a la orilla del río. boletín académico y cultural desde la amazonía colombiana

Florencia, Caquetá-Colombia Nº. 1 Marzo de 2015

La institucionalidad local y la agricultura familiar

Alejandra Ciro, [email protected]

Julián Barbosa, [email protected]

La agricultura familiar, la pequeña producción agropecuaria cuya mano de obra es básicamente familiar, produce en el país el 70% de los alimentos. El año 2014 fue declarado por la ONU como el año de la agricultura familiar y todos los ojos están puestos ahora en el tema. En el marco del proceso de paz de la Habana, en el que la agricultura familiar aparece como parte de la columna vertebral del acuerdo sobre tierras, vale la pena preguntarse por el estado actual de la capacidad institucional local para responder a este reto que en el Caquetá signiLicaría la activación de quizás el más prometedor sector económico del departamento.

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A la Orilla del Río es un boletín propiciado por la Corporación Educativa Jean Piaget que busca abrir espacios para debatir sobre artes, humanidades y ciencias desde la Amazonía colombiana. Las opiniones aquí expresadas no comprometen ni reflejan la posición oficial de la Corporación.

Estefanía Ciro Es Economista, Mágister en Historia de la Universidad de los Andes y candidata a Doctora del programa de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México, docente e investigadora del Centro de Pensamiento A La Orilla del Río de la Corporación Educativa J e a n P i a g e t . C o n s u l t o r a independiente.

Julián Barbosa Es historiador y politólogo de la Universidad de los Andes, Mágister en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia, docente e i n v e s t i g a d o r d e l C e n t r o d e Pensamiento A La Orilla del Río de la Corporación Educativa Jean Piaget. Consultor independiente.

Alejandra Ciro Es historiadora de la Universidad de los Andes, Mágister en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia, docente e investigadora del Centro de Pensamiento A La Orilla del Río de la Corporación Educativa J e a n P i a g e t . C o n s u l t o r a independiente.

A LA ORILLA DEL RÍO BOLETÍN ACADÉMICO Y CULTURAL DESDE LA AMAZONÍA COLOMBIANA

Atardecer en el Caquetá. Fotografía Julián Barbosa 2015.


Al intentar dar cuenta de este problema uno se encuentra con un panorama desalentador. Salvo Florencia, todos los municipios del Caquetá son de sexta categoría, es decir, son los municipios que por su poca capacidad Liscal son los que menos reciben recursos de la nación, lo que de entrada es un obstáculo para la capacidad de gestión de las administraciones locales. No es mucho lo que un alcalde de un municipio del departamento puede hacer por la agricultura familiar en su localidad, tampoco los consejos mun i c i pa l e s . E l p re supues to municipal para el sector agrícola a duras penas alcanza para pagar la nómina de las UMATAS. Por su parte, los gremios de productores en el Caquetá no tienen el músculo e c o n óm i c o p a r a r e a l i z a r e l acompañamiento y brindar asistencia técnica a los campesinos. Hoy en día parte de los esfuerzos de los gremios sigue siendo buscar que el alcalde o gobernador de turno les brinde un lote en comodato para poder operar administrativa y Linancieramente.

El año pasado y en el contexto de las movil izaciones campesinas se empezó a hablar del llamado Pacto Agrar io , con gran despl iegue publicitario por parte del gobierno nacional. Allí el gobierno estableció que los campesinos productores debían formular proyectos según las necesidades que tenían. Miles de c ampes ino s s e un i e ron a l a convocatoria , -‐y ahí hay que considerar lo que signiLica para un campesino, en términos de recursos y logística, aplicar a una convocatoria de este tipo-‐. Entre los requisitos que estableció el gobierno estuvo el que todo proyecto tenía que ser avalado por los Consejos Municipales de

D e s a r r o l l o R u r a l ( C M D R ) , conformados por los alcaldes, productores y funcionarios de cada municipio. En teoría, los CMDR deben guiar las iniciativas políticas en los municipios. La verdad, a estos conse jos , en pa labras de un productor “no los respeta nadie, son de papel”. Así, después de lo que signiLicó para la gente cumplir los requisitos de la convocatoria –lo que signiLica para un consejero que vive en una vereda desplazarse hasta la cabecera para asistir a las reuniones-‐, el gobierno nacional ya dijo que no había plata para el Pacto Agrario, y de los múltiples proyectos que se formularon para el Caquetá, ninguno pasó. Ahora, el gobierno nacional, en p l e n o a ñ o e l e c t o r a l , a n d a promocionando el proyecto Pares, que deja en manos de alcaldes y gobernadores e l ava l de l o s proyectos. Los programas para el campo quedan de nuevo como lo que han sido: escenarios de manipulación política desde todos los frentes. ¿Qué le queda al campo entonces? Las agencias de cooperación, que vienen con su re cur sos e i n te re ses extranjeros a Linanciar proyectos para el sector rural. Ha sido tal el copamiento de estos programas y los escasos resultados en el Caquetá que es frecuente escuchar que los campesinos no quieren saber nada de ellos ni participar en más reuniones o convocatorias. Más aún cuando con cada programa hay un levantamiento diferente de información que, en zonas donde el conLlicto armado sigue vigente, el campesino se muestra, con razón, reticente a entregar.

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El año pasado el presidente Santos se comprometió con recursos en la creación de un Comité de Impulso a la Agricultura Familiar. Detrás de este acuerdo estuvo Agrosolidaria, una agremiación nacional que convoca a todos los productores del campo para q u e s e e m p o d e r e n c o m o transformadores y comercializadores de sus propios productos. Con el cambio de Ministro de Agricultura ese “compromiso” está en veremos, sin embargo Agrosolidaria sigue operando en el departamento, apoyando al productor caqueteño para que comercialice a precios justos –tanto para él como para el consumidor-‐. Esta es solamente un ejemplo de empoderamiento de las comunidades campesinas, sin embargo, esta no debe ser una iniciativa que incumba solamente a los productores del campo, debe ser una preocupación de la ciudadanía en general. Es un compromiso con nuestra propia soberanía alimentaria apoyar al sector agropecuario.

La suerte aún no está echada: los acuerdos sobre cultivos de coca

de La Habana a la luz del “Modelo Caguán”.

Estefanía Ciro, [email protected]

¿Qué le espera al Caquetá ante la cuestión de los cultivos de coca en el marco del pos-‐ acuerdo? Esta semana se cumplieron dos años desde la primera vez que el gobierno de Santos y las FARC-‐EP se sentaron para redactar el Acuerdo General

de La Habana. Este proceso duró seis meses, se Lirmó el 25 de Agosto del 2012 y se instaló públicamente en Oslo (Noruega) el 18 de Octubre ese mismo año (Santos, E., 2014). Los temas que se acordaron dentro de la agenda fueron seis: la política de desarrol lo agrario integral , la participación política, el Lin del conLlicto, la solución al problema de las drogas ilícitas, l a s v í c t i m a s y p o r ú l t i m o , l a imp l emen t a c i ó n , v e r i L i c a c i ó n y refrendación de lo acordado . 1

Este proceso de diálogo es una oportunidad histórica no solo para las partes sino para la sociedad colombiana en general. El éxito del periodo pos-‐acuerdo depende de la organización de los múltiples actores en juego y su voluntad política, y también de la manera en que toda la sociedad, entre ellos el sector privado o los partidos políticos, asuman roles pensando articularse activamente en este reto.

La negociación sobre los cultivos de coca y la producción de pasta base entre la guerrilla, el campesinado y el Estado no es un asunto nuevo. Este texto propone una lectura de los puntos acordados sobre el problema de los cultivos de coca a la luz del surgimiento histórico del campesino cocalero en el Caquetá y los procesos organizativos del “Modelo Caguán”. Así se pueden deshi lar a lgunos retos y oportunidades que los diferentes actores políticos del Caquetá tienen antes el pos-‐acuerdo.

En l a coyuntura ac tua l de l departamento, uno de los impactos más s igniL icat ivos de este acuerdo es precisamente el futuro ambiental del Caquetá, que ostenta desafortunadamente una de las más altas tasas de deforestación en el continente (Agencia de Noticias UNAL, 25/01/2013). Este asunto poco a poco se ha ido Liltrando en la preocupación regional en diferentes foros y que se suma

En este momento se está discutiendo el tema de Víctimas, y los expertos que integran la Comisión Histórica del 1

Conflicto y sus Víctimas entregaron sus informes. Transversalmente han funcionado las subcomisiones de género y la de “fin de conflicto”. La información al respecto puede encontrarse en www.mesadeconversaciones.com.co � 3


al debate sobre los peligros ambientales que acechan al Caquetá con la “locomotora minero-‐energética” (Censat Agua Viva, 2014) . 2

Esta crisis ambiental es un síntoma de las contradicciones que enfrentan los diferentes actores que hacen parte del campo caqueteño (desde el pequeño c a m p e s i n o h a s t a l o s g r a n d e s terratenientes, por ejemplo). No debe ser entendida como una consecuencia aislada del cultivo de coca o de la ganadería intensiva sino como el resultado de la carencia de un proyecto integral y sostenible de desarrollo rural serio y democrático. Es en este horizonte de acción en el que se debe comprender lo acordado en La Habana sobre lo rural y los cultivos de coca; su fracaso es el nuestro también.

Este texto inicia exponiendo el funcionamiento de la economía social de la coca y mostrando el lugar que el campesino ocupa en esta cadena. Después se sitúa históricamente el surgimiento de los cultivos de coca en la región. Posteriormente se analizan los puntos centrales de la experiencia del “Modelo Caguán” que pueden servir para hacer una lectura tanto del papel del Estado en la región como de sus aportes para la experiencia actual del diálogo entre las FARC-‐EP y el gobierno colombiano. Finalmente se comenta sobre los retos y oportunidades para la región en esta

coyuntura a la luz de esta experiencia pasada.

1. La economía social de la coca: la otra cara de la globalización

El campesino cocalero es un protagonista reciente de la historia de Colombia debido a la expansión de los cultivos de coca a lo largo de la Amazonia colombiana hace poco menos de cuarenta años. Pero su aparición no es caprichosa, la vida de este campesino está marcada de experiencias como la pobreza, e l desplazamiento, la violencia y la crisis agrícola del campo colombiano (Molano, A., 2001; Jaramillo, J.E. et al, 1989).

Su surgimiento también obedece a l a d emanda d e e s t upe fa c i en te s , a luc inógenos y demás sustancias psicoactivas a lo largo del mundo a Linales del siglo XX, un negocio que es central en el funcionamiento de la economía global, tanto en términos de movilización de capitales, como en la vida cotidiana de los habitantes del primer mundo . Es por este 3

mercado, que se calcula en 17 millones de consumidores de cocaína en el 2012 (aproximadamente dos veces Bogotá), que varios países en América Lat ina , incluyendo a Colombia y a México, se han visto envueltos en la “cruzada” contra las drogas, una política de criminalización con resu l tados var iopintos y muchas encrucijadas . Recientemente la cocaína 4

parece estar perdiendo terreno frente a las

Uno de los temores es que paralelamente a los acuerdos de paz, la política de extracción minero-energética en el 2

departamento y sus consecuencias ambientales, sigue avanzando en contravía a los intereses de las comunidades del Caquetá.

Según el ultimo informe sobre consumo de drogas en Colombia, se detectó un aumento significativo en el uso de 3

cualquier sustancia ilícita (marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis o heroína) tanto en prevalencia de uso como en el uso del último año. Hay mayor aumento de consumo en hombres, en el grupo de edad entre 18-24 años y en los estratos 1, 2 y 3. El uso de cocaína en el último año se mantiene en niveles estables a nivel nacional (Gobierno República de Colombia, 2014; 19-20).

Se calculan que 17 millones son consumidores de cocaína (UNODC, 2013: 2 En el 2012, se estimó que 243 millones 4

de personas entre los 15-64 años (el 5.2% de la población total entre 15 y 64 años) habían utilizado alguna droga prohibida al menos alguna vez en el último año). Hasta los sectores más ortodoxos de la academia colombiana ya se atrevieron a criticar los resultados de la política contra las drogas (Mejía, D., y Gaviria, A., 2012). Desde los 90´s otros autores están mostrando sus debilidades (de Rementeria, 2001; Camacho, A., et all, 1999). � 4


drogas sintéticas: el Informe Mundial sobre las Drogas en el 2014 de la UNODC, señaló que la disponibilidad de la cocaína ha disminuido en el mundo y que el área estimada de cultivo a Diciembre del 2012 fue la más baja desde 1990 (UNODC c, 2014; 10).

Los ritmos f r e n é t i c o s , discordantes y desintegradores d e l a v i d a moderna basada en la eLiciencia, l a s u t i l i d ad e s materiales y la desigualdad, ha llevado a ampliar el uso de estas sus tanc ia s . La coca ína es un a l c a l o i d e estimulante del sistema nervioso central altamente adictivo que se extrae exclusivamente de la hoja de coca, una especie de planta cultivada en los países andinos y amazónicos. La hoja de coca tiene diferentes tipos de alcaloides y el más conocido es la cocaína. Los países donde estas plantas son nativas, es decir, Bolivia, Perú y Colombia, concentran toda la producción de cocaína en el mundo (UNODC c, 2014: 10).

En el occidente globalizado, la cocaína es consumida en diferentes formas. En el mercado se vende en forma de bazuco, el más barato pero también el más dañino porque se produce con los desechos de la extracción de la cocaína, químicos nocivos como el polvo de ladrillo, la acetona, insecticida, plomo y gasolina roja. También en forma de crack, que se fuma en pipas y es muy adictivo. El otro producto es el clorhidrato de cocaína, un polvo blanco que se esnifa (algunas veces se inyecta también) en dosis promedio de 20 a 50 mi l igramos . Sus e fectos

inmediatos son la excitación y la elevación de la autoestima (Saviano, R., 2014).

Varios elementos caracterizan este mercado, que como cualquier otro, nunca está determinado exclusivamente por la oferta y la demanda. Los precios de la

c o c a í n a s e determinan por l o s c o s t o s e x t r a s d e l p r o c e s o d e circulación del producto dado e l c a r á c t e r i l e g a l d e l producto; por e j e m p l o , l a corrupción, el mantenimiento de los ejércitos privados, las incautaciones. También por las relaciones

con el cliente, pues se habla de una demanda cautiva y en aumento, y por los mecanismos sui generis que utilizan los narcotraLicantes en ausencia de un aparato formal de derecho que pueda “ordenar” el mercado ilegal (Krauthausen, C., y Sarmiento, L.F., 1993).

Los datos del narcotráLico en Colombia siempre han sido diLíciles de cuantiLicar. Uno de los más recientes intentos aLirman que en el 2008, el mercado del tráLico de cocaína fue de 13.6 billones de pesos, es decir, el 2.3% del PIB de l pa í s . De e s to s , 1 . 2 b i l l ones correspondieron al eslabón de los cultivadores de hoja de coca y 0.2 a quienes procesaron la pasta base; 2 billones quedaron en la etapa de cristalización y la mayor ganancia se quedó en el tráLico, que alcanzó 9.6 billones (Mejía, D., y Rico, A:, 2010: 4). Es así que el eslabón que menos se beneLicia es el que produce la hoja de coca y procesa la pasta base, en el que participa el campesino cultivador y el raspachín. Es en

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Cultivo de coca en el Caquetá. Fotografía Estefanía Ciro, 2015.


este punto en el que el carácter agro-‐exportador y minifundista de la actividad se mezcla con la crisis general de la agricultura campesina.

Los cultivos de coca se extienden en 200 municipios (de los 1123 que tiene Colombia). Es una actividad que se concen t ra p r inc ipa lmente en 10 municipios del país a pesar de que ha ido en descenso (Mejía. D., y Rico, A., 2010: 8). En el 2013, la región con mayor porcentaje de cultivos de coca fue PaciLico, con 38.5%, seguida de Putumayo-‐Caquetá, con un 24.9%. En estos últimos 10 años, la caídas más drásticas de hectáreas cultivadas según Cerac y Dane fue la región Meta-‐Guaviare que pasó de 28 mil en el 2004 a 7 mil en el 2013. En el Caquetá-‐Putumayo, el 2007 fue un año en el que el cultivo se duplicó con respecto al 2004, pero volvió a caer en el 2013. A pesar de esto, mostró aumentos signiLicativos en hectáreas sembradas en el 2013 (UNODC b, 2014: 29).

Ahora, no todos los cultivadores son iguales. Algunos autores hacen distinciones: pequeños, medianos y grandes cultivos, que tienen características diferentes, y por lo tanto preocupaciones diferentes (Ortiz, C., 2003; Torres, L. 2000). En particular el pequeño productor es un típico colono campesino, y en el Caquetá eso implica varias cosas, como se explicará a continuación.

2. Surgimiento del campesino cocalero en el Caquetá: de espejismos de

riqueza

El d iscurso de “ frontera” y “periferia” del Caquetá, tan interiorizado en las conversaciones cotidianas sobre esta región con la famosa frase “la ausencia del Estado”, es una construcción política e histórica que tiene como objetivo legitimar ciertas políticas sobre la región. Esta dominación se evidencia en el carácter excepcional de las políticas que el Estado colombiano ha desplegado en el

Caquetá, que juegan con la doble cara estatal: una cara asistencialista y paternalista que se conjuga con una cara represiva y militar (Wacquant, L. 2010). Unas políticas cada vez más cerradas a la participación y construcción local de democracia y reLlejo de cierta imposición. En últimas, como aLirma Margarita Serje (p. 225, 2005), la diferencia es resultado de la dominación, no al contrario. Las características de “periferia” del Caquetá con índices sociales y económicos tan bajos, son resultado de estas políticas, no su explicación o justiLicación.

Y es que a lo largo de la historia del departamento, lo que se ve es una presencia constante y conLlictiva del Estado en esta región; Rafael Reyes se hizo rico (y presidente) siendo cauchero en la Amazonía y los congresistas huilenses a mediados del siglo XX lograron que calara la idea de una Caquetá ganadera. Fue por defender la soberanía de ese “centro” amenazada en la Guerra contra el Perú que se dio un impulso a las carreteras y a la colonización y la presencia del Estado también se notó en los proyectos Caquetá I y II del Banco Mundial que fueron muy importantes en los setenta a pesar de su fracaso, un periodo también con mucha movilización social y política en la que se logró parte de la electriLicación del departamento, y fue respondida muchas veces con represión.

En los ochenta llega la Liebre de la coca que revolcó todos los estamentos de la sociedad colombiana (desde la guerrilla hasta el Estado); también la región fue testigo de la represión del Estatuto de Seguridad, la expansión del M-‐19 y el fortalecimiento de las FARC-‐EP, a la par de la aplicación del Plan de Rehabilitación Nacional. Fue en esa negociación con el centro y los beneLicios políticos que obtuvo de ahí, que Hernando Turbay se convirtió en el líder político que fue en los ochenta. En los noventa, la ola de f um iga c i ón mov i l i z ó a m i l e s de campesinos cocaleros y en el Caquetá se

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ejecutó el PLANTE. En 1998 se Lirmó el acuerdo de política contra las drogas más ambicioso de los Estados Unidos y con mayor injerencia en la región, el Plan Colombia, donde el Caquetá fue un lugar de operaciones.

Es así que el Estado colombiano ha sido un actor determinante, constante y deL in i t ivo en la h is tor ia de este departamento. En vez de aLirmar la “ausencia del Estado”, la pregunta debe ser qué tipo de relaciones estatales se establecen en la región, cuáles son sus prioridades y qué intereses tienen.

A partir de esto, entonces ¿quién es el campesino cocalero del Caquetá?¿Quiénes son los actores que participan en esta primera etapa de cultivo de hoja y producción de pasta base?

El campesino caqueteño, y en especial el cocalero, es ante todo un colonizador. Los fenómenos de la colonización en Colombia han conLigurado política, económica y socialmente este país. Dos han sido los procesos centrales de construcción regional más importantes del siglo XX: la colonización cafetera y la de la Amazonia y Orinoquía, que se basaron en las economías extractivas, como la quina, el caucho, las maderas y las pieles. En este contexto, la colonización amazónica se desarrolló con más fuerza en la segunda mitad del siglo XX y explica el rezago de la descampesinización en el país. Esta migración permitió encontrar miles de hectáreas disponibles, escapando momentáneamente a la presión del capital de la agro-‐exportación y del mismo Estado, amortiguando la masiva migración c ampo -‐ c i u d ad y a umen t ando l a asalarización agrícola (Legrand, 1988).

La Amazonia colombiana, al igual que toda la región amazónica del Perú, Bolivia y Brasil, se convirtió en área de colonización esporádica a principios del siglo XX a través de los mercados extractivos de la quina y el caucho (Domínguez, C., y Gómez, A., 1990) pero poco a poco la mediana y gran propiedad

g a n a d e r a s e f u e i n s t a u r a n d o , transformando el paisaje amazónico caqueteño en grandes potreros (Ciro, A., 2008).

Una primera migración masiva llega entre 1950 y 1960 a raíz de La Violencia; estas personas llegaron a climas diLíciles y tierras poco fértiles pero al Lin al cabo, libres de violencia y disponibles para el trabajo.

El campesino amazónico enfrentó el reto de domesticar la selva con métodos de la cordillera. Ellos reprodujeron la migración permanente: migración-‐ colonización-‐conF l icto y migración (Fajardo, D., 2009). Este ciclo consiste en la presión constante de los intereses de la acumulación de capital a la que están sometidos los campesinos en la selvas y q u e s e d a p r i n c i p a l m e n t e v í a endeudamiento. Las raíces de las demandas y luchas políticas del campo amazónico frente al Estado colombiano tienen sus raíces en la necesidad de romper con las condiciones adversas y vulnerabilidad que hace repetir el ciclo (Delgado, A., 1987).

La coca es la última expresión de este ciclo. La apertura de selva a lo largo del río Caquetá y selva adentro permitió ampliar la frontera agrícola; detrás de ellos van los terratenientes apropiándose de esta tierra desmontada. Los cocaleros entonces se internan más en la selva.

La política de criminalización del campesino cocalero y en general del narcotráLico se ha basado en algunas declaraciones de las Naciones Unidas (ONU; 1961, 1971, 1988). Uno de los países que más ha desplegado esta política de la lucha contra las drogas con la pauta de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos ha sido Colombia (Vargas, R., 1999; Tokatlian, J. G., 2001). La injerencia de este país en la política interna colombiana ha utilizado la política anti-‐drogas como caballo de Troya. No obstante, la criminalización al cultivador es una característica particular del tratamiento

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del fenómeno en Colombia, en Perú la hoja puede ser cultivada y se castiga el procesamiento (El país semanal, 23, 01, 2014).

La manera en que esta penalización afecta al campesino ha sido a través de una e s t r u c t u r a l e g a l c a d a v e z m á s c r i m i n a l i z a d o r a q u e c o n s i s t e principalmente en el encarcelamiento, la fumigación y la erradicación forzada, además de la estigmatización.

La participación de la población encarcelada por delitos relacionados con el narcotráLico es alta, pues constituye el tercer grupo de delitos con más personas privadas de la libertad. Entre 2003 y 2009 fueron privadas de la libertad por este cargo 11 mil personas principalmente “raspachines”, pequeños cultivadores, “mulas” y pequeños distribuidores (Uprimny, R., y Guzmán, D., 2010: 46). En el 2013, 24 mil personas fueron encarceladas por la modalidad delictiva “ t rá L i co , f ab r i c a c i ón o po r te de estupefacientes, 14.2% del total.

Colombia es el único país en el mundo que fumiga con glifosato, afectando no solo al cultivador de coca sino a Lincas alrededor y al medio ambiente en general. La aspersión ha sido una estrategia central del Plan Colombia, pasando de 50 mil hectáreas en el 2000 a 170 mil hectáreas en el 2006 (UNODC, 2013: 84). Y el Caquetá ha sido una de las áreas de mayor aspersión, alcanzando el pico en el 2002, con 18 mil, seguidas por 17 mil en el 2010 (UNODC, 2013: 85).

3. “Modelo Caguán”: 30 años de la primera experiencia de paz y de sustitución

de cultivos en el Caquetá.

La experiencia de los diálogos del Caguán durante la presidencia de Andrés Pastrana (1998-‐2002) opacaron otra que se dio en ese mismo territorio décadas antes y que fue denominada “Modelo Caguán” en el marco de un primer acercamiento entre el gobierno de

Betancur y las FARC-‐EP entre 1982 y 1986, momento que permitió que se radicara la Ley de Amnistía, el Plan Nacional de Rehabilitación y se creara la Comisión de Paz. Más allá de pensar las diLicultades y obstáculos de este proceso de negociación, el interés de este texto es ilustrar la propuesta para el desarrollo agrícola de la colonización y la sustitución de cultivos de coca planteada en el “Modelo Caguán” y sus resultados.

En los ochenta, la Lirma de los acuerdos de La Uribe (Meta) entre el Estado Mayor de las FARC-‐EP y la Comisión de paz del gobierno de Betancur generó esperanza principalmente en las áreas del sur de Colombia, donde el conLlicto traía zozobra cotidiana sobre la población y había expectativas precisas frente a la solución a problemáticas campesinas como la colonización de la Amazonia, que exigían atención.

En ese momento dos procesos centrales vivió la región caqueteña, la colonización y la introducción de los cultivos de coca. La propuesta del Modelo C a g u á n f u e r e s u l t a d o d e e s t a s expectativas, basadas en la decisión de los campesinos de dejar la coca a cambio de un impulso transformador del Estado colombiano sobre la productividad del campo caqueteño.

El experimento del Caguán tenía como objetivo hacer del Caguán una región “pacíLica, con un sitio en el concierto económico del Caquetá y reconocida por las autoridades del Estado”. Para esto se redactó el Anteproyecto del Plan de Desarrollo del Medio y Bajo Caguán y se propuso levantar un área de reserva forestal (Mora, L., 1989, p. 156). También se incluyó la construcción de una granja experimental para el desarrollo técnico y cientíLico de la actividad campesina en la región y la creación de una empresa agrícola comunitaria. La legitimidad de este proyecto fue amplia gracias a la Lirma de 29 juntas de acción comunal, el comité de colonización, la asociación de juntas

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comunales y los representantes políticos de los frentes XIV y XV de las FARC en 1985 más la participación de entidades gubernamentales como el INCORA (Mora, L., 1989, p. 170).

Este anteproyecto contempló varios ejes: uno agropecuario, entre otros mediado por el tema del fomento ganadero y la expansión de la ganadería (priorizando el modelo de explotación ex t en s ivo y s u s d e s a fo r t unada s consecuencias en el territorio amazónico y sobre la concentración de la tierra); el de infraestructura social, sobre temas como la educación y la salud, el acueducto y el alcantarillado; la infraestructura Lísica, principalmente la preocupación por la electriLicación, el mejoramiento del t r a n s p o r t e L l u v i a l y l a s t e l e c omun i c a c i o n e s ; y e l d e l a infraestructura vial que incluyó el tema de una pista de aterrizaje y el desarrollo de vivienda y locales públicos (Mora, L., 1989, p. 178).

Un logro fue el levantamiento de dos reservas, 360 mil hectáreas en Santa Fe y 7000 hectáreas en la Vereda Guaquirá. Para este proceso, el INCORA fue una entidad gubernamental fundamental y el Caguán empezó sus primeros pasos con el objet ivo de convert irse en un “laboratorio de paz” del país . La efervescencia social sobre las expectativas de desarrollo y paz fueron un sentir regional.

También quedaron la redacción del estudio, la caracterización geográLica y ambiental construida por el Inderena, el levantamiento de la reserva forestal, un paquete de proyectos multidisciplinarios, el levantamiento topográLico realizado por el INCORA y la construcción en Santa Fe del acueducto y el alcantarillado, además de a l gunas capac i t a c iones a l a s comunidades.

No obstante, la esperanza no duraría mucho, ¿qué ocurrió?. Leonidas Mora (1989) en el epílogo de su trabajo reLlexiona sobre lo que ocurrió tres años

después de la Lirma del Anteproyecto (1985-‐1988), mostrando “el curso comple jo y contradic tor io de un experimento político y económico que se perLilaba como pionero en la historia de la colonización y a servir como modelo para l a i n te rvenc i ón de l a Amazon í a Colombiana” (1989, p. 197).

En esta coyuntura surgió el Comité de Investigación y Transferencia de Tecnología, con la participación de la comunidad, las FARC-‐EP y las entidades gubernamentales. En la visita de Betancur a Florencia y a Cartagena del Chairá el 28 de Septiembre de 1985 se le presentó al presidente un documento. Este tuvo como objetivo, según Mora (1989)

“ p r e t e n d e r e l reconocimiento formal del comité, se buscaba el apoyo presidencial para desvirtuar las acusaciones del ejército y de los dirigentes de liberalismo oLicialista a todas luces infundadas, de ser un instrumento de la subversión y sus principales impulsores, auxiliadores directos de la guerrilla” (Mora, L., 1989, p. 200).

En el documento se enfatizó la necesidad de obtener apoyo presupuestal para coordinar la participación de 16 entidades participantes entre la comunidad, la guerrilla y el gobierno buscando entre otras la sustitución de los cultivos de coca. La propuesta no partía de la destrucción del cultivo sino de un plazo de sustitución que iría a ser controlado por las organizaciones de la región, insistiendo en la necesidad de apoyo técnico, la implantación de normas de protección de recursos naturales, el uso de multas y la limitación del tamaño de los predios rurales que iba entre 50 y 200 hectáreas. El control de este

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proceso quedaba en manos de un Comité de Colonización (Mora, L., 1989, p. 209) . 5

Para la segunda reunión del Comité de Investigación y Transferencia de Tecnología en el Caguán, a mitad de 1986, la crisis del “Modelo Caguán” ya fue evidente. Este fracaso se dio por varios elementos: primero, el incumplimiento de algunas de las entidades como el gobierno departamental a pesar de que el Incora, el Sena, el ICBF y la Universidad Nacional sí participaron. Un elemento fue la falta de voluntad política del liberalismo oLicialista del Caquetá, que criticó el proceso en varias oportunidades e insistió en varias oportunidades en el cese de apoyo del Plan Nacional de Rehabilitación en el Medio y Bajo Caguán. El resultado de esta desarticulación política fue el abandono de metas como la de la educación y salud.

Segundo, este escenario provocó el replanteamiento de la posición del gobierno nacional sobre el Caguán, que cerró muchas puertas que ya se habían abierto. El marco del conLlicto tuvo mucha incidencia, ya que las tensiones sobre las violaciones a los ceses y treguas de lado y lado fueron debilitando las relaciones entre los actores. Y Linalmente, la toma del palacio de Justicia por parte del M-‐19 fue un golpe muy fuerte a la política de acercamiento . 6

Tercero, el trasfondo de esta crisis política y social fue acompañada por la caída de los precios de la pasta base en la región, que afectó duramente la economía campesina regional, aumentando la tensión entre los colonos tradicionales, los cocaleros, los comerciantes y los raspachines (Mora, L., 1989, p. 210-‐211).

Finalmente, hubo un proceso de desarticulación y quiebre de las relaciones entre los diferentes actores participantes, especíLicamente entre la guerrilla y la comunidad.

Estas tensiones estimularon el clima de guerra y amenaza sobre la población por parte de los actores armados, en particular el ejército; en esta coyuntura empezaron a primar las estrategias militares por parte de todos los actores en conLlicto. Para la Tercera Asamblea del Comité de Colonización, el clima se había puesto más enrarecido. Y no fue para menos, esta tensión desembocó en la operación Alfa Justiciero desplegada por el ejército en 1988.

Para atender a la población en medio de la operación militar, el ejército y el gobierno diseñaron un plan de acción inmediata donde participaron el Incora, el Icbf, el Idema, Ica, la Caja Agraria, el Sena y el Servicio Seccional de Salud. Este plan estaba diseñado directamente bajo el apoyo del alto gobierno pero no tenía Linanciamiento presupuestal propio y la gobernación del Caquetá no asumió ninguna responsabilidad en la inversión del plan; se basó en el componente agropecuario del “modelo Caguán”, no aceptó ninguna intermediación por parte de las organizaciones comunitarias; no asumía ninguna responsabilidad en términos de sustitución de cultivos de coca, solamente apoyo al campo. Fue así que el Incora levantó la restricción de no titular predios con coca e incorporó la terminación de la carretera Paujil-‐Cartagena del Chairá, que hacía parte de la disputa con la guerrilla por su valor estratégico.

Sobre el rol de la guerrilla, Mora comentó que a pesar de que tenía que alentar la sustitución y tenían el poder de 5

arrancar plantes, la estrategia que utilizaron fue la de la formación política y la convicción, porque temían perder el apoyo en las bases (Mora, L., 1989, p. 209).

La relación entre comunidad y funcionarios públicos fue canalizada por Carlos Ossa por medio de los consejos 6

municipales de rehabilitación, en el que participaban las iglesias, las autoridades civiles, las fuerzas religiosas y militares (XVII Brigada) y los partidos políticos. El oficialismo liberal fue un gran opositor al “Modelo Caguán”. No hubo lugar para el Comité de Investigación y Transferencia de Tecnología en este espacio (Mora, L., 1989, p. 209). � 10


Ese fue el Lin del “Modelo Caguán”, que como aLirmó Mora en su libro, “continúa siendo la única alternativa viable en el largo plazo, si se crea un clima político y de convivencia social propicio. El modelo forma parte de las utopías realizables” (Mora, L., 1989, p. 227).

Lo que estaba en cuestionamiento era el tipo de Estado que era necesario que operara en la región pero, como se ha visto desde entonces, primó la doble faceta estatal que articuló una atención asistencialista al problema social y rural, y el ala represiva.

4. Los acuerdos de la Habana a la luz de la experiencia del “Modelo Caguán”

Un primer punto tiene que ver con la participación de las comunidades campesinas de regiones cocaleras y cultivadoras de coca. Mientras en los ochenta hacían parte central en la construcción de propuestas para el desarrollo, ahora no es tan clara la participación. Esto no se debe a la dinámica de las negociaciones en La Habana, sino al proceso de estigmatización que el Estado colombiano ha provocado sobre el movimiento campesino cocalero, donde el cultivador ha sido objeto de una “identidad negativa” (Ramírez, M.C, 2011, pos. 183) afectando su lugar como un actor político en el país. Esto es evidente desde las negociaciones de las marcha cocaleras en los noventa y en el Paro Nacional Agrario del 2013, cuando surgieron una serie de obstáculos que impidieron la demanda abierta del cultivador de coca. Es así que las demandas de este grupo han sido silenciadas a través de la criminalización, algo que se reLleja en que no se negocia con ellos.

El llamado es que ellos deben seguirse pensando como actores políticos centrales en el pos-‐acuerdo. Es necesario frente a esta estigmatización que el campesino cultivador sí tenga voz en el

marco de la participación local referida en los acuerdos de La Habana. A pesar de la “identidad negativa”, el campesino debe hacer el ejercicio de pensar su futuro en el pos-‐acuerdo. Esto puede generarse a través de foros dentro del Caquetá o entre las diferentes organizaciones campesinas que hacen presencia en esta región.

Por otro lado, mucho se habla del escepticismo frente a los diálogos de paz en las principales ciudades del país, ante la voluntad política de las FARC-‐EP. No obstante, en el campo en el Caquetá este sentimiento también está presente pero cuestionando la voluntad política del Estado. Para evitar lo que ocurrió durante el “Modelo Caguán”, todas las entidades y autoridades gubernamentales tienen que estar presentes y comprometidas, incluyendo a la gobernación y las alcaldías. Esta coyuntura tiene como ventaja que la polarización política que se vivía entre el Turbayismo y otras fuerzas políticas no se vive en la misma magnitud en esta época, a pesar del saboteo y desinformación de actores del Centro Democrático.

Finalmente se llevan ya varias décadas de una presencia permanente del Estado colombiano en la región y las condiciones del departamento no han cambiado. De hecho la crisis ambiental es uno de los síntomas de que la economía caqueteña s igue dependiendo del extractivismo, entre otras de la coca y de la ganadería. Es urgente que se desmonte el argumento de la “ausencia del Estado”, y exigir un proyecto serio, integral y de amplia magnitud para transformar el campo del Caquetá. Si no es así, la suerte ya está echada.

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ANEXO

Comunicado conjunto N.36 La Habana, Mayo 16 de 2014

(Fragmento del comunicado)

Las Delegaciones del Gobierno y las FARC-‐EP informan que:

Hemos llegado a un acuerdo, sobre el cuarto punto de la Agenda contenida en el "Acuerdo General para la terminación del conLlicto y la construcción de una paz estable y duradera", tercero en discusión, denominado “Solución al problema de las drogas ilícitas”

Hemos logrado acuerdo sobre los tres sub puntos del punto 4 del Acuerdo General:

1. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación d e l o s p r o g r a m a s d e sustitución y recuperación amb ien ta l de l a s á reas afectadas por dichos cultivos.

2. Programas de prevención del consumo y salud pública.

3. S o l u c i ó n a l fenómeno de producción y c o m e r c i a l i z a c i ó n d e narcóticos.

Consideramos que:

E l con L l i c to i n te rno en Colombia tiene una larga historia de varias décadas, que antecede y tiene causas ajenas al surgimiento de los cultivos de uso i l ícito y a la producción y comercialización de drogas ilícitas en el territorio.

La persistencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia de c o n d i c i o n e s d e p o b r e z a , marginal idad, débi l presencia institucional, además de la existencia de organizac iones cr imina les dedicadas al narcotráLico.

Para contribuir al propósito de sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera es necesario, entre otros, encontrar una solución deLinitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas.

L a p r o d u c c i ó n y comercialización de drogas ilícitas y las economías criminales ha tenido graves efectos sobre la población colombiana, afectando el goce y ejercicio de sus derechos y libertades.

El cultivo, la producción y comercialización de las drogas ilícitas también han atravesado, alimentado y Linanciado el conLlicto interno.

El Lin del conLlicto debe representar una oportunidad para construir una solución conjunta e integral al problema de las drogas ilícitas.

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Es necesario diseñar una nueva visión que atienda las causas y consecuencia de este fenómeno, e s p e c i a lm e n t e p r e s e n t a n d o alternativas que conduzcan a mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito; que aborde el consumo con un enfoque de salud pública y que intensiLique la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas a l n a r c o t r á L i c o , i n c l u y e n d o actividades relacionadas como las Linanzas ilícitas, el lavado de activos, el tráLico de precursores y la lucha contra la corrupción, desarticulando toda l a cadena de va lor de l narcotráLico.

Esta nueva visión implica buscar nuevas alternativas basadas en la evidencia, que diferencie en su t ra tamiento e l fenómeno de l consumo y el problema de los cultivos de uso ilícito, del problema de la criminalidad organizada asociada al narcotráLico.

Aspiramos a un país en paz y sin el problema de las drogas ilícitas y somos conscientes de que lograr tal propósito depende también de consensos y deLiniciones de alcance global por parte de todos los estados, en particular por aquellos que de manera directa o indirecta se han visto afectados por este problema de carácter transnacional.

Esas políticas deben regirse por el ejercicio de los principios de igualdad soberana y no intervención en los asuntos internos de otros estados y deben asegurar la acción coordinada en el marco de la cooperación internacional, en la medida en que la solución al problema de las drogas ilícitas es responsabilidad colectiva de todos los Estados.

Hemos acordado que para construir soluciones sostenibles, garantizar los derechos de los ciudadanos y el no resurgimiento del prob lema , l a po l í t i ca que se emprenda debe tener un enfoque territorial basado en la participación ciudadana y en la presencia y el fortalecimiento, en términos de e f e c t i v i d a d , e L i c i e n c i a y transparencia, especialmente de las instituciones responsables de la atención social y de las responsables de la seguridad y protección de las comunidades, ambas con un enfoque de derechos humanos.

Que esas políticas darán un tratamiento especial a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráLico que son los cultivadores y los consumidores de drogas ilícitas, e intensiLicarán los esfuerzos de desarticulación de las organizaciones criminales.

Que la política debe mantener el reconocimiento de los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca, como parte de la identidad cultural de la comunidad indígena y la posibilidad de la utilización de cultivos de uso ilícito, para Lines médicos y cientíLicos y otros usos lícitos que se establezcan.

Frente al primer sub-‐punto Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito hemos acordado que el Gobierno Nacional creará y pondrá en marcha un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-‐PNIS, como p a r t e d e l a t r a n s f o rma c i ó n estructural del campo que busca la Reforma Rural Integral, y con el Lin de generar condiciones materiales e inmateriales de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por cultivos de uso ilícito, en particular para las comunidades campesinas en situación de pobreza

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que en la actualidad derivan su subsistencia de esos cultivos, y de esa manera encontrar también una solución sostenible y deLinitiva al de problema de los cultivos de uso ilícito y a todos los problemas asociados a ellos en el territorio.

A c o r d a m o s q u e l a transformación de los territorios y las alternativas para las comunidades afectadas por los cultivos de uso ilícito, partirán de la construcción conjunta y participativa entre estas y l a s a u t o r i d a d e s n a c i o n a l e s , departamentales y municipales, de la solución al problema de los cultivos de uso ilícito y la superación de las condiciones de pobreza.

El Programa requiere la más amp l i a p a r t i c i p a c i ón d e l a s comunidades , inc luyendo l as directamente involucradas con el cultivo, para formular, ejecutar y hacer seguimiento a los Planes i n t e g r a l e s m u n i c i p a l e s y comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo, mediante un proceso de planeación participativa.

Se garantizará la participación de la mujer.

Un fundamento indiscutible de la solución deLinitiva al problema de los cultivos de uso ilícito se encuentra e n e l c a rá c t e r vo l un t a r i o y concertado y, por tanto, en la m a n i L i e s t a v o l u n t a d d e l a s comunidades de transitar caminos alternativos a los cultivos de uso ilícito, y el compromiso del Gobierno de generar y garantizar condiciones dignas de vida y de trabajo para el bienestar y buen vivir.

Acordamos que las diferentes propuestas de las asambleas comunitarias serán la base para la c o n s t r u c c i ó n d e l o s p l a n e s municipales integrales de sustitución y desarrollo alternativo para las

zonas afectadas por cultivos de uso ilícito, el cual se elaborará e implementará con la participación activa de las comunidades, incluidas s u s o r g an i z a c i o n e s s o c i a l e s territoriales. En el marco del plan municipal y teniendo en cuenta las propuestas de las respectivas asambleas, se elaborarán los planes comunitarios, que serán parte integral del mismo. Tanto los planes municipales como los comunitarios se construyen entre las comunidades, l a s a u t o r i d a d e s n a c i o n a l e s , departamentales y municipales, y el Programa, como autoridad nacional competente.

El plan municipal que integra las propuestas de las comunidades y está constituido por los planes comunitarios será la base para la ejecución del Programa.

Para la ejecución de los planes de sustitución se privilegiará la contratación de las organizaciones comunitarias y se promoverá la generación de empleo en las áreas de aplicación del mismo.

Las medidas de apoyo por p a r t e d e l P ro g rama e s t a rán condicionadas al cumplimiento del c ronograma de compromisos adquiridos por los cultivadores en el marco de los acuerdos de sustitución y no resiembra. Lo anterior en el entendido de que el proceso de sustitución y su sostenibilidad requieren del apoyo del Gobierno en los términos acordados con las comunidades. En todo caso deberá existir un compromiso pleno de no cultivar ni de estar involucrado en labores asociadas al cultivo, ni de participar en las comercialización i legal de las materias primas derivadas de los cultivos de uso ilícito.

En los casos donde, en el marco de la suscripción de los

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acuerdos con las comunidades en el marco del Programa, haya algunos cultivadores que no maniLiesten su decisión de sustituir los cultivos de u s o i l í c i t o o i n c ump l an l o s compromisos adquiridos sin que medie caso fortuito o fuerza mayor a pesar de los esfuerzos del Programa y de las comunidades de persuadirlos, e l Gob i e rno p ro cede rá a s u erradicación manual, previo un p r o c e s o d e s o c i a l i z a c i ó n e información con las comunidades.

En los casos en los que no haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente y el buen vivir. Las FARC-‐EP consideran que en cualquier caso en que haya erradicación esta debe ser manual.

L a p r o t e c c i ó n d e l a s comunidades, la garantía de derecho a la vida y el bienestar de la población rural, requiere también asegurar el desminado, para lo cual el Gobierno Nacional, tras la Lirma del Acuerdo Final y en el marco de su implementación, pondrá en marcha un programa de desminado y limpieza de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas p o r l a u b i c a c i ó n d e m i n a s antipersonal y municiones sin explotar.

E s t e e s u n p r o p ó s i t o mancomunado al que contribuirán Gobierno y FARC-‐EP por diferentes medios y en lo que le corresponda a cada cual, incluyendo el suministro de información en los términos que se consignen en el Acuerdo Final y como parte del compromiso mutuo con e l L in de l conL l ic to y la construcción de una paz estable y duradera.

Ilustración: Alejandra Ciro.

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