6 parte iii neoliberalismo y hacienda publica carmen solorzano

CARMEN SOLÓRZANO NEOLIBERALISMO Y HACIENDA PÚBLICA

PARTE III

Las propuestas


Neoliberalismo y Hacienda Pública En la ideología del PAN

1988 - 2011

CARMEN SOLÓRZANO

El fenómeno neoliberal-neoconservador vivido por el mundo en los últimos veinte años ha sido una reacción a la crisis del Estado de Bienestar de fines de la década de los setentas. La expresión más objetiva de esta crisis fue el endeudamiento público de los gobiernos del orbe que fueron incapaces de garantizar los ingresos necesarios para cubrir los gastos que el cumplimiento de los objetivos y criterios de su intervención económica exigía. Esta crisis fiscal desautorizó la teoría keynesiana que fundamentaba la acción económica de aquellos gobiernos con relaciones con el Fondo Monetario Internacional [FMI] y el Banco Mundial [BM], En esta medida la corriente de críticas más fuerte sobre la situación se dirigió a las características de la intervención del Estado en La economía. 3

Si bien la punta de lanza teórica contra del Estado de Bienestar fue el planteamiento económico neoliberal encabezado por Milton Friedman y su "Escuela de Chicago", el análisis neoconservador explicó el fenómeno como originado no sólo por la acción del Estado de Bienestar en el plano económico, sino por sus características y efectos en la esfera política y cultural. La creencia medular del fenómeno neoconservador, fue que el Estado de Bienestar fue tan lejos en su afán por compensar las desigualdades sociales que rompió la lógica de funcionamiento del sistema económico, basado en el mercado y los valores que le dan sustento.

Para el neoconservadurismo son los cambios en la esfera de la intervención del Estado en la economía, en la cultural y en la política lo que rompió la lógica de funcionamiento del sistema. Creen que el efecto ha destruido al "individuo"; ya que ven lesionado el concepto de igualdad de oportunidades. Dan un gran peso a la ruptura de los valores tradicionales causada por el surgimiento de una contracultura que atribuyen a la expansión de la educación pública. Para los neoliberales y neoconservadores las causas del mal funcionamiento del sistema no están en lo económico, sino en la esfera cultural y política.

1 En la localización de información participó Amonio Alejo Jaime y en la elaboración de una base de datos con Jas iniciativas presentadas por el PAN a la Cámara de Diputados. José Javier Rodríguez Flores.2 Profesora de Carrera de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, adscrita al Centro de Esludios Políticos de la Facultad.3 Se conoce como crisis fiscal al fenómeno mediante el cual un gobierno es incapaz de garantizar sus ingresos para enfrentar sus gastos, cayendo en el endeudamiento.


Se trata de un liberalismo defensivo que ya no lucha por la obtención de derechos contra las tendencias totalitarias feudales clericales y totalitarias del Estado sino que lucha contra las tendencias que, en su opinión, se enfrentan a la lógica del sistema de mercado. En esa medida difiere del liberalismo de principios de siglo que hasta fines de los años sesentas era una síntesis ideológica que mezclaba ideas para la defensa de los derechos humanos y ciudadanos con una defensa del orden liberal capitalista.5

Partiendo de este análisis los neoliberales y neoconservadores concluyen que el sistema de mercado debe deshacerse de esta cultura que le es ajena, que existe a partir desde fines de los cincuentas, y que es generada a través del sistema político del Estado de Bienestar.

Son estas ideas las que han fundamentado las acciones de gobiernos y partidos políticos que han impulsado la transformación del Estado con la idea de ajustado a las necesidades del funcionamiento capitalista y rehabilitando la idea del libre mercado.

Ahora bien. La intervención del Estado en la economía no es un fenómeno exclusivo del Estado de Bienestar, ya que las derramas monetarias que se ejercen a través del presupuesto y el gasto públicos influyen el comportamiento de la economía. Tanto en gobiernos de orientación keynesiana como en aquellos de orientación neoliberal, una de las razones principales de la intervención es incidir en el comportamiento del ciclo económico para estabilizar la circulación de mercancías. La diferencia radica en que la teoría keynesiana plantea estimular por el lado de la demanda, mientras que las teorías, político económicas neoconservadoras lo hacen por el lado de la oferta. De esta manera las medidas inspiradas en el keynesianismo favorecen el mercado de trabajo y la seguridad social yt con ello, el consumo; el neoliberalismo favorece las condiciones de rentabilidad del capital generando condiciones que hagan atractiva la inversión:

[...] a través de dar facilidades en impuestos y amortizaciones para empresarios, a través de la subvención estatal a los riesgos del capital, a través de la organización estatal forzada de investigación y tecnología, se mejoran las condiciones de acción de los productores que ofrecen mercancías, bienes y servicios [...].6

En México la crisis fiscal de principios de los ochentas fertilizó el terreno para que la ideología neoliberal y el neoconservadurismo hallaran depositario idóneo en el Partido Acción Nacional |PAN!, cuyos planteamientos ideológicos tradicionales pudieron renovarse en un nuevo contexto político. El cambio en la orientación de la política económica iniciado por el presidente Miguel de la Madrid chocó con la orientación ideológica del Partido Revolucionario Institucional, inspirada en la lógica del Estado de Bienestar, Como organización partidaria Acción Nacional es el instituto que mayores ventajas obtuvo de este fenómeno ideológico mundial, ya que su fortalecimiento como partido, está inmerso en un proceso de reforma del Estado y renacimiento de la ideología favorable al libre mercado. Es el partido que de manera natural pudo insertarse en este proceso general que, al fortalecer su tradición ideológica, benefició su ascenso político.


El objetivo de la investigación que sustenta este artículo ha sido indagar cómo se ha expresado la influencia de la ideología neoliberal-neoconservadora en la actividad legislativa de Acción Nacional, concretamente en lo que se refiere a la intervención del Estado en la economía, entre 1988 y 2000.

La actividad legislativa sobre intervención económica incluye varios aspectos. Entre ellos, hemos escogido lo relativo a la Hacienda Pública por varias razones. La primera es que en la Hacienda Pública se expresa de manera objetiva el engarzamiento entre la concepción sobre qué funciones debe cumplir el Estado en la economía, con la posibilidad de aprobar leyes y crear instituciones que permitan gobernar de acuerdo con las ideas que sustentan La concepción. La segunda radica en que una crisis fiscal cuestiona la viabilidad de una forma de intervención económica estatal, y la obtención de ingresos para solventar los gastos se convierte en la tarea prioritaria del gobierno. En tercer lugar, porque el propio Acción Nacional dedica la mayor atención a este aspecto durante las cuatro legislaturas que transcurren entre 198 8 y 2000. En ese lapso, ese partido presentó a la Cámara de Diputados 200 iniciativas relacionadas directamente con la intervención económica estatal, De ellas el 46 por ciento, es decir, 92 iniciativas se refieren al problema hacendario. En el análisis de ellas se basan los planteamientos de este artículo.

En el trabajo legislativo del PAN sobre Hacienda Pública queda claro que se ha nutrido del pensamiento neoliberal-neoconservador, en lo que se refiere a la idea de que el sistema económico debe liberarse de lo que le es ajeno para poder funcionar. De hecho su actividad sobre Hacienda en el palacio de San Lázaro es parte de la expresión de una estrategia para liberar al país de elementos dañinos que se viven como burocratismo, administración pública ineficaz y corrupta, falta de incentivos para el desarrollo económico, entre otros problemas. Todo ello efecto de las características del Sistema Político Mexicano.

Sin embargo, a partir del análisis realizado se puede decir que para el PAN el origen del problema no está en la esfera cultural, i sino en las características del Sistema Político. El origen concreto del mal funcionamiento económico y, en todo caso, de una cultura inadecuada, es el régimen priísta, que al haber instrumentado su acción económica en inspiraciones keynesianas fomentó el paternalismo, que sería la expresión más clara de distorsión de los valores capitalistas. De allí que si bien las iniciativas del PAN expresan ideas provenientes del liberalismo económico, el peso fúndame tal está puesto en el esfuerzo por reformar el Sistema Político.En estos términos, el trabajo legislativo del PAN no es un movimiento político conservador, sino que plantea el cambio en el sistema. No pugnan por ideas provenientes del liberalismo económico, el peso fundamenta] está puesto en el esfuerzo por reformar el Sistema Político.

En estos términos, el trabajo legislativo del PAN no es un movimiento político conservador, sino que plantea el cambio en el sistema. No pugnan por el retorno a valores y principios abandonados sino por la implantación de aquellos que considera fundamentales y que, en México, no han regido las relaciones Estado-sociedad. El matiz que se aprecia a través de las iniciativas sobre Hacienda Pública no es tanto que sea el Estado de Bienestar el que genera el mal funcionamiento económico, sino un sistema político no democrático; un régimen presidencialista y una administración pública centralizada que generan arbitrariedad, corrupción e ineficiencia.


En esta medida, las ideas del PAN sí corresponden, en términos generales, al fenómeno neoliberal-neoconservador mencionado, pero lo que expresa concretamente su trabajo legislativo son orientaciones que recuperan los principios de la Hacienda Pública Liberal.

Por otra parte, si bien las ideas liberales son base para la ideología del PAN, es la crisis del gasto público mexicano y el cambio de política económica lo que le brinda materia para conformar propuestas específicas de transformación a las leyes hacendarías. Porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su interés por controlarla crisis fiscal, define medidas recaudatorias que caen en contradicción con la lógica hacendaría proveniente del régimen posrevolucionario, profundizando sus deficiencias. Lo que ocurre entre 1988 y 2000 es que Acción Nacional aprovecha esta situación, respondiendo a las medidas que generan efectos dañinos tan-toen los sectores económicos y de la población como en los niveles de gobierno estatal y municipal.

Es decir, las estrategias legislativas panistas no derivan de su orientación ideológica de corte neoliberal-neoconservador, sino del cambio de política económica, de 1982 a 2000, que genera insistencias y arbitrariedades específicas. El PAN puede aprovecharlas, capitalizando el descontento que la afectación de intereses generaba en sectores tradicionalmente favorecidos por el régimen que, sin serlo aún, mantenían expectativas de serlo. Para ello ese nítido se reforzóen su ideología tradicional, pero sobre todo construyó propuestas a partir de las ideas liberales clásicas sobre Hacienda Pública.

En el proceso de neoliberalización mexicano los actores principales son los gobiernos priístas de Miguel de la Madrid en adelante. Cuya tarea fundamental fue desestructurar el engranaje jurídico c institucional que soportaba la intervención económica del régimen posrevolucionario. El PAN cumple una función distinta y complementaria. Lo que hace es detectar los vacíos e inconsistencias que las medidas tomadas por el gobierno generan y proponer cambios a las principales leyes hacendarías basando sus argumentos en principios básicos de la teoría de la hacienda pública.

Las iniciativas del PAN analizadas no abordan todos los aspectos que tienen que ver con la Hacienda Pública, pero tejen sobre las cuestiones fundamentales: ¿Cuáles son las fuentes de ingreso del Estado? ¿Cuáles son los gastos públicos?

En la respuesta que se dé a esas preguntas está la orientación ideológica del planteamiento sobre la intervención económica estatal.

Una síntesis de las ideas del PAN está en la exposición de motivos de una iniciativa presentada en junio de 1990, cuya argumentación parte de la siguiente cita de La riqueza de las naciones de Adam Smith:

Los súbditos de cada estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en una proporción lo más cercana posible a sus respectivas capacidades, es decir, en proporción a los ingresos de que goza bajo la protección del Estado. De la observancia o menosprecio de esta máxima, depende lo que se llama equidad o falta de equidad de los impuestos.7


De estas afirmaciones se derivan posiciones fundamentales de los neoliberales sobre las fuentes de ingresos del gobierno. Son "todos" los individuos que gozan de ingresos y propiedades, bajo la protección estatal, quienes deben contribuir con el sostenimiento de los gastos públicos. En esta medida, la principal fuente de ingresos deben ser los impuestos.8

De un análisis de esta cita de Adam Smith, Acción Nacional desprende las características esenciales de las contribuciones:

1. Es de naturaleza personal. De acuerdo con el principio fundamental, el derecho da origen a relaciones cuyo contenido, facultades y obligaciones, vincula a las personas y sólo a ellas; es decir, la relación jurídica tributaria es de naturaleza personal.

2. Se trata de una aportación pecuniaria. Se puede contribuir con el Estado de muy diversas maneras, pero al decir que la aportación es sólo para los gastos, sólo podemos pensar que ésta sea de naturaleza pecuniaria.9

3. Su fin o su producto debe estrictamente ser destinado a cubrir los gastos públicos de los entes federales, estatales o municipales. Por los gastos públicos no deben entenderse todos los que pueda hacer el Estado, sino aquellos destinados a satisfacer las funciones y servicios públicos. Por disposición legal, en particular se puede destinar el producto específico de un tributo a un fin particular.

4. La aportación debe ser proporcional y equitativa. Dada la importancia de esta característica diremos que proporcionalidad da la idea de un parte de algo, está referida necesariamente a una parte de algunas cosas con características económicas de lo que deducimos que el tributo debe ser establecido en proporción a la riqueza de la persona sobre la que se va a incidir. La equidad por su parte debe derivarse de aquella idea de la justicia del caso concreto, de la aplicación a las personas que se encuentren en igualdad de circunstancias.

5. Sólo por disposición legal puede establecerse esta obligación. Esta disposición se reduce al principio de legalidad en materia tributaria. La facultad de emitir leyes es del Congreso de la Unión, por lo que sólo él podrá emitir leyes en el sentido formal y material.

De estos cinco puntos en que Acción Nacional resume las características de las contribuciones, sus iniciativas presentadas se refieren de manera principal a los puntos 3,4 y 5; referentes a la definición de los gastos públicos, los principios de equidad y proporcionalidad y el principio de legalidad en la obligación tributaria. Es sobre estos principios donde centra su crítica al sistema fiscal y hacía donde dirige sus propuestas.

7 "Reforma a los artículos 80 y J41 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el propósito de que exista más equidad en el pago de los impuestos de las personas físicas", en Iniciativas de Ley presentadas por el Partido Acción Nacional. T. VI, p, 400.

8. Estas ideas contrastan con aquellas del Estado de Bienestar que acepta como fuente de ingresos las empresas públicas.


9. Es decir monetaria.

Sobre los gastos públicos

Tres son los aspectos a los que Acción Nacional se aboca en ese punto. El primero se refiere a la relación con los ingresos de los asalariados y el impulso a la iniciativa privada; el segundo, a las necesidades sociales; el tercero a la distribución de los recursos entre los niveles de gobierno.

El trabajo y la inversión

Como es sabida la función de los gastos públicos en el salario y el desarrollo empresarial es uno de los puntos centrales de divergencia entre una posición keynesiana y otra neoliberal.

A través de iniciativas de reforma a artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta se aprecia una evolución de una posición donde todavía se concibe que el salario deba beneficiarse a través de exenciones fiscales, a otra donde el interés principal está en impulsar a la iniciativa privada para que cree empleos. Por ejemplo, en diciembre de 1989 se había propuesto una reforma al artículo 77 de esta ley para exentar a los trabajadores de pagar el impuesto correspondiente a gratificaciones y primas vacacionales, hasta por sesenta días de salario mínimo. Bajo el argumento de que es una forma de aumentar el salario a través de un sacrificio gubernamental de posibles impuestos.

Esta posición varia y para 1995, cuando la crisis económica disminuye el poder adquisitivo de los trabajadores, Acción Nacional propone, ya no favorecer el salario directamente, sino disminuir las cargas impositivas excesivas e improcedentes. Es el caso de lo que ocurría, a partir de 1992, con el pago de ISR exigido a los trabajadores por recibir préstamos. La improcedencia de este impuesto es explicada por el PAN en términos de que, de acuerdo con la reforma de 1992 del artículo 78-A, la autoridad hacendaria, bajo la consideración deque los intereses que se cobra a estos préstamos tienen una tasa inferior a la que prevalece en el mercado, suma al salario la diferencia proveniente de intereses para calcular el monto total del impuesto. Además:

El artículo 78-A considera como tasa de interés de mercado la tasa de Certificados de la Tesorería de la Federación a 91 días [Cetes], que da a conocer semanal mente el Banco de México, por lo que, de acuerdo con el artículo 78-A de la Ley del ISR, cualquier trabajador que obtenga de su empleador un crédito con una tasa de interés menor a la de los Cetes está recibiendo un ingreso extra, por el cual deberá pagar impuestos.12


Este problema es retomado, en noviembre de 1999, porque mientras las tasas de interés de los Cetes fueron bajas, lo cobrado a los trabajadores por este concepto era poco significativo, pero a partir de la crisis financiera de diciembre de 1994 las tasas de interés se elevaron y lo:

[...] establecido por el artículo 78-A de la Ley del ISR es un impuesto excesivo que daña severamente la economía de aquellos trabajadores, que por necesidad tuvieron que adquirir créditos de sus empresas.13

La coyuntura para plantear esta reforma del artículo 78-A fue con respecto a un amparo interpuesto por un grupo de trabajadores bancarios afectados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió inconstitucionalidad del artículo 78-A debido a que se utilizan para calcular el impuesto, las tasas de los Cetes emitidas por el Banco de México. El hecho es totalmente ilegal porque los impuestos deben establecerse en leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, no por el Banco de México.

La defensa del sector continúa porque una nueva reforma derogó, en enero de 1998, los artículos 115,115-B, 115 C, 116 y 117 que regían las obligaciones del régimen de pequeños contribuyentes así como los criterios para la estimación de sus ingresos, su vigencia y sus rectificaciones. Como consecuencia de ello Acción Nacional afirma que las dos únicas opciones para tributar que quedan, resultan muy costosas para muchos pequeños comerciantes y para algunos, catastróficas. En una iniciativa que propone:

[...] proporcionar una tasa progresiva y más justa mediante la modificación a los artículos 119-N y 119-0 de !a Ley al Impuesto Sobre la Renta, ya que el Ejecutivo federal, al intentar ampliar la base de la recaudación de forma imprudente, pone en riesgo la sobrevivencia de la micro y pequeña empresa.'8

El traspaso de responsabilidades del Estado a los particulares en la educación y el combate a la pobreza son aspectos que Acción Nacional retoma y que se inscriben en esa corriente general de redefinir las funciones del gasto público bajo la consideración de que el Estado de Bienestar ha ido demasiado lejos, generando problemas de funcionamiento al sistema. Durante el periodo analizado propone un conjunto de exenciones en el Impuesto sobre la Renta con el fin de fomentar la acción privada en estos rubros.


16 115-B y 115-C de la Ley del impuesto sobre la Renta, busca ampliar el límite de diez salarios mínimos anuales a 25 por concepto cié ingresos para que estas personas físicas sean consideradas como contribuyentes menores", en Iniciativas,.. T. VI, p. 340, presentada en abril de 1990.

17 Ibidem. y "Reforma a los artículos 80 y 141 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el proposito de que exista más equidad en el pago de los impuestos de las personas físicas", en Iniciativas.., T, VI, p. 403, presentada en junio de 1990,

Las necesidades sociales

Las ideas de Acción Nacional acerca de la labor educativa niegan responsabilidad exclusiva del Estado y propone que es una tarea que debe ser compartida por "todos": Estado y sociedad.

Tratando de fomentar la participación privada en instituciones de educación, plantea iniciativas encaminadas a exentar de impuestos de comercio exterior a las instituciones de beneficencia, docentes o científicas que importen o exporten mercancías destinadas a fines culturales, de enseñanza, de investigación o de servicio social, así como a las personas físicas que hagan donativos instituciones públicas y otros organismos autorizados.

Pero la propuesta reiterada de 1993 a 1999, que se considera logrará la existencia de más instituciones educativas particulares que coadyuven con el Estado en la educación, es que los padres de familia puedan deducir del impuesto sobre la renta las cuotas, colegiaturas, seguros y otros gastos escolares.20 Para reforzar esta propuesta propone apoyarse en la propia fracción V del artículo 3o constitucional a fin de promover la inversión privada desde la educación básica hasta la superior y apoyar la investigación científica y tecnológica.21

La deducción de colegiaturas no es novedosa en el sistema im-positivo nacional; existió hasta 1978 cuando se permitía a las personas físicas deducir un determinado importe por cada uno de sus dependientes económicos y fue suprimida a partir de 1979,

Es interesante observar que en su labor legislativa el PAN no toca de manera directa el tema de la disminución de la responsabilidad estatal en la atención de las necesidades sociales. Se dedica, más bien, a proponer medidas que permitan la participación de la sociedad en tareas asistenciales.

A través de otra iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta se refiere al problema de la pobreza. En septiembre de 1996 presentó una iniciativa de Ley Federal de Donación de Alimentos junto con una propuesta, sobre impuestos, que busca se permita la donación de alimentos y prohíba el desperdicio de aquellos que estén en condiciones de ser donados. Señala que la reglamentación fiscal obstaculiza y desincentiva la donación en especie, por lo cual muchas empresas prefieren destruir alimentos que todavía pueden consumirse. Propone que las empresas productoras y distribuidoras que donen alimentos altruistamente a instituciones de beneficencia, puedan deducir impuestos por un monto equivalente al 50% de la utilidad bruta que hubiesen-


18 Presentada por el diputado Jorge Humberto Zamarripa Díaz, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, dictaminada y aprobada el martes 28 de abril de 1998. Gaceta Parlamentaria, número 59, jueves 11 de junio de 1998.

19. "Reforma a la fracción IX del artículo 46 de la Ley Aduanera, para que las instituciones de educación superior, científicas y de beneficencia, queden exentas del pago de impuestos al comercio exterior, por la entrada y salida al Territorio Nacional de mercancías para la enseñanza e investigación", j en Iniciativas... T. VII, pp. 169-172.

obtenido en caso de que el producto se vendiese, o el 20% del costo de la factura. Para el caso de quienes donen productos perecederos, propone una deducción del 60% del valoren sitio, según los precios señalados por el Sistema Nacional de Información de Mercado [SNIM] Se afirma que de esta manera se incentivaría la donación aproximada de 15 mil toneladas diarias de alimentos a instituciones de beneficencia.

Es interesante observar que en la propuesta se combinan dos posiciones contradictorias. Por un lado la idea altruista de donación de alimentos con la prohibición de desperdiciar alimentos que es totalmente contraria a las ideas del libre mercado, donde los pro-pietarios son libres de hacer con sus pertenencias lo que consideren conveniente, incluso desperdiciar alimentos. Lo aceptable en las ideas liberales es proponer incentivos fiscales para propiciar ciertas acciones como las que sugiere esta iniciativa.

El federalismo fiscal

Los ingresos públicos deben cubrir los gastos de los entes federales, estatales y municipales.

El modelo hacendarlo del régimen posrevolucionario dio prioridad al gobierno federal en el impulso al desarrollo económico y éste asumió la responsabilidad del desarrollo nacional, subordinando a los gobiernos estatales y municipales en esa tarea. Mientras el gobierno federal pudo canalizar recursos a las entidades a través de las inversiones de sus empresas e instituciones educativas y de salud y la expectativa de mejoría material se mantuvo, esta subordinación de las haciendas de los gobiernos locales no fue argumento de crítica contra ta federación y el régimen priísta.

Pero con la crisis fiscal se evidenció la excesiva concentración de las decisiones económicas, de los ingresos públicos, de la recaudación impositiva, y ta debilidad estructural de las haciendas locales se profundizó ante medidas tomadas por la autoridad hacendaría federal.

Para el PAN esto impide al Estado en su conjunto cumplir la función de promotor que le corresponde; es decir, la falta de desarrollo regional es causada por las características centralizadoras del régimen. El PAN busca, con sus iniciativas, un reparto más justo y equitativo de


los ingresos públicos para fomentar el desarrollo regional. En esa medida la reforma fiscal entendida como un fortalecimiento del federalismo a través de más recursos para las entidades, es parte central de sus propuestas y de su estrategia política. El punto central de crítica es el sistema de participaciones, que constituía el corazón del federalismo fiscal propuesto por el gobierno mexicano desde la década de los cuarentas. Consiste en que de la recaudación total obtenida en el territorio nacional anualmente, la federación entrega una fracción o "participación" a las entidades.

En junio de 1990, una iniciativa critica el secreto que ronda los ingresos que se integran a las haciendas municipales, provenientes de las participaciones federales. Dice que los miembros de los ayuntamientos municipales reciben de las secretarías de finanzas estatales los recursos, a cambio de un recibo, sin tener elementos para saber si los montos corresponden a lo asignado a su municipió; que los presidentes municipales, salvo excepciones, no informan, al respecto, a los demás miembros del Ayuntamiento ni a la población, manteniendo en secreto el monto de los ingresos recibidos, lo que se presta a múltiples sospechas sobre el manejo de los recursos municipales. Propone que a fin de que se conozca cuánto ingresa a las haciendas estatales por participaciones y qué cantidad corresponde a los municipios, se publique la información tanto en el Diario Oficial de la Federación como en el periódico oficial del gobierno de los estados.

Como en lo ya señalado, lo que da materia a Acción Nacional para elaborar sus propuestas legislativas son la acciones tomadas por la Federación para contrarrestar la crisis fiscal. En el análisis que una iniciativa de 1994 hace en su Exposición de Motivos, crítica el sistema de participaciones de la siguiente manera:

La actual política de coordinación fiscal, impulsada por el go-bierno federal, con el fin de homogeneizar el sistema nacional tributario, exigió a los estados suspender el ejercicio de su po-testad tributaria al obligarlos al sacrificio de diversas fuentes de ingreso propio. Por ello, a partir de 1980 se implantó un esquema impositivo único, en el que prácticamente todas las decisiones en materia fiscal son tomadas por el gobierno central e impuestas a los estados en forma unilateral.

También señalan que el sistema de participaciones es ineficaz para contribuir a un desarrollo regional equilibrado; rechazan la discrecionalidad y falta de transparencia con que la federación asigna los montos a los estados y municipios; su falta de proporcionalidad, ya que no existe relación entre la capacidad contributiva de las entidades y el monto de las participaciones recibidas. Y afirman que todo ello es causa de que las participaciones se hayan estancado.

Para dar vigencia a un "verdadero" federalismo fiscal proponen aumentar las participaciones, asignar recursos a los estados menos desarrollados de manera justa y equitativa, asignar estímulos a los estados que aumenten la recaudación de impuestos federales, y considerar la actividad económica de la entidad para definir los montos participables. Por otra parte dice:


El federalismo que sostenemos y al que aspiramos, es aquel que favorece el libre ejercicio de competencias, el cumplimiento eficaz de responsabilidades, la autonomía financiera estatal, la efectiva división de Poderes y el respeto a la libertad municipal. No debe-

23 Para recoger los recursos mencionados pueden presentarse en la secretaría de finanzas estatal el presidente, el síndico, el regidor o el tesorero del Ayuntamiento. Pueden ir dos o cuatro personas,

resultar extraño que el sistema que hace nugatorios estos valores tenga evidentes manifestaciones de sujeción política, autoritarismo y férreo control administrativo del poder central sobre las autoridades locales.

Parte muy importante de los intereses del PAN, expresados en la misma iniciativa, están en el traspaso de atribuciones federales a los estados, ya que pide se les otorgue la administración integral de impuestos federales tan importantes como el IVA y el Especial sobre Producción y Servicios así como la fiscalización del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Activo y el correspondiente a automóviles nuevos.

Por otra parte y con el fin de aumentar los ingresos propios de los municipios, elabora propuestas para que los recursos que cobra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los municipios fronterizos donde existen puentes con casetas, vayan a las haciendas locales y no dependan de la Federación. Una propuesta más, en ese sentido, es la iniciativa para cambiar el artículo 115 constitucional a fin de que las empresas públicas y paraestatales propiedad del gobierno federal paguen impuesto predial a los gobiernos estatales.

Es absolutamente injusto que ayuntamientos cuyos municipios han visto invadido sus tierras de labranza por las aguas de una presa, o que tienen que combatir contra una mayor contaminación por los desechos de una refinería, o que deban de reparar los destrozos ocasionados en calles y caminos por un mayor tráfico de vehículos al servicio de una empresa paraestatal, no pueden cobrar un impuesto al que tienen derecho, como es el predial, incluso para reparar los daños causados por esas mismas empresas que se niegan a pagar el impuesto predial. 26

Sobre proporcionalidad y equidad

La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los medianos y reducidos ingresos.


El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ello se consigue que cubran un impuesto, en monto superior, los contribuyentes de más elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos.

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26 'Iniciativa de reforma al artículo 115 de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos para establecer la obligación que tiene de pagar el impuesto predial los organismos paraestatales desconcentrados de la administración pública", en Iniciativas... T. IX, p. 35 í.

El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo; los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazo de pago, etcétera.

La crítica constante del PAN al sistema impositivo es que no se ajusta a estos principios y que en aras de aumentar la recaudación se afecta la equidad, proporcionalidad y progresividad. Concretamente en abril de 1990 se afirma que la política fiscal debe:

[...] ceñirse a los principios de justicia distributiva, para repartir las cargas proporcionalmente a la condición económica del contribuyente, evitando que la evasión constituya un elemento perturbador de la equidad.

Con respecto a los artículos 80 y 141 de la Ley del Impuesto so¬bre la Renta dice que los trabajadores pagan la misma tasa de los gerentes y directivos que ganan diez o veinte veces más, y conclu¬ye que la tabla utilizada para calcular los impuestos provoca un exceso de pago en los niveles de empleo medio.

Fiel a los principios de la Hacienda Pública liberal, durante el periodo analizado, el PAN ha sido un defensor de la progresividad en los impuestos. De tal manera que consistentemente se opuso a una tasa alta para el impuesto al Valor Agregado [IVA], por tratarse de un impuesto al consumo que tiene efectos regresivos en los contribuyentes. Es decir, pagan más quienes menos tienen.

En mayo de 1990 propuso una reducción del IVA del 15 al 10% argumentando que cuando, en 1978, se aprobó la ley de este impuesto en sustitución a la Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, se propuso una tasa de 10% como "equivalente técnico a la tasa en cascada del 4%". Que fue ante la crisis por la disminución de divisas y la necesidad de mayores ingresos que, en diciembre de 1982, el Ejecutivo propuso su elevación al 15%. Pero, en la medida en que ese problema ya fue superado se propone regresar a la tasa de 10%. Se argumenta, que una tasa de 10% aumentaría la recaudación pues disminuiría la elusión en comerciantes y prestadores de servicios. 30 También se argumenta en contra de una tasa que abarque todos los productos y servicios, aunque sea de 5%, por su inequidad social: los que perciben salario mínimo pagarían el


triple de lo que actualmente pagan mientras que los que perciben diez salarios mínimos pagarían 25% menos.

27 "Reforma a los artículos 80 y 141 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el propósito de que exista más equidad en el pago de los impuestos de las personas físicas", en Iniciativas de Ley presentadas por el Partido• Acción Nacional. T. VI, pp. 402.28 "Reforma al art. 115,115-By 115-Cde la Ley del Impuesto sobre la Renta, busca ampliar el límite de diez salarios mínimos anuales a 25 por concepto de ingresos para que estas personas físicas sean consideradas. Como contribuyentes menores", en Iniciativas... T. VI, p. 340.29 "Reforma a los artículos 80 y 141 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el propósito de que exista más equidad en el pago de los impuestos de las personas físicas" en Iniciativas... T. VI, p. 403.


En noviembre de 1993, los panistas propusieron reducir al 8% la tasa general del IVA para ampliar los beneficios a campesinos, jubilados, subempleados y desempleados. En mayo de 1995, otra iniciativa propone que alimentos y medicinas se graven al 0% en todas sus etapas de producción y comercialización hasta el consumidor. En el mismo mes y ante la crisis económica, proponen la disminución al 7% para apoyarla economía doméstica de millones de mexicanos, proteger a las micro, pequeñas y medianas empresas y combatir el desempleo."" En 1997 vuelve a proponer la disminución de la tasa de 15 al 10% afirmando que mayores tasas impositivas generan mayor evasión fiscal:

La reducción propuesta para la tasa general permitirá no sólo mejorar el cumpl imiento voluntario de los contribuyentes, sino que al unificarse su nivel en todo el país también se logrará un mejor control de la recaudación, inhibiendo prácticas evasivas y elusivas."'

Es decir, la trayectoria en 12 años de los últimos dos sexenios estuvo marcada por una insistencia del PAN para no elevar el IVA. La función que Acción Nacional atribuye al Estado es de promotor, por ello critica la visión eminente y exclusivamente recaudatoria que no considerara la posición económica de tos contribuyentes. Es decir, para Acción Nacional no se trata exclusivamente de obtener los ingresos gubernamentales sino que éstos se obtengan bajo los principios de equidad, proporcionalidad y progresividad.

De allí las propuestas de abrogación del Impuesto al Activo, que tiene una visión meramente recaudatoria y que surge como un efecto de la crisis de los ingresos gubernamentales. En todas estas propuestas existe una clara defensa de los empresarios de quienes el fisco trata de recuperar impuestos ante la evasión y elusión fiscales. Lo que diría el PAN es que no se trata de generar injusticia en el sistema fiscal sino de transformar la lógica de recaudación de ingresos gubernamentales/5

El principio de equidad se relaciona con la concepción de igualdad ante la ley y Acción Nacional dedica un importante esfuerzo para combatir la inseguridad j urídica de los contribuyentes. En esta parte, las iniciativas del PAN se abocan a pedir respeto a las garantías individuales que están expuestas a abusos por imprecisiones, inconsistencias o excesos de la ley, Un primer ejemplo lo tenemos en la iniciativa presentada en abril de 1991 que se refiere a la concepción del delito de defraudación fiscal y que:

30 Elusión fiscal: Acto de defraudación fiscal cuyo propósito es reducir el pago de las contribuciones que por ley le corresponden a un contribuyente-Pueden ser por engaños, errores, u omisiones en las declaraciones o cualquier otro acto del que se tenga un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal.31 "Reforma los artículos Io. 2o A y B, 4 y 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado con el propósito de reducir la tasa de dicho impuesto del 15% al 10%". en Iniciativas... T. VI, p. 362.32 "Reformas y adiciones a la Ley deJ Impuesto al Valor Agregado, con el propósito de la disminución de la lasa general del IVA al siete por ciento", en iniciativas ... T. IX. pag. 83.33 Presentada por el diputado Arturo Sai¿ Calderón García. Dictaminada y aprobada e I jue ve s 4 de dic ie mbre de 1997. (Ley del 1V A). Di ctaminada y re -chazada el jueves 4 de diciembre de 1997. (Miscelánea Fiscal).


[...] pretende evitar la discrecionalidad que actualmente se permite a la autoridad para sancionar selectivamente al defraudador fiscal, porque en la fracción V del artículo 109 se dice que "comete delito de defraudación fiscal quien haya dejado de presentar por un plazo mayor de seis meses su declaración de impuestos."

Esta disposición afecta a los trabajadores profesionistas, alba-ñiles, toreros, estudiantes, entre otros, que trabajan por temporadas o durante vacaciones y que por no declarar, están expuestos a una aplicación abusiva de la ley.

Otro ejemplo está en la iniciativa presentada en febrero de 1992, que señala que los artículos 28 y 29 del Código Fiscal no respetan el sentido constitucional ni las garantías individuales, lo que ocurre cuando se señala que la autoridad hacendaría podrá realizar visitas domiciliarias para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Expresan, además, que existe un trato inequitativo al exigir a los comerciantes establecidos máquinas de comprobación fiscal, con lo cual se privilegia a los no establecidos en local fijo.

A la inseguridad jurídica proveniente de la reglamentación sobre el delito fiscal se une aquella que deriva de la ineficacia administrativa. En diciembre de 1996 se menciona que hay más de 320 tarifas lo que dificulta el cálculo, y obstaculiza a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Propone la reforma de varios artículos para aprobar una sola tarifa para el cálculo de impuestos. 38

Una propuesta muy importante es la que propone acabar con la desigualdad existente entre el fisco y el contribuyente que permite el artículo 201 del Código Fiscal de la Federación, Ante cobros fiscales indebidos, la administración tributaria no asume responsabilidad en gastos ocasionados al contribuyente de manera injusta. Concretamente se propone que:

(...] la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asuma su responsabilidad, en su calidad de determinador y recaudador de los créditos fiscales, cuando sea vencido en juicio por el contribuyente ante el Tribunal Fiscal de la Federación.36 Es decir, debe haber indemnización.

Buena parte de la inequidad del sistema fiscal radica en que evasión obliga a la Secretaría de Hacienda a aumentar la recaudación en los que cumplen con sus obligaciones fiscales. Esto lie absurdos como el que señala la iniciativa para reformar el artículo 22 del Código Fiscal, que exige al contribuyente que solicita devolución de impuestos garantizar, durante seis meses, el monto solicitado con una cantidad equivalente.

35 Esta propuesta del PAN de abrogación del Im pues toa] Activo se re toma en la iniciativa mandada a la Cámara de Diputados por el gobierno del presidente Fox en abril de 2001 y fue aprobada.36 "Reforma a los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación. Pretende evitar la discrecional i dad que actualmente se permite a la autoridad para sancionar selectivamente al defraudador fiscal", en iniciativas, T. Vil.


Otra característica del sistema fiscal que genera gran inseguridad a los contribuyentes es la insuficiente definición de criterios procedimientos para la persecución del delito. En este sentido es tan las propuestas del PAN referentes al embargo de bienes, a beneficio de la libertad provisional de los inculpados por delitos fiscales. En 1999 Acción Nacional propone reformar la fracción II del artículo 92 del Código Fiscal de Federación.

[...] a fin de establecer que para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en el propio Código, será necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público previamente haya agotado el procedimiento administrativo que en su caso se tenga iniciado contra el contribuyente. "

Un aspecto más del principio de equidad apunta contra los privilegios fiscales, ya que se parte precisamente de la idea de que todos los "súbditos" de un Estado, deben contribuir con los gastos públicos de acuerdo con sus ingresos, En este sentido la iniciativa presentada en mayo de 1990 propone separar del régimen de trabajo asalariado a quienes desempeñan un cargo de elección popular en cualquiera de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Dicen que por iniciativa de Acción Nacional se logró el gravamen fiscal para los diputados que antes estaban exentos. Con esta iniciativa no se trata de generar un trato fiscal preferencial sino de ubicar correctamente en la estructura fiscal a: regidores, síndico y presidente municipal; diputados locales y gobernador estatal; diputados federales, senadores y presidente de la República. Con esta propuesta los panistas buscan terminar con la práctica que existe en las dependencias públicas, bajo cuya responsabilidad están los pagos de estos funcionarios públicos, de usar como fondo revolvente los recursos que retienen por concepto de Impuesto sobre la Renta en lugar de enterarlos al fisco.44

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38 "Iniciativa de decreto que reforma, deroga y adiciona di versas disposiciones de 1 a Ley del Impuesto Sobre la Re rmV\en Iniciativas ..,T. X, pp. 321-331.39 "Iniciativa de reforma el artículo 201 y adición al 201 Bis, del Código Fiscal de la Federación", en Gacela Parlamentaria, número 168, lunes 30 de40. "Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación", en Gacela Parlamentaria, número 227, jueves 18 de marzo de 1999.41 "Que el aseguramiento de bienes decretados en providencia precautoria quede siempre bajo la custodia de los bienes" en Iniciativas... T. VII, pp. 300-303.42 "Establecer el beneficio de la libertad bajo caución a los procesados por delitos fiscales en ciertos casos", en Iniciativas ... T. VIII, pp. 42-45. noviembre de 1998.43 Gaceta Parlamentaria, número 227, jueves 18 de marzo de 1999


Sobre legalidad tributaria

Como se ha señalado en los puntos en que Acción Nacional define las características esenciales de las contribuciones, éstas pueden establecerse únicamente mediante la ley. Es mediante la ley que se deben controlar los gastos. Esto implica que Hacienda Pública se inscribe en un sistema parlamentario gobierno representativo donde la división de poderes otorga al órgano de representación la atribución de elaborar las leyes.

En este contexto, el funcionamiento de la Hacienda Pública implica el proceso presupuestario que exige la previsión de ingresos de gastos, que deben ser aprobados y controlados mediante votación en el órgano representativo, para lo cual se requiere llevar una contabilidad a fin de verificar tanto ingresos como gastos.

En México, concretamente, este proceso implica la aprobación por la Cámara de Diputados del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Ingresos que corresponden a la previsión, y el análisis y aprobación de la Cuenta Pública, que corresponde a la verificación.

A partir de la obligación de los individuos de contribuir con los gastos gubernamentales, Acción Nacional, como hemos dicho, retomando postulados básicos considera que:

[...] una política fiscal sana debe garantizar al ciudadano la reciprocidad por parte del gobierno, mediante un manejo limpio y eficiente del dinero público y una administración recaudatoria impecable, para que el sacrificio del pueblo ante las cargas impositivas sea compensado por la calidad y amplitud de los servicios públicos; obras de infraestructura y condiciones que eleven su nivel de bienestar y que les aseguren la solidaridad y protección, en caso de requerirlos.

Sobre estos aspectos, no son medidas coyunturales del gobierno lo que da materia a las iniciativas de Acción Nacional sino el carácter presidencialista del Sistema Político, que es una característica estructural. El interés de ese partido está dirigido al establecimiento de una real División de Poderes para que la Cámara de Diputados abandone su subordinación al Ejecutivo y cumpla la función que le corresponde en la aprobación del Presupuesto y de la Cuenta Pública.

En lo que al proceso presupuestario se refiere, si bien el reforzamiento de la Cámara de Diputados depende de la existencia y funcionamiento de un sistema de partidos políticos competitivo, que garantice la representación, la posibilidad de una relación equilibrada entre los poderes, se sustenta en la reglamentación específica sobre presupuesto y cuenta pública.

44 "Adición a los artículos 135-A, y 135-BX, D,E, F, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para establecer un régimen adecuado de tributación para las personas físicas que obtienen ingresos por el desempeño de un cargo público de elección popular, en Iniciativas de Ley presentadas por el Partido Acción Nacional. T, VJ, p. 368.


Durante el periodo analizado y sobre estos aspectos, la actividad legislativa de Acción Nacional comienza por lo que se refiere a la transparencia en el ejercicio de los gastos, tratando de limitar la posibilidad de que los funcionarios se beneficien usando indebidamente los recursos públicos.

En esta dirección apuntan la iniciativa presentada, en julio de 1993, que propone las características que debe cumplir el candidato a Contador Mayor de Hacienda46 y la presentada en diciembre de 1994 para crear el Registro Público Patrimonial de los Servidores Públicos.47

En cuanto al punto que corresponde al fortalecimiento del legislativo está la iniciativa que ese partido presentó en la Cámara de Diputados en marzo de 1995, y que se refiere a la posibilidad del

Órgano para participar en la definición de los planes nacionales. Otra iniciativa que pretende hacer copartícipe al Congreso en la definición de la política económica fue presentada en abril de 1999, propone reformar la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto público Federal, publicada el 31 de diciembre de 1976, que según s palabras no permite "el apoyo que la Cámara de Diputados necesita para funcionar como el órgano de representación popular", argumentando que:

"[...] el establecimiento de legislación que salve al pueblo de México de decisiones despóticas y autoritarias, y que asegure una correcta discusión y análisis del destino de los recursos del país es de primera prioridad, esto si se quiere elevar la probabilidad de poder avanzar hacia condiciones de mayor equidad y desarrollo para todos los mexicanos, principalmente los más necesitados."

Propone establecer:

[...] que el Ejecutivo necesite la autorización de la Cámara de Diputados tanto para la participación o compra de empresas como para la constitución o incremento de fideicomisos, así como también la disposición que pretenda hacer en algunos casos de ingresos extraordinarios. Con esto se evita el posible desperdicio de recursos, los cuales son necesarios en otros rubros.50

Uno de los efectos del presidencialismo y la subordinación del Congreso al Ejecutivo es que la Cámara de Diputados carecía de los elementos legales, técnicos y organizativos para llevar a cabo una adecuada supervisión de ingresos y gastos. Desde los tiempos en que se entregaban los informes hasta sus formatos eran un obstáculo para que a la Cámara tuviese una participación efectiva en el proceso.

46 ''Modificación a la ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, en iniciativas ... T. VIH, pp.219-227.47 ''Adiciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos", en Iniciativas ... T. IX, pp. 28-31.48 "Modificación a la ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, en Iniciativas ... T. VIII, pp.219-227. "Adiciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos", en Iniciativas ... T. IX, pp. 28-31. "Iniciativa de reformas a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal", en Gacela Parlamentaria, número 238, miércoles 7 de abril de 1999.


En este aspecto Acción Nacional presentó, en diciembre de 1999. una de las iniciativas de mayor trascendencia en la transformación del régimen, pues acota las excesivas atribuciones del Poder Ejecutivo en el manejo de los recursos públicos. Se trata de la Ley Orgánica de la Entidad Superior de Fiscalización de la Federación, que fue aprobada el día 15 de ese mes, que transformó la Ley Orgánica de la Contaduría mayor de Hacienda de 1976 y creó un órgano de apoyo técnico especializado para que la Cámara de Diputados cuente con las posibilidades reales de evaluación de la Cuenta Pública. La exposición de motivos de la iniciativa, que es muy ilustrativa plantea:

[...] se considera indispensable que sea la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación y no Secodam la encargada de fincar responsabilidades administrativas. No puede ser de otra manera, si el Ejecutivo Federal se rehúsa a entregar los datos que requiere el Legislativo para cumplir con sus facultades y atribuciones de fiscalización consagrados en la carta magna, entonces un órgano dependiente del mismo Ejecutivo no tendría autoridad para hacer cumplir la Ley y ese hecho se constituye en un acto de rebeldía contra los preceptos constitucionales y por lo mismo, en un ilícito de orden penal y no sólo administrativo.

[...] las funciones fiscalizadoras que por ley le corresponden al Poder Legislativo, son realizadas por el propio Ejecutivo Federal, a través de SECODAM, a pesar de ser él mismo quien ejerce el presupuesto de ingresos y egresos de la Federación. Lo anterior, constituye una aberración puesto que el Poder Ejecutivo entonces se convierte en juez y parte, contraviniendo el principio de imparcialidad que debe prevalecer en toda revisión, puesto que si se va a verificar la aplicación de los recursos públicos efectuados por el Ejecutivo, no es lógico ni ético que el órgano encargado de hacerlo pertenezca al mismo poder. Desde esta perspectiva las auditorías practicadas por SECODAM carecen de objetividad y credibilidad y si a ello aunamos que es precisamente esta dependencia la que finca las responsabilidades administrativas a los servidores públicos del Ejecutivo Federal, podemos inferir que de origen carecen de la credibilidad necesaria para desalentar el comportamiento desviado en el servicio público.

49 Reforma a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Adición de dos párrafos al artículo 11 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad de Gastos Públicos, con objeto de que la Cámara de Diputados tenga una intervención más decisiva en los planes económicos del Ejecutivo y pueda hacer modificaciones o adecuaciones tanto en la magnitud como en la elaboración del Presupuesto, en Iniciativas de Ley presentadas por el Partido Acción Nacional. T. IX.41. "Iniciativa de Ley Orgánica de la Entidad Superior de Fiscalización de la Federación", en Gaceta Parlamentaría, número 407, viernes 10 de diciembre de 1999.


Conclusión

No hay duda de que la ideología del Partido Acción Nacional se enmarca en la corriente del neoliberalismo y neoconservadurismo. Pero su fortalecimiento político depende mucho más de las características internas del proceso político nacional que de un proceso ideológico mundial. Es decir, para ese partido político, la crisis fiscal de fines de los setentas y principios de los ochentas y las características presidencialistas y no democráticas del régimen, constituyen una fuente de oportunidades para su fortalecimiento mucho más rica que el pensamiento neoliberal neoconservador. En todo caso, la existencia de este último como fenómeno mundial es un elemento coadyuvante a la generación del campo propicio que le generó la adopción que el gobierno mexicano hizo de las medidas inspiradas en esas ideas, impulsadas por el Fondo Monetario Internacional. Para el caso concreto de su labor legislativa sobre Hacienda Pública, el PAN basa sus propuestas en los principios básicos de la teoría liberal sobre ingresos y gastos públicos.

6 parte iii neoliberalismo y hacienda publica carmen solorzano

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