones y revisar los parámetros de asignación de recursos, de manera tal

que las organizaciones ubicadas en las entidades con mayores problemas de

adicción, sean las más beneficiadas.

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22. Fortalecer el Programa de Rescate de Espacios Públicos.

La Secretaría de Desarrollo Social se compromete a recuperar por lo menos mil espacios públicos

deteriorados, abandonados e inseguros en las zonas urbanas con mayor índice delictivo.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

La Secretaría de Desarrollo Social

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Un año

El Programa de Rescate de Espacios Públicos16 que opera la Secretaría de Desarrollo

Social, continúa desde 2007. Sin embargo los recursos que han destinado a este programa

han disminuido en 2012.

Programa Rescate de Espacios Públicos

2007-2012

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Inversión canalizada (mdp) 981.8 1,271.1 1,154.2 1,330.8 1,089.3 749.2

Espacios públicos nuevos y de consolidación 820 1271 1620 1420 1267 N.D.

Población beneficiada (mdh) 5.1 6.3 5.8 4.9 4.5 N.D.

Fuente: SEDESOL información entregada a través de INFOMEX

Como se observa, de 2011 a 2012 se registró un decremento de más de 295 millones de

pesos, que seguramente impactará en el número de espacios intervenidos y el número de

beneficiarios de este programa.

16

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) con el Programa de Rescate de Espacios Públicos, “apoya la realización de obras de mejoramiento físico y el desarrollo de acciones de participación social y seguridad comunitaria en plazas, parques, unidades deportivas, centros de barrio, entre otros”. De acuerdo a sus objetivos “contribuye al desarrollo de ciudades seguras y al fortalecimiento de la cohesión social, al dotarlas de lugares de calidad para la interacción, el encuentro, la recreación y convivencia armónica de las personas que viven en las ciudades y zonas metropolitanas, dando prioridad a aquellas que presentan condiciones de marginación e inseguridad”.

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Recursos destinados al Programa Rescate de Espacios Públicos

2011-2012

Fuente: SEDESOL. PREP

La disminución de los recursos representa el 27.1% a nivel nacional, sin embargo hay

entidades como Chihuahua, Guerrero y Campeche que registran una disminución de más

del 40%.

Recursos destinados al Programa Rescate de Espacios Públicos por entidad federativa

2011-2012

Entidad Federativa Recursos Federales Decremento (%)

2011-2012 2011 2012

Total $1,089,280,184 $794,251,500 27.1

Aguascalientes $21,751,702 $20,125,340 7.5

Baja California $60,868,863 $39,589,244 35.0

Baja California Sur $12,465,786 $12,133,113 2.7

Campeche $11,766,464 $6,874,087 41.6

Chiapas $27,796,656 $20,844,895 25.0

Chihuahua $51,671,951 $27,767,470 46.3

Coahuila $26,684,472 $19,428,295 27.2

Colima $17,724,391 $13,702,912 22.7

Distrito Federal $47,402,945 $36,781,559 22.4

Durango $26,876,416 $16,297,949 39.4

Guanajuato $47,664,089 $37,212,935 21.9

Guerrero $35,125,442 $21,025,623 40.1

Hidalgo $22,443,929 $18,572,930 17.2

Jalisco $43,183,899 $33,440,979 22.6

México $97,169,558 $69,739,638 28.2

Michoacán $41,537,967 $31,698,796 23.7

Morelos $31,519,034 $23,899,238 24.2

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Entidad Federativa Recursos Federales Decremento (%)

2011-2012 2011 2012

Nayarit $10,624,859 $8,656,849 18.5

Nuevo León $43,057,458 $32,805,760 23.8

Oaxaca $31,020,288 $23,692,812 23.6

Puebla $55,062,799 $41,834,660 24.0

Querétaro $19,837,751 $13,548,096 31.7

Quintana Roo $27,183,063 $19,974,323 26.5

San Luis Potosí $26,153,329 $19,228,334 26.5

Sinaloa $43,228,605 $28,158,573 34.9

Sonora $40,444,283 $30,130,345 25.5

Tabasco $19,158,607 $13,995,823 26.9

Tamaulipas $42,568,294 $30,486,735 28.4

Tlaxcala $22,398,017 $20,051,062 10.5

Veracruz $47,547,081 $34,761,272 26.9

Yucatán $22,187,409 $16,648,781 25.0

Zacatecas $15,154,777 $11,143,074 26.5

Fuente: SEDESOL. PREP

La entidad que registró el menor decremento fue Aguascalientes con una disminución del

7.5%, seguido de Tlaxcala con el 10.5%.

A pesar del decremento, el Sexto Informe de Gobierno señala que se han rescatado más

de 5,000 espacios públicos en el sexenio, distribuidos en 331 municipios y las 16

delegaciones del Distrito Federal.

Programa Rescate de Espacios Públicos

En lo que va la de administración se rescataron más de 5 mil espacios públicos, distribuidos en 331 municipios de los 31 estados de la república y las 16 delegaciones del Distrito Federal. Con dichas acciones, se beneficiaron más de 21 millones de personas que viven en los barrios y colonias de las zonas urbanas. Sólo en el periodo enero-junio de 2012 se aprobó el rescate de 466 espacios públicos, superado en 11.2% la meta de 419 espacios para todo el presente año. Con estas acciones se recuperan espacios arrebatados por la delincuencia a las familias mexicanas y se reconstruye el tejido social al ofrecer alternativas de esparcimiento y desarrollo para los niños y jóvenes.

Fuente: Sexto Informe de Gobierno, p.4

Además del mejoramiento físico de los espacios públicos se realizaron acciones de

“participación social y seguridad comunitaria” que beneficiaron a más de 21 millones de

personas.

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Acciones del Programa Rescate de Espacios Públicos

Se beneficiaron más de 21 millones de personas que viven en los barrios y colonias de las zonas urbanas. - Actividades formativas, deportivas y artístico-culturales. De 2007 a 2011, se financió la realización de más de 48 mil actividades sociales, dirigidas a promover el desarrollo personal, el deporte, la cultura y la recreación, así como 30 mil acciones en temáticas relacionadas con la sensibilización y prevención de conductas de riesgo y promoción de la equidad de género. -Entre septiembre de 2011 y junio de 2012, se realizaron más de 17 mil acciones sociales de fomento a la participación y organización de los habitantes, entre las que destacan los cursos de prevención de adicciones, violencia y acoso, zumba, aerobics, tae kwon do y música; talleres para el desarrollo de habilidades para la vida, educación ambiental, fortalecimiento de valores, artesanías y pintura, así como de torneos deportivos. El número de cursos impartidos representa un incremento de 13.3% respecto al mismo periodo anterior. Adicionalmente, se efectuaron más de 5 mil eventos comunitarios como funciones de cine, tardeadas y conciertos.

Fuente: Sexto Informe de Gobierno, p.125

Propuestas:

Ampliar el número de espacios intervenidos sobre todo en las zonas de impacto

del programa.

Elaborar planes de trabajo comunitario en espacios que han sido intervenidos en

los años anteriores.

Reportar indicadores que demuestren el grado en el que los espacios públicos han

beneficiado a la población y han repercutido en los niveles de inseguridad en las

zonas en las que están ubicados.

Publicar los diagnósticos, planes de trabajo, etc., que están realizando los

municipios o delegaciones para hacerse acreedores de los recursos federales.

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23. Fortalecer el Programa Escuela Segura.

La Secretaría de Educación Pública se compromete a incorporar al programa más de trece mil quinientas

escuelas primarias y secundarias públicas y a promover la ejecución del programa en escuelas privadas.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

La Secretaría de Educación Pública

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Un año

El Programa Escuela Segura17 que opera la Secretaría de Educación Pública ha llegado a

más de 44,000 escuelas de educación básica a nivel nacional. Como se presenta en el

siguiente gráfico hay un incremento importante de escuelas de 2010 a 2012.

Escuelas participantes en el Programa Escuela Segura

2010-2012

Fuente: Secretaría de Educación Pública

17

El objetivo general del Programa Nacional Escuela Segura, “se orienta a la mejora de la calidad educativa a través de la consolidación de las escuelas públicas de educación básica como espacios seguros y confiables, propicios para el desarrollo integral de los alumnos, protegidos de la violencia y adicciones y en los que se promueve la participación social y la formación ciudadana”

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Las entidades que registran mayor incremento porcentual de escuelas participantes son:

Veracruz, Tabasco, Querétaro y Guanajuato, que prácticamente triplicaron el número de

escuelas.

Escuelas participantes en el Programa Escuela Segura

2010-2012

Entidad Número de escuelas participantes Incremento 2010-2012 2010 2011 2012

Total Nacional 24,733 35,198 44,874 81.4

Aguascalientes 281 484 684 143.4

Baja California 1,402 1,655 2,371 69.1

Baja California Sur 159 284 375 135.8

Campeche 135 334 401 197.0

Coahuila de Zaragoza 795 1,153 1,337 68.2

Colima 183 338 532 190.7

Chiapas 477 865 1,029 115.7

Chihuahua 1,249 1,661 2,148 72.0

Distrito Federal 2,567 2,975 2,939 14.5

Durango 623 820 1,001 60.7

Guanajuato 559 1,650 2,456 339.4

Guerrero 322 767 541 68.0

Hidalgo 207 290 330 59.4

Jalisco 936 1,360 2,311 146.9

México 3,543 3,834 5,013 41.5

Michoacán 906 1,009 1,422 57.0

Morelos 280 646 723 158.2

Nayarit 356 440 539 51.4

Nuevo León 1,565 1,747 2,932 87.3

Oaxaca 168 346 485 188.7

Puebla 576 757 920 59.7

Querétaro 104 452 615 491.3

Quintana Roo 496 674 726 46.4

San Luis Potosí 562 872 1,100 95.7

Sinaloa 2,369 2,369 2,365 -0.2

Sonora 743 1,052 1,206 62.3

Tabasco 491 1,492 2,245 357.2

Tamaulipas 1,045 1,460 1,842 76.3

Tlaxcala 85 104 143 68.2

Veracruz 719 2,028 2,593 260.6

Yucatán 440 527 645 46.6

Zacatecas 390 753 905 132.1

Fuente: Secretaría de Educación Pública.

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De acuerdo a la información entregada por la Secretaría de Educación Pública, “Las

acciones implementadas en las escuelas participantes en el Programa Escuela Segura

están relacionadas con la capacitación, asistencia técnica, desarrollo e impresión de

materiales educativos, proyectos especiales supervisión, evaluación y asesoría autorizados

por la Coordinación Nacional del Programa Escuela Segura”

Desde la firma del Acuerdo se ha asignado presupuesto a la Coordinación Nacional del

Programa Escuela Segura, como se observa en el siguiente gráfico, este ha incrementado

en los últimos años.

Monto presupuestal destinado al Programa Escuela Segura en los años 2008-2012

(millones)

Fuente: Información entregada por la Secretaría de Educación Pública a través de INFOMEX.

En cuanto a las acciones implementadas, destaca la capacitación de docentes de primaria

y secundaria en el marco de la Estrategia Nacional para Fortalecer la Prevención de

Adicciones desde la Educación Básica, así como la impartición de talleres y conferencias

para alumnos y la entrega de materiales educativos.

Acciones del Programa Escuela Segura

Entre septiembre de 2011 y agosto de 2012, se realizaron entre otras las siguientes actividades. 16,740 docentes de primaria y secundaria han sido capacitados en el marco de la Estrategia Nacional para Fortalecer la Prevención de Adicciones desde la Educación Básica 3,103 talleres y conferencias para alumnos sobre prevención del acoso escolar y la violencia en se han impartido en escuelas secundarias de todo el país Las escuelas han recibido 50 mil ejemplares de materiales educativos en temas de seguridad escolar y prevención de riesgos.

Fuente: Sexto Informe de Gobierno, p.125

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Propuestas:

Fortalecer las acciones del Programa Escuela Segura para lograr resultados

contundentes con las acciones de intervención, sobre todo en las entidades con

mayor incidencia delictiva.

Establecer los criterios para que una escuela forme parte del Programa Escuela

Segura.

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24. Garantizar la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos para los programas

de seguridad pública.

Las secretarías de Seguridad Pública, Función Pública, Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de

la República se comprometen a difundir los indicadores de gestión y medición de la aplicación del gasto y de su

eficiencia operativa.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

Las secretarías de Seguridad Pública,

Función Pública, Hacienda y Crédito Público

y la Procuraduría General de la República

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Un año

Al primer semestre de 2012 la Secretaría de la Función Pública, presenta en su sitio web la

información con la que se da cumplimiento a este compromiso, que consiste en la

integración de informes sobre la situación presupuestal en materia de seguridad y

procuración de justicia y la rendición de cuentas a través de los indicadores que miden el

desempeño y eficiencia operativa.

Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública participan en el

cumplimiento del Objetivo XXIV con el seguimiento del avance de los indicadores, así

como con la validación de la información que presentan las dependencias. Los indicadores

que se contemplan son los siguientes:

Secretaría de Seguridad Pública

-Porcentaje de servicios de protección federal proporcionados a entidades y dependencias de la

Administración Pública Federal, así como en instalaciones estratégicas

-Porcentaje de acciones de fomento de la cultura del respeto de los Derechos Humanos en la Secretaría de

Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados..

-Porcentaje de servicios de atención a víctimas del delito y de otros actos violentos.

-Porcentaje de operativos de prevención y disuasión en apoyo a solicitud de las autoridades Federales,

Estatales y Municipales.

-Porcentaje de inspección por medios tecnológicos no intrusivos.

-Porcentaje de liberados y preliberados del fuero federal que participan voluntariamente en las actividades

de reinserción social.

-Porcentaje de mantenimiento en el uso de la Plataforma México

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Procuraduría General de la República

1. Actuación Ministerial.

-Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados respecto a los expedientes en trámite en

materia federal

-Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delincuencia organizada

respecto a los expedientes en trámite

-Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delitos federales

especializados

-Porcentaje de averiguaciones previas determinadas en materia de delitos electorales

-Porcentaje de órdenes ministeriales cumplidas

-Porcentaje de intervenciones periciales cumplidas

2. Actividades auxiliares.

-Eficacia en la atención de solicitudes de apoyo aéreo para el combate a la delincuencia

-Porcentaje de evaluaciones de control de confianza aplicadas al personal involucrado en la procuración de

justicia

3. Derechos Humanos, Prevención de Delito y Atención a Víctimas del Delito.

-Porcentaje de expedientes en materia de derechos humanos integrados y/o concluidos en donde la PGR

interviene

-Porcentaje de servicios proporcionados a las víctimas del delito

-Porcentaje de eventos realizados en materia de prevención del delito

Propuestas:

Continuar con la medición de los indicadores de desempeño y eficiencia operativa

en las dependencias de seguridad y justicia.

Difundir los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas en materia de

seguridad y justicia.

Coadyuvar a que los indicadores incidan en la mejora del desempeño de las

instituciones.

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25. Ejercicio de recursos públicos en los Programas de Seguridad Pública.

El Gobierno Federal revisará las Reglas de Operación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública con

el fin de garantizar un ejercicio oportuno y transparente de los recursos.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

El Gobierno Federal.

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Seis meses.

En el 2012 el rezago en el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones de

Seguridad Pública sigue siendo uno de los temas vigentes en las entidades federativas. A

pesar de que se publican anualmente los criterios de asignación para la distribución del

recurso, y sus respectivas reglas de operación, no se han obtenido resultados

contundentes en cuanto el ejercicio oportuno de los recursos.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad reporta que existen rezagos

en ejercicio de los recursos del FASP. Por ejemplo a septiembre de 2011 hay entidades

que registraban rezagos de más del 60% como Quintana Roo, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco,

Distrito Federal y Aguascalientes.

Financiamiento Conjunto 2011

Entidad Federativa

% Recursos pendientes por ejercer

Aguascalientes 77.9

Baja California 34.1

Baja California Sur 11.7

Campeche 32.1

Coahuila 32.2

Colima 29.2

Chiapas 39.7

Chihuahua 29.9

Distrito Federal 63.3

Durango 22.0

Guanajuato 74.2

Guerrero 13.6

Hidalgo 64.2

Jalisco 65.1

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Entidad Federativa

% Recursos pendientes por ejercer

México 23.9

Michoacán 44.1

Morelos 45.2

Nayarit 9.3

Nuevo León 8.4

Oaxaca 59.5

Puebla 14.2

Querétaro 49.2

Quintana Roo 69.0

San Luis Potosí 23.5

Sinaloa 0.0

Sonora 14.1

Tabasco 36.3

Tamaulipas 22.9

Tlaxcala 0.0

Veracruz 57.5

Yucatán 41.8

Zacatecas 39.5 Fuente: Información reportada por las entidades federativas al Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSyE)

Con fecha de corte: 30 de septiembre de 2011

En este sentido, es importante que la creación de reglas de operación se acompañe de la

creación de mecanismos que permitan el ejercicio oportuno de los recursos y que estos a

su vez impacten en el combate a la delincuencia.

Propuestas:

Ministrar oportunamente los recursos del FASP a las entidades federativas.

Establecer los mecanismos para el ejercicio oportuno de los recursos en las

entidades federativas para evitar los rezagos que retrasan los programas de

combate a la delincuencia.

Monitorear el cumplimiento de los montos y metas de los Anexos Técnicos del

FASP.

Elaborar indicadores para medir la eficiencia del gasto de los recursos destinados al

FASP por cada uno de los programas.

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26. Promover la creación de un Observatorio Ciudadano que vigile y supervise el

cumplimiento de los compromisos.

La Secretaría de Seguridad Pública, se compromete a promover la creación de un Observatorio Ciudadano que

sea plural, representativo de los distintos sectores de la sociedad y que incluya a estudiosos del tema de

seguridad y justicia, contando así con reconocimiento y liderazgo social.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

La Secretaría de Seguridad Pública,

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Tres meses.

El Observatorio Nacional Ciudadano por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad está

integrado por más de 40 organizaciones de la sociedad civil y por observatorios locales.

Los ejes estratégicos del observatorio son:

Generar un espacio de articulación e interlocución social.

Fomentar el acceso, y la divulgación estratégica de información objetiva y

oportuna.

Impulsar la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

Incidir en las políticas públicas en materia de seguridad, justicia y legalidad.

En diferentes entidades federativas se ha promovido la creación de observatorios

ciudadanos.

Propuestas:

Continuar con los trabajos de interlocución social del Observatorio y las

organizaciones de la sociedad civil que lo conforman, con las dependencias de

seguridad y justicia.

Rendir cuentas a la sociedad a través de la evaluación permanente que realiza el

Observatorio y las organizaciones de la sociedad civil que lo conforman.

Fortalecer la creación de observatorio ciudadanos en los estados.

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27. Crear indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de

procuración de justicia con la participación de instancias ciudadanas.

La Secretaría de Seguridad Pública así como la Procuraduría General de la República se comprometen a

establecer indicadores, a hacerlos públicos y a invitar a las instancias ciudadanas a formular el protocolo y a

participar en su evaluación y el seguimiento.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

Las secretarías de Seguridad Pública, la

Procuraduría General de la República

TIEMPO DE EJECUCIÓN

2 meses a partir de la creación del

Observatorio Ciudadano.

A nivel nacional se ha manifestado que se cuenta con un núcleo básico de 19 indicadores.

Sin embargo el diseño de indicadores por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y

la Procuraduría General de la República, es un tema pendiente, sobre todo en cuanto a la

exhortación a la ciudadanía para participar en la formulación del protocolo y en la

evaluación y seguimiento.

Propuesta:

Diseñar indicadores sustentables que puedan ser presentados en los observatorios

de orden nacional y local, y convocar a las instancias ciudadanas a participar en su

evaluación y seguimiento.

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28. Incluir en los programas de estudio la cultura de la legalidad, el combate a las

adicciones, el respeto a los derechos humanos y la transparencia.

La Secretaría de Educación Pública se compromete a fortalecer en el contenido de los programas escolares,

la promoción de la cultura de la legalidad y de los valores cívicos.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN:

La Secretaría de Educación Pública

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Un año

La SEP ha impulsado la inclusión de temáticas relacionadas con la cultura de la legalidad.

En el ciclo escolar 2011-2012 se amplió la cobertura de los programas de estudio de

Formación Cívica y Ética para la educación básica, asimismo en 24 entidades federativas

han desarrollado programas específicos para la asignatura estatal de primero de

secundaria, en el subcampo de “La formación ciudadana para una convivencia

democrática en el marco de una cultura de la legalidad”.

Acciones de difusión de la Cultura de la Legalidad

La Secretaría de Educación Pública (SEP) para contribuir a la difusión de la cultura de la legalidad en las instituciones educativas, principalmente en materia de civismo y ética en educación básica, realizó las siguientes acciones: - Para orientar a la población estudiantil hacia una cultura de la legalidad, basada en la formación de valores cívicos y éticos, la SEP en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), diseñó el Programa de Formación: el derecho a la no discriminación en México, orientado a los maestros, para que éstos adquieran las bases teóricas y prácticas sobre el derecho a la no discriminación, sus causas y consecuencias, así como los instrumentos y herramientas necesarios para proteger este derecho, con miras a promover la construcción de una cultura basada en la igualdad y la equidad en el ámbito de sus respectivas funciones y actividades educativas. - Asimismo, durante el ciclo escolar 2011-2012, se amplió la cobertura de los programas de estudio de Formación Cívica y Ética para la educación básica, con el propósito de favorecer, desde el nivel preescolar hasta la secundaria, el proceso de construcción de la identidad personal y de las competencias emocionales y sociales de los alumnos, para que asuman posturas y compromisos cívicos y éticos, además de ejercer la ciudadanía con responsabilidad, teniendo como marco de referencia los derechos humanos, la democracia y la cultura de la legalidad. - Adicionalmente, 24 entidades federativas han desarrollado programas específicos para la asignatura estatal de primero de secundaria, en el subcampo de “La formación ciudadana para una convivencia democrática en el marco de una cultura de la legalidad”. Para el ciclo escolar 2012-2013, las entidades de referencia han desarrollado 30 programas sobre el tema.

Fuente: Sexto Informe de Gobierno, p.72

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Propuestas:

Ampliar la cobertura de los programas escolares que promueven la cultura de la

legalidad y de los valores cívicos.

Incentivar la participación de los docentes y padres de familia que conocen la

problemática local en el diseño de los programas escolares y materiales que

promuevan la cultura de la legalidad y los valores cívicos.

Capacitar a los docentes y padres de familia en materia cultura de la legalidad, el

combate a las adicciones, el respeto a los derechos humanos y la transparencia.

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SITIOS ELECTRÓNICOS CONSULTADOS:

www.ssp.gob.mx

Secretaría de Seguridad Pública

www.pgr.gob.mx

Procuraduría General de la República

www.cjf.gob.mx

Consejo de la Judicatura Federal

www.diariooficial.gob.mx

Diario Oficial de la Federación

www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

www.ordenjuridico.gob.mx

Secretaría de Gobernación. Dirección General de Compilación y Consulta del Orden

Jurídico Nacional.

www.funcionpublica.gob.mx

Secretaría de la Función Pública

www.infomex.org.mx

Sistema INFOMEX del Gobierno Federal

www.sedesol.gob.mx

Secretaría de Desarrollo Social

www.sep.gob.mx

Secretaría de Educación Pública

http://portal.salud.gob.mx/

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Secretaría de Salud

www.shcp.gob.mx

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

www.apartados.hacienda.gob.mx/uif/index.html

Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

www.observatorionacionalciudadano.org.mx

Observatorio Nacional Ciudadano por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad

www.provictima.gob.mx

Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito