3 mar anexo vgaceta.diputados.gob.mx/pdf/63/2016/mar/20160303-v.pdf · 2016-03-03 · nificado un...

GacetaParlamentaria

Año XIX Palacio Legislativo de San Lázaro, jueves 3 de marzo de 2016 Número 4481-V

Jueves 3 de marzo

CONTENIDO

Proposiciones de urgente u obvia resolu-

ción

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los ti-tulares de la SE, la SCT y la Sedatu a difundir las ac-ciones por emprender para generar fuentes de em-pleo en los sectores económicos no vinculados a laactividad petrolera en Campeche y Tabasco, suscritapor las diputadas Adriana del Pilar Ortiz Lanz yGeorgina Trujillo Zentella, del Grupo Parlamentariodel PRI

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los ti-tulares y funcionarios de primer nivel de los tres Po-deres de la Unión y organismos constitucionales au-tónomos a hacer públicas sus declaracionespatrimonial, de conflicto de interés y fiscal, suscritapor integrantes del Grupo Parlamentario de Movi-miento Ciudadano

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diver-sas autoridades a dar seguimiento a los programas

actuales de prevención e implantar nuevos instru-mentos de protección y actualización de las estadís-ticas a escala nacional en materia de adicciones en-tre jóvenes, a cargo de la diputada Yarith TannosCruz, del Grupo Parlamentario del PRI

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al go-bernador de Morelos a garantizar la libertad reli-giosa, y la seguridad y paz públicas en la entidad, acargo de la diputada Emma Margarita Alemán Ol-vera, del Grupo Parlamentario del PAN

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a laComisión de Presupuesto y Cuenta Pública de estasoberanía a dictaminar las Cuentas Públicas pen-dientes, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán,del Grupo Parlamentario del PRD

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Eje-cutivo federal a manifestar por la SRE a la Repú-blica Islámica de Pakistán su rechazo por la penacorporal que pretende aplicarse al cineasta KeywanKarimi, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio,del Grupo Parlamentario de Morena

4

8

10

13

14

17

Pase a la página 2

Anexo V

Gaceta Parlamentaria Jueves 3 de marzo de 20162

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Eje-cutivo federal, la STPS y la SHCP a realizar unacampaña de difusión sobre los incentivos fiscales aque tienen derecho los empleadores de adultos ma-yores y personas con discapacidad, a cargo del di-putado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del GrupoParlamentario de Movimiento Ciudadano

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a laSEP y las autoridades educativas locales a fortale-cer tanto la formación inicial como los programasde formación continua y de desarrollo profesionalde los docentes, a cargo del diputado Luis AlfredoValles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nue-va Alianza

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía re-conoce al clavadista mexicano Rommel PachecoMarrufo por su triunfo en la Copa Mundial de Cla-vados de 2016, realizada en Río de Janeiro, Brasil,suscrita por integrantes de la Comisión de Deporte

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a laCoordinación Nacional de Becas de Educación Su-perior a pagar en tiempo y forma las asignadas alos universitarios mexicanos de posgrado en el ex-tranjero, a cargo de la diputada Edith Anabel Alva-rado Varela, del Grupo Parlamentario del PRI

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al di-rector general del Sistema de Aguas de la Ciudadde México a atender y resolver la problemática delsistema de bombeo y restablecer el servicio de su-ministro a las unidades habitacionales Los Culhua-canes, en Coyoacán, a cargo del diputado HéctorBarrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario delPAN

Con punto de acuerdo, por el que se solicita reali-zar sesión solemne el lunes 21 de marzo de 2016para conmemorar los 210 años del natalicio de Be-nito Juárez García, a cargo del diputado David Ji-ménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del PRD

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a di-versas autoridades a proteger los humedales de Xo-chimilco y Tláhuac, y los suelos de conservaciónde la Ciudad de México, a cargo de la diputadaNorma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parla-mentario de Morena

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a laConade a revisar con las federaciones y confedera-ciones deportivas las condiciones de seguridad delos atletas en las competencias, a cargo de la dipu-tada María Elena Orantes López, del Grupo Parla-mentario de Movimiento Ciudadano

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a losPoderes Judiciales locales y de la Ciudad de Méxi-co a sumarse al protocolo de actuación para quienesimparten justicia en casos que involucren derechosde personas con discapacidad, a cargo de la diputa-da Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parla-mentario del PRI

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sa-garpa a pagar por la Agencia de Servicios a la Co-mercialización y Desarrollo de Mercados Agrope-cuarios los adeudos con los productores,transparentar el padrón de beneficiarios, y exponerlos montos ejercidos y los gastos de la agencia enlos últimos tres ejercicios fiscales, a cargo de la di-putada Elva Lidia Valles Olvera, del Grupo Parla-mentario del PAN

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a di-versas autoridades a realizar acciones para contra-rrestar el gran desabasto de agua potable de los ha-bitantes de Nezahualcóyotl, México, suscrita porlas diputadas Sandra Luz Falcón Venegas y Delfi-na Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario deMorena

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Eje-cutivo federal y a los gobiernos locales a hacer efi-ciente el funcionamiento de los centros penitencia-rios a su cargo y delinear políticas integrales dereinserción social, suscrita por los diputados RosaAlba Ramírez Nachis y Víctor Manuel SánchezOrozco, del Grupo Parlamentario de MovimientoCiudadano

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al pre-sidente municipal de Saltillo, Coahuila, a aceptar ycumplir la recomendación número 103/2015, de laCDH estatal, a cargo del diputado Armando LunaCanales, del Grupo Parlamentario del PRI

Con punto de acuerdo, relativo a la generación deprotocolos para garantizar los derechos humanos de

20

22

24

25

27

31

33

36

38

39

42

45

49

54

Jueves 3 de marzo de 2016 Gaceta Parlamentaria3

los internos en el sistema penitenciario mexicano,a cargo de la diputada María Antonia CárdenasMariscal, del Grupo Parlamentario de Morena

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Eje-cutivo federal, la SHCP, la Secretaría de Economíay la Administración General de Aduanas a cumplirlos términos, acuerdos y anexos del TLCAN sobrela importación de vehículos usados, a cargo del di-putado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Par-lamentario de Movimiento Ciudadano

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Eje-cutivo federal a impulsar la creación de un progra-ma nacional de búsqueda de personas con un pro-tocolo de acción inmediata, suscrita por integrantesdel Grupo Parlamentario de Morena

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a laSsa a difundir los resultados de las acciones em-prendidas en el Programa de Salud Bucal de 2015y la estrategia por implantar para 2016, suscritapor las diputadas Mirza Flores Gómez, Rosa AlbaRamírez Nachis y María Victoria Mercado Sán-chez, del Grupo Parlamentario de MovimientoCiudadano

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta el je-fe del gobierno de la Ciudad de México a respetarel estado de derecho por sus servidores públicos, acargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedra-za, del Grupo Parlamentario de Morena

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a laSegob a reforzar la seguridad interna de los pena-les bajo su jurisdicción, respetando los estándaresy tratados internacionales, a cargo del diputado Da-niel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentariode Movimiento Ciudadano

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al go-bernador y la PGJ de Chiapas a resolver el conflic-to laboral suscitado en la Unidad Académica deLas Margaritas de la Universidad Intercultural deChiapas, suscrita por integrantes del Grupo Parla-mentario de Morena

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a laSegob y la PGR a salvaguardar la vida, integridady libertad de la defensora de los derechos humanos

Aleida Quintana, a cargo del diputado Juan Rome-ro Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Eje-cutivo federal a encabezar y coordinar por la SFPesfuerzos en la elaboración e implantación de uncódigo de ética y austeridad sobre el uso de los viá-ticos y pasajes del funcionariado de la administra-ción pública federal, a cargo de la diputada ClaudiaSofía Corichi García, del Grupo Parlamentario deMovimiento Ciudadano

Efemérides

Con motivo del 3 de marzo, Día Mundial de la Vi-da Silvestre, a cargo del Grupo Parlamentario delPVEM

73

76

57

58

61

62

65

67

70

Proposiciones

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS

TITULARES DE LA SE, LA SCT Y LA SEDATU A DIFUNDIR

LAS ACCIONES POR EMPRENDER PARA GENERAR FUENTES

DE EMPLEO EN LOS SECTORES ECONÓMICOS NO VINCULA-DOS A LA ACTIVIDAD PETROLERA EN CAMPECHE Y TA-BASCO, SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS ADRIANA DEL PI-LAR ORTIZ LANZ Y GEORGINA TRUJILLO ZENTELLA, DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Las suscritas, diputadas Adriana del Pilar Ortiz Lanz,del estado de Campeche, del Grupo Parlamentario delPartido Revolucionario Institucional y Georgina Truji-llo Zentella, del estado de Tabasco, del Grupo Parla-mentario del Partido Revolucionario Institucional dela LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; confundamento en lo que disponen los artículos 71, frac-ción II de la Constitución Política de los Estados Uni-dos Mexicanos, y artículos 6, numeral 1, fracción I;62, numeral 2; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2,del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permi-ten someter a la consideración de esta honorable asam-blea, la presente proposición con punto de acuerdo deurgente u obvia resolución, por el que se exhorta res-petuosamente a los titulares de la Secretaría de Econo-mía, de la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-tes, y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorialy Urbano, a dar a conocer e implementar de manera in-mediata las acciones instruidas por el Ejecutivo fede-ral, a fin de generar nuevas fuentes de empleo en lossectores económicos no vinculados a la actividad pe-trolera, para contener y disminuir los elevados y cre-cientes índices de desempleo en los estados de Cam-peche y Tabasco, suscrita por las diputadas Adrianadel Pilar Ortiz Lanz y Georgina Trujillo Zentella, delGrupo Parlamentario del PRI, al tenor de las siguien-tes:

Consideraciones

En los últimos años, el petróleo mexicano ha sufridodepreciaciones constantes que han repercutido en lossectores económicos relacionados directamente conlas actividades de la industria petrolera, lo que ha sig-nificado un reto tanto para el gobierno federal comopara los gobiernos de las entidades federativas parahacer frente a las crisis por la que atraviesa la industriapetrolera.

De acuerdo con cifras oficiales, al principio del pre-sente sexenio, el gobierno de nuestro país dependía enun 40 por ciento de las exportaciones petroleras, es de-cir, era dependiente casi en la mitad de su presupuestototal.

Los cambios estructurales impulsados con la reformaenergética han tenido una injerencia positiva para re-ducir el impacto de la dependencia de los ingresos pe-troleros, lo que ha permitido a México ir disminuyen-do esa dependencia que ahora es del 18 por ciento.

No obstante lo anterior, estamos conscientes de quehoy por hoy, la caída de los precios del petróleo estáafectando seriamente a nuestro país, especialmente alas entidades con alta vinculación y dependencia delos ingresos petroleros, por lo que coincidimos en lanecesidad de emprender acciones alternativas que per-mitan dar actividad y oportunidad a la población dededicarse a otras actividades productivas que les depa-re un ingreso y en otras acciones que mitiguen lo quehoy está ocurriendo ante este efecto.

En el transcurso del año 2015 y durante el primer mesde este año, la crisis petrolera ha acelerado el desem-pleo en las entidades federativas con mayor actividaden el rubro, tal es el caso de la zona sur-sureste del pa-ís, y en específico de los estados de Campeche y Ta-basco. De acuerdo con las cifras que reporta PetróleosMexicanos (Pemex) indican que en 2011 el volumende las exportaciones de petróleo crudo nacional era de1,338 miles de barriles diarios.1 En enero de 2016, es-ta cantidad ha disminuido a 1,120 miles de barrilesdiarios presentándose en mayor medida en esta regiónque en la actualidad exporta 797 miles de barriles dia-rios –equivalente a dos terceras partes del total de ex-portación- contra 1,036 que realizaba en 2011. Auna-do al panorama internacional, el precio promedio delcrudo mexicano ha disminuido en esa misma tempora-lidad de 101.13 a 23.48 dólares por barril.2

Por ello, es menester lograr el trabajo conjunto refren-dado por el Ejecutivo Federal, a fin de establecer lasmedidas, acciones y programas pertinentes para la mi-tigación de la problemática del desempleo que ha afec-tado a las entidades con mayor dependencia de la acti-vidad petrolera, como es el caso de Campeche yTabasco, no obstante que siguen siendo las dos entida-des que más aportan al PIB nacional en esta materia.


Justificación

En el estado de Campeche, el año pasado se perdieron8 mil 846 empleos, en su totalidad de la industria pe-trolera, al pasar de 148 mil 822 en enero de 2015, a139 mil 976 en enero de este año, lo cual implica unadisminución del 5.9 por ciento.

Además de que, como estrategia encaminada a solven-tar el problema económico que actualmente tiene Pe-mex, la paraestatal ha anunciado el posible recorte de10 mil empleados para este año.

Escenario en el cual se agravaría la situación econó-mica que se vive en municipios como Carmen, pues elflujo de efectivo de la ciudad disminuiría aún más,afectando a los demás sectores como: hotelero, comer-cio, servicios, inmobiliario, entre otros.

El desplome de la actividad petrolera en Campechetiene al borde del colapso al 40 por ciento de las 865empresas que brindaban servicios y suministraban ma-teriales a la industria petrolera, lo que ha afectado du-rante el 2015 de manera directa a pequeños y media-nos proveedores, empresas de soporte de ingeniería,de outsourcing y de asesoría ligadas a Pemex, siendoel sector de la construcción el más afectado debido a lacancelación de obras.

El año pasado, la paraestatal tuvo recortes por unos 65millones de pesos. De acuerdo con registros del Con-sejo Coordinador Empresarial, entre 2005 y 2006 había865 firmas vinculadas a las operaciones de Pemex, delas cuales, a la fecha, alrededor de 346 están en riesgo.

De acuerdo con datos del mismo organismo, sustenta-dos con cifras del Inegi, fueron liquidados 25 mil tra-bajadores petroleros de octubre de 2014 al mismo mesde 2015.

En el caso particular de Campeche, entre las afecta-ciones que se han tenido en las actividades económi-cas aunadas al problema de desempleo, se encuentranaquellas que recaen sobre las empresas y proveedoresligados a Pemex por la cancelación anticipada de con-tratos, las restricciones de licitaciones y el retraso enlos pagos a trabajadores.

Además de las afectaciones directas a contratistas yprestadores de servicios de Pemex, la crisis ha afecta-

do de manera indirecta a los sectores de las industriashoteleras, turísticas y de restaurantes.

De 2010 a 2013, el PIB de la entidad registró una caí-da anual promedio de 2 por ciento, y si bien para 2013logró por primera vez un crecimiento marginal de ape-nas 0.7 por ciento, el Indicador Trimestral de Activi-dad Económica Estatal (ITAEE) que elabora el Inegi,reportó un descenso anual de 4.7 por ciento en 2014,de manera que la crisis se ha venido agudizando desdeel año 2014.

Todo lo anterior derivado de la gran dependencia que tie-ne la economía estatal de la extracción del hidrocarburo,que por sí sola representa el 80 por ciento de su PIB.

Es indudable que la crisis por la que atraviesa la eco-nomía campechana ha incrementado el número de des-empleados. Del primer trimestre de 2010 al cuarto tri-mestre de 2015, el número de personas desocupadas enla entidad pasó de 9 mil 600 a 12 mil 422 trabajadores,lo que significó un incremento de 29 por ciento.

En la gráfica que a continuación se muestra, se advier-te la tendencia de la tasa de desocupación en el año2015 para Campeche.

Gaceta Parlamentaria5Jueves 3 de marzo de 2016

En Tabasco, además de las actividades económicas co-mo la ganadería, agroindustria y servicios, el motor dedesarrollo del que depende el sustento de decenas demiles de familias lo ha sido por muchos años la indus-tria energética. El petróleo sigue siendo la que generamayor riqueza para el estado.

Al no tener contratos con Pemex directamente o conlas grandes compañías que trabajan para la empresaproductiva del Estado, están obligando a las Pyme conactividad petrolera a cerrar, y con ello el despido desus trabajadores.

De acuerdo con el reporte del IMSS, en enero del 2015Tabasco tenía un registro de 197 mil 107 trabajadores,cifra que disminuyó 6.2 por ciento al mes de enero deeste año, cuando sólo tenía 184 mil 849 empleos, en-tre permanentes y eventuales urbanos y del campo. Es-to indica que en un año se perdieron 12 mil 258 em-pleos oficiales, mientras que en enero de 2016perdieron su trabajo 2 mil 335 personas radicadas en elestado.

En el cuarto trimestre de 2015, la distribución econó-mica de la población se expresa de la siguiente mane-ra:

La entidad se ha visto seriamente impactada por losproblemas que está enfrentando el sector petrolero yque han generado que la tasa de desocupación se in-cremente aún más. De acuerdo con cifras del Inegi,desde el año 2015, Tabasco se ha mantenido en el pri-mer lugar de desempleo, con una tasa de desocupaciónentre el 7.5 y 7.7 por ciento, porcentaje que represen-ta casi el doble de la cifra nacional.

En la gráfica que a continuación se muestra, se puedeadvertir la tendencia al incremento de la tasa de des-ocupación en 2015:

La situación por la que están atravesando ambas enti-dades federativas ha sido planteada en reiteradas oca-siones por los gobernadores Rafael Alejandro MorenoCárdenas y Arturo Núñez Jiménez, de Campeche y Ta-basco, respectivamente. El 29 de enero de 2016, elpresidente de la República, Enrique Peña Nieto, reali-zó gira de trabajo por el estado de Tabasco; en su visi-ta el Gobernador de esa entidad señaló “…tenemos unproblema severo de desempleo… y como lo he plante-ado junto con el gobernador de Campeche, AlejandroMoreno, hemos hablado de la posibilidad de tener sumano amiga, para ayudarnos con programas tempora-les de empleo, con el impulso a la micro y pequeña in-dustria…”.

Por su parte, el Presidente de la República señaló “Alinicio de esta administración, el gobierno dependía enun 40 por ciento, casi la mitad de su presupuesto denuestras exportaciones petroleras. Imagínense lo quehubiese sido de no haber hecho varios cambios estruc-turales que nos hacen ser menos dependientes de in-gresos petroleros, pero hoy siguen teniendo un impac-to del 18 por ciento.” También señaló que “… a travésde las Secretarías de Economía, Comunicaciones yTransporte y Sedatu se implementarán accionespara generar nuevas fuentes de trabajo en sectoresde la economía no ligados al petróleo…”

En este sentido, el Poder Ejecutivo ha refrendado elrespaldo a favor de la población de las entidades fede-rativas con alta dependencia y vinculación a la activi-dad petrolera, que se ha visto afectada por la situaciónque en el mundo ocurre en torno al precio del petróleo.

En este orden de ideas, coincidimos en la necesidad deexhortar con carácter de urgente a las dependencias dela administración pública federal antes señaladas, adar cumplimiento a la instrucción del Ejecutivo Fede-


ral para que se den a conocer, con prontitud, las accio-nes que se estarán implementando en los Estados deCampeche y Tabasco, para generar nuevas fuentes deempleo y de esta manera, las entidades afectadas sevean en la posibilidad de hacer frente a la problemáti-ca que se ha registrado.

Cabe mencionar otros factores que nos urgen a exhor-tar la emisión e implementación de medidas para solu-cionar esta problemática. Uno de ellos relativo al pro-nóstico de la volatilidad-estabilidad de los precios delpetróleo.

En las últimas semanas, la Secretaría de Energía se hapronunciado respecto al pronóstico de los precios delpetróleo, los cuales no se recuperarán sino, en el me-jor de los casos, hasta el segundo semestre de 2017.

Por lo que debemos estar conscientes de que el escena-rio que se está presentando en estas entidades federati-vas no variará al menos hasta 2017, cuando comience laexploración o explotación de pozos a cargo de Pemex ocompañías ganadoras de los contratos ya licitados.

Otro de los factores que nos apremia, es el relativo altema de inseguridad. Es fundamental señalar y subra-yar que la inseguridad es otro de los daños colateralesque una crisis de desempleo puede generar como im-pacto en la sociedad.

No podemos soslayar que existe una correlación di-recta entre la falta de oportunidades de empleo y el in-cremento de los índices delictivos.

En abril de 2015, se publicaron resultados de índicesdelictivos en las entidades federativas a nivel nacional,en el marco de un estudio realizado para el ProgramaUniversitario de Derechos Humanos de la UniversidadNacional Autónoma de México, con la participacióndel Centro de Investigación y Docencia Económicas(CIDE), del Instituto Nacional de Estadística y Geo-grafía (Inegi) y del Sistema Nacional de Seguridad Pú-blica (SNSP).

En el estudio antes mencionado, el estado de Campe-che ocupa el cuarto lugar entre los estados con menortasa de índices delictivos con una puntuación de 1.81por ciento. Este análisis estadístico sitúa a Campechedentro de las entidades federativas con los niveles másaltos de paz del país.

Por el contrario, en el caso particular de Tabasco, losíndices de delincuencia se han incrementado durantelos últimos años, por lo que, con un puntaje de 2.35por ciento, Tabasco ocupa el lugar número 11 a nivelnacional.

Las estadísticas en materia de inseguridad nos permi-ten advertir la necesidad de prevenir una crisis de in-seguridad derivada de una crisis económica y de des-empleo.

(Índice de Paz México 2015, UNAM)

No obstante el contraste entre Campeche y Tabasco enmateria de inseguridad, existe una preocupación y unobjetivo en común: la contención de la crisis econó-mica y de desempleo que se está presentando en am-bos estados; así como la prevención de consecuenciassecundarias, a través de la implementación de medi-das, acciones y programas pertinentes encaminados ala resolución de la problemática principal.

Es indubitable que una mejor situación económica yde oportunidades contribuye de manera importante areducir los índices de delincuencia. Es fundamentalprevenir y evitar que el impacto de una crisis econó-mica se extienda hacia otras áreas de la vida en socie-dad en los estados de Campeche y Tabasco.

En tanto se restablezca la recuperación económica enlas actividades petroleras de los estados de Campechey Tabasco, los gobiernos de dichos estados, con el apo-yo del Poder Ejecutivo federal a través de las respecti-


vas secretarías, deberán instrumentar e implementarlas medidas, acciones, programas y demás políticaspúblicas pertinentes y necesarias para impulsar unamayor diversificación de las actividades productivas,en aras de combatir el desempleo generado por la cri-sis petrolera y de la pronta reactivación económica delos estados.

En ese tenor, la presente proposición con punto deacuerdo, tiene como finalidad exhortar a los titularesde las respectivas Secretarías, en sus distintos ámbitosde competencia y en cumplimiento del mandato delPresidente de la República, Enrique Peña Nieto, paraque den a conocer, con carácter de urgente, las accio-nes que se estarán implementando en los Estados deCampeche y Tabasco, para generar nuevas fuentes deempleo en sectores económicos no vinculados a la ac-tividad petrolera, ante la problemática de los altos ín-dices de desempleo que se han presentado.

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la con-sideración de esta honorable soberanía, la siguienteproposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de laSecretaría de Economía, de la Secretaría de Comuni-caciones y Transportes, y de la Secretaría de Desarro-llo Agrario, Territorial y Urbano, a efecto de dar a co-nocer e implementar de manera inmediata las accionesinstruidas por el Ejecutivo Federal, a fin de generarnuevas fuentes de empleo en los sectores económicosno vinculados a la actividad petrolera, para contener ydisminuir los elevados y crecientes índices de desem-pleo en los estados de Campeche y Tabasco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.

Diputadas: Adriana del Pilar Ortiz Lanz, Georgina Trujillo Zente-

lla (rúbricas).

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS

TITULARES Y FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL DE LOS

TRES PODERES DE LA UNIÓN Y ORGANISMOS CONSTITU-CIONALES AUTÓNOMOS A HACER PÚBLICAS SUS DECLARA-CIONES PATRIMONIAL, DE CONFLICTO DE INTERÉS Y FIS-CAL, SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parla-mentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatu-ra de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo se-ñalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79,numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones IV, V yVI, del Reglamento de la Cámara de Diputados del ho-norable Congreso de la Unión, someten a consideraciónla siguiente proposición con punto de acuerdo medianteel cual se exhorta a los titulares y funcionarios de primernivel de los tres poderes de la Unión y de los organismosconstitucionales autónomos, a que como muestra de sucompromiso con el combate a la corrupción, hagan pú-blicas a la brevedad sus declaraciones patrimonial, deconflicto de interés y fiscal, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El fortalecimiento de un Estado democrático se sus-tenta en la igualdad de los ciudadanos ante la Ley y so-bre todo en la subordinación ante ella, por parte dequienes ejercemos funciones públicas. Cotidianamen-te el Estado de Derecho se nutre de la confianza social,cuando la sociedad percibe un déficit de credibilidaden las instituciones públicas se debilita la democracia,no sólo un gobierno en particular.

La democracia constituye un medio para que las per-sonas en un esquema inclusivo, de libertades y deigualdad de derechos desarrollen sus fines personalesy colectivos, por ello, cuando el ciudadano percibe quelas instituciones y quienes debieran de ser sus servido-res públicos, sus facilitadores, actúan discrecional-mente ya sea por interés, por dinero o por indebidasubordinación, se atenta no contra una persona sino,contra la democracia misma.

El problema de la corrupción debemos dimensionarlo,no como un asunto “cultural”, sino como un asunto deEstado y salud democrática.

A manera de diagnóstico, recordemos que Méxicoocupa la posición 79 de 102 países en el Índice de Es-



tado de Derecho de la OCDE, la posición 103 de 175países en el Índice de Percepción de la Corrupción deTransparencia Internacional, mismo en el que nuestropaís ha caído 31 posiciones en los últimos seis años,y el penúltimo lugar mundial en el Índice de Impuni-dad elaborado por la Universidad de las AméricasPuebla.

La corrupción incide de manera directa en los nivelesde impunidad en todos los ámbitos, incluidos los deviolencia e inseguridad, según lo revela el Instituto pa-ra la Economía y la Paz; incide en la disminución de lainversión privada, que es más de 5 por ciento menor enlos países corruptos, de acuerdo al Fondo MonetarioInternacional, e incide de manera drástica en la con-fianza de los ciudadanos que cada día son testigos deque los hechos de corrupción que más los indignanquedan en la impunidad.

Un fenómeno que resulta preocupante, como ha reve-lado un estudio reciente del IMCO y del CIDE, es quea pesar de que cada vez invertimos más recursos paracombatir la corrupción, seguimos cayendo en la califi-cación de los índices de esta materia. Es decir, en losúltimos diez años hemos duplicado el monto de recur-sos económicos invertidos para combatir este fenóme-no, alcanzando más de 4,400 millones de pesos anua-les, y sin embargo en el mismo periodo hemos pasadode la posición 64 al sótano de la posición 103 en el Ín-dice de Percepción de la Corrupción.

II. Ante este problema, y gracias a la presión y parti-cipación social, legislativamente se planteó y aprobóuna Reforma Constitucional que en su artículo 113mandata la implementación de un Sistema NacionalAnticorrupción, reforma, en la que actualmente se tra-baja la legislación secundaría que deberá estar aproba-da antes del próximo 28 de mayo.

Si bien, legislativamente estamos atendiendo, comorepresentantes ciudadanos, el reclamo social por ga-rantizar un sector público confiable, es imperativo,además de legislar, dotar de credibilidad al SistemaAnticorrupción en ciernes.

En ese sentido, las voces e iniciativas ciudadanas quese inscriben en el contexto de proyectos anticorrup-ción como la iniciativa que plantea la obligación depresentar y hacer públicas las declaraciones de tipo:Patrimonial; de Conflicto de Interés; y Fiscal, cono-

cida y promovida como Ley Tres de Tres, constituyeuna oportunidad para que los servidores públicos delmás alto nivel, demos muestra de nuestra convicciónpor impulsar el fortalecimiento de nuestras institucio-nes a través del transparente y debido ejercicio de fun-ciones.

Actualmente, en el portal tresdetres.mx no se registraninguna actualización por parte de los titulares de lasSecretarías de Gobierno, ni del Presidente de la Repú-blica, mientras que por parte de los legisladores fede-rales sólo 92 diputados y 16 senadores han hecho pú-blicas sus declaraciones.

Ante la dimensión del problema de la corrupción ennuestro país, la clase política debemos asumirnos demanera unánime y contundente como parte de la so-lución, constituyéndonos en ejemplo ante la socie-dad y los servidores públicos, abonando con hechos,a restituir la confianza ciudadana en sus institucio-nes y nuestro régimen de convivencia demostrandoque no es el de la discrecionalidad, sino el de la de-mocracia, que no es el del monologo sino el del dia-logo, que escucha, propone y acata el mandato desus gobernados.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a considera-ción el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares y funcionarios de pri-mer nivel de los tres poderes de la Unión y de los or-ganismos constitucionales autónomos, a que comomuestra de su compromiso con el combate a la co-rrupción, hagan públicas a la brevedad sus declaracio-nes patrimonial, de conflicto de interés y fiscal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2016.

Diputados: José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), María

Elena Orantes López, Jorge Álvarez Máynez, Daniel Sosa Carpio

(rúbrica), René Cervera García (rúbrica), Claudia Sofía Corichi

García, Verónica Delgadillo García (rúbrica), Manuel de Jesús Es-

pino Barrientos, Cynthia Gissel García Soberanes, Refugio Trini-

dad Garzón Canchola (rúbrica), Mirza Flores Gómez (rúbrica),

Moisés Guerra Mota (rúbrica), Angie Dennisse Hauffen Torres

(rúbrica), Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica), Jonadab Martínez Gar-

cía (rúbrica), María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica), Luis Er-

nesto Munguía González (rúbrica), María Candelaria Ochoa Áva-

los (rúbrica), Adán Pérez Utrera (rúbrica), Germán Ernesto Ralis

Cumplido (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis, Víctor Manuel

Sánchez Orozco (rúbrica), Macedonio Salomón Tamez Guajardo

(rúbrica), Marbella Toledo Ibarra, Salvador Zamora Zamora.

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DI-VERSAS AUTORIDADES A DAR SEGUIMIENTO A LOS PRO-GRAMAS ACTUALES DE PREVENCIÓN E IMPLANTAR NUE-VOS INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN Y ACTUALIZACIÓN

DE LAS ESTADÍSTICAS A ESCALA NACIONAL EN MATERIA

DE ADICCIONES ENTRE JÓVENES, A CARGO DE LA DIPUTA-DA YARITH TANNOS CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PRI

La suscrita, diputada Yarith Tannos Cruz, del GrupoParlamentario Partido Revolucionario Institucional,por el estado de Oaxaca, con fundamento en el artícu-lo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, so-mete a consideración de esta honorable asamblea, lapresente proposición con punto de acuerdo, al tenor dela siguiente.


La juventud de hoy en día se enfrenta a diversos ries-gos, entre ellos el abuso de drogas. El uso de cualquierdroga ilícita o el uso inapropiado de las drogas lícitasse considera abuso de drogas y tiene consecuencias se-rias en nuestros hogares, escuelas y comunidades; laciencia de la prevención ha progresado en los últimosaños, ya que ha identificado intervenciones eficacescon poblaciones más jóvenes para ayudar a prevenir lasconductas de riesgo antes de llegar al abuso de drogas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define ala droga como cualquier sustancia natural o sintéticaque al ser introducida en el organismo es capaz, por

sus efectos en el sistema nervioso central, de alterary/o modificar la actividad psíquica, emocional y elfuncionamiento del organismo. A partir de este con-cepto, se han clasifico en tres grupos:

1. Estimulantes

2. depresores y

3. alucinógenos

Donde se subclasifican en: alcohol y barbitúricos, an-fetaminas, cannabis, cocaína, alucinógenos, disolven-tes volátiles y tabaco.

Podríamos ocupar varías líneas en la descripción decada droga y sus efectos, sin embargo el espíritu de es-ta Proposición va más allá, estamos hablando de laprevención.

La prevención es la meta fundamental y más deseablepara todas las enfermedades, pero en el caso de lasadicciones representa un reto complejo, por el númeroy variedad de sustancias, sus efectos en los individuosy el contexto social y legal en que se encuentran.

Las adicciones son problemas de salud, y así son con-sideradas por organismos como la Organización Mun-dial de la Salud (OMS), las instituciones académicas ylas asociaciones de profesionales de la salud de todo elmundo. Como tales, pueden y deben ser prevenidos,desarrollando además todas las acciones que permitandisminuir los daños a la salud que puedan ocasionarlas sustancias adictivas.

Al respecto, la Secretaría de Salud ha implementado elPrograma de Prevención y Control de Adicciones, cu-yas acciones se dirigen hacia el consumo de las si-guientes sustancias, que representan retos particularespor los distintos problemas de salud y sociales quecausan, así como por los diferentes grupos de la po-blación que son afectados.

• El abuso en el consumo de bebidas alcohólicas yel alcoholismo.

• El tabaquismo.

• El uso no terapéutico de medicamentos psicoacti-vos, como los analgésicos, tranquilizantes y sedantes.


• La inhalación con fines de intoxicación de ciertosproductos de uso industrial, como tíneres, pega-mentos y otros disolventes.

• El uso y abuso de drogas ilegales, que incluye unavariedad de sustancias con diversos grados de peli-grosidad, como la mariguana, la cocaína, los aluci-nógenos y la heroína.

• Las nuevas drogas sintéticas como metanfetami-nas.

• Las que aumentan el rendimiento deportivo comolos anabólicos.

El Programa de Prevención y Control de Adicciones(PPCA) concibe al abuso de sustancias adictivas comoconductas que tienen efectos negativos en la salud fí-sica, psicológica y en las relaciones interpersonales delos individuos, así como en la salud pública, resultan-do en considerables pérdidas humanas y materiales pa-ra México. De este modo, el Programa es la expresiónde la política en salud del gobierno hacia este proble-ma.

La prevención es una estrategia prioritaria dentro delas políticas de salud y su propósito es comunicarmensajes y desarrollar acciones que no sólo proveande conocimientos objetivos y adecuados acerca de lasdrogas y los efectos de su consumo, sino que facilitenel desarrollo de actitudes y conductas que tiendan ha-cia la salud, generando estilos de vida saludables. Laspoblaciones prioritarias para la prevención de adiccio-nes son los niños y jóvenes, que están en mayor riesgode iniciar el consumo.

Para lograr resultados favorables y modificar las ten-dencias observadas en los últimos años, la prevencióndebe ser coherente en los distintos ámbitos, como elfamiliar y comunitario, el escolar y laboral en un ejer-cicio dinámico y permanente de participación constan-te, coordinada y evaluada. Aunque la meta de la pre-vención es desalentar el inicio en el uso de drogas,también incluye acciones que se dirigen a detectar enforma temprana el uso, abuso y adicción, así comociertas intervenciones que pretenden disminuir los da-ños a la salud relacionados con el consumo.

La eficacia de la acción preventiva no sólo depende dela definición de objetivos alcanzables, y de la pobla-

ción a la que se dirige y su realidad sociocultural, sinotambién de la coherencia, integración y coordinaciónentre las actividades desarrolladas. De no cumplir conestos requisitos, se desorienta a la población, ademásde duplicarse y desperdiciarse esfuerzos.

Por otra parte, el Programa Nacional para la Preven-ción Social de la Violencia y la Delincuencia, “NosMueve la Paz” contribuye al logro de cuatro metas na-cionales establecidas en el Plan Nacional de Desarro-llo 2013-2018. Dicho Programa dentro del apartado dePrevención de Adicciones tiene como objetivo abordarel problema del consumo de drogas y sustancias adic-tivas desde la perspectiva de la salud pública y no des-de una perspectiva de seguridad. Donde las accionespreventivas son las siguientes:

• Proveer información especializada, plural y preci-sa sobre el consumo y abuso de drogas, particular-mente dirigida a adolescentes, jóvenes, padres ymadres de familia y docentes para la orientación enlos procesos de toma de decisiones ante las adiccio-nes.

• Vigilar el cumplimiento de la Ley General delControl del Tabaco; fortalecer las acciones inheren-tes a combatir la venta de cigarros sueltos y a me-nores de edad, además de analizar otras medidas re-gulatorias.

• Coordinar una cruzada de información y concien-tización social sobre los efectos negativos y conse-cuencias del consumo de alcohol.

• Promover la aplicación de medidas regulatorias enel consumo-abuso de alcohol.

• Impulsar modelos preventivos integrales que in-corporen intervenciones en el ámbito comunitario.

• Diseñar estrategias creativas que integren en suscomponentes: medios de vida alternativos, el desa-rrollo de competencias y capacidades, programas deatención integral, enfoques formativos y políticasde empleo, entre otras.

Según la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, emi-tida por la Secretaría de Salud a nivel Nacional, conti-nua la tendencia del 2008 para el consumo de cual-quier droga ilegal (Grafica 1); mientras que el


consumo de alcohol aumento de un 35.6% a 42.9%(Cuadro 2). Y por otro lado, el consumo de tabaco semantuvo durante el periodo 2008 a 2011 con un por-centaje de 12.3% siendo 1.7 millones de adolescentesfumadores (Cuadro 3)

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2002,2008 y 2011



La información anterior nos da luz a la falta de actua-lización de las cifras y circunstancias para poder estaren condiciones de mejorar las políticas públicas, refor-zar los mecanismos de protección y estar en posibili-dades de priorizar la prevención de adicciones eficien-tando costos y logrando así el mejoramiento en lacalidad de vida de nuestros jóvenes.

Es preciso señalar que la Secretaría de Gobernación através de la Comisión Nacional contra las Adicciones,tiene entre sus objetivos promover y proteger la saludde los mexicanos, mediante la definición y conducciónde la política nacional, en materias de investigación,prevención, tratamiento, formación y desarrollo de re-cursos humanos para el control de las adicciones, conel propósito de mejorar la calidad de vida individual,familiar y social

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter alpleno de esta honorable asamblea la siguiente propo-sición con punto de acuerdo por el que se exhorta a di-versas autoridades para que den seguimiento a losprogramas actuales de prevención, implementen nue-vos mecanismos de protección y actualicen las esta-dísticas a nivel nacional en materia de adicciones enjóvenes.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Comi-sión Nacional contra las Adicciones, para que dé se-guimiento al Programa Nacional para la Prevención deAdicciones, revise su efectividad y haga del conoci-miento de la opinión pública, las actualizaciones co-rrespondientes a las estadísticas nacionales en la mate-ria que le compete.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Intersecretarialpara la Prevención Social de la Violencia y la Delin-cuencia, revise la regulación del Programa Nacionalpara la Prevención Social de la Violencia e informe ala opinión pública, sobre las acciones ejercidas.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Salud para quea través del Centro Nacional para la Prevención y elControl de las Adicciones, actualice las estrategias delPrograma de Prevención y Control de Adicciones parafortalecer los mecanismos de prevención de adiccio-nes en jóvenes principalmente.



Diputada Yarith Tannos Cruz (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL

GOBERNADOR DE MORELOS A GARANTIZAR LA LIBERTAD

RELIGIOSA, Y LA SEGURIDAD Y PAZ PÚBLICAS EN LA ENTI-DAD, A CARGO DE LA DIPUTADA EMMA MARGARITA ALE-MÁN OLVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita diputada, Emma Margarita Alemán Olvera,integrante del Grupo Parlamentario del Partido AcciónNacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Di-putados, con fundamento en lo dispuesto por el artícu-lo 74 de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos y 79, fracción II, numeral 2, fracción VI,del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ala consideración de esta soberanía, el presente puntode acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La inseguridad en el Estado de Morelos es insosteni-ble y ha rebasado a las autoridades estatales al gradoque ni las iglesias están a salvo de la delincuencia o deinstigadores agresivos y violentos que atentan contraestos lugares y los profanan sin el más mínimo remor-dimiento y con total impunidad.

Como lo que ha sucedido hace unas semanas en el po-blado de Quebrantadero, cuya población asciende a 2mil 100 habitantes y está ubicado en el municipio deAxochiapan, de aquella entidad, en donde un grupo depobladores, identificados por su cercanía con el gober-nador Graco Ramírez, golpearon a feligreses, a tres sa-cerdotes y robaron el equipo de cómputo de la parro-quia, sin que nadie, ninguna autoridad haya hecho nada.

La inseguridad en este pequeño poblado no ha disminui-do. Apenas en octubre pasado, los delincuentes robaron

las limosnas y el equipo de sonido de la capilla de SanJosé, sin que la autoridad tomara cartas en el asunto.

El gobernador Graco Ramírez se ufana al declarar quela seguridad volvió a Morelos, gracias a las accionesadoptadas por su administración, pero los hechos ocu-rridos en Quebrantadero demuestran lo contrario.

Y no es el único caso. En la parroquia de Tepalcingo,el pasado domingo 28 de febrero, un grupo de agita-dores presumiblemente bajo las órdenes del goberna-dor Graco Ramírez tomaron por asalto la iglesia y gol-pearon a feligreses y a tres sacerdotes, además de querobaron el equipo de cómputo.

Los hechos se registraron alrededor de las 10:00 horasde ese domingo, cuando más de 700 habitantes mar-charon para respaldar al padre José de Jesús Martínez,quien podría ser removido debido a manifestacionesen su contra por parte de un grupo de personas que seencargan, al parecer, de controlar las limosnas.

Sin embargo, al llegar a la parroquia los dos gruposiniciaron un enfrentamiento a golpes con palos y pie-dras, lo que dejó un saldo de veinte personas lesiona-das, dos de ellas de gravedad, además de que durantelos disturbios que duraron aproximadamente 20 minu-tos, el grupo de personas que controlan las limosnas dela parroquia ocasionaron daños en la iglesia y quema-ron una motocicleta, con la intención de sacar al cura,el cual con el fin de no ser agredido físicamente se en-cerró en una de las oficinas de la parroquia.

Lo anterior es sumamente grave, porque refleja la des-composición de cierto tejido social en Morelos con lacomplacencia de las autoridades al no intervenir opor-tunamente, al ser negligentes y no dar las garantías pa-ra resolver conflictos ni permitir el ejercicio pleno dela libertad religiosa.

Hacemos un enérgico llamado al gobernador GracoRamírez para que se ponga a trabajar por la seguridadde los morelenses. ¡Que recorra el estado para resolverlas demandas de la gente! y garantice la seguridad y laprotección de todos los derechos y todas libertades detodos morelenses como lo es el ejercicio de la libertadreligiosa.

Por lo expuesto, es que se presenta la siguiente propo-sición con


Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Con-greso de la Unión exhorta al gobernador de Morelos,Graco Luis Ramírez Garrido Abreu para que, en elmarco de sus atribuciones, garantice el ejercicio de lalibertad religiosa en la entidad y asimismo garantice laseguridad y paz pública para resolver conflictos en elmarco de la ley.


Diputada Emma Margarita Alemán Olvera (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTA

SOBERANÍA A DICTAMINAR LAS CUENTAS PÚBLICAS PEN-DIENTES, A CARGO DEL DIPUTADO JULIO SALDAÑA MO-RÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado federal Julio Saldaña Morán,integrante del Grupo Parlamentario del Partido de laRevolución Democrática en la LXIII Legislatura delhonorable Congreso de la Unión, con fundamento enlo dispuesto por el artículo 79 Reglamento de la Cá-mara de Diputados, somete a la consideración de estehonorable pleno la presente proposición con punto deacuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. La rendición de cuentas es considerada como, unode los instrumentos de la democracia representativa,su objetivo primordial es evitar y contrarrestar el abu-so del poder, garantizando que todos los servidores pú-blicos cumplan sus funciones de manera transparentey honesta, es “la obligación permanente de los manda-tarios o agentes para informar a sus mandantes o prin-

cipales de los actos que llevan a cabo como resultadode una delegación de autoridad que se realiza median-te un contrato formal o informal y que implica sancio-nes en caso de incumplimiento”.

El artículo 74 de la Carta Magna, mandata para que laCámara de Diputados revise la Cuenta Pública del añoanterior, con el objeto de evaluar los resultados de lagestión financiera, comprobar si se ha ajustado a loscriterios señalados por el Presupuesto y verificar elcumplimiento de los objetivos contenidos en los pro-gramas. Lo hace a través de la Auditoría Superior de laFederación (ASF). Si del examen que ésta realice apa-recen discrepancias entre las cantidades correspon-dientes a los ingresos o a los egresos, con relación alos conceptos y las partidas respectivas o no existieraexactitud o justificación en los ingresos obtenidos o enlos gastos realizados, se determinarán las responsabili-dades de acuerdo con la Ley de Fiscalización y Rendi-ción de Cuentas de la Federación.

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondientedeberá ser presentada a la Cámara de Diputados a mástardar el 30 de abril del año siguiente. Y la Cámara deDiputados a través de la Comisión de Presupuesto yCuenta Pública concluirá la revisión de dicha Cuenta amás tardar el 31 de octubre del año siguiente al de supresentación, lo anterior en base al análisis de su con-tenido y conclusiones técnicas del Informe GeneralEjecutivo del resultado de la Fiscalización Superior serealice, acción realizada por la Comisión de Vigilanciade la Auditoria Superior de la Federación.

2. La importancia de lo enunciado en el párrafo ante-rior y su relevancia radica en que la Cuenta Pública esuno de los principales instrumentos de rendición decuentas y transparencia, y principal insumo para lapresupuestación para el próximo ejercicio fiscal.

Es necesario realizar la siguiente pregunta a la Comi-sión de Presupuesto y Cuenta Pública: ¿Cómo consi-dera la Cuenta Pública, sí es que se considera en laasignación de prepuesto, si la misma no se dictamina,y el Informe de su Resultados se concluye casi dosaños después del cierre del ejercicio fiscal?

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de laCámara de Diputados (Comisión de Presupuesto yCuenta Pública), por falta de interés o de responsabili-dad, desde hace cinco legislaturas (15 años) no ha


cumplido con el análisis y dictaminación de la CuentaPública, incumplimiento con dictaminar las CuentasPúblicas, no evaluando:

a) Los resultados de la gestión financiera;

b) Aplicación correcta de los criterios señalados enLey de Ingresos de la Federación y Presupuesto deEgresos de la Federación; y

c) Cumplimiento de objetivos y metas del Plan Na-cional de Desarrollo (PND).

Cuentas Públicas sin dictamen:

• Presidencia de Vicente Fox: 2003, 2004, 2005,2006.

• Presidencia Felipe Calderón: 2010, 2011, 2012.

• Presidencia Enrique Peña Nieto: 2013.

Si la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de es-ta LXIII Legislatura no dictamina la “CP 2014” esteaño, serían nueve las Cuentas Públicas pendientes dedictamen y sin evaluación.

3. La siguiente tabla muestra la aprobación en los PEFde 2000 a 2016, claro queda, que no se ha concluido laevaluación respecto a la eficacia y eficiencia o inefi-cacia e ineficiencia en el gasto. Lo que sí está claro,son las críticas por los gastos excesivos de los gobier-nos, en el uso y abuso de los recursos.

Los presupuestos son los siguientes:

De los presupuestos aprobados de 2000 a 2016, sinconsiderar el ejercido, es de 46.43 billones de pesos;mientras lo que no ha sido dictaminado asciende a22.88 billones de pesos, es decir desconocemos laaprobación o no de la Cuenta Pública. Es fácil notarque cada año el presupuesto aprobado se incrementóen promedio 10.82 por ciento al del año anterior. Sinembargo, del año 2000 al año 2016 tuvo un incremen-to del 303.87 por ciento; o, dicho de otra manera, elpresupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2016 re-presenta 4 veces el presupuesto aprobado para el año2000; mientras que el presupuesto ejercido en 2014 seincrementó 267.15 por ciento al ejercido en el 2000.

Consideraciones

I. La fracción VI del artículo 74 de la Constitución Po-lítica de los Estados Unidos Mexicanos, establece quees facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, revi-sar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto deevaluar los resultados de la gestión financiera,comprobar si se ha ajustado a los criterios señala-dos por el presupuesto y verificar el cumplimientode los objetivos contenidos en los programas.

II. La fracción VI párrafo tercero del artículo 74 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexica-nos, señala que la Cuenta Pública del ejercicio fiscalcorrespondiente deberá ser presentada a la Cámara deDiputados a más tardar el 30 de abril del año siguien-te, pudiendo ampliarse el plazo de presentación cuan-do medié solicitud del ejecutivo suficientemente justi-ficada, misma que no podrá exceder de 30 díasnaturales.

III. La fiscalización de la Cuenta Pública la realizarála Cámara de Diputados a través de la Auditoría Supe-rior de la Federación.


En ese sentido, la fiscalización de la Cuenta Públicatiene el objeto de evaluar los resultados de la gestiónfinanciera de las entidades fiscalizadas; comprobar sise observó lo dispuesto en el presupuesto, la ley de in-gresos y demás disposiciones legales aplicables, asícomo la práctica de auditoría sobre el desempeño paraverificar el cumplimiento de los objetivos y las metasde los programas federales.

IV. Los artículos 79 fracción II párrafo primero de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexica-nos; y 28 de la Ley de Fiscalización y Rendición deCuentas de la Federación, establecen que la AuditoríaSuperior de la Federación tiene la obligación de entre-gar a esta Soberanía, a más tardar el último día hábilesde los meses de junio y octubre, así como el 20 de fe-brero, del año siguiente al de la presentación de laCuenta Pública, los informes individuales de auditoría,así como el informe general Ejecutivo del Resultadode la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública1 res-pectivamente.

V. Que la Junta de Coordinación Política es el órganocolegiado de expresión plural en esta Soberanía, en élse impulsan los entendimientos y convergencias polí-ticas, teniendo como finalidad generar acuerdos en latoma de decisiones, asimismo a la Junta de Coordina-ción Política le corresponden entre otras tantas atribu-ciones las siguientes:

a) Impulsar la conformación de acuerdos relacionadoscon el contenido de las agendas presentadas por losdistintos grupos parlamentarios y con el contenido delas propuestas, iniciativas o minutas que requieran desu votación en el pleno, a fin de agilizar el trabajo le-gislativo;

b) Presentar a la Mesa Directiva y al pleno proyectosde puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaracio-nes de la Cámara que entrañen una posición políticadel órgano colegiado;

VI. El artículo 40 numeral 4 de la Ley Orgánica delCongreso General de los Estados Unidos Mexicanos,del cual emana la Comisión de Vigilancia de la Audi-toría Superior de la Federación, le confiere a esta, rea-lizar todas las tareas señaladas en nuestra Carta Mag-na y en la Ley Reglamentaria de los artículos 74fracciones II y VI y 79 Constitucionales.

VII. Los artículos 34 y 77 fracción III de la Ley deFiscalización Rendición de Cuentas de la Federación,enuncian que la Comisión de Vigilancia de la Audito-ría Superior de la Federación, en caso de haberlas, re-cabará las opiniones de las comisiones ordinarias de laCámara de Diputados y las tomará en cuenta para lasconclusiones del análisis del Informe del Resultado dela Fiscalización Superior de la Cuenta Pública2, mis-mo que enviará a la Comisión de Presupuesto y Cuen-ta Pública.

VIII. De conformidad con los artículos 74 fracción VIpárrafo cuarto de la Constitución Política de los Esta-dos Unidos Mexicanos, 36 de la Ley de Fiscalizacióny Rendición de Cuentas de la Federación; 227 y 228del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comi-sión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara deDiputados, estudiará el informe del resultado, el análi-sis de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Supe-rior de la Federación y el contenido de la Cuenta Pú-blica, para elaborar el proyecto de dictamen de laCuenta Pública y someterlo a votación del Pleno a mástardar el 31 de octubre del año siguiente al de la pre-sentación de la Cuenta Pública.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito seaaprobado el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Por el que la Cámara de Diputados acuerdaque, a través de la Comisión de Presupuesto y CuentaPública lleve a cabo la dictaminación de las CuentasPúblicas pendientes; asimismo esta Soberanía acuerdaincluir los dictámenes en el segundo periodo del pri-mer año y en primer periodo del segundo año legisla-tivo respectivamente.

Palacio legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.

Diputado Julio Saldaña Morán (rúbrica)



EJECUTIVO FEDERAL A MANIFESTAR POR LA SRE A LA

REPÚBLICA ISLÁMICA DE PAKISTÁN SU RECHAZO POR LA

PENA CORPORAL QUE PRETENDE APLICARSE AL CINEASTA

KEYWAN KARIMI, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN ROME-RO TENORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Juan Romero Tenorio, diputado a la LXIII Legislatura,integrante del Grupo Parlamentario de Morena, confundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la LeyOrgánica del Congreso, y la fracción I del numeral 1del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79,del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete aconsideración del pleno la presente proposición conpunto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. El 13 de diciembre de 2013 el cineasta Key-wan Karimi fue arrestado y llevado a la cárcel pormiembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, don-de pasó dos semanas en solitario y siendo interrogado.Esto en razón de la exhibición de un adelanto o tráiler

de su más reciente película Escribiendo sobre la ciudad

(Writing on the City) en la plataforma de youtube.

Fue liberado bajo fianza entre marzo de 2014 y en sep-tiembre de 2015 fue sometido a proceso, en el cual hatenido que presentarse ante el tribunal cuando menosocho veces a fin de poder defenderse. El cineasta hamanifestado en medios que le pregunto al “juez si ha-bía visto la película” y le dijo que “no”. Que “solo sebasa en los papeles que le ha entregado la Guardia Re-volucionaria”. Por lo que se pregunta “¿Cómo puededecir si mi película es contra el gobierno y el Islam sino la ha visto?”

El 22 de septiembre de 2015, Keywan Karimi, cineas-ta iraní, fue condenado en primera instancia a dos añosde cárcel y a 90 latigazos por ofensas al Islam y al go-bierno de Teherán.

Después de una apelación, el 11 de octubre de 2015, lasentencia del Tribunal Revolucionario fue aún peor,pues fue incrementada a seis años de cárcel y 233 lati-gazos.

El pasado 23 de diciembre de 2015, apeló nuevamen-te y esperaba, aún en libertad, la ratificación modifica-ción de la sentencia.

Finalmente un tribunal aligeró la pena de seis años deprisión de cárcel que pesaban en su contra y le fue in-formado que “cinco de los seis años de pena están aho-ra suspendidos pero tiene que estar un año en prisión yrecibir 223 latigazos y pagar una multa de 20 millonesde riales (570 dólares)”1.

Al momento de su arresto la película Escribiendo so-

bre la ciudad (Writing on the City) no había tenidotiempo de ser exhibida en público. El propósito de lacinta según lo narra el propio creador es “reflejar másde 100 años de historia a través de los grafitis de Te-héran, pasando por la Revolución de 1979, la revolu-ción verde, tras las elecciones presidenciales de 2009,hasta la actualidad. “Es la historia de las pintas en Te-herán, de cómo reflejan lo que ha pasado en la socie-dad en ese tiempo”2, donde se documenta la realidad.

Segunda. A manera de rechazo más de 600 personas,entre las cuales numerosos cineastas y profesionalesde este medio, franceses, belgas y del mundo entero,firmaron una carta en apoyo al director iraní KeywanKarimi. En esta carta dirigida al jefe de la autoridad ju-dicial iraní, el ayatolá Sadegh Larijani, y firmada por“la comunidad internacional de cineastas”, los realiza-dores demandan “la anulación inmediata de todas laspenas decretadas contra Keywan Karimi, con el obje-tivo de que pueda continuar trabajando sin temor”.

Entre los firmantes de esta solicitud se encuentran, enparticular, el director mauritano Abderrahman Sissa-ko, laureado con siete premios César en Francia por sufilme Timbuktu, el camboyano Rithy Panh, la belgaDelphine Noels, así como sus colegas franceses Clau-de Lanzmann, Dominik Moll, Jean-Jacques Beineix,Julie Bertucelli, Nicolas Philibert, Michel Ocelot yPascale Ferran, entre otros.

A comienzos del mes de diciembre pasado, unos 130cineastas iraníes ya habían lanzado una carta de apoyoa Keywan Karimi.

En febrero de 2016, la película se presentó en el festi-val de cine de Navarra, Punto de Vista, que ademáslanzó el video 223 palabras, que reúne a otros tantoscineastas en una campaña contra la condena de Key-wan Karimi. Este documental tiene mucho más histo-ria que la que tenía inicialmente. Al principio era lahistoria de las paredes de Teherán y sus graffitis. Derepente, con todo lo que ha pasado, hay a su alrededor


otra historia: el arresto, la pérdida de material, la sen-tencia”.

También en el festival de San Sebastián se presentóuna carta de rechazo a la condena de Karimi, pidiendoque otros profesionales siguieran su ejemplo. A iniciosde mes, 130 cineastas iraníes escribieron una carta deapoyo, enviada a la Agencia de Noticias de Francia(AFP). Los cineastas, entre los cuales se encuentra Ja-far Panahi que tiene prohibido rodar películas desde2010, se declaran “conmocionados por la condena”.

En octubre pasado, un informe del relator especial dela Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ah-med Shaheed, hacía hincapié en las detenciones arbi-trarias que “violan los derechos a la libertad de expre-sión, asociación y manifestación pública. Hasta el mesde abril de 2015 más de 40 periodistas y activistas fue-ron detenidos o condenados por actividades pacífi-cas”.

Tercera. Cabe destacar el que el uso de la “Tortura yotros tratos crueles e inhumanos o degradantes” es unapráctica internacionalmente rechazada, y están absolu-tamente prohibidos por tratados internacionales de de-rechos humanos y otros instrumentos, entre ellos, elartículo 5 de la Declaración Universal de DerechosHumanos, el artículo 7 del Pacto Internacional de De-rechos Civiles y Políticos, la Convención de la ONUcontra la Tortura y tratados regionales como la Con-vención Interamericana para Prevenir y Sancionar laTortura, el artículo 5 de la Convención Americana so-bre Derechos Humanos o el artículo 3 del ConvenioEuropeo de Derechos Humanos), tratados de derechointernacional humanitario (entre ellos los convenios deGinebra) y el derecho internacional consuetudinario.

Se trata de una prohibición absoluta: no se permiteninguna limitación o falta de aplicación en ningunacircunstancia, ni siquiera en tiempos de guerra o ame-naza de guerra, inestabilidad política interna o cual-quier otra emergencia pública.

Los estados no pueden anular la prohibición ni siquie-ra mediante la firma de acuerdos con otros estados quepermiten la tortura. La tortura constituye un delito dederecho internacional en todas las circunstancias.

Algunas otras formas de trato o pena cruel, inhumanoo degradante son también delitos de derecho interna-

cional, especialmente en el contexto de un conflictoarmado o como elemento en un crimen contra la hu-manidad.

Según la definición más habitual y más utilizada –lade la Convención de la ONU contra la Tortura–, tortu-ra es todo acto por el cual se inflija intencionadamen-te a una persona dolores o sufrimientos graves, ya se-an físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o deun tercero información o una confesión, de castigarlapor un acto que haya cometido, o se sospeche que hacometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona oa otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipode discriminación, cuando dichos dolores o sufrimien-tos sean infligidos por un funcionario público u otrapersona en el ejercicio de funciones públicas, a insti-gación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.

El derecho internacional no contiene una definicióngeneral de otros tratos o penas crueles, inhumanos odegradantes, pero las normas internacionales estable-cen que debe proporcionarse la mayor protección po-sible frente a ellos.

A partir de la práctica de los órganos de tratados de de-rechos humanos internacionales y regionales, los actosque constituyen malos tratos pueden describirse agrandes rasgos como malos tratos que no incluyen to-dos los elementos clave de la definición de tortura des-crita más arriba. Por ejemplo, se considerarían comoactos crueles, inhumanos o degradantes, y no comotortura, los actos que causen un dolor que no sea gra-ve, o los actos que no tengan una de las finalidadesenumeradas en la definición de tortura.

La tortura es una grave violación a los derechos hu-manos, cuya prohibición es absoluta e inderogable,considerada por algunos tribunales internacionales co-mo una norma de IUS COGENS, es decir como nor-mas imperativas que no admiten acuerdo en contrario,ya que protegen los intereses fundamentales o esen-ciales que la comunidad internacional precisa para susupervivencia3 y, en consecuencia, imposibilitan a lossujetos el sustraerse de las mismas.

Dicho de otro modo, las normas contra la tortura ensu carácter de IUS COGENS están por encima de lasvoluntades estatales en tanto que no pueden ser dero-gadas mediante acuerdos de voluntades4 entre los es-tados5.


Por tanto, el derecho internacional no se reduce sola-mente a ser un producto resultante de la voluntad delos estados, sobre la base del principio de la soberaníaestatal, sino que la autonomía de la voluntad de los es-tados es limitada, pues, los conceptos abstractos de li-bertad y de soberanía absoluta de los estados son in-compatibles con la existencia misma de una sociedadinternacional.

Cuarta. Además de lo señalado, esta forma de castigo,por un “crimen contra los valores sagrados” habría si-do condenado por escenas de una película documentalconsagrada a los graffitis políticos en las paredes ymuros de Teherán, es un ataque a la libertad de expre-sión, ya que implica una forma de censura.

El Código Penal Islámico de Irán, aprobado en mayode 2013, tipifica como “delitos” actos imprecisos, co-mo “difundir propaganda contra el sistema”, “provo-car inquietud en la opinión pública”, “insultar a santi-dades islámicas” y “difamar a funcionarios delestado”. Estos “delitos” tan mal definidos se utilizan amenudo para restringir el ejercicio pacífico del dere-cho a la libertad de expresión y van en contra de lasobligaciones internacionales contraídas por Irán.

Tanto la detención de Karimi como su juicio estuvie-ron llenos de irregularidades y no cumplió las normasinternacionales sobre juicios justos. Finalmente Am-nistía Internacional ha declarado a Keywan Karimi co-mo preso de conciencia.

Keywan Karimi ha dirigido 12 películas documentalesy de ficción. Su documental La Frontera rota fue ga-lardonado con el premio al mejor cortometraje docu-mental en el Festival Internacional de Cine de Beirutde 2013. Otra película suya, La aventura de una pare-

ja casada, se ha proyectado en los festivales de cine deFriburgo, San Sebastián y Zúrich.

Por tanto y con fundamento en lo expresado así comoen las disposiciones invocadas en el proemio se pro-pone, como de urgente u obvia resolución, el siguien-te

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo fede-ral para que instruya a la Secretaría de Relaciones Ex-teriores a manifestar a la República Islámica de Pakis-

tán su rechazo por la pena corporal de 223 latigazosque se le pretende aplicar al director de cine KeywanKarimi y conmine a ese estado para que en el marco desu legislación interna le sea aplicada una pena que noincluya tortura u otros tratos crueles, inhumanos o de-gradantes.

Notas

1 La Jornada, miércoles 24 de febrero de 2016, Pág 9a.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sour-

ce=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiciJ6lwJbLAhV

KLSYKHVAyBSIQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jor-

nada.unam.mx%2F2016%2F02%2F24%2Fespectaculos%2Fa09n

2esp&usg=AFQjCNGlJG2s8Xz7_zPHpt32hZKjM0dNGg&bvm=

bv.115339255,d.eW

2 El Español, Seis años de prisión y 223 latigazos por rodar una

película.


ce=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiylu3ws5bLAh

WB7CYKHfFTCaAQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.el

espanol.com%2Fcultura%2F20151229%2F90490972_0.html&us

g=AFQjCNEIOJtNyh6MR7EMPrk8qa9jRcw-Nw

3 Para algunos autores, las normas de ius cogens responden al mí-

nimo jurídico esencial del “orden público internacional” (Schwar-

zenberger, G.: International ius cogens, en Texas Law Review,

1965, vol. 43, pág. 456; y De Visscher, Ch: Positivisme et ius co-

gens, en RGDIP, 1971, págs. 8 y 9).

4 La existencia en el Derecho internacional de normas no deroga-

bles por la voluntad de los Estados viene avalada por la jurispru-

dencia internacional. Así, la jurisprudencia internacional se ha re-

ferido tanto de forma directa como indirecta a la noción de norma

imperativa. En el Asunto Osear Chinn, el juez Schucking señalaba

en su opinión individual que no podía “imaginar que la Sociedad

de Naciones hubiera comenzado los trabajos de codificación del

Derecho internacional si... no fuera posible crear en este campo un

IUS COGENS de tal modo que... todo acto efectuado en contra-

vención con dicha obligación es nulo de pleno derecho...” (CPJT,

Serie A/B, núm. 63, págs. 149 y 150); en el Asunto sobre las re-

servas a la Convención para la prevención y represión del crimen

de genocidio, el TU admitió que los principios que sirven de base

a la citada Convención son principios reconocidos por todas las

naciones civilizadas, incluso “fuera de todo vínculo convencio-

nal”, careciendo los Estados contratantes de intereses propios en

dicho Convenio, pues “tienen solamente todos y cada uno un inte-

rés común, el de preservar los fines superiores que son la razón de


ser del Convenio...” (CU, Recueil, 1951, pág. 23); en el Asunto del

derecho de paso por territorio de la India, el juez Fernández indi-

có que “el Derecho general COGENS prima sobre todo derecho

particular” (CIJ, Recueil, 1960, págs. 34); en el Asunto del Sud-

oeste africano segunda fase, en la opinión disidente del juez TA-

NAKA se recoge la distinción entre IUS COGENS y derecho dis-

positivo (CIJ, Recueil, 1966, pág. 258 y ss.); y en los Asuntos

relativos a la plataforma continental del Mar del Norte, los jueces

Sorensen, Lachs, Tanaka y Padilla Ñervo aludieron a la existencia

de normas de IUS COGENS en el Derecho internacional (ICJ, Re-

ports, 1969, págs. 24-46). Por otra parte, en los Asuntos relativos

al personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Tehe-

rán (CIJ, Recueil, 1980, págs. 42 y 43) y al de las actividades mi-

litares y paramilitares en y contra Nicaragua (CIJ, Recueil, 1986,

págs. 100 y 101) el TU sostiene el carácter imperativo de la invio-

labilidad de las misiones diplomáticas y consulares y de sus agen-

tes y la prohibición del uso de la fuerza armada en las relaciones

internacionales, respectivamente; si bien, el TIJ en ningún mo-

mento calificó de IUS COGENS tales reglas.

5 Carrillo Salcedo, J.: Soberanía del Estado y Derecho internacio-

nal, Madrid, 1976, pág. 253 y 258.


Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)


EJECUTIVO FEDERAL, LA STPS Y LA SHCP A REALIZAR

UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE LOS INCENTIVOS FIS-CALES A QUE TIENEN DERECHO LOS EMPLEADORES DE

ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A

CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZ-CO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIU-DADANO

Los que suscribimos, integrantes del Grupo Parlamen-tario Movimiento Ciudadano, con fundamento en losartículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1,

fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Di-putados, se permiten presentar a consideración de estasoberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenorde la siguiente


I. La Convención Sobre los Derechos de las Personascon Discapacidad, en su artículo 27 reconoce el dere-cho de las personas con discapacidad a trabajar enigualdad de condiciones con las demás, lo que entrañael derecho a ganarse la vida mediante un trabajo libre-mente elegido y a trabajar en un entorno laboral acce-sible e inclusivo.i

II. Que es del conocimiento público que tanto los adul-tos mayores como las personas con alguna discapaci-dad les resulta más difícil encontrar algún empleo porfalta de oportunidades laborales pese a que cuentancon educación, facilidad de transportación, capacidadintelectual y responsabilidad.

III. En México, ya contamos con legislación que pro-mueva y proteja los derechos laborales de las personascon discapacidad o adultos mayores, sin embargo mu-chos empleadores no conocen los incentivos que sonen beneficio de estos grupos vulnerables así comotambién para las patronales.

IV. Así pues, en la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, se reconoce como derecho huma-no en el artículo 1º, que está prohibida toda discrimi-nación motivada por origen étnico o nacional, el géne-ro, la edad, las capacidades diferentes, la condiciónsocial, las condiciones de salud, la religión, las opinio-nes, las preferencias, el estado civil o cualquier otraque atente contra la dignidad humana y tenga por ob-jeto anular o menoscabar los derechos y libertades delas personas. Y en materia de empleo, en su artículo 5º,establece que a ninguna persona podrá impedirse quese dedique a la profesión, industria, comercio o traba-jo que le acomode, siendo lícitos; vinculado directa-mente con el artículo 123 del mismo cuerpo legal encita que señala que toda persona tiene derecho al tra-bajo digno y socialmente útil.

V. Que en el Programa Nacional para el Desarrollo eInclusión de Personas con Discapacidad, publicado enel Diario Oficial de la Federación el 30 de abril del2014, destacan los siguientes datos que evidencian la


importancia de ejecutar acciones inmediatas que ayu-den a resolver esta desigualdad social:

“Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación dela Política de Desarrollo Social (Coneval), realizadascon base en el Módulo de Condiciones Socioeconómi-cas de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hoga-res (ENIGH-2012), la población con discapacidad ensituación de pobreza extrema se redujo de 13.9 porciento (2010) a 12.7 por ciento (2012), cerca de 0.9millones de personas; y la población con discapacidaden situación de pobreza moderada aumentó de 36.3por ciento (2010) a 38.5% (2012), alrededor de 2.9 mi-llones de personas…

Las estimaciones de Coneval, indican que 5.7 millonesde personas con discapacidad presentan al menos unacarencia social, 2.1 millones presentan al menos trescarencias sociales, 3.8 millones presentan rezago edu-cativo, 1.3 millones presentan carencia por acceso a losservicios de salud, 3.1 millones carencia por acceso a laseguridad social, 0.8 millones carencia por calidad yespacios en la vivienda, 1.7 millones carencia por ac-ceso a los servicios básicos en la vivienda, y 2.2 millo-nes carencia por acceso a la alimentación. 1.7 millonesde personas con discapacidad viven con un ingreso in-ferior a la línea de bienestar mínimo y 3.9 millones vi-ven con un ingreso inferior a la línea de bienestar.”ii

VI. De igual manera, como dato a resaltar del Progra-ma Nacional para el Desarrollo e Inclusión de Perso-nas con Discapacidad en cita, es que “La ENIGH-2012, señala que los adultos mayores no sóloconforman el grueso de las personas con discapacidad,también son el grupo de edad en el que a su interior, seconcentra el mayor porcentaje de personas con disca-pacidad. De cada 100 adultos mayores, 31 reporta dis-capacidad, mientras que del total de adultos sólo 6 decada 100, de jóvenes y niños sólo 2 de cada 100 tienediscapacidad, respectivamente. Las mujeres tienen unporcentaje de población con discapacidad ligeramentemás alto que los hombres (52.3 por ciento frente a 47.7por ciento, respectivamente); aunque ello varía segúnel grupo de edad. En los niños y jóvenes la presenciade discapacidad es más alta en varones, mientras enlos adultos y adultos mayores lo es en las mujeres.”.

VII. Es de reconocerse que los objetivos que persigueel Plan Nacional para el Desarrollo e Inclusión de Per-sonas con Discapacidad son muy loables y de alto con-

tenido derechos humanos, sin embargo, falta darlecumplimiento para poder ver los resultados.

VIII. Que la Ley General para la Inclusión de las Per-sonas con Discapacidad en su artículo 6 señala que sonfacultades del Titular del Poder Ejecutivo Federal …:“V. Conceder, de conformidad con las disposicioneslegales aplicables, estímulos fiscales a personas físicaso morales que realicen acciones a favor de las perso-nas con discapacidad , adecuen sus instalaciones entérminos de accesibilidad, o de cualquier otra forma seadhieran a las políticas públicas en la materia, en tér-minos de la legislación aplicable;...”. Asimismo en suartículo 11 establece que “La Secretaría del Trabajo yPrevisión Social promoverá el derecho al trabajo yempleo de las personas con discapacidad en igualdadde oportunidades y equidad, que les otorgue certeza ensu desarrollo personal, social y laboral.”

IX. Por su parte, la Ley de los Derechos de las Perso-nas Adultas Mayores señala en su artículo 5o. que “Demanera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene porobjeto garantizar a las personas adultas mayores los si-guientes derechos: ... V. Del trabajo: A gozar de igual-dad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otrasopciones que les permitan un ingreso propio y desem-peñarse en forma productiva tanto tiempo como lodeseen, así como a recibir protección de las disposi-ciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros orde-namientos de carácter laboral.”

X. Así pues, y con la finalidad de incentivar la contra-tación de adultos mayores y personas con alguna dis-capacidad, el artículo 222 de la Ley del Impuesto so-bre la Renta y el artículo 1.7 del Decreto del 30 demarzo de 2012 establecen estímulos fiscales para losempleadores que contraten a personas pertenecientes alos grupos vulnerables objeto de esta iniciativa, así co-mo a los que realicen las adecuaciones necesarias a susinstalaciones para facilitar el acceso y uso de las insta-laciones a personas con capacidades diferentes.

XI. En este orden de ideas, la iniciativa que ahora sepropone es solicitar a diversas autoridades la promo-ción, difusión y aplicación real de las normas que re-gulan los incentivos fiscales para las personas quecontraten personas con alguna discapacidad o adultosmayores, así como las que realicen adecuaciones a susinstalaciones para el mismo desenvolvimiento de estegrupo de personas a que hago referencia.


XII. No obstante, las disposiciones fiscales por sí so-las, no incentivan a los patrones a contratar personasadultas mayores y discapacitados, razón por la cual sesiguen presentando iniciativas de Decreto con pro-puestas de redacciones análogas, sin proponer estímu-los o reconocimiento de derechos nuevos, con lo quese demuestra que no es el derecho positivo lo que serequiere modificar para apoyar la inclusión laboral depersonas adultas mayores o con alguna discapacidad,sino que falta que desde el gobierno se realicen cam-pañas continuas e ininterrumpidas de promoción, difu-sión, facilitación y aplicación de las normas que in-centivan la contratación de personas con discapacidad.

XIII. Que pese al principio general del Derecho que re-za que “el cumplimiento de la ley no exime de su cum-plimiento”, la legislación en materia de inclusión labo-ral en su mayoría no trae sanciones sino estímulos, yque no son otra cosa más que beneficios económicospara quienes contraten personas con alguna discapaci-dad o adultos mayores, y por tanto, es evidente que fal-ta conocimiento de los empleadores y cultura a la acep-tación de estos grupos vulnerables, que podría cambiarsi todos conocieran los incentivos en comento.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideraciónde esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de laUnión exhorta respetuosamente al Ciudadano Presi-dente de los Estados Unidos Mexicanos y a los titula-res de las Secretarías de Trabajo y Previsión Social, yde Hacienda y Crédito Público para que realicen unacampaña de difusión continua de los incentivos fisca-les a que tiene derecho los empleadores que contratenadultos mayores y personas con capacidades diferen-tes, y a los que inviertan en adaptaciones a sus instala-ciones para facilitar el acceso y uso de las instalacio-nes a personas con capacidades diferentes.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de laUnión exhorta respetuosamente los titulares de los Po-deres Ejecutivo y Legislativo de cada Entidad Federa-tiva de los Estados Unidos Mexicanos, para que en elámbito de su competencia consideren crear incentivosfiscales sobre impuestos de su competencia a favor deempleadores que contraten adultos mayores y perso-nas con capacidades diferentes.

Notas

i Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad:

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

ii Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Per-

sonas con Discapacidad

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343100&fe-

cha=30/04/2014

México, Distrito Federal, a 3 marzo de 2016.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Diputados Víctor Manuel Sánchez Orozco, María Victoria Merca-

do Sánchez, Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbricas).


SEP Y LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS LOCALES A FORTA-LECER TANTO LA FORMACIÓN INICIAL COMO LOS PROGRA-MAS DE FORMACIÓN CONTINUA Y DE DESARROLLO PROFE-SIONAL DE LOS DOCENTES, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS

ALFREDO VALLES MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTA-RIO DE NUEVA ALIANZA

Quien suscribe, Luis Alfredo Valles Mendoza, diputa-do del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en laLXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del ho-norable Congreso de la Unión, con fundamento en lodispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción XI, y62, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Dipu-tados, me permito presentar ante esta soberanía la si-guiente proposición con punto de acuerdo, al tenor delas siguientes


Consideraciones

La reforma educativa de 2012 estableció en el artículotercero de la Constitución, en su fracción novena, unSistema Nacional de Evaluación, con el fin de crearuna cultura que diera sentido y orientación a las mejo-ras a implementarse en el Sistema Educativo Nacionaly que resultaran en verdaderos avances a la calidadeducativa a la que aspiramos los mexicanos.

De entre sus normas secundarias, la Ley General delServicio Profesional Docente estableció en sus propó-sitos fortalecer las prácticas de enseñanza del personaldocente y del personal con funciones de dirección y desupervisión, tomando como base las evaluaciones rea-lizadas, así como la idoneidad de sus conocimientos ycapacidades, con el fin de asegurar en ellos un nivelsuficiente de desempeño.

Asimismo, se contempló otorgarles los apoyos necesa-rios para que puedan desarrollar sus fortalezas y supe-rar sus debilidades1, y así asegurar a la sociedad mexi-cana que sólo darán clases quienes estén mejorpreparados para ello.

De esta manera, cumpliendo con lo mandatado en losartículos 52, 53, y octavo transitorio de la Ley Generaldel Servicio Profesional Docente y sus procesos regla-mentarios, la Secretaría de Educación Pública, en co-ordinación con las autoridades educativas de los go-biernos estatales, realizó la evaluación docentecorrespondiente al Ciclo Escolar 2015-2016, aplican-do alguno de los diversos 75 instrumentos de evalua-ción diseñados para este proceso, según correspondía,a los más de 132 mil maestros participantes de Educa-ción Básica y Media Superior, además de directores ysupervisores convocados oportunamente.

Los resultados globales fueron dados a conocer el día 29de febrero del año en curso por el Titular de la Secreta-ría de Educación Pública y ampliamente difundidos enlos principales medios de comunicación del país.

Bajo este enfoque, es de destacarse el alto porcentajede participación de los docentes, con un total de 98 porciento de cumplimiento por parte de los trabajadoresde la educación convocados. Asimismo, es preciso se-ñalar que 85 por ciento de estos obtuvieron una califi-cación destacada, buena o suficiente, resultando cercade 12 mil maestros y maestras con una evaluación des-

tacada, lo que los hace merecedores a los estímulos se-ñalados por la Ley General de Servicio ProfesionalDocente.

Si bien las evaluaciones realizadas a los docentes deeducación Básica y Media Superior permiten obtenerun acercamiento a las fortalezas y debilidades de las ylos maestros de México, también nos ofrece un pano-rama en el que se presentan áreas de mejora para la efi-ciencia y organización de las evaluaciones, con el finde garantizar un clima apropiado para su realización.

De igual manera, una adecuada y pertinente oferta deformación, profesionalización y capacitación para losdocentes, que brinde información focalizada y espe-cializada acerca de las fortalezas, debilidades y trayec-tos formativos de los docentes en servicio, es un as-pecto que demanda la más importante de lasatenciones. Es necesario que las y los maestros cuen-ten con el acompañamiento necesario por parte de lasautoridades para dotarlos de las herramientas que losimpulsen a brindar la educación de excelencia que me-recemos los mexicanos.

En el informe “Los docentes en México”, realizadopor el Instituto Nacional para la Evaluación de la Edu-cación, se detalla que en 2013 se destinaron al SistemaNacional de Formación Continua, tan sólo 366.12 mi-llones de pesos para atender a más de un millón de do-centes de escuelas públicas de educación básica2, su-ma que nos da un promedio de 363.91 pesos pormaestro para sus actividades de formación continua ysuperación profesional3.

El análisis de los resultados alcanzados en las recien-tes evaluaciones, reafirman que el camino para la con-formación de un aparato docente de excelencia es laformación y capacitación continua, por lo que es im-portante seguir canalizando recursos en este rubro.

Esta primera evaluación nos muestra algunas áreas demejora que de atender de manera oportuna por parte delas autoridades correspondientes, pueden propiciar me-jores resultados a los ya obtenidos. El Instituto Nacio-nal para la Evaluación de la Educación detalló algunassituaciones que nos hablan de problemas logísticos enla implementación de la evaluación: fallas en la entre-ga de las claves para los maestros, falta de asesoría enel uso de la plataforma y problemas de traslado hacialas sedes donde los maestros serían evaluados.


Bajo este contexto, es importante subsanar estas fallasy mejorar el clima bajo el cual los maestros realizanla evaluación. Nueva Alianza, como millones de me-xicanos, aspira a la consolidación de esta ambiciosareforma educativa, lograda a través de procesos, ins-tancias y ofertas formativas pertinentes y de calidad;que permitan una evaluación integral y contextualiza-da a las condiciones de cada uno de los docentes y di-rectivos en servicio; que fortalezca las capacidades demás de un millón 200 mil maestros, cuyos avances, eincluso sus debilidades, queden registrados en un im-perioso Sistema Nacional de formación, actualizacióny desarrollo profesional, aún pendiente por parte delEstado.

Las y los docentes del país han demostrado su com-promiso con la reforma educativa; es momento deacompañarlos adecuadamente en la mejora de su des-empeño.

Por lo expuesto y fundado, someto respetuosamente ala consideración de esta honorable asamblea la si-guiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Con-greso de la Unión exhorta respetuosamente al titularde la Secretaría de Educación Pública y a las autorida-des educativas locales a que fortalezcan la formacióninicial, programas de formación continua y de desa-rrollo profesional de los docentes, así como para quese subsanen las deficiencias e inconsistencias registra-das en este primer período de evaluación del desem-peño docente y a implementar una logística más efi-ciente que mejore las condiciones para futurasevaluaciones.

Notas

1 Artículo 13, fracciones III, V y VI.

2 En 2015 la suma era de 203 millones de pesos, reconocidos por

el Titular de la SEP al presentar los resultados del reciente proce-

so de evaluación profesional docente.

3 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

“Los docentes en México, Informe 2015”, México, Primera edi-

ción, 2015, página 119. Disponible en

http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/I/240/P1I240.p

df.


Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTA SOBERANÍA

RECONOCE AL CLAVADISTA MEXICANO ROMMEL PACHECO

MARRUFO POR SU TRIUNFO EN LA COPA MUNDIAL DE

CLAVADOS DE 2016, REALIZADA EN RÍO DE JANEIRO,BRASIL, SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE

DEPORTE

Los suscritos, integrantes de la Comisión del Deportediputados federales de la LXIII Legislatura del honora-ble Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parla-mentario del Partido Revolucionario Institucional, confundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Re-glamento de la Cámara de Diputados, nos permitimospresentar ante esta soberanía, la presente proposicióncon punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1) La Copa Mundial de Clavados, celebrada en la Ciu-dad de Río de Janeiro, Brasil, del 19 al 24 de febrerodel presente año, es un evento deportivo de la mayorrelevancia para los clavadistas de todo el mundo, yaque es considerada como la última competencia de ca-rácter internacional, que les proporciona a los atletas laoportunidad de obtener las calificaciones reglamenta-rias para competir en los Juegos Olímpicos de 2016.

2) En esta importante competencia, el clavadista mexi-cano Rommel Pacheco Marrufo, obtuvo el primerpuesto de la modalidad de trampolín de 3 metros indi-vidual, este triunfo lo posiciona, junto con otros 10 cla-vadistas, para conformar la delegación de clavados queasistirá por parte de México a los Juegos Olímpicos.


3) Pese a las discrepancias que actualmente se vivendentro de la Federación Internacional de Natación, conrespecto a la situación de los atletas que representan aMéxico en estas disciplinas, es importante reconocerel arduo trabajo y la disciplina que los deportistas hanmostrado en las competencias, lo que coloca a nuestropaís como una nación que ha puesto especial empeñoen la preparación de quienes estarán compitiendo pró-ximamente en Río de Janeiro.

4) En este orden de ideas, es menester que el trabajode los atletas mexicanos, que es fruto de la constancia,de la disciplina y del profundo compromiso que tienencon nuestro país, sea reconocido como un ejemplo aseguir para presentes y futuras generaciones de jóve-nes, ya que constituye un testimonio de que Méxicoposee la determinación, la experiencia y la preparaciónnecesaria para intervenir de forma destacada en todotipo de competencias deportivas.

5) Mención especial merece el caso de Rommel Pa-checo, quien a la corta edad de once años decidió ve-nir a la Ciudad de México para convertirse en un cla-vadista profesional; entre sus logros más destacadospodemos mencionar, que fue Campeón Panamerica-no en República Dominicana 2003, medallista deplata panamericano en Río de Janeiro 2007, PremioNacional de Deportes 2005, Campeón Mundial Uni-versitario, medallista de bronce en el CampeonatoMundial 2013, medallista de Oro en la modalidad detrampolín de 3 metros en los Juegos Panamericanosde Toronto 2015 y además del triunfo adjudicado enesta Copa Mundial de Clavados y además; posee laLicenciatura en Administración de Negocios, su ex-periencia y trayectoria deportiva, lo colocan comouna de las grandes promesas del deporte olímpicomexicano y se perfila como uno de los favoritos paraobtener una importante posición por nuestro país, enRío de Janeiro.

Por lo expuesto, las diputadas y los diputados somete-mos a la consideración de esta honorable asamblea, elsiguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados reconoce y felicita alclavadista Rommel Pacheco Marrufo, por haber obte-nido la medalla de oro en la modalidad de trampolínde tres metros individual, en la Copa Mundial de Cla-

vados, realizada en el mes de febrero, en la Ciudad deRío de Janeiro, Brasil.


Diputados: Pablo Gamboa Miner (rúbrica), Montserrat Alicia Ar-

cos Velázquez (rúbrica), Flor Ángel Jiménez Jiménez (rúbrica), Fi-

del Kuri Grajales (rúbrica), Leydi Fabiola Leyva García (rúbrica),

Adriana Elizarraraz Sandoval (rúbrica), Jacqueline Nava Mouett

(rúbrica), Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica), José Alfredo

Ferreiro Velazco (rúbrica), Olga Catalán Padilla (rúbrica), Andrés

Fernández del Valle Laisequilla (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Pi-

ñones (rúbrica), María García Pérez (rúbrica), José Adrián Gonzá-

lez Navarro (rúbrica), Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), Mí-

riam Dennis Ibarra Rangel (rúbrica), Alejandro Juraidini

Villaseñor (rúbrica), Renato Josafat Molina Arias, Luis Ernesto

Munguía González (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel (rúbrica),

Ximena Tamariz García (rúbrica), Ruth Noemí Tiscareño Agoitia

(rúbrica), Nadia Haydee Vega Olivas, Beatriz Vélez Núñez, Timo-

teo Villa Ramírez (rúbrica), Claudia Villanueva Huerta (rúbrica),

Érika Irazema Briones Pérez (rúbrica), José Santiago López (rú-

brica), Karen Orney Ramírez Peralta.

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA

COORDINACIÓN NACIONAL DE BECAS DE EDUCACIÓN SU-PERIOR A PAGAR EN TIEMPO Y FORMA LAS ASIGNADAS A

LOS UNIVERSITARIOS MEXICANOS DE POSGRADO EN EL EX-TRANJERO, A CARGO DE LA DIPUTADA EDITH ANABEL AL-VARADO VARELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Edith Anabel Alvarado Varela, diputada integrante dela LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de con-formidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2,fracción VI; 82, numeral 2, fracción I; 100, numeral 2;y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, so-meto a consideración de esta honorable asamblea la si-guiente proposición con punto de acuerdo de urgente uobvia resolución, al tenor de la siguiente



La sociedad contemporánea atraviesa una transiciónsin precedentes en la historia de la humanidad. Los sis-temas educativos y de investigación científica y técni-ca, los mercados laborales, los modos de organizaciónde las empresas y el entramado de relaciones socio-culturales, hoy se caracterizan por una enorme intensi-dad de innovación.1

La transformación progresiva de las sociedades indus-triales en otras basadas en el saber, es producto de lasinversiones elevadas en educación, formación, investi-gación y desarrollo orientadas a la creación de conoci-miento.

Sin embargo, el avance hacia la sociedad del cono-cimiento plantea enormes desafíos, sobre todo paralos países periféricos, como el caso de México. Lasbrechas entre naciones en el avance hacia la socie-dad del conocimiento están ensanchándose: son unascuantas las que avanzan rápido y muchas las que serezagan.2

El núcleo de la sociedad del conocimiento se encuen-tra en los sectores educativo y científico, en especialen las universidades, instituciones donde se crean y sedifunden los saberes, y la herramienta central la pro-porcionan las tecnologías de la información.3

Uno de los compromisos fundamentales del gobiernofederal es el rubro educativo, el cual está consignadoen el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publica-do en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayode 2013, donde se señala que las metas nacionales son:un México en Paz, un México Incluyente, un MéxicoPróspero, un México con Responsabilidad Global y unMéxico con Educación de Calidad. Precisamente eneste último rubro, una de las líneas de acción de la es-trategia 3.5.2., llamada contribuir a la formación y for-talecimiento del capital humano de alto nivel, es “in-crementar el número de becas de posgrado por elGobierno Federal, mediante la consolidación de losprogramas vigentes y la incorporación de nuevas mo-dalidades educativas”.

Esto es así porque sólo con educación de alto nivel,con cultura, con ciencia y con tecnología, el país se in-sertará con éxito en una economía global, pero tam-bién podremos tener una convivencia social más igua-

litaria, mayores niveles de cultura democrática y posi-bilidades de desarrollo.

La educación en nuestro país es un bien público inva-luable para el pueblo de México, al grado de ser un de-recho constitucional y humano consagrado en el artícu-lo 3o. de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos; en el artículo 26 de la Declaración Univer-sal de los Derechos Humanos; en el artículo 18, nume-ral 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-líticos; y en el artículo 13 del Pacto Internacional deDerechos Económicos, Sociales y Culturales, por men-cionar algunos instrumentos internacionales de Dere-chos Humanos que son vinculatorios para el Estadomexicano.

Por eso es importante y urgente atender las observa-ciones hechas en días pasados por universitarios mexi-canos que estudian posgrados, de maestría o de docto-rado, en el extranjero –principalmente en las áreas deingeniería y tecnología, ciencias agropecuarias y delmar, ciencias exactas o ciencias naturales-, debido alrecorte presupuestal que afecta las becas que mensual-mente reciben a través del Programa de Movilidad In-ternacional de Posgrados, que opera la CoordinaciónNacional de Becas de Educación Superior (CNBES).4

A decir de los estudiantes, en el ciclo 2013-2014 lasbecas consistían en la transferencia de 17 mil 600 pe-sos mensuales, para el ciclo 2014-2015 la beca se re-dujo a 14 mil pesos, y en días pasados, se les notificóque no habrá recursos para renovar las becas del ciclo2015-2016, a través de comunicados electrónicos o te-lefónicos por parte de la Coordinación Nacional deBecas de Educación Superior.5

En el Grupo Parlamentario del PRI en esta Cámara,siempre hemos respaldado el compromiso del Gobier-no de la República para lograr una Educación de Cali-dad. En el Presupuesto de Egresos de la Federaciónpara el Ejercicio Fiscal de 2014, en el anexo 16 deno-minado “Erogaciones para el desarrollo de los jóve-nes”, en el Ramo 11 referente a Educación Pública, enel apartado de “Posgrado”, en lo que corresponde al“Programa Nacional de Becas”, se aprobaron 174 mi-llones 537 mil 788 pesos.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para elEjercicio Fiscal de 2015, en el anexo 17 denominado:“Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes”, en el


Ramo 11 referente a Educación Pública, en el aparta-do de “Posgrado”, en lo que corresponde al “ProgramaNacional de Becas”, se aprobaron 66 millones 972 mil709 pesos.

Y para el Presupuesto de Egresos de 2016, en el Ane-xo 17 denominado: “Erogaciones para el desarrollo delos jóvenes”, en el Ramo 11 referente a Educación Pú-blica, en el apartado de “Posgrado”, en lo que corres-ponde al “Programa Nacional de Becas”, esta Cámarade Diputados, el pasado 13 de noviembre de 2015,aprobó 230 millones 162 mil 876 pesos.

En virtud de lo anterior, someto a consideración de es-ta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Coordinación Nacional de Be-cas de Educación Superior, disponga lo necesario a finde cubrir en tiempo y forma el pago de las becas asig-nadas a los universitarios mexicanos que cursan algúnposgrado en el extranjero, hasta la conclusión de susestudios.

Notas

1 Ver: “Universidad y sociedad del conocimiento”, en seminario

internacional México en los escenarios internacionales. Una vi-

sión prospectiva. Disponible en:

http://www.escenarios.unam.mx/_21.html (Última consulta: 22 de

noviembre de 2015)

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Espinosa, Verónica. “Candela la SEP becas y deja varados a es-

tudiantes de posgrado en el extranjero”, Proceso, 18 de noviembre

de 2015. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/?p=421069

(última consulta: 22 de noviembre de 2015).

5 Ibídem.


Diputada Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL DI-RECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD

DE MÉXICO A ATENDER Y RESOLVER LA PROBLEMÁTICA

DEL SISTEMA DE BOMBEO Y RESTABLECER EL SERVICIO DE

SUMINISTRO A LAS UNIDADES HABITACIONALES LOS CUL-HUACANES, EN COYOACÁN, A CARGO DEL DIPUTADO

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, DEL GRUPO PARLAMEN-TARIO DEL PAN

El que suscribe, Héctor Barrera Marmolejo, diputadofederal del Grupo Parlamentario del Partido AcciónNacional ante la LXIII Legislatura del honorable Con-greso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto enel artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamentode la Cámara de Diputados, somete a la consideraciónde esta honorable asamblea el presente punto de acuer-do al tenor de las siguientes

Consideraciones

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Econó-micos, Sociales y Culturales adoptó la ObservaciónGeneral número 15 sobre el Derecho al Agua, dondeen su artículo I.1. establece que “El derecho humano alagua es indispensable para una vida digna”; tambiéndefine el derecho al agua como “el derecho de cadauno a disponer de agua suficiente, saludable, acepta-ble, físicamente accesible y asequible para su uso per-sonal y doméstico”.

Para el 28 de julio de 2010, la Asamblea General de lasNaciones Unidas mediante la Resolución 64/292, re-conoció explícitamente el derecho humano al agua y alsaneamiento y reafirmando que “un agua potable lim-pia y el saneamiento son esenciales para la realizaciónde todos los derechos humanos.” Así mismo, la Reso-lución exhorta a los Estados y Organizaciones Interna-cionales a proporcionar un suministro de agua potabley saneamiento saludable, limpio, accesible y asequiblepara todos.

En nuestro país, el 8 de febrero de 2012 se publicó enel Diario Oficial de la Federación una reforma en laque el Congreso de la Unión adicionó el sexto párrafoal artículo 4o. de la Constitución Política de los Esta-dos Unidos Mexicanos para elevar a rango constitu-cional el derecho humano al agua, conferido en el ca-pítulo I, De los derechos humanos y sus garantías,estableciendo:


Toda persona tiene derecho al acceso, disposición ysaneamiento de agua para consumo personal y domés-tico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequi-ble. El Estado garantizará este derecho y la ley defini-rá las bases, apoyos y modalidades para el acceso yuso equitativo y sustentable de los recursos hídricos,estableciendo la participación de la Federación, las en-tidades federativas y los municipios, así como la parti-cipación de la ciudadanía para la consecución de di-chos fines.

En concordancia, la fracción XXII del artículo 14 Bis5 de la Ley de Aguas Nacionales establece como prin-cipio que sustenta la política hídrica nacional, que “eluso doméstico y el uso público urbano tendrán prefe-rencia en relación con cualesquier otro uso”; por ende,las disposiciones federales están acorde a los compro-misos reconocidos, signados y ratificados por nuestropaís en el entramado internacional, y en ello implica laconcurrencia que el Orden Jurídico Nacional determi-na para los Estados y Municipios, así como lo concer-niente a la Ciudad de México y sus delegaciones o de-marcaciones.

En consecuencia, en las disposiciones del Estatuto deGobierno del Distrito Federal, se establece en la frac-ción II del artículo 17 que:

Artículo 17. Los habitantes del Distrito Federal, enlos términos y condiciones que las leyes establez-can, tienen derecho a:

I. …

II. La prestación de los servicios públicos;

Aunado a lo anterior, en el mismo Estatuto de Gobier-no del Distrito Federal, en su Capítulo III, De las Ba-ses para la Distribución de Atribuciones entre ÓrganosCentrales y Desconcentrados de la Administración pú-blica del Distrito Federal, en la fracción X del artículo115, establece:

Artículo 115. Corresponden a los órganos centralesde la administración pública del Distrito Federal, deacuerdo a la asignación que determine la ley, lasatribuciones de planeación, organización, normati-vidad, control, evaluación y operación, referidas a:

I. a IX. …

X. Determinación de los sistemas de participación ycoordinación de las Delegaciones respecto a laprestación de servicios públicos de carácter generalcomo suministro de agua potable, drenaje, trata-miento de aguas, recolección de desechos en víasprimarias, transporte público de pasajeros, protec-ción civil, seguridad pública, educación, salud yabasto;”

La Ley de Aguas del Distrito Federal establece en suTítulo Primero, De las Disposiciones Generales, en suartículo 3o.:

Artículo 3o. Se declara de utilidad pública el man-tenimiento, rehabilitación, construcción, operacióny ampliación de las obras de abastecimiento deagua potable…

Asimismo, en las fracciones IV y IX del artículo 6o.establece como principios:

Artículo 6o. En la formulación, ejecución y vigilan-cia de la política de gestión integral de los recursoshídricos, las autoridades competentes observaránlos siguientes principios:

I. a III. …

IV. La infraestructura y los servicios hidráulicos de-ben ser accesibles para toda persona sin discrimina-ción, incluyendo a la población expuesta o margi-nada…

V. a VIII. …

IX. Las autoridades tienen la obligación apoyar aaquellas personas que tienen dificultades para acce-der al suministro de agua;”

En cuanto al órgano que corresponde la operación dela infraestructura y la prestación del servicio públicode agua potable, acorde a la normatividad, es el Siste-ma de Aguas de la Ciudad de México, que del cual, lapropia Ley de Aguas del Distrito Federal le determinasu competencia, así como lo concerniente para las De-legaciones, y en ello se detalla:

Artículo 7. El Sistema de Aguas de la Ciudad de Mé-xico es un Órgano Desconcentrado de la Administra-ción Pública del Distrito Federal, adscrito a la Secreta-


ría del Medio Ambiente, cuyo objeto principal es laoperación de la infraestructura hidráulica y la presta-ción del servicio público de agua potable, drenaje y al-cantarillado…

…

Capítulo IIDel servicio de agua potable

Artículo 52. El Sistema de Aguas y, en su caso lasdelegaciones, proporcionarán los servicios de aguapotable considerando los siguientes usos priorita-rios:

I. Doméstico y unidades hospitalarias;

…

Artículo 53. El Sistema de Aguas tiene a su cargo,entre otros, la prestación directa del servicio públi-co de abasto y distribución de agua para uso y con-sumo humano en cantidad y calidad suficientes pa-ra satisfacer las necesidades de la población. Paratal efecto, deberá realizar obras de captación o al-macenamiento, conducción y, en su caso, trata-miento o potabilización para el abastecimiento deagua.

…

Respecto al Sistema de Aguas de la Ciudad de Méxi-co, a partir del 1 de enero de 2003 entró en funciona-miento por decreto del jefe del gobierno del DistritoFederal, al fusionar la entonces Dirección General deConstrucción y Operación Hidráulica y la Comisiónde Aguas del Distrito Federal, con el fin de crear losmecanismos más adecuados que permitan proporcio-nar los medios para lograr una eficiente distribuciónde los servicios hidráulicos en la Ciudad de México asícomo la modernización de los sistemas para su opera-ción, soslayando la duplicidad de funciones al mo-mento de ejercer las acciones en esta materia.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México está sec-torizado en la Secretaría del Medio Ambiente de laCiudad de México, y tiene por objetivo, con base en elDecreto por el cual se creó, prestar los servicios públi-cos de suministro de agua potable, drenaje, alcantari-llado, tratamiento de aguas residuales y reutilización;

operar, mantener y construir la infraestructura hidráu-lica; explotar, usar, aprovechar las aguas, su distribu-ción y control, así como la preservación de su cantidady la calidad para contribuir al desarrollo integral sus-tentable de la Ciudad.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México tiene porobjetivo suministrar y distribuir los servicios de aguapotable y drenaje a los habitantes del Distrito Federalcon la cantidad, calidad y eficiencia necesarios, a tra-vés de acciones que contribuyan a la adecuada utiliza-ción de la infraestructura existente, y fomentar unacultura moderna de utilización que garantice el abastorazonable del recurso.

Entre sus funciones más importantes destacan las deformular, actualizar y controlar el desarrollo del pro-grama de operación hidráulica del Distrito Federal, asícomo los estudios y proyectos de abastecimiento deagua potable y reaprovechamiento de aguas residua-les, construyendo y conservando las obras de infraes-tructura hidráulica y de drenaje que requiere la ciudad,en coordinación con las autoridades competentes; ade-más opera y conserva los sistemas de aprovechamien-to y distribución de agua potable y alcantarillado delDistrito Federal, así como supervisar y vigilar su fun-cionamiento.

No obstante todo lo anterior, alrededor de 62 mil 247personas que habitan en las unidades habitacionalesde: CTM Infonavit Culhuacán Zona I y Zona II; CTMCulhuacán Secciones VI, VIII y IX; CTM CulhuacánZona III, Zona VIII A y Zona X; CTM Infonavit Cul-huacán Sección VII y la Unidad Habitacional PilotoCulhuacán; todas en la zona conocida comúnmentecomo los Culhuacanes, en la delegación Coyoacán dela Ciudad de México; y siendo unidades habitaciona-les con una media de 35 años de antigüedad, y con unamuy alta densidad de habitantes, no cuentan con elservicio del suministro de agua por las constantes fa-llas en los sistemas de bombeo.

Los sistemas hidráulicos de bombeo por el que recibenel suministro de agua las familias de las unidades ha-bitacionales referidas, se encuentran en una etapa crí-tica por la falta de revisión y mantenimiento para re-habilitar su correcto funcionamiento.

Ante esta urgente situación, los vecinos afectados de-cidieron manifestarse en la vía pública con la legítima


petición de ser atendidos para la inmediata solución derecibir el servicio público de suministro de agua parasus domicilios; la respuesta de las autoridades a éstadenuncia vecinal, fue el envío de 200 elementos delcuerpo de granaderos de la Secretaría de SeguridadPública de la Ciudad de México, para desalojarlos deforma violenta, y con abuso de la fuerza, desalojaron amujeres, niños y personas que en su mayoría son adul-tos mayores.

El violento hecho, fue denunciado por personas que re-sultaron lesionadas ante la Fiscalía Servidores Públicoscon averiguación previa número FSP/B/T1/454/16-02,precisamente por el delito de abuso de autoridad; loslesionados fueron canalizados al hospital Xoco, para suvaloración.

Aun no siendo suficiente, de la oficina del suscrito di-putado fueron emitidos oficios dirigidos al ingenieroRamón Aguirre Díaz, director general del Sistema deAguas de la Ciudad de México, solicitando su atencióne intervención para solucionar la problemática del su-ministro de agua en las unidades habitacionales de losCulhuacanes en la delegación Coyoacán, oficios en-viados con fechas del 30 de octubre y 4 de noviembrede 2015, así como del 1 y 15 de febrero de 2016, sinmediar respuesta alguna o atención hacia las familiasafectadas.

No obstante lo anterior, el acercamiento de autorida-des de la jefatura delegacional de Coyoacán ha sidonulo para ofrecer alguna alternativa para que las fa-milias de las unidades habitacionales de los Culhua-canes reciban el suministro de agua para uso domés-tico.

Ante todo lo anterior, es muy lamentable la notoria ne-gligencia, insensibilidad e indiferencia de las autorida-des de la Ciudad de México y de la delegación Coyo-acán al ser omisos ante una problemática que estáafectando a las familias de las unidades habitacionalesde los Culhuacanes; aunado a condenar de manera im-perante el abuso de la fuerza pública por los actos vio-lentos suscitados por granaderos contra los vecinosque demandaban legítimamente la atención de sus au-toridades al no cumplir con los ordenamientos por loque deben intervenir para solucionar problemáticaselementales y básicas como el suministro de agua pa-ra uso doméstico.

El agua es esencial para la vida. El acceso de las per-sonas al agua potable y servicios de saneamiento sonindispensables para la vida y la salud, fundamentalespara la dignidad de las personas, lo que hace imperan-te y urgente acudir a esta Soberanía para emitir el pre-sente exhorto

Por lo expuesto someto a consideración de ésta hono-rable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Ésta soberanía exhorta al titular del Sistemade Aguas de la Ciudad de México para que en ejerci-cio pleno de sus atribuciones, competencias y obliga-ciones, realice las gestiones necesarias para atender yresolver de manera inmediata la problemática del sis-tema de bombeo y restablecer a la brevedad el serviciode suministro de agua a las unidades habitacionales delos Culhuacanes en la delegación Coyoacán de la Ciu-dad de México.

Segundo. Se exhorta al jefe delegacional de Coyoacánen la Ciudad de México para que emprenda accionesinmediatas con el objeto de ofrecer alternativas de so-lución efectivas para el suministro de agua para usodoméstico a las familias de las Unidades Habitaciona-les de los Culhuacanes en esa demarcación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo del 2016

Diputado Héctor Barrera Marmolejo (rúbrica)


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA REA-LIZAR SESIÓN SOLEMNE EL LUNES 21 DE MARZO DE 2016PARA CONMEMORAR LOS 210 AÑOS DEL NATALICIO DE

BENITO JUÁREZ GARCÍA, A CARGO DEL DIPUTADO DAVID

JIMÉNEZ RUMBO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, David Jiménez Rumbo, integrante delGrupo Parlamentario del Partido de la Revolución De-mocrática, ante la LXIII Legislatura del Congreso dela Unión y, con fundamento en los artículos 38, 79, nu-meral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara deDiputados somete a consideración de esta soberanía,el siguiente punto de acuerdo.

Antecedentes

Benito Juárez es, sin duda, uno de los personajes másimportantes y recordados en la historia de México. Ca-da 21 de marzo se recuerda el aniversario de su naci-miento y en cada escuela primaria del país se conme-mora a este hombre que consolidó el país en unaRepública.

De origen indígena, Benito Pablo Juárez García, nacióen 1806 en un pueblo de Oaxaca llamado San PabloGuelatao, en medio de la zona serrana de Ixtlán. Suspadres, humildes campesinos zapotecas, murieroncuando él apenas tenía tres años, por lo que sus abue-los cuidaron de él gran parte de su niñez.

Desde pequeño supo que para sobresalir debía apren-der el castellano y luego ingresar a la escuela, por loque aprendió a leer y escribir hasta los 12 años. En1818 emigró por medios propios a la ciudad de Oaxa-ca en busca de fortuna. Ingresó a la escuela, pero su-frió de una constante discriminación debido a su con-dición indígena, además de que su poco castellano noayudó mucho.

Fue un gran estudiante del derecho civil y el derechocanónico y tuvo gran reconocimiento por parte de susprofesores y compañeros, a tal grado que fue nombra-do rector del Instituto en1831, profesando ideas libe-rales y defendiendo abiertamente las comunidades in-dígenas de la región.

Debido a su brillante trayectoria como estudiante, fuenombrado regidor del ayuntamiento de Oaxaca en1832, ministro suplente de la Corte de Justicia del es-tado y un año más tarde diputado local. A lo largo de

los siguientes años, su carrera política ascendió cons-tantemente desempeñando diversos cargos como juezde lo civil, secretario general de gobierno y fiscal delTribunal de Justicia entre otros más, hasta que final-mente llegó a ser gobernador interino del estado deOaxaca en 1847.

Durante su mandato duplicó el número de escuelas enla entidad, equilibró económicamente las finanzas delestado, realizó importantes obras públicas como cami-nos locales y la reconstrucción del Palacio de Gobier-no, fundó escuelas normales (escuelas para capacitar amaestros), levantó cartas geográficas y planos de laciudad de Oaxaca y fundó el puerto de Huatulco parafacilitar el transporte de mercancías desde el puerto deAcapulco.

Tras un problema político con el dictador Antonio Ló-pez de Santa Anna, presidente de México por undéci-ma ocasión, fue encerrado en la cárcel de San Juan deUlúa, y más tarde desterrado a la isla de Cuba paradespués ser llevado a Nueva Orleans en Estados Uni-dos. Allí conoció a varios personajes (Ocampo, Mata,Arriaga y Montenegro) que también sufrían del destie-rro y persecución de Santa Anna, con quienes planeóregresar a México y conquistar el poder público.

Gracias al triunfo de la Revolución de Ayutla en lacual Juárez participó activamente, logró derrocar aldictador Santa Anna y regresó a México a seguir consu carrera política. En 1858 fue nombrado presidente,convirtiéndose en el primer mandatario de origenindígena, en un país lleno de desigualdades y luchasinternas por el poder.

El Benemérito de la Patria y de las Américas comofue declarado al morir, promulgó varias leyes que eli-minaban los privilegios desmedidos que gozaban alclero y el ejército, mismos que desconocieron su go-bierno y trataron de eliminarlo. Por esta razón fue obli-gado a mover su gobierno por varios estados del paísen una especie de presidencia itinerante para evitar sercapturado.

En 1861, debido a la situación precaria del país y a sualto endeudamiento, Juárez anunció la suspensión depagos de la deuda externa, por lo que España, Franciay Reino Unido, principales gobiernos afectados, deci-dieron invadir el territorio mexicano como defensa desus intereses. Tras varias negociaciones, finalmente


Juárez derogó la Ley de Suspensión de Pagos y losejércitos español e inglés regresaron a su país. Pero losfranceses interesados en instaurar una monarquía, con-tinuaron con su invasión. Las tropas galas ingresarona Veracruz con relativa facilidad, pero fueron recibidosen Puebla por las tropas de Juárez en la célebre Bata-lla del 5 de Mayo, donde fue vencido el que era consi-derado el más poderoso ejército del mundo.

Este tipo de logros le dio mucha popularidad a Juárezen todo el mundo, sin embargo, los conservadores jun-to con la Iglesia, siempre en desacuerdo con las refor-mas liberales, ofrecieron en 1863 la corona del Segun-do Imperio Mexicano, al austriaco Maximiliano deHabsburgo, iniciándose así otro episodio de disputaspor el poder. Tras varias batallas en el norte y centrodel país, finalmente Juárez derrota a Maximiliano y lomanda fusilar, poniendo fin al intento por establecerun imperio patrocinado, principalmente, por Francia yel Vaticano.

Los cambios que hizo Juárez en México a lo largo desu paso por la presidencia, fueron primordiales parafomentar la igualdad y restar poder a la iglesia que do-minó por muchos años la economía, la educación y lavida social de México. Con las reformas promulgadasdurante el gobierno de Juárez se logró: suprimir el fue-ro al clero y al ejército; declarar a todos los individuosiguales ante la ley; prohibir el cobro y derecho de obli-gaciones parroquiales como el diezmo; que los bienes,propiedad de las iglesias, pasaran a manos del estado;declarar la libertad de cultos; prohibir la existencia declaustros y conventos; y que el registro de los naci-mientos, matrimonios y defunciones pasara a manosdel estado (Registro Civil).

Benito Juárez muere el 18 de julio de 1872, víctima deangina de pecho, en la Ciudad de México, dejando ungran legado que sobrevive hasta nuestros días.

Así como Juárez, tenemos a los héroes a los que la his-toria reconoce, como al cura Hidalgo, Padre de la Pa-tria; Morelos, Siervo de la Nación; los generales Ma-riano Riva Palacio, Mariano Escobedo y Porfirio Díaz,entre otros; Francisco I. Madero, Apóstol de la Demo-cracia; Venustiano Carranza, el Promotor del Constitu-cionalismo; a Emiliano Zapata, Francisco Villa, Ricar-do Flores Magón y Lázaro Cárdenas, con unpensamiento genuinamente social y revolucionario.

Con la figura de uno de nuestros mayores próceres his-tóricos con identidad indígena, se pretende reafirmar ydar vigencia a la figura y los principios sustanciales denuestra vida republicana, así como a los enarboladospor el grupo de liberales del que formaba parte Juárezy que son el sustento de buena parte de nuestras ga-rantías individuales.

Toda vez que el próximo 21 de marzo de 2016 se cum-plirán doscientos diez años del natalicio del Presiden-te Licenciado Don Benito Juárez, por lo que conside-ro muy justo que esta honorable Cámara de Diputadosrinda un homenaje a este insigne personaje, realizandouna sesión solemne el 21 de marzo de 2016; por loque, con artículo 71, fracción II, de la Constitución Po-lítica de los Estados Unidos Mexicanos, así como enlos artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y78, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Dipu-tados someto a consideración del pleno la siguienteproposición con puntos de acuerdo.

Por otra parte, es compromiso de los tres Poderes de laUnión realizar las acciones encaminadas a impulsar lacultura cívica de todos los sectores sociales; por ello,la conmemoración de estos doscientos diez años desus natalicio y además de ser un acto de justicia, es unacto de vocación libertaria, sobre todo porque a Juárezse le reconoce como el consumador de la segunda In-dependencia y el restaurador de la República, defensorde la legalidad republicana, promotor incansable de unMéxico de justicia, reivindicador de la dignidad de losmexicanos y el místico del deber, con una vida auste-ra, proba y sin condiciones al servicio de la República,al arquitecto de la construcción formidable que es laRepública, a la que se entregó y se consagró de princi-pio a fin.

Puntos de Acuerdo

Artículo Primero. La Cámara de Diputados acuerdala realización de una sesión solemne el día 21 de mar-zo de 2016, en el Palacio Legislativo de San Lázaro,para conmemorar los 210 años del natalicio del licen-ciado Benito Juárez García.

Artículo Segundo. La Mesa Directiva de la Cámarade Diputados definirá el orden del día y el protocolode la sesión solemne referida en el artículo anterior, einvitará de manera oficial a los integrantes de la MesaDirectiva y Junta de Coordinación Política de la Cá-


mara de Senadores; al presidente de los Estados Uni-dos Mexicanos y al presidente de la Suprema Corte deJusticia de la Nación.

Palacio Legislativo de San Lázaro,a 3 de marzo de 2016.

Diputado David Jiménez Rumbo (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DI-VERSAS AUTORIDADES A PROTEGER LOS HUMEDALES DE

XOCHIMILCO Y TLÁHUAC, Y LOS SUELOS DE CONSERVA-CIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CARGO DE LA DIPU-TADA NORMA XÓCHITL HERNÁNDEZ COLÍN, DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DE MORENA

La que suscribe, Norma Xóchitl Hernández Colín, di-putada federal a la LXIII Legislatura, integrante delGrupo Parlamentario de Morena, con fundamento enlo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo6, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Re-glamento de la Cámara de Diputados, somete a consi-deración del pleno de esta soberanía la presente pro-posición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El problema de la disposición ilegal de los desechossólidos de construcción y demolición en la ciudad deMéxico no es de poca importancia, el cascajo, comocoloquialmente se le llama a estos desechos si no semaneja adecuadamente tiene un enorme potencial con-taminante. Residuos de concretos, cementos, azulejos,arcillas y otros materiales, tienen la capacidad de dete-riorar y empobrecer a los suelos fértiles, cambiandoradicalmente su alcalinidad, su porosidad o su capaci-dad para retener humedad y nutrientes.

Por ejemplo, los residuos provenientes de la carpetaasfáltica son un importante vector para la contamina-ción de los mantos acuíferos, debido al arrastre de hi-

drocarburos contenidos en ellos, que llegan hasta loscuerpos de agua subterránea de los que nos abastece-mos para diversas actividades, como son el uso do-méstico, el agropecuario e industrial, entre otras.

De acuerdo con cifras del Centro Interdisciplinario deInvestigaciones y Estudios Sobre Medio Ambiente yDesarrollo del Instituto Politécnico Nacional, se esti-ma que en las 16 delegaciones políticas de la Ciudadde México se están produciendo diariamente alrededorde 7 mil toneladas de cascajo, lo suficiente como parallenar el Estadio Azteca en seis meses. Pero, en con-traparte, el Programa de Trituración de Residuos de laConstrucción, de la Secretaría de Obras y Servicios delGobierno capitalino, sólo tuvo la capacidad de reciclarun total de 68 mil 600 toneladas de cascajo en un pe-ríodo de dos años y dos meses; esto es, un volumenequivalente al cascajo generado en sólo diez días.

Ante la falta de capacidad de los sistemas adecuadospara la disposición ambientalmente segura de estosdesechos, la disposición ilegal de los mismos ha ido enaumento, el depósito inadecuado de los residuos delcascajo se da a diario y en grandes cantidades en lossuelos agrícolas, en los de conservación, en las ba-rrancas, los bosques e incluso en los humedales de laCiudad de México.

El que se deposite cascajo en los humedales de la Cd.de México no es reciente, ni desconocido para la auto-ridad de esta ciudad, ya desde el 2013 la ProcuraduríaAmbiental y del Ordenamiento Territorial del DistritoFederal (PAOT) tenía conocimiento del mismo y habíarecibido denuncias, como se puede constatar en “Estu-dio de zonas impactadas por tiraderos clandestinos deresiduos de la construcción”, presentado por dichaprocuraduría.

Es de señalarse que el artículo 344 del Código Penalpara el Distrito Federal (CPDF) ya contempla comouna conducta delictuosa la disposición en lugares noautorizados del cascajo, el mencionado artículo a la le-tra señala:

“Artículo 344. Se le impondrán de 1 a 5 años de pri-sión y de 300 a 1,500 días multa, a quien descargueo deposite hasta un metro cúbico de residuos sóli-dos de la industria de la construcción en algún lugarno autorizado.


Se le impondrán de 3 a 9 años de prisión y de 1,000 a5,000 días multa, a quien descargue o deposite más deun metro cúbico de residuos sólidos de la industria dela construcción en algún lugar no autorizado.

Las mismas penas señaladas en el presente artículo seaplicarán a quien transporte residuos de la industria dela construcción, sin contar con el pago de derechosrespectivo o sin la documentación comprobatoria queacredite su disposición final o reciclaje en un lugar au-torizado por las autoridades competentes.

Cuando una o más de las conductas descritas en el pre-sente artículo resulte cometida a nombre, bajo el am-paro o a beneficio de una persona moral o jurídica, aésta se le impondrá la consecuencia jurídica accesoriaconsistente en la prohibición de realizar determinadosnegocios u operaciones hasta por 5 años, multa hastapor quinientos días multa, debiendo reparar el dañoque en su caso se hubiere provocado, independiente-mente de la responsabilidad en que hubieren incurridolas personas físicas por el delito cometido.”

Pese a lo anterior, el problema persiste y se ha agudi-zado, son más de 36 sitios que se tienen bien detecta-dos en los que el cascajo es depositado de forma ile-gal, afectando una superficie de más de 349 mil metroscuadrados.

Pero, más grave aún es el que por falta de vigilancia ycapacidad del gobierno para hacer cumplir la ley, lossitios donde preferentemente se está depositando elcascajo sean los suelos de conservación y de recargade nuestros acuíferos, como son los humedales de Xo-chimilco y de Tláhuac.

En cuanto al suelo de conservación de nuestra capital,de acuerdo con el Atlas Geográfico del Suelo de Con-servación, éste representa 59% del territorio de la ciu-dad y comprende áreas de las delegaciones ÁlvaroObregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Made-ro, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta,Tláhuac y Tlalpan, siendo de destacar que estos eco-sistemas son uno de los espacios más importantes pa-ra los habitantes del Valle de México, ya que entreotras cosas captan 70% del agua utilizada para diver-sas actividades en la cuenca.

En lo referente a los humedales de Xochimilco y Tlá-huac, además de ser de importancia para la recarga de

los mantos acuíferos, suministran otros servicios am-bientales a la Ciudad de México, y en el caso de Tlá-huac también al municipio de Valle de Chalco Solida-ridad, Estado de México. Entre estos serviciostenemos que estos sitios son de importancia para laprevención de Inundaciones, disminuyen la presiónsobre la infraestructura hidráulica en el centro y nortede la cuenca, provén agua para los cultivos que se danen la zona, son vitales para la existencia de flora y fau-na de la región seriamente amenazada, impacta positi-vamente en la regulación del clima al mantener dosgrados centígrados por debajo la temperatura prome-dio con relación a otras demarcaciones sin humedalesy en general son considerados ecosistemas de impor-tancia por los procesos hidrológicos y ecológicos queen ellos ocurren.

El humedal de Xochimilco por decreto del 7 de mayode 1992 es zona prioritaria de preservación y conser-vación del equilibrio ecológico y está declarado comoárea natural protegida, con categoría de zona sujeta aconservación ecológica, bajo el nombre de “Ejidos deXochimilco y San Gregorio Atlapulco, DF”, siendopublicado su programa de manejo en la Gaceta Oficialdel Distrito Federal del 11 de enero de 2006, y si bienesta área natural no es de carácter federal, la Procura-duría Federal de Protección al Ambiente (Profepa),junto con instancias de la Ciudad de México, tieneatribuciones en cuanto a la inspección y vigilancia pa-ra la prevención y control de ilícitos ambientales, co-mo puede constatarse en dicho programa de manejo.

Abundando en lo anterior, para la preservación de lanaturaleza, los humedales de Xochimilco y Tláhuacson reconocida relevancia, el primero es sitio inscritoen la Convención Relativa a los Humedales de Impor-tancia Internacional Especialmente como Hábitat deAves Acuáticas (Ramsar), siendo el sistema lacustre“Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”, encuanto al segundo, Tláhuac, si bien este todavía no esbeneficiario de esta designación, en la presente legis-latura la Cámara de Diputados del H. Congreso de laUnión, en sesión del 15 de diciembre de 2015, de ma-nera acertada aprobó una Proposición con punto deacuerdo, por medio de la cual, se exhorta a la Secreta-ría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a laComisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, aque realicen las gestiones necesarias a fin de que laCiénega de Tláhuac sea incluida en la lista de sitiosRamsar.


Simplemente, el que estos humedales sean sitios de re-carga de nuestros acuíferos y presten una serie de ser-vicios ambientales para la Ciudad de México y Muni-cipios del Oriente del Estado de México, que integranla zona sur oriente de la Cuenca del Valle de México,sería razón más que suficiente para que se tomarán deinmediato acciones permanentes para protegerlos. Pe-ro, además de la vital función ya señalada, el sistemade chinampas de Xochimilco y Tláhuac, por el valorque conservan sus canales y chinampas, similares a losque existían en el Islote que albergaba México Te-nochtitlán y que conformaban el sistema que permitíael desarrollo sustentable de una comunidad densamen-te poblada, desde diciembre de 1987 fueron declara-dos por la Organización de las Naciones Unidas parala Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) co-mo Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Hu-manidad.

El que los humedales de Xochimilco y Tláhuac esténen la lista de del Patrimonio Mundial, Cultural y Na-tural de la Humanidad de la UNESCO no queda enuna simple declaración retorica sin importancia, yaque tiene la implicación de que dicho lugar jurídica-mente está tutelado por la Convención para la Protec-ción del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural(CPPMCN) de 1972, de la cual nuestro país es Estadosignante, como consta en el Diario Oficial de la Fede-ración del día 2 de mayo de 1984.

El que México se orgulloso poseedor de 31 sitios con-siderados patrimonio de la humanidad, entre los que seencuentra los que dan motivo a este escrito, crea uncompromiso en el sentido de conservar en el mejor es-tado posible estos bienes, así vemos que la CPPMCNmandata que se adopten las medidas necesarias para supreservación. El artículo 5 de la mencionada Conven-ción en sus incisos b) y d) a la letra señala:

“Articulo 5 Con objeto de garantizar una proteccióny una conservación eficaces y revalorizar lo más ac-tivamente posible el patrimonio cultural y naturalsituado en su territorio y en las condiciones adecua-das a cada país, cada uno de los Estados Partes en lapresente Convención procurará dentro de lo posi-ble:

b) instituir en su territorio, si no existen, uno o va-rios servicios de protección, conservación y revalo-rización del patrimonio cultural y natural, dotados

de un personal adecuado que disponga de mediosque le permitan llevar a cabo las tareas que le in-cumban;

d) Adoptar las medidas jurídicas, científicas, técni-cas, administrativas y financieras adecuadas, pa-ra identificar, proteger, conservar, revalorizar y re-habilitar ese patrimonio; y”

En cuanto al humedal de Tláhuac, éste forma parte delantiguo sistema de lagos de la cuenca de México, ymás específicamente, es un remanente del lago deChalco. La Comisión Nacional para el Conocimientoy Uso de la Biodiversidad incluye al humedal de Tlá-huac dentro de su programa de las Áreas de Importan-cia para la Conservación de las Aves, con el nombre deCiénega de Tláhuac. Además este humedal tiene laparticularidad de estar situado en la línea divisoria en-tre la Ciudad de México y el municipio de Valle deChalco Solidaridad, Estado de México, por lo cual,desde nuestro punto de vista y por efectos del párrafoquinto del artículo 27 constitucional, es un cuerpo deagua de competencia federal y por lo mismo la PRO-FEPA debe de tener jurisdicción en el mismo.

Nos obstante lo anterior, para poder llegar por este mu-nicipio al humedal de Tláhuac se requiere transitar porvías pertenecientes al mencionado municipio del Esta-do de México, por lo cual, no vemos de más pedir laintervención del gobierno del mismo para que coadyu-ve en las acciones para evitar que dicho humedal sigasiendo sitio para el desecho ilegal de los residuos deconstrucción y demolición.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento enlas disposiciones invocadas en el proemio, sometemosa consideración del pleno de esta soberanía la siguien-te proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Con-greso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al je-fe de Gobierno de la Ciudad de México y al procura-dor Ambiental y del Ordenamiento Territorial de laCiudad de México, a que de acuerdo con las atribucio-nes y facultades que le son conferidas a las institucio-nes a su cargo por la normatividad aplicable, imple-menten las acciones necesarias para que de manerapermanente se evite la disposición ilegal de los des-


echos sólidos de construcción y demolición en la ciu-dad de México, en especial en los humedales de Tlá-huac.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorableCongreso de la Unión, exhorta de manera respetuosaal Gobernador del Estado Libre y Soberano de Méxi-co y al Presidente Municipal de Valle de Chalco Soli-daridad, Estado de México, a que de acuerdo con lasatribuciones y facultades que le son conferidas a lasinstituciones a su cargo por la normatividad aplicable,implementen las acciones necesarias para que de ma-nera permanente se evite la disposición ilegal de losdesechos sólidos de construcción y demolición en elhumedal de Tláhuac, ubicado en Avenida Chalco, ca-nal de Acapol hasta río Ameca.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Con-greso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al ti-tular de la Procuraduría Federal de Protección al Am-biente, a que de acuerdo con las atribuciones yfacultades que le son conferidas a la institución a sucargo por la normatividad aplicable, implementen lasacciones necesarias para que de manera permanente seevite la disposición ilegal de los desechos sólidos deconstrucción y demolición en los humedales de Xo-chimilco y Tláhuac. Especialmente en los sitios cono-cidos como Tabla 29 y 30, junto al canal Acapol, y laTabla 26, conocida como la Tabla del Tequesquite,ubicados en el ejido de San Pedro Tláhuac, justo atrásdel Hospital Materno Infantil.

Palacio Legislativo, a 3 de marzo de 2016.

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)


CONADE A REVISAR CON LAS FEDERACIONES Y CONFEDE-RACIONES DEPORTIVAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD

DE LOS ATLETAS EN LAS COMPETENCIAS, A CARGO DE LA

DIPUTADA MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, DEL GRUPO


La que suscribe, María Elena Orantes López, integran-te de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputadosdel honorable Congreso de la Unión, con fundamentoen los artículos 71, fracción II, de la Constitución Polí-tica de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I,y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Re-glamento de la Cámara de Diputados, somete a consi-deración del pleno de esta soberanía proposición conpunto de acuerdo por el que la Cámara de Diputadosdel honorable Congreso de la Unión exhorta de mane-ra respetuosa a la Comisión Nacional de Cultura Físicay Deporte para que se coordine con las federaciones yconfederaciones deportivas para revisar las condicio-nes de seguridad de los deportistas en las competenciascon base en las siguientes

Consideraciones

Los deportes de alto riesgo se caracterizan por la can-tidad de variables que no pueden ser controladas comoalta velocidad, grandes alturas y condiciones climáti-cas extremas.

En la mayoría de los deportes tradicionales los com-petidores se enfrentan a otros competidores. En los de-portes de riesgo los participantes compiten contra símismos o contra las condiciones del ambiente.

La característica que llama más la atención de las per-sonas hacia estas actividades es la capacidad de pro-ducir adrenalina y sacarlas de su zona de confort.

Algo que debes tener en cuenta si quieres practicar al-guna de las actividades catalogadas como deportes deriesgo, es que debes instruirte y educarte al respectopara dominar las técnicas y no poner en riesgo tu vida.La mayoría de las personas involucradas en estas acti-vidades, no las practican irresponsablemente. Se de-ben tomar lecciones al respecto y comprar el equipoadecuado, de ser necesario.

Muchos de los deportes de alto riesgo han ido toman-do popularidad entre la población mexicana, y cada


vez es más común ver que se realicen competencias,oficiales o de aficionados de distintas modalidades deeste tipo de deportes. Basta encender la televisión yuna gran cantidad de programas de deportes extremosestarán en la pantalla.

La definición de deporte extremo tiene relación con elexponerse a los dictámenes del terreno. Por lo tanto, loextremo está determinado por el lugar y los jóvenesponen sus equipos y habilidades para vencer esos lí-mites naturales.

Sin embargo, hay que tener muy claro que la valentíano reemplaza la habilidad. Los jóvenes que sólo semanejan en el plano de “ser audaces”, corren gran pe-ligro. Es muy probable que se lesionen y se les acabesu oportunidad. Los mejores y grandes deportistas ex-tremos, algunos les llaman “locos serios”. Ellos tienenmucho de arrojo y “locura” pero no hay que equivo-carse, tienen también una seguridad que se respalda enun entrenamiento riguroso y en el desarrollo progresi-vo de sus habilidades.

Varios de los deportes extremos se realizan de maneraorganizada, algunos de ellos se encuentran agrupadosmediante federaciones y/o confederaciones que regu-lan sus actividades básicas, también organizan compe-tencias deportivas, debiendo cumplir con cierta nor-matividad.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deportetiene entre sus facultades la de fijar criterios para quedentro de los programas en los que se establezca lapráctica de actividades de cultura física, recreación,rehabilitación o deporte dentro del territorio nacio-nal, se ofrezcan las medidas de seguridad necesarias,de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas, pe-ro los accidentes cada vez son más frecuentes en lascompetencias en deportes de alto riesgo, y aunque noexisten cifras oficiales que den un número determi-nado, es común ver notas periodísticas en el sentidode los accidentes que se presentan, como fue el casodel Campeonato Nacional Racing Bike México deVelocidad, celebrado el pasado fin de semana en Pue-bla y en donde uno de los competidores murió a cau-sa de un accidente y no contar con ambulancias yequipo suficiente para atender oportunamente alcompetidor.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a considera-ción de la Cámara de Diputados del honorable Con-greso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Con-greso de la Unión exhorta de manera respetuosa a laComisión Nacional de Cultura Física y Deporte paraque se coordine con las federaciones y confederacio-nes deportivas para revisar las condiciones de seguri-dad de los deportistas de alto riesgo dentro de los cam-peonatos, y de los servicios médicos que realizan laprimera atención.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorableCongreso de la Unión exhorta de manera respetuosa ala Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, pa-ra mejorar los mecanismos de difusión de informaciónsobre accidentes y mortandad de deportistas durantelas competencias.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Con-greso de la Unión exhorta de manera respetuosa a laComisión Nacional de Cultura Física y Deporte a re-visar el cumplimiento de los criterios a los que se re-fiere la fracción XX del artículo 30 de la Ley Generalde Cultura Física y Deporte, con respecto al motoci-clismo, automovilismo y otros deportes que integrenvelocidad y alto riesgo.


Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA A

LOS PODERES JUDICIALES LOCALES Y DE LA CIUDAD DE

MÉXICO A SUMARSE AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA

QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN

DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A CARGO DE

LA DIPUTADA EDITH ANABEL ALVARADO VARELA, DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Edith Anabel Alvarado Varela, diputada integrante dela LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de con-formidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Regla-mento de la Cámara de Diputados, somete a conside-ración de esta honorable asamblea la siguiente propo-sición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:


“Las personas con discapacidad son un grupo depoblación que tradicionalmente ha sido estigmati-zado, rechazado por la sociedad y objeto de múlti-ples discriminaciones. Tales circunstancias las hancolocado en situaciones de desventaja y exclusiónsocial, debido, en gran parte, a que su condición dediscapacidad, a juicio de la mayoría, se aleja de losestándares considerados “normales”, que calificancomo diferentes a las personas con algún tipo de di-versidad funcional, y las condena a una existenciavinculada a la institucionalización, medicación ysometimiento, propiciando un desconocimiento desus derechos, el ejercicio de los mismos en des-igualdad de condiciones, y violación o vulneraciónconstante de ellos”.1

Esto a pesar de que el último párrafo del artículo 1º dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-canos señala que: “Queda prohibida toda discrimina-ción motivada por origen étnico o nacional, el género,la edad, las discapacidades, la condición social, lascondiciones de salud, la religión, las opiniones, laspreferencias sexuales, el estado civil o cualquier otraque atente contra la dignidad humana y tenga por ob-jeto anular o menoscabar los derechos y libertades delas personas”.

En este orden de ideas, reviste especial importancia el“Protocolo de actuación para quienes imparten justiciaen casos que involucren derechos de personas con dis-capacidad”, el cual fue presentado el 31 de marzo de2014 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se trata de un documento que sirve de guía para las ylos jueces del Poder Judicial de la Federación, en su ta-rea de impartición de justicia en casos que involucrenderechos de personas con discapacidad, pero que tam-bién constituye una oportunidad para reconocer que“todos los seres humanos podemos estar en una situa-ción de discapacidad”, eliminando con ello las barrerasa las que se enfrentan las personas con discapacidad enel ejercicio de sus derechos, independientemente delcontexto social, cultural, político y económico en elque se encuentren.

A continuación, se enlistan una serie de acciones afir-mativas que se han adoptado desde el Poder Judicialde la Federación, y que dan cuenta de las bondades eimportancia de dicho Protocolo:2

• Propicia un acercamiento directo con las personascon discapacidad que intervienen con cualquier ca-rácter en un juicio para conocer de primera fuentesus necesidades o requerimientos personales;

• Considera el apoyo de personal multidisciplinarioque auxilie a las y los juzgadores en la resolución deconflictos, cuando la ciencia del Derecho conside-rada en su individualidad no sea suficiente paraabordar una situación concreta bajo el tamiz de losderechos humanos;

• Vislumbra las condiciones particulares de la per-sona con discapacidad para la resolución del con-flicto, a fin de que la sentencia que concluye con elproceso no presente una imposibilidad de cumpli-miento;

• Implementa las medidas necesarias para garanti-zar que de manera progresiva los centros de impar-tición de justicia cuenten con personal capacitadoen el tema de discapacidad, así como con instala-ciones y servicios accesibles para todo tipo de dis-capacidad;

• Obliga a los centros de impartición de justicia agenerar estadística acerca de esta materia, sobre to-do para estar en posibilidad de cumplir con los re-querimientos de capacitación y accesibilidad; y

• Pone en el centro de discusión la importancia delreconocimiento de las personas con discapacidadcomo sujetos ante la ley, generando un debate argu-


mentativo y propositivo, que culmina en un ejerci-cio seguro de la capacidad jurídica de las personascon discapacidad.

Por eso, es importante que los Poderes Judiciales delos Estados y de la Ciudad de México, se adhieran aeste Protocolo y así coadyuven en la modificación deuna cultura jurídica que tradicionalmente ha descono-cido a las personas con discapacidad y les ha negadoel ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Se trata de hacer valer el mandato constitucional deltercer párrafo del artículo 1º de la Carta Magna, queobliga expresamente a todas las autoridades del país,sin distinción de competencia, nivel jerárquico o juris-dicción, a proteger los derechos humanos contenidosen la Constitución Federal y en los tratados interna-cionales de los que el Estado mexicano es parte, bus-cando en todo momento la protección más amplia dela persona bajo los principios de universalidad, inter-dependencia, indivisibilidad y progresividad.

A su vez, a dar pleno cumplimiento a los compromisosinternacionales contraídos por el Estado mexicano enmateria de respeto y protección a los derechos huma-nos de las personas con discapacidad, tales como laDeclaración Universal de los Derechos Humanos (ar-tículo 2, párrafo 1); el Pacto Internacional de DerechosCiviles y Políticos (artículo 2, párrafo 1); el Pacto In-ternacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-turales (artículo 2, párrafo 2); la Convención America-na sobre Derechos Humanos (artículo 1, párrafo 1); y,particularmente, la Convención de las Naciones Uni-das sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-dad, que en su artículo 1 primer párrafo señala que:“El propósito de la presente Convención es promover,proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones deigualdad de todos los derechos humanos y libertadesfundamentales por todas las personas con discapaci-dad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.

Es por ello que resulta necesario la implementación demecanismos, en los diferentes niveles de gobierno, pa-ra que las personas con discapacidad puedan mejorarsus condiciones de vida y, lo más importante, sean re-conocidas como personas titulares de derechos huma-nos y como partícipes de la sociedad.

En virtud de lo anterior, someto a la consideración deesta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los Poderes Judiciales de los Es-tados y de la Ciudad de México, a que se adhieran al“Protocolo de Actuación para quienes imparten justi-cia en casos que involucren derechos de personas condiscapacidad”.

Notas

1 “Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos

que involucren derechos de personas con discapacidad”, Suprema

Corte de Justicia de la Nación, México, 2014, p. 7. Disponible en:

http://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archi-

vos/paginas/Protocolo%20DiscapacidadISBN.pdf (Última consul-

ta: 16 de febrero de 2016)

2 Ibídem, p. 123.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 3 de marzo de 2016.

Diputada Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica)


SAGARPA A PAGAR POR LA AGENCIA DE SERVICIOS A LA

COMERCIALIZACIÓN Y DESARROLLO DE MERCADOS

AGROPECUARIOS LOS ADEUDOS CON LOS PRODUCTORES,TRANSPARENTAR EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS, Y EXPO-NER LOS MONTOS EJERCIDOS Y LOS GASTOS DE LA AGEN-CIA EN LOS ÚLTIMOS TRES EJERCICIOS FISCALES, A CARGO

DE LA DIPUTADA ELVA LIDIA VALLES OLVERA, DEL GRU-PO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita Elva Lidia Valles Olvera, Diputada Federalde la LXIII Legislatura del honorable Congreso de laUnión, integrante de la Cámara de Diputados por elGrupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional,con fundamento en lo dispuesto en el artículo el artí-


culo 6, numeral 1, fracción I, artículo 79, numerales 2y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, so-mete a consideración de esta soberanía proposicióncon punto de acuerdo para exhortar al titular de la Se-cretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural,Pesca y Alimentación (Sagarpa) para que a través de laAgencia de Servicios a la Comercialización y Desa-rrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca) se paguenlos adeudos que aún se tienen con los productores, setransparente el padrón de beneficiarios y se exponganlos montos ejercidos y los gastos realizados por laagencia durante los últimos tres ejercicios fiscales.

Antecedentes

Ante la era de la liberación de mercados, la globaliza-ción y el desarrollo de la agroindustria los agricultoresen pequeña escala se encuentran en dificultades paraparticipar de forma equitativa en el proceso de pro-ducción al carecer de insumos confiables en cuanto acostos así como servicios de mecanización, semillas,fertilizantes, crédito de mercados rentables y garanti-zados para su producción.

En este contexto, la agricultura por contrato surge co-mo una importante alternativa para que los pequeñosproductores puedan cultivar de forma comercial. Se-gún la Organización de las Naciones Unidas para laAlimentación y la Agricultura (FAO) la agricultura porcontrato se define como un acuerdo entre agricultoresy empresas de elaboración y/o comercialización parala producción y abastecimiento de productos agrícolaspara entrega futura, frecuentemente a precios predeter-minados.1

En México, se constituyó la Agencia de Servicios a laComercialización y Desarrollo de Mercados Agrope-cuarios (Aserca) en 1991; con el propósito de contarcon un organismo para el impulso a la comercializa-ción de la producción agropecuaria en beneficio de losproductores del campo, de frente a la apertura interna-cional y la liberación de los mercados. Posteriormenteen 1996 su busca a través de esta Agencia fortalecerprogramas para la comercialización de productosagropecuarios.

El 18 de diciembre de 2013 se publicó en el DiarioOficial de la Federación, el Acuerdo por el que se da aconocer las reglas de operación del Programa de Co-mercialización y Desarrollo de Mercados (PCDM),

cuyo objetivo es contribuir a mantener o mejorar el in-greso de los productores agropecuarios y pesqueros através de brindar certidumbre en la comercialización.Dicho programa es operado por Aserca a partir del año2014 y coordinado por la Sagarpa.

Actualmente, una de los grandes problemas que en-frenta el PCDM-Aserca es el adeudo por varios milesde millones de pesos con los agricultores participantesen el Programa. Lo anterior es del conocimiento a tra-vés de diversas fuentes oficiales, notas de investiga-ción periodísticas así como los mismos productoresque se acercan a quejarse e informar de su problemá-tica y que exponen la situación de adeudo por la queatraviesa Aserca con los sujetos productores de granoscomo maíz, frijol, sorgo, trigo y maíz de los estados deChihuahua, Zacatecas, Durango, Tamaulipas, Sinaloa,Jalisco entre otros.

En este orden de ideas, podemos considerar como re-ferente las proposiciones con punto de acuerdo que sehan presentado ante el Pleno de la Cámara de Diputa-dos, para los Estado de Sinaloa y Jalisco que en térmi-nos generales exhortan a Sagarpa y Aserca cumplancon los términos de los contratos y se finiquiten lasdeudas correspondientes.2 De ahí que esta será la cuar-ta ocasión en que esta LXIII legislatura realiza un ex-horto con este propósito.

El estado de Tamaulipas no es la excepción ante estasirregularidades. La situación actual entre los sujetosproductivos beneficiarios del PCDM con Aserca esbastante cuestionable toda vez que existen dos condi-ciones: (1) La opacidad en el padrón de beneficiarios,los montos asignados así como en el manejo del pre-supuesto destinado y (2) La disparidad en la informa-ción que proporcionan los sujetos responsables de lasdependencias involucradas en la operación del progra-ma donde se aprecia una clara discrepancia en las ci-fras presentadas correspondientes a los adeudos.

Dichas condiciones contradicen a las Leyes de Desa-rrollo Rural Sustentable y de Transparencia, en dondese establece que el Gobierno Federal, en coordinacióncon las dependencias y entidades de los gobiernos delas entidades federativas y municipales elaborarán unpadrón único de organizaciones y sujetos beneficiariosdel sector rural, y que tal padrón deberá actualizarsecada año y será necesario estar inscrito en él para teneracceso a la operación de los programas e instrumentos


de fomento3 y que toda la información generada, obte-nida, adquirida, transformada o en posesión de los su-jetos obligados es pública y accesible a cualquier per-sona así como que el Estado debe garantizar elefectivo acceso de toda persona a la información enposesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y or-ganismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judi-cial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomi-sos y fondos públicos; así como de cualquier personafísica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursospúblicos o realice actos de autoridad en el ámbito de laFederación, de las Entidades Federativas y los munici-pios.4

Las inconsistencias en las declaraciones de las autori-dades y la disparidad en las cifras que se adeudan seacentúan con las evaluaciones al PCDM a cargo delConsejo Nacional de la Evaluación del Desarrollo dela Política Social (CONEVAL) que indica lo siguien-te: (1) no se acredita cómo se integra la población ob-jetivo;(2) no especifica si se trata de personas físicasy/o morales que producen y/o comercializan productoscon problemas de mercado; (3) tampoco cuantifica lapoblación por grupo específico, región, entidad fede-rativa y municipio del país, como consecuencia se tie-ne incertidumbre en los mercados; (4) existe reducciónde los márgenes de operación de los productores agro-pecuarios y pesqueros; y (5) no se define con claridadun problema o necesidad prioritaria que justifique sucreación y diseño.5

En el contexto de retraso al cumplimiento de sus obli-gaciones con los productores beneficiarios del progra-ma, lo último que se garantiza es la certidumbre de lossujetos productivos para la comercialización que evi-dentemente contradicen el objetivo principal delPCDM el cual cita como “…contribuir a mantener omejorar el ingreso de los productores agropecuarios ypesqueros a través de brindar certidumbre en la co-mercialización” y se pone en tela de juicio la efectivi-dad del programa así como la pureza en el ejercicio dela ejecución de los recursos.

Consideraciones

En Acción Nacional, adoptar las medidas necesariasque proporcionen elementos técnicos y materiales alos campesinos mexicanos que siempre han carecidode ellos es una de las tareas en la que estamos com-prometidos para procurar a los agricultores un precio

justo por los productos de su esfuerzo y consolidar, in-crementar y mejorar la producción agrícola para que lapoblación rural deje de ser víctima de la explotacióneconómica y política.

Uno de los principios que reconoce el partido para elcampo mexicano establece que: “el gobierno y la ini-ciativa de los particulares promuevan una organizacióncompetitiva de la producción agroalimentaria, agrope-cuaria y forestal, para enfrentar con éxito la crecienteintegración económica de las naciones. Esta política in-tegral debe incluir un sistema de financiamiento socialacorde con las necesidades y circunstancias del campo,la creación de infraestructura, la gestión de nuevas tec-nologías, el fortalecimiento de las cadenas productivas,la comercialización, el aprovechamiento de los produc-tos y ventajas comparativas de cada región y la plenaseguridad jurídica de la propiedad de la tierra.6

La FAO en diversos estudios indica que los problemaspotenciales para los agricultores asociados con la agri-cultura por contrato, incluyen: mayores riesgos; tecno-logía inapropiada e incompatibilidad de cultivos; ma-nipulación de cuotas y de especificaciones de calidad;corrupción; dominio de los monopolios; y endeuda-miento excesivo y dependencia excesiva de los antici-pos. La mayoría de estas condiciones han sido recu-rrentes en la operación de este programa.7

Las autoridades de Aserca han argumentado que debi-do al recorte del gasto público anunciado por el ejecu-tivo federal en el mes de enero del 2015 y a la insufi-ciencia presupuestal no se ha logrado finiquitar entiempo y forma a la totalidad del padrón de beneficia-rios.

Con lo antes expuesto, se observa un ambiente de in-certidumbre entre los sujetos productivos dado que losmecanismos de operación del programa se muestraninsuficientes, no hay transparencia en las acciones delas autoridades, y existe una mala administración delos recursos asignados al mismo.

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración deesta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al ciudadanoJosé Eduardo Calzada Rovirosa en su carácter de titu-


lar de la Sagarpa para que la Agencia de Servicios a laComercialización y Desarrollo de Mercados Agrope-cuarios pague definitivamente los adeudos que aún setienen con los productores del Programa de Comercia-lización y Desarrollo de Mercados, transparente el pa-drón de beneficiarios de dicho programa y publiquelos montos ejercidos y los gastos realizados por laAgencia durante los últimos tres ejercicios fiscales.

Referencias

1 FAO, Departamento de Agricultura, Agricultura por contrato -

alianzas para el crecimiento, disponible en

http://www.fao.org/docrep/004/y0937s/y0937s01c.htm#TopOfPa-

ge

2 Gaceta Parlamentaria, número 4431-III, martes 22 de diciembre

de 2015 y número 4377-III, martes 6 de octubre de 2015.

3 Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Diario Oficial de la Fede-

ración, México, 12 de Enero de 2012.

4 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públi-

ca, Diario Oficial de la Federación, México 04 de Mayo de 2015.

5 Coneval, PCDM, Evaluación de diseño 2015, disponible en

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Do

cuments

6 DOF-IFE, Proyección de Principios de Doctrina del PAN 2002,

numeral 12 Campo y Ciudad, 23 de octubre de 2002.

7 Ibídem, ref. 1.


Diputada Elva Lidia Valles Olvera (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DI-VERSAS AUTORIDADES A REALIZAR ACCIONES PARA CON-TRARRESTAR EL GRAN DESABASTO DE AGUA POTABLE DE

LOS HABITANTES DE NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO, SUS-CRITA POR LAS DIPUTADAS SANDRA LUZ FALCÓN VENE-GAS Y DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLA-MENTARIO DE MORENA

Las que suscriben, Delfina Gómez Álvarez y SandraLuz Falcón Venegas, diputadas federales de la LXIIILegislatura, integrantes del Grupo Parlamentario deMorena, con fundamento en lo dispuesto en la fracciónI del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, nume-ral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Di-putados, someten a consideración del pleno de esta so-beranía la presente proposición con punto de acuerdo,bajo las siguientes

Antecedentes

El municipio de Nezahualcóyotl comenzó a poblarsedesde 1945, producto de la inmigración de personasque buscaban un lugar barato para vivir cerca de la ca-pital del país, que les diera la posibilidad de obtenermejores oportunidades de empleo y por consecuencia,elevar sus condiciones de vida.

El antecedente más lejano de la formación del munici-pio se da en el barrio de Juárez Pantitlán, en las que seestablecen familias que vendían patos y chichicaxtle yque dieron origen a las primeras colonias del ex vasode Texcoco: Juárez Pantitlán, México, El Sol, Porve-nir, estado de México, Evolución y Tamaulipas.

Después de que se declarara como nuevo municipio aNezahualcóyotl, en los primeros años los habitantesque provenían de diversos estados de la república co-menzaron a organizarse para exigir servicios públicos:drenaje, agua potable, energía eléctrica entre otros.

En esos años de lucha y organización, los primerosservicios públicos se consiguieron con las propiasaportaciones económicas o distintos esfuerzos de lospobladores como la colocación de postes de madera ycables para la instalación de luz; construcción de zan-jas para la introducción del drenaje, por mencionar al-gunos.

De 1969 a 1975, el gobierno del estado de México do-tó de agua potable y alcantarillado, luz, pavimento de


calles a los habitantes de Ciudad Nezahualcóyotl, enmateria de tenencia de la tierra creó Plantécnica, elPrograma de Regeneración Integral 136 de la ZonaOriente, PRIZO, y el Instituto de Acción Urbana e In-tegración Social, Auris, con el objeto de regularizar losasentamientos urbanos. En 1973, se creó el Fideicomi-so Irrevocable Traslativo de Dominio sobre Bienes deNezahualcóyotl para evitar el indiscriminado tráficode lotes.

Se establecieron 26 pozos y un gran tanque de aguapotable. Durante la década de los setentas e inicios delos ochentas, se continuó atendiendo la regularizaciónde la tierra en Nezahualcóyotl, con la entrega de títu-los de propiedad y la creación del Plan Sagitario paraseguir promoviendo el Contrato de Fideicomiso Irre-vocable Traslativo de Dominio.

Después del sismo de 1985 en el Distrito Federal, enNezahualcóyotl la participación de los colonos se in-crementó, agrupados en organizaciones independien-tes, los habitantes se convirtieron en gestores en la ur-banización y la dotación de servicios públicos paramejorar la calidad de vida de los habitantes. Así mis-mo a consecuencia del sismo, la red de agua potablesufrió severos daños, lo que provocó escasez en las co-lonias por varias semanas.

En el lapso de 1982-1994 se contó con un caudal pro-veniente de 18 pozos profundos y el tanque de alma-cenamiento La Caldera, el gran tanque regulador deagua que abastece a 90 por ciento del municipio. Co-mo se puede ver, los habitantes han estados involucra-dos directamente en el desarrollo del municipio y en elestablecimiento de los servicios públicos.

La profundidad de los pozos varía de 50 a 250 metrosy aportan un caudal que va de 70 a 118 litros por se-gundo. En lo que respecta a la zona II, la profundidadde los pozos varía de 200 a 400 metros y se obtienencaudales variables de 70 a 100 litros por segundo.

El sistema de abastecimiento de agua potable en elMunicipio, se realiza a través de pozos profundos. Deestos, 8 son operados por el Organismo de Agua Pota-ble, Alcantarillado y Saneamiento, Odapas, 16 por laComisión del Agua del estado de México, CAEM, ylos del ramal Peñón Texcoco son operados por la Co-misión Nacional del Agua, Conagua.

Actualmente la fuente más importante es el tanque Lacaldera, que aporta un volumen de 530 litros por se-gundo y se encuentra ubicado en el oriente del muni-cipio, el volumen restante está distribuido entre los po-zos, de los cuales los que están bajo manejo delCAEM son los principales, el pozo 308 es el que da unaporte mayor, que es de 70 litros por segundo. Y Cuan-do existe una contingencia, pipas del municipio abas-tecen a las colonias que lo soliciten.

Esto se debe a que el agua que proviene de fuentes es-tatales es insuficiente para abastecer por si misma almunicipio, depende de gran medida del sistema Cut-zamala, por lo que la falta de este volumen representaproblemas operativos para el Organismo Operador.

La problemática del agua en Nezahualcóyotl es uno delos municipios del país con mayor densidad de pobla-ción a nivel nacional, por lo consiguiente el volumende abastecimiento es bajo en comparativa con las de-legaciones en el Distrito Federal o con otros munici-pios conurbados del estado de México.

El desabasto de agua en el municipio, se da debido ala insuficiente agua en bloque que se compra directa-mente a la Comisión Nacional del Agua y cualquiercontingencia en la distribución afecta el volumen quese requiere para distribuirse en las colonias. Otra afec-tación tiene que ver con la presión con la que se admi-nistra desde las fuentes de origen, ya que esta no es su-ficiente para poder llegar a las colonias más alejadas.

La infraestructura presenta los mismos problemas quese presentan en la Ciudad de México, es decir, ya re-sulta obsoleta para la demanda que se presenta en elmunicipio y la detección de fugas es difícil en algunosde los casos, lo que implica que se desperdicie agua.Las colonias más afectadas por el desabasto se locali-zan en la zona oriente y en la zona norte, entre lasafectadas están Bosques de Aragón, Aragón, LomaBonita, Reforma, Campestre Guadalupe, El Sol entreotras.

La falta de infraestructura es lo esencial ya que es endonde radica el problema del desabasto del agua.

Factores que se relacionan a la infraestructura son:

Disponibilidad del agua, la disponibilidad se refiere ala capacidad de poder obtener agua de las diferentes


fuentes de manera constante y que no requiera de es-fuerzos extraordinarios, la disponibilidad se puede vercomprometida cuando las fuentes disminuyen su cau-dal y la lejanía de estos (los sistemas Lerma y Cutza-mala son ejemplos de estos puntos), la disminución deprecipitación pluvial en los lugares de origen de lasfuentes también disminuyen el volumen aprovechable,la extracción excesiva es otro problema que afecta ladisponibilidad ya que los mantos acuíferos están so-breexplotados como es el caso del acuífero Chalco –Amecameca que tiene un promedio de extracción de128.4 milímetros cúbicos anuales y uno de recarga de74 milímetros cúbicos por año que da un déficit de73.5 por ciento de sobreexplotación (Burns 2006: 46).,por otra parte y con relación directa tenemos la de-manda excesiva por parte de los habitantes ya que elvolumen disponible es insuficiente para lo que requie-re la población que habita en el municipio.

Existe una Infraestructura deficiente, debido al hundi-miento de la ciudad, que se presenta en la zona dondese localizaban los lagos, la infraestructura se ve daña-da, es el caso de las tuberías que se revientan debido aestos hundimientos. El desarrollo de los servicios sedio en la década de los sesenta del siglo pasado, desdeentonces no se han hecho modificaciones y solo se damantenimiento correctivo a la red cuando existe undesperfecto.

También obsoleta, la falta de mantenimiento a la redde distribución, es una de las causas que la hacen ob-soleta, otro factor es la existencia de fugas las cualespueden ser difíciles de detectar y por consecuencia nose reparan. Resulta importante mencionar que la red esinsuficiente para la demanda de agua por parte de lapoblación, en este caso se debe también a la falta depresión de parte de las plantas de bombeo.

Política de distribución

El modelo actual de gestión del agua, se basa en la im-portación de agua potable y la exportación de lasaguas de desecho de una cuenca a otra. El municipiode Nezahualcóyotl repite este modelo ya que obtieneagua del subsuelo por medio de los pozos de extrac-ción sumada a la que se adquiere por la compra deagua en bloque proveniente del sistema Cutzamala;posteriormente las aguas negras se integran al sistemade evacuación que lleva las agua negras hacia el océa-no atlántico.

En la distribución se emplean mecanismos de supervi-sión que evita que el volumen baje o sea excesivo, sinembargo en periodos de escasez, se tiene que recurrira la repartición de agua por medio de pipas pertene-cientes al municipio. En este modelo también existe undesaprovechamiento del agua de ríos que confluyen enla zona central de la ciudad, los ríos son utilizados pa-ra la descarga de las aguas negras y el caudal es con-taminado sin que se le de algún uso productivo alagua.

Los criterios de distribución no son eficaces, ya que sibien en el organismo operador tienen obligación deproveer el agua, la distribución por medio de pipas so-lo se hace por solicitud formal; por otra parte los po-bladores no realizan la solicitud ya que el servicio es-tá sujeto a propinas, al pago puntual del servicio en elayuntamiento y en tiempos políticos al apoyo del gru-po interesado. Además se encuentra la distribución pormedio de pipas particulares, en este caso la calidad delagua no es verificada por ninguna instancia, no se re-gula su procedencia y tampoco las tarifas que cobran asus usuarios.

No existe difusión de políticas gestión adecuada delagua, de parte de las instancias municipales hacia lasacciones para el uso adecuado del agua por parte de lapoblación, a nivel municipal no existen programas pa-ra la captación y reutilización de las aguas pluviales; ytampoco se fomenta la reutilización de aguas grises.

No hay continuidad en planes para mejorar la gestión,cada trienio se concibe un nuevo plan hídrico y no sele da continuidad al anterior. Es común que con cadacambio de administración, se comiencen labores comoel mapeo y que no se actualicen procesos como eldiagnóstico actual de la red de distribución.

Los impactos originados por el desabasto del agua, re-percuten en la calidad de vida de los habitantes en di-ferentes aspectos, sus efectos están relacionados con eltipo de causa que origina uno o más problemas dentrodel desabasto del agua como fenómeno. Los impactostienen diferente magnitud y no todos son percibidosdirectamente por los habitantes, estos se agrupan de lasiguiente manera:

Impactos físicos (son los percibidos directamente porla disponibilidad de un volumen de agua, inciden di-rectamente en las actividades y la productividad, pue-


den llegar a afectar la salud indirectamente afectan elmedio donde se localiza la colonia).

Impactos sociales (alteran la calidad de vida de los ha-bitantes, ya que ante la falta de agua necesitan cambiarsus costumbres, sus tiempos necesitan ajustarse a labúsqueda de agua para complementar su dotación, amayor escala impide el desarrollo urbano y puede darpie a conflictos políticos y sociales.).

Impactos económicos (En la búsqueda de la mitiga-ción del desabasto del agua, los habitantes tienen queusar más recursos económicos para tener el agua quecubra sus necesidades).

Gastos innecesarios, ante la falta de agua para podersatisfacer sus necesidades, tienen que recurrir a lacompra de agua embotellada o de bebidas industriali-zadas, por otra parte también deben comprar agua a pi-pas particulares o bien realizar gastos extraordinariospara poder comprar o construir elementos que les per-mita almacenar un mayor volumen de agua.

Aumento en el precio del agua (especulación), el au-mento de los precios es una consecuencia del aumen-to de la demanda por el líquido, esto se da principal-mente en las tarifas de la distribución de agua potable.

Asimismo la compra de agua a pipas particulares, de-pende de la capacidad económica de las familias; porotra parte no existe alguna regulación con respecto alas tarifas, tampoco sobre la calidad del agua que vana proveer ni tampoco existe la obligación para que no-tifiquen la fuente de donde procede esta agua.

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposicio-nes invocadas, sometemos a consideración del plenode esta soberanía la siguiente proposición

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Con-greso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional delAgua, Comisión del Agua del estado de México y alOrganismo de Agua Potable, Alcantarillado y sanea-miento de Nezahualcóyotl para que en coordinaciónverifiquen y realice las acciones pertinentes para con-trarrestar el gran desabasto de agua potable que sufrenlos ciudadanos del municipio de Nezahualcóyotl y asi-mismo hagan públicas las acciones realizadas.


Diputadas: Delfina Gómez Álvarez y Sandra Luz Falcón Venegas

(rúbricas)


EJECUTIVO FEDERAL Y A LOS GOBIERNOS LOCALES A HA-CER EFICIENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS PE-NITENCIARIOS A SU CARGO Y DELINEAR POLÍTICAS INTE-GRALES DE REINSERCIÓN SOCIAL, SUSCRITA POR LOS

DIPUTADOS ROSA ALBA RAMÍREZ NACHIS Y VÍCTOR MA-NUEL SÁNCHEZ OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DE MOVIMIENTO CIUDADANO

Los que suscriben, diputada federal, Rosa Alba Ramí-rez Nachis y diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco,integrantes a la LXIII Legislatura, del Grupo Parla-mentario de Movimiento Ciudadano, con fundamentoen lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexica-nos; así como los artículos 3, numeral 1, fracción XIX;6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II y,numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cá-mara de Diputados, someten a consideración de estaasamblea la siguiente proposición con punto de acuer-do, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, existe una desatención a la sociedad car-celaria y sus personajes en cautiverio, surge aquí poruna parte, la demanda social y por otra, la necesidad enlos ámbitos estatal y federal de instrumentar políticasque en armonía, con los principios fundamentales pe-nitenciarios coadyuven a garantizar los Derechos Hu-manos de los reclusos, para ofertar las institucionespenitenciarias necesarias que en forma concatenada,contribuirán al exitoso proceso de reinserción socialde los reclusos.


El sistema penitenciario en México padece de sobre-población, falta de personal técnico capacitado, juecesamen de una sistemática violación a los derechos hu-manos de los presos; Topo Chico y Ciudad Victoria,pasaron de la riña a la tragedia, dejando ver los pro-blemas que existen en las cárceles mexicanas. En elprimero, ubicado en Nuevo León, murieron 49 reos;en el segundo, en Tamaulipas, la riña dejó a 8 internosheridos, situación que tiene entre otras causales a lasobrepoblación, si bien es una de las más importantesno la más seria.

Según las cifras de la Comisión Nacional de Seguridad(CNS) y el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-fía (INEGI) a Junio del 2015 refieren que más de lamitad de los penales en el país tienen un problema desobrepoblación, donde las 420 cárceles cuentan conuna capacidad de 195,278 mil personas, pero el totalsobrepasa por 46 mil 722 internos este cupo, es decir,existen 242 mil reclusos en estos centros penitencia-rios.

La problemática actual en los estados de Nayarit, Hi-dalgo, Jalisco, el Estado de México, Sonora, mismoNuevo León y Tamaulipas, en donde se presentan lamayor sobrepoblación penitenciaria, y en apenas el 50% de los reos tiene una sentencia. Pero no obstante lagravedad de las cifras, el problema es más serio, se re-portaron en el 2014, dos mil 436 incidentes al interiorde todas las cárceles en el país, teniendo un registro demil 218 peleas, 48 huelgas de hambre, 25 homicidiosy 20 fugas, mientras que en periodo de febrero a juniode 2015 se tiene conocimiento de 93 riñas, 28 decesosy 1 fuga.

En los penales estatales el 22 % de los reclusos tienenuna sentencia, El Sistema Penitenciario argumenta, lafalta de jueces, el tiempo que tardan los trámites judi-ciales y la falta de personal en el ámbito penal para ha-cer frente a la carga de trabajo,

De todas las condenas que se dictan por parte de losjueces solo el 3.6 % no tiene como destino la cárcel yla reinserción no parece ser la solución a esa proble-mática. Cabe señalar que más del 88% de los internosfueron involucrados en actividades de reinserción so-cial, pero hasta 2014, el 45 % de esos reclusos ya ha-bía reincidido en cometer uno o más delitos tras ser li-berados.

En los 15 años recientes la población penitenciaria enel país se ha incrementado en un 39 %, mientras queen el 2000 había 154 mil reos, el año pasado eran 251mil, hace 15 años en el país existían 433 centros de re-clusión, mientras que actualmente existen 420.

Ante este panorama, el país necesita implementar re-formas al sistema penitenciario que permitan modifi-car las tendencias de crecimiento actuales de la pobla-ción carcelaria y así controlar también lasconsecuencias asociadas. Entre otras cosas, se propo-ne replantear el sistema de sanciones y hacer un usoresponsable de la prisión como medida extrema.

La readaptación social en México, tiene por objetivoque las personas que han delinquido y cumplieron unasentencia se reincorporen a la sociedad ya rehabilita-das y puedan reintegrarse a la vida en libertad con res-peto a la ley, premisa que se encuentra lejos de cum-plirse en la realidad y ha llevado al fracaso al sistemapenitenciario del país.

Entre las principales causas que propicia el bajo por-centaje de readaptación de quienes transgreden la leyy pagan a través de la privación de la libertad su deu-da con la sociedad, se encuentran la crisis interna delos penales, la insuficiente preparación del personaltécnico y especializado, la falta de leyes o reglamentosactualizados, que permitan aplicar eficientemente losprogramas y pocos recursos económicos.

A juicio de criminólogos y expertos, esta situaciónprovoca que la readaptación a la fecha, se haya con-vertido en una simulación, ya que no logra que la granmayoría de quienes quebrantaron la ley y causaron undaño social sea rehabilitada para llevar una vida útil yproductiva.

Peor aún, afirman los especialistas, el hacinamiento yal ambiente enviciado a los que son expuestos en lascárceles al convivir primo delincuentes con re inci-dentes o quienes llevan una vida delictiva, propicia elefecto contrario del que se pretende: convierten a lascárceles en escuelas para criminales.

A las condiciones materiales y un ambiente desfavora-ble para la recuperación de quienes han quebrantado laley, debe sumarse el rechazo por parte de la sociedad,por lo que deben enfrentar duros obstáculos para vol-ver a ser admitidos en su comunidad.


De ahí que en las desastrosas circunstancias en las quefunciona el sistema penitenciario mexicano, la readap-tación social como política y programa de rehabilita-ción se ha convertido en un mito, con graves conse-cuencias: quienes cumplieron una sentencia de cárcelregresan a libertad no solo estigmatizados si no en lamayoría de los casos portando un alto potencial crimi-nal.

El costo del fracaso de la readaptación social está a lavista: alta reincidencia, mayor criminalidad y aumentode la inseguridad.

¿Readaptar o reinsertar?

En el artículo 18 de la Constitución se establece que“el sistema penitenciario se organizará sobre la basedel respeto a los derechos humanos, del trabajo, la ca-pacitación para el mismo, la educación, la salud y eldeporte como medios para lograr la reinserción delsentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva adelinquir”.

En el país y a nivel internacional se ha dado un inten-so debate entre criminólogos y expertos penitencia-rios, respecto de los conceptos de readaptación socialo reinserción que deben permitir a los sentenciadosreintegrarse socialmente, después de una serie de mé-todos, programas y protocolos creados ex profeso pa-ra buscar su reincorporación a la sociedad una vezcumplida una pena carcelaria.

Con la reforma al Sistema de Justicia Penal del 2008,en el texto constitucional se cambió el concepto de“readaptación social” por “reinserción” y se aumen-taron otras condiciones para la rehabilitación del inter-no, como el respeto a los derechos humanos y el acce-so al deporte, además de la capacitación, la educacióny la salud previstos anteriormente en la ley.

“Por otro lado, el Investigador Guillermo Zepeda, re-fiere que la readaptación social es inadecuada ya queal momento que los sentenciados terminan con suscondenas y se insertan nuevamente en su entorno so-cial, estos vuelven a delinquir, por lo que no es posibleque los sentenciados logren durante su estancia logrensu reinserción a la sociedad.

Destacan que entre los factores que inciden de maneradeterminante para no alcanzar ese propósito se en-

cuentran sobrepoblación, hacinamiento, ambiente cri-minal en las cárceles, no obligación del trabajo duran-te la reclusión, no separación de procesados y senten-ciados, así como insuficiencia de recursos humanos,materiales y técnicos para aplicar programas que per-mitan una adecuada rehabilitación de los internos.

Esta situación queda confirmada en el estudio LaReinserción Social como fin de la pena privativa de lalibertad en México, realizado por los investigadoresEduardo Barajas Languren, Guadalupe José Torres yMartha Belén Palma Ramírez, quienes resaltan que le-jos de ser un castigo exclusivo para quienes realmentehan cometido un delito y deben purgar una sentencia,la cárcel “se ha convertido en gran medida en el lugarpara alojar a individuos acusados por delitos graves oque se encuentran en espera del desahogo de un pro-ceso judicial, quienes aguardan que se les dicte unasentencia (prisión preventiva)”.

Aseveran que en lugar de ser un espacio para promo-ver la reinserción a la sociedad de quienes violan laley, las prisiones mexicanas son lugares de hacina-miento donde los derechos humanos no se respetan yla violencia prevalece.

Hay que recordar que el Artículo 18 Constitucional es-tablece que el sistema penitenciario se organizará so-bre la base del respeto de los derechos humanos, deltrabajo, la capacitación para el mismo, la educación, lasalud y el deporte como medios para lograr la reinser-ción del sentenciado a la sociedad y procurar que novuelva a delinquir, observando los beneficios que paraél prevé la ley.

Los investigadores se preguntan respecto a los inter-nos, “¿Prevenir y disuadir futuros criminales?”, cues-tionan y recuerdan que a nivel nacional el indicador dereincidencia es de 15.5 % y hay estados donde más de20% de los internos es reincidente lo cual indica quelos centros penitenciarios no están siendo exitosos ensu labor de reinserción social.

Concluyen que la privacidad de libertad utilizada co-mo pena para castigar a quien comete un delito estámuy alejada del fin que pretende el artículo 18 Cons-titucional, que es la reinserción social de los senten-ciados y procurar que no vuelvan a delinquir, ya que esevidente que las autoridades responsables no han sabi-do cumplir las obligaciones que impone la Constitu-


ción, además de que no se utilizan los tratamientosadecuados para cada sentenciado.

“Las condiciones actuales de la prisión en Méxicono permiten llevar a cabo satisfactoriamente la rein-serción social y, por el contrario, las habilidades queahí se aprenden más fácilmente son aquellas aso-ciadas con más conductas delictivas o violentas”.

Martín Gabriel Barrón Cruz, investigador del InstitutoNacional de Ciencias Penales, afirma que está demos-trado que en México no funcionan la readaptación so-cial y la resocialización de quienes trasgredieron lasnormas, ya que no se aplican los principios estableci-dos en el artículo 18 Constitucional.

Después del acontecimiento en el penal de Topochicoen Monterrey, Nuevo León, se expuso la crisis que sevive en algunos penales de la República Mexicana.

Detallo enseguida los centros penitenciarios a nivelnacional.

Tipo de delitos

Con relación al total de los internos que son 242 mil,según el Consejo de Seguridad Nacional, cifra que conel 78% de los delitos, son del fuero común y el 22%del fuero federal.

Actualmente se tiene una sobre población global enlos penales, siendo estos, en el 2006 del 27.4%, en el2010, del 20.4% y en el 2011 del 22.7%, respectiva-mente.

Por su parte el director del Consejo Ciudadano por laSeguridad Pública y La Justicia Penal, José AntonioOrtega, considera que no hay readaptación social porque en los penales del país prevalecen el autogobierno,la sobrepoblación y las actividades criminales, comose acaba de constatar en el penal de Topochico, Mon-terrey, Nuevo León, donde hace un par de semanasmurieron 49 internos durante un enfrentamiento entregrupos rivales.

Ortega reconoció que a quienes han recibido una penacarcelaria y buscan reintegrarse a la sociedad les es di-fícil integrarse al mundo laboral.

Así, la experiencia en México en las últimas décadasdemuestra el fracaso de la readaptación social quecumplió una sentencia de cárcel.

Las leyes, normas y protocolos que se aplican a los in-ternos de los penales para rehabilitarlos y se adapten ala sociedad una vez que obtengan su libertad no fun-cionan en un ambiente carcelario en el que prevalecengraves problemas de hacinamiento, violencia, viola-ción de derechos humanos y otros males que carcomeny hacen inútil cualquier esfuerzo por brindar una nue-va oportunidad social a quienes han delinquido.

Se propone instrumentar un nuevo modelo de rein-serción social, mediante la capacitación laboral, encual el recluso pueda recibir atención psicológica,conjuntamente con los miembros de su familia, asícomo capacitación que les permita la creación deincubadoras sociales, en el proceso de estar pur-gando su condena, apoyándoles con vinculacióninstitucional en el ámbito educativo, donde se cuen-te con la cadena de valor desde la prospectiva de laidea, hasta la materialización del proyecto.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideracióndel pleno de esta soberanía la siguiente proposicióncon:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo fede-ral y a los gobernadores de las entidades federativas aque en el ámbito de sus competencias diseñen e im-plementen acciones para eficientar el funcionamientode los centros penitenciarios a su cargo y delinear po-líticas integrales de reinserción social.


Diputados: Rosa Alba Ramírez Nachis, Víctor Manuel Sánchez

Orozco (rúbricas).



PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALTILLO, COAHUILA, A

ACEPTAR Y CUMPLIR LA RECOMENDACIÓN NÚMERO

103/2015, DE LA CDH ESTATAL, A CARGO DEL DIPUTADO

ARMANDO LUNA CANALES, DEL GRUPO PARLAMENTA-RIO DEL PRI

El que suscribe, Armando Luna Canales, diputado in-tegrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolu-cionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fun-damento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79,numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III,IV y VI, y demás relativos del Reglamento de la Cá-mara de Diputados, presento a consideración de estaHonorable Asamblea proposición con punto de acuer-do, para exhortar al Presidente Municipal de Saltillo,Coahuila de Zaragoza, para que reconsidere su negati-va de aceptar la Recomendación No. 103/2015, que lefue girada por la Comisión de los Derechos Humanosdel Estado de Coahuila de Zaragoza, y en consecuen-cia acepte y de cumplimiento a la misma en todos sustérminos, con base en las siguientes:

Consideraciones

Desde el 1 de abril de 2015, el ayuntamiento de Sal-tillo, capital de Coahuila de Zaragoza, implantó el“Programa de Soporte Técnico de Medición de Tráfi-co y Multas Electrónicas”, o “foto multas” como esconocido por la ciudadanía, consistente en la aplica-ción y emisión de multas derivadas de la comisión deinfracciones de tránsito a través del sistema vial equi-pado con cámaras de circuito cerrado, que permitenal ayuntamiento de Saltillo la identificación vehicu-lar electrónica y la aplicación de sanciones por lamisma vía.

Para la consecución de lo anterior, el programa se au-xilia en cámaras especiales que detectan a los automó-viles que circulan a exceso de velocidad, y aquellosque no respetan la reglamentación de tránsito. Paraello, las cámaras especiales pueden captar múltiplesfotografías por segundo, mismas que cuentan con unadefinición que permite capturar el número de las pla-cas del vehículo, las cuales, posteriormente, son rela-cionadas al domicilio en el que está registrada la uni-dad. Lo anterior sin importar, que quien cometa talesconductas sea o no el propietario del vehículo auto-motor.

Previo a la fundamentación de la presente proposición,deseo externar mi respaldo por el cumplimiento irres-tricto y el respeto cabal de los reglamentos de tránsito,así como mi apoyo total en pro de una adecuada cul-tura vial de la población. Sin embargo, al igual que laciudadanía de Saltillo, el suscrito reprueba que para laconsecución de tales fines, se empleen mecanismos yacciones que vulneren los derechos fundamentales dela población, así como medidas desproporcionadas ycontrarias a lo establecido por el propio texto constitu-cional, como es el caso de las acciones derivadas delprograma de multas electrónicas que ha sido imple-mentado en el municipio de Saltillo por el alcalde Isi-dro López Villarreal.

Desde el inicio del programa citado, la ciudadanía sal-tillense ha manifestado su inconformidad a través dediversos medios e inclusive, se ha visto en la necesi-dad de tener que interponer juicios de amparos parapoder acceder a la protección y justicia frente a los ac-tos conculcatorios de sus derechos, y que derivan de laimplementación de tal programa.

Como consecuencia de lo anterior, juzgados federaleshan concedido diversos amparos a favor de habitantesde Saltillo, en cuyos fallos declaran la inconstituciona-lidad de disposiciones del Reglamento de Tránsito yTransporte del municipio, como lo es el artículo 121de dicho ordenamiento.+1

A la par de lo anterior, la Comisión de los DerechosHumanos del Estado de Coahuila de Zaragoza,CDHEC, emitió, recientemente, su RecomendaciónNo.103/2015, dirigida al Presidente Municipal de Sal-tillo. Por medio de la misma, este órgano de protecciónse pronuncia respecto al sistema de multas electróni-cas y señala que con motivo de su implementación: “elpersonal del R. Ayuntamiento del Municipio de Salti-llo, Coahuila de Zaragoza, es responsable de la viola-ción al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica,en su modalidad de ejercicio indebido de la funciónpública en perjuicio de conductores y propietarios devehículos que circulan en esta ciudad.”2

En tal recomendación, el órgano de protección estatalseñala que con la implementación del Programa de So-porte Tecnológico de Medición de Tráfico y MultasElectrónicas de Tránsito “la aplicación de sancionespor las infracciones del Reglamento de Tránsito yTransporte para el municipio de Saltillo, Coahuila de


Zaragoza, desde que se detecta la infracción, se entre-gan las boletas respectivas y se realizan acciones parasu cobro, es decir, su detección, notificación y ejecu-ción, no es realizada por una autoridad administrativatal y como lo establecen los artículos 16 y 21 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexica-nos, sino por una empresa particular; de igual forma,por haber proporcionado la autoridad municipal a unaempresa particular, información relativa a la Base deDatos del Padrón Vehicular del estado de Coahuila deZaragoza, no obstante tener la prohibición de revelardatos así como información al respecto, todo elloconstituye ejercicio indebido de la función pública.”3

En ese sentido, la CDHEC especifica diversas razonespor las que el “Programa de Soporte Tecnológico deMedición de Tráfico y Multas Electrónicas de Tránsi-to” no se ajusta a las disposiciones constitucionales,legales y demás normatividad aplicable, entre las quese encuentran las siguientes:

• Los actos de molestia en la esfera jurídica de losgobernados, como lo son la impresión de la boletasde infracción y la aplicación de sanciones por la co-misión de infracciones al reglamento de policía, noson realizados por la autoridad, lo cual es un requi-sito para su legal y legítima aplicación, por lo queen consecuencia no se actualizan los requisitos pre-vistos en los artículos 16 y 21 de la Constitución;

• Al permitir que un particular realice la actividadde detección de infracciones, la notificación de lasanción administrativa e incluso su ejecución, seviolentan la legalidad y la seguridad jurídica quedeben ser observadas por toda autoridad;

• La aplicación de las infracciones fue a cargo de unparticular como consecuencia de una autorizaciónindebida de la autoridad municipal;

• La autoridad municipal, al delegar la facultad pa-ra aplicar sanciones por infracciones a los regla-mentos gubernativos y de policía, se extralimitó enel ejercicio de las facultades que tiene conferidas le-galmente, lo que redundó en la violación de los de-rechos humanos de la ciudadanía;

• Al permitir que un particular pueda realizar actosde molestia en la esfera jurídica de los gobernados,ello conlleva colocar en un estado de indefensión a

la población, ya que la emisión, notificación y eje-cución del acto administrativo, en este caso la im-posición de multas, forzosamente debe llevarse acabo por una autoridad. Asimismo, ante tal situa-ción, el ciudadano se encuentra en estado de inde-fensión para impugnar, en la vía administrativa, unacto que formal y materialmente fue realizado porun particular y que invariablemente debe realizarlola autoridad.

• De acuerdo con el contrato de prestación de servi-cios, celebrado entre el ayuntamiento de Saltillo yla empresa particular, se acredita fehacientementeque la aplicación, notificación y ejecución de lasmultas se lleva a cabo por dicha compañía y no porla autoridad, lo cual constituye un ejercicio indebi-do de la función pública. Asimismo, dicho contratoconcede facultades a la empresa, que sólo puedenser realizadas por la autoridad, como es el caso dela relativa a la ejecución de las sanciones;

• La infracción atribuida al ciudadano se encuentraviciada de origen, en virtud de que no fue impuestapor la autoridad administrativa competente, en con-secuencia, todos los actos posteriores que se lleguena efectuar con motivo de la misma, deben de consi-derarse ilegales;

• Los servidores públicos del ayuntamiento de Sal-tillo no realizaron su función en estricto apego a de-recho, por lo que no ajustaron su actuación a los li-neamientos constitucionales y legales;

Con la actuación del ayuntamiento, fueron vulneradoslos artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política, to-da vez que con la celebración del multicitado contratode prestación de servicios, se advierte que la autoridadmunicipal delegó, de manera indebida a una empresa,la facultad de captar las infracciones, aplicar las san-ciones y, además, establecer los mecanismos para sunotificación y ejecución en la esfera administrativa, locual es contrario a la normativa constitucional, ya quetales actos deben ser realizados por la autoridad admi-nistrativa competente.

Asimismo, tanto la CDHEC, como diversos medios decomunicación locales, han documentado la comisiónde diversos actos arbitrarios derivados de la aplicacióndel programa de “foto multas”, entre los que se en-cuentran: ingresos a domicilios y cocheras para entre-


gar las infracciones; realización de operativos en via-lidades y búsquedas de las unidades vehiculares; des-proporcionalidad de las multas impuestas; entre otros.

Adicionalmente, diversos medios de comunicaciónhan documentado otras anomalías en torno a la im-plantación del programa, entre las que se encuentran:falta de licitación del contrato con la compañía res-ponsable del sistema de las foto multas; dilación en lapublicación del tabulador que indica los incrementosen las multas según el nivel de exceso de velocidad;opacidad en la información relativa al destino de losrecursos obtenidos por concepto de las multas electró-nicas; cuestionamientos sobre los fines recaudatoriosdel programa.

Por otra parte, ha quedado evidenciada la extralimita-ción e incumplimiento, en la que incurrió el ayunta-miento de Saltillo respecto al Convenio de Colabora-ción Administrativa en Materia Fiscal Municipal, parala Administración de la Base de Datos del Padrón Ve-hicular del estado de Coahuila, de 19 de marzo de2015, celebrado con el gobierno de esa entidad federa-tiva.

En dicho convenio, se estableció la prohibición expre-sa, para el ayuntamiento, de transmitir a terceras per-sonas los datos que se contienen en el padrón vehicu-lar del estado de Coahuila. Sin embargo, pese a ello, laautoridad municipal incumplió tal prohibición.

Derivado de lo anterior, la CDHEC hizo evidentes lacomisión de violaciones a la protección de datos per-sonales e información confidencial de las personas queobraban en la base de datos que le fue conferida alAyuntamiento, no obstante de tener la obligación deno revelar datos ni información al respecto.

En esa tesitura, el órgano de protección estatal conclu-ye que tal actuar se encuadra dentro del ejercicio inde-bido de la función pública, contraviniendo lo estable-cido en los artículos 14, 16 y 21 de la ConstituciónPolítica, así como lo establecido por la Ley de Accesoa la Información Pública y Protección de Datos Perso-nales para el estado de Coahuila de Zaragoza; la Leyde Responsabilidades de los Servidores Públicos Esta-tales y Municipales de la misma entidad; y diversosinstrumentos internacionales en materia de derechoshumanos, como lo son: la Declaración Universal delos Derechos Humanos; el Pacto Internacional de De-

rechos Civiles y Políticos; la Convención Americanasobre Derechos Humanos; y el Código de Conductapara Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir laLey.

Como consecuencia de lo anterior, la CDHEC emitióun total de seis resolutivos a través de los cuales reco-mienda al presidente municipal de Saltillo, la realiza-ción de diversas acciones tendentes a eliminar las vio-laciones a los derechos humanos derivadas de laoperación del programa de multas electrónicas. Entrelas acciones que el órgano estatal de protección reco-mienda al ayuntamiento citado, se encuentran las si-guientes:

• Instruir un procedimiento administrativo de res-ponsabilidad en contra de los servidores públicosque autorizaron a la empresa particular para que re-alizará funciones de detección, notificación y ejecu-ción de infracción por faltas al Reglamento de Trán-sito y Transporte, y a los que transmitieron a dichaempresa, los datos contenidos en el padrón vehicu-lar del estado de Coahuila, pese a tener prohibiciónlegal para hacerlo;

• Operar, de manera directa, las funciones referen-tes a la detección, notificación y ejecución de in-fracciones, mismas que transfirió, de manera inde-bida, a la empresa particular;

• Proceder, de manera urgente, al análisis y estudiodel contrato de prestación de servicios celebradocon la empresa particular, a efecto de que al mismose ajuste a las disposiciones constitucionales, lega-les y normativas que inciden en el control y tráficode peatones y vehículos en la vía pública del muni-cipio;

• Imponer, por medio de la autoridad administrativamunicipal competente, las sanciones por infraccio-nes al Reglamento de Tránsito y Transporte, y ob-servar, en los procedimientos y recursos administra-tivos incoados con motivo del programa de multaselectrónicas, el principio de legalidad y seguridadpública;

• Abstenerse de realizar operativos para la entregade infracciones derivadas del programa de multaselectrónicas que fueron impuestas por una empresaparticular;


• Ejercitar las acciones legales a que haya lugar, porhaber transferido a un tercero los datos contenidosen el Padrón Vehicular del Estado de Coahuila deZaragoza;

• Reparar el daño causado a los agraviados con mo-tivo de la implementación del Programa de multaselectrónicas, en aquellos casos donde la imposiciónde multas no haya observado el principio de legali-dad y de seguridad jurídica en los actos de autori-dad.

Lamentablemente, el Ayuntamiento de Saltillo, en unaactitud de total indiferencia a los derechos humanos desus habitantes, rechazó la Recomendación 103/2015,formulada por el ombudsman local, argumentando quecon el programa de multas electrónicas se defiende lavida, además de añadir que no permitirá la impunidadde quienes conducen a exceso de velocidad. Por si loanterior fuera poco, el presidente municipal descalifi-có la validez de dicha recomendación equiparándolacon un llamado a misa, y calificó como mentiras lasobservaciones contenidas en la recomendación103/2015.4 Asimismo, el edil declaró lo siguiente: “sies una recomendación ellos tendrán sus razones, peroes una recomendación, o sea, yo también puedo reco-mendar muchas cosas, pero tenemos que ser madurosy la tomaremos como recomendación y le agradece-mos”. Con declaraciones como las anteriores, se evi-dencia un amplio desconocimiento de los contenidosintroducidos a nuestra Ley Suprema con la reformaconstitucional de derechos humanos de junio de 2011,así como del sistema no jurisdiccional de protecciónde estos derechos.

Adicionalmente, pese a la especialización y el princi-pio de buena fe que guían el actuar de la CDHEC –yde todo órgano de protección de los derechos huma-nos–, el subsecretario del ayuntamiento de Saltillo, Jo-sé Guadalupe Martínez Valero, acusó a dicho organis-mo estatal de querer politizar el tema de las multaselectrónicas y de emitir una recomendación mal fun-damentada y motivada5. Lo anterior, pese a la solidezde la valoración realizada en la recomendación103/2015, la cual se apoya con criterios de la SCJN ycon lo establecido por distintos ordenamientos jurídi-cos.

No se pasa por alto señalar, la siguiente declaracióndel servidor público recién citado: “me parece que es

una cosa de canallas, porque además no están hacien-do las cosas bien, desde este organismo defensor delos derechos humanos se está politizando el tema…”

Conductas como las anteriores no pueden tener cabidaen cualquier estado constitucional y democrático dederecho, máxime cuando nuestro país ha colocado a lapersona humana como el fundamento y sentido de to-da actividad gubernamental. Por lo anterior, medianteesta proposición se solicita, que desde esta soberanía,se haga un respetuoso exhorto al presidente municipalde Saltillo, para que reconsideré su negativa y, en con-secuencia, acepte y cumpla la Recomendación núme-ro 103/2015, que le fue dirigida por la CDHEC.

Si bien es cierto, el sistema de protección no jurisdic-cional de los derechos humanos tiene como sustento elprincipio de buena fe de las autoridades y, consecuen-temente, las recomendaciones emitidas no son vincu-lantes para las instancias públicas a quienes van diri-gidas; también es cierto el hecho de que los esfuerzosde nuestro país apuntan a la promoción y respeto dedicho sistema. Prueba de ello es la apertura que, enaños recientes, el Gobierno Mexicano ha mantenido alinvitar a diversos relatores de los Sistemas Universal eInteramericano, las evaluaciones a las que México haacudido ante los Mecanismos y Comités de los mis-mos, la eliminación de distintas reservas a diversosinstrumentos internacionales, y la implementación deacciones como consecuencia del seguimiento a las re-comendaciones y observaciones formuladas por la co-munidad internacional de Estados.

A lo anterior, cabe citar diversos argumentos del PoderJudicial de la federación, tal es el caso de la tesis de ju-risprudencia identificada por los datos siguientes: No-vena Época, Registro: 191486, Segunda Sala, Tesis deJurisprudencia, número 2a./J. 61/2000, que indica:

Actos administrativos. Para cumplir con la ga-rantía de legalidad prevista en el artículo 16constitucional, deben contener el lugar y la fechade su emisión. De conformidad con lo establecidopor el primer párrafo del artículo 16 constitucional,todo acto de molestia debe ser emitido por auto-ridad competente que funde y motive la causa le-gal del procedimiento, entendiéndose por ello quehan de expresarse con precisión las circunstanciasespeciales, razones particulares o causas inmediatasque se hayan tomado en consideración para su emi-


sión, siendo necesario, además, que exista adecua-ción entre los motivos aducidos y las normas apli-cables, es decir, que en el caso concreto se configu-ren las hipótesis normativas. En tal virtud, a efectode satisfacer estos requisitos, es menester que la au-toridad señale con exactitud el lugar y la fecha de laexpedición del acto administrativo, a fin de que elparticular esté en posibilidad de conocer el carácterde la autoridad que lo emitió, si actuó dentro de sucircunscripción territorial y en condiciones de co-nocer los motivos que originaron el acto, los funda-mentos legales que se citen y si existe adecuaciónentre estos elementos, así como la aplicación y vi-gencia de los preceptos que en todo caso se conten-gan en el acto administrativo para preparar adecua-damente su defensa, pues la falta de tales elementosen un acto autoritario implica dejar al gobernado enestado de indefensión, ante el desconocimiento delos elementos destacados. (el subrayado es propio).

Asimismo, es aplicable la tesis que se cita a conti-nuación, identificada con los datos siguientes: No-vena Época, Registro: 18867, Segunda Sala, Aisla-da, número 2a. CXCVI/2001.

Autoridades incompetentes. Sus actos no produ-cen efecto alguno. La garantía que establece el ar-tículo 16 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, denota que la competencia delas autoridades es uno de los elementos esencialesdel acto administrativo. Entre sus característicasdestacan las siguientes: a) requiere siempre de untexto expreso para poder existir; b) su ejercicio esobligatorio para el órgano al cual se atribuye y c)participa de la misma naturaleza de los actos jurídi-cos y abstractos, en el sentido de que al ser creadala esfera de competencia, se refiere a un número in-determinado o indeterminable de casos y su ejerci-cio es permanente porque no se extingue en cada hi-pótesis. Ahora bien, estas características encuentransu fundamento en el principio de legalidad, según elcual, las autoridades del Estado sólo pueden actuarcuando la ley se los permite, en la forma y términosque la misma determina, de tal manera que esta ga-rantía concierne a la competencia del órgano del Es-tado como la suma de facultades que la ley le da pa-ra ejercer ciertas atribuciones. Este principio seencuentra íntimamente adminiculado a la garantíade fundamentación y motivación, que reviste dosaspectos: el formal que exige a la autoridad la invo-

cación de los preceptos en que funde su competen-cia al emitir el acto y el material que exige que loshechos encuadren en las hipótesis previstas en lasnormas. En este sentido, como la competencia de laautoridad es un requisito esencial para la validez ju-rídica del acto, si éste es emitido por una autoridadcuyas facultades no encuadran en las hipótesis pre-vistas en las normas que fundaron su decisión, esclaro que no puede producir ningún efecto jurídicorespecto de aquellos individuos contra quienes sedicte, quedando en situación como si el acto nuncahubiera existido.

Y, de igual modo, la disposición constitucional señala:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su per-sona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sinoen virtud de mandamiento escrito de la autoridadcompetente, que funde y motive la causa legal delprocedimiento.

Toda persona tiene derecho a la protección de susdatos personales, al acceso, rectificación y cancela-ción de los mismos, así como a manifestar su opo-sición, en los términos que fije la ley, la cual esta-blecerá los supuestos de excepción a los principiosque rijan el tratamiento de datos, por razones de se-guridad nacional, disposiciones de orden público,seguridad y salud públicas o para proteger los dere-chos de terceros.”

Ciertamente, en el caso concreto, no se reúne el requi-sito constitucional de la fundamentación y motivaciónrealizada por una Autoridad pues, en el tema que nostrae a colación, se trata de una empresa particular, lacual, no se ha subsumido en las funciones de autoridady, en consecuencia no puede en modo alguno ostentar-se con tal carácter, e infringiendo la esfera jurídica delos particulares. A todas luces, ello constituye una fla-grante violación a los derechos fundamentales de losgobernados y debe de ser terminantemente censuraday, procederse en atención a las obligaciones básicasque corresponden al Estado tratándose de su violación:respetar, proteger, prevenir, garantizar, y, como deriva-do de esta última obligación, investigar, sancionar ycastigar.

Aunado a lo dicho y, como se reafirma en la tesis an-tes citada, el acto realizado en el caso concreto carececompletamente de fundamentación jurídica alguna y,


por tanto de competencia. En consecuencia, debería deser completamente nulo y no tener ningún poder vin-culante, más sin embargo, en el caso que nos ocupa, seaprecia que lejos de hacérsele nulo, se le brindan lasfacilidades municipales para hacer efectiva la conse-cuencia jurídica de un acto que, como hemos visto, nodebería de surtir efecto alguno.

Por lo anterior, y en consonancia con esa línea de ac-ción, el ayuntamiento de Saltillo no puede ni debe serirrespetuoso de la Recomendación número 103/2015que le fue girada por la CDHEC, máxime cuando di-cho gobierno municipal, al igual que todas las autori-dades públicas, forma parte del Estado Mexicano y tie-ne el deber de velar por la protección, respeto ygarantía de los derechos fundamentales de sus gober-nados. Pero además y, por sobre todo, el gobierno mu-nicipal no puede en forma alguna desconocer los pos-tulados constitucionales que le obligan a conducirseconforme a la Constitución y las leyes.

Por lo expuesto, tengo a bien proponer, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Con-greso de la Unión exhorta al presidente municipal deSaltillo, Coahuila de Zaragoza, para que reconsideresu negativa de aceptar la Recomendación número103/2015, que le fue girada por la Comisión de los De-rechos Humanos del estado de Coahuila de Zaragozay, en consecuencia, acepte y de cumplimiento a la mis-ma en todos sus términos.


Diputado Armando Luna Canales (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA GENERACIÓN

DE PROTOCOLOS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS HU-MANOS DE LOS INTERNOS EN EL SISTEMA PENITENCIARIO

MEXICANO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ANTONIA

CÁRDENAS MARISCAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE

MORENA

La que suscribe, María Antonia Cárdenas Mariscal, in-tegrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fun-damento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79,numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámarade Diputados, nos permitimos presentar a considera-ción de esta soberanía la siguiente proposición conpunto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El principal referente normativo del sistema peniten-ciario es el artículo 18 de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos que en su segundo pá-rrafo establece: “El sistema penitenciario se organiza-rá sobre la base del respecto a los derechos humanos,del trabajo, la capacitación para el mismo, la educa-ción, la salud y el deporte como medios para lograr lareinserción del sentenciado a la sociedad y procurarque no vuelva a delinquir, observando los beneficiosque para él prevé la ley.”

A su vez, el artículo primero de la Constitución señalaque la interpretación de las normas relativas a los de-rechos humanos, se hará de “…conformidad con estaConstitución y con los tratados internacionales de lamateria favoreciendo en todo tiempo a las personas laprotección más amplia”. En este sentido, las personasprivadas de su libertad, que son de los grupos más vul-nerables frente al abuso del poder y la violación de de-rechos humanos, podrán disponer de una esfera másamplia de derechos y garantías.

El marco de los instrumentos internacionales tambiéncontempla la supremacía de los derechos humanos delas personas privadas de su libertad. La DeclaraciónUniversal de los Derechos Humanos, la DeclaraciónAmericana de Derechos Humanos, el Pacto Interna-cional de Derechos Civiles y Políticos, las ReglasMínimas para el Tratamiento de los Recursos, las Re-glas mínimas de las Naciones Unidas sobre medidasno privativas de la libertad y todas las resolucionesde instancias multilaterales de protección a los dere-chos humanos, son el telón de fondo de un conjunto


básico de garantías que se deben cumplir por todoslos estados.

Existe sobrepoblación cuando el número de internosexcede los espacios disponibles en el sistema peniten-ciario. México tiene sobrepoblación en la mayoría desus cárceles equivalente a 25 por ciento, cifra que cre-ció en los últimos 10 años y es la Ciudad de México laque registra mayores problemas de hacinamiento, deacuerdo con un informe de la Comisión de DerechosHumanos del Distrito Federal. Uno de cada tres inter-nos del país sobrevive en el Distrito Federal, estado deMéxico o Jalisco. Concentraciones de entre tres mil ytrece mil personas son bombas de tiempo esperandodetonación en los centros penitenciarios.

En la siguiente tabla se muestran los centros peniten-ciarios en México y su capacidad operativa:

Instancia Centros Capacidad Gobierno Federal 15 25,952Gobierno del Distrito Federal 11 22,524Gobiernos Estatales 303 142,758Gobiernos Municipales 91 4,044Total 420 195,278

Reportes de la Comisión Nacional de Derechos Hu-manos y estudios de organismos ciudadanos del país ydel extranjero, cada vez llaman más la atención sobrela bomba de tiempo en que se ha constituido el siste-ma carcelario mexicano donde persisten las condicio-nes inhumanas. El Diagnóstico Nacional de Supervi-sión Penitenciaria de la Comisión Nacional deDerechos Humanos considera que las deficiencias enla clasificación criminológica de los internos, así co-mo la falta de separación entre procesados y senten-ciados en áreas comunes son factores que reducen laeficacia de la reinserción social del interno, uno de loscinco rubros que evalúa dicho diagnóstico.

Ruth Villanueva, visitadora general de la ComisiónNacional de Derechos Humanos señaló que las cárce-les en México tienen una grave crisis y resaltó que 28de los 388 centros penales del país se registra una so-brepoblación de más de 40 por ciento, calificada porlas autoridades penitenciarias como un riesgo crítico.Sin embargo existen prisiones donde el sobrecupo esde cien por ciento.

En el mismo reporte se detalla que 20 centros peniten-ciarios registran una sobrepoblación de más de 20 porciento de su capacidad y particularmente en la Ciudadde México hay tres reclusorios diseñados para mil 200reos y con una capacidad para 6 mil personas, sin em-bargo en la actualidad albergan a 13 mil internos.

Además se menciona que 1 de cada 4 reos no cuentacon un espacio óptimo de habitabilidad, es decir notienen camas, el derecho a la salud se encuentra mer-mado, hacen falta medicamentos, médicos generales,hace falta personal y el personal que está no está ca-pacitado. El autogobierno se registra en 76 centros pe-nales y este problema conlleva a la ingobernabilidad.

En octubre de 2014 el relator de la Organización de lasNaciones Unidas (ONU) Juan E. Méndez constató laflexibilidad en la que se encuentran los penales debidoa la sobrepoblación que rebasa 35 por ciento y por otrolado el acceso a privilegios con los que contaban algu-nos reos como celdas de lujo equipadas, lo que reflejala verdadera imagen de corrupción de las cárceles enMéxico.

Por lo que respecta al evento trágico ocurrido en el pe-nal de Topo Chico, en el municipio de Monterrey, re-ferente al motín ocurrido, la ONU exigió en febrero deeste año, a través de su relator, se establezcan las res-ponsabilidades legales de las autoridades penitencia-rias y que se garanticen los derechos de las familias,que dejaron como resultado 49 muertos y 12 heridos.

Por otro lado, el relator de la Comisión Interamerica-na de Derechos Humanos, James Cavallaro, señalóque durante la visita realizada los días 22 y 24 de sep-tiembre de 2015, observó que en las cárceles existeuna problemática similar, hacinamiento, corrupción,indebida atención médica, falta de privacidad, ausen-cia de oportunidades reales para la reinserción social,maltrato e imposibilidad para presentar quejas1.

Destacó que durante su visita al reclusorio Oriente, seencontró con una sobrepoblación de más de 12 milpersonas, siendo la capacidad del penal de 5 mil 604reos.

Por su parte, en una investigación realizada por el ju-rista y expresidente de la Corte Interamericana de losDerechos Humanos, Sergio García Ramírez y la revis-ta Proceso, se señala que las prisiones en México son


mercados de la miseria humana, donde todo tiene pre-cio. Se ha puesto bajo tarifa todo: la vida, la integri-dad, el alimento, el sexo, y la esperanza de un futuromejor.

De acuerdo con el jurista los verdaderos problemas enlas cárceles en México son la corrupción, la impunidady la falta de preparación en el personal que las guía.“hace falta mejorar la capacitación de los encargadosde las prisiones. Desde los más modestos hasta los másencumbrados, se necesita que tengan la personalidadadecuada para un cargo tan duro como un custodio odirector; no pueden ser analfabetos, deben tener unaformación especializada en materia carcelaria, some-terse a exámenes y a una supervisión constante y efi-caz que permita acreditar que sigue siendo confiablepara una tarea tan delicada”. “Tenemos muchas leyes.Hasta la saturación. Hasta la náusea. Tenemos leyesdesde el plano constitucional hasta los protocolos. Sino tenemos una verdadera profesión de penitenciaris-tas, debidamente calificados y supervisados, de pocosirven las normas y las leyes de que disponemos”.

Otra variante por analizar es la victimización de las fa-milias de los presos. La especialista Catalina PérezCorrea2 concluye que los sistemas penales modernos,especialmente los sistemas deficientes y corruptos co-mo el mexicano, no castigan a individuos, castigan afamilias. Las familias de los presos deben pagar diver-sas cuotas, las relacionadas directamente con las visi-tas como las que se cobran para ingresar las cosas quellevan, para tener una mesa en el área de visitas, parallamar al interno o para ingresas con una prenda de co-lor no permitido. Estas cuotas suelen costar entre 5 y50 pesos y deben ser pagadas en cada visita. Por otrolado, las que tienen que ver con la vida del internodentro del centro son: el cobro para obtener una camadonde dormir y no tenga que hacerlo en el piso o ama-rrado a la reja de la celda, algo que sucede cuando lasobrepoblación de la celda es tal que no caben los in-ternos acostados uno al lado del otro en el piso; paraque no sean castigados o golpeados o para no ser tras-ladados a una peor área.

Los sistemas penitenciarios revelan mucho sobre unasociedad; muestran las dinámicas sociales y el sistemade valores predominantes y premiados. David Garlandescribe que los sistemas penitenciarios son institucio-nes sociales complejas con una variedad de funcionespenales y sociales que van desde la expresión de sen-

timientos punitivos, el deseo de control social, hasta laretribución y exclusión de ciertos individuos o grupossociales. Ciertamente, en México usamos las cárcelesde forma irracional generando daños graves e ilegales,pero invisibles a un importante sector de la sociedad.

La enorme desigualdad de las clases sociales en Méxi-co se reproduce con increíble ostentación en las pri-siones. Botón de muestra, el penal de Topo Chico: unmall con facilidades hoteleras de cinco estrellas paralos capos y sus camarillas, en cuyo sótano la pobrezay el terror trituran las vidas de miles de reos.

Por lo expuesto anteriormente, sometemos a conside-ración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a los titularesde los gobiernos locales y al gobierno federal a que enel ámbito de sus atribuciones, generen los protocolospertinentes para garantizar los derechos humanos delos internos.

Notas

1 Obtenido de: http://www.jornada.unam.mx/2015/10/17/politi-

ca/008n3pol

2 Véase: “Mujeres invisibles: los verdaderos costos de la prisión”,

en Nexos número 456 diciembre de 2015.


Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica)



EJECUTIVO FEDERAL, LA SHCP, LA SECRETARÍA DE

ECONOMÍA Y LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUA-NAS A CUMPLIR LOS TÉRMINOS, ACUERDOS Y ANEXOS DEL

TLCAN SOBRE LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS USA-DOS, A CARGO DEL DIPUTADO DANIEL ADRIÁN SOSA

CARPIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO

CIUDADANO

Daniel Adrián Sosa Carpio, Diputado Federal a laLXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Gru-po Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fun-damento en los artículos 71 fracción II, de la Constitu-ción Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6fracción I y 79 párrafos primero fracción II y segundodel Reglamento de la Cámara de Diputados, somete aconsideración del Pleno de esta Soberanía, la siguien-te propuesta con punto de acuerdo con base en las si-guientes:

Consideraciones

El 17 de diciembre de 1992, fue firmado el Tratado deLibre Comercio, TLCAN, mismo que entró en vigor el1 de enero de 1994, permitiendo beneficiar a diversossectores de la economía nacional, específicamente yen gran medida la industria automotriz.

Actualmente, nuestro país es el principal exportadorde vehículos ligeros a Estados Unidos de América, re-presentando 77.4 por ciento del total de las exporta-ciones, teniendo como segundo destino a Canadá conel 10.7 por ciento y Alemania como tercer lugar con el1.6 por ciento, lo que permite visualizar a la naciónfronteriza del norte como el principal puntos de ventaen lo que refiere al mercado automotriz.

El tiempo en que ha estado en vigor el TLCAN, nues-tro país se ha consolidado como uno de los principalesproductores de autos y autopartes a nivel mundial, ge-nerando que la producción se haya cuadruplicado y laexportación quintuplicado. Así durante el mes de ene-ro del presente año se exportaron a Estados Unidos deAmérica 165 mil 119 vehículos, lo que representó 14.5por ciento del total de vehículos ligeros vendidos enEstados Unidos.

Con el incremento en la producción y la buena calidadde los vehículos fabricados, así como de autopartes enMéxico, la industria automotriz es actualmente trasna-

cional, permitiendo con ello que se instalen en territo-rio nacional nuevas empresas ensambladoras, tales co-mo Fiat, Honda, Toyota, Mazda y Kia, entre otras.

Con la implantación del Tratado de Libre Comercio deAmérica del Norte, a partir de 2009 se permitió la im-portación de automóviles usados modelo 1994, prove-nientes de Estados Unidos de América y Canadá, deacuerdo con lo establecido en el Anexo 300-A.2 delconvenio mencionado

Una de las principales ventajas que han podido alcan-zar con el TLCAN, es el impacto económico para Mé-xico, toda vez que ante la cercanía con Estados Uni-dos, se han podido implementar acciones que generanPyme y estas a su vez, un considerable número de em-pleos para beneficio de miles de familias.

Con la finalidad de fortalecer la economía y promoverla inversión, nuestro país se comprometió a no adoptarni mantener alguna prohibición o restricción al Anexo300-A-2 del Convenio celebrado con América delNorte protegiendo así al sector de la industria automo-triz.

Sin embargo, el decreto por el que se regula la impor-tación definitiva de vehículos usados, publicado el 1de julio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación,ha provocado diversos conflictos y afectaciones al sec-tor automotriz de la frontera norte.

El decreto en comento, fija ordenamientos que alteranel espíritu del TLCAN, además, viola el artículo 133de la Constitución mexicana, que concede el trato deley suprema a la los tratados internacionales a los queMéxico sea parte, tal como lo establece:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Con-greso de la Unión que emanen de ella y todos lostratados que estén de acuerdo con la misma, cele-brados y que se celebren por el presidente de la re-pública, con aprobación del Senado, serán la ley su-prema de toda la Unión. Los jueces de cada entidadfederativa se arreglarán a dicha Constitución, leyesy tratados, a pesar de las disposiciones en contrarioque pueda haber en las Constituciones o leyes de lasentidades federativas.

Es importante mencionar que entre los afectados seencuentran todas aquellas familias con ingresos meno-


res a los 15 mil pesos mensuales, y que no cuentan conla oportunidad de obtener el crédito necesario para lacompra de un auto nuevo. Adicional a lo anterior, de-bemos considerar las deficiencias en el transporte pú-blico y sus problemas de seguridad obligan a las fami-lias a obtener un vehículo por los medios que estén asu alcance, siendo el vehículo extranjero el más comúnde ellos.

La prontitud con la que mucho de los vehículos podrí-an llegar a convertirse en chatarra es uno de los argu-mentos que se contemplan para la importación de ve-hículos usados, sin embargo, la protección a laIndustria Automotriz ya está contenido en los términosacordados y plasmados en el TLCAN desde 1993 y suentrada en vigor el 1 de enero de 1994 y sus anexos300-A, donde se le da un plazo de protección de 1994hasta 2019, cuando queda totalmente liberado.

La estricta regulación del ingreso de vehículos usados,se ha propiciado que más de 80 por ciento de las acti-vidades relacionada con el ramo se vean afectadas;perjudicando principalmente a personas que laboranen lotes de autos, refaccionarias, talleres mecánicos,de hojalatería y pintora, entre otros.

Dado lo anterior, con el presente punto de acuerdo sepropone solicitar al Ejecutivo federal la publicación deun nuevo decreto que facilite y simplifique la importa-ción de vehículos en el espíritu de los términos trata-dos en el TLCAN en 2016 para autos usados con unaantigüedad por lo menos de 4 años.

Así como también a solicitar a los secretarios de Ha-cienda y Crédito Público, al de Economía y al admi-nistrador general de Aduanas, la sujeción al Tratado deLibre Comercio de América del Norte, que se conside-ra ley suprema de conformidad con el artículo 133 denuestra Carta Magna

Por lo expuesto, se propone ante esta honorable asam-blea que se apruebe como urgente y obvia resoluciónlos siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, alsecretario de Hacienda y Crédito Público y al secreta-rio de Economía, a que den cumplimiento a los térmi-nos, acuerdos y anexos del Tratado de Libre Comercio

de América del Norte, específicamente al Anexo 300-A.2 relativo a la importación de vehículos usados pro-venientes de Estados Unidos de América y Canadá

Segundo. Se exhorta al y al titular de la Administra-ción General de Aduanas, para que lleve a cabo las ac-ciones necesarias, a fin de que no establezcan restric-ciones en los horarios de importación, además derestricciones mecánicas o ambientales para la importa-ción de vehículos usados, debiendo cumplir esta obli-gación el comprador final ante las entidades federati-vas, una vez que se cuente con los documentosnecesarios para poder circular.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.

Diputado Daniel Adrián Sosa Carpio (rúbrica)


EJECUTIVO FEDERAL A IMPULSAR LA CREACIÓN DE UN

PROGRAMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS CON

UN PROTOCOLO DE ACCIÓN INMEDIATA, SUSCRITA POR IN-TEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Los suscritos, diputados de la LXIII Legislatura delCongreso de la Unión e integrantes del Grupo Parla-mentario de Morena, con fundamento en los artículos6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II,y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se per-miten presentar a consideración de esta soberanía, lasiguiente proposición con punto de acuerdo de urgen-te u obvia resolución, bajo las siguientes:

Consideraciones

En México existe una epidemia de desapariciones ali-mentada por la incompetencia del gobierno, según uninforme de Amnistía Internacional, las autoridades notienen voluntad para investigar los casos.


El citado informe, presentado el 14 de enero de esteaño, revela que existen más de 27 mil personas des-aparecidas en el país y muchos de los casos derivan dedetenciones por parte de elementos de la Policía o delEjército, además de que en nuestro país no existe unregistro de detenciones, lo cual facilita a las autorida-des el poder evadir toda responsabilidad.

En los últimos años, en nuestro país, alerta la desapa-rición de mujeres jóvenes, pues siete de cada diez per-sonas desaparecidas son niñas-adolescentes de entre15 y 17 años de edad, desapariciones que en su granmayoría concluyen en feminicidio.

La Red por los Derechos de la Infancia en México(Redim) alertó que hay 6 mil 625 niñas, niños y ado-lescentes desaparecidos.1

Aunado a lo anterior, en la Ciudad de México desapa-recieron mil 872 niñas entre 10 y 17 años, quienes tie-nen características físicas similares como son: com-plexión delgada y miden menos de 160 centímetros, loque las convierte en víctimas fáciles en el supuesto deuna desaparición forzada.

Cuando hay desaparecidos con las mismas caracterís-ticas físicas se piensa en fenómenos como la trata depersonas, cualquier tipo de explotación sexual, porno-grafía infantil, prostitución e incluso el tráfico de ór-ganos.

Éste patrón aumenta en las delegaciones fronterizascon el Estado de México, sobre todo en colonias conalta vulnerabilidad, en donde factores como la droga yla violencia hacen que los expedientes aumenten.

Entre los años 2012 y 2014 los casos de desapariciónde menores aumentaron en 191.8%, mientras que lasde los varones aumentaron 14.7%, por lo que se con-cluye que 7 de cada 10 desaparecidos es una mujer.

A nivel nacional, las desapariciones se han concentra-do en los municipios de Matamoros, Reynosa, NuevoLaredo, Tijuana y Ciudad Victoria.

Para combatir la desaparición y/o el secuestro de me-nores, se ha implementado la Alerta AMBER, que esuna asociación voluntaria entre las agencias policíacas,las emisoras de radio y televisión, y las agencias detransportación. Durante una Alerta AMBER, se emite

un boletín urgente informativo a través de las ondas ra-diales y televisivas, así como a través de los rótuloselectrónicos de alerta en las carreteras, a fin de obtenerla ayuda del público para encontrar a un niño secues-trado y detener a la persona responsable del acto.

La Alerta AMBER tiene como objetivo general esta-blecer los mecanismos para la búsqueda y pronta re-cuperación de niñas, niños y adolescentes que se en-cuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a suintegridad personal, por motivo de ausencia, desapari-ción, extravío, privación ilegal de la libertad, no loca-lización o cualquier circunstancia donde se presuma lacomisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacio-nal, misma que ha tenido una funcionalidad del 62% anivel Nacional.2

El porcentaje de la efectividad de la alerta en mención,hace ver a todas luces que existen irregularidades en elservicio, familiares de menores desaparecidos han de-nunciado que las instancias de justicia han aplicadoprácticas dilatorias en cuanto a la emisión de la alertaAMBER, pese a que el objetivo de ésta es localizar ala brevedad posible a los niños y adolescentes desapa-recidos, esto en razón de que en ocasiones se ordena lalocalización de los menores por medio de Locatel.3

Por otra parte, la desaparición de mujeres tiene mayorprevalencia en los estados de Baja California, Tamau-lipas, Guanajuato y Puebla.

La desaparición forzada es un evento que ocurre ennuestro país desde finales de los años 70, hoy en díalas desapariciones continúan, lo que configura un pro-blema grave para la sociedad ante la negativa existen-te por parte de las autoridades, pues la pesadilla co-mienza cuando el Estado no quiere responder con unabúsqueda inmediata, considerando que se encuentranimplícitos delitos como trata de personas y el secues-tro.

Son preocupantes las dificultades que la estructura fe-deral crea; la distribución de competencias, la ausen-cia de una ley general que regule todos los aspectos dela desaparición forzada, la existencia de fuerzas de se-guridad a nivel federal, estatal y municipal, y la posi-bilidad de que los delitos sean investigados a nivel fe-deral o municipal dependiendo de quién haya sido elautor imputado, diluyen la responsabilidad de las au-toridades federales y locales.


En el Informe de Misión a México. Grupo de Trabajo

de la Organización de las Naciones Unidas sobre las

Desapariciones Forzadas o Involuntarias, se propone,entre otras cosas, la creación de un Programa Nacionalde Búsqueda de Personas que cuente con un protocolode acción inmediata, mismo que debe incluir paráme-tros como la búsqueda ex oficio en los casos de des-apariciones, coordinar esfuerzos con diversas agenciasde seguridad, eliminar cualquier obstáculo legal, asig-nar recursos de cualquier tipo para que la búsquedasea exitosa, contar con personal altamente capacitadoen exhumación e identificación de restos mortales ygarantizar que el programa se ejecute con la indepen-dencia presupuestaria.

Según la recomendación de la ONU, el programa de-be implementar una base de datos actualizada perma-nentemente, misma que debe contar con la informa-ción genética de los desaparecidos (ADN y muestrasde tejido obtenidas de restos mortales y de familiaresde víctimas, con su previo consentimiento).

Derivado de lo anterior, debe considerarse la idea degarantizar el derecho a la reparación integral de lasvíctimas de desaparición forzada, siendo ésta propor-cional a la gravedad de la violación y al sufrimiento dela víctima y su familia, garantizando también atenciónmédica y psicosocial, la satisfacción, la indemnizacióny las garantías de no repetición.

En cuanto a los grupos de especial vulnerabilidad sehacen tres recomendaciones: 1) garantizar condicionesde seguridad para defensores de los derechos huma-nos, incluyendo a quienes combaten las desaparicio-nes forzadas de personas y defienden los derechos delas víctimas; 2) establecer un mecanismo nacional deprotección a periodistas, implementado por funciona-rios de alto nivel y un comité interinstitucional con re-cursos propios, que garantice la participación de losperiodistas y de la sociedad civil en su diseño, opera-ción y evaluación y 3) garantizar que las medidas di-señadas para erradicar la violencia contra la mujer, in-cluyendo la desaparición forzada, sean plenamenteimplementadas.

Sin duda alguna lo que más hace falta es la creación deun marco legislativo adecuado, pues la desapariciónforzada es un delito autónomo, el Código Penal Fede-ral y la legislación de las entidades federativas que hantipificado la desaparición forzada, no utilizan la mis-

ma definición, la mayoría se refiere a sólo actos co-metidos por funcionarios públicos, sin incluir la posi-bilidad de que éstas desapariciones forzadas sean per-petradas por grupos organizados o particulares queactúen en nombre del Gobierno o con su apoyo direc-to o indirecto, la ausencia de tipificación autónomacontribuye a la impunidad.

Debido a la impunidad, muchos casos que deberían in-vestigarse como desaparición forzada, son investiga-dos bajo una figura diferente, o peor aún, ni siquierason investigados.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta so-beranía, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Procu-raduría General de la República para que a través de laFiscalía Especial para los Delitos de Violencia contralas Mujeres y Trata de Personas para que agilice la ac-tivación de la alerta AMBER.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecuti-vo Federal para que impulse la creación de un Progra-ma Nacional de Búsqueda de personas que cuente conun protocolo de acción inmediata.

Notas

1 Cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o

Desaparecidas (Rnped)

2 Cfr. http://www.alertaamber.gob.mx/Alerta/ObjetivoGeneral

3 http://elpopular.mx/local/baja-efectividad-de-alerta-amber/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo del 2016.

Diputados: Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Virgilio Dante

Caballero Pedraza (rúbrica), Rodrigo Abdala Dartigues (rúbrica),

Patricia Elena Aceves Pastrana, Miguel Alva y Alva (rúbrica), Je-

sús Emiliano Álvarez López (rúbrica), Alicia Barrientos Pantoja,

Alfredo Basurto Román (rúbrica), Sergio René Cancino Barffuson

(rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Roberto

Alejandro Cañedo Jiménez (rúbrica), Rogerio Castro Vázquez (rú-

brica), Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica), María Chá-

vez García (rúbrica), Araceli Damián González, Laura Beatriz Es-


quivel Valdés (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Mo-

desta Fuentes Alonso (rúbrica), Ernestina Godoy Ramos (rúbrica),

Delfina Gómez Álvarez (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbri-

ca), Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica), Guadalupe Her-

nández Correa (rúbrica), Ángel Antonio Hernández de la Piedra

(rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica), Irma Rebeca

López López, Vidal Llerenas Morales, Renato Josafat Molina

Arias, Montiel Reyes Ariadna, Blandina Ramos Ramírez (rúbrica),

Juan Romero Tenorio (rúbrica), Guillermo Rafael Santiago Rodrí-

guez (rúbrica), Jesús Serrano Lora (rúbrica), Jorge Tello López

(rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Concepción Villa Gon-

zález (rúbrica).


SSA A DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES EM-PRENDIDAS EN EL PROGRAMA DE SALUD BUCAL DE 2015Y LA ESTRATEGIA POR IMPLANTAR PARA 2016, SUSCRITA

POR LAS DIPUTADAS MIRZA FLORES GÓMEZ, ROSA ALBA

RAMÍREZ NACHIS Y MARÍA VICTORIA MERCADO SÁN-CHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO

CIUDADANO

Las que suscriben, Mirza Flores Gómez, Rosa AlbaRamírez Nachis y María Victoria Mercado Sánchez,diputadas federales de la LXIII Legislatura de la Cá-mara de Diputados del honorable Congreso de laUnión e integrantes del Grupo Parlamentario de Mo-vimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuestoen los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, 6, nume-ral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Re-glamento de la Cámara de Diputados, someten a laconsideración de esta asamblea, el siguiente punto deacuerdo, al tenor de la siguiente


“La Salud no lo es todo; pero sin ella,todo lo demás es nada”

Schopenhauer, filósofo alemán.

De acuerdo a la Organización Mundial de Salud, la Sa-lud Bucal se define como la ausencia de dolor orofa-cial crónico, cáncer de boca o garganta, úlceras buca-les, defectos congénitos como labio leporino o paladarhendido, enfermedades periodontales, caries dental ypérdida de dientes, así como otras enfermedades ytrastornos que afectan a la boca y la cavidad bucal.

Las enfermedades bucales, son consideradas comouno de los principales problemas de salud pública de-bido a su alta prevalencia e incidencia en todas las re-giones del mundo.

Representan una carga económica para la población,afectando sobre todo a los más desfavorecidos y mar-ginados socialmente.

En México, los principales problemas bucales ennuestra población son la caries dental y la enfermedadperiodontal. Ambas tienen un alto impacto en la cali-dad de vida de las personas y se pueden prevenir ycontrolar con medidas sencillas y económicas así co-mo, el apoyo de los profesionistas con formaciónodontológica, en conjunto con la comunidad.

A fin de atender y reducir el impacto de las enferme-dades bucales en la población, el Gobierno Federal haestablecido el Programa de Salud Bucal (PSB) que tie-ne como misión : “disminuir la carga de morbilidadbucal en la población a través de medidas para esta-blecer, fortalecer y vigilar, políticas, estrategias y pro-gramas estatales e institucionales, así como evaluar lascondiciones de la salud bucal y ampliar equitativa-mente la atención odontológica con ética, calidad yeficiencia para mejorar la calidad de vida de la pobla-ción”.

Según los últimos resultados del Programa de Preven-ción, Detección y Control de los Problemas de SaludBucal que emitió el Centro Nacional de ProgramasPreventivos y Control de Enfermedades, al cierre del2014 se atendieron en dos Semanas Nacionales de Sa-lud Bucal a 11.8 millones de mexicanos, esto es al10% de la población, señalando que se atendió el con-trol de la placa bacteriana a 6.6 millones de mexica-nos, el 5.59% de los mexicanos.

Esas acciones emprendidas no han atacado de raíz pro-blemáticas destacadas en el Perfil Epidemiológico de laSalud Bucal en México 2010 donde se resaltaba la falta


de recursos humanos, precisando que del total de con-sultas otorgadas por el Sector Salud en el 2009(112,852,415 consultas) el 7.7% fueron odontológicas;cifras bajas considerando que existe un menor númerode dentistas en comparación con el número de médicosgenerales, situación que era aún más grave al considerarla distribución de los consultorios dentales que según delaño 2000 al 2007, el 50% de ellos se ubicaban en las uni-dades médicas, un 42 al 43% en consulta externa, de un5% a un 6% en las de hospitalización general y solo el2% en las de hospitalización especializada.

Desde ese entonces, la falta de recursos humanos, seprecisaba ya como un factor para revertir las cifras quese reportaron en ese momento:

• Entre la población de 6 a 19 años el Promedio delíndice de caries dental en dentición permanente (ín-dice CPOD) promedio fue de 3.8 piezas, cifras quemuestran un incremento en la experiencia de cariesdental con la edad, encontrándose el más alto a los19 años con un promedio de 7.3 dientes y conclu-yendo que aproximadamente la mitad de los niñosde 2 años de edad tienen caries.

• En los adultos, los hombres mostraron un valorpromedio más elevado de dientes permanentes pre-sentes que las mujeres (28.1 y 27.4 respectivamen-te) siendo 32 el total de diente que todo ser humanodebe tener.

• Lo anterior, refleja que México tiene un problemade salud bucal grave del cual poco se habla pero querepercutirá en el bienestar de los más vulnerables.

Por lo anterior, consideramos que es fundamental queel Gobierno Federal garantice la salud pública en lapoblación a través de actividades curativas, preventi-vas y evite mutilaciones, fundamentalmente vía la am-pliación de la atención odontológica con ética, calidady eficiencia para mejorar la calidad de vida de la po-blación, asegurándose que los planificadores de saludy los tomadores de decisiones contemplen y cuentencon el número indicado de personas, con las habilida-des necesarias, en el lugar correcto y en el momentooportuno para ofrecer los servicios conforme a las ne-cesidades de salud, a un costo asequible.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración deesta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosa-mente a la Secretaría de Salud y su titular, doctor JoséNarro Robles para que haga públicas las cifras con losresultados de las acciones emprendidas por el progra-ma de prevención, detección y control de los proble-mas de salud bucal 2015, así como la estrategia que seimplementará para asegurar en el año 2016 la sufi-ciencia de los recursos humanos y materiales necesa-rios para atender la salud bucal de los mexicanos, queal día de hoy es deficitaria según el perfil epidemioló-gico de la salud bucal en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 3 de marzo de 2016.

Diputadas: Mirza Flores Gómez, Rosa Alba Ramírez Nachis, Ma-

ría Victoria Mercado Sánchez (rúbricas).

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA EL JE-FE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A RESPETAR

EL ESTADO DE DERECHO POR SUS SERVIDORES PÚBLICOS,A CARGO DEL DIPUTADO VIRGILIO DANTE CABALLERO

PEDRAZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Los que suscriben, diputados federales a la LXIII Le-gislatura de la Cámara de Diputados del honorableCongreso de la Unión e integrantes del Grupo Parla-mentario del Partido Morena, con fundamento en lodispuesto por los artículos 3 numeral 1, fracción XIX,79 numeral 2, fracción III del Reglamento para la Cá-mara de Diputados, sometemos a la consideración deesta H. Asamblea el siguiente punto de acuerdo, se-gún los sucesivos:

Hechos

I. Que el artículo 1o. de la Norma Suprema disponecomo obligaciones generales de las autoridades del


Estado Mexicano, las consistentes en respetar, pro-teger, garantizar y promover los derechos huma-nos, de conformidad con los principios rectores deuniversalidad, interdependencia, indivisibilidad y pro-gresividad.

Que dentro de los derechos humanos, nuestra NormaSuprema contempla el derecho a un medio ambienteadecuado para el desarrollo y bienestar de las perso-nas, que como derecho fundamental y garantía indivi-dual consagra el artículo 4o., párrafo quinto, de la leyde leyes, se desarrolla en dos aspectos: a) en un poderde exigencia y un deber de respeto erga omnes apreservar la sustentabilidad del entorno ambiental,que implica la no afectación ni lesión a éste (efica-cia horizontal de los derechos fundamentales); y b)en la obligación correlativa de las autoridades devigilancia, conservación y garantía de que seanatendidas las regulaciones pertinentes (eficacia ver-tical).1

Que por otra parte, el artículo 2 del Pacto Internacio-nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturalesprevé obligaciones de contenido y de resultado; aqué-llas, de carácter inmediato, se refieren a que los dere-chos se ejerciten sin discriminación y a que el Estadoadopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas,concretas y orientadas a satisfacer las obligacionesconvencionales, mientras que las de resultado o me-diatas, se relacionan con el principio de progresividad,el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de fle-xibilidad que refleje las realidades del mundo y las di-ficultades que implica para cada país asegurar la plenaefectividad de los derechos económicos, sociales yculturales. En esa lógica, teniendo como referente elderecho de toda persona al disfrute del más alto nivelposible de salud física y mental contenido en el artícu-lo 12 del citado pacto, se impone al Estado mexicano,por una parte, la obligación inmediata de asegurar a laspersonas, al menos, un nivel esencial del derecho a lasalud y, por otra, una de cumplimiento progresivo,consistente en lograr su pleno ejercicio por todos losmedios apropiados, hasta el máximo de los recursos deque disponga. De ahí que se configurará una viola-ción directa a las obligaciones del Pacto cuando, en-tre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adoptemedidas apropiadas de carácter legislativo, adminis-trativo, presupuestario, judicial o de otra índole, paradar plena efectividad al derecho indicado.2

Luego entonces, todas las autoridades en el ámbito desu competencia deberán actuar para prevenir y en sucaso corregir cualquiera de las violaciones de derechoshumanos contempladas en el Código Político de 1917o bien, en pactos internacionales de los que el Estadomexicano sea parte.

La corrupción ha llevado a la descomposición del ré-gimen político que padecemos y como legisladoresasumimos el compromiso de luchar contra esta lacraque afecta a los mexicanos y a las instituciones públi-cas y entre otros aspectos que no se vulneren los dere-chos humanos.

La Ciudad de México no escapa a tales prácticas, puesen la colonia Unidad Habitacional El Rosario, en Ave-nida de las Culturas con número de predio catastral050_717_01, entre las calles de Oxígeno e Hidrógenoen la delegación Azcapotzalco, pretendían instalar unCentro de Verificación de Emisiones Vehiculares, másconocido como verificentro, el cual se encuentra a uncostado de dos escuelas de educación pública: la es-cuela primaria “Salvador Varela Reséndiz” y el jardínde niños “Rudyard Kipling”. Además dicho predio seencuentra dentro de una zona habitacional donde seencuentran niños, niñas y personas de la tercera edadviviendo actualmente.

II. El 11 de junio del 2015, al manifestarse los habi-tantes de la unidad habitacional el Rosario Sector 2Fy vecinos de la zona, se hizo un cierre de la circula-ción en la avenida de las Culturas en ambos sentidoscomo resultado de las protestas y cierre de la circu-lación. Derivado de ello, se presentó un representan-te de la delegación Azcapotzalco para conocer laproblemática y se acordó hacer una investigación afondo.

Se hizo una clausura ciudadana y se convocó a plati-cas conciliatorias por parte de la delegación que en esemomento era dirigida por el PRD.

Derivado de lo anterior, se realizaron reuniones en elcentro de negocios de Azcapotzalco. El 25 de junio de2015, acudió el responsable de proyectos de los verifi-centro, el cual no aportó documentación alguna querespaldara el funcionamiento del citado Centro de ve-rificación y sin llegar a ningún acuerdo, se continuócon la clausura ciudadana.


III. Posteriormente se realiza otra reunión a la queacudieron los representantes de Secretaría de Desarro-llo Urbano y Vivienda “Seduvi” y de la Secretaría delMedio Ambiente para que acreditaran las razones dehecho y de derecho, argumentando las razones por lasque se habían otorgado los permisos, quebrantando to-da disposición jurídica y normativa al respecto.

En dicha reunión, los presuntos propietarios del verifi-centro acudieron con el responsable de proyectos, in-geniero Alejandro Rangel y dos abogados, por parte deellos.

De la Secretaría del Medio Ambiente acudió como re-presentante el licenciado Carlos Solares, y por parte dela Secretaría de Gobierno, la licenciada Nayeli Burgosdel área de patrimonio. Dichos representantes en nin-gún momento acreditaron con documentos fehacientesel cumplimiento de requisitos y disposiciones norma-tivas que sustentaran los permisos respectivos, agre-gando el representante de la Secretaría del Medio Am-biente, que el permiso ya lo tenían los supuestosdueños y que solo se solicitaba un cambio de domici-lio, el cual ya se había otorgado.

En la misma reunión se exhibió una escritura de la com-praventa del bien inmueble con número de predio050_717_01, y con número de escritura: 3756 volumennúmero CXVI de la Notaria 3 del Distrito Judicial deCuautitlán de Romero Rubio con el Notario, el licencia-do Axel García Aguilera, de la cual en ningún momentose les permitió revisar o proporcionar copias simples.

Cabe destacar que el citado predio, en los archivos dela Seduvi aparece en la calle Oxígeno S/N con un usode suelo inexistente, sin propietario, con uso cultu-ral y giro de educación.

IV. Desde entonces, los habitantes han exigido que serespeten los derechos humanos de las niñas y niños,así como de los adultos mayores, a la protección de lasalud y a un ambiente sano para su desarrollo y bien-estar. Sin embargo, como respuesta fueron agredidospor quienes en su momento estaban en la DelegaciónAzcapotzalco, manifestándoles que “no podían hacernada ya que todo estaba en regla”, desalojándolosde manera violenta.

Una semana después, se presentaron los presuntospropietarios del verificentro con elementos de la Se-

cretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal ypersonas físicas- guarda espaldas- , haciendo uso deviolencia física y moral, así como amenazando a loshabitantes de la Colonia de la Unidad Habitacional ElRosario, con armas de uso exclusivo del ejército y to-mando posesión del inmueble; varios habitantes acu-dieron ante la Procuraduría General de Justicia delDistrito Federal y específicamente en la representa-ción social número 40, en donde se negaron a tomarsu declaración a pesar de que los habían agredido, re-mitiéndolos a la Procuraduría General de la Republica(PGR), la cual también fue omisa.

La prepotencia, violencia y amenazas de los presuntospropietarios continuó e iniciaron la construcción en elpredio, levantando bardas e introduciendo maquinariapara el funcionamiento del verificentro. Gracias a laintervención y sensibilidad del delegado de Azcapot-zalco actual, el citado verificentro fue clausurado el 26de febrero del presente año.

El Grupo Parlamentario de Morena, tiene como com-promiso combatir y denunciar la corrupción, las injus-ticias, el autoritarismo, los abusos del poder dondequiera y contra quien sea que se presenten.

Es nuestro deber hacer frente a la adversidad, fortale-cer nuestros principios y convocar al pueblo de Méxi-co a un nuevo episodio de la lucha por su dignidad.

Por lo anteriormente expuesto y por los actos de co-rrupción en que han incurrido servidores públicos dela Ciudad de México, sometemos a la consideración deesta Soberanía el siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados, con pleno respetode sus atribuciones, solicita al jefe de gobierno delDistrito Federal para que por su conducto requiera alas Secretarías de Medio Ambiente, para que revise elpermiso expedido para el funcionamiento del verifi-centro que vulnera los derechos humanos de las niñasy niños, así como de los adultos mayores, a la protec-ción de la salud y a un ambiente sano para su desarro-llo y bienestar; de Desarrollo Urbano y Vivienda paraque difunda y haga públicos los usos de suelo; de Edu-cación Pública del Distrito Federal, para que publiquelos razonamientos que tuvo a bien para permitir y au-torizar el funcionamiento y de Seguridad Pública del


Distrito Federal para que publique las consideracionesde hecho y de derecho por las que autorizo a los ele-mentos de seguridad pública a reprimir a las habitan-tes de la Unidad Habitacional el Rosario, socavandolos derechos fundamentales de asociación, expresión ylibertad de tránsito.

Asimismo, requiera al Instituto de Verificación Admi-nistrativa del Distrito Federal “INVEA” para que pu-blique los certificados de zonificación del inmueble,para establecer los usos y giros del inmueble y al Re-gistro Público de la Propiedad del Distrito Federal pa-ra que exhiba y haga públicas los antecedentes de lasescrituras del predio.

Que además, se realicen las investigaciones pertinen-tes a efecto de establecer las responsabilidades admi-nistrativas por los actos u omisiones en que hayan in-currido los servidores públicos del Distrito Federal delas secretarias antes mencionadas.

Segundo. Esta Representación Nacional, con plenorespeto de sus atribuciones requiere a las Procuradurí-as General de la República y del Distrito Federal, paraque Investigue los delitos del orden federal y común,cometidos por servidores públicos y personas físicasen contra de los habitantes de la unidad habitacional ElRosario.

Notas

1 Jurisprudencia: I.4o.A. J/2 (10a.),de la Décima Época, emitida

por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Sema-

nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre

de 2013, Tomo 3, consultable en la página 1627.

2 Tesis 2a. CVIII/2014 (10a.) de la Décima Época, emitida por la

Segunda Sala de la SCJN, Libro XII, Noviembre de 2014, Tomo I,

consultable en la página 1192.


Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, (rúbrica)


SEGOB A REFORZAR LA SEGURIDAD INTERNA DE LOS PE-NALES BAJO SU JURISDICCIÓN, RESPETANDO LOS ESTÁN-DARES Y TRATADOS INTERNACIONALES, A CARGO DEL DI-PUTADO DANIEL ADRIÁN SOSA CARPIO, DEL GRUPO


Daniel Adrián Sosa Carpio, diputado a la LXIII Legis-latura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamen-tario de Movimiento Ciudadano, con fundamento enlos artículos 71, fracción II, de la Constitución Políti-ca de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, y79, párrafo primero, fracción II, y segundo del Regla-mento de la Cámara de Diputados somete a considera-ción del pleno de esta soberanía la siguiente propuestacon punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Al presentarse dos motines en menos de un mes en pe-nales del estado de Nuevo León y Tamaulipas, es ne-cesario que las autoridades federales lleven a cabo ac-ciones que permitan reforzar los parámetros ylineamientos de seguridad establecidos al interior delos centros de rehabilitación tanto estatales como fe-derales.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía(Inegi), señalan que en el año 2012 fueron procesadaspor delitos del fuero federal 39 mil 253 personas, de lascuales 36 mil 192 son hombres y 3 mil 61 mujeres.Además, 146 mil 981 hombres y 16 mil 465 mujeresfueron procesados por delitos del fuero común, dandoun total de 163 mil 446 personas a nivel nacional.

Cabe señalar que en el fuero común se sentenció a 108mil 216 personas, de las cuales 23 mil 5 tenían de 20 a24 años de edad y 20 mil 931 contaban entre 25 a 29años, cifras que señalan que personas no mayores de30 años, ya tenían una sentencia.

Estados como Jalisco, México, Ciudad de México, Ta-maulipas, entre otros, son las principales entidadesdonde se cometen el mayor número de delitos a nivelnacional, lo que obliga a las autoridades de dichos es-tados, a implementar medidas inmediatas para poderreducir la comisión de más conductas delictivas.

Tal como lo menciona la Ley que Establece las Nor-mas Mínimas sobre Readaptación Social de Senten-


ciados, las autoridades pueden llevar a cabo accionesque permitan vigilar a los internos, específicamente alos que requieran medidas especiales de seguridad,misma que debería de ser constante.

Con base en lo anterior, revisiones minuciosas de cel-das, cambio de dormitorio, módulo, nivel, sección, es-tancia y cama, así como monitoreo constante con cá-maras de vigilancia, entre otras, son medidas que sedeben implementar al interior de los centros de reha-bilitación social de nuestro país de manera permanen-te.

Cabe resaltar que estas medidas deben ser de maneraimprevista y sorpresiva por parte de las autoridades, yaque de esta manera se podrá tener conocimiento de lasfallas o delitos flagrantes que se cometen al interior delos centros, sin que los internos puedan esconder lasevidencias y evadir responsabilidades.

Las visitas que realizan las autoridades penitenciariascon el fin de corroborar las condiciones en las que vi-ven los internos no han sido efectivas, en algunos ca-sos no son realizadas por personal independiente de laadministración de la prisión o por inspectores califica-dos y experimentados. Lo anterior da lugar a que sepasan por alto condiciones potencialmente adversas.

Una de las principales herramientas para la readapta-ción de los sentenciados es el trabajo y la capacitaciónpara el mismo; sin embargo, no todos los internos lle-van a cabo estas acciones para su readaptación por loque muchas ocasiones suelen cometer delitos dentrode los centros.

Es importante mencionar que el trato que debe recibircada interno tiene que ser el adecuado con el fin de queel incorporarse a la sociedad, lo haga de una maneraque le permita convivir de la mejor forma posible en ellugar donde se desarrolle; sin embargo, los tratos quese dan en los centros de rehabilitación no suelen serlos adecuados, por lo que al quedar en libertad, las per-sonas suelen cometer nuevamente delitos.

La sobrepoblación dentro de los centros dada en algu-nos casos por la mala distribución de los internos es unfactor más que afecta las condiciones de vida y entor-pecen el funcionamiento del sistema penitenciario entodo el territorio nacional.

Un ejemplo es el estado de Tamaulipas, donde losCentros de Ejecución de Sanciones (Cedes) ubicadosen Ciudad Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo y Tula,actualmente se encuentran sobrepoblados, esto deacuerdo a cifras del Sistema Penitenciario Nacional, loque en porcentaje se traduce que más de 50 por cientode los centros están rebasados en su capacidad.

México, siendo parte de la comunidad internacional,está obligado a respetar y aplicar las normas interna-cionales, mismas que entre otras cosas dictan que ca-da interno debe disponer de una cama individual, ali-mentación de buena calidad y en cantidad suficiente,la posibilidad de proveerse de agua potable cuando lonecesite, cualquier tratamiento médico necesario quedebe ofrecerse de forma gratuita, locales con suficien-te volumen cubico de aire, calefacción y ventilación.

Estas normas también señalan que el uso de la fuerza,incluido el uso de armas de fuego sólo debe permitir-se cuando las medidas menos extremas no sean sufi-cientes para impedir la evasión o en defensa propia ode otras personas por la eminente amenaza de muerte.

Es necesario que se refuercen los sistemas de seguri-dad al interior de los penales que se encuentran en elterritorio nacional, permitiendo con ello reducir losmotivos que dan origen a las riñas o motines en loscentros de rehabilitación social.

Por ello someto a consideración de esta honorableasamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación paraque por medio de Comisión Nacional de Seguridadlleve a cabo las acciones necesarias para reforzar la se-guridad interna de los penales que se encuentran bajosu jurisdicción. Respetando los estándares y tratadosinternacionales en la materia, a fin de asegurar el bien-estar y respeto a los derechos de sus internos, gene-rando una apropiada rehabilitación que permita unaexitosa reinserción social.


Diputado Daniel Adrián Sosa Carpio (rúbrica)



GOBERNADOR Y LA PGJ DE CHIAPAS A RESOLVER EL CON-FLICTO LABORAL SUSCITADO EN LA UNIDAD ACADÉMICA

DE LAS MARGARITAS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTU-RAL DE CHIAPAS, SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRU-PO PARLAMENTARIO DE MORENA

Las y los que suscriben, diputadas y diputados delGrupo Parlamentario de Movimiento de RegeneraciónNacional, Morena, ante la LXIII Legislatura del hono-rable Congreso de la Unión, de conformidad con lo es-tablecido en los artículos 6, fracción primera, y 79, nu-merales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara deDiputados, someten a consideración de esta honorableasamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de lassiguientes

Consideraciones

Situada en uno de los polos de la región tojolabal deChiapas, la Unidad Académica de Las Margaritas de laUniversidad Intercultural de Chiapas, Unich, se hamantenido en un proceso de defensa de los ideales yfundamentos de ésta, enmarcados en la obligación delEstado mexicano de garantizar que las y los jóvenes deorigen indígena accedan a una educación profesionalcon pertinencia cultural y contextual. Sin embargo, lasautoridades universitarias, empeñadas en contradecirsus principios fundacionales, han protegido a docentesdenunciados por prácticas de discriminación contramiembros de comunidades indígenas y han roto siste-máticamente los acuerdos suscritos por ellas conmiembros de la comunidad universitaria.

Desde que tomó posesión en agosto de 2015, el rectorMiguel Ángel Yáñez Mijangos ha ordenado accionespara desmoronar los ideales y fundamentos de laUnich, y ejercer un control casi incontestable sobre launiversidad. Para lograrlo, despide a docentes que nose alinean a su mandato y acosa laboralmente a quie-nes que se oponen a sus prácticas autoritarias. Ade-más, ha desinformado a la comunidad universitaria so-bre el presupuesto real asignado a la UNICH, tantofederal como estatal, para manejar discrecionalmentelos recursos disponibles para las unidades.

La comunidad universitaria de la Unidad Académicade Las Margaritas, uno de los cinco planteles de laUnich (la sede central se encuentra en San Cristóbal deLas Casas y otras cuatro unidades académicas están en

Oxchuc, Yajalón y Salto de Agua), ha rechazado prác-ticas y tratos que violentan tanto los principios recto-res de la Unich como los derechos de los pueblos in-dígenas. Bajo tal premisa, por ejemplo, se demandó yacordó con el ex rector Oswaldo Chacón Rojas (2 deagosto de 2014) el despido inmediato de un grupo deprofesores encabezados por Antonio de Jesús NájeraCastellanos, por haber incurrido en prácticas discrimi-natorias contra miembros de la comunidad universita-ria de Las Margaritas y el pueblo tojolabal en su con-junto. Sin embargo, los acuerdos han sido incumplidospor la pasada y actual administración. Por el contrario,a varios de ellos se les mantiene en la nómina de laUnich en calidad de “aviadores”, percibiendo ingresosmensuales sin laborar en la universidad. Ante estos he-chos, la comunidad universitaria de Las Margaritas hadenunciado y se ha opuesto a las imposiciones y arbi-trariedades del rector Miguel Ángel Yáñez.

Conscientes de que las universidades interculturalesson un espacio en donde debe primar el respeto y re-conocimiento de la diversidad cultural y lingüística deChiapas y México, maestros y estudiantes de la unidadacadémica de Las Margaritas juzgaron inaceptable quese mantuviera en el seno del campus universitario adocentes y administrativos que en sus actos cotidianoscontradecían el espíritu y el sentido que debe regir so-bre la Universidad Intercultural de Chiapas.

Pese a estos loables esfuerzos, el martes 23 de febrerode 2016, la Rectoría llamó a la coordinadora académi-ca de Las Margaritas, Yaneth del Rosario Cruz Gómez,a presentarse en el plantel de San Cristóbal de Las Ca-sas para firmar su renuncia. Les acompañaron en cali-dad de testigos representantes de la Comisión Estatalde los Derechos Humanos y de la Secretaría de la Fun-ción Pública estatal. Ella no aceptó ni firmó la renun-cia, pues sabía que no existían razones objetivas paraexigir su deposición del cargo en el plantel situado enla región tojolabal de la que ella es originaria.

Posteriormente, el miércoles 24 de febrero, Karen Ba-llinas –funcionaria del gobierno del estado– acudió alas instalaciones de la Unich en compañía de LorenzoLópez Méndez –ex presidente del entonces ConsejoEstatal de Derechos Humanos–, para presentarlo comoel nuevo coordinador académico. Cabe mencionar queLorenzo es tzeltal. La comunidad universitaria no loaceptó, pues observó que no existía justificación algu-na para la remoción de la coordinadora y que más bien


se trataba de una imposición del rector. A Lorenzo sele recriminó por respaldar los intereses opacos del rec-tor.

Durante el intento de imposición del nuevo coordina-dor académico, estudiantes y docentes presentes en lasede de Las Margaritas exigieron a la funcionaria degobierno y a Lorenzo el apersonamiento del rector, afin de que constatara y resolviera personalmente lasmuchas situaciones anómalas que habían estado perju-dicando a la comunidad universitaria de la UNICH, yen particular, a la Unidad Académica de Las Margari-tas. Por acuerdo del Consejo Ciudadano Universitario,CCU, se indicó a tales autoridades que habrían de per-manecer en la sede universitaria hasta que el rector hi-ciera acto de presencia. En respuesta, Karen Ballinasexpresó a estudiantes y docentes que ella no se iría dellugar hasta que se llegase a una resolución. Sin em-bargo, no hubo respuesta alguna por parte del rector alas llamadas hechas por la funcionaria.

Docentes y estudiantes de la Unich acordaron trasla-darse la tarde del jueves 25 de febrero, junto con auto-ridades de comunidades tojolabales que integran elCCU, a una reunión con autoridades de la Unich en lasoficinas de la Subsecretaría de Gobierno Región XVMeseta Comiteca-Tojolabal, a fin de consensar unacuerdo que diera solución al conflicto provocado porel rector. De dicho diálogo emanó la firma de una Mi-nuta de Acuerdos tomados entre ambas partes. En lacláusula Vigésima Segunda de dicha minuta se acordóque “la rectoría, secretaría académica, apoderado legaly/o quien resulte interesado con derecho alguno de ac-ción por ejercitar dependientes de la UNICH, se desis-ten de cualquier acción penal, civil, administrativa ode cualquier índole que pudiera ejercitarse en contrade la Coordinadora, cuerpo docente, cuerpo adminis-trativo, alumnado y/o quien más resulte involucradoen la presente controversia”.

Sin embargo, el viernes 26 de febrero, el CCU tuvo co-nocimiento de fuentes confiables que contraviniendola minuta de acuerdos que esa tarde había sido suscri-ta, Karen Ballinas presentó querella contra Yaneth delRosario Cruz Gómez, Edith Vázquez Hernández, Ale-jandra Monette Álvarez Castillo, Agustín Ávila Ro-mero, Valentín Argüello Rodríguez, José Luna Jimé-nez y Oliber Rodríguez Gómez. De forma inmediatase integraron carpetas de investigación que fueron re-mitidas al juzgado penal en Comitán. La tarde de ese

mismo viernes, el CCU convocó a asamblea y acordódar protección y resguardo en comunidades tojolaba-les del municipio de Las Margaritas a las profesoras yprofesores que en ese momento corrían el riesgo deperder su libertad ante acusaciones falsas fabricadaspor el rector Miguel Ángel Yáñez.

Todos estos hechos suman a una campaña emprendidadesde hace años por desantropologizar el proyecto ori-ginal sobre el que la Unich fue fundada, fracturando laactividad académica al interior de la universidad a cos-ta del empoderamiento de una cúpula de trabajadoresvinculados al rector. Estas acciones han propiciado ladimisión y despido masivo de profesores, la inmensamayoría con estudios de posgrado, comprometidoscon la investigación y la generación de conocimientoal servicio de una educación de calidad. La migraciónforzada de talentos docentes y la priorización de crite-rios personales o familiares por sobre los logros aca-démicos no sólo representa una afrenta contra los de-rechos de los trabajadores, sino que constituye unperjuicio directo contra el derecho que poseen los jó-venes estudiantes de la Unich a recibir una educaciónde la más alta calidad.

Destacan casos como el de la maestra Claudia Mos-queda, especialista en temas de vinculación comunita-ria, despedida durante el verano de 2012 y quien aho-ra coordina el programa regional de la FundaciónKellog´s en los Altos de Chiapas, coadyuvando a laconsolidación de comités municipales para el desarro-llo rural y procesos de soberanía alimentaria. O el deldoctor Héctor Ulises Bernardino, autor de múltiplesartículos científicos y actualmente profesor investiga-dor adscrito a la Universidad Autónoma Benito Juárezde Oaxaca. O el maestro David Andrade, quien fueradespedido en 2012 junto con otros doce profesores dela unidad de Yajalón, especialista en patrimonio cultu-ral y miembro del círculo de escritores de Chiapas. Oel destacado cuentista y poeta chiapaneco AlejandroAldana, quien dimitiera del cargo de director de la uni-dad Yajalón a causa de las constantes trabas que reci-bía por parte de la administración central. A esta listade notables académicos se suma el doctor Óscar Sán-chez Carrillo, profesor investigador actualmente des-empeñándose en la UNAM, la maestra Edith Cervan-tes, fundadora de la cooperativa de café orgánicoMajomut y experta en temas de economía social, eldoctor Jorge Magaña y la doctora Sophia Pîncemin,investigadores y miembros de la red de estudios indí-


genas de América Latina, la doctora Ivonne Sánchez,ganadora de la cátedra Consejo Nacional de Ciencia yTecnología en el Centro de Investigación y EstudiosSuperiores en Antropología Social, entre muchos más.La presión contra académicos de notorio prestigio haafectado incluso a docentes chiapanecos de origen in-dígena. Tal es el caso del doctor Juan Jesús ÁlvarezVázquez, de origen chol, quien pese a contar con undoctorado por parte de la Universidad de Texas, le fue-ron negadas horas clase el año pasado.

Lejos de ser un espacio abierto, comprometido con elmáximo desarrollo intelectual y académico de las y losjóvenes indígenas de Chiapas, la Unich se ha conver-tido en el feudo de una pandilla de corruptos, en don-de domina el acoso laboral, estigmatización, discrimi-nación y afectación de los derechos humanos dedocentes que, lejos de consentir la avaricia de una cú-pula mafiosa, se dedican día con día al desarrollo delos talentos y capacidades de sus estudiantes, alentan-do el pensamiento crítico y la reivindicación del mo-delo de educación intercultural.

Cabe destacar que la fracción VII del artículo 3o. de laCarta Magna, versa en lo siguiente:

Las universidades y las demás instituciones de educa-ción superior a las que la ley otorgue autonomía… re-alizarán sus fines de educar, investigar y difundir lacultura de acuerdo con los principios de este artículo,respetando la libertad de cátedra e investigación y delibre examen y discusión de las ideas… Las relacioneslaborales, tanto del personal académico como del ad-ministrativo, se normarán por el apartado A del artícu-lo 123 de esta Constitución, en los términos y con lasmodalidades que establezca la Ley Federal del Traba-jo conforme a las características propias de un trabajoespecial, de manera que concuerden con la autonomía,la libertad de cátedra e investigación y los fines de lasinstituciones a que esta fracción se refiere.

Por tanto, como garantes de la Carta Magna, los legis-ladores estamos obligados a condenar con contunden-cia estos hechos, pues de lo contrario estaremos ava-lando la perpetuación de la infección del amiguismo,las canonjías a sindicatos al servicio de intereses polí-ticos y económicos, la malversación y desfalco de re-cursos públicos destinados a la formación estudiantil,el despido arbitrario de académicos de amplia trayec-toria, la política del “aviadurismo”, la intolerable dis-

criminación étnica en una institución que en principiodebiera pugnar por lo contrario y en última instancia,el ocaso de la otrora considerada mejor universidad in-tercultural de México, la Unich.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de estasoberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobernador de Chiapas, Ma-nuel Velasco Coello, para que garantice el cumpli-miento de la minuta de acuerdos firmada en reunióncelebrada el 25 de febrero de 2015, con presencia derepresentantes de la Secretaría del Gobierno del esta-do y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya que se adopten medidas precautorias para salvaguar-dar la vida, integridad y libertad de docentes, estu-diantes y miembros del Consejo Ciudadano Universi-tario, así como de las comunidades de la regióntojolabal que resguardan a los profesores y profesorasdenunciados.

Segundo. Se exhorta al rector de la Universidad Inter-cultural de Chiapas a que cese de inmediato el hosti-gamiento laboral y la criminalización contra docentes,estudiantes y demás miembros de la comunidad uni-versitaria responsables sólo de defender los principiossobre los que está cimentado proyecto intercultural dela Unich.

Tercero. Se exhorta a la Procuraduría General Judicialdel estado de Chiapas para que en el marco de sus fa-cultades revise con base en el nuevo marco de justiciaprocesal las carpetas de investigación relativas a lasquerellas en contra de Yaneth del Rosario Cruz Gó-mez, Edith Vázquez Hernández, Alejandra MonetteÁlvarez Castillo, Agustín Ávila Romero, Valentín Ar-güello Rodríguez, José Luna Jiménez y Oliber Rodrí-guez Gómez y dictaminen, en su caso, el no ejerciciode la procedencia.


Diputados: Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica), Ma-

rio Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica), Modesta Fuentes Alonso (rú-

brica), Roberto Alejandro Cañedo Jiménez.



SEGOB Y LA PGR A SALVAGUARDAR LA VIDA, INTEGRI-DAD Y LIBERTAD DE LA DEFENSORA DE LOS DERECHOS

HUMANOS ALEIDA QUINTANA, A CARGO DEL DIPUTADO

JUAN ROMERO TENORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DE MORENA

Juan Romero Tenorio, en mi calidad de diputado delGrupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legisla-tura del honorable Congreso de la Unión, con funda-mento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1,fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, frac-ciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputa-dos, someto a consideración de esta honorable asam-blea la siguiente proposición con punto de acuerdo, altenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. Que el 18 de junio de 2015 la Red Nacionalde Defensoras de Derechos Humanos en México(RNDDHM) conformada por 180 defensoras de dere-chos humanos, integrantes de 97 diversas organizacio-nes de la sociedad civil, hicieron un llamado urgente alGobernador Constitucional del Estado de Querétaro,en el que exigían garantías de seguridad para la defen-sora de derechos humanos Aleida Quintana, activistadedicada a difundir casos de desapariciones, trata depersonas y feminicidios e integrante del Grupo Inter-disciplinario Tékéi, colectivo que documenta y daacompañamiento a familiares de personas desapareci-das en el estado de Querétaro.

En este llamado se hacía del conocimiento del gober-nador del Estado que durante los meses de mayo y ju-nio de 2015, la defensora ha registrado diversos inci-dentes de seguridad que pueden estar vinculados a lalabor que realiza, principalmente para visibilizar ladesaparición de personas en Querétaro.

El 14 de junio de 2015 hombres desconocidos arriba-ron a su casa a las 3:30 de la mañana preguntando poruna persona que no habita en dicho lugar, al día si-guiente, familiares de Aleida Quintana recibieron a las7:13 de la mañana, la llamada de un hombre que seidentificó con el nombre de la persona que había sidobuscada el día anterior.

Dicho acto intimidatorio se suma a otros incidentes deseguridad que han sido documentados desde 2013 por

la propia defensora y la Red Nacional de Defensorasde Derechos Humanos en México RNDDHM. Entrelos que se encuentran la agresión por parte de servido-res públicos del Gobierno del Estado, quienes a travésde actos de hostigamiento han intentado violar su de-recho a la libertad de expresión, así como su derecho asocializar, documentar y comunicar la situación queprevalece en el estado en relación al elevado númerode casos de personas desaparecidas documentadas apartir de solicitudes de información al Instituto Nacio-nal de Transparencia, Acceso a la Información y Pro-tección de Datos Personales (antes IFAI); así como lasviolaciones a los derechos humanos y omisiones porparte de las autoridades encargadas de procurar y ad-ministrar justicia en los casos desaparición.

Segundo. En el marco de su trabajo de denuncia enmedios de comunicación sobre la desaparición de per-sonas y feminicidio, el pasado 8 de enero de 2016 laactivista recibió mensajes de texto en su teléfono ce-lular en los que le advirtieron: “Hija de puta a sí vasterminar” “Hija de la chingada has de querer una co-gida”.

Una semana después, el escolta que le asignó el Me-canismo de Protección a Personas Defensoras de De-rechos Humanos y Periodistas de la secretaria de Go-bernación fue detenido por policías estatales por portaruna arma y remitido a la agencia del Ministerio Públi-co, lo que de por si agrava su situación, pues en variasocasiones ha sido asediada por un hombre vestido conuna playera de la Procuraduría estatal que la videogra-bó y la fotografió.

El 23 de enero de 2016, recibió otra llamada en la quele advirtieron: “Mira no cuelgues… pinche puta la pa-ciencia se acaba”, Aleida colgó e intento llamar al nú-mero desde el que recibió la llamada pero el número sereportaba como “no existente”; El 24 de enero de2016, Aleida recibió un mensaje de texto que decía“Puta valora tu vida y cuidado y digas algo puta queno es difícil ubicarte” a la vez que un integrante de suorganización también recibió un mensaje que decía:“Hijo de la chingada dile a la puta que la tenemos bienchecadita, que le baje de huevos y que deje de mentirsino le vamos a partir su madre y a dar una buena co-gida a ver si muy cabrona. Con cuidado pendejo”.

La situación de riego ha venido agravándose, dado quela madrugada del 14 de febrero de 2016, Aleida Quin-


tana recibió una llamada telefónica en la cual le dije-ron: Date por muerta.

A pesar de que la activista cuenta con las medidas deprotección del Mecanismo Federal, estas han sido po-co efectivas pues los agresores no han sido detenidosy la impunidad en que se encuentran las agresioneshan puesto en riesgo su vida:

Tercero. En el entorno de violencia que afecta la laborque desempeñan las personas defensoras y periodistaspara la construcción de la democracia, es vital el com-promiso político para la implementación integral, conestricto apego a la ley, del Mecanismo de ProtecciónFederal.

Sin las necesarias medidas de prevención, de la manocon la investigación y presentación de las personasresponsables de los ataques ante la justicia, la protec-ción que ofrece el Mecanismo resulta insuficiente,pues no revierte el contexto actual de abusos contraquienes ejercen la defensa de los derechos humanos yla libre expresión, ni rompe el círculo vicioso de repe-tición que facilita la impunidad.

A tres años de la publicación de la Ley Federal de Pro-tección a Personas Defensoras de Derechos Humanosy Periodistas, el 25 de junio de 2012,1 por la que secreó el Mecanismo de Protección para Personas De-fensoras de Derechos Humanos y Periodistas, los re-sultados demuestran que éste no ha logrado conseguirun cambio significativo en la situación de las personasdefensoras y periodistas y pone en evidencia las pro-blemáticas que requieren atención inmediata para ga-rantizar la seguridad de ambos colectivos.

Se ha ubicado la ausencia de respaldo político, finan-ciero y de recursos humanos del Mecanismo, seguidode la falta de reconocimiento de la labor de las perso-nas defensoras y periodistas; la descoordinación y fal-ta de voluntad de las autoridades competentes de losdistintos niveles de gobierno –a pesar de la firma delos convenios de colaboración–; las limitaciones en lainvestigación, y el desinterés en activar las herramien-tas que por ley se definieron para prevenir los abusosy ataques contra esta población. Todo ello es unamuestra de los retos que enfrenta el Mecanismo parareducir el riesgo y tomar medidas efectivas para su co-rrecta implementación.

A pesar de que el mecanismo de protección fue resul-tado de las exigencias de organizaciones de la socie-dad civil para impulsar una política pública integral deprevención y protección de la labor de personas de-fensoras y periodistas, éste no podrá ser eficaz mien-tras la colusión de autoridades y la impunidad regis-trada, en la mayoría de los casos de agresióndenunciados, siga siendo la norma, pues rara vez losataques contra personas defensoras y periodistas soninvestigados de forma efectiva por las autoridades fe-derales y estatales

La correcta implementación y ejecución del Mecanis-mo de Protección para Personas Defensoras y Perio-distas requiere, además, estrategias que garanticen deforma integral la defensa de los derechos humanos enMéxico.

En este sentido, es fundamental que el Estado y susinstituciones visibilicen y respalden la legítima activi-dad de las personas defensoras de derechos humanos yperiodistas, reconociendo públicamente su valía parala vida democrática del país.

Cabe mencionar que en las Observaciones sobre el in-forme presentado por México al Comité contra la Des-aparición Forzada de la ONU, dicho Comité refirió:que el Estado Mexicano:

“31. El Estado parte debería:

a) Redoblar sus esfuerzos para asegurar la imple-mentación rápida y eficaz de las medidas de protec-ción previstas en la legislación con miras a garanti-zar la efectiva protección de todas las personas a lasque se refiere el artículo 12, párrafo 1, de la Con-vención contra todo maltrato o intimidación de losque pudieran ser objeto;

b) Incrementar sus esfuerzos con miras a prevenir ysancionar los actos de intimidación y/o malos tratosde los que pudieran ser objeto los defensores de de-rechos humanos que trabajan para combatir las des-apariciones forzadas y asistir a las víctimas;

c) Documentar hechos de agresiones, amenazas eintimidaciones a fin de elaborar políticas de pre-vención y protección y facilitar una investigacióneficaz de los hechos;


d) Asegurar muy especialmente que todos los agen-tes estatales se abstengan de realizar declaracionespúblicas que pudieran descalificar, estigmatizar oponer en riesgo a los allegados de personas desapa-recidas o a los defensores de derechos humanos quetrabajan para combatir las desapariciones forzadasy asistir a las víctimas”.2

Cuarto. La Ley Federal de Protección a Personas De-fensoras de Derechos Humanos y Periodistas señalalas obligaciones del estado para la protección de lasmilitantes defensores de derechos humanos y comuni-cadores y señala:

“Artículo 30. Las Medidas Preventivas, las Medi-das de Protección y las Medidas Urgentes de Pro-tección deberán reducir al máximo la exposiciónal riesgo, serán idóneas, eficaces y temporales,podrán ser individuales o colectivas y seránacordes con las mejores metodologías, estánda-res internacionales y buenas prácticas. En ningúncaso dichas medidas restringirán las actividades delos beneficiarios, ni implicarán vigilancia o intru-siones no deseadas en sus vidas laborales o perso-nales”.

Y en su artículo 32 indica:

“Artículo 32. Las Medidas Urgentes de Protec-ción incluyen: I) Evacuación; II) Reubicación Tem-poral; III) Escoltas de cuerpos especializados; IV)Protección de inmuebles y V) Las demás que se re-quieran para salvaguardar la vida, integridad y li-bertad de los beneficiarios”.

En este orden de ideas, es claro que dentro del EstadoDemocrático de Derecho, es una responsabilidad pri-mordial del Estado Mexicano brindar seguridad a susciudadanos y el marco de libertades para desarrollarsus actividades, lo que por supuesto incluye prevenir ysancionar los actos de intimidación y/o malos tratos delos que pudieran ser objeto los defensores de derechoshumanos que trabajan para combatir las desaparicio-nes forzadas y asistir a las víctimas, hipótesis en la quese encuentra la defensora y activista de derechos hu-manos Aleida Quintana, por lo que se torna imprescin-dible e impostergable adoptar las medidas urgentesde protección para salvaguardar su vida, integridady libertad.

Por las razones arriba expuestas, pongo a considera-ción de esta soberanía, como de urgente u obvia reso-lución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Secretario de Gobernación pa-ra que en el marco de sus atribuciones tome las medi-das necesarias para reducir al máximo la exposición alriesgo, salvaguardar la vida, integridad y libertad de ladefensora de derechos humanos, Aleida Quintana,

Segundo. Se exhorta la Procuraduría General de laRepública para en el marco de sus facultades identifi-quen, detenga y consigne ante los tribunales a los au-tores materiales e intelectuales de las agresiones y ac-tos de intimidación en contra de Aleida Quintana.

Notas

1 Diario Oficial de la Federación 25 de junio de 2012.

2 Comité contra la Desaparición Forzada; Observaciones finales

sobre el informe presentado por México en virtud del artículo 29,

párrafo 1, de la Convención. Capitulo: Protección de las personas

que denuncian y/o participan en la investigación de una desapari-

ción forzada.


ce=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmkfu4mZ_LA

hVkvYMKHW2bACcQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Ftbin-

ternet.ohchr.org%2FTreaties%2FCED%2FShared%2520Docu-

ments%2FMEX%2FINT_CED_COB_MEX_19564_S.pdf&usg=

AFQjCNGlQEA0qioRi-XZKB9ynpYhctfAxA

Palacio Legislativo de San Lázaroa 3 de marzo de 2016

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)



EJECUTIVO FEDERAL A ENCABEZAR Y COORDINAR POR LA

SFP ESFUERZOS EN LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN

DE UN CÓDIGO DE ÉTICA Y AUSTERIDAD SOBRE EL USO DE

LOS VIÁTICOS Y PASAJES DEL FUNCIONARIADO DE LA AD-MINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A CARGO DE LA DIPU-TADA CLAUDIA SOFÍA CORICHI GARCÍA, DEL GRUPO


La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada fe-deral integrante del Grupo Parlamentario de Movi-miento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del hono-rable Congreso de la Unión, con fundamento en lodispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79,numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámarade Diputados, somete a consideración de esta sobera-nía la presente proposición con punto de acuerdo porel que la honorable Cámara de Diputados, del honora-ble Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecu-tivo federal para que a través de la Secretaría de laFunción Pública encabece y coordine esfuerzos en laelaboración e implementación de un Código de Ética yAusteridad sobre el uso de los viáticos y pasajes delfuncionariado de la administración pública federal enel desempeño de sus labores durante viajes nacionalese internacionales, y considere la reducción de montosautorizados en la normatividad vigente en la materia,al tenor de las siguientes:

Antecedentes

I. Los constantes y recientes recortes al presupuestofederal producto de la reducción de ingresos por con-cepto de rentas petroleras, y la desaceleración de losmercados internacionales, han orillado hacia la imple-mentación de nuevas medidas fiscales que buscan co-rregir el latente déficit.

En este contexto, las medidas de austeridad y transpa-rencia han sido una exigencia ciudadana en todos losniveles y poderes de la nación. La ciudadanía exige -tal como lo ha señalado el Ejecutivo Federal-, sea elgobierno quien se apriete el cinturón.

Sin embargo, los reportajes periodísticos –principal-mente provenientes de diarios internacionales- han da-do cuenta de los excesos del Poder Ejecutivo federalen el marco de viajes oficiales y de trabajo al extran-jero, por los que se comprueba han existido onerososgastos con cargo al erario público por viáticos que in-

dican además que mientras en México hay personassin acceso a comida, los funcionarios llegan a gastaren comidas con caviar miles de dólares.

II. El pasado 19 de febrero la agencia internacional denoticias Reuters, en un reportaje escrito por ElinorComlay, daba detalle sobre la incapacidad de la propiaSecretaría de la Función Pública –deontológicamentededicada a combatir de manera interna la corrupción ylos excesos– para vigilar que la austeridad sea princi-pio rector en el actuar de sus propios funcionarios.

El reportaje señalaba que Hilda García, funcionaria deesa secretaría, había gastado parte de sus viáticos enLondres por un monto de 450 dólares diarios, en unacena con champán, caviar y salmón ahumado en la ex-clusiva tienda departamental Harrods. Jorge Pulido,Jefe de asuntos legales de la SFP, desembolsó más de500 dólares en dos taxis y dos comidas en Fráncfort decamino a una conferencia contra la corrupción en Kua-la Lumpur, cifra que ascendía a más de lo que gastó entoda su estancia de seis días en un hotel de Malasia.

El reportaje también detalla, sobre los claroscuros delas acciones de los funcionarios, pues otros como Jai-me Cerdio, había podido devolver más de mil dólarespor concepto de viáticos, producto de un viaje a Was-hington, en el que se alimentó de emparedados de 10dólares y refrescos que compró en el local Safeway.

Sobre este caso, según el reportaje de Reuters, el de-partamento de finanzas de la Secretaría se vio imposi-bilitado a contestar las preguntas de la agencia inter-nacional de noticias sobre cuántos empleados viajaronel año pasado, por cuánto tiempo y cuánto gastaron,entregando únicamente alrededor de 1,000 páginas dearchivos en cajas de cartón para revisar. Este argu-mento no sólo da cuenta de la incapacidad de la SFP,para dar cuentas, sino de la falta de ética de algunosfuncionarios de alto nivel en esa dependencia.

III. El pasado 1 de marzo, el diario nacional El Uni-

versal, señaló la opacidad de algunas Secretarías delEjecutivo Federal con respecto a sus viajes al extran-jero. El reportaje escrito por Lilia Saúl, detalló que “elnivel de compromiso con la transparencia y el accesoa la información es dispar entre las dependencias degobierno. Mientras hubo funcionarios que entregarontickets para comprobar sus gastos de viaje en el ex-tranjero, otros testaron (tachonearon) la información


del hotel en el que se hospedaron o negaron entregardocumentación relacionada con gastos ejercidos ensus viajes”.

Dentro de éste último supuesto, se sitúa justamente elSecretario de Hacienda, Luis Videgaray quien no otor-gó información completa sobre el hotel donde se hos-pedó en Estados Unidos hace algún tiempo. En una ac-ción controvertida e incongruente con el compromisofederal por la transparencia, la entidad se reservó la in-formación por 12 años “en virtud de que al difundir lalos datos acerca de los lugares en los que el secretariose hospeda cuando se encuentra de viaje por motivosde una comisión oficial que le fue encomendada, seconsidera podría poner en riesgo su vida o integridad”detalla la pesquisa.

Otro escandaloso caso, es el del secretario de Comuni-caciones y Transportes (SCT), quien en dos viajes aChina en 2014, informó que Gerardo Ruiz Esparza, ti-tular de la dependencia gastó por viáticos para atendercomisiones oficiales consideradas de alta prioridadmás de 513 mil pesos.

IV. El año pasado en el marco de una visita de Estadoa Reino Unido, The Huffington Post publicó en un tex-to firmado por Omar Porcayo, que el Presidente Enri-que Peña Nieto, había viajado a Londres con 200 invi-tados, lo que generó un gasto de 7.1 millones de pesosconfirmado por el INAI.

Igualmente el marco de la visita de Estado a Francia,el titular el Ejecutivo federal y jefe de Estado, viajócon una comitiva de casi 400 invitados, viaje por elque aún no existen cifras concretas del gasto.

La cifra estimada a octubre de 2015, sobre las 34 girasinternacionales de Peña Nieto asciende casi a los 100millones de dólares, lo que no sólo representa un gas-to oneroso, sino que en términos de política exterior harendido efímeros frutos.

Consideraciones

I. Que el artículo segundo del Pacto Internacional deDerechos Económicos, Sociales y Culturales, al cualestá adherido México señala que: “Cada uno de los Es-tados Partes en el presente Pacto se compromete aadoptar medidas, tanto por separado como mediante laasistencia y la cooperación internacionales, especial-

mente económicas y técnicas, hasta el máximo de losrecursos de que disponga , para lograr progresivamen-te, por todos los medios apropiados, inclusive en par-ticular la adopción de medidas legislativas, la plenaefectividad de los derechos...”

Que al ejercer gastos tan onerosos por concepto deviajes y viáticos, el Ejecutivo a través de diversas Se-cretarías, incumple con lo establecido en el Pacto In-ternacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-turales, y que contraviene e imposibilita al Estado encumplir un irrestricto apego a los derechos humanos, ya los objetivos propios del Plan Nacional de Desarro-llo.

II. Que el 28 de diciembre de 2007, se publicó en elDiario Oficial de la Federación, las NORMAS que re-gulan los viáticos y pasajes para las comisiones en eldesempeño de funciones en la Administración PúblicaFederal. En ellas se destaca que es necesario estable-cer normas claras que permitan a las dependencias yentidades de la Administración Pública Federal admi-nistrar los recursos públicos federales destinados aviáticos y pasajes con base a criterios de legalidad, ho-nestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad,austeridad, transparencia, control y rendición de cuen-tas; y que los gastos para la realización de comisionesdeberán ser los estrictamente necesarios para contri-buir al eficaz y eficiente cumplimiento de los objetivosde los programas o funciones de las dependencias yentidades de la Administración Pública Federal.

El objeto de estas normas es que los gastos por con-cepto de viáticos y pasajes para las comisiones se ejer-zan bajo criterios de austeridad, racionalidad, honesti-dad, eficiencia, eficacia, economía y transparencia,para dar cumplimiento a los objetivos de los progra-mas y a las funciones conferidas a las dependencias yentidades de la Administración Pública Federal.

III. Que el 10 de diciembre de 2012 se estableció unDecreto que establece las medidas para el uso eficien-te, transparente y eficaz de los recursos públicos, y lasacciones de disciplina presupuestaria en el ejerciciodel gasto público, así como para la modernización dela Administración Pública Federal. En este documentose integró mediante su Artículo Séptimo, Fracción XII,que se reduciría el presupuesto destinado a viáticos,convenciones y gastos de representación; mientras queen su artículo Décimo Primero, Fracción VIII, se se-


ñala que se promoverá la celebración de conferenciasremotas a través de Internet y medios digitales, con lafinalidad de reducir el gasto de viáticos y transporta-ción.

IV. Que el artículo 61 de la Ley Federal de Presupues-to y Responsabilidad Hacendaria señala que los ejecu-tores de gasto, en el ejercicio de sus respectivos presu-puestos, deben tomar medidas para racionalizar elgasto destinado a las actividades administrativas y deapoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de losprogramas aprobados en el Presupuesto de Egresos dela Federación. Que dentro de las estrategias y líneas deacción que considera el Programa para un GobiernoCercano y Moderno 2013-2018, se encuentra la Estra-tegia 3.2 Fortalecer el uso eficiente de los recursosdestinados a servicios personales y gastos de opera-ción, la cual establece, entre otras, las líneas de acción.

V. Que el pasado 22 de febrero de 2016, se publicaronen el Diario Oficial de la Federación, los Lineamien-tos por los que se establecen medidas de austeridad enel gasto de operación en las dependencias y entidadesde la Administración Pública Federal, por el que seabrogan a su vez los “Lineamientos para regular losgastos de alimentación de los servidores públicos demando de las dependencias y entidades de la Adminis-tración Pública Federal”, publicados en el Diario Ofi-cial de la Federación el 31 de enero de 2007; los “Li-neamientos que regulan las cuotas de telefonía celularen las dependencias y entidades de la AdministraciónPública Federal”, publicados en el Diario Oficial de laFederación el 2 de febrero de 2007, y las “Normas queregulan los viáticos y pasajes para las comisiones en eldesempeño de funciones en la Administración PúblicaFederal”, publicadas en el Diario Oficial de la Federa-ción el 28 de diciembre de 2007.

En estos nuevos lineamientos se establece que es ob-jeto del decreto establecer las disposiciones que regu-lan la asignación de viáticos nacionales e internacio-nales, pasajes, gastos de alimentación, telefoníacelular, congresos, convenciones y otros eventos, apli-cables a las dependencias y entidades de la Adminis-tración Pública Federal.

Así mismo se indica que, de conformidad con la Leyde Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios delSector Público y las disposiciones que derivan de lamisma, las Oficialías Mayores o sus equivalentes, de-

berán instrumentar acciones que aseguren al Estadolas mejores condiciones en cuanto a calidad, precio yoportunidad, que permitan acceder a opciones de via-je con precios competitivos o de mercado, a efecto defortalecer la contención al gasto y la generación deahorros.

Sin embargo, estos lineamientos señalan que las cuo-tas diarias de viáticos, de acuerdo con la moneda quese indica, que se asignen a los servidores públicos enel desempeño de comisiones en el extranjero, es de450 dólares o euros por día, lo equivaldría en una me-dia entre ambos tipos cambiarios a 8532 pesos diarios,es decir, cuatro veces el salario mínimo vigente, solopor concepto de viáticos, no incluyendo pasajes o alo-jamiento.

Los excesivos gastos del funcionariado de la Adminis-tración Pública Federal por concepto de viajes se hanconvertido en verdaderas ofensas a la ciudadanía, porlo que en un ejercicio republicano y demócrata, es ur-gente que esta soberanía ejerza una función de contrapeso en razón de los excesos del Ejecutivo. Por todo loanteriormente expuesto, es que presento a esta sobera-nía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, altenor del siguiente:

Resolutivo

Único. La honorable Cámara de Diputados, del hono-rable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Eje-cutivo federal para que a través de la Secretaría de laFunción Pública encabece y coordine esfuerzos en laelaboración e implementación de un código de ética yausteridad sobre el uso de los viáticos y pasajes delfuncionariado de la administración pública federal enel desempeño de sus labores durante viajes nacionalese internacionales, y considere la reducción de montosautorizados en la normatividad vigente en la materia.


Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)


Efemérides

CON MOTIVO DEL 3 DE MARZO, DÍA MUNDIAL DE LA VI-DA SILVESTRE, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PVEM

Los mexicanos celebramos con gran alegría dos fechastrascendentales de nuestro calendario cívico, el día 16de septiembre en que conmemoramos la Independen-cia de nuestro país y el día 20 de noviembre cuandocelebramos el inicio de la Revolución Mexicana, sinembargo, es importante recordar otro movimiento quefue un parteaguas en nuestra historia común, la prime-ra gran revolución de la nación naciente, la Revolu-ción de Ayutla.

Y es que un día como hoy, pero hace 162 años, se pro-clamó el Plan de Ayutla, dicho plan fue elaborado yhecho público en la Hacienda de la Providencia, pro-piedad de Juan N. Álvarez, un destacado mexicano dela primera mitad del siglo XIX.

Juan N. Álvarez era un criollo y su familia poseía pro-piedades agrícolas en la región de la Costa Chica delactual estado de Guerrero, sin embargo, a edad muytemprana quedó huérfano y fue maltratado, estigmati-zado y estafado por su tutor, por tal motivo perdió to-das sus propiedades y quedó en la pobreza.

Con el tiempo se convirtió en enemigo de la corona es-pañola, y esto lo hizo luchar a favor del proceso inde-pendentista bajo las órdenes de Vicente Guerrero.

La historia común entre Juan N. Álvarez y VicenteGuerrero posibilitó que el primero se convirtiera en elhombre de confianza del segundo, para posteriormen-te convertirse en su sucesor en términos políticos, mi-litares y de control regional.

Con el tiempo fue el líder de la División del Sur y lue-go fue Gobernador del estado de Guerrero, y fue exac-tamente como Gobernador y jefe de la División delSur cuando entró en conflicto con Antonio López deSanta Anna.

Con las acciones implementadas por el gobierno deSanta Anna, durante la última ocasión en que gobernóel país, el descontento se transformó en irritación y pa-ra hacer frente a este enojo colectivo el gobierno pu-

blicó un bando contra los que murmurasen en contrade la autoridad, se canceló con ello la libertad de im-prenta y se impuso la pena de destierro a todo aquelsospechoso de conspiración, misma que se aplicó sinmiramientos tanto a hombres como mujeres, lo cualtuvo como resultado la expulsión del país de variosopositores.

Para colmar el descontento, Su Alteza Serenísima, fir-mó con los Estados Unidos de América un tratado porel cual México cedía el territorio de la Mesilla a cam-bio de 10 millones de pesos, en total se perdieron 77mil kilómetros cuadrados pertenecientes a los estadosde Sonora y Coahuila.

Asimismo, el dictador manifestaba periódicamentegestos tiránicos, por ejemplo, se declaró gobernantevitalicio y con derecho de elegir a su sucesor, tambiénimpuso impuestos exorbitantes con la única finalidadde sostener su ostentoso nivel de vida, lo anterior pro-vocó un generalizado descontento social.

El Plan de Ayutla fue producto de una junta convoca-da por Juan N. Álvarez, en la que participaron IgnacioComonfort y Florencio Villareal, con dicho plan sebuscaba en primer lugar desconocer al gobierno deSanta Anna, cuyo gobierno tenía claros tintes centra-listas.

Y es que el centralismo implantado por Santa Annachocaba con los intereses tanto de Ignacio Comonfort,encargado de la aduana en Acapulco, como con los deJuan N. Álvarez, cacique del estado de Guerrero, es poreso que se comprende su inclusión en la sublevación.

El Plan de Ayutla constaba de nueve artículos, perolos más importantes eran tres: en el primero, se cesabaa Santa Anna y a sus funcionarios en el ejercicio delpoder; en el segundo, se mencionaba que una vez ter-minada la revolución, los representantes de los estadospartidarios designarían un presidente interino que seríaJuan N. Álvarez; y el quinto, donde se convocaba a uncongreso extraordinario constituyente, el cual deberíaproducir una nueva constitución republicana, repre-sentativa y popular.

Según Emilio Rabasa, a la Revolución de Ayutla nopuede llamársele democrática, pero, en cambio, si fuepopular, pues tuvo a su favor la simpatía y la voluntaddel pueblo.


Se adhirieron al Plan de Ayutla moderados, liberalespuros e incluso hombres que posteriormente engrosa-ron las filas del ala conservadora, todo porque simple-mente deseaban el fin de la dictadura santanista, queles había demostrado cuan lacerante es para el ciuda-dano vivir bajo un régimen donde sus derechos funda-mentales son continuamente atropellados.

Si bien es cierto que el Plan de Ayutla no prometía unatransformación radical, lo cierto es que sí pedía, demanera simple y llana, la conformación de institucio-nes liberales.

Encontramos entonces que dicho plan fue trascenden-tal en el devenir histórico de nuestro país, en primerlugar, porque significó el fin del santanismo; en se-gundo lugar, porque permitió la elaboración de laConstitución de 1857 que podríamos considerar comopredecesora de nuestra actual Carta Magna; y en tercerlugar, porque dicho plan moldeó y forjó a importanteslíderes, los cuales continuaron la lucha liberal por mu-chos años más.

En síntesis, el Plan de Ayutla fue un suceso históricoque cambio las estructuras existentes. Con su victoria,accedió al poder una tercera generación de liberalesque terminó con la etapa santanista y con los rema-nentes coloniales del estado estamental y confesional.

Por todo lo anterior, el día de hoy recordamos y hon-ramos a héroes como Juan N. Álvarez, Florencio Vi-llareal, Diego Álvarez, Tomas Moreno, Trinidad Gó-mez, Rafael Benavides e Ignacio Comonfort y a milesde soldados desconocidos, quienes impulsados por laentrega, valentía y amor a la patria, fueron capaces dederrocar definitivamente al dictador Antonio López deSanta Anna.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a tres de marzo de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli,

Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio

Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio

Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino

Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich,

Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto

Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil

Dora Luz De León Villard, Daniela De los Santos Torres, Andrés

Fernández Del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza,

Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgi-

na Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Leonardo Rafael Gui-

rao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Iz-

quierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez,

Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua,

Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refu-

gio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas

Castro, Edgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francis-

co Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia

Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet, Eduardo Francisco

Zenteno Núñez.



Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIII Legislatura

Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Gaceta Parlamentaria de la Cámara de DiputadosDirector: Juan Luis Concheiro Bórquez, Edición: Casimiro Femat Saldívar, Ricardo Águila Sánchez, Antonio Mariscal Pioquinto.

Apoyo Documental: Dirección General de Proceso Legislativo. Domicilio: Avenida Congreso de la Unión, número 66, edificio E, cuarto nivel, Palacio Le-gislativo de San Lázaro, colonia El Parque, CP 15969. Teléfono: 5036 0000, extensión 54046. Dirección electrónica: http://gaceta.diputados.gob.mx/

Mesa DirectivaDiputados: Jesús Zambrano Grijalva, presidente; vicepresidentes, Jerónimo Ale-jandro Ojeda Anguiano, PRD; María Bárbara Botello Santibáñez, PRI; EdmundoJavier Bolaños Aguilar, PAN; Daniela de los Santos Torres, PVEM; secretarios,Ramón Bañales Arámbula, PRI; Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, PAN; IsauraIvanova Pool Pech, PRD; Juan Manuel Celis Aguirre, PVEM; Ernestina Godoy Ra-mos, MORENA; Verónica Delgadillo García, MOVIMIENTO CIUDADANO; María Eu-genia Ocampo Bedolla, NUEVA ALIANZA; Ana Guadalupe Perea Santos, PES.

Junta de Coordinación PolíticaDiputados: César Camacho Quiroz, presidente, PRI;Marko Antonio Cortés Mendoza, PAN; FranciscoMartínez Neri, PRD; Jesús Sesma Suárez, PVEM;Norma Rocío Nahle García, MORENA; José ClementeCastañeda Hoeflich, MOVIMIENTO CIUDADANO; LuisAlfredo Valles Mendoza, NUEVA ALIANZA; AlejandroGonzález Murillo, PES.

3 mar anexo vgaceta.diputados.gob.mx/pdf/63/2016/mar/20160303-v.pdf · 2016-03-03 · nificado un...

Documents