accion de amparo gerentes mandioca-10!12!12 (revision _ 1 jcc)inº 3

7/25/2019 Accion de Amparo Gerentes Mandioca-10!12!12 (Revision _ 1 Jcc)In 3

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Dra. RONET PRADA

Abogada. I.P.S.A. 111.130

Ciudadano

Juez de los Municipios Sotillo, Libertador y Uracoa de la

Circunscripcin Judicial del Estado Monagas.

Su Despacho.-

Nosotros,GUSTAVO POMPEYO LINARES RIOS, DORYS

DOLORES ALVAREZ MORALES, JORGE LUIS CABOS

SALGADO, JAIMER ARNALDO LA ROSA SERRANO,

RAMIRO ANTONIO MENDOZA GHISAYS, MARLENE DE LA

CONCEPCION RODRIGUEZ CHAPARRO y LIGIA

MARGARITA VILLARREAL PALMA, venezolanos, mayores de

edad, domiciliados en la ciudad de Maturn, Municipio Maturn,

Estado Monagas, titulares de las cdulas de identidad Ns

6.129.827, 7.418.673, 4.278.159, 17.624.126, 12.046.858, 8.546.370

y 5.348.713,respectivamente,actuando en este acto en defensa de

nuestros propios intereses, derechos y acciones; estando asistidos

por la ciudadanaRONET ALEJANDRA PRADA,abogada en

ejercicio, con inscripcin en el Instituto de Previsin Social del

Abogado bajo el N 111.130, domiciliada a los efectos procesales en

la Oficina N 1, Av. El Ejercito, Edificio El Jacal de la ciudad de

Maturn, Estado Monagas, ante Usted, con el debido respeto y a

tenor de lo establecido en el Artculo 2 de la Ley Orgnica de

Amparo sobre Derechos y Garantas Constitucionales,

respetuosamente ocurrimos a fin de exponer y solicitar lo siguiente:

CAPITULO I

ANTECEDENTES


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Actualmente explotamos bajo la figura jurdica deCOMODATO,

una extensin de terreno, el cual forma parte de un terreno de

mayor extensin, constante de DOSCIENTAS VEINTE

HECTAREAS ( 220 Has ) , donde nosotros, a nuestras propias

expensas, con nuestros propios recursos, hemos sembrado, yestamos sembrando en dichas hectreas de terreno, yuca amarga.

Al efecto, acompaamos constante de tres ( 3 ) folios tiles,

Inspeccin Judicial de fecha 04 de Diciembre de 2012, practicada

por el Tribunal de los Municipios Sotillo, Libertador y Uracoa de la

Circunscripcin Judicial del Estado Monagas, de donde se puedeevidenciar, la existencia de las hectreas de terreno sembradas de

yuca amarga, la edad de los cultivos, las bienhechuras existentes y

las otras circunstancias de modo, tiempo y lugar, existentes al

momento de practicar dichas actuaciones.

Ahora bien, Ciudadano Juez, estas actividades agrcolas pornosotros desarrolladas, llevan como principal objetivo, servir de

ejemplo para la ejecucin de programas de desarrollo econmico y

social; que es tambin objetivo fundamental del Ejecutivo Nacional

en el mbito agropecuario; ya que. el Ejecutivo Nacional a travs del

Ministerio de la Produccin y el Comercio, incluy a laYucacomo

RUBRO ESTRATEGICO de alta prioridad para su desarrollo

dentro del Plan agrcola Nacional, es decir Plan Agrcola y

Agroalimentario, y cuyo fundamento es la proteccin de los derechos

constitucionales, que mas adelante invocamos, para que sean

protegidos y que igualmente la produccin de YUCA, en escala


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generara fuentes estables y permanentes de trabajo, en las zonas

rurales del pas, constituyndose en polos de desarrollo agrcola y

agroindustrial que garantizara el bienestar de la poblacin, as

como la produccin de riqueza y bienes de servicios para la

comunidad, la produccin y agregacin de valor a los productos

primarios tanto para el mercado local como para la exportacin,

generando recursos econmicos y divisas que permitan mejorar el

nivel de vida de los habitantes de las regiones rurales y del pas en

general, garantizando la seguridad alimentaria reduciendo la

dependencia de las importaciones, cubriendo las demandas de la

poblacin.

Actualmente la situacin de hecho, y la realidad de nuestra

posicin, consiste en que se encuentran en plena produccin,vigencia y existencia, tanto el cultivo de yuca amarga as como

nuevas siembras del mismo rubro en el rea cedida a nosotros en

comodato, en consecuencia, y de forma inmediata venimos

realizando la cosecha de yuca para los ciclos en curso, as como

tambin hemos venido realizando la siembra en curso e inmediatade otras hectreas de yuca amarga, cuyo terreno ha sido

recientemente sembrado y queda un gran rea de terreno que est

listo para proceder a la siembra, las cuales una vez, pasen a la fase

de recoleccin, les sern vendidas a la Empresa Agroindustrial

Mandioca, C.A., nica en Venezuela ubicada en la zona concapacidad para procesar el producto.

Somos agricultores ubicados en el Estado Monagas, especficamente

en el Municipio Libertador, de manera que nos tratamos de que

somos personas que nos pueden considerar como dbiles jurdicos

segn nuestra Legislacin, y que por tanto no disponemos de una


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estrategia de comercializacin y venta sofisticada, nos vemos

limitados a vender y comercializar el producto de nuestras cosechas

a la empresas que las utilizan como materia prima y que por

supuesto se encuentran lo ms cerca posible de los lugares en los

cuales se llevan a cabo las cosechas.

En el presente caso, la nica empresa receptora, compradora de

races de yuca, es la Sociedad Mercantil AGROINDUSTRIAL

MANDIOCA C, A., inscrita en el Registro Mercantil de la

Circunscripcin Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda del

22 de Febrero de 1990, bajo el Nro. 22, Tomo6-A Pro. (En lo sucesivo

MANDIOCA), y cuya planta procesadora de Yuca est ubicada en

las inmediaciones de la poblacin de Mata Negra, situada en el

Municipio Libertador del Estado Monagas. Esta empresa, no solo esla que est destinada a adquirir muestras cosechas de races de

yuca, actualmente sembradas y en desarrollo vegetativo, por su

cercana ubicacin al lugar de la siembra, sino que adems, es la

nica empresa en Venezuela, que posee la capacidad instalada, que

permitira procesar las cosechas de los ciclos en curso, sino de losciclos venideros, de manera que es la nica fbrica, capaz de

permitir que el desarrollo agroindustrial de la zona, se mantenga de

manera sostenida en los prximos aos, lo que se traduce en riqueza

y bienestar social. Entre nosotros, y la Empresa MANDIOCA,

hemos suscritos acuerdos, en el sentido de que dicha Empresa, se ha

comprometido a adquirirnos la totalidad de nuestras cosechas.

Como podr observarse, la situacin descrita armoniza en un cien

por ciento (100%), con las previsiones contenidas en la Constitucin

de la Repblica Bolivariana de Venezuela, que regulan la materia

Agropecuaria, tales como:


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ARTICULO 87: Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de

trabajar. El Estado garantizar la adopcin de las medidas

necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupacin

productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le

garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado

fomentar el empleo. La ley adoptar medidas tendentes a

garantizar el ejercicio de los derechos laborables de los trabajadores

y trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo no ser

sometida a otras restricciones que las que las que la ley establezca.

Todo patrono o patrona garantizar a sus trabajadores y

trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de

trabajos adecuados. El Estado adoptar medidas y crear

instituciones que permitan el control y la promocin de estascondiciones.

El Estado promover las condiciones para el desarrollo rural

integral, con el propsito de generar empleo y garantizar a la

poblacin campesina un nivel adecuado de bienestar, as como su

incorporacin el desarrollo nacional. Igualmente fomentar laactividad agrcola y el uso ptimo de la tierra mediante la dotacin

de las obras de infraestructura, insumos, crditos, servicios de

capacitacin y asistencia tcnica.

ARTICULO 212:Todas las personas pueden dedicarse libremente a la

actividad econmica de su preferencia, sin ms limitaciones que lasprevistas en esta Constitucin y las que establezcan las leyes, por

razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, proteccin del

ambiente u otras de inters social. El Estado promover la iniciativa

privada, garantizando la creacin y justa distribucin de la riqueza,

as como la produccin de bienes y servicios que satisfagan las


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necesidades de la poblacin, la libertad de trabajo, empresa,

comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas

para planificar, racionalizar y regular la economa e impulsar el

desarrollo integral del pas.-

Articulo 305:El Estado promover la agricultura sustentable

como base estratgica del desarrollo rural integral, y en

consecuencia garantizar la seguridad alimentaria de la poblacin;

entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentosen el mbito nacional y el acceso oportuno y permanente a stos por

parte del pblico consumidor. La seguridad alimentaria se

alcanzar desarrollando y privilegiando la produccin agropecuaria

interna, entendindose como tal la proveniente de las actividades

agrcolas, pecuaria, pesquera y acucola. La produccin de alimentoses de inters nacional y fundamental al desarrollo econmico y

social de la Nacin. A tales fines, el Estado dictar las medidas de

orden financiero, comercial, transferencia tecnolgica, tenencia de la

tierra, infraestructura, capacitacin de mano de obra y otras que

fueran necesarias para alcanzar niveles estratgicos deautoabastecimiento. Adems, promover las acciones en el marco de

la economa nacional e internacional para compensar las

desventajas propias de la actividad agrcola...-

ARTICULO 306: El Estado promover las condiciones para el

desarrollo rural integral, con el propsito de generar empleo y

garantizar a la poblacin campesina un nivel adecuado de bienestar,

as como su incorporacin el desarrollo nacional. Igualmente

fomentar la actividad agrcola y el uso ptimo de la tierra

mediante la dotacin de las obras de infraestructura, insumos,

crditos, servicios de capacitacin y asistencia tcnica.-


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Todo lo antes expuesto ha sido ejecutado en plena armona con las

referidas disposiciones constitucionales, y hasta la presente fecha

ha venido funcionando, en el sentido de que, no solamente nosotros

como ejercientes de actividades agrcolas, concretamente con la

siembra de yuca amarga, sino los distintos agricultores,

sembradores de yuca amarga de los distintos Municipios del Estado

Monagas, hemos dado lugar al incentivo de fuentes de trabajo que lo

generamos directa e indirectamente, mediante la intervencin del

sector privado correspondindonos a los agricultores que

fomentamos esta rea de la economa, calificada en nuestra carta

magna como bsica y fundamental.

Ahora bien, Ciudadano Juez, desde hace cierto tiempo y

actualmente existe, una amenaza latente que directamente,compromete y lesiona las garantas Constitucionales antes

invocadas por nosotros y concretamente la garanta constitucional

contenida en elArtculo 305de la Constitucin de la Repblica

Bolivariana de Venezuela,la cual debe ser protegida por

cualquier Juez de la Repblica y muy particularmente por

su competencia.

Todo lo antes expuesto ha sido ejecutado en plena armona con las

referidas disposiciones constitucionales, y hasta la presente fecha

ha venido funcionando, en el sentido de que, no solamente nosotros

como ejercientes de actividades agrcolas, concretamente con la

siembra de yuca amarga, sino los distintos agricultores,

sembradores de yuca amarga de los distintos Municipios del Estado

Monagas y el Oriente del Pas, hemos dado lugar al incentivo de

fuentes de trabajo que lo generamos directa e indirectamente,

mediante la intervencin del sector privado correspondindonos a


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los agricultores que fomentamos esta rea de la economa, calificada

en nuestra carta magna como bsica y fundamental.

Ahora bien, ciudadano Juez, amparados en lo previsto en el artculo

27 de la Constitucin Nacional que establece: Toda persona

tiene derecho a ser amparado por los tribunales en el goce y

ejercicio de sus derechos constitucionales,con lo que se

quiere sealar, es que la legitimacin activa para interponer un

amparo constitucional le corresponde a quien sufre la lesin, en estecaso concreto, nosotros, De igual forma y para mayor abundamiento

en lo que nosotros pretendemos, est lo previsto en el Artculo 2 de

la Ley Orgnica de Amparo Sobre Derechos y Garantas

Constitucionales, el cual prev: Artculo 2.-La accin de amparo

procede contra cualquier hecho, acto u omisin provenientes de los

rganos del Poder Pblico Nacional, Estadal o Municipal. Tambin

procede contra el hecho, acto u omisin originados por ciudadanos,

personas jurdicas, grupos u organizaciones privadas que hayan

violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantas o

derechos amparados por esta Ley..- Siendo esto as, estas

normativas vigentes, nos dan la posibilidad real de acceder a su

competencia a exigir justicia, por lo cual acudimos con ese real

propsito.

CAPITULO II

DE LOS HECHOS QUE AMENAZAN NUESTROS DERECHOS

PRODUCTORES AGRICOLAS

Ante el Juzgado Sptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil

y Bancario con competencia Nacional con Sede en la ciudad de

Caracas, Expediente 1987 el BANCO INDUSTRIAL DE


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VENEZUELA: C:A;, Institucin financiera domiciliada en Caracas,

Distrito Capital de la Repblica Bolivariana de Venezuela e inscrita

ante el Registro de Comercio que al efecto tuvo a su cargo el

Juzgado de Primer Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal el

15 de Enero de 1938, bajo el N 30, la que en adelante llamaremos

el BIV, solicit la ejecucin de los bienes propiedad de MANDIOCA,

para verificar esa situacin anexamos al presente escrito marcado

con la letra C, copia de la referida ejecucin. Actualmente esa

solicitud se encuentra en fase de ejecucin forzosa, tal como se

desprende de las copias que anexamos a la presente accin de

Amparo marcadas con la letra D, solicitamos que dichas copias

sean certificadas por este Tribunal, para lo cual presentamos

original a efectus videndi, con el ruego que nos sean devueltas.Como podr observarse de las copias que acompaamos a esta

solicitud, los activos de la Empresa MANDIOCA podran ser

embargados ejecutivamente y rematados, lo que implicara la

disposicin de tales bienes, con lo cual dicha Empresa suspendera

sus actividades, producindose la imposibilidad para nosotros devenderle a esta Empresa las cosechas de yuca amarga en curso y las

que se producirn en un futuro inmediato, a la cosecha de la

siembra en curso, dada la circunstancia de que estamos de hecho

sembrando el terreno preparado para la siembra inmediata, es

decir, en dos ( 2 ) das. La situacin que se presentara si ejecutan otraban a MANDIOCA, es crtica, no solo para nosotros, sino para los

innumerables agricultores de esta zona y dems zonas del estado

Monagas, Delta Amacuro y los sitios cercanos del Estado

Anzotegui, tanto por que nos afecta a nosotros directamente y a

estos agricultores en nuestros derechos Constitucionales, por el


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hecho que comprometa o pone en peligro el programa de

financiamiento agrcola que tienen estos agricultores dirigido a

PEQUEOS Y MEDIANOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS O

NO DE LA REFORMA AGRARIA para el ciclo en curso, ya que al

encontrarse MANDIOCA en la posibilidad de adquirir nuestras

cosechas cultivadas para los ciclos en curso y para los venideros, y

siendo esa Empresa la nica en la regin, y en el pas, que puede

hacerse cargo de la recepcin y comercializacin de la yuca

sembrada por nosotros, la viabilidad del programa de siembra de

yuca y nuestros derechos sern dejados sin efecto, es decir,

menoscabados, infringidos.

Si MANDIOCA es ejecutada como lo pretende el BIV, perderamos

la oportunidad de vender todas nuestras cosechas presentes yfuturas, ya sembradas, a dicha empresa, lo que traera como

consecuencia, prdida total de nuestras inversiones, ya que estas

estn representadas por nuestros propios fondos, que hemos

obtenido tanto de nuestros ahorros personales, como de prstamos

bancarios; con esto perderamos la oportunidad de trabajar yalimentar a nuestras familias ( Artculo 87 CNRBV).

La actividad privada llevada a cabo por nosotros, al ejercer

actividades agrcolas de la yuca seria destruida por un ente del

estado, ya que en definitiva es un hecho notorio el que el BIV

pertenece a la Repblica Bolivariana de Venezuela, y al ejecutar aMANDIOCA las cosechas de Yuca en curso se perdern por no

existir otro ente a quin vendrselas, con lo cual la iniciativa llevada

a cabo por nosotros ser totalmente destruida.

Al desparecer la empresa MANDIOCA por efecto de la ejecucin, el

desarrollo rural del Estado Monagas, sustentado en la cosecha en


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masa de la yuca, que se trata de la siembra de ms de veinte mil

hectreas de yuca, no ser sostenible, ya que en la zona no existe

otra Empresa capaz de absolver la adquisicin de semejante

cantidad de races de yuca producto de las cosechas comentadas, lo

que atenta contra el dispositivo contenido en elArtculo 305 de la

CNRBV.

La ejecucin comentada, impedir darle cumplimiento al mandato

contenido en elArtculo 306 de la CNRBV, ya que a la

inexistencia del comprador de las cosechas de yuca, se perder el

mercado y como resultado el desarrollo de empleos que actualmente

existe en el rea rural del Estado Monagas, perjudicndose a la

poblacin campesina la cual experimentar la prdida del bienestar

hasta ahora obtenido e imposibilitndosele de esta forma

incorporarse al desarrollo nacional.

La situacin aqu descrita definitivamente constituye un grave

perjuicio para la actividad agrcola que actualmente se desarrolla

en el Estado Monagas, y de concretarse la ejecucin a que hacemos

referencia se experimentar un retroceso en el uso optimo que

actualmente se le est dando a las tierras de este estado. Es por las

razones antes expuestas y ante el peligro real y presente de la

inminente violacin de los derechos constitucionales antes

sealados, es que procedemos a ejercer en este actoAMPARO

CONSTITUCIONAL,con fundamento en la Ley Orgnica de

Amparo Sobre Derechos y Garantas Constitucionales en su

Artculo 2que claramente establece lo siguiente:La accin de

amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisin provenientes

de los rganos del Poder Pblico Nacional, Estadal o Municipal.

Tambin procede contra el hecho, acto u omisin originados por


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ciudadanos, personas jurdicas, grupos u organizaciones privadas

que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las

garantas o derechos amparados por esta Ley. Se entender como

amenaza vlida para la procedencia de la accin de amparo aquella

que sea inminente.

En consecuencia, y a tenor de lo establecido tanto en la Constitucin

de la Repblica Bolivariana de Venezuela, en su Artculo 27, como

en el Artculo 2 de la Ley Orgnica sobre Derechos y Garanta

Constitucionales, es por lo que solicitamos de este Tribunal se sirva

ordenar la suspensin de la ejecucin que lleva a cabo en BIV contra

MANDIOCA ante el Juzgado Sptimo de Primera Instancia en lo

Civil, Mercantil y Bancario con Competencia Nacional y Sede en la

Ciudad de Caracas, hasta tanto que nosotros hayamos sembrado yrecogido la totalidad de las cosechas de yuca amarga que tenemos

sembradas, en proceso de siembra y por sembrar en las

DOSCIENTAS VEINTE HECTARAEAS ( 220 Has)

aproximadamente, de terreno, recibido en COMODATOpor

nosotros, situado en el sur del Estado Monagas, concretamente en elsector Mata Negra, Carretera Nacional Temblador-Mata Negra-

Morichal, Jurisdiccin del Municipio Libertador del Estado

Monagas, y se haya procedido al pago y cancelacin de todo lo que

nos adeudara la mencionada Empresa MANDIOCA.

CAPITULO III

DE LA COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL PARA

CONOCER DE LA ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL


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Ciudadano Juez con sede Constitucional, si bien es cierto que en

reiteradas sentencias, el Tribunal Supremo de Justicia ha dejado

sentado que son los Tribunales de Primera Instancia los que tienen

competencia, para conocer de Amparos Constitucionales contra vas

de hecho, normas, actos administrativos y sentencias o actos

procesales. Estos ltimos se rigen por el Artculo 4 de la Ley

Orgnica de Amparo Sobre Derechos y Garantas Constitucionales y

tienen un tratamiento distinto en cuanto a los Tribunales

competentes para conocerlos, que el resto de los Amparos posibles.

Los criterios para determinar la competencia que establece el

Artculo 7 de la Ley Orgnica de Amparo Sobre Derechos y

Garantas Constitucionales, son los del grado o la materia y el

territorio y seala a los Tribunales de Primera Instancia como loscompetentes para conocer la primera Instancia del proceso del

Amparo ( criterio que se mantiene en el Artculo 9 Ejusdem ).-

Ahora bien, como el derecho infringido o amenazado de infraccin es

un derecho constitucional, cualquier Juez en su condicin de

garante de la supremaca constitucional ( Artculo 334 de laCNRBV), podra en principio conocer las violaciones de dichos

derechos o garantas constitucionales. Teniendo en cuenta que los

derechos y garantas constitucionales seran siempre los infringidos,

y que la Jurisdiccin Constitucional protege siempre esos derechos y

garantas, lo que viene a determinar la competencia rationemateriae, es la materia afn con el derecho transgredido, por lo que

hay que concluir que el Artculo 7 al remitirse a la afinidad se

refiere a la naturaleza de la situacin jurdica que se dice lesionada

o amenazada, como atributiva de la competencia material. El

Tribunal de Primera Instancia competente por la materia del lugar


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donde se cometi el hecho, acto u omisin lesivo, que motiva la

solicitud de amparo, segn el Artculo 7 de la Ley de Amparo Sobre

Derechos y Garantas Constitucionales, ser el competente por el

Territorio para conocer la accin de Amparo en los procesos con

doble Instancia. En vista de que hay Tribunales con competencia

territorial y materia nacional, asi como lugares donde no hay

Tribunales de Primera Instancia con competencia en la materia

conexa con la situacin jurdica del accionante, el Artculo 9

previno, que si en el lugar de la transgresin no funcionaren

Tribunales de Primera Instancia ( en el lugar donde no

funcionan Tribunales de Primera Instancia),se interpondr

la accin la Accin de Amparo ante cualquier Juez de la localidad,

que decidir con carcter provisional, conforme a lo establecido ( elprocedimiento) en la Ley Especial que rige el Amparo

Constitucional. En el caso excepcional del Artculo 9 Ejusdem, el

trmite de la Primera Instancia del Amparo hasta la Sentencia, se

adelantar ante un Tribunal del lugar. La Sala ha establecido, que

ese cualquier Juez no puede ser uno de Primera Instancia con

competencia por la materia distinta a la que rige a la situacin

jurdica, ya que la lectura de la norma conduce a interpretar, que se

trata de una localidad donde no hay ningn Juez de Primera

Instancia, donde no funcionan Tribunales de Primera Instancia, es

decir, donde no hay ninguno. Es en una localidad o Municipio de

este tipo que es de suponer lejos o apartada de la sede del Tribunal

de Primera Instancia competente por la materia, donde se da el

supuesto del Artculo 9 de la Ley Orgnica Sobre Derechos y

Garantas Constitucionales. El cualquier Juez de la localidad, tal

como aparece en el Artculo 9, no necesita tener competencia


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material sobre la situacin jurdica que se trata de proteger, por lo

que tambin choca dicha norma con el Artculo 7 ejusdem y su

criterio de la materia afn, sino que bastara que fuera inferior al

Tribunal de Primera Instancia competente, que tiene su sede en

otra localidad. A quin enviar en consulta su decisin dentro de las

24 horas siguientes a su publicacin. La Sala Constitucional del

Tribunal Supremo de Justicia, como complemento de su fallo del 20

de Enero del ao 2000 ( caso Emery Mata Milln ), donde se regul

su competencia establece: omisiss.A)..B.) con

relacin al literal anterior, las localidades que carecen de Jueces de

Primera Instancia de Primera Instancia competentes se aplicar el

Artculo 9 de la Ley Orgnica Sobre Derechos y Garantas

Constitucionales, en la forma expresada en el fallo indicadoanteriormente, y la consulta obligatoria prevista en dicho Artculo

se remitir al Juez de Primera Instancia competente ( juez Especial

o comn ). En todo caso, el accionante podr escoger entre el

Tribunal prevenido en el Artculo 9 ejusdem o el de Primera

Instancia competente, quin actuar como tal. Es as, entonces,QUE ESTE JUZGADO ES EL COMPETENTE PARA

CONOCER LA PRESENTE ACCION.

CAPITULO IV

DE LAS PRUEBAS

A los fines de demostrar los hechos conculcados, denunciados y

atribuidos al agraviante, acompaamos y presentamos para su

incorporacin a la audiencia las siguientes pruebas, que

demuestran de manera fehaciente, e indubitable y sin lugar a


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equvocos los hechos constitutivos de flagrante violacin de nuestras

garantas constitucionales, denunciadas como violadas supra:

1.-)Copia Simple de la Sentencia emitida por el Juzgado Sptimo de

Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario con competencia

Nacional con sede en la ciudad de Caracas, N de Expediente 01987,

de fecha 04 de Mayo de 2004.

2.-)Copia Simple de la Sentencia en etapa de Ejecucin Forzosa

emitida por el Juzgado Sptimo de Primera Instancia en lo Civil,Mercantil y Bancario con competencia Nacional con sede en la

ciudad de Caracas, N de Expediente 01987.

3.-)Inspeccin Judicial de fecha 04 de Diciembre del ao 2012,

practicada por el Tribunal de los Municipios Sotillo, Libertador y

Uracoa de la Circunscripcin Judicial del Estado Monagas, en elsitio de terreno cedido en COMODATO constante de Doscientas

Veinte Hectreas ( 220 Has ), el cual forma parte de un terreno de

mayor extensin, en la carretera nacional Temblador-Mata Negra-

Morichal, Jurisdiccin del Municipio Libertador del Estado

Monagas, sitio donde tenemos asiento de nuestros cultivos de yuca

amarga y que son objeto de proteccin mediante esta solicitud de

amparo a nuestros derechos y garantas constitucionales.-

4.-)Justificativo de Testigos, evacuado ante el Registro Inmobiliario

con funciones Notariales de los Municipios Bolvar y Punceres del

Estado Monagas, donde los ciudadanos PEDRO MARTIN

CARREO, IVAN MARTIN PEREZ y GLORITZA ELADIA

HENRIQUEZ, dan referencia de las circunstancias de modo,

tiempo y lugar de los hechos fundamento de nuestras pretensiones.

5.-)Contrato deCOMODATO,suscrito por nosotros los accionantes

y el propietario del terreno, donde estn sembrados nuestros


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cultivos de yuca amarga, all se indican las condiciones de dicho

contrato.-

CAPITULO V

DE LA MEDIDA CAUTELAR

Es reiterada la Jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo de

Justicia, en el sentido que para la solicitud de medidas cautelares,

no es necesario demostrar ni el fomus boni iuris, ni el periculum in

mora, para proceder a decretar las medidas cautelares que

considere convenientes a los fines de salvaguardar los derechos

constitucionales de los accionantes de un amparo constitucional. A

todo evento sealamos que la presuncin del buen derecho o fomus

boni iuris se evidencia de los hechos narrados anteriormente y los

cuales se sustentan en los documentos que acompaamos como

pruebas al presente amparo constitucional. El periculum in mora se

deriva del riesgo de que en el caso de que se proceda a decretar la

ejecucin forzosa de Agroindustrial Mandioca. C. A, nuestros

derechos constitucionales se veran irremediablemente conculcados.

La Medida Cautelar de Amparo que en este acto solicitamos tiene

por objeto proteger nuestros derechos como productores agrcolas, y

consiste en lasuspensin, hasta tanto sea dictada sentencia

definitivamente firme en el presente procedimiento de

amparo de suspender el proceso de ejecucin forzosa que esta

siendo llevado por el BIV contra MANDIOCA, ante el

Juzgado Sptimo de Primera Instancia Civil, Mercantil y

Bancario con competencia Nacional con sede en la ciudad de


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Caracas, en el Exp N 1987 en la nomenclatura interna de ese

Tribunal.

CAPITULO V

DE LA ADMISIBILIDAD

La presente accin autnoma de amparo cumple con todos y cada

unos de los requisitos de admisibilidad consagrados en el artculo 6

de la Ley Orgnica de Amparo Sobre Derechos y Garantas

Constitucionales, ello en virtud de que rene las siguientes

condiciones: 1) La actuacin que se denuncia como lesiva est

presente, existe y no ha cesado; 2) La situacin que ha surgido como

consecuencia de los derechos que nos estn siendo violentados,

pueden ser reparables mediante el mandamiento de Amparo que a

travs del presente escrito se solicita; 3) Nosotros, en ningn

momento hemos consentido en forma alguna, ni expresa ni

tcitamente en los hechos que han dado origen a sta accin; 4) No

hemos optado por recurrir a las vas judiciales ordinarias ni hemos

hecho uso de medios judiciales preexistentes; 5) El objeto de la

presente accin no es una decisin del Tribunal Supremo de

Justicia; y, finalmente, 6) No existe litispendencia alguna con otra

accin de amparo. As, estando verificadas todas las condiciones de

admisibilidad de la accin de amparo, solicitamos que la presente

accin se admitida, y tramitada conforme al procedimiento

establecido en la Ley Orgnica de Amparo Sobre Derechos y

Garantas Constitucionales

CAPITULO VI

PETITORIO


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Solicitamos al Tribunal, se sirva declararCON LUGAR,la

presente accin de amparo, la cual es procedente ya que llena todos

y cada uno, de los requisitos que constituyen los principios

fundamentales, acogidos por la Ley Orgnica de Amparo Sobre

Derechos y Garantas Constitucionales, acogidos y desarrolladas

ntegramente en nuestra Constitucin Nacional; a saber:1.-)

SOMOS LEGITIMADOS ACTIVOS, es decir, somos agraviados, por

que si se llegara a ejecutarse las medidas de embargo, secuestro oprohibicin de enajenar y gravar, contra los bienes o contra la

empresa Mandioca, nuestra actividad agrcola o nuestros cultivos de

yuca amarga se perderan, al no poder venderse o comercializarse,

nos estrangularan econmicamente y por ende iramos a la

quiebra,2.-)Nuestro inters es actual, ya que las lesiones a

nuestros derechos constitucionales, se mantienen latentes desde el

mismo momento, en que el BIV interpuso demanda e impuls

procesalmente, su procedimiento de ejecucin de hipoteca con la

correspondiente medida de ejecucin forzosa contra los bienes de

Mandioca; por ello existe la posibilidad real e inminente de quedar

lesionados en sus derechos o excluidos de tales derechos, lo cual es

posible, cierto, real, inminente, realizable y verificable. La violacin

de nuestros derechos no ha cesado, tenemos inters procesal,

personal y directo, y es por eso que solicitamos y esperamos la

restitucin de nuestros derechos o garantas jurdicas tuteladas por

la Constitucin Nacional de la Repblica Bolivariana de Venezuela,

3.-)No hemos consentido en ningn momento de ninguna manera,

ni expresa, ni tcitamente las violaciones denunciadas;4.-)Ha

quedado demostrado que esta accin es un medio extraordinario de

proteccin frente a las infracciones denunciadas, que no podrn ser


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reparadas por vas ordinarias por no ser idneas, ni suficientes, ni

oportuno para reparar el perjuicio que podra ser causal o causado a

nuestros derechos. A los efectos de la citacin en el presente

procedimiento de Amparo Constitucional, la misma debe ser

practicada en la persona del PRESIDENTE DEL BANCO

INDUSTRIAL DE VENEZUELA, ciudadanoRODOLFO PORRO

ALETTI, venezolano, mayor de edad, casado, domiciliado en la

ciudad de Caracas, en la sede del Banco Industrial de Venezuela,ubicada en el Edificio Torre Financiera BIV, Piso 18, Transversal

3ra, Urbanizacin Las Delicias, Sabana Grande, Caracas, Distrito

Capital.

Los hechos que amenazan los derechos constitucionales antes

determinados no solo nos afectan a nosotros los accionantes, sino atodos los dems productores de yuca del oriente del pas, ya que

Mandioca recibe la cosecha de la mayora de los productores de yuca

de la regin, y por consiguiente existe una grave amenaza en torno

a los derechos de todos los productores rurales y al inters de la

actividad agraria.

Es JUSTICIA, en la Poblacin de Barrancas de Sotillo, a la fecha de

su presentacin.

LOS AGRAVIADOS LA ABOGADA ASISTENTE

accion de amparo gerentes mandioca-10!12!12 (revision _ 1 jcc)inº 3

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