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Crímenes contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

durante el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos

2010 El lunes 16 de agosto de 2010, hacia las 12:00 horas, hombres con trajes de camuflado y armas largas, identificados como integrantes de las FARC, llegaron a la vivienda de NELLY VARGAS, de 32 años, en la vereda Mulatos-Cabecera, la sacaron de su casa y se la llevaron a un lugar distante unos diez minutos, donde la asesinaron. Tanto los padres de Nelly como sus primos son miembros de la Co-munidad de Paz. Ella deja tres niños huérfanos de 12, 7 y 2 años, a los cuales la Comunidad les brin-dará espacios de supervivencia y acogida. El martes 17 de agosto de 2010, en horas de la mañana, el CORONEL GERMÁN ROJAS, comandante del Batallón Voltígeros, de la Brigada XVII, le atribuyó a la Comunidad de Paz la responsabilidad por los hechos registrados, afirmando que, al no permitir la presencia de la fuerza pública, la Comunidad era responsable de esos hechos. Ya antes había dicho que Álvaro Montoya había sido asesinado al frente del asentamiento de San Josesito; luego dijo que el hecho había ocurrido a 50 metros del mismo y que la ausencia de tropa en el lugar fue lo que lo hizo posible. Olvida el Coronel Rojas que sus tro-pas constantemente patrullan esa zona y tienen un puesto de control a poca distancia de donde ocu-rrió el hecho y olvida también que la presencia de la tropa en las veredas de la zona ha causado nu-merosos asesinatos y otros centenares de crímenes contra la vida y la libertad. El día martes 17 de agosto de 2010, la Plenaria de la Cámara de Representantes votó por mayoría el ARCHIVO del expediente 1712 de su Comisión de Acusaciones, en el cual se investigaba al ex Presi-dente Álvaro Uribe Vélez por Injuria y Calumnia contra la Comunidad de Paz. La bancada del Polo Democrático Alternativo, en la misma plenaria, dejó constancia de su repudio a dicha decisión, pues el archivo fue votado sin que se hubiera dado investigación alguna de los delitos denunciados, a la vez que anunció que el expediente será remitido, debidamente certificado por la Secretaría del Con-greso, a la Corte Penal Internacional. El ex Presidente Uribe había incurrido en injuria y calumnia contra la Comunidad en dos intervenciones públicas, la primera el 27 de mayo de 2004 y la segunda y más grave el 20 de marzo de 2005. En esta última acusó a la Comunidad de Paz de “obstruir la justicia; de rechazar la fuerza pública; de prohibir el comercio de artículos lícitos; de coartar la libertad de los ciudadanos residentes en la comunidad y de auxiliar, a través de sus líderes, patrocinadores y defensores, a las FARC “. Para formular tales acusaciones se valió de testigos falsos que le preparó la Brigada XVII, como lo ha hecho infinidad de veces, y además tergiversó perversamente acciones positivas de la Comunidad que miraban a salvaguardar valores esenciales de la Constitución Nacional, tales como denunciar la corrupción y podredumbre de la justicia que es el fundamento de la impunidad de centenares de

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crímenes de lesa humanidad; repudiar la connivencia de la fuerza pública con los paramilitares y su responsabilidad en multitud de crímenes de lesa humanidad; concertar con los comerciantes la no venta de licor, con el fin de evitar que los conflictos concluyeran en desenlaces fatales; establecer con-troles voluntarios y libres para que se aplicaran de manera eficaz los principios de una Comunidad de Paz. La Brigada XVII le hizo asumir, además, las declaraciones falsas, obtenidas bajo torturas, chantajes, amenazas y sobornos, de falsos desmovilizados cooptados para destruir la Comunidad de Paz. La Comunidad acudió entonces a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, único ente constitucional que puede investigar al Jefe del Estado, y en ello la apoyó y avaló el Procu-rador General de la Nación. Cuando el 30 de abril de 2008, la Comisión ordenó el archivo del expe-diente, la Comunidad apeló tal decisión y el 3 de diciembre de 2008 se le comunicó que la Comisión de Acusaciones aceptaba el recurso de apelación “para ante la Plenaria de la Cámara”. Desde el comien-zo sirvió de fundamento jurídico en esta acusación la Sentencia T-1191 de 2004 de la Corte Constitu-cional, la cual demuestra con extraordinaria claridad que al Presidente le está vedado hacer ese tipo de afirmaciones públicas y que por ello debe responder penalmente, disciplinariamente, políticamen-te y ante organismos internacionales. Si bien el Presidente Uribe se abstuvo desde entonces de repetir las calumnias, se valió de otros funcionarios y medios de comunicación masivos para que su iniciada campaña de difamación tuviera continuidad. Así, el Vicepresidente Francisco Santos, los diarios an-tioqueños El Colombiano y El Mundo, las emisoras radiales de Urabá y del Ejército, columnistas de su confianza, ex militares y ex ministros suyos se convirtieron en repetidores de sus calumnias. Las tropas oficiales han invocado siempre lo esencial de esas calumnias para justificar sus masacres, eje-cuciones, desapariciones, torturas, desplazamientos, bombardeos indiscriminados, abusos sexuales, saqueos, pillajes, asaltos a mano armada, amenazas y anuncios de exterminio de la Comunidad. La decisión de la Plenaria de la Cámara de Representantes el 17 de agosto produce perplejidad, pues muestra que este nuevo Congreso continúa por la vía de la corrupción y de la impunidad. La podre-dumbre de nuestras instituciones queda patentada a plena luz. Al igual que la bancada del Polo De-mocrático Alternativo, la Comunidad presentó también el caso ante la Corte Penal Internacional, pues queda demostrada la falta de voluntad del Estado colombiano para hacer justicia. El sábado 18 de septiembre de 2010 a las 10:00 horas, miembros del Ejército entraron al caserío de La Resbalosa, de la Comunidad de Paz, y allí comenzaron a tomar fotos a la gente y a los animales de la comunidad, afirmando que las vacas que estaban allí y que pertenecen a gente de la comunidad, eran de la guerrilla; que esa comunidad era una h.p. comunidad guerrillera y que no descansarían hasta acabar con esa h.p. comunidad y con esos h.p. líderes guerrilleros; además, con marcada prepo-tencia se ufanaban de que eran inmunes ante la justicia y ponían como ejemplo lo ocurrido en la in-vestigación sobre la masacre del 21 de febrero de 2005 (absolución a los militares que participaron en la masacre, emitida el 4 de agosto de 2010). El miércoles 22 de septiembre de 2010, hacia las 8:00 horas, fue abordado un miembro de la Comu-nidad de Paz en el municipio de Dabeiba, por el paramilitar conocido como Berardo Tuberquia, quien le manifestó que hacía parte de las “Águilas Negras” (paramilitares) que hacen presencia en Córdoba y Urabá; le preguntó por varios miembros de la Comunidad de Paz y le dijo que tenían una lista larga de integrantes de la Comunidad de Paz para asesinar y que la lista la encabezaban varios

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líderes, acompañantes y miembros de la Comunidad, al igual que otra gente del corregimiento de San José de Apartado. El viernes 29 de octubre de 2010, hacia las 10:00 horas, miembros del Ejército Nacional detuvieron en Mulatos al joven de trece años DEIVISON OSORNO, a quien sometieron a golpizas mientras le exi-gían que dijera dónde estaba la guerrilla, advirtiéndole que si no se los decía, lo iban a asesinar. Des-pués de torturarlo por espacio de hora y media, lo dejaron ir, advirtiéndole que si denunciaba lo ocu-rrido, tendría que atenerse a las consecuencias. El martes 2 de noviembre de 2010 miembros de la Policía Nacional visitaron siete veces un centro educativo de Bosa (Bogotá, D. C.) donde se encontraban hospedados los integrantes de la Comunidad de Paz que participaban en una peregrinación a Bogotá para denunciar las políticas de exterminio a que viene siendo sometida la Comunidad, en compañía de sesenta acompañantes internacionales; los policías calificaron a los peregrinos que se hospedaban allí de “guerrilleros”, y a los acompañantes internacionales de “redes de apoyo internacional a la guerrilla”. El viernes 5 de noviembre de 2010, hacia las 8:00 horas, grupos paramilitares incursionaron en el asentamiento de Alto Joaquín, de la Comunidad de Paz, y le dijeron a varias personas que necesita-ban la lista de la gente de la comunidad, especialmente la de los líderes, para poder controlar la co-munidad. El lunes 15 de noviembre de 2010, hacia las 6:00 horas, hombres encapuchados fueron a la casa del coordinador de la Comunidad de Paz en Alto Joaquín, WALTER CERPA, y dijeron que lo estaban buscando. El día anterior hacia las 16:00 horas, hombres del Ejército que se encontraban cerca de la casa de Walter, también fueron a preguntar por él. El sábado 4 de diciembre de 2010, hacia las 10:00 horas, algunos paramilitares abordaron a un inte-grante de la Comunidad de Paz en el centro de Apartadó y le dijeron que Aníbal Durango era “un guerrillero”; que en su casa-tienda la guerrilla guarda sus cosas y que ellos iban a actuar contra él y “contra esa h. p. comunidad guerrillera”. Don Aníbal Durango es miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz y se ha identificado siempre con los principios de la Comunidad que impiden colaborar con cualquier actor armado. A la Comunidad le consta la honestidad a toda prueba de Don Aníbal y le asiste la plena convicción de que está siendo víctima de un plan de exterminio al estilo de los ya numerosísimos que han sido tramados por los paramilitares en colaboración con miembros de la Fuerza Pública contra campesinos inocentes. A miembros de una organización internacional, altos oficiales de la Brigada XVII les dieron exactamente la misma versión de los paramilitares e incluso les hicieron escuchar una grabación en la que supuestamente un guerrillero le pedía a otra persona que le dejara un encargo en la tienda de Don Aníbal, grabación que tenía todas las características de un montaje, al utilizar un lenguaje excesivamente abierto con claras intenciones de señalar a la víctima. Esto revela una vez más la estrecha coordinación entre la Brigada XVII y los grupos paramilitares, y al mismo tiempo revela la usurpación de funciones judiciales por dicha unidad militar, además de un manejo absolutamente ilegal y burdo de supuestas “pruebas” judiciales. El sábado 11 de diciembre de 2010, hacia las 8:00 horas, en un retén de la Policía en Cartagena de Indias, fue abordado ARLEY TUBERQUIA, integrante de la Comunidad de Paz, y sometido a un in-terrogatorio. Cuando los agentes supieron que Arley era miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, se ensañaron en insultos, afrentas y amenazas contra él. Cuando él les exigió respe-

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to, ellos respondieron que podían hacer lo que les diera la gana con él, como darle golpes y patadas hasta que quisieran. Él les advirtió que la Comunidad de Paz tenía medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ellos se pusieron aún más energúmenos, afirmando que ellos eran la ley y no respetaban ningún organismo por importante que fuera. Luego de tenerlo some-tido a insultos y amenazas durante un tiempo, lo dejaron continuar su camino. En las últimas semanas de diciembre de 2010 y primeras de enero de 2011, se presentaron frecuentes empadronamientos ilegales. En uno de ellos, los policías que realizaban la acción ilegal en el retén policial instalado en el barrio El Mangolo, acción violatoria de las directrices trazadas por la Corte Constitucional en su Sentencia C-1024/02, robaron además la fotocopia de la cédula que fue entrega-da por un miembro del Consejo Interno de la Comunidad. Frente a los reclamos que se les hicieron, el Coronel Director del Departamento de Policía Urabá se presentó en el sitio y ofreció como solución pagarle a la víctima una nueva fotocopia, sin comprender que lo que la Comunidad de Paz busca evi-tar en esos casos es la repetición de hechos en los cuales la fuerza pública maneje datos y fotografías de miembros de la Comunidad para preparar atentados, en el desarrollo de sus estrechas relaciones coordinadas con los grupos paramilitares.

2011 El domingo 30 de enero de 2011, en la vereda Playa Larga de San José de Apartadó, contigua a la ve-reda La Esperanza donde hay un asentamiento de la Comunidad de Paz, nuevamente un grupo pa-ramilitar manifestó a una familia que “esa comunidad era una h.p, comunidad guerrillera y que no descan-sarían hasta acabarla”. El miércoles 2 de febrero de 2011, hacia las 19:00 horas, en el lugar llamado Bocas de la Sucia, a 15 minutos del caserío de San José, fue asesinado en su casa WILLIAM DE JESÚS DAVID HERNÁN-DEZ, de 58 años. Un hombre vestido de traje oscuro llegó y le disparó, asesinándolo en su casa. Sus vecinos escucharon el tiro hacia las 19.00 horas. La comunidad, en solidaridad con su familia, acudió el 3 de febrero al lugar para verificar lo sucedido y comunicarlo a la Defensoría del Pueblo. El mismo miércoles 2 de febrero de 2011, hacia las 5:00 horas de la madrugada, dos hombres arma-dos, con trajes oscuros y en una moto, fueron a la casa de un familiar de EDUAR LANCHERO, acompañante de la Comunidad, en la ciudad de Barranquilla; allí golpearon la puerta y decían que necesitaban a ese h.p. de Eduar. Después de estar como cinco minutos gritando lo mismo y de gol-pear fuertemente la puerta, se marcharon. El domingo 6 de febrero de 2011, hacia las 11:00 horas, un grupo de 20 paramilitares con armas lar-gas y uniformes de camuflado, llegaron a los limites de las veredas Alto Joaquín (integrante de la Comunidad de Paz) y Murmullo Alto (vereda limítrofe), donde convocaron a una reunión a los po-bladores y mostraron una lista con varios nombres de miembros de la Comunidad de Paz a quienes dijeron que iban a asesinar. En dicha lista se encuentran varios coordinadores de asentamientos de la Comunidad, acompañantes, miembros del Consejo Interno y otros integrantes de la Comunidad.

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Afirmaron, además, que el trabajo agrícola que desarrolla la Comunidad de Paz es para la guerrilla y que la orden que tienen es “acabar esa h.p. comunidad guerrillera”. Entre los días lunes 14 y jueves 17 de febrero de 2011, en horas de la mañana, avionetas realizaron fumigaciones de Glifosato en cultivos de pan coger, agua y tierras de la Comunidad de Paz en la zona de Alto Joaquín. En la Comunidad de Paz ningún miembro ha tenido ni tiene cultivos de coca, pues es un principio de ese proceso no permitir la participación de los integrantes de la Comunidad de Paz en cultivos de coca. Por eso la Comunidad rechaza estas fumigaciones que dañan la naturaleza y des-truyen el medio ambiente con daños irreparables y perjudican enormemente la vida y la economía de familias que siempre se han abstenido de participar en dichos cultivos. Desde el martes 1° de marzo de 2011, se han venido presentando combates diarios entre el Ejército y la Guerrilla en diversas veredas de la zona. En Mulatos los combates han colocado en gran zozobra a las familias que habitan allí, entre quienes se cuentan varias que son integrantes de la Comunidad de Paz. El miércoles 2 de marzo de 2011, hacia las 8:00 horas, mas de 20 paramilitares hicieron presencia en las veredas Guineo y Arenas Bajas, portando armas largas y uniformes de camuflado con insignias que decían “Autodefensas”. Los paramilitares decían en cada casa de las dos veredas que la gente podía trabajar tranquila; que no iban a hacer nada; que su único objetivo era acabar con esa h.p. Co-munidad de Paz; que se pusieran a sembrar coca, pero que el que se metiera a la Comunidad sería asesinado, como les iba a ocurrir a esos h. p. guerrilleros de la Comunidad de Paz. Los paramilitares se pasean abierta y descaradamente por la zona, con la complacencia de la fuerza pública acantonada en sus bases de Nuevo Antioquia y Batata, ubicadas a corta distancia de las bases militares. El sábado 12 de marzo de 2011, a las 4:00 horas, fueron vistos por miembros de la Comunidad varios paramilitares que subieron a San José en tres motos, vestidos con trajes oscuros y portando armas. En el caserío de San José hicieron un recorrido dejando amenazas verbales contra varios pobladores de la zona, después de lo cual regresaron a Apartadó. El lunes 14 de marzo de 2011, hacia las 15:00 horas, el paramilitar ROBINSON GÓMEZ, acompañado por DIDIER BORJA ÚSUGA, ingresó a la hacienda de San Josesito, asentamiento central de la Comu-nidad de Paz, y ambos se acercaron a la vivienda de JESÚS EMILIO TUBERQUIA, Representante Le-gal de la Comunidad, donde preguntaron a la familia por su paradero. Cuando les respondieron que no se encontraba, preguntaron cuándo llegaría, y al no obtener respuesta se fueron. Durante 10 minu-tos más recorrieron el asentamiento preguntando por otras personas de la Comunidad y luego se re-gresaron al casco urbano de san José. ROBINSON GÓMEZ había llegado al corregimiento haciéndose pasar por comprador de ganado a crédito, lo que llevó a muchos campesinos a venderle ganado por cuotas que nunca les canceló. Dicho personaje había planeado un atentado contra el poblador WIL-MER TUBERQUIA en compañía de otros paramilitares, situación que se puso en conocimiento opor-tuno de la Defensoría del Pueblo en el pasado mes de febrero. A pesar de las múltiples amenazas que Robinson Gómez profirió contra pobladores del corregimiento de San José, en nombre de estructuras paramilitares, las instituciones del Estado, conocedoras del caso, no hicieron nada; por el contrario, el miércoles 16 de marzo de 2011, hacia las 21:00 horas, ROBINSON GÓMEZ fue recogido en un ca-mión del Ejército y escoltado hasta la Brigada XVII, en compañía de su familia, para protegerlo. Ya

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protegido en la Brigada XVII, sus vínculos con el ex guerrillero de las FARC alias “SAMIR” (ó “Daf-nis Daniel Sierra Martínez”), quien desde la Brigada ha proferido numerosas calumnias contra la Comunidad de Paz sin ser procesado penalmente, como tampoco lo ha sido por sus más de 30 asesi-natos en la zona, se hicieron explícitos, pues el viernes 18 de marzo de 2011, alias “SAMIR” se comu-nicó con varias personas que habitan en el caserío de san José y les comentó que ROBINSON GÓMEZ se encontraba con él en la Brigada XVII y que estaban planeando acciones contra los pobladores del corregimiento de San José y contra los integrantes de la Comunidad de Paz (uno de esos atentados sería, muy probablemente, en el que ejecutaron a Bernardo Ríos, el 22 de marzo). Cuando la Defenso-ría del Pueblo solicitó a la Brigada XVII informaciones sobre el paradero del Señor Robinson Gómez, respondieron que no sabían nada de él. Los días lunes 14 y martes 15 de marzo de 2011, en horas de la mañana, miembros del Ejército hicie-ron presencia en las entradas del asentamiento de San Josesito, hacienda privada de la Comunidad de Paz, realizando requisas contra integrantes de la Comunidad sin ninguna razón, aduciendo que era “para proteger a la Comunidad”. El martes 15 de marzo de 2011, en horas de la mañana, los medios de comunicación de la región di-vulgaron una falsa noticia de origen militar, según la cual, dentro de la Comunidad de Paz la guerri-lla de las FARC habría asesinado a un soldado. La noticia no tenía ningún fundamento pero con ello el Ejército buscaba estigmatizar aún más, ante la opinión pública, a la Comunidad de Paz, así como ocultar las verdaderas circunstancias del hecho. El martes 22 de marzo de 2011, a las 18:20 horas, una moto con dos paramilitares armados siguieron un vehículo de servicio público que se desplazaba entre Apartadó y San José, en el cual viajaba JESÚS EMILIO TUBERQUIA, Representante Legal de la Comunidad de Paz. Los paramilitares se acercaron varias veces al vehículo, lo observaron y comprobaron que iba acompañado de gente de organizacio-nes internacionales; entonces se detuvieron en el sitio conocido como Tierra Amarilla, a poca distan-cia del retén ordinario de la Policía. En dicho lugar esperaron a BERNARDO RÍOS LONDOÑO, quien se había encontrado minutos antes con Jesús Emilio en la Terminal de Transporte de Apartadó y se disponía a subir en bicicleta hasta la hacienda de San Josesito, de la Comunidad de Paz. Los pa-ramilitares lo detuvieron en Tierra Amarilla y lo asesinaron hacia las 18:30 horas. Se encontraba a cinco minutos un retén del Ejército y otros dos retenes de la fuerza pública estaban activos en esa ca-rretera. BERNARDO tenía 27 años. Perteneció a la Comunidad de Paz por varios años pero última-mente se había ido a la zona de La Miranda en búsqueda de trabajo al jornaleo, dejando a toda su fa-milia en la hacienda de san Josesito, integrada a tiempo pleno en la Comunidad de Paz. Esta semana había estado en San Josesito compartiendo con su familia y en esa noche había conseguido algo en Apártadó para cenar con toda su familia. La Comunidad reclamó su cadáver pero las instituciones oficiales pusieron todas las trabas posibles para entregarlo. Fue sepultado en la Comunidad de Paz. La Defensoría del Pueblo desactivó sus teléfonos para no responder a los llamados de la Comunidad que pedía acompañamiento de algún ente del Estado en tan dolorosos y repulsivos trámites.

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El miércoles 23 de marzo de 2011, 30 paramilitares en uniformes de camuflaje y con armas largas in-cursionaron en la vereda La Resbalosa, asentamiento de la Comunidad de Paz, donde abordaron a un miembro de la Comunidad y le dijeron que “esa h.p. comunidad guerrillera tenía que abandonar la zona o de lo contrario continuarían con los asesinatos; que tenían planeada, junto con la fuerza pública, una limpieza de la zona y el exterminio de la Comunidad de Paz”. El miércoles 30 de marzo de 2011, en horas de la mañana, el Comandante de Policía de Urabá, Coro-nel JAIME ÁVILA RAMÍREZ, se expresó por las emisoras radiales de la región, afirmando que Ber-nardo Ríos Londoño, ejecutado el martes 22, era integrante de un grupo armado; que los órganos ju-diciales están esclareciendo esto, y que la Comunidad de Paz no tenía razón en sus protestas al acusar al Estado por este crimen. Simultáneamente se supo que Ejército y Policía habían ido en búsqueda apresurada de reconocidos paramilitares para que rindieran declaraciones en la Fiscalía y acusaran a Bernardo de haber sido guerrillero. Tal comportamiento no extrañó en absoluto a la Comunidad, puesto que lo ha vivido multitud de veces. Las instituciones oficiales han utilizado siempre el poder judicial para justificar los crímenes, ya sea estigmatizando previamente a las víctimas, ya sea después de haberlas eliminado. Para ello se han servido siempre de los mismos mecanismos. Los Coroneles Néstor Iván Duque y Germán Rojas Díaz, en sus largos períodos como comandantes de los batallones Bejarano Muñoz y Voltígeros, fueron conformando un grupo de supuestos “desmovilizados de las FARC” (algunos no lo eran) con el fin de demandar de ellos servicios múltiples en la destrucción de la Comunidad de Paz. Todos ellos fueron involucrados progresivamente en numerosos crímenes y presentados en las fiscalías y juzgados como “testigos” para acusar a muchos campesinos de delitos que no habían cometido. Los fiscales y jueces recibieron los falsos testimonios omitiendo todos los requisitos previstos en el Código de Procedimiento Penal para evaluar y aceptar pruebas, y actuaron como un simple apéndice del poder ejecutivo en la región. La fuerza pública utilizó, además, como piezas probatorias, informes de inteligencia y “órdenes de batalla”, piezas que explícitamente está prohibido considerarlas con valor probatorio, así como falsas denuncias confeccionadas por los mis-mos militares y firmadas sin leerlas por falsos desmovilizados o por presos llevados ilegalmente a la Brigada XVII y sometidos a torturas, chantajes o sobornos, todo lo cual está minuciosamente docu-mentado en el libro “Fusil o Toga, Toga y Fusil”. La calumnia oficial, avalada desde los más altos nive-les del Estado, ha sido una de las armas con que se ha pretendido exterminar a la Comunidad de Paz. Dicha Comunidad no ha cesado de exigir que la Presidencia de la República rectifique las viles e in-fames calumnias que en su contra profirió el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez el 20 de marzo de 2005, con miras a legitimar por anticipado masacres, desplazamientos, montajes judiciales, bombar-deos contra poblaciones indefensas, torturas y toda clase de crímenes contra los integrantes de la Comunidad. Últimamente le ha manifestado repetidas veces al Presidente Santos que tiene derecho al buen nombre y a no ser difamados de manera tan vil. Sin embargo, aún el Presidente Santos perma-nece solidario en el crimen de su antecesor. Hoy se repite el ritual de la estigmatización al tratar de convertir a Bernardo, luego de su ejecución, en un “delincuente”. Y el Estado no ha tenido vergüenza de recurrir a los mismos métodos sucios, que comienzan por la usurpación del poder judicial por el poder ejecutivo, pues es la fuerza pública la que está aportando sus falsos testigos, como lo ha hecho siempre, con tal de estigmatizar al máximo el proceso de la Comunidad de Paz.

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El viernes 1° de abril de 2011, a las 5:30 horas aproximadamente, se registraron combates entre pa-ramilitares y guerrilleros en la vereda Arenas Altas, asentamiento de la Comunidad de Paz. Según testigos del sector, varios paramilitares murieron en el enfrentamiento. Los integrantes de la Comu-nidad de Paz y otros pobladores de la zona, muy afectados por el terror, acudieron a la Defensoría del Pueblo para que gestionara una protección de la población civil que estaba en medio del combate, pero la encargada de la Defensoría desactivó su teléfono. El sábado 2 de abril, un helicóptero militar sobrevoló la zona protegiendo a un grupo más grande de paramilitares, en número aproximado de 25, quienes entraron a mirar los cadáveres de sus compañeros, aunque no los recogieron. El primer grupo de paramilitares que ingresó a la vereda, en número aproximado de 7, había pasado en la ma-ñana del día anterior por las viviendas de Arenas Altas amenazando a los integrantes de la Comuni-dad de Paz. A pesar de que en ese momento había presencia de fuerza pública en la vereda, no hizo nada para enfrentar a los paramilitares ni para proteger a los integrantes de la Comunidad de Paz. Dos cadáveres de paramilitares quedaron expuestos cerca de Arenas Altas, después del 2 de abril, pero ninguna autoridad quiso atender el llamado de la Comunidad para ir a hacer los levantamientos legales. El domingo 3 de abril de 2011, el ex guerrillero alias “Samir”, domiciliado ilegalmente desde no-viembre de 2008 en la Brigada XVII, hizo varias llamadas telefónicas a pobladores del caserío de San José, invitándolos a trabajar como informantes del Ejército si no querían ser ejecutados o judicializa-dos. Dicho desertor de las FARC fue nombrado por el ex Presidente Álvaro Uribe como “Gestor de Paz”, pero desde su desmovilización ha proferido numerosas calumnias contra la Comunidad de Paz y contra muchos de sus integrantes, contribuyendo a un plan de difamación de la Comunidad lleva-do adelante desde hace años por la Brigada XVII, en el intento de justificar numerosos crímenes de lesa humanidad que los militares han perpetrado en la zona. Entre el domingo 3 de abril y el miércoles 6 de abril de 2011, aparecieron letreros escritos en tablas junto a viviendas o clavados en árboles, en la vereda Mulatos, en los cuales se leen mensajes de los paramilitares, bajo la sigla “AUC” (Autodefensas Unidas de Colombia), que dicen: “Venimos a matar”. Miembros de la Comunidad han descubierto, además, rastros de tropas que atraviesan por la zona pero no se dejan ver. El lunes 4 de abril de 2011, a las 8:00 horas, los paramilitares convocaron a una reunión a los pobla-dores de la vereda MURMULLO, limítrofe con el asentamiento de Alto Joaquín, de la Comunidad de Paz, en la cual les manifestaron que los trabajos que ellos (los paramilitares) le impongan a la pobla-ción, los tienen que realizar; el que no lo haga, la primera vez tendrá que pagar una multa de $ 50.000,oo (cincuenta mil pesos) y la segunda vez será ejecutado. Les advirtieron, además, que coloca-rán paramilitares armados, en trajes civiles y con radios de comunicación, en todas las veredas, con el fin de vigilar las actuaciones de cada persona, y que nadie podrá pertenecer a la Comunidad de Paz, pues el que se vincule a ella será ejecutado, como lo van a ser sus actuales integrantes, pues ya tienen una lista de ellos para empezar a matar. También dijeron que cualquier persona extraña que ingrese a la zona, será ejecutada. Al terminar la reunión, obligaron a los pobladores a realizar trabajos de arre-glo de caminos, para lo cual los distribuyeron y les asignaron tareas concretas. Dicho contingente paramilitar tiene su base en la vereda BATATA, del municipio de Tierralta, donde son protegidos por

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la fuerza pública, al igual que en el corregimiento de Nuevo Antioquia, en el municipio de Turbo, colindante con varios asentamientos de la Comunidad de Paz. El mismo lunes 4 de abril de 2011, cuando dos integrantes de la Comunidad de Paz del asentamiento de La Unión, HUBER AREIZA Y ALCIDES ÚSUGA, se dirigían a la vereda La Esperanza a realizar algunos trabajos, al atravesar la vereda Las Nieves fueron detenidos ilegalmente por militares, quie-nes quisieron obligarlos a descender de sus bestias y a mostrar todas las provisiones alimenticias que llevaban. Ellos se negaron a hacerlo y entonces los militares llamaron a dos encapuchados y los deja-ron solos con ellos. Los dos paramilitares agredieron a los integrantes de la Comunidad, los tumba-ron de las bestias, rompieron el mercado y lo regaron por el piso, les colocaron machetes en el cuello advirtiéndoles que si los volvían a ver los degollaban, y luego de una prolongada tortura los dejaron continuar su camino. El martes 5 de abril de 2011, hacia las 21:00 horas, en una finca cercana al asentamiento central de la Comunidad de Paz, San Josesito, colindante también con el caserío de San José, varios hombres enca-puchados abordaron al Señor JESÚS LÓPEZ, administrador de dicha finca, quien no era integrante de la Comunidad de Paz, y lo asesinaron a machetazos. La víctima regresaba de un culto de su Iglesia Pentecostal en el caserío de San José. Como no murió inmediatamente, integrantes de la Comunidad de Paz trataron de auxiliarlo, pero pocos minutos después falleció. La fuerza pública presente en el caserío, a pocos pasos del escenario del crimen, no hizo nada para auxiliarlo ni para trasladarlo a un centro asistencial. El lunes 11 de abril de 2011, la Comunidad de Paz decidió ir a recoger los restos de dos paramilitares que habían quedado insepultos en la vereda Arenas Bajas, luego de los combates que se presentaron el viernes 1° de abril entre la guerrilla y los paramilitares. La Comunidad le había insistido a la De-fensoría del Pueblo que se tramitara el levantamiento de los cuerpos por parte de las autoridades competentes, solicitud que no fue atendida. Según la misma Defensoría, el Ejército hizo operativos en la zona y afirmó que la Comunidad estaba mintiendo, pues, según los militares, no se había dado ningún combate y no había cadáveres en la zona ni tampoco existen grupos paramilitares. Sin embar-go, los pobladores de la zona habían observado cómo el pasado 2 de abril un grupo de 25 paramilita-res ingresó a la zona a inspeccionar los cadáveres de sus compañeros pero no los recogieron, mientras un helicóptero militar los protegía desde el aire. La Comunidad está ya muy acostumbrada a escu-char falsedades por parte del Ejército y de otras instituciones del Estado, por lo cual no se extraña de esta manera de mentir y ocultar la cruda realidad de los hechos. Mucha gente que no conoce a la Co-munidad se preguntó cómo era posible que estos paramilitares que amenazaron tantas veces a los integrantes de la Comunidad; que los conminaron muchas veces a abandonar sus tierras y que parti-ciparon en multitud de crímenes contra ellos en compañía de la fuerza pública, fueran ahora tratados de manera humanitaria por sus mismas víctimas, hasta ir a recoger sus restos y a sepultarlos con un mínimo de dignidad. Dentro de los criterios del Sistema de Muerte e Inhumanidad que nos envuelve, esto no se entiende. En la sociedad colombiana impera, más bien, el principio de “ojo por ojo y diente por diente”. Los Presidentes de la República incitan en sus discursos a la venganza contra la insurgen-cia, con lenguajes de barbarie que causan escalofrío. Pero la Comunidad de Paz no comparte esos principios ni ese lenguaje. Su lucha por la justicia es completamente ajena y contraria a todo senti-miento de venganza. Se exige justicia; se le dice NO a los actores armados; se les exige respeto; no se

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cede a sus exigencias; no se retrocede ante sus amenazas y sus actos de barbarie. Ellos ciertamente generan en la Comunidad miedo e intenso dolor con sus actuaciones criminales, pero lo que nunca han logrado ni podrán lograr es generar odio en los integrantes de la Comunidad de Paz. Creen que la dignidad de cualquier ser humano está por encima de las guerras y por ello la opción de la Comu-nidad ha sido la de recoger los restos; sepultarlos y/o entregárselos a sus familiares. Al caminar en búsqueda de estos restos exponiendo con ello sus propias vidas, sólo quisieron mostrar que la Vida sólo tiene su plenitud y expresión en la realización de los ideales de justicia, contraponiéndose a los sembradores de la muerte, quienes sólo generan dolor y muerte con sus armas, aunque nunca logran asesinar la resistencia civil, esa que construye y le da sentido a un mundo libre de opresiones, de im-punidad y de injusticia. Los cuerpos fueron entregados a sus familiares, quienes manifestaron su gra-titud y pudieron experimentar la deshumanización de un Estado que miente y juega de manera tan repugnante con el dolor de las familias, luego de haber destruido la conciencia de aquellos a quienes vincularon y entrenaron en los más horrendos crímenes del paramilitarismo. En la semana del 11 al 15 de abril de 2011, se repitieron las llamadas telefónicas del desertor de las FARC alias “SAMIR”, ilegalmente domiciliado en la Brigada XVII desde noviembre de 2008, y del paramilitar ROBINSON GÓMEZ, protegido también en la misma Brigada desde hace unos días, al menos a ocho pobladores del caserío de San José, en las cuales eran conminados a colaborar con el Ejército en calidad de informantes, si no querían ser judicializados o ejecutados. A dos de dichos po-bladores les advirtieron que ya no tenían salvación, pues ya estaban condenados a muerte. Si bien este tipo de amenazas, de utilización de procedimientos paramilitares y de prácticas de terror, han sido constantes desde hace muchos años por esta misma Brigada, esto confirma la continuidad de prácticas de terrorismo de Estado en un momento en que el mismo Jefe de Estado difunde versiones falsas en otros países sobre la vigencia de un Estado de Derecho, y más grave aún, cuando uno de los actores de estas prácticas de terror, ostenta la distinción de “Gestor de Paz” que el ex Presidente Uri-be le otorgó. El miércoles 13 de abril de 2011, a las 10:00 horas, cuando uno de los líderes de la Comunidad de Paz llegó al puerto de Frasquillo, sobre la represa de Urrá, con insumos agrícolas para los cultivos de la Comunidad, miembros del Ejército le impidieron pasar, exigiéndole un permiso especial de la UMA-TA y requiriendo de él una serie de datos personales, cuya exigencia está prohibida por la Corte Constitucional porque constituyen una forma de empadronamiento ilegal. Al ser contactada por telé-fono la Defensora Regional del Pueblo de Urabá, aprobó que los militares exigieran los datos que la Corte Constitucional prohíbe requerir. El viernes 15 de abril de 2011, hacia las 18 horas, tres hombres armados llegaron a la casa de ALCI-DES SUCERQUIA TUBERQUIA, de 39 años, ubicada en el caserío de San José a muy pocos metros del puesto de Policía, y mientras hablaba por teléfono le dispararon en la cabeza causándole la muer-te en forma inmediata. Algunas personas vecinas creen que los victimarios eran integrantes de las FARC, pero aún no hay claridad sobre la autoría del crimen. La Comunidad, a petición de su familia, recogió el cadáver y le hizo la velación y el entierro en su asentamiento de San Josesito. Los miembros de la Policía presentes en el caserío de San José en ese momento, se mostraron indiferentes y se nega-ron a prestar cualquier colaboración para recoger el cadáver o facilitar las diligencias legales. Una funeraria, a petición de la Defensoría del Pueblo, trasladó el cuerpo a Apartadó para un irregular le-

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vantamiento y le cobró una gruesa suma de dinero a la Comunidad para entregar luego el cadáver. Alcides dejó cuatro niños pequeños de seis y cuatro años los mayores, y dos gemelos de ocho meses. El lunes 18 de abril de 2011, a las 14:00 horas, el Ejército se enfrentó con un grupo de guerrilla, de-jando en medio del cruce de fuego a seis integrantes de la Comunidad de Paz del asentamiento de Mulatos, quienes en ese momento trabajaban en una de las parcelas de cultivo de la Comunidad. Ellos lograron correr y salir con vida del cruce de fuegos. Una vez terminado el enfrentamiento, los militares detuvieron arbitrariamente a cuatro campesinos que viven en cercanías de la Comunidad y los tuvieron privados de su libertad durante tres horas; les dijeron que eran guerrilleros y afirmaron que la Comunidad de Paz posee cultivos de coca. Cuando los detenidos respondieron que ellos sa-bían que eso era falso, pues la Comunidad expulsa a quienes participan en el cultivo de coca, los mili-tares insistieron en que la Comunidad de Paz es cultivadora de coca y guerrillera; les prohibieron, además, que contaran lo ocurrido a miembros de la Comunidad, pues si eso ocurría, se tendrían que arrepentir. El miércoles 20 de abril de 2011 hacia las 17:00 horas, en la vereda Arenas Altas, EMILSEN GÓEZ, integrante de la Comunidad de Paz, fue llamada a su celular por un hombre que se identificó como paramilitar, quien le dijo que ella era informante de la guerrilla y responsable del ataque que tuvieron el 1° de abril donde murieron dos paramilitares. Le anunciaron que la van a asesinar y que en cual-quier momento subirán a matarla. Ella ha tenido que desplazarse debido a la grave situación de ries-go para su vida y la de sus hijos. El viernes 21 de abril de 2011, hacia las 14:00 horas, miembros del Ejército que hacían presencia en la vereda Caracolí, sobre la carretera que conduce de Apartadó a San José, filmaron a miembros de la Comunidad cuando se realizaba el Vía Crucis del Viernes Santo. Un oficial de apellido GONZÁLEZ fue visto filmando por ciento cincuenta personas que participaban en la ceremonia religiosa. Cuando la gente lo abordó y le exigió mostrar las ilegales filmaciones y borrarlas, él negó, en forma atrevida, que estuviera filmando. En un momento, el oficial ofreció mostrar la cámara para que fuera examina-da, pero luego se negó a ello. En todos estos años ha sido rutinario el que la fuerza pública niegue haber cometido los crímenes que ha cometido, pero esta vez el oficial GONZÁLEZ lo hizo ante nu-merosos testigos que acababan de observar su comportamiento. Junto a él estaba otro hombre en traje civil, quien también filmó y todo muestra que estaba integrado a la inteligencia militar. El sábado 22 de abril de 2011, hacia las 11:00 horas, un bloque de paramilitares llegó a los límites en-tre las veredas Murmullo y Alto Joaquín, ésta última integrante de la Comunidad de Paz, en el muni-cipio de Tierralta. Allí han hecho permanencia constante ejerciendo un control asfixiante sobre la po-blación civil, de todo lo cual ha estado informado minuciosamente el Señor Presidente Santos, sus Ministros y altos funcionarios de su Gobierno, quienes han avalado con sus omisiones dicha presen-cia y accionar paramilitares. En la última semana, el grupo ilegal ha reiterado sus anuncios de exter-minio de la Comunidad de Paz y de sus líderes y han obligado a las poblaciones sometidas por ellos a realizar trabajos bajo su control. Además están colocando vigilantes de su organización en cada asen-tamiento. En la última semana de abril de 2011, continuaron las llamadas amenazantes del paramilitar RO-BINSON GÓMEZ, quien fuera protegido por la Brigada XVII el pasado 20 de marzo y llevado a vivir en sus instalaciones, cuando ya las deudas que tenía con numerosos pobladores del caserío de San

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José, calculadas en 60 millones, habían creado un ambiente de hostilidad hacia él en forma creciente. Muchos pobladores del caserío de San José, quienes no pertenecen a la Comunidad de Paz, han acu-dido a ella para que les ayude a denunciar la enorme corrupción que afecta a la fuerza pública y al Estado en general, al proteger a un delincuente de esa categoría, a quien además acusan de haberse robado el dinero de un Premio que la empresa PILSEN le entregó al corregimiento, calculado en 40 millones. El paramilitar Robinson Gómez, para acallar a muchos de sus deudores, ha decidido acu-sarlos de ser colaboradores de la guerrilla para intimidarlos e impedir que le sigan exigiendo el pago de sus deudas, para lo cual ha contado con el apoyo del Ejército y de algunos miembros de la Fiscalía, ya muy acostumbrados a este tipo de montajes. Es de anotar, también, que dicho paramilitar, con el apoyo de algunos líderes comunales de San José y de la fuerza pública, había violado las cerraduras del inmueble La Bodega, de la Comunidad de Paz, y había montado allí un negocio de carnicería, pisoteando todos los principios de las Naciones Unidas sobre los bienes de los desplazados. El lunes 25 de abril de 2011, a las 17:30 horas, al sitio llamado Caracolí, sobre la carretera que de Apartadó conduce a San José, donde hace tiempo opera un retén del Ejército, llegaron dos motocicle-tas con dos hombres armados en cada una de ellas, se identificaron como paramilitares y les pidieron a los allí presentes información sobre las personas que estaban en una lista, quienes serían asesinadas próximamente. Al leer públicamente la lista, ésta incluía a miembros del Consejo Interno de la Co-munidad de Paz, acompañantes de la misma y personas muy conocidas en el caserío de San José o en veredas del entorno. Según se informó a la Comunidad, en la lista estaban incluidos JESÚS EMILIO TUBERQUIA, Representante Legal de la Comunidad de Paz; EDUAR LANCHERO, acompañante de la misma; RIGOBERTO GARCÍA, poblador y comerciante del caserío de San José, y ELKIN MON-TOYA Y RAMON GUERRA, pobladores de la zona rural. No es la primera vez que Jesús Emilio y Eduar son amenazados; ya han escapado a múltiples atentados y esto se sabe con detalles en la Presi-dencia de la República, en varios Ministerios y en los organismos de control del Estado, como tam-bién saben que quienes han intentado asesinarlos son agentes directos e indirectos del Estado cuyos nombres los tienen en sus manos desde hace mucho tiempo y han desoído los clamores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de otros organismos internacionales para que se proteja a estas víctimas. Es muy significativo que el sitio donde se leyó la lista de quienes van a ser asesinados, sea un puesto de control del Ejército, aunque esto sólo reconfirma una vez más la estrecha unidad de acción entre militares y paramilitares que ha operado en los últimos 14 años. Es también muy signifi-cativo el hecho de que poco antes de llegar allí los paramilitares, los militares requisaron arbitraria-mente al Representante Legal de la Comunidad, Jesús Emilio Tuberquia, quien subía con acompañan-tes internacionales. Los militares no dieron ninguna explicación coherente sobre dicha requisa que se evidenciaba como un nuevo hostigamiento arbitrario, y se enfurecieron cuando se les hizo ver que su presencia allí y sus requisas no constituían ninguna protección para la población, toda vez que en los últimos días han asesinado a varias personas en la carretera, en hechos que revelan complicidad de la fuerza pública, dejando la sensación de que los criminales tienen libertad de desplazamientos sin ser molestados, mientras la población civil honesta y los integrantes de la Comunidad de Paz son estig-matizados con la sospecha o presunción de ilegalidad que todas estas requisas deshonrosas implican como afrenta y humillación.

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El martes 26 de abril de 2011, a las 7:00 horas, en la vereda Murmullo, del municipio de Tierralta, aledaña al asentamiento de ALTO JOAQUÍN que es integrante de la Comunidad de Paz, los paramili-tares que tienen una enorme base tolerada y apoyada por la fuerza pública en el corregimiento de BATATA, reunieron a la población y nuevamente les anunciaron que van a exterminar la Comunidad de Paz. El mismo martes 26 de abril de 2011, en horas de la mañana, varios medios masivos de comunicación transmitieron una intervención del paramilitar ROBINSON GÓMEZ, quien desde el pasado 20 de marzo es protegido por el Ejército en la Brigada XVII y aliado allí con alias “SAMIR”, desertor de la FARC y protegido también ilegalmente por el Ejército en la Brigada desde noviembre de 2008, para atacar y difamar de múltiples formas a la Comunidad de Paz. En su intervención, Robinson Gómez les anunció a sus acreedores, a quienes durante mucho tiempo les había comprado ganado sin pagar-les, que finalmente les va a pagar con el producto de la venta de una finca que se propone vender. Dicha finca es de la Comunidad de Paz y en ella la Comunidad ha ejercido dominio y posesión desde hace catorce años. En 1997 era un terreno abandonado y la Alcaldía de entonces, en presencia de re-presentantes de la Iglesia local, la entregó a los numerosos desplazados con los cuales se conformó la Comunidad de Paz. El mismo martes 26 de abril de 2011, desde las 14:00 hasta las 15:00 horas, se dieron combates arma-dos entre militares y guerrilleros en la vereda Bellavista del Corregimiento de San José. Hace ya tiempo que se repiten combates armados en zonas donde hay viviendas de población civil, dejando a ésta en medio del fuego cruzado, lo cual constituye una flagrante infracción del Derecho Internacio-nal Humanitario. El miércoles 27 de abril de 2011, hacia las 11:00 horas, tropas del Ejército Nacional le destruyeron una hectárea de arroz a ARSENIO DÍAZ, en la vereda Mulatos-Cabecera. De igual forma están utili-zando su finca como helipuerto, sin pedirle autorización, destruyendo así otras cosechas que son bienes de supervivencia de su familia, en abierta infracción al Derecho Internacional Humanitario. El viernes 29 de abril de 2011, hacia las 6:30 horas, fue asesinado en la vereda Mulatos/ Cabecera el joven MANUEL DE JESUS MORA, de 18 años. Se encontraba en su casa, cuando los vecinos escucha-ron tiros de fusil y al acercarse a inspeccionar lo encontraron muerto de dos tiros de arma larga. Ma-nuel había aparecido en las listas de personas en la mira que los paramilitares habían leído el 25 de abril en la vereda Caracolí, lugar habitual de presencia del Ejército. También el día anterior se había presentado en su casa, hacia las 8:00 horas, un hombre encapuchado quien se alejó momentos des-pués sin decir nada. De igual forma, miembros del Ejército Nacional habían preguntado esa semana por él y en el momento del asesinato se encontraban acampando a unos 100 metros de la casa de Ma-nuel. La comunidad ayudó a la madre de Manuel a llevarlo a su casa y velarlo allí, donde fue sepul-tado el mismo sábado 29 de abril. El mismo viernes 29 de abril y el domingo 1° de mayo de 2011, en horas de la mañana, se presenta-ron combates en las veredas Arenas y Bellavista, causando gran terror en la población civil que ha-bita en esos asentamientos. También en la carretera que conduce de Apartadó a San José se escuchó un gran estruendo y los medios de comunicación informaron que se trataba de una bomba contra un camión del Ejército. Esto evidencia una vez más la agudización del conflicto y a nadie se le oculta que la presencia enorme de tropas y la construcción de un búnker para la Policía en medio de la pobla-

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ción civil, en contra de lo ordenado por la Corte Constitucional, sumado a la presencia de al menos seis enormes bases paramilitares en la zona, atrae también a otros actores armados y pone en alto riesgo la vida y la integridad de toda la población civil del entorno. El domingo 1° de mayo de 2011, hacia las 8:00 horas, fue detenido por miembros del Ejército, en la vereda Arenas Altas, ELIÉCER GUZMÁN, integrante de la Comunidad de Paz y en otro tiempo miembro del Consejo Interno. Los militares lo insultaron; le dijeron que era un guerrillero y que esa h. p. comunidad de paz era guerrillera. Luego de someterlo a afrentas, le dijeron que donde lo volvie-ran a ver lo matarían. El lunes 2 de mayo de 2011, hacia las 16:00 horas, cuatro miembros de la Comunidad de Paz fueron empadronados por tropas del Ejército en el sitio conocido como Chontalito, entre San Josesito y Mu-latos, en flagrante violación de lo preceptuado por la Corte Constitucional. Allí les tomaron fotos y los colocaron frente a un encapuchado a quien los militares le preguntaban por cada uno y él respon-día haciendo con la cabeza signos negativos, luego de lo cual los dejaron en libertad. El jueves 5 de mayo de 2011, hacia las 10:00 horas, los paramilitares que hacen presencia allí sin que el Gobierno haya querido mover un dedo para desterrarlos o someterlos a la ley, reunieron a los po-bladores de la vereda MURMULLO, de Tierralta, Córdoba, aledaña a varios asentamientos de la Co-munidad de Paz. El paramilitar que dice llamarse JAIRO BRAVO llevó a dicha reunión una lista en la cual incluía a varios miembros de la Comunidad de Paz. Según él, si la gente señalada no abandona la zona, habrá una masacre. Afirmaron que no van a permitir que la Comunidad de Paz se mantenga en la zona. El sábado 7 de mayo de 2011, hacia las 9:00 horas, un paramilitar en Tierralta se acercó a un miembro de la Comunidad de Paz y le dijo que debía abandonar la zona porque ellos están preparando una masacre contra la Comunidad; que se lo advertía para que no muriera tanta gente; que la misma em-presa de la represa de Urrá había pagado ya un dinero para que expulsaran a la gente y tenían que cumplirle. El domingo 8 de mayo de 2011 se desplazaron de la vereda Alto Joaquín y de otras veredas cercanas, cinco familias que no pertenecen a la Comunidad de Paz, presionadas por las amenazas que están haciendo de manera persistente los paramilitares de realizar una masacre. Otras familias de la zona también están buscando cómo salir. El miércoles 11 de mayo de 2011, a las 16:00 horas, en el sitio conocido como La Antena, a quince mi-nutos del asentamiento de San Josesito, fue ejecutado JOHN KENNEDY HIGUITA RAMÍREZ, como acto final de una persecución de varios años perpetrada por militares, policías, paramilitares y fisca-les. En 2006 le hicieron el primer montaje por “rebelión” y lo tuvieron que dejar en libertad a los 6 meses por inconsistencia del proceso y carencia de pruebas. Violando el principio de “non bis in idem” (no dos veces en lo mismo), la Fiscal 51 de Medellín, Fabiola Mejía Muñetón, volvió a ordenar su cap-tura en abril de 2007, esta vez por una afirmación sin prueba alguna hecha por un paramilitar pagado y como evidente castigo por haber denunciado al Estado ante la Corte Penal Internacional, en com-pañía de otras víctimas, luego de aparecer en una lista de personas para matar, exhibida por el pa-ramilitar Elkin Tuberquia Tuberquia, quien trabajaba al servicio del Coronel Néstor Iván Duque Ló-pez, entonces Comandante del Batallón Bejarano Muñoz, de la Brigada XVII. Sólo cuando un aboga-do anunció que demandaría a la Fiscal por su conducta antijurídica, ella lo dejó en libertad tres días

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después. En septiembre de 2010, la Fiscalía volvió a violar el principio “non bis in idem” y lo citó nue-vamente a indagatoria, siendo conducido antes a la Brigada (contra lo ordenado por al Corte Consti-tucional) y a un hospital. Esta vez se apoyaron en las falsas e insostenibles denuncias de una “desmo-vilizada” conseguida por la Brigada XVII, apodada “Gisela”. En esta última ocasión los cuatro sindi-cados, en varios de los cuales se estaba violando nuevamente el principio “non bis in idem”, sospecha-ron algo demasiado perverso y pidieron acompañamiento a la Defensoría del Pueblo, la cual se los negó. Al salir de las indagatorias ya de noche, varios de ellos tuvieron que regresar a pie al corregi-miento de San José y fueron atacados a bala desde la oscuridad al pasar por el tradicional nido del paramilitarismo conocido como “Tierra Amarilla”. Las sospechas sobre este atentado se dirigen nece-sariamente hacia la articulación entre la Brigada XVII y la Fiscalía, con omisión culpable de la Defen-soría. John Kennedy se escapó esa noche por buscar otras formas más discretas de regresar a su finca, pues el día anterior a dicha indagatoria, unos soldados con otros hombres sospechosos que andaban “buscando trabajo”, armaron una balacera junto a su casa. De allí en adelante, los miembros del Ejér-cito lo señalaron muchas veces ante pobladores de la zona como supuesto “guerrillero” y por eso él temía que lo iban a asesinar. Además, los dos últimos personajes que la Brigada XVII ha cooptado para acusar a quien ellos quieran, como pago de prebendas y protecciones: alias “Samir” (desertor de las FARC) y Robinson Gómez (paramilitar también protegido por la Brigada), lo habían amenazado recientemente. Meses antes, también había recibido amenazas de muerte de la guerrilla. Todo esto le hizo sospechar que las instituciones del Estado y sus aliados paramilitares estaban buscando inten-samente su muerte y así se lo expresó a varios miembros de la Comunidad de Paz y a una Comisión Nacional que visitó recientemente la Comunidad de Paz. Su muerte es, pues, una muerte anunciada y largamente planificada. John Kennedy fue asesinado en la tarde del miércoles 11 de mayo cuando salió de su casa a reunirse con algunos vecinos para jugar fútbol. En el camino lo asesinaron pero na-die conocido presenció el momento mismo del asesinato. El mismo día encontraron su cuerpo sin vi-da y con claras huellas de tortura. Aunque no era integrante de la Comunidad de Paz, su familia pi-dió que se le enterrara en la Comunidad. Él había acudido muchas veces a la Comunidad de Paz para compartirle sus angustias y temores y cuando apareció en la lista de condenados a muerte, se le soli-citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le exigiera al Gobierno respetar su vida y las de los demás que figuraban en la lista. Todo muestra, nuevamente, que se trata de un Crimen de Estado. La misma insensibilidad del Gobierno ante todas las peticiones elevadas en los últimos meses y semanas, evidencia un apoyo tácito al plan de exterminio que avanza imperturbable. El miércoles 1 de junio de 2011, hacia las 17:00 horas, en el barrio Alfonso López fue detenido por dos hombres el vehículo de servicio público que se dirigía de Apartadó hacia San José, se presentaron como autodefensas, estaban en una moto y portaban armas cortas, tomaron fotos a la gente que venía en el carro, entre los pasajeros se encontraban dos miembros de la Comunidad de Paz. Luego de ello le dijeron al conductor del carro que siguiera · El jueves 26 de mayo de 2011, hacia las 6:00 horas, en la vereda Caracolí, fue asesinado RAMÓN FRANCO VAQUERO. Tres hombres vestidos de uniformes camuflados y con armas largas llegaron a su casa, lo llamaron a la puerta, y cuando salió lo asesinaron. Su casa se encuentra a 200 metros del retén permanente del Ejército.

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El miércoles 8 de junio de 2011, entre las 10 y 11 horas, alias “Samir” llamó a varias personas de la Comunidad de Paz diciéndoles que trabajaran para él. Decía que era delegado de la Brigada para esos trabajos que buscaban destruir la Comunidad; que además, siendo gente de la Comunidad, iban a brindarle información cercana, pues el objetivo es acabar con esa Comunidad. También manifestó que existían personas que ya trabajaban con él brindándole información; decía conocer todos los mo-vimientos y lo que se decía en la comunidad. Las personas le dieron su negativa y le colgaron. El viernes 10 de junio de 2011, hacia las 17 horas, paramilitares provenientes de Batata hicieron pre-sencia en la vereda Murmullo; allí dijeron que estaban muy atentos a todo y que iban a evitar que la Comunidad de Paz siguiera en la zona; que esperaban que bajara la presión y “comenzarían a actuar contra esa h.p comunidad guerrillera”. Dijeron que el otro problema era que la gente era sapa y co-mentaban lo que ellos hacían; por ello estaba prohibido hablar con gente de la Comunidad de Paz. El jueves 16 de junio de 2011, hacia las 13:00 horas, en el sitio conocido como La Platanera, sobre la vía que de Apartadó conduce a San José, fue detenido por dos hombres armados que se identificaron como paramilitares el vehículo de servicio público que bajaba de San José a Apartadó y obligaron a descender del mismo a JORGE PESTANA BELLO y a JAVIER TORRES. Luego los hicieron entrar a la platanera y allí asesinaron a JORGE, a 100 metros del retén de la Policía. Luego subieron a JAVIER en un carro y lo llevaron a una vivienda rural en el municipio de Carepa, pasando por retenes del Ejérci-to y de la Policía sin ser inspeccionados. En esa casa lo desnudaron y lo sometieron a diversas formas de tortura mientras lo interrogaban. Le preguntaban por un hermano suyo y por otras personas a quienes tenían en una lista para matar. Permaneció desnudo y bajo torturas desde el 16 hasta el 19 de junio, cuando lo dejaron libre hacia las 15:00 horas, advirtiéndole que si abría la boca para denunciar lo ocurrido, lo matarían a él y a su familia. El domingo 19, hacia las 11:00 horas, un paramilitar en moto y armado llegó a la vereda Caracolí, donde hay un retén del Ejército, buscó a la familia de Javier y les comunicó que ellos, los paramilitares, tenían en su poder a Javier y para que le creyeran, los co-municó con él por celular, pues aún se hallaba en su poder. Les dijo que para salvar a Javier debían revelar el paradero de otras personas que necesitaban; que, además, debían comunicarle a las perso-nas que están en las listas de gente para asesinar, listas que ellos han leído públicamente en las últi-mas semanas, que pronto van a correr la misma suerte de Jorge Pestana, y que no los van a matar en Caracolí con el fin de no involucrar al Ejército, sino en otros lugares. Luego el paramilitar se fue en su moto sin ser requisado en ningún puesto de control del Ejército ni de la Policía. El lunes 20 de junio de 2011, hacia las 10:00 horas, tropas del Ejército ingresaron al asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda de La Resbalosa. Le dijeron a ABELARDO BERRÍO que tenía que venderles lo que ellos dijeran y colaborarles en lo que ellos pidieran; de lo contrario tendría que abandonar el territorio, pues lo iban a detener como “sospechoso por estar en esa vereda”. Abelardo les respondió que los miembros de la Comunidad de Paz no pueden colaborar con ningún actor ar-mado y que esa vereda es su vereda y allí está su vivienda y por lo tanto él tiene que estar allí, como integrante de la Comunidad de Paz que es. Los militares le dijeron entonces que no podía denunciar lo ocurrido. Luego le robaron varias gallinas. El martes 21 de junio de 2011, hacia las 11:00 horas, el asentamiento de LAS CLARAS, integrante de la Comunidad de Paz, quedó en medio de un combate entre el Ejército y la Guerrilla. GONZALO TORRES, quien se encontraba trabajando allí, corrió para escapar al fuego cruzado. Luego, cuando

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bajaba hacia San José, le reclamó al Ejército por haber disparado indiscriminadamente, pues si no hu-biera corrido –les dijo- lo habrían matado, a lo cual los militares le respondieron que realmente la idea era matarlo, pues ahora la guerrilla anda de civil y tienen que dispararle a cualquiera. El jueves 23 de junio de 2011, hacia las 11:00 horas, La Señora FÉLIX MARÍA VILLA fue obligada a bajarse del vehículo de servicio público en que se desplazaba de Apartadó a San José, a la altura del sitio Tierra Amarilla, por dos hombres encapuchados que se movilizaban en moto y armados. Luego obligaron al conductor a seguir y a ella la dejaron y se la llevaron a la vereda Los Mandarinos, donde existe una base paramilitar, y la tuvieron amarrada en una casa hasta el día 24 a las 17:00 horas. Pri-mero le dijeron que la iban a matar porque tenía SIDA, lo que ella negó rotundamente. Luego le dije-ron que la iban a matar porque era guerrillera pero que antes tenía que decirles dónde encontrar a varias personas que tenían en una lista para matar, personas que ella no conocía. Luego le dijeron que la iban a dejar libre pero tendría que abandonar la zona en un plazo de cinco días. Cuando la dejaron libre, como era ya tarde, se fue a casa de unos familiares en el barrio Policarpa de Apartadó; allí llega-ron nuevamente los paramilitares y le repitieron que estaba condenada al destierro o la muerte por-que era una guerrillera, a lo cual ella les respondió que sólo vivía para su esposo y sus hijos, dedicada a trabajar. Luego pudo llegar al asentamiento de la Comunidad de Paz. El lunes 25 de julio de 2011, hacia las 18:00 horas, dos paramilitares en trajes civiles y con armas cor-tas llegaron a una finca situada a diez minutos de Tierra Amarilla, sitio ubicado en la carretera de Apartadó a San José, donde fuerza pública y paramilitares han perpetrado numerosos crímenes. Allí estaba trabajando con su máquina de aserrar madera EDISON VALDEZ HIGUITA, de 38 años, sien-do asesinado de dos tiros en la cabeza por los dos paramilitares. Luego de asesinarlo lo dejaron tira-do, llevándose también la máquina de aserrar. La comunidad pidió inmediatamente la intervención de la Defensoría del Pueblo para exigirle a los organismos de control perseguir a los culpables, prote-ger a los sobrevivientes y auxiliar a la familia de la víctima, pero la Defensora respondió de manera agresiva, reprochándole a la Comunidad de Paz que se entrometiera en casos que no eran de su in-cumbencia ya que no tocaban a ninguno de sus miembros. La Comunidad siempre ha reivindicado su derecho a la solidaridad y ha rechazado y censurado la indiferencia y el aislamiento que esta so-ciedad quiere imponer como rasgo cultural dominante, lo que facilita la violación de los derechos humanos y la destrucción de todo proyecto comunitario y humanitario. Dada su historia de comuni-dad victimizada a gran escala y la solidaridad que ha encontrado en grupos humanos del país y del mundo que le han ayudado a sobrevivir, la gente que la rodea acude a ella cuando es sometida a afrentas y horrores. Tiene pleno derecho a ayudarles así como otros les han ayudado a ellos. Es en extremo lamentable que sea justamente la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, ente diseñado en la Consti-tución para coordinar la solidaridad con las víctimas, la que quiera censurar a la Comunidad de Paz por ser solidaria y se niegue a cumplir su deber frente a las víctimas. El domingo 31 de julio de 2011, hacia las 19:00 horas, hombres armados abordaron a un miembro de la Comunidad de Paz en el camino de San Josesito a la Unión, intentando privarlo de su libertad y someterlo quién sabe a cuántas afrentas. Afortunadamente él salió corriendo y logró escapar. El lunes 1° de agosto de 2011 a las 9:00 horas los paramilitares reunieron a las familias de la vereda Unión-Carepa, vestidos de camuflados y portando armas largas. Les dijeron que ya tienen identifica-das y localizadas las personas a quienes próximamente van a asesinar; que va a ejercer en adelante un

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control estricto de toda la población; que ya todo lo tienen coordinado con la fuerza pública y que si alguien no acepta esto abandone el territorio. El miércoles 3 de agosto a las 11:00 horas los paramilitares reunieron a las familias de la vereda Alto Bonito y les dijeron que tienen una lista de personas de cada vereda para asesinar próximamente y que continuarán controlando la zona y asesinando gente. El 25 de agosto de 2011 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Apartadó emitió el sentido del fallo condenatorio contra 4 jóvenes campesinos de San José de Apartadó, que si bien no han pertenecido a la Comunidad de Paz, pertenecen a su entorno geográfico y social. La primera vez que los citaron a la Fiscalía, el 22 de septiembre de 2010, varios de ellos estaban amenazados de muerte y le pidieron acompañamiento a la Defensoría del Pueblo, la cual les negó toda protección y al regresar de la au-diencia los atacaron a bala en el camino y uno de ellos, ALONSO VALLE GUERRA, quedó herido. Las amenazas se multiplicaron contra ellos y el 11 de mayo de 2011 fue asesinado otro de los acusa-dos, JHON KENNEDY HIGUITA RAMÍREZ. Un poco antes, el 22 de marzo, había sido asesinado BERNARDO RÍOS LONDOÑO y ahora se ha descubierto que estaba vinculado al mismo proceso, el cual había sido objeto de una ruptura de unidad procesal. Otro de los imputados, JORGE LUIS HI-GUITA TUBERQUIA, había recibido amenazas de muerte por vía telefónica, de personas que están albergadas en la Brigada XVII. El otro imputado, JOSÉ ALBEIRO DAVID GRACIANO, había escapa-do con vida el 22 de septiembre de 2010 al lograr esconderse en el bosque sin ser alcanzado por los disparos. Se descubre, pues, una articulación entre fusil y toga, que deja nuevamente al descubierto la fusión entre los aparatos judicial y militar/paramilitar del Estado en estrategias criminales. Pero el proceso mismo, desarrollado dentro del modelo acusatorio de justicia oral, conducido por la FISCAL 117 Delegada Seccional de Apartadó, MELBA JUDITH ARIZA BARÓN y el Juez 2° Penal de Aparta-dó, ANTONIO MARÍA MARTÍNEZ MONTERO, reveló nuevamente todas las irregularidades judi-ciales que se han venido denunciando desde hace muchos años. No hubo ni separación ni indepen-dencia de poderes ni imparcialidad alguna. La Fiscal y el Juez se sometieron absolutamente a los dic-tados y aportes espurios de la Brigada XVII, la cual confeccionó todas las falsas pruebas. Los acusa-dos no fueron escuchados ni los pobladores de sus veredas que testimoniaron su condición de agri-cultores dedicados al jornaleo diario, fueron tenidos en cuenta para nada. Al contrario, la Fiscal ARI-ZA BARÓN defendió la tesis según la cual, el hecho de dedicarse a trabajos legales y normales es lo que más los identifica como milicianos y por eso las actividades normales y legales de los imputados eran una confirmación de su culpabilidad en el delito de “rebelión”. Los testigos de cargo todos fue-ron conseguidos en la Brigada XVII: cuatro desmovilizados; el jefe de inteligencia del Batallón Voltí-geros, SARGENTO MANUEL VICENTE SEVERICHE, y un detective del CTI –HENRY MAURICIO VÁSQUEZ, quien buscó todas las pruebas en la misma Brigada XVII mediante “entrevistas” a los mismos desmovilizados. De éstos, el único que hizo acusaciones contra los sindicados fue alias “SA-MIR”, pero no tuvo cómo sustentarlas ante el sentido común, pues dejó en claro que ellos no habían pertenecido a su estructura (Frente 5° de las FARC); que los había conocido hacía muchos años sólo en un curso de preparación; que se había enterado de la deserción de todos ellos hacía mucho tiempo, pero que había oído decir que el actual comandante guerrillero de la zona, alias “Darlinson”, había recogido a los antiguos milicianos para volverlos a vincular. Dos de los imputados habían sido encar-celados hace varios años por la misma acusación y cuando salieron en libertad, alias “SAMIR” ya ha-

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bía desertado y estaba recluido en la Brigada, lo que no le permitía conocer la situación de la guerrilla en la zona en los últimos años, a no ser por comentarios interesados de los militares, acostumbrados por décadas al “falso positivo judicial”. Sin embargo, el Juez MARTÍNEZ MONTERO acogió como totalmente creíble e incuestionable el chisme que supuestamente le habían llevado a “Samir” en la Brigada, y apoyado en ese chisme, y en la “Orden de Batalla” contra las FARC, elaborada por el Co-ronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, cuyos chantajes contra campesinos de la zona han sido conocidos y denunciados ampliamente, sustentó el fallo condenatorio. Salta a la vista que todo lo que la Constitu-ción contempla como debido proceso (Art. 29), así como los principios rectores del Código de Proce-dimiento Penal, fueron desconocidos y pisoteados por la Fiscal ARIZA BARÓN y por el Juez MAR-TINEZ MONTERO: desconocieron la independencia de poderes, los principios de legalidad y tipici-dad, las normas para acusar y condenar, los criterios de idoneidad de los testimonios, la imparciali-dad y el respeto a los argumentos de descargo. Todo fue desconocido, pero este proceso revela, una vez más, que los funcionarios judiciales en Urabá son sólo acólitos de la estructura militar; que ésta sigue empecinada en construir falsos positivos judiciales, manipulando a los desmovilizados y cons-truyendo falsos testimonios, y que la fusión de “toga y fusil” sigue totalmente vigente. En el mes de septiembre de 2011 fue particularmente intenso el accionar de las bases paramilitares ubicadas en cercanías del territorio de la Comunidad de Paz: Actividades de las BASES PARAMILITARES de la zona en septiembre de 2011: La base paramilitar ubicada en la vereda Mano Cuello, del corregimiento de El Dos, en el munici-pio de Turbo, pero colindante con las veredas de la Comunidad de Paz. Allí más de doscientos pa-ramilitares se despliegan por diversos lugares donde regulan toda la entrada de gente a las veredas, hacen empadronamientos, compran coca, entran armas y munición, profieren amenazas, detienen a personas quienes luego desaparecen o son ejecutadas, reúnen a la gente de allí y les dicen que ellos son la ley y los que controlan todo; que quien no les obedezca será ejecutado. Uno de los últimos epi-sodios de este accionar fue la reunión del 23 de septiembre de 2011 en horas de la mañana, en la cual los paramilitares expusieron todas estas condiciones a los pobladores. La base paramilitar de Nuevo Antioquia, donde más de cien paramilitares andan de camuflado y/o de civiles, armados, recorriendo las veredas hasta Playa Larga. Allí hacen empadronamientos de cada finca de las diversas veredas; cobran impuestos a la madera y a los diversos productos que se sacan; realizan reuniones con la gente diciendo lo mismo sobre su control y sobre el sometimiento de la gen-te. Uno de los últimos episodios fue el empadronamiento realizado el pasado 21 de septiembre (2011) en la vereda Playa Larga. La base paramilitar de Piedras Blancas, donde se encuentran más de cien paramilitares. Allí hacen patrullajes en las veredas donde se encuentra la Comunidad de Paz, profiriendo amenazas; anun-ciando el inminente exterminio de la Comunidad y controlando la alimentación, el movimiento de las personas e imponiendo sus reglas de juego. Uno de tantos hechos cometidos han sido las amenazas proferidas el sábado 17 de septiembre de 2011 a las 10:00 horas, en las veredas La Cristalina y Care-pa, donde le dijeron a la gente que iban a desaparecer a varias personas pues no cumplían las reglas que ellos imponían. La base paramilitar de Batata: allí han construido una edificación grande para albergar a más de 300 paramilitares que se movilizan por la zona controlando las veredas; empadronando a la gente; ha-

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ciendo retenes permanentes y requisas de los pobladores; controlando todo lo que hacen y producen las familias. Uno de los últimos episodios ocurrió los días 24 y 25 de septiembre de 2011, cuando ins-talaron un reten permanente todo el día, donde requisaban a la gente y pedían documentos, afirman-do que a quien no conocieran y a quienes no les obedecieran los iban a asesinar. La base paramilitar de Los Mandarinos: allí más de cincuenta paramilitares hacen control permanen-te de la gente cuando llegan los carros de servicio público, esto es diariamente, haciendo requisas y empadronamientos. El miércoles 12 de octubre de 2011, hacia las 19 horas, en la vereda La Resbalosa un avión disparó ráfagas contra las viviendas de miembros de la Comunidad de Paz. Dos ráfagas cayeron en el patio de la casa de un integrante del Consejo Interno de la Comunidad y esto llevó a que las familias tuvie-ran que salir apresuradamente en la noche a refugiarse en otros sitios, para escapar al bombardeo indiscriminado que estaba perpetrando el Ejército, como crimen de guerra. El sábado 15 de octubre de 2011, hacia las 9 horas, paramilitares realizaron retenes en la entrada de la vereda Batata, aledaña a varios asentamientos de la Comunidad de Paz; hicieron empadronamientos ilegales y le dijeron a los pobladores que a quien no conozcan ni trabaje con ellos, lo van a matar. El domingo 16 de octubre de 2011, hacia las 15 horas, en la vereda La Esperanza, adscrita a la Comu-nidad de Paz, paramilitares de Nuevo Antioquia abordaron a un grupo de jóvenes que jugaban; les dijeron que eran guerrilleros y auxiliadores de la guerrilla; los amenazaron y los conminaron a traba-jar con ellos si quieren permanecer en la zona. Entre las semanas del 10 al 23 de octubre de 2011, se realizaron diariamente fumigaciones indiscri-minadas en las veredas La Resbalosa, Alto Joaquín y Puerto Nuevo, asentamientos de la Comunidad de Paz, dañando cultivos de pan coger, matando por intoxicación a animales y dejando en grave ries-go la vida de la gente, pues dichos venenos han contaminado las aguas, obligando a la gente a tener que buscar en otras veredas los mínimos recursos para su supervivencia. El domingo 30 de octubre de 2011, hacia las 16:00 horas, se presentaron combates entre los paramili-tares y la guerrilla en las veredas La Esperanza y El Porvenir, poniendo a la población civil en medio del fuego. Tres familias lograron huir de en medio del combate y salvar sus vidas. Es evidente que los paramilitares, quienes continúan actuando en estrecha unidad de acción con el Ejército, buscan siem-pre poner como escudo a la población civil, lo que constituye un crimen de guerra. El jueves 3 de noviembre de 2011, hacia las 14:00 horas, un avión del Ejército bombardeó el lugar donde la Comunidad se encontraba en trabajo comunitario en la vereda La Resbalosa. Los integrantes de la Comunidad se vieron obligados a abandonar el trabajo y a huir para protegerse de las bombas. Esto constituye, con toda evidencia, un bombardeo indiscriminado contra la población civil, tipifica-do en el Derecho Internacional Humanitario como CRIMEN DE GUERRA. El domingo 6 de noviembre de 2011, hacia las 10:00 horas, fue ejecutado por hombres armados en la vereda El Guineo, el poblador FRANCISCO RESTREPO, persona cercana a la Comunidad de Paz, quien le vendía el cacao a la Comunidad.

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El martes 8 de Noviembre de 2011, hacia las 19:00 horas, 200 paramilitares llegaron a la vereda Playa Larga, ubicada entre Nuevo Antioquia y la Esperanza, esta última perteneciente a la Comunidad de Paz y a 40 minutos de la vereda Playa Larga, allí, amenazaron a los pobladores y anunciaron que van a subir a las veredas de la Comunidad de Paz, que ya tienen preparada una masacre contra la Comu-nidad. El lunes 14 de noviembre de 2011, hacia las 18:00 horas, 30 paramilitares llegaron a la vereda La Es-peranza con armas largas y en trajes civiles, penetraron en las viviendas, entre ellas las de familias de la Comunidad de Paz. Nuevamente repitieron su mensaje: los que no se sometan a ellos y trabajen con ellos, tendrán que irse o morirse, Van a actuar en adelante de manera más contundente. El viernes 18 de noviembre de 2011, hacia las 16:00 horas, los paramilitares ingresaron de nuevo a la vereda La Esperanza, esta vez con trajes de camuflado y armas largas. Afirmaron que comenzarían a actuar más contundentemente. El sábado 19 y el domingo 20 de noviembre de 2011, durante todo el día los paramilitares hicieron presencia en los caminos aledaños a las veredas La Esperanza, Rodoxalí y El Porvenir. Instalaron re-tenes y se robaron los alimentos que la gente transportaba, afirmando que está prohibido llevar ali-mentos a las casas; que han decretado un bloqueo de alimentos y que el que incumpla estas disposi-ciones será asesinado. El lunes 28 de noviembre de 2011, cerca de 200 paramilitares han llegado a la vereda La Esperanza donde han retenido a la gente por varias horas teniéndolos encerrados en el centro de salud, mante-niéndolos incomunicados. Allí, según ellos, están revisando los antecedentes de cada uno. De igual forma han dicho que van a quedarse allí como los que mandan y tener control de todo. Además han dicho que han comprado varias fincas en Playa Larga y que la orden es que la finca que necesiten, se les venda, quieran o no. Ya han comprado tres grandes fincas donde tendrán sus bases en Playa Lar-ga y afirman que lo mismo harán en todas las veredas. El martes 6 de diciembre de 2011, hacia las 20:30 horas fue Incinerado por hombres armados un au-tobús de servicio público en la vía entre Apartadó y San José. El domingo 11 de diciembre de 2011, hacia las 20:00 horas en el corregimiento de San José una per-sona encapuchada portando arma corta ingresó a un pequeño negocio administrado por el señor Jor-ge Mario Higuita, el hombre armado le disparó en repetidas ocasiones, pero este logró huir ileso. Ca-be señalar que en este caserío hace presencia permanente policías y militares. Entre los días 13 y 16 de diciembre de 2011 en las veredas los Mandarinos y Aguas Frías, fueron ase-sinadas tres personas, entre ellas una menor de edad, los asesinos portaban armas largas y camufla-dos. Estos hechos han generado desplazamiento de algunas familias. En esa área existe una base pa-ramilitar de la cual hemos dejado constancias.

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El jueves 15 de diciembre de 2011, a las 05:00 horas, salieron de la base de Piedras Blancas (munici-pio de Carepa) doce paramilitares vestidos con camiseta oscura, pantalón de sudadera y armas lar-gas, atravesaron durante el día por las veredas de Belencito, Cristalina/Carepa, Miramar, la Miranda donde retuvieron a un poblador durante 20 minutos, allí lo amenazaron y le prohibieron hablar sobre lo sucedido, después continuaron al resguardo indígena de Las Playas, llegando a Caracolí, vereda ubicada en la carretera entre Apartadó y san José hacia las 18:00 horas. Allí se encontraba el Ejército, en un retén militar habitualmente ubicado en ese sitio. Los paramilitares departieron amigablemente con los militares y se quedaron allí. En las últimas semanas de 2011 estuvo circulando por redes de Internet un video que lleva por títu-lo “los hijos de la comunidad de paz”, cuyo propósito de difamar y estigmatizar a la Comunidad de Paz es evidente. Para ello se sirve de multitud de falsedades y montajes. Para lograr sus objetivos, coloca como miembros de la Comunidad de Paz a numerosas personas que no pertenecen ni han perteneci-do a la Comunidad. La información biográfica de numerosas personas es totalmente falsa. Está lleno de montajes fotográficos que se sabe han sido confeccionados en la Brigada XVII y presentados sin los más mínimos requisitos legales en varios procesos judiciales, negándose la Brigada y los jueces a cualquier inspección técnica, pues han afirmado que los han extraído de computadores incautados a líderes guerrilleros asesinados, pero sin someterlos a los controles que exige la ley, lo que deja total-mente abierta la posibilidad del montaje fotográfico. Su contenido, sus propósitos, su lenguaje, sus insumos y sus técnicas no dejan duda alguna de que su autor es la Brigada XVII del Ejército, entidad que ha conducido durante más de 15 años una ensañada persecución contra la Comunidad de Paz y contra la población campesina de su entorno, valiéndose de los procedimientos más sucios y crimina-les. Este es un crimen más que pretende justificar otra multitud de crímenes.

2012 El control social, político y económico del paramilitarismo se hizo más evidente que nunca. Fue de-cretado por los paramilitares, a partir de la media noche del día miércoles 4 de enero de 2012 un pa-ro armado. Evidentemente este paro se hizo efectivo, pues todas las actividades fueron paralizadas: comercio, transporte, etc. Este bloqueo no solo fue efectivo en Urabá sino en varias partes de Antio-quia y otros departamentos como Córdoba, Chocó, Magdalena y Sucre. En la zona de URABÁ se ce-rraron las terminales de transportes, el transporte terrestre, aéreo, y fluvial, los bancos, las empresas públicas de energía y comunicaciones, el comercio, entre otras. Es evidente el alcance del paramilita-rismo; su accionar que tantas y tantas veces es negado por las diversas instancias del Estado, pero tal vez lo peor es cómo un Estado se muestra como OBSERVADOR, cuando ha sido cómplice de lo que ha sucedido y sigue sucediendo. Nunca ha sido extraño comprobar cómo los paramilitares patrullan con el apoyo de la fuerza pública; cómo las instancias de control sólo los dejan obrar a pesar de que

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este accionar de muerte ha dejado miles y miles de muertos. Constancias y más constancias ante to-das las instituciones del Estado y ante todas las Altas Cortes nacionales e internacionales, para inten-tar que cesen todas las hostilidades en contra de la Comunidad de Paz y la población civil, siendo un registro del avance paramilitar el que hoy nuevamente se muestra en total descaro. En las últimas constancias la Comunidad de Paz había denunciado la difícil situación que se había venido presen-tando y el temor de que se puedan cometer masacres o muertes selectivas. Se ha dejado constancias ante la Defensoría del Pueblo y allí manifiestan no poder hacer nada más que lo que se puede desde el escritorio. La Defensoría Nacional ante estos graves hechos sólo responde que no está enterada de lo que pasa. No es raro, pues es su respuesta acostumbrada. Mientras el paramilitarismo mostró su control ilegal en los últimos días, los empadronamientos de la policía y de los militares entre Aparta-do y San José se siguieron presentando. Muchas veces dichas listas quedan en manos de los paramili-tares. Además ha habido amenazas a miembros de la Comunidad en dichos retenes, como la ocurrida el 27 de diciembre de 2011, en que la fuerza pública decía que debían acabar la Comunidad de Paz porque es un estorbo o que sus miembros se vayan para Cuba o Venezuela porque son una porquería y dejar abandonada su tierra: frases textuales. El miércoles 11 de enero de 2012, a cinco minutos del caserío de San José de Apartadó, a las 17:45 horas, fue ejecutado el campesino GUSTAVO GUZMÁN URREGO. Los tiros fueron escuchados cla-ramente desde el asentamiento de San Josesito, sede principal de la Comunidad de Paz, por lo cual miembros de la Comunidad verificaron rápidamente la información y se comunicaron con la Defen-soría del Pueblo para solicitarle que diligenciara el levantamiento del cadáver. La Defensoría reportó el hecho a la fuerza pública y se le respondió que “no sabían nada de lo ocurrido”, a pesar de la in-tensa presencia militar y policial en el caserío. El cuerpo de Gustavo duró más de 20 horas en el lugar de su ejecución, como ha ocurrido en otros numerosos casos y como una muestra más de humillación a la víctima y de desconocimiento de su dignidad humana. La fuerza pública alegaba que no encon-traban el cadáver, mientras éste yacía a la vista de todo el mundo. Entre los días sábado 14 y miércoles 18 de enero de 2012, grupos de paramilitares con uniformes de camuflado y armas largas, provenientes de la base paramilitar de Nuevo Antioquia, que ha gozado de protección oficial durante más de 15 años, incursionaron nuevamente en las veredas La Esperanza (de la Comunidad de Paz) y El Porvenir. En ambos sitios visitaron las casas de los campesinos y anunciaron que va a asesinar a más gente y que tienen que exterminar la Comunidad de Paz, pues es para ellos, actualmente, el único estorbo que encuentran en la zona. Afirmaron, además, que sus ac-ciones están siendo coordinadas con la fuerza pública a fin de patrullar conjuntamente las veredas y que los campesinos que se nieguen a trabajar con ellos como informantes tendrán que abandonar las zonas o asumir las consecuencias. Dijeron también que actualmente hay en el área unos 500 paramili-tares pero que muy pronto serán más, pues se están reforzando. El martes 17 de enero de 2012, a las 17:00 horas, cuatro personas fueron detenidas arbitraria e ilegal-mente por la fuerza pública, en el caserío de San José de Apartadó, y acusadas sin fundamento al-guno de haber participado en la ejecución de Gustavo Guzmán el 11 de enero. La Comunidad le soli-

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citó a la Defensoría del Pueblo que verificara los motivos y la legalidad de dichas detenciones, pero la Defensoría no dio respuesta alguna. Después de algunas horas los detenidos fueron dejados en liber-tad, lo que evidencia aún más la arbitrariedad e ilegalidad de los procedimientos que se están utili-zando contra el campesinado de la zona. El viernes 20 de enero de 2012, otro grupo de paramilitares salió de la vereda Playa Larga, de la finca La Marina –propiedad de los paramilitares- aproximadamente a las 8:00 horas, y subió hasta la vere-da La Esperanza ubicándose por un tiempo en los predios de la Comunidad de Paz. Allí profirieron nuevas amenazas contra la Comunidad, anunciando su exterminio, y luego continuaron su recorrido. Ese mismo día otro grupo paramilitar hizo presencia en la vereda El Porvenir. Desde el martes 24 al viernes 27 de enero de 2012, los paramilitares hicieron presencia en las veredas El Porvenir y La Esperanza, desde allí realizaron patrullajes a los alrededores colocando retenes en los caminos, así mismo a los campesinos que requisan les dicen que tienen que apoyarlos, que van a asesinar a quien no esté con ellos, y a esa h.p comunidad la van acabar, de igual forma han dicho que se van a llevar el ganado que tienen los campesinos, que eso ya no les pertenece. El día sábado 28 de enero de 2012, hacia las 10:00 horas, los paramilitares hicieron disparos en la ve-reda El Porvenir. Todo el cúmulo de amenazas y hechos ha generado que seis familias de dicha vere-da se hayan desplazado y se siguen programando varios desplazamientos ante la toma de las veredas por parte de los paramilitares. Hacia las 10:30 horas ese mismo día, los paramilitares privaron de su libertad al Señor CRISTÓBAL MEZA, sacándolo de su parcela de trabajo entre La Esperanza y El Porvenir, le tomaron fotografías, dispararon ametralladoras junto a su cuerpo, le repitieron que los que no trabajen con ellos tendrán que atenerse a las consecuencias y le anunciaron un control progre-sivo de la zona para consolidar el dominio paramilitar. El mismo sábado 28 de enero de 2012, el Ejército entró al caserío de la vereda Mulatos, de la Comu-nidad de Paz, y allí profirió, como siempre, amenazas. Dijeron que la comunidad era guerrillera y que la iban a acabar. El Ejército, a menos de una hora de distancia de los paramilitares, ha estado pro-firiendo las mismas amenazas y cuando se denuncia a los paramilitares dice “no ver nada”. El martes 31 de enero de 2012, entre las veredas Miramar y La Cristalina se movilizaron tropas del Ejército, dentro de dicha tropa se vieron cuatro encapuchados, además dentro del Ejército se encon-traba alias “Muela de gallo”, desmovilizado de la guerrilla y quién iba amenazando a campesinos y mandando mensajes a todos los campesinos de que el área debe ser desalojada para facilitar la explo-tación de carbón. El jueves 2 de febrero de 2012, hacia las 11 horas, miembros del Ejército dañaron una plantación de maíz en la vereda Mulatos, de la Comunidad de Paz, dejando totalmente destruida la plantación y causando graves problemas en el sustento de varias familias.

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El Sábado 4 de Febrero de 2012, hacia las 12:15 horas, la Comunidad de Paz sufrió un nuevo atenta-do, esta vez contra el Representante Legal de la Comunidad de Paz JESÚS EMILIO TUBERQUIA. Él caminaba por Apartadó junto a la plaza de mercado y fue abordado por dos paramilitares los cuales portaban armas cortas y se movilizaban en motocicleta; sin mediar palabras le dispararon, pero afor-tunadamente pudo salir ileso al correr. Estos hechos ocurrieron a tan solo 100 metros de un control de la Policía por donde pasaron los dos paramilitares sin ser detenidos. El martes 7 de febrero de 2012, a las 16:30 horas, en la vereda La Cristalina, un grupo de policías quienes al parecer perseguían a guerrilleros, disparó indiscriminadamente contra las casas de la po-blación civil. Dos granadas que lanzaron cayeron a 50 metros de la vivienda de un miembro del Con-sejo Interno de la Comunidad de Paz y su familia, quienes se encontraban en la vivienda en el mo-mento. Cabe recordar que allí mismo fue asesinada por miembros del Ejército, en 2003, su hija de tan solo tres años de edad. El viernes 10 de febrero de 2012, entre las veredas La Hoz y Mulatos fue detenido el campesino AR-GEMIRO VELÁSQUEZ por un grupo de militares, quienes se presentaron como “jaguares adscritos la Brigada XI de Montería”. El campesino se dirigía hacia San José de Apartadó transportando maíz, allí lo insultaron y le bajaron las cargas, lo amenazaron y le manifestaron que agradeciera que se ha-bía encontrado con ellos, pues con los paramilitares las cosas eran distintas. El mismo viernes 10 de febrero de 2012, tropas del Ejército que se encontraban en el sitio conocido como Chontalito y El Barro, cerca de la vereda Mulatos, hicieron algunos disparos con las armas de dotación. Después de ello, el campesino HÉCTOR EMILIO GUERRA, quien se desplazaba desde Ca-becera de Mulatos hacia su vivienda, fue abordado y retenido por los uniformados quienes se encon-traban en El Barro; después de someterlo a un largo interrogatorio y de señalarlo de guerrillero, los uniformados le retuvieron sus documentos de identidad, supuestamente como “medida de seguri-dad” para investigar sus antecedentes debido a que era considerado como “sospechoso”. Después de varias horas lo dejaron en libertad, quedándose ellos con los documentos. Ese mismo día, un grupo de militares allanaron sin ninguna orden judicial la vivienda de la señora MYRIAM TUBERQUIA, ubicada en el sitio El Barro. Una hija de ella que se encontraba en la vivienda fue insultada, amenaza-da y obligada a salir de la casa mientras realizaban el registro ilegal. Horas más tarde tres campesinos que transitaban por ese lugar fueron abordados y retenidos por los militares, los cuales los insultaron y los señalaron de “guerrilleros”, dejándolos horas después en libertad. El domingo 19 de febrero de 2012, hacia las 11:00 horas, tropas del Ejército ubicadas en El Barro abordaron a campesinos que se movilizaban por la zona a quienes les preguntaron por lo que ha-cía la Comunidad de Paz, ya que según ellos, la Comunidad es una comunidad de guerrilla interna que tienen que exterminar. El día lunes 20 de febrero de 2012, hacia las 12:30 horas, un grupo de militares adscritos a la Brigada XVII combatió con un grupo guerrillero que se encontraba en la vereda Arenas Bajas, del corregi-miento de San José. En esos hechos resultó muerto un guerrillero y la joven civil MARLOBE DAVID

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SÁNCHEZ, de 21 años de edad, madre de familia quien tenía una niña de 22 meses la cual quedó huérfana. Marlobe residía con su familia en una casa ubicada en la vereda la Unión y ese día había salido de su casa en la mañana rumbo a Apartadó, según le comentó a su madre antes de salir. La joven tenía problemas de motricidad desde su nacimiento y caminaba con dificultad, pues un lado de su cuerpo (brazo y pierna) no se había desarrollado normalmente. El Ejército alegó que, una vez heri-da, le prestó los primeros auxilios, pero el hecho fue que llegó muerta al hospital. En el sitio fue en-contrado el pantalón jean que ella vestía ese día, cortado en pedazos con tijeras. La información que la Brigada entregó a los medios y fue difundida por éstos, presentaba a Marlobe como “guerrillera muerta en combate”, reproduciendo así toda la tramoya del FALSO POSITIVO, a pesar de que el Go-bierno asegura que ha erradicado ese método criminal. Incluso existen dudas sobre las verdaderas circunstancias de la muerte del guerrillero, ya que al parecer fue baleado por la espalda y no propia-mente en actitud bélica. Este mismo lunes 20 de febrero de 2012, hacia las 15:00 horas, miembros de la Comunidad de Paz se desplazaban en compañía de una delegación internacional procedentes de varios países hacia la ve-reda Mulatos, con el fin de participar en los actos conmemorativos de la masacre del 21 de febrero de 2005. Por petición del campesino Héctor Emilio Guerra Tuberquia a quien los militares le habían re-tenido ilegalmente sus documentos de identidad el día 10 de febrero, la delegación se acercó a un grupo de militares que se encontraban en el sitio El Barro, para solicitarles la devolución de los do-cumentos del señor Héctor Emilio. Los militares manifestaron reconocer el error de retener los docu-mentos, sin embargo afirmaban que “lo hacían por seguridad”. Después de varios minutos de espe-ra, llegó el Capitán a cargo de la tropa, enfurecido contra la Comunidad y no se quiso identificar co-mo tenía que hacerlo por ley; afirmaba que él hacía lo que quería y le hizo tomar fotografías, en forma ilegal, a los que estaban allí de la Comunidad. Después de varios minutos hicieron entrega al señor Héctor Emilio de los documentos de identidad. El Capitán se negó a discutir con la delegación allí presente y le dio la espalda cuando le recordaron que si estaban allí era para conmemorar la horrenda masacre que el Ejército había perpetrado siete años antes, en las veredas Mulatos y la Resbalosa, en unión con paramilitares. Enfurecido porque la memoria aún estaba viva, se retiró de la escena. El día jueves 23 de febrero de 2012, un paramilitar en traje de civil y con arma corta, quien se movili-zaba en motocicleta, entró al asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda Las Claras, allí pre-guntó por el paradero de algunos líderes de la Comunidad de Paz quienes no se encontraban en el momento, después de esto el paramilitar se fue hacia la vereda La Osa, lugar donde hacen una fuerte presencia permanente. En el mes de marzo de 2012 los líderes del paramilitarismo que controlan las zonas y veredas cerca-nas al corregimiento de Nuevo Antioquia, se reunieron con los alcaldes de Apartadó y de Turbo para acordar formas de impulso y agilización de una carretera que penetre por varias veredas, con el fin de facilitar el acceso de maquinarias y personal que explotará las minas de carbón existentes en la región, por parte de empresas multinacionales. Los paramilitares ofrecieron poner al servicio de di-

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cho proyecto sus propios buldóceres, con la condición de que se justifiquen como aporte de “finque-ros” de la región a dicho proyecto. En las últimas semanas de marzo de 2012 los paramilitares volvieron a controlar estrictamente la alimentación de los campesinos de la región. Para pasar alimentos desde Nuevo Antioquia a las ve-redas vecinas, exigen un permiso previo de los paramilitares de Nuevo Antioquia, los cuales actúan bajo la protección del Ejército y de la Policía. La única tienda existente en la vereda La Esperanza fue cerrada por ellos, y cuando su propietario consiguió un nuevo surtido, sometiéndose incluso a la ob-tención de permisos de los líderes paramilitares de Nuevo Antioquia, los paramilitares asentados en la zona le pusieron obstáculos al paso de los alimentos. El viernes 30 de marzo de 2012, se presentó un combate entre los paramilitares presentes en las cer-canías de Nuevo Antioquia y la guerrilla. Antes y después de dicho combate hubo reuniones de co-mandantes paramilitares de alto nivel en la zona, mientras la población de la región fue percibiendo un aumento progresivo de escuadrones paramilitares en la zona, llegando, según algunos cálculos, hasta el millar de combatientes, lo que no puede pasar desapercibido para la fuerza pública presente en la zona. La vereda más afectada, en la cual al parecer se han establecido los campamentos centra-les es la de PLAYA LARGA, en especial la finca LA MARINA donde parece estar establecido su cuar-tel general. Los comandantes más vistos en la zona son: alias “BETO”, coordinador de tropas; alias “FABIO”, comandante político; alias “TIERRA” y alias “OTONIEL” O DAIRO ÚSUGA, al parecer el hombre de más poder en dicha estructura. El domingo 1 de abril de 2012 a las 21:00 horas, en el sitio Caracolí, sobre la carretera que conduce de Apartadó a San José, fue ejecutado Don LUIS FELIPE SALAMANCA JIMÉNEZ, de 39 años, agricul-tor muy conocido y apreciado en la zona. Un hombre con traje civil le disparó con arma corta en pre-sencia de su esposa y de sus hijos mientras departía en el estadero allí ubicado. Durante todo ese día se había suprimido la habitual presencia del Ejército en el sitio y en la misma carretera. Ninguna au-toridad policial ni judicial quiso hacer el levantamiento del cadáver, por lo cual su familia lo trans-portó hasta el hospital de Apartadó. En días posteriores la familia del occiso recibió nuevas amena-zas. Don Luis Felipe no era miembro de la Comunidad de Paz pero era uno de sus colaboradores en la comercialización de productos agrícolas. Se había enfrentado varias veces a las tropas que ocupa-ban su finca sin permiso y causaban destrozos, desplazándose él hasta la Brigada a protestar y exigir reparaciones. El estadero de Caracolí, donde ocurrió el crimen, ha sido escenario de numerosos crí-menes en el pasado y de retenes militares casi permanentes a la vez que de una presencia concomi-tante de paramilitares quienes departen amistosamente con los militares a la vista de todo el mundo. El domingo 8 de abril de 2012 a las 13:00 horas, un escuadrón paramilitar, con brazaletes de las AUC, llegó a una vivienda de la vereda El Porvenir, rodearon la casa, tomaron los teléfonos celulares de sus pobladores y detuvieron a OSCAR MARIO GRACIANO CARDONA, ARGEMIRA CARDONA, MARLOIDY CELADA con su hijo de un año de vida JEFERSON GRACIANO y quien además estaba embarazada. Luego de requisar la vivienda y la finca todos ellos fueron llevados a un sitio de PLAYA

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LARGA donde llegaron altos comandantes del paramilitarismo para interrogarlos. En la noche fue-ron dejados en libertad, pero por el alto riesgo no pudieron regresar a su hogar hasta el día siguiente. Los paramilitares se robaron el teléfono celular de uno de los detenidos. No era la primera vez que dicha familia sufría la agresión de los grupos armados del Estado y del ParaEstado; en el pasado va-rios miembros de esa familia fueron masacrados. Como de costumbre, la Defensora del Pueblo de Urabá desconectó sus teléfonos para no afrontar el problema. Cuando ya las víctimas habían regresa-do a su vivienda, la Defensora comunicó que la Brigada 17 le había informado que ya estaban libres, lo cual evidencia nuevamente la estrecha coordinación entre la Brigada 17 y los paramilitares. El lunes 9 de abril de 2012 se produjo un nuevo combate entre los paramilitares y la guerrilla en las veredas Caraballo y Caraballito, jurisdicción de Turbo en cercanía de otras veredas de San José de Apartadó, sin respetar la presencia de la población civil en dichas comunidades. El martes 10 de abril de 2012, el despacho del Procurador General de la Nación remitió a la Comuni-dad de Paz el Auto Inhibitorio proferido el 12 de octubre de 2011 por el jefe del Ministerio Público ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO, en respuesta a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República (OFI11-000643113/JMSC-33020), de donde se le remitió, al parecer en consulta, la peti-ción que se le hizo al Presidente de no remitir a otros despachos del Estado las peticiones de que el Presidente actuara de acuerdo a sus obligaciones constitucionales y tomara medidas administrativas que pusieran fin a las cadenas horrendas de crímenes de agentes del Estado contra la Comunidad de Paz. El Procurador Ordóñez se inhibe incluso de asumir investigaciones disciplinarias, pues conside-ra los derechos de petición de la Comunidad como escritos “cuyo contenido material no ofrece garantía ni certeza de veracidad y objetividad para desplegar la potestad disciplinaria del Estado (…) quejas presentadas en forma ambigua y difusa [a las cuales] ni siquiera se anexa prueba sumaria”. No le extraña a la Comunidad que para el Procurador Ordóñez sus constancias, siempre referidas a hechos concretos verificables, con fechas, sitios, víctimas y circunstancias precisas y con victimarios fáciles de identificar para quien tenga facultades investigativas, sean apreciadas como “ambiguas”, “difusas” y “carentes de veracidad y objetividad”, y que atribuya la carga de la prueba a las víctimas que no tienen facultades investigativas y sufren la amenaza permanente de las retaliaciones de los victimarios, quienes manejan listas enor-mes de gente que debe ser asesinada, mientras gozan de la tolerancia y protección de todas las insti-tuciones oficiales. Ya el país conoce de sobra el sesgo ideológico del Procurador Ordóñez Maldonado, especialmente pronunciado cuando se trata de investigar o sancionar a miembros de la fuerza públi-ca, verdadera niña de sus ojos, disfrazando sus inhibitorios de argumentos legales insostenibles. Ello explica que la Comunidad de Paz haya dejado de recurrir desde hace varios años a la Procuraduría, al comprobar la ineficacia total de sus procesos disciplinarios (todos “archivados” sin investigación alguna), sin contar el respaldo dado a los procuradores de la zona, quienes llegaron a extremos de complicidad increíbles, limpiándole la hoja de vida a altos oficiales del Ejército que practicaron tortu-ras y otros crímenes, ocultando sus responsabilidades con declaraciones remuneradas de sus mismas víctimas.

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El miércoles 11 de abril de 2012 a las 18:40 horas, en el caserío antiguo de San José de Apartadó, fue asesinado REINALDO TUBERQUIA, comerciante del lugar. Un hombre armado, en traje civil, se acercó a su casa y le disparó en la cabeza con arma corta. Reinado no era integrante de la Comunidad de Paz pero era poblador civil de la zona. Su cadáver fue levantado oficialmente por autoridades de Apartadó hacia las 22:00 horas. Lo primero que llama la atención es el hecho de que se produzca un crimen de estos en un caserío tan pequeño donde patrullan todo el día numerosos agentes del Ejército y de la Policía y donde toda esta fuerza pública ha construido numerosas redes de informantes y cooperantes. Desde el 1° de abril de 2005, el Presidente Uribe le ordenó a la Policía tomarse ese pe-queño espacio, antes ocupado por la Comunidad de Paz (la cual se desplazó inmediatamente de allí), con el fin de desconocer con toda la arrogancia posible el primer principio estructurante de una co-munidad de paz, como es la decisión de no convivir con actores armados ni permitir el paso de armas o la colaboración logística o informativa a personas o estructuras armadas, dentro de los espacios de vida y trabajo de la Comunidad. Para ello el Gobierno ha tenido que violar de manera persistente las directrices dadas por la Corte Constitucional en su Sentencia T- 1206 /01, sobre la ubicación de los puestos de policía, y en general, sobre la prohibición de crear formas de violencia sobreviniente que afecten a la población civil. Pero, además, la fuerza pública estableció en el caserío de San José, desde su ocupación, una intensa presencia paramilitar coordinada por alias “Lalo”, en cuyo establecimiento comercial departían cotidianamente militares y policías. Mediante todo este accionar, el Gobierno volvió a hacer del caserío un campo intenso de combate y de muerte, al atraer a otros actores arma-dos para enfrentarse en medio de la población civil, poniendo a ésta como escudo. Fuera de tan per-versa política espacial, el Gobierno ha implementado simultáneamente una diabólica política sobre la población, bajo el eslogan: “quien no está conmigo, está contra mí”. Una gran multitud de pobladores de la zona figuran en álbumes de la Brigada XVII, con fotografías e información exhaustiva, y sus nombres aparecen recurrentemente en los documentos que la Brigada suministra a los aparatos judi-ciales bajo los rótulos de “informes de inteligencia” u “órdenes de batalla”, elementos todos que la ley prohíbe considerar como pruebas judiciales pero que el corrupto aparato judicial de Urabá siempre los acepta como pruebas plenas sin ninguna reticencia. La forma como se confeccionan esos archivos donde tantos pobladores figuran como insurgentes o milicianos, es el interrogatorio manipulado (vía intimidación, tortura o soborno) a personas ilegalmente privadas de la libertad en instalaciones de la Brigada. Como ha ocurrido infinidad de veces, al hacerle saber a un campesino que se tienen ”testi-gos” contra él para judicializarlo, tratan de quebrar su voluntad para vincularlo a la guerra desde el polo del Estado, convirtiéndolo en informante o en cooperante. Sólo bajo esta perversa política estatal se puede entender la tragedia personal que terminó destruyendo la vida de REINALDO TUBER-QUIA. Primero, la fuerza pública logró que uno de sus detenidos, JORGE ELIÉCER PALACIO, sin libertad alguna para rendir testimonios, denunciara a Reinaldo como colaborador de la guerrilla al enviarle remeses desde su tienda. Esto lo afirmó dentro del Rad: 1.029.235, cuaderno 1, folio 90, en su “declaración” rendida el 26 de enero de 2007. Si bien Jorge Eliécer confiesa, más adelante dentro del mismo expediente (Cuaderno 6, fol. 130) que recibió dinero para dar esas “declaraciones”, el nombre de Reinaldo seguiría figurando en la “lista negra” de la fuerza pública y organismos de inteligencia de Urabá, como materia prima de chantajes para aplicar el principio de involucramiento forzado, en uno u otro lado de la guerra. Al circular los primeros rumores sobre la muerte de Reinaldo, se dice

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que posiblemente lo mató la guerrilla por haber aceptado ser informante del Ejército. Frente a estas tragedias dolorosas en que la destrucción de vidas humanas continúa sin fin, la Comunidad de Paz reafirma su posición de no involucramiento en la guerra. El Estado y sus brazos paramilitares siguen estigmatizando como “guerrilleros” a quienes no aceptan trabajar con ellos. Durante la tercera semana de abril de 2012, otros hechos complicaron aún más la coyuntura: la po-blación campesina de la zona fue percibiendo una presencia creciente de paramilitares que recorrían la zona y se refugiaban en varias haciendas aledañas a Nuevo Antioquia. Se dieron nuevos enfrenta-mientos entre paramilitares y guerrillas que sembraron nuevamente pánico en la población campesi-na y produjeron nuevos desplazamientos forzados. Una noche de esa semana, los militares le retuvie-ron ilegalmente sus documentos de identidad al joven JOSÉ RENÉ HIGUITA HIGUITA, en el caserío de San José, y dos días después dichos documentos fueron encontrados en la calle. El viernes 11 de mayo de 2012, un grupo de paramilitares llegó a la casa del joven OSCAR MARIO GRACIANO, en la vereda El Porvenir, del corregimiento de San José de Apartadó. Según le dijeron a su familia, al no encontrarlo en el momento, llevaban orden de asesinarlo y anunciaron, además, que tenían una lista más amplia de personas para asesinar. Este hecho obligó a que algunos miembros de la familia se desplazaran de la vereda por temor a que se cumplieran las amenazas. Cabe recordar que varios miembros de esta familia ya habían sido detenidos ilegalmente, pocas semanas antes, por los mismos paramilitares, y conducidos a la vereda Playa Larga. A raíz de las denuncias públicas que entonces se hicieron, hubo alguna presencia esporádica de la fuerza pública en las veredas El Porve-nir, la Esperanza y Playa Larga, pero la misma sólo sirvió para proteger a los paramilitares y para blindar su accionar criminal. En la segunda semana de mayo de 2012, un soldado que había terminado de prestar su servicio mili-tar en la zona de Nuevo Antioquia, buscó a miembros del Consejo Interno de la Comunidad para compartirles su preocupación, sustentada en su propia experiencia, de que los operativos del Ejército estuvieran ya sistemáticamente realizados en compañía de grupos paramilitares, en una proporción de 50% militares y 50% paramilitares. Por supuesto, el ex soldado pidió reserva de su nombre. Sus relatos coinciden con afirmaciones de militares que patrullaban por esos mismos días en la vereda Mulatos y con la percepción directa de los pobladores de las veredas cercanas a Nuevo Antioquia, que en los últimos meses han visto contingentes de varios centenares de paramilitares que se despla-zan por la zona sin preocupación alguna por el control del Ejército. El domingo 13 de mayo de 2012, hacia las 20 horas, JOHN FREDDY ÚSUGA, miembro de la Comu-nidad de Paz, quien se dirigía de San Josecito a la vereda La Unión, entrando de paso al casco urbano de San José a comprar algunos alimentos, luego de subir éstos a la bestia los militares lo obligaron a bajar nuevamente los alimentos para requisarlos. Él se negó a dejarse requisar porque al momento de la compra los militares estaban presentes. En medio de la discusión con los militares, uno de ellos disparó el arma de dotación a los pies de John Freddy. El domingo 27 de mayo de 2012, hacia las 10:00 horas, llegaron dos paramilitares al casco urbano de San José en un taxi, allí entraron a un establecimiento público, bebieron licor y luego de dos horas

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sacaron sus armas, las colocaron sobre una mesa y dijeron ante los allí presentes que asesinarían a personas de la zona, pues tenían lista en mano y habían coordinado todo con la fuerza pública. En esta ocasión los sujetos confesaron haber participado en varias ocasiones en incursiones y masacres contra la Comunidad de Paz en años anteriores, y afirmaron que ellos asumían, a partir de la fecha, el control del corregimiento de san José de Apartadó, tal como lo hacen en Nuevo Antioquia. Algunas personas del caserío, atemorizadas por lo que estaban viendo y oyendo, dieron aviso a la fuerza pú-blica, la cual hizo presencia en el establecimiento y sometió a requisa a los paramilitares, encontrán-doles las armas cortas que habían exhibido y una tula con armas largas, uniformes de camuflado y botas. Después de esto, militares y policías fueron vistos departiendo amigablemente con los dos pa-ramilitares en un pequeño restaurante de la localidad. Al fin, los paramilitares fueron puestos en li-bertad y enviados de regreso a Apartadó en el mismo taxi en que habían llegado. El lunes 28 de mayo de 2012, hacia las 11:00 horas, subieron de nuevo al caserío de San José, en un taxi de servicio público, los dos paramilitares que habían sido vistos el día anterior bajo la protección de la fuerza pública, recorrieron el caserío en varias ocasiones y se encontraron nuevamente con la fuerza pública acantonada allí en ese casco urbano. Después de esto, regresaron de nuevo a Apartadó sin que la fuerza pública hiciera nada. Los días martes 29 y miércoles 30 de mayo, subieron al mismo caserío cuatro paramilitares motorizados quienes estuvieron allí por varias horas sin que fueran rete-nidos por la fuerza pública. El viernes 1 de Junio de 2012, fue visto por los campesinos un grupo paramilitar de 20 personas fuer-temente armadas en el corregimiento de Piedras Blancas, al parecer procedentes del Chocó, quienes recorrieron las veredas Belencito, Unión-Carepa, Miramar, Cristalina, La Linda y luego el caserío de San José de Apartado el sábado 2 de Junio, donde fueron recogidos por los militares y transportados en un camión hacia el corregimiento de Nuevo Antioquia (Turbo), donde existe una muy antigua y enorme base paramilitar. El miércoles 4 de junio de 2012, un grupo de paramilitares que patrullaban cerca al asentamiento de San Josecito, abordaron a un miembro de la Comunidad de Paz con un álbum de fotos de personas de la zona; allí le preguntaron si era de la Comunidad de Paz y si en ella había muchos milicianos; dije-ron que ellos tenían información de que la Comunidad era una manada de guerrilleros y milicianos. El martes 5 de junio de 2012, la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior de Antioquia, mediante Acta No. 38 aprobada en la fecha, confirmó parcialmente la sentencia absolutoria emitida por la Jueza Segunda del Circuito Especializado de Antioquia, CATALINA RENDÓN HENAO, el 4 de agosto de 2010, en favor de 10 militares que habían participado en la horrenda masacre de las ve-redas Mulatos y La Resbalosa, el 21 de febrero de 2005, en la cual fueron asesinados con extremos grados de sevicia 4 menores de edad y 4 adultos, entre ellos el líder histórico de la Comunidad de Paz, Luis Eduardo Guerra. La Magistrada YAMIL CYLENIA MARTÍNEZ RUIZ, quien hizo sala con los magistrados EDILBERTO ANTONIO ARENAS CORREA y NANCY ÁVILA DE MIRANDA, mo-dificó en parte la sentencia de primera instancia y condenó a 34 años de prisión a 4 de los militares implicados –dos tenientes, un subteniente y un sargento- quienes comandaban algunas de las com-pañías o pelotones participantes en el crimen, pero absolvió a los más altos oficiales del Batallón Vé-lez, alegando que no estaba plenamente probado su conocimiento y asentimiento a la actuación con-junta con los paramilitares, así como a los soldados que no tenían mando, supuestamente por no po-

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der oponerse al crimen. Tanto la Jueza como la Magistrada seleccionaron arbitrariamente los testimo-nios que quisieron tener en cuenta y desecharon los no quisieron, sin atender a lo que la lógica más elemental de los hechos mismos evidenciaba. La Magistrada corrigió la aberrante postura de la Jueza, quien había sostenido que exigirle a los militares enfrentarse con los paramilitares, ya fuera detenién-dolos, ya atacándolos militarmente, equivalía a exigirles poner en riesgo sus vidas mediante actos heroicos que no son exigibles. En contra de estos conceptos, la Magistrada sostuvo que la sola deci-sión de actuar conjuntamente con grupos de por sí dedicados al crimen, constituye una aceptación anticipada de coparticipación en los crímenes. Sin embargo, la sentencia de segunda instancia exone-ra a los comandantes del Batallón Vélez, a pesar de estar probada la coordinación a alto nivel con las estructuras paramilitares de la zona y la inclusión de elementos paramilitares en el operativo, selec-cionados y enviados desde la Brigada XVII. El manejo selectivo y amañado del testimonio, que consti-tuye el más generalizado “talón de Aquiles” del putrefacto sistema judicial colombiano, brilla escan-dalosamente en este proceso, al igual que la aceptación del ardid que combina documentos escritos legalmente impecables con órdenes y comunicaciones verbales y clandestinas que garantizan la efec-tividad impune de los actos criminales. Tanto las Jueza como la Magistrada se negaron a involucrar a quienes tenían el control operacional al más alto nivel, como los generales Fandiño y Zapata, quienes se alternaron por esos días en la comandancia de la Brigada 17; el General Mario Montoya, Coman-dante de División, quien ordenó incluir a los paramilitares bajo la fachada de “guías”; el Coronel Néstor Iván Duque, quien según el testimonio de sus mismos compañeros de armas fue el hombre clave en la operación criminal, tanto por delegación explícita como por ser el mejor conocedor de la zona; el General Carlos Alberto Ospina, quien junto con el Ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe y el Vicepresidente Francisco Santos, hicieron los más grandes esfuerzos por encubrir la masacre, bus-cando testigos falsos para atribuírsela a las FARC, utilizando incluso dineros de reconocidos narco-paramilitares. Por otra parte, la sentencia rehúsa considerar siquiera la existencia de estructuras cri-minales que actúan con personal intercambiable pero donde siempre hay un poder decisorio detrás que lleva adelante las estrategias criminales, única doctrina que hace justicia a las políticas sistemáti-cas que han refinado multitud de recursos para ocultar responsabilidades. Esta sentencia ingresa, pues, en la galería de los monumentos más atrevidos a la impunidad. Por ello fue apelada en casación ante la Corte Suprema y remitida a la Corte Penal Internacional, como un testimonio más entre milla-res, que evidencian que el Estado colombiano no quiere hacer justicia frente a los centenares de crí-menes de lesa humanidad perpetrados contra la Comunidad de Paz. El miércoles 13 de Junio de 2012, un grupo de 200 paramilitares llegó a la vereda El Porvenir, amane-cieron allí, y luego se distribuyeron entre las veredas El Porvenir y La Esperanza. Campesinos de estas veredas habían visto aterrizar helicópteros que llevan provisiones a los paramilitares. Este gru-po paramilitar permaneció varios días acantonado en la vereda La Esperanza donde fue visto por observadores internacionales en el momento en que abordaron a un miembro de la Comunidad de Paz, quien se encontraba participando de una actividad familiar. Allí le preguntaron sobre las activi-dades de la Comunidad y de los acompañantes internacionales. En tono burlón los paramilitares de-cían que si la Comunidad iba a denunciar ante la Brigada militar y ante el General de la Brigada la presencia de ellos allí en la Esperanza, para tratar de expulsarlos de la zona, que no se equivocaran, ya que ellos tienen todo coordinado con la fuerza pública para quedarse en la zona y les estarían

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viendo la cara constantemente a los pobladores. También preguntaron por los límites de la zona hu-manitaria de la Comunidad de Paz y que por qué no está cercada con alambre, como la de Cacarica en el Chocó. Este día, varios campesinos de la zona fueron fotografiados ilegalmente por los paramili-tares, entre ellos, el joven John Jairo Cardona Graciano. Dentro de este grupo paramilitar han sido reconocidos algunos paramilitares que son de la zona, como alias “Tribilín”, alias “Chibirico”, alias “Majute”, alias “Tierra”, alias “Fabio”, desmovilizados de las FARC, los cuales estuvieron domicilia-dos en la Brigada XVII y ahora aparecen integrados a las tropas paramilitares. Entre el 13 y el 16 de junio de 2012 se dieron varios enfrentamientos entre la fuerza pública y la gue-rrilla, entre ellos un hostigamiento guerrillero contra la base militar de San José el día miércoles 13 de junio de 2012. Dicha base y la de la policía están en medio de la población civil, desacatando las pres-cripciones de la Corte Constitucional en su Sentencia T-1206/01 al poner en alto riesgo el derecho a la vida, a la integridad y a la propiedad de los pobladores civiles y acarreando sobre ellos formas de violencia sobrevinientes. Se dieron también enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros el día sábado 16 de junio de 2012 en la vereda La Cristalina del corregimiento de San José, según informa-ción de campesinos residentes de la vereda. Si se tiene en cuenta toda la protección y unidad de ac-ción entre militares y paramilitares que se denuncia en los párrafos anteriores y que se ha denunciado sin interrupción durante los últimos 15 años, se configura el mismo desacato a la sentencia citada de la Corte Constitucional. El viernes 15 de junio de 2012, cuando un miembro del Consejo y acompañantes internacionales lle-garon al asentamiento de La Esperanza, de la Comunidad de Paz, encontraron varios grupos de pa-ramilitares que se dirigían al centro de salud y al campo deportivo, unos en traje civil, otros en camu-flado o semicamuflado. En la cancha, un paramilitar preguntó a los voluntarios internacionales de dónde venían. Una voluntaria les pidió identificarse y ellos dijeron que eran del Quinto Frente de las FARC, sin embargo tenían brazaletes con la sigla AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia). Era evidente que estaban mintiendo. Los voluntarios explicaron que no podían hablar con grupos ilega-les. Luego un integrante de la Comunidad de Paz comentó que los paramilitares lo habían interroga-do sobre su relación con los internacionales y sobre la misma Comunidad. Por sus respuestas preci-sas, los paramilitares le dijeron que él parecía un líder de la comunidad y que “seguirían mirando su cara”, lo que significaba que le harían seguimientos y lo tendrían en la mira. El sábado 16 de junio de 2002, los paramilitares estuvieron en la cancha de la vereda La Esperanza en la mañana y en la tarde. Uno de los pobladores de la zona, quien no pertenece a la Comunidad, co-mentó que había encontrado junto a su casa a 15 paramilitares y un vecino le pudo advertir a tiempo que lo buscaban a él por su nombre pero no lo conocían y que era mejor que se alejara, como en efecto lo hizo, pues los paramilitares pasaron toda la noche junto a su casa esperándolo. El domingo 17 de junio de 2012 acompañantes internacionales que hacían presencia en la vereda La Esperanza, en el asentamiento de la Comunidad de Paz, pudieron comprobar en directo el paso, en diferentes horas del día, de al menos 4 grupos de paramilitares en dirección a Playa Larga, con mulas cargadas con provisiones para un gran campamento. Uno de los grupos era de 40 personas, los de-más entre 13 y 15; iban unos en trajes civiles y otros en camuflados y con armas. Pobladores del case-río Nuevo Antioquia, del municipio de Turbo, informaron que el día siguiente, lunes 18 de junio, otro grupo de paramilitares salió de ese poblado con otra recua de mulas cargadas con alimentos y

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municiones con destino a los campamentos que los paramilitares han instalado en las veredas El Por-venir y La Esperanza, atravesando por Playa Larga. En La Esperanza se les vio tomando fotografías a todos los pobladores. El lunes 18 de junio de 2012 se comenzó a apreciar un enorme incremento de presencia paramilitar en las veredas El Porvenir y La Esperanza. Según los cálculos de los pobladores, el número de para-militares puede ascender a 400. En la vereda La Esperanza se ha asentado un grupo de 100 de ellos, quienes acamparon en los terrenos de la Comunidad de Paz desde el 13 de junio. Desde allí salieron 3 paramilitares hacia la casa de un miembro de la Comunidad en búsqueda de un campesino de la zo-na para asesinarlo. No se da su nombre porque lo buscan para matarlo en cualquier parte. El 17 de junio lo estuvieron buscando en otras viviendas y luego lo esperaron durante varias horas en su pro-pia vivienda, conminando a los vecinos a que no fueran a denunciar la presencia paramilitar. En el área se encontraban acompañantes internacionales quienes tuvieron conocimiento de todos estos he-chos. El martes 19 de junio de 2012, acompañantes internacionales observaron la llegada de dos grupos de paramilitares a La Esperanza, uno de 5, otro de 10. El miércoles 20 de junio de 2012, hacia las 16:30 horas, un grupo paramilitar ocupó la finca de la fa-milia Graciano en la vereda El Porvenir. Al llegar a la casa de Don FABIO GRACIANO, preguntaron por las personas que unas semanas antes ellos habían raptado y llevado hasta la vereda de Playa Lar-ga. Al no encontrarlas allí, insultaron a Don Fabio y lo amenazaron conminándolo a desplazarse, afirmando que, si no lo hacía, en la próxima visita serían asesinados él y su familia. El sábado 23 de junio de 2012, en horas de la mañana, fue visto un grupo de paramilitares que transi-taba por el camino que de la vereda La Esperanza conduce a la vereda Playa Larga. Una hora después fue visto un grupo de militares que venía de Nuevo Antioquia, pasó por la vereda Playa Larga y llegó a la vereda La Esperanza. Es, pues, evidente, que militares y paramilitares comparten ese territorio de manera coordinada, como se ha comprobado en el pasado multitud de veces. El miércoles 27 de junio de 2012 la Comunidad de Paz había convocado a los campesinos de los al-rededores de La Esperanza a una reunión, con el fin de analizar la grave situación de control parami-litar de la zona que se viene viviendo allí. A las 18:00 horas, cuando se desarrollaba dicha reunión, se presentó un grupo de militares y convocó a los campesinos a otra reunión, estando a 10 minutos de dos campamentos paramilitares sin que los militares los atacaran. El SUPERINTENDENTE GARCÍA, quien se presentó como miembro del Batallón Vélez de la Brigada XVII en su puesto de mando de Nuevo Antioquia, expuso allí el plan del Ejército para involucrar al campesinado de la zona en el con-flicto, utilizándolos como informantes. Les anunció que realizarán un censo poblacional para contro-lar a toda la población de la zona; que buscan una integración estrecha entre el Ejército y la población civil, organizando partidos de fútbol conjuntos y brigadas de salud; que van a involucrar a todo el campesinado en labores de inteligencia, colocando puestos fijos para el monitoreo de la zona; que las informaciones suministradas por los campesinos se complementarán con las suministradas por avio-nes de inteligencia y la que entreguen las tropas que recorren la zona; que van a coordinar con los campesinos la comercialización de sus productos agrícolas tales como el maíz, el cacao, el aguacate, el fríjol y el arroz, entre otros, para lo cual pidió colaboración en la construcción de la carretera que vie-ne de Nuevo Antioquia y que pasará por Playa Larga y La Esperanza, proyecto en el cual están ya

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empeñados los alcaldes de Apartadó y Turbo, con grandes aportes de los paramilitares, como ya se sabe de acuerdo a reuniones y propuestas que han sido denunciadas. En su exposición ante los cam-pesinos, el SUPERINTENDENTE GARCÍA afirmó que es un hecho que las veredas La Esperanza, El Porvenir, Playa Larga, Caraballo y el corregimiento de Nuevo Antioquia, están hoy día controladas por la estructura paramilitar AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA – AGC- y que las demás veredas del corregimiento de San José de Apartadó están controladas por la guerrilla. Quedó, pues, revelado y reconocido un plan militar de involucramiento de la población civil en el conflicto, abierta y flagrantemente anticonstitucional, con mecanismos vedados por la Corte Constitucional como los empadronamientos, con la militarización abusiva de las actividades productivas y sociales y con el reconocimiento de la unidad de acción entre militares y paramilitares. El mismo miércoles 27 de junio de 2012, campesinos de las veredas Caraballo, El Congo y Arcua, aledañas al corregimiento de San José de Apartadó, se acercaron a miembros de la Comunidad de Paz para manifestarles su preocupación por la presencia de grupos paramilitares en la zona, los cua-les lanzan graves amenazas contra la población. Se han multiplicado las violaciones a los derechos humanos y los campesinos son generalmente acusados falsamente de ser colaboradores de la guerri-lla. Según los pobladores, los paramilitares les han robado a muchos sus documentos de identidad. También afirmaron que algunos paramilitares que han muerto en la zona en combates con la guerri-lla, han sido presentados por los medios de comunicación y por la fuerza pública como campesinos asesinados por la guerrilla. Denunciaron además, que se están produciendo muchos desplazamientos forzados a causa de estos hechos. El mismo miércoles 27 de junio de 2012 falleció en la ciudad de Barranquilla, luego de varios meses de soportar un cáncer de los más agresivos, el acompañante de la Comunidad de Paz EDUAR JOSÉ LANCHERO JIMÉNEZ. Como integrante de los equipos misioneros de la Comisión de Justicia y Paz, Eduar inició un acompañamiento a la Comunidad de Paz desde su inicio en marzo de 1997, deci-diendo luego comprometerse con esta Comunidad acompañándola en todo su trágico caminar y con-virtiéndose en uno más de sus integrantes, demostrando una generosidad a toda prueba para com-partir con esa población terriblemente victimizada todas sus penalidades, en desplazamientos, ame-nazas, agresiones, estigmatizaciones, calumnias y montajes, ayudándoles a recoger sus centenares de muertos, llorándolos con ellos y dignificando sus sepulturas y su memoria, ayudándoles a resistir sin dejarse destruir por la magnitud descomunal de las agresiones y buscando con ellos formas de sub-sistencia alternativas en armonía con la naturaleza y con la dignidad humana. Con su muerte terminó una de las persecuciones más ensañadas del Estado y del ParaEstado contra una persona indefensa, de profundos principios éticos y cristianos, que sólo quiso servir a las víctimas con una generosidad a toda prueba y con un amor excepcional por los desprotegidos. La horrenda cronología de la persecu-ción del Estado contra él, al menos en los episodios más manifiestos, quedó registrada en al menos 25 episodios documentados de intentos de asesinarlo. El jueves 28 de junio de 2012, hacia las 11:30 horas, cuando miembros del Consejo Interno de la Co-munidad de Paz, con acompañantes internacionales y observadores de organismos intergubernamen-tales de Naciones Unidas, se desplazaron de la vereda La Esperanza a la vereda El Porvenir, con el fin de verificar las condiciones de seguridad de familias que antes habían sido secuestradas y amenaza-das por los paramilitares, se percataron de que habían sido seguidos por 50 hombres fuertemente ar-

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mados con armas de uso privativo del Ejército Nacional, quienes se identificaron ante los observado-res internacionales como “Fuerzas Gaitanistas de Colombia” y en su presencia amenazaron de muer-te al campesino FABIO GRACIANO, obligándolo a desplazarse. El hecho fue presenciado por inte-grantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR-, quienes se en-contraban en la zona realizando un monitoreo sobre prevención al desplazamiento forzado. Al visitar otras viviendas, los funcionarios de ACNUR pudieron comprobar otros casos de desplazamiento for-zado en la zona a causa del accionar conjunto militar / paramilitar y de la desprotección total por par-te de los demás órganos del Estado frente a ese accionar conjunto. La Comunidad de Paz ha expresa-do su deseo de que ACNUR, en sus instancias nacionales e internacionales, cumpla con sus objetivos fundacionales de contrarrestar y prevenir el desplazamiento forzado y de proteger a la población vic-timizada por ese crimen. El mismo jueves 28 de junio de 2012, un paramilitar se acercó a una vivienda campesina en la vereda La Esperanza, afirmando que estaba “extraviado” en la zona y se mantuvo allí durante medio día. Los campesinos le pidieron retirarse de su parcela, pues por allí no se permite circulación de armas según los principios de la Comunidad y le sugirieron dirigirse a una tropa militar que estaba acanto-nada a 15 minutos de allí. El paramilitar respondió que ciertamente ellos (los militares) eran sus pa-trones, pero que él no tenía en el momento orden de acercarse a ellos. En la primera semana de julio de 2012 comenzó un desplazamiento de familias de la zona de La Es-peranza, El Porvenir y Playa Larga, a causa de las amenazas de muerte de los paramilitares que se identifican con la sigla AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia). Estos grupos manifiestan que ya todo está coordinado con el eEército, en sus brigadas XVII y XI para ellos asumir el control del área. Afirman que a veces habrá presencia militar pero no para combatirlos a ellos; que la población tendrá que acostumbrarse a ver sus caras permanentemente en la zona. Dicen que los campesinos son guerrilleros o milicianos y que pronto habrá matanzas. Piden que no se le haga saber estas cosas a la Comunidad de Paz, la cual se la pasa denunciando todo a nivel internacional y eso perjudica a las instituciones del Estado. El miércoles 4 de julio de 2012, hacia las 17:00 horas, fue incinerada la vivienda de REINALDO AREIZA en la vereda La Esperanza, por paramilitares que constantemente se movilizan entre Nuevo Antioquia, Playa Larga, La Esperanza y El Porvenir, con pleno respaldo y protección de la fuerza pú-blica. Cabe recordar que Reinaldo había sido sometido a chantajes infames por el Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, Comandante del Batallón Voltígeros de la Brigada XVII, para que le ayudara a destruir la Comunidad de Paz si no quería que le iniciaran un montaje judicial con falsos testigos. Este nuevo atentado evidencia la coordinación entre Ejército y paramilitares. El viernes 6 de julio de 2012, tres paramilitares que bajaban del lugar donde fue incinerada la vi-vienda de Reinaldo Areiza, fueron vistos cuando se dirigían de allí hacia Playa Larga, lugar donde funciona el cuartel principal de los paramilitares en la zona. En esos días había fuerte presencia mili-

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tar en Playa larga y La Esperanza y a pesar de ello los paramilitares se movilizaron sin obstáculo al-guno. El sábado 7 de julio de 2012, dos paramilitares llegaron al casco urbano de San José de Apartadó y preguntaron a los pobladores por el paradero de REINALDO AREIZA. Al no obtener informaciones sobre él, afirmaron que ellos le habían quemado su vivienda el 4 de julio y que lo habían hecho gra-cias a la estrecha colaboración de la fuerza pública. El martes 24 de julio de 2012, hacia las 15:00 horas, tropas del Ejército Nacional que desembarcaron de helicópteros en la vereda Las Nieves de san José de Apartadó, detuvieron ilegalmente a GILDAR-DO TUBERQUIA, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz y al joven trabajador MAURICIO DAVID, quien no es miembro de la Comunidad de Paz pero es poblador civil de la zona; ambos se dirigían de San Josecito hacia la Aldea de Paz de Mulatos. Los militares los separaron, los ultrajaron e insultaron, les vaciaron en el camino sus morrales y provisiones y les reiteraron el propó-sito del Ejército de exterminar la Comunidad de Paz para lo cual todo lo tienen coordinado con los paramilitares. A pesar de haberles pedido a los militares que se identificaran, no lo hicieron y oculta-ron sus distintivos y sus nombres que, por ley, deben llevar visibles. El sábado 28 y el domingo 29 de julio de 2012, en horas de la mañana, fueron vistos por varios po-bladores dos encapuchados que portaban armas, en el sitio Tierra Amarilla, sobre la carretera que de Apartadó conduce a San José, lugar en que militares y paramilitares han perpetrado numerosos crí-menes. El lunes 30 de julio de 2012, hacia las 9:00 horas, dos paramilitares motorizados llegaron hasta la puerta del asentamiento de San Josecito; uno de ellos permaneció afuera, en la moto, y el otro ingresó al caserío. Al ser abordado por miembros de la Comunidad para exigirle que se retirara, reaccionó con insultos y amenazas. Luego se regresaron a Apartadó. Este mismo día, a las 16:15 horas, GER-MÁN GRACIANO, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, recibió una llamada des-de el celular 3146601697, de alguien que se identificó como “desmovilizado de la guerrilla y hoy pa-ramilitar alias Guachipín”, quien dijo trabajar para la Brigada XVII junto con otros paramilitares que mencionó, tales como “alias Chibirico”, “alias Tribilín”, “alias Tierra”, “alias Fabio”, “alias el Loco Daniel”, “alias Beto”, “alias Guajiro”, “alias Samir” (a quien la Brigada protege en sus instalaciones desde diciembre de 2008). Alias “Guachipín”, en su llamada, amenazó de muerte a Germán, a su fa-milia y al Consejo Interno de la Comunidad de Paz, afirmando que muy pronto empezarán a ejecu-tarlos. Le dijo que fueran consiguiendo los cofres mortuorios, pues “con ellos no se juega”. Le recordó numerosos hechos de asesinatos que ellos le han causado durante muchos años a la Comunidad de Paz y reiteró que todo el plan está coordinado con la Brigada XVII. El martes 31 de julio de 2012, hacia las 13:20 horas, GERMÁN GRACIANO, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, recibió una nueva llamada del celular 3146601697, esta vez de al-guien que se identificó con el alias de “Guajiro” y como “comandante de un bloque, en Urabá, de las

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Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC”. En su llamada, “alias Guajiro” afirmó que la llamada del día anterior se había hecho por orden suya y exigió que la Comunidad tiene que colaborar con ellos, como lo están haciendo las empresas bananeras, los ganaderos y el comercio en general de Ura-bá, pagándoles impuestos; que de lo contrario, la Comunidad será exterminada por completo y sus líderes y demás integrantes asesinados, si no se someten a ellos. El martes 7 de agosto de 2012 tropas del Ejército asaltaron a un grupo insurgente que se encontraban de paso transitorio por una finca en la vereda La Resbalosa quedando muerto en la acción, según el reporte de los medios locales, un guerrillero. Luego los militares se acercaron a la casa y procedieron a incinerar la vivienda con sus pertenencias, la cual pertenecía al Señor Rubén Oquendo quien al momento de los hechos no se encontraba allí. El martes 14 de agosto de 2012, tropas del Ejército acantonadas en la vereda La Unión, robaron varias herramientas de trabajo agrícola de la vivienda del Señor RAMIRO RUEDA, miembro de la Comuni-dad de Paz. El miércoles 15 de agosto de 2012, tropas del ejército que se encontraban en el paraje de Chontalito detuvieron por más de 1 hora a JULIO CÉSAR GUISAO, miembro del Consejo Interno de nuestra Comunidad de Paz, y a su hermano ESTEBAN GUISAO, miembro también de la Comunidad de Paz, los obligaron a vaciar sus pertenencias, los sometieron a empadronamiento ilegal, les retuvieron sus celulares privados, los amenazaron y sometieron a insultos y vejaciones. El sábado 18 de agosto de 2012, hacia las 08:00 horas, tropas del Ejército que se encontraban entre las veredas La Unión y Las Nieves, abordaron a CARLOS ALBERTO TUBERQUIA, miembro de la Co-munidad de Paz, lo quisieron obligar a empadronarse pero él se resistió demostrando la ilegalidad del procedimiento, siendo entonces sometido a insultos y amenazas y le advirtieron que la Comuni-dad de Paz será exterminada y que para ello todo está coordinado con los paramilitares. El mismo día, a las 15:00 horas, en la vereda Las Nieves fue abordado por las tropas el Señor CONRADO DA-VID, miembro también de la Comunidad, al cual quisieron también obligar a empadronarse, frente a lo cual opuso resistencia demostrando la ilegalidad del procedimiento, siendo entonces insultado y advertido del próximo exterminio de la Comunidad de Paz, pues, según le manifestaron, la Comuni-dad es un estorbo para sus planes en la zona. El martes 28 de agosto de 2012, hacia las 13:00 horas, se notó un extraño seguimiento, en la ciudad de Apartadó por personas de civil, al miembro del Consejo Interno GERMÁN GRACIANO, ya antes amenazado vía telefónica por jefes paramilitares. Hacia las 15:00 horas, mientras se encontraba en un establecimiento público y acompañado por una organización internacional, Germán fue abordado por miembros de la policía motorizados quienes le pidieron documentos de identidad, supuestamen-te para “verificación de antecedentes”, obligándolo luego a acompañarlos hasta el comando de la po-licía, hasta donde llegó una persona de civil quien exigía saber su nombre y apellidos. Allí, le insistie-ron en firmar un documento de buen trato, al que Germán se negó debido a la persecución por mili-

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tares y paramilitares contra él y su familia, los cuales han asesinado a varios miembros familiares, luego de 30 minutos fue dejado en libertad pero la coincidencia de amenazas paramilitares con el hos-tigamiento de la Policía deja nuevas evidencias sobre la continuidad del accionar conjunto entre poli-cía y paramilitares en la ciudad. El miércoles 29 de agosto de 2012, hacia las 09:45 horas, en un retén de la policía, instalado en el sitio La Cabaña de Apartadó, empadronaron ilegalmente a los ocupantes de un vehículo de servicio públi-co que se dirigía hacia Apartadó, en el cual se movilizaban dos miembros del Consejo Interno: MA-RÍA BERTILDA QUINTERO y JESÚS EMILIO TUBERQUIA. El policía que realizaba el empadrona-miento se escondió detrás de otro vehículo para no ser visto. Simultáneamente tomaron numerosas fotografías a los ocupantes, hecho absolutamente ilegal pero que reviste mayor gravedad al compro-barse la continuidad de la acción coordinada entre fuerza pública y paramilitares. El jueves 30 de Agosto de 2012, en la vereda La Unión, un grupo de trabajo de la Comunidad se diri-gía a un terreno preparado para la siembra de cultivos agrícolas, se encontraron con tropas militares quienes impidieron la realización de la siembra. El viernes 31 de agosto de 2012, se presentaron combates entre las veredas Miramar del corregimien-to de San José y la vereda Caracolí del Corregimiento de Piedras Blancas, los cuales se prolongaron entre las 09:00 y las 13:00 horas. Según los pobladores de la zona, el enfrentamiento se dio entre un grupo guerrillero y paramilitares presentes en la zona, de la base paramilitar de Piedras Blancas (mu-nicipio de Carepa) muy cerca a la Brigada XVII del Ejército, muchas veces denunciadas. Dado que en dichas veredas hay fuerte presencia de la fuerza pública, la presencia paramilitar delata nuevamente su connivencia con la fuerza pública. El día 5 de septiembre de 2012, hacia las 17:40 horas fue interceptado por la Policía en el sitio cono-cido como el Mangolo, en Apartadó, un carro de servicio público el cual transitaba entre Apartadó y San José, donde viajaba Jesús Emilio Tuberquia, miembro del Consejo Interno y Representante Legal de la Comunidad de Paz. Allí fueron empadronados ilegalmente por la policía todos los ocupantes del vehículo. Este mismo día campesinos del corregimiento de Piedras Blancas le informaron a miembros del Consejo Interno que hacia las 8:00 horas había salido un grupo de unos 60 paramilita-res los cuales manifestaron que realizarían un recorrido por las veredas del corregimiento de San José de Apartadó y que llevaban una lista de personas para asesinar, ya que habían sufrido daño en los combates contra la guerrilla el día 31 de Agosto, donde perdieron equipos y munición y además les hirieron personal, según ellos, esto lo pagarían muy caro los campesinos de la zona y esa hp Comu-nidad de Paz que debe ser exterminada lo más pronto posible. El día 6 de septiembre de 2012, hacia las 0:30 horas, cuatro paramilitares que vestían prendas milita-res y portando armas cortas interceptaron el vehículo de servicio público que cubría la ruta entre la Ciudad de Medellín y el municipio de Apartadó, entre las poblaciones de Santa fe de Antioquia y Cañasgordas donde viajaba Arley Tuberquia miembro de la Comunidad de Paz y Coordinador del

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proyecto Educativo de la Comunidad. Ya en el vehículo le apuntaban con sus armas y tratándole con insultos le enviaron un mensaje a los líderes de la Comunidad de Paz, especialmente a Germán Gra-ciano y a Jesús Emilio Tuberquia a quienes tienen para asesinar, pues según ellos, ya conocen sus rutas y movimientos y en cualquier momento los van a matar. Después procedieron a requisarlo y se llevaron sus documentos de identidad, soportes de transportes y viáticos al igual que una memoria USB con información sobre la Comunidad de Paz. Estos hechos se dan a pocos metros de un puesto de control de la policía. El Jueves 13 de septiembre de 2012, hacia las 21:00 horas y por espacio de 45 minutos, se presentaron combates entre la fuerza pública y la guerrilla en el caserío de San José, centro urbano del corregi-miento, quedando tres viviendas civiles del caserío de San José impactadas por proyectiles dispara-dos por soldados desde la base militar. Nadie pudo entender por qué los militares, si fueron atacados por guerrilleros que estaban junto al río, sin embargo dispararon contra los techos de las viviendas de la población civil. En uno de los casos, los proyectiles penetraron por el techo de una habitación don-de duermen varias niñas, quienes en ese momento no estaban en sus camas, pero de haber estado allí, hubieran muerto o quedado gravemente heridas. Los pobladores de San José han manifestado su te-mor por los hechos ya que de manera cada vez más frecuente sus propias vidas están siendo someti-das a altos riesgos, debido al desacato del gobierno a las sentencias de la Corte Constitucional que exigen no colocar las bases militares ni policiales, menos en zonas de conflicto, en medio de la pobla-ción civil. El lunes 17 de septiembre de 2012, hacia las 14.20 horas, fue asesinada FABIOLA PEREA PEREA, profesora de la vereda Bellavista del corregimiento de San José de Apartadó. Dos hombres en trajes civiles y portando armas ultimaron a la maestra. Su cuerpo sin vida fue trasladado por campesinos de la zona hasta el casco urbano de San José. En los días siguientes los medios de comunicación locales difundieron la noticia sin alusión alguna a los responsables. El gobierno municipal decretó tres días de luto y ordenó suspender las clases en las veredas del corregimiento de San José hasta nueva orden, argumentando que no hay seguridad en la región para los maestros. Los comentarios de los poblado-res de la zona apuntan a una presunta acción de la guerrilla, la cual habría buscado castigar una su-puesta labor de informante del ejército que estaría ejerciendo dicha docente, al tomar permanente-mente fotografías a campesinos a quienes calificaba como milicianos y entregárselas al Ejército. Los mismos comentarios aluden a una presión persistente ejercida por la Alcaldía de Apartadó sobre los docentes rurales, con la asesoría del desertor de las FARC alias “Samir” (domiciliado desde 2008 en la Brigada XVII), para que ejerzan el papel de informantes, convocándolos frecuentemente a reuniones para revisar las situación de las zonas rurales y ejerciendo presión o represalias contra los docentes que se niegan a cumplir con ese papel que no les corresponde y más bien pone en alto riesgo sus vi-das. La Comunidad no comparte las acciones de muerte de parte de ninguno de los actores armados, por el contrario se solidariza con los familiares y amigos de las víctimas. Al mismo tiempo rechaza los intentos de vincular a la población civil, y particularmente a los docentes, al conflicto, forzándola a ejercer labores de inteligencia. Cabe recordar que este hecho hace parte de toda la lista de muertes

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que se han venido registrando desde que la fuerza pública ingresó al corregimiento de San José de Apartado. El miércoles 19 de septiembre de 2012, cuatro campesinos de la vereda Miramar del corregimiento de San José fueron detenidos ilegalmente por tropas del Ejército Nacional y después de ser sometidos a interrogatorios fueron puestos en libertad. Con toda evidencia se violó allí la ley, pues no existía ninguna orden de captura de autoridad competente y la privación arbitraria de la libertad, cuando se ejerce fuera de la ley y como práctica sistemática, constituye además violación de los tratados interna-cionales y crimen de lesa humanidad cuando se hace en forma sistemática. El jueves 27 de septiembre de 2012, a las 11.10 horas y por espacio de 1 hora, nuevamente se registra-ron combates entre la guerrilla y efectivos de la base militar y del puesto de policía de San José de Apartadó. Las maestras que ese día iniciaban nuevamente las clases después de una suspensión de clases ordenada en días anteriores por el gobierno municipal, al quedar en medio del fuego cruzado se vieron forzadas a abandonar el plantel, junto con los niños, para salvar sus vidas. Nuevamente se coloca en riesgo a la población civil, en este caso a los niños y niñas de un plantel educativo. En nu-merosas ocasiones la Comunidad de Paz le ha solicitado al Presidente de la República acatar la Sen-tencia T-1206 de 2001 de la Corte Constitucional, en la cual se establecen criterios que impiden ubicar puestos de policía, y con mayor razón bases militares, en espacios de la población civil, en especial en zonas de conflicto. Con toda evidencia, el Estado se hace responsable de estos atentados contra la po-blación civil y de las infracciones allí implicadas al Derecho Internacional Humanitario. El miércoles 3 de Octubre de 2012, por espacio de una hora varios uniformados de la Base militar de San José, se ubicaron frente al asentamiento de la Comunidad de Paz en San Josecito, pese a que miembros de la comunidad les solicitaron se retiraran del sitio ellos alegaron diciendo que no se reti-rarían porque estaban cumpliendo órdenes de sus superiores. El jueves 4 de Octubre de 2012, a las 19:50 horas, por espacio de 50 minutos nuevamente se presenta-ron combates entre la guerrilla y efectivos de la base militar instalada en San José de Apartadó. Según habitantes del casco urbano del corregimiento, los militares disparaban desbordadamente para todos los lados, resultando gravemente herido el civil ALBERTO ARIZA HUACA de 32 años, padre de dos niños y habitante de San José. A pesar de no pertenecer a la Comunidad de Paz, fue trasladado a San Josecito y desde allí acompañado por miembros de la Comunidad hasta el hospital de Apartadó co-mo un gesto de solidaridad con la población civil víctima. Con toda evidencia, el Estado es responsa-ble de estos atentados contra la población civil. El jueves 4 de octubre de 2012, hacia las 7:00 horas, alias “Samir”, desde su domicilio en la Brigada XVII donde se han confeccionado todas sus mentiras, calumnias y suciedades, pronunciándose a tra-vés de emisoras locales como “Antena Estéreo” y la emisora del Ejército en la Brigada XVII, manifestó su alegría por la muerte de EDUAR LANCHERO, a quien nuevamente calumnió calificándolo como “ideólogo de las FARC”, acusando nuevamente a la Comunidad de trabajar en coordinación con las

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FARC, hasta llegar a decir que los comunicados públicos de la Comunidad de Paz son “orientados por las FARC”. Allí mismo afirmó que él mantiene informantes en la zona y en la Comunidad, que lo ponen al tanto de todo lo que ocurre, y le hizo un llamado a la Comunidad para que corrija su ca-mino, ya que Eduar no está presente. Es cosa sabida y probada hasta la saciedad, que cualquier de-nuncia por calumnia, injuria o falsedad contra alias “Samir”, es tiempo perdido, pues la protección del Estado a este criminal ha sido manifiesta, explícita, tozuda y contumaz. No importa que el go-bierno sea acusado de emitir mentiras altamente dañinas para la honra de las personas y radicalmen-te violatorias de los derechos humanos por emisoras que pertenecen a instituciones del Estado. Lo sabemos de sobra: la justicia no hará absolutamente nada para investigar ni sancionar a los responsa-bles ni a sus cadenas de mando. En la constancia anterior, del 5 de octubre de 2012 la Comunidad había denunciado el tiroteo que se presentó en el caserío de San José el jueves 4 de octubre de 2012 hacia las 19:50 horas por espacio de 50 minutos, tiroteo en el cual resultó herido en su propia casa el civil ALBERTO ARIZA, de 32 años y padre de dos niños. El viernes 5 de octubre de 2012, durante todo el día, los medios locales estuvie-ron dando la noticia de un supuesto combate entre el ejército y la guerrilla, señalando al civil herido como “guerrillero”. Luego de investigar el hecho analizando las trayectorias de los proyectiles y de interrogar a muchos pobladores del caserío, la Comunidad no alberga ninguna duda de que los pro-yectiles venían de la base militar y estaban dirigidos contra las viviendas de los pobladores. Todos los testigos afirman que los militares disparaban desaforadamente en todas direcciones y que, como era de noche, las balas se veían avanzar, luminosas e incandescentes, en clara proveniencia de la base militar. Además nadie pudo ver a ningún guerrillero disparando y por ello se pone en duda la ver-sión de un supuesto ataque de la guerrilla a la base militar. Se desmintió como dato absolutamente falso el que desde alguna vivienda hubieran salido disparos y como algo mucho más falso aún, el que la víctima fuera un guerrillero o tuviera armas, como de manera infame lo dio a entender el coman-dante del puesto militar, cuando ingresó a su casa y le pidió a la familia de Alberto que “le entregara el uniforme de guerrillero que él usaba”. Él era a todas luces un civil, padre de familia, integrante de una congregación cristiana del lugar y trabajador en la obra que actualmente se adelanta en la carre-tera, cuyos compañeros y directivos realizaron un cese de trabajo al día siguiente en protesta por el vil atentado del Ejército contra él. Con toda evidencia, el proyectil que hirió a Alberto provenía de la base militar, pues impactó la pared de la vivienda desde esa dirección y en la misma dirección atra-vesó una escoba que estaba junto a la puerta y por último el cuerpo de Alberto, quien se disponía a abrir la puerta luego de escuchar el llanto de unos niños en medio de la balacera. Este mismo día, el delegado de la Defensoría del Pueblo SAID CHÁVEZ se trasladó al caserío de San José y se reunió con un grupo de pobladores ante quienes hizo una defensa del Ejército, exonerándolo de toda responsabilidad en el crimen, sin haber estado presente y desatendiendo todos los testimo-nios presenciales. Dicho “defensor” visitó la vivienda de la víctima donde hizo interpretaciones com-pletamente ilógicas sobre la trayectoria de los proyectiles. Los pobladores se burlaron de su falta de cordura y le preguntaron si era defensor del pueblo o defensor de los militares.

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El sábado 6 de octubre, varios habitantes del casco urbano de San José se acercaron a miembros de la Comunidad de Paz para comentarles que otras casas del caserío habían sido impactadas por los dis-paros de los militares y policías desde sus respectivas bases. Esta información se comprobó y se en-contró que había cinco viviendas averiadas, además de la escuela de San José, la cual tiene varios im-pactos. Este mismo día, el equipo de comunicación de la Comunidad de Paz se acercó a fotografiar las casas averiadas por los disparos, pero los uniformados que allí se encontraban se opusieron a que los miembros de la Comunidad registraran fotográficamente los daños, aduciendo que ellos no po-seían carnés de periodistas, por lo que les prohibieron rotundamente fotografiar el lugar, amenazán-dolos de detención y de decomiso de sus cámaras. Así el crimen quedaba completado con el encu-brimiento, la obstrucción de la verdad y el ocultamiento de pruebas, lo que confirma la conciencia de culpa. Todo esto alcanzó niveles extraordinarios de descaro, cuando los mismos militares intimidaron a los pobladores prohibiéndoles que afirmaran que las heridas de Alberto habían sido causadas por el Ejército y presionándolos a que afirmaran en cambio que ellas habían sido causadas por la guerrilla, mientras nadie había visto a ningún guerrillero esa noche. Sobra todo comentario. El viernes 5 de octubre de 2012, a las 8:30 horas, un testigo que se encontraba en la Embajada de Chi-le, en Bogotá, escuchó a una funcionaria de la Defensoría del Pueblo cuando le respondía a un cono-cido suyo allí presente, quien le había preguntado sobre la situación de la Comunidad de Paz luego de algunas condenas a militares por la masacre de febrero de 2005. La funcionaria afirmó que la Co-munidad sólo se interesa por el dinero y que por ello había llevado el caso a la Corte Penal Interna-cional para buscar indemnizaciones grandes, pues las reparaciones que da Acción Social le parecen demasiado exiguas. Ya hace un tiempo que la Comunidad rompió relaciones con la Defensoría por-que comprobó que la corrupción la había invadido y que ya no defendía a nadie sino su propia buro-cracia. Llegar a niveles tan bajos y sucios de mentira, cuando precisamente la Comunidad ha recha-zado las reparaciones administrativas porque convierten a las víctimas en mercancías sin importar su dignidad y su memoria, es propio sólo de funcionarios sin ética alguna. Por los mismos días se informó que el “Defensor Comunitario” de San José de Apartadó, quien nunca ha defendido a miembros de la Comunidad de Paz cuando son víctimas de graves violaciones de sus derechos, ahora está empeñado en una campaña de sabotaje a la Comunidad, con el propósito de im-pedir que se cumplan estrictamente los reglamentos y principios definidos en su Reglamento. Está tratando de convencer a algunas personas que se han retirado voluntariamente de la Comunidad de Paz porque les resultaban onerosas algunas normas y trabajos comunitarios, de que permanezcan en los espacios de la Comunidad y no se retiren de allí para él poder penetrar en esos espacios con pro-gramas del Estado que subviertan la economía y organización comunitaria. Sobra todo comentario ante estrategias tan sucias. El viernes 12 de octubre de 2012, a las 19:00 horas, miembros de la fuerza pública fuertemente arma-dos ingresaron sin orden judicial alguna a la vivienda del Señor JORGE BEDOYA, habitante del casco urbano de San José de Apartadó, sometiendo la vivienda a un allanamiento ilegal. Luego procedieron a amenazarlo, acusándolo de hacer comentarios contra la fuerza pública luego de la balacera del 4 de

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octubre en la cual su vecino, Alberto Ariza, fue gravemente herido por un proyectil proveniente de la base militar. El lunes 15 de octubre de 2012, en horas de la madrugada, falleció en el hospital de Apartadó el Se-ñor ALBERTO ARIZA HUACA, de 32 años, quien había sido herido el pasado 4 de octubre cuando, estando en su casa y al disponerse a abrir la puerta luego de sentir el llanto de unos niños durante el tiroteo, una bala penetró en su cuerpo y le destrozó órganos vitales. Llevado al hospital por miem-bros de la Comunidad de Paz, quienes lo recogieron herido y lo acogieron primero en San Josesito, su salud se fue deteriorando hasta fallecer quince días después. Entre tanto había sido acusado por los militares y policías acantonados en el caserío, incluso por las emisoras radiales, de ser “guerrillero”, acusación que indignó a toda la población que lo conocía como padre de familia, integrante de una congregación cristiana y trabajador en la obra que se adelanta actualmente en la carretera. Su muerte constituye a todas luces un crimen de guerra e infracción grave al Derecho Internacional Humanita-rio, pues el Ejército disparó esa noche contra las viviendas civiles, pudiendo ser apreciadas por mu-chos pobladores las balas que provenían, luminosas e incandescentes, desde la base militar, pene-trando en varias viviendas y en la escuela. Esta es una consecuencia más de la intransigencia del Go-bierno, el cual se ha negado a acatar las prescripciones de la Corte Constitucional, la cual prohíbe ubicar puestos de policía y bases militares, en zonas de conflicto, en medio de la población civil. No hay duda alguna de que al mismo Presidente Santos, a quien tantas veces se le ha suplicado que acate las Sentencias de la Corte, le cabe responsabilidad de primer orden por esta muerte. La Comunidad de Paz, enterada de la muerte de Alberto, organizó una marcha hasta Apartadó, desde donde acom-pañaron a pie el cadáver de Alberto hasta San José. El sábado 1 de diciembre de 2012, un grupo de paramilitares subieron a la vereda El Porvenir, allí se acercaron a los campesinos preguntando por varias personas residentes de la vereda pero que al momento no se encontraban ya que por ser fin de semana habían salido. Los amenazaron dejándoles un mensaje que era mejor que no volvieran a la zona si no querían morir. El domingo 2 de diciembre de 2012, hacia las 6.00 horas, otro grupo de paramilitares acampó en la finca de la Comunidad de Paz que está ubicada en la vereda La Esperanza, allí se mantuvieron du-rante todo el día. Nuevamente desde allí han proferido amenazas contra la comunidad argumentan-do que esa hp de comunidad es un estorbo en la zona y obstaculiza el proyecto militar y paramilitar que ellos tienen planeado para esa región. El miércoles 5 de diciembre de 2012, salieron desplazadas dos familias de la vereda La Esperanza, aunque las familias no hacían parte a la Comunidad de Paz, de igual forma es población campesina. Desde varias semanas antes los paramilitares venían haciendo presencia constante en la vereda con amenaza a la población civil. El domingo 9 de diciembre de 2012, nuevamente fueron vistos por campesinos un grupo de parami-litares que patrullaban en La Esperanza, diciendo a varios campesinos que tenían una lista de perso-nas para asesinar y que tarde o temprano les darían papaya, que ellos seguirían por esas áreas, allí procedieron a fotografiar a toda persona que pasaba.

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El domingo 16 de diciembre de 2012, un grupo de paramilitares que desde hacía varios días se en-contraban acampados en el paraje de Caraballo, en inmediaciones a la vereda Arenas Altas, donde el miércoles 14 de noviembre de 2012 había habido combates entre paramilitares y guerrilla, realizaron disparos y ametrallamientos generando de esta forma intimidación y zozobra contra la población ci-vil de los entornos, sin que la fuerza pública presente hiciera nada para proteger a la población civil. El sábado 29 de diciembre de 2012, entre las 18 y 19 horas, en dos ocasiones aterrizaron dos helicóp-teros militares en la finca de la Comunidad en la vereda La Esperanza, allí desembarcaron tropas militares y acamparon en los predios de la zona humanitaria de la comunidad, dañando las cercas y los alambrados.

2013

El domingo 6 de enero de 2013, hacia las 19.50 horas y por espacio de 1 hora se escucharon disparos, ametrallamientos y detonaciones efectuados desde la base militar ubicada en el casco urbano de San José. Nuevamente se genera temor y zozobra con estos actos contra la población indefensa del case-río, pues temen que se repitan hechos como el ocurrido el pasado 4 de octubre de 2012 cuando fue asesinado el civil Alberto Ariza Huaca por las metrallas de los militares. Según informaciones de campesinos son combates originados por los mismos militares para confundir y atemorizar a la po-blación civil hechos por los mismos militares. El viernes 11 de enero de 2013, hacia las 9.25 horas, Blanca Torres integrante de la Comunidad de Paz y esposa de Germán Graciano miembro del Consejo Interno, recibió una llamada del celular nú-mero 3113422998 de un sujeto quien se identificó con el nombre de Santiago Giraldo coordinador de Desmovilizados de la Oficina de Bogotá; la llamó por su nombre y le dijo que le colaborara que ellos sabían que ella le podía ayudar suministrando información de los líderes de la Comunidad. Que ha-bía dinero para eso, que le ayudara, que ellos le colaboraban con dinero. Ya en días pasados se habían denunciado las actuaciones de un oficial de la Brigada XVII quien había ofrecido dinero a personas de la zona para dar informaciones sobre los movimientos de los líderes de la Comunidad de Paz. El viernes 11 y sábado 12 de enero de 2013, una avioneta fumigó los terrenos de la vereda La Resba-losa y posteriormente los de la vereda Mulatos donde además se encuentra un asentamiento de la Comunidad, como efectos de la fumigación se empezaron a morir los cultivos de pan coger que las familias tenían sembrados, especialmente de fríjol, arroz y yuca. El jueves 17 de enero de 2013, en horas de la tarde, una avioneta sobrevoló el asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda La Resbalosa y procedió a fumigar los cultivos que sirven para su-pervivencia de la Comunidad, como los de fríjol, maíz, arroz y el cacao orgánico que han estado cul-tivando en esa zona y que ha sido certificado como cultivo orgánico para la pequeña comercialización que les sustenta. El mismo jueves 17 de enero de 2013, un grupo de paramilitares fuertemente armado ingresó a la vereda El Manso del municipio de Tierralta, Córdoba, sitio aledaño a algunos asentamientos de la Comunidad de Paz, y allí, con lista en mano, procedieron a privar de su libertad a varios civiles. Se-gún informaciones procedentes de los campesinos de la zona, 6 personas fueron detenidas desapare-

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cidas sin que luego dieran cuenta de su paradero. El mismo día, un campesino de la zona, de nombre CLIMACO PITALÚA, fue golpeado por los paramilitares. El lunes 21 de enero de 2013, hacia las 15:00 horas, en la vereda Rodoxaly, de San José de Apartadó, un campesino de nombre ISMAEL ÁNGEL MOLINA CORREA de aproximadamente 69 años, pisó un artefacto explosivo mientras se encontraba realizando labores agrícolas en su finca, hecho que le costó la vida. Según informes de los campesinos de la zona, un grupo de paramilitares había estado realizando operativos y patrullajes en la zona. El martes 22 de enero de 2013, hacia las 2:00 horas, se escucharon disparos en la base militar instalada en el caserío de San José de Apartadó. Más tarde los medios de información hablaron de un combate entre la guerrilla y la fuerza pública. Antecedentes de las últimas semanas y meses mostraban que el Ejército disparaba sin que hubiese presencia de la insurgencia, con otros fines. La presencia de pues-tos de la Policía y del Ejército en medio de la población civil contradice numerosas normas de la Cor-te Constitucional, particularmente en zonas de conflicto como lo es el casco urbano de San José, el cual, justamente desde su militarización extrema a partir de abril de 2005, ha atraído a las fuerzas be-ligerantes e incentivado los enfrentamientos armados cobrando numerosas víctimas en la población civil. El viernes 25 de enero de 2013, hacia las 21:00 horas, un contingente de paramilitares ingresó a la ve-reda La Cristalina donde amenazaron e insultaron a varias familias, incluyendo a varios niños. Entre los paramilitares que llegaron se encontraban los hermanos ALBEIRO y LUBÍN CARDONA BORJA, oriundos de esa zona y quienes se habían entregado al Ejército en 2005, participando en una masacre de 6 jóvenes que dormían, en diciembre de 2005, por lo cual el Ejército les pagó 4 millones de pesos por cada vida destruida; desde entonces se movilizan con tropas del Ejército y en esta ocasión recor-daron que hacía un año exactamente, en enero de 2012, habían estado allí mismo con las tropas oficia-les. La presencia de estos y de otros civiles entre las tropas del Ejército oficial, revelan la persistencia del paramilitarismo en la región, pues se trata de civiles ilegalmente reclutados y domiciliados en establecimientos militares para realizar operativos armados absolutamente ilegales. Dichos agentes ilegales del Estado privaron de su libertad y agredieron con violencia ese día, allí en La Cristalina, a WILLIAM CARDONA y a ALFREDIZ RIVAS BORJA. Este último había sufrido montajes judiciales y graves agresiones por parte de agentes del Estado y la mayoría de los miembros de su familia habían sido asesinados por agentes del Estado. El sábado 26 de enero de 2013, hacia la 1:00 de la madrugada, el grupo paramilitar que había llegado a la vereda La Cristalina el día anterior, ingresó a la vivienda de un miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz. Le preguntaron si todavía la Comunidad de Paz estaba en el asentamiento de San Josesito y exigían se les dieran los nombres de los líderes de la Zona Humanitaria de La Cristali-na. Según informaciones de campesinos a escasos 20 minutos se encontraban las tropas del Ejército nacional. El miércoles 30 de enero de 2013, hacia las 15: 40 horas y por espacio de 40 minutos, se presentó nue-vamente un combate en el centro urbano de San José de Apartadó. Al parecer fue un combate entre tropas del Ejército allí acantonadas y alguna unidad de combatientes de las FARC, quedando en me-dio del fuego cruzado cuatro civiles, entre ellos un miembro de la Comunidad de Paz quien en ese momento transitaba por allí. Tanto los militares como los policías presentes en el caserío disparaban

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indiscriminadamente en todas direcciones, colocando así en alto riesgo la seguridad de los poblado-res y de las transeúntes. La vivienda de un miembro de la Comunidad de Paz, en la cual se encontra-ban en ese momento niños y adultos, fue impactada por un proyectil proveniente de la base militar, viéndose obligados los moradores a buscar refugios. Una vez más se comprueba que los criterios emi-tidos repetidas veces por la Corte Constitucional sobre la ubicación de las bases militares y puestos de policía, exigiendo que en zonas como ésta nunca se ubiquen en medio de la población civil, son crite-rios muy acertados que el Gobierno no ha querido acatar, por lo cual se hace responsable de todas las tragedias que su desobediencia a la Corte está causando. El jueves 31 de enero de 2013, un reconocido paramilitar se acercó a un miembro de la Comunidad de Paz, quien en ese momento se encontraba en Apartadó, y le preguntó por los miembros del Conse-jo Interno de la Comunidad, a la vez que insistió en que le suministrara el número del celular de GERMÁN GRACIANO, miembro del Consejo Interno. Desde muchos meses antes y a través de múl-tiples episodios de persecución, Germán se ha convertido en blanco de paramilitares y militares quienes ya muy frecuentemente indagan por su paradero, sus rutas, su teléfono y las maneras de ubi-carlo. El viernes 1° de febrero de 2013, en horas de la mañana, un grupo de paramilitares llegó a la vivien-da de una familia de la Comunidad de Paz, la cual está ubicada en la vereda Arenas Bajas, en un sitio conocido como “La Máquina”, y les advirtieron que los civiles tienen que acostumbrarse a verlos constantemente en la zona, pues tienen todo ya planeado con la Fuerza Pública para controlar ese territorio. Estos hechos se dan a pesar de que se habían visto allí mismo, durante los días anteriores, operativos militares de la Brigada Móvil No. 24. Es, pues, evidente la complicidad, unidad de acción, cooperación y coordinación entre el Ejército Nacional y los grupos paramilitares. El sábado 2 de febrero de 2013, hacia las 9: 30 horas, una patrulla militar, al parecer de la Brigada Móvil No. 24, llegó a la vivienda de la Señora NOLFA SÁNCHEZ, en la vereda Arenas Bajas, exacta-mente en el punto conocido como La Máquina, y detuvieron por más de 30 minutos al niño JUAN PABLO ÚSUGA, de 14 años, a quien amenazaron e insultaron. El domingo 3 de febrero de 2013, hacia las 12: 30 horas, en el punto conocido como Caño Seco, del corregimiento de San José, se presentó un nuevo combate, al parecer entre la fuerza pública y guerri-lleros de las FARC, quedando un militar muerto según informaciones de los campesinos allí residen-tes. La multiplicación de patrullas militares y paramilitares que hacen presencia en el corregimiento han vuelto a convertir la zona en campo intenso de enfrentamientos armados, sin consideración al-guna por una población que ha sufrido ya numerosas veces el desplazamiento, el despojo, el terror, la pérdida de todas sus pertenencias, la estigmatización y numerosas formas de persecución y descono-cimiento de sus derechos. El viernes 8 de febrero de 2013, hacia las 20:30 horas, se presentó un enfrentamiento armado en el centro urbano de San José. Nuevamente la población civil fue colocada como escudo por los actores armados, gracias a que el Gobierno se ha negado tozudamente a acatar las normas emitidas por la Corte Constitucional en su Sentencia T-1206/01 que prohíbe instalar puestos de policía o bases milita-res en medio de la población civil.

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El domingo 10 de febrero de 2013, hacia las 7:25 horas, nuevamente se escucharon disparos y deto-naciones de explosivos en los alrededores del centro urbano de San José de Apartadó, causando te-rror en sus pobladores. Los días lunes 11 al sábado 16 de febrero de 2013, según informaciones de campesinos que lo pre-senciaron, varios camiones transportaron a paramilitares procedentes del departamento del Chocó quienes ingresaron a las bases de Piedras Blancas, Zunguito-carretera y Nuevo Antioquia, atravesan-do por sitios donde constantemente existen retenes militares y de policía sin que éstos los detuvieran. El jueves 14 de febrero de 2013, hacia las 9:30 horas, se presentó un combate entre los militares acan-tonados en la base militar de San José y guerrilleros de las FARC. Según informaciones de los medios locales, dos militares resultaron heridos. Este mismo día, hacia las 12:35 horas, dos helicópteros so-brevolaron el área, mientras uno recogía los heridos el otro ametrallaba la zona dejando caer sobre varias viviendas de civiles vainillas de gran tamaño, calibre P50. Varios campesinos han manifestado la preocupación por estos hechos los cuales ponen en riesgo sus vidas. Mientras tanto soldados del Ejército Nacional se han acercado a las viviendas de varios campesinos preguntando si no tienen pe-sar de los niños, lo cual se entiende como una amenaza por parte de la fuerza pública hacia el campe-sinado. El lunes 18 de febrero de 2013, hacia las 10; 30 horas, un grupo de paramilitares fuertemente arma-dos ingresaron a la vivienda de un miembro de la Comunidad de Paz en la vereda Arenas Bajas, ma-nifestando que van a ir desplazando al campesinado de la zona al igual que a las familias de la Co-munidad; que ya tienen todo coordinado con la fuerza pública para ello. Este mismo día se presentó un tiroteo en el filo del sitio conocido como El Barro, en la vereda Mulatos. El martes 19 de febrero de 2013, hacia las 3:00 horas de la madrugada, un grupo paramilitar entró a una vivienda ubicada en la vereda la Miramar del corregimiento de San José, allí tumbaron la puerta de la casa a patadas, destruyeron la vajilla de cocina, dañaron prendas de vestir de la familia y ame-nazaron de muerte a la niña ROSALBA GONZÁLEZ, de 14 años, por espacio de hora y media, colo-cándole un cordón y una navaja en la nuca, obligándola a desplazarse de la región y anunciándole que si la volvían a ver por allí, la matarían. Allí, nuevamente profirieron amenazas contra la Comu-nidad de Paz, afirmando que esa HP de Comunidad de Paz es una manada de guerrilleros a quienes van a exterminar y mostrando una lista de personas del corregimiento a quienes tienen que asesinar. Este mismo día el grupo paramilitar se dirigió a la base de Piedras Blancas; al regreso se llevaron al reconocido campesino de apodo “CHILAPO” a quien torturaron destruyéndolo parte de su nariz con un alicate con el cual lo obligaron a caminar, además de recibir varios garrotazos en la cabeza; des-pués de las torturas lo obligaron a cavar su propia sepultura. Algunos civiles que se enteraron de la intención de asesinarlo intercedieron por el campesino logrando que minutos más tarde los paramili-tares lo dejaran en libertad a la altura de la vereda Caracolí del corregimiento de Piedras Blancas del municipio de Carepa. El jueves 21 de febrero de 2013, un grupo de paramilitares hizo presencia en cabeceras de la vereda La Esperanza, exactamente en el punto conocido como “los Arteaga”. Venían de la base paramilitar de Nuevo Antioquia y recorrieron las veredas de Playa Larga, El Porvenir y La Esperanza, ésta últi-ma donde existe un asentamiento de la Comunidad de Paz.

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El viernes 22 de febrero de 2013, hacia las 10:30 horas, se registraron enfrentamientos al parecer entre tropas del Ejército Nacional y guerrilleros de las FARC en el corregimiento de Los Mandarinos. Se-gún informaciones de los campesinos, dos soldados resultaron muertos. El sábado 23 de febrero de 2013, hacia las 10:00 horas, en la vereda La Esperanza, un grupo paramili-tar ingresó a la vivienda del campesino CRISTÓBAL MEZA, a quien amenazaron junto con su familia y le advirtieron que era mejor que se fuera de la zona, que no lo querían ver más por allí. Ese mismo día este mismo grupo paramilitar entró a varias viviendas de la vereda El Porvenir, aledaña a la ve-reda La Esperanza, y se llevaron los alimentos de las casas. En ese grupo iba el reconocido paramilitar alias “PANELO” quien reside en Nuevo Antioquia con la aquiescencia de todas las autoridades. El mismo sábado 23 de febrero de 2013, a las 20:30 horas, un miembro de la Comunidad de Paz reci-bió una llamada por parte de un sujeto que no se identificó, para advertir que estaban planeado una masacre contra la Comunidad de Paz; que el objetivo eran los líderes y que cuidaran a los niños, que no los dejaran en la calle, pues de lo contrario correrían la misma suerte y serían asesinados. La lla-mada la hicieron, según lo afirmaron, desde la vereda Miramar, lugar donde habían estado presentes los paramilitares en los últimos días en estrecho compartir con tropas del Ejército. El domingo 24 de febrero de 2013, hacia las 15:50 horas, un grupo paramilitar llegó a la vereda La Esperanza, a la finca de propiedad de la Comunidad de Paz, preguntando por los líderes de la Co-munidad de Paz. La presencia de los paramilitares, tanto en la vereda El Porvenir como en la vereda La Esperanza, ha colocado en situación de confinamiento a tres familias, dos de ellas de la Comuni-dad de Paz, a quienes les tienen prohibido salir de sus casas. Los mandos militares contactados a ni-vel nacional por otras instituciones del mismo Estado, aseguran que en la zona “no hay presencia algu-na de paramilitares”. Es la respuesta rutinaria con que la Brigada XVII, desde el General Rito Alejo del Río, en 1997, ha respondido a toda denuncia. El lunes 25 de febrero de 2013, hacia las 7:00 horas una comisión humanitaria de la Comunidad de Paz se desplazó a las veredas El Porvenir y La Esperanza, con el fin de proteger a las familias reteni-das y amenazadas por los paramilitares. A raíz de las graves amenazas e incursiones paramilitares en asentamientos de la Comunidad de Paz en las últimas semanas, fue conformada dicha COMISIÓN HUMANITARIA que se desplazó, con acompañamiento internacional, a la vereda La Esperanza y zonas aledañas, donde varias familias permanecían confinadas por los paramilitares y sometidas al ultimátum de siempre: si no trabajan con ellos, deben abandonar la zona o morir. El 25 y 26 de febre-ro la Comisión Humanitaria estuvo en La Esperanza. Los militares se enteraron de su presencia con anticipación y adoptaron la estrategia de ordenar a los paramilitares esconderse y alejarse del camino por donde se desplazaba la Comisión para no ser vistos. Los militares hicieron presencia en la vereda La Esperanza el día 26, y lo hicieron de una manera irrespetuosa, ingresando sin permiso a una pro-piedad privada. Se identificaron como integrantes de la Brigada Móvil No. 24. Los pobladores de la zona le manifestaron a la Comisión que los paramilitares se movilizan con brazaletes marcados con la sigla “AGC” (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), el nuevo nombre que han adoptado. Es claro que han ido comprando fincas en la vereda de Playa Larga y aledañas, como la finca La Marina don-de funciona una gran base paramilitar y es clara también su incidencia en el proyecto de carretera entre Nuevo Antioquia y La Esperanza, para el cual han aportado mucha maquinaria. Para los cam-pesinos está también clara la estrategia paramilitar, manifestada en discursos y conversaciones, de

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avanzar en el control territorial de todo el corregimiento de San José de Apartadó. En esto coinciden con aquellos que han estado ocupando las veredas Arenas Bajas (sector de La Máquina) y Miramar en los últimos meses. Lo más preocupante y lo que constituye la clave fundamental de su presencia y accionar en la zona, es la complicidad de la fuerza pública. Los mismos paramilitares se lo confiesan a los campesinos con intención de disuadirlos de toda resistencia a su dominación: el respaldo de la fuerza pública es total y por ello oponerse a la estrategia es “enterrarse el cuchillo”: o les toca despla-zarse o morir. Le explican a los campesinos que la fuerza pública está realizando operaciones de fa-chada al repartir volantes en los que se afirma estar persiguiendo a alias “Teilo”, a alias “Otoniel”, a alias “Fabio” (responsable político), a alias “Beto”, entre otros; que la misma población civil puede comprobar que no se dan enfrentamientos entre militares y paramilitares a pesar de que estos últimos hacen presencia en la zona en grupos enormes y muy cerca de donde patrullan los militares. Por esto los paramilitares se muestran seguros ante los campesinos y afirman que no saldrán de la zona aun-que el mismo Presidente Santos vaya y se los ordene. Su seguridad se apoya, además, en la estrategia global a la cual dicen servir: adueñarse de la zona para ponerla al servicio de empresas mineras na-cionales e internacionales, como lo han hecho en otras regiones del país. Entre las estrategias de des-plazamiento siempre se ha contado la fumigación de los cultivos de pancoger, con el fin de destruir las fuentes precarias de alimentación del campesino y envenenar sus aguas para obligarlo a abando-nar la zona. Esta estrategia la han estado aplicando en las veredas Mulatos, La Resbalosa y las Nieves. La Comunidad tomó registros fotográficos los días 21 y 26 de febrero de este año, en los cuales se comprueba la gravedad de los daños causados por las fumigaciones indiscriminadas de la Policía Antinarcóticos. En la vereda La Resbalosa fumigaron la fuente de agua de la cual se sirve la Comuni-dad de Paz. El miércoles 6 de marzo de 2013, miembros de la Policía y del Ejército llegaron a la vereda La Crista-lina y allanaron sin orden judicial alguna y de manera brutal la vivienda de ALFREDIS RIVAS BOR-JA, quien ya había sido víctima de un montaje judicial, de privación injusta de su libertad y cuya fa-milia fue casi exterminada al ser asesinados su padre y sus hermanos por miembros del Ejército y de los grupos paramilitares, informaciones que reposan en la Presidencia de la República, en las institu-ciones judiciales locales y regionales, en todas las altas Cortes y en organismos internacionales. Ese mismo día, La presencia del Ejército en los espacios de vivienda y educación de la población civil, provocó un combate que puso en alto riesgo a los civiles, junto a la escuela de La Cristalina, donde, según informaciones de pobladores de la zona, un soldado perdió la vida. El jueves 7 de marzo de 2013, hacia las 10:00 horas, un integrante de la Comunidad de Paz recibió una llamada telefónica en la cual se preguntaba por la ubicación de GERMÁN GRACIANO y de REINALDO AREIZA. Germán es actualmente el Representante legal de la Comunidad y en los últi-mos meses ha sido sometido a persistentes amenazas de muerte. El desconocido que hizo la llamada advertía que ya tienen un plan para asesinarlo en la misma zona en el momento en que dé ocasión. El viernes 8 de marzo de 2013, hacia las 11:00 horas, en la vereda la Hoz del corregimiento de San José, se presentó un intercambio de disparos entre militares que patrullaban la zona y paramilitares. Según informaciones de los campesinos, 9 paramilitares perdieron la vida y un número indetermina-

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do de ellos quedaron heridos. Los militares manifestaron que había sido “un error” entre ellos, ya que iban persiguiendo era a la guerrilla; que lamentaban lo sucedido y que por eso no habían recogi-do los cuerpos de los paramilitares muertos ni el armamento que estos portaban. Después de esto, los paramilitares reclutaron a un grupo de civiles del casco urbano de Nuevo Antioquia a quienes obli-garon a recoger los cuerpos de los paramilitares muertos, los cuales fueron trasladados al municipio de Turbo. Según informaciones de los medios locales, entre los muertos se encontraba alias “BETO”, líder paramilitar de la zona. El lunes 11 de marzo de 2013, hacia las 7:30 horas, dos amigos internacionales que venían de visita a la Comunidad de Paz, mientras se trasladaban en taxi desde el aeropuerto de Carepa hacia el asen-tamiento principal de la Comunidad en San Josesito, fueron interceptados por la Policía. Los agentes detuvieron el vehículo para ser requisado al igual que los ocupantes. Los uniformados sometieron a los visitantes a interrogatorios. Cuando los visitantes les manifestaron que se dirigían hacia la Comu-nidad de Paz, los uniformados cuestionaron el que ellos vinieran a la Comunidad, advirtiéndoles que esa Comunidad de Paz era muy peligrosa, que no fueran allí. El viernes 15 de marzo de 2013, a las 9:40 horas y por espacio de 20 minutos se registró un nuevo en-frentamiento en el casco urbano de San José. Nuevamente se puso en peligro la vida de los civiles. En el colegio se encontraban los niños en clases, los cuales quedaron en medio del fuego cruzado. El Go-bierno sigue desacatando de manera contumaz las normas de la Corte Constitucional en su Sentencia T-1206/01, que prohíbe establecer puestos de policía y bases militares en medio de la población civil. Si se quisiera proteger a la población civil, misión de la fuerza pública, no pondrían sus bases allí para que los civiles mueran en el fuego cruzado. El miércoles 27 de marzo de 2013, en horas de la tarde, pasó por la vereda Belencito un grupo para-militar procedente de la Base paramilitar de Piedras Blancas, municipio de Carepa donde funciona la Brigada XVII. Entre los paramilitares venían los reconocidos ALBEIRO CARDONA BORJA y LUBÍN CARDONA BORJA, nativos de la zona y quienes han trabajado al menos 8 años como paramilitares adjuntos a la Brigada XVII, a la cual se vincularon luego de perpetrar una masacre en compañía de los militares el 26 de diciembre de 2005, siendo remunerados por cada uno de los jóvenes asesinados mientras dormían. Los paramilitares llegaron hasta la vereda Miramar, del corregimiento de San José. Cabe recordar que en esta última ha habido una fuerte presencia militar desde hace varios días y allí y en las veredas aledañas se ha visto a los paramilitares patrullar en coordinación con los militares. El viernes 29 de marzo de 2013, los paramilitares LEIDER OSORIO DAVID alias “TRIBILIN” y JOSÉ ADELMO OSORNO alias “PANELO”, quienes se encontraban en el casco urbano de Nuevo Antio-quia, les mostraron a varios civiles de la región un álbum fotográfico, manifestando que las fotos fue-ron suministradas por los militares en los puestos de registro y control de la zona. Allí estaban in-cluidas las fotografías de GERMAN GRACAINO y de JESUS EMILIO TUBERQUIA, miembros del Consejo Interno de nuestra Comunidad, ambos reiteradas veces amenazados de muerte por los pa-ramilitares y víctimas de numerosas agresiones; también había allí fotos de otros pobladores de la

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región. Allí mismo se veía la fotografía del cadáver del supuesto comandante guerrillero JACOBO ARANGO, “dado de baja” recientemente por la fuerza pública. Los paramilitares les decían a los po-bladores que así mismo (como el guerrillero muerto) iban a quedar los miembros de la Comunidad de Paz. Estas amenazas coinciden con las declaraciones y señalamientos realizados por el actual Co-ronel LUIS MIGUEL GÓMEZ QUINTERO de la Brigada XVII y por el General HERNÁN GIRALDO Comandante de la Séptima División, quienes ha expresado que la Comunidad de Paz “está incon-forme” por la muerte de dicho guerrillero, lo que lo ha llevado a calificar a los miembros de la Co-munidad como “sinvergüenzas y alcahuetes”. La Comunidad reafirma que jamás ha festejado la muerte de ningún ser humano, sea del bando que sea, y que condena de manera enérgica el morboso placer que siempre manifiesta la fuerza pública ante la destrucción de seres humanos que no son de su simpatía. Tal actitud revela patologías anti-humanas dignas del más enérgico y universal repudio, las que explican desviaciones psíquicas y éticas de hondas raíces que los llevan a pisotear la dignidad elemental de los ciudadanos cuya vida y derechos deberían proteger, lo cual les queda imposible al estar formados en tal carencia de principios éticos elementales. El lunes 1 de abril de 2013, hacia las 13:00 horas, JULIO GUISAO, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz y quien se encontraba en Apartadó, fue interceptado por la Policía, señalándolo los agentes como “sospechoso”. Después de varios minutos de interrogatorio lo dejaron libre. El jueves 4 de abril de 2013, hacia las 7:00 horas, se presentó un enfrentamiento entre tropas del Ejér-cito y guerrilleros de las FARC, en la finca de la Señora Matilde Florez, exactamente en el sitio cono-cido como La Sucia, en el corregimiento de San José. Según informaciones de campesinos, un militar perdió la vida, de igual manera resultó muerto un caballo de la familia de la Señora Matilde, el cual fue impactado en el cruce de disparos. El mismo jueves 4 de abril de 2013, hacía las 9:00 horas, GERMAN GRACIANO, Representante Legal de la Comunidad de Paz, y JULIO GUISAO, ambos miembros del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, quienes se encontraban en Apartadó en el sitio Plaza del Río, fueron abordados por agentes de la Policía Nacional, quienes los sometieron a requisas e interrogatorios, manifestándoles que eran “sospechosos”, por lo cual les llevarían al Comando de Policía a interrogarlos. Minutos después lle-garon acompañantes internacionales quienes mediaron por ellos y los dejaron libres. El viernes 5 de abril de 2013, militares efectivos de la base militar de San José, invadieron la casa cen-tro de formación de la Comunidad de Paz en San José colocando una gran cartelera del Ejército Na-cional en dicho Centro, así mismo han invadido varias propiedades de la comunidad en varios luga-res, como en las veredas Arenas, Mulatos y La Resbalosa, donde han destruido reservas forestales, nacederos de agua, causando de esa manera gran daño a la fauna y a la biodiversidad construyendo helipuertos y campamentos militares. El mismo viernes 5 de abril de 2013, hacia las 13:00 horas, en la vereda La HOZ se escuchó una deto-nación muy fuerte; minutos más tarde un helicóptero de la fuerza pública aterrizó en el lugar. Este

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mismo día los militares retuvieron ilegalmente a varias personas de la zona señalándolas de ser auxi-liadoras de la guerrilla. Entre los días Viernes 5 y Sábado 6 de abril de 2013, tropas del Ejército hicieron presencia en los si-tios de trabajo de las familias que habitan en san Josesito, lugar de la Comunidad de Paz, allí perma-necieron durante estos dos días, impidiendo las labores agrícolas de las familias de la Comunidad, además de pisotear los principios y de irrumpir en una propiedad privada protegida en la Constitu-ción Política de Colombia. Cuando los miembros de la Comunidad acudieron a los uniformados para pedirles que se retiraran, un soldado, quien no quiso identificarse alegando que “esto era muy deli-cado”, pero en su prenda de vestir se observaba el apellido “PEREZ”. Respondió diciendo que estaba allí por órdenes de sus superiores. El sábado 6 de abril de 2013, hacia las 18:30 horas, miembros de la Comunidad de Paz que se dirigían desde san Josesito hacia la vereda La Unión, entre los cuales iba GERMAN GRACIANO, Represen-tante Legal de la Comunidad, fueron retenidos por los militares entre san Josecito y San José. Los mi-litares los insultaron y después de varios minutos los pusieron en libertad al momento en que un grupo de la Comunidad se disponía a rescatarlos. El mismo sábado 6 de abril de 2013, hacia las 18:30 horas, en el paraje de La Sucia del corregimiento de San José, fue asesinado el campesino AGUSTIN MORA SUCERQUIA de 22 años de edad, por des-conocidos que sin mediar palabras acabaron con su vida. Es necesario mencionar que en aquel mismo lugar la fuerza pública hacía presencia ese día y donde el jueves 4 de abril de 2013 se habían presen-tado combates, este mismo día y en horas de la tarde a la salida de San José hacia el paraje de La Su-cia, y en la salida hacia Apartadó, los militares de la base militar de San José tenían retenes ilegales donde controlaban a todos los transeúntes. El cuerpo de la víctima quedó a la intemperie por más de 15 horas sin que ninguna autoridad competente hiciera presencia en el lugar, por lo que la familia de la víctima acudió a la Comunidad de Paz para que se les acompañara en el traslado del cuerpo y dar-le cristiana sepultura. El martes 9 de abril de 2013, hacia las 16:45 horas, el Ejército Nacional asesinó alevemente al joven CARLOS ANDRÉS TORRES BORJA de aproximadamente 20 años de edad, a pocos metros del paraje de Caracolí del corregimiento de San José, donde hay presencia permanente de la fuerza pública. Mi-litares adscritos a la Brigada XVII de Carepa le dispararon cuando iba a regresar a su finca en su caba-llo. Torres Borja era un humilde campesino quien vivía en la vereda la Miranda del corregimiento de San José y se dedicaba a la agricultura; ese día él había bajado a Caracolí a vender algunos productos agrícolas. Los militares le propinaron varios disparos en la cabeza con arma larga, dejándolo inme-diatamente muerto. A pesar de que él no era miembro de la Comunidad de Paz, sí era cercano y su-ministraba productos agrícolas a la Comunidad y además era familiar de miembros de la Comuni-dad. Torres deja a su compañera con tan solo cinco meses de embarazo. Estas acciones ya habían sido anunciadas por militares y paramilitares en la región, quienes habían venido amenazando constan-temente a los campesinos y miembros de la Comunidad que no se sometieran a sus pretensio-

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nes. Por petición de familiares de la víctima, la Comunidad acompañó la recuperación del cuerpo en la morgue y el traslado a la zona, y se dio el espacio para sepultarlo en la Comunidad. El mismo martes 9 de abril de 2013, hacia las 16:50 y por espacio de 20 minutos se presentó un com-bate entre la fuerza pública y las FARC, en la vereda Arenas Altas, donde militares hacían presencia desde hacía varios días con campamentos y helipuertos en predios de la Comunidad y donde varias familias de la Comunidad habían sido interrumpidas en sus labores en el cultivo de cacao y siembras de cultivos de pan coger. Estos hechos sucedieron dentro del despliegue militar de la Brigada XVII en el corregimiento de San José, la cual convocó a una “jornada cívico militar” el día sábado 6 de abril de 2013, en el casco urbano del corregimiento de San José, con el ánimo de tapar la realidad de lo que venía sucediendo en la zona y de lo cual la Comunidad de Paz venía dejando constancias. El viernes 12 de abril de 2013, hacia las 17:00 horas, se presentó un nuevo combate en la vereda La Linda del corregimiento de San José de Apartadó, entre tropas del Ejército Nacional y guerrilleros de las FARC. Este cruce de disparos se mantuvo por cerca de una hora, colocando en grave riesgo a la población civil del entorno El sábado 13 de abril de 2013, hacia las 5:10 horas, un grupo de aproximadamente 40 paramilitares llegó a la vivienda de un miembro de la Comunidad de Paz en la vereda Arenas Bajas donde acam-paron durante varias horas. Cerca de este lugar se encontraban tropas del Ejército Nacional, las cuales protegían a los paramilitares en sus movimientos. El martes 16 de abril de 2013, hacia las 14:00 horas, en la vereda Arenas Altas, junto al asentamiento de la Comunidad de Paz, fue retenido por tropas del Ejército adscritas a la Brigada Móvil No. 24, JHON FREDY ÚSUGA, miembro de la Comunidad de Paz y coordinador en la vereda Arenas Altas. Los militares lo insultaron y lo maltrataron verbalmente acusándolo de ser guerrillero. Cuando John Fredy les pidió a los uniformados identificarse, ellos se opusieron, en abierta violación de la ley, ale-gando que no podían dar esa información porque la Comunidad de Paz los denunciaba. Con los mili-tares se encontraban algunos encapuchados, presumiblemente paramilitares, cuya identidad querían ocultar. Los uniformados manifestaron en forma airada su inconformidad por la muerte del paramili-tar Dairo de Jesús Rodríguez alias “LALO”, quien había sido asesinado por las FARC en el casco ur-bano de San José el 23 de noviembre de 2009; según los militares, ellos eran muy amigos de alias “La-lo” y departían continuamente en la casa de dicho paramilitar. El mismo martes 16 de abril de 2013, hacia las 17:20 horas, fue retenido por la misma tropa y en el mismo lugar el campesino EDUARDO BORJA CASTAÑEDA quien se trasladaba de San José a la ve-reda Arenas Altas. Los militares lo golpearon a patadas y lo insultaron. Si bien el Señor Borja no es miembro de la Comunidad de Paz, sí es parte de la población civil de la zona. El jueves 18 de abril de 2013, funcionarios del CTI o Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía de Apartadó, le manifestaron a una persona cercana a la Comunidad de Paz que “la Comunidad de

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Paz, especialmente san Josecito, es la sede principal de la guerrilla”. Estas mismas declaraciones calumnio-sas e irresponsables se repitieron por parte de los servidores públicos el viernes 19 de abril de 2013. El viernes 19 de abril de 2013, en horas de la mañana, en la vereda la Linda del Corregimiento de San José, fue retenido ilegalmente por tropas del ejército, por espacio de 4 horas, el campesino WILLIAN CARDONA. Durante la retención fue sometido a chantajes y amenazas, señalándolo de ser colabora-dor de la guerrilla. De igual forma los militares, a través de su propio celular, lo obligaron a hablar con alias SAMIR, un desmovilizado de las FARC quien desde 2008 se haya ilegalmente domiciliado en la Brigada XVII y se ha prestado para todo tipo de calumnias y montajes sin ser procesado por las decenas de asesinatos de campesinos de la zona ordenados por él. También se movilizaba con dicha tropa el paramilitar LUIS ÁNGEL CEBALLOS, ampliamente conocido por haber vivido en la zona, quien había hecho presencia, encapuchado y en compañía de otros paramilitares, en la vereda Mira-mar, el día 19 de febrero de este mismo año. WILLIAN CARDONA ya había sido agredido con vio-lencia por parte de agentes ilegales del Estado el pasado 25 de enero de 2013, cuando un grupo pa-ramilitar lo privó de la libertad y lo sometió a ultrajes en la vereda La Cristalina. El domingo 21 de abril de 2013, tropas del Ejército oficial irrumpieron en la propiedad privada de la Comunidad de Paz, en la Aldea de Paz ubicada en la vereda Mulatos, donde se estacionaron acam-pando junto a las viviendas de las familias de la Comunidad; inclusive varios de ellos ingresaron en la noche a la escuelita de la comunidad en la misma Aldea de Paz, realizando espionajes. La presencia de los militares junto a las viviendas de las familias de la Comunidad ha impedido las labores agríco-las de las familias allí y ha colocado en riesgo a la población civil, pisoteando además los principios básicos de la Comunidad de Paz de no permitir paso de armas por los espacios de vida y de trabajo de las familias de la Comunidad. Este mismo día allí mismo fue retenido DIEGO CEVALLOS, miem-bro de la Comunidad de Paz y sometido a chantajes e insultos; lo obligaron a vaciar en el piso las co-sas que él llevaba, ya que a esa hora él regresaba de San Josecito a la Aldea de Paz en Mulatos. Entre el 19 y el 27 de abril de 2013 el campesino WILLIAM CARDONA estuvo recibiendo constantes llamadas telefónicas de militares, quienes querían siempre controlar su paradero y lo conminaban a que no se moviera de su casa, pues de lo contrario no respondían por su vida. Cuando, agotado con este chantaje permanente, botó su simcard, los militares continuaron llamando a su esposa y siguie-ron presionando a su hijo de 11 años para que se convirtiera en informante del Ejército. William había sido detenido por paramilitares en la vereda La Linda en enero de este año y el 19 de abril fue ilegal-mente detenido por los militares y sometido a ultrajes y chantajes durante varias horas e incluso se le obligó a comunicarse con el ex guerrillero alias SAMIR, domiciliado ilegalmente en la Brigada XVII desde hace varios años y manipulado por el Ejército para inventar calumnias permanentes contra la Comunidad de Paz. El martes 23 de abril de 2013, en la vivienda de Hernán Rodríguez, en la vereda La Linda, del corre-gimiento de San José, un campesino fue detenido ilegal y arbitrariamente por tropas del Ejército y amenazado de ser subido a un helicóptero y procesado como guerrillero si no colaboraba con los mi-

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litares. Lo acusaron de que en su finca cocinaban alimentos para la guerrilla porque allí habían encon-trado plumas de gallina y, según los militares, “sólo la guerrilla come gallinas”. El domingo 5 de mayo de 2013, en la vereda La Osa, del corregimiento de Batata (Tierralta, Córdoba) fue gravemente herido por tropas del Ejército Nacional el campesino MANUEL ENRIQUE MARTÍ-NEZ CARDONA, quien debido a la gravedad de las heridas murió el día siguiente, 6 de mayo. Aun-que no hacía parte de la Comunidad de Paz, sin embargo era un civil y vecino de los asentamientos de la Comunidad de Paz. Por ello la Comunidad se solidarizó con su familia. Es de anotar que la ve-reda La Osa es una de las veredas aledañas a la vereda Las Claras, donde existe un asentamiento de la Comunidad de Paz. El martes 14 de mayo de 2013, hacia las 7:00 horas, cuando descendían del vehículo que las había transportado del centro urbano de San José a Apartadó, fueron retenidas por dos personajes en trajes civiles ELVIA MARÍA CATAÑO SERNA y su madre LAURA. Sus captores les quitaron sus docu-mentos de identidad y se los entregaron a otros dos civiles quienes llegaron en un taxi y se los lleva-ron. Luego fueron conducidas por los dos civiles que las retuvieron hasta el Comando de la Policía de Apartadó donde las sometieron a interrogatorios en los que se les acusaba de ser “guerrilleras de pueblo”. Dos horas después llegaron allí los civiles que les habían quitado sus documentos y se los entregaron a la Policía. Las acusaciones las sustentaban en supuestos “informantes” que les hacían seguimientos en el caserío, afirmaciones sin sustento alguno y sin proceso legal alguno. Luego de 5 horas las dejaron ir con la condición de que no apagaran sus celulares para poderlas controlar per-manentemente y que no salieran de San José para ninguna parte, pues de lo contrario no respondían por sus vidas. Así funcionan los “procesos judiciales” en Urabá, en los que agentes, instituciones, espacios, pruebas, procedimientos y diligencias están fuera de la ley y contra la ley, y aún más, son acciones delictivas que las instituciones no sólo toleran sino que avalan. El viernes 17 de mayo de 2013, en cabeceras de la vereda La Cristalina, del corregimiento de San José de Apartadó, fue encontrado el cuerpo sin vida del Campesino LUIS RODRÍGUEZ, quien al parecer habría sido asesinado con arma de fuego el jueves 16 de mayo, presuntamente a manos de la guerri-lla, según informaciones de los campesinos, por ser considerado informante de los militares. La Co-munidad de Paz repudia enérgicamente estas acciones de muerte y la utilización de la población civil como informante. La Comunidad se solidarizó con su familia. El domingo 19 de mayo de 2013, hacia las 13:00 horas, tres paramilitares que se encontraban en el sitio conocido como Tierra Amarilla, en la vía entre Apartadó y San José, retuvieron el vehículo de servicio público que cubría la ruta San José-Apartadó y obligaron a descender a todos los ocupantes del vehículo, en el cual se trasladaban miembros de la Comunidad de Paz, impidiendo realizar cual-quier tipo de comunicación, advirtiendo que los matarían. Al identificar al Campesino ÁNGEL EU-SEBIO GRACIANO, quien es familiar de Germán Graciano, Representante Legal de la Comunidad de Paz, dijeron: “este es el que necesitamos”. Lo amenazaron de muerte obligándolo a que los acompañara a un sitio apartado, a lo cual él se resistió y después de varios minutos lo enviaron en el mismo vehículo escoltado por dos de los paramilitares, pues le advirtieron que más adelante arreglarían con “el patrón”. Graciano al sentirse en esta situación, aprovechó un descuido de sus captores para lanzar-se del vehículo y emprender la huida hasta ocultarse en un bosque, logrando así escapar de los asesi-nos. La Comunidad inmediatamente se enteró de la situación, envió una delegación a buscarlo con

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acompañamiento internacional. Afortunadamente lograron hallarlo con vida y llevarlo de regreso a su familia. Cuando la delegación bajaba, comprobó presencia militar intensa en la vía, a escasos cinco minutos del lugar de los hechos, lo que evidencia la coordinación entre la fuerza pública y los para-militares. Este mismo domingo 19 de mayo de 2013, a la misma hora, dos miembros del Consejo Interno de la Comunidad que se encontraban en el aeropuerto de Carepa, fueron empadronados ilegalmente por agentes de la Policía al mando del SUBINTENDENTE HERNÁNDEZ. Los uniformados alegaron que ellos “pueden hacer lo que les dé la gana”. Al hacerles ver que estaban violando normas establecidas en una sentencia de la Corte Constitucional, respondieron que ellos “son la autoridad y no tienen porqué cumplir ninguna sentencia”; que si a los miembros de la Comunidad de Paz no les gustaba ese procedimiento, ellos se los llevarían detenidos. El jueves 23 de mayo de 2013, hacia las 13:40 horas se registró un combate entre tropas del Ejército Nacional y guerrilleros de las FARC, en la vereda Mulatos, en el sitio conocido como El Barro, en la finca del señor Antonio Arteaga, la cual es administrada por dos familias integrantes de la Comuni-dad de Paz. Allí los militares utilizaron la vivienda como trinchera, colocando como escudos huma-nos a los niños y a los civiles, lo que con toda evidencia constituye un crimen de guerra. Al pedirles que se retiraran de la vivienda, los militares respondieron diciendo que esto era para que los mataran junto con ellos. Era, pues, un crimen de guerra consciente, intencional y premeditado. El sábado 25 de mayo de 2013, en horas de la mañana, en la Aldea de Paz ubicada en la vereda Mula-tos, fue retenido por tropas del Ejército Nacional, por varios minutos, el menor de edad EDILBERTO TUBERQUIA, miembro de la Comunidad de Paz, quien fue tratado con insultos e interrogado sobre el paradero de miembros de la Comunidad. Después los militares lo siguieron por espacio de varios minutos. El domingo 26 de mayo de 2013, en una reunión realizada en el área urbana de Apartadó, los líderes del paramilitarismo anunciaron que aprovecharán un momento en el que no haya presencia de acompañamiento internacional en la Comunidad de Paz, para realizar una incursión armada contra la Comunidad en el asentamiento de San Josecito, añadiendo que todo ya está planeado y coordinado con la fuerza pública y que prueba de ello es la acción que realizaron el domingo 19 de mayo de 2013, cuando retuvieron a Eusebio Graciano, pues se habían movido sin enfrentar ninguna dificultad con la fuerza pública, lo que hacen permanentemente. El lunes 27 de mayo de 2013, en horas de la mañana, tropas del Ejército adscritas a la Brigada Móvil No. 24, ocuparon la propiedad privada de la Comunidad de Paz en el caserío de la vereda La Unión durante varias horas. Ante tal situación de irrespeto, la Comunidad delegó a varios miembros para exigirles que desocuparan los espacios privados. Este mismo lunes 27 de mayo, hacia las 15:00 horas, se presentó un nuevo combate entre soldados del ejército nacional y guerrilleros de las FARC en la vereda Las Claras, a escasos minutos del asentamiento de la Comunidad en la Unión, junto a la vi-vienda de Reinaldo Rivera. El lunes 27 de mayo de 2013, hacia las 14:50 horas, fue empadronado ilegalmente y fotografiado por agentes de la Policía en complicidad con los guardias de seguridad en el aeropuerto de Carepa, JE-SÚS EMILIO TUBERQUIA, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz.

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El lunes 27 de mayo de 2013, hacia las 23:00 horas, en la vereda Playa Larga, en la Hacienda la Mari-na, propiedad de los paramilitares, un grupo de guerrilleros realizaron incursión armada, quemaron la vivienda y se llevaron una recua de mulas y un asno perteneciente a los paramilitares. Según los medios locales, alrededor de 18 familias se desplazaron de la zona. La Comunidad de Paz ha puesto en conocimiento del Presidente de la República, desde hace mucho tiempo, la presencia paramilitar en ese sitio preciso y su permanente ampliación de espacios en esa zona, sin que hasta el momento el alto Gobierno haya querido hacer nada, responsabilizándose con plena evidencia de los crímenes que allí son perpetrados. Esa propiedad y otras aledañas están bajo el dominio de alias “Otoniel”, jefe de las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC”. El martes 28 de mayo de 2013, un grupo de reconocidos paramilitares hizo presencia en la vereda Playa Larga, en los limites con la vereda La Esperanza, manifestando que habían dado aviso a la fuerza pública para buscar las mulas que la guerrilla les había robado el día anterior y para cobrarle a los campesinos de la zona todos los daños que ellos (los paramilitares) habían sufrido. El martes 28 de mayo de 2013, hacia las 8:40 horas, fue empadronado ilegalmente y fotografiado ia ARLEY TUBERQUIA, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, por agentes de la Poli-cía Nacional, en el aeropuerto de Carepa. Un agente de la Policía utilizó el celular de una de las guar-dias del aeropuerto y no su propio equipo de comunicación, el cual tenía en sus manos, para realizar una llamada telefónica a un desconocido y suministró los datos del miembro del Consejo Interno. El miércoles 29 de mayo de 2013, nuevamente la Comunidad de Paz fue burlada por parte del alto gobierno, pues el Presidente Juan Manuel Santos no quiso asistir al acto de retractación de las calum-nias proferidas contra la Comunidad de Paz, desacatando de esa manera lo ordenado por la Corte Constitucional mediante auto 164/12. El jueves 30 de mayo de 2013, hacia las 15:00 horas, los 32 delegados de la Comunidad de Paz que se habían desplazado a Bogotá para asistir al acto de retractación de las calumnias que iba a realizar el Presidente Santos pero que al fin no lo hizo, a su regreso a Apartadó fueron interceptados a la altura del sitio conocido como CASA VERDE, en el municipio de Carepa, por una patrulla de la Policía. Allí los delegados del Ministerio del Interior, quienes acompañaban en su regreso al grupo de delegados, pudieron presenciar en directo un episodio de la persecución contra la Comunidad de Paz, pues ya habían sido sometidos a requisas ese mismo día en dos ocasiones y sus antecedentes verificados en los aeropuertos. Sin embargo la persecución era clara. Un agente de la Policía se acercó a un miembro de la comunidad y le manifestó que aunque estuvieran funcionarios del Ministerio del Interior, a ellos no les importaba detener a los miembros de la Comunidad. Era tanta la rabia del Subintendente de la Policía allí, que no obedeció a las órdenes de su superior en Carepa de dejar pasar a la delega-ción, lo que obligó a que él mismo se hiciera presente en el sitio. El jueves 30 de mayo de 2013, hacia las 14:00 horas, tropas del Ejército Nacional que supuestamente iban en búsqueda y rescate de las mulas robadas a los paramilitares por la guerrilla, sostuvieron combates con guerrilleros de las FARC quienes al parecer llevaban los animales robados, entre las veredas La Esperanza y Mulatos. En el intercambio de disparos resultó casi destruida por los impac-tos de las balas la vivienda del campesino Reinaldo Cardona, quien se encontraba en ella con su fami-lia, entre ellos varios niños, en el momento de los hechos; simultáneamente un helicóptero del Ejérci-

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to ametralló la zona y las vainillas cayeron sobre la vivienda; allí resultó también muerto un toro y un militar resultó gravemente herido, según los campesinos. El viernes 31 de mayo 2013, hacia las 05:00 horas, según informaciones de los campesinos, un heli-cóptero del Ejército Nacional aterrizó en la propiedad de Reinaldo Cardona, no se sabe si a recoger heridos o muertos. El viernes 31 de mayo de 2013, hacia las 9:00 horas, en la vereda La Miranda, perteneciente al corre-gimiento de San José, se registró un enfrentamiento entre el Ejército Nacional y la guerrilla de las FARC, según informaciones de los habitantes de la zona. Al parecer hubo heridos de ambos bandos. Horas más tarde, un helicóptero militar aterrizó en la zona. El jueves 30 y el viernes 31 de mayo de 2013, se registró una fuerte presencia de militares en la Aldea de Paz, asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda Mulatos, ingresando ilegalmente a la propiedad privada de la Comunidad de Paz. Es una práctica bochornosa, pero la comunidad ejerció su derecho exigiendo constantemente a los militares el respeto a los sitios de vida y de trabajo de las familias de la Comunidad. El sábado 1 de junio de 2013, hacia las 19:30 horas, se registró un hostigamiento a la base militar ubi-cada en el casco urbano de San José. El no acatamiento del gobierno y su fuerza pública a las pres-cripciones de la Corte Constitucional que prohíbe ubicar las bases en medio de la población civil, con-tinúa poniendo en alto riesgo la vida de los pobladores de San José. El domingo 2 de junio de 2013, hacia las 14:00 horas, mientras un grupo de civiles se encontraba re-creándose en la cancha de futbol, ubicada en el casco urbano de San José, junto a la base militar, se presentó nuevamente un hostigamiento a la base militar allí ubicada, por parte de guerrilleros de las FARC, lo que obligó a los civiles a huir apresuradamente del lugar. Este nuevo hecho, evidencia el alto riesgo en el que se encuentra la población civil del casco urbano del corregimiento. A pesar de esto, el gobierno nacional pretende construir allí un colegio, donde albergarían a muchos jóvenes de la región, lo que significa que a las instituciones no les importa el riesgo que ello representa para la población civil. El lunes 3 de junio de 2013, hacia las 9:00 horas, en la vereda la Unión, miembros de la Comunidad de Paz se dirigieron a tropas del Ejército que se encontraban dentro de los espacios de trabajo de las familias, para solicitarles que se retiraran de allí, a lo cual los militares manifestaron que ellos hacen lo que les da la gana y que nadie los va a venir a mandar allí. Este mismo lunes 3 de junio de 2013, hacia las 17:00 horas aproximadamente, se presentó nuevamente un hostigamiento entre el Ejército Nacional y guerrilleros de las FARC en el sitio conocido como La Antena en el corregimiento de San José de Apartadó. El martes 4 de junio de 2013, hacia las 15:00 horas, nuevamente dos paramilitares en trajes civiles y portando armas cortas, siguieron al campesino ÁNGEL EUSEBIO GRACIANO en Apartadó mientras caminaba por el centro de esa ciudad, por lo que se vio obligado a abordar un taxi para escapar de sus asesinos y refugiarse en algún sitio allí, la Comunidad inmediatamente fue informada tuvo que ir a rescatarlo y devolverlo a la familia sano y salvo, ante estos nuevos hechos de amenaza, la Comuni-dad hizo responsable al Estado colombiano por lo que pueda sucederle a Ángel Eusebio, pues, en menos de quince días, ha estado a punto varias veces de ser asesinado por paramilitares que actúan en abierta complicidad con la fuerza pública.

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Desde el sábado 1 hasta el martes 4 de junio de 2013, tropas del Ejército Nacional acamparon en propiedad privada de la Comunidad de Paz en la vereda La Esperanza junto a la vivienda de las fa-milias allí residentes, violando el derecho a la propiedad privada consagrada en la Constitución de Colombia, además de pisotear los espacios de vida y trabajo de la Comunidad de Paz. La presencia de actores armados junto a las viviendas de la población civil coloca en riesgo la vida de los civiles, muestra de ello son los últimos hechos registrados en las últimas semanas, pues la población civil ha sido colocada como escudos humanos y las viviendas como trincheras por parte de la fuerza pública, lo que constituye a todas luces un crimen de guerra. El miércoles 5 de junio de 2013, el Gobierno Nacional a través de la Directora del Programa Presi-dencial de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República, ALMA BIBIANA PÉREZ GÓMEZ, respondió a través de una carta fechada el 15 de mayo de 2013, a las peticiones que recien-temente hiciera a favor de la Comunidad de Paz, la Comunidad de Tamera, en Portugal, la cual está hermanada con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó desde hace varios años; dicho escrito ha sido enviado a otras organizaciones en el exterior por parte del Gobierno Nacional. La Directora parece desconocer o pretende ocultar las graves violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública al mostrar los supuestos “logros alcanzados en materia de seguridad por parte de la fuerza pública en la zona”; ignora los constantes abusos de la fuerza pública contra miembros de la Comunidad de Paz y contra la población del entorno y pretende silenciar los asesinatos recientes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, como el ocurrido el jueves 4 de octubre de 2012 en el que resultó herido de muerte por parte de agentes del Estado el civil ALBERTO ARIZA HUACA; o el ocurrido el martes 9 de abril de 2013 en el que, sin mediar palabra, el Ejército Nacional asesinó al campesino CARLOS ANDRÉS TORRES. A todas luces se evidencia que “las instrucciones de com-portamiento que debe tener la fuerza pública frente a los miembros de la Comunidad de Paz” para lo único que han servido es para atropellarla, como los hechos del pasado jueves 30 de mayo de 2013 en los que se evidenció una persecución clara contra la Comunidad de Paz por parte de la Policía Nacio-nal, a cuyos agentes no les importó que estuvieran con la delegación de la Comunidad funcionarios del Ministerio del Interior. Es de anotar que si bien es cierto que se han dado acercamientos propicia-dos desde el Ministerio del Interior y las reuniones sostenidas en el transcurso del 2013 entre éste y la Comunidad de Paz, los acuerdos para el cumplimiento de las órdenes contenidas en el auto 164 de 2012 proferido por la Corte Constitucional no se han cumplido por parte del Gobierno, como ocurrió el miércoles 29 de mayo, cuando el señor Presidente Santos no cumplió la promesa de presidir el acto de retractación de las calumnias presidenciales contra la Comunidad. Además, se estableció un canal directo de comunicación entre el despacho del Programa Presidencial para los Derechos Hu-manos y el DIH de la Vicepresidencia y los líderes de la Comunidad de Paz, con el ánimo de transmi-tir rápidamente las situaciones de riesgo para lograr conjurarlas a tiempo, pero ello no sirvió para nada. La presencia en la zona de organismos del Estado como la Defensoría del Pueblo, con quien la Comunidad se vio forzada a romper por la inoperancia, sordera e ineptitud, y el Departamento Ad-ministrativo para la Prosperidad Social y sus entes territoriales, en la supuesta implementación de diversos programas de inversión social dirigida a los habitantes del corregimiento de San José de Apartado en los cuales nunca se ha incluido a los miembros de la Comunidad de Paz.

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El miércoles 5 de junio de 2013, en la vereda Mulatos, junto a la Aldea de Paz de la Comunidad de Paz, fue retenido durante varios minutos BERNARDO SEPÚLVEDA, miembro de la Comunidad de Paz, por tropas del Ejército Nacional. Los militares le manifestaron que las cosas estaban calientes por los lados de San José de Apartado por culpa de esa HP de Comunidad de Paz; que ellos se dirigían hacia San José; que se abstuvieran de lo que tenían preparado y coordinado por otro lado. El jueves 6 de junio de 2013; en el casco urbano de Nuevo Antioquia, los paramilitares anunciaron que iban a ir por REINALDO AREIZA “esté donde esté”, manifestando que la incineración de la vi-vienda de la haciende La Marina estaba relacionada con la vivienda que ellos le quemaron a Reinal-do el 4 de julio de 2012 en la vereda la Esperanza. El viernes 7 de junio de 2013, hacia las 10: 15 horas de la mañana, guerrilleros de las FARC hostiga-ron la base militar y el comando de policía ubicados en el casco urbano de San José de Apartadó por espacio de 30 minutos, uno de los salones de la escuela de San José y en el cual se encontraban niños en clases fue afectado por un proyectil disparado desde la base militar. Este mismo viernes 7 de junio de 2013, hacia las 14:45 horas, en el casco urbano de San José de Apar-tadó, a las afueras de una vivienda, junto al puente de la localidad, cerca a la escuela, estalló una bomba dejando 4 soldados gravemente heridos; inmediatamente bajaron militares de la base a auxi-liar a los heridos y al mismo tiempo amenazaron con sus armas de dotación a varios civiles por no colaborar con la fuerza pública brindando información, argumentando que la población civil tenía conocimiento de este atentado. La presencia del Ejército y de la Policía en medio de la población civil contradicen numerosas normas de la Corte Constitucional en zonas de conflicto como lo es el casco urbano de San José, el cual desde su militarización extrema a partir de abril del 2005 ha provocado numerosos enfrentamientos armados cobrando cuantiosas víctimas civiles. Estos hechos afirman una vez más lo inútil que resultan las bases militares junto a la población civil en zonas de conflicto, sin embargo el gobierno insiste en construir un colegio en inmediaciones de la base militar para poner en extremo riesgo a la población infantil. Este mismo viernes 7 de junio de 2013, en horas de la mañana, en la vereda Arenas Bajas, pertene-ciente al corregimiento de San José, hizo presencia un grupo de paramilitares en la casa de un miem-bro de la Comunidad de Paz; allí manifestaron que venían a “arreglar un asunto y que a esa HP Comu-nidad de Paz le había llegado su hora”. El sábado 8 de junio de 2013, en el centro urbano de San José de Apartadó, mientras recorría el case-río cabalgando en su caballo, el campesino JUAN SÁNCHEZ fue amenazado; varios militares que en ese momento hacían presencia allí, manifestaron ante varios civiles que “ese HP estaba bueno para ba-jarle la cabeza de un HP rafagazo, tal como fue fusilado un HP en Caracolí” (refiriéndose a Carlos Andrés Torres asesinado por militares el pasado lunes 9 de abril de 2013). El domingo 9 de junio de 2013, en la vereda Mulatos, perteneciente al corregimiento de San José, tro-pas del Ejército Nacional retuvieron ilegalmente durante varios minutos al campesino RAMÓN ISI-DRO GUERRA; los militares intentaron quitarle una mula de su propiedad aduciendo que era una de las mulas robadas a los paramilitares por la guerrilla el pasado lunes 27 de mayo de 2013, allí los mili-tares manifestaron que esa mula era de los paramilitares que la guerrilla les robó y que las tropas del Ejército estaban allí para rescatarlas y devolvérselas nuevamente a los paramilitares. De igual forma los militares lo amenazaron y le recordaron que la Comunidad de Paz lo había salvado en el 2011,

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cuando fueron a reclamarlo el día que los militares lo retuvieron, pero que se preparara porque las cosas habían cambiado, que ya no era igual que antes, que las cosas eran a otro precio y que no im-portaba si esa HP Comunidad se metía. Horas más tarde retuvieron a otro campesino que transitaba por el lugar al cual le preguntaron por las mulas robadas y le pidieron que si llegaba a tener informa-ción, que se las suministrara ya que ellos tenían que rescatar esas mulas y devolvérselas a los paras. El lunes 10 de junio de 2013, en la vereda La Esperanza, en el corregimiento de San José, una tropa de paramilitares amaneció junto a la propiedad privada de la Comunidad de Paz, allí manifestaron a algunos civiles que transitaban por el lugar que toda la operación militar estaba coordinada con la fuerza pública para buscar las mulas que la guerrilla les robó el pasado lunes 27 de mayo a los para-militares y que gracias a la fuerza pública y a la protección de ellos ya están reconstruyendo la vi-vienda de los paramilitares destruida por la guerrilla. El martes 11 de junio de 2013, hubo una fuerte presencia de tropas del Ejército Nacional en el sitio conocido como El Barro, en la vereda Mulatos; allí los militares han manifestado a varios civiles que si conocen del paradero de las mulas de los paramilitares que la guerrilla robó el lunes 27 de ma-yo, que ellos, los militares, las están buscando para devolvérselas al comandante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia “AGC” alias “Otoniel”. El viernes 14 de Junio de 2013, en Nuevo Antioquia, varios reconocidos paramilitares, quienes se encontraron con pobladores de la región, anunciaron que van a realizar una incursión en la Comuni-dad de Paz, pues según los paramilitares, la Comunidad les ha hecho mucho daño cuando denuncia internacionalmente la relación de ellos con la fuerza pública. Dijeron que alias “SOPA” tiene la orden de sus superiores para arremeter contra la Comunidad de Paz, que están esperando a que los acom-pañantes internacionales no estén en los asentamientos de la Comunidad para cometer una masacre en coordinación con la fuerza pública. El sábado 15 de junio de 2013, nuevamente en Nuevo Antioquia los paramilitares anunciaron que iban a perpetrar una masacre contra la Comunidad de Paz, además anunciaron la persecución a muerte contra el campesino ÁNGEL EUSEBIO GRACIANO, el cual ha sufrido recientemente en dos ocasiones intentos de asesinato, de los cuales ha logrado escapar con vida. Este mismo sábado 15 de Junio de 2013, el joven LUIS ALBEIRO CORREA BORJA, poblador del cen-tro urbano de San José, fue retenido arbitraria e ilegalmente por los militares de la base militar de San José, quienes lo acusaron de ser colaborador de la guerrilla y de ser culpable de la bomba que explotó el 7 de junio de 2013 en San José. El domingo 16 de Junio de 2013, hacia las 9:30 y hasta las 11:00 horas se registró un enfrentamiento en la vereda La Esperanza entre el Ejército Nacional y la guerrilla de las FARC, poniendo nuevamen-te en alto riesgo la vida de los civiles por desacatar las prescripciones de la Corte Constitucional acer-ca de la no ubicación de bases militares ni policiales en medio de la población civil. El jueves 20 de junio de 2013, pobladores de las veredas Arenas Altas y La Cristalina, del corregi-miento de San José, recibieron llamadas de un sujeto quien se ha identificado con el alias “COFLAS”, supuestamente desmovilizado de las FARC, advirtiendo que aunque él era responsable encargado de la zona de la bomba detonada el 7 de junio de 2013, en el casco urbano de San José, ya tenían todo el montaje para acusar a pobladores de la zona como responsables de los hechos, manifestando que lo tenían bajo presión de los militares, pues tenían que mostrar resultados.

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El lunes 8 de julio de 2013, hacia las 8:30 am, en la vereda La Esperanza un grupo de paramilitares ingresaron a la propiedad del campesino REINALDO CARDONA, preguntando por él, quien al mo-mento no se encontraba en la vivienda. Los paramilitares aseguraron que se les había escapado, pues iban por él, ya que lo acusaban de ser sabedor de la presencia de la guerrilla en la zona y de ser cóm-plice de la muerte de militares el jueves 30 de mayo de 2013, donde resultó casi destruida su vivienda en el enfrentamiento; de la vivienda se llevaron dos simcares pertenecientes a la familia. Allí anun-ciaron la incursión que tienen planeada con el Ejército contra la Comunidad de Paz. Cuando regresa-ban hacia Nuevo Antioquia detuvieron a un campesino de la zona a quien insultaron y lo obligaron a llevar carga que ellos llevaban. Este mismo lunes 8 de julio de 2013; hacia las 15:00 horas este grupo paramilitar llegó a la escuela y centro de Salud de la vereda la Esperanza junto al asentamiento de la Comunidad allí, entre este gru-po iban los reconocidos paramilitares JOSÉ ADELMO OSORNO MEJÍA ALIAS “PANELO” y el des-movilizado de las FARC alias “MAJUTE” comandante paramilitar, quien por mucho tiempo estuvo en la Brigada XVII del Ejército Nacional. Este mismo lunes 8 de julio de 2013, hacia las 15:00 horas, este grupo paramilitar llegó a la escuela y al centro de salud de la vereda La Esperanza, junto al asentamiento de la Comunidad de Paz allí. Con los paramilitares iban alias “Panelo” y alias “Majute” El sábado 13 de Julio de 2013, Tropas del Ejército que se encontraban en la vereda la Unión, en una propiedad de un miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, al exigirles que se retirasen del lugar manifestaron que ellos no están en propiedades ajenas, que estaban “en terrenos del Esta-do”. Entre los días 15 al 17 de julio de 2013, se registraron fuertes combates entre paramilitares y guerri-lleros de las FARC en la vereda la Hoz, perteneciente al corregimiento de San José, varias familias campesinas han sido amenazadas por los paramilitares y obligadas a desplazarse. El sábado 20 de julio de 2013, medios de comunicación registraron la muerte de un guerrillero y la captura de otro en la vereda Rodoxaly perteneciente al corregimiento de San José de Apartadó, como resultado de combates entre el Ejército Nacional y las FARC. El lunes 22 de julio de 2013, hacia las 13:00 horas y por espacio de varios minutos se registró un so-brevuelo de helicópteros militares que escoltaban dos avionetas antinarcóticos, las cuales fumigaron terrenos de las veredas Mulatos y La Resbalosa donde había cultivos de pan coger de las familias, los que fueron afectados por la aspersión del veneno, al igual fueron contaminadas las aguas de estas veredas; sobre el Río Mulatos se encontraron peces muertos. El miércoles 24 de julio de 2013, una camioneta estuvo recorriendo por espacio de varios minutos el trayecto entre Caracolí y San Josecito. El viernes 26 de julio de 2013, varios campesinos del corregimiento de San José se acercaron a miem-bros de la Comunidad de Paz para manifestar que el Ejército Nacional y la Fiscalía estaban adelan-tando procesos judiciales a través de montajes judiciales contra pobladores de la zona a quienes pre-tendían judicializar como responsables de la bomba que fue detonada el pasado 7 de junio de 2013 en el caserío de san José, donde resultaron varios militares gravemente heridos.

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El sábado 27 de julio de 2013, una familia de la vereda La Cristalina salió desplazada por amenazas de militares quienes le hicieron saber que era mejor que se fuera de la zona o que no respondían por su vida. En los días anteriores varios campesinos habían sido amenazados por desmovilizados como alias “COFLAS”. También fue visto el reconocido paramilitar alias “GUACHIPIN” en medio de las tropas que patrullaban en el corregimiento de San José. El lunes 29 de julio 2013, hacia las 15:20 horas, fue abordado por agentes de la Policía Nacional JOHN FREDY ÚSUGA, miembro de la Comunidad de Paz y coordinador en la vereda Arenas Altas, asentamiento de la Comunidad de Paz, mientras se dirigía en vehículo de servicio público de Apar-tadó a San José. Al detenerse el vehículo, inmediatamente exigieron los documentos de Úsuga y le ordenaron descender del automotor, anunciándole que tenía orden de captura; miembros de la Co-munidad y acompañantes internacionales mediaron por él y después de varios minutos fue puesto en libertad, comprobándose que lo de la orden de captura era un pretexto falso con intenciones perver-sas. El jueves 1 de agosto de 2013, junto al puente de Río Grande, en la vía que del municipio de Aparta-dó conduce al municipio de Turbo, dos paramilitares que se movilizaban en motocicleta asesinaron con arma de fuego al civil “NELSON CARTAGENA GARCÍA” quien residía en la vereda Aguas Frías del corregimiento de San José. Se ha denunciado en diversas ocasiones la presencia de paramili-tares que se pasean por la vereda Los Mandarinos y en la vía central donde fue asesinado Cartagena, donde además es constante la presencia militar que evade su responsabilidad y actúa conjuntamente y en connivencia con los paramilitares. El lunes 5 de agosto de 2013, medios de información local registraron la noticia de la muerte de 3 personas en la vereda la Ahuyamita, entre los corregimientos de San José y Nuevo Antioquia, al pa-recer a manos de la guerrilla de las FARC, los occisos fueron identificados como “ARLENIS REYES” de 24 años de edad, “DARÍO SÁENZ” de 28 años de edad, y “LUIS ALBERTO IBARRA” de 24 años de edad. Según campesinos de la zona, en el lugar de los hechos se encontraron prendas de uso pri-vado de la fuerza pública, al parecer habrían sido asesinados porque eran informantes y colaborado-res de los paramilitares. Entre el martes 6 y el miércoles 7 de agosto de 2013, paramilitares hicieron presencia en las veredas La Ahuyamita, El Limón, La Hoz, y Las Flores, anunciando un censo en todas las veredas y conmi-nando a los civiles a trabajar con ellos como informantes, de lo contrario serían asesinados como re-presalia por la muerte de las tres personas el lunes 5 de agosto de 2013. De igual forma anunciaron un censo en las veredas Rodoxaly y La Esperanza, en esta última existe un asentamiento de la Comuni-dad de Paz. El viernes 9 de agosto de 2013; en la vereda Rodoxaly, perteneciente al corregimiento de San José de Apartado, fue asesinado el campesino JOSÉ PACHECO por paramilitares que llegaron a su vivienda y lo ahorcaron y luego se llevaron tres bestias propiedad de Pacheco. José era el encargado de la tri-lladora de arroz de la vereda; el mensaje de los paramilitares es que lo habían asesinado como ven-ganza por la muerte de tres de sus colaboradores el pasado lunes 5 de agosto de 2013. Este mismo viernes 9 de agosto de 2013, en horas de la mañana, la Fiscalía ingresó al casco urbano de San José de Apartadó y privó de la libertad a la señora ELVIA MARÍA CATAÑO, madre de dos ni-

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ños y habitante del corregimiento de San José, acusándola de ser guerrillera; Cataño fue trasladada al centro de reclusión ubicada en el corregimiento El Reposo, y posteriormente trasladada a un centro penitenciario y carcelario de alta seguridad en Medellín, según la Fiscalía y el Ejército, porque es una persona de alta peligrosidad para la sociedad. Se han hecho efectivas las amenazas de alias “CO-FLAS” del pasado 20 de junio y quien se encuentra protegido en la Brigada XVII del Ejército y las de-nuncias de varios campesinos del pasado 26 de julio, donde se advertían los montajes judiciales que se venían preparando por el Ejército Nacional y la Fiscalía contra varios civiles de la zona. Cataño había sido detenida ilegalmente el pasado martes 14 de mayo de 2013 y conducida arbitrariamente a la estación de Policía ubicada en la ciudad de Apartadó. Así funcionan los “procesos judiciales” en Urabá, en los que agentes, instituciones, espacios, pruebas, procedimientos y diligencias están fuera de la ley y contra la ley, y aún más, son acciones delictivas que las instituciones no sólo toleran sino que avalan. El miércoles 14 de agosto de 2013, hacia las 10:00 horas un grupo de paramilitares ingresaron a la vereda Rodoxaly, del corregimiento de San José, y convocaron a reunión a todos los campesinos de la zona. Allí amenazaron a los civiles y les obligaron a trabajar con ellos como informantes y colabora-dores, de lo contrario serían asesinados. Allí mismo, de nuevo profirieron amenazas contra la Comu-nidad de Paz, diciendo que van a realizar una incursión contra la Comunidad y que además se van a tomar las veredas Mulatos y La Resbalosa donde existen asentamientos de la Comunidad de Paz; allí mismo aprovecharon la ocasión para censar a los campesinos, argumentando que quien no esté en la lista de los censados será asesinado. El jueves 15 de agosto de 2013, varias familias que habitan las veredas Mulatos y La Resbalosa han manifestado gran temor por la amenaza de los paramilitares y anuncian desplazarse antes que morir. Aunque estas familias no hacen parte de la Comunidad, la posición de ésta es de no retroceder ante los asesinos, no ceder a sus amenazas y chantajes ni un centímetro. La Comunidad va a acompañar a estas familias para que no se desplacen. El viernes 16 de agosto de 2013, tropas militares que se encontraban en la vereda Arenas Altas, lugar perteneciente a la Comunidad de Paz, llegaron a la vivienda de una familia y preguntaron por el nombre y lugar de vivienda del coordinador de la vereda Arenas Bajas. Estas acciones del Ejército Nacional son una clara evidencia del censo que vienen realizando los paramilitares conjuntamente con los militares en la zona. El martes 20 de agosto de 2013, tropas militares adscritas a la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo de Pa-ramillo, ingresaron ilegalmente a la propiedad privada donde se encuentra un asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda La Resbalosa. A pesar de que se les exigió que se retiraran de allí, ya que están en los espacios de la Comunidad claramente señalados con vallas, las tropas no se retira-ron. El miércoles 21 de agosto de 2013, tropas militares que se encontraban desde el martes 20 de agosto de 2013 ilegalmente en el asentamiento de la Comunidad de Paz en La Resbalosa y a pesar de exigir-les que se retiren de los espacios de vida y trabajo de la Comunidad, pidieron a una familia allí que le facilitara los nombres de todas las personas que viven en el asentamiento y afirmaron además que no se van a ir, que ellos hacen lo que se les dé la gana y nadie los va a mandar; de nuevo pisotearon los espacios comunitarios y ultrajaron la dignidad y los principio de neutralidad, además de querer cen-

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sar a la Comunidad y tener esas listas que terminan en manos de los paramilitares para luego asesi-nar. El miércoles 21 de agosto de 2013, en horas de la mañana, fue retenido durante 4 horas ilegalmente por tropas del Ejército Nacional el Campesino FILINARDO QUINTERO, entre las veredas la Unión y Arenas Altas, a 20 minutos del caserío de la Comunidad de Paz en Arenas Altas; allí los militares lo amenazaron y lo trataron de guerrillero, anunciando que atrás venían los paramilitares para realizar una incursión contra la Comunidad de Paz y otros pobladores de la zona. El viernes 23 de agosto de 2013, paramilitares de Nuevo Antioquia realizaron reuniones con campe-sinos de las veredas aledañas, donde les informaban del plan que tenían coordinado con el Ejército para tomarse toda la zona del corregimiento de Nuevo Antioquia y del corregimiento de San José de Apartadó, allí manifestaron que continuarán realizando asesinatos selectivos de pobladores de la re-gión, pues tienen una gran lista de personas para asesinar. El domingo 25 de agosto de 2013, miembros de la Comunidad de Paz, acompañados de organizacio-nes internacionales, se acercaron al Ejército Nacional que viene haciendo presencia ilegalmente e irrespetuosamente dentro del asentamiento de la Comunidad de Paz en La Resbalosa desde el martes 20 de agosto de 2013, allí la Comunidad habló con un soldado quien no quiso identificarse, pero que sin embargo en su uniforme se leía el apellido “GALVIS”, manifestando que no se retirarían del lugar hasta nueva orden de sus superiores. Ya esta es la tercera vez que se les exige a las tropas militares desalojar los espacios de vida y trabajo de la Comunidad de Paz. El domingo 25 de agosto de 2013, hacia las 6:00 horas, un grupo de paramilitares hizo presencia en la vivienda de una familia en la vereda Arenas Bajas, allí anunciaron que iban con dirección a Arenas Altas donde existe un asentamiento de la Comunidad de Paz. Este mismo domingo 25 de agosto de 2013, hacia las 7:00 horas, el grupo de paramilitares que venían realizando un recorrido desde Nuevo Antioquia, llegaron al asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda Arenas Altas, allí se quedaron varias horas en las casas de la Comunidad de Paz, pre-guntaron con lista en mano por varias personas de la Comunidad y por personas de la región, quie-nes no se encontraban en el lugar, luego se camuflaron en el bosque en la misma vereda donde han estado pernoctando, aludiendo que tienen toda la protección de “los Primos” que son el Ejército Na-cional. En los últimos días se han dejado constancias de la fuerte presencia paramilitar en la zona y de las amenazas por parte del Ejército y los paramilitares contra La Comunidad de Paz. El lunes 26 de agosto de 2013, hacia las 11:00 horas, un helicóptero militar aterrizó en la vereda Are-nas Altas, asentamiento de la Comunidad de Paz. A escasos 10 minutos de allí se encontraba un gru-po de paramilitares. Es lógico pensar que allí se estaba dando un apoyo y coordinación logística mu-tua. El martes 27 de agosto de 2013, hacia las 6:00 horas, en la vereda Las Nieves, aledaña a la vereda la Unión donde existe un asentamiento de la Comunidad, un grupo de paramilitares ingresó a la vi-vienda del campesino JOSÉ ALBERTO MUÑOZ y se lo llevaron retenido por casi dos horas. El gru-po paramilitar lo amenazó y lo ultrajó físicamente, advirtiendo que no fuera a denunciar estos hechos y que nadie debería saber que ellos estaban allí, ya que se les podrían dañar los planes que llevaban. En medio de su operativo, profirieron nuevamente amenazas contra la Comunidad de Paz, anun-

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ciando una nueva incursión. El grupo paramilitar se retiró de la vivienda resguardándose en el bos-que cercano y afirmando que iban a estar por allí ya que estaba todo coordinado con la fuerza pública para realizar una incursión contra la Comunidad de Paz en la vereda La Unión, aledaña a ese lugar. Hay que recordar que en el filo de Las Nieves, a escasos 10 minutos de allí, había presencia militar desde hacía varios días. El miércoles 28 de agosto de 2013, hacia las 11:00 horas, en la vereda La Hoz, perteneciente al corre-gimiento de San José, se presentó un fuerte combate entre paramilitares y guerrilleros de las FARC, según informaciones de los campesinos, resultaron muertos varios paramilitares. El jueves 29 de agosto de 2013, en horas de la tarde, un grupo de paramilitares hizo presencia en la vereda La Esperanza, allí amenazaron con ejecutar a varias personas que tienen en una lista para ase-sinar, anunciando que van a estar en la vereda constantemente hasta dar con los de la lista. El viernes 30 de agosto de 2013, reconocidos paramilitares en Nuevo Antioquia anunciaron que iban asesinar a varias personas de la zona y que tienen en lista, pues, tienen que vengar el daño que les ha hecho la guerrilla con las tres muertes el lunes 5 de agosto de 2013; y las muertes sufridas en el re-ciente combate en La Hoz, el miércoles 28 de agosto de 2013. Al menos 34 personas entre niños y adultos, de 9 familias, se han tenido que desplazar de las veredas la Hoz y Rodoxaly por las amena-zas de los paramilitares, y otras 14 familias de estas dos veredas están en riesgo de desplazarse por el temor a las represalias de los paramilitares. Este mismo viernes 30 de agosto de 2013, hacia las 10:30 horas, se presentó un hostigamiento a la ba-se militar de San José de Apartado, bastante prolongado desconociéndose la suerte de los civiles que quedaron en medio del fuego cruzado. El sábado 31 de agosto de 2013, hacia las 14:30 horas, se registró un fuerte combate entre tropas del Ejército Nacional y guerrilleros de las FARC, en la vereda La Linda, del corregimiento de San José. Según informaciones de los campesinos, hubo muertos en las filas de los militares, de al menos tres soldados. Este mismo día, aterrizó el helicóptero en la zona de los hechos. Posteriormente y hacia las 18:30 horas se escucharon detonaciones cerca al lugar de los combates, al parecer los militares bom-bardearon indiscriminadamente una montaña, cerca de donde acampaban los militares. Este mismo sábado 31 de agosto de 2013, hacia las 19:00 horas, un grupo de paramilitares que habían estado acampando en la vereda la Hoz, del corregimiento de San José, ingresaron a la vivienda del joven Campesino BUENAVENTURA HOYOS HERNANDEZ, de aproximadamente 18 años de edad, y se lo llevaron detenido obligándolo a seguirlos al campamento de los paramilitares, los cuales se encuentran aproximadamente a 10 minutos de distancia de una tropa del Ejército Nacional presente en la zona desde hacía varios días, ante ello, la Comunidad hizo responsable al Gobierno Nacional por la suerte que corra HOYOS HERNÁNDEZ. El mismo sábado 31 de agosto de 2013, hacia las 8:00 horas y por espacio de dos horas, en la vereda La Resbalosa, junto al asentamiento de la Comunidad de Paz, fue retenido el campesino WALTER DAVID, por tropas de la Brigada Móvil 24. Al enterarse de que David no era miembro de la Comuni-dad de Paz, le advirtieron que no fuera a hacer parte de esa HP de Comunidad de Paz, ya que ellos estaban dolidos porque habían sido retirados de los espacios de vida de la Comunidad de Paz por miembros de esa Comunidad. Allí nuevamente los militares profirieron amenazas contra la Comuni-dad de Paz diciendo que “la Comunidad de Paz es una ideología de la guerrilla y es la guerrilla

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quien la maneja”, y advirtieron que “ojala así como los sacaron a ellos, ojalá sacaran a los paramili-tares que vienen detrás de ellos”, como insinuando que los paramilitares podrían actuar con más bru-talidad ya que no comprometen directamente la responsabilidad del Estado. El domingo 1 de septiembre de 2013, hacia las 2:00 horas, un grupo de militares se atrincheró en la entrada al asentamiento de la Comunidad de Paz, en San Josecito, y allí se mantuvieron hasta el ama-necer. El mismo domingo 1 de septiembre de 2013, en horas de la mañana, varios campesinos de la vereda la Hoz decidieron acudir al rescate del Joven campesino HOYOS HERNÁNDEZ, detenido por los paramilitares desde el día anterior; al llegar a donde se encontraban los paramilitares la respuesta fue que no lo soltarían y además amenazaron al hermano de HOYOS HERNÁNDEZ y lo obligaron a abandonar la zona, de lo contrario no responderían por su vida. Allí, los paramilitares mostraron va-rias fotos que tenían de varias personas de la vereda y de la zona, las cuales fueron tomadas por las tropas del Ejército Nacional y posteriormente entregadas a los paramilitares. Debido a las amenazas de los paramilitares, las familias de la vereda la Hoz decidieron abandonar la vereda y salir despla-zados a causa de las amenazas de los paramilitares contra la población civil del entorno. Es de anotar que los paramilitares y militares no solo han venido realizando los operativos conjuntamente en esta vereda, sino que además se han llevado los celulares y saqueado las viviendas y se han robado las aves de corral de los campesinos. El mismo domingo 1 de septiembre de 2013, hacia las 18:50 horas, un grupo paramilitar ingresó al asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda La Esperanza, en busca de los miembros de la Comunidad de Paz, quienes no se encontraban en el momento, posteriormente se acercaron a los ve-cinos del asentamiento y preguntaron por el paradero de las familias de la Comunidad de Paz, asegu-rando que continuarían junto al lugar ya que tenían una incursión preparada contra la Comunidad de Paz y campesinos de la zona. El martes 3 de septiembre de 2013, en horas de la mañana, fue visto un grupo de paramilitares que se dirigían desde la vereda La Hoz hacia la vereda Sabaleta donde llevaban amarrado a BUENAVEN-TURA HOYOS HERNÁNDEZ a quien desaparecieron forzadamente. El miércoles 4 de septiembre de 2013, un miembro de la Comunidad de Paz, mientras caminaba rea-lizando compras en el centro urbano de Apartadó, fue abordado por un reconocido paramilitar quien se le acercó y le pidió que le diera los contactos de GERMÁN GRACIANO miembro del Consejo In-terno y Representante Legal de la Comunidad de Paz; además le ofreció dinero para que colaborara con ellos brindándole información de cuándo Germán salía a la ciudad y de sus movimientos en la zona. El jueves 5 de septiembre de 2013, hacia las 10:15 horas y por espacio de dos horas se presentó un fuerte combate entre tropas del Batallón Voltígeros, adscritas a la Brigada XVII, y guerrilleros de las FARC en la vereda Las Claras del Corregimiento de San José de Apartadó, resultando un militar muerto, según las informaciones de los militares. A esa misma hora se trasladaba la Comisión Hu-manitaria conformada por miembros de la Comunidad de Paz y organizaciones internacionales, la cual quedó como blanco de la balacera, pues varios disparos impactaron a tan solo dos metros de dis-tancia de donde estaba el grupo de civiles. A pesar de que la Brigada XVII del Ejército Nacional con sede en Carepa, al mando del CORONEL MIGUEL GÓMEZ QUINTERO, tenía conocimiento de que

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un grupo de civiles transitaría por aquel lugar en comisión humanitaria, no tomó medidas para que no se colocara en peligro la vida de los civiles, por lo cual los civiles se vieron en la obligación de permanecer acostados en el piso, a orillas del camino, al menos durante una hora y media, resguar-dándose de los disparos que daban en blancos cercanos y hasta tanto no se terminara el combate. El viernes 6 de septiembre de 2013, hacia las 13:00 horas, la comisión humanitaria de la Comunidad de Paz que llevaba como misión acompañar a varias familias de la vereda La Hoz, en el corregimien-to de San José, que se encuentran en situación de desplazamiento forzado, para que recuperaran par-te de los enseres y animales que habían dejado abandonados, se encontró con un grupo de paramili-tares quienes se identificaron como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Después de varios mi-nutos y después de que los internacionales mediaran para que se retiraran del lugar, por fin la Comi-sión Humanitaria y las familias pudieron recoger los pocos alimentos que aún quedaban como sobras que los paramilitares habían dejado de sus robos y saqueos a las viviendas. Testigos de ello fueron las más de 40 personas que integraban la Comisión Humanitaria, pues luego de un recorrido de nueve horas entre San Josesito y la Hoz, la Comisión tuvo en frente suyo a dicho grupo paramilitar, sin em-bargo la fuerza pública durante más de 16 años dicen “no haber encontrado nunca paramilitares en la zo-na” y desde los más altos mandos militares, las comandancias de las divisiones, brigadas y batallones con jurisdicción en Urabá, se atreven a negar su existencia, a encubrirlos y a protegerlos, mientras la población civil se los encuentra por doquier. Este grupo paramilitar ha permanecido estos días en la vereda la Hoz y en el mismo lugar, exactamente en la coordenada N 07.58.403 W 076.26.195 desde el lunes 26 de agosto de 2013, a tan solo 400 metros de distancia de donde había presencia militar comprobada. De allí se llevaron al joven BUENAVENTURA HOYOS el sábado 31 de agosto de 2013 y a pesar de la denuncia insistente de la Comunidad de Paz sobre la presencia paramilitar en la zona y sobre las amenazas y desplazamientos que vienen generando dichos paramilitares, el Gobierno no hace sino cerrar los ojos y evadir sus responsabilidades constitucionales. El domingo 8 de septiembre de 2013, hacia las 11:00 horas, un grupo de hombres fuertemente arma-dos fue visto en la parte alta de la vereda La Unión, en el corregimiento de San José, los cuales se di-rigían hacia el caserío de la Comunidad de Paz en dicha vereda. El lunes 9 de septiembre de 2013, el reconocido paramilitar alias “Tribilín”, quien hace presencia en Nuevo Antioquia, contactó a un habitante del corregimiento de San José para que le suministrara los nombres de los líderes de la Comunidad de Paz y sus movimientos y contactos, advirtiéndole que había buenas recompensas en dinero para ese trabajo. El martes 10 de septiembre de 2013, hacia las 12:20 horas y por espacio de 50 minutos fue retenido GILDARDO TUBERQUIA, miembro de Consejo Interno de la Comunidad de Paz, por militares de la base militar del centro urbano de San José, quienes intentaban empadronarlo ilegalmente. Después de varios minutos de estar retenido llegó el comandante de la Estación de Policía de San José, AGUSTÍN BOTELLO, quien encolerizado amenazó a Gildardo de llevarlo al Comando de Policía de Apartadó, haciendo caso omiso a lo ordenado por la Corte Constitucional en su Sentencia C-1024/02 que prohíbe los empadronamientos. Allí se le reclamó a la fuerza pública el pretender este control ilegal contra miembros de la Comunidad de Paz y el campesinado de su entorno mientras en el poblado de Nuevo Antioquia los paramilitares se movilizan a su amaño por la zona, hacen lo que quieren y nadie los controla a pesar de la intensa presencia de la fuerza pública allí, a lo que el oficial BOTELLO respon-

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dió enfurecido con una amenaza de judicialización por atreverse a denunciar lo que está pasando en Nuevo Antioquia, la Hoz y Rodoxalí. Hacia las 13:10 horas un grupo de miembros de la Comunidad de Paz se trasladó, con acompañamiento internacional, hacia el centro urbano de San José para exigir la libertad de Gildardo y en ese mismo instante lo dejaron en libertad, no sin antes tratar a los miem-bros de la Comunidad de Paz de “lambones” por exigir el respeto a la ley. Allí mismo los militares in-tentaron impedir el paso de alimentos para los niños de la escuela comunitaria que la Comunidad de Paz tienen en la vereda Mulatos, asentamiento de la Comunidad de Paz o Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra. El mismo martes 10 de septiembre de 2013, la Comunidad de Paz fue informada de que los paramili-tares continuaban en la vereda La Hoz, en el mismo lugar donde fueron encontrados por la Comisión Humanitaria el día viernes 7 de septiembre de 2013 y que a pesar de las constancias radicadas, el Go-bierno no ha hecho absolutamente nada para exigir la entrega del joven secuestrado BUENAVEN-TURA HOYOS y sus secuestradores continúan allí mismo, en zona plenamente controlada por el Ejército, y aún más, siguen recibiendo remesas que han sido trasladadas en 15 mulas que han salido desde Nuevo Antioquia hacia la vereda La Hoz, saqueada y ocupada por los paramilitares con toda la complicidad del Ejército, mientras sus pobladores fueron forzadamente desplazados. Allí, han amenazado de muerte a varias familias acusándolas de ser las responsables de la difusión que ha te-nido la presencia de los paramilitares allí. El martes 10 de septiembre de 2013, mientras GERMÁN GRACIANO, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz y su Representante Legal, transitaba por el centro poblado de Apartadó, se percató de que un hombre en traje de civil le seguía. Después de varios minutos le llamó por su nom-bre, a lo cual Germán hizo caso omiso. Esto sucedió en presencia de acompañantes internacionales. El miércoles 11 de septiembre de 2013, hacia las 12:00 horas, en la emisora Radio Litoral, la cual emi-te sus programas desde el municipio de Turbo, Antioquia, el GOBERNADOR DE ANTIOQUIA, SERGIO FAJARDO, el ALCALDE DE APARTADO, LUIS GONZALO GIRALDO y el CORONEL MIGUEL GÓMEZ, COMANDANTE DE LA BRIGADA XVII DEL EJÉRCITO NACIONAL, hicieron declaraciones públicas en las cuales negaron la presencia de los paramilitares en la región, negaron el desplazamiento forzado de familias y negaron la desaparición forzada del Joven Buenaventura Ho-yos Hernández. Afirmaron que en la región lo que existe es la presencia de una Fuerza Pública que protege y que la Comunidad de Paz es la comunidad más protegida de la región. No es la primera vez que las auto-ridades civiles regionales y locales encubren los crímenes de la fuerza pública y de sus enormes bra-zos paramilitares en la región. A pesar de que toda esta barbarie es verdad de a puño para toda la po-blación que la sufre y la ha sufrido de manera ininterrumpida durante muchos años, el poder civil cierra sus ojos y sus oídos y mira para otra parte, diciendo siempre que “todo es falso” o que ellos “no están enterados”. El mismo poder judicial ha encontrado como excusa para no investigar nada y para dejarle las manos libres a los criminales, decir que “las víctimas no denuncian”, pero cuando las vícti-mas denuncian, a las pocas horas sus denuncias están en manos de militares y paramilitares quienes reaccionan anunciando las más brutales represalias: o la muerte, o el desplazamiento, o la judicializa-ción del denunciante mediante montajes. Así se ha logrado proteger a los criminales mediante todo tipo de omisiones, complicidades y seguridades.

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El mismo miércoles 11 de septiembre de 2013, hacia las 12:30 horas, en la vereda La Resbalosa fue retenido por tropas del Ejército Nacional URÍAS GUISAO, miembro de la Comunidad de Paz. Un soldado se le acercó y lo amenazó con el fusil de dotación, y le advirtió que “la Comunidad de Paz no iba a durar mucho, que por un lado venían los paramilitares y que el fuero militar les iba permitir hacer lo que quisieran”. Este mismo miércoles 11 de septiembre de 2013, el comandante paramilitar y sus hombres de la base paramilitar de Piedras Blancas interrumpió una reunión que sostenían varios campesinos que habitan en el corregimiento de Piedras Blancas preguntando si dicha reunión era parte de la coordinación de la marcha pacífica que estaban organizando los campesinos, pues según los paramilitares, esta infor-mación se las había suministrado la fuerza pública y ellos querían verificar dicha información, ya que estaban coordinando esto con la fuerza pública para impedir dicha marcha pacífica en Uraba. El jueves 12 de septiembre de 2013, hacia las 10:20 horas, BLANCA TORRES, integrante de la Co-munidad de Paz, fue abordada mientras caminaba por el centro poblado de Apartadó, por un para-militar quien le pidió información de su esposo GERMÁN GRACIANO, miembro del Consejo In-terno y Representante Legal de la Comunidad de Paz. El viernes 13 de septiembre de 2013, a través de la emisora ANTENA ESTÉREO con audiencia en toda la zona de Urabá, el CORONEL MIGUEL GÓMEZ, comandante de la Brigada XVII del Ejército con sede en Carepa, manifestó que es falso lo del desplazamiento en la zona porque no existen de-nuncias oficiales por parte de las víctimas ante los órganos pertinentes. En relación a la presencia pa-ramilitar en la zona, manifestó que no hay paramilitares ya que existe una fuerte presencia del ejérci-to en la región; que en la región existe es la presencia de los frentes 5º y 58 de las FARC. En relación a una marcha pacífica que se está anunciando en Urabá a partir del lunes 16 de septiembre de 2013 por parte de los campesinos, el oficial del ejército manifiesta que esta es organizada por la guerrilla de las FARC. También aseveró que existen algunas organizaciones que no permiten el desarrollo en la re-gión como es la construcción de carreteras y la electrificación de algunas veredas. Por último manifes-tó que las denuncias sobre la presencia del paramilitarismo y desplazamiento en la región sólo pre-tendían hacerle daño a la imagen y al progreso que se vive en Urabá; que hablar de la relación entre el Ejército y el paramilitarismo en la región es algo que se explica por odios del pasado por parte de un pequeño sector en la región. En dicho programa un ciudadano que se identificó como miembro de un Comité de Derechos Humanos de San José y habitante de San José, manifestó que la marcha pací-fica programada para el lunes 16 es una iniciativa de los campesinos del corregimiento quienes han tomado esa decisión con plena autonomía e hizo un llamado a los campesinos para que quien se sien-ta presionado por las FARC no salga a la marcha. Tal declaración pone en riesgo a la Comunidad de Paz y a sus miembros, ya que la Comunidad de Paz no participa en este tipo de actividades y el no participar no significa que no sea víctima de un sistema paramilitar avalado desde el mismo Estado. Este mismo viernes 13 de septiembre de 2013, un grupo de paramilitares hizo presencia en la vereda Guineo Alto perteneciente al corregimiento de San José. A varios campesinos les preguntaron por el camino que los llevaba a la vereda La Unión, donde existe un asentamiento de la Comunidad de Paz. Entre los días jueves 12 y viernes 13 de septiembre de 2013, paramilitares que hacen presencia en la vereda Campamento, del corregimiento de Piedras Blancas, del municipio de Carepa, amenazaron a varios campesinos con asesinarlos e inclusive con quemar los carros con los ocupantes si participaban

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en la marcha programada para el 16 de septiembre de 2013. Desde hace años la comunidad de Paz ha puesto en conocimiento del Presidente de la República la presencia de una base paramilitar allí, pero la ausencia de toda acción correctiva evidencia la tolerancia y apoyo del alto Gobierno a esa presencia y accionar criminal. El domingo 15 de septiembre de 2013, hacia las 8:45 horas, mientras un carro de servicio público que cubría la ruta entre San José y Apartadó, a la altura del reconocido lugar llamado TIERRA AMARI-LLA, verdadero nido permanente de paramilitares donde han perpetrado innumerables crímenes, un grupo de paramilitares lo interceptó allí, varios de ellos encapuchados, y amenazaron con asesinar a las personas que participaran de la marcha programada por campesinos de la región para el lunes 16 de septiembre de 2013, en este vehículo se transportaba un miembro de la Comunidad de Paz. El mismo domingo 15 de septiembre de 2013, hacia las 11:10 horas y por espacio de 20 minutos, se registró un nuevo combate entre efectivos de la Estación de Policía de San José con guerrilleros de las FARC, lo que generó pánico entre los civiles que allí se encontraban ya que era un día en el que la gente de las diferentes veredas concurren al lugar a comprar provisiones para su sustento. Se comple-tan así muchísimos episodios que demuestran con evidencia que la ubicación de ese puesto de policía en medio de la población civil, en violación flagrante de lo preceptuado por la Corte Constitucional, es un riesgo permanente y un atentado persistente contra la vida e integridad de los pobladores, y asume el carácter de ESCUDO, considerado como crimen de guerra en el DIH. Este mismo domingo 15 de septiembre de 2013; en varios medios informáticos en el internet se han visto publicados signos, logos, fotos y el nombre de la “Comunidad de Paz de San José de Apartado”, donde hacen referencia a la Comisión de Derechos humanos de San José de Apartado. Por lo cual la Comunidad informó a la opinión pública que dicha Comisión de y para los Derechos Humanos de San José no es parte de la Comunidad de Paz. El martes 17 de septiembre de 2013, un grupo de militares acampó a la entrada del asentamiento de la Comunidad de Paz en San Josecito. Durante la noche varios militares ingresaron ilegalmente al caserío, mientras las familias de la Comunidad dormían, pisoteando de esa manera los principios y violando el derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución Política de Colombia. El miércoles 18 de septiembre de 2013, hacia las 5:00 horas, un taxi de servicio público que cubría la ruta entre San Josecito y Apartado fue interceptado por un grupo de militares que le salieron a la ca-rretera y lo detuvieron, allí se trasladaban varios miembros de la Comunidad de Paz, los cuales se dirigían a la ciudad de Apartadó. El mismo miércoles 18 de septiembre de 2013, dos grupos de militares, uno que bajaba de la base militar de San José y el otro que subía desde el paraje de Caracolí, se acercaron al asentamiento de la Comunidad de Paz en San Josecito donde permanecieron por varios minutos; allí fue visto cómo los militares realizaban un montaje, pues, sacaban de costales fusiles y luego tomaban fotos al frente del asentamiento y se las entregaban a un sujeto quien se encontraba vestido con prendas militares sin insignias.

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El viernes 20 de septiembre de 2013, hacia las 5:00 horas, un grupo de paramilitares ingresaron a la vereda Las Nieves, contigua a las veredas La Esperanza y La Unión, pertenecientes a la Comunidad de Paz, allí, retuvieron durante una hora a cuatro civiles, entre ellos un miembro de la Comunidad de Paz. Durante la retención fueron fotografiados, de igual forma amenazaron diciendo que tienen una lista de gente de la zona para asesinar, entre ellos varios miembros “de esa HP Comunidad de Paz”, ad-virtiendo que ellos vienen patrullando por esa zona desde hace varios días y que el objetivo es que-darse, pues tienen todo coordinado con la fuerza pública para estar allí. Preguntaron también por varias personas de la región, entre ellas líderes de la Comunidad de Paz. Este grupo de paramilitares ya había anunciado que estaría en la zona constantemente. El mismo viernes 20 de septiembre de 2013, hacia las 18:00 horas, otro grupo de paramilitares ingre-só ilegalmente al asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda La Esperanza, luego procedie-ron a llevarse detenido al campesino REINALDO CARDONA; los paramilitares lo fotografiaron y le anunciaron que lo tenían en la lista de las personas para asesinar, que por esta vez se la perdonaban pero que en la próxima no respondían. Nuevamente anunciaron que ellos van a realizar acciones concretas contra la Comunidad de Paz que los está denunciando, pues el objetivo es tomarse toda la zona pero que la Comunidad de Paz les está estorbando. El mismo viernes 20 de septiembre de 2013, un grupo de paramilitares hizo presencia en la vereda Caño Seco, del corregimiento de San José de Apartadó, y le exigieron a varios campesinos que se te-nían que presentar ante sus jefes en los próximos días en el corregimiento de Piedras Blancas, del municipio de Carepa, donde existe una base paramilitar muy cercana a las instalaciones de la Brigada XVII, multitud de veces denunciada por la Comunidad ante el Presidente Santos sin que haya hecho nada para erradicarla, con plena consciencia de que quienes la protegen son sus mismos subordina-dos. Tampoco la Fiscalía ha hecho nada para inspeccionar sus instalaciones y para procesar a los vic-timarios que actúan desde ella con plena libertad. Es tan evidente su relación con la Brigada XVII, que en esta incursión en Caño Seco actuaron los hermanos OVIDIO, LUBÍN y ALBEIRO CARDONA BORJA, quienes se entregaron a la Brigada en diciembre de 2005 no sin preparar antes con el Ejército una horrenda masacre de 6 jóvenes mientras dormían, en la vereda La Cristalina, crimen por el cual el Ejército les pagó varios millones por cada muerto, quedando desde entonces domiciliados y prote-gidos en la Brigada y vinculados ilegalmente a patrullajes conjuntos militares/paramilitares en los que se practicaron torturas, amenazas, saqueos , secuestros y montajes judiciales agenciados por la Brigada. El domingo 22 de septiembre de 2013, hacia las 10:00 horas, miembros de la Comunidad de Paz fue-ron a exigirle a un grupo de militares que han permanecido desde el 15 de septiembre de 2013 junto al asentamiento de la Comunidad de Paz en San Josecito, en los espacios de vida y trabajo de las fa-milias, que se retiraran de los espacios comunitarios de las familias a lo cual los militares respondie-ron que no se retirarían porque estaban cumpliendo órdenes de sus superiores. Este grupo de milita-res ha dañado los cultivos de las familias de la Comunidad de Paz, como el cacao orgánico, el plá-

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tano, la caña, cultivos que son el sustento de las familias de la Comunidad de Paz. Está comprobado que la presencia militar junto a las viviendas de los civiles coloca en grave riesgo a la población civil. El mismo domingo 22 de septiembre de 2013, hacia las 12:30 horas, GILDARDO TUBERQUIA, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz y coordinador en la vereda Mulatos ó Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, fue retenido durante varios minutos por una tropa de militares en el sitio conocido como Chontalito, entre San Josecito y la vereda Mulatos; allí los militares le manifesta-ron que de seguro iba para San José a traer remesa, insinuando de esta manera que es arriero de la guerrilla. Gildardo había sido retenido por militares y policías en San José de Apartadó el martes 10 de septiembre de 2013; a pesar de que fue retenido ilegalmente durante 1 hora y que fue puesto en libertad una vez que un grupo de miembros de la Comunidad de Paz y acompañantes internaciona-les acudieron al lugar para exigir su libertad, los comandantes de la Policía y del Ejército en Urabá se atrevieron a manifestarles a organismos internacionales que no tenían información de la retención de Gildardo Tuberquia. Con tal infamia engañan a las organizaciones que acompañan desde otras partes del mundo. El lunes 23 de septiembre de 2013, en horas de la mañana, se observó un grupo de paramilitares que pernoctó junto a las viviendas de las familias de la Comunidad de Paz en la vereda la Esperanza, pues durmieron en una de las viviendas de la Comunidad de Paz, que al momento se encontraba va-cía. Allí permanecieron hasta las horas de la tarde. A un civil que transitaba por el lugar, los paramili-tares le manifestaron que “estamos aquí para ver qué va hacer la Comunidad de Paz con nosotros, vamos a ver si nos van a denunciar, les vamos a demostrar que las denuncias de esa HP de Comunidad de Paz ya no nos hacen daño, a nosotros nadie nos controla, la fuerza pública no nos persigue, antes nos protege”. Con todo el descaro y protección de la fuerza pública los paramilitares invaden los espacios de vida de la Comu-nidad de Paz. El miércoles 25 de septiembre de 2013, hacia las 10:15 horas, se presentó un fuerte combate entre un grupo guerrillero y los militares y policías que hacen presencia en el centro urbano de San José de Apartadó, combate que se prolongó por al menos dos horas. Los soldados se encontraban en ese momento en el centro educativo del lugar y no dudaron en usar las instalaciones del centro como trinchera, poniendo en altísimo riesgo las vidas de los niños y los educadores, quienes tuvieron que evacuar a los estudiantes en medio de la balacera. Nury Guzmán, integrante de la Comunidad de Paz, quien transitaba en esos momentos por allí, se vio envuelta en la balacera. La Comunidad le ha exigido multitud de veces al Presidente de la República que acate las sentencias de la Corte Constitu-cional que prohíben ubicar los puestos de policía y las bases militares en medio de la población civil. Aquí fue perpetrado un verdadero crimen de guerra poniendo a la población como escudo en un en-frentamiento armado. El Presidente Santos se ha negado a acatar las sentencias de la Corte Constitu-cional, no sólo las que le obligan a cambiar la ubicación de los puestos militares y policiales sino tam-bién otras muy explícitas que la Corte Constitucional ha proferido en protección de la Comunidad de Paz. Es falso, pues, lo que responden sus secretarias y asesoras, al afirmar que él acata las decisiones judiciales y respeta el Estado de Derecho. Queda evidenciado que ello no es así.

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El sábado 28 de septiembre de 2013, en horas de la madrugada, un grupo paramilitar fuertemente armado, movilizado en motocicletas sin ser molestado en absoluto por controles militares ni policia-les, penetraron en el asentamiento central de la Comunidad de Paz, en San Josecito de Apartadó y repartieron por las viviendas volantes en los cuales el “Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC” niega que ellos sean los responsables de los crímenes perpetrados contra la Comuni-dad de Paz y su entorno social, atribuyendo esos crímenes a “fuerzas oscuras” que “les quieren hacer daño”. De allí se desplazaron hacia el centro urbano de San José, donde a pesar de la nutrida presen-cia militar y policial, pudieron repartir por las viviendas sus volantes. Hay una similitud profunda entre este lenguaje que niega lo que todo el mundo ve y el lenguaje del Ejército que durante estas dé-cadas ha hecho lo mismo: negar lo que todo el mundo ve y sufre, y aún más, se han atrevido a negar que existan paramilitares y que éstos se coordinen con ellos. Quieren tapar el sol con un dedo. El domingo 29 de septiembre de 2013, hacia las 8:40 horas, se presentó un hostigamiento a la estación de Policía ubicada en el centro urbano de San José de Apartadó. Una vez más se evidenciaban las consecuencias del desacato presidencial a las sentencias de la Corte Constitucional, manteniendo a la población civil en alto riesgo. El martes 1 de octubre de 2013, un grupo de paramilitares repartieron volantes en las veredas Rodo-xaly, Sabaleta, las Flores y las Monas, volantes que ya habían sido distribuidos el pasado 28 de sep-tiembre en toda la zona de Urabá, donde se niegan los crímenes que han cometido contra la Comuni-dad de Paz y la población del entorno. Allí advirtieron a los campesinos que la Comunidad de Paz es una comunidad de la guerrilla, que quien ingrese a la Comunidad de Paz, debe atenerse a las conse-cuencias. El viernes 4 de octubre de 2013, soldados del Batallón Vélez quienes se encontraban en la vereda La Hoz desde hacía algunos días, se acercaron a la vivienda de un campesino en dicha vereda y pregun-taron por el paradero de la novia del Joven BUENAVENTURA HOYOS, desaparecido por los para-militares el pasado 31 de agosto de 2013; allí el uniformado la describió con tanto detalle que inclusi-ve dijo que ella cargaba un collar con tales y tales características, además dijo que el joven Buenaven-tura Hoyos, donde se encontraba, estaba muy bien, que no se preocuparan, que a él le estaba yendo muy bien. Quedaba así más que evidenciado que el Ejército y los paramilitares no solo actúan con-juntamente sino que además conocen en detalle los resultados de sus operaciones y que en el caso concreto de la desaparición forzada de BUENAVENTURA HOYOS estaban actuando de manera uni-ficada y coordinada. El sábado 5 de octubre de 2013, hacia las 11:00 horas se presentó un fuerte combate entre tropas del Ejército Nacional y guerrilleros de las FARC en la vereda Buenos Aires en el corregimiento de San José, según versiones de campesinos de la vereda, al menos dos soldados perdieron la vida.

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La Comunidad de Paz, desde el 6 al 10 de octubre de 2013 realizó una peregrinación por la vida y contra el desplazamiento y la desaparición forzada que se viene presentando contra la población civil en la región; dicha peregrinación tuvo como objetivo fundamental recorrer varias veredas del corre-gimiento de San José, tales como La Esperanza, La Hoz, Rodoxaly, Sabaleta, entre otras, y el corregi-miento de Nuevo Antioquia del municipio de Turbo. En la peregrinación participaron más de 150 personas; asistieron personas de distintos países: Alemania, Francia, Canadá, Inglaterra, México, Ita-lia, Portugal y Estados Unidos, así como de otras regiones de Colombia y miembros de la Comunidad de Paz. Al iniciar el recorrido se pudo constatar y confirmar la presencia de paramilitares por los lugares re-corridos. En la vereda La Esperanza, cerca del asentamiento de la Comunidad de Paz, así como en veredas aledañas como El Porvenir y Playa Larga, se comprobó la presencia de varios grupos parami-litares fuertemente armados, con camuflados y con brazaletes de las AGC. Al llegar al casco urbano de Nuevo Antioquia, se pudo ver cómo reconocidos paramilitares recorren las calles tranquilamente sin ser molestados por la Policía, la cual hace presencia permanente allí, pues varios de los más reco-nocidos paramilitares viven allí, como alias PANELO, alias TRIBILÍN o “EL ENANO”, entre otros. Al llegar a Rodoxaly y Sabaleta se pudo comprobar que los paramilitares habían estado allí antes de que el grupo de caminantes llegara, pues minutos antes se habían escondido entre la montaña; fueron encontradas muchas casas vacías de familias que habían abandonado recientemente el lugar, espacios que hasta sirvieron de alojamiento a los peregrinos, se calcula que alrededor de 28 familias entre Ro-doxaly y la Hoz habían tenido que huir por temor a ser asesinados. Ya al salir de Rodoxaly, a pocos minutos de haber partido del lugar, los paramilitares realizaron varios disparos como diciendo: no nos encontraron pero aquí estamos. A tan solo 2 kilómetros se encontraba un grupo de militares al parecer al mando de un “Sargento” de apellido “Guarán”, los cuales negaron rotundamente la pre-sencia paramilitar en la zona, pues según ellos, llevan más de un mes y no han visto nada, su respues-ta es idéntica a la que han dado durante 16 años: “los buscamos y no los encontramos”. Se supo que lue-go de la partida de los peregrinos, los paramilitares regresaron allí. Los participantes se preguntaban: ¿por qué ellos no dan la cara? y la única respuesta lógica era que ellos jamás serían capaces de justifi-car sus crímenes. El jueves 10 de octubre de 2013, se presentó un cruce de disparos entre tropas del Ejército nacional y guerrilleros de las FARC en la vereda Miramar del corregimiento de San José, según informaciones de campesinos, un guerrillero resultó muerto, y otro herido. Nuevamente el territorio de paz se con-vierte en zona de guerra. Entre los días jueves 10 y viernes 11 de octubre de 2013, un helicóptero sobrevoló la zona del corre-gimiento de San José, lanzando desde el aire volantes en los cuales se invita a varios supuestos mili-cianos de las FARC a acogerse al plan de reinserción. Este método no es más que una estrategia para preparar a la opinión pública y a la ciudadanía en general para que cuando se dé captura o muerte a esos civiles, las víctimas sean consideradas como “guerrilleros”. Es de público conocimiento que el Ejército no tiene facultades judiciales y que en el pasado ha elaborado numerosos montajes con testi-gos falsos y pagados para privar de su libertad a campesinos inocentes, arruinando su miserable sub-

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sistencia y equilibrio psíquico, sólo por el afán de responder a sus jefes en número de bajas (ficticias) que les exigen (“falsos positivos), para lo cual han contado con toda la colaboración de un poder judi-cial aterradoramente corrupto. El sábado 12 de octubre de 2013, a un soldado del Ejército Nacional adscrito al Batallón Vélez, quien se encontraba en la vereda La Hoz, en la finca del campesino Ismael Molina, delante de varios civiles que se encontraban en la vivienda, se le escuchó reclamarle a su mando: “mi comandante, si venimos persiguiendo a los paramilitares, por qué nos quedamos tan destapados en esta finca y tan tranquilos aquí, así no los vamos a encontrar y mucho menos a combatir a ningunos paramilitares”. Entonces su mando y otros soldados de rango se lo llevaron lejos de la vivienda y allí lo rodearon quién sabe para qué, lo que sí es claro es que minutos más tarde el soldado regresó a la vivienda y muy preocupado le comentó a los civiles: “qué lástima que la cooperación con los paramilitares viene desde sus propios mandos y ahí si no se puede hacer nada, el que manda, manda”; además dijo: “los superiores me van a sancionar por atreverme a desafiar a las tropas a perseguir a los paramilitares sabiendo que a ellos no se les combate”. Desde el lunes 28 hasta el miércoles 30 de octubre de 2013, patrullas del Ejército estuvieron acam-pando junto a las vallas de la Comunidad de Paz del asentamiento de San Josecito y de allí en adelan-te sobre los bordes de la carretera que conduce al centro urbano de San José e incluso en veredas ale-dañas, en un despliegue de presencia militar intimidante que perturbó por varios días el desarrollo normal de las actividades civiles, poniendo a la población como eventual blanco de la insurgencia que siempre busca adelantarse atacando a quienes hacen presencia para exterminarlos. Una prueba más de los intentos de poner a la población civil como carne de cañón en los enfrentamientos, llevan-do e incentivando el conflicto a los espacios de vivienda y trabajo de los civiles, desacatando pres-cripciones muy concretas y repetidas de la Corte Constitucional. El miércoles 30 de octubre de 2013 los pobladores del centro urbano de San José de Apartadó y los asentamientos del entorno se llenaron de miedo al percibir un enorme despliegue militar que invadió el antiguo caserío de San José con helicópteros y camiones militares en los cuales se desplazaban cen-tenares de soldados. Luego se supo que ese día hizo presencia el Comandante del Ejército Nacional con la supuesta intención de dar cumplimiento a una orden del Tribunal Administrativo de Turbo, en sentencia del 31 de marzo de 2011, en la que ordenaba al Comandante del Ejército pedir perdón a la familia de la niña Mildrey Dayana David Tuberquia, de 3 años de edad, asesinada por el ejército el 18 de marzo de 2003 en la vereda La Cristalina. Si bien el Magistrado fallador había intentado en repeti-das ocasiones concertar entre la familia, la Comunidad y el Ejército sobre fechas, sitios y modalidades del acto, los repetidos aplazamientos e incumplimientos por parte del Ejército hicieron que la concer-tación se estancara. Este día el Ejército decidió hacer el acto sin haber concertado previamente con nadie y en un lugar donde actualmente no hace presencia la Comunidad de Paz, lo que llevó a los pobladores del caserío a encerrarse en sus viviendas bajo el impacto del miedo ante tal despliegue militar y a frustrar el acto que quiso responder a arbitrariedades unilaterales del Ejército, sin que se llevara a cabo realmente ningún desagravio. Quizás eso era lo que buscaban, para culpar nuevamente a las víctimas de hacer fracasar hasta las peticiones de perdón.

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El sábado 2 de noviembre de 2013, se produjo una explosión en la vereda Las Claras, muy cerca al asentamiento de La Unión de la Comunidad de Paz, en la cual se produjo la muerte de un soldado quedando otro gravemente herido, según informaciones de los medios locales. Nuevamente la pre-sencia permanente de los militares en los asentamientos civiles pone en alto riesgo las vidas de los pobladores, pues dicha presencia atrae a la insurgencia hacia los asentamientos donde los militares prefieren enfrentarse poniendo de escudo a la población civil, desacatando prescripciones muy con-cretas y explícitas del DIH y de la Corte Constitucional. El miércoles 13 de noviembre de 2013, un grupo de paramilitares hizo presencia en la vereda Arenas Bajas, allí amenazaron a varias familias diciendo que tienen una incursión preparada contra varias personas en la región. El domingo 17 de noviembre de 2013, un grupo de paramilitares hizo presencia en la vereda Mula-tos junto al asentamiento de la Comunidad de Paz. El lunes 18 de noviembre de 2013; hacia las 8:00 horas un grupo de paramilitares llegó a la vereda Arenas Altas, donde existe un asentamiento de la Comunidad de Paz, y se llevaron a 6 civiles entre ellos 5 menores de edad. Además se comieron las gallinas de las diversas casas a las que entraron, este mismo día cuando los paramilitares se regresaban, al pasar por la vereda Arenas Bajas entraron a la vivienda de un campesino y allí amenazaron a una joven de querer llevársela acusándola falsamen-te de ser guerrillera. Lo acontecido el 18 de noviembre de 2013 cerca al asentamiento de Arenas Altas de la Comunidad de Paz, luego de recoger todos los testimonios, no deja de producir profundos interrogantes e inquietu-des. En primer lugar, LA DESAPARICIÓN DE SIETE PERSONAS A MANOS DE UNA ESTRUCTU-RA PARAMILITAR que había tenido una prolongada presencia en el lugar, llevó a descubrir también que las FARC había reclutado de manera escandalosamente irresponsable a cinco menores de edad a quienes les había entregado armas que ellos no sabían manejar. Sólo uno de esos menores había vivi-do hasta pocos días antes en uno de los asentamientos de la Comunidad de Paz y voluntariamente había decidido retirarse de la Comunidad; los demás pertenecían a familias que no han hecho parte de la Comunidad. El 18 de noviembre de 2013 esos cinco menores y además un adulto y otro menor que nada tenían que ver en el conflicto fueron privados de su libertad por los paramilitares y trasla-dados inmediatamente a uno de sus campamentos permanentes que, al parecer, fue el de PUEBLO GALLETA, en cercanías de Nuevo Antioquia. Los disparos y explosiones escuchados por algunas de las familias de la vereda hicieron creer que su asesinato era inminente o ya se habría perpetrado, lo que hizo que se activaran las alarmas acudiendo a la Comunidad de Paz. La Comunidad de Paz or-ganizó rápidamente una peregrinación a la vereda de Arenas Altas con cerca de 50 personas pero no pudieron hallar a los victimarios. Al día siguiente varias familias de los menores fueron contactadas por instituciones del Estado para que se dirigieran hacia Turbo donde supuestamente los paramilita-

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res iban a entregar a los menores. Ya en Turbo, los familiares de los menores y algunos representantes de instituciones del Estado: DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA REGIONAL, PERSO-NERÍA MUNICIPAL Y BIENESTAR FAMILIAR se embarcaron en una buseta hasta el corregimiento de Currulao, allí los esperaban unas lujosas camionetas escoltadas por hombres armados y en moto-cicletas, todo al parecer perteneciente y coordinado por la estructura paramilitar. En un paraje cer-cano a Nuevo Antioquia los paramilitares les ofrecieron a familiares y funcionarios caballos y motos para continuar por un camino de aproximadamente una hora hasta Pueblo Galleta donde los meno-res fueron entregados a las instituciones y a los familiares, pero los paramilitares acompañaron al grupo hasta el paraje de la carretera donde esperaban nuevamente las lujosas camionetas que los condujeron hasta Currulao donde de nuevo el grupo abordó una buseta hasta Turbo; allí los menores y sus familiares, acompañados por las instituciones del Estado, fueron conducidos hasta las depen-dencias del Instituto de Bienestar Familiar en Apartadó donde la Policía vigiló por unos momentos al grupo, pero rápidamente la Policía desapareció y le dejó el campo libre nuevamente a los paramilita-res para que entraran a amenazar a los menores y a sus familias; esto activó nuevamente las alarmas y el grupo regresó a Turbo y luego tuvo que ser trasladado de urgencia a Medellín para su protec-ción. Todo este relato, corroborado con testigos, muestra a las claras que diversas instituciones del Estado entraron en contacto con los paramilitares y se dejaron escoltar por los mismos delincuentes hasta el lugar de reclusión de los menores sin que se produjera ninguna captura de miembros del grupo criminal. Tampoco se percibió persecución alguna a dicho grupo, no obstante haber asistido a su campamento que es de vieja data y que de ninguna manera era ignorado por las instituciones. El accionar paramilitar en actividades que corresponden a la fuerza pública, confirma una vez más su accionar conjunto así como la persistencia de esas estructuras con carácter contrainsurgente, algo que el Estado se ha empecinado en negar, engañando al país y a la comunidad internacional. El martes 19 de noviembre de 2013, tropas del Ejército hicieron presencia en la vereda La Resbalosa, procedentes de la vereda Mulatos, donde varios de ellos se presentaron delante de varios campesinos como paramilitares el domingo 17 de noviembre de 2013. El viernes 22 de noviembre de 2013, reconocidos paramilitares en Nuevo Antioquia anunciaron a varios civiles que seguirán realizando operaciones en las veredas del Corregimiento de San José de Apartadó, y profirieron amenazas en contra de GERMÁN GRACIANO, Representante Legal de la Comunidad de Paz, anunciando que “si es tan valiente porqué no fue con la comisión a recibir a los jóvenes el pasado 19 de noviembre para haberle matado hasta la mierda”. Allí anunciaron a los civiles que debían llevar el mensaje al campesinado en general pues quedaba prohibido para el campesinado de la zona que se apoyara en la Comunidad de Paz; que esa Comunidad de Paz había que acabarla, pues anda-ban con unos gringos como acompañantes y eso les hacía mucho daño a ellos; que la Comunidad, cada vez que pasaba algo, les hacían mucho escándalo; que eran una partida de sapos al igual que los campesinos de Arenas Altas, Las Nieves, El Porvenir y la Esperanza, que ellos no podían hacer algo por allí porque inmediatamente la Comunidad se daba cuenta y les hacia el escándalo y eso no lo iban a permitir más. Afirmaron además que ellos estaban en Nuevo Antioquia cuando la Comunidad de Paz pasaba por allí el 7 de octubre de 2013 en la Comisión Humanitaria que los llevó a recorrer

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varias veredas con gringos y periodistas. Además aseguraron que ellos mismos entraron a San José y a la misma Comunidad de Paz en San Josecito el pasado 28 de septiembre cuando repartieron los panfletos de las AGC. El sábado 30 de noviembre de 2013, un sujeto quien se identificó como paramilitar, abordó a un po-blador de San José mientras caminaba por el centro poblado de Apartadó y le anunció que continua-rían realizando operaciones en la las veredas de San José, pues, tienen que dar con varias personas de allí; además insistió en que le dijera el nombre del dueño de la vivienda donde habían incursionado el pasado 18 de noviembre de 2013 en la vereda Arenas Altas, pues “ese señor la va a pagar caro, y es con la vida”, anunció el sujeto. El domingo 1 de diciembre de 2013, hacia las 14:00 horas, se escucharon varias ráfagas de arma de fuego entre las veredas Guineo Alto y Arenas Altas, lo que ha generado temor en los pobladores de estas veredas. Los actores armados siguen convirtiendo el territorio de paz en campo de combate, siendo la fuerza pública la que atrae a la insurgencia para que vengan a combatir donde habita la po-blación civil. El viernes 6 de diciembre de 2013, hacia las 14:30 horas, se escuchó la detonación de una bomba en la vereda Miramar, lo cual llenó de pánico a los pobladores de dicho asentamiento. Vino inmediatamen-te a la mente de los pobladores el recuerdo de FRANCISCO PUERTAS, Coordinador de esa Zona Humanitaria de la Comunidad de Paz, asesinado el 14 de mayo de 2007 en la terminal del transporte de Apartadó, espacio por muchos años sometido al terror por estructuras paramilitares patrocinadas por la Policía de Urabá. Francisco, con ingentes esfuerzos, había construido una enramada protegida con vallas y banderas de paz donde la población civil se pudiera refugiar en momentos como éste. El Gobierno, en documento aportado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se negó a reco-nocer dichas Zonas Humanitarias y el asesinato de Francisco arruinó la humilde enramada protecto-ra. Ahora militares y paramilitares insuflan a sus anchas oleadas de terror contra los pobladores. El domingo 8 de diciembre de 2013, hacia las 14:00 horas, en el centro urbano de San José de Aparta-dó se produjo un combate entre guerrilleros y fuerza pública. Nuevamente los pobladores del núcleo urbano y quienes transitaban por la zona quedaron en medio del fuego. Una vez más se apreciaron las consecuencias de la negativa del Gobierno a acatar varias sentencias de la Corte Constitucional que prohíben establecer bases militares y policiales en medio de la población civil, pues de hecho, en lugar de servir de protección a los civiles, buscan que los civiles sirvan de escudo a los militares fren-te a los insurgentes, poniéndolos en alto riesgo. El miércoles 11 de diciembre de 2013, en horas de la mañana, una mujer integrante de la Comuni-dad de Paz fue abordada por un funcionario del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, antigua Acción Social de la Presidencia, quien en años anteriores había tenido el cargo de De-fensor Comunitario en la zona, y le ofreció la posibilidad de realizar diligencias para lograr una in-demnización administrativa por su familiar víctimizado, haciendo todo de manera irregular sin que

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nadie se enterara ni descubriera los ilegales procedimientos. El funcionario le dio a entender que así lo había hecho con mucha gente, utilizando el mecanismo del “chanchullo” (fraude procesal). El fun-cionario era consciente de que la Comunidad de Paz, a través de asambleas decisorias en las que par-ticipan todos sus integrantes, ha optado por no avalar el mecanismo de la reparación administrativa, ya que no tiene en cuenta la justicia y termina considerando a las víctimas como exclusivas mercan-cías cuya vida y dignidad se intercambian por dinero. Al parecer, dicho funcionario realiza una estra-tegia clandestina de burla y destrucción de los principios éticos de la Comunidad. En los últimos días de diciembre de 2013 se conocieron respuestas que la Defensoría del Pueblo re-mite a comunidades y organizaciones de otros países que reclaman la aparición con vida del joven BUENAVENTURA HOYOS, desaparecido el 31 de agosto de este año por hordas conjuntas de milita-res y paramilitares. La Defensoría considera acertadas las respuestas del Gobierno en las que afirma que al joven se le está buscando en hospitales, clínicas, terminales de transporte y centros penitencia-rios, como si éstas fueran medidas eficaces para obligar a devolver con vida a un joven cuyos capto-res están íntimamente coordinados con agentes del Estado, como lo comprobó de modo absoluto una peregrinación de 150 personas que viajó a la zona entre el 6 y 10 de octubre pasado a intentar su res-cate, en la cual iban integrantes de grupos humanitarios de 8 países, periodistas de diversos medios y delegados de comunidades indígenas y campesinas de diversas zonas del país. La Defensoría no ha cumplido con su obligación de rescatarlo, obligando a los agentes estatales y paraestatales que lo mantienen desaparecido, a entregarlo. Por ello no es posible sino ver en dichas actitudes formas de complicidad, pues aparece evidente que la Defensoría fue diseñada en la Constitución de 1991 para actuar y no para ser espectadora atónita de la destrucción de todos los valores nacionales y universa-les. El sábado 21 de diciembre de 2013, hacia las 10:00 horas, mientras miembros de la Comunidad de Paz se encontraban conmemorando el aniversario de un familiar en el cementerio de San José, fueron fotografiados y filmados ilegalmente por miembros de la Policía desde el bunker de dicha institución ubicado al frente del cementerio. Al ser conminados a mostrar las filmaciones, negaron rotundamente que las hubieran hecho. Se les recordó entonces que en muchas otras ocasiones han cometido el mis-mo delito y que lo han negado a pesar de haberlo hecho ante numerosos testigos. Se dejó constancia de que estaban actuando en violación de la ley. El domingo 22 de diciembre de 2013, varios desmovilizados de las FARC se reunieron en un barrio de Medellín donde acordaron un plan para cometer una masacre en la zona de San José de Apartadó, pues según ellos, tienen todo acordado con los militares y paramilitares para perpetrar el crimen con-tra varios civiles del Corregimiento. El lunes 23 de diciembre de 2013, se registró un tiroteo en el sitio la Antena, contiguo al casco urbano de San José.

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El martes 24 de diciembre de 2013, tres funcionarios de la Defensoría del Pueblo irrumpieron en el asentamiento de San Josecito perteneciente a la Comunidad de Paz, aprovechando que la casi totali-dad de los miembros de la Comunidad se encontraba en asamblea interna en otro espacio de la Co-munidad. Los funcionarios de la Defensoría tomaron fotos de los espacios privados y además hicie-ron registros fotográficos de algunos miembros de la Comunidad que se encontraban allí, argumen-tando que, debido a que el Presidente Santos recientemente había pedido perdón a la Comunidad de Paz, se consideraba que todo lo que impedía la interlocución con instituciones del Estado quedaba superado y así la Defensoría podía permitirse pasear por los espacios privados de la Comunidad sin autorización alguna. Frente a esto es necesario aclarar que de las condiciones puestas por la Comuni-dad en 2005 para reanudar su interlocución con el Estado, hasta ahora sólo se ha cumplido una y a medias, pues el Presidente no presentó ningún plan para impedir la repetición de las agresiones, co-mo se lo exigió la Corte Constitucional. Pero además, la ruptura con la Defensoría del Pueblo obedece a otras causas, como son el incumplimiento de sus obligaciones de defensa de una manera reiterativa frente a la Comunidad de Paz y la selección de funcionarios absolutamente insensibles frente a las agresiones que el Estado ha perpetrado contra los integrantes de la Comunidad y contra la población de su entorno. El martes 31 de diciembre de 2013, hacia las 11:00 horas, funcionarios de la Defensoría del Pueblo ingresaron nuevamente sin autorización alguna al asentamiento privado de San Josecito, haciendo caso omiso de las vallas que marcan el carácter privado de dicho espacio de refugio y aduciendo que estaban allí porque creían que luego de la petición de perdón proferida por el Presidente Santos a la Comunidad de Paz, ya no existiría limitación o restricción alguna en la interlocución entre Comuni-dad e instituciones, desconociendo a la vez la privacidad de los espacios de refugio y protección, frente a instituciones que sólo han sabido agredir, desconocer derechos e incumplir sus propias obli-gaciones legales.

2014 Entre el sábado 5 y el domingo 6 de enero de 2014 se escucharon detonaciones de artefactos explosi-vos en las veredas Mulatos y La Resbalosa. El martes 7 de enero de 2014, hacia las 18:30 horas, se presentó un fuerte combate en el lugar La An-tena, del corregimiento de San José, causando mucho temor en la población civil de la región. El miércoles 8 de enero de 2014, hacia las 14:15 horas, en el lugar conocido como Tierra Amarilla, sobre la vía que comunica a Apartadó con San José de Apartadó, tres paramilitares vestidos de civiles y portando armas cortas, detuvieron el vehículo de servicio público que transitaba en ese momento

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con dirección a San José y preguntaron por un personaje que ellos necesitaban, refiriéndose a GER-MÁN GRACIANO POSSO, Representante Legal de la Comunidad de Paz, quien a última hora había decidido no abordar el vehículo de turno en la terminal de transporte de Apartadó y que lo conduci-ría a San José. Cabe recordar que ese mismo día, en horas de la mañana, la Policía había instalado un retén a escasos minutos del lugar. Al no encontrar a Germán entre los pasajeros, conminaron a éstos a no hablar en absoluto sobre lo ocurrido si querían conservar sus vidas. Todo muestra que su propósi-to era desaparecer o asesinar al Representante Legal de la Comunidad de Paz, cumpliendo así con numerosas amenazas proferidas previamente en ese sentido. El lugar donde esperaron a Germán es un lugar donde la presencia del paramilitarismo a lo largo de las últimas décadas ha siso intensa y donde sus retenes han llevado a la muerte o desaparición forzada de numerosos integrantes de la Comunidad de Paz, actuando siempre en ese sitio bajo la protección activa o pasiva de la fuerza pú-blica. El domingo 12 de enero de 2014, hacia las 3:00 horas, un grupo de 23 paramilitares hicieron presencia en la vereda Bellavista perteneciente al corregimiento de San José. El grupo de paramilitares entre los que se encontraban los reconocidos hermanos ALBEIRO Y LUBÍN CARDONA BORJA, domiciliados ya por años en la Brigada 17 luego de haber perpetrado numerosos crímenes en compañía y bajo la dirección del Ejército, amenazaron a varios civiles, obligándoles a permanecer callados, de lo contra-rio no responderían por lo que les sucediera más adelante. Después de entrar en varias viviendas de los campesinos, se ocultaron en la montaña. Dicha presencia paramilitar se da en medio de una fuerte presencia militar en esta área lo que muestra a todas luces la complicidad de la fuerza pública con el paramilitarismo. El miércoles 15 de enero de 2014, hacia las 14:00 horas, militares de la base militar de San José retu-vieron a Huber Areiza, miembro de la Comunidad de Paz, allí los uniformados lo amenazaron de llevárselo retenido argumentando que él tenía orden de captura. Después de varios minutos y luego de proferir muchos insultos contra él, fue dejado en libertad. El viernes 17 de enero de 2014, hacia las 14:00 horas, se presentó un hostigamiento a las bases de po-licía y militar ubicadas en el casco urbano de San José, quedando en medio del cruce de disparos va-rias familias de la Comunidad de Paz, incluyendo a GERMÁN GRACIANO, Representante Legal de la Comunidad de Paz y dos menores de edad de 4 y 2 años, quienes transitaban por el lugar acompa-ñando a familias de la Comunidad. El sábado 18 de enero de 2014, reconocidos paramilitares en Nuevo Antioquia anunciaron nueva-mente el plan de eliminar a miembros del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, afirmando que tienen todo ya planificado para ejecutarlo y que están esperando que la situación se calme un poco ya que en los últimos días ha habido muchas denuncias.

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El domingo 19 de enero de 2014, hacia las 23:35 horas, se presentó un combate entre tropas militares y guerrilleros de las FARC en el sitio conocido como La Antena, en el corregimiento de San José de Apartadó. El lunes 20 de enero de 2014, hacia las 14:00 horas y por espacio de 15 minutos se escucharon ráfagas en un campamento militar ubicado junto a un predio de la Comunidad de Paz en la vereda Mulatos del corregimiento de San José. Estos ametrallamientos generan pánico y zozobra a la población civil campesina. El lunes 20 de enero de 2014, hacia las 10:03 horas, un sujeto que se identificó con el nombre de “Al-berto”, llamó desde el celular 3164201221 a un poblador de la vereda La Unión, donde existe un asen-tamiento de la Comunidad de Paz, para pedirle que suministrara información sobre los movimientos de los líderes de la Comunidad, advirtiéndole que había recompensas monetarias atractivas para pa-gar esa información, invitándolo al tiempo a trabajar como informante que a la vez le hiciera segui-miento a los movimientos de la guerrilla en la región. El martes 21 de enero de 2014, hacia las 21:30 horas y por espacio de 20 minutos se presentó un hosti-gamiento a un campamento militar ubicado en el sitio conocido como La Antena en el corregimiento de San José. El miércoles 22 de enero de 2014, hacia las 20:44 horas, se presentó nuevamente un hostigamiento a tropas militares acantonadas en el sitio conocido como La Antena en el corregimiento de San José. El sábado 25 de enero de 2014, miembros del Ejército Nacional quienes ya desde unos días antes ha-bían acampado abusivamente en predios privados de la Comunidad de Paz en la vereda Mulatos, se robaron los productos de pan-coger de las familias allí asentadas, además de pisotear y destruir lo poco que aun quedaba, como verdadera banda de asaltantes y ladrones que en lugar de proteger de-rechos, como se los señala la Constitución, los violan y someten a infame pillaje a sus víctimas. Hasta ahora jamás el Estado ha respondido por esos hurtos ni reparado jamás a las víctimas y la justicia lo único que ha hecho es registrar esos hechos como “notitia criminis” sin jamás investigar ni sancionar a los responsables. Por su parte el Ministerio de Defensa responde que entregar los nombres de esos ladrones para que sean denunciados “atenta contra la seguridad nacional” y alegan que esa infor-mación es “de reserva nacional”, desacatando las sentencias de la Corte Constitucional que obligan al Gobierno a entregar esos nombres (Sentencia 1025/07). El domingo 26 de enero de 2014, hacia las 14:00 horas, se registró un nuevo hostigamiento contra las bases de la Policía y del Ejército en el centro urbano de San José de Apartadó, bases ubicadas en me-dio de la población civil contra todas las normas de la Corte Constitucional, poniendo nuevamente en alto riesgo las vidas de los pobladores, quienes por ser domingo se hallaban haciendo el mercado se-manal. El Gobierno Nacional continúa desacatando las órdenes de la Corte Constitucional en varias de sus sentencias, normas reforzadas pocos días antes de este combate, cuando el pasado 20 de enero

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la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del Magistrado Ramiro Pazos Guerrero, vol-vió a señalar que es imperativo para el Estado “cumplir con los compromisos asumidos en los instrumentos internacionales”. El Alto Tribunal recordó que la jurisprudencia ha señalado claramente que en zonas en las cuales con frecuencia se vea alterado el orden público, las estaciones de policía deben tener una ubicación que no ponga en riesgo a la población aledaña. La mencionada sentencia del Consejo de Estado reconfirmó nuevamente lo preceptuado ya muchas veces por la Corte Constitucional, afir-mando: ““En efecto, debido a que en estos casos las personas enfrentan un riesgo real de sufrir amenazas o vulneraciones de sus derechos humanos, el Estado asume una posición especial de garante que lo obliga a ofrecer una protección efectiva a la población civil y a adoptar todas las medidas a su alcance para evitar o conjurar situaciones de peligro razonablemente previsibles”. En muy numerosas veces la Comunidad de Paz le ha exigido al Gobierno Nacional acatar esas normas, pero ni siquiera responde y ningún ente de control del Estado es capaz de urgir el acatamiento. Realmente vivimos bajo una ilegalidad consentida al más alto nivel. El martes 28 de enero de 2014, varias familias de la Comunidad de Paz fueron nuevamente testigos de la fuerte presencia paramilitar en la vereda Playa Larga de San José de Apartadó. Esta vez iban vestidos con trajes civiles pero llevaban armas largas visibles e insignias con la sigla “AGC” (Autode-fensas Gaitanistas de Colombia). La zona de Playa Larga está muy cercana al poblado de Nuevo An-tioquia, que ha sido un enorme nido de los paramilitares desde hace casi dos décadas y donde la pro-tección y articulación de la fuerza pública con ellos nunca ha tenido pudor alguno. Como lo compro-bó la Comunidad de Paz y numerosos acompañantes nacionales e internacionales en la peregrinación del pasado mes de octubre (2013), el Gobierno ha trazado allí una nueva estrategia: retiró la base mili-tar; retiró el gobierno civil (Corregidor); dejó todo en poder de la Policía, la cual afirma que sólo le compete vigilar el casco urbano sin ninguna incidencia en las áreas rurales; dio orden a los paramili-tares de no usar distintivos dentro del poblado y así, en los “controles” de la policía ellos son “pobla-ción civil sin ningún antecedente”, dado que los antecedentes judiciales están registrados en los “alias” y no en los nombres que figuran en los documentos legales. Así los paramilitares han podido continuar allí con un control absoluto del poblado, en convivencia “legal” con la Policía. El viernes 31 de enero de 2014, hacia las 12:30 horas, se registró un nuevo y fuerte enfrentamiento armado en el centro urbano de San José de Apartadó, el cual duró hasta las 15:00 horas. Los maestros de la escuela tuvieron que suspender sus clases por quedar atrapados en medio de los disparos y ex-plosiones. La presencia de bases de la fuerza pública (Ejército y Policía) en tan pequeño asentamiento, así como la intensa presencia paramilitar que utiliza el caserío para coordinar sus acciones con la fuerza pública, siguen atrayendo al actor armado contrario (la Guerrilla) para enfrentarse allí mili-tarmente, convirtiendo este desangrado territorio en campo de batalla. Nuevamente se advierten las fatales consecuencias del contumaz desacato del Gobierno a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado que le han ordenado sin descanso retirar esas bases de la cercanía de la población civil para que ésta no siga siendo el “escudo” de la fuerza pública, configurando un permanente Crimen de Guerra.

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El mismo viernes 31 de enero de 2014, hacia las 15:00 horas, un sujeto que se identificó con el alias de “COFLAS” y como “Jefe Paramilitar” en la región, afirmando que estaba acompañado con otro per-sonaje que es Sargento del Ejército, hizo una llamada desde el celular 3146800209 a un poblador de la vereda La Unión, invitándolo a trabajar con ellos y ofreciéndole buenas recompensas monetarias si suministra información sobre los movimientos de los líderes de la Comunidad de Paz. A pesar de lo que esto significa como grave amenaza contra la vida y demás derechos de los miembros del Consejo de la Comunidad de Paz, se sabe que la “justicia” no hace nada aunque tengan los números telefóni-cos desde donde actúan los victimarios. El sábado 1° de febrero de 2014, hacia las 11:10 horas, se registró un nuevo hostigamiento a la base militar de San José con una duración aproximada de 20 minutos. Nuevamente la población civil estu-vo en alto riesgo y nuevamente hubo que lamentar la contumaz rebeldía del Gobierno ante su propia Corte Constitucional y su Consejo de Estado, desacatando las normas que podrían proteger la vida de la población civil. El domingo 2 de febrero de 2014, hacia las 9:00 horas, se escucharon disparos de armas de fuego en dirección a los cultivos de pan-coger de las familias de la Comunidad de Paz del asentamiento La Unión. La ocupación abusiva e ilegal por parte del Ejército, de espacios pertenecientes a la Comuni-dad de Paz, para acampar allí, ha impedido al mismo tiempo a las familias desarrollar sus labores agrícolas ordinarias de subsistencia y hace presumir que los mismos militares están atacando a bala los cultivos, convirtiendo en campo de batalla el terreno de sustento de la vida. En la primera semana de febrero de 2014 se registró la permanente presencia del reconocido parami-litar APOLINAR GUERRA GEORGE, motorizado y en ocasiones escoltado, en los parajes de Caracolí y La Victoria, en la carretera que de Apartadó conduce a San José. Apolinar ha trabajado conjunta-mente con la Brigada XVII del Ejército Nacional desde hace mucho años; en 2005 la Brigada XVII lo utilizó como un falso testigo para desacreditar y atacar a la Comunidad de Paz, cuando el Coronel Néstor Iván Duque, Comandante entonces del Batallón Bejarano Muñoz, quien antes lo había some-tido a torturas, le ofreció dinero y lo trasladó a Bogotá con dinero suministrado por el líder paramili-tar alias “HH” a fin de que el Vicepresidente Francisco Santos lo utilizara ante el cuerpo diplomático como falso testigo, dando una versión falsa de la masacre del 21 de febrero de 2005. Sin embargo hoy en día vive tranquilo, protegido por la fuerza pública que lo ha utilizado contra la población civil en la región. El martes 4 de febrero de 2014, miembros de la Comunidad de Paz constataron la presencia de un grupo de militares quienes se habían ubicado en un predio que es propiedad privada de la Comuni-dad en la vereda Mulatos, donde la tropa había iniciado la construcción de un helipuerto y de un campamento para ellos pernoctar. Cuando un miembro de la Comunidad, quien se hallaba allí en labores de mantenimiento de los cultivos, se encontró frente a frente con uno de los soldados, éste lo conminó en forma amenazante a retirarse del predio, desconociendo que era el Ejército el que estaba delinquiendo y debía retirarse inmediatamente del predio. No valió hacerle ver a la tropa que estaba

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violando derechos constitucionales y en forma arrogante y contumaz continuaron construyendo el helipuerto y el campamento. Aún más, cuando días después se retiraron del predio, hurtaron alimen-tos que la Comunidad había cultivado. Lo hicieron con pleno descaro y con plena consciencia de que estaban delinquiendo. El helipuerto causó destrozos en el bosque y la montaña. El miércoles 5 de febrero de 2014, hacia las 10:15 horas, fue detonado un artefacto explosivo en el casco urbano de San José de Apartadó, al paso de un grupo de militares de la base militar acantonada en el corregimiento y adscrita al Batallón Voltígeros de la Brigada XVII, resultando afectados dos sol-dados según información de los habitantes de San José. El artefacto fue detonado a pocos metros del Comando de la Policía, junto a una vivienda propiedad de la Comunidad de Paz. Cabe señalar que a 50 metros está el centro de salud y contiguo funciona el centro educativo de San José. Además de la vivienda de la Comunidad de Paz que resultó afectada, del mismo modo el templo de una Iglesia Cristiana. Las clases fueron suspendidas de inmediato debido al temor por lo sucedido. Este hecho ha generado una serie de señalamientos contra la población civil de la región por parte de la fuerza pú-blica, hasta tal extremo que dos personas que se encontraban laborando en el momento en el Centro de Salud fueron retenidas como “sospechosas”. Como en infinidad de casos precedentes, la población civil víctima termina convertida en victimaria por las acciones del Ejército que busca “dar resultados inmediatos” (“falsos positivos”). Frente a este nuevo episodio bélico, el Comandante de la Brigada XVII, CORONEL LUIS MIGUEL GÓMEZ QUINTERO, seguido por un Concejal de Apartadó y algu-nos comerciantes de la ciudad, salió a los medios masivos a acusar a la Comunidad de Paz de com-plicidad y hasta de coordinación estrecha con la guerrilla, la que supuestamente había colocado los explosivos. ¿La razón? las denuncias persistentes de que se están violando las prescripciones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en la ubicación de las bases militares y policiales, las cuales, en zonas de conflicto, no pueden estar ubicadas en cercanías de la población civil de modo que ésta pueda resultar afectada por los enfrentamientos bélicos. Resulta, entonces, que para el CO-RONEL GÓMEZ exigir que se cumpla la Constitución es “ser cómplice de la guerrilla”; defender los derechos de la población civil, es “ser cómplice de la guerrilla”. La enorme lista que a la fecha superan las más de 150 graves afectaciones que han causado a la población y a los bienes civiles las bases poli-cial y militar colocadas ilegalmente en el casco urbano de San José de Apartadó, en contra de las pres-cripciones de las altas Cortes, revela a las claras la magnitud de los daños de los cuales se ha hecho responsable el Gobierno Nacional. El mismo 5 de febrero de 2014, soldados de la base militar de San José amenazaron a varios campesi-nos diciendo: “lo sucedido aquí lo pagarán caro los pobladores HP de San José a través de acciones de los paramilitares en Apartadó y en Tierra Amarilla; que a nadie se le olvide que nosotros traba-jamos juntos”. Minutos después, un miembro de la Comunidad de Paz que de San Josecito se dirigía a la vereda la Unión, fue abordado por los militares, quienes lo insultaron y amenazaron anunciándo-le una vez más el exterminio de la Comunidad de Paz, afirmando que para eso se apoyarán en los paramilitares. La Comunidad de Paz manifestó públicamente que rechaza todas las acciones violen-tas vengan de donde vengan y que colocan en riesgo la vida e integridad de la población civil. Preci-samente por ello la Comunidad ha insistido que mantener el Puesto de Policía y la Base Militar donde

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están, es un atentado permanente contra los derechos de la población civil y un desacato contumaz a las órdenes de las altas Cortes. La Comunidad ha elevado numerosos clamores al Presidente de la República para que cese en su rebeldía ante los órganos de control del mismo Estado y responda por la gravedad de los daños que sus desacatos han causado. El sábado 8 de febrero de 2014, HUBER AREIZA, miembro de la Comunidad de Paz, quien fue rete-nido este día durante varias horas por miembros del Ejército, poco antes de atravesar el caserío de San José de camino hacia el asentamiento de La Unión donde reside, fue puesto en libertad después de una intervención de un grupo de integrantes de la Comunidad que le exigió al oficial perpetrador dar razón de la arbitrariedad, pero el militar al verse sin razón alguna que sustentara su ilícito, resol-vió negar que lo tuviera retenido, lo que dio pie para que la Comunidad invitara a la víctima a conti-nuar su camino. Sin embargo, pocos minutos después, los militares y policías presentes en el caserío lo persiguieron y lo retuvieron nuevamente, exigiendo que se presentara algún familiar de él para identificarlo. Tal procedimiento es el utilizado rutinariamente por los paramilitares y es violatorio de la Sentencia 1206| 01 de la Corte Constitucional, la cual prohíbe rotundamente los empadronamien-tos. Cuando nuevamente la Comunidad se hizo presente para exigir respeto a los derechos constitu-cionales, los militares y policías trataron de separar a los niños de los adultos, alegando que el recla-mo y la protesta eran un “mal ejemplo” para los niños, como ignorando que el verdadero mal ejem-plo es transigir con la violación de los derechos humanos y constitucionales por parte de los mismos agentes del Estado. El martes 11 de febrero de 2014, hizo explosión un artefacto en el caserío de San José, en cercanía de la base militar, ubicada en medio de la población civil, poniendo nuevamente a ésta en alto riesgo. De nuevo se constatan las graves consecuencias del desacato del Gobierno a las órdenes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que en reiteradas sentencias han prescrito retirar bases y esta-ciones de la cercanía de la población civil. El 12 de febrero de 2014, la Presidencia de la RED ITALIANA DE SOLIDARIDAD COLOMBIA VI-VE, asociación internacional de Derechos Humanos hermanada con la Comunidad de Paz, recibió un oficio del Secretario Ejecutivo de la PROCURADURIA PROVINCIAL DE APARTADÓ, Sr. FREDY SALAZAR IBÁÑEZ, dentro del expediente IUS 2013-428785, anunciándole que por haberse negado a venir a Colombia a rendir declaraciones sobre los atropellos de la Policía contra la Comunidad de Paz, sobre los cuales la Red pidió a la justicia colombiana investigaciones que evitaran la impunidad, el expediente quedaba archivado sin apelación posible. Queda así al desnudo el perverso mecanismo utilizado por la Procuraduría para garantizar la impunidad de los crímenes: buscar testigos en países extranjeros, quienes por supuesto no estuvieron presentes en el momento del crimen, y evitar buscar a los testigos que sí estuvieron presentes en los días, sitios y horas en que fueron perpetrados los crí-menes, es decir quienes los perpetraron, con el fin de alegar que no fue posible la inmediatez de la prueba.

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El jueves 13 de febrero de 2014, soldados de la base militar de San José, abordaron a Diana Higuita, habitante de la vereda La Unión, y le mostraron fotos de varias personas de la región entre ellas de su compañero, manifestándole que él tenía orden de captura; que lo invitaban a trabajar con ellos como informante y que se ganaría jugosas recompensas. El viernes 14 de febrero de 2014, hacia las 15:00 horas, un grupo de militares realizaron pillajes a miembros de la Comunidad de Paz en la vereda la Unión. El viernes 14 de febrero de 2014 fue retenido durante tres horas por tropas del Ejército, en la vereda Bellavista de San José de Apartadó, un reconocido campesino de la región. Los militares lo amenaza-ron y lo ultrajaron humillándolo vilmente y acusándolo de ser colaborador de la guerrilla. Cuando un grupo de campesinos se disponía a ir a exigir su libertad, los militares se dieron cuenta y lo dejaron libre no sin antes anunciarle que en otro momento “las pagaría”. El domingo 16 de febrero de 2014, hacia las 23:00 horas, se registró un hostigamiento a una base mili-tar ubicada en el sitio conocido como La Antena, junto al casco urbano de San José. Nuevamente se sienten las consecuencias del desacato contumaz del Gobierno a sus propios órganos judiciales del más alto nivel. El martes 18 de febrero de 2014, un alto mando militar de la región, a través de los medios radiales de la región, tildó de irrespetuosa la exigencia de la ex Alcaldesa de Apartado, Doctora Gloria Isabel Cuartas, de que fueran removidas las bases militares y de policía en San José de Apartadó, como ig-norando que no es la ex Alcaldesa la que ha dado dicha orden sino las más altas Cortes de la Na-ción. El viernes 21 de febrero de 2014, hacia las 4:00 horas, un grupo de militares acampó en el caserío de San Josecito aprovechando que la mayoría de los miembros de la Comunidad se encontraban por fue-ra del asentamiento, en los actos conmemorativos de la horrenda masacre de 8 miembros de la Co-munidad de Paz perpetrada por el Ejército en compañía de los paramilitares el 21 de febrero de 2005. Allí, los militares colocaron sus armas de dotación en la entrada de algunas casas y amanecieron ro-deando algunas viviendas. El sábado 22 de febrero de 2014, hacia las 16:00 horas, tropas del Ejército invadieron predios de la Comunidad de Paz en el asentamiento de San Josecito. Cuando un nutrido grupo de la Comunidad los abordó y les pidió explicaciones, los militares alegaron que no sabían que era un predio privado, a pesar de que estaba debidamente cercado. Cuando la protesta de la Comunidad, de acompañantes internacionales y nacionales los obligó a salir del predio, invadieron otro predio de la Comunidad dedicado a la siembra de cacao, y pretendían hacer allí un campamento. La presencia masiva de la Comunidad los hizo retirar rápidamente de este otro lugar, pero dejaron un sospechoso paquete col-gado de un árbol, lo que causó temor en la Comunidad, dado que allí trabajan ordinariamente niños y adultos.

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En los últimos días de febrero y primeros de marzo fue de público conocimiento que los paramilita-res han ido impulsando la construcción de viviendas y actividades recreativas en las veredas de Ro-doxaly y Sabaleta. El reconocido paramilitar alias “PANELO”, por tiempos domiciliado en la Brigada XVII, ha sido encargado de coordinar las actividades deportivas que miran a un exhaustivo control de la población. El martes 4 de marzo de 2014, hacia las 16:30 horas un sujeto quien se identificó como integrante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, llamó desde el celular 3128226783 a Isabel Zapata habitante de la vereda El Cuchillo en el corregimiento de San José de Apartadó, a quien amenazó, además de proferir amenazas contra su familia y miembros de la Comunidad, en especial, contra Germán Gra-ciano Posso, Representante Legal de la Comunidad de Paz, y otros pobladores de la región, quienes figuran en una lista para judicializar o asesinar. El jueves 6 de marzo de 2014, hacia las 15:20 horas, se registró un enfrentamiento entre tropas del Ejército ubicadas en el sitio conocido como La Antena, del corregimiento de San José, con guerrilleros de las FARC. Según los medios radiales, un guerrillero resultó muerto. La intensa presencia militar / policial en el área urbana de San José, muy cerca de la cual queda La Antena, continúa atrayendo al grupo bélico contrario, convirtiendo el área en campo de batalla donde la vida e integridad de todos los pobladores es puesta en alto riesgo. Entre tanto el Gobierno continua con increíble tozudez desacatando todas las órdenes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que ordenan retirar las bases militares y policiales de la cercanía de la población civil, de modo que ésta no continúe sir-viendo de escudo a los agentes armados del Estado. El sábado 8 de marzo de 2014, en el transcurso del día se registraron varias detonaciones de artefac-tos explosivos en distintos lugares del corregimiento de San José. Uno de esos artefactos explotó en el casco urbano, lo que generó mucho temor en la población civil, la cual vive sometida al pánico y a alto riesgo, toda vez que la intensa presencia de militares y policías en su espacio hace que las guerri-llas entren a atacar allí a sus contendores de guerra y se formen combates que ante todo afectan a los civiles no armados. El domingo 9 de marzo de 2014, en horas de la mañana, una patrulla de la Policía se estacionó en el asentamiento de San Josecito, centro de la Comunidad de Paz, parqueando incluso un vehículo allí. En el momento en que un grupo de familias de la Comunidad se acercó a los uniformados para solici-tarles que se retiraran del lugar, el cual es propiedad privada y está debidamente señalizado con va-llas, el mando de la patrulla, enfurecido, ultrajó a los miembros de la Comunidad, alegando que “ellos pueden estar donde les dé la gana”, lo cual no tiene sustento alguno en la ley. El domingo 9 de marzo de 2014, hacia las 16:30 horas, un grupo de militares de la base militar de San José, que se encontraban atrincherados a la salida del caso urbano de San José, dispararon indiscrimi-nadamente contra JOHN GÓEZ, poblador de la vereda Arenas Altas. Varios proyectiles impactaron

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en la bestia que él montaba, la cual murió al instante. Este hecho se registró al frente del centro estu-diantil del casco urbano del poblado, a la vista de muchos testigos quienes hacían presencia allí. Afor-tunadamente el joven resultó ileso. Este grave hecho ha generado gran preocupación en los habitan-tes de la región, pues una vez más se evidencia el riesgo que representa para la población civil del corregimiento la presencia militar y policial en el centro poblado. El lunes 10 de marzo de 2014, en horas de la mañana, el campesino NORBEY SEPÚLVEDA, habitante de la vereda La Unión, fue perseguido por miembros del Ejército. Más tarde los militares lo contacta-ron por vía telefónica y le propusieron que trabajara con ellos como informante, chantaje muy común en los militares que hacen presencia en la zona, los cuales, sin tener facultades judiciales, inventan falsas órdenes de captura o cooptan a jueces amigos para que las emitan, haciendo creer a pobladores civiles que no participan en el conflicto armado que están acusados de “rebelión” o delitos similares, con el fin de amedrentarlos y convertirlos en informantes del Ejército. En la misma zona los militares preguntaron también por EUGENIO GUZMÁN y REINALDO AREIZA, quienes supuestamente es-tán en una lista de gente para asesinar. El lunes 24 de marzo de 2014, en horas de la mañana se escuchó la detonación de un artefacto junto al casco urbano de San José de Apartado, al parecer un grupo de militares detonaron el artefacto junto a los espacios de recreación y deporte en el casco urbano de San José. El jueves 26 de marzo de 2014, hacia las 16:00 horas, un grupo de militares entraron abusivamente a los espacios de la Comunidad en el asentamiento de San Josecito. A pesar de que se les pidió que se retiraran del lugar, amenazaron a los miembros de la Comunidad diciendo que ellos hacían lo que se les da la gana, que en vano ellos no cargaban el arma, que la autoridad son ellos y no una hp comu-nidad de paz. El sábado 28 de marzo de 2014, hacia las 14:00 horas, un grupo de militares detuvo a dos miembros de la Comunidad de Paz, al momento que buscaban algunas bestias en los espacios de cultivos de las familias de la Comunidad. Los uniformados amenazaron a los dos integrantes de la comunidad anunciándoles que si daban un paso más hacia adelante no respondían por sus vidas. La presencia militar en los espacios de trabajo de la Comunidad, no son otra cosa más que una forma de obstaculi-zar las labores de campo que cotidianamente realizan en los cultivos de pan coger y de subsistencia. En las últimas semanas de marzo de 2014 se percibió el movimiento de maquinaria y material, el cual tiene como fin la construcción de un mega-colegio escolar en el casco urbano de San José, proyecto dirigido desde el más alto nivel del Gobierno, sin tener en cuenta que dichas instalaciones se vienen construyendo justo al pie de la base militar. Cabe preguntarse hasta cuándo tanto cinismo? Hasta cuándo los niños y niñas, salones escolares y población civil seguirán siendo trincheras y escudos humanos por parte de la fuerza pública? De hecho el casco urbano de San José, la escuela, iglesias y centros de salud han sido campo de batalla para los distintos actores armados. Por esos mismos días la Comunidad de Paz se enteró de las amenazas de los paramilitares a una fa-milia de apellido MOLINA en la vereda Rodoxalí, vereda del corregimiento de San José, a quienes obligaron a venderles una finca propiedad de la familia. Bajo el terror y las amenazas los paramilita-res compraron dicha finca la cual tiene una extensión de aproximadamente 300 hectáreas, a plena vis-

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ta de las autoridades civiles y militares en la región, quienes no hacen absolutamente nada ante dicha situación. Dicha propiedad era del campesino Ismael Molina Correa quien perdió la vida el lunes 21 de enero de 2013, al pisar una mina en sitios donde constantemente los paramilitares acampaban. El lunes 14 de abril de 2014, la Comunidad de Paz, recibió comunicación fechada el 20 de febrero de 2014, en la cual el Coronel ERNESTO JOSÉ CORAL ROSERO de la Brigada XVII envía al Señor Coro-nel RAFAEL ÁVILA SALAS Jefe de Estado Mayor Séptima División, información que ha sido remiti-da por parte de la Fuerza Pública en diversas ocasiones a distintas comunidades que acompañan a la Comunidad en el país y otras partes del mundo: en dicha carta el Coronel de la Brigada XVII de for-ma irrespetuosa convierte a las víctimas en victimarios, al afirmar que el grupo de miembros de la Comunidad que acudió en solidaridad con Uber Areiza, les insultó y les rodeó al reclamar a Uber, registrando fotográficamente el hecho como abusivo según el Coronel. No es la primera vez que esto sucede; por más de 17 años la Comunidad ha padecido todo tipo de ultrajes, torturas o crímenes, y luego de víctimas los convierten en victimarios. El domingo 20 de abril de 2014, hacia las 11:30 horas, a la altura del kilómetro 40 entre la vía Tunja-Bucaramanga, fue interceptado el vehículo en el que se transportaba Arley Tuberquia, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, por una patrulla de la Policía. Al identificarlo como miem-bro de la Comunidad, lo insultaron e inclusive le cuestionaron el que estuviera transitando por dicho lugar; allí los uniformados lo trataron con palabras soeces argumentando que todos esos HP miem-bros de esa Comunidad de Paz, eran igualitos, una partida de hp guerrilleros que se camuflaban con los derechos humanos. El jueves 24 y viernes 25 de abril de 2014, se notó una fuerte presencia de paramilitares en las vere-das Las Claras, Murmullo Alto y Alto Joaquín pertenecientes al corregimiento la Osa del Municipio de Tierralta, Córdoba, y donde existen asentamientos de la Comunidad de Paz de San José de Apar-tadó. El miércoles 30 de abril de 2014, hacia las 7:30 horas fue detonado un artefacto explosivo en el casco urbano de San José al momento en el que las puertas de la escuela que allí funciona se iban a abrir. Al parecer dicha explosión fue detonada controladamente por la fuerza pública que hace presencia allí. No sin antes advertir que a pocos metros del lugar donde fue detonado el artefacto se encuentran las instalaciones de dicho centro educativo. En las últimas semanas de abril de 2014, los paramilitares, con aval de la fuerza pública e institucio-nes del Estado, vienen construyendo ilegalmente una carretera entre el casco urbano de Nuevo An-tioquia y las veredas Rodoxalí y La Hoz, pertenecientes al corregimiento de San José. Todo pasa desapercibido. Hace tan solo unas semanas que la Comunidad denunciaba que el paramilitarismo se está adueñando de las tierras en Rodoxalí y hoy hacen carreteras, todo bajo la protección y el bene-plácito de las autoridades. El martes 6 de mayo de 2014, hacia las 9:45 horas y posteriormente a las 9:55 horas, fueron detonados dos artefactos explosivos, el primero de ellos en el paraje de La Antena, junto a una base militar insta-lada ilegalmente allí, y el segundo en el casco urbano de San José de Apartadó. El miércoles 7 de mayo de 2014, fue visto un grupo de paramilitares encapuchados y portando armas largas en los alrededores del sitio Los Mandarinos, en dicha vereda fue asesinado un poblador.

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El viernes 9 de mayo de 2014, en el sitio conocido como El Barro, de la vereda Mulatos, perteneciente al corregimiento de San José, se presentó un enfrentamiento entre tropas del Ejército con guerrilleros de las FARC. El miércoles 14 de mayo de 2014, en la vereda Mulatos fue retenido ilegalmente por tropas del Ejérci-to un miembro de la Comunidad de Paz a quien quisieron obligar a dar información sobre el parade-ro de la guerrilla, pues, según los militares, la Comunidad tenía conocimientos de los movimientos de la guerrilla. Después de varios minutos y de insultos, lo dejaron en libertad. El viernes 16 de mayo de 2014, tropas del Ejército que han venido acampando en la vereda Buenos Aires, perteneciente al corregimiento de San José, se ubicaron en un predio de la Comunidad de Paz, en la vereda La Unión, junto a los cultivos de las familias de la comunidad. La presencia de los uni-formados ha causado espanto a los animales de corral que allí se tienen. De igual forma han prohibi-do que miembros de la Comunidad transiten por el lugar. El sábado 17 de mayo de 2014, hacia las 9:30 horas, se presentó un enfrentamiento entre tropas mili-tares adscritas a la Brigada Móvil 24 y las FARC en la vereda La Esperanza perteneciente al corregi-miento de San José. Los militares habían llegado minutos antes a la vivienda del campesino Teodoro López, la cual fue saqueada por ellos robando los animales de corral y otros enseres como víveres de supervivencia de la familia, destruyendo además la ropa de la familia. Los militares allí usaron la vi-vienda como trinchera y escudo, resultando al final la vivienda averiada por los proyectiles en el in-tercambio de disparos. Todo esto constituye un crimen de guerra claramente tipificado en el Derecho Internacional Humanitario. El martes 20 de mayo de 2014, en la vereda La Unión, fue retenido LUIS ARNOLDO DAVID, miem-bro de la Comunidad de Paz, por tropas del Ejército. Lo obligaron a tenderse en el suelo y lo sometie-ron a ultrajes físicos y psicológicos, acusándolo de ser un jefe guerrillero que operaba en el departa-mento de Córdoba. El miércoles 21 de mayo de 2014, hacia las 11:30 horas, en la vereda La Unión un grupo de miembros de la Comunidad de Paz, con acompañamiento internacional, se acercaron al grupo militar que viene haciendo presencia en cultivos de la Comunidad para exigirles que se retiraran de allí, ya que son lugares de trabajo de la Comunidad, además de ser propiedad privada. Los militares alegaron que estaban allí por órdenes de sus superiores, por lo que no harían caso al llamado de la Comunidad. Cuando se les pidió su identificación, la línea de mando y Brigada a la que pertenecen, respondieron que pertenecían a la Brigada Número 11 del Ejército Nacional, pero otro uniformado afirmó que eran de la Brigada XVII. Dicho comportamiento militar de engaño y mentira, que además ha sido rutinario a lo largo de las pasadas décadas, no es más que una forma de evadir su responsabilidad y sentar ba-ses para obstaculizar toda investigación penal, disciplinaria e internacional sobre sus crímenes y además violatoria de la Constitución y las leyes y adicionalmente un desacato reiterativo a la Senten-cia T-1025/07 de la Corte Constitucional. El jueves 22 de mayo de 2014, tropas del Ejército adscritas a la Brigada Móvil Número 24, hicieron presencia e irrumpieron arbitraria e ilegalmente en las viviendas de la Comunidad de Paz en la vere-da La Esperanza.

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El sábado 24 de mayo de 2014, hacia las 21:00 horas, se escucharon varios disparos en la base militar de San José. Hay que preguntarse si fueron disparos para amedrentar a la población civil en vísperas de las elecciones presidenciales? El viernes 30 de mayo de 2014, hacia las 01:20 horas, se registraron varios disparos con arma de largo alcance en inmediaciones del casco urbano de San José de Apartadó. Hace ya mucho tiempo que el caserío está sometido a una constante zozobra por tiroteos y explosiones continuas y muchos de sus pobladores están convencidos de que los disparos y los explosivos provienen de la fuerza pública allí acantonada, impulsada por el afán de justificar su presencia y su accionar violento en el lugar. El sábado 31 de mayo 2014, paramilitares que han hecho presencia en los últimos días en la vereda Murmullo, del corregimiento de Batata, fortín de los paramilitares, han amenazado a las familias de la Comunidad de Paz que habitan en las veredas Alto Joaquín, Las Claras, Naín o el Guineo y Puerto Nuevo, en el municipio de Tierralta, departamento de Córdoba, anunciando un exterminio total de la Comunidad de Paz, aduciendo que la maquinaria agrícola que la Comunidad ha venido adquiriendo para mantener los retornos colectivos que ha logrado, son maquinarias de la guerrilla y al servicio de esta agrupación insurgente. El lunes 2 de junio de 2014, hacia las 9:25 horas, fue detonado un artefacto explosivo, y una hora más tarde, exactamente a las 10:35 horas, fue detonado un segundo artefacto en el casco urbano de San José de Apartadó. El martes 3 de junio de 2014, hacia las 11:20 horas, fueron detonados dos artefactos explosivos en el casco urbano de San José, junto a los espacios e instalaciones de la escuela. En ese instante se realiza-ban jornadas estudiantiles en la escuela del poblado. El miércoles 4 de junio de 2014, miembros de la Comunidad de Paz se enteraron de cómo la fuerza pública, a través de una base instalada ilegalmente en el sitio conocido como La Antena, en el corre-gimiento de San José, han violentado los espacios de trabajo y producción de alimentos de cuatro fa-milias que habitan allí. Como verdaderos saqueadores, los militares han hurtado productos de las familias, han destruido potreros, cultivos de cacao, yuca, maíz y frijol, además de instalar artefactos explosivos en esos lugares, lo que ha impedido que las familias puedan salir a cultivar el campo. Desde mediados de junio del 2014 la estructura paramilitar que ha continuado activa en Batata (Tie-rralta, Córdoba) ha venido amenazado de muerte a WALTER CERPA, miembro de la Comunidad de Paz y su coordinador en la vereda Alto Joaquín en Tierralta, Córdoba. Allí los paramilitares han mos-trado una lista de personas para asesinar, entre ellas dos personas de la misma vereda. A Walter lo señalan de ser el responsable de coordinar con la guerrilla la utilización de maquinarias agrícolas, pero dichas maquinarias elementales para el sustento alimenticio son las que la Comunidad de Paz adquirió hace varios años para sostener los retornos comunitarios.

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El viernes 20 junio de 2014 se registraron varios disparos en la vereda de Arenas Bajas. Según in-formaciones de los campesinos de la zona, fue visto un grupo de paramilitares patrullando el área. El lunes 30 de junio de 2014 un grupo de militares ingresó al asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda La Esperanza, violando espacios privados y particularmente espacios de vida y de traba-jo de la Comunidad de Paz donde no debe permitirse la presencia de ningún arma. En el mes de junio de 2014 se produjo un relevo en la comandancia de la Brigada XVII del ejército con sede en Carepa, Antioquia, la cual ejerce jurisdicción militar sobre la mayor parte del territorio de la Comunidad de Paz. Fue designado como comandante el CORONEL GERMÁN ROJAS DÍAZ. Di-cho coronel había ejercido años antes como comandante del Batallón Voltígeros adscrito a esa briga-da. Todos sus delitos habían sido oportunamente documentados en el escritorio del Presidente San-tos: El jueves 3 de julio de 2014, hacia las 12:00 horas, el reconocido paramilitar OVIDIO TORRES AREI-ZA ingresó al asentamiento de San Josecito, propiedad privada de la Comunidad de Paz. Durante su paso por el asentamiento se le vio portando un arma corta. Ovidio, quien ha trabajado para la Briga-da XVII del Ejército, participó en el hurto del computador de la Comunidad de Paz el 30 de junio de 2006, comprobándose luego que había sido inducido a cometer dicho delito mediante ofertas moneta-rias por paramilitares vinculados a la Brigada, como Ovidio Cardona Borja y Elkin Tuberquia, quie-nes le transmitieron el interés de la Brigada en apoderarse del computador, ofreciendo una atractiva remuneración, quedando luego decepcionados al no encontrar allí nada de interés para la elaboración de sus montajes. El sábado 5 de julio de 2014, hacia las 5:30 horas, se registraron en San José de Apartado fuertes de-tonaciones de artefactos explosivos seguidas de al menos 30 minutos de disparos y ráfagas. En medio de esa balacera resultó en peligro la vida de un civil en el casco urbano del poblado, dado que un proyectil impactó junto a su cuerpo. El lunes 7 de julio de 2014, en el casco urbano de San José fue detonado un artefacto explosivo al pa-recer en forma controlada por los militares. Muchos pobladores del caserío aseguran que dichos ex-plosivos vienen siendo colocados por los mismos militares, pues en varias ocasiones los miembros del ejército han sido observados por los pobladores en momentos en que colocan los explosivos. Este mismo lunes 7 de julio un poblador de San José fue interceptado por un militar, quien en forma aira-da le anunció que hay un plan del ejército de comprar un terreno al Señor Jaime García para cons-truir una base militar en los linderos del asentamiento principal de la Comunidad de Paz en San Jose-cito, y que si el Señor García no les vende el lote, entonces será desterrado nuevamente de la región, pues ya en años anteriores había sido obligado a desplazarse. Afirmó el militar que ese terreno lo van a conseguir como sea. Efectivamente en los últimos meses los militares han estado presionando al reconocido campesino Jaime García, para que les venda tierras aledañas al asentamiento de San Jose-cito, de la Comunidad de Paz, para ampliar la base militar de San José.

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En el mes de julio de 2014 la Comunidad de Paz tuvo conocimiento de que El joven BUENAVEN-TURA HOYOS HERNÁNDEZ, beneficiario de las medidas cautelares MC-301-13 Colombia, a causa de haber sido forzadamente desaparecido el 31 de agosto de 2013 en la vereda La Hoz del corregi-miento de San José de Apartadó por miembros de un grupo armado ilegal que a todas luces actúa en connivencia y coordinación con la Brigada XVII del Ejército Nacional, había sido dejado en libertad de manera discreta y silenciosa, al parecer con graves traumatismos que lo han obligado a ocultarse en una zona rural lejana del sitio donde vivía y con temor a hablar con alguien que le pregunte sobre lo sucedido en el cautiverio. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó pudo verificar esta in-formación a través de parientes cercanos a Buenaventura, pero no ha podido acceder directamente a tomar su testimonio debido a su repulsa a referirse a su cautiverio, lo que evidencia graves trauma-tismos psíquicos y secuelas de temor dejadas por su desaparición forzada que se prolongó por mu-chos meses. Habiendo tenido la convicción de que sus victimarios actuaron en estrecha connivencia con el Ejército y habiendo puesto este crimen en conocimiento de las más altas autoridades del Esta-do, como el mismo Presidente de la República, a quien se le pidió de manera apremiante y repetidas veces ordenar a sus subordinados poner fin a la desaparición forzada e investigar y sancionar a los responsables, sin haber obtenido respuesta alguna del Jefe del Estado a pesar del prolongado período de desaparición, es evidente que el Estado se ha hecho responsable de una gravísima violación de la Convención Americana de Derechos Humanos y de múltiples tratados internacionales contra la desaparición forzada de personas y de respeto a los derechos humanos fundamentales y debe ser condenado por ello y obligado a sancionar a sus agentes responsables y a reparar los daños sufridos por la víctima, sus familiares y su comunidad y tomar medidas eficaces de no repetición, principal-mente mediante el desmonte de la estructura paramilitar que perpetró el crimen, la cual continúa en pleno control de la zona donde fue perpetrado el hecho y donde actualmente ejercen tal dominio de los pobladores que han construido una carretera y un conjunto de viviendas para reforzar los lazos de sumisión de los pobladores a su estructura criminal. El lunes 7 de julio del 2014, hacia las 9:00 horas, un grupo de militares se estacionó por varios minu-tos en la entrada al asentamiento de la Comunidad de Paz en San Josecito, espacio de vida y trabajo además de ser propiedad privada de la Comunidad. Cuando los miembros de la Comunidad se per-cataron de la presencia de los uniformados, la comunidad salió a pedirles que se retiraran de allí, uno de los uniformados quien en su prenda de vestir exhibía el apellido “ROJAS”, en forma descarada y abusiva trató a los miembros de la Comunidad de ser un actor armado igual que ellos, pues “ROJAS” se identificó como “miembro de la Comunidad de Paz” o como “igualito a los miembros de la Comunidad de Paz”. Además de ello, argumentó que estaba allí porque quería saludar a los acompañantes interna-cionales que estaban allí e intercambiar contactos. La Comunidad de Paz rechazó estas calificaciones del Ejército Nacional a la vez que les recordó que sus espacios privados consagrados en la Constitu-ción y la ley no son áreas de reuniones e intercambio de información con ningún actor armado como lo es la fuerza pública.

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El miércoles 9 de julio de 2014, hacia las 16:00 horas y por espacio de 2 horas, un grupo de militares ingresaron en forma irrespetuosa al asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda la Unión. A pesar de que los miembros de la Comunidad les pidieron que se retiraran del lugar ya que es propie-dad privada, los uniformados continuaron instalados en las casas. Al pedirles que se identificaran, unos decían que eran de la Brigada Móvil 24 y otros decían que eran de la Brigada Móvil 25. Después de la insistencia de que se retiraran de allí, pues estaban violando e irrespetando la propiedad priva-da consagrada en la Constitución, varios militares en forma grosera amenazaron que en cualquier momento regresarían con otros, ya que son habitantes de la región. Estas aseveraciones son un claro mensaje de que regresaran en cualquier momento conjuntamente con los paramilitares. El sábado 19 de julio de 2014, en la edición No. 285 impresa del periódico La Chiva de Urabá, el nuevo Comandante de la Brigada XVII del ejército, GERMÁN ROJAS DÍAZ, afirmó ´´vamos a hacer un tra-bajo especial en las veredas de San José de Apartadó, para recuperar algunos espacios que se habían perdido``. Según ROJAS, los espacios perdidos son los asentamientos de la Comunidad de Paz. Se entendió este mensaje como una clara manifestación de exterminio contra la Comunidad y su proce-so. Germán Rojas, quien en años anteriores fuera el comandante del Batallón Voltígeros, adscrito a la Brigada XVII, ha sido responsable de montajes y persecuciones contra miembros y líderes de la Co-munidad de Paz además de ofrecer jugosas recompensas para acabar la Comunidad. El domingo 20 de julio de 2014, hacia las 19:00 horas, un miembro del Consejo Interno de la Comu-nidad de Paz, quien se encontraba realizando algunas compras en un establecimiento público en el Terminal del Transporte de Apartadó, fue abordado por una persona vestida de civil, quien en forma airada dijo: ´´HP de gringos, ¿creen que van a estar todo el tiempo acompañándoles?``, luego proce-dió a patear la canasta que el miembro de la Comunidad de Paz llevaba para la compra de alimentos. El sujeto al salir del establecimiento dijo, ´´escolta``, refiriéndose al acompañante internacional. El lunes 21 de julio de 2014, hacia las 16:00 horas, en el centro poblado de Apartadó fue abordado un poblador de San José por un hombre de civil quien se identificó como miembro activo del Ejército Nacional y le manifestó que conocía a varios pobladores de San José, afirmando luego que: ´´a esa HP de Comunidad de Paz le llegó la hora; estamos coordinando con los paras el exterminio de esa HP Comunidad de Paz``. • El jueves 24 de julio de 2014, en horas de la mañana, en medios radiales locales, el Coronel GER-MAN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada XVII del ejército, manifestó públicamente que las me-didas Cautelares y Provisionales de la Comisión y de la Corte Interamericanas de Derechos Humanos cobijaban por igual a todo el Corregimiento de San José de Apartadó con sus 32 veredas que la componen, des-conociendo los hechos y las causas que llevaron a la comunidad internacional a exigir protección para quienes han sido víctimas de la fuerza pública y de sus brazos paramilitares durante más de 17 años, para evadir toda corrección y no repetición de la criminalidad patrocinada desde el Estado. Unos días antes el mismo Coronel ROJAS había declarado que el ejército tenía que recuperar unos espacios perdi-

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dos del corregimiento de San José, alusión que se entendió como supresión de la Comunidad de Paz que por principio ha decidido no convivir con actores armados. El sábado 25 de julio de 2014, se realizó en el paraje de La Victoria un gran despliegue de activida-des cívico militares por parte del Batallón Voltígeros, con el supuesto objetivo de celebrar el retorno de campesinos a la región, pero financiando el transporte de multitud de personas que no eran de la región. Todo daba a entender que dicho batallón impulsaba una propaganda política de respaldo po-pular, con dineros del erario público, para ocultar sus delitos contra otras franjas de la población. En las últimas semanas de julio de 2014, los paramilitares citaron a pobladores del corregimiento de San José para sostener reuniones con ellos en la vereda Rodoxalí. A pesar de las denuncias y constan-cias de la Comunidad de Paz, los paramilitares continúan en control total de la zona. Patrullan, obli-gan a la población civil a reunirse con ellos, y la fuerza pública les protege. El sábado 2 de agosto de 2014, hacia las 8:00 horas, y por espacio de una hora, en cabeceras de la ve-reda la Unión se registró un fuerte combate entre miembros de la Brigada Móvil 24 y guerrilleros de las FARC. En el cruce de disparos resultó muerta la civil YERY MAGALY MUÑOZ, menor de 18 años y madre de un niño de tan solo 1 año, quien el día 2 de agosto había salido desde su vivienda en la vereda Las Nieves con destino a San José, con el propósito de regresar al día siguiente. En dicho en-frentamiento también resultó un guerrillero muerto, al parecer este último fue ultimado con tiros de gracia según las evidencias recogidas en el sitio. Horas más tarde la familia de YERY MAGALY se presentó en el sitio y reconoció a la civil quien fue montada en el helicóptero en traje de civil, pero horas más tarde fue presentada como “guerrillera muerta en combate”, siguiendo todo el libreto del “falso positivo”. El enfrentamiento se registró en la propiedad de un miembro de la Comunidad de Paz, quedando la vivienda totalmente destruida por los impactos de los proyectiles disparados por el Ejército Nacional. Afortunadamente los propietarios no se encontraban allí. Ese mismo sábado 2 de agosto de 2014, el dueño del predio se acercó al lugar de los hechos, y fueron impedidos por tropas militares quienes no les permitieron llegar a su vivienda, argumentando que el área era insegura ya que había guerrilleros. Los uniformados además manifestaron que no tienen or-den para combatir a los paramilitares pues vienen coordinando un plan para la región. El domingo 3 de agosto de 2014, un grupo de miembros de la Comunidad de Paz, se dirigió a la vi-vienda donde se presentaron los combates el sábado 2 de agosto, para verificar que no hubieran da-ños contra enseres de la vivienda y contra los animales; al llegar a la vivienda en su interior se encon-traron restos óseos y dentales, y un baño de sangre por toda la vivienda de al menos uno de los muer-tos el día anterior. El lunes 4 de agosto de 2014, en varios medios locales radiales e impresos ha salido la noticia de la civil YERY MAGALY MUÑOZ como “guerrillera muerte en combates con el Ejército Nacional”. El miércoles 6 de agosto de 2014, hacia las 10:30 horas, en el centro poblado de Apartadó fue privada de la libertad la civil LUZ DENIS VALLE VALDERRAMA, de 35 años de edad y madre de 5 niños, por sujetos que se identificaron como funcionarios de la Fiscalía. Minutos más tarde un sujeto quien se hizo pasar como funcionario de la Fiscalía llamó vía telefónica, desde el móvil 3183257082, a la fa-milia de la retenida para informar de su retención. Los familiares de la detenida se acercaron a la De-

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fensoría del Pueblo en Apartadó para solicitar apoyo, a lo que la Defensoría se rehusó a prestar cual-quier ayuda, limitándose a enviar a los familiares a las oficinas de la Fiscalía y al Comando de Policía, sin hacer nada más al respeto; al llegar allí, ni en la Fiscalía ni en el Comando de la Policía reportaron el paradero de Luz Denis. Nuevamente se evidenció la inutilidad de una Defensoría que, en lugar de llamarse “Defensoría del Pueblo” debería llamarse “Defensoría de los Militares y de la Policía”, los cuales con sagacidad desaparecen a civiles. El domingo 10 de agosto de 2014, en el centro poblado de Apartadó, un poblador de San José fue in-terceptado por un hombre en traje civil, quien probablemente está integrado a las estructuras parami-litares de la zona, el cual le anunció que “tienen una lista de personas para judicializar”. El hombre aña-dió que todas estas acusaciones han sido confeccionadas por el desmovilizado LUIS ÁNGEL CEBA-LLOS, alias “Caballo”, quien asesinó a la profesora rural de la vereda Bellavista de San José de Apar-tadó, FABIOLA PEREA PEREA, el 17 de septiembre de 2012. En los días en que ocurrió dicho crimen (asesinato de la Profesora Perea), circuló en los medios y en los comentarios de toda la comarca, la versión según la cual la estructura responsable de la ejecución de la Profesora Perea, era la guerrilla de las FARC. No faltaron en aquel entonces explicaciones cohe-rentes, según las cuales, la profesora sería informante del ejército y tomaba fotografías a quienes ella consideraba colaboradores de la guerrilla para entregárselas al ejército. También cuando fue perpe-trada la masacre de Mulatos y La Resbalosa (21 de febrero de 2005) la Brigada XVII confeccionó una versión coherente para poder acusar a las FARC: Luis Eduardo Guerra, el líder histórico de la Comu-nidad de Paz, sería militante de las FARC y estaría pensando en desmovilizarse; por eso las FARC se habrían apresurado a asesinarlo antes de que se desmovilizara, para que no le revelara al Gobierno los secretos de dicha organización insurgente. Serían necesarios varios años y esperar a que las con-ciencias de muchos de los victimarios –militares y paramilitares- fueran acosadas por extremos re-mordimientos, para que la verdad saliera a la luz y se conocieran incluso los perversos esfuerzos de la Brigada XVII para confeccionar la monumental mentira. Uno de los falsos testigos reveló incluso có-mo el ex General Jaime Ernesto Canal, ya entonces Representante a la Cámara, preparó a los falsos testigos en los sótanos del edificio del Congreso para que sus mentiras tuvieran la apariencia de cohe-rencia durante el debate en la Comisión II de la Cámara. Grupos de congresistas estadounidenses y de magistrados europeos analizarían con lupa, años después, los laberintos de la mentira estatal y la sacarían plenamente a la luz para vergüenza del Estado colombiano. La historia se repite y ahora resulta que la profesora Fabiola Perea no fue asesinada por las FARC sino por un “desmovilizado” domiciliado en la Brigada XVII. Aterra pensar en la magnitud de los costos de la “desmovilización”. Cómo se destruye la conciencia de esas víctimas del chantaje y se hace de sus principios morales un trapo sucio para limpiar hediondeces y luego echarlo a la basura de la historia. Según las revelaciones del pasado domingo, a esa misma piltrafa moral la están utilizando para confeccionar acusaciones falsas contra muchas víctimas de montajes judiciales manejados por la Brigada. Nada ha cambiado en la Brigada XVII. Su podredumbre moral sigue intacta. En su larga trayectoria de más de 17 años, la Comunidad de Paz, y también el campesinado de su entorno geográfico y social, ha sido víctima de mentiras descomunales y continuadas por parte de las diversas ramas del Estado y del Establecimiento. Desde las experiencias directas de las tragedias su-

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fridas, que absolutamente nadie las puede falsificar o disfrazar ante quienes las sufrieron en su pro-pia vida, los integrantes de la Comunidad de Paz conocen de primera mano la mentira que se difun-de en las emisoras radiales, los periódicos y los canales televisivos locales, regionales y nacionales, cuando se refieren a sus propios sufrimientos. Conocen de primera mano las mentiras que redactan en la Brigada XVII y que le hacen firmar a los aterrorizados detenidos, chantajeados por torturas y sobornos, obligándolos a firmarlas y a ratificarlas en juzgados y tribunales para castigar con años de prisión a quienes rechazan las estrategias de sometimiento a los intereses militares. Conocen de pri-mera mano las mentiras descomunales de militares y policías para ocultar la responsabilidad de sus crímenes contra la población inocente. Conocen de primera mano las mentiras de los funcionarios administrativos y de los directorios políticos que buscan estigmatizar a quienes repudian sus campa-ñas y manejos inmorales del poder. Dentro de esa práctica invasiva de la mentira, en muchísimas ocasiones se ha comprobado que crímenes perpetrados por una fuerza se le atribuyen a otra fuerza. Valga recordar cómo, en 2005, una vez perpetrada la horrenda masacre contra líderes de la Comuni-dad y sus niños, en Mulatos y La Resbalosa, el Coronel Néstor Iván Duque le solicitó al capo narcopa-ramilitar alias “HH” una suma de dinero para trasladar a Bogotá a dos falsos testigos, con el fin de atribuirle la masacre a las FARC, y cómo se coordinó con el Vicepresidente Francisco Santos para venderle esa enorme mentira, con dichos falsos testigos, al Cuerpo Diplomático. Otras veces la men-tira toma la forma de ocultamiento y reserva. Valga recordar cómo los Presidentes Uribe y Santos, con sus Ministros de Defensa y cúpulas militares y policiales, han desacatado las órdenes de la Corte Constitucional que les obliga a entregar los nombres, códigos institucionales, líneas de mando y uni-dades de pertenencia de los miembros de la fuerza pública que hacían presencia en los sitios, días y horas en que fueron perpetrados los crímenes. Valga recordar también que cuando la Comunidad Internacional ha puesto en evidencia la responsabilidad del Estado en crímenes proscritos por el de-recho internacional, como la desaparición forzada de personas, el Gobierno se las arregla para dejar-los en libertad clandestinamente, silenciando con amenazas a las víctimas, pero sin tocar para nada a los responsables y dejando intactas y activas sus estructuras criminales. Así ocurrió en las últimas semanas y meses con el joven BUENAVENTURA HOYOS desaparecido de la vereda La Hoz el 31 de agosto de 2013. El lunes 11 de agosto de 2014, la comunidad fue enterada del paradero de LUZ DENIS VALLE VALDERRAMA, quien había sido desaparecida el pasado miércoles 6 de agosto por supuestos agen-tes de la Fiscalía. El procedimiento de detención fue completamente irregular y llevó a pensar en algo similar a lo que ocurrió con Buenaventura Hoyos el pasado mes de agosto (2013) en la vereda La Hoz. Ahora resulta que a Luz Denis la tienen detenida y procesada en Medellín. Si se tiene en cuenta la información recibida el domingo pasado, su caso debe obedecer a las acusaciones falsas del desmovi-lizado Ceballos, hoy atrapado entre las cadenas de odio que la Brigada profesa contra la Comunidad de Paz y la población campesina de su entorno, lo que le inspira sus sucios montajes judiciales, los que además violan el primer principio de una democracia que es la independencia de poderes. El po-der judicial de Urabá es un apéndice de la Brigada XVII frente a la cual no goza de ninguna indepen-dencia. Es el poder ejecutivo el que usurpa y manipula el poder judicial.

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El sábado 9 de agosto de 2014, hacia las 8:00 horas y por espacio de varios minutos se presentó un fuerte combate entre tropas del Ejército Nacional y Guerrilleros de las FARC, en el casco urbano de San José de Apartadó, colocando en riesgo a la población civil de dicho poblado. El miércoles 13 de agosto de 2014, hacia las 12:00 horas y por espacio de una hora se presentó un nuevo enfrentamiento entre tropas del Ejército Nacional y Guerrilleros de las FARC, en el casco ur-bano de San José de Apartadó. En medio del fuego cruzado las actividades escolares se cancelaron y tanto estudiantes como profesores se vieron en la obligación de suspender la jornada escolar. Nue-vamente se coloca en grave riesgo no solo a la población civil sino además a todos los niños y maes-tros de la escuela en el casco Urbano de San José, la cual en varias ocasiones ha sido impactada por proyectiles de arma de fuego. El lunes 18 de agosto de 2014, hacia el medio día se escucharon varias ráfagas de fusil disparadas desde la Base Militar de San José de Apartadó. El miércoles 20 de agosto de 2014, un campesino de Rodoxalí fue amenazado por los paramilitares y obligado a vender su finca, pues según el argumento de los paramilitares, vienen comprando terre-nos en las veredas Rodoxalí y La Hoz, pertenecientes al Corregimiento de San José de Apartado, todo en coordinación con la Fuerza Pública. El jueves 21 de agosto de 2014, en horas de la tarde, tropas del Ejército Nacional adscritas a la Briga-da XI con sede en Montería, Córdoba, irrumpieron en un espacio de la Comunidad de Paz en la vere-da Bellavista, en el corregimiento de San José de Apartadó. A pesar de que miembros de la Comuni-dad les solicitaron que se retiraran del lugar, ya que estaban en una propiedad privada y que además la presencia de ellos colocaba en riesgo a los civiles, los militares alegaron que ellos podían estar don-de les diera la gana. El viernes 22 de agosto de 2014, hacia las 15:00 horas y por espacio de una hora se presentó un fuerte enfrentamiento entre tropas del Ejército Nacional y Guerrilleros de las FARC en la vereda Bellavista del corregimiento de San José de Apartadó, resultando varias viviendas, entre ellas de miembros de la Comunidad de Paz, afectadas por los impactos de los proyectiles disparados por los militares. También resultó una vaca muerta y otra herida, de igual forma una bestia fue impactada por un arte-facto explosivo lanzado por los militares que además afectó al señor Jesús David Correa al momento que la cabalgaba. De igual forma por espacio de dos horas fueron retenidos los civiles y pobladores reconocidos en la región: Jesús David Correa, Luis Adán Guerra George, Antonio Jiménez, Carlos Montoya, Roveiro García, José Apolinar Cataño y el niño Esteban Guerra Jiménez de 8 años, acusán-dolos de ser “guerrilleros HP”, a quienes no solo los maltrataron verbalmente sino además físicamen-te. Los Militares utilizaron la escuela y las viviendas de los civiles como trincheras, a pesar de que el jueves 21 de agosto del 2014 miembros de la Comunidad les habían solicitado que se retiraran del lugar ya que la presencia de ellos podía ocasionar riesgo a la población civil. Ese mismo viernes 22 de agosto de 2014, hacia las 16:00 horas, la Defensoría del Pueblo fue informa-da de los hechos y de la retención de los civiles, a lo que, como de costumbre, contestó que ya habían realizado las gestiones y que los civiles ya habían sido puestos en libertad por parte de los militares. Esta misma respuesta dieron los mandos de la Brigada XI del Ejercito Nacional, lo que a todas luces contradice la realidad. Las instituciones tanto militares como de la Defensoría del Pueblo se las arre-glan para confeccionar una misma versión contraria al sufrimiento de las víctimas civiles, protegien-

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do así con tal descaro a los victimarios. No es la primera vez que la Defensoría del Pueblo no sabe o no responde, aún algo más grave: se atreven a no hacer absolutamente nada por el campesinado víc-tima de las agresiones de los agentes del Estado, faltando a su objetivo esencial que les marca la Constitución. El viernes 22 de agosto de 2014, en el transcurso del día se vio sobrevolar dos avionetas escoltadas por dos helicópteros militares, las cuales estuvieron fumigando en las veredas Mulatos, La Resbalosa, La Esperanza y Las Nieves, allí, las fumigaciones cayeron sobre los cultivos de pan coger de las fami-lias que habitan dichas veredas, inclusive fueron afectados cultivos de pan coger de familias de la Comunidad de Paz, impidiendo de esta manera mantener a las familias, debilitando los retornos que se han logrado mantener. El sábado 23 de agosto de 2014, hacia las 7:00 horas, varios militares adscritos a la Brigada Móvil XI se acercaron a varias viviendas en la vereda Bellavista, allí amenazaron a ORLANDO GUISAO miembro de la Comunidad de Paz, argumentando que “era un pobre viejo que no se merecía ni un tiro en la cabeza”; de igual forma insultaron y amenazaron de muerte a JULIO GUISAO, miembro del Conse-jo Interno de la Comunidad de Paz. Ese mismo sábado 23 de agosto de 2014, en horas de la mañana, una comisión humanitaria de la Comunidad de Paz, con acompañamiento internacional, se trasladó a la vereda Bellavista perteneciente al corregimiento de San José de Apartadó, con el objeto de verificar la situación en la que se encontraban varias familias de la Comunidad de Paz y la población civil del entorno, confinadas desde el 22 de agosto de 2014 por parte de los militares quienes les impedían sa-lir o moverse de allí. Al llegar al sitio, se pudieron comprobar los impactos de bala en las viviendas, los cuales fueron disparados en forma indiscriminada por parte de los agentes del Estado, al igual que la muerte de una bestia, una vaca y otra más herida por impacto de bala. También se comprobó la muerte de otra vaca, la cual estaba siendo trasladada por los campesinos JOSÉ APOLINAR CA-TAÑO y ROVEIRO GARCÍA al momento en que fueron privados de la libertad, impidiendo soltar la res, la cual resultó ahorcada. El lunes 25 de agosto de 2014, hacia las 10:40 horas, se escucharon detonaciones en el casco urbano de San José. El desacato del Gobierno a las órdenes de las altas Cortes mantiene a la población del case-río en alto riesgo. Ni la Defensoría ni ninguna otra entidad del Estado han hecho presencia para eva-luar y verificar los daños ocasionados contra la población civil el pasado 22 de agosto de 2014 en la vereda Bellavista. Con ello se evidencia la ineptitud por parte de las instituciones Estatales. En la segunda semana de agosto de 2014, en el periódico EL HERALDO, de Apartadó, edición No. 521, el comandante de la Brigada XVII, Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, afirma haber instaura-do una demanda contra la Comunidad de Paz por “persecución” contra él. Además afirma que si la Comunidad de Paz lo ha denunciado, ello “obedece al miedo y al temor que tiene la Comunidad de Paz por el acercamiento que tengo con la población civil y algunos líderes; La Comunidad de Paz se siente temerosa de que vayan perdiendo la poca credibilidad que tienen hoy día ya que a nivel internacional y a nivel regional no creen en ellos”. En el mismo artículo afirma dicho Coronel que “Nunca la Comunidad de Paz y las Fuerza Pública podrán comer en el mismo plato”. También se refiere a la sentencia en la que se ordenaba a la fuerza pública expresar su desagravio a la familia de una niña de 3 años asesinada por el Ejército (sentencia que según Rojas Díaz el ejército cumplió) afirmando que “cuando en diciembre de 2013 el Ge-neral Rodríguez visitó la población para cumplir una sentencia y pedir perdón, los dejaron con las sillas vacías y

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le ordenaron a la comunidad no asistir al evento”. La realidad fue otra muy diferente: el ejército incumplió todas las fechas señaladas por el tribunal y acordadas por éste con la comunidad y desechó e hizo caso omiso de las recomendaciones de respeto a una Comunidad de Paz en la implementación de la ceremonia, y además fue a realizar la ceremonia, con gran despliegue militar, en un sitio donde no vivía la familia de la niña ni su comunidad. ¿Afán de evasión, engaño o ficción de acatamiento? El sábado 23 de agosto de 2014, en horas de la mañana, se registró un hostigamiento contra la base militar y la estación de policía ubicadas en el casco urbano de San José de Apartadó. No se entiende cómo es que el Estado actualmente construye un mega-colegio al pie de las instalaciones de la base militar de San José, poniendo en alto riesgo permanente y prácticamente utilizando como escudos, no sólo a la población del caserío sino que planea utilizar a los niños como carne de cañón. El desacato flagrante y pertinaz del alto Gobierno, al desobedecer las sentencias de las altas Cortes que obligan a no colocar bases militares ni estaciones de policía en medio de la población civil, sigue provocando tragedias. El lunes 25 de agosto de 2014, hacia las 15:09 horas, el campesino ARLEY CARTAGENA, habitante del centro urbano de San José, recibió un mensaje del móvil 3144676586 de un sujeto quien se identifi-có como un desmovilizado y que lo amenaza conminándolo a abandonar la región, pues de lo contra-rio será asesinado. El Coronel Germán Rojas lo había amenazado ya en 2009. Varios pobladores del corregimiento de San José, han manifestado que los soldados de la base militar de San José están ofre-ciendo 5 millones de pesos para que asesinen a Arley Cartagena. El martes 26 de agosto de 2014, tropas del ejército acamparon en la propiedad del campesino RUBÉN OQUENDO, junto a la vivienda de la familia, lo que motivó a la familia a pedirles que se retiraran del lugar porque el hecho de acampar ellos allí colocaba en inminente riesgo a los civiles; sin embargo los militares respondieron que no se moverían de allí y que ellos hacían lo que les diera la gana. En los informes que el ejército envía a los organismos intergubernamentales, afirma que a esos soldados les han dado numerosos cursos de derechos humanos e incluso referencian una cartilla con normas de respeto y buen trato a la Comunidad de Paz. (¿ficciones …. engaños?) El miércoles 27 de agosto de 2014, hacia las 17:00 horas y por espacio de varios minutos se presentó un combate entre tropas del ejército nacional y guerrilleros en la vereda la Cristalina, en la propiedad del campesino RUBÉN OQUENDO. Allí los militares se atrincheraron en la vivienda familiar colo-cando en alto riesgo a la familia que se encontraba en el interior de la casa. El lunes 1 de septiembre de 2014, hacia las 10:00 horas y por espacio de varios minutos se registró un hostigamiento a la base militar instalada en el sitio conocido como La Antena, en el corregimiento de San José de Apartadó. Ese mismo lunes 1 de septiembre de 2014, hacia las 12:20 horas, un sujeto quien se identificó como el “comandante MONTIEL” perteneciente a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), desde el móvil 3206557225 llamó a la pobladora ISABEL ZAPATA, habitante de la vereda El Cuchillo, en el corregi-miento de San José de Apartadó, quien al momento se encontraba en el centro poblado de Apartadó, amenazándola de muerte. Ante esta situación miembros de la Comunidad de Paz se trasladaron a la ciudad para recogerla y proteger su vida. Cuando ella ya se encontraba en un sitio seguro, recibió una llamada del móvil 3126133304 de “alias MONTIEL, quien le manifestó que ya sabía dónde estaba

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y que no se preocupara que ellos sabían donde vivía, que habían decidido asesinarla o si se escapaba, asesinarían a sus seres queridos. Ese mismo lunes 1 de septiembre del 2014, hacia las 15:00 horas, un miembro de la Comunidad de Paz fue abordado por un sujeto quien le manifestó que ya sabían que esa HP de Comunidad de Paz había recogido a una persona a quien tenían planeado asesinar, pero que ella no se escaparía, que lo tenían todo planeado, que en la misma vía estaba el ejército para protegerlos a ellos. Más tarde se ve-rificó que efectivamente en el sitio conocido como La Balsa se encontraba una patrulla del ejército. El martes 2 de septiembre de 2014, un poblador de la vereda Arenas Altas recibió una llamada de alguien que inicialmente se presentó como un guerrillero, para ordenarle participar en una reunión con todos los líderes de la región en San José de Apartadó. Al ver que el campesino no le obedeció, se presentó como un Fiscal, y por último como un paramilitar, anunciando que debían colaborar con ellos a las buenas o a las malas; que todo ya estaba acordado: o la población colabora o se tienen que ir o se mueren. El miércoles 3 de septiembre de 2014, fue asesinado con arma de fuego JUAN CARDONA, poblador de la vereda Arenas Bajas, de aproximadamente 22 años de edad, al parecer a manos de las FARC. Cardona era un desertor de la guerrilla y había estado domiciliado en los cuarteles de la Brigada XVII del ejército en Carepa, Antioquia. El jueves 4 de septiembre de 2014, un campesino habitante de la vereda La Unión recibió una lla-mada de un sujeto quien lo conminó a colaborar con la gestión de reuniones en San José de Apartadó donde los paramilitares iban a dar orientaciones a la población de la zona. El jueves 4 de septiembre de 2014, el Comandante de la Brigada XVII del ejército remitió una carta a la Red Italiana de Solidaridad, en respuesta a la Acción Urgente que la Red dirigió a autoridades co-lombianas en el mes de agosto. El Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ afirma allí conocer las sentencias de la Corte Interamericana y de la Corte Constitucional que han exigido la protección de la Comuni-dad de Paz, sin embargo tal conocimiento no lo demuestra en la práctica, pues todas esas sentencias son desacatadas y pisoteadas en la cotidianidad. También afirma el Coronel Rojas que las tropas ha-cen presencia en el territorio para garantizar los derechos humanos y que dichas tropas han sido ca-pacitadas en el respeto a los derechos humanos, afirmación que no va más allá del papel de su carta, pues tanto la Presidencia de la República como todos los órganos de control del Estado y las organi-zaciones intergubernamentales del orden regional e internacional están inundadas de denuncias de crímenes horrendos perpetradas por las tropas de la Brigada XVII y sus brazos paramilitares. A ren-glón seguido se atreve a afirmar que él mismo tiene una “carrera militar intachable”. Lamentablemente los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y las violaciones más graves a los derechos y la dignidad humana no “tachan” ni “mancillan” las hojas de vida de los militares colombianos. Cuán-tos oficiales de alta graduación arrastran en sus hojas de vida centenares de ejecuciones extrajudicia-les de inocentes (los llamados “falsos positivos”), desapariciones forzadas, torturas, violaciones, des-trucción de aldeas enteras, montajes judiciales, participación en genocidios de movimientos sociales, bombardeos indiscriminados, quemas de cultivos y viviendas, robos de elementos de subsistencia de los pobres, etc. , pero nada de eso les “mancha” sus hojas de vida sino que les merecen felicitaciones, condecoraciones y ascensos, como al mismo Coronel Rojas, quien luego de utilizar los más sucios chantajes para buscar destruir la Comunidad de Paz (en 2009) fue luego ascendido por sus superio-

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res. Por ello, aunque lo afirme a renglón seguido, si el ejército es la institución de “mayor credibilidad”, es sólo gracias a campañas mediáticas de lavado de cerebros, como lo muestra magistralmente el vi-deo “Apuntando al Corazón”. Si el Coronel quiere justificar la detención de Luz Denis Valderrama, afirmando que fue la Fiscalía la que la perpetró, hay que invitarlo a examinar cuántos montajes infa-mes ha realizado la Fiscalía en Urabá, muchísimos de ellos minuciosamente documentados en tribu-nales internacionales. Y que no vuelva a decir que el poder judicial en Urabá es “independiente” de la Brigada; han sido documentado numerosísimos casos en que fiscales, jueces, magistrados e incluso defensores, sólo obedecen órdenes de la Brigada al realizar montajes que no resisten el más mínimo análisis legal. Tampoco puede afirmar el Coronel que el ejército “no tiene territorio vedado”, pues tanto la Constitución como las leyes les señalan las condiciones y circunstancias concretas en que pueden ingresar a propiedades privadas, las cuales ellos siempre violan. Se queja el Coronel Rojas de que la Comunidad haya interpretado sus declaraciones del 19 de julio en el periódico La Chiva de Urabá, cuando habló de “recuperar espacios perdidos”, como un nuevo atentado contra la Comunidad de Paz. Pero ¿cómo no las iba a interpretar así cuando tenía en la me-moria sus objetivos confesos en 2009 de “destruir la Comunidad de Paz”? Algo similar hay que decir de su protesta por haberle creído a un hombre vestido de civil quien se presentó como militar y que el 21 de julio pasado anunció que iban a exterminar la Comunidad. ¿Acaso esto mismo no lo han repetido hasta la saciedad los uniformados de la Brigada XVII en sus incursiones en las veredas, así como sus brazos paramilitares, y acaso el mismo Coronel no lo había explicitado así en 2009? Si él quiere que todas estas denuncias se lleven ante instituciones del Estado con elementos probatorios, se puede preguntarle con sobrada razón: ¿para qué? Acaso ignora el Coronel que hace años, cuando se hacía eso porque se creía en la justicia, no se comprobó que eso lo pedían para poder matar a los denun-ciantes y testigos, o para obligarlos a desplazarse por amenazas? ¿Ignora el Coronel que los millares de crímenes perpetrados por la fuerza pública contra la Comunidad están en absoluta impunidad? ¿Para qué sirve denunciar? ¿Ignora el Coronel que ningún operador de justicia ha ido a la Brigada a preguntar qué oficiales, suboficiales o soldados estaban presentes en los sitios, fechas y horas en que fueron perpetrados los crímenes, e ignora, además, que la Sentencia T-1025/07 de la Corte Constitu-cional le ordena al Ministerio de Defensa y a la Brigada entregar esos nombres a los peticionarios y que no lo han hecho, desacatando durante ya 7 años a la más alta Corte del Estado? ¿Y sin embargo se atreven a decir que “cumplen la ley” y que en Colombia existe “un Estado de Derecho”? El sábado 6 de septiembre de 2014, a las 9:00 horas y hasta las 10:00 horas se presentó un fuerte hos-tigamiento contra las bases de policía y del ejército en San José. Dicho enfrentamiento interrumpió las jornadas de clases que se desarrollaban en el casco urbano. Ya estos enfrentamientos o detonaciones de explosivos que siembran el pánico en los habitantes del pequeño poblado se han vuelto más que rutinarios. El gobierno sigue desacatando las órdenes de la Corte Constitucional y del Consejo de Es-tado en varias de sus sentencias que prohíben ubicar las bases en medio de la población civil. Cada día es más evidente que la fuerza pública no busca proteger a la población civil sino tomar a la pobla-ción civil como escudo en los ataques que les hace la guerrilla, ataques que son incentivados por la misma presencia militar y policial en el lugar, la que atrae a su enemigo bélico para desatar enfren-tamientos. La tesis de las altas Cortes es que el Gobierno no tiene derecho alguno, por el contrario, le

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está categóricamente prohibido, crear riesgos sobrevinientes a la población civil. A todas luces es un gobierno que pisotea la Constitución y la Ley. El domingo 7 de septiembre de 2014, hacia las 4:00 horas, un grupo de militares de la base militar de San José, se instalaron en la vivienda de Isabel Zapata en la vereda El Cuchillo del corregimiento de San José. Durante varios minutos la estuvieron llamando e insistiéndole que saliera. Los uniformados permanecieron allí por espacio de tres horas, intentando realizar un empadronamiento de los mora-dores de dicha vivienda. A pesar de ser orgánicos del Estado, desacataron de manera flagrante los preceptos de la Corte Constitucional que prohíbe los empadronamientos. El lunes 8 de septiembre de 2014, hacia las 5:30 horas, nuevamente un grupo de militares irrumpió en la vivienda de Isabel Zapata, exigiéndole dar los nombres de todos los moradores de su casa, vio-lando de manera contumaz los preceptos constitucionales. El martes 9 de septiembre de 2014, hacia las 5:00 horas, efectivos de la base militar de San José hicie-ron presencia nuevamente en la vivienda de Isabel Zapata tratando de forzarla a dar información de todos sus parientes que residen en la vivienda. Más tarde los uniformados se atrincheraron en los cultivos de cacao de la familia, impidiendo de esta manera las labores de campo. Isabel, había sido amenazada de muerte por parte de los paramilitares el pasado lunes 1 de septiembre de 2014. Ahora los militares han continuado el asedio en su contra, de manera coordinada con los paramilitares quienes afirmaron que habían decidido asesinarla. El jueves 11 de septiembre de 2014, un reconocido paramilitar de Nuevo Antioquia le anunció a va-rios pobladores de la región que próximamente vendría una avanzada militar-paramilitar a la zona, ya que el objetivo es continuar la construcción de la carretera que va del poblado de Nuevo Antioquia a la vereda La Esperanza, la cual ya está construida hasta la vereda Playa Larga. Según él, eso les permitirá controlar más la región, socialmente, económicamente, políticamente y mili-tar/paramilitarmente. El viernes 12 de septiembre de 2014 varios delegados de la Comunidad de Paz se trasladaron a Bo-gotá para participar en una reunión con algunas instituciones del Estado, como también lo habían hecho el pasado 6 de junio. Atendiendo la invitación de una mediación internacional, el Gobierno había manifestado interés en dialogar en forma directa con la Comunidad “in situ”, pero dado que aún no se ha cumplido ninguna de las condiciones que la Comunidad puso desde 2005 para restable-cer la interlocución con el Estado, sólo se aceptó tener un breve encuentro entre delegados en Bogotá para plantear posiciones básicas. A la reunión de junio acudió un delegado de la Presidencia, uno del Ministerio de Defensa y dos del Ministerio del Interior. La presión de las entidades del Gobierno se centró en dejar atrás lo sucedido en el pasado y restablecer, sin condiciones, canales de comunicación permanentes con el gobierno, al tiempo que el Ministerio de Defensa continuaba cerrado a dar expli-caciones de los crímenes y negando de manera intransigente el acatamiento a peticiones que se fun-damentan en órdenes de la Corte Constitucional. En la reunión del 12 de septiembre, llevada a cabo en la Fiscalía, participó nuevamente el Ministerio de Defensa y la Unidad de Asuntos Constituciona-les de la Fiscalía. La petición persistente de la Comunidad, exigiendo explicaciones sobre por qué no hay acatamiento por parte de las entidades del Estado a las órdenes de la Corte Constitucional y por qué el Auto 164/12 de dicha Corte había quedado sin cumplirse, quedó sin respuesta alguna. Se vol-vió a lugares comunes y no se presentó ninguna solución a la permanente agresión del Estado, prin-

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cipalmente de la fuerza pública, muchos de cuyos últimos episodios fueron ampliamente relatados allí. Además ninguno de los delegados del Estado tenía poder alguno de decisión y ninguno de ellos presentó argumento alguno que demostrara que existe en la realidad, y no sólo en la teoría, un “Esta-do de Derecho”. El lunes 15 de septiembre de 2014, tropas militares desembarcaron en la vereda El Porvenir del co-rregimiento de San José, allí los uniformados amenazaron al propietario del terreno con desplazarlo de la zona ya que esos terrenos “pertenecen al Estado” según los militares. Dijeron que tienen planeado construir una base militar allí, por encima de quien sea. Desde el lunes 15 al jueves 18 de septiembre de 2014, efectivos de la base militar de San José vienen haciendo presencia nuevamente en la vivienda de la civil Isabel Zapata, en la vereda El Cuchillo de San José de Apartadó. Han intentado de manera persistente realizar un empadronamiento ilegal y continúan con un hostigamiento infame contra dicha familia en estrecha coordinación con los parami-litares que buscan asesinarla. El miércoles 17 de septiembre de 2014, hacia las 7:00 horas y por espacio de varios minutos, tropas del ejército se ubicaron a la entrada del asentamiento central de San Josecito, sobre la vía que conduce desde Apartadó a San José. Familias de la Comunidad de Paz procedieron a solicitarles que se retira-ran, pues ese no es el lugar indicado para permanecer, ya que es lugar de vivienda y trabajo de una Comunidad de Paz que tiene por principio no convivir con actores armados, principio plenamente legitimado en la Constitución Nacional, a lo que el CABO TERCERO SALAZAR, al mando de la tro-pa, respondió que la presencia de ellos obedecía a una orden de sus superiores de prestar seguridad a otro personal que iba a transitar por el lugar. Dicha respuesta, analizada en el contexto, estaba signifi-cando que, en el trayecto de 12 kilómetros que separan a San José de Apartadó, el único sitio donde los personajes que iban a llegar correrían riesgos, sería frente a la Comunidad de Paz; no los correrían por ejemplo en Tierra Amarilla, nido paramilitar donde numerosos integrantes de la Comunidad han sido asesinados, desaparecidos y atacados con armas de fuego; se confirma así que la fuerza pública allí se siente segura y sólo se siente insegura donde la población ha proclamado públicamente no transigir con la violencia. Es un incidente profundamente revelador. En los últimos días de septiembre la Comunidad de Paz ha sido informada sobre un montaje realiza-do por la Brigada XVII del Ejército Nacional, consistente en un video en el que se muestran cantida-des de camiones que salen de la Comunidad de Paz cargados de cacao rumbo al mercado internacio-nal. No se sabe cómo se las han arreglado para filmar tantos camiones y acomodar sus imágenes en la ficción. Tratan de mostrar que la Comunidad está concentrando la atención de inversiones y capitales extranjeros en la zona y que además lo está haciendo en forma ilegal. No es la primera vez que la Bri-gada XVII confecciona montajes infames contra la Comunidad de Paz. En sus cuarteles se han redac-tado numerosas falsas denuncias contra integrantes de la Comunidad, contra la Comunidad como tal y contra muchos campesinos de su entorno, apoyadas en testigos sobornados, torturados o chanta-jeados e incluso haciéndole firmar papeles a prisioneros llevados allí ilegalmente e invitados a firmar

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lo que no conocen para poder gozar de libertad. Todo esto se ha documentado ampliamente ante tri-bunales internacionales. Ahora recurren nuevamente al montaje para calumniar a la Comunidad. El montaje ha sido la especialidad del Coronel Germán Rojas Díaz, nombrado hace pocos meses como comandante de dicha brigada, pasando por encima de todos los crímenes que él perpetró en el pasa-do. El jueves 18 de septiembre de 2014, hacia las 10:00 horas, dos hombres y una mujer ingresaron sor-presivamente y sin previa autorización al asentamiento de la Comunidad de Paz en San Josecito, su-puestamente con el propósito de entrevistar a los miembros de la Comunidad, argumentando que existía una compañía extranjera que compra el cacao a la Comunidad y que a la vez envía muchísimos recursos para apoyar a la Comunidad en sus proyectos; decían que su presen-cia en la Comunidad de Paz era parte de una misión encomendada a ellos por parte de la entidad que comercializa el cacao de la Comunidad y de varias ONG europeas. Con la presencia de estos supues-tos periodistas se confirma la estrategia de difamación contra la Comunidad que viene haciendo la Brigada XVII del ejército, cuna del crimen en Urabá. El viernes 19 de septiembre de 2014, militares adscritos a la Brigada XVII del ejército nacional estu-vieron en varias viviendas de la vereda El Cuchillo del corregimiento de San José, realizando empa-dronamiento ilegal a las familias que habitan allí. No vale que la misma Corte Constitucional les prohíba tal ejercicio, pues la fuerza pública se divierte pisoteando la Constitución y la Ley. El lunes 22 de septiembre de 2014, un habitante del casco Urbano de San José fue abordado por un militar perteneciente a la base militar de San José informándole que la fuerza pública viene realizan-do un seguimiento a los terrenos que son propiedad de la Comunidad de Paz, con el objetivo de “des-terrar a esos HP de guerrilleros que se hacen pasar por Comunidad de Paz”. El viernes 26 de septiembre de 2014, en horas de la mañana, una camioneta en la que se movilizaban dos hombres y una mujer, se estacionó frente al asentamiento de la Comunidad de Paz en San Joseci-to; los ocupantes del vehículo manifestaron que venían a realizar un censo a la Comunidad y que para ello necesitaban investigar qué tierras pertenecían a la Comunidad y qué tipo de cultivos tenía la Comunidad. Miembros de la comunidad les respondieron que la comunidad no suministraba esa clase de información y que además esas indagaciones tenían una gran relación con los últimos hechos que se han generado contra la Comunidad desde la Brigada XVII. Este mismo viernes 26 de septiembre de 2014, tropas del ejército instaladas en la salida de San José hacia la vereda Buenos Aires, por varios minutos intentaron impedir el paso de Jesús Emilio Tuber-quia, miembro del Consejo Interno de nuestra Comunidad de Paz. El mismo viernes 26 de septiembre de 2014, hacia las 16:40 horas, el ejército bombardeó espacios de población civil en la vereda La Resbalosita de San José de Apartadó, afectando gravemente la vivien-da de un campesino de nombre Francisco, la cual quedó destruida. Los explosivos mataron a una de sus vacas. La familia escapó de la muerte por estar en esos momentos fuera de la casa.

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El martes 30 de septiembre de 2014 un miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, quien se encontraba en la ciudad de Apartadó realizando algunas diligencias, fue perseguido por tres hom-bres en trajes civiles quienes lo siguieron hasta que entró a un establecimiento comercial donde llega-ron acompañantes internacionales a protegerlo. El viernes 10 de octubre de 2014, campesinos que habitan en varias veredas del corregimiento de Nuevo Antioquia (Turbo, Antioquia, colindante con San José de Apartadó), denunciaron ante inte-grantes de la Comunidad de Paz que los paramilitares los obligan a colaborar con ellos exigiéndoles suministrar informaciones relacionadas con el orden público en la región. También les han dejado claro que avanzarán en la construcción de la carretera entre Nuevo Antioquia y la vereda La Espe-ranza, obra que están adelantando los paramilitares con todo el respaldo de las instituciones del Es-tado, con miras a poder controlar mejor la región y aprovecharse de sus recursos. El mismo viernes 10 de octubre de 2014, Germán Graciano, integrante del Consejo Interno y Repre-sentante Legal de la Comunidad de Paz, mientras se encontraba en Apartadó realizando algunas dili-gencias fue abordado por miembros de la Policía, luego de observarlo y seguirlo durante un trayecto. El domingo 12 de octubre de 2014 un poblador de Nuevo Antioquia puso en conocimiento de la Co-munidad de Paz la situación que se está viviendo allí debido al estricto control que ejercen los para-militares en la zona: controlan especialmente el paso de personas desde Nuevo Antioquia a Rodoxalí y a los habitantes de de esta vereda les prohíben desplazarse a otras veredas, como La Hoz, sitio donde la Comunidad comprobó la existencia de dormitorios de paramilitares a pocos metros del campamento militar del Batallón Vélez y donde desaparecieron, en agosto de 2013, al joven Buena-ventura Hoyos y dieron muerte a varios pobladores, desplazando a muchos otros. El domingo 12 de octubre de 2014, en horas de la mañana, en la vereda Miramar, fueron retenidos los civiles Yhon Eider Florez Serna, de aproximadamente 22 años, y Albertano Florez, por tropas de la Brigada Móvil XI, acusándolos de ser guerrilleros. En horas de la tarde y después de 10 horas de estar retenidos, fue puesto en libertad Albertano Florez, después de severas acusaciones contra él, quedan-do retenido Yhon Eider Florez Serna. El lunes 13 de octubre de 2014, familiares del civil Yhon Eider Florez Serna, acudieron ante la tropa del ejército con los documentos del campesino para facilitar la liberación, sin embargo no lo dejaron en libertad. A pesar de que la Defensoría Regional estuvo informada del caso, no intervino, tampoco lo hizo la Personería Municipal, entidades previstas para defender a la gente de las arbitrariedades de los mismos agentes del Estado pero que, en vez de gestionar de intervenir directamente, sólo le pidie-ron a la familia fuera a hacer las gestiones. La Comunidad de Paz decidió enviar una Comisión Hu-manitaria para exigir la liberación inmediata del reconocido campesino Yhon Eider Flores Serna, quien a pesar de no ser miembro de la Comunidad de Paz, sí hace parte de la población civil de su entorno. En los últimos días, varias comunicaciones han sido remitidas desde la Gobernación de Antioquia a distintos grupos que acompañan a la Comunidad, argumentando que la relación con la comunidad ya mejoró y que además se ha acordado una agenda de trabajo entre el gobierno y la Comunidad, como producto de una reunión sostenida con la gobernación en diciembre de 2013. La comunidad manifiesta que dicha reunión fue acordada en diciembre de 2013 entre la Gobernación de Antioquia y Magistrados de la Corte Constitucional, con el fin de exigir la aparición con vida del joven Buenaven-

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tura Hoyos, desaparecido por militares y paramilitares en la vereda La Hoz de San José de Apartadó y de denunciar la presencia de paramilitares en esa zona. Sin embargo el Gobernador y su Secretario de Gobierno tomaron una posición evasiva, atribuyendo toda la responsabilidad del orden público a los militares, o sea, a los mismos victimarios, desmontándose de todas sus responsabilidades consti-tucionales. Recientemente el CORONEL GERMÁN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada XVII, viene remi-tiendo cartas de respuesta a los grupos solidarios con la Comunidad de Paz que protestan por todo lo que la Comunidad denuncia en constancias ante la humanidad, en relación a los últimos hechos de violencia de que es víctima. En dichas cartas el Coronel afirma que: “recibe diariamente denuncias contra las tropas militares sin explicar circunstancias de tiempo, modo y lugar… (…) realizando afirmaciones falsas que ponen en tela de juicio la honra e integridad de nuestros uniformados…”. Más adelante señala que “se evidencia que el ejército nacional está siendo estigmatizado por parte de la Comunidad de San José de Aparta-do…” y por último lanza nuevas estigmatizaciones contra la Comunidad afirmando: “En San José de Apartado hacen injerencia los frentes 5 y 58 de las FARC, grupo armado organizado al margen de la ley quien realiza amenazas, hostigamientos a propias tropas y población civil, narcotráfico, en general crímenes de lesa humanidad, y nunca se ha visto que la Comunidad de San José de Apartado y las ONG que los acompañan de-nuncien por estos hechos”. Dicho Coronel toma la misma posición del Procurador Ordóñez, para quien una denuncia que refiera fechas, nombres, horas, sitios, víctimas, circunstancias y victimarios, es una denuncia que “carece de información sobre tiempo, modo y lugar” y por tanto no merece ser atendi-da. Ambos son funcionarios que pertenecen al mismo Estado corrupto, encubridor, protector de los criminales que se cubren con etiquetas orgánicas del Estado, garantes de la impunidad de los críme-nes más horrendos contra la población civil indefensa. Nada se puede esperar de ellos. Desde la llegada del Coronel Rojas a la comandancia de la Brigada XVII la situación de riesgo de la Comunidad de Paz ha aumentado enormemente. Dicho Coronel en 2009 había sometido al más sucio chantaje a un miembro de la Comunidad para que le ayudara a destruir la Comunidad, o de lo con-trario le inventaría un proceso penal. Nadie entiende al Presidente Santos ni al Ministro de Defensa, quienes en lugar de destituir y sancionar ejemplarmente posiciones tan criminales, más bien ascien-den al delincuente a un cargo más alto. Esto es inaudito y merece el más enérgico repudio de la hu-manidad. Cuando el pasado mes de agosto, en su edición No 521 (segunda semana de agosto de 2014) el perió-dico EL HERALDO de Apartadó le publicó una entrevista al Coronel Rojas, éste afirmó que “La Co-munidad de Paz se siente temerosa de que vayan perdiendo la poca credibilidad que tienen hoy día ya que a nivel internacional y a nivel regional no creen en ellos”. En respuesta a estas afirmaciones, un gran número de organizaciones de la Unión Europea le envió un mensaje a la Directora del periódico El Heraldo, el pasado 29 de septiembre, en la cual afirman: “Asunto: La Comunidad de Paz de San José de Apartadó goza de absoluta credibilidad por parte de las organizaciones internacionales. Solicitud de rectificación de las opiniones del Coronel Rojas Díaz. Estimada Directora (María Hortensia Castro, El Heraldo, Apartadó, Colombia): Las organizaciones europeas que suscribimos esta comunicación expresamos nuestra contrariedad por las afirmaciones del Coronel Rojas Díaz, Comandante de la Brigada XVII, publicadas en el

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artículo “Denunciada la Comunidad de Paz de San José de Apartadó” del periódico de su propie-dad. (…) Concretamente las afirmaciones a las que nos referimos son: “La Comunidad de Paz se siente temerosa de que vayan perdiendo la poca credibilidad que tienen hoy día ya que a nivel inter-nacional, y a nivel regional no creen en ellos”. Le informamos que contrariamente a lo afirmado en el artículo, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó goza de absoluta credibilidad a nivel Internacional no solo porque las denuncias y constancias históricas que registran las violaciones de sus derechos siempre se han confirmado, pese a todas las trabas para ello, sino porque los miembros de la Comunidad son modelo de com-portamiento pacífico y no violento frente a los actores del conflicto. Hoy en día, la voz y el testimonio de la Comunidad de San José de Apartadó son referencia a nivel internacional y cuenta con el apoyo de innumerables organizaciones y personas de buena volun-tad que trabajan para que en Colombia el respeto de los Derechos Humanos sea una realidad. Prueba de ello fue la postulación de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó al premio Sa-kharov en el 2011, quienes quedaron en la terna final. Por ello, le solicitamos comedidamente que su periódico dé el mismo espacio a la voz de la Comu-nidad de Paz de San José de Apartadó y a las organizaciones o miembros del Parlamento Europeo que han y siguen apoyando la Comunidad para visibilizar las opiniones de los internacionales que, a diferencia de lo que afirma el Coronel, sí apoyan a la Comunidad de Paz. Igualmente, le agradecemos que esta comunicación sea publicada como parte de la rectificación. Organizaciones firmantes y adhesiones personales: AVI Onlus, Associazione Volontariato Insie-me, (Montebelluna, Italia) Caravana Internacional de Juristas (Grupo del Reino Unido) Centro per la Pace e la Nonviolenza “Rachel Corrie” (Ovada, Italia) Collettivo Progetto Rebeldia / Municipio dei beni comuni di Pisa (Pisa, Italia)Centro Immigrazione, Asilo, Cooperazione Internazionale di Parma e Provincia (Parma, Italia) Comité pour le respect des droits humains "DANIEL GILLARD" (Bruselas, Bélgica) EZA Fairer Handel Empresa del Comercio Justo de Austria(Köstendorf, Aus-tria) Internationaler Versöhnungsbund - österreichischer Zweig Fellowship of Reconciliation Aus-tria (Viena, Austria) Associazione Jambo, Commercio Equo e solidale ( Fidenza, Italia)Laboratorio Monteverde. Reti di Pace (Monteverde, Italia) LIBERA. Associazioni, nomi e numeri contro le ma-fie (Roma, Italia) Associazione Umanitaria ONLUS Medici contro la tortura (Roma, Ita-lia) Fundación Mundubat(San Sebastián – Donostia, España) Fondazione Neno Zanchetta(Lucca, Italia)Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción ColombiaOidhaco (Bruselas, Bélgica) Pachakuti (Gijón, España) Red Internacional de Derechos Humanos (Suiza) Adhesiones a título personal: Ettore Zerbino, Médico psiquiatra (Italia) Francesco Biagi – Investigador Ciencias Socia-les – Universidad de Pisa (Italia) Gaia Capogna, Defensora derechos humanos (Italia) Mauro Cas-tagnaro, Missione Oggimensile di approfondimento ed opinione dei Missionari Saveriani (Italia) Gianni Minà, Director revista LATINOAMERICA E TUTTI I SUD DEL MONDO (Italia) Giuseppe De Marzo, Libera. Responsable nacional Campagna Miseria Ladra, contro e povertà e l’esclusione sociale(Italia)Jürgen Klute, ex parlamentario Unión Europea grupo GUE/ NGL Alemania) Renata Ilari, Docente (Italia) Vittorio Agnoletto, ex parlamentario Unión Europea grupo GUE/NGL (Mi-lano, Italia)Viviana Vieira, Economista y Activista (Francia, Bélgica).

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El martes 14 de octubre de 2014, desde las 7:00 horas un grupo de familias de la Comunidad de Paz de alrededor de 100 personas, con acompañamiento internacional, se trasladó a la vereda Miramar del corregimiento de San José, para verificar la situación de varias familias campesinas de esa zona, debido a la presencia militar que ya llevaba varios días y que, según se había informado, estaba per-turbando profundamente la vida de los pobladores. Al llegar al sitio, se comprobó la presencia de efectivos de la Brigada Móvil No. 11, quienes han impedido el paso de los civiles hacia los cultivos y los caminos de tránsito cotidiano. Al preguntar por el mando de la tropa, no permitieron el acceso a él y además ninguno de los militares allí presentes quiso dar su nombre y prefirieron ocultar sus in-signias e identificación, violando así las leyes y normas que les obligan a identificarse y a mantener visibles sus nombres y grupos de pertenencia en su mismo uniforme. Lo que hicieron fue insultar a la comisión humanitaria y amenazarla con machetes y fusiles, agresiones que quedaron debidamente registradas. Desde el domingo 12 de octubre en horas de la mañana los militares habían privado de su libertad al joven YHON EIDER FLOREZ SERNA, de 22 años, quien hace un tiempo había sido sometido a una cirugía de cerebro y aún tenía problemas de recuperación mental, sometiéndolo a un permanente chantaje psicológico, afirmando que él era guerrillero, mostrándole fotografías de otras personas y afirmando que eran de él mismo, invitándolo a desmovilizarse y amenazándolo que si no aceptaba esa oferta de “desmovilización” tendría que estar 40 años en prisión. Abusaron criminalmente de su situación clínica manteniéndolo privado de su libertad sin ningún requisito legal, hasta que llegó la Comisión Humanitaria y pudo hablar con él a quien los militares ya habían vestido con camuflado militar y descubrir los infames chantajes a que estaba siendo sometido. Los militares aseguraban que él había aceptado “desmovilizarse”, mientras él refería que le ofrecían dinero si se declaraba guerri-llero y lo amenazaban con muchos años de prisión si no aceptaba declararse guerrillero. Integrantes de la Comunidad le pidieron a Yhon Eider que, si en realidad él militaba en la guerrilla, lo dijera cla-ramente, manifestando en qué frente había militado y cuál había sido su alias, para poder ayudarle de acuerdo a las normas legales, pero él negó rotundamente ser guerrillero y explicó las presiones extremas a que lo tenían sometido desde la privación de su libertad. Cuando el joven le insistió al CABO MOSQUERA que quería irse con su familia y su comunidad, los militares pidieron urgente-mente un helicóptero y se lo llevaron para la Brigada XVII, algo absolutamente ilegal, pues el ejército no tiene funciones judiciales, sometiéndolo allí a espurias “investigaciones”. Finalmente el miércoles 15 de octubre le dieron libertad, dejando acumulados más delitos en el haber de una Brigada que ha acumulado muchos millares de crímenes de lesa humanidad y frente a la cual las altas autoridades del Estado y el poder judicial sólo han demostrado el máximo de tolerancia y complicidad. El viernes 10 de octubre de 2014, en la vereda La Cristalina, perteneciente al corregimiento de San José, fue privado de la libertad por más de 10 horas el campesino APOLINAR CORREA por tropas militares, a quien amarraron a un árbol y lo acusaron de ser guerrillero. Usando el método de chanta-je contra el civil, trajeron a un soldado encapuchado para que acusara al campesino de ser guerrillero. Después de su cautiverio el cual duró más de 10 horas, fue puesto en libertad, no sin antes prohibirle realizar cualquier tipo de denuncia contra la tropa por esos hechos.

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En esta misma semana, varios campesinos y habitantes en la vereda La Cristalina, perteneciente al corregimiento de San José, fueron impedidos de transitar y realizar trabajos agrícolas en sus propios cultivos por tropas del ejército quienes obstruyeron el paso entre la vereda La Cristalina y Caño seco. El miércoles 22 de octubre de 2014, a través de medios radiales locales se conoció la información de la muerte de un guerrillero y de la captura de una menor, en combates registrados entre tropas del ejército y guerrilleros de las FARC en la vereda Miramar del corregimiento de San José de Apartadó. El viernes 24 de octubre de 2014, en horas de la mañana, en intervención radial, el Coronel Ernesto José Coral Rosero, comandante de la Brigada Móvil 11, calificó a la Comunidad de Paz de estar reclu-tando menores para la guerrilla. Dichos señalamientos y acusaciones infundadas no son más que una estrategia de estigmatización contra la Comunidad de Paz. El domingo 26 de octubre de 2014, en horas de la mañana, un grupo de campesinos del corregimien-to de San José de Apartadó, quienes no son miembros de la Comunidad de Paz, hicieron presencia frente al asentamiento de la Comunidad de Paz en San Josecito, con la pretensión de impedir el trán-sito de vehículos sobre la vía que conduce entre San José/Apartadó y Apartadó/San José, de tal forma que se evitara la realización de una jornada cívico militar en el casco urbano del mismo corregimiento programada por la Fuerza Pública e instituciones del Estado. Fue necesario que miembros de la Co-munidad de Paz salieran a pedir que, tanto los civiles que protestaban como a los militares que ha-cían presencia dentro de los espacios de la Comunidad, se retiraran y se ubicaran fuera de las vallas e insignias de la Comunidad. Los campesinos presentes en dicha protesta derribaron árboles sobre la carretera, además de ubicarse allí hasta las horas de la tarde y al finalizar el día abrieron paso vehicu-lar nuevamente. Si bien la protesta pacífica de los civiles estaba dirigida esencialmente con el objeto de solicitar a los distintos actores armados la no presencia en medio de la población civil y la no ma-nipulación de actividades cívicas con acciones militares, bloqueando la vía pública que impidió el acto cívico militar en San José, la Comunidad de Paz manifestó que las vías de hecho no son sus me-canismos propios para exigir el respeto a los derechos humanos y por ello no participó en la protesta, pero los militares sin embargo, opor los medios de comunicación, le atribuyeron la iniciativa a la Co-munidad de Paz, a pesar de que pobladores del caserío llamaron a los medios y explicaron que no era la Comunidad de Paz sino los pobladores del caserío quienes habían organizado la protesta. El sábado 25 de octubre de 2014 se registraron combates entre un grupo de las FARC y los Paramili-tares asentados desde hace tiempo en la hacienda La Marina, en cercanías del poblado de Nuevo An-tioquia, donde tienen un gran centro de operaciones. Nuevamente el territorio de San José es conver-tido por los actores armados en escenario de guerra y el paramilitarismo sigue siendo una realidad inocultable que desbarata los falsos discursos del Estado acerca de su “desaparición”. El lunes 27 de octubre de 2014, el Coronel GERMAN ROJAS, actual comandante de la Brigada XVII del Ejército Nacional, en declaración radial en emisora regional, responsabilizó a la Comunidad de Paz de los bloqueos realizados por campesinos de la región el domingo 26 de octubre, anunciando que acudirá a las autoridades competentes para judicializar a los responsables de estos hechos que el alto mando castrense de dicha Brigada calificó de “vandálicos”. De nuevo y como de costumbre, des-de la Brigada XVII del Ejército Nacional y desde el mismo Coronel Rojas salían acusaciones falsas contra la Comunidad, atribuyéndoles “bloqueos y actos vandálicos contra el resto de la población civil” su-puestamente como “represalia por la muerte recientemente de un guerrillero en la región”, además, hacien-

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do uso de esos micrófonos radiales, los cuales le hacen eco a sus infamias y calumnias, calificando el asentamiento de San Josecito como un “lugar arruinado”, “de muertos de hambre”, “que habitan en casas de madera en absoluta pobreza”. Tal vez no quiera ver el Señor Germán Rojas que si la Comunidad de Paz está en miseria y pobreza es responsabilidad de la Brigada XVII en unidad con el paramilitaris-mo, quienes han sido los mayores generadores de desplazamientos, bloqueos económicos, masacres, robos, hurtos, quema de viviendas, destrucción de cultivos, asesinatos y tantos crímenes que han puesto en detrimento las condiciones de vida en estos 18 años de Comunidad y de los cuales en gran parte el Coronel Rojas es responsable. El lunes 27 de octubre de 2014, en un programa de Caracol-Televisión internacional, el Coronel Germán Rojas Díaz, comandante de la Brigada XVII del Ejército, hizo nuevas acusaciones infames y falsas contra nuestra Comunidad de Paz, tratándonos de “guerrilleros” y de “bandidos”. Además acusó a las organizaciones nacionales e internacionales que acompañan a nuestra Comunidad de Paz como protectoras de la guerrilla. Al actuar así, dicho Coronel renovó las calumnias del Gobierno con-tra nuestra Comunidad, identificándose con el ex Presidente Uribe Vélez y anulando prácticamente la retractación hecha por el actual Presidente Juan Manuel Santos por orden de la Corte Constitucional el pasado 10 de diciembre. Aquí se perciben los efectos del desacato presidencial a las órdenes de la Corte Constitucional, pues la Corte le había ordenado al Presidente Santos que, al proferir la retracta-ción de las calumnias, estableciera un plan gubernamental de NO REPETICIÓN de esas infamias. Ahora uno de sus subordinados más directos anula prácticamente los efectos de la retractación e in-curre de nuevo en el crimen de CALUMNIA contra nuestra Comunidad, hecho que deberá conocer de nuevo la Corte Constitucional. El miércoles 29 de octubre de 2014, a través de un programa radial, el Coronel Germán Rojas Díaz, comandante de la Brigada XVII, consideró al Padre Jesuita Javier Giraldo, acompañante de nuestra Comunidad de Paz, como actor armado, al invitarlo a “desarmarse” y a ir a la brigada a conversar con él. El fundamento de su acusación, según se deduce de sus palabras, es que el sacerdote pudo pasar sin problemas a través de un bloqueo vial que los pobladores del caserío de San José y campesinos de la región hicieron el domingo 26 de octubre sobre la vía entre San José y Apartadó. La realidad es que el sacerdote debía viajar a Bogotá y los promotores del bloqueo entendieron su urgencia y lo dejaron pasar. El Coronel atribuyó además el bloqueo a la Comunidad de Paz, cuando en realidad era la pro-testa de los pobladores del centro urbano de San José y de otras veredas que se oponían a una jornada cívico militar anunciada por la Brigada para ese día, jornada que no tenía nada que ver con la Comu-nidad de Paz. Todo esto revela que la Brigada no busca informaciones objetivas sino que las constru-ye arbitrariamente en la medida de sus odios. También se revela aquí nítidamente la torpeza argu-mentativa y la irracionalidad discursiva de un militar que sólo busca difamar a quienes no callan sus delitos y exterminar a quienes no aceptan sus violencias. El miércoles 29 y el jueves 30 de octubre de 2014, un grupo de paramilitares en trajes civiles y por-tando armas de largo alcance, hicieron presencia en la vereda Playa Larga de San José de Apartadó, a escasa distancia del asentamiento de nuestra Comunidad de Paz en la vereda La Esperanza. Ya van multitud de incursiones paramilitares en este sitio, pero los reclamos al Gobierno no producen nin-gún efecto y tampoco el Gobierno corrige su falso discurso de desaparición del paramilitarismo.

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El viernes 31 de octubre de 2014, la Comunidad de Paz tuvo conocimiento de una distribución de panfletos que se viene haciendo en lugares precisos de la ciudad de Medellín, en los que se tilda a la Comunidad de “organización guerrillera”. No hay que hacer muchos análisis para descubrir los orí-genes de este tipo de lenguaje: es el típico lenguaje del ejército y de sus brazos paramilitares, utilizado sin descanso durante los 17 años que lleva de existencia la Comunidad de Paz. A nadie se le oculta, por otra parte, que el mecanismo constituye una estrategia represiva utilizada contra toda persona, grupo o movimiento inconforme con la injusticia. Tales han sido las recomendaciones de los asesores estadounidenses de todos los gobiernos colombianos y de todos los gobiernos latinoamericanos du-rante varias décadas. En efecto, acusar a los opositores o inconformes de estar en desacuerdo con la injusticia, en lugar de perjudicarlos, los elogia; por eso han decidido inventarles acusaciones de in-surgentes para colocarlos ficticiamente en un campo que las leyes vigentes consideran delictivo. El sábado 1° de noviembre de 2014, un poblador de la vereda Arenas Altas fue privado de su liber-tad por hombres fuertemente armados quienes se identificaron como integrantes de las AUTODE-FENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA y le dijeron que “esa h. p. comunidad de paz era una ma-nada de guerrilleros y que ya tenían luz verde para arreciar los ataques contra ella y exterminarla”. Se impone recordar que esa misma estrategia fue la manifestada por el Coronel Germán Rojas en 2009, cuando era comandante del Batallón Voltígeros y se valía de reconocidísimos paramilitares para que le ayudaran a convencer a miembros de la Comunidad de ayudarle a destruirla. Ahora que él es co-mandante de la Brigada, seguramente quiere llevar a cabo sus macabros y viejos planes. El domingo 2 de noviembre de 2014, hacia las 13:00 horas en la vereda Arenas Altas a 10 minutos de nuestro asentamiento de la Comunidad de Paz, por espacio de dos horas, un grupo de paramilitares fuertemente armados vestidos con prendas militares retuvieron a un poblador civil de nombre Juan, a quien amenazaron de muerte si informaba a alguien sobre la presencia de ellos allí, además de prohi-birle salir de la vivienda. Lo obligaron a sentarse y a entregar el machete que el campesino cargaba, conminándolo a trabajar con ellos y ofreciéndole jugosas sumas de dinero si aceptaba. El lunes 3 de noviembre de 2014, en horas de la mañana una delegación de aproximadamente 90 miembros de nuestra Comunidad de Paz y acompañantes internacionales, se trasladó hasta la vereda Arenas Altas con el fin de rescatar a dos adultos y 6 niños, los cuales desde el domingo 2 de noviem-bre se encontraban en situación de confinamiento y con amenazas de muerte de paramilitares contra la familia. Al llegar al sitio se evidenciaron las huellas y los cambuches donde acamparon los parami-litares, y se supo que se habían dirigido hacia el asentamiento de nuestra Comunidad de Paz en la vereda Arenas Altas. La delegación de la Comunidad logró evacuar a la familia y recuperar a una niña de 3 años, hija de una integrante de nuestra Comunidad, quien se encontraba en el sitio. El jueves 30 de octubre de 2014 resultó asesinado por impactos de bala el reconocido paramilitar APOLINAR GUERRA GEORGE en circunstancias aún desconocidas. La Comunidad había denun-ciado las torturas de que él fue víctima en la noche del 12 de marzo de 2004, en la Brigada XVII de Carepa, perpetradas directamente por el Coronel NÉSTOR IVÁN DUQUE, comandante en ese enton-ces del Batallón Bejarano Muñoz. Cuando el crimen fue conocido, el Coronel se valió del Procurador Provincial Orlando Alberto Tirado González para que le limpiara su hoja de vida y logró sobornar a los torturados para que declararan ante dicho procurador que las torturas no habían tenido lugar, prometiéndoles que compartiría con ellos los muchos millones de pesos que le arrancaría al Padre

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Javier Giraldo a quien demandaría por calumnia, por haber denunciado las torturas. Tanto Apolinar como su compañero de torturas, Elkin Darío Tuberquia, se dejaron sobornar y entraron a servirle a la brigada como paramilitares. Se les vio patrullando, uniformados, con tropas militares y paramilitares, perpetrando torturas incluso a niños y denunciando mediante declaraciones absolutamente falsas a cantidad de pobladores. En un momento dado, Apolinar se retractó ante la Fiscalía y confesó la ma-nera como se había dejado sobornar de su torturador y algunos de los crímenes que le había obligado a cometer, acusando a gente absolutamente inocente como chivos expiatorios. Sin embargo, más tar-de Apolinar regresó a sus andanzas paramilitares y no sabemos cómo fue su muerte. Nos entristece pensar que quizás haya seguido el libreto rutinario, según el cual, la gente utilizada por la brigada para cometer crímenes, cuando ya su vida y su conciencia se asemejan a un trapo sucio y nauseabun-do y han acumulado numerosas órdenes de captura, se deshacen de ellos asesinándolos. Así ocurrió con Wilmar Durango, asesinado el 14 de diciembre de 2005 por la misma brigada, después de pres-tarle numerosos servicios de increíble suciedad durante varios años. El viernes 31 y el sábado 1° de noviembre de 2014, JULIO GUISAO, miembro del Consejo Interno de nuestra Comunidad de Paz, recibió una llamada de un sujeto quien se identificó como un Subteniente de la Brigada Móvil No. 11 del Ejército Nacional, para invitarlo a él y a todos los miembros del Con-sejo Interno de la Comunidad de Paz a “desmovilizarse” y a “acogerse al plan de reinserción del gobierno nacional”. No se trata de una acusación aislada, concuerda perfectamente con las calumnias infames que en los últimos días el Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada XVII, ha lan-zado por los medios masivos de la región contra nuestra Comunidad de Paz, presentándola como un asentamiento de las FARC y a todas nuestras familias como casas de guerrilleros y a nuestra comuni-dad como una partida de “bandidos”, valiéndose de periodistas sin ética que se prestan para divulgar sus infames calumnias. El mismo viernes 31 de octubre de 2014, en el centro poblado de Apartadó, dos hombres en trajes civiles y portando armas cortas, siguieron a JULIO GUISAO, miembro del Consejo Interno de nuestra Comunidad de Paz, por lo cual él se vio obligado a refugiarse entre los transeúntes y a huir de la zo-na. El sábado 1° de noviembre de 2014, agentes de la fuerza pública, quienes hacen presencia en el case-río de San José de Apartadó, impidieron que se registrara la presencia de la fuerza pública en las vi-viendas de los pobladores del caserío, alegando que no se permitían fotografías. La Corte Constitu-cional ha afirmado reiteradamente que, desde las mismas normas que definen los uniformes de la fuerza pública, su identidad debe estar siempre al escrutinio de los ciudadanos y de ninguna manera pueden clandestinizarse, menos cuando están violando las leyes al ingresar a propiedades privadas sin autorización de autoridad judicial alguna, e impidiendo que las víctimas obtengan las pruebas contundentes de sus delitos. El martes 4 de noviembre de 2014 se confirmó la pérdida de un toro en la finca del Señor Hernán Guisao, de la vereda Arenas Altas, el cual estaba perdido desde el día 1 de noviembre. Se deduce que los paramilitares, quienes hicieron presencia en el sitio, lo sacrificaron para comérselo. El miércoles 5 de noviembre de 2014, nuestra Comunidad de Paz recibió un panfleto supuestamente firmado por líderes y empresarios de Urabá, distribuido en helicópteros en varios municipios de Urabá y por soldados en varios barrios de Medellín. Su texto reza: “NO MÁS BANDIDOS TERRO-

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RISTAS EN URABÁ! Gracias al programa TESTIGO DIRECTO del Canal Cable Noticias, emitido en los días 18 y 19 de octubre, quienes habitamos la Región de Urabá pudimos evidenciar las calum-nias e injurias que están orquestando hacia Nuestra Brigada 17, desde “La Comunidad de paz de San José de Apartadó” y las ONG’s que hacen presencia en la región y por mandato de los señores de La Habana. – Los líderes, empresarios y la comunidad URABAENSE, expresa su total e irrestricto apo-yo a la institucionalidad, especialmente a la gestión que viene adelantando nuestra brigada 17, al mando del Coronel Germán Rojas Díaz- TESTIGO DIRECTO”. El lenguaje mismo utilizado y la referencia a la sucia emisión televisada de “Testigo Directo” de Ca-racol Internacional, dirigida por un periodista sin ética y extremadamente manipulador, Rafael Pove-da, pero que quiso posar cínicamente de “neutral”, deja al desnudo esta estrategia de propaganda oficial para tapar crímenes. Cualquier similitud con las declaraciones radiales y televisadas del Coro-nel Germán Rojas en los últimos días, delata la autoría de quien ha querido vender nuestra imagen como de “bandidos y terroristas”. Una institución no necesita acreditarse en propagandas tan sucias sino en la limpieza de sus actuaciones; cuando no la hay, se recurre al oprobioso mercado de la men-tira apoyado en quienes tienen abundancia de dinero. Para el empresariado urabaense, cuya historia está tan manchada de desplazamientos, despojos, masacres, paramilitarismo y tráficos inmundos, como lo han relatado Mancuso, Veloza, Don Berna, El Alemán, Hazbún, los empresarios de Chiquita Brands y tantos otros en sus tardíos arrepentimientos, denunciar los horrores que destruyen a los po-bres es calumniar e injuriar a los victimarios y a los ricos. Siempre ha sido así y así lo siguen testimo-niando. Ojalá algún día aprendan a mirar de frente los millares de crímenes horrendos que con su propaganda espuria están tapando y legitimando. El jueves 6 de noviembre de 2014 se comprobó la presencia de un grupo de hombres fuertemente armados, con prendas militares de camuflado, en un predio de nuestra Comunidad de Paz ubicado entre las veredas La Unión y Arenas Altas, donde se ubican asentamientos de nuestra Comunidad de Paz. Los uniformados retuvieron a dos jóvenes de la Comunidad quienes iban a trabajar a sus parce-las, lo cual les impidieron; les quitaron sus machetes y sus celulares y revisaron minuciosamente los archivos de sus celulares, procedimientos todos absolutamente ilegales, amparados en la violencia de las armas. El mismo jueves 6 de noviembre de 2014, varios civiles en el poblado de Nuevo Antioquia (corregi-miento de Turbo lindante con San José de Apartadó y epicentro comercial de varias de nuestras vere-das) fueron abordados por reconocidos paramilitares del lugar quienes les mostraron fotografías de varios miembros del Consejo Interno de nuestra Comunidad de Paz y de la delegación de nuestra Comunidad que participó, el pasado 14 de octubre de 2014, en la peregrinación para exigir la libera-ción del joven Yhon Eider Florez, ilegalmente retenido por tropas del ejército de la Brigada Móvil 11, acusándolo falsamente de ser guerrillero. Esto evidencia una vez más la estrecha unidad de acción entre militares y paramilitares en la zona: se intercambian fotografías ilegalmente registradas, como materia prima de sus montajes, amenazas, desplazamientos y demás agresiones. El viernes 7 de noviembre de 2014, un grupo de militares ingresó abusivamente al asentamiento de nuestra Comunidad de Paz en La Unión, allí realizaron varios disparos con arma de fuego.

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Este mismo viernes 7 de noviembre de 2014, tropas militares que se estacionaron en el paraje de Pe-lahuevo en la vereda Arenas Altas impidieron que miembros de nuestra Comunidad de Paz realiza-ran labores agrícolas en cultivos comunitarios de cacao. · En las últimas semanas los paramilitares han seguido construyendo la carretera que desde Nue-vo Antioquia (jurisdicción de Turbo) se ha ido internando en veredas de San José de Apartadó: pasó por Rodoxalí, la hacienda La Marina en Playalarga, que es cuartel de los paramilitares y propiedad de su líder “Otoniel”, y ahora se está internando en la vereda La Esperanza donde hay un asentamiento de nuestra Comunidad de Paz. Aunque no cuente con resoluciones oficiales ni licencias pero sí con financiaciones de oscura procedencia, cuenta de todos modos con “la vista gorda” de todas las auto-ridades: alcaldes, gobernador, fuerza pública, oficinas de planeación, contraloría, procuraduría, fisca-lía, defensoría, autoridades todas que siempre le han otorgado el más efectivo aval –el de la omisión- a los paramilitares que han actuado a su amaño en la región. Se dice que hasta funcionarios de las dos alcaldías han estado presionando a los pobladores para que acepten y colaboren. · El jueves 6 de noviembre de 2014, en reunión sostenida entre instituciones del Estado y líderes del casco urbano de San José de Apartadó, tanto el Brigadier GENERAL LEONARDO PINTO MO-RALES, comandante de la Séptima División, como el Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada XVII, hicieron acusaciones falsas y calumniosas contra nuestra Comunidad de Paz. · El martes 25 de noviembre de 2014, hacia las 8:30 horas, fue retenido ilegalmente, por espacio de varios minutos, un miembro del Consejo Interno de nuestra Comunidad de Paz, mientras se en-contraba en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. La retención fue responsabilidad de efectivos de la Policía Nacional de la estación ubicada en la Terminal Sur de Transportes, al mando de la oficial KELLY CHAMORRO quien, al identificar a la víctima como miembro de la Comunidad de Paz lo señaló a él y a nuestra Comunidad como “manada de generadores de conflicto”. No queda duda de que existe, a nivel institucional, una campaña de difamación y estigmatización contra nuestra Comu-nidad. Ello prueba la podredumbre de nuestras instituciones, para las cuales pedir respeto a la digni-dad humana es “generar conflicto”. · Desde el sábado 6 al lunes 8 de diciembre de 2014, tropas del ejército se estacionaron en los cul-tivos de cacao de nuestra Comunidad en el asentamiento de La Unión, prohibiendo a los integrantes de la Comunidad realizar sus trabajos agrícolas cotidianos. Además derribaron varios árboles de ca-cao que son sustento de las familias de la Comunidad, lo que equivale a los crímenes de pillaje y de destrucción de los elementos de sobrevivencia de la población civil, contemplados en el DIH. El lunes 8 de diciembre miembros de nuestra Comunidad se acercaron a las tropas para exigirles se retiraran de ese lugar, propiedad privada de nuestra Comunidad, y reclamarles por la destrucción de los culti-vos de sustento de las familias. Los militares respondieron que no se retirarían del lugar. Sin embargo horas más tarde se retiraron.

2015 El jueves 8 de enero de 2015, hacia las 16:00 horas fue detenido el campesino OSCAR DE JESÚS BE-RRIO MARTÍNEZ de 65 años, por agentes de la SIJIN, en la Terminal de Transporte Municipal del

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centro poblado de Apartadó, y conducido de inmediato a la inspección de Policía de Apartadó priva-do de su libertad. El señor, Berrío hacía escasos 10 días había salido de un tratamiento médico de la clínica regional ya que padece una grave situación de salud compleja. El sábado 10 de enero de 2015, familiares del Señor Oscar Berrío se acercaron a la Defensoría Regio-nal para solicitar acompañamiento por parte de la Defensoría del Pueblo, la cual se negó a prestar cualquier tipo de acompañamiento alegando que no podían hacer absolutamente nada, y en tono grosero se abstuvieron de brindar cualquier tipo de apoyo al Señor Berrío, quien se encontraba pri-vado de la libertad con más de 48 horas sin que se definiera su situación o se practicara audiencia de legalización de captura, lo que se convirtió en una nueva detención ilegal e inhumana por parte de agentes del Estado. En las ultimas semanas de enero de 2015 se registró la presencia de los paramilitares armados reali-zando operaciones libremente por la vereda de Playa Larga, hacia la hacienda la Marina propiedad de los paramilitares de Nuevo Antioquia. Caminan por allí tranquilamente y anuncian que van a ad-quirir terrenos en las veredas La Esperanza, El Porvenir y Las Nieves, del corregimiento de San José. El lunes 2 de febrero de 2015, durante varias horas estuvieron estacionadas tropas militares en la es-cuela ubicada en el paraje de La Balsa, en la carretera que desde Apartadó conduce hasta San José. La presencia de la fuerza pública en las escuelas se convierte en una infracción al Derecho Internacional Humanitario por cuanto se está colocando en riesgo la vida de los niños y niñas de los centros escola-res. El martes 3 de febrero de 2015, la Comunidad de Paz obtuvo información de la puesta en libertad condicional del Señor Oscar Berrío Martínez, quien permaneció varios días detenido. A pesar de su condición de salud y su edad, no fue posible el acompañamiento por parte de la Defensoría del Pue-blo a este caso, como a muchos otros. La Defensoría se negó a realizar cualquier tipo de acompaña-miento y el propio defensor nombrado para asistirlo se negó a recibir y atender a la familia de la víc-tima. El miércoles 4 de febrero de 2015, paramilitares que operan en el casco urbano de Nuevo Antioquia abordaron a pobladores de la región, a los cuales les advirtieron que se tomarán las cosas en serio en relación a los habitantes miembros de la Comunidad de Paz, la cual no ha permitido la construcción de la carretera hasta la vereda la Esperanza. Anuncian que ellos tienen todo proyectado para la re-gión en materia de inversión social, militar y política pero que esa HP Comunidad de Paz no ha per-mitido dicho proyecto en los lugares donde tiene sus asentamientos y que eso causa dificultad en re-lación al resto de la población tal como está ocurriendo en La Esperanza. El jueves 5 de febrero de 2015, en la vereda Miramar del corregimiento de San José de Apartadó, fue-ron interceptados campesinos por dos hombres encapuchados vestidos con prendas militares y por-tando armas de largo alcance; los sujetos se identificaron como paramilitares, y anunciaron que esta-rán realizando presencia por las veredas del corregimiento de San José y que la gente debe acostum-brarse a verlos por allí. El lunes 9 de febrero de 2015, en la vereda Arenas Bajas, fue torturado el campesino RUBÉN CAR-VAJAL, por parte de miembros del Ejército Nacional con sede en Carepa, Antioquia, quienes después de la detención arbitraria procedieron a quemarle la boca con ácido y, seguido a estos actos de barba-rie, sometieron a otras torturas al civil a quien tenían amarrado a un árbol y lo amenazaron con asesi-

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narlo acusándolo de ser guerrillero y de tener información sobre la ubicación de la guerrilla en la zo-na. El martes 10 de febrero de 2015, un vehículo de servicio público que cubría la ruta entre Apartadó y San José, fue interceptado por hombres encapuchados en el sector de Tierra Amarilla. Los victimarios se identificaron como paramilitares. Allí preguntaron a los ocupantes del vehículo por algunos habi-tantes de la zona a quienes tenían en una lista para asesinar. El viernes 13 de febrero de 2015, varios habitantes de la región escucharon a ALIAS SAMIR, quien a través de estaciones radiales de la Policía, el Ejército y la Marina, realizó declaraciones contra la Co-munidad de Paz, señalando que él ha sido víctima de las denuncias de la Comunidad de Paz. Alias SAMIR, desertor de las FARC desde el 2008, es protegido por la BRIGADA XVII, desde donde se han confeccionado un sinnúmero de pruebas falsas contra campesinos del corregimiento de San José y contra la Comunidad de Paz. El lunes 16 de febrero de 2015, en horas de la tarde, varios miembros de la Comunidad de Paz y fa-miliares de víctimas de la masacre del 21 de febrero, recibieron llamadas de un sujeto quien se identi-ficó como un abogado de la Defensoría del Pueblo, para solicitarles que la familia, en especial los hi-jos de Luis Eduardo Guerra, deberían comparecer a audiencia el 18 de febrero del 2015 en la ciudad de Apartadó, para que se acogieran al plan de reparación de víctimas del Estado, a lo que la propia familia contestó que antes que dineros exigían verdad y justicia para los responsables de esa horren-da masacre. El martes 17 de febrero de 2015, en las Revistas SEMANA y VERDAD ABIERTA, fue publicado un artículo titulado “¿Está vigente agenda de las FARC en Nudo de Paramillo?” en la que supuesta-mente las FARC realizaron un encuentro en el mes de septiembre de 2013 en alguna parte del Nudo del Paramillo para trazar los proyectos de septiembre de 2013, y en su relatoría se puede leer tex-tualmente “se mantiene respeto a las gestiones de la Comunidad de Paz de San José (de Apartado) en la que hay algunos militantes del PC3 (Partido Comunista Clandestino de Colombia)” según la revista semana y Verdad Abierta. La Comunidad desconoce la autenticidad y veracidad de dichos documentos pero la Comunidad de Paz rechaza dichos señalamientos y exige respeto; ni la Comunidad de Paz ni sus miembros militan ni han participado en ninguna facción política, por lo que solicitó respeto a su au-tonomía. El miércoles 18 de febrero de 2015, hacia las 9:25 horas, un miembro de la Comunidad de Paz, quien se encontraba en el centro poblado de Apartadó, fue abordado por dos sujetos quienes le manifesta-ron que tenían un plan de asesinar a tres habitantes de San José de Apartadó y le pidieron que cola-borara con información ya que había una buena suma de dinero para pagarla. El jueves 19 de febrero de 2015, hacia las 7:10 horas, tropas del Ejército pertenecientes a la Brigada Móvil 24 acampadas en la propiedad privada de la Comunidad de Paz en la vereda La Resbalosa, detuvieron por varios minutos a un miembro de la Comunidad de Paz, a quien le pidieron darles in-formación sobre una reunión que la Comunidad de Paz realizaría en la zona y que además debía de darles información sobre el paradero de la guerrilla. El viernes 20 de febrero de 2015, la Comunidad realizó un acto simbólico en la propiedad de Luis Eduardo Guerra, lugar al cual se dirigía Luis Eduardo el 21 de febrero de2005 cuando fue detenido

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por el Ejército, torturado y asesinado por bestias humanas sedientas de sangre e inundadas de per-versidad, quienes actuaban en nombre y con la autoridad del criminal Estado Colombiano. El sábado 21 de febrero de 2015, mientras miembros de la Comunidad de Paz y acompañantes de varios países y organizaciones internacionales y nacionales se trasladaban a la vereda la Resbalosa, más exactamente junto a las fosas donde fue perpetrada la masacre el 21 de febrero de 2005, se encon-traron con tropas del Ejército al mando de un supuesto Capitán Martínez, quienes ya llevaban 3 días pernotando en el lugar de forma ilegal pero alegaban que estaban “de paso”. La Comunidad proce-dió a pedirles que se retiraran de los espacios propiedad privada de la Comunidad de Paz, a lo que uno de los militares respondió con agresividad aseverando que ellos podían estar donde les diera la gana, declarando que dieran gracias que ellos estaban tranquilos, de lo contrario no responderían por nadie; dicho sujeto estaba encapuchado y no quiso destapar su rostro pese a que se le recordó que estaba violando así la Constitución y la Ley. Los integrantes de dicha tropa no portaban las insignias e identificaciones de ley y no quisieron siquiera identificar su unidad de pertenencia. Todo daba a entender que eran de la Brigada Móvil 24. Al recordarles las sentencias que los obligan a identificarse plenamente, alegaban conocerlas pero las violaban de manera cínica. Protestaban por ser fotografia-dos y filmados pero no tuvieron explicación alguna sobre la conducta de sus altos mandos quienes siempre niegan tener tropas en los sitios donde cometen barbaridades, lo que hace que las fotos que se les tomen cuando están perpetrando delitos es la única manera de probarles la ilegalidad de sus procederes. El lunes 23 de febrero de 2015, hacia las 8:00 horas, fueron abordados varios pobladores de Nuevo Antioquia por reconocidos paramilitares quienes manifestaron que necesitan 5.000 personas que tra-bajen con ellos, y que seria a través de las minas de carbón que dentro de poco tiempo empezarían a funcionar en el sector de Quebrada Las Minas en el corregimiento de Nuevo Antioquia. El domingo 22 y el lunes 23 de marzo de 2015, la fuerza pública estuvo amenazando y torturando a pobladores de siete veredas. Dichas amenazas han generado desplazamiento masivo y forzado a más de 250 personas en las veredas Rodoxali, El Venado, Zabaleta, Las Monas, Las Flores, La Ahuyama y La Hoz, en los corregimientos de San José de Apartadó y Nuevo Antioquia. La Policía ha realizado bloqueos alimentarios contra las familias de dichas veredas, a las cuales no les permite pasar los víve-res de subsistencia básica. Entre los desplazados hay decenas de niños. El 23 de marzo de 2015, hacia las 11:00 horas un sujeto vestido de civil intentó ingresar al asentamien-to de San Josecito; al ser impedido el ingreso al asentamiento por miembros de la Comunidad, afirmó que tarde o temprano esa HP Comunidad va a ser exterminada. El martes 24 de marzo de 2015, a pocos metros del casco urbano de San José de Apartadó, en horas de la mañana fue encontrado en extrañas condiciones el cuerpo sin vida de un Joven que padecía pro-blemas mentales. Es de recordar que allí existe la presencia de una base militar y de un bunker de la Policía. El jueves 2 de abril de 2015, fue visto el reconocido paramilitar alias ´´TRIBILIN´´, acompañado de varios paramilitares en la vereda Playa Larga, en el corregimiento de San José, allí abordó a varios pobladores de la zona y anunció que los operativos militares no les habían hecho nada (a los parami-litares), que miraran cómo estaban ellos tranquilos por esta zona; que los operativos eran en otro lado y no contra ellos.

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El miércoles 8 de abril de 2015, la Comunidad tuvo conocimiento de las distintas comunicaciones que viene enviando el Gobierno Nacional a organizaciones internacionales que la acompañan, en las que se menciona que las relaciones con la Comunidad de Paz han mejorado, que inclusive se realizó reunión entre instituciones del Estado incluyendo a la Fuerza Pública y la Comunidad de Paz, refi-riéndose a la realizada el 6 de noviembre de 2014 en la Diócesis de Apartadó, reunión de interlocu-ción o mesa de interlocución regional en la que la Comunidad de Paz, ni participó ni tuvo nada que ver, ni interés en participar en dichas instancias que entre otras cosas, no han servido nunca para so-lucionar nada. El jueves 9 de abril de 2015, en horas de la mañana, en la vereda Alto Joaquín, en el municipio de Tierralta, un grupo de miembros de la Comunidad de Paz se trasladó a un terreno de la Comunidad y procedió a arrancar un cultivo de coca, el cual había sido sembrado por personas inescrupulosas en un terreno propiedad privada de la Comunidad de Paz. El viernes 10 de abril de 2015, la Comunidad de Paz tuvo conocimiento de que varios pobladores fueron desplazados por amenazas de grupos armados. Los pobladores habitaban en la vereda La Es-peranza, perteneciente al corregimiento de San José, y contiguo a la vereda Playa Larga donde se ha visto presencia permanente de paramilitares. El sábado 11 de abril de 2015, un grupo de paramilitares vestidos de civil y portando armas y equi-pos de comunicación se acercaron a varias viviendas de pobladores en la vereda La Hoz, del corre-gimiento de San José de Apartadó, y amenazaron a los civiles conminándolos a desplazarse y a desa-lojar dichas veredas. El lunes 13 de abril de 2015, la Comunidad tuvo conocimiento de las intervenciones que el Coman-dante de la Brigada XVII, el coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, estuvo realizando a través de medios de comunicación en los que advertía que jamás ha realizado cualquier acusación contra la Comunidad de Paz. Se olvidaba que el 27 de septiembre de 2014 acusó a la Comunidad de Paz de ´´bandidos terro-ristas`` y aplaudió panfletos que circularon en Urabá desde la Brigada XVII contra la Comunidad de Paz. El martes 14 de abril de 2015, hacia las 14:00 horas un grupo de militares se acantonaron en los pre-dios comunitarios y de cultivos de familias de la Comunidad de Paz en el asentamiento de San Joseci-to; varios miembros de la comunidad fueron impedidos por las tropas de realizar trabajos en los cul-tivos de pan coger; ante ello los miembros de la Comunidad solicitaron a los militares que se retiraran de allí ya que la presencia de ellos impedía realizar trabajos agrícolas. El miércoles 15 de abril de 2015, hacia las 8:00 horas, tres miembros de la Comunidad que se dirigían a realizar jornadas agrícolas en los cultivos de pan coger en los predios comunitarios en San Joseci-to, de nuevo fueron abordados por las tropas militares quienes estaban allí acampados desde el 14 de abril e impidieron realizar cualquier trabajo allí. El jueves 16 de abril de 2015, hacia las 8:20 horas, miembros de la Comunidad de Paz y con acompa-ñamiento de varias organizaciones internacionales se dirigieron a las veredas la Hoz y Rodoxalí, per-tenecientes al corregimiento de San José; cuatro horas más tarde llegaron al lugar con el fin de verifi-car la grave situación humanitaria que se estaba viviendo allí. Se tuvo conocimiento de la fuerte pre-sencia paramilitar en dichas veredas y de las amenazas que venían profiriendo contra los campesinos de la región, en su afán de generar un desalojo de la población civil que poco a poco había venido

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retornando a sus parcelas. La Comunidad pudo constatar la desolación que hay en la vereda Rodo-xalí: casas totalmente vacías, pues las familias se han ido desplazadas, producto de las amenazas de los miembros de la fuerza pública los días 22 y 23 de marzo de 2015. El miércoles 15 de abril de 2015, hacia las 09:00 horas, en la vereda Mulatos, fue abordado por tropas de la Brigada Móvil 24 BERNARDO SEPÚLVEDA miembro de la Comunidad de Paz; los militares acusaron a la Comunidad de ser informantes de la guerrilla y de defender los cultivos de coca en la región, argumentando que siempre que las tropas estaban cerca, la Comunidad encendía moto-sierras o emitía grandes gritos o sonidos como señal de alarma a la guerrilla de que las tropas milita-res estaban cerca. De igual forma, las tropas del ejército aseveraron que las organizaciones extranjeras y acompañantes de la Comunidad eran cómplices de ello y que jamás denunciaban los cultivos ilíci-tos en la región. Valga recordar que si al corregimiento de San José llegó el cultivo de coca y éste a la vez se ha extendido por las distintas veredas del corregimiento con la llegada del Ejercito Nacional en el 2005, es responsabilidad única del Estado y de su fuerza pública que patrulla por todos los rinco-nes y tienen todo el conocimiento de ello. Sin embargo en todos estos años han extorsionado con di-nero, gallinas y cerdos a quienes cultivan la coca, para poder seguir trabajando. Y todo ello se ha de-jado en constancias y evidencias. Es absurdo que ahora acusen a la Comunidad de complicidad, lo que mucho revela de su perversidad. Ese mismo jueves 16 de abril de 2015, hacia las 8:30 horas, un grupo de familias de San Josecito, asen-tamiento central de la Comunidad de Paz, se dirigió al campamento de los militares ubicado a pocos metros de las viviendas de la Comunidad y pidió hablar con el mando militar pero éste no se quiso identificar, sólo manifestaron que pertenecían a la Brigada XVII, alegando que ellos podían estar donde les diera la gana y hacer lo que quisieran, a lo que los miembros de la Comunidad les manifes-taron que el irrespeto contra la Comunidad es total: han asesinado niños, a sus hermanos y sus pa-dres, y sin embargo la persecución no ha tenido fin. El jueves 16 de abril de 2015, durante la misión humanitaria realizada por la Comunidad de Paz a las veredas La Hoz y Rodoxalí, se comprobó la presencia de grupos paramilitares en dichas veredas, los cuales han sometido bajo chantaje a la población. De igual forma se pudo constatar la inversión que han realizado los paramilitares en la región a la vista de las autoridades militares y civiles, las cuales han preferido callar y ser cómplices del crimen. Los paramilitares compran fincas ilegalmente, despo-jando a sus propietarios de sus pertenencias, luego construyen sus mansiones, las llenan de ganados y constantemente los jefes visitan dichos predios sin que sean supuestamente detectados por ninguna autoridad. Luego denuncian que los persiguen por todos los rincones, en una verdadera obra de tea-tro. Ese mismo jueves 16 de abril de 2015, el Gobernador de Antioquia, SERGIO FAJARDO, manifestó en varios medios de comunicación que había cancelado una visita a San José de Apartadó porque voce-ros de la Comunidad habían condicionado su presencia a la no presencia del CORONEL GERMAN ROJAS DÍAZ, declarando ´´que la comunidad muy agobiada que se declaró territorio neutro de paz con unas condiciones muy particulares`` y que ´´la gobernación no acepta este tipo de limitantes ni exigencias``. Se equivocaba el Gobernador al confundir la Comunidad de Paz, la cual desde el 23 de marzo de 1997 se declaró neutral frente a cualquier grupo armado y que se mantiene en ruptura des-de el 2005 con las distintas entidades del Estado, responsabilizándola de haber organizado e invitado

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a reuniones de interlocución autoridades civiles y militares. La Comunidad no hace interlocución con ninguna autoridad civil o militar de cualquier orden en su territorio de paz, hasta que se cumplan las órdenes impartidas por la Corte Constitucional pero desacatadas por todas las autoridades. El lunes 20 de abril de 2015, en horas de la mañana, en la vereda Buenos Aires del corregimiento de San José, se presentó un fuerte tiroteo y explosiones, al parecer entre efectivos de la Brigada XVII del Ejército Nacional y Guerrilleros de las FARC. Ese mismo lunes 20 de abril de 2015, hacia las 16:00 horas, en la vereda Las Claras del corregimiento de San José, se presentó nuevamente un tiroteo entre tropas militares y guerrilleros de las FARC. Se-gún informaciones de los pobladores de dicha vereda, el ejército abrió fuego contra guerrilleros que pasaban cerca del sitio, colocando así en peligro la vida de la menor Leidy Marcela Aguirre Florez de 9 años y la población del entorno, ya que las tropas del ejército estaban acantonadas como de cos-tumbre junto a las viviendas de la población civil, en violación flagrante de las sentencias de la Corte Constitucional. El lunes 27 de abril de 2015, hacia las 12:00 horas, en la vereda Alto Joaquín se registró la presencia de avionetas, las cuales estuvieron fumigando cultivos de pan coger de los campesinos en dicha ve-reda, contaminado de esta manera las aguas y los alimentos de consumo. A pesar de que científica-mente está comprobado el grave daño que ocasiona para la salud el contacto humano con dichos her-bicidas, el Gobierno persiste en cometer este crimen de lesa humanidad. En los últimos días de abril de 2015, el Gobernador de Antioquia SERGIO FAJARDO, estuvo afir-mando ante distintos medios que le hacen eco, que él lidera una mesa de concertación en Urabá en materia de derechos humanos, de la cual haría parte activa la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Con asombro la Comunidad recibió tales afirmaciones que faltaban totalmente a la verdad. Es falso que la Comunidad participe en supuestos escenarios de integración con autoridades locales, regionales o nacionales que sólo han sabido agredir a la Comunidad, negarle todo el respeto y protec-ción que el Estado tiene obligación de brindar a sus ciudadanos y apoyar a agentes que sólo han sa-bido parapetarse en el Estado para cometer todo tipo de delitos y crímenes horrendos contra la po-blación indefensa. Si la Comunidad sostuvo una reunión con el GOBERNADOR FAJARDO el 18 de septiembre de 2013 en Medellín, en compañía de 4 magistrados de la Corte Constitucional, fue para solicitarle que cumpliera sus obligaciones administrativas, interviniendo para poner fin a la DESA-PARICIÓN FORZADA DE UN JOVEN DE LA VEREDA LA HOZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ, crimen perpetrado por la fuerza pública en unión con estructuras paramilitares, a lo cual el Goberna-dor Fajardo respondió que no intervendría; que respaldaba totalmente a la fuerza pública dado que él también era funcionario del Estado y que dejaba en manos del ejército (los victimarios) la solución al problema de esa desaparición forzada. Tampoco quiso colaborar en el cumplimiento a las órdenes dadas por la Corte Constitucional en el Auto 164 de 2012, con miras a proteger los derechos funda-mentales de la Comunidad de Paz. Los relatos que se le hicieron sobre la intensa presencia paramili-tar en las veredas de Apartadó no le interesaron lo más mínimo, a pesar de revelar situaciones abso-lutamente inconstitucionales que tenían vigencia en su jurisdicción territorial. Esto explica que la Comunidad no crea en fingidas mesas de derechos humanos lideradas por un tal personaje, a las cua-les tampoco jamás la comunidad fue invitada.

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El domingo 3 de mayo de 2015, hacia las 7:00 horas, en la vereda La Hoz del Corregimiento de San José, en la escuela de la vereda, cuatro campesinos fueron retenidos por efectivos de la Policía Nacio-nal quienes los torturaron, los insultaron, les golpearon la cara y su cuerpo mientras permanecían amarrados a los árboles; más tarde hacia las 12:30 horas, un helicóptero de la Policía los recogió y se los llevó con rumbo desconocido. Los civiles retenidos responden a los nombres de WILSON DAVID MORA de 27 años, DEIVER ANTONIO MÉNDEZ BERRÍO de 29 años, ORLANDO de 31 años y un menor de edad, este último fue puesto en libertad horas más tarde. El lunes 4 de mayo de 2015, la Comunidad de Paz tuvo información por parte de varios campesinos y habitantes del casco urbano de San José, del acecho al que vienen siendo sometidos varios jóvenes de la región por parte de grupos paramilitares quienes los conminan a ingresar o trabajar para ellos; a varios de ellos se los han llevado ofreciéndoles trabajo en el Corregimiento de Piedras Blancas del municipio de Apartadó, y luego que llegan allí les obligan a trabajar de paramilitares. Es de recordar que Piedras Blancas desde hace varios años es sometida al control paramilitar, a pesar de la fuerte presencia de estamentos militares allí. El martes 5 de mayo de 2015 varios medios de comunicación nacionales hicieron eco a los 77 puntos que el Senador Álvaro Uribe entregó a la Corte Suprema de Justicia; en el punto 69 el congresista acu-saba al Padre Javier Giraldo, acompañante de la Comunidad de Paz, de esconder a terroristas y de gozar de impunidad blindada por su amistad e influencia en magistrados de la Corte. El miércoles 6 de mayo de 2015, hacia las 9:20 horas, en la vereda Mulatos del corregimiento de San José, varios helicópteros de la Policía que sobrevolaban el área empezaron a desembarcar tropas de la Policía Nacional Grupo Elite, justo en la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, asentamiento de la Co-munidad de Paz y territorio propiedad privada de la comunidad, lugar donde fue asesinado por el ejército y los paramilitares el líder histórico de la Comunidad de Paz, Luis Eduardo Guerra, el 21 de febrero de 2005. El sobrevuelo y la presencia de las tropas de la Policía impidieron el desarrollo de las actividades en la escuelita comunitaria, ya que los mismos agentes del Estado prohibieron las activi-dades escolares. Fue un atropello flagrante por parte de los uniformados al violentar los espacios de vida y trabajo de las familias, al interrumpir las jornadas escolares, además de convertir las casas y áreas de recreación de los niños en trincheras y helipuertos militares. Jamás la Comunidad aceptará que sus espacios de vida, territorios de Paz, los conviertan en territorios de guerra. El jueves 14 de mayo de 2015, un grupo de hombres quienes no se identificaron ingresaron a la vi-vienda del señor OMAR GRANDA en la vereda Playa Larga, lo amenazaron y le exigieron una alta suma de dinero para poder permanecer en la región y no perder su propia vida. El martes 19 de mayo de 2015, en la vereda La Hoz del corregimiento de San José, durante todo el día unidades de la Policía se acantonaron en la Escuela de la vereda y en las viviendas de las familias campesinas para preparar sus alimentos sin el previo consentimiento o autorización de los propieta-rios. El miércoles 20 de mayo de 2015, hacia las 06:00 horas, en la vereda La Hoz se presentó un enfrenta-miento armado entre tropas de la Policía y al parecer guerrilleros de las FARC, resultando herido un agente de la Policía Nacional. Los agentes de la Policía se habían atrincherado en la vivienda de la señora OFELIA la cual quedó semi-destruida por los impactos de los proyectiles.

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El jueves 21 de mayo de 2015, durante un homenaje que se le realizara en el municipio de Apartadó a la Brigada XVII del Ejército Nacional en cabeza del CORONEL DE LA BRIGADA XVII GERMÁN ROJAS, por parte del sector empresarial de Urabá, el mencionado Coronel manifestó textualmente que los generales ´´Rito Alejo del Río, Luis Alfonso Zapata Uribe y Hernán Giraldo, dejaron una huella im-borrable y contribuyeron a construir la Urabá de hoy``. Ni los organizadores del evento, ni los participan-tes, tuvieron en cuenta que la Urabá de Hoy ha sido construida sobre la sangre de miles de personas asesinadas, masacradas, torturadas, descuartizadas y destrozadas, crímenes de los cuales la misma Brigada XVII ha sido responsable y/o cómplice y cuna de tanto horror y muerte. ¿Hasta dónde ha lle-gado el desconocimiento de la dignidad humana? Rendir homenajes a la Brigada XVII que ha perpe-trado toda una carnicería humana ¿no es más bien una afrenta a tanto dolor de las víctimas? El lunes 8 de junio de 2015, hacia las 06:00 horas, en el paraje de Las Nieves, en la vereda la Unión del corregimiento de San José, se registró un enfrentamiento entre tropas del ejército y al parecer gue-rrilleros de las FARC. En dichos enfrentamientos resultó una res muerta, producto de un disparo. A pesar de que miembros de la Comunidad se dirigieron al sitio para pedir a los militares que se retira-ran del lugar, en forma airada respondieron que jamás se irían de allí; que esa vaca muerta se la co-braran a la guerrilla. • El martes 9 de junio de 2015, hacia las 15:12 y durante varios minutos se presentó un hostigamiento a la Base Militar y al Puesto de Policía ubicadas en el centro poblado de San José de Apartadó, al pa-recer por guerrilleros de las FARC. Durante el cruce de disparos resultó herida de gravedad en el cen-tro poblado, la señora LUZ MARY ALCARAZ de 28 años y madre de 4 niños al recibir un disparo de proyectil proveniente de la Base Militar. Esta nueva víctima es sin lugar a duda víctima de otro Cri-men de Estado, al no acatar el gobierno las sentencias de la Corte Constitucional que prohíben pues-tos de policía o bases militares en medio de la población civil en zonas de confrontación armada. El lunes 8 de junio de 2015, hacia las 9:00 horas, un grupo de familias de la Comunidad de Paz de la vereda La Unión se dirigió al sitio de Las Nieves donde tropas del ejército habían matado una va-ca durante un enfrentamiento con guerrilleros de las FARC ese mismo día. Allí las los militares, en forma airada, respondieron que ellos hacían lo que les daba la gana. Minutos más tarde, cuando las familias decidieron extraer el proyectil del cadáver de la vaca, los militares obligaron a las familias a entregarles el proyectil para mirarlo, con la promesa de devolverlo enseguida pero se lo llevaron a pesar de los reclamos, además de ofrecerles una suma grande de dinero para que no los denunciaran, lo que la Comunidad no aceptó. El martes 9 de junio de 2015, hacia las 15: 12 horas y después de un hostigamiento por parte de gue-rrilleros de las FARC a la base militar y al puesto de policía, ubicados en el casco urbano de San José, en medio de la población civil, enfrentamiento en el cual resultó gravemente herida la civil LUZ MARY ALCARAZ, madre de cuatro menores, ésta fue llevada al Hospital de Apartadó donde fue abordada por agentes de la policía quienes la sometieron a interrogatorios y a presiones para que afirmara que el proyectil provenía de los guerrilleros de las FARC. Horas más tarde fue dada de alta por parte del Hospital municipal, con el argumento de que no podían hacer nada por ella, debido a que habían recibido órdenes de no atenderla porque pertenecía “a esa gente de arriba” (refiriéndose a la guerrilla). El equipo médico sólo se limitó a formularle pastas de Acetaminofén, a pesar de su grave

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estado de salud, dejándola con el proyectil incrustado en el costado izquierdo a la altura del corazón. Todo indica que quienes dieron la orden de no atenderla fueron miembros de la Policía y/o del Ejérci-to, violando cánones sagrados de ética universal, obligando al cuerpo médico a violar simultánea-mente su juramento hipocrático, apoyándose, además, en informaciones falsas y criminales. Esta nueva víctima es sin lugar a duda víctima de otro Crimen de Estado, al no acatar el gobierno las sen-tencias de la Corte Constitucional que prohíben puestos de policía o bases militares en medio de la población civil en zonas de confrontación armada. El miércoles 10 de junio de 2015, hacia las 10:00 horas y por varios minutos, se presentó un hostiga-miento a la base militar y al puesto de policía, ubicados en el casco urbano de San José, en medio de la población civil. Durante el enfrentamiento estuvo en máximo riesgo de perder la vida el Joven EDWIN ARTEAGA GUERRA, miembro de la Comunidad de Paz, mientras realizaba labores agríco-las en su cultivo de cacao en el paraje de El Cuchillo, en terrenos de la Comunidad de Paz. Edwin, se vio en la obligación de abandonar el sitio y huir dejando las herramientas de trabajo y los alimentos mientras era tiroteado por militares que se encontraban a escasos metros del cultivo de cacao orgáni-co. El jueves 11 de junio de 2015, hacia las 7:40 horas, de nuevo se registró un hostigamiento a la base militar de San José de Apartadó, ubicada al lado del colegio de niños y en medio de la población civil, violando y desacatando numerosas sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. El lunes 15 de junio de 2015, por diversos medios de comunicación el Coronel Comandante de la Brigada XVII del ejército, GERMÁN ROJAS DÍAZ, lanzó nuevos ataques contra la Comunidad de Paz, esta vez señalándola de encubrir la muerte de un menor en el corregimiento de San José, argu-mentando que la Comunidad había manifestado que dicha muerte habría sido causada por la picadu-ra de una serpiente. No es la primera vez que dicho Coronel recurre a la mentira y la calumnia para agredir y estigmatizar a la Comunidad de Paz. En ningún momento la Comunidad de Paz se había pronunciado frente al caso, ni oficialmente ni de ningún otro modo; por eso se pregunta: ¿de dónde se inventa estas mentiras dicho Coronel? ¿Acaso tiene la Comunidad comunicación con él, conscien-tes como son sus integrantes de sus actividades criminales? ¿Cuál es, entonces, la cantera de sus cons-tantes mentiras y calumnias? Sólo puede extraerlas de una conciencia perversa que lo impulsa a con-tinuar delinquiendo y pisoteando la Constitución y las leyes y violando los derechos más sagrados de las personas. La muerte del menor se produjo el sábado 13 de junio de 2015, en la vereda El Porvenir perteneciente al Corregimiento de San José, mientras se encontraba en la vivienda de un vecino, pues su hermanito, también menor como él, manipuló inocentemente una escopeta de fabricación casera, que encontró a su alcance, produciéndose accidentalmente un disparo que acabó con la vida de su hermanito. Estos hechos se produjeron en momentos en que la vivienda se encontraba sin personas adultas pues sólo otros niños se encontraban allí. Tanto la familia, sus padres y demás parientes, co-mo la Comunidad de Paz, sufrieron enormemente la pérdida de una vida como ésta, de un niño de escasos seis años que apenas comenzaba a abrirse camino en la vida. A pesar de que los padres del menor no son miembros de la Comunidad de Paz, por petición de ellos la Comunidad facilitó no sólo su espacio de descanso, sino además sus instalaciones durante la velada fúnebre ante una gran mul-titud de personas que acompañaron.

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El martes 16 de junio de 2015, en repetidas intervenciones por medios de comunicación, el Coman-dante de la Brigada XVII, Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, recurrió nuevamente a la calumnia contra la Comunidad de Paz, ahora en términos aún más graves, afirmando que “Mellizo”, nombre familiar con que la Comunidad distingue a GERMÁN GRACIANO POSSO, miembro y Representante Legal de la Comunidad de Paz, a quien el delincuente coronel acusa como “guerrillero orgánico del 5° Frente de las FARC, delinque en las veredas del corregimiento de San José y ha hecho mucho daño a la comunidad en general”, habría ido acompañado por una ONG a recoger el cadáver del niño del caso anterior, con el fin de encubrir el crimen, pues algunos militares afirmaron por los medios que el niño habría sido asesinado por la guerrilla. Causa estupor la capacidad de perversidad de dicho Coronel y de sus se-cuaces, ya distinguido por crímenes horrendos desde hace varios años y de quien todo el mundo se aterra que ocupe puestos de comandancia dada su trayectoria delincuencial. Su capacidad de engaño y de mentira parece no tener límites y en cada intervención que hace saca a relucir su talante criminal. Que el Gobierno haga caso, por fin, al desprestigio que le acarrea un agente de semejantes deprava-dos rasgos. El miércoles 17 de junio de 2015, en forma arbitraria y engañosa la Personería Municipal de Aparta-dó condujo hasta las instalaciones de la Brigada XVII a LUZ MARY ALCARAZ, quien fuera víctima de un proyectil de arma larga disparado desde la base militar de San José el martes 9 de junio de 2015. Estando ya en la Brigada XVII, fue entrevistada por el Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, quien acudió inmediatamente a la infamia y la calumnia contra la Comunidad de Paz y contra la población campesina de San José, afirmando que la guerrilla se pasea por todas las viviendas de los civiles; que él está informado de todo lo que ocurre en San José, pues, según él, tiene una red de informantes por todas las veredas. Sus afirmaciones fueron absolutamente falsas. El lunes 22 de junio de 2015, por varios medios de comunicación, de radio y televisión, el Coronel GERMAN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada XVII del ejército, de nuevo acudió a la infamia para estigmatizar a la Comunidad de Paz, manifestando que existe una alianza entre la Comunidad de Paz y la guerrilla, al ocultar los verdaderos hechos que rodearon la muerte de un menor reciente-mente en la zona. El viernes 3 de julio de 2015, en el casco urbano de Nuevo Antioquia, varios reconocidos paramilita-res se acercaron a campesinos de la zona y les manifestaron que las recientes declaraciones realizadas desde la Brigada XVII contra esa HP comunidad de paz les estaban resultando muy oportunas, ya que serían un motivo para aniquilar la comunidad, en un trabajo conjunto y mancomunado entre las tropas militares y los paramilitares. El lunes 6 de julio de 2015 se presentó un fuerte enfrentamiento entre guerrilleros de las FARC y tro-pas del ejército en la vereda Arenas Altas, colocando en grave riesgo la vida de la familia del campe-sino Juan Celada, entre ellos varios niños. El martes 7 de julio de 2015, en horas de la mañana, se acercó un grupo de militares de la base militar de San José a la vivienda del campesino JAIME GARCIA, para acusarlo de ser sabedor de un plan de bombas que la guerrilla planeaba colocar contra las bases de policía y ejército en San José. El jueves 9 de julio de 2015, en horas de la mañana, un grupo de militares acompañados de agentes del CTI se acercaron nuevamente a la vivienda del poblador JAIME GARCIA; allí convocaron a toda su familia y de nuevo en forma furiosa lo acusaron de no querer colaborar con ellos. Ese mismo día,

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hacia las 2 o 3 de la tarde, se escuchó la detonación de tres artefactos explosivos en las afueras del casco urbano de San José. Hay que tener en cuenta que, desde hace un tiempo, los militares vienen presionando a esta familia para que les venda una parte de su finca, ubicada al lado del asentamiento central de la Comunidad de Paz, con el fin de construir allí una base militar. Sus presiones, a veces ejercidas a través de paramilitares, se destacan por el chantaje y la suciedad de procedimientos, con-tra un poblador honesto que ya ha sido víctima del desplazamiento forzado. El lunes 13 de julio de 2015, en horas de la mañana, de nuevo el Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada XVII del ejército, acudió a los medios de comunicación que le hacen eco a sus infamias, en su búsqueda obsesionada por exterminar la Comunidad de Paz, en un discurso don-de deja de ostentar el grado de comandante de Brigada y se convierte en juez de la república, al tipifi-car y condenar a su antojo los hechos que terminaron con la muerte de un menor en la vereda El Por-venir el 13 de junio de 2015, discursos y prácticas criminales de un militar cínico, similares a los que desde vieja data se confeccionan en la Brigada XVII, desde los tiempos de Rito Alejo del Río hoy bajo las rejas. El miércoles 5 agosto de 2015, en horas de la mañana, el Comandante de la Brigada XVII del Ejercito Nacional, Coronel Germán Rojas Díaz, a través de un evento público en las afueras de la Alcaldía Municipal de Apartadó, manifestó el interés absoluto de que se quiten las medidas cautelares y pro-visionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de la Comunidad de Paz. No es la primera vez que un funcionario del gobierno colombiano expresa dicho anhelo, ni es extraño escu-char de dicho coronel semejantes atrevimientos ambiciosos cargados de inclemencia contra el proceso de vida de la Comunidad de Paz. No basta la persecución enconada y malévola ni los niveles de es-tigmatización, chantaje y persecución que ha tejido dicho militar contra el proyecto de vida de la Comunidad de Paz. Quedan claras las razones y propósitos que recaen sobre dicho funcionario para mantenerlo en esa guarnición militar, con el objeto de destruir a como dé lugar, la Comunidad, in-cluyendo el que se levanten las medidas de protección de la Corte Interamericana de Derechos Hu-manos que hasta ahora han protegido a la Comunidad de Paz. El miércoles 26 de agosto de 2015, mientras tres miembros de la Comunidad de Paz se trasladaban desde el casco urbano de Apartadó hacia el asentamiento de la Comunidad en San Josecito, fueron abordados por agentes de la Policía Nacional que se movilizaban en motocicleta, quienes sometieron a los miembros de la comunidad a un chantaje y luego procedieron a anotar en una libreta las placas del vehículo en el que se trasladaban. En forma contundente se evidencia el método de pillaje y per-secución que se vuelve a implementar contra los miembros de la Comunidad de Paz. El jueves 10 de septiembre de 2015, hacia las 11:00 horas, dos miembros de la Comunidad de Paz que se trasladaban desde San Josecito hacia el casco urbano de Apartadó, fueron abordados por agentes de la Policía Nacional, a la altura del barrio Alfonso López, en Apartadó. Allí fueron empadronados y fotografiados por agentes de la Policía, argumentando que ellos hacían lo que les daba la gana, que ellos eran la autoridad y que estaban por encima de cualquier sentencia de la Corte Constitucional, en total desacato a la sentencia C-1024 del 2002 la cual prohíbe a la fuerza pública los empadronamien-tos, y dice: ´´esta Corte declaró contrario a la Constitución el registro de la población que en ella se autorizaba adelantar en los llamados “Teatros de operaciones militares”, pues esa clase de empa-dronamientos no se encuentra autorizada ni en estados de normalidad ni en estados de excepción. ``

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El viernes 11 de septiembre de 2015, varios campesinos procedentes de la vereda Mulatos del Corre-gimiento de San José, los cuales se encontraban en la vereda Playa Larga del mismo Corregimiento, fueron abordados por varios paramilitares vestidos con prendas militares y portando armas largas, los cuales afirmaron que los habitantes de las veredas Mulatos y Resbalosa eran guerrilleros y mili-cianos de las FARC, que no se les permitía volver a pasar por allí, pues según ellos, estaban haciendo inteligencia para la guerrilla. El mismo lunes 21 de septiembre de 2015, hacia las 3:00 horas, en el asentamiento de San Josecito, dos hombres vestidos de traje oscuro, intentaron ingresar a la vivienda de un miembro de Consejo Interno, al no lograr abrir la puerta y al escuchar el ruido de los ocupantes de la vivienda, los sujetos emprendieron la huida. El mismo lunes 21 de septiembre de 2015 fue ejecutado en la vereda Playa Larga de San José de Apartadó el campesino ERNESTO GUZMÁN por efectivos paramilitares que han dominado esas ve-redas con plena aquiescencia y colaboración de todas las autoridades. Si bien Ernesto en la última época no era integrante formal de la Comunidad de Paz, sí lo había sido en el pasado desde la funda-ción de la Comunidad. En 2009 había sido privado de su libertad por los paramilitares y amenazado de muerte. En los últimos años los paramilitares lo presionaron para que les vendiera su finca a lo cual él se negó rotundamente y todo muestra que por ello lo asesinaron. Tanto Playa Larga como otras veredas aledañas son controladas hoy día por los paramilitares quienes se han apropiado, bajo chantajes y amenazas, de numerosos predios. Se ha sabido que dos de sus hijos han sido desapareci-dos recientemente a manos de los paramilitares. El jueves 24 de septiembre de 2015 la Comunidad de Paz tuvo conocimiento de que la Fiscalía estaba buscando la manera de exhumar los restos de un niño fallecido el pasado mes de junio en una dolo-rosa tragedia familiar, cuando dos hermanitos menores se pusieron a jugar con una escopeta de cace-ría y a uno de los niños se le disparó el arma dejando sin vida a su hermanito. Como la Comunidad lo informó públicamente, tal hecho que causó profundo dolor en la familia y en la Comunidad, fue aprovechado por los militares, y en concreto por el Coronel Germán Rojas Díaz, comandante de la Brigada XVII, para construir un relato falso de perversidad incalculable, con el fin de estigmatizar una vez más a la Comunidad mediante la calumnia y la mentira, dando pábulo al odio con el que siempre la ha querido destruir. Ahora la Fiscalía parece ponerse a su servicio, haciendo una excep-ción en su rutina, ya que jamás ha querido investigar los centenares de crímenes de lesa humanidad perpetrados por el ejército y los paramilitares contra la Comunidad de Paz, dejando todos los horro-res en la impunidad más absoluta y aberrante, sin siquiera indagar nunca en la brigada ni en sus ba-tallones por los nombres de los militares que estaban presentes en los escenarios de los crímenes, co-mo lo exige la Sentencia T-1025/07 de la Corte Constitucional. Tampoco las altas Cortes del Estado han respondido al Derecho de Petición del 19 de enero de 2009, en el cual se les demostró con nume-rosos casos concretos que la “justicia” estaba actuando en Urabá de la manera más corrupta, piso-teando todos los principios constitucionales y los principios rectores del Código de Procedimiento Penal, produciendo fallos espurios y corruptos. La Comunidad sigue esperando que las altas Cortes corrijan tanta podredumbre, y entonces colaborará con todas las exhumaciones que busquen esclare-cer los crímenes con honestidad y rectitud.

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El viernes 25 de septiembre de 2015, varios campesinos de la vereda Arenas Bajas fueron amenaza-dos por los paramilitares que hacen presencia en esa zona, quienes los conminaron a abandonar la vereda si no quieren ser ejecutados. Tales amenazas han sembrado pánico en los pobladores de la zona. El domingo 27 de septiembre de 2015, hacia las 6:00 horas y por espacio de más de 2 horas, un grupo de militares se mantuvieron acantonados junto al asentamiento de San Josecito y junto al cementerio de la Comunidad de Paz. El miércoles 30 de septiembre de 2015, varios pobladores del corregimiento de San José, recibieron llamadas telefónicas por sujetos quienes se identificaron como paramilitares, conminándolos a traba-jar con ellos y prometiendo que les darían unos códigos para que cada vez que estuvieran en un retén presentaran dicho código y la policía los dejaría tranquilos. En los últimos días de septiembre de 2015, la Comunidad de Paz pudo comprobar con documentos en mano, que la instalación del Búnker de la Policía en el caserío de San José, instalación que ocasionó el desplazamiento masivo de los integrantes de la Comunidad el 1° de abril de 2005, no solamente constituyó un ejercicio de violencia ilegal contra una propiedad privada, sino que dio inicio a una cadena de fraudes y diligencias delictivas y tramposas por parte de las instituciones del Estado. En efecto, la Policía, el 1° de abril de 2005, destruyó los candados y puertas y se apoderó de la casa-lote de propiedad privada, en ese entonces ocupada por la familia de ELIDIO TUBERQUIA, quien luego de reclamar insistentemente ante la fuerza pública por el robo de su casa-lote, apareció cere-bralmente muerto en la carretera, el 13 de noviembre de 2006, permaneciendo en coma hasta el 9 de julio de 2008 cuando murió en Medellín. Para tapar sus delitos, la Policía prometió que pagaría el te-rreno a su familia, pero resulta que ese terreno constituía propiedad legal y titulada de otra familia que había sido desplazada por la violencia, según la Matrícula Inmobiliaria 008-37690, la cual se ha-bía originado en la Resolución 1311 del INCORA del 26 de junio de 1989, como adjudicación de bal-dío de 5.125 metros cuadrados en favor de Agustín Antonio Blanquicet Carvajal y María Aurora Car-vajal de Blanquicet, Radicado 2873 del 12 de octubre de 1989, propiedad que además fue objeto de medida cautelar 0474 el 11 de septiembre de 2012 por el INCODER de Bogotá, con prohibición de enajenar derechos inscritos en el predio (Rad: 2012-6511). Un año después del asalto violento y delictivo con intención y efecto de hurto de la casa lote, por par-te de la Policía, el 1° de abril de 2005, y quizás ante un año de insistentes protestas y reclamos de Eli-dio, no se sabe cómo fue cooptado el INCODER para perpetrar otro delito que mirara a tapar el pri-mer delito de hurto violento de la Policía, pues sin consultar (o consultando y haciendo caso omiso, lo cual es aún más grave) las matrículas inmobiliarias y sus certificados de tradición y libertad, sobre ese terreno que es propiedad privada titulada, el INCODER construyó un “baldío” ficticio y se lo adjudi-có a Elidio Tuberquia Guerra y a su esposa Luz Enadis Lugo Franco, mediante Resolución 0144 del 28 de abril de 2006. Sobre esa base fraudulenta e ilegal, una vez muerto Elidio tras 18 meses en coma cerebral, realizaron una “adjudicación en sucesión” radicada en la Notaría 21 de Medellín el 17 de octu-bre de 2008 (Rad: 6719), a favor de la esposa de Elidio, Luz Enadis Lugo, y de su hijo, Nubar Elidio Tuberquia Lugo, acto en el cual “interviene”, según los documentos, ELIDIO TUBERQUIA GUERRA, quien había fallecido tres meses antes. Todo muestra que se trataba de trampas y fraudes preparato-rios para que la viuda de Elidio y su hijo le “vendieran” esa “propiedad” (registrada en escritura frau-

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dulenta No. 2852 de 10.10.08) a “La Nación-Policía Nacional”, registrando el fraude en la Notaría Única de Copacabana, Antioquia, el 20 de marzo de 2009. Esta sucesión de delitos, trampas, fraudes, hurtos, chantajes, ficciones, asaltos, falsificaciones, encu-brimientos, atentados, prevaricatos y crímenes, constituyen apenas la base de los desacatos del go-bierno a las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que prohíben ubicar pues-tos de policía y bases militares, en zonas de conflicto, en medio de la población civil. Infinidad de de-nuncias y peticiones elevadas ante el gobierno central no han recibido respuesta alguna. ¿Ante quién pueden sostener las autoridades colombianas que en Colombia existe un “Estado de Derecho”? Sólo pueden hacerlo ante gente sumida en la ignorancia. El sábado 3 de octubre de 2015, nuevamente tres pobladores del corregimiento de San José, fueron interceptados a través de llamadas telefónicas por sujetos que se identificaron como paramilitares, prometiéndoles que usaran esos códigos ante los retenes con la policía y se darían cuenta que no les molestarían. El domingo 4 de octubre de 2015 se notó la presencia de efectivos del Ejército Nacional entre la vere-da La Hoz y la vereda Mulatos del Corregimiento de San José de Apartadó, más exactamente sobre el río Mulatos, en el paraje de La Tequera. El martes 6 de octubre de 2015, en horas de la noche se escucharon ráfagas y disparos de arma larga en el sitio conocido como Caraballo, en la vereda Aguas Frías, colindante con la vereda Arenas Bajas del Corregimiento de San José, según información de pobladores de la zona, un grupo de paramilita-res cayeron en campo minado, dejando un saldo de heridos y muertos. El jueves 8 de octubre de 2015, hacia las 10:00 horas un grupo armado de alrededor de 40 hombres, quienes se identificaron como AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), retuvieron a varios campesinos en el sitio conocido como La Tequera, entre la vereda la Hoz y Mulatos, obligándoles a regresar a las viviendas, impidiéndoles el paso y prohibiéndoles realizar actividades laborales. Allí los paramilitares en forma airada anunciaron incursión contra pobladores de la zona y contra esa HP de la Comunidad de Paz, como represalias por unas bajas que han sufrido en los recientes días en el área de Caraballo, manifestaron los violentos. Es de anotar que el pasado domingo había presencia del Ejército Nacional en esa misma zona. Entre los días 14 al 16 de octubre del 2015, un grupo de paramilitares realizaron operaciones milita-res a todas sus anchas en la vereda Arenas Altas, asentamiento de la Comunidad de Paz; luego dichos paramilitares anunciaron y advirtieron a varios campesinos de la zona que por cada ‘paraco’ asesina-do a manos de la guerrilla, los paramilitares asesinarían a cinco civiles. El 17 de octubre de 2015, un grupo de paramilitares fuertemente armados llegaron a la vereda Playa Larga y se dirigieron a la vereda El Porvenir del Corregimiento de San José. El 19 de octubre de 2015, un grupo de paramilitares llegó a la vivienda de un miembro de la Comu-nidad de Paz en la vereda Arenas Bajas, allí detuvieron al miembro de la Comunidad durante varios minutos, después de ello acamparon en su propiedad privada, mientras el grupo se dividía en dos y el segundo grupo se dirigió hacia la vereda Arenas Altas. El 20 de octubre de 2015, en horas de la mañana, los paramilitares se dejaron ver en la propiedad de la señora Nolfa Sánchez, contigua a la vereda Arenas Altas, donde existe un asentamiento de la Co-munidad de Paz.

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Este mismo 20 de octubre de 2015, un grupo de miembros de la Comunidad de Paz, provenientes de distintas veredas de la Comunidad y acompañados por organizaciones internacionales, se dirigieron a las veredas Arenas Altas y Arenas Bajas con el ánimo de acompañar a las familias que allí han sido sometidas al terror paramilitar. Allí se constató la presencia de los paramilitares. El sábado 24 de octubre de 2015, en el centro urbano del corregimiento de Nuevo Antioquia, munici-pio de Turbo, reconocidos paramilitares mostraron una lista de campesinos pobladores del corregi-miento de San José de Apartadó, quienes han sido sentenciados a muerte por dichos agentes camu-flados del Estado. Entre ellos se encuentran: CRISTÓBAL MESA; DIOFANOR VARGAS; ORLANDO VARGAS; JUAN BAUTISTA GUZMÁN; REINALDO CARDONA; ARGEMIRO GIRALDO; PEDRO VARGAS; EMIRO HIGUITA; JUAN CELADA. En dicha lista se encuentra también el miembro de la Comunidad de Paz, residente en la vereda La Esperanza, MIGUEL GRACIANO. El domingo 25 de octubre de 2005, hacia las 14:00 horas, en el área urbana de San José de Apartadó fueron ilegal y arbitrariamente detenidos tres reconocidos campesinos de la región: NORBEY GÓEZ, JUAN CELADA y REINALDO AREIZA, quienes luego fueron señalados por las emisoras locales como “guerrilleros pertenecientes al Frente Quinto de las FARC”. Tales detenciones se produjeron en medio de una redada contra la población civil local, utilizando el libreto del montaje judicial con par-ticipación de la fuerza militar y en el contexto de la jornada electoral. El mismo domingo 25 de octubre de 2015, en horas de la mañana, un contingente de paramilitares hizo presencia en la vereda Arenas Bajas. El lunes 26 de octubre de 2015, hacia las 07:00 horas, tropas paramilitares ingresaron a la propiedad privada de un miembro de la Comunidad de Paz en la vereda Arenas Bajas. El mismo lunes 26 de octubre de 2015, en horas de la mañana, varias emisoras locales señalaron a los civiles retenidos el día anterior en el caserío de San José, como guerrilleros pertenecientes al Frente Quinto de las FARC, acusaciones infundadas e infames que se inscriben en la cadena de crímenes y estigmatizaciones contra la población de la zona, dentro de la larga lista de montajes confeccionados con los métodos más perversos en la brigada 17, la cual cuenta con la complicidad del aparato judi-cial. El martes 27 de octubre de 2015, hacia las 06:00 horas, contingentes paramilitares hicieron presencia en la finca Los Arteagas de la vereda La Esperanza de San José de Apartadó, aledaña al asentamiento de la Comunidad de Paz en dicha vereda. Allí los paramilitares mostraron una lista de civiles de la región sentenciados a muerte por ellos. En dicha lista aparecen nuevamente: CRISTÓBAL MESA; DIOFANOR VARGAS; ORLANDO VARGAS; JUAN BAUTISTA GUZMÁN (hermano de ERNESTO GUZMÁN, asesinado hace pocos días por los mismos victimarios); REINALDO CARDONA; AR-GEMIRO GIRALDO; PEDRO VARGAS; EMIRO HIGUITA y MIGUEL GRACIANO, este último inte-grante de la Comunidad de Paz y coordinador de la misma en la vereda La Esperanza. El mismo martes 27 de octubre de 2015, los paramilitares acamparon en los predios privados de inte-grantes de nuestra Comunidad de Paz. El martes 27 de octubre de 2015, en la vereda Arenas Bajas, la Comunidad de Paz fue testigo de la presencia paramilitar, pues los confrontaron y les exigieron que se retiraran de los espacios privados de la Comunidad. Allí, los paramilitares afirmaron que tenían conocimiento de que toda la población

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civil de la región colabora con la guerrilla y que ellos están allí para recuperar la zona y perseguir a la guerrilla, incluyendo a todos los colaboradores civiles, a sangre y fuego. El miércoles 28 de octubre de 2015, hacia las 07:00 horas, nuevos contingentes paramilitares arriba-ron al paraje conocido como “El Filo de los Ratones”, situado entre las veredas La Esperanza y Are-nas Altas, de San José de Apartadó. Dichos paramilitares anunciaron que están desarrollando un ope-rativo en coordinación con la fuerza pública, cuyo fin es asesinar a varios pobladores de la zona, con-signados en una lista. El mismo miércoles 28 de octubre de 2015, un grupo de familias de la Comunidad de Paz, que se ha-bían trasladado desde varios asentamientos de la Comunidad el día anterior, al predio privado de EFRAÍN ÚSUGA, en la vereda Arenas Bajas, fueron sorprendidas por la presencia de los paramilita-res en dicho predio. La comunidad le exigió que se retiraran de allí, a lo que los paramilitares enfure-cidos se negaron. Esta situación llevó a que los acompañantes internacionales que hacían presencia allí, se retiraran del sitio, quedando aún más desprotegidas las familias de la Comunidad de Paz. En los últimos días de octubre de 2015, varias familias campesinas de las veredas Aguas Frías, Are-nas, La Hoz, La Esperanza y Mulatos, han manifestado su preocupación ante las amenazas de muer-te que los paramilitares han lanzado contra la población civil. Por ello las familias están en riesgo de desplazarse a causa de las amenazas de aniquilamiento. En los últimos días de octubre de 2015 fue notoria la fuerte presencia militar en las veredas de Mula-tos-Cabecera y La Resbalosa, incluyendo La Hoz, del corregimiento de San José. En el mismo contex-to patrullan las huestes paramilitares bajo la protección del Ejército Nacional, quienes en total descaro y ante la población del entorno crean una cortina de protección para que los paramilitares amenacen e incursionen en las veredas. El lunes 2 de noviembre de 2015, miembros de la comunidad se trasladaron a la vereda La Esperanza para acompañar a las familias. Allí se percataron de la llegada masiva de familias habitantes de la misma vereda que se desplazaban para reubicarse junto al Centro de Salud y la Escuela, por temor a ser asesinados, ante la inminente amenaza y terror que vienen imponiendo los paramilitares en la zona. Bajo condiciones difíciles y económicas, las familias intentan construir humildes cambuches para pasar la noche allí antes que ser asesinados. El martes 3 de noviembre de 2015, a través de los medios de comunicación local, el CORONEL GERMÁN ROJAS, comandante de la brigada 17, de nuevo se ensañó contra la Comunidad de Paz, esta vez acusándola de ser “mentirosa” y de estar engañando a la opinión pública en relación a la presencia paramilitar en la región, pues, según él, no hay paramilitares o ya están controlados, y los que existen no representan amenazas para nadie. De nuevo amenaza con judicializar y enviar a la cárcel a miembros de la Comunidad por no guardar silencio ante el horror. El miércoles 4 de noviembre de 2015, miembros de una misión humanitaria compuesta por la Defen-soría del Pueblo, entre otras instituciones, al cruzar por el sitio conocido como La Escuela, en la vere-da Playa Larga, entre las veredas La Esperanza y el casco urbano de Nuevo Antioquia, evidenciaron cómo un grupo de varios paramilitares vestidos de civil huían ante la presencia de la delegación insti-tucional. El sábado 7 de noviembre de 2015, en horas de la noche, en el casco urbano de San José de Apartadó, fue asesinado el campesino ALBEIRO TUBERQUIA, habitante del corregimiento de San José, en pre-

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sencia de la Policía y de efectivos militares de la Base de San José de Apartadó. Así las cosas, no se justifica la presencia militar y policial por cuanto no pueden siquiera defender la vida en un poblado tan diminuto. El sábado 7 de noviembre de 2015, un grupo de miembros de la Comunidad de Paz con campesinos de la región y acompañantes internacionales, se trasladaron a la vereda Rodoxalí. Al paso por la ve-reda La Hoz, más exactamente en la propiedad que los paramilitares le arrebataron a un campesino, se evidenció la presencia de paramilitares con trajes de civil portando armas. De igual forma al llegar a Rodoxalí, varios reconocidos paramilitares, al notar la presencia de la Comunidad, emprendieron la huida. El mismo sábado 7 de noviembre de 2015, en la vereda La Cristalina, hicieron presencia en la vi-vienda de varios campesinos dos sujetos vestidos de civil portando arma corta y preguntando por el paradero de varios campesinos de la región. El lunes 9 de noviembre de 2015, en horas de la mañana, en la vereda La Unión, asentamiento de la Comunidad de Paz, hicieron presencia tropas militares, quienes violando el derecho a la propiedad privada invadieron los espacios acampando en dicho lugar. El miércoles 11 de noviembre de 2015, hacia las 4:00 horas, sujetos de civil los cuales se movilizaban en motocicleta dejaron en varias viviendas en San Josecito, y luego en el centro poblado de San José, pasquines alusivos a los paramilitares o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, a pesar de la fuerte presencia militar y policial en el casco urbano. En la última semana de noviembre de 2015, vecinos del paraje conocido como Caraballo reportaron ráfagas y ametrallamientos. Al parecer se habría tratado de un asalto por parte de la fuerza pública a tropas paramilitares, lo que ocasionó que estos últimos se dirigieran hacia la vereda El Porvenir. Se dice que no hubo víctimas y que el ataque sólo sirvió para que los paramilitares ocuparan otra vereda e intimidaran a la población civil. El sábado 28 de noviembre de 2015, hacia las 23:00 horas y por más de 30 minutos se presentó un enfrentamiento entre tropas paramilitares y guerrilleros de las FARC en el caserío de Rodoxalí, en la vereda del mismo nombre, perteneciente al corregimiento de San José. Según informaciones de cam-pesinos de la vereda, varios paramilitares resultaron heridos. Nuevamente se comprueba la presencia paramilitar en dicha vereda, zona en la cual han tenido tanta libertad de acción que construyeron una carretera y un conjunto de viviendas. El jueves 17 de diciembre de 2015, hacia las 17:00 horas fue retenido por agentes de la Policía Nacio-nal el joven LUIS YAIR ÚSUGA, miembro de la Comunidad de Paz, cuando se trasladaba en un vehículo de servicio público entre Apartado y San José. El joven fue conducido inmediatamente al Comando de Policía Municipal acusándolo de ser guerrillero. Posteriormente lo acusaron de ser pa-ramilitar por su apellido Úsuga, alegando que pertenecía al “Clan de los Úsuga”. Después de varias horas de permanecer privado de la libertad de la manera más arbitraria e ilegal, fue puesto en liber-tad. El sábado 19 de diciembre de 2015, tropas del ejército hicieron presencia en el sitio conocido como Cabeceras de la vereda las Nieves, del corregimiento de San José, allí procedieron a exigir a varios

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campesinos pagarles sobornos para que no fueran erradicados sus cultivos de coca que tenían allí, y efectivamente así sucedió: quienes no pudieron pagar el soborno que exigían, sus cultivos fueron erradicados. La legitimidad en las autoridades castrenses salta los límites hasta semejante bajeza. Bajo chantaje roban cerdos y gallinas a cambio de no destruir los cultivos de los campesinos. El martes 22 de diciembre de 2015, en un reten móvil e improvisado, montado sobre la carretera que conduce de Apartadó a San José, por unidades combinadas de policía y ejército, con objetivo puntual y preciso dirigido a atrapar a su víctima, fue privado de su libertad el reconocido líder comunitario del caserío de San José de Apartadó ARLEY CARTAGENA. A pesar de que había una orden de cap-tura previa, dicha orden no estaba registrada en las redes judiciales y sólo tenían conocimiento de ella la Brigada XVII y los policías asignados para capturarlo. Se informó que en el sitio de la captura esta-ba presente el Comandante de la Brigada, Coronel Germán Rojas Díaz, quien exteriorizando senti-mientos de fruición y prepotencia, se burló de la víctima tomándola como una presa personal larga-mente apetecida y buscada. Ese mismo día, en horas de la noche y mientras ingresaba a la cárcel de El Reposo a llevarle ropa y alimentos a Arley, fue privada también de su libertad la líder comunitaria de San José, presidenta de la Acción Comunal e hija del fundador de San José, Bartolomé Cataño, Doña LAURA CATAÑO. Ambos detenidos fueron trasladados posteriormente a cárceles de máxima segu-ridad de Medellín y acusados de los delitos más absurdos como “concierto para delinquir, terroris-mo, rebelión y otros”, sustentados por una serie de falsos testigos quienes son supuestos desmovili-zados de la insurgencia pero que no se presentan a responder por sus acusaciones, haciendo que las pruebas hasta ahora sean meros montajes sin sustento personal alguno, “pruebas” que las leyes pena-les califican de inválidas. Este episodio revive momentos horrendos de la represión contra el campe-sinado de la zona, cuando en la Brigada se confeccionaban falsos testimonios a granel mediados por ex guerrilleros sometidos a chantajes y los fiscales y jueces hacían lo que los militares les dijeran, en una evidente usurpación del poder judicial por el poder ejecutivo, pisoteando uno de los principios rectores de la Constitución que es la separación e independencia de poderes. Todo muestra que el Coronel Rojas está manejando el simulacro perverso de “justicia” que se está pretendiendo implantar en la zona, gracias al prevaricato de fiscales, jueces, procuradores y defensores. No hay duda tampo-co de que tan burda y arbitraria represión es una respuesta vengativa del Coronel Rojas contra quie-nes han denunciado sus arbitrariedades contra la población de San José y se han opuesto a sus planes perversos, como el de mantener una base militar al pie del colegio en que se educa la niñez de la zo-na, algo absolutamente contrario al derecho humanitario y violatorio de las sentencias de la Corte Constitucional. Si bien, Cartagena y Cataño no hacen parte de la Comunidad, es población víctima de falsos positivos judiciales. En la última semana de diciembre de 2015, el coronel Germán Rojas Díaz, a través de los medios de comunicación regionales, refiriéndose a las detenciones y anunciando que se vienen más procesos judiciales contra varios campesinos de San José, incluyendo miembros de la Comunidad de Paz, en dichas intervenciones de nuevo se destapa con todos sus odios que muy difícilmente puede ocultar contra la Comunidad de Paz y contra la población civil de su entorno geográfico y social.

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2016 El domingo 3 y lunes 4 de enero de 2016, efectivos de la Brigada XVII instaron a un poblador a traba-jar y cooperar con ellos; bajo ese chantaje, encapuchados procedieron a amenazar a dicho poblador del casco urbano de San José. El domingo 10 y el sábado 16 de enero de 2016, dos campesinos de la región acudieron a la Comuni-dad de Paz para manifestar que desde la Brigada XVII les están ofreciendo dinero para que realicen actividades en colaboración con la fuerza pública, de tal forma que la población se someta poco a po-co al régimen y control social, económico, político y militar de la brigada. El sábado 23 de enero de 2016 fueron privados de su libertad otros tres líderes comunitarios de la zona: JUAN BAUTISTA CELADA, presidente de la junta de acción comunal de la vereda Arenas Al-tas, SILVIA SEPÚLVEDA y ÓSCAR MUÑOZ, familia campesina que habita entre las veredas Las Nieves y La Esperanza. Todo muestra que los anuncios perversos del Coronel Rojas se van cum-pliendo, pues todos estos campesinos son víctimas de procedimientos arbitrarios apoyados en acusa-ciones sin fundamento manipuladas por la Brigada XVII y que paralelamente estas mismas informa-ciones, señalamientos y amenazas han provenido de huestes paramilitares en los últimos meses. El domingo 24 de enero de 2016, hacia las 18:00 horas en el casco urbano de San José, fue perseguido por efectivos de la Policía Nacional y soldados de la Base militar de San José, el campesino RAMÓN ISIDRO GUERRA, habitante de la vereda Mulatos, perteneciente al corregimiento de San José. Este mismo domingo 24 de enero de 2016, hacia las 21:00 horas en el casco urbano de San José, sol-dados de la base militar de San José, acompañados de civiles extraños intentaron ingresar a la vivien-da del campesino PEDRO PABLO RIVERA ÚSUGA, obligándolo a que tenía que acompañarles hasta las afueras del caserío, a lo que Pedro, se negó. Posteriormente, habitantes civiles del caserío acudie-ron a la vivienda de Pedro para acompañarle e impedir que se lo llevaran. Ante estos hechos la po-blación quedó perpleja por la soberbia de dichos agentes estatales en su intento de sacar a civiles y llevarlos a parajes solitarios quién sabe con qué fin perverso. En estos momentos se desconoce el pa-radero de los dos civiles, los señores, RAMÓN GUERRA y PEDRO RIVERA. Desde hace unos meses la Comunidad de Paz ha tenido conocimiento de que algunos pobladores de la vereda Mulatos, unos de ellos ligados a la Junta de Acción Comunal, no se sabe impulsados por quién, se están preparando para invadir y arrebatar a la fuerza los espacios de la Comunidad de Paz en el asentamiento Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, en la vereda Mulatos Medio. Varias veces han conminado a la Comunidad a abandonar dicho predio, en ocasiones llevando a actores armados para hacer alarde de fuerza; en otras ocasiones exigiendo que se les entregue el predio para realizar allí

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actividades que se oponen a los principios de la Comunidad, en otras ocasiones alegando que tienen que ubicar allí maquinarias y desarrollar proyectos obsequiados por el gobierno nacional y en otras ocasiones amenazándolos de muerte. No se entiende a cabalidad qué se esconde detrás de todas estas presiones, pero se intuye que hay fuerzas oscuras a quienes la presencia de la Comunidad de Paz les estorba. Hace 11 años, luego del asesinato del líder histórico Luis Eduardo Guerra, perpetrado por el ejército cerca de las ruinas del antiguo centro de salud de Mulatos Medio, la Comunidad visitó repe-tidas veces el sitio, el cual adquirió desde entonces un carácter sagrado, al ser regado con la sangre de Luis Eduardo, Bellanira y Deiner Andrés, y se construyó allí una primera capilla que convocó desde entonces a muchos rituales de memoria. El sitio estaba enmontado y los antiguos habitantes de la zo-na habían huido muchos años antes a causa de la violencia. Pocos días después del holocausto, la Comunidad decidió rozar los alrededores y preparar el terreno para una ALDEA DE PAZ con el nombre de LUIS EDUARDO GUERRA. Luego se hicieron construcciones y numerosos actos de do-minio en un proceso de posesión comunitaria pacífica, sin tener oposición alguna en los 10 años si-guientes. Un enorme kiosco de asambleas, un conjunto de viviendas, una escuela que sirve a niños del vecindario, una biblioteca donada por amigos internacionales, una capilla que finalmente se cons-truyó en piedra y que absorbió prolongados y duros trabajos de muchos grupos de trabajo comunita-rio, cultivos y experimentos ecológicos, todo fue perfeccionando una posesión pacífica y sagrada por parte de la Comunidad. Por ello no se comprenden los sentimientos adversos de quienes quieren ex-pulsar a la fuerza a la Comunidad de un lugar ya profundamente ligado a sus sentimientos más deli-cados y a su memoria más dolorosa. El lunes 28 de marzo de 2016, una delegación de la Comunidad de Paz se desplazó a la vereda La Hoz, para verificar los hechos violentos ocurridos en esa zona, lo que pudo comprobar lo siguiente: El lunes 21 de marzo de 2016, hacia las 13:50 horas, en la vereda La Hoz paramilitares y guerrilleros sostuvieron combates, los paramilitares se acercaron disparando a la vivienda del campesino Arge-miro Velásquez, quien no se encontraba al momento. Al llegar él a su casa, los paramilitares afirma-ron que allí se escondía un guerrillero y necesitaban sacarlo para matarlo, lo que él negó rotunda-mente y les exigió respeto. El lunes 21 de marzo hacia las 14:30 los paramilitares llegaron a la vivienda de la familia Martínez Mazo y dispararon contra una de las habitaciones causando daño en los canceles y en un equipo elec-trónico, uno de los hijos allí presente, Levis Andrés, de 19 años, salió corriendo para evadir las ráfa-gas, siendo insultado y amenazado. Los paramilitares requisaron toda la vivienda, revolcaron todo lo que encontraron, y se robaron un millón ochenta mil pesos, otros objetos de valor, y la comida que encontraron en la cocina y en la despensa, una cartera con sus documentos la dejaron en el campo luego de sustraer el dinero. El miércoles 23 de marzo de 2016, los paramilitares regresaron a la vivienda de la familia Martínez Mazo y al encontrar allí a Levis Andrés, le reclamaron el que hubiera salido corriendo el lunes ante-rior, lo agarraron y se lo llevaron en dirección a la escuela, donde lo hicieron tender en el piso, le co-

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locaron las botas en el cuello y lo sometieron a afrentas y amenazas. Su hermano Mario Eutiquio, de 16 años, salió en su defensa y se trenzó en una fuerte discusión con los victimarios, reclamándoles el dinero y los objetos robados; ellos respondieron que no eran ladrones, que ganaban 2 millones de pe-sos mensuales, lo cual es suficiente para sostenerse y no necesitan robar, pero los hermanos les hicie-ron ver que parecían muertos de hambre porque se habían llevado todo el dinero y toda la comida que encontraron; uno de los paramilitares decía provenir de los grupos de Carlos Castaño, y que cada día sentía una fuerte necesidad de matar. En medio de la discusión los paramilitares notaron que al-gunos civiles de la vereda se acercaban a la vivienda de la familia Martínez Mazo, entre ellos Argemi-ro Velásquez, entonces los paramilitares huyeron. La presencia de los paramilitares en la zona ha sido reiterativa y a pesar de que se ha denunciado muchas veces y de que a muy poca distancia hay pre-sencia del Ejército, en las veredas Rodoxali y Sabaleta, sin embargo la fuerza pública continúa tole-rando y protegiendo su presencia en la zona. El jueves 31 de marzo de 2016 toda la zona de Urabá y al parecer 5 Departamentos del país, paraliza-ron todas sus actividades, comerciales, de transportes, educativas, etc., por orden de la estructura pa-ramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia. La real paralización de las actividades obedecía a órdenes impartidas por dicho grupo a través de s las comunidades y panfletos y de las redes socia-les; el acatamiento a dichas órdenes, bien fuera por el miedo o por simpatías demostraba un verda-dero poder de control territorial enorme de dicha organización al margen de la ley y hace pensar que la fuerza pública y las demás instituciones del Estado, o bien son impotentes ante dicha organización y no son aptas para proteger, o bien son cómplices. El martes 5 de abril de 2016, miembros de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones civiles de la región, hicieron presencia en las veredas Rodoxali y La Hoz, y pudieron comprobar en vivo y en di-recto la presencia paramilitar. Dado que en dicha delegación participaron varios jóvenes de la vereda La Hoz que habían sido víctimas de los paramilitares, cuando se disponían a salir del caserío Rodoxa-li a su vereda, fueron interceptados por paramilitares quienes los llevaron hasta las orillas del rio Mu-latos, allí los sometieron a interrogatorios, acusándoles de informar a la Defensoría del Pueblo de su presencia allí. El sábado 16 de abril de 2016, en horas de la noche, dos sujetos que se movilizaban en motocicleta y portando armas, escribieron grafitis en tres casas de la Comunidad de Paz en San Josesito: en el cen-tro de hospedaje de internacionales; en la bodega comunitaria, y en una valla de la Comunidad. El domingo 17 de abril, en horas de la mañana, miembros de la Comunidad de Paz procedieron a borrar los grafitis de los paramilitares. Este mismo domingo 17 de abril de 2016, hacia las 22 horas, una camioneta blanca se estacionó en la entrada a San Josesito y procedió a tomar fotos. Luego de varios minutos se marcharon del lugar. El lunes 18 de abril de 2016, el coronel Germán Rojas Díaz, comandante de la Brigada XVII, a través de los medios radiales locales calificó de “mentirosa” a la Comunidad de Paz, afirmando que solda-

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dos hacían presencia muy cerca de la Comunidad y que jamás vieron a nadie cruzar por allí ni a pie ni en moto. El miércoles 27 de abril de 2016, un traficante de droga utilizó atrevidamente el asentamiento de San Josesito para guardar su carga y entregársela a otro traficante que fue a recogerla en el asentamiento. Cuando miembros de la Comunidad y del Consejo lo descubrieron y protestaron por tan enorme abuso que pisoteaba todos los reglamentos de la Comunidad, dicha persona amenazó de muerte a quienes se le enfrentaron y los trató despectivamente porque, según dijo, “no constituían ninguna autoridad que pudiera sancionarlo”. La Comunidad tiene la convicción de que el refortalecimiento del paramilitarismo en la zona y la connivencia con ellos de la fuerza pública, ha incrementado a su vez los cultivos y tráfico de drogas de uso ilícito. El sábado 30 de abril de 2016, los paramilitares conminaron a los pobladores de la vereda El Porvenir a abandonar sus tierras bajo amenazas de muerte. En dicha vereda no hay familias adscritas a la Co-munidad de Paz pero sí parientes y amigos de los miembros de la Comunidad de Paz. El domingo 22 de mayo de 2016, en horas de la mañana, se registraron combates en la vereda La Es-peranza, en el sitio conocido como La Angostura, al parecer entre guerrilleros de las FARC y parami-litares. Entre el viernes 3 y el lunes 6 de junio de 2016, varios reconocidos paramilitares hicieron presencia en el paraje de La Sucia, a pocos minutos de la base militar ubicada en San José; allí pernoctaron por varios días y fueron vistos en trajes de civil y portando armas largas. El lunes 6 de junio de 2016, Germán Graciano, Representante Legal de la Comunidad de Paz, recibió una llamada de un sujeto quien se identificó como integrante de los paramilitares, exigiéndole que tenía que colaborar con los paracos o de lo contrario atenerse a las consecuencias, pues ellos saben dónde vive y también su familia, para corroborar lo cual le mencionó el nombre de la finca donde habita su familia. El miércoles 8 de junio de 2016, de nuevo Germán Graciano recibió otra llamada del paramilitar, quien le insistió en que debe colaborar con los paramilitares o de lo contrario atenerse a las conse-cuencias. El martes 14 de junio de 2016, el Coronel Germán Rojas Díaz, comandante de la Brigada XVII del ejército, en intervención radial, estigmatizó de nuevo a nuestra Comunidad de Paz. El miércoles 15 de junio de 2016, el Coronel Germán Rojas dio respuesta a una carta de la Comuni-dad de Paz, la cual respondía a su vez a otra que él había enviado a la Comunidad y a diversas cartas que él envió a comunidades hermanadas con la Comunidad de Paz en diversos países, cartas llenas de falsedades y de evasivas. En esta respuesta acude de nuevo a la evasión, pues solamente responde

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a unas pocas de las constancias y protestas, y a la mentira, pues muchas de sus afirmaciones contra-dicen pruebas contundentes en audios y en videos que se han hecho llegar a tribunales internaciona-les. El viernes 17 de junio de 2016, en horas de la mañana, aparecieron en varias casas de la Comunidad en el asentamiento de La Unión, varios afiches alusivos a las FARC. La Comunidad repudia estos he-chos a la vez que hace un llamado a todos los actores armados a respetar los espacios de vida y traba-jo de la Comunidad de Paz. Por esta razón, varios líderes de la Comunidad fueron intimidados por alias “Patiño”, guerrillero de las FARC-EP. El jueves 23 de junio de 2016, se registraron combates en la vereda Rodoxalí, al parecer entre guerri-lleros y paramilitares. El domingo 3 de julio de 2016, de nuevo algunos pobladores de la vereda Mulatos, inspirados o ani-mados por entidades del Estado que les ofrecen proyectos, anunciaron que se disponen a invadir por la fuerza los espacios de vida y trabajo de la Comunidad en la Aldea de Paz Luís Eduardo Guerra, con el fin de ejecutar allí proyectos del Estado. El viernes 8 de julio de 2016, un miembro de Consejo Interno que se encontraba en un establecimien-to público en el casco urbano de Apartadó, fue abordado por dos militares quienes portaban su uni-forme e insignias militares. Allí lo identificaron como miembro de la Comunidad de Paz y le advirtie-ron que las cosas iban a cambiar y que la comunidad internacional dejaría de acompañar a esa HP de Comunidad de Paz, y ahí se vería quién es quién. El domingo 17 de julio de 2016, en el asentamiento de la Comunidad de Paz en San Josecito, en horas de la noche, miembros del Consejo Interno resistieron ante las pretensiones y atropellos del reconoci-do traficante de drogas Luis Adán Rivera de irrumpir en el espacio de la Comunidad. Dicho persona-je en varias ocasiones intentó pisotear los principios y reglamentos de la Comunidad de Paz. Ya el 27 de abril de este año, este mismo sujeto había utilizado atrevidamente el espacio de la Comunidad pa-ra guardar droga y cuando se le descubrió agredió verbalmente a miembros del Consejo Interno y los amenazó, afirmando que a él nadie lo manda y que él hace lo que quiera y donde quiera, incluso en espacios totalmente ajenos. Posteriormente, el miércoles 19 de julio de 2016 fue capturado por agentes oficiales cuando intentaba transportar droga en Apartadó. Como es de conocimiento por toda la comunidad internacional, los diálogos que se desarrollan entre el gobierno y las FARC en La Habana, Cuba, han llegado a un compromiso de cese bilateral de fuego. Por ello no se entiende ni se ve justificado el mantener una base militar y una estación de policía en el casco urbano de San José de Apartadó, sobre todo cuando la ubicación de dichas instalaciones en medio de la población civil viola de manera muy flagrante numerosas prescripciones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado y han constituido por mucho tiempo el incentivo de enfren-

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tamientos bélicos que han destruido numerosas vidas y han arruinado la tranquilidad pública a que tiene derecho la población. El lunes 5 de septiembre de 2016, un contingente de paramilitares portando armas largas y vestidos con prendas militares, se acantonaron en el asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda Are-nas Altas. Allí han amenazado con quedarse en la región, alegando que tienen todo el aval de la fuerza pública, la cual les ha permitido llegar hasta allí con tanta tranquilidad, pues, la fuerza pública les protege. Desde comienzos de septiembre de 2016 los paramilitares vienen haciendo presencia en la vereda La Hoz. El lunes 5 de septiembre de 2016 se han instalado en la escuelita de la vereda, con la retórica de que vinieron para quedarse, pues según ellos, nadie les va a sacar. El martes 7 de septiembre de 2016, hacia las 07:00 horas, varios paramilitares se acercaron a varias viviendas del asentamiento de la Comunidad en Arenas Altas, allí, procedieron a intimidar a las fa-milias, y a anunciar que llegaron para quedarse en el territorio. Que la gente no tiene otra opción que aceptarles, gústeles o no les guste. Este mismo martes 7 de septiembre de 2016, hacia las 10:00 horas, un grupo de paramilitares se acer-caron a la escuelita de los niños en la vereda Arenas Altas, e interrumpieron con intimidación la jor-nada escolar que se estaba desarrollando al momento. Allí, de nuevo anunciaron que llegaron para quedarse, anunciando que por la vereda la Hoz venia un operativo de 300 hombres y por Saiza, ve-nían 1.000 hombres y que con ellos habían 200 hombres, con el objetivo de quedarse y controlar el territorio. Toda esta situación obligo a suspender la jornada escolar en dicha escuela. El martes 7 de septiembre de 2016, hacia las 09:00 horas miembros de la Comunidad provenientes de distintas veredas se dirigían a la vereda Arenas Altas acompañados de dos Organizaciones Inter-nacionales con delegados de distintos Países. En el paraje conocido como Rio Grande, de la vereda Arenas Altas, fueron abordados por un contingente de paramilitares fuertemente armados, quienes procedieron a retenerlos durante 50 minutos, allí, el grupo armado vistiendo prendas militares y por-tando armas de largo alcance con insignias de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) “blo-que Juan de Dios Úsuga” procedió a afirmar: “nosotros y la fuerza pública no nos vamos a comba-tir, somos los mismos, tenemos todo coordinado para lo que se viene más adelante, que es la ocupación masiva del territorio por parte de las AGC”. Después de 50 minutos, y de una intensa discusión, además de preguntar por los líderes de la Comunidad de Paz, luego los arma-dos procedieron a retirarse del sitio, no sin antes afirmar que regresarán y que no les parezca extraño cuando también entren al casco urbano de San José. Todo ello quedó registrado en grabaciones de audio y vídeo. El miércoles 7 de septiembre de 2016, hacia las 16:00 horas, un grupo de paramilitares hizo presencia en la vereda El Porvenir del Corregimiento de San José, allí, procedieron a retener a varios campesi-

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nos que se encontraban jugando, a los cuales despojaron de sus celulares, de igual forma procedieron a señalar de guerrilleros a los civiles; horas más tarde los dejaron en libertad. El jueves 8 de septiembre de 2016, hacia las 11:00 horas, tropas militares ingresaron en forma irrespe-tuosa al caserío de Arenas Altas, violando así los principios y reglamentos que prohíben la presencia de cualquier actor armado en los asentamientos de la Comunidad.. Posteriormente la Comunidad le exigió el retiro inmediato a la fuerza pública de sus espacios de vida y trabajo comunitario. Este mismo jueves 8 de septiembre de 2016, hacia las 13:00 horas se observó que el grupo paramilitar que se encontraba en la vereda El Porvenir del Corregimiento de San José, procedieron a retirarse de la vereda, no sin antes advertir que seguirían haciendo presencia en la región. El viernes 9 de septiembre de 2016, en el paraje de la Tequerita, entre la vereda La Hoz y la vereda Mulatos del corregimiento de San José, varios pobladores de la región fueron abordados por tropas paramilitares, los cuales manifestaron que van a estar por la región patrullando. Este grupo paramili-tar arribó a la vereda La Hoz el pasado lunes 5 de septiembre de 2016, acampando junto a la escuela de la vereda. El sábado 10 de septiembre de 2016, por medios radiales locales y nacionales, ELIÉCER ARTEAGA, ALCALDE DE APARTADÓ, en forma cínica e irresponsable hace eco a la fuerza pública al negar en forma impúdica la fuerte presencia de contingentes paramilitares en varias veredas del Corregimien-to de San José. En las primeras semanas de septiembre de 2016, reconocidos paramilitares que hacen presencia en la vereda Playa Larga del Corregimiento de San José, han manifestado en varias ocasiones ante pobla-dores de la región, que ya en la región los únicos que estorban son los de esa HP de Comunidad de Paz; otros han señalado que los de esa Comunidad de Paz son más guerrilleros que la propia guerri-lla. El jueves 15 de septiembre de 2016, hacia las 21:45 horas, se presentó un intercambio de disparos entre tropas del Ejército Nacional y la Policía Nacional contra un grupo de militares/paramilitares que se atrincheraron a disparar desde varias casas del casco urbano de San José, dicho enfrentamien-to simulado se prolongó hasta las 22:45 horas del mismo día. Este mismo jueves 15 de septiembre de 2016, hacia las 22:20 horas, cinco sujetos portando armas lar-gas y vistiendo prendas militares, cruzaron el asentamiento comunitario de la Comunidad de Paz en San Josecito. Los sujetos venían desde San José por toda la carretera que conduce a Apartadó y a la altura de San Josecito retuvieron por varios minutos a un miembro de la Comunidad de Paz, al cual le apuntaron con sus fusiles obligándolo a arrodillarse e impidiendo que les mirara a la cara, argu-mentando que eran paramilitares. Después de varios minutos lo dejaron libre y los sujetos continua-

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ron su recorrido sobre la carretera hacia Apartadó. Horas más tarde, subieron vehículos con tropas militares hacia San José. El viernes 16 de septiembre de 2016, en horas de la mañana, hicieron presencia en el casco urbano de San José autoridades civiles y militares, supuestamente con el objetivo de evaluar la situación. Según versión de varios civiles que participaron de dicha reunión, tanto la policía como el ejército se enfure-cieron por las declaraciones de los pobladores que señalaron a los paramilitares como los responsa-bles de dicha incursión armada, pues según la versión de los mandos militares esa acción armada fue responsabilidad de las Farc. Quedaba muy claro que lo que se pretendía aquí era simular combates e incursiones que generen terror y zozobra a la población civil, que luego son atribuidos a cualquier actor armado, con el único propósito de justificar la militarización y paramilitarizacion de la región. Lo peor aún es involucrar en estos escenarios de guerra a la población civil al motivarlos a que pidan la presencia de un actor armado que persiga y elimine al otro. El Sábado 24 de septiembre de 2016, en horas de la mañana, un grupo de paramilitares fuertemente armados ingresaron a varias viviendas en la vereda La Hoz del Corregimiento de San José de Apar-tado, allí procedieron a golpear a tres reconocidos campesinos, los tiraron al suelo, les golpearon a patadas, les amenazaron con armas de fuego y les insultaron gravemente, afirmando que tenían ór-denes para asesinar a quien les diera la gana, obligándoles a guardar silencio. En dicha incursión pa-ramilitar anunciaron que van en búsqueda de varias personas de la región, de los cuales tres son miembros de la Comunidad de Paz; que de esa Comunidad de Paz van a asesinar a tres o cuatro per-sonas y que con ello la gente se dará cuenta quién es el que manda en la región. Con tono desafiante y amenazante después de varias horas continuaron su recorrido con dirección a la Vereda Mulatos del Corregimiento de San José, no sin antes anunciar que por Arenas Bajas subía otro grupo de paramili-tares. El miércoles 28 de septiembre de 2016, hacia las 09:00 horas, en la vereda Arenas Bajas, en el paraje conocido como La Máquina, fue visto un grupo de paramilitares, los cuales anunciaron que van a tomarse el corregimiento de San José y sus veredas, que tienen luz verde para ello, anunciando que a quien no le guste pues que se vaya de la región. Después de ello continuaron su ruta hacia Arenas Altas. En las últimas semanas de septiembre de 2016 se ha tenido conocimiento de que en la vereda Arenas Bajas se ha detectado la presencia de tropas militares que se mueven junto a las tropas y contingentes paramilitares, convirtiéndose así este accionar conjunto en amenaza para quien se atreva a denunciar, pues se le da el mensaje a las víctimas de que si denuncian, dichas denuncias irán a oídos de los pa-ramilitares, pues conviven en el mismo territorio. El viernes 30 de septiembre de 2016, la Comunidad de Paz tuvo información de que había sido ase-sinado con arma de fuego un reconocido comerciante de productos agrícolas de San José, el cual vivía

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en Apartadó, por dos sujetos motorizados y armados, quienes lo abordaron y sin mediar palabras le propinaron varios impactos de bala. Dejó dos huérfanos que acaban de nacer y la madre viuda. El mismo viernes 30 de septiembre de 2016, algunos pobladores de la vereda Mulatos abordaron a miembros de la Comunidad de Paz y les exigieron que la Comunidad abandone lo más pronto posi-ble el asentamiento comunitario que ha construido en la Aldea de Paz, “Luis Eduardo Guerra”, argu-mentando que la Alcaldía de Apartadó tiene muchos proyectos para la región. Preocupa que los pro-yectos estatales vienen acompañados por fuerte presencia paramilitar que siembra terror y zozobra en la región. Nada nuevo, pues antes han construido casas y carreteras clandestinas en el corregi-miento con el apoyo de los gobiernos locales y financiados por los paramilitares. El sábado 1 de octubre de 2016, varios campesinos se quejaron de la presencia militar desde hace va-rios días en la vereda Buenos Aires, del corregimiento de San José, junto a la escuelita de la vereda; allí los agentes del Estado se han acantonado en los cultivos de cacao, los cuales han dañado e impi-den que los agricultores transiten o realicen trabajos agrícolas allí; de igual forma, en una de las vi-viendas los militares entraron y se llevaron productos de abarrote, sustento de la familia. El lunes 3 de octubre de 2016, hacia las 9:00 horas un grupo de paramilitares hizo presencia en el sec-tor de Cantarrana, paraje de la vereda Mulatos Medio del Corregimiento de San José. Este mismo contingente paramilitar recorrió varios sitios de dicha vereda, acampando posteriormente en la vi-vienda de Rubi Arteaga, integrante del Consejo Interno de la Comunidad de Paz en el sector de El Barro, en la misma vereda. Ni Rubi Arteaga ni su familia se encontraban en la vivienda en el momen-to de la incursión. Al parecer este mismo contingente paramilitar es el que el día sábado 24 de sep-tiembre de 2016 hizo presencia en la vereda La Hoz, donde torturaron a tres campesinos de la vere-da. La presencia paramilitar precisamente en la vivienda de una líder de la Comunidad preocupa, sobre todo si se tienen en cuenta las amenazas contra la Comunidad de Paz por parte de este grupo armado, brazo clandestino del Estado Colombiano. Dicha amenaza paramilitar bloqueó a más de 70 miembros de la Comunidad de Paz y a acompañantes internacionales, quienes ese día se dirigían ha-cia San José desde la vereda Mulatos, obligándoles a permanecer confinados hasta el día siguiente en la Aldea de Paz en Mulatos Medio. El martes 4 de octubre de 2016, el contingente paramilitar que se mantuvo durante el día lunes 3 de octubre 2016 en la vereda Mulatos, hizo presencia en la vereda La Esperanza y se dirigieron luego hacia la vereda Playa Larga, donde tienen varias propiedades y campamentos. El miércoles 5 de octubre de 2016, en horas de la mañana, a través de los medios radiales locales, las autoridades civiles y de la fuerza pública de la región, en un acto desvergonzado se atrevieron a afirmar que habían estado en la vereda de Rodoxalí y no habían encontrado paramilitares y que al entrevistar a los pobladores, éstos manifestaron no haber visto a grupos armados. Es obvio que nadie que ha recibido casas, dinero y ganado de los paramilitares y que además viva en una zona controla-da por ellos, se atreva a denunciarlos.

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El jueves 6 de octubre de 2016, la Comunidad de Paz fue informada de las amenazas que ha proferi-do en varias ocasiones el traficante de droga Luis Adán Rivera contra dos miembros de la Comuni-dad, anunciando que algún día él va a salir de la cárcel y que cuando eso suceda va a asesinar a Gil-dardo Tuberquia y a Roviro López, ambos, miembros del Consejo Interno de la Comunidad de Paz. Luis Adán es un individuo que en dos ocasiones fue abordado por miembros de la Comunidad para exigirle respeto a los espacios comunitarios, a lo que él se rehusó y al contrario profirió amenazas en distintas ocasiones contra la comunidad. El jueves 06 de octubre de 2016, un grupo de militares se estacionó en los cultivos de pan coger de miembros de las familias de la Comunidad en la vereda la Unión, allí permanecieron por dos días, dañaron cultivos y destruyeron árboles de cacao y sus productos, en un claro abuso y violación al derecho de sobrevivencia que ha generado la Comunidad de Paz en sus espacios de vida y trabajo. La fuerza pública de nuevo se le ve en su intento por debilitar y destruir los cultivos y cosechas que las familias de la Comunidad han logrado en la Unión, pues, este espacio es una de los retornos Comuni-tarios que conservamos desde hace ya 18 años. El sábado 8 de octubre de 2016, un grupo de paramilitares acampó en la vereda Arenas Bajas, en la propiedad Comunitaria de familias de la Comunidad de Paz allí. El martes 11 de octubre de 2016, la Comunidad de Paz, realizó una misión humanitaria para rescatar a las familias de la Comunidad de Paz que se encontraban confinadas desde el pasado sábado 8 de octubre de 2016, en la vereda Arenas Bajas. Hacia las 17:00 horas, la Comunidad acompañada de dos organizaciones internacionales, llegó a Arenas Bajas. Allí, logró una vez más comprobar la reiterada presencia paramilitar en sus espacios, pues se habían tomado y acampado en la vivienda de un miembro de la Comunidad; los cultivos de pan coger estaban convertidos en trincheras y campamen-tos paramilitares. Por varios minutos se sostuvo una acalorada discusión con los paramilitares, al momento de exigirles que desocuparan esos espacios de vida. Los paramilitares de nuevo reiteran que no se van a ir de la zona, pues su principal objetivo es quedarse en los territorios. El miércoles 12 de octubre de 2016, en el sitio conocido como Pelahuevo, paraje de la vereda Arenas Altas, miembros de la Comunidad fueron impedidos de realizar trabajos agrícolas por tropas milita-res que se encontraban acampadas en los terrenos y cultivos comunitarios en dicha vereda. Allí, los militares afirmaron que ellos son conscientes de la presencia paramilitar en la región, pero que ellos no van a hacer nada, pues “toda denuncia que realice esa HP de Comunidad de Paz, la van a tergiversar ante la opinión pública y comunidad internacional como “montajes de la Comunidad de Paz”. Estas afirmacio-nes de las instituciones del Estado no sorprenden, pues ya hace años se graduaron en ese campo de la desinformación. El Estado desafía la Constitución y la Ley y acude a la ilegalidad al proteger a los paramilitares, pues ya por más de 30 días hacen presencia permanente entre las veredas Arenas Altas y Arenas Bajas, sin que a la fecha se haya realizado acción alguna para evitar riesgos contra la pobla-ción civil.

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El miércoles 12 de octubre de 2016, la Comunidad tuvo conocimiento de que un grupo de paramili-tares que venía de la vereda Arenas Bajas llegó hasta la vereda La Unión con intención de asesinar a Reinaldo Areiza, pero él no se encontraba en la vivienda al momento. En días posteriores paramilita-res residentes en el poblado de Nuevo Antioquia confirmaron que habían buscado a Reinado en La Unión para asesinarlo y no lo habían encontrado. El viernes 15 de octubre de 2016, la Comunidad tuvo conocimiento, a través de campesinos de la re-gión, quienes fueron testigos presenciales, de que se han dado varios encuentros entre militares y paramilitares en el sector conocido como La Máquina, entre las veredas de Arenas Bajas y Arenas Altas, compartiendo informaciones e instrucciones mutuas. El martes 18 de octubre de 2016, hacia las 7:00 horas y por espacio de 10 horas, un contingente del ejército de aproximadamente 100 hombres hizo presencia en las propiedades privadas de la Comu-nidad de Paz en la vereda de Arenas Altas, particularmente en la escuela donde cocinaron sin permi-so alguno, y al retirarse dejaron allí un chaleco militar, un teléfono celular y material bélico, provee-dores con sus respectivas municiones, tres calcetines con abundante munición para arma de largo alcance y una camisa militar. Todo quedó registrado en videos y fotografías por parte de la Comuni-dad de Paz. Este mismo día varios miembros de la Comunidad observaron a un grupo al parecer de militares, con características y presentación similares a paramilitares que descendía por el camino de Arenas Altas y se dirigía hacia el caserío de San José, donde hay fuerte presencia militar y policial, luego fueron vistos regresar al mismo sitio. Todo muestra que habían estado en cercanía y coordina-ción con el ejército, probablemente recibiendo armamentos y/o vituallas. Este mismo martes 18 de octubre de 2016, hacia las 7:00 horas, varios pobladores de la vereda Arenas Altas escucharon dos disparos de arma larga procedentes de un campamento militar en dicha vereda, posteriormente campesinos de la vereda fueron abordados por dos sujetos vistiendo botas y pantalón militar a quienes preguntaron por el camino que les conducía hacia la vereda Los Mandarinos sector La Máquina, área donde permanentemente hay presencia de contingentes paramilitares. El miércoles 19 de octubre de 2016, hacia las 10:30 horas miembros de la Comunidad de Paz, proce-dieron a retirar y enterrar el material bélico dejado por el ejército en la escuela de Arenas Altas el pa-sado martes 18 de octubre de 2016, pues los niños de dicha escuela manipulaban dicho material de guerra al ser dejado por los militares allí, estos hechos fueron puestos en conocimiento de organismos nacionales e internacionales. El mismo miércoles 19 de octubre de 2016, hacia las 15:00 horas, un grupo de militares nuevamente ingresó al asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda Arenas Altas, se mantuvieron por es-pacio de dos horas y posteriormente se retiraron del sitio por insistencia de los miembros locales de la Comunidad de Paz.

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El jueves 20 de octubre de 2016, hacia las 7:20 horas, una comisión humanitaria integrada por miem-bros de la Comunidad de Paz, arribó a la vereda Arenas Altas para conocer de primera mano la si-tuación de orden público que se presentó en los últimos días allí. Al llegar fueron inmediatamente abordados por las tropas militares acantonadas en dicho asentamiento comunitario, los cuales en forma airada profirieron amenazas contra los miembros de la Comunidad de Paz allí presentes, afir-mando, entre otras cosas, que ellos portaban fusiles y armas diseñadas sólo para matar y que las utili-zarían en cualquier momento. Todas estas amenazas quedaron registradas y filmadas por la Comu-nidad. Este mismo jueves 20 de octubre de 2016, hacia las 16:00 horas, otra comisión humanitaria integrada por miembros de la Comunidad de Paz y la Defensoría del Pueblo, hizo presencia en la vereda Are-nas Altas con el fin de colocar en conocimiento de la Defensoría del Pueblo el arsenal de guerra deja-do por tropas militares y hallados por niños y niñas de la escuela del asentamiento Comunitario. La Comunidad de Paz espera entregar dicho arsenal de guerra dejado por los militares sólo a alguna organización internacional que garanticen la deshabilitación o destrucción de dicho material bélico en cuanto armas de destrucción humana, insistiendo en que la Comunidad ha sufrido ya más de tres centenares de muertes violentas por armas letales del Estado, fuera de otras formas de horribles de violencia que se apoya en esas mismas armas. El sábado 22 de octubre de 2016, varias instituciones del Estado, entre ellas la comandancia de la Bri-gada XVII del Ejército Nacional en cabeza del Coronel José Antonio Dangón, comandante de dicha Brigada Militar, del Alcalde Municipal Eliécer Arteaga y de un grupo de periodistas, hicieron presen-cia en el casco urbano de San José, donde mediante show mediático se permitieron inaugurar supues-tamente el mantenimiento a la vía carreteable entre Apartadó y el casco urbano de San José, mante-nimiento que ha durado escasamente una semana, pues la vía está peor. Semejante show preparado con gran despliegue fue divulgado y ocupó las primeras páginas de los medios y de las noticias ra-diales de la región para tapar, silenciar y desviar la atención que generaban los hechos acaecidos con-tra la comunidad en la vereda Arenas Altas, donde las tropas militares abandonaron un arsenal béli-co, quién sabe con qué intención, junto a la escuela veredal y a las viviendas comunitarias de las fami-lias campesinas. En las últimas semanas de octubre de 2016 y primera de noviembre de 2016, varios pobladores del corregimiento de San José que han caminado entre la vereda la Esperanza y el poblado de Nuevo An-tioquia (jurisdicción de Turbo), han sido abordados por paramilitares quienes con lista en mano han preguntado por el paradero de varios civiles de la región. Uno de esos casos sucedió con el señor Wber Areiza, a quien lo abordaron y le preguntaron por su hermano REINALDO AREIZA, afirman-do que irán por él adonde sea necesario para asesinarlo; de igual forma, los armados le manifestaron que lo conocían muy bien, que sabían que él era hermano de una mujer que ellos habían asesinado en el 2005 en Mulatos, que lo sabían todo, que inclusive sabían que ya el Estado había pagado a las víc-timas de esa masacre. Estas afirmaciones de paramilitares muestran la cercanía y la unidad de acción de estos con agentes del Estado, a los cuales el Estado protege para luego camuflarse y delinquir.

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El jueves 10 de noviembre de 2016, un grupo de paramilitares hizo presencia en el asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda Arenas Bajas, allí destruyeron varias vallas y a otras les borraron las letras de la Comunidad de Paz y las remplazaron por anuncios y mensajes alusivos a las Autode-fensas Gaitanistas de Colombia –AGC- y del Bloque Juan de Dios Úsuga, manifestando que vinieron para quedarse. El sábado 26 y domingo 27 de noviembre de 2016, las instituciones del Estado organizaron activida-des supuestamente de integración de la población civil del Corregimiento de San José en el casco ur-bano, allí y en medio de dichas actividades de integración se vio la presencia de varios reconocidos paramilitares que departían tranquilamente con miembros de la fuerza pública. El martes 29 de noviembre de 2016, hacia las 17:40 horas, en el sitio conocido como Cruz de Hueso, entre las veredas La Esperanza, Playa Larga y Rodoxalí, del corregimiento de San José, se presentó un fuerte tiroteo y la detonación de artefactos explosivos, por espacio de varios minutos. En dicho paraje, los paramilitares se mueven constantemente con el aval de la fuerza pública quienes en los últimos días han hecho presencia en dicha zona. El miércoles 30 de noviembre de 2016, hacia las 10:00 horas, cinco personas quienes se hacen llamar miembros de la Junta de Acción Comunal de Mulatos Medio, irrumpieron agresivamente en una propiedad privada de la Comunidad de Paz y donde además funciona el asentamiento comunitario “Aldea de Paz, Luis Eduardo Guerra” en la vereda Mulatos Medio, con el argumento de que tienen todo el aval de instituciones del Estado, como es la Alcaldía de Apartado, la SAMA, entre otras insti-tuciones, para ingresar al espacio y desarrollar los proyectos del Estado en dicho lugar, pues tienen todo el afán, ya que si no el gobierno local no les adjudicaría los proyectos y por ende los perderían. Es pues bajo este argumento y chantaje con el que ahora el Estado pretende una vez más exterminar un proyecto de vida como es el de la Comunidad de Paz, aliándose con el proyecto paramilitar que construye carreteras y viviendas ilegalmente a la vista de todas las instituciones de control que patro-cinan este accionar. El jueves 01 de diciembre de 2016, hacia las 11:40 horas, dos miembros de la Comunidad de Paz, en-tre ellos Arley Tuberquia, miembro de Consejo Interno de la Comunidad de Paz, fueron abordados, a la altura del barrio Mangolo, en la ciudad de Apartadó, por dos sujetos que se movilizaban en moto-cicleta de alto cilindraje quienes se identificaron como paramilitares y quienes portando armas de fuego con las cuales amenazaron e intimidaron a los miembros de la Comunidad de Paz señalándolos de guerrilleros HP a quienes se debía matar sin compasión. Al instante procedieron a requisarlos y a hurtarles dinero que tenía como destino el pago de productos agrícolas de las familias de la Comuni-dad de Paz, anunciando que no dejarían continuar esa HP de Comunidad guerrillera. Todo esto su-cedió en medio y en presencia de varios transeúntes quienes presenciaron estos hechos de persecu-ción, señalamiento y estigmatización contra la Comunidad de Paz e impidieron un desenlace lamen-

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table. Los sujetos huyeron no sin antes advertir que no se denunciara nada o se atendrían a las conse-cuencias. Este mismo jueves 1 de diciembre de 2016, Edwin Arteaga, miembro de la Comunidad de Paz, se dirigió a la estación de policía para colocar la denuncia de pérdida de las llaves de su vehículo de propiedad durante el atentado, pero fue inmediatamente detenido y señalado de sospechoso por los agentes de la Policía y amenazado con 6 años de cárcel. Increíble! A las víctimas se les considerada como los principales victimarios y criminales por las instituciones del Estado. El jueves 01 de diciembre de 2016, hacia las 17:30 horas, fue puesto en libertad Edwin Arteaga, miembro de la Comunidad de Paz, después de haber sido sometido por más de 3 horas a chantajes, insultos y amenazas por parte de agentes de la SIJIN y de la Policía de la Estación de Policía principal de Apartadó. Una vez más se evidencia la crueldad y la tiranía con que se trata a un miembro de la Comunidad, como es el caso de Edwin Arteaga, después de sufrir un atentado contra su vida por parte de paramilitares hacia las 11:40 horas de ese mismo día, y quien había acudido a la Estación para dejar constancia de la pérdida de los documentos y las llaves del vehículo (moto) que conducía. El viernes 2 de diciembre de 2016, hacia las 16:00 horas, en el asentamiento de la Comunidad de Paz en San Josecito, varios agentes de la Estación de Policía del casco urbano de San José hicieron presen-cia por varios minutos sobre el asentamiento, allí tomaron fotografías a miembros de la comuni-dad, al ser increpados por la comunidad manifestaron que venían buscando a los líderes, y con tono desafiante manifestaron que precisamente estaban allí para ver si algún líder de la comunidad saldría a pedirles que se retiraran. Minutos más tarde se regresaron hacia San José. El viernes 2 y el sábado 3 de diciembre de 2016, hacia las 2:00 horas de la madrugada dos hombres desconocidos en motocicletas incursionaron en el asentamiento de San Josecito e hicieron varias ron-das alrededor del mismo sembrando intenso temor en los pobladores integrantes de la Comunidad de Paz. El viernes 9 de diciembre de 2016, algunos integrantes de la Junta Comunal de la vereda Mulatos Medio irrumpieron en la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, y sin mediar permiso alguno de sus po-bladores realizaron una reunión dentro del predio de la Aldea, la cual se prolongó entre las 10 a.m. y las 4 p.m. , durante la cual insistieron en arrebatarle ese predio a la Comunidad de Paz, alegando que la Alcaldía de Apartadó y el gobierno les están haciendo donaciones de sillas, implementos de cocina para una escuela y otros enseres para que los coloquen en el predio de la Comunidad de Paz y se apoderen del mismo. Si bien varios de los asistentes a dicha reunión revelaron que fueron presiona-dos por tres miembros de la Junta para hacer presencia allí, o de lo contrario tendrían que abandonar la zona, las tres únicas personas que llevaron la vocería alegaban tener derechos antiguos sobre ese predio, mientras es de público conocimiento que llevan pocos años en la zona. La Comunidad de Paz percibe allí una perversa estrategia del gobierno de utilizar a unos pocos miembros de la Junta Co-munal para despojarla de uno de los sitios más sagrados, donde fue sacrificado el líder histórico Luis

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Eduardo Guerra, y del cual la Comunidad ha tenido posesión pacifica durante más de 10 años, ejer-ciendo un dominio en construcciones, sitios de memoria y proyectos ecológicos comunitarios. El viernes 16 de diciembre de 2016, miembros de la policía nacional presentes en un retén ubicado en cercanías de Santa Fe de Antioquia, subieron al bus donde viajaban dos miembros de la Comunidad de Paz, entre ellos el Representante Legal de la misma, y los filmaron, en flagrante violación de las normas que amparan el derecho a la intimidad, refrendado por varias sentencias de la Corte Consti-tucional. El sábado 17 de diciembre de 2016, en el Filo de los Arteagas, ubicado en la vereda La Esperanza de San José de Apartadó, hizo presencia un grupo de paramilitares en trajes de camuflaje y con armas largas. Preguntaron por algunos pobladores y muy insistentemente por Cristóbal Mesa, quien ha sido amenazado de muerte repetidas veces por ellos y conminado a abandonar la región. Los paramilita-res estaban ejerciendo un control territorial, pues han afirmado que ellos son la autoridad en la zona y que están limpiando la región, de modo que el que no se someta a ellos debe irse de allí o va a ser “borrado y tirado al piso”. El sábado 17 y el domingo 18 de diciembre de 2016, otro contingente paramilitar penetró en la vere-da Arenas Bajas de San José de Apartadó, en actitud de control territorial, advirtiendo a los poblado-res que ellos son la autoridad y que todos deben someterse a ellos; que quien no lo haga debe aban-donar la región o será ¨borrado y tirado al piso¨. El miércoles 21 de diciembre de 2016, hacia las 11:10 horas, en el sitio conocido como Tierra Amari-lla, entre Apartado y San José, dos sujetos vestidos de civil y portando arma corta interceptaron a un reconocido campesino de San José quien se movilizaba en motocicleta, allí le preguntaron que si tenía vínculos con la Comunidad de Paz, al contestar que no, le advirtieron que más le valía no vincularse a ella, de lo contrario no respondían por él. El jueves 22 de diciembre de 2016, un grupo de paramilitares hizo presencia en la vereda La Hoz del corregimiento de San José de Apartadó y anunció que próximamente irán a la Aldea de Paz de la Comunidad en la vereda Mulatos Medio y buscarán a Gildardo Tuberquia, miembro del Consejo In-terno de la Comunidad de Paz, a quien pretenden amarrar y llevárselo de la región. El sábado 31 de diciembre de 2016 un grupo de paramilitares hizo presencia en la vereda Arenas Al-tas, en el asentamiento de la Comunidad de Paz, y anunciaron que no se van a retirar de la zona, les guste o no les guste a “los de esa h. p. de comunidad de paz”.

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2017 El martes 3 de enero de 2017 un grupo de paramilitares hizo presencia en la vereda Mulatos Medio, en un predio colindante con la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, allí se les vio departiendo larga-mente con uno de los líderes que está impulsando la toma de la Aldea de Paz por parte de miembros de la Acción Comunal para implementar allí proyectos que el gobierno les ha prometido. El miércoles 4 de enero de 2017, un grupo de paramilitares hizo presencia en la vereda Arenas Altas, en el asentamiento de la Comunidad de Paz. Los días domingo 8 y lunes 9 de enero de 2017, fueron vistos reconocidos paramilitares en el caserío de San José y en el estadero de Caracolí. En San José departían a vista de todo el mundo con la fuerza pública. El domingo 15 de enero de 2017, en las veredas La Unión, Buenos Aires, y Arenas Altas, del corregi-miento de San José de Apartadó, hubo presencia masiva de contingentes paramilitares fuertemente armados y con las insignias AGC. Han venido reuniendo a pobladores de la región advirtiéndoles que si no trabajan con ellos se tienen que ir de la zona o se mueren. El mismo domingo 15 de enero de 2017, en horas de la mañana, un grupo de paramilitares fuerte-mente armados hizo presencia junto a las viviendas de la Comunidad de Paz en la vereda la Unión, allí procedieron a amenazar de muerte a dos miembros de la Comunidad, si la Comunidad se nega-ba a trabajar con ellos. El lunes 16 de enero de 2017, un grupo paramilitar fuertemente armado hizo presencia en la vereda las Claras del Corregimiento de San José, allí reunieron a varias personas anunciándoles que estaban obligadas a trabajar con ellos. Este mismo día los paramilitares llegaron junto a la base militar de san José y allí se les vio conversando amigablemente con los militares acantonados en dicha base. Precisamente este mismo día lunes 16 de enero de 2017, en la página Web del Comando General de las Fuerzas Militares se afirmaba, con enorme capacidad de descaro y de mentira, que la Comunidad de Paz está trabajando en conjunto con las fuerzas militares y que ya no pone denuncias, afirmacio-nes ambas totalmente falsas y malintencionadas. Se afirmaba incluso que líderes de la Comunidad de Paz se reunían con los mayores asesinos que ha tenido la región de Urabá, algo que jamás ha hecho, mucho menos con sus verdugos. [Ver:http://cgfm.mil.co/-/ejercito-y-comunidad-de-san-jose-de-apartado-trabajando-por-la-seguridad-de-la-region] El martes 17 de enero de 2017, un grupo de paramilitares llegó a la vivienda de varios miembros de la Comunidad de Paz en la vereda Arenas Altas, advirtiendo que si la Comunidad de Paz no se que-

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daba callada asesinarían a sus líderes y por consiguiente la exterminarían; que el plan ya estaba can-tado. Este mismo martes 17 de enero de 2017, en la vereda la Esperanza, varios paramilitares llegaron a la vivienda de REINALDO AREIZA, por quien preguntaron advirtiendo que iban por la cabeza de él, afortunadamente Areiza había salido de su vivienda el día anterior. El martes 17 de enero de 2017, la fuerza pública en unión con los paramilitares realizaron un evento de integración social y de apertura en la vereda la Esperanza donde advirtieron que el desarrollo llegó y a esa hp Comunidad de Paz le había llegado su fin, al anunciar que continuarán con la construcción de la carretera que los paramilitares ya habían iniciado dos años antes; que ahora unidos terminarían dicha carretera, que además es ilegal. Dicen que la van a pasar por los predios de la Comunidad de Paz en dicha vereda, “les guste o no a los integrantes de la Comunidad”. El jueves 19 de enero de 2017, un grupo de paramilitares llegó a la vereda La Resbalosa, allí anuncia-ron que tenían el control de todas las veredas, que sólo faltaban los asentamientos de esa hp de comunidad. Que tenían luz verde para dar de baja a esa hp comunidad si no se sometía a ellos. Allí anunciaron, además, que no van a admitir a informantes o sapos de ninguna clase; que van a colocar sus propios informantes para vigilar a la población civil y van a entrar a la Aldea de Paz de Mulatos por encima de quien sea. Este mismo día hubo presencia de contingentes paramilitares en las veredas La Hoz y Rodoxalí, don-de además hacían presencia jefes paramilitares quienes lideraron las reuniones con las distintas juntas de las veredas. Este mismo jueves 19 de enero de 2017, un grupo de paramilitares hizo presencia en las propiedades vecinas de la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, en la vereda Mulatos Medio. El viernes 20 de enero de 2017, un grupo de 5 reconocidos paramilitares vestidos de civil y portando armas subieron desde Nuevo Antioquia a la vereda la Esperanza, allí, de nuevo procuraron ingresar a la vivienda de REINALDO AREIZA quien no se encontraba en la vivienda. El domingo 22 de enero de 2017, hacia las 7:00 horas, un grupo de paramilitares hizo presencia en la vereda la Esperanza, en la propiedad de REINALDO AREIZA, al no encontrar a Reinaldo, anuncia-ron que no van admitir en la zona a ningún sapo y el que no colabore con ellos o se va o se muere, que ellos son la autoridad en la región, pues han recibido aval de la fuerza pública, con quienes ya están desarrollando proyectos conjuntos y lo harán por encima de quien sea. Los paramilitares man-tuvieron retenida a la FAMILIA MUÑOZ durante varias horas bajo chantaje y amenazas, donde además exhibieron una lista de personas con quien según ellos tienen cuentas por arreglar, entre ellos miembros de la Comunidad de Paz a quienes ya se les ha advertido. Este mismo domingo 22 de enero de 2017, hacia las 15:00 horas un contingente paramilitar hizo pre-sencia en la vereda Mulatos Medio, en el paraje de la cancha deportiva de la vereda. Nuevamente los

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paramilitares anuncian que no quieren sapos en la región, que no van a permitir en la zona a quienes informen a esa HP de comunidad las acciones que ellos adelantan en la región. Según los paramilita-res han programado una reunión de comandantes paramilitares en la vereda La Esperanza, para ul-timar detalles de las líneas a trabajar en la región, tanto en lo político, militar, económico y el control social que han acordado con la fuerza pública. El lunes 23 de enero de 2017, en la vereda La Hoz del Corregimiento de San José de Apartadó para-militares violaron a una menor de edad, la cual se encontraba en su vivienda familiar, allí los parami-litares la amenazaron con asesinarla si los denunciaba. El viernes 27 de enero de 2017, hacia las 6:00 horas en la vereda Mulatos Medio un grupo paramilitar hizo presencia en la vivienda de Diana Guisao, a quien amenazaron de muerte por ser familiar de miembros de la Comunidad de Paz, allí le mostraron una lista de personas para asesinar en las que se encontraban miembros de la Comunidad de Paz de la Aldea de Paz ``Luis Eduardo Guerra`` en la vereda Mulatos. Este mismo viernes 27 de enero de 2017, hacia las 8:00 horas y por más de una hora, un contingente paramilitar incursionó en la Aldea de Paz ``Luis Eduardo Guerra``, asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda Mulatos. Los paramilitares procedieron a fotografiar a miembros de la Comuni-dad, anunciando que se dará muerte a los sapos y que la población civil está obligada a aceptar su presencia en la zona, además anunciaron que están haciendo un trabajo de infiltración y de rompi-miento de la relación y confianza que existe entre la población civil de la región y la Comunidad de Paz. La ira de los paramilitares se reflejó al manifestar que ellos tenían fusiles y arsenal de guerra para humillar a las familias de la Comunidad hasta reducirlos al polvo. Esta incursión paramilitar se dio en presencia de acompañantes internacionales quienes se encontraban en el sitio al momento de los hechos. El domingo 28 de enero de 2017, cinco paramilitares ingresaron a la propiedad privada de la Comu-nidad de Paz en la vereda La Esperanza, allí retuvieron a dos miembros de la Comunidad de Paz por varios minutos anunciando que no van a admitir a sapos en la región y conminándoles a abandonar la Comunidad de Paz. Según información de pobladores de dicha vereda, los paramilitares han subido remesas para los paramilitares que hacen presencia en la zona. Dicha remesa proviene del casco urbano de Nuevo Antioquia donde hay presencia de la fuerza pública, pero allí nadie ve, nadie oye o dice nada sobre las cantidades de remesas que suben por allí en las recuas de mulas a los para-militares. La Comunidad de Paz, la población civil de la región y la presencia de las distintas organizaciones internacionales que acompañan, han sido testigos de la invasión e incursión y amenaza paramilitar en las últimas semanas en veredas del Corregimiento de San José y en los espacios de vida y trabajo co-munitario. El gobierno aún se mantiene sordo y mudo ante el clamor internacional por la barbarie a la que es sometida la Comunidad y la población campesina por sus agentes.

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El sábado 28 de enero de 2017, en horas de la tarde, una comisión humanitaria integrada por miem-bros de la Comunidad de Paz y acompañantes internacionales al momento que se trasladaban entre Mulatos y San Josecito, fueron sorprendidos por un grupo de paramilitares acantonados en el filo de Chontalito, al percatarse de la presencia internacional intentaron esconderse entre la manigua. El martes 31 de enero de 2017, un grupo de paramilitares que vienen haciendo presencia en las vere-das Mulatos y la Resbalosa, han ingresado a varias viviendas de los campesinos, donde se han roba-do gallinas, ropas y los víveres de abarrote sustento de las familias campesinas. El miércoles 1 de febrero de 2017, hacia las 17:20 horas en la vereda Mulatos en el paraje de El Barro, una comisión humanitaria integrada por miembros de la Comunidad de Paz y acompañados por or-ganizaciones internacionales, en el momento en que se trasladaba a la vereda Mulatos fue sorprendi-da por un grupo de paramilitares acantonados en el sitio. El grupo de paramilitares fueron sorpren-didos encapuchados, camuflados, portando armas largas y con las insignias AGC. Este mismo miércoles 1 de febrero de 2017, hacia las 19:00 horas, un grupo de paramilitares irrumpió en la Aldea de Paz ‘’Luis Eduardo Guerra’’, propiedad privada de la Comunidad. Los sujetos mani-festaron que tienen orden para pasar por donde les de la hp gana. Después de varios minutos, los sujetos se retiraron al percatarse de la presencia internacional en el sitio, no sin antes advertir que esos sapos hp miembros de la comunidad serán asesinados. Este mismo miércoles 1 de febrero de 2017, a las 12:00 horas, tres sujetos motorizados y portando armas cortas, ingresaron al asentamiento de San Josecito, averiguando por el líder comunitario del lugar, al percatarse que no estaba, los sujetos se retiraron. El jueves 2 de febrero de 2017, hacia las 5:00 horas, en la vereda Mulatos, un grupo de paramilitares ingresó a la vivienda del campesino de nombre Wilmar a quien amenazaron de muerte. Este mismo jueves 2 de febrero de 2017, hacia las 9:00 horas un contingente paramilitar incursionó en la Aldea de Paz, en la vereda Mulatos, allí mantuvieron a dos familias de la comunidad retenidas por varios minutos a quienes amenazaron de muerte, anunciando que a los gringos no los van a asesinar pero que a esa parranda de sapos de la comunidad sí. El mismo jueves 2 de febrero de 2017, varios paramilitares que vienen haciendo presencia en la ve-reda Mulatos, en el corregimiento de San José de Apartadó, ingresaron a la vivienda de la joven Dia-na Guisao Hernández, a la cual amenazaron de muerte si los denunciaba ante la Comunidad de Paz; bajo esta amenaza la mantuvieron durante dos días, sin dejarla salir de la vivienda, pues dichos pa-ramilitares durmieron en su vivienda.

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El jueves 2 de febrero de 2017, en horas de la mañana, en la vereda Mulatos, un grupo militar ingresó a la Aldea de Paz “Luis Eduardo Guerra”, a distancia de 800 metros también un grupo de paramilita-res, quedando las familias de la Comunidad de Paz en medio y rodeadas por los peores criminales a los que la comunidad ha sobrevivido ya 20 años. Testigos de la presencia militar/paramilitar, son las distintas organizaciones que acompañan en la Aldea de Paz, además de la Defensoría del Pueblo, la cual hacía presencia en el sitio y advirtió a la Fuerza Pública de la presencia paramilitar a escasos me-tros, sin que ello en ningún modo generara alguna reacción inmediata por parte de los agentes del Estado. El viernes 3 de febrero de 2017, paramilitares que vienen haciendo presencia en la vereda Mulatos, en los alrededores de la Aldea de Paz “Luis Eduardo Guerra”, se atrincheraron en varias viviendas campesinas aledañas con el argumento de que si el ejército rompía los acuerdos de amistad que tie-nen entre ellos y les hacían disparos, ellos no se iban a quedar quietos, pues se armaría una balacera. El sábado 4 de febrero de 2017, hacia las 6:30 horas, en la vereda Mulatos un grupo de militares se acercó a la vivienda de Diana Guisao Hernández y allí capturó a un paramilitar con toda la dotación y camuflado; los demás sencillamente se fueron. Pero, si no existen paramilitares, según el Gobierno, entonces ¿cuál será el final de este sujeto retenido?, a lo mejor en dos o tres días estará suelto. Este mismo sábado 4 de febrero de 2017, en horas de la mañana dos helicópteros sobrevolaron a una altura mínima las viviendas de las familias en la Aldea de Paz, en la vereda Mulatos; dicha situación creó un estado de pánico por el ruido escandaloso de los aparatos, pero además porque en esa misma área la presencia paramilitar aún permanecía. Este mismo sábado 4 de febrero de 2017, en la vereda La Esperanza miembros de la Comunidad de Paz, acompañados por la Defensoría del Pueblo, constataron el arribo de una recua de mulas carga-das de víveres y alimentos conducidos a los paramilitares. Dichas cantidades tan enormes de comida transportadas hacia la vereda la Esperanza hacen pensar que no son pocos los integrantes del grupo de paramilitares que viene azotando las veredas, sino más bien contingentes paramilitares a los que la fuerza pública dejó de prestarles atención y han hecho alianzas de amistad. El domingo 5 de febrero de 2017, hacia las 12:00 horas, en la vereda Mulatos, en el paraje El Barro, fue retenido ilegalmente German Graciano Posso, miembro y Representante Legal de la Comunidad de Paz, por tropas militares al mando del CABO DE APELLIDO DÍAZ, quien lo amenazó y lo retuvo por varios minutos bajo el argumento de que Graciano tenía orden de detención y se lo llevarían en helicóptero a la Brigada XVII del ejército nacional con sede en Carepa, Antioquia. Ante esta situación, miembros de la Comunidad que acompañaban a Graciano protestaron por la detención ilegal, a lo que el Cabo contestó que ese era su objetivo y las instrucciones que había recibido de los mandos y superiores: perseguir a los miembros de la Comunidad; que a ellos no les interesaban los paramilita-res, pues trabajaban conjuntamente con ellos.

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El domingo 5 de febrero de 2017, en horas de la mañana se comprobó la presencia de un grupo grande de paramilitares entre las veredas Arenas Bajas y Arenas Altas, pues ya desde hacía varios días venían haciendo presencia en la vereda Arenas Bajas en el sector conocido como La Máquina. Ese mismo domingo 5 de febrero de 2017, hacia las 21:00 horas un grupo de paramilitares hizo pre-sencia en varias viviendas en la vereda el Cuchillo perteneciente al corregimiento de San José, a tan solo pocos minutos de la base militar y la estación de policía ubicados en el casco urbano de San José, allí los paramilitares, quienes se identificaron como las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), vistiendo prendas militares y portando armas largas, anunciaron de nuevo que su presencia en la zo-na ya es notoria para el campesinado, el cual tendrá que someterse a las pretensiones de ellos; de igual forma anunciaron que van a cobrar vacunas a todos los campesinos, a los que tienen reses, a los arrieros, a los jornaleros y a los agricultores de cacao y quien no pague se tendrá que ir de la región o se muere. Dichos anuncios ya se vienen cumpliendo, pues todos los comerciantes de ganado en la región están obligados a pagar una vacuna de $50.000 pesos por cabeza de ganado que mueva en el corregimiento de San José. Ante dichas amenazas varias familias de la veredas han manifestado el deseo de irse de la región por temor a ser asesinados. El lunes 6 de febrero de 2017, reconocidos paramilitares en Nuevo Antioquia, anunciaron a varios pobladores de la región que ‘’alias 09’’, comandante paramilitar, había dado órdenes para acabar con la Comunidad de Paz ya que era su enemigo número uno; de igual forma anunciaron la muerte del campesino de nombre EVER, residente en la vereda La Hoz. El martes 7 de febrero de 2017, en varios medios de comunicación radial regional el CORONEL JOSÉ ANTONIO DANGÓN, comandante de la Brigada XVII del Ejercito Nacional, dio parte de los opera-tivos que el ejército realiza en las veredas Mulatos y la Hoz del corregimiento de San José, afirmando que no se ha encontrado indicio alguno de la presencia de grupos armados en esos lugares. Es tal el nivel de cinismo y descaro de quien desempeña la comandancia de dicha brigada. Negar la evidente presencia paramilitar en la región es recurrir a viejas prácticas de la brigada, pues en la época del Ge-neral Rito Alejo del Rio (1997-98) se negó una y otra vez el actuar paramilitar, mientras las masacres, asesinatos, desapariciones, torturas e innumerables crímenes se cometían bajo el amparo y protección de las fuerzas armadas y de las instancias judiciales que nunca han investigado. El miércoles 8 de febrero de 2017, tropas militares que vienen haciendo presencia en la vereda Mula-tos del Corregimiento de San José, las cuales han estado acampando en la propiedad privada de miembros de la Comunidad de Paz en el sector conocido como El Barro, han manifestado en reitera-das ocasiones que ‘’el campesinado tiene que aprender a las buenas o a las malas a ver las cosas y a quedarse callados’’, refiriéndose a la presencia paramilitar en la región y de nuevo las tropas milita-res afirmaron que no les importa la presencia de los paramilitares, pues no los van a combatir.

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Este mismo miércoles 8 de febrero de 2017, en la vereda Mulatos, miembros de la Comunidad de Paz le exigieron a la tropa militar que se retirara de los sitios privados de la comunidad ya que ningún actor armado es protección para las familias de la Comunidad de Paz, y menos tratándose de los ma-yores aliados del paramilitarismo en la región. El jueves 9 de febrero de 2017, hacia las 14:00 dos paramilitares ingresaron a las viviendas de fami-lias de la comunidad en la vereda La Esperanza. Los dos sujetos vistiendo trajes militares, portando armas largas y con brazaletes con insignias de las AGC, en forma airada afirmaron que ‘’las familias de esa HP comunidad se metió en la grande al echarnos al ejército en la vereda Mulatos’’, pues según ellos, los militares les habían comunicado que estaban allí por el escándalo que la Comunidad de Paz había hecho y debido a ello tenían que dar resultados, por esas razones detuvieron a un paramilitar. De igual forma afirmaron que esos HP de gringos (acompañantes internacionales) la estaban emba-rrando, pues la presencia de ellos estaba impidiendo ejecutar un plan en el corregimiento de San José, y agregaron: ‘’el día viernes 27 de enero del 2017, un gringo y una gringa nos sacaron de la Aldea de Paz en Mulatos’’ y que lo único que a ellos les provocó fue ‘’darles un par de tiros a cada uno de esos HP gringos’’. El viernes 10 de febrero de 2017, hacia las 13:00 horas en la vereda La Esperanza, en el predio de propiedad privada de la comunidad, ingresó un grupo de paramilitares de alrededor de 40 hombres, los cuales han acampado a escasos metros de la vivienda de las familias de la Comunidad, anun-ciando allí que llegaron para quedarse pues la fuerza pública no los va a perseguir. Este mismo viernes 10 de febrero de 2017, diez paramilitares hicieron presencia en espacios Comuni-tarios en la vereda Arenas Altas, en el sitio conocido como Pelahuevo donde de nuevo anunciaron que van a hacerle una visita a REINALDO AREIZA en la vereda La Unión y A OTROS TRES MIEM-BROS LÍDERES DE LA COMUNIDAD DE PAZ, pues sus cabezas les interesan mucho. El mismo viernes 10 de febrero de 2017, hacia las 21:00 horas, un grupo de paramilitares ingresó al asentamiento de la vereda la Unión, de la Comunidad de Paz, perteneciente al corregimiento de San José. El grupo paramilitar ya había hecho presencia en varias viviendas de la vereda El Cuchillo don-de además amenazó a civiles obligándolos a pagar vacunas o impuestos. Este mismo viernes 10 de febrero de 2017, el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mulatos Medio, quien había convocado a reunión a pobladores de dicha vereda, conminó a los parti-cipantes a tomarse la ‘’Aldea de Paz, Luis Eduardo Guerra’’ a la fuerza. A dicho presidente se le ha visto acudir públicamente, en por lo menos tres ocasiones, a los comandantes paramilitares que han patrullado recientemente el territorio, hechos que la misma comunidad pudo constatar.

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El sábado 11 de febrero de 2017, hacia las 17:30 horas, una comisión humanitaria conformada por miembros de la Comunidad de Paz y acompañada por organizaciones internacionales, la cual se tras-ladaba desde varias veredas de la comunidad a la vereda La Esperanza, fue testigo de la presencia paramilitar a escasos metros de las viviendas de la Comunidad en la vereda La Esperanza. Ya habían permanecido allí por más de tres días. El domingo 12 de febrero de 2017, en horas de la madrugada, dos helicópteros sobrevolaron durante varios minutos el asentamiento comunitario de La Esperanza, no se sabe con qué propósito. Más tar-de tropas militares afirmarían que el propósito fue descargar tropas en el lugar, pero debido al mal tiempo no fue posible, lo cual es totalmente falso, pues no había lluvias ni neblina ni descargas eléc-tricas. Tal vez el propósito fue enviar una señal a los paramilitares de que pronto desembarcarían tropas en el área. El mismo domingo 12 de febrero de 2017, hacia las 10:00 horas, tropas militares al mando del CAPI-TÁN MESA ingresaron arbitrariamente a la propiedad privada de la Comunidad de Paz en la vereda La Esperanza y se instalaron allí. En dos ocasiones miembros de la Comunidad exigieron el retiro de las tropas militares de la propiedad privada demandando respeto y el no involucramiento en la gue-rra, pues su presencia, en lugar de proteger, lleva a colocar a la población en riesgo ante otros actores armados. A dicha exigencia de la Comunidad los uniformados, en tono arrogante, afirmaron que se irían cuando les diera la gana; que la propiedad privada no la respetarían; que al contrario, militari-zarían el área en los próximos días. Esta tropa militar cuyo objetivo supuestamente es perseguir a todo actor armado ilegal, se ubica no solo en los espacios de vida y trabajo comunitario infringiendo una de las normas esenciales de la Comunidad de Paz sustentadas en el Derecho Internacional Hu-manitario, sino además, se instalan en los potreros y áreas que son visibles desde grandes distancias y sus rutas son los senderos y caminos veredales. No es creíble que con dicha operación vayan a en-contrar indicios de la presencia de otros actores armados. El Capitán al mando de la tropa afirmó que no tenían la capacidad de controlar a ningún actor armado ya que ellos siempre se movían de un lado a otro y eso desgastaba a la tropa militar. El mismo domingo 12 de febrero de 2017, en el diario El Colombiano fue publicado un artículo con el título ‘’Paramilitares o no, con miedo silencian a Urabá’’. En dicho artículo hacen mención de la promesa que supuestamente habría hecho un miembro de la Comunidad de Paz de enviar un video de paramilitares con líderes en reunión. Tal afirmación no es cierta; si bien la Comunidad posee regis-tro fílmico, fotográfico y de audio de las distintas afrentas y confrontaciones que la misma comuni-dad ha sostenido con grupos paramilitares al exigir el retiro y la no ocupación de sus territorios y el respeto a sus miembros y a los pobladores de la región, sin embargo no es propósito de la Comuni-dad divulgar evidencias que no son secretas para nadie en Urabá; suficiente material fílmico circula en las redes en relación a la presencia paramilitar y de las llamadas “Auto Defensas Gaitanistas de Colombia” en la región. En ese mismo artículo, las autoridades militares insisten en tapar y tapar a como dé lugar la invasión paramilitar en las veredas de la Comunidad y la acusan de ser parte del sistema político de las Farc. Veinte años padeciendo las atrocidades y crímenes perpetrados desde la

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Brigada XVII y la única respuesta que se recibe de quienes representan al Estado es que la Comuni-dad es mentirosa porque es guerrillera: un cinismo sin fronteras para evadir la responsabilidad de sus múltiples crímenes de lesa humanidad cometidos contra la Comunidad en estos largos años. No solo lo ha dicho la Comunidad, lo han corroborado los mismos tribunales de justicia y las cortes in-ternacionales, las cuales han fallado en favor de la Comunidad, mientras el Estado pisotea esas sen-tencias y se atreve a desafiarlas al no cumplirlas o por lo menos respetarlas. El lunes 13 de febrero de 2017, hacia las 10:30 horas, tropas militares adscritas a la Brigada XVII del ejército nacional hicieron presencia en el asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda La Unión. Estas operaciones del ejército nacional recuerdan aquellas operaciones militares realizadas después de las masacres o incursiones cometidas contra la Comunidad por parte de militares y pa-ramilitares, en las cuales, luego de dos o tres días después de los crimines llegaba el ejército para bo-rrar las evidencias. ¿Se repite la historia? El mismo lunes 13 de febrero de 2017, en horas de la mañana, la Comunidad de Paz tuvo conoci-miento, por información de civiles de la región, de un operativo paramilitar que se desarrolla entre las veredas Arenas Altas, la Unión y el Porvenir, en el sitio conocido como El Filo de los Ratones. Los paramilitares han amenazado a los civiles anunciándoles que no quieren sapos y ‘’mucho menos a aquellos que le informan esa HP de Comunidad de Paz’’. El miércoles 15 de febrero de 2017, hacia las 7:00 horas y por varios minutos se produjo un enfrenta-miento entre militares de la brigada XVII del ejército y paramilitares que hacían presencia en la vere-da La Esperanza de San José de Apartadó, a escasos metros del asentamiento de la Comunidad de Paz. Hacia las 16:00 horas un helicóptero del ejército recogió a tres paramilitares supuestamente cap-turados, uno de ellos herido, así como una cantidad considerable de material bélico y de intendencia como municiones, minas, morrales, cobijas, manuales y reglamentos de las AGC, medicamentos, etc., pero ningún arma de fuego. Este hecho contrasta con las constantes declaraciones del gobierno, las fuerzas armadas y los medios masivos, en el sentido de que “ya no existen paramilitares”. Afirma un viejo proverbio que “contra los hechos no vale argumento alguno”. El jueves 16 de febrero de 2017, tropas militares ingresaron a la propiedad privada de la Comunidad de Paz en la vereda La Esperanza, acampando en las áreas de trabajo de familias de la Comunidad allí. La Comunidad exigió el retiro de dichas tropas del lugar, a lo que el Capitán de apellido SÁN-CHEZ aseveró que estaba allí por órdenes de sus superiores y en cumplimiento de una sentencia constitucional. Precisamente las sentencias de la Corte Constitucional y las medidas cautelares y pro-visionales de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la Comu-nidad de Paz exigen al Estado Colombiano proteger a la Comunidad pero dicha protección tiene que ser concertada con la misma Comunidad y en ningún momento puede ser impuesta. Ya en distintas ocasiones la Comunidad ha manifestado que la presencia de la fuerza pública en vez de proteger au-

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menta el riesgo, sin embargo, agentes del Estado se atreven a desafiar y pisotear la Constitución y la Ley. El viernes 17 de febrero de 2017, la Consejera Presidencial de Derechos Humanos, Dra. Paula Gavi-ria, llegó en helicóptero a la vereda La Esperanza de San José de Apartadó, en compañía de altos mandos militares, del Alcalde de Apartadó y de otros funcionarios. En el acto público que allí se tuvo intervinieron miembros de las juntas comunales negando la presencia, contra toda la evidencia acu-mulada, de grupos paramilitares en la zona. Este mismo día, hacia las 14:00 horas, la Consejera Presi-dencial asistió a otro acto similar en el caserío de San José de Apartadó durante el cual el Alcalde, los militares y algunos miembros de juntas comunales, negaron la presencia de paramilitares en la zona y criticaron las denuncias que hace la comunidad de su accionar. Aunque hubo intervenciones de agradecimiento al valor civil de la Comunidad de Paz por denunciar lo que la mayoría de la gente teme denunciar para no poner en alto riesgo su vida, sin embargo los medios silenciaron perversa-mente esas intervenciones. El martes 21 de febrero de 2017, al cumplirse el 12° aniversario de la horrenda masacre de 8 integran-tes de la Comunidad de Paz en las veredas Mulatos y La Resbalosa, numerosas personas enviaron mensajes de solidaridad en memoria de las víctimas. Más de un centenar de miembros de la Comu-nidad se desplazó a las veredas Mulatos y Resbalosa para realizar actos religiosos de memoria y para reflexionar sobre el legado de los mártires. El miércoles 22 de febrero de 2017 se comprobó nuevamente la presencia de grupos paramilitares en la vereda de Arenas Altas, de San José de Apartadó y su desplazamiento hacia la vereda La Unión. En la vereda contigua de Arenas Bajas, su presencia completa ya varias semanas sin que haya acción alguna del Estado para proteger a la población civil. El jueves 23 de febrero de 2017, mandos militares de la brigada XVII por medios radiales acusaron a la Comunidad de Paz por oponerse al paso por sus terrenos de la carretera ilegal que los paramilita-res vienen construyendo entre Nuevo Antioquia, Rodoxalí y La Esperanza, alegando que es “oponer-se al progreso”. El jueves 23 de febrero de 2017 un numeroso contingente de paramilitares que se hacen llamar “Au-todefensas Gaitanistas de Colombia”, calculado en 500 efectivos, ingresó a la zona limítrofe entre Apartadó y el departamento de Córdoba, estableció dos grandes bases, una entre las veredas de Bal-tazar y Murmullo y otra en la vereda La Matera, y comenzó a convocar a los pobladores de cada ve-reda cercana, como las de Murmullo Alto, Bajo y Medio, Baltazar, Alto Joaquín, Naín, Guineo y otras, afirmando que ellos son la autoridad que controla la región en adelante. Desde entonces por todos los caminos los pobladores encuentran patrullas paramilitares controlando el territorio. El viernes 3 de marzo de 2017, en las veredas La Miranda y Las Playas de San José de Apartadó hizo presencia un grupo de paramilitares coordinado por los hermanos CARDONA BORJA, quienes fue-

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ron desertores de las FARC y han trabajado ya muchos años con la Brigada XVII como paramilitares, manifestando que van a estar en la zona controlando el territorio y que toda la gente debe someterse a ellos y pagarles las vacunas que ellos van a establecer. El sábado 4 de marzo de 2017, tropas de la Brigada XVII del ejército nacional incursionaron en la ve-reda Arenas Bajas de San José de Apartadó, donde hay un asentamiento de la Comunidad de Paz, zona donde estaban acantonados desde hacía varias semanas los paramilitares, quienes habían lleva-do el mensaje de mantener los cultivos de coca que ellos están dispuestos a proteger. En esos días coincidió la presencia en Arenas Bajas de militares y paramilitares, pero no se supo de ningún enfren-tamiento o conflicto entre ellos, lo que confirma la unidad de acción y coordinación entre fuerza pú-blica y paramilitares. El miércoles 8 de marzo de 2017, hacia las 07:00 horas, fue visto un grupo de paramilitares en la ve-reda La Cristalina de San José de Apartadó. En sus encuentros con pobladores de nuevo arremetieron contra la Comunidad de Paz, afirmando que “esa h. p. comunidad ya no debe existir más y que hay que acabarla, pues está impidiendo nuestro ingreso a la región”. A la vez manifestaron que se van a quedar en la zona y que se están organizando para cobrar vacunas e imponer sus reglamentos y que quien no esté de acuerdo, que se atenga a las consecuencias. En las últimas semanas (febrero / marzo de 2017) pobladores que se movilizan entre las veredas La Unión y Las Claras de San José de Apartadó, se han encontrado con paramilitares quienes les pregun-tan si son miembros de la Comunidad de Paz, y cuando les responden que no, dicen que ellos tienen prohibido encontrarse con gente de la Comunidad de Paz porque los denuncian y les estorban sus planes. La Comunidad de Paz ha recibido informaciones según las cuales la presencia paramilitar es intensa y constante, desde hace aproximadamente un mes, en la zona de la vereda La Resbalosa y en las ve-redas cordobesas de La Rica, Guineo, Baltazar, La Matera, Batata, Murmullo y otras. En las reuniones con pobladores afirman que las Autodefensas van a cubrir la zonas que antes tenían presencia guerri-llera; que se proponen impulsar la siembra de coca pero que los intermediarios exclusivos para su comercio son ellos; que nadie puede contactarse con la Comunidad de Paz porque ésta es su enemigo número uno y que en adelante ellos son quienes van a ejercer el control de la región. El 22 de marzo de 2017 las delegaciones internacionales que llegaron a la Comunidad de Paz para acompañarla en su 20 aniversario de existencia, asistieron a una cita que había sido acordada previa-mente en la Brigada XVII con su Comandante, el Coronel Antonio José Dangón, con el fin de hacerle algunas preguntas sobre el comportamiento de la fuerza armada del Estado para con la Comunidad de Paz y el campesinado del entorno. Luego de cambiar muchas veces la hora de la cita finalmente los recibió y hubo desconciertos: el Coronel se había tomado la libertad de invitar a muchas personas a la reunión sin consultar a los peticionarios y sin que éstos supieran siquiera quiénes eran los extra-ños concurrentes ni qué objetivo tenía su presencia; una falta no sólo de cortesía sino que ocultaba

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una perversa manipulación. El Coronel había preparado una extensa exposición sobre las relaciones de la Brigada con la Comunidad de Paz y, si no es por una interrupción desesperada de uno de los delegados, se habría marchado sin darles la palabra. En su exposición prolija en imágenes de Power point, era imposible reconocer la realidad cruda que ha vivido la Comunidad; todo allí estaba maqui-llado, tergiversado, ocultado, reducido a palabras o frases que en sus contenidos estaban a años-luz de la realidad vivida. Las sentencias de la Corte Constitucional se reducían a una frase secundaria, ocultando y cambiando sus cometidos esenciales; las respuestas de la fuerza pública a las denuncias, alertas tempranas, constancias, etc., reproducían las mentiras originales: “aquí no pasa nada” – “todo es montaje de la Comunidad”- “en la zona no había tropas” – “los paramilitares no existen”. La reunión en la Brigada XVII el 22 de marzo de 2017 dejó al descubierto con gran claridad la nueva estrategia persecutoria del Estado contra la Comunidad de Paz: en primer lugar, los militares afirma-ron que ahora, en el supuesto “posconflicto” ya no son ellos los que se ocupan del orden público sino las autoridades civiles. La Comunidad se pregunta cómo puede un Alcalde controlar, perseguir y erradicar a los paramilitares, cuando ellos siguen contando con la tolerancia, apoyo, protección y amistad de la fuerza pública, como ha sido evidente en las décadas pasadas y en los últimos meses cuando el paramilitarismo está intensamente reactivado y en avanzada de control de territorios. En segundo lugar, quedó muy al descubierto lo que ya se sospechaba: que el Estado ha decidido cooptar a grupos de campesinos, prometiéndoles proyectos económicos, para que sean ellos quienes acusen y estigmaticen a otros campesinos y así evitar que el Estado mismo sea acusado internacionalmente de violación de los derechos humanos; en adelante todo se explicará por conflictos de intereses entre campesinos o entre indígenas y afros, etc. Los miembros de Juntas Comunales que el Coronel Dangón invitó abusivamente a la reunión con las delegaciones internacionales tenían esas características y trataron de exponer una gruesa colección de mentiras y calumnias para estigmatizar a la Comuni-dad. Se aplica aquí la misma matriz perversa que sirvió para la creación de los paramilitares en 1962, cuando la misión norteamericana recomendó involucrar a poblaciones civiles en la guerra para atri-buirles los hechos más repugnantes, impidiendo así que el Estado se deslegitimara. Desde comienzos de la semana santa, iniciada el 9 de abril de 2017, un grupo de paramilitares hizo presencia en la vereda Las Nieves de San José de Apartadó. Cuando algunos pobladores se moviliza-ron por la zona, los paramilitares salieron de su escondite en una zona boscosa y les ordenaron a los civiles que hicieran de cuenta que no habían visto nada. En esta misma semana, entre los días 10 y 12 de abril de 2017, los paramilitares incursionaron en la vereda Arenas Altas, donde hay asentamiento de la Comunidad de Paz y donde dicho grupo armado ilegal ha incursionado numerosas veces en forma amenazante. En la vereda limítrofe de Arenas Bajas la presencia paramilitar lleva ya varios meses en forma constante y amenazante; afirman que llegaron para quedarse y en adelante ellos son la autoridad suprema allí. Su presencia ha producido tal pánico que nadie se atreve a denunciarlos.

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El 14 de abril de 2017, Viernes Santo, hacia las 15: 00 horas, cuando un grupo numeroso de la Comu-nidad de Paz realizaba el acto religioso del Via-crucis, al pasar por el sitio conocido como La Casona, a 10 minutos de la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, asentamiento sagrado de la Comunidad de Paz, donde estaba programada una de las estaciones del Camino de la Cruz, descubrieron que el sitio estaba colmado de gente uniformada, armada y con la cara cubierta la mayoría de ellos. Al pregun-társeles a qué unidad militar pertenecían, respondieron que eran “del Batallón Voltígeros, de la Bri-gada XVII del Ejército”, pero era evidente que ello era falso, pues ninguno tenía distintivo alguno ofi-cial, sus botas no eran militares y su actitud de cubrirse el rostro e impedir que se tomaran fotogra-fías con frases demasiado agresivas y amenazantes, revelaban su verdadera identidad paramilitar. La presencia de mulas cargadas de remesas y de algunos con trajes civiles, confirmaban el inconfundible estilo paramilitar, de sobra conocido en la región, sin descartar que algunos miembros del ejército estuvieran allí mezclados. En los últimos días de abril de 2017 la Comunidad de Paz fue informada de un plan desde la Alcal-día Municipal de Apartadó para deslegitimar sus denuncias y así apoyar el avance paramilitar, pro-mocionando a 10 personas de cada vereda, las cuales desempeñarán el papel de informantes pero oficialmente serán nombrados como “guardabosques”. En los últimos meses y a medida que se pro-clama a nivel oficial la implementación de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana, se ha com-probado el incremento notorio de la presencia paramilitar, incluso en zonas donde antes no incursio-naban con frecuencia. El sábado 27 de Mayo de 2017, un grupo de paramilitares fuertemente armados llegaron a la vereda Arenas Altas, del corregimiento de San José de Apartadó, allí tomaron prisionero a un poblador de la vereda, al cual amenazaron de muerte si se vinculaba a la Comunidad de Paz; de igual manera le manifestaron que a esa Comunidad la iban a exterminar costara lo que costara, pues les estaba estor-bando para desarrollar sus proyectos en la región. El martes 13 de Junio de 2017, un grupo de por lo menos 20 paramilitares con prendas militares y portando fusiles llegaron a la vereda El Porvenir, del corregimiento de San José de Apartadó, donde se quedaron por varias horas patrullando la vereda y creando pánico en las familias campesinas que allí viven; luego partieron hacia la vereda La Unión, de San José. El miércoles 14 de Junio de 2017, a las 07:00 horas, estos mismos grupos paramilitares que habían llegado el día anterior a El Porvenir, llegaron a la vereda La Unión de San José de Apartadó; en dicho lugar se tomaron las casas de los campesinos, les manifestaron que vinieron para quedarse, le guste al que le guste, y que además vienen a controlar todo lo que se produzca en la zona como coca, ganado y producciones agrícolas. De igual manera lanzaron amenazas en contra de la Comunidad de Paz, dándole a entender a los pobladores que si se vinculan a la Comunidad también serán asesinados. Ya en horas de la tarde tomaron camino hacia La Esperanza.

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Ese mismo miércoles 14 de Junio de 2017, a las 19: 00 horas, dicho grupo paramilitar que venía desde La Unión acampó en el asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda La Esperanza; allí rodea-ron la casa donde vive un miembro de la Comunidad con su familia, aprovecharon que en la vivien-da sólo se encontraba la esposa, la suegra y un cuñado y se instalaron allí; en ese mismo instante, un grupo de trabajo agrícola de la Comunidad estaba llegando desde San Josesito a la vivienda y al lle-gar allí se encontraron con la casa rodeada de paramilitares listos para disparar; los miembros de la Comunidad tomaron valor y les reclamaron por sus abusos exigiéndoles respeto por el derecho a la libertad, a la vida, y a la privacidad de la vivienda; además hay unas vallas con los principios y re-glamentos de la Comunidad a lo que ellos respondieron que estaban ahí para quedarse y que ade-más sí vieron las vallas pero no hicieron caso, pues decían: “¿quién es la comunidad para hacernos ir?”. De nuevo se les pidió la retirada del lugar ya que la Comunidad no vive ni comparte con ningún grupo armado. Los paramilitares se mantuvieron allí por varias horas y después se alejaron unos po-cos metros. Todo esto indicaba que estaban ahí por algo o esperando a alguien. Por la forma de to-marse el lugar era claro que tenían algún objetivo de asesinar a alguien. El sábado 17 de junio de 2017 a las 11: 00 horas un grupo de paramilitares bien armados con fusiles de largo alcance llegaron y se instalaron a tres minutos de la Aldea de Paz LUIS EDUARDO GUE-RRA GUERRA de la vereda Mulatos Medio del corregimiento de San José de Apartadó, allí acampa-ron y amanecieron. El domingo 18 de junio de 2017 en horas de la mañana esta misma tropa de paramilitares ubicada junto a la Aldea de Paz, se dividió en dos grupos y colocaron un retén en todo el camino que conduce de Mulatos a San José de Apartadó con la intención de interceptar a los pobladores que salían; allí preguntaron por GILDARDO TUBERQUIA, miembro de la Comunidad de Paz, indagando a los campesinos que si él había salido o se encontraba en la casa, porque necesitaban encontrarlo como fuera. En ese mismo lugar estuvieron por dos días esperando que GILDARDO pasara por ahí. Por fortuna había salido en días anteriores con acompañamiento internacional. El lunes 19 de junio de 2017 esta misma tropa de paramilitares que colocó un retén junto a la Aldea de Paz el pasado 17 y 18 de junio, se instaló en la finca de uno de los miembros de la Comunidad de Paz, en el punto conocido como El Barro, de la misma vereda Mulatos Medio. Desde allí empezaron a patrullar por las viviendas de los campesinos donde manifestaban que buscaban a GILDARDO, que si no lo habían visto pasar. De igual manera advirtieron que “vinimos para quedarnos y no queremos sapos que informen sobre nuestra presencia en la zona”. El sábado 17 de junio de 2017, a las 07: 00 horas un grupo de paramilitares fuertemente armados lle-garon a la vereda Mulatos Medio, del corregimiento de San José de Apartadó, allí tomaron prisionero a un poblador de la vereda, al cual amenazaron de muerte “si se ponía de sapo” a llevarle información a la Comunidad de Paz ; y le advirtieron que si algo pasaba en contra de ellos lo pagaría muy caro.

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El lunes 19 de junio de 2017 la misma tropa de paramilitares que colocó un retén junto a la Aldea de Paz el pasado 17 y 18 de junio se instalaron en la finca de uno de los miembros de la Comunidad de Paz en el punto conocido como El Barro de la misma vereda Mulatos Medio, tomaron prisionero al miembro de la Comunidad privándolo de su libertad sin poder salir para ningún lado durante dos días. Luego de amenazarlo, le manifestaron que buscaban “unos gorrones” (personas identificadas por usar sombreros grandes) de la Comunidad de Paz, porque los estaban buscando para desaparecerlos y “dejarlos tapados con hojas donde no los encontraran” (muertos) pues sería una manera de acabar con “esa hp comunidad de una vez por todas”, desde allí también empezaron a patrullar por las viviendas de los demás campesinos donde manifestaron que buscaban a GILDARDO TUBERQUIA y a GERMÁN GRACIANO y a otro poblador de la vereda Mulatos Cabecera, preguntando que si los habían visto pasar. Era evidente el plan que traían de asesinar a miembros de la Comunidad o a algún otro pobla-dor que les estorbara en su caminar de muerte; de igual manera advirtieron que “vinimos para que-darnos y no queremos sapos que informen sobre nuestra presencia en la zona”. El Miércoles 21 de junio de 2017 a las 15:00 horas, un grupo de paramilitares fuertemente armados llegaron al sitio conocido como La Cancha, de la vereda Mulatos Cabecera, del corregimiento de San José de Apartadó, allí rodearon el lugar y pararon un partido de fútbol que jugaban campesinos de dicha vereda, en ese momento preguntaron que si ahí jugando se encontraban miembros de la Co-munidad de Paz, a lo que los pobladores respondieron que no; les advirtieron a los allí presentes que “no queremos a ninguno vinculado con esa Comunidad de Paz, y en caso de que se vinculen, serán extermina-dos junto con ellos porque ese es el plan que traemos”. El jueves 22 junio de 2017 en horas de la tarde un grupo de paramilitares montados a caballo y por-tando ropa civil y pistolas llegaron al asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda La Espe-ranza, del corregimiento de San José de Apartadó e interceptaron al miembro de la Comunidad que vive allí con su familia, uno de ellos se presentó como el comandante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), después lo trataron de “sapo” (informante) y que además “está bueno para dejarlo con la boca llena de moscas y gusanos por ahí en algún barranco”. De igual manera preguntaron por el dueño de la finca que antes les había expulsado unos muchachos que venían cansados en horas de la tarde desde muy lejos, diciéndole: "quien es él pues para mandar y echarnos de los lugares como si nada; eso hay que arreglarlo de alguna forma”. El miembro de la Comunidad con mucho temor les respondió que esa finca es de la Comunidad de Paz, por lo tanto no tiene un solo dueño pues los principios y re-glamentos dicen que la Comunidad es neutral ante cualquier grupo armado, por lo tanto no convive con personas que portan armas para hacerle daño a la población civil. El sábado 24 junio de 2017 un grupo de paramilitares llegó a la vereda El Porvenir, del corregimiento de San José de Apartadó. Al llegar interceptaron a varios pobladores a los cuales les manifestaron que ya tenían negociada una finca en la parte alta de la vereda para colocar allí una base de control para-militar, le gustara al que le gustara. Luego se alejaron y se internaron en la montaña.

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El miércoles 28 de junio de 2017 en horas de la mañana fue visto un grupo paramilitar por la vereda El Porvenir, de aproximadamente 30 hombres. Luego, en horas de la tarde, otro grupo de similar can-tidad de armados fue visto en la vereda Las Nieves. En esa misma tarde otro grupo paramilitar llegó a la vereda La Esperanza. Entre tanto otra tropa paramilitar permanece desde hace varios días en la vereda Mulatos, del corregimiento de San José; en el sitio conocido como Cantarrana, interceptaron a pobladores y profirieron amenazas contra miembros de la Comunidad de Paz y de otros pobladores de la zona. El viernes 30 de junio de 2017 un hombre que se identificó como paramilitar, portando arma corta y radio de comunicación, entró en el asentamiento Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, en la vereda Mulatos, del corregimiento de San José de Apartadó, y allí preguntó: ¿cómo se llama este lugar? Los miembros de la Comunidad que estaban allí le exigieron respecto, pues estaba ingresando armado a una propiedad de la Comunidad de Paz, explicándole que allí viven miembros de la Comunidad y no conviven en ningún momento con actores armados. Dicho paramilitar, ya enojado, preguntó por un hombre que tiene unos perros de oreja larga; por una señora que tiene dos hijas parecidas y por el presidente de la junta de acción comunal de la vereda, pues iba para donde ellos, donde se encontra-ba una tropa de paramilitares. El domingo 2 de julio de 2017, a las 14: 40 horas, un grupo de paramilitares fuertemente armados llegaron a la vereda La Resbalosa, del corregimiento de San José de Apartadó; allí reunieron a los po-bladores y se presentaron como “Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)”. Uno de ellos se pre-sentó como jefe político encargado de convencer a los pobladores para sostener allí los puntos de in-formación; otro se presentó como jefe de tropa, más conocido como “El Rayo”; otro se presentó como comandante de puntos. Luego presentaron a una persona de civil como “un punto” (informante) del sector La Rica, entre Naín y La Resbalosa, Córdoba. Dicha reunión fue forzada, violando todos los derechos de los campesinos. Les manifestaron que van a colocar un “punto” (informante) en la vere-da, a lo cual la gente dijo que no, por todos los problemas que esto conlleva para la población civil. La respuesta de los paramilitares fue: “gústeles o no, vamos a colocar aquí un punto y si nos toca comprar un terreno y construir una casa para ubicar a nuestro informante, lo haremos, pero la junta de acción comunal tie-ne que ubicarlo como una familia más de la vereda; además no hay problema si lo capturan, pues tenemos todo coordinado con los militares y con la Fiscalía para que no dure más de 24 horas capturado. De igual manera reafirmaron que, “vinimos para quedarnos y queremos a todos organizados, trabajando para nosotros, por lo que no queremos sapos que anden informando sobre nuestra presencia”. Allí ofrecieron pagar bien a todo aquel que quiera trabajar con ellos, pues les dictaron los números de contactos para que informen cualquier presencia armada o civil que les haga tropiezo para tomarse las veredas, de igual manera arremetieron nuevamente en contra del proceso de Comunidad de Paz, manifestando que, ”por la comunidad de paz no hay que preocuparse porque ya están en el plan de exterminio, y en vez de brindarle in-formación a la Comunidad en contra de nosotros mejor anden detrás de ellos sacándoles información para noso-tros”.

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El lunes 3 de julio de 2017 se realizaron desembarcos militares en las veredas La Esperanza, Mulatos y La Resbalosa, del corregimiento de San José; allí se pudo constatar una vez más la complicidad que hay entre estas estructuras paramilitares y la Brigada 17 del ejército, pues durante los desembarcos los paramilitares hacían disparos al aire para que los helicópteros supieran dónde se encontraban ellos y nos les hicieran daño alguno. El jueves 6 de julio de 2017 en horas del día, un grupo de paramilitares fuertemente armados llega-ron a la vereda La Cristalina, del corregimiento de San José de Apartadó, allí dejaron panfletos escri-tos en la pared de la escuela, en las cercas de los alambrados, encima de animales y árboles, resaltan-do el avance paramilitar; esos escritos llevan la sigla AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y añaden la consigna: “presente, y venimos para quedarnos”). al día siguiente las instituciones del Estado (ejército, policía y fiscalía) entraron a la vereda; entre ellos iban el Coronel Antonio José Dangón, de la Brigada 17 del ejército, y el Coronel de la Policía de Urabá, Luis Soler. Allí nuevamente lo único que hicieron fue poner nuevamente a la población civil en riesgo, pues empezaron a censar a las familias, entrando a las casas sin autorización, en una práctica proscrita por la Corte Constitucional y forzando a las personas a dar sus nombres. ¿Será que para la Brigada 17 la población civil son los paramilita-res? Hasta dónde llegan los gobiernos nacionales y locales con tal de proteger a esos grupos parami-litares: dejan números de contacto para que informen de presencias armadas, cuando es claro que el campesino no está en la guerra y rechaza cualquier información que lo comprometa en el conflicto armado. Se pudo comprobar que la fuerza pública lo único que hizo allí fue cuidar los escritos deja-dos por los paramilitares y permanecer entre las casas de los civiles poniendo en riesgo a niños y a adultos que ahí viven. También acamparon en los cultivos de pan coger, dañando lo que con tanto esfuerzo el campesino cultiva. Después, por los medios de comunicación, salieron estos coroneles de la brigada y de la policía afirmando que todo está en calma; que no hay peligro en La Cristalina. Qué gran mentira!, pues es claro que en las veredas de San José hay una fuerte presencia de grupos para-militares amenazando, robando, cobrando vacunas y colocando sus “puntos” de información para controlar las zonas. El viernes 7 de julio de 2017 en horas de la mañana, fue realizado en San José de Apartadó un falso acto de perdón, por parte de un reconocido paramilitar que fuera el comandante del Bloque Héroes de Tolová, por la masacre del 21 de febrero del 2005 en Mulatos y La Resbalosa, de San José de Apar-tadó. Dicho acto dejó más confundidas a las víctimas, pues el paramilitar no dijo la verdad sobre los hechos ni respondió a las preguntas de las víctimas sobre los nexos existentes entre la Brigada 17 y funcionarios de la Presidencia en la masacre; su respuesta fue: “yo vengo muy limitado para responder”. Lo que dio a entender fue que todo fue coordinado por la brigada 17 y la policía, para que sólo con-tara lo que le convenía a las instituciones del Estado. También colocaron una falsa placa de reconoci-miento de la masacre y de memoria de las víctimas, donde se lee: “En memoria de nuestros familiares que no olvidamos: Luis Eduardo Guerra, Beyanira Areiza Guzmán, Deiner Andrés Guerra Tuberquia, Alfonso Bolivar Tuberquia, Sandra Muñoz Posso, Natalia Tuberquia Muñoz, Santiago Tuberquia Muñoz y Alejandro Pérez Castaño, víctimas de la masacre de San José de Apartado ocurrida el 21 de febrero de 2005 en el marco

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del conflicto armado colombiano por el grupo paramilitar Bloque Héroes de Tolová. Porque en San José de Apartadó construimos armonía y paz”. Sólo se hizo referencia allí a la culpabilidad de los paramilitares y no se refirió a ningún funcionario del gobierno. Por esa razón la Comunidad se pregunta: ¿dónde está la culpabilidad de la Presidencia de la República y de la Brigada 17 que fueron las que ordenaron perpetrar esta masacre en conjunto con los paramilitares? El lunes 10 de julio de 2017 , cuando Ruby Arteaga, integrante de la Comunidad de Paz, se disponía a llegar a su casa en la vereda Mulatos, de San José de Apartadó, se encontró con que se habían en-trado a su casa y le habían robado 50 kilos de arroz, 20 litros de miel de caña, 10 gallinas y un radio Sony FM-AM . Se le atribuye este hurto a los grupos paramilitares que son los que han estado ha-ciendo presencia en las veredas, robando animales, dineros y mercados en la casas solas, pues los dueños se encuentran por fuera haciendo sus diligencias personales; además nunca se había perdido nada en Mulatos y desde que entraron los grupos paramilitares apoyados por la fuerza pública se han ido perdiendo los enseres de los campesinos. El lunes 10 de julio de 2017, en horas de la mañana, un fuerte grupo paramilitar hizo presencia en los límites de las veredas El porvenir y La Esperanza, de San José de Apartadó. En esta ocasión llegaron a una casa y profirieron amenazas contra la Comunidad de Paz, preguntando si por ahí no habían cruzado miembros de esa h. p. comunidad de paz que los habían echado en días anteriores de La Es-peranza, y añadieron: “eso no se va a quedar así, pues la comunidad de paz no sabe lo que le espera, porque vamos a ver quién es el que va a mandar en la región, si ellos o nosotros”. De igual manera manifestaron: “no le vamos a perdonar a esa comunidad porque por culpa de ella nos han capturado miembros de nuestro gru-po y eso lo van a pagar caro porque tenemos la orden de matar a todo el que haga parte de esa comunidad, pues no todo el tiempo van a andar con esos gringos; llegará el momento en que nos los encontremos solos y así aca-baremos de una vez por todas con ese estorbo para nosotros” El martes 11 de julio de 2017 nuevamente aparecieron los escritos de los paramilitares en paredes de viviendas campesinas. Esta vez fue en el propio caserío de San José de Apartadó donde amanecieron escritos en 25 viviendas y nadie vio a nadie. Además en este corregimiento hay una base militar y una estación de la policía a escasos 100 metros, ¿cómo es posible que un lugar tan militarizado amanezca marcado por la presencia de los paramilitares? No cabe duda que la fuerza pública, ejército y policía, están aliados con estos grupos para someter a la población al terror. Ya el pasado jueves 6 de julio los paramilitares dejaron sus escritos en las paredes, animales, árboles y portones en la vereda La Crista-lina y la fuerza pública dijo por los medios que todo estaba tranquilo y no había peligro; ¿lo que pasó el 11 de julio, en San José, cómo lo van a cubrir? ¿también está todo tranquilo? El miércoles 12 de julio de 2017 un grupo de paramilitares de por lo menos 30 hombres con prendas militares y portando armas largas llegaron a la vereda El Porvenir, del corregimiento de San José de Apartadó, allí tomaron a un poblador de la vereda, lo amenazaron de hacerle algo si no aceptaba tra-

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bajar para ellos y le advirtieron: “no lo queremos ver aliado con la comunidad de paz si no quiere que le pase lo que tenemos planeado para esa hp comunidad de paz”. El jueves 13 de julio de 2017 a las 15:00 horas, una tropa del ejército, de la Brigada XVII, llegó a la vereda El Porvenir, de San José de Apartadó; allí tomaron prisionero a un campesino, lo maltrataron haciéndole quitar la ropa y tratándolo de “paramilitar”, acusándolo de estar por ahí informando so-bre la presencia de la fuerza pública. ¿Cómo es posible que el campesino tenga que pagar por lo que hacen los paramilitares cuando éstos son los que lo agreden continuamente? Pero, además, ¿cómo lo acusan, de manera tan contradictoria, de informar a los paramilitares sobre la presencia del ejército, cuando todo el mundo sabe que militares y paramilitares están estrechamente coordinados? Nadie entiende que el ejército esté acusando a los campesinos de paramilitarismo cuando es sabido, -pues así lo han manifestado- que los militares no persiguen a los paramilitares? Se percibe allí el descon-cierto de unas tropas que siempre han acusado al campesinado de ser guerrillero, pero ahora que no hay guerrilla no saben de qué acusarlo, y lo acusan de paramilitarismo para fingir que persiguen a los paramilitares. ¿Hasta cuándo tanto cinismo de la instituciones del Estado? Después de tantos chanta-jes, lo dejaron en libertad. El viernes 14 de julio de 2017, a las12: 00 horas, cuando un grupo de trabajo de la Comunidad de Paz se disponía a salir desde la vereda Mulatos Medio, del corregimiento de San José de Apartadó, hacia San Josecito, fueron interceptados en el río Mulatos por un grupo armado, al parecer del ejército, pues no tenían insignias que los identificaran; allí fueron sometidos ilegalmente a un retén donde les requisaron sus objetos personales, tales como bolsos con ropa, bolsas con productos de alimentación y los bultos de maíz que traían en una mula; de igual manera tomaron sus cédulas y los empadrona-ron registrando sus nombres y sacándoles fotos a sus documentos de identidad. Ese mismo viernes 14 de julio de 2017, a las 16: 00 horas, se presentaron combates por espacio de 15 minutos entre el ejército y los paramilitares en la vereda Las Nieves, del corregimiento de San José de Apartadó. De nuevo se dejó ver un simulacro protagonizado por la Brigada 17, pues en el supuesto combate no hubo capturados ni incautación de armas de ninguna clase. Todo está preparado para que la población civil crea que sí van a combatir a los paramilitares que se han estado tomando la re-gión. Se sabe claramente, por confesión de los mismos paramilitares, que ellos no son enemigos del ejército y que por el contrario, están coordinados para dominar a la población a su antojo. Después estos mismos paramilitares fueron vistos en las veredas Buenos Aires, La Unión, Mulatos Cabecera y Mulatos Medio, con toda su dotación y sin rasguño alguno. El domingo 16 julio de 2017, en horas de la mañana, un reconocido paramilitar, portando uniforme militar y fusil de largo alcance, entró al asentamiento Aldea de Paz LUIS EDUARDO GUERRA, en la Vereda Mulatos Medio del Corregimiento de San José de Apartadó. La Comunidad le exigió respeto, pues sus asentamientos son propiedad privada y zonas neutrales ante cualquier grupo armado. Des-pués de unos minutos, este paramilitar se retiró del lugar.

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El miércoles 19 julio de 2017 , a las 18:50 horas, cuando cuatro miembros de la Comunidad de Paz y un equipo de acompañamiento internacional transitaba en vehículo de servicio público (“chivero”) por la vía que conduce del área urbana de Apartadó al caserío de San José, fueron interceptados por dos paramilitares que transitaban en motocicleta y portado pistolas y revólveres; allí pararon el carro a escasos 500 metros de un puesto de control militar y obligaron a los pasajeros a entregar sus male-tas. Los miembros de la Comunidad y sus acompañantes internacionales intentaron impedir el robo pero fue imposible, pues fueron amenazados de muerte si no entregaban sus pertenencias. Lastimo-samente les robaron los dineros con que íban a pagar a los productores que les venden el cacao. Res-ponsable es el Estado con sus instituciones militares y sus brazos paramilitares con presencia ininte-rrumpida en esta zona por más de 20 años sin que ninguna autoridad escuche sus clamores. ¿Cómo es posible que los ladrones se paseen armados por un puesto de control militar? Y más irónico aún, que roben frente a las narices de los militares? ¿Para qué tanta fuerza pública si al final se alían con los bandidos para cometer hurtos en las veredas, en las casas, en las vías de penetración y en los ca-minos que atraviesan las veredas y asentamientos? El sábado 15 de julio de 2017, en horas del día, se presentaron allanamientos por parte de grupos paramilitares en varias viviendas de los campesinos de las veredas La Esperanza y Mulatos, del co-rregimiento de San José de Apartadó; de allí se llevaron los productos de alimentación, prendas de vestir y los dineros de los campesinos, lo demás que no les servía lo tiraron y lo pisotearon. Todo esto fue coordinado desde el día anterior, cuando realizaron un simulacro de combate entre el ejército (Brigada XVII) y paramilitares, simulacro protagonizado por dicha Brigada, pues en el supuesto combate no se informó de capturados ni de incautación de armas de ninguna clase, por el contrario, sí se organizaron para saquear las propiedades privadas de los campesinos y, por ende, para robarles y violarles todos sus derechos. El miércoles 19 julio de 2017, en horas de la mañana, un grupo de militares llegó a la vereda La Unión del corregimiento de San José de Apartadó donde comenzaron a tomarse las viviendas de los pobladores para censar ilegalmente a la población civil. ¿Será que la Brigada XVII y demás institucio-nes del Estado piensan que los campesinos son los paramilitares? Es claro que los gobiernos locales cubren el paramilitarismo y para esto censan a la población civil campesina para así poder llevar a cabo procesos judiciales en personas protegidas, de modo que el paramilitarismo siga tranquilamente delinquiendo en la región. Dichos empadronamientos están explícitamente prohibidos por la Corte Constitucional en su Sentencia C-1024/02 del 26 de noviembre de 2002. El jueves 20 de julio de 2017 la Comunidad de Paz emitió una constancia pública en la cual afirma: “Muchos medios de comunicación hoy se prestan para que los alcaldes y gobernadores salgan a negar la existen-cia de los paramilitares en San José de Apartadó. Ya es claro que la Gobernación de Antioquia se niega a acep-tar que el paramilitarismo se les salió de las manos al tratar de mantenerlo oculto. Les recordamos, Señor Alcal-de ELIECER ARTEAGA, señores coroneles ANTONIO JOSÉ DANGON y JAVER SOLER, Señor Goberna-dor de Antioquia LUIS PÉREZ: los paramilitares están en San José de Apartadó amenazando, robando y obli-

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gando a la población a trabajar para ellos, y no son bandas de delincuencia común, BACRIM como ustedes los denominan en sus estrategias evasivas, son grupos grandes que caminan por las veredas como si fueran milita-res, portando uniformes y armas de uso privativo del ejército y se reclaman sus colaboradores y amigos, y afir-man que todo el campesinado debe trabajar para ellos, mientras les cobran impuestos ilegales, les roban sus per-tenencias, les imponen normas contrarias a sus principios, los amenazan de muerte y anuncian de manera per-sistente que nuestra Comunidad de Paz debe ser exterminada. Ustedes responderán por todo esto.” El domingo 23 julio de 2017, a la 11:00 horas, un grupo de paramilitares hizo presencia en una de las propiedades privadas de la Comunidad de Paz, en la vereda Mulatos Medio, del corregimiento de San José de Apartadó; allí permanecieron por varias horas junto a la vivienda de un integrante de la Comunidad. El martes 01 de agosto de 2017, la Comunidad fue informada sobre un nuevo plan para exterminar su proceso de vida por parte de los paramilitares. Esta vez arremeten contra los equipos de acompa-ñamiento internacional, al manifestar que hay que asesinar a dos o tres de los acompañantes si inter-fieren en sus propósitos. Dicha amenaza está siendo lanzada desde hace varios días en el municipio de Apartadó. Es sabido que estos paramilitares protegidos por las instituciones del Estado (sobre to-do por la Policía y el Ejército) llevan varias semanas buscando formas de cómo robarse los dineros de los productores de cacao de la Comunidad y al mismo tiempo asesinar a “los gringos” que la acom-pañan si se atraviesan en sus criminales planes. El jueves 03 de agosto de 2017, en horas de la mañana, fue visto un grupo de paramilitares de civil y portando armas cortas en el camino que conduce de la vereda La Esperanza hacia la vereda Las Nie-ves, del corregimiento San José de Apartadó. Luego en la tarde este mismo grupo ya se encontraba de regreso pero esta vez llevaba un arreo de mulas con cargas de fusiles y equipamiento militar. Al pa-recer este arsenal fue el que dejaron los mismos paramilitares en días anteriores, cuando hubo un supuesto combate entre militares de la brigada 17 y paramilitares en Las Nieves, combate en el cual no hubo capturas ni incautación de armamento. El viernes 04 de agosto de 2017 fue realizado en San José de Apartadó un acto público de verifica-ción en el cual participaron varias instituciones del Estado que fueron coordinadas por el Vicepresi-dente de Colombia, Oscar Naranjo. Tal visita hace parte de toda la estrategia del Estado para apaci-guar el fenómeno paramilitar, pues el resultado de tal visita fue que se informara que no ha habido homicidios en los últimos tres años. Es claro que el Estado está bien coordinado con estos grupos pa-ramilitares para que los hagan quedar bien frente a organizaciones internacionales y movimientos sociales, al no cometer un asesinato que llegue a perjudicar la transparencia del gobierno. La Comu-nidad le recuerda al Señor Vicepresidente de Colombia, que la zona de San José de Apartadó está siendo esclavizada por el paramilitarismo; están robando las pertenencias de la población civil; están amenazando de muerte a quien no acepte trabajar para ellos; es obligatorio pagar vacunas y aceptar a la fuerza los puntos de información (o sea las estructuras de espionaje de su confianza) que ellos

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quieran poner en las veredas y quien no lo acepte se tiene que atener a las consecuencias. No solo es homicidio cuando asesinan a alguien, pues todo esto que está pasando con el campesino es peor que un homicidio, pues nadie es libre para estar en su propio territorio porque es controlado por los mili-tares y paramilitares quienes someten a la población a sus antojos, a sus caprichos, a sus intereses que suelen ser de negocios sucios y criminales y, en general, a que ellos sean los dueños de la vida y deci-dan cuándo tiene uno derecho a vivir y cuándo no. La Comunidad de Paz le recuerda al Señor Vice-presidente que lleva 20 años bajo sus hostigamientos y amenazas y ya han eliminado a varios cente-nares de sus integrantes y vecinos, quienes decidieron no aceptar el yugo de someterse a los intereses de la guerra. El sábado 05 de agosto de 2017, en horas del día, un sujeto identificado como paramilitar llegó a la ve-reda La Resbalosa, del corregimiento de San José de Apartadó. Dicha persona llegó y sin pedir permi-so se instaló en la vivienda de un campesino de la vereda. Allí permanece sin que nadie lo moleste por temor a ser amenazado por los paramilitares, pues ellos ya habían anunciado en días pasados que la población civil tendría que aceptar y recibir a estos “puntos de información” (informantes o espías que ellos quisieran colocar) y además inscribirlos en la vereda como miembros de la junta de acción comunal. Por esos mismos días se vio con frecuencia el tránsito de mulas cargadas con alimentación para los paramilitares que están ubicados en las diferentes bases en las siguientes veredas: Arenas Bajas, El Porvenir y La Resbalosa, y al mismo tiempo los helicópteros cargando alimentación para las tropas militares que también están en esas veredas. El 29 de agosto de 2017, la Comunidad de Paz lanzó un llamado apremiante a todas las comunidades y grupos solidarios en el mundo para compartirles un diagnóstico de la situación que se ha venido consolidando, así: “Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó, preocupada en extremo por lo vivido en los últimos me-ses, quiere dejar constancia ante el país y el mundo de la degradación que se vive en la región, efecto de las estra-tegias políticas del Estado y del Establecimiento en esta coyuntura en que se ha firmado un cese de fuego con un movimiento insurgente, si bien en un mar de incoherencias e incumplimientos. 1. La violencia que ha afectado a la zona en la cual se inscribe nuestra Comunidad de Paz, estuvo determinada durante muchas décadas por la presencia de frentes guerrilleros y al mismo tiempo por estrategias represivas criminales de parte de la fuerza pública y una red enorme de estructuras paramilitares que contaron siempre con la incentivación, asesoría, tolerancia y protección de la fuerza pública. La represión criminal contra la población civil, que produjo muchos centenares de muertos, torturados, víctimas de montajes judiciales y falsos positivos y de otras numerosas violaciones de los derechos fundamentales, se apoyó siempre en el mecanismo de considerar como insurgente a todo inconforme o miembro de cualquier movimiento u organización social. Al desmovilizar-se la guerrilla de las FARC, se ha podido comprobar que las estructuras paramilitares, estrechamente ligadas a la fuerza pública, han querido copar los espacios dejados por dicha guerrilla y tratar de dominar todo el territo-

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rio del corregimiento. Esto ha sido concomitante con una nueva incentivación de los cultivos de coca, actividad que está sirviendo de apoyo financiero al paramilitarismo. Para un control más riguroso de la zona, los parami-litares están estableciendo puntos de informantes a su servicio en todas las veredas y exigen que las comunida-des los designen como miembros de las juntas comunales. Ya en una de las veredas, la presencia de dichos in-formantes ha provocado un desplazamiento forzado. Es claro que los paramilitares están dotando a dichos in-formantes de armas, lo que implica una nueva extorsión violenta sobre las comunidades, y también hay casos evidentes de reclutamiento de menores. La financiación del paramilitarismo en su nueva expansión, está recu-rriendo también a impuestos ilegales o “vacunas”, que los propietarios de ganado, carniceros, comerciantes y trabajadores deben pagarles, pero también la gente del común es forzada a vincularse a sus proyectos producti-vos para luego aportarles también impuestos. Es evidente la vinculación de muchos campesinos de la zona, en diversos grados, y no pocos por temor o por la presión de la supervivencia, a dichas estructuras o proyectos pa-ramilitares. Incluso han infiltrado los espacios de nuestra Comunidad de Paz con intención de reclutar a nues-tros integrantes para sus proyectos o al menos como puntos de información. 2. Por otra parte se han multiplicado visitas a la zona de altos funcionarios del Estado, como el Vicepresidente, algunos parlamentarios, autoridades militares, el Alcalde, defensores, procuradores, siempre acompañados por periodistas cooptados, estrategia que tiene por objetivo evidente dar una imagen positiva de la zona y negar to-das las estrategias paramilitares y represivas. Se aduce que como en los últimos tres años no ha habido muertos, entonces la región “se encuentra en paz”, cerrando los ojos al dominio paramilitar; a las amenazas y planes de exterminio de la Comunidad de Paz y a las estrategias difamatorias contra quienes, como nuestra Comunidad, no dejamos de denunciar las atrocidades. 3. Desde hace varios meses se percibe, por parte de la Brigada XVII del Ejército y de las estructuras paramilita-res, un afán de calumniar y estigmatizar el acompañamiento internacional, que ha constituido la principal pro-tección con la cual ha contado nuestra Comunidad de Paz, ya que de parte de las instituciones del Estado sólo hemos recibido agresiones, siendo víctimas permanentes de modalidades de persecución, exterminio y genocidio. El Comandante de la Brigada ha elaborado falsas versiones de intervenciones de los acompañantes y las ha transmitido a otras instituciones del Estado y a la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos; ha to-mado fotografías y datos de identidad de algunos acompañantes, contra toda norma legal, y los ha difundido en documentos de circulación interinstitucional con la intención no disimulada de que la Cancillería restrinja sus actividades de acompañamiento. En concomitancia con esto, los paramilitares han venido anunciando, cada vez con mayor énfasis, su decisión de atentar contra los acompañantes internacionales en la medida en que éstos impidan el desarrollo de sus planes. Recientemente, en cercanías de un retén militar, asaltaron a miembros del Consejo Interno de nuestra Comunidad quienes se movilizaban en un vehículo de servicio público y les robaron, a mano armada, el dinero producto de la comercialización comunitaria del cacao; cuando los acompañantes in-ternacionales protestaron, lanzaron una amenaza directa contra ellos, anunciando que si van a estorbar sus pla-nes, atentarán contra ellos para sacarlos de en medio. Esta amenaza que se ha repetido con frecuencia por parte de los paramilitares, mira a destruir la protección moral, la única que nuestra Comunidad ha aceptado, recha-zando las protecciones armadas que el Estado ofrece pero que desconocen el principal de nuestros principios fundantes que es el rechazo a usar armas y a colaborar o convivir con cualquier actor armado.

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4. Podríamos decir que nos encontramos en una situación similar a la de 1997, cuando era evidente que el único proyecto que tenía viabilidad para la zona era el de dominio y control absoluto del paramilitarismo sobre la vida, la economía, la política y la cultura de la población de la zona. El Estado, por supuesto, no lo afirmó así en nin-guno de sus documentos o expresiones públicas pero sí lo afirmó rotundamente en sus prácticas, principalmente en la politización sesgada de su aparato judicial, en las omisiones de los Presidentes y sus oídos sordos a los clamores de las víctimas, en la connivencia y unidad de acción de su fuerza pública con el paramilitarismo y en sus política de negar todo lo que lo pueda comprometer, ocultando la realidad trágica y dolorosa de las víctimas y elaborando estrategias de solución que no tocan para nada las raíces de los crímenes sino que las silencian, las niegan y las encubren. Ahora se evidencia que son los mismos criterios los que se imponen: los soldados han repetido por las veredas que no van a perseguir a los paramilitares sino a los que los denuncian y eso es lo que se comprueba en la práctica. Los paramilitares, por su parte, se sienten seguros y asumen una actitud arrogante como queriendo afirmar que “son Estado” y que no hay nada que hacer contra ellos; que la única actitud sensata es callarse y aceptarlos como suprema autoridad de la zona, mientras ellos amenazan, dominan y saquean los bienes de subsistencia de los campesinos. Si todo esto contrasta con el discurso oficial y el de los medios masivos de información, por ello justamente que-remos denunciar y compartir nuestros análisis y nuestra preocupaciones con aquellos que aún creen en la dig-nidad humana y que han apoyado nuestra resistencia durante varias décadas, a los cuales les reiteramos nuestra inmensa gratitud”. El jueves 14 de septiembre de 2017, en horas de la tarde, llegaron a la vereda La Esperanza, del co-rregimiento de San José de Apartadó, varios sujetos que se identificaron como paramilitares, allí les advirtieron a los pobladores: “no queremos que dejen las casas solas porque no responderemos por lo que se les pierda, pues hay varios grupos de ladrones que están robando en las propiedades ajenas”.La población civil, sabe muy bien que los verdaderos ladrones que están robando y sometiendo son los mismos parami-litares que han estado formando estos grupos para realizar los trabajos sucios y después decir que no fueron los paramilitares. El miércoles 20 de septiembre de 2017, hombres armados que se identificaron como paramilitares hicieron presencia en la Vereda El Porvenir del corregimiento de San José de Apartadó, allí llegaron y tomaron por varios minutos a pobladores que se encontraban sembrando maíz en sus parcelas y los interrogaron manifestando: ¿quién de los que están trabajando aquí son de la comunidad de paz?, los cam-pesinos respondieron que ninguno era de la comunidad de paz, que sí la conocían pero que no hacían parte de ella. Después de un rato los dejaron en libertad y se internaron en la montaña. El jueves 21 de septiembre de 2017 fue visto un fuerte grupo de paramilitares en la vereda La Espe-ranza, del corregimiento de San José de Apartadó, allí se acercaron a las viviendas de los civiles a in-vitar a la gente para una reunión muy próxima, manifestándoles: “pues traemos muy buenos proyectos para la zona y especialmente para los jóvenes, por lo que queremos buscarlos para proponer nuestros proyectos, por ejemplo, sobre cómo trabajar para nosotros y proyectos de deportes, y poder así realizar un campeonato de futbol con ellos”.

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·El Viernes 22 de Septiembre de 2017, en horas de la mañana, llegó un grupo de paramilitares a la vereda El Porvenir, del corregimiento de San José de Apartado, allí interceptaron a varios pobladores para manifestarles las mismas ideas sobre los mismos proyectos que ya el día anterior habían expues-to en la vereda La Esperanza. Luego se instalaron y permanecen aún en un puesto de control para quedarse allí por meses, sin ser molestados por la fuerza pública. Es claro, que el avance paramilitar por la veredas es cada vez es más evidente, pues tanto militares como civiles informantes están inter-ceptando a la población civil que está fuera del conflicto armado, para amenazarla y someterla al in-dividualismo, buscando ser una zona más vulnerable y débil a favor de los megaproyectos que tiene el Estado sobre la explotación minera por medio de empresas extranjeras. El martes 26 de septiembre de 2017, en horas de la tarde un grupo de paramilitares que viene ha-ciendo presencia en la vereda La Esperanza del corregimiento de San José de Apartadó, entraron sin permiso a un establecimiento de billares y ventas de refrescos y se tomaron el lugar; allí usaron los billares y tiraron todo como si fueran los dueños de este espacio; todo esto creó un pánico en algunas familias que tuvieron que irse a dormir a otro lugar, lejos de la presencia de estos hombres armados, en este lugar permanecieron por varias horas de la noche, después se retiraron. El domingo 1 de octubre de 2017 en la vereda El Porvenir, de San José de Apartadó, al amanecer, un grupo de ladrones no identificados hicieron presencia en varias viviendas de la población y robaron bienes como: aparatos eléctricos, instalaciones eléctricas y luego huyeron. El jueves 5 de octubre de 2017 un numeroso grupo de paramilitares, provenientes del corregimiento de Nuevo Antioquia de Turbo, llegaron al sitio conocido como Cantarrana, ubicado entre las veredas de Mulatos Medio y La Esperanza, de San José de Apartadó, y se ubicaron allí, donde siguen hacien-do presencia hasta hoy, identificándose como autoridades de la zona. El viernes 6 de octubre de 2017, cuando un grupo de personas de la vereda La Esperanza iban a re-coger una carne de una res recién sacrificada, fueron interceptados por un grupo de paramilitares quienes les preguntaron si eran de la Comunidad de Paz; como ellos callaron por miedo, los paramili-tares les dijeron que eran muy jóvenes y que no deberían poner en riesgo sus vidas; que deberían reti-rarse de la Comunidad de Paz que se la pasaba haciendo denuncias sobre la presencia de ellos en la zona y por eso los tendrían que matar algún día. El sábado 7 de octubre de 2017, pobladores de la vereda Arenas Bajas de San José de Apartadó perci-bieron nuevamente la presencia de un fuerte contingente de paramilitares en el sitio conocido como La Máquina, de Arenas Bajas, los cuales se desplazan continuamente por el cañón que comunica a Arenas Bajas con la vereda Caraballo de Turbo, zona donde llevan ya muchos meses de presencia armada, definiéndose como autoridad suprema de la zona, sin que las autoridades militares o policia-les hagan nada para reprimirlos.

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El mismo sábado 7 de octubre de 2017, sujetos en trajes civiles portando armas cortas llegaron a la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, de la Comunidad y de Paz, ubicada en la vereda Mulatos Medio y durante varias horas estuvieron explorando el terreno y observando a las familias que allí viven, unos dentro de la finca y otros en los alrededores. El mismo sábado 7 de octubre de 2017, en la vereda La Resbalosa, de San José de Apartadó, un in-formante puesto allí por los paramilitares, ha sido visto recorriendo las veredas aledañas buscando informaciones sobre cada familia que habita en la zona; este día abordó a un poblador amigo de la Comunidad y se presentó como paramilitar que representa al grupo armado en el control de toda la población del área. El mismo sábado 7 de octubre de 2017, paramilitares que han venido haciendo presencia en el sitio Cantarrana de la vereda La Esperanza, lanzaron amenazas contra la Comunidad de Paz afirmando que para ellos la Comunidad de Paz es un estorbo porque denuncia su presencia y por ello el ejército sube a llamarles la atención y entonces ellos afirman que la Comunidad de Paz no quiere paz sino guerra, por las denuncias que hace, pues si quisiera la paz, no los denunciaría y aceptaría su domina-ción en la zona. El jueves 12 de octubre de 2017 un grupo de paramilitares uniformados y armados hizo presencia en el sitio conocido como El Barro, en la vereda Mulatos de San José de Apartadó, donde estuvieron ex-plorando el terreno correspondiente a fincas de miembros de la Comunidad de Paz. El sabado 14 de octubre de 2017, un paramilitar se acercó a la vivienda de un integrante de la Comu-nidad de Paz en el sitio El Barro y le manifestó que iba en búsqueda de quesos para comprar y que detrás de él venía toda la cúpula paramilitar. El martes 17 de octubre de 2017, hubo un desembarco de militares entre el sitio El Barro y la vereda Cabecera de Mulatos, justo donde se encontraban los paramilitares desde varios días antes, sin que se produjera enfrentamiento alguno entre ambas fuerzas, reconfirmando una vez más la unidad de ac-ción entre fuerza pública y estructuras paramilitares que siempre la Comunidad ha denunciado, pues ha sido testigo de esta connivencia durante 20 años. El mismo martes 17 de octubre de 2017, en horas de la noche, cuando una pobladora de la vereda La Unión subía desde San José hacia la vereda La Unión, luego de haber vendido sus productos en el mercado, fue interceptada por ladrones que le hurtaron el dinero de sus ventas, éste y otros robos que han estado ocurriendo en la región han sido organizados por los mismos paramilitares que al final se lavan las manos diciendo que no fueron ellos. El miércoles 18 de octubre de 2017, cuando un grupo de la Comunidad se desplazaba por el sitio El Barro hacia Mulatos Medio, fue abordado por un grupo de militares, uno de los cuales preguntó si sabían dónde estaban “sus primos”, en alusión evidente a los paramilitares quienes andaban por ahí

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cerca. Al preguntarles si era que tenían familiares en la zona, respondió que sí tenían “amigos” y que tenían información de que estaban por ahí en esa zona. En realidad en esa zona estaban los paramili-tares. El mismo militar intentó registrar información de los miembros de la Comunidad, propia de empadronamientos, lo cual está prohibido por la Corte Constitucional. El jueves 19 de octubre de 2017, el contingente militar que había desembarcado el martes anterior en el sitio El Barro de la vereda Mulatos Medio, ubicó un centro de cultivos y procesamiento de coca y procedió a destruir y quemar todos los implementos y a capturar a todos los trabajadores, provocan-do una protesta general de los pobladores, pues se estaba incumpliendo el Acuerdo de Paz de La Ha-bana, al erradicar violentamente y penalizar a los campesinos que viven de eso por necesidad, sin darles alternativa alguna de sobrevivencia. La protesta logró detener las capturas pero el problema de sobrevivencia quedó planteado dramáticamente. En las últimas semanas de octubre y primeras de noviembre de 2017 ha sido público el cambio de nombre del Centro Educativo que funciona en el caserío de San José de Apartadó, antes llamado “El Mariano” y ahora, por decisión del Concejo Municipal, llamado “Centro Educativo Bartolomé Cataño”, haciéndole honor al fundador de San José de Apartadó, quien fuera Concejal de Apartadó por la Unión Patriótica y asesinado en 1996 por el ejército y los paramilitares. Sin embargo, el Alcalde de Apartadó, el Comandante de la Brigada XVII, otras instituciones de la fuerza pública y pobladores adictos a ellos, se han opuesto al nuevo nombre; el comandante de la base militar que funciona ale-daña a dicho colegio, se ha reunido repetidas veces con los alumnos para pedirles que rechacen ese nombre, afirmando que Don Bartolomé era un guerrillero y terrorista, pues era miembro de la U. P. Esto evidencia una vez más que la perversa y criminal doctrina militar que ha llevado a estigmatizar durante 60 años a todo movimiento social y a todo grupo de oposición política, justificando el asesi-nato o la desaparición forzada de los militantes de todos esos grupos, es una doctrina que sigue más vigente que nunca. Brilla aquí la capacidad de mentira e hipocresía de la fuerza pública, pues mien-tras se confiesa “defensora de la democracia y de la Constitución” y niega tener unos principios y una doctrina criminal, la sigue aplicando con marcado fanatismo. El lunes 20 de noviembre del 2017 se comprobó una fuerte presencia de tropas paramilitares en las veredas La Resbalosa, Mulatos, La Esperanza y La Hoz, del corregimiento de San José de Apartadó. Los integrantes de esas tropas manifestaron que van a hacer inversiones en la zona y que la única comunidad que está estorbando ese camino es la Comunidad de Paz, pero que ya tienen cómo vencer ese estorbo, pues ya “tienen órdenes de matar a los miembros de esa h. p. comunidad si se interponen en el camino”. Afirman además que están comprando tierras allí porque van a abrir potreros desde La Hoz hacia Mulatos por ambos lados del río, para incrementar la ganadería por encima del que sea. Aquí queda patente la característica más propia de este Estado, para el cual los planes rurales jamás deben estar al servicio de las poblaciones mayoritarias del país ni de las necesidades alimentarias de éstas sino al servicio de las élites que se han apropiado del Estado para ponerlo a su servicio y de las em-presas multinacionales a las que dichas élites les sirven. Y para llevar adelante esos planes se sirven de estos grupos de asesinos paramilitares que siempre han gritado que el que se oponga a los planes

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a los que ellos sirven será asesinado. Así han llenado nuestra tierra de ríos de sangre. Queda nueva-mente al descubierto el carácter ilegítimo y criminal de este Estado. Como en el caso de la Masacre de las Bananeras, el Presidente y sus mandos militares no dudaron en asesinar a mil trabajadores para satisfacer los afanes lucrativos de los empresarios estadounidenses; así, ahora, a través de sus parami-litares asesinos, el presidente y sus mandos militares, aupados por su empresariado asociado, no du-dan en matar al que se oponga a la ganadería extensiva acariciada por los empresarios criminalmente adueñados del Estado. El Lunes 27 de Noviembre del 2017 en horas de la mañana hizo presencia un grupo de paramilitares fuertemente armados en la vereda La Cristalina, del corregimiento de San José de Apartadó. En este lugar permanecieron por varias horas, después se retiraron. El jueves 30 de noviembre del 2017, en horas de la mañana, un grupo de paramilitares que han esta-do patrullando en las veredas Mulatos y La Resbalosa, de San José de Apartadó, manifestaron que a toda costa tienen que sacar y asesinar a GILDARDO TUBERQUIA y a ESTEBAN GUISAO, miembros de la Comunidad de Paz, el primero integrante del Consejo Interno de la Comunidad y Coordinador de la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, en la vereda Mulatos Medio, y el segundo coordinador ad-ministrativo del asentamiento de la Comunidad en la vereda La Esperanza. Le han manifestado repe-tidas veces a algunos pobladores de la zona que van a asesinar a estos miembros de la Comunidad de Paz pues son un estorbo para el proyecto económico que el paramilitarismo pretende imponer en la región. Esto evidencia una vez más que existe un proyecto criminal para exterminar la Comunidad de Paz, como lo han repetido incansablemente ya por muchos años. Los mismos paramilitares están manifestando a muchos pobladores en las veredas, que ahora que ya tienen el control, van a matar a todo aquel que no se someta a sus órdenes y que para eso cuentan con todo el apoyo de la fuerza pú-blica de Urabá. El mismo jueves 30 de noviembre de 2017 la Comunidad de Paz fue informada del asesinato de un joven que fue retenido cuando se desplazaba desde la vereda Naín hacia la vereda La Resbalosa, de San José de Apartadó, siendo llevado primero a Valencia, Córdoba, por los paramilitares que allí con-trolan la población civil. Dicho joven era comerciante de caballos en las veredas de San José de Apar-tadó. Aún no se tiene una información completa de los hechos. El martes 05 de Diciembre de 2017 a las 17:40 horas llegó un grupo de paramilitares a la vereda La Resbalosa, del corregimiento de San José de Apartadó; allí entraron a la propiedad privada de ARÓN DAVID, miembro de la Comunidad de Paz quien vive en dicha vereda e inmediatamente comenza-ron a amenazarlo de muerte, pues según los paramilitares él estaba informando sobre su presencia en la zona y eso les estaba causando problemas para estar en la vereda, lo que no iban a permitir. Des-pués de un largo rato en que permaneció privado de su libertad, le advirtieron con amenazas que no le fuera a informar a esa h. p. comunidad; que hiciera de cuenta que no había visto nada, si no quería que lo mataran. Finalmente fue dejado en libertad.

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El martes 06 de Diciembre del 2017 , en horas de la mañana, un reconocido paramilitar proveniente del municipio de Apartadó y quien al parecer está encargado de reunir a todos “puntos de informa-ción” (espías) que tienen los paramilitares en la zona, fue visto haciendo dichas reuniones a escondi-das por ríos, quebradas y montes en las veredas de San José de Apartadó. La Comunidad de Paz es consciente de que cada día sus integrantes son más estigmatizados y amenazados por toda esta estra-tegia paramilitar, pues cada minuto que pasa la región es más controlada por estos grupos paramili-tares criminales quienes cuentan con la aquiescencia, complicidad, protección y amparo de la brigada XVII del ejército. A dicha Brigada el Gobierno la mantiene sólo para que “se haga la de la vista gor-da” frente a los innumerables crímenes que perpetran los paramilitares; para que niegue que existen grupos paramilitares; para que en complicidad con el aparato judicial evite la judicialización de los paramilitares, sus cómplices y sus protectores; para que realice ficciones de control de grupos arma-dos; para que amenace a los que denuncian y haga recaer la responsabilidad de todos los crímenes en quienes no denuncian porque no creen ni confían en tamaña podredumbre de Estado; para que es-conda a los criminales; para que difunda por los medios masivos informaciones falsas, ya sea estig-matizando a quienes denuncian o ya encubriendo a quienes delinquen. El Viernes 08 de Diciembre de 2017 en horas de la mañana hizo presencia un grupo de paramilitares fuertemente armados en la vereda La Cristalina, del corregimiento de San José de Apartadó. Allí permanecieron por varias horas y después se fueron hacia el caserío de san José. El lunes 11 de Diciembre de 2017 fue visto un grupo de paramilitares acantonados en la propiedad privada de un poblador de la vereda La Cristalina, del corregimiento de San José de Apartadó. Allí permanecían todavía cuando esta constancia se hizo pública sin ser molestados por ninguna autori-dad. El viernes 15 de diciembre de 2017 llegó un paramilitar en traje civil a la finca Casa Roja y manifestó su deseo de pasar allí la noche. Un miembro de la Comunidad se lo impidió y le hizo ver que ellos no podían abusar de esa manera de la población civil. Muy enojado, el paramilitar tuvo que retirarse pero en los días siguientes se conocieron amenazas contra el integrante de la Comunidad que hizo respetar los principios. El mismo viernes 15 de diciembre un grupo de paramilitares convocó a los pobladores de La Crista-lina a una reunión. Luego avisaron que habían tenido un problema de última hora y no podían hacer la reunión, anunciando que la harían después y se retiraron de la zona. El sábado 16 de diciembre de 2017 a las 11:06 llegaron varios paramilitares en bestias, armados con armas largas, de camuflado y con brazaletes de las AGC, encontraron a una acompañante internacio-nal y le preguntan por otro armado que iba adelante y le exigieron que les dijera qué estaba haciendo allí. En efecto, un paramilitar en traje civil había ingresado a la Aldea de Paz en horas de la mañana y había preguntado por la ubicación de tiendas, pero el mismo personaje fue visto armado y uniforma-do un poco más tarde, junto con los demás paramilitares que iban en bestias. Luego se supo que esta-

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ban convocando una reunión en Mulatos Cabecera y de hecho la realizaron. En dicha reunión les ha-blaron a los pobladores de muchos proyectos del Estado que ellos debían aprovechar y les obsequia-ron regalos a los niños de la vereda, prometiendo llevarles más regalos posteriormente y organizar fiestas. A mediados de diciembre de 2017, un poblador del caserío de San José, de nombre Isaías y apodado “Malaca” les reveló a algunas personas un plan existente entre las redes paramilitares de la zona y la Brigada XVII para eliminar al representante legal de la Comunidad de Paz, GERMÁN GRACIANO POSSO. Según el paramilitar, quien tiene aproximadamente 28 años y está relacionado con una am-plia red de jóvenes que cumplen misiones criminales y delictivas ordenadas desde la dirección mili-tar/paramilitar de la región, la eliminación de Germán debe realizarse simultáneamente con un ope-rativo de asalto económico, para lo cual están buscando afanosamente informantes en la misma Co-munidad de Paz, de modo que se le pueda hacer un riguroso seguimiento, sobre todo cuando baja a retirar dinero del banco. Según afirman otros integrantes de la red paramilitar, están haciendo gran-des esfuerzos por asegurar informantes dentro de la misma Comunidad de Paz e incluso se ha sabido de casos de jóvenes de San José que son abordados en Apartadó para vincularlos a las redes paramili-tares y de entrada les ofrecen un arma y 700.000 (setecientos mil pesos) como incentivo para motivar-los. Al mismo tiempo un primo de Germán ha recibido informes de fuentes confiables, según las cua-les él también está involucrado en el plan contra Germán y su vida estaría corriendo alto riesgo. El martes 19 de diciembre de 2017 un contingente de paramilitares amaneció rodeando el territorio de la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda Mula-tos Medio e incluso fueron vistos bañándose en una poza del río Mulatos que hace parte del territorio de la Aldea. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó se vió obligada a comunicarle al país y al mundo la incursión criminal que tuvo lugar en la mañana del 29 de diciembre de 2017 en su asentamiento cen-tral de San Josesito, por parte de un comando paramilitar que llegó con la intención explícita de ase-sinar al Representante Legal de la Comunidad, GERMÁN GRACIANO POSSO. Ya en las semanas y meses anteriores se notaba la intensificación progresiva de amenazas y operacio-nes de inteligencia que anunciaban un golpe grave contra la Comunidad de Paz. Las constancias apremiantes dirigidas al país y al mundo no produjeron ninguna reacción ni protección de parte de las instituciones del Estado. Previamente un paramilitar de nombre ARCADIO llegó con el pretexto de venderle un poco de cacao a la Comunidad para constatar la presencia de Germán Graciano en la bodega donde se comercializa el cacao, la cual comunicó inmediatamente por su celular. Minutos después, hacia las 10:15 horas, otros 4 paramilitares arribaron a la bodega. Entre los que llegaron estaba el mando paramilitar de la zona conocido como “FELIPE”, y además: RICARDO DAVID, ampliamente conocido en la zona y quienes se identificaron como: JAMES CARDONA HIGUITA (cc 1038811594) y HUMBERTO AN-

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TONIO LONDOÑO ÜSUGA (CC 1028025340). Intentaron primero hacer entrar a un cuarto a varios miembros de la Comunidad que se encontraban allí a quienes amenazaron de muerte sacando sus armas. Varios miembros de la Comunidad que se encontraban en los alrededores de la bodega reac-cionaron y forcejearon con los criminales hasta lograr quitarle el arma a uno de ellos e inmovilizar a dos paramilitares quienes fueron atados. En el forcejeo, Germán y otros miembros de la Comunidad quedaron heridos, como también los dos paramilitares inmovilizados. La Comunidad llamó a la De-fensoría del Pueblo y luego se comunicó con diversas autoridades nacionales para entregarle a un funcionario de alto nivel a los criminales retenidos. De hecho, el sábado 30 fueron entregados al Vi-ceministro encargado del Interior, en presencia del Obispo de Apartadó y de gran afluencia de testi-gos campesinos, luego de suscribir un acta de entrega. El Viceministro se lis entregó inmediatamente al CTI y éste a una Juez Promiscua de Apartadó quien les dio libertad inmediata porque “su captura no fue legal” (¡¡¡¡¡¡¡¡) y además “fueron violados sus derechos” (el único: su ‘derecho a matar’). El Vicepresidente de la República, General Óscar Naranjo, prometió examinar la enorme complicidad de la fuerza pública presente en la región con los paramilitares, la cual, ha sido el factor clave de la enorme libertad de acción con que los paramilitares se mueven en la zona. El sábado 30 de diciembre de 2017, el mando paramilitar de la zona, alias “FELIPE”, quien participó en el atentado asesino contra líderes de la Comunidad el día anterior en compañía de otros cuatro paramilitares, se desplazó enseguida a la vereda Arenas Altas donde ha estado profiriendo anuncios de venganza contra la Comunidad de Paz por haberle impedido realizar su acción criminal y está anunciando nuevamente, enfurecido, que la Comunidad de Paz va a ser destruida. Cuando el viernes 29 se vio forzado a huir del escenario del crimen ante la reacción de la Comunidad, llegó rápidamente al caserío de San José donde se reunió con un amplio grupo de paramilitares que actúa allí; luego re-corrió el caserío, completamente controlado por la fuerza pública, y se dirigió hacia la vereda Arenas Altas sin ser molestado por ningún agente estatal. El sábado 30 de diciembre de 2017, en un noticiero televisivo de Teleantioquia, el político e integran-te del gremio cacaotero de Urabá, CÉSAR JARAMILLO, declaró que los dos paramilitares detenidos no son paramilitares sino inocentes cultivadores de cacao a quienes él asesora. Parece que poco le im-porta que esos sus asesorados en otros de sus momentos laborales se contraten para quitarle la vida a líderes sociales y para intentar destruir una Comunidad de Paz. ¿Juzga, acaso, que su actividad tem-poral de cacaoteros fuerza a la sociedad a no tener en cuenta sus acciones criminales? ¿o acaso piensa que los que sufrieron el ataque de estos paramilitares, así como la Comunidad y sus integrantes y acompañantes internacionales quienes presenciaron todo el episodio, no merecen credibilidad y sólo la merecen quienes han visto a estos criminales en sus pasajeras actividades económicas de cultivo de cacao? El sábado 30 de diciembre de 2017, paramilitares ampliamente conocidos en el corregimiento de Sai-za, del municipio de Tierralta, Córdoba, les manifestaron a los pobladores que estaban muy dolidos por lo ocurrido en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, donde, según su versión, sus com-

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pañeros paramilitares fueron “humillados” por la Comunidad que logró impedir el asesinado de sus líderes e inmovilizar y desarmar a dos de sus compañeros paramilitares y prometieron que realizarán próximamente una masacre en la Comunidad de Paz, a la vez que reiteraron su decisión de extermi-nar la Comunidad.

2018 El martes 2 de enero de 2018, se escuchó por radio apartes de una conferencia de prensa del Gober-nador de Antioquia, Señor LUIS PÉREZ GUTIÉRREZ, quien se refirió a los hechos trágicos que la Comunidad vivió en los últimos días cuando cinco paramilitares, luego de infinidad de amenazas de exterminar la Comunidad de Paz, incursionaron en el asentamiento central de San Josesito el pasado 29 de diciembre con la intención de asesinar al representante legal y a otros líderes de la Comunidad, siendo dos de los paramilitares desarmados e inmovilizados por miembros de la Comunidad y entre-gados a un delegado del alto gobierno. El Gobernador de Antioquia afirmó que el hecho se analizó en un Consejo de Seguridad que recibió informes de la policía y del ejército y que “ayer ya se aclaró el tema: no eran ningunos paramilitares, eran un par de muchachos, donde uno de ellos era el mismo peluquero de esa comunidad, que se pu-sieron capucha para atracar una salsamentaría o granero; la comunidad los retuvo por un tiempo relativamente largo, y cuando pudo intervenir el gobierno se detectó que eran dos muchachos de la misma comunidad que habían tratado de atracar una tienda” El Gobernador concluyó que la Comunidad de Paz es mentirosa y la exhorta a que no produzca in-formes inflados, pues le advierte que: “puede llegar el momento que pase lo que le pasaba al pastorci-to mentiroso, que de tanto hacer menciones sin fundamento, cuando verdaderamente necesita la par-ticipación del Estado, ya, pues, no había forma”. Esta fábula, a no dudarlo, malintencionada, deja perplejos a los que vivieron los hechos. Para todos los que vivieron ese trágico episodio y pudieron contemplar a los paramilitares durante 24 horas e incluso hablar con ellos mientras estaban inmovilizados; para quienes acompañaron y cuidaron de los heridos y contemplaron el arma que les fue incautada y los proyectiles que había en su proveedor; para quienes han sufrido sus amenazas persistentes desde hace meses y años y concluyeron que se trataba de unas muertes anunciadas que su reacción solidaria y súbita logró impedir, el relato del Gobernador resulta no sólo ofensivo sino extremadamente perverso. Afirmar que los paramilitares eran muchachos de la misma Comunidad que se pusieron capuchas para atracar una tienda de su propio asentamiento, es algo que parece una broma de mal gusto pero que revela trasfondos de mal-dad y cinismo que no se creían posibles en un mandatario de ese nivel. Contrastada con los hechos reales, presenciados incluso por cerca de una decena de acompañantes internacionales que fueron testigos de diversos momentos de la tragedia, la versión del Gobernador se percibe como la de un bufón vulgar que pretende encubrir hondas complicidades con los victimarios mediante el recurrido

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mecanismo de la trivialización de los relatos, acercándolos a lo grotesco, para que las masas consu-midoras de sus “informaciones” desvíen cualquier posible mirada solidaria hacia las víctimas , de-gradándolas como generadoras estúpidas y engañadas de sus propios victimarios, en episodios que provocan risa en los bajos mundos de la vulgaridad, donde se disfruta de la violencia cuando está articulada con trampas y jugadas de astucia. Y el Gobernador refuerza su versión grotesca y perversa calificando a la Comunidad como “mentiro-sa”. Lo hace recurriendo a una fábula universal: la del “pastorcito mentiroso” que lanzó muchas ve-ces alarmas falsas de que el lobo venía a atacar su rebaño y logró así la solidaridad de mucha gente, pero cuando de verdad llegó el lobo, ya la gente no le creyó. Cualquiera percibe la perversidad enor-me que esta alusión encierra, como medio para estigmatizar y degradar mediáticamente a una Co-munidad. En realidad, la re-victimización que hace el Gobernador no sorprende. Encuadra perfectamente en la política que han seguido los gobiernos frente a la tragedia de la Comunidad durante los 20 años transcurridos. Todas las denuncias han sido calificadas como “mentirosas”. El Ministerio de Defensa, al cual los presidentes, ministros y altos funcionarios les remiten las constancias públicas de la Co-munidad, invariablemente responde que “los hechos no han ocurrido”; que “en la zona no había tropas” y que “grupos paramilitares no existen”. Desde el primer año de existencia de la Comuni-dad, el ex general Rito Alejo del Río les respondía a las delegaciones internacionales que comproba-ban los retenes paramilitares en la vía de Apartadó a San José, que los paramilitares no existían, aun-que los internacionales le contaran que los habían visto y fotografiado y discutido con ellos minutos antes. Tal estrategia negacionista se ha mantenido en estos 20 años invariable. Para el Alto Gobierno, la “verdad” es la respuesta falsa que se inventan los victimarios y jamás el relato doloroso de las víc-timas. Varias Cortes internacionales y todos los grupos solidarios con la Comunidad de Paz en el país y en el mundo, conocen de sobre esta estrategia que se arraiga en los más oscuros subterráneos del poder. Además de lo denunciado en la constancia pública del 22 de diciembre/17, en la que se puso en cono-cimiento público el plan revelado por el paramilitar Isaías alias “Malaca”, en el caserío de San José, según el cual iban a asesinar a Germán Graciano (representante legal de la Comunidad) y a envolver el crimen, ya concertado con la Brigada XVII, en un robo de dinero para manejarlo ante los medios como un atraco, libreto que trataron de ejecutar así el 29 de diciembre pasado, se han evaluado otras revelaciones que habían llegado a la Comunidad por esos mismos días, en la semana de 20 de di-ciembre, como lo manifestado por el paramilitar alias “Elías Idaldo”, quien intentó penetrar en el asentamiento de San Josesito dos veces, según el cual existía el plan de los paramilitares de entrar al asentamiento de San Josesito y cometer una masacre y hacerla aparecer como un intento de robo. Esto muestra que el plan criminal ha estado detalladamente diseñado y seguirán intentando realizarlo, sobre todo cuando se comprueba la complicidad de la fuerza pública por su inacción frente a la inva-sión paramilitar en la zona; la complicidad del aparato judicial al dejar en libertad inmediatamente a los victimarios, y la complicidad del gobierno departamental al lanzar a los medios masivos una ver-sión tan falsa y grotesca como la del Gobernador de Antioquia del 2 de enero, la cual buscó estigma-tizar más a la comunidad victimizada y arropar con un manto encubridor a los victimarios. Además, si este diseño se confronta con las declaraciones del Ministro de Defensa cuando niega que los asesi-

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natos de líderes sociales responden a un plan persecutorio, se puede concluir que ahora a las brigadas militares y a sus brazos paramilitares se les exige un diseño previo del crimen, de modo que aparezca en primer plano un móvil de delincuencia común o bien conflictos interpersonales en las organiza-ciones atacadas o conflictos sentimentales denominados “líos de faldas”. La perversidad de este Es-tado no tiene límites. El Martes 09 de enero de 2018 a las 11:30 horas, un grupo de 6 paramilitares camuflados y bien ar-mados hicieron presencia en las veredas Miramar, Cristalina, La Linda y El Mariano, del corregimien-to de San José de Apartadó. La Comunidad de Paz lanzó la voz de alerta por la red, pues la intención de estos paramilitares era llegar hasta el asentamiento de San Josesito. En los días anteriores habían enviado amenazas desde el corregimiento de Saiza (Tierralta, Córdoba) manifestando que: “esto que les pasó a nuestros compañeros allá en esa HP comunidad no se va a quedar así, porque vamos a ir y les vamos a hacer una masacre para que vean que con nosotros no se juega”. Allí en Saiza reunieron a todos sus “pun-tos de información”(espías), al igual que a la población civil que vive en las veredas de ese sector; por eso se conocieron sus amenazas. El miércoles 10 de Enero de 2018 la Comunidad fue informada de un plan de los paramilitares en el corregimiento de San José de Apartadó, según el cual allí se fraguaba una estrategia para incendiar el asentamiento de San Josesito, para lo cual han estado acumulando gasolina en gran cantidad. El jueves 11 de Enero de 2018, en horas de la mañana, un grupo de paramilitares en el casco urbano de San José de Apartadó de nuevo lanzaron amenazas en contra de miembros de la Comunidad de Paz. Allí manifestaron que, a toda costa, tenían que asesinar a GILDARDO TUBERQUIA y a GER-MAN GRACIANO, porque están estorbando los planes que el paramilitarismo tiene preparados para esta región. El martes 16 de Enero de 2018 hacia las 11:30 horas, cuando un miembro de la Comunidad de Paz se disponía a recoger a su hija, quien se encuentra muy enferma en el sitio conocido como La Casona, de la vereda Mulatos, del corregimiento de San José de Apartadó, fue interceptado por un paramilitar quien lo amenazó diciéndole que por ningún motivo se llevaría la niña sin una orden de los paramili-tares, a lo que el miembro de la Comunidad respondió que se llevaría la hija a un centro médico por-que se encontraba muy enferma y después la traería de regreso a su madre quien está en esa zona. De nuevo el paramilitar le replicó: ¿qué es lo que usted se cree? ¿cree que porque es de la comunidad de paz va a hacer lo que le da la gana? Si se siente muy macho, vaya y traiga a toda esa comunidad y se lleva la niña, si es que es muy verraco”. Ese mismo paramilitar, el día siguiente (miércoles 17 de Enero de 2018 hacia la 13:20 horas) entró a la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, en la vereda Mulatos Medio y comenzó a amenazar a los miembros de la Comunidad que se encontraban allí trabajando, diciéndoles que si los miembros de esa Comunidad de Paz eran muy machitos, que fueran y se llevaran la niña de donde está, porque no lo iban a permitir, ya que esto era una orden del Viejo, quien se encontraba ahí en La Casona. Después se marchó del lugar. Aún la niña se encuentra muy enferma por falta de atenciones médicas y los paramilitares no permiten que sea movida para ser atendida. Es preocupante que ya ni

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los padres tienen derecho a llevar a sus hijos a los centros médicos porque estos grupos paramilitares no lo permiten y condenan a los niños a la muerte por falta de atención médica. Esto revela el tipo de dominio y control exhaustivo de la población que el paramilitarismo está implantando en la región. El martes 30 de enero de 2018, hacia las 15:00 horas, se escucharon disparos en el punto conocido como La Tequera, a solo 5 minutos del asentamiento de San Josesito. Enseguida una moto con dos reconocidos paramilitares salió de ese lugar y pasó por la carretera frente al asentamiento de San Jo-sesito. Unos metros más abajo volvieron a hacer disparos, los cuales fueron escuchados muy de cerca desde el asentamiento. Era evidente que con ello querían significar que siguen buscando ocasiones para masacrar a la Comunidad y que siguen siendo intocables para las autoridades de control y con-tando con su tolerancia y aquiescencia. El miércoles 31 de enero de 2018 a las 12:00 del mediodía la Comunidad realizó el acto de destruc-ción de las armas retenidas a los cinco paramilitares que intentaron asesinar al Representante Legal y a otros miembros de la Comunidad de Paz el pasado 29 de diciembre del 2017. Para dicho acto se contó con la presencia de la Defensoría del Pueblo en cabeza del Señor Defensor Nacional Carlos A. Negret y de medios de comunicación como El Espectador, Canal Uno y otros. Los restos de las armas destruidas fueron dejadas bajo el cuidado de la Defensoría del Pueblo mediante dicho acto público. La comunidad, como en otros momentos, deja muy en claro que no quiere la guerra y mucho menos materiales de violencia que destruyan vidas humanas. El Estado es responsable de todo esto que está ocurriendo, pues no ha querido aceptar que existen estas estructuras paramilitares en la región y prefiere encubrirlas y negarlas y dejar incólumes las ins-tituciones que más colaboran con ellas. Con la destrucción de estas armas se quiso dejar una constancia adicional de que estos dos paramili-tares retenidos por la Comunidad de Paz el 29 de diciembre y entregados a funcionarios del alto Go-bierno para que quedara una evidencia irrefutable de la existencia y del accionar criminal del parami-litarismo en la zona, son culpables de haber intentado perpetrar una masacre y si no la consumaron fue porque se les impuso una fuerza mayor. Si fueron dejados en libertad inmediatamente, a pesar de que las autoridades de la Brigada XVII del Ejército, los mandos de la Policía, el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía y otras autoridades, teniendo incluso como testigo al Obispo de Apar-tadó, presenciaron el acto de entrega y la firma del Acta de entrega suscrita por el Viceministro del Interior y el Defensor Regional del Pueblo, con presencia masiva de la Comunidad de Paz y de cam-pesinos del entorno, todo eso revela una connivencia escandalosa del poder judicial con el crimen. Para ello el repudio moral más radical y masivo. Este Estado, con los partidos que lo respaldan, con su fuerza pública degenerada y sus gobernaciones y alcaldías corruptas son responsables de todo lo que pueda pasarle a los integrantes de la Comunidad de Paz y a la población campesina del entorno físico y social. Ya desde antes del atentado del 29 de diciembre un vecino de la zona le informó a un miembro de la Comunidad que la Fiscalía estaba recogiendo testimonios encaminados a vincular a GERMÁN GRA-CIANO POSSO, Representante Legal de la Comunidad, con alias “Tiro”, un guerrillero de las FARC no desmovilizado y quien hoy hace parte de la disidencia de las FARC. Tal información, completa-

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mente falsa, fue inventada por el Coronel GERMÁN ROJAS DIAZ, cuando era comandante de la Bri-gada XVII. Hoy los paramilitares han echado mano de esa falsa información para continuar la perse-cución a muerte contra Germán Graciano, lo cual a su vez reconfirma la estrecha coordinación entre militares, paramilitares y miembros de la Fiscalía. En la semana del 15 de febrero de 2018 un parami-litar le comentó a otro miembro de la Comunidad que la Fiscalía y los paramilitares continúan ali-mentando el mismo falso relato, tratando de construir acciones judiciales contra Germán Graciano y contra la Comunidad de Paz. En la semana del 15 de febrero de 2018, en el corregimiento de Currulao, el comandante paramilitar de la zona de San José, alias “Majute”, convocó a compradores y negociadores de ganado para exigir-les que el ganado que se compre y se venda debe tener marcas y registros de vacunación y las transacciones deben hacerse bajo el control paramilitar. En dicha reunión trataron de hacer creer que ellos no habían tenido nada que ver en el atentado contra la Comunidad de Paz del 29 de diciembre y sin embargo allí estaban presentes varios de los paramilitares que participaron en el crimen, como alias “Felipe”, comandante de la red de San José, y alias “El Gato” (Ricardo David). De dicha reunión salieron nuevas amenazas contra la vida de LOS HIJOS DE ERNESTO GUZMÁN, asesinado en La Esperanza por no querer venderle su finca a los paramilitares; ahora sus hijos son perseguidos por mantener la propiedad de su finca; uno de ellos, JUAN DE LA CRUZ, fue herido en un atentado con-tra su vida el año pasado. Los días 18 y 19 de febrero de 2018 la Comunidad preparaba el aniversario de la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005, cuando las delegaciones comenzaban a llegar a la Aldea de Paz de Mulatos Medio, los paramilitares pasaron repetidas veces por frente a la Aldea, en el río Mulatos, uniforma-dos y armados, siendo vistos por varias delegaciones, lo que se interpretó como una amenaza contra la Comunidad y un intento de boicot a los actos de memoria. El viernes 23 de febrero, cuando las delegaciones comenzaban a regresar de Mulatos, los paramilitares convocaron a una reunión con personas vinculadas a la acción comunal de la zona de Mulatos; en dichas reuniones han estado insis-tiendo en que la Comunidad debe ser despojada de la Aldea de Paz y en que ese terreno debe ser tomado por la fuerza. En la noche del 22 de febrero de 2018, mientras la mayor parte de la Comunidad de Paz se encontra-ba en Mulatos en las conmemoraciones de la masacre del 21 de febrero de 2005, varias personas que vigilaban el asentamiento de San Josesito pudieron observar un dron que sobrevolaba el asentamien-to, como forma de espionaje quizás para preparar nuevos atentados. El domingo 25 de febrero de 2018, personas que pasaron por el caserío de San José en horas de la no-che pudieron observar que había mucha gente tomando cerveza y concentrados en varias cantinas, mientras se escucharon disparos en diversos puntos del caserío y se comprobaba la presencia de mu-chos de los jóvenes vinculados al paramilitarismo quienes portan ordinariamente armas visibles.

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El miércoles 28 de febrero de 2018, la Comunidad de Paz fue informada de que Luis Yair Úsuga, in-tegrante de la estructura paramilitar, ha convocado a todos los pobladores de La Unión para que asis-tan a una reunión con los paramilitares el próximo viernes 2 de marzo. El viernes 2 de marzo del 2018 a la 9:00 horas, los paramilitares realizaron una reunión forzada en la vereda La Unión, la cual ya había sido convocada el pasado 28 de febrero por un paramilitar de nombre Luis Yair, forzando a la población civil a tener que asistir, bajo la amenaza de que si alguien no asistía tendría que someterse a pagar una multa por encima de los 200.000 pesos. Ya la Comuni-dad de Paz había dejado constancia de dicha convocatoria el pasado 28 de febrero, pero a pesar de que se dejó constancia a tiempo de que esta reunión se realizaría, no hubo ninguna acción para evi-tarla, pues allí los paramilitares obligaron a la población civil a asistir y la fuerza pública lo único que hizo fue esperar a que los paramilitares hicieran el trabajo de sometimiento extorsivo a los campesi-nos, y su complicidad se concretó en llegar al sitio cuando ya no había nadie, para poder dar su re-porte de que todo era falso y todo estaba en orden. El lunes 5 de marzo de 2018, cuando un grupo de trabajo de la Comunidad de Paz se desplazaba desde la vereda La Esperanza hacia el caserío de San José, se encontró con un contingente paramilitar que estaba estacionado en una de sus fincas colectivas en la vereda El Porvenir, allí se disponían a realizar llamadas a sus superiores y después se fueron con rumbo hacia la vereda La Esperanza. El jueves 8 de marzo del 2018, en horas de la mañana, los paramilitares realizaron una reunión con la población civil en la vereda Rodoxalí, en la cual participaron pobladores de las veredas Mulatos, La Hoz y Rodoxali, del corregimiento de San José de Apartadó. Allí se refirieron a la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, la cual había sido adquirida por la Comunidad de Paz desde hace 13 años, luego de la masacre de 8 personas perpetrada por los paramilitares en conjunto con las tropas de la Brigada XVll del ejército en 2005. En dicha reunión los paramilitares incitaron a la población de la zona a arrebatarle ese espacio a la Comunidad, prometiéndoles que luego ellos les conseguirían proyectos para desarrollar en ese lugar. También se ha denunciado que esos mismos paramilitares han estado construyendo una carretera ilegal desde la vereda Rodoxali hasta la vereda La Hoz, sin que se conoz-ca licencia alguna. Este mismo 10 de marzo de 2018 varios paramilitares, con armas cortas, estaban ingiriendo licor en frente de la policía y del ejército, en el casco urbano de san José, sin ser molesta-dos; de esta misma manera están recorriendo constantemente, en motos y armados, la carretera que conducen de San José hasta el centro urbano de Apartadó, pasando por en medio de los militares y policías, haciendo frecuentemente disparos, sin que nadie los controle ni los desarme. A nadie se le oculta que esto constituye una amenaza permanente de muerte para los integrantes de la Comuni-dad de Paz, sobre todo si a esto se suman los mensajes constantes de exterminio que viven lanzando contra la Comunidad. ¿Puede alguien creer que se vive en un “Estado de Derecho”? El viernes 16 de marzo del 2018, un grupo de paramilitares armados realizaron una reunión forzada con los campesinos de la vereda Alto Bonito, del corregimiento de San José de Apartadó. Ya son mu-chas las reuniones como ésta que está realizando esta estructura paramilitar por la veredas y a quien

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no asista lo obligan a pagar grandes multas como castigo. Sin embargo, para el gobierno ésta sigue siendo “una región sin paramilitares”. El sábado 17 de marzo del 2018 llegaron 30 paramilitares al sitio conocido como El Barro, de la vere-da Mulatos; allí entraron en la vivienda de un poblador que se encontraba sola en ese momento y le robaron varias pertenencias; después estos paramilitares reconocieron en otro sitio que habían entra-do en una casa de la zona y que se habían robado varios objetos. El domingo 18 de marzo del 2018, los mismos paramilitares que el día anterior habían estado en El Barro y habían hurtado pertenencias de los pobladores, penetraron en la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra y, profiriendo amenazas, ingresaron a las viviendas violando la propiedad privada y hurtaron gallinas, radios FM y otros enseres personales de las familias; lo demás que no les servía lo destroza-ron, dejando solo devastación a su paso. El lunes 19 de marzo del 2018 a las 10:40 a. m., una camioneta de color gris y de placas MNK385, proveniente del caserío de San José, en la cual se movilizaban dos personas, un hombre y una mujer, se detuvo en frente del asentamiento de San Josesito haciendo filmaciones. Varios miembros de la Comunidad, acompañados por un equipo de acompañamiento internacional, les preguntó por qué estaban filmando y ellos respondieron en tono ofensivo: “estamos filmando el lugar y a los que se encuen-tran ahí”. Luego se marcharon hacia el centro urbano de Apartadó. El 30 de marzo de 2018, Viernes Santo, cuando un numeroso grupo de integrantes de la Comunidad de Paz se desplazaba entre las veredas La Esperanza y Mulatos Medio, en un recorrido por los cami-nos ensangrentados de las montañas donde el Estado colombiano ha masacrado a centenares de campesinos y miembros de la Comunidad, caminos que habitualmente la Comunidad recorre en memoria de la Pasión de Cristo reproducida en la Pasión del Pueblo y de la Comunidad, se puso en-contrar un campamento de paramilitares en terrenos de la FINCA DEL SEÑOR MUÑOZ. El testi-monio fotográfico de este hecho fue difundido pocas horas después por las redes sociales. El domingo 1° de abril de 2018, cuando un grupo grande de integrantes de la Comunidad de Paz regresaba del recorrido del Via Crucis hacia San Josesito y otras veredas, pudo comprobar la presen-cia de un conjunto de paramilitares en la vereda Mulatos Cabecera. Durante la primera semana de abril de 2018, llegaron mensajes de los paramilitares asentados en la vereda Playa Larga, donde se ubica su asentamiento central, en los cuales se conmina a los líderes de la Comunidad de Paz a entrar en contacto con los líderes paramilitares con el fin de llegar a acuerdos con ellos, o de lo contrario procederán a asesinarlos. Ponen como ejemplo el de juntas comunales o campesinos y finqueros de la región, quienes luego de muchas reticencias se han visto forzados a ne-gociar con ellos y a someterse a sus directrices y planes para poder vivir tranquilos. Testimonios recogidos en la zona de la Represa de Urrá, en Tierralta, Córdoba, donde la Comunidad de Paz tiene varios asentamientos, muestran que el control de navegación en la represa durante la noche es cedido por la Infantería de Marina a los paramilitares, prohibiendo todo tránsito a la pobla-

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ción civil, pero se escucha el ruido de muchos motores, lo que revela que el narcoparamilitarismo domina el escenario por las noches para actividades ilícitas. Esto coincide con un dominio total del paramilitarismo sobre la población de las veredas aledañas, lo que ha llevado a muchos pobladores a tomar la decisión de desplazarse. El viernes 27 de Abril de 2018, un grupo de paramilitares armados, al mando de alias “Caballo”, hizo presencia en la vereda Arenas Altas, del corregimiento de San José de Apartadó, lugar que tie-nen establecido como de reclutamiento, pues así lo han manifestado los mismos paramilitares a po-bladores de la zona. El sábado 28 de Abril de 2018, en horas de la mañana, 8 paramilitares uniformados y portando armas largas ingresaron a la vereda La Resbalosa, donde viven varias familias de la Comunidad de Paz en un asentamiento histórico, y allí han permanecido sin que ninguna autoridad investigue siquiera su porte ilegal de armas y uniformes. El lunes 30 de Abril de 2018, los paramilitares quienes desde el sábado anterior hacen presencia en la vereda La Resbalosa, hicieron presencia también en la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, de la vere-da Mulatos Medio, del corregimiento de San José de Apartadó. Lo más revelador y preocupante es que Mulatos es una vereda que esta militarizada por la Brigada XVII del ejército y estos paramilitares armados coinciden con la fuerza pública en ese lugar y no pasa nada. Esto evidencia una vez más la alta complicidad y unidad de acción que siempre se ha dado entre los militares y los paramilitares. El sábado 5 de mayo de 2018, a las 19: 00 horas, un grupo de 6 paramilitares hicieron presencia a 200 metros del sentamiento San Josesito; allí permanecieron hasta las 2:00 horas de la madrugada. El domingo 13 de mayo de 2018, a las 17:00 horas, cuando un miembro de la comunidad se disponía a subir a una de las veredas, fue interceptado por un paramilitar de apodo “Pollo” con otros 4 para-militares más quienes lo tomaron por varios minutos en el casco urbano de San José de Apartadó, allí lo amenazaron de muerte diciéndole: ahora sí vamos a arreglar de una vez porque esa HP comunidad nos colocó una demanda y eso no nos gustó y si llegamos a caer en una cárcel esa comunidad lo va a pagar muy ca-ro. Después de amenazarlo por varios minutos fue puesto en libertad. El martes 29 de Mayo de 2018, en la vereda Mulatos Medio del corregimiento de San José, hizo pre-sencia un grupo de 5 paramilitares uniformados con prendas de uso privativo de la fuerza pública y portando armas largas, luego fueron vistos en el punto conocido como El Barro, de dicha vereda, es-pacios todos estos donde habitan familias de la Comunidad de Paz. El viernes 1º de junio de 2018, a las 9:00 am, en el punto conocido como El Barro, de la vereda Mula-tos, del corregimiento de San José, pasaron dos paramilitares portando uniformes y fusiles de uso privativo de la fuerza pública. Allí fueron identificados como paramilitares por pobladores de la ve-reda.

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El sábado 2 de junio de 2018, los mismos paramilitares que habían estado patrullando por la vereda Mulatos Medio, fueron vistos acantonados ilegalmente en la finca del señor Aníbal Higuita, conocido por el apodo de “Demonio”, y en la del Hacendado Muñoz, en la vereda La Esperanza. Desde allí están lanzando operativos de control a la población civil en las veredas Mulatos, Unión- Carepa, La Resbalosa y La Hoz, del corregimiento de San José. El Domingo 3 de Junio de 2018, en horas de la madrugada fue asesinado el señor JOHNY MANUEL MARTINEZ de 52 años quien actualmente vivía cerca a la vereda La Balsa de San José de Apartadó. El asesinato ocurrió en la carretera que conduce del municipio de Apartadó hasta San José en el pun-to conocido como Tierra Amarilla, según pobladores de la zona fue asesinado con armas blancas (ma-chetes), estos hechos son atribuidos al paramilitarismo que viene controlando con amenazas a todo el campesinado de San José de Apartadó y sus veredas, pues casos como éste ya han ocurrido en otras ocasiones en la cuales han resultado muertos líderes sociales y después son interpretadas en los me-dios como tragedias originadas en problemas personales entre el mismo campesinado. Es claro que los paramilitares, con el consentimiento de la fuerza pública, están asesinando a mucha gente en mu-chas regiones del país y la forma para hacerlo es utilizando MACHETES para que después se pueda encubrir los hechos y afirmar que no fueron realizados por ninguna estructura armada sino conflictos entre campesinos debidos a problemas personales en la zona, así lo han redactado ya muchos medios de comunicación al servicio del Gobierno y los paramilitares en Urabá y el resto de país. El Jueves 7 de Junio de 2018, en horas de la tarde un grupo de 8 paramilitares portando uniformes y armas de uso privativo de la fuerza pública hizo presencia en el camino que conduce desde san José de Apartadó hasta la vereda Mulatos de dicho corregimiento, allí alzaron sus armas poniéndolas al tiro para matar en el momento en que miembros de la Comunidad de Paz se disponían a llegar hasta la finca donde actualmente viven. Estos paramilitares llevan mucho tiempo haciendo presencia por las veredas de San José, allí están extorsionando, amenazando de muerte y no son molestados por ninguna autoridad competente. El viernes 8 de Junio de 2018, en horas de la mañana, de nuevo se notó la presencia de los paramili-tares en la vereda Mulatos de San José de Apartadó, pues fueron vistos pasar en un grupo grande por los caminos como si fueran de la fuerza pública de Colombia y permanecieron allí varios días sin ser molestados. El viernes 8 de junio de 2018, la Brigada XVII del Ejército y la Policía de Urabá convocaron a un “Ac-to de Excusas”, en el caserío de San José, por la masacre de los comerciantes perpetrada el 19 de fe-brero de 2000, en la cual fueron masacrados 4 tenderos, dentro de un plan por suprimir toda venta o llegada de alimentos para someter a la comunidad a un cerco de hambre. Las familias quedaron de-cepcionadas porque los voceros de la fuerza pública se negaron a revelar toda la verdad de lo que había ocurrido y a señalar a todos los responsables materiales e intelectuales. Los familiares fueron

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enfáticos en afirmar que hasta que no se cuente la verdad completa les queda imposible pasar la pá-gina. El domingo 10 de junio de 2018, once paramilitares, uniformados y armados, hicieron presencia en la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, de la Comunidad de Paz. Cuando un miembro de la Comunidad les reclamó por estar violando un espacio privado de la Comunidad, ellos lo insultaron y lo amenaza-ron y le respondieron airadamente que ellos podían estar donde les diera la gana y le pidieron que no defendiera a la comunidad ni a sus líderes porque eran una partida de guerrilleros; que pronto iba a legar el ELN a la zona y se vería si la Comunidad también los denunciaba como los denuncia a ellos como paramilitares. También le pidieron identificarse para ponerlo en la mira de ellos. El lunes 11 de junio de 2018, en horas del día, los mismos paramilitares ingresaron nuevamente a la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra e ingresaron a varias viviendas y robaron alimentos y enseres. En ese momento las viviendas estaban solas, pero cuando comenzaron a llegar los pobladores, ellos se alejaron. El miércoles 13 de junio de 2018, a las 07:00 horas, un paramilitar quien tiene el encargo de ser espía o “punto” en la zona de El Barro, de la vereda Mulatos, y quien había participado en las ocupaciones delictivas de los espacios de la Comunidad en los días anteriores, ingresó a la vivienda de un inte-grante de la Comunidad de Paz, con intenciones de realizar un registro o empadronamiento de las familias, pero no obtuvo respuesta alguna a sus ilegales pretensiones. El viernes 15 de junio de 2018, a las 15.01 horas, un grupo de paramilitares uniformados y con armas largas llegaron a la vereda Mulatos-Cabecera y forzaron a la población civil de la zona a reunirse con ellos. El sábado 23 de junio de 2018, treinta paramilitares, uniformados y armados, reunieron a los campe-sinos pobladores de la vereda La Cristalina y les manifestaron su alegría y alborozo por la victoria del candidato Iván Duque en las elecciones presidenciales, afirmando que el triunfo era propiamente del Señor Álvaro Uribe Vélez, el mismo que los había creado y apoyado a ellos durante muchos años, por lo cual ahora contarían con un gran apoyo oficial en sus proyectos, sobre todo en su cometido de ex-terminar definitivamente a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. A esta reunión habían convocado a las veredas Buenos Aires, La Linda, La Sucia, Bellavista, El Mariano y otras. A todo ese campesinado le notificaron que ellos eran la máxima autoridad en la zona y que todo el mundo debe someterse a ellos en adelante. El martes 26 de junio de 2018, se realizó una reunión de la Junta de Acción Comunal de Mulatos Me-dio a la cual asistieron 6 paramilitares con el fin de exigirle a la Junta resultados sobre planes que al parecer no se habrían cumplido cabalmente. Esto revela una vez más la estrecha connivencia y uni-dad de acción entre esa Junta de Acción Comunal y el paramilitarismo de la zona y permite com-prender mejor los planes que esa Junta Comunal ha tenido contra la Comunidad de Paz, buscando

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expulsarla violentamente de ese espacio que, fuera de ser sagrado por la memoria de la masacre de Luis Eduardo Guerra y su familia, es también un territorio sobre el cual la Comunidad ha adquirido derecho evidente de posesión, luego de ejercer dominio pacífico durante más de 10 años. El sábado 30 de junio de 2018, a las 21:58 horas, veinte paramilitares uniformados y portando armas largas, llegaron al sitio El Barro, de la vereda Mulatos y se instalaron en la vivienda del Señor ANÍBAL HIGUITA, apodado “El Demonio” y desde entonces han permanecido allí. Muy cerca de allí, en el río Mulatos, había un contingente militar del Batallón Bejarano Muñoz de la Brigada XVII, sin que se presentara ningún enfrentamiento, lo cual confirma la complicidad y unidad de acción en-tre ejército y paramilitares que la Comunidad ha denunciado centenares de veces en estos 21 años de existencia de la Comunidad de Paz. El domingo 15 de julio de 2018, llegaron 12 paramilitares uniformados y portando armas largas y se quedaron en la corraleja de ganado de la finca vecina que colinda con la Comunidad Paz en la vereda La Esperanza; varias horas después se ubicaron muy cerca a la casa de un poblador, allí se tomaron 15 cajas de cerveza y al momento de irse obligaron al campesino a guardarles un fusil y un millón quinientos mil pesos (1.500.000). El mando de esta tropa se hace llamar Aquiles. A las 02:00 de la ma-drugada se fueron hacia la finca del Señor Muñoz, finca donde han estado acantonados por muchos meses sin ser molestados por ninguna autoridad. El lunes 16 de julio de 2018, llegó un grupo de paramilitares a la casa de la mamá de un miembro de la Comunidad de Paz en la vereda Mulatos y preguntaron por el hijo, diciendo que ellos ya sabían que él vivía allí; de igual manera manifestaron que: “en esta vereda hay tres sapos, entre ellos un menor de edad y uno de esos sapos les impidió el paso por esa Aldea a los soldados del Batallón Bejarano Muñoz de la Bri-gada XVII, todo esto lo sabemos porque los mismos soldados en ese momento le tomaron fotos y nos las envia-ron a nosotros los paramilitares”. También afirmaron: “Estamos cansados de las denuncias que hace la Co-munidad de Paz en contra nuestra y si siguen denunciando les vamos a hacer un daño no menor sino mayor”. Quisieron decir que todas las amenazas e intentos de asesinato de los cuales ha sido víctima la Co-munidad de Paz sí han sido de su autoría. Este mismo lunes 16 de julio de 2018, en otro lugar de la vereda Mulatos Medio, un mando parami-litar que se hace llamar “Cementerio” amenaza con mucha contundencia a los miembros de la Co-munidad de Paz que viven en la Aldea Luis Eduardo Guerra, manifestando: “desde esta aldea nos están denunciando cada vez que nosotros pasamos por ahí, pero que cualquier día de estos nos vamos a entrar allá y vamos a ver quién es quién, porque ya tenemos la orden para matar estos sapos que nos denuncian en esa “hp” Comunidad de Paz”. De este tipo de amenazas dejó constancia la Comunidad en el año 2004 sobre la presencia de paramilitares en conjunto con tropas militares en Mulatos y luego el 21 de febrero de 2005 fue la masacre de ocho personas, entre ellos 3 menores de edad, perpetrada por paramilitares y militares. Según el análisis de la Comunidad, es la misma estrategia, pues la fuerza pública hoy pro-tege estos grupos paramilitares que controlan todo y utilizan a la población civil a su antojo. La Co-

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munidad de Paz cada día enfrenta nuevas amenazas, que no paran de hacerle daño pero que aún la Comunidad sigue adelante en resistencia civil. El jueves 19 de julio de 2018, pasaron 8 paramilitares vestidos de camuflados y portando armas lar-gas por la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra y así se la pasan todos los días transitando por este es-pacio enmarcado como propiedad privada de la Comunidad de Paz. El viernes 20 de Julio de 2018, la Comunidad de Paz fue informada de un supuesto plan de los pa-ramilitares que controlan el área urbana de Apartadó, según el cual, mandarían un grupo de limpieza social para las veredas La Balsa y La Victoria, paso obligado para llegar a los asentamientos de la Comunidad por la carretera que conduce de Apartadó a San José, con la mira de acabar con la Co-munidad de Paz. En años anteriores colocaron en esa zona retenes militares y paramilitares donde asesinaron a cantidad de gente, coordinaron los cercos de hambre destruyendo y robando todo ali-mento o bebida que transportaran los chiveros, amenazaron, torturaron, desaparecieron y agredieron de mil maneras a los campesinos, cobijados por una impunidad absoluta. El sábado 21 de julio de 2018, llegaron 40 paramilitares armados al Resguardo Uradá Jiguamiandó, en el Departamento del Chocó, allí cercaron ilegalmente a los pobladores por varias horas. Hechos como estos la Comunidad de Paz deja en constancia semana a semana y el Gobierno siempre ha ne-gado todo este accionar paramilitar protegido por las Brigadas militares. El domingo 22 de Julio de 2018, según informaciones de pobladores de la región de San José de Apartadó, los paramilitares habrían realizado una serie de reuniones con la población civil en la ve-reda Arenas Bajas y en el punto conocido como Caraballo de la misma vereda; dicha reunión fue coordinada por el paramilitar alias “Chiquito Malo”. El viernes 27 de julio de 2018, a las 8:40 am pasaron por la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra en la vereda Mulatos Medio, 6 paramilitares portando uniformes militares y armas largas. Allí se encon-traba una delegación de la Comunidad de Paz con acompañamiento internacional, el cual fue testigo de la presencia paramilitar. Estos grupos paramilitares aún siguen allí transitando por las propieda-des privadas de los campesinos, y se dejan ver como si fuera una tropa de militares, pues dejan en evidencia el poder que tienen para controlar y someter al campesinado. En las últimas semanas de julio de 2018, se comprobó que los paramilitares que operan en el corre-gimiento de San José de Apartadó han ido recogiendo a todos sus miembros, tanto a los ya antes ingresados como a los recién reclutados en el corregimiento y las veredas, para entrenarlos y para planear objetivos y estrategias. Los centros de entrenamiento están en diferentes veredas como: Are-nas Bajas, Playa Larga, Naín y Saiza (esta última en Córdoba). En las veredas se mueven los paramili-tares en grandes grupos con uniformes militares y portan armas largas; la fuerza pública lo sabe y lo que ha hecho es ubicar tropas militares en puntos específicos por tiempos prolongados, en lugares

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donde no molesten el desarrollo paramilitar y donde puedan brindarles informaciones y fotografías a los paramilitares.

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