2013 - saludlaboral.ugtcyl.es · hayan aplicado planes de reestructuración de plan-tilla. la...
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Los factores de riesgo psico-
social en el nuevo marco de
las relaciones laborales.
1 y 2
Alarmante incremento de
los accidentes de trabajo
mortales en Castilla y León
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Una justicia lenta no es
Justicia
3
UGT pide un fondo esta-
tal y autonómico para los
damnificados por el amian-
to
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Visita nuestra página web en http:http://www.saludlaboral.ugtcyl.es
Evaluación del programa
de vigilancia de la salud de
los trabajadores expuestos a
amianto
5
UGT Castilla y León im-
pulsa una campaña de
control y vigilancia de los
riesgos psicosociales, en
aquellas empresas que
hayan aplicado planes de
reestructuración de plan-
tilla.
La campaña la desarro-
llará la Inspección de
Trabajo, en toda la Comu-
nidad Autónoma, y tendrá
como sector preferente el
financiero (bancario).
Tendrá lugar a los largo
del año 2014.
Servicio Técnico de Asistencia Preventiva UGT-Castilla y León. C/ Muro 2, 4ºA, 47004, Valladolid. T.983218992 Fax. 983294923 [email protected]
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Contenido: FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL PUNTO DE MIRA SINDICAL
El pasado 11 de diciembre, más de 150 delegados y delegadas de prevención de UGT
se reunieron en Valladolid, en el marco de una jornada organizada por al Secretaría
Salud Laboral y Política Social.
Las 54 reformas que ha sufrido nuestro mercado de trabajo desde los años 80, han centrado su aten-
ción en la empresa. Su único objetivo ha sido facilitar en todo momento su adaptación a un entorno
cambiante y plagado de incertidumbres, incorporando elementos que le permitan adaptarse mejor a
las distintas circunstancias económicas y de mercado, lo que incluye la posibilidad de deshacerse de
sus trabajadores sin coste alguno, y de borrar de un plumazo toda suerte de derechos laborales con-
quistados a los largo de dos siglos, pero sin considerar mínimamente el impacto que estas medidas
haya podido o pueda generar, sobre la seguridad y salud de los trabajadores.
Ni los salvajes procesos de reestructuración de plantillas, ni las modificaciones (mejor dicho, deva-
luaciones) sustanciales de las condiciones de trabajo se han visto reflejados, y por tanto, compensa-
dos en los sistemas de gestión preventiva de las empresas, a pesar de tratarse de una exigencia le-
gislativa (art. 16.2 LPRL), tanto a nivel nacional como europeo, existiendo un fortísimo contraste
entre lo que debería ser y lo que es.
La consecuencia más visible de este progresivo deterioro de las condiciones de trabajo y empleo, es
la emergencia de la INSEGURIDAD LABORAL, como principal factor de riesgo psicosocial pre-
sente en el conjunto de las empresas de nuestro país, cuyos efectos sobre la salud de los trabajado-
res son devastadores.
Estamos viviendo unos tiempos donde la inseguridad en el empleo se ha convertido en una forma
de gestión empresarial, lo que está difundiendo un modelo productivo basado en la presión laboral
por el miedo a la inseguridad, con lo que la quiebra no se produce sólo del estándar de trabajo de-
cente –OIT y Constitución- sino también del estándar de trabajo “seguro y saludable” –OIT y Cons-
titución-.
Si como sabemos existe una marcada evidencia, siguiendo estudios de la Agencia Europea de Segu-
ridad y Salud, de la relación entre inseguridad en el empleo y pérdida de salud mental, se debe exi-
gir una gestión específica en estos procesos, tanto dentro como fuera de la empresa.
La flexibilidad en las relaciones laborales, hoy ya irreversible, no debe perjudicar los imperativos
de seguridad exigibles desde el derecho a la estabilidad razonable y el derecho a la salud psico-
física de los trabajadores, debiendo procurar el necesario equilibrio entre las necesidades de la em-
presa y de los propios trabajadores. Y esto sólo es posible si esta flexibilidad se realiza con un enfo-
que psicosocial.
Precisamente, este ha sido una de los aspectos nucleares de la jornada. Proporcionar a nuestros
delegados y delegadas de prevención las claves para que puedan desarrollar una acción sindi-
cal que contrarreste el poder empresarial que la última Reforma ha procurado, alterando las
condiciones de trabajo para ganar en competitividad.
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Debemos exigir que cualquier cambio en las condiciones de trabajo, se realice garantizando la seguridad y salud de los
trabajadores. Valorando los efectos que los mismos provocarán sobre el bienestar de la plantilla, y adoptando las medidas
oportunas para reducir tales efectos. Es decir, exigir mayores niveles de responsabilidad social en la toma de decisiones.
Para conseguir este reto, difícil pero nunca imposible, debemos adaptar nuestra
acción sindical a la nueva realidad de las relaciones laborales, abriendo nuevas
vías de intervención sindical en el campo de la seguridad y salud laboral, y
buscando alternativas a la acción sindical tradicional. Debemos situar la gestión
de los riesgos psicosociales en el epicentro de nuestra acción sindical en salud
laboral, como medio para amortiguar los efectos de la reforma del mercado de
trabajo, es una prioridad sindical.
No podemos perder de vista que la legislación en materia preventiva, contempla
expresamente aquellas situaciones que dan lugar a una revisión de los sistemas de
gestión preventiva de las empresas, contemplando expresamente la modificación
de condiciones de trabajo como situación de intervención.
Por eso, las decisiones de la empresa tomadas exclusivamente para ganar en
flexibilidad y productividad, deben ser contestadas sindicalmente exigiendo que
tales decisiones no cercenen los derechos preventivos de los trabajadores. Es
decir, requiriendo una gestión de los riesgos psicosociales que esos cambios en las
condiciones de trabajo precipiten.
Con nuestro impulso sindical seremos capaces de sacar de la marginación este instrumento “contrastado” de mejora de las
condiciones de trabajo, y superar uno de los principales obstáculos que impiden el desarrollo de la prevención de los riesgos
psicosociales: La resistencia de las empresas a permitir la intervención de los trabajadores en aspectos relacionados con la
organización del trabajo.
Esta Jornada, da continuidad a la senda de renovación sindical iniciada hace un par de años, de análisis e investigación en el
campo de los riesgos psicosociales, y que sin duda ha constituido una de las apuestas más firmes y de mayor relevancia de nuestra
Organización. A la que sin duda seguirán otras acciones de similar naturaleza, porque en materia de riesgos psicosociales es más
lo que queda por hacer que lo hecho.
En los próximos meses os iremos avanzando las iniciativas que esta Secretaría tiene previsto desarrollar en el campo de los riesgos
psicosociales, que ya os adelanto, serán la espina dorsal de nuestra actividad sindical a lo largo del 2014.
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Entre las causas exógenas, hay que apuntar la importante movilidad de los titulares en muchos Juzgados de Instrucción,
lo que determina la sucesión de instructores con criterios no siempre uniformes y, por tanto, cambiantes durante la
ALARMANTE INCREMENTO DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES EN CASTILLA Y LEÓN
Los accidentes laborales mortales en nuestra Comunidad, se han incrementado más de un 50% a lo largo del 2013. Al cierre
de este boletín, 45 trabajadores han perdido la vida por el simple y mero hecho, de ir a trabajar.
La frialdad de las cifras no puede ocultar una realidad
presente detrás de cada una, el enorme sufrimiento de
los trabajadores y sus familias, y el daño social que
produce una alta siniestralidad laboral.
Este doloroso panorama, nos obliga a redoblar los
esfuerzos de movilización y denuncia que desde hace
años venimos realizando, en las empresas y fuera de
ellas, en favor de aquellos trabajadores que se ven
obligados a desarrollar su labor, en condiciones de
seguridad inaceptables. Intensificando nuestra acción
sindical en las empresas, y poniendo al descubierto
prácticas empresariales que menoscaban el derecho a
la seguridad e integridad física de los trabajadores.
En definitiva, su derecho fundamental a la vida .
LA JUSTICIA QUE ES LENTA, NO ES JUSTICIA
La justicia tarda de media casi 6 años en dictar una Sentencia en los casos de accidentes de trabajo.
La Fiscalía General del Estado, ha publicado su Memoria 2013. En la misma, se analiza la actividad del Ministerio Fiscal durante el
2012, en todas aquellas facetas de su intervención oficial que le han sido confiadas por el ordenamiento jurídico.
Dentro de la misma, encontramos un tratamiento singularizado y específico de los delitos contra seguridad y salud de los
trabajadores, por cuanto desde el año 2007 existe en nuestro país, una red de Fiscales Especialistas en siniestralidad laboral.
A lo largo de dicho informe, en propio Ministerio Fiscal advierte reiteradamente del grave problema que representa el retraso de
este tipo de procedimientos, circunstancia que se aprecia perfectamente en las sentencias de los Juzgados de lo Penal, dictadas a lo
largo de 2012. En las mismas, se ve reflejado de forma clara el problema, pues entre la fecha de los hechos y la fecha de la sentencia
en primera instancia transcurre un tiempo inasumible y, en muchos casos incompatible con lo que debe ser la recta administración
de la justicia. Así, la media de tiempo que se ha tardado en dictar una sentencia condenatoria es de 68,4 meses, es decir, más de
cinco años, y lo mismo sucede con las sentencias absolutorias, cuya media de tiempo de dilación es de 67,7 meses.
Según la propia Fiscalía estos retrasos traen su causa en circunstancias endógenas y exógenas. Entre las primeras se podrían incluir
las derivadas de las propias características de los procedimientos de siniestralidad laboral, esto es, de la dificultad de la
investigación de los accidentes laborales (problemas de imputación, heterogeneidad de las diligencias que han de practicarse,
número de partes personadas en el procedimiento, necesidad de elaborar complicados informes periciales, recursos interpuestos por
las partes contra gran número de las resoluciones dictadas, etc). También se producen demoras en la fase intermedia, y como no, la
habitual extensión de los juicios orales a más de una jornada, suele plantear problemas para su señalamiento –hasta dos o tres años
en algunos casos de demora–, que se incrementan con las suspensiones frecuentes que su propia complejidad y la habitual presencia
de varios acusados provoca.
Más info en: http://prevencionar.com y http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1661
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Entre las causas exógenas, hay que apuntar la importante movilidad de los titulares en muchos
Juzgados de Instrucción, lo que determina la sucesión de instructores con criterios no siempre
uniformes y, por tanto, cambiantes durante la tramitación de la causa.
Sea como fuere, y sin ser nuestra intención restar valor a la encomiable labor del Ministerio Fiscal, a
la que apoyamos y con la que mantenemos una estrecha relación de colaboración, tenemos la
obligación de exigir que el Ministerio Fiscal pula los desajustes que todavía hoy se producen en este
tipo de asuntos, y que suponen un lastre no sólo para el procedimiento y la propia laboral de la
Fiscalía, sino para el efectivo ejercicio del derecho de cualquier español a una tutela judicial efectiva.
Máxime si tenemos en cuenta que el bien jurídico a proteger es la salud e integridad física de los
trabajadores en unos casos, y el resarcimiento por los daños originados en otros.
Una justicia que tarda más de 5 años en dictar sentencia no es justicia.
UGT pide un fondo estatal y autonómico para los damnificados por amianto
La UGT pide que los gobiernos central y autonómico creen un fondo para compensar a las víctimas del uso de amianto para evitar que sus indemnizaciones dependan de costosos procesos judiciales que, en muchas ocasiones, llegan demasiado tarde, ha afirmado el secretario provincial, Roberto Gómez.
Antes de su prohibición, que en España no se produjo hasta 2002, el uso del amianto era habitual como aislante y componente de la uralita, aunque en este momento está establecida su relación conciertos tipos de cáncer, sobre todo de pulmón, peritoneal y de pleu-ra.
El problema de este tipo de exposición es que los síntomas de los daños causados por el amianto tardan entre 15 y 40 años en evi-denciarse, cuando ya es difícil encontrar pruebas y testigos y muchas de las empresas a las que se puede pedir responsabilidad han desaparecido. Además, a partir de ese momento se inician procesos judiciales que son complicados y que, en ocasiones terminan cuando el afectado ya ha fallecido.
Así le ha sucedido a Fernando García, un trabajador de oficinas de una empresa que utilizaba habitualmente el amianto en sus pro-cesos de fabricación en Burgos. En 2008 se le detectó un cáncer de pulmón y comenzó una batalla legal para reclamar a la empresa una indemnización.
Tras un proceso complejo tutelado por UGT Burgos, el juzgado de lo social le dio la razón en abril de este año, pero la empresa recurrió para evitar o retrasar el pago de una indemnización de 274.000 euros.
El trabajador falleció a finales de agosto de este año y el recurso planteado ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León aún no está resuelto.
Roberto Gómez, Secretario Provincial de UGT Burgos, ha recordado que la Comisión Europea ha calculado que hasta 2030 morirán en la Unión Europea unas 500.000 personas por los daños causados por el amianto, la décima parte en España.
El dirigente sindical advierte de los nuevos peligros de exposición al amianto que corren los trabajadores de empresas de reformas, dado que hasta 2002 España importó 2,8 toneladas de este material, que está en muchas viviendas y empresas.
De hecho, ha estimado que el amianto se utilizaba como aislante principal o para las tuberías bajantes en la práctica totalidad de las construcciones de entre 1964 y 1984, aunque después se redujo algo su utilización, que no desapareció totalmente hasta 2002.
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También puedes encontrarnos en la Red de
ASESORÍAS DE SALUD LABORAL para el
asesoramiento en Prevención de Riesgos
Laborales de UGT Castilla y León.
Ávila: C/Isaac Peral 18, 05001, Ávila, T.920225650
F.920251411 [email protected]
Burgos: C/San Pablo 8, 09002, Burgos, T.947252080
F.947256048 [email protected]
León: C/Gran Vía de San Marcos 31, 24001, León
T.987270679 F.987272430 pre-
Salamanca: Avda. Mirat 35-39, Entreplanta Oficina A,
37002, Salamanca. T.923269140 F.923212149 preven-
Palencia: Plz. Abilio Calderón,4, Bajo Izq. ,34001,
Palencia T.979706708 F.979700756
Segovia: Avda.Fernandez Ladreda 33, 40002, Segovia.
T.921424850 F.921434385 preven-
Soria: C/Vicente Tutor 6, 42001, Soria. T.975225323
F.975229252 [email protected]
Valladolid: C/ Muro 2, 47004, Valladolid.
T.983218992 F.983294923
Zamora: C/ Lope de Vega 6, 49002, Zamora.
T980514291 F.980512011 preven-
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EXPUESTOS AL AMIANTO
- PIVISTEA-
Recientemente, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha aprobado en Pleno un documento donde se
recoge la Evaluación del Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores que han estado Expuestos al Amianto
(PIVISTEA), programa implantado en todas las Comunidad Autónomas.
Los resultados del programa arrojan información muy interesante, tanto desde el punto de vista cuantitativo como
cualitativo. Lo más destacable es que desde la aprobación del Programa Integral de Vigilancia de la Salud de los
Trabajadores que han estado expuestos a Amianto (PIVISTEA), se han registrado 1.529 empresas que realizan o han
realizado actividad laboral con amianto, y 35.630 trabajadores que manipulan o en su día manipularon fibras de
amianto en su actividad laboral. Estas empresas y trabajadores están ubicados en las 13 Comunidades Autónomas
(CC.AA.) que han remitido los datos para realizar la evaluación del Programa.
El registro está constituido por 35.630 trabajadores. El 8,9% se han clasificado como pérdidas para el registro; el 0,3% no tienen
documentada la exposición y el 90,8% restante son los trabajadores incluidos en el seguimiento. Los motivos más frecuentes de baja en el
registro son la muerte del trabajador (45% de los casos de baja), y el rechazo del seguimiento (26%).
Existe una clara concentración de los trabajadores expuestos en torno a un número muy limitado de empresas: 55 empresas aglutinan el
60% de los trabajadores, lo que puede promover intervenciones diferenciadas en estas empresas al objeto de mejorar la información tanto
de exposición como de trabajadores expuestos o post-expuestos.
La morbilidad registrada es la esperable en relación con la exposición al amianto, con un claro predominio de las placas pleurales como
signo de exposición y la asbestosis. Se observan grandes disparidades interterritoriales y por sexo.
Los datos ponen de manifiesto una reducida tasa de reconocimiento como enfermedad profesional de las enfermedades derivadas de la
exposición al amianto (se han diagnosticado en el Programa 3.398 enfermedades derivadas de la exposición al amianto y, de éstas, se han
reconocido como enfermedad profesional 64 casos, lo que supone un 1,88% del total de enfermedades diagnosticadas), lo que evidencia
una discordancia entre los resultados clínicos del Programa y la determinación de contingencia por el INSS. Esta información viene a
avalar el posicionamiento de UGT respecto a la infradeclaración de las enfermedades profesionales en general, y de las asociadas a la
exposición al amianto en particular. El informe, nos carga de razones para seguir exigiendo tanto a las Mutuas como, especialmente, al
INSSS que cumplan con su responsabilidad y no carguen al sistema público, prestaciones que debería correr a cargo de las entidades
colaboradoras de la Seguridad Social.