7.ESTRATEGIA

TERRITORIAL

NACIONAL

380

7.5. El Estado en el territorio

La construcción del Plan Nacional para el

Buen Vivir y de la Estrategia Territorial Nacio-

nal, así como de los instrumentos de planifi-

cación con los que Ecuador ahora cuenta, ha

sido posible en gran medida gracias al pro-

fundo proceso de recuperación y transfor-

mación estatal impulsado e implementado

por el Gobierno Nacional.

Dicha transformación del Estado partió de

re-pensar y abordar de manera integral al

mismo, entendiendo los procesos que com-

peten al Ejecutivo y los correspondientes a

los gobiernos autónomos descentralizados

como parte del conjunto de la instituciona-

lidad pública que se encuentra al servicio

de la ciudadanía y del cumplimiento de sus

derechos en los territorios. Los procesos de

descentralización y desconcentración de

competencias a nivel territorial son com-

prendidos como complementarios y necesa-

riamente articulados.

La Estrategia Territorial Nacional da linea-

mientos específicos que aportan a la cons-

trucción de un país policéntrico y equilibra-

do, representando una guía, desde una visión

integral e intersectorial, para las políticas

públicas y la acción estatal. La implementa-

ción de la Estrategia Territorial Nacional, así

como la de las demás políticas públicas en el

territorio requiere de una institucionalidad

eficaz y eficiente, desconcentrada y ágil, así

como de una adecuada articulación con los

gobiernos autónomos descentralizados, los

cuales en función de sus competencias deben

sumar esfuerzos para la construcción de un

país territorialmente justo y equitativo.

7.5.1. El proceso de

desconcentración del Ejecutivo

en los territorios

El proceso de desconcentración busca lograr

un cambio sustancial en el tradicional mo-

delo bicéfalo que concentraba la presencia

de la Función Ejecutiva y la mayoría de in-

fraestructura, equipamiento y servicios en

las grandes ciudades del país. Se trata de un

mecanismo que aporta a la consolidación

de la estructura nacional policéntrica desde

la institucionalidad y la prestación de servi-

cios, impulsando y fortaleciendo nuevos nú-

cleos de desarrollo y aportando a la mejora

de las condiciones y la calidad de vida de la

población.

La desconcentración conduce a configurar

nuevos escenarios de poder y nuevas formas

de relacionamiento entre los actores y las

instituciones en un marco territorial y espa-

cial amplio y diverso. Conlleva el traslado de

ciertas y determinadas facultades y atribu-

ciones desde el nivel central hacia otros ni-

veles jerárquicamente dependientes, siendo

el primero el que mantiene la rectoría y ga-

rantiza la calidad y buen cumplimiento.

Se trata de una política implementada por el

Gobierno Nacional a partir del año 2008 con la

finalidad de contribuir a la garantía de los de-

rechos ciudadanos, a través de la prestación de

servicios públicos con eficiencia, calidad y cali-

dez. Asimismo, apunta a lograr una gestión pú-

blica eficiente, vinculada a las necesidades de la

ciudadanía, capaz de generar sinergias y accio-

nes conjuntas, de modo que la acción pública

permita alcanzar colectivamente el Buen Vivir.

A través de la implementación de este proce-

so, el Ejecutivo busca viabilizar y efectivizar

las políticas públicas sectoriales en cada uno

de los territorios, bajo una lógica integral y

con una visión nacional, partiendo de las

realidades locales. Para ello, se conformaron

9 zonas, 140 distritos y 1 134 circuitos como

unidades de planificación, los mismos que

abarcan todo el territorio nacional y respe-

tan la división política administrativa esta-

blecida en la Constitución.

Así, la desconcentración plantea un nuevo

modelo de gestión estatal para fortalecer la

presencia del Ejecutivo en los territorios,

identificándose para ello dos ejes:

Institucionalidad.- Este eje comprende la

distribución de las entidades desconcen-

tradas del Ejecutivo en los territorios para

garantizar su ubicación equitativa. Impli-

ca contar con estructuras institucionales

que al estar ubicadas a lo largo del terri-

torio nacional (no solamente en la capi-

tal) generen nuevos focos de desarrollo y

potencien la atención y gestión del Estado

en cada localidad. Ello parte de una visión

integral que permite la coordinación inte-

rinstitucional e intersectorial de la política

7.ESTRATEGIA

TERRITORIAL

NACIONAL

381

pública y su ejecución desde el territorio.

La finalidad es fortalecer las potencialida-

des locales y dar respuestas más eficientes

y ágiles según las particularidades locales.

Servicios públicos.- Este eje incluye la

implementación de servicios públicos

bajo criterios de eficacia y eficiencia, de

responsabilidad del Ejecutivo. La plani-

ficación y prestación de servicios en las

zonas, distritos y circuitos ha implicado

el análisis y la evaluación de la situa-

ción actual de la oferta de servicios con

que cuentan las entidades en el territo-

rio y la reorganización de los servicios

en función de las características de cada

localidad. Además, se han planteado

nuevos modelos de gestión para estos

servicios, en función de estándares de

cobertura y calidad, tipologías de esta-

blecimientos y optimización de recursos.

7.5.2. El proceso de

descentralización

Para hacer efectivo el Estado policéntrico y la

redistribución del poder en el territorio, es fun-

damental integrar los esfuerzos que genera la

desconcentración del nivel central en el terri-

torio. Pero, por otro lado, plantea el proceso de

descentralización busca efectivizar el rol que

constitucionalmente han asumido los gobier-

nos autónomos descentralizados bajo el nue-

vo modelo obligatorio, progresivo, subsidiario,

solidario y equitativo.

Cumplir con la equidad territorial implica que

los gobiernos autónomos descentralizados

asuman competencias y facultades para ga-

rantizar, como nivel de gobierno más cercano a

la ciudadanía, el efectivo goce de los derechos

individuales y colectivos; el acceso a hábitats

seguros y saludables; el desarrollo planificado

participativamente; el impulso de la economía

popular y solidaria para erradicar las condicio-

nes de pobreza y la generación de condiciones

que aseguren el funcionamiento de sistemas

de protección integral de sus habitantes.

En el marco del sistema nacional de competen-

cias, la Constitución estableció competencias

por cada nivel de gobierno, así como la obliga-

ción de acompañar su transferencia con los re-

cursos necesarios para su ejercicio, hecho que

se consagra como un cambio paradigmático

en la historia republicana de Ecuador. Es fun-

damental resaltar que cada gobierno autóno-

mo descentralizado gestiona las competencias

que le corresponden en su jurisdicción territo-

rial y en ese marco ejerce facultades de mane-

ra obligatoria y articulada al sistema nacional

descentralizado de planificación participativa.

Por ende, constituyen socios estratégicos para

la materialización de la Estrategia Territorial

Nacional, debido a que tanto los lineamientos

que plantea esta, como las acciones que adopta

el gobierno autónomo descentralizado, se efec-

tivizan en el territorio.

La articulación de actores –gobiernos autóno-

mos descentralizados, nivel central desconcen-

trado y ciudadanía– junto con la generación de

socios estratégicos en el territorio, permite la

prestación de servicios públicos a la población

bajo la perspectiva del Buen Vivir y respondien-

do a los principios de unidad, solidaridad, coor-

dinación, corresponsabilidad, subsidiariedad,

complementariedad, equidad interterritorial,

participación ciudadana y sustentabilidad. Así

la reducción de brechas en gran medida de-

pende de la calidad de la prestación de estos

servicios públicos por parte de los gobiernos

autónomos descentralizados a la ciudadanía;

así como de su capacidad para generar ingresos

propios y regular adecuadamente tasas y tarifas.

Para finalizar, debe resaltarse que el proceso

de descentralización, conjuntamente con el

proceso de desconcentración, son los meca-

nismos más efectivos para acercar los servicios

a la ciudadanía, fortalecer mecanismos de con-

trol social y generar equilibrio territorial.

7.6. Gestión de la implementación

Con la finalidad de asegurar la visión territorial

de la planificación que se desprende de este Plan

Nacional y para el cumplimiento de los linea-

mientos establecidos en la Estrategia Territorial

Nacional, se prevé que los mismos sean acogidos

por cada Consejo Sectorial de la Política Pública

en conjunto con los demás elementos programá-

ticos aquí plasmados y sean desarrollados a nivel

de política pública sectorial, cuyas estrategias de

intervención, programas y proyectos deberán

tomar en cuenta las localizaciones aproximadas

definidas para cada lineamiento. De igual modo,

los contenidos desarrollados en las Agendas Zo-

nales serán incorporados para su implementa-

ción en la formulación de las políticas públicas

sectoriales e incorporadas en las estrategias de

intervención de esas políticas públicas.

7.ESTRATEGIA

TERRITORIAL

NACIONAL

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Como parte de la gestión de la implementa-

ción, debe vincularse activa y permanente-

mente a los gobiernos autónomos descen-

tralizados y a los gremios que los represen-

tan como socios estratégicos de la gestión de

la implementación de estos instrumentos,

para garantizar un trabajo coordinado y la

articulación de esfuerzos.

Considerando el carácter dinámico de la pla-

nificación se considera la flexibilidad de los

procesos para garantizar la respectiva retro-

alimentación de estos instrumentos, a partir

de las diferentes visiones de los sectores y

actores, así como de la participación ciuda-

dana para una efectiva gestión territorial.

7.7. Agendas zonales

Con el propósito de fortalecer y mejorar la

articulación entre niveles de gobierno, el

Ejecutivo en el año 2008 inició los procesos

de desconcentración y descentralización.

Para el efecto, se conformaron las zonas ad-

ministrativas163 de la siguiente manera (Grá-

fico 7.12.):

Zona 1: Provincias de Esmeraldas, Car-

chi, Imbabura y Sucumbíos.

Zona 2: Provincias de Pichincha (excep-

to el cantón Quito), Napo y Orellana.

Zona 3: Provincias de Pastaza, Cotopaxi,

Tungurahua y Chimborazo.

Zona 4: Provincias de Manabí, Santo Do-

mingo de los Tsáchilas.

Zona 5: Provincias de Guayas (excep-

to los cantones de Guayaquil, Durán y

Samborondón), Los Ríos, Santa Elena,

Bolívar y Galápagos.

Zona 6: Provincias de Azuay, Cañar y

Morona Santiago.

Zona 7: Provincias de El Oro, Loja y Za-

163 Mediante Decreto Ejecutivo No. 878, publicado en el Registro cial No. 268 del 8 de febrero de 2008, se conformaron siete regiones administrativas, y se modi can mediante Decreto Ejecutivo No. 357, publicado en el Registro cial No. 205 del 2 de junio de 2010 denominándose como “ onas de Plani cación”, en esta modi cación también se crean las zonas 8 y 9.

GRÁFICO 7.12.

Zonas de planificación

Fuente: INEC, 2010e.

Elaboración: Senplades.

Zona 3

Zona 1

Zona 2

Zona 6

Zona 7

Zona 5

Zona 4Zona 9

Zona 8

Zona 5

Zona 3

Zona 1

Zona 2

Zona 6

Zona 7

Zona 5

Zona 4Zona 9

Zona 8

Colombia

Perú

OcéanoPacífico

Zona 5

Archipiélago de Galápagos

7.ESTRATEGIA

TERRITORIAL

NACIONAL

383

mora Chinchipe.

Zona 8: Cantones Guayaquil, Durán y

Samborondón.

Zona 9: Distrito Metropolitano de Quito.

La construcción de un nuevo modelo de Es-

tado, con énfasis en estas estructuras zonales

desconcentradas, comprende cuatro grandes

desafíos: la territorialización de la política pú-

blica para atender necesidades específicas de

los distintos territorios; planificar y ordenar el

uso y ocupación del territorio; reconocer y ac-

tuar para fomentar dinámicas territoriales que

aporten a la concreción del Plan Nacional para

el Buen Vivir (PNBV) y fomentar el desarrollo

endógeno, y propiciar una nueva estructura

administrativa que articule la gestión de las

intervenciones públicas zonales” (adaptado de

Senplades, 2009).

Para este cometido, se construyen las Agen-

das Zonales como instrumentos de coordi-

nación y articulación entre el nivel nacional

y el nivel local. Estos instrumentos inciden

en el desarrollo integral del territorio y se

vuelven un referente de planificación y or-

denamiento territorial para los gobiernos

autónomos descentralizados, y propician la

cohesión e integración territorial.