INTELIGENCIA ESTRATÉGICA//INTELIGENCIA MILITAR//INTELIGENCIA POLICIAL//INTELIGENCIA ECONÓMICA//INTELIGENCIA COMPETITIVA

ISS

N 0

718-

5227

-Año

8 –

Núm

ero

3 –

May

o201

2 -C

hile

inteligencia www.aainteligencia.cl

EN ESTA EDICIÓN:

ESTABA ESCRITO QUE SE IBA A

NACIONALIZAR REE EN BOLIVIA Por: Iñaki Oroz Llánder. Consultor de IC de

Infocenter (España)

LA ATRASADA PAZ

QUE DARFUR PRECISA Por: Augusto Scarella (Chile)

CASO BOMBAS: LOS COSTOS DE

POLITIZAR LA SEGURIDAD Por: Luis Marcó R. (Chile)

ESPECIAL FIDAE: reportaje gráfico

EL CONTROL PÚBLICO DE LA ACTIVIDAD DE INTELIGENCIA

EN AMÉRICA LATINA

José manuel ugarte

Ya está en librerías…

Se trata de una obra que brinda un panorama exhaustivo y detallado de la actividad de inteligencia en Latinoamérica y de las vicisitudes y dilemas que enfrenta el control de dicha actividad en la región. La obra contiene además útiles referencias a la historia y desarrollo de la actividad de inteligencia en los diversos países latinoamericanos, señalando similitudes y diferencias. Dichas referencias históricas y la comparación entre las estructuras de inteligencia existentes ayudan a comprender las razones por las cuales el control de la referida actividad enfrenta mayores dificultades en determinados países de la región y menores en otros.

UN NUEVO LIBRO DE JOSÉ MANUEL UGARTE DETALLA LAS ESTRUCTURAS DE INTELIGENCIA DE AMÉRICA LATINA Y LAS VICISITUDES DE SU CONTROL. En un nuevo libro –El control público de la actividad de inteligencia en América Latina- (Ediciones CICCUS, Buenos Aires)[1] que actualiza y profundiza el examen comparativo entre la legislación y las estructuras de inteligencia latinoamericanas y las existentes en otras regiones que iniciara en su anterior libro Legislación de inteligencia (2000) –de amplia difusión en Latinoamérica- José Manuel Ugarte (abogado y especialista en derecho administrativo, doctor de la Universidad de Buenos Aires -área derecho administrativo- y profesor en dicha universidad y en otras universidades e institutos universitarios) examina las estructuras, la legislación, y la situación en materia de control de la actividad de inteligencia en la totalidad de los países latinoamericanos. Tal análisis es oportunidad para un examen a fondo de las estructuras de inteligencia en dichos países con una profundidad hasta el momento inédita, advirtiendo la existencia, en muchos casos, de rastros en tales estructuras del pasado, representado por los efectos de la Guerra Fría en Latinoamérica.

Se examinan, además, las estructuras de inteligencia de aquellos países que han logrado en mayor grado resolver el dilema que representan determinadas características de la actividad de inteligencia –el secreto que protege identidades, fuentes, métodos y operaciones, la existencia de fondos con un sistema de rendición destinado a proteger el secreto, y la posesión y utilización de un sofisticado instrumental con capacidad de penetrar la privacidad de los habitantes- y se las compara con las estructuras de inteligencia y de control de aquellos países latinoamericanos que cuentan con controles específicos de dicha actividad. De dicha comparación surgen en buena medida las razones por las cuales el control de la actividad de inteligencia, pese a hallarse presente en buena parte de los países latinoamericanos, no ha demostrado hasta el momento eficacia. La obra propone cambios estructurales, organizativos y procedimentales para incrementar la eficacia del control de la actividad de inteligencia en Latinoamérica, así como cambios estructurales en dicha actividad, susceptibles de superar las herencias del pasado y lograr una actividad de inteligencia legítima y eficaz.

Disponible en Amazon (www.amazon.com), Tematika (www.tematika.com), .www.badaracolibros.com.ar, www.buscape.com.ar, entre muchas localizaciones en Internet, y en Buenos Aires, en Librerías Yenny-El Ateneo, Librería Hernández, Cúspide, entre otras.

Contenidos

Editorial

3 // ATAQUES VIRTUALES

Por: Andrea Lodeiro E.

Inteligencia Competitiva

4 // ESTABA ESCRITO QUE SE IBA A

NACIONALIZAR REE EN BOLIVIA

Por: Iñaki Oroz Llánder. Consultor de

IC de Infocenter (España)

Operaciones de Paz

6 // LA ATRASADA PAZ QUE DARFUR

PRECISA

Por: Augusto Scarella (Chile)

11 // Seguridad Interior CASO BOMBAS: LOS COSTOS DE

POLITIZAR LA SEGURIDAD

Por: Luis Marcó R. (Chile)

15 // Especial FIDAE

Reportaje Gráfico de Diego

Cerda S.

1

StafF Dirección General Andrea Lodeiro E. Consejo Editorial Luis Marcó Rodríguez (Chile) Camilo Ricardo Milano (Argentina) José Manuel Ugarte (Argentina) Russell G. Swenson (Estados unidos) Fotografías de esta edición: Diego Cerda Seguel

www.aainteligencia.cl 2

Editorial

ATAQUES VIRTUALES Por: Andrea Lodeiro E.

El aeropuerto internacional Diego Aracena de Iquique está replicado y bien bombardeado en la base “La Joya” de Virú. No es broma. Fue descubierto por el autor de “El Espía Francés”, Bravo León (@BravoLeon_) y lo dio a conocer a través de un singular video en Youtube, durante esta última semana de mayo. Bajo el título “El Viaje” y al son de “I’m Spy” de los Doors, se puede observar a través de Google Earth, una exacta réplica del aeropuerto de Iquique, ubicada lejos lejos, en Perú, y en donde ya se han practicado múltiples tiros con misiles aire-tierra. Nadie ha dicho nada, el video a penas supera el centenar de visitas. Pero eso no significa que el asunto no sea a lo menos, curioso. Estamos hablando de objetivos tácticos militares. El aeropuerto de Iquique, al parecer, es uno de ellos.

inteligencia

Pero Chile también tendría su réplica. En noviembre de 2010, con motivo de la visita del Presidente Sebastián Piñera a Perú, el “Diario 16” dio a conocer la tesis de que en la base militar de Zapiga, en la Región de Tarapacá, se contaba con una copia del centro militar peruano ubicado en Arequipa conocido como “La Joya” que era utilizada para “ejercicios de guerra”. La réplica, según señala el medio, habría sido creada hace 4 años, gracias a información proporcionada por “espías”. (No sabemos que más información podrían brindar los “espías”, fuera de lo que ofrece Google Earth). Entonces, Chile negó que se tratara de una réplica, pues solo se trataría de un polígono de práctica. Desde el ministerio de Defensa , se explicó que lo que se ve es un polígono de la FACh trazado hace más de 25 años y no tendría relación con “La Joya”. (Cabe notar que “La Joya” real fue construida en 1975)

3

Sería interesante saber en qué momento se reprodujo el aeropuerto de Iquique; si corresponde a una reacción frente a la denuncia del diario peruano en el 2010. Asimismo, resultaría curioso que, al igual que el Ministerio de Defensa de Chile, el Ministerio de Defensa peruano explicara estas coincidencias. Los espectadores de estas situaciones, podrían sacar así sus propias conclusiones . Ahora bien, otro asunto. Bravo León ha sacado sus garras y nos congratulamos por ello. Su trabajo es inquietante y sorprendente. Desde hace algunas semanas viene publicando la serie de análisis de coyuntura. “La Semana” son videos que aportan lo que la prensa omite. Claramente la Inteligencia no es noticia, sin embargo, también golpea. No estaría mal, enfocarse en este nuevo “género”. Al menos para enterarnos de los otros escenarios del poder.

ESTABA ESCRITO QUE SE IBA A NACIONALIZAR REE EN BOLIVIA

Por: Iñaki Oroz Llánder.

Consultor de IC de Infocenter i.oroz@infocenter.es (España)

Más allá de la coincidencia en el

tiempo, casual o intencionada, con el asunto de YPF argentino, la nacionalización de la filial de REE (TDE) en Bolivia no puede haber sorprendido ni a la empresa española ni al Gobierno de España, pues había señales suficientes que indicaban que esto podía suceder en cualquier momento, incluso de forma inminente. De hecho, la actuación de Evo Morales no es nueva. En 2009 el Gobierno boliviano anunció el plan para nacionalizar las empresas generadoras y de transporte de electricidad; y ya, el 1 de mayo de 2010, se decretó la nacionalización de cuatro empresas eléctricas propiedad entre otros de la francesa GDF Suez y la británica Rurele PLC. Con esta acción el Estado boliviano controlaba ya el 80 por ciento de la producción de energía eléctrica en el país. Por último, la señal definitiva llegó en diciembre de 2011, momento en el cual el 73% del Sistema Troncal Interconectado (STI) está en manos de la española TDE. Fue entonces cuando el anteproyecto de Ley del Servicio de Electricidad determina la supresión total de la inversión privada en la actividad de transmisión de energía y otorga esta función de manera exclusiva a la compañía estatal ENDE.

Además, si se lee el Plan Estratégico

2014 de ENDE se observa que la empresa se

convertirá en ENDE Corporación, con el fin

de controlar no sólo el negocio de la

generación, sino también el de la

transmisión y de la distribución, incluidas

las cooperativas generadoras de energía.

Para ello, se crearán ENDE Generación,

ENDE Transmisión, ENDE Distribución y

ENDE Sistemas Aislados. En el mismo plan se lee que ENDE Transmisión será una empresa especializada en transmisión eléctrica, que administre las líneas de trasmisión del país. Para esto, la compañía negociará la toma de control de las líneas con la privatizada Transportadora de Electricidad (TDE), actualmente en manos de capitales españoles. Por tanto, se puede decir que la nacionalización de TDE estaba anunciada, como está anunciado el fortalecimiento de ENDE. Habiendo estudiado durante los años anteriores la evolución de la política boliviana, la situación actual era muy previsible pues son hechos consumados fruto de una sucesión de decisiones y actuaciones públicas y notorias.

4

El panorama que hoy vemos parece

mostrar que en medio de dificultades

sociales y políticas, el gobierno de Morales

va cumpliendo con su programa y con la

intención de que el Estado boliviano llegue

a controlar y administrar la totalidad de las

empresas de la cadena de producción,

transporte y comercialización de

electricidad.

Nada de esto tendría sentido si se

pensara sólo en que es una política

populista. Todo se enmarca en un contexto

nacional e internacional en el que el

dominio de la cadena energética se ha

convertido en herramienta básica para

ganar peso internacional (fuente de

ingresos y reducción de la dependencia

exterior) y nacional (reducción de las

desigualdades regionales frente a la región

de Santa Cruz). Todo esto requiere una

empresa nacional energética estratégica.

De ahí, la apuesta en los últimos años

por ENDE como vehículo para recuperar

"toda la cadena productiva" del sector

eléctrico y como elemento activo en todo el

fortalecimiento del sector boliviano.

Este papel requería una ENDE fuerte y controlada por el estado. Y así ha sido. En 2008, se decretó la refundación de esta empresa en la cual se iban a invertir más de mil millones de dólares para garantizar el abastecimiento de energía como un “derecho humano”. Además fue el punto de arranque para que Bolivia se convierta en una potencia exportadora de electricidad. Incluso se llega a determinar que la electricidad será mayor fuente de ingresos que la exportación de gas. El relanzamiento de ENDE se apoyaba en el decreto supremo 29644 de “refundación” que indica que la compañía “operará y administrará empresas eléctricas de generación, transmisión y distribución, en forma directa, asociada con terceros o mediante su participación accionaría en sociedades anónimas, sociedades de economía mixta y otras dispuestas por Ley”. A partir de ahí, el fortalecimiento de ENDE ha sido patente. En julio de 2010 , se inauguraron las operaciones de la Planta Termoeléctrica de Entre Ríos, que demandó una inversión aproximada de 86 millones de dólares, para incorporar alrededor de 104 Mega Watts (MW) de potencia al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Este proyecto permitió llegar a acuerdos para proyectos de exportación de electricidad a países vecinos.

Nacionalización de REE

5

El camino no ha sido fácil. En marzo de

2011 se dieron problemas de

abastecimiento tanto a la población civil

como a industrias estratégicas de minería,

fundición y cementeras. Ante este

panorama, ENDE anunció el diseño de un

Programa Estratégico de Abastecimiento

que busca generar 160 megavatios (MW) de

potencia a partir del segundo semestre de

2011. Este plan acelera la llegada a la

situación actual.

Por tanto, lo sucedido con la filial de REE

no es más que el resultado de algo

anunciado públicamente por el Estado

boliviano y fruto de un plan estratégico que

se ha hecho realidad en los últimos años

siendo más que palabras políticas huecas.

Todo indica que el futuro cercano seguirá

las mismas líneas: fortalecimiento interno

frente a poderes regionales y desarrollo del

potencial exportador de electricidad. Sobre

la primera línea el proyecto de ENDE

Corporación contempla la toma de control

de todas las distribuidoras que existen en el

país incluidas cooperativas como la cruceña

Cooperativa Rural de Electrificación. Sobre

la segunda, ya existen proyectos conjuntos

con empresas brasileñas para aprovechar

esta oportunidad.

inteligencia

Guiomar Pau, oficial de relaciones

públicas de la Misión de las Naciones Unidas y la Unión Africana en Darfur, Sudan, inicia la entrevista con la siguiente frase: “Las razones del conflicto en Darfur son tan confusas y variadas, que dar una sola respuesta, sería errado”. Y es que la heterogeneidad étnica, (entre 40 a 90 diferentes), su ascenso y prosperidad como Sultanato (en el siglo XVII); el posterior colapso a manos de esclavos; la absorción por el imperio británico que lo hizo parte de Sudán, el que fuese configurado en aquel entonces como el país más grande de África; confluyendo finalmente en una serie de guerras por el poderío real de las tierras, su uso por otras potencias como Libia, que instaló una base militar para sus guerras islámicas, dejando a Darfur sumido en una serie de luchas internas y externas, desmembrado en cuanto al liderazgo y reportando en aquel entonces; (1987/1989), ya varios cientos de muertos y poblaciones destruidas.

En 1989, el Frente Islámico Nacional (NIF, por sus siglas en inglés), liderado por el General Omar Al-Bashir, asumió el poder en Sudán tras un sangriento golpe. El régimen abolió la Constitución, prohibió los partidos políticos, desconoció toda tratativa de paz avanzada hasta esa fecha y declaró la Jihad (guerra santa) contra toda la población del sur no musulmana, usando milicias étnicas para llevar a cabo su cometido. Prontamente, los “Janjaweed”, milicias reclutadas entre árabes nómades, soldados desmovilizados y delincuentes, fueron tristemente célebres. Entrenados y equipados por el Gobierno -cuestión de sostenido desconocimiento por parte del mismo- permitía al régimen combatir guerras locales sin involucrarse directamente. El año 2000, el gobierno norteamericano de George W. Bush, impulsó un acuerdo de acercamiento con Sudán y el régimen imperante, que culminó con la firma de un tratado de paz entre el Gobierno y el Movimiento-Ejército de Liberación del Pueblo (SPLM/A por sus siglas en inglés), que trajo la paz, tras 21 años de sangrientas luchas que arrojaron millares de muertos y cientos de miles de desplazados.

Operaciones de Paz. Darfur

6

Sin embargo, el acuerdo que entre otras

cosas permitía la realización de un

referéndum para la independencia del sur

del país el 2011, el reparto en porciones

iguales del lucrativo negocio del petróleo y la

instalación de una fuerza ONU de 10.000

efectivos para supervigilar el cumplimiento,

no consideraba de manera alguna la región

de Darfur, cuestión que prontamente trajo

nuevos pleitos, con devastadoras

consecuencias. Una vez mas, Darfur vio

demorada la llegada de la paz.

Dos grupos rebeldes comenzaron el ataque a objetivos estratégicos del gobierno sudanés: el Ejército de Liberación de Sudán (SLA) y el Movimiento de Justicia e Igualdad (JEM). Uno de esos ataques, redujo a polvo parte de los aviones y helicópteros con que contaba el Gobierno, lo que produjo la ira y una sangrienta venganza del poder ejecutivo sudanés. El año 2003, la situación empeoró a niveles alarmantes; ambos grupos rebeldes se unieron contra el Gobierno y este por su parte, decidió contra-atacar, manipulando las tensiones étnicas; instruyó a los temibles “Janjaweed” a destruir toda comunidad sospechosa de apoyar a los revolucionarios.

LA ATRASADA PAZ QUE DARFUR PRECISA

Por: AUGUSTO SCARELLA ARCE*

Los magros resultados obtenidos por la comunidad internacional para estabilizar la zona, arrojan como consecuencia un triste saldo de 200 mil muertos, mas de dos millones de desplazados internos, una desnutrición generalizada; mientras se debaten una y otra vez burocráticos aspectos con demasiados actores representantes de variados intereses que no llegan finalmente a acuerdos que permita dar ayuda a una de las zonas mas devastadas del planeta.

Operaciones de Paz. Darfur

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Producto de los hechos relatados, el 30 de Julio del 2004, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución Nº 1556 y demandó al Gobierno de Sudán a desarmar a la milicia “Janjaweed” y llevar a los responsables de delitos contra los derechos humanos y la ley internacional humanitaria a la justicia. Asimismo, autorizó a que la Unión Africana desplegara una pequeña fuerza para monitorear los acuerdos. 150 soldados provenientes de Ruanda se desplegaron en Darfur en el acto, llegando a la suma de 7000 a mediados del 2005, adoptando el nombre de Misión Unión Africana en Sudán (AMIS), bajo la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Nº 1564, del 18 de Septiembre del 2004. Posteriormente y a través de la Resolución Nº 1590, la fuerza desplegada, pasó a denominarse UNMIS (Misión de las Naciones Unidas en Sudán), acordada el 24 de marzo del 2005, cuyas misiones eran la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Sudán y el SPLM/A, proveer asistencia humanitaria y promocionar los derechos humanos. Sin embargo, dados los problemas que la misión formada íntegramente por países africanos reportó en sus operaciones -discutidas en la reunión consultiva efectuada en Addis Ababa, Etiopía- el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas determinó la creación de una misión híbrida entre la Unión Africana y las Naciones Unidas, llamada Misión de las Naciones Unidas y la Unión Africana en Darfur (UNAMID), establecida por la Resolución Nº 1769 del 31 de julio del 2007.

Los objetivos que UNAMID acordó

El mandato de la misión dispuesta por el

Consejo de Seguridad, anexó los medios de la

predecesora AMIS (Misión de la Unión Africana

en Sudán), constituyendo tres fases para el

desarrollo de la UNAMID: primariamente con

un “Paquete de Soporte Liviano” para luego

continuar con un “Paquete de Soporte Pesado”

-entendiendo a ambos como organizaciones de

fuerzas, soporte logístico, administrativo y de

todo orden, en orden creciente- para culminar

con la instalación de la misión híbrida en

Darfur. Cada una de las fases requirió de

coordinación, negociaciones y acuerdos entre

el Gobierno Sudanés la Unión Africana y las

Naciones Unidas, lo que deja entrever la

enorme burocracia con la que debe lidiar la

misión UNAMID para llevar a cabo su

cometido, que en este caso, primariamente; es

la protección de civiles.

Luego de sostenidas negociaciones

diplomáticas con las autoridades sudanesas

que permitieran la instalación de UNAMID, la

mayor fuerza de paz desplegada hasta ahora

en el mundo, comenzó sus operaciones con los

siguientes objetivos:

Lograr una solución política al conflicto.

Restablecer un ambiente seguro y estable en

Darfur.

Restablecer el imperio de la ley, el gobierno y

la protección a los derechos humanos.

Estabilizar la situación humanitaria y facilitar

el acceso de ayuda humanitaria.

8

Operaciones de Paz. Darfur

Guiomar Pau, miembro de UNAMID, no deja de recalcar que la misión humanitaria se inició con graves falencias, sobre todo en aquello relativo al soporte logístico: señala como un pequeño ejemplo de improvisación ante los escasos recursos, que soldados de la AMIS, debieron poner bolsas azules o pintar con brocha sus cascos, para ser reconocidos como miembros de UNAMID. Ello grafica el nivel de las falencias no planificadas ni sostenidas económicamente de la misión. Respecto del primer punto, y de acuerdo a lo reportado por el representante del Secretario General de las Naciones Unidas en Darfur el 8 de julio del 2011, aunque algún progreso se ha alcanzado, la solución política del conflicto está muy lejos de ser lograda, principalmente por la insistencia de algunos actores por mantenerse fuera de los acuerdos consensuados y por tanto, no los reconocen. Esos sectores, abogan por el cambio de Gobierno en Sudán, lo cual no está requerido en ninguno de los borradores que se discuten para el logro de una solución. La organización de las Naciones Unidas, ha fallado fracasado sistemáticamente en sus capacidades diplomáticas de negociación, analíticamente debido a la falla que exhibe en el control del territorio y la obtención de un ambiente seguro en el cual los diferentes representantes de la región, la Unión Africana y la ONU puedan negociar, como asimismo sean reconocidos como mediador justo y equilibrado. En cuanto al segundo objetivo, tampoco se ha logrado el restablecimiento de un ambiente seguro en Darfur, aumentando incluso el número de muertos en enfrentamientos intermitentes entre fracciones disidentes y el Gobierno del Sudán, respecto del reporte anterior a Julio del 2011. Pese a que UNAMID ha logrado extender su presencia mediante patrullajes a áreas remotas, la misma no es permanente, por lo que el ambiente continúa propicio para que las guerrillas continúen operando a sus espaldas.

Respecto del tercer punto, restablecer el imperio de la ley, el gobierno y la protección a los derechos humanos, la misión solo ha tenido avances menores, con un leve decrecimiento en el uso de niños como combatientes y las detenciones arbitrarias, sin embargo la protección a los derechos humanos es uno de los fracasos más amplios que se exhibe hasta la fecha. Finalmente, el cuarto objetivo de estabilizar la situación humanitaria y facilitar el acceso de ayuda, es el que exhibe el mayor nivel de avance, lográndose el ingreso a áreas previamente inaccesibles, pudiendo proveer asistencia a miles de desplazados y sostener cierta continuidad en ello. Los desafíos que UNAMID deberá enfrentar Desde su establecimiento, UNAMID no ha logrado completar el personal militar y civil determinado en su mandato, el que actualmente bordea cifras cercanas al 92% del total. Peor que ello; resulta la creciente falta de dinero en sus arcas. Al 7 de julio del presente año, 180 millones de dólares comprometidos por los países para su funcionamiento, aún se encontraban impagos. Dados los acuerdos políticos alcanzados para superar el conflicto, UNAMID requiere de un importante logro, como es que las dos facciones políticas ausentes en la mesa de negociación accedan a la misma y suspendan sus actividades armadas, con lo cual se llegaría a un acuerdo político que permitiría construir una nueva carta de navegación para Darfur. Sin embargo, el exceso de componentes en la mesa de negociaciones; su burocracia implícita y la lentitud para alcanzar acuerdos, hacen prever que el rol de las Naciones Unidas continuará siendo ineficaz de no imponer un control y un gobierno en todo el territorio, donde el imperio de la ley y el trabajo de los organismos humanitarios permitan la aplicación de la declaración universal de los derechos humanos, de la cual Sudan sorprendentemente, es firmante.

El hecho que UNAMID constituya una misión híbrida, significa que toda decisión debe ser consensuada entre las Naciones Unidas y la Unión Africana, lo que unido a la ya tradicional burocracia del organismo internacional -que constituye su principal crítica en toda operación que tiene vigente en el mundo- hacen de UNAMID una operación con grandes dudas de su real efectividad en el logro de los objetivos que se ha impuesto. Reflexionando sobre el futuro de DARFUR y la misión de la ONU; UNAMID 200 mil muertos, alrededor de 2 millones de desplazados internos, una economía destruida, miles de niños en situación de desnutrición, parecieran ser motivos suficientes para que la comunidad internacional urgiera a las Naciones Unidas a adoptar resoluciones inmediatas en el caso de Darfur. Sin embargo, el férreo control del Gobierno Sudanés de lo que ocurre en su territorio, demora innecesariamente la toma de resoluciones que vayan en cumplimiento de la primera prioridad del mandato del Consejo de Seguridad: la protección de civiles. Sudan, continuamente objeta el trabajo de personas y organizaciones con acusaciones de espionaje y atentados a su seguridad nacional, lo que complica y descontinúa el trabajo humanitario.

Un forzado cumplimiento de sus

cometidos pareciera ser, la única fórmula

que lleve la situación a buen término. Sin

embargo, ello es altamente impracticable,

ante la postura de la comunidad

internacional de no inmiscuirse en

problemáticas internas de los países, como

es el caso de China, que inicialmente

bloqueó toda iniciativa de sanciones contra

Sudan.

La reciente creación de una nueva nación,

Sudan del Sur, no contempló de forma

alguna, soluciones directas o indirectas para

Darfur, algo que ni los Estados Unidos,

impulsores del acuerdo de soberanía

contemplaron, postergando una vez más, el

futuro de millones de habitantes de esa

región.

La operación de la misión híbrida

UNAMID, debería arrojar importantes

lecciones aprendidas en el sentido de la

extensión burocrática de cada uno de sus

acuerdos; burocracia que es criticada como

la peor falencia de las Naciones Unidas que

comienza a ser vista como un organismo

inútil, amén de costoso.

El conflicto armado en Darfur, constituye

una amenaza potencial para Sudán y la

región de África donde está focalizado, por

tanto urge al organismo internacional

(Naciones Unidas) priorizar el cese de

hostilidades lo que logrará sólo con el

control del territorio y su presencia disuasiva

en él, además de lograr el desarme de las

milicias Janjaweed y la consolidación de

corredores humanitarios seguros y estables.

La comunidad internacional, debería impulsar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a reforzar el mandato vigente en Darfur en el sentido de cumplir con la cantidad de personal y material dispuesta, como asimismo asegurar a los países de la comunidad internacional que sus soldados, personal civil y sostenedores, estarán protegidos y a cubierto legal y físico –a través de un correcto equipamiento y marco legal- de las continuas y letales escaramuzas que deben soportar. A la fecha UNAMID arroja 90 bajas; un triste saldo para una misión que no logra demostrar que su sacrificio, tuvo un resultado. Es así como UNAMID continúa

padeciendo falencias críticas en cuanto a

transporte, equipamiento, infraestructura y

medios aéreos, que permitan operar en un

medio ambiente hostil.

Operaciones de Paz. Darfur

9

Operaciones de Paz. Darfur

Fuentes de Consulta Resolución Consejo de Seguridad Nº 1556 del 30.JUL.004. Resolución Consejo de Seguridad Nº 1564 del 18.SEP.004. Resolución Consejo Seguridad Nº 1590 del 24.MAR.005. Resolución Consejo Seguridad Nº 1769 del 31.JUL.007. Reporte del Secretario General de UNAMID del 08.JUL.011. Reportes del Secretario General de UNAMID del 2007, 2008, 2009 y2010. Entrevista electrónica a GUIOMAR PAU, Oficial de relaciones públicas de la misión UNAMID.

El problema más grave y base de Darfur es el estado de inseguridad que posee. El mismo que impide a los desplazados internos a retornar a sus lugares de origen, atiborrando los campos de concentración donde han debido concurrir, haciendo los mismos inoperables, es así como frena el trabajo de las organizaciones humanitarias e incluso de la misma fuerza de imposición de paz, que además debe consensuar con la Unión Africana, las Naciones Unidas y sus países de origen, cada paso que den. Además de la desastrosa situación en que Darfur está envuelta hace ya ocho años, la probabilidad de que el estado de inseguridad se extienda hacia África Central y la vecina Chad no es menor; lo que urge evitar. La urgente necesidad que la misión sea integrada por diversos actores provenientes de todas partes del planeta, es de vital importancia, consiguiendo con ello una mayor diversidad con la intención final de un control más directo de las decisiones a adoptar por parte de las Naciones Unidas, aminorando la supervisión que efectúa la Unión Africana y el propio Gobierno Sudanés, parecieran ser una de las fórmulas a aplicar para salvar definitivamente la situación de Darfur.

10

*Antecedentes Biográficos del Autor Augusto Scarella Arce es Teniente Coronel del Ejército de Chile, pertenece al Arma de Infantería y posee la especialidad de Inteligencia y Fuerzas Especiales. Además de las distinciones propias obtenidas en el marco de su desarrollo en la carrera militar, ha realizado diferentes cursos en el extranjero dentro de los que destacan el de Inteligencia en el Ejercito de los Estados Unidos de NA, Curso Avanzado de Seguridad y Defensa Hemisférica en el Centro de Estudios de Seguridad del Asia Pacifico y Curso de Corresponsales en Zona de Conflicto en el Ejercito del Brasil. Por otra parte, es Periodista, Licenciado en Comunicación Social y candidato a Magister en Ciencias Políticas Seguridad y Defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile.

inteligencia

Las sospechas policiales se habrían concentrado en los grupos que frecuentaba el fallecido Mauricio Morales Duarte, el joven que estudiaba en la Academia de Humanismo Cristiano y que frecuentaba casas Okupas. Las autoridades políticas durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet entendían que probar la vinculación de algún sospechoso depende de un trabajo exhaustivo, algo que requiere tiempo, y que la tarea debía ser encabezada por la fiscalía. En contraste, la derecha insistía en la necesidad de establecer responsabilidades urgentes y fue construyendo un discurso en el que los bombazos eran la indicación palpable de una política de seguridad errada. Habría que decir que lo errado en este caso radicaba en el respeto de los procedimientos y la independencia de las instituciones.

La investigación por los diversos bombazos ocurridos estos últimos años, la mayoría de los cuales iban acompañados de panfletos con consignas o referencias anarquistas, ha enfrentado la complejidad de establecer responsables que no pertenecen a estructuras orgánicas ni responden a las lógicas clásicas de grupos radicalizados. Se trata de actores anti-sistémicos cuyos blancos son disímiles, como se demuestra en ataques a cajeros automáticos, el frontis de la Embajada británica, instalaciones policiales u oficinas de empresas privadas, entre otros. La sucesión de atentados ha provocado heridos circunstanciales, como un empleado municipal que encontró y trasladó un paquete sospechoso que le explotó a escasos metros o la muerte imprevista de uno de los anarquistas, al que le detonó el artefacto que llevaba en su mochila (Mayo de 2009).

Caso Bombas: Los costos de politizar la seguridad

11

En ese estado de cosas, aunque el hecho noticioso del denominado “caso bombas” se produce con el fallo judicial que exculpa a todos los acusados, es manifiesto que es el desarrollo del proceso judicial lo que debería generar las mayores críticas en los próximos días. Lo anterior, que resulta obvio dado los numerosos vicios de la investigación que encabezó el entonces fiscal Alejandro Peña, pareciera no estar en la memoria de varios personeros de la derecha. Esto se desprende de la única declaración realizada por el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en la que se remite a “no comentar” los fallos de la justicia (2) o lo explicita el senador Juan Antonio Coloma al cuestionar directamente no sólo la resolución de los jueces, sino la tipificación del delito. Según Coloma, lo relevante sería que “…hay un divorcio entre lo que entendemos debe ser la aplicación de la Ley (por la ley antiterrorista) y la forma en que algunos jueces entienden como ésta debe aplicarse” (3).

Caso bombas: los costos de Politizar la seguridad (1)

Por: luis marcó r.

Caso Bombas: Los costos de politizar la seguridad

12

La alusión de Coloma pone el acento en la

decisión del tribunal, pocos días antes del

fallo, de cambiar la tipificación de los

eventuales delitos, por considerar que no

existían méritos para acreditar acciones

terroristas por parte de los imputados, ni

mucho menos sostener la petición de

cadena perpetua que presentó la fiscalía.

Mientras parte de la derecha se enfoca en

una supuesta debilidad del tribunal, es

inevitable que el grueso de las críticas se

centre en la verdadera debilidad del caso,

esto es, en la feble calidad de las pruebas

recabadas durante la construcción del

mismo y la responsabilidad del entonces

fiscal Peña y las autoridades de gobierno.

Sin embargo, reducir el problema a vicios

procedimentales, como estaría apuntando

otro sector de la derecha encabezado por el

diputado Monckeberg, con la intención

declarada de justificar un respaldo irrestricto

al Ministro Hinzpeter, resulta insostenible y

nada realista. No se trata de simples vicios

técnicos, existe responsabilidad política. Esta

responsabilidad no radica exclusivamente en

haber puesto el “caso bombas” como una

especie de símbolo de ineficacia de los

últimos gobiernos de la Concertación y, a

contrario sensu, en el paradigma de una

nueva administración que mostraría decisión

y resultados frente a la delincuencia;

tampoco en la temprana decisión del

gobierno de reducir la función del Ministerio

del Interior a una especie de Agencia de

Seguridad; si no más bien en la continua y

manifiesta intromisión del Ejecutivo en las

funciones que son propias del ámbito

judicial. La presión que ejerció el gobierno

para que la fiscalía sustituyera al fiscal

Armendáriz por Peña y los constantes

llamados desde el Ministerio del Interior

para lograr resultados inmediatos son

hechos que, con el desmoronamiento de la

acusación del caso bombas, deben penar en

La Moneda.

Es posible que las actuales autoridades se dejaran llevar por la impaciencia y la frustración al constatar que los tiempos políticos no iban a la par con los de la Justicia, pero eso normalmente es así y no justifica el cúmulo de desprolijidades exhibidas en este proceso. La raíz del problema radica en un pecado de origen del actual gobierno y de la derecha en general, que es haber politizado la seguridad y, paralelamente, “securizado” la política. La “securización” de la política, pese a tener un alcance relativo, tiene un punto destacable con la denuncia del entonces candidato Sebastián Piñera que, junto con los senadores Alberto Espina y Andrés Allamand, hicieron fe de supuestas informaciones extraídas del computador del líder de las FARC, Raúl Reyes, en las que se establecerían vínculos entre la guerrilla colombiana, el Partido Comunista de Chile y el movimiento Mapuche. El legajo, proporcionado por el entonces Presidente Alvaro Uribe, rondó el discurso piñerista por un tiempo, confiriéndole credibilidad a los documentos y fotografías (4). No obstante, éstos carecían de respaldo digital, haciendo imposible comprobar su veracidad y coincidiendo con similares entregas a otros países latinoamericanos, donde la supuesta información fue finalmente asociada a una operación de inteligencia del gobierno de Colombia (5). No es claro el grado de credibilidad que los personeros de la derecha le dieron a esta “información” colombiana. El entonces Senador Allamand guardó prudente distancia del tema, a diferencia de Espina que insistió en la amenaza que se estaría gestando en la Araucanía (6). De cualquier forma, la cosa contribuía a acentuar las críticas sobre la supuesta mano blanda de los gobiernos Concertacionistas y a reforzar la “crisis delincuencial” que convenientemente exacerbaron los más potentes medios de prensa (7). De este modo, la politización de la seguridad, lograda tras una larga campaña mediática, se proyectaba un paso más allá con una supuesta amenaza externa que habría pasado inadvertida para el gobierno de la época.

Lo anterior avaló que el entonces candidato Piñera asumiera con mayor propiedad el discurso de la derecha gremialista respecto a las críticas sobre las políticas de seguridad y a la adhesión de la futura administración de endurecer las sanciones. En los códigos piñeristas esto se graficó en consignas como “la mano dura” contra los delincuentes, por un lado, y la “mano que acoge” a las víctimas de la delincuencia, por otro. Una vez asumido el gobierno, se ha hablado de la “Tolerancia Cero”, del fin “de la puerta giratoria” y otras expresiones que implícitamente critican tanto a la Justicia como a los gobiernos pasados. Pese a las consignas de la actual administración, la politización de la seguridad tuvo efectos indeseados al rigidizar el margen de acción del gobierno en algunos casos. Un ejemplo muy claro fue la resistencia oficial ante la huelga de hambre de colectividades mapuche que demandaban la no aplicación de la ley de Seguridad del Estado. Los detenidos, en ese caso, arriesgaban largas condenas bajo el concepto que habrían cometido acciones de corte terrorista contra instalaciones particulares, durante su proceso de reivindicación de tierras ancestrales. La situación, que detonó durante el primer año del gobierno del Presidente Piñera, tuvo que escalar a una crisis humanitaria, con la intervención de la Iglesia y otros actores, para que finalmente La Moneda flexibilizara su posición. Aún así, no fueron pocos los personeros oficialistas que insistieron en el carácter terrorista de los indígenas procesados y asumieron como un costo la reconsideración de los procesos.

Caso Bombas: Los costos de politizar la seguridad

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La sicosis sobre amenazas terroristas tuvo también otro episodio fracasado como fue la detención del Mohamed Saif Ur, un joven paquistaní que supuestamente tenía trazas de explosivos detectadas con sofisticados medios técnicos (8). La denuncia fue encabezada por el Ministerio del Interior, después que el joven fuese detenido de una manera muy confusa en la Embajada de Estados Unidos y entregado a Carabineros. Al margen de lo insólito del procedimiento, el proceso judicial no pudo acreditar que efectivamente existieran los rastros de material explosivo y, de hecho, se habrían producido resultados disímiles en algunos de los peritajes (9). Aún así, La Moneda insistió en que la falta de pruebas no constituía necesariamente inocencia y siguió en la línea de poner la seguridad como uno de sus principales centros de preocupación, por no decir, la principal de ellas. En ese sentido, fomentar nuevos miedos en la opinión pública pudo parecer funcional a las autoridades responsables, así como el problema del terrorismo islámico (en ese caso como amenaza real) fomentó una serie de restricciones a los derechos civiles en Estados Unidos.

En un escenario donde hay diversos estudios que han ido marcando un deterioro en los parámetros de la seguridad pública durante el actual gobierno, es claro que las autoridades responsables aparecen expuestas a mayores cuestionamientos tras el fracaso de un proceso que el propio Ministro del Interior sobreexpuso y consideró emblemático. No obstante, es esta apuesta mediática el indicio más revelador que la opción de las autoridades se encaminó a adoptar medidas efectistas y de corto plazo, por encima del diseño de una verdadera política pública. La insistente crítica a las políticas de seguridad de los gobiernos pasados, así como los lamentables desencuentros del Ministro Hinzpeter y el Fiscal Nacional (10), y del gobierno con la Corte Suprema (11), son los costos de haber politizado la seguridad y no haber asumido que se trata de una tarea esencialmente cooperativa y convocante. Las reacciones del gobierno después de conocido el fallo este viernes pasado, apuntan a socializar el fracaso. En rigor, la fiscalía tiene mucho que decir al respecto, pero la falta de rigurosidad a lo largo del proceso fue estimulada y avalada por las autoridades de Interior, desde el momento que presionaron

por resultados en forma precipitada y profusamente expuesta a los medios. Es posible que las actuales autoridades intenten desplazar los costos políticos presentando nuevos recursos ante la Justicia, pero el destino del caso, de no mediar antecedentes concretos y nuevos, no debiera tener resultados muy diferentes a los conocidos. La conclusión es que el estilo impuesto por esta administración en materia de seguridad seguirá mostrando vulnerabilidades severas, más aún si las autoridades competentes se mantienen reacias a asumir sus responsabilidades y decididas a persistir en los mismos criterios que han llevado a este estrepitoso descalabro. Dicho sea de paso, esta persistencia solo conduce a erosionar el quehacer policial, de la fiscalía, de los tribunales de Justicia, del Consejo de Defensa del Estado y del propio Ministerio del Interior.

NOTAS: 1.- Este artículo se basa en información pública 2.- http://www.cooperativa.cl/hinzpeter-ya-declara-por-el-caso-bombas/prontus_nots/2012-05-24/090039.html

3.-http://latercera.com/noticia/politica/2012/06/674-464237-9-coloma-dice-que-no-puede-haber-impunidad-para-personas-que-pusieron-bombas.shtml. 4.- Diputado Forni afirmó en sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores a la Cámara que: “el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, le entregó los antecedentes a Sebastián Piñera: “porque Uribe es un líder muy juicioso y con visión de futuro, que entiende que Piñera será el próximo Presidente de Chile”. http://200.29.18.117/noticia.php?noticia_id=8605&categoria_id=54 5.- Según nota de La Nación, el capitán colombiano Ronald Hayden Coy Ortiz, a cargo del peritaje del computador del líder de las FARC, Raúl Reyes, señaló que no se encontraron correos electrónicos, dando un vuelco al caso. http://rie.cl/lanacioncl/?a=119769. Asimismo, la entrega de supuestos documentos de las FARC fue asociada con un intento del gobierno de Uribe de ligar al Presidente Correa y a Chávez con esa organización. http://www.elespectador.com/noticias/wikileaks/articulo-271643-gobierno-uribe-uso-archivos-de-raul-reyes-contra-chavez-correa-y 6.- El Senador Espina sostuvo que había grupos de extrema izquierda, “extremadamente violentos que habrían estado operando en la Araucanía. Ver http://www.cooperativa.cl/espina-afirmo-que-hay-vinculos-entre-las-farc-y-la-violencia-en-la-araucania/prontus_nots/2008-08-31/222312.html 7.- El mismo Senador Espina, días después, matizó sus declaraciones desvinculando al mundo mapuche del nexo con las FARC. "Me parece inaceptable mezclar este problema puntual de las Farc con la realidad de las comunidades mapuches de La Araucanía. Las reivindicaciones de las comunidades mapuches que son legítimas, no tienen nada que ver con que tres o cuatro personas hayan recibido entrenamiento en Colombia, si es que eso se llega a comprobar”. http://latercera.com/noticia/nacional/2010/11/680-304466-9-senador-espina-niega-vinculo-de-comunidades-mapuches-con-las-farc.shtml 8.http://www.emol.com/noticias/nacional/2010/05/11/412576/paquistani-detenido-en-embajada-de-eeuu-en-chile-se-declara-inocente.html 9. http://radio.uchile.cl/noticias/69446/ 10.- http://www.cooperativa.cl/hinzpeter-emplazo-a-sabas-chahuan-a-definir-su-politica-de-persecucion-criminal/prontus_nots/2011-11-17/114101.html

11.- http://noticias.terra.cl/nacional/corte-suprema-da-por-

superada-polemica-con-gobierno,b519419379073310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html

Caso Bombas: Los costos de politizar la seguridad

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ESPECIAL Reportaje gráfico

FIDAE 2012 27.03.2012 - 01.04.2012

Por: DIEGO CERDA SEGUEL

Nos infiltramos en todos los rincones, donde se exhibe la más interesante muestra regional de tecnología aeroespacial. La Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae )se desarrolla cada dos años en Santiago de Chile. Con estas imágenes sobran las palabras.

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