2009 año de las luces para el m.p

Proceso Penal | Ministerio Público [ 1 ]

MINISTERIOPÚBLICO

El 2009: El Año de las Lucespara el Ministerio Público

Una gestión caracterizadapor los avances a favorde la justicia social

Tras la búsquedade la identidad desconocida

La denuncia: pieza fundamentalde la lucha contra la impunidad

Hacia el rescatede la Plaza Carabobo

PUBLICACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICOAÑO II - Nº 2 - CARACAS, MAYO DE 2009

[ 2 ] Ministerio Público | Proceso Penal

En el combate

contra la impunidad,

tu denuncia y

participación son

importantes. Acude

a la Fiscalía Superior

de tu estado,

donde contarás

con la asesoría

de las oficinas de

Orientación

al Ciudadano

y el apoyo de

las Unidades de

Atención a la

Víctima.

Editorial

El Ministerio Público se ha consolidado como una Institución cuyas propuestas se traducen en hechos concretos, y es que nuestro lema “No a la Impunidad” se ha expresado en logros que fueron expuestos en la presentación del Informe Anual 2008 ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, donde dimos cuenta de las cifras obtenidas tanto en la solución de los casos que conocen nuestros fiscales como en las tareas emprendidas para un mayor acerca-miento al pueblo y la modernización de los servicios que se prestan al público.

Iniciamos el 2009 con una nueva propuesta que consistió en declarar esta segunda etapa de la gestión como el “Año de las Luces”, orientándonos, en con-secuencia, a generar iniciativas y sumar esfuerzos en la preparación y actualización profesional, continua y permanente, de nuestros funcionarios.

En este marco se ordenó la elaboración de planes de estudios, a fin de que fiscales y abogados puedan acceder a postgrados, diplomados y talleres especiali-zados. Como impulso a esta iniciativa, el pasado mes de enero nueve fiscales, junto al Director General de Actuación Procesal, viajaron a España donde cursaron estudios de especialización en Derecho en la Universi-dad de Salamanca.

Por otra parte, se iniciaron talleres en todo el país para actualizar los conocimientos de todos nuestros fis-cales en un acto tan importante para el proceso penal como lo es la imputación.

Asimismo, se han dado los primeros pasos para que nuestra recién creada Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público cuente este año con un Centro de Altos Estudios e Investigaciones Socio Jurídicas, el cual estará integrado por un equipo multidisplina-rio que tendrá la misión de realizar análisis e investi-gaciones para luego presentar propuestas en relación con temas que afecten tanto a la sociedad como a la Institución, entre ellos, el sistema de enjuiciamiento, el congestionamiento de causas en los despachos fiscales y la violencia de género.

El Ministerio Público que estamos forjando tiene plena conciencia de la necesidad de consolidar un pro-ceso de intervención sistemática que asegure la com-petencia que se requiere para tener mejores fiscales y mejores funcionarios comprometidos con la función que desempeñan dentro de la Institución.

Esta segunda entrega de la Revista Ministerio Público nos permite mostrar al público en general la nueva etapa que vive esta Institución, que no sólo se ha limitado a su función esencial de ser garante de la legalidad sino que ha ido más allá al apuntar hacia el contenido social que debe conllevar la gestión de cada una de las instituciones del Estado.

No a la Impunidad

Luisa Ortega DíazFiscal General de la República

Reflexiones“La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad.” Simón Bolívar

“El que tiene un derecho no obtiene el de violar el ajeno para mantener el suyo.” José Martí

“Obra de modo que tu acción pueda servir de norma a todos los hombres.” Immanuel Kant

“La lectura forma al hombre; las conferencias lo alis-tan; y la escritura lo perfecciona.” Francis Bacon

“Con la buena educación es el hombre una criatura mansa y divina; pero sin ella es el más feroz de los animales. La educación y la enseñanza mejoran a los buenos y hacen buenos a los malos.” Platón

“Nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.” Albert Einstein

LogísticaIraida Puppio

RedacciónCoordinación de Análisis y Evaluación de Medios

Producción gráficaGrupo CDupuy C.A.

DistribuciónDirección de Relaciones Institucionales

Depósito Legal: pp200802DC3071

Luisa Ortega DíazFiscal General de la República

Iraida AlfonzoVice Fiscal (e) General de la República

Alejandro CastilloDirector General de Actuación Procesal

Alis Boscán BaptistaDirectora General de Actuación Procesal

Alexander DuarteDirector de Relaciones Institucionales

Simón Alberto OsorioCoordinador de Análisis y Evaluación de Medios

Ingrid Carolina LópezCoordinadora de Asuntos Públicos

Edificio Sede del Despacho de la Fiscal General de la República, Esquinas de Misericordia a Pele El Ojo, avenida México. Caracas, Venezuela. Teléfono (58+212)5097380/5098136

Publicación periódica del Ministerio Público. Prohibida su reproducción total o parcial conforme lo dispuesto en la Ley. Distribución Gratuita.

Nuestros agradecimientos a las personas que colaboraron en esta edición

Portada

Iniciamos el 2009 con una nueva propuesta que consis-tió en declarar esta segunda etapa de la gestión como el “Año de las Luces”, orientándonos, en consecuencia, a generar iniciativas y sumar esfuerzos en la preparación y actualización profesional, continua y permanente, de nuestros funcionarios.

4 Comunidad

Los encuentros interparroquiales nos ayudan a resolver problemas en las comunidades

6 ServiCioS

Reclamar un vehículo recuperado ya no es complicado

13 CriminalíStiCa

Tras la búsqueda de la identidad desconocida 17 FormaCión

El 2009: El año de las luces para el Ministerio Público

Fiscales fortalecen sus conocimientos sobre la Loppna

26 drogaS

Capacitación y trabajo mancomunado: elementos claves en el combate contra las drogas

33 geStión

Una gestión caracterizada por los avances a favor de la justicia social

38 dereChoS humanoS

Protección de derechos humanos se antepone al poder punitivo del Estado

44 ProCeSo Penal

La denuncia: pieza fundamental en la lucha contra la impunidad

Un total de 412 fiscales recibieron talleres de capacitación para “blindar” actos de imputación

50 Familia

Un amparo para las mujeres

56 inStituCión

Un Ministerio Público inclusivo, participativo y cercano al ciudadano

60 vida

Plantar un árbol para sembrar vida

Hacia el rescate de la plaza Parque Carabobo

En esta edición

[ 6 ] Ministerio Público | Comunidad

En la misión de acercar más el Ministerio Público a las comunidades, nuestra Institución ha rea-lizado varios encuentros interparroquiales con la fina-lidad de conocer a profundidad los problemas y nece-sidades de los habitantes de diferentes parroquias del Área Metropolitana de Caracas.

Es así como el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Municipal Primera del Municipio Bolivariano Libertador y la Coordinación de Gestión Social, ha realizado encuentros con comunidades de parroquias como El Valle, 23 de Enero y Catedral.

Estos encuentros han permitido la creación de las llamadas Mesas Técnicas Contra la Impunidad, en las cuales se debaten los problemas de cada una de las comunidades y se establecen responsabilidades, con el objetivo de ir dando respuesta a las exigencias de los ciudadanos.

La Fiscal Municipal Primera del Municipio Li-bertador, Yaneth Herrera, explicó que en estas mesas de trabajo participan autoridades civiles, policiales y

consejos comunales, instancias que se encargan de discutir y debatir los problemas más puntuales como la inseguridad, la prostitución, la venta de drogas y el expendió de licores en horarios no permitidos, entre otros temas.

Una vez que la Fiscalía Municipal Primera cono-ce de cada uno de los problemas y planteamientos de los diferentes sectores y parroquias, emprende el traba-jo de coordinación, articulando con otras instituciones y entes policiales correspondientes.

“Por ejemplo, en la parroquia Santa Teresa, se au-mentaron los dispositivos de seguridad, incrementando el recorrido y patrullaje policial. Con el Consejo del Niño, Niña y Adolescente, la Guardia Nacional Boli-variana y otras dependencias de la Alcaldía Libertador, se logró el cierre de locales nocturnos y licorerías que habían sido denunciadas por los consejos comunales. De esta manera, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Municipal Primera, ha estado coadyuvando la prevención y disminución del delito”, explicó Herrera.

El objetivo de este tipo de actividades es acercar más la Institución a los problemas existentes en cada una de las parroquias y buscar soluciones

Encuentros Interparroquiales ayudan a resolver problemas en las comunidades

Texto: Reinaldo Vargas | Foto: Henry Delgado

Delitos Comunes | Ministerio Público [ 7 ]

Garantizando respuestas oportunas y efectivas a los ciudadanos

Más cerca del puebloPor su parte, el coordinador de Gestión Social del

Ministerio Público, Luis Bastardo, agregó que con todo este trabajo que se viene realizando desde la Fiscalía Municipal Primera, nuestra Institución se ha compene-trado aún más con las comunidades y, por consiguiente, se acerca más al pueblo.

“En la medida en que identifiquemos cuáles son los problemas en las diferentes parroquias y comunida-des, en esa misma media las políticas ha implementarse

serán mucho más efectivas. De allí la importancia de los encuentros interparroquiales”, agregó.

El Coordinador de Gestión Social del Ministerio Público señaló que la idea es conocer los problemas de las comunidades para elaborar propuestas de Estado. “Por eso, es fundamental el rol que actualmente juega nuestra Institución dentro de las parroquias, participa-ción que no sólo debemos tener nosotros sino otros entes del Estado para dar respuestas a los habitantes de los diferentes sectores”, señaló.

[ 8 ] Ministerio Público | Servicios

Reclamar un vehículo recuperado ya no es complicadoSolicitar la devolución de un automóvil robado no implica mayores esfuerzos; siempre y cuando, el propietario conozca el mecanismo para la entrega

Texto: Henry DelgadoFoto: Ohan Llovera - Yesenia Pérez

Desde que fue aprobada la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, el 26 de junio de 2000, el Ministerio Público se ha esforzado por sim-plificar los trámites para la devolución de vehículos re-cuperados y descongestionar los estacionamientos que sirven como depositarios de los mismos.

Es por ello que en el año 2004, a través de una circular, se establecieron las normas para la devolu-ción de vehículos recuperados, la cual ha permitido a los fiscales en el territorio nacional unificar criterios en lo referente al trámite y requisitos para la entrega de automotores hurtados, robados o vinculados con una investigación penal.

El objeto de la misma, es establecer el mecanismo más idóneo y facilitar, a las víctimas de robo o hurto de ve-hículos, la entrega oportuna de sus bienes. Estas normas están fundamentadas en el artículo 10 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos, en concordancia con el artí-culo 311 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), los cuales se refieren a la devolución de carros y objetos.

Y es que el trámite para solicitar la devolución de un vehículo recuperado no tiene porque ser complicado, ni traumático, siempre y cuando, el propietario conozca el mecanismo. Entre los requisitos que deben consignar las personas naturales, junto con la solicitud de entrega de un vehículo, se encuentran la copia de la denuncia hecha ante el organismo policial, cédula de identidad o pasaporte, en el caso de los extranjeros sin residencia en el país, y el cer-tificado de registro automotor o título de propiedad.

Cuando se tramite la entrega de vehículos nue-vos, la persona debe presentar el certificado de origen y la factura compra-venta. En cuanto a los autos usados, deberá presentarse el soporte de la compra, además del registro automotor.

Una vez consignadas las copias de estos do-cumentos, previa confrontación con los originales, el Fiscal ordenará las experticias necesarias al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) o a cualquier otro organismo con competencia especial o de apoyo para la investigación penal.

Servicios | Ministerio Público [ 9 ]


Dependiendo del caso, estas experticias pueden ser: documentología, originalidad o reconocimientos de seriales, activación de seriales borrados sobre metal, reactivación de seriales, verificación de pintura, inspec-ción de marca y señales, pruebas tecnológicas e inspec-ción de mecánica y diseño, entre otras.

Si existe duda sobre las experticias realizadas, se ordenarán otras con expertos distintos a los que ya in-tervinieron, en presencia del fiscal y de funcionarios de la Dirección de Asesoría Técnico Científica del Minis-terio Público.

Cuando el vehículo es recuperado en una cir-cunscripción distinta a aquella donde se encuentra solicitado, el fiscal deberá ordenar la práctica de ex-perticias para luego remitir la causa a la jurisdicción donde cursa la investigación sobre el robo o hurto del vehículo.

Los vehículos hurtados o robados que permane-cen en los estacionamientos, sin ser reclamados, pasa-rán al Fisco Nacional, previa solicitud del Ministerio Público ante un Tribunal de Control, tal como con-templa el artículo 15 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos.

Pasos a seguir por la víctimaCuando un ciudadano es víctima de robo o hur-

to de su automóvil, lo primordial es que denuncie el delito lo antes posible en la División de Vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Cri-minalística.

Una forma rápida, es hacer contacto con el Cen-tro Telefónico de Atención al Ciudadano (CTAC), a través del número: 0212- 508.41.00. El CTAC es un servicio que ofrece atención inmediata a las víctimas de hurto o robo de vehículos, durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Allí, su denuncia quedará re-gistrada en el sistema computarizado del CTAC por un período de 48 horas. En dicho lapso, la persona deberá formalizar su denuncia personalmente ante la Delega-ción del Cicpc más cercana a su domicilio.

Posterior a su denuncia en el Cicpc, debe dirigirse a cualquier oficina del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Inttt), y notificar sobre el hurto o robo de su vehículo, para que el mismo sea registrado como solicitado en su sistema computarizado.

En caso de que su vehículo posea algún sistema satelital privado de localización, deberá comunicarse con los prestatarios del servicio para que inicien el ras-treo y poder colaborar con los organismos policiales para su recuperación. Si el vehículo se encuentra ampa-rado por alguna póliza de seguros, la víctima debe co-municarse con su corredor de seguros, quien le indicará los pasos a seguir para la notificación del siniestro en la compañía aseguradora correspondiente.

Documentos clavesAl ser recuperado un vehículo denunciado; bien

sea por el Inttt, la policía municipal, la policía regional o cualquier otro organismo de seguridad, estos deberán informar a la división de vehículos del Cicpc, que se encargará de notificar al Ministerio Público y al propie-tario de la recuperación.

Una vez informado el legítimo propietario de la recuperación, deberá consignar ante el Ministerio Pú-blico original y copia del título de propiedad del vehí-culo automotor y de la cédula de identidad.

1.- Si no posee título de propiedad por haberlo extraviado, se debe consignar el original de certificación de datos emanado del Inttt y la cédula de identidad.


En la callecon las comunidades

2.- Si no posee título de propiedad por no haber realizado los trámites aún en el Inttt: original y copia de la factura de compra del vehículo, certificación de origen y cédula de identidad.

3.- Si posee el título de propiedad a nombre de otra persona: original y copia del título de propiedad, todos los documentos notariados de compra venta y cédula de identidad.

4.- Si no posee el título de propiedad o los do-cumentos notariados de compra venta: solicitar ante el Inttt la certificación de datos, y ante la (s) notaria (s) la (s) copia (s) certificada (s) de dicho (s) traspaso (s), y cédula de identidad.

5.- Si el vehículo no es de su propiedad: original y copia del título de propiedad, poder notariado donde el propietario autoriza que se le haga entrega del bien y cédula de identidad de ambas partes.

6.- Si el vehículo está a nombre de una persona jurídica: original y copia del título de propiedad, regis-tro mercantil de la entidad, y cédula de identidad. La persona que retire el vehículo debe ser miembro de la Junta Directiva y aparecer en el acta constitutiva de la entidad. Si la persona que retira el vehículo, no perte-nece a la empresa; debe consignar original del poder notariado donde algún directivo facultado para ello, le

otorgue el derecho a retirar el bien.7.- Si el vehículo pertenece alguna compañía de

seguros: original y copia del título de propiedad, fini-quito, registro mercantil, y cédula de identidad, inclu-yendo, si ese fuera el caso, lo acotado en el segundo aparte del punto anterior.

8.- Si el propietario del vehículo ha fallecido: ori-ginal y copia del título de propiedad, acta de defunción, acta de matrimonio si es casada(o) con el finado(a), partida de nacimiento si el mismo lo retiran sus proge-nitores, acta sucesoral, y autorización, en caso de haber varios herederos.

9.- Si el vehículo es adquirido en el exterior: origi-nal y copia expedida por Resguardo Nacional, certifica-do de origen del vehículo del país donde fue adquirido y cédula de identidad.

Una vez entregados y verificados los documentos de propiedad, y obtenida la respectiva experticia de iden-tificación de seriales, el Ministerio Público procederá a emitir una orden de entrega dirigida al estacionamiento judicial en el que se encuentre el vehículo para su in-mediata devolución. Asimismo, se elaborará un oficio dirigido a la Dirección Nacional de Investigación de Ve-hículos del Cicpc y del Inttt, a fin de que sea excluido del sistema computarizado como vehículo solicitado.


Creado frente contra sustracciónilegal de materiales ferrosos y no ferrososLa Dirección de Delitos Comunes conformó un equipo integrado por seis fiscales nacionales y 29 regionales

Texto: Reinaldo Vargas | Foto: Oham Llovera - Yesenia Pérez


La madrugada del 18 de mayo de 2008, tres funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela y seis civiles fueron sorprendidos por la Policía Regional de Carabobo en la zona industrial del sector Quizandal, en Valencia, cuando sustraían varios metros de cables pertenecientes a la Compañía Anóni-ma de Teléfonos de Venezuela (Cantv).

En Venezuela, en el negocio de la sustracción ilí-cita de los materiales ferrerosos y no ferrosos, operan grupos de delincuencia organizada; así como los “ma-nos negras” o indigentes, quienes hasta el año pasado mantenían en jaque a empresas del Estado y particula-res por las pérdidas que significaba el robo o hurto de este tipo de material.

Lo grave de la situación radica en que las em-presas afectadas por esta práctica ilegal son pres-tadoras de servicios y, por lo general, siempre que ocurre el hurto de algún cableado o tubería, quedan

sectores y comunidades enteras sin energía eléctrica, gas o teléfono.

Entre las empresas afectadas por la sustracción ilícita de este tipo de material se encuentran la Electri-cidad de Caracas, Metro de Caracas, Petróleos de Vene-zuela, Sociedad Anónima (Pdvsa), Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv), Compa-ñía Anónima y Fomento Eléctrico (Cadafe), Eleocen-tro Apure, Enelbar-Región Lara, Enelven-Región Zulia, Hidrocapital, entre otras, las cuales reportaban pérdidas mil millonarias hasta abril de 2008 cuando el Ministerio Público, conjuntamente con los organismos de seguri-dad, decidió crear un frente para frenar el delito.

La Institución, a través de su Dirección de De-litos Comunes, designó a seis fiscales nacionales y 29 regionales para atender la problemática que existía en varios estados del país entorno al hurto y robo de co-bre, aluminio y otros metales.

[ 14 ] Ministerio Público | Delitos Comunes

Desde el 4 de abril de 2008 hasta diciembre del mismo año, nuestra Institución logró instruir 272 casos, que se encuentran en la fase preparatoria; 53 en fase intermedia; dos en juicio y hasta la fecha se han logrado 9 condenatorias. Ello, según las empre-sas afectadas, ha redundado en la disminución de la comisión de los delitos como el hurto, robo o daño a sistemas de telecomunicaciones y a sistemas de ser-vicio público.

Estados más afectados De acuerdo con las cifras de la Dirección de Deli-

tos Comunes del Ministerio Público, entre los estados o entidades más afectadas por este tipo de práctica ilícita se encuentran Barinas, Zulia, Táchira, Falcón, seguidos por Lara, Trujillo y Yaracuy.

Por ejemplo, durante el año pasado en los cuatro primeros estados de la lista anterior, se logró incautar en diferentes operativos, la cantidad de 1.580 tubos uti-lizados por Pdvsa para la perforación de pozos; 225.073

kilogramos de diferentes metales; 29.600 kilogramos de aluminio; 616 metros de cable de diferentes calibres, entre otros.

La cantidad de cables y metales hurtados varía de acuerdo con los estados; sin embargo, se habla de un aproximado de más de 350 mil kilogramos sustraídos ilegalmente de las empresas del Estado y privadas.

Asimismo, en los diferentes operativos también se han decomisado gran cantidad de implementos uti-lizados para cometer la sustracción de este tipo de ma-terial como son las barras de metal, tensores, llaves de tubo, pernos de metal, entre otros.

En el informe pormenorizado que lleva la Di-rección de Delitos Comunes del Ministerio Público, también se da cuenta de 35 vehículos de carga, entre gandolas y camiones, que son utilizados para el trans-porte del material, lanchas de navegación con moto-res fuera de borda y demás accesorios, que han sido decomisados a los grupos de personas que se dedican a esta práctica.

Criminalística | Ministerio Público [ 15 ]

El mundo actual no se parece en nada al que vivieron nuestros padres. Los adelantos cientí-ficos y tecnológicos, sumados al gran volumen de des-plazamiento humano, lo ha hecho más complejo desde todo punto de vista.

Hoy día, la frecuencia de las grandes tragedias y las acciones de la delincuencia para enturbiar las inves-tigaciones penales, hacen difícil la identificación de las víctimas de accidentes o de acciones del hampa.

En los últimos años, la investigación de la esce-na criminal se ha vuelto más compleja y sofisticada, lo mismo le ha sucedido a la Antropología Forense.

Un trabajo realizado por la antropólogo foren-se Livia Muñoz Andrade, de la Dirección de Asesoría Técnico Científica e Investigaciones del Ministerio Pú-blico, denominado “La Antropología Forense y su utili-dad dentro de la Criminalística”, destaca la importancia que esta ciencia ha cobrado en los últimos años para resolver casos cada vez más complejos.

La especialista precisa que en la identificación de restos humanos o no, la antropología forense como ciencia incluye las excavaciones arqueológicas, examen del cabello, insectos, plantas y huellas de pisadas, de-terminación del tiempo transcurrido desde la muerte, reconstrucción facial, superposición fotográfica, detec-ción de variantes anatómicas y el análisis de lesiones y tratamientos médicos pasados.

Tras la identidad desconocidaEn el mundo, la criminalística tiene un aliado excepcional en los antropólogos forenses, especialmente ahora que con frecuencia ocurren tragedias humanas como los accidentes aéreos que dificultan la identificación de las víctimas

Texto: Gilberto Rivero Foto: Oham Llovera - Yesenia Pérez

Así, los antropólogos forenses ayudan primera-mente a identificar un cuerpo con base en la evidencia disponible. “Cuando un esqueleto es encontrado en un área boscosa, es llevado a la morgue o laboratorio an-tropológico para su evaluación. El primer paso es de-terminar si estos restos son humanos, de animales, o de materia inorgánica. De ser humanos, un antropólogo estimará la edad, raza, sexo, y estatura del cuerpo”.

Si el esqueleto muestra evidencia de sepultura prolongada o está acompañado de ataúdes o restos de utensilios, generalmente representa una sepultura, his-tórica o prehistórica más que una muerte reciente.

Los equipos de construcción de casas o caminos frecuentemente desentierran estos esqueletos durante excavaciones. Luego de combinar toda la evidencia, el Antropólogo determinará el posible significado de los restos para las autoridades médicas y legales.

[ 16 ] Ministerio Público | Criminalística

Aunque la principal tarea es determinar la identidad del occiso, también proporcionan información sobre el tipo y tamaño del arma usada y el número de golpes que han recibido las víctimas de crímenes violentos.

Conviene aclarar que son los patólogos forenses o expertos relacionados en la medicina forense, quienes determinarán la causa del deceso.

Revisando el esqueleto La mayoría de los antropólogos se encuentran ín-

timamente familiarizados con la anatomía humana, la cual varía de acuerdo con las diferentes poblaciones.

Algunos antropólogos también poseen experien-cia en ciencias policiales o medicina y manejan campos como la serología, toxicología, Investigación de la esce-na del crimen, manejo de evidencia y fotografía.

Aunque son limitados en número, hay antropó-logos que trabajan con análisis de huellas de pisadas y

especies de insectos carroñeros con relación a la esti-mación del tiempo transcurrido desde la muerte.

Refiere el estudio realizado que quizás la habili-dad de mayor valor que posee el antropólogo forense sea su familiaridad con las sutiles variaciones en el es-queleto humano.

Aunque la mayoría de los esqueletos adultos tie-nen la misma cantidad de huesos (206), no existen dos esqueletos idénticos. Por lo tanto, las observaciones de patrones o rasgos característicos a menudo llevan a identificaciones positivas.

El método más frecuentemente usado es la com-paración de imágenes fotográficas. Si tales imágenes no existen, o se encuentran fuera del alcance del antropó-logo, las lesiones óseas antiguas o variantes anatómicas reveladas en otras imágenes pueden proveer la eviden-cia comparativa necesaria para el establecimiento de una identificación positiva.

Criminalística | Ministerio Público [ 17 ]

La antropología forense cumple un papel impor-tante dentro de la administración de justicia, por ello sus funciones están orientadas a realizar estudios anátomo-antropológicos específicos para identificar cadáveres y restos óseos por diferentes causas de muerte como: carbonización, mutilación, putrefactos, desmembrados, descuartizados, entre otros.

Asimismo, el antropólogo forense cuando inter-viene en casos aislados como en un desastre masivo, tendrá en cuenta al tener el conocimiento del hecho, elaborar el cuadro antropológico que consistirá en la biología general o post-mortem de los individuos que se están examinando.

La misma incluirá patrones generales de edad, sexo, estatura, afinidad racial, biotipología o constitu-ción física, tiempo de la muerte desde el punto de vista antropológico y como características particularizantes, las callosidades óseas, fracturas antiguas, asimetrías, operaciones quirúrgicas y otras, refiere el estudio.

También se hace una recopilación de la infor-mación suministrada por parte de terceros y tomar los registros pre-mortem: como son patologías, cicatrices, lunares, fracturas, asimetrías, enfermedades, tatuajes, entre otros, con la finalidad de ayudar a la etapa identi-ficativa, que conjuntamente con todos estos elementos

de convicción se podrá demostrar con métodos cientí-ficos, las semejanzas o diferencias entre los datos obte-nidos a fin de establecer una identidad positiva.

¿Cómo hace el antropólogo forense para establecer la identidad?De acuerdo con este trabajo de la antropóloga

forense Livia Muñoz Andrade, existe un conjunto de métodos y técnicas que ayudan a la realización de cada estudio de individualidad humana.

A) Para el diagnóstico del sexo se toman: genita-les externos, pelvis ósea, cráneo, huesos post-craneales, índices craneales y post-craneales y análisis morfológi-co en general.

B) Para el diagnóstico racial: Las razas deben ser consideradas como conglomerados de poblaciones que comparten una historia biológica común.

C) Filiación o incidencia racial: Son los principa-les rasgos que constituyen el patrón morfológico to-tal de una población. Los tres grandes troncos raciales son: caucásico, mongoloide y negroide.


D) Para la estatura se realiza un análisis métri-co de los huesos largos, luego a través de las tablas de comparación de estatura y las respectivas fórmulas, se procede a la determinación estatural del individuo en estudio. Igualmente, se utilizan otros métodos como la reconstrucción de fragmentos y la superposición foto-gráfica de huesos largos.

E) Para la edad, se usa la disposición del siste-ma piloso en general, puntos de osificación, aparición y fusión de epífisis, modificación de la unión pubiana, índices craneales y post-craneales y análisis morfológi-co general.

F) Para la identificación de la biología individual se tomarán como referencia la patología, comparación cráneo-fotografía, reconstrucción y comparación de la fisonomía facial, tatuajes, cicatrices, asimetrías, interven-ciones quirúrgicas, indicadores de tensión, entre otras.

Actualmente, mediante el peritaje antropológi-co (descripción del sistema óseo) se estudia el cráneo en todas sus formas, la frontal, basal, occipital, lateral, vertical y sus respectivo maxilares superior e inferior. También, se revisa el esqueleto post-craneal y de ser necesario la clavícula, esternón, arcos costales, colum-na vertebral, húmeros, radios, cúbitos, escápula, cintura pélvica, fémur, tibias, peronés y huesos del pie, todos con el fin de lograr una identificación positiva.

Hay cuerpos que han podido ser identificados por traumatismos antiguos, callosidades óseas y fracturas.

Investigación criminal y criminalística Con su trabajo e intensivo entrenamiento y ex-

periencia en la diferenciación entre restos humanos y no humanos, el antropólogo forense puede determinar con certeza la edad al momento de la muerte, afilia-ción racial, sexo, estatura, tiempo transcurrido desde la muerte, trauma óseo, daños y alteraciones post-mortem al esqueleto, y el establecimiento de una identificación positiva basada en la evidencia ósea y dental.

Tal información puede ser obtenida de cuer-pos completos o de aquellos parcialmente destruidos por quemaduras, accidentes aéreos, mutilaciones in-tencionales, desmembramientos, explosiones y otros desastres masivos. De hecho, un antropólogo forense es ahora un miembro integral de la mayoría de las uni-dades de desastres masivos.

En un país como Venezuela que es garantista de los derechos humanos de sus ciudadanos, se requie-re para la resolución de hechos delictivos, de la capaci-dad y experiencia de los antropólogos forenses, pues los métodos de antaño de tortura y coerción contra los involucrados en un delito, no tienen cabida en el mun-do actual. He allí la importancia de estos expertos.

Formación | Ministerio Público [ 19 ]

La educación continua es de gran relevanciapara el crecimiento intelectual de las personas, en espe-cial si se trata de profesionales como los fiscales del Mi-nisterio Público, quienes deben estar al día con el cam-biante acontecer jurídico para, de esta manera, ofrecer a los ciudadanos respuestas más eficientes en las materias legales que les ocupan.

En este marco, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, decidió declarar el 2009 como El año de las Luces para el Ministerio Público, a fin de orien-tar los esfuerzos institucionales a la formación acadé-mica de todos los funcionarios de la Institución.

La Fiscal General ordenó, en consecuencia, la elaboración de planes de estudios, a fin de que fiscales y abogados puedan acceder a postgrados, diplomados y talleres especializados.

En este sentido, explicó que se están celebran-do convenios con algunas universidades nacionales e

internacionales, producto de ello, fue el viaje que re-cientemente realizó a España un grupo de funcionarios del Ministerio Público donde participaron en cursos de especialización de derecho, específicamente en la Uni-versidad de Salamanca.

El grupo que asistió a España, entre el 10 y el 29 de enero de 2009, estuvo conformado por 10 funciona-rios del Ministerio Público: Alejandro Castillo, director general de Actuación Procesal; Daniel Medina, fiscal nacional de Bancos, Seguros y Mercado de Capitales; Mercedes Prieto Serra, fiscal 5° ante las Salas de Casa-ción y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; Jessica Waldman, fiscal 5° nacional; Carmen Moreno, fiscal 27° nacional; Néstor Castellano Molero, fiscal 34° nacional; José Villamizar, fiscal 36° nacional; Lizette Rodríguez, fiscal 50° nacional; Jesús José Capote, fiscal 61° nacional y Yemina Marcano, fiscal 119° del área Metropolitana de Caracas.

La máxima autoridad del Ministerio Público se-ñaló que una de las metas para este año 2009 será con-solidar un proceso de intervención sistemática que ase-gure la competencia que se requiere para tener mejores

El 2009: El Año de las Luces para el Ministerio PúblicoComo parte de esta iniciativa, una delegación de funcionarios de la Institución, entre ellos el Director General de Actuación Procesal, realizó recientemente en España cursos de especialización en la Universidad de Salamanca

Texto: Alba NiñoFoto: Jesús Del Rosario - Yesenia Pérez - Henry Delgado

[ 20 ] Ministerio Público | Formación

fiscales y mejores funcionarios comprometidos con la función que desempeñan dentro de la Institución.

Al respecto, sostuvo que desde el Ministerio Pú-blico se harán propuestas de Estado como, por ejem-plo, las relacionadas con política criminal o en materia de violencia de género, pues considera que los casos que tienen impacto social también tienen un impacto en la Institución: “Lo importante es tener la iniciativa de investigar y proponer ideas”.

Por ello, anunció que, en este Año de las Luces, la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Públi-co contará además con un Centro de Altos Estudios e Investigaciones Socio Jurídicas, el cual estará integrado por un grupo de abogados que tendrán la misión de realizar análisis e investigaciones para luego presentar propuestas en relación con temas que afecten tanto a la sociedad como a la Institución, entre ellos, el conges-tionamiento de causas en los despachos fiscales.

En relación con el grupo seleccionado que via-jó a España, dijo que son trabajadores del Ministerio Público que han dado mucho por la Institución. Aña-dió que constantemente evaluarán a los demás fiscales,

abogados y directores, a quienes también les darán la oportunidad para que se preparen académicamente.

Indicó que los postulados deberán aprovechar al máximo los conocimientos durante el desarrollo de la actividad y aplicarlos a su trabajo diario para que este sea más efectivo, para que puedan ser funcionarios ta-lentosos, críticos y creativos, con la finalidad de obtener mejores resultados y poder enfrentar la corrupción, bu-rocracia, mediocridad y hacer real la consigna del Mi-nisterio Público: ¡No a la Impunidad!.

“Ustedes tienen un compromiso con la Patria, con el Ministerio Público, con sus compañeros de tra-bajo y con la sociedad en general. Van a formarse en Salamanca para dar mayor respuesta, para fortalecer la Institución y con ello fortalecer el país. Tienen el serio compromiso de consolidar el sistema de justicia penal”, concluyó Ortega Díaz.

Se espera que los beneficiados por esta serie de cursos se conviertan en multiplicadores de sus expe-riencias en los distintos estados del país, donde hagan llegar los conocimientos adquiridos a otros funciona-rios del Ministerio Público.

Derechos Humanos | Ministerio Público [ 21 ]

Yemina Marcano, fiscal 119 área metropolitana de Caracas“Puedo decir con mucho orgullo que fue una gran oportunidad de enriquecimiento y a la vez, de fortalecimento de nuestros conocimientos en materia de Derecho. Espero retribuirlo con mucho trabajo y estoy dispuesta a reproducir todo lo aprendido en este importante y valioso curso de especialización”.

Alejandro Castillo, director general de Actuación Procesal“En principio, nosotros como Ministerio Público tenemos que crecer para ser más útiles a la sociedad y para crecer como Institución tenemos que crecer como personas y profesionales. Lo importante de esto, es que conforme a lo que establece la doctora Ortega, nosotros tenemos que prepararnos para ser más útiles a la colectividad y lo veo como un avance. Me siento feliz de haber sido uno de los postulados”.

Jessica Waldman, fiscal 5° nacional“Esta es una oportunidad no solamente para adquirir conocimientos sino para compartir experiencias con personas de otros países y así enriquecernos cada vez más”.

Néstor Castellano Molero, fiscal 34 nacional “Me siento orgulloso. Para mí fue una sorpresa porque uno piensa que no te están observando en el Ministerio Público pero, sin embargo, ese día a día definitivamente lo toman en cuenta. Aprovecho la oportunidad para hacer una invitación a los funcionarios de la Institución a que demos un poquito más porque sí se nos está tomando en cuenta para nuestra preparación, lo cual va en pro de la Institución”.

Vía Salamanca

Orlando Villamizar, fiscal 52° nacional“Tuve la gran oportunidad de participar en el Curso Delincuencia Organizada, Terrorismo, Narcotráfico y Corrupción, temas que son de vital importancia actualmente en nuestro país y a nivel universal. Contamos con ponentes de primera línea, unos eran jueces y fiscales de la Audiencia Real, otros eran catedráticos de la referida universidad. Pero en líneas generales, todos con una amplia experiencia que aportaron los conocimientos que son de vital importancia en nuestro recorrer como fiscales”.

Misión cumplida



Serenas, puntuales, claras y firmes fueron las palabras pronunciadas por la Fiscal General de la Re-pública, Luisa Ortega Díaz, durante el acto de juramen-tación de 49 funcionarios, entre ingresos y ascensos, llevado a cabo en el auditorio del edificio principal del Ministerio Público el pasado mes de febrero.

En el acto, donde estuvieron presentes la Vice Fiscal, Iraida Alfonzo, y demás directores de la Institu-ción, la Fiscal Ortega Díaz se refirió al plan de prepa-ración y formación académica de los funcionarios del Ministerio Público, al tiempo que instó a los presentes a enmendar las debilidades observadas en la Institución.

Destacó que los funcionarios deben tener clara la responsabilidad de Estado que implica la labor de un fiscal del Ministerio Público, y “deben estar pre-parados para ello”, por lo que insistió en el plan de formación académica de todos los funcionarios de la

Institución, motivo por el cual impulsará actividades en ese aspecto.

Durante su alocución, comentó que un grupo de 10 funcionarios del Ministerio Público, encabezados por el director general de Actuación Procesal, Alejan-dro Castillo, regresó de Salamanca, lugar al cual asis-tieron para cursar estudios de especialización. Espera que dicha experiencia se pueda repetir a mediados de este año.

Informó que giró instrucciones a los fines de que se dictara un taller sobre el proceso de imputación. En ese sentido, dijo que todos los abogados deben manejar lo qué es la imputación y cómo se formula.

Añadió que posteriormente se fortalecerán otras áreas como actos conclusivos y audiencias preliminares.

La Fiscal General reiteró sobre la importancia de la preparación y capacitación académica de los fun-

“Es fundamental formación académica de funcionarios”

Durante un acto de juramentación de trabajadores del Ministerio Público, la Fiscal General de la República señaló que impulsará las actividades de capacitación

Texto: Lérida Marín González | Foto: Henry Delgado - Jesús Del Rosario


cionarios, y resaltó que los fiscales deben leer y revisar las actas policiales. “A quienes hoy ingresan quería ad-vertirles esto: al fiscal le tiene que gustar leer, si no les gusta leer no les veo un futuro promisorio aquí en el Ministerio Público”.

Refirió el caso de un fiscal del Ministerio Público, quien debió presentar a una persona por la presunta co-misión del delito de porte ilícito de arma; pero además dicho ciudadano tenía varias órdenes de captura por otros hechos: “tenía todo un prontuario policial”. No obstante, el fiscal obvió semejantes detalles y solicitó al Tribunal de Control que se acordaran medidas cautela-res. Esto generó su destitución.

“Quiero que sepan también que vamos a ser implacables; vamos a ser implacables con la conduc-ta de los fiscales, no vamos a tolerar la falta de disci-plina en prepararse, la irresponsabilidad, las trampas y mucho menos vamos a tolerar, oigan esto, los re-posos falsos”.

La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, indicó que hará esfuerzos para que los fiscales sean los me-jores, los más técnicos, expertos y conocedores del área y que se sientan orgullosos de trabajar en el Mi-nisterio Público.


Preparación y estudio de los fiscales y funcionarios del Ministerio Público son las premi-sas actuales de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, razón por la cual la Escuela Nacional de Fiscales organizó un ciclo de conferencias magistrales, con invitados nacionales e internacionales, que habla-ron sobre “El Sistema Penal en los Albores del Nuevo Siglo”.

La actividad que tuvo lugar en el edificio sede del Ministerio Público entre el 3 y 5 del pasado mes de di-ciembre, fue dirigida a fiscales y demás funcionarios de nuestra Institución, quienes intercambiaron experien-cias con ponentes del kilate de Jorge Perdomo, profe-sor de la Universidad Externado de Colombia, quien disertó sobre “El principio de oportunidad en el siste-ma penal acusatorio”.

Al día con nuevas tendencias en materia penalEl Ministerio Público a través de talleres y cursos promueve el intercambio de conocimientos con especialistas internacionales para la formación de los fiscales

Texto: Reinaldo VargasFoto: Jesús Del Rosario - Yesenia Pérez

Igualmente, escucharon la intervención magistral de Fernando Díaz Colorado, catedrático de la Univer-sidad Pontificia Javeriana, en Colombia, quien expuso sobre “La psicología jurídica”.

Otros de los ponentes que arrancó aplausos por la calidad académica de su exposición fue Javier Sán-chez-Vera, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, quien expuso sobre “El tratamiento de la imputación objetiva” en la jurisprudencia del Tribunal Supremo del Reino de España.

La subdirectora de la Escuela Nacional de Fisca-les, Marisela Lucena, en el programa de radio En Sinto-nía con el Ministerio Público, calificó la actividad como exitosa, puesto que se logró el objetivo que era el inter-cambiar conceptos y enfoques de las nuevas tendencias y paradigmas en materia penal.


“Esto es para cumplir acciones con un perfil de objetividad e imparcialidad, que son necesarios en la ac-tualidad para consolidar el Estado democrático, social, de derecho y de justicia”, dijo en esa oportunidad Lucena.

Recalcó que es importante los fiscales estén ac-tualizados en materia de conocimiento desde el punto de vista penal.

Compromiso jurídico y socialAsimismo, explicó que para el Ministerio Públi-

co, como ente rector de la investigación, no sólo es in-soslayable analizar permanentemente el ordenamiento jurídico, la jurisprudencia, la ciencia del derecho penal y demás materias que comprenden esta ciencia, sino también meditar y profundizar sobre diversos aspec-tos de índole jurídico.

Para Lucena los fiscales deben estar atentos de los resultados que arrojan los estudios normativos

y los no normativos, referidos no sólo al derecho penal sino también a todo lo que él involucra, y a todas las dimensiones del sistema penal, referidas a valores, personas, instituciones y procesos, entre otros aspectos.

Consideró que así como es importante que los fiscales y abogados conozcan y analicen el sistema penal venezolano, también es relevante que los estu-diosos del derecho posean conocimientos de sistemas penales de otros países, puesto que permitirá valorar esas visiones o experiencias.

Durante su intervención en el espacio radial manifestó que este ciclo de conferencias podría to-marse en cuenta para fortalecer aún más el sistema penal, especialmente en estos tiempos que deman-dan respuestas cada vez más rápidas y eficaces para resolver los distintos y complejos conflictos sociales que se presentan.


Durante dos días, el Ministerio Público se enfocó en la discusión del Sistema Penal y de Protec-ción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, actividad en la cual participaron los funcionarios cuya labor está vinculada al área.

El evento, organizado por la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, se realizó con el ob-jetivo de fortalecer los conocimientos en virtud de la reforma de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), ocurrida en el mes de diciembre de 2007.

Al pronunciar las palabras de instalación del cur-so, la Vice Fiscal General, Iraida Alfonzo, señaló que el derecho es evolutivo, impregnado de calidad social y no puede ser descontextualizado de los procesos que

se han dado en el nuevo Estado venezolano que se está creando.

Explicó que se tiene una gran mora en relación con el área de los niños, niñas y adolescentes. “Hay que tener criterio de Estado. Esta materia no la resol-vemos sólo en cuatro paredes; aquí discutimos pero salimos a acercarnos a una colectividad”. Al mismo tiempo invitó a los participantes en la actividad a hacer una reflexión acerca de las medidas o decisiones que se deben tomar, al momento de establecer la responsabi-lidad penal de adolescentes.

Aseguró que la Lopnna implicó la superación definitiva de la visión y valores propios de la doctrina, en la cual se fundamentó el tema durante más de medio siglo.

Fiscales fortalecen sus conocimientos sobre la Lopnna

Destacados ponentes intervinieron en el curso Sistema Penal y de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

Texto: Lérida Marín GonzálezFoto: Jesús Del Rosario

Familia | Ministerio Público [ 27 ]

Asimismo, la reforma contempla procedimientos para garantizar que la solución de problemas sea más expedita, oportuna y sin complicaciones, lo cual se tra-duce en un verdadero acceso a la justicia. Consideró que la ley representa otro paso importante en el proce-so de construcción de una sociedad humanista.

En relación con los ponentes, la primera en in-tervenir fue la docente de la Universidad Central de Venezuela, María Inmaculada Pérez, con la conferen-cia “La protección de los derechos de los niños por el Derecho Penal”.

En la misma refirió el objeto de la Ley que regula la materia, que no es otro que el de “garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes, que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y el disfrute pleno y efec-tivo de sus derechos y garantías, a través de la protec-ción integral que el Estado, la sociedad y la familia de-ben brindarles desde el momento de su concepción”.

Indicó que el artículo 117 de la Ley hace refe-rencia al sistema rector nacional para la protección de niños, niñas y adolescentes, que comprende el conjunto de órganos que formulan, evalúan y controlan las po-líticas y acciones destinadas a la protección y atención del citado sector de la población.

También, intervino como ponente el juez pre-sidente de la Corte 2° del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, José Ángel Rodríguez,

con el tema “Instituciones Familiares a la luz de la reforma de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes”.

Hizo mención al establecimiento de nuevos con-ceptos en la Ley tras la reforma del año 2007, entre estos, el de responsabilidad de crianza, la obligación de manutención y convivencia familiar.

Asimismo, se dictaron las ponencias “El sistema penal de responsabilidad del adolescente”, por Genny Rodríguez, de la Dirección de Protección Integral de la Familia del Ministerio Público, y “La tutela judicial efectiva en la reforma de la Lopnna”, por parte de Cris-tóbal Cornielis, de la Sala de Casación Social del Tribu-nal Supremo de Justicia (TSJ).

Además, intervinieron el magistrado Juan Rafael Perdomo y Enrique Dubuc, ambos de la citada Sala del TSJ. El primero expuso sobre la audiencia preliminar, su objeto, procedimientos, las fases de mediación y de sustanciación y la comparecencia, mientras que Dubuc se refirió a los recursos contemplados en la Lopnna, como los de apelación, casación y la revocatoria.

El curso contó con la asistencia de la Vice Fiscal General; directores del Ministerio Público; representan-tes de la Escuela Nacional de Fiscales, de la Defensoría del Pueblo y del Consejo Nacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente y de los municipios Liberta-dor, Chacao y Baruta.

[ 28 ] Ministerio Público | Drogas

El Ministerio Público, a través de su Dirección de Drogas, realizó entre el 11 y 12 de diciembre 2008, la III Convención Nacional en Materia de Drogas y Legi-timación de Capitales, evento que sirvió para ofrecerle a fiscales y funcionarios información en torno a esta rama de la delincuencia organizada, la cual es combati-da por distintos organismos e instituciones del Estado.

El director de Drogas del Ministerio Público, Leoncio Guerra, considera que para luchar contra este flagelo en Venezuela no sólo es indispensable el trabajo mancomunado y coordinación de todos los organismos comprometidos en el combate contra el narcotráfico y la legitimación de capitales, sino también la preparación de todos y cada uno de los funcionarios.

Para Guerra, la industria del narcotráfico cada día se técnifica más, se especializa más, por lo que estima que es necesario la especialización de fiscales, funciona-rios y policías, así como la creación de tribunales espe-cializados en dicha materia.

En tal sentido, informó que el Ministerio Públi-co estudia la posibilidad de reunirse con representantes del Poder Judicial para sugerirles la necesidad de crear juzgados que sólo se ocupen de procesar a personas que hayan incurrido en delitos tipificados en la Ley Or-gánica Contra el Tráfico y Consumo Ilícito de Sustan-cias Estupefacientes y Psicotrópicas.

El director de Drogas agregó que con activida-des como la III Convención Nacional en Materia de Drogas y Legitimación de Capitales se persigue arti-cular el trabajo para tener estrategias coherentes entre las instituciones que se dedican a la lucha contra la legitimación de capitales y el narcotráfico; pues “el Ministerio Público no va a poder sólo. A pesar de que tenemos a fiscales preparados y con conocimientos sólidos en la materia, si no nos ponemos de acuerdo con las políticas a ejecutar, el trabajo se va a hacer más difícil”.

Asimismo, Guerra aprovechó la oportunidad para exaltar el trabajo que vienen realizando los fisca-les del Ministerio Público y los funcionarios de otras instituciones, lo cual se traduce en mayor número de imputaciones, de actos conclusivos, de sentencias, de decomiso y destrucción de drogas.

Capacitación y trabajo mancomunado: elementos claves en el combate contra las drogasLos especialistas coinciden en que parte del éxito en el combate contra el narcotráfico, depende de la unificación de criterios y políticas entre las instituciones

Texto: Reinaldo Vargas | Foto: Jesús Del Rosario

Drogas | Ministerio Público [ 29 ]

Durante su intervención también hizo referencia el sacrificio que representa para los fiscales la lucha con-tra la delincuencia organizada, específicamente, contra el narcotráfico y la legitimación de capitales.

El secretoPor su parte, el director general de Actuación

Procesal, Alejandro Castillo, quien estuvo a cargo de las palabras de apertura de este evento que se llevó a cabo en el auditorio Vicente Salias de la Escuela de Ofi-ciales de la Fuerza Armada Nacional, ubicada en Fuer-te Tiuna, dijo que el secreto para el combate contra el crimen organizado, contra el narcotráfico y contra la delincuencia común, es la preparación de cada uno de los fiscales y funcionarios que participan en la lucha contra esos flagelos que tanto daño causan a la socie-dad actual.

Reiteró que es necesaria la preparación, la espe-cialización, “crecer institucionalmente y unirnos como un sólo cuerpo si pretendemos defender a una socie-dad, defender la colectividad de los flagelos que día a día nos amenazan, por eso, este encuentro es una de-mostración de que queremos avanzar”.

Castillo agregó que las instituciones y entes del Estado que se dedican a combatir las drogas no pue-den estar de espalda a la sociedad. “Por ello, tenemos la obligación, de inventarnos y reinventarnos como Institución día tras día, todo el tiempo. Nosotros no podemos sólo darnos el gusto de ir detrás de las organi-zaciones criminales, sino de ir un paso adelante”.

El director general de Actuación Procesal tam-bién considera que los organismos encargados del combate contra las organizaciones delictivas, deben tra-bajar mancomunadamente para actuar como un muro de contención, “y no hay otra manera de hacerlo sino a través de la preparación de todos los funcionarios”.

[ 30 ] Ministerio Público | Organización

Un Centro de Altos Estudios para el Ministerio PúblicoEl Instituto estudiará estrategias y políticas que atañen a la Institución. Asimismo, hará propuestas al país en materia de seguridad, política criminal, entre otros temas


Organización | Ministerio Público [ 31 ]

El Ministerio Público se prepara para poner en marcha en las próximas semanas su Centro de Altos Estudios Socio Jurídicos, el cual estará adscrito a la Escuela Nacional de Fiscales.

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, calificó de inédita y única la creación de este Cen-tro porque no sólo estudiará las estrategias y políticas que atañen a nuestra Institución puertas adentro, sino también porque realizará propuestas al país en las ma-terias de seguridad, de política criminal, políticas peni-tenciarias, entre otros temas que requieren soluciones a corto plazo.

“Como he insistido en algunas oportunidades: la sociedad avanza a pasos agigantados y, a veces, las instituciones no vamos a ese mismo ritmo (...) Para de alguna manera ir al mismo paso de la sociedad, estamos creando este Centro de Altos Estudio”, explicó la Fis-cal Ortega Díaz en el espacio radial En Sintonía con el Ministerio Público.

Allí anunció que se está estructurado el primer equipo de trabajo, “y ya tenemos clarísimas cuáles serán las líneas de investigación en las que trabajaremos”.

Concepción vanguardistaEl Coordinador de Evaluación de la Escuela Na-

cional de Fiscales, Jhimy Arrieta Chourio, quien trabaja en esta propuesta, señaló que el Centro se orientará ha-cia el análisis y la investigación de los problemas sensi-bles a la administración de justicia en Venezuela desde una perspectiva científica.

“De ese modo, será posible generar conocimien-tos que den cuenta de las diversas dimensiones de las realidades, contribuyendo así al mejoramiento de la ac-tuación del Ministerio Público”, acotó.

Para cumplir con dicho objetivo, el Centro de Al-tos Estudios contará con un equipo altamente capaci-tado, el cual ofrecerá asesoría permanente y oportuna al despacho de la Fiscal General de la República, en aquellos temas que conciernen directa o indirectamente al Ministerio Público.

Arrieta Chourio detalló que el Centro contará con un equipo de investigadores abocados a generar conocimientos necesarios para diferentes actores del sistema de administración de justicia del país, cuyos es-pecialistas estarán capacitados tanto para la revisión del marco legal vigente, como para apoyar la formación de los fiscales.

En relación con la estructura organizativa del novísimo Centro de Altos Estudios, explicó que es “flexible y ágil”, ajustada a las necesidades y dinámicas propias de la investigación social.

“Contaremos con un reducido grupo de personas con presencia permanente en el Centro, organizadas de tal modo, que sean capaces de gestionar y articular una red de actores externos (investigadores e instituciones) quienes, en conjunto con parte del personal permanen-te, habrán de generar el conocimiento requerido”.

Agregó que dicha estructura será capaz de pro-piciar la transferencia del conocimiento generado a los fiscales en proceso de formación, así como a to-dos aquellos actores sociales e institucionales que así lo requieran.


- La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, ha dicho que el Centro de Altos Es-tudios e Investigaciones Socio Jurídicas del Mi-nisterio Público es inédito, novedoso, ¿por qué?

Bueno, porque en los temas de investiga-ción estará implícito el Ministerio Público, y ese tipo de trabajo no tiene, en el mundo académi-co, su referente. No hay en el mundo académi-co tradicional, centro de formación o de investi-gación que se ocupe de los asuntos sustantivos de la Institución. La gente del Ministerio Público

El Caemp según Rigoberto Lanz

se defiende como puede y en el camino va for-mándose, en cambio, con una Escuela Nacional de Fiscales y un Centro de Altos Estudios que investiga, obviamente, cambia el panorama.

- ¿De qué temas, en lo inmediato, se ocupa-rá este Centro de Altos Estudios?

Hay un amplio abanico que incluye también el tema de una adecuada sala situacional, que sería un área de verdadero análisis político de co-yuntura, que lleve el pulso del día a día porque



una Fiscal General de la República no puede es-tar en el aire, navegando en un país, sin pulsar hora a hora qué está pasando en Venezuela.

- Llama la atención que el Caemp no sólo se ocupará de temas que atañen al Ministerio Público puertas adentro, sino también de pro-puestas al país

Construir una sociedad implica tomar par-tido más allá del mundo del derecho y más allá de ámbitos específicos de una profesión. Aho-ra, para eso no es necesario ni ser fiscal ni pre-sidente del Tribunal Supremo de Justicia, para

eso hace falta ser un ciudadano bien formado, alguien que esté mirando al mundo y al país de otra manera. Aquí es donde está el componen-te jurídico o extra procesal que tiene que estar presente en todas las fiscalías.

- ¿Quiénes integrarán el Caemp?Simplemente los mejores hombres y mu-

jeres, ese es el criterio. Para eso hay que re-clutar a los mejores y, para ello, hay que tener capacidad de convocatoria. Hay que reclutar a los mejores talentos, a la gente más compro-metida con una idea de país diferente.


[ 34 ] Ministerio Público | Gestión

La credibilidad de los funcionarios y las instituciones se mide por la concreción de sus objetivos. Por ello, cuando en diciembre de 2007 fue designada como Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz manifestó haber asumido un compromiso de Estado en el que con una nueva filosofía institucional se daría res-puesta a las ansias de justicia de todos los venezolanos.

Los resultados del Informe Anual 2008 presenta-do ante la plenaria de la Asamblea Nacional el pasado 17 de marzo, son una muestra de que sus palabras fue-ron de la mano con los hechos y, si bien aún se transita la vía hacia la excelencia, se avanza por el camino inexo-rable de dar respuestas a las más urgentes demandas de la ciudadanía, generadas por los profundos cambios, políticos y culturales que a partir del año 2000 caracte-rizan a Venezuela.

La máxima representante del Ministerio Público en una minuciosa exposición de cifras y estadísticas, demostró al país que el lema de “No a la Impunidad” como bandera de la gestión que dirigirá hasta 2013, no es una consigna institucional sino una realidad.

Su exposición ante los legisladores, desmon-tó cada uno de los informes emitidos por el gobier-no de Estados Unidos a través de los cuales se acusa a Venezuela como nación complaciente con el tráfico y consumo de drogas, de no atacar con debida fuerza la corrupción y de tener una actitud permisiva ante la violación de los derechos humanos de sus ciudadanos.

Golpes al tráfico y consumo de drogasDespués de resaltar que los valores más arraiga-

dos en el Ministerio Público son los de honestidad, jus-ticia, eficacia, lealtad, ética, probidad, responsabilidad, humildad, imparcialidad y solidaridad, la Fiscal General desestimó por falta de veracidad el informe presentado por el gobierno del principal consumidor de drogas en el mundo: Estados Unidos.

Puntualizó que la Dirección de Drogas presentó el año pasado 15 mil 368 actos conclusivos. Como un indicativo de la capacidad y seriedad del trabajo de los

fiscales, de las 3 mil 75 sentencias obtenidas ante los organismos jurisdiccionales, 2 mil 797 fueron conde-natorias.

Ortega Díaz enumeró que durante 2008, produc-to de procedimientos en materia de drogas y legitima-ción de capitales, se registraron aproximadamente 21 mil bienes asegurados, incautados, confiscados y de-vueltos, dentro de lo que destacan 18 aeronaves, 774 armas, 8 mil 206 artículos mobiliarios y accesorios, 95 aves domésticas, 35 cuentas y asuntos bancarios, 1.162 equipos de telecomunicaciones, 111 inmuebles, 7 mil 293 semovientes, 982 vehículos y 6 embarcaciones.

Gestión | Ministerio Público [ 35 ]

Una gestión caracterizada por los avances a favor de la justicia socialEl Informe anual 2008 del Ministerio Público refleja los numerosos logros alcanzados durante el pasado año en la lucha contra la corrupción, narcotráfico, secuestros, violación de los derechos humanos, entre otros delitos

Texto: Gilberto Rivero Núñez | Foto: Yesenia Pérez

Asimismo, se refirió a los más de 140 actos de incineración de drogas en los que se logró la efectiva destrucción de cerca de 44 mil 955,70 kilos de las aludi-das sustancias ilícitas.

Resaltó que el Estado venezolano ha deportado 14 capos de la droga solicitados por las autoridades colombianas y de los Estados Unidos, siendo decisi-va la participación del Ministerio Público. “Esto como muestra de la lucha que desarrolla Venezuela no sólo en la prevención, sino perseguir el tráfico de drogas”. Obviamente, tales acciones han permitido al Estado la recuperación de altísimas sumas de dinero.

Mano dura contra la corrupción Cualquier ciudadano con un conocimiento ele-

mental sobre la justicia tiene conciencia de lo difícil que resulta combatir la corrupción. Para todos los fiscales del Ministerio Público que han trabajado en su erradi-cación, reconocen lo difícil que es enjuiciar y condenar a los funcionarios públicos, pues éstos manejan ciertos elementos con los cuales buscan distorsionar las inves-tigaciones a su favor.

En ese sentido, la alta funcionaria de Estado cata-logó como una decisión de gran trascendencia la crea-ción de la Unidad Anticorrupción, adscrita a la Direc-


ción Contra la Corrupción del Ministerio Público, cuya misión es atacar uno de los flagelos más graves que ha afectado al país.

Destacó que en corto tiempo se ha logrado ob-tener resultados positivos, como las 65 personas impu-tadas, 9 acusadas y 5 condenadas, además de la decla-ratoria de antejuicio de mérito contra el para entonces gobernador del estado Yaracuy, Carlos Giménez, decla-rada con lugar por el Tribunal Supremo de Justicia.

Acotó que dentro de este combate al delito, la Di-rección Contra la Corrupción, hasta noviembre de 2008, logró importantes resultados al imputar a 513 personas, alcanzándose un total de 1.640 actos conclusivos, de los cuales 1.081 fueron sobreseimientos, 203 archivos fisca-les y 356 acusaciones, lo cual significó un 12% más de actos conclusivos respecto al año anterior.

Subrayó como dato relevante que hubo un incre-mento de 26% en la cifra de acusaciones respecto a 2007 y se disminuyeron los archivos fiscales en 13%, hecho que pone de manifiesto el compromiso de dar respuesta contundente ante la colectividad en la lucha contra la corrupción.

Derechos humanos y delitos comunesVenezuela constantemente recibe críticas de or-

ganismos externos por supuestamente no proteger de-bidamente los derechos humanos de los ciudadanos.

No obstante, la Fiscal General desestimó tales cuestionamientos, al tiempo que aclaró que hasta el mes de noviembre de 2008 se habían registrado un total de 6 mil 422 casos relacionados con presuntas violaciones de las garantías individuales, a partir de lo cual se pro-dujeron 3 mil 688 actos conclusivos.

Igualmente, resultaron imputados 584 funciona-rios públicos (pertenecientes a organismos con funcio-nes policiales y de seguridad), de los cuales 463 fueron acusados formalmente.

El Informe Anual precisa que el Plan de Agili-zación de Causas con Retardo Procesal, permitió la designación de fiscales itinerantes para cubrir, durante el primer semestre de 2008, los estados Guárico, Lara, Zulia, Bolívar, Carabobo, Falcón, Miranda y Area Me-tropolitana de Caracas, con el propósito de conocer las razones de los diferimientos de los actos procesales y agilizar las causas que presentan retardo procesal.

Con ello se agilizaron un total de 2 mil 664 casos, 814 juicios, 365 audiencias preliminares, 501 sentencias condenatorias y 140 absolutorias.

Hizo mención aparte al caso de la masacre que ocurrió en octubre de 2008 en Portuguesa, donde 10 funcionarios policiales de Lara presuntamente dieron muerte a seis ciudadanos: “fueron acusados los fun-cionarios policiales por desaparición forzosa de per-sonas, homicidio calificado, violación de domicilio, torturas, atropello físico y abuso sexual de adolescen-tes”, resaltó.

Con relación a los casos manejados por la Di-rección de Delitos Comunes, destacó que el Minis-terio Público ha estimulado la función de los fiscales que se desempeñan en esta materia, y los resultados han sido que en 2008 se presentaron 8 mil 922 acusa-ciones, 74 mil 413 archivos fiscales y solicitados 219 mil 634 sobreseimientos.


En consecuencia, fueron concluidos 302 mil 969 causas y se solicitó la desestimación de 8 mil 222. Tam-bién, se refirió a la materia de Descongestionamiento de Casos en los que se logró los siguientes resultados: 131 mil 191 sobreseimientos, 70 acusaciones, 26 mil 744 archivos fiscales, para un total de 158 mil 5 actos conclusivos, además de 2 mil 521 desestimaciones.

En la lectura del Informe, la Fiscal General señaló que todos los casos son importantes para el Ministerio Público, pero se refirió a algunos de los denominados “casos emblemáticos con atención mediática”, que han sido resueltos.

Ejemplificó con la muerte del periodista Javier García, en lo cual se logró una condena en un lapso muy breve, de seis meses. “Está el homicidio resuel-to del estudiante Julio Soto, ocurrido en Maracaibo; de la estudiante asesinada en la Universidad de Oriente,

Margaret González; la muerte de la joven estudiante Roxana Vargas, caso por el cual se encuentra detenido un médico psiquiatra y la muerte de la nieta de un co-nocido ex Presidente (Raúl Leoni) donde fueron acusa-dos los autores materiales, mientras que el intelectual se encuentra prófugo de la justicia venezolana”.

Hay otro caso que ha trascendido en los medios de comunicación como es la muerte del Jefe de GAES en el Zulia, el 23 de agosto de 2008, proceso que está en etapa de juicio, añadió Ortega Díaz.

Solicitudes, planes y logrosLa Fiscal General solicitó a los parlamentarios la

aprobación del Proyecto de Ley para la Extinción de la Acción Penal para los Casos del Régimen Procesal Transitorio, pues a 10 años de la vigencia del COPP todavía el Ministerio Público tiene áreas colapsadas


por casos que datan de las décadas 70, 80 y 90, con 61 fiscales dedicados a estas labores cuando podrían ser utilizados para otras causas.

La buena nueva es que tal proyecto está en la agenda de las leyes a ser aprobadas por la Asamblea Nacional este año, según lo informó en la plenaria su presidenta, diputada Cilia Flores

El Informe Anual 2008 señala que para garanti-zar el bienestar y los derechos civiles de la población reclusa, se crearon 10 fiscalías a nivel nacional con competencia exclusiva, situación que ha permitido im-portantes avances en esta área.

Durante su exposición, la Fiscal General se refirió a los avances logrados en la lucha contra la impunidad como bandera de la Institución a su cargo, destacan-do los procesos para acercar la justicia a la comunidad; puesta en marcha de las fiscalías municipales, aplicación justa de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mu-jeres a una Vida Libre de Violencia; la creación de la Unidad de Depuración Inmediata de Casos para evitar el colapso de causas en el Ministerio Público; el énfasis en las Fiscalías con competencia ambiental, y las mejo-ras laborales y salariales.

Al tocar el tema de la modernización de la Insti-tución, la Fiscal detalló la adquisición de la sede donde

actualmente funciona la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, la cual fue creada a fin de capa-citar al nuevo fiscal, con un elevado nivel profesional para asumir la investigación y los juicios, “para defen-der las causas de nuestra Institución, que son las causas del Estado, las causas del pueblo”.

La Escuela Nacional de Fiscales fue inaugurada en octubre de 2008, iniciando las clases con 117 abo-gados, seleccionados entre 1.650 profesionales del De-recho de los estados Vargas, Miranda y Caracas. “Con esta Escuela lograremos otorgar a los fiscales la condi-ción de funcionarios de carrera, a fin de satisfacer las exigencias de independencia e imparcialidad del siste-ma penal garantizando su idoneidad y probidad”.

Para cumplir con el artículo 55 de la Ley Orgá-nica del Ministerio Público, se inició la implementa-ción de las fiscalías municipales, que no sólo tendrán competencia de actuar en aquellos hechos cuyas pe-nas no excedan los tres años, sino también podrán, con base en el conocimiento de las necesidades de las comunidades, generar estrategias para atacar los delitos más recurrentes en el ámbito territorial donde sean creadas.

De esta manera, se creó e inauguró la Fiscalía Primera del Municipio Libertador del Área Metropo-


litana de Caracas, ubicada en la estación del Metro de El Silencio, cuyo ámbito territorial fue delimitado en las parroquias Altagracia, Santa Teresa, Santa Rosalía y Catedral.

Asimismo, mediante Resolución se creó la Coor-dinación de Gestión Social, adscrita a la Dirección de Fiscalías Superiores, con tres objetivos fundamentales: 1) promover el impulso de las fiscalías municipales; 2) articular esfuerzos con las instituciones y los consejos comunales para la instalación y puesta en marcha de fis-calías municipales en el territorio nacional; y, 3) partici-par en jornadas sociales con las comunidades brindan-do asistencia y procurando un acercamiento real entre el Ministerio Público y las comunidades.

También, fue creada la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, la cual contribuirá en gran medida a minimizar la impu-nidad, descongestionar las causas y reforzar la objetivi-dad en el curso de las investigaciones que se inicien en contra de funcionarios públicos que hayan cometido violaciones de derechos humanos, actuando en ejerci-cio de sus funciones o en razón de su cargo. Se están realizando las gestiones administrativas a fin de que dicha Unidad comience a operar a partir de 2009 en Caracas y el estado Lara.

Igualmente, se han creado 10 fiscalías a nivel na-cional con competencia de Régimen Penitenciario, de las cuales dos se encuentran plenamente operativas: Fiscalía 71° en el estado Falcón y 72° en el estado Guá-rico. Actualmente, se está elaborando la justificación para poner en marcha otra nueva fiscalía con sede en el estado Zulia.

Cabe resaltar además la creación de la “Unidad de Depuración Inmediata de Casos”, la cual comen-zó como proyecto piloto en el Área Metropolitana de Caracas, y tiene como objetivo principal disminuir el tiempo de respuesta del Ministerio Público, en el trá-mite de las denuncias ingresadas a las distintas fiscalías superiores a nivel nacional y evitar, en consecuencia, el congestionamiento de los despachos fiscales.

En dicha unidad, para el año 2008, ingresaron 3 mil 595 casos, siendo redistribuidos 627, desestimados 259 y decretados 1.843 archivos fiscales.

En el marco del Plan de Crecimiento se crearon en el país 200 cargos de fiscales auxiliares, así como el reforzamiento de los despachos fiscales ubicados en los estados fronterizos que tienen atribuida la competencia en materia de drogas.

Cabe destacar que, a través de la Dirección de Infraestructura y Edificaciones, se adquirieron nuevas sedes para las dependencias del Ministerio Público en Santa Bárbara del Zulia, estado Zulia, y la sede para la Fiscalía Municipal, que será inaugurada en 2009 en La Urbina, Municipio Sucre, estado Miranda.

Se dice que los sueños, sueños son, pero en el Ministerio Público existe el convencimiento que con los convenios y acercamientos interinstitucionales con todos los sectores involucrados en el sector justicia, el lema de “No a la Impunidad” se está convirtiendo en una realidad.

[ 40 ] Ministerio Público | Derechos Humanos

La ciudad de Bucarest, capital de Rumania,se convirtió en la capital de la justicia mundial del 23 al 25 de marzo, pues congregó en su seno a representan-tes de 110 Estados y de 16 organizaciones internacio-nales, quienes se reunieron para celebrar la 3° Cumbre Mundial de Fiscales Generales, Procuradores Genera-les y Fiscales Jefes, cuyo eje de discusión se denominó “El Fiscal General - Pilar del Sistema de Justicia Penal Contemporáneo”.

En dicha Cumbre participó la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien de mane-ra categórica señaló que el sistema penal venezolano está cimentado sobre la base de una política criminal, democrática y humanitaria, que antepone la protec-ción de los derechos humanos al poder punitivo del Estado.

Destacó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza que los presuntos responsables de la comisión de hechos punibles sólo

puedan ser condenados mediante el cumplimiento de un proceso penal, en el cual se observa el derecho al debido proceso que limita severamente el uso de la pri-sión como consecuencia jurídica del delito.

Durante su intervención, resaltó algunos artícu-los de nuestra Carta Magna, entre estos el 55, median-te el cual se ordena al Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana, proteger a todas las personas frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnera-bilidad o riesgo para su integridad física, sus propieda-des, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

“Aquí observamos uno de los objetivos o fines del sistema penal: proteger los bienes jurídicos de las personas ante situaciones de riesgo, vulnerabilidad o amenaza”, acotó la Fiscal Luisa Ortega Díaz.

Se establece que en el cumplimiento de tal fun-ción los cuerpos de seguridad del Estado “respeta-rán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas”. También se precisa que “el uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionario poli-cial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcio-nalidad”.

La máxima representante del Ministerio Público venezolano puntualizó que, según la Constitución, la reacción del Estado frente a aquellas conductas que lesionan bienes jurídicos de las personas, debe reali-zarse en el marco del estricto respeto a los derechos humanos.

También, se refirió al artículo 29 de la Carta Mag-na y destacó la obligación del Estado de “investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades”. Además, las acciones para sancionar dichos delitos son imprescrip-tibles y los mismos están excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indul-to y la amnistía.

Aseveró que el texto legal fundamental de Vene-zuela, en sus artículos 45 y 46, prohíbe la desaparición

Protección de derechos humanosse antepone a poder punitivo del Estado

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, participó en la 3° Cumbre Mundial de Fiscales Generales, Procuradores Generales y Fiscales Jefes

Texto: Lérida Marín GonzálezFoto: Cortesía Comité Organizador

Derechos Humanos | Ministerio Público [ 41 ]

forzada de personas y la práctica de torturas, tratos crueles e inhumanos, contra los ciudadanos habitantes de la República.

“Como podemos observar, el Texto Constitu-cional desarrolla sólidamente la protección de los dere-chos humanos de todas las personas frente al ejercicio del poder punitivo por parte del Estado”, dijo.

Adicionalmente, explicó que nuestra Carta Mag-na ordena que las personas señaladas como posibles responsables de la comisión de un hecho punible, sean sometidas a un juicio justo.

En el artículo 49 se desarrolla ampliamente el de-recho al debido proceso, y garantiza, de esta manera, el derecho a la defensa, a la notificación de los cargos por los cuales las personas son investigadas, el acceso a las pruebas y la presunción de inocencia.

Así como el derecho de las personas a ser oídas, a ser juzgadas por sus jueces naturales y a no ser san-cionadas por actos u omisiones que no se encuentren previstos como delitos o faltas en leyes preexistentes.

En su exposición, la Fiscal General también men-cionó el artículo 44, mediante el cual se ordena que, salvo las excepciones establecidas en la ley, las personas señaladas por la comisión de un hecho punible deben ser juzgadas en libertad.

Igualmente, dijo que en Venezuela no se permite el juzgamiento en ausencia, según el artículo 12, nume-ral 12, del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), norma penal adjetiva.

“No menos importante resulta señalar que, se-gún el artículo 24 de nuestra Constitución, las leyes sólo tendrán efecto retroactivo cuando impongan me-nor pena, y que, en caso de dudas, se aplicará la norma

que beneficie al reo o a la rea”, comentó la titular del Ministerio Público.

Hizo mención a otro aspecto relevante, desde el punto de vista constitucional, como es el relacionado con el sistema penitenciario. Agregó que el artículo 272 de la Constitución señala que “las fórmulas de cumpli-miento de pena no privativas de libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria”.

Según dicha norma, “los establecimientos peni-tenciarios contarán con espacios para el trabajo, el es-tudio, el deporte y la recreación ( )”, y que se preferirán en ellos “el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias”.

“Indudablemente, la citada norma constitucio-nal limita severamente el uso de la prisión como me-canismo de resocialización del penado”, enfatizó en su discurso.

Al finalizar su intervención, la Fiscal General de la República señaló que la política criminal democrática, concebida constitucionalmente, logra total expresión en el proceso penal vigente en Venezuela, tomando en cuenta que el COPP consagra el sistema acusatorio como modelo procesal.

Ese sistema está regido por los principios de afirmación de la libertad, presunción de inocencia, par-ticipación ciudadana de la administración de justicia (escabinos), la titularidad de la acción penal atribuida exclusivamente al Ministerio Público en los delitos de acción pública, defensa e igualdad de las partes, además de la oralidad, publicidad, inmediación, concentración, contradicción, protección de las víctimas y el control constitucional de la investigación.

La 3° Cumbre de Fiscales Generales fue organi-zada por el Ministerio Público de Rumania, la Ofici-na Contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas, y contó con el patrocinio y colaboración de la Asocia-ción Internacional de Fiscales. Cabe recordar que la 1° Cumbre Mundiales de Fiscales Generales se realizó en Guatemala en 2004; la segunda versión fue en Qatar en el 2005.

[ 42 ] Ministerio Público | Proyectos Especiales

La entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), en 1999, significó un cambio en el sistema judicial venezolano. Con este instrumento legal, que le confirió al Ministerio Público la titularidad de la acción penal, se derogó el Código de Enjuicia-miento Criminal. Pero, en la nueva realidad jurídica del país también estaban presentes las causas judiciales que, iniciadas bajo la vigencia del antiguo Código, aguarda-ban por una respuesta.

En ese sentido, el Ministerio Púbico creó una de-pendencia destinada a supervisar, hasta su culminación,

las actividades de los fiscales en las causas que les fue-ron remitidas de los diferentes juzgados, con ocasión de encontrarse en los supuestos previstos en el régimen procesal transitorio establecido en el COPP.

Es así como la creación de la Dirección de Pro-yectos Especiales del Ministerio Público obedeció a solventar ese cúmulo de causas, relacionadas con he-chos ocurridos antes de julio de 1999.

La directora de Proyectos Especiales, Lisbeth Brand, indicó que el Ministerio Público se preparó como Institución para enfrentar el régimen procesal transitorio, pues se creó una dirección orientada a aten-der esa situación.

Con la participación del personal de esa depen-dencia, se elaboraron actos conclusivos y las causas fueron remitidas a los tribunales. Durante el lapso de septiembre de 2001 a diciembre de 2008 el Ministerio Público emitió 2 millones 447 mil 121 actos conclusi-vos, entre acusaciones y sobreseimientos.

También mencionó que del 2004 al 2008, se con-cluyó con el descongestionamiento de expedientes bajo

Proyectos Especiales para el régimen procesal transitorioMuchas de las causas relacionadas con el régimen procesal están referidas a la comisión de delitos que ya prescribieron

Texto: Lérida Marín González Foto: Oham Llovera - Yesenia Pérez

Proyectos Especiales | Ministerio Público [ 43 ]

el régimen procesal transitorio en 15 estados del país: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Barinas, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Lara, Monagas, Nueva Esparta, Por-tuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo y Yaracuy.

Posteriormente, en el año 2008, con la actual ges-tión de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se concluyó con el descongestionamiento en los estados Aragua, Bolívar, Carabobo, Guárico, Mérida, Miranda y Vargas. Y recientemente, en este año, se pro-cedió de manera similar en el estado Zulia. Es decir, queda pendiente lo relacionado al Área Metropolitana de Caracas.

Indicó la funcionaria que el cierre de los estados significa que no quedan fiscales del régimen procesal transitorio en esas zonas. Actualmente, existen 60 fis-cales adscritos a la Dirección.

Añadió que siempre surgirán situaciones en las que una persona solicita una diligencia, relacionada con un expediente perteneciente al régimen procesal tran-sitorio, como una solicitud de un vehículo o el traslado de un cuerpo.

Otra situación que se puede presentar es la deten-ción de una persona, solicitada por una causa ocurrida antes de julio de 1999. Allí deberá actuar un fiscal del régimen procesal transitorio.

Muchas de las causas relacionadas con dicho régi-men están referidas a la comisión de delitos que ya pres-cribieron. No obstante, aclaró que aquellos casos sobre violación de los derechos fundamentales no prescriben, motivo por el cual esas causas continúan su curso.

Inspecciones judicialesAdicionalmente, la directora de Proyectos Espe-

ciales informó que existen archivos en algunos estados del país, en los cuales están almacenados expedientes del régimen procesal. Comentó que durante el proceso de transición se pudo observar que muchas de las cau-sas nunca fueron remitidas a los tribunales, y que solo tenían la orden de inicio sin mayores actuaciones.

Informó que fue en noviembre del 2008, cuando por escrito la Consultoría Jurídica del Cuerpo de Inves-tigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas infor-mó que había 20 millones de causas en sus archivos.

En el área metropolitana hay almacenes, como el de la División de Vehículos, en los que no existe un in-ventario. En dichos lugares no se puede entrar debido a las condiciones insalubres de estos.

Al respecto se decidió practicar inspecciones judiciales para dejar constancia del estado de esos lu-gares. Se comisionaron fiscales que en conjunto con funcionarios del Ministerio del Ambiente y del Insti-tuto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Labo-ral (Insapsel) verificaron las condiciones de trabajo. Se concluyó que esas áreas deben ser clausuradas.

Asimismo, se introdujo ante el Tribunal 23 de Control un documento mediante el cual se solicitó que se adopte una decisión, tomando en cuenta las reco-mendaciones efectuadas por las personas que realiza-ron las inspecciones.

Brand recordó que en julio de 2008, la Fiscal Ge-neral de la República, Luisa Ortega Díaz, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Extinción de la Acción Penal para los casos del Régimen Procesal Penal Transitorio, la cual permitirá descongestionar el sistema de justicia penal.


Infografía: Luis Corona


La lucha contra la impunidad en una sociedad es imprescindible, pues sólo así se garantiza la paz so-cial. Y esta batalla, como lo señalan algunos especialis-tas, no sólo es responsabilidad del Sistema de Justicia, sino también de los ciudadanos, quienes deben denun-ciar los delitos que conocen.

De acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), cualquier ciudadano, víctima o no, que tenga co-nocimiento sobre un hecho punible puede realizar su de-nuncia ante un fiscal del Ministerio Público o ante los órga-nos de policía de investigaciones penales competentes.

En este caso, el COPP establece que son conside-radas víctimas las personas directamente ofendidas por un delito, el cónyuge o la persona con quien haga vida marital por más de 2 años, hijo o padre adoptivo, pa-rientes dentro del 4° grado de consanguinidad o 2° de afinidad y el heredero, en los delitos cuyos resultados sea la incapacidad o la muerte del ofendido.

Asimismo, el referido texto legal señala que son víctimas los socios, accionistas o miembros res-pecto de los delitos que afectan a una persona jurí-

dica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan.

Del mismo modo, considera víctima a las aso-ciaciones, fundaciones y otros entes, en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses y se hayan constituido con anterioridad a la perpetración del delito.

Cómo formularlaLos ciudadanos pueden formular su denuncia

sobre delitos tales como estafa, robo, hurto lesiones, homicidio, violación, secuestro, posesión y tráfico de drogas, ilícitos ambientales, violencia de género y casos de corrupción, entre otros.

La denuncia podrá formularse verbalmente o por escrito y, en ambos casos, deberá contener la identifi-cación del denunciante, cédula de identidad, domicilio o residencia; además de una narración del hecho que se denuncia, quienes lo han cometido y de las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él.

La denuncia: pieza fundamental en la lucha contra la impunidadLos ciudadanos pueden formular su denuncia sobre delitos como estafa, robo, hurto lesiones, homicidio, violación, secuestro, posesión y tráfico de drogas, ilícitos ambientales, violencia de género y casos de corrupción, entre otros

Texto: Simón Alberto Osorio Foto: Oham Llovera - Yesenia Pérez


En el caso de la denuncia verbal, el denunciante deberá dirigirse al Ministerio Público o ante los órga-nos de policía de investigaciones penales competentes, donde se le tomará entrevista y se levantará un acta en presencia del denunciante, quien la firmará junto con el funcionario que la reciba.

Mientras, que en el caso de la denuncia escrita, ésta deberá ser consignada en un documento firmado por el denunciante o por un apoderado con facultades para hacerlo. Si el denunciante no puede firmar, estam-pará sus huellas dactilares.

Dónde consignarlaEn ocasiones se suele escuchar a personas seña-

lando que han efectuado denuncias ante los medios de comunicación social sobre determinado hechos, al tiempo que manifiestan su disconformidad por que no se han iniciado investigaciones vinculadas a estos señalamientos.

Quizás, estas afirmaciones sean consecuencia del desconocimiento del Estado de Derecho que rige el país. Y es que, de acuerdo a la legislación venezolana, las denuncias sólo se tramitan ante el Ministerio Pú-blico o ante los órganos de policía de investigaciones penales competentes.

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en su debida oportunidad, a manera de ilustración, señaló que “así como los enfermos tienen que acudir a los hospitales, los que van a informar y a divertir acu-den ante los medios. Es correcto que una persona que formule o pretenda una denuncia acuda a los medios de comunicación a informar, pero además debe acudir al Ministerio Público a formular su denuncia, pues éste no tiene oficina en los medios de comunicación”.

En este sentido, los ciudadanos pueden acudir a realizar su denuncia ante:

Fiscal General de la República. Se consigna • la denuncia escrita en la Oficina de Registro de Presentación de Documentos, ubicada en el Piso 1 del Edificio Sede del Ministerio Pú-

blico, esquina de Misericordia a Pele El Ojo, avenida Méjico, Caracas.Fiscal Superior. En las sedes de la Fiscalía • Superior del estado donde se cometió el he-cho punible.Fiscal de Guardia en sede: En una sede del • Ministerio Público o la Fiscalía Superior del estado que corresponda.

Además de la sede del Ministerio Público, los ciu-dadanos pueden consignar su denuncia en los órganos de policía de investigaciones penales correspondientes, tales como Cuerpo de Investigaciones Científicas, Pe-nales y Criminalísticas, policías estadales y municipa-les, Guardia Nacional. Asimismo, ante los Consejos de Protección del Niño, Niña y Adolescentes, en los casos que correspondan.

Es importante destacar, que el artículo 29 del COPP refiere, en cuanto a la responsabilidad, que el denunciante no es parte en el proceso, “pero si existe falsedad o mala fe en la denuncia, el que la comete será responsable conforme a la ley”.

Finalmente, conviene precisar, de acuerdo con el COPP, una vez interpuesta la denuncia por la comi-sión de un delito de acción pública, el fiscal del Minis-terio Público ordenará sin pérdida de tiempo, el inicio de la investigación.


En el marco del “Año de las Luces” y del Programa de Educación Continua y Permanente, im-pulsados la Fiscal General de la República, Luisa Or-tega Díaz, 412 fiscales principales y auxiliares del Área Metropolitana de Caracas, asistieron a las Primeras Jor-nadas Intensivas Sobre el Acto de Imputación, activi-dad académica que se llevó a cabo en la sede de la Es-cuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, entre el 4 y 9 de febrero de este año.

Con estos talleres los fiscales y auxiliares de Ca-racas y demás regiones del país, actualizaron sus co-nocimientos teórico-prácticos en torno al uso e instru-mentación de todas las acciones que conlleva la materia de imputación, en el marco constitucional, legal y de la jurisprudencia, creada recientemente por la Sala de Casación Penal y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Durante cuatro días de jornadas, los fiscales del Ministerio Público profundizaron todo en cuanto a conceptos y procedimientos que permiten elaborar de

manera expedita el acta de imputación para, de esta ma-nera, preservar los derechos de la defensa y del imputa-do, resguardando así el debido proceso, lo cual redun-dará en la calidad de los actos de imputación.

Los talleres consistieron en una fase teórica y otra práctica, donde después de proyectar un simulacro de un hecho punible, los participantes procedían a anali-zar, evaluar y determinar cómo se redactaba, sin omi-siones de ninguna naturaleza, un acta de imputación.

En estas I Jornadas Intensivas Sobre el Acto de Imputación, los fiscales y auxiliares abordaron el tema desde los principios constitucionales, el Código Orgá-nico Procesal Penal, las jurisprudencias y la doctrina del Ministerio Público, a fin de que asuman con sentido ético y moral el manejo de esta fase del proceso.

En cuanto a los ponentes y facilitadores, se contó con la participación de la directora de Revisión y Doc-trina del Ministerio Público, María Eugenia Rodríguez; el director de Delitos Comunes, José Francisco García; el fiscal 5° ante el Tribunal Supremo de Justicia, Tu-

Un total de 412 fiscales recibieron talleres de capacitación sobre actos de imputación

Fiscales nacionales y del Área Metropolitana intercambiaron experiencias para evaluar posibles fallas



tankamen Hernández; el 48° y 34° con competencia nacional, Zair Mundaray, y Néstor Castellanos, respec-tivamente, entre otros.

La imputación En el salón número 2 de la Escuela Nacional de

Fiscales, la directora de Revisión y Doctrina del Minis-terio Público, María Eugenia Rodríguez, abordó el tema de la imputación desde todos sus ángulos, conceptual y jurídico, aplicado a los casos del día a día. Las experien-cias de cada uno de los fiscales y auxiliares presentes en las jornadas enriquecieron las discusiones.

Durante su intervención, Rodríguez comenzó por definir el concepto de imputado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que es toda persona a quien que se le señale como autor o partícipe de un hecho punible, por un acto de procedimiento de las au-

toridades encargadas de la persecución penal. Luego, habló sobre los derechos del imputado.

La directora de Revisión y Doctrina del Ministe-rio Público, enfatizó en los requisitos básicos para reali-zar el acto de imputación, a fin de “blindar” los mismos y evitar que los tribunales los anulen.


Artículo 125. Derechos. El imputa-do tendrá los siguientes derechos:

1º. Que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputan;

2º. Comunicarse con sus familiares, abogado de su confianza o asociación de asistencia jurídica, para informar so-bre su detención;

3º. Ser asistido, desde los actos ini-ciales de la investigación, por un defen-

Derechos del imputado según el COPP sor que designe él o sus parientes y, en su defecto, por un defensor público;

4º. Ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma castellano;

5º. Pedir al Ministerio Público la práctica de diligencias de investigación destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le formulen;

6º. Presentarse directamente ante el juez con el fin de prestar declaración.


Hay 52 despachos fiscales con competencia en el área de violencia de género

7º. Solicitar que se active la investi-gación y a conocer su contenido, salvo en los casos en que alguna parte de ella haya sido declarada reservada y sólo por el tiempo que esa declaración se prolongue;

8º. Pedir que se declare anticipada-mente la improcedencia de la privación preventiva judicial de libertad.

9º. Ser impuesto del precepto cons-titucional que lo exime de declarar y, aun

en caso de consentir a prestar declara-ción, a no hacerlo bajo juramento;

10º. No ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degra-dantes de su dignidad personal;

11º. No ser objeto de técnicas o mé-todos que alteren su libre voluntad, in-cluso con su consentimiento.

12º. No ser juzgado en ausencia, salvo lo dispuesto en la Constitución de la República.

[ 52 ] Ministerio Público | Familia

De acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “El Ministerio Público deberá eje-cutar planes, proyectos y programas especiales de for-mación en prevención y atención de la violencia de género, y transversalizar dichos programas con la pers-pectiva de género, en consonancia con la visión de los derechos humanos que consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

En ese sentido, el Ministerio Público, a través de la Dirección de Protección Integral de la Familia, dictó el taller “Conociendo la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.

Un amparo para las mujeres

A través de un taller, el Ministerio Público dio a conocer detalles de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto: Lérida Marín GonzálezFoto: Henry Delgado

Durante el evento, coordinado por la Organi-zación No Gubernamental Petronilas, la directora de Protección Integral de la Familia del Ministerio Públi-co, María Eugenia Amundaray, señaló que en el marco del principio de corresponsabilidad, que incluye a los organismos del Estado y a la sociedad, se debe lograr la materialización de esta normativa, que garantiza los de-rechos humanos fundamentales y lograr la eliminación de las formas de discriminación de la mujer.

También, intervino la abogada adscrita a la re-ferida Dirección, Yamilé González, quien explicó que la comisión de los delitos a los cuales se refiere la Ley pueden ser denunciados por la mujer agredida, sus pa-rientes consanguíneos o afines y el personal de salud de instituciones públicas y privadas que tengan conoci-miento de los hechos.

Asimismo, pueden efectuar las denuncias las De-fensorías de los derechos de la mujer, consejos comunales, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y cualquier otra persona o institución cuando tengan co-


Formas de violenciaArtículo 15 de la Ley:

1. Violencia psicológica

2. Acoso u hostigamiento

3. Amenaza

4. Violencia física

5. Violencia doméstica

6. Violencia sexual

7. Acceso carnal violento

8. Prostitución forzada

9. Esclavitud sexual

10. Acoso sexual

11. Violencia laboral

12. Violencia patrimonial y económica

13. Violencia obstétrica

14. Esterilización forzada

15. Violencia mediática

16. Violencia institucional

17. Violencia simbólica

18. Tráfico de mujeres, niñas y adolescentes

19. Trata de mujeres, niñas y adolescentes

nocimiento de los hechos punibles previstos en la ley.La denuncia puede ser formulada en forma oral o

escrita, ante diversos organismos, entre estos el Minis-terio Público, prefecturas y jefaturas civiles, órganos de policía y las unidades de comando fronterizas. Pueblos y comunidades indígenas también se constituyen en ór-ganos receptores de denuncia.

Adicionalmente, explicó que los órganos recep-tores deben ordenar las diligencias necesarias en cada caso, como la práctica de exámenes médicos a la mujer agredida; orientación a las víctimas y la imposición de medidas de protección y de seguridad.

Mencionó que entre las medidas de protección están: referir a las víctimas que así lo requieran a los centros especializados para que reciban orientación y atención; tramitar el ingreso de las víctimas y de sus hijos e hijas, a las casas de abrigo cuando sea necesario; ordenar la salida del presunto agresor de la residencia común y prohibir o restringir al presunto agresor el acercamiento a la víctima.

La actividad se desarrolló en la plaza Parque Ca-rabobo, en la avenida México, frente al edificio sede del Despacho de la Fiscal General de la República.


En ambos casos las víctimas fueron abusadas sexualmente por sus victimarios. El Ministerio Público trabaja por la apertura de más despachos especializados en materia de Violencia de Género

Dos condenas ejemplares en casos de violencia de género

Texto: Reinaldo Vargas | Foto: Yesenia Pérez - Oham Llovera


Hasta el año pasado nadie sabía quién era Jovirgler Alexander Nariño, de 27 años de edad, pero el 01 de diciembre de 2008 su nombre saltó a las páginas de los periódicos por ser la primera persona condenada a 10 años de prisión a partir de la aplicación de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, toda vez que fue acusado de abusar sexualmente de una adolescente de 12 años, con leves problemas mentales.

El fiscal 101° del Área Metropolitana de Caracas, Luis Palmares, y su auxiliar para el momento del suceso, Harvey Gutiérrez, acusaron a Nariño por el delito de acto carnal con víctima especialmente vulnerable, se-gún lo previsto en el ordinal 1° del artículo 44 de la ci-tada Ley, logrando, de esta manera, la condena dictada por el Tribunal 2° de Violencia Contra la Mujer.

Todo comenzó cuando el 6 de agosto de 2007, la adolescente decidió contar a sus padres que el em-pleado que habían contratado para encargarse de un establecimiento comercial de la familia, abusaba de ella cuando salían a hacer diligencias.

Nariño, quien vivía en un sector humilde en el oeste de Caracas, se ganó la estima de la familia de su víctima a fuerza de hacer mandados y resolver diligen-

cias propias del establecimiento donde trabajaba. La confianza fue tal, que al cabo de un tiempo dejaban a la adolescente en el negocio con él, mientras se ausenta-ban a comprar mercancías.

El victimario abusaba de la adolescente aun cuan-do en la parte externa del establecimiento comercial es-taba Antonio José Zerpa Palacios, quien fungía como vigilante, quien pese a lo que ocurría nunca llegó a sos-pechar de aquel joven.

La adolescente después de ser extrovertida se convirtió en una persona introvertida, tímida y ner-viosa. Sólo usaba las palabras necesarias para comu-nicarse, hasta que decidió contar a sus padres todo lo que el empleado le hacía cuando se quedaban a solas en el negocio.

Al día siguiente, los padres de la adolescente deci-dieron hablar con Nariño, quien negó todo lo que había contado su víctima; sin embargo, aprovecharon que en ese momento frente al negocio pasaban dos funciona-rios de la Prefectura de Caracas, quienes procedieron a efectuar la aprehensión.

El 8 de agosto de 2007, Nariño fue presentado en flagrancia por el Ministerio Público, ante el Tribunal 41° en funciones de Control del Área Metropolitana de


Caracas, el cual acordó la privativa de libertad solicitada por los fiscales del caso.

Un mes más tarde, fue acusado ante el mismo Tribunal, y el 7 de diciembre de 2007 se realizó la au-diencia preliminar, en la cual el juzgado declaró sin lu-gar las excepciones interpuestas por la defensa, y ad-mitió totalmente la acusación fiscal y ordenó el pase a juicio, manteniendo la privativa de libertad.

A estas alturas, los familiares de la víctima tratan de borrar el amargo episodio de sus vidas, de pasar la página y dejar todo atrás, mientras Nariño purga pena en el Internado Judicial de El Rodeo I, en Guatire es-tado Miranda.

El infierno de MendozaRosa Mendoza, de 19 años de edad, (nombre fic-

ticio para proteger a la víctima), luego de la muerte de su padre, se trasladó de los Andes Venezolanos a am-

pliar su horizonte en Caracas. Allí encontró un cupo en la Universidad y comenzó a buscar empleo para cos-tearse los estudios.

Introdujo el currículo en varias agencias de em-pleo y al cabo de varios días recibió una llamada a través de la cual le informaban que había sido seleccionada para una entrevista de trabajo en Sabana Grande. Fue citada para las 10:00 de la mañana y con puntualidad se presentó al lugar.

Cuenta Mendoza que se disponía a subir las es-caleras del establecimiento de donde la habían llamado, cuando fue abordada por Jorge García, quien al verla le dijo que la entrevista la realizaría en un café, fuera de la agencia de empleo.

La víctima recuerda todo perfectamente hasta que se tomó el café. Jorge García, resultó ser más tarde Marco Antonio Martínez, quien vació en la bebida es-capolomina, mejor conocida como burrundanga, sus-


tancia de la cual se valió para abusar sexualmente de Mendoza en repetidas oportunidades en un hotel de la capital.

Cuando la joven de 19 años despertó en la habi-tación del hotel, a las tres de la madrugada de aquel 21 de mayo de 2008, estaba desorientada, sin saber si salir corriendo o suicidarse. Lo cierto es que en el cuarto aún se encontraba su victimario quien después de abusar de ella varias veces, bajó como si no hubiera pasado nada, le com-pró desayuno y luego antes despedirse volvió a violarla.

Antes de salir de la habitación Martínez le dijo a su víctima que no se fuera para su casa hasta el medio-día. Como pudo Mendoza llegó hasta su residencia y le contó a una amiga todo lo sucedido, por lo que ese mismo día la acompañó a colocar la denuncia ante la División de Investigaciones y Protección en Materia de Niño, Adolescente y Mujer del Cuerpo de Investigacio-nes Científicas, Penales y Criminalísticas.

Después de aquella terrible experiencia, lo menos que pensó la víctima fue volverse a topar con su agresor.

Tres días después, el destino se lo volvió a colocar en su camino. No obstante, ese día estaba acompañada por su amiga, quien de manera inmediata llamó a los funciona-rios del Cicpc para que efectuaran la detención.

En la cartera de Martínez encontraron el currícu-lo de Mendoza, que junto a otro cúmulo de evidencias presentadas por el fiscal 4° del Área Metropolitana de Caracas, Ismael Quijada, sirvieron para que el 22 de noviembre de 2008, el Tribunal 2° de Juicio de Violen-cia Contra la Mujer del Área Metropolitana de Cara-cas, lo condenara a 15 años de prisión, convirtiéndose en el primer sentenciado por violencia sexual, en caso de adulto, a partir de la aplicación de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En el informe médico presentado por los exper-tos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, recomiendan que Mendoza debe so-meterse a tratamiento psicológico y psiquiátrico a fin de superar las secuelas que dejó este hecho.

Casos2007 2008

AMC

Carabobo

Zulia

Sucre

Aragua

16.136

6.333

4.551

3.279

239

18.778

5.460

7.454

3.495

3.921

Violencia en cifras

Delitos más recurrentes 1. Violencia psicológica2. Violencia física3. Amenazas

Desde la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el 19 de marzo de 2007, el Ministerio Público ha creado 52 Fiscalías Especializadas en Materia de Violencia de Género, y próximamente abrirá otras 7 sedes, para un total de 59 despachos especializados.

[ 58 ] Ministerio Público | Institución

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, invitó a los funcionarios de la Institución a desarrollar el proyecto social consagrado en la Cons-titución de la República Bolivariana de Venezuela.

La titular del Ministerio Público acompañada de la Vice Fiscal, Iraida Alfonzo, y de su tren directivo, destacó que durante su gestión quiere lograr una Insti-tución inclusiva, participativa y cercana al ciudadano.

Tales señalamientos los realizó durante el acto es-pecial realizado con ocasión del 39 Aniversario del Día del Ministerio Público,

Hizo, asimismo, referencia al mensaje institucio-nal enviado a las Fiscalías Superiores del país, en el cual destacó parte de los logros alcanzados durante su pri-mer año de gestión, etapa “orientada a lograr cambios

profundos en este órgano garante de la constitucionali-dad y de la legalidad en Venezuela”.

En dicho mensaje, transmitido a través de un vi-deo en los distintos actos organizados por las Fiscalías Superiores, se refirió a la creación de la Unidad Antico-rrupción, la Escuela Nacional de Fiscales, las fiscalías municipales y las penitenciarias.

También, mencionó el programa para agilizar las causas que presentan retardo procesal; la incorporación de un fiscal auxiliar a cada despacho fiscal, el incremen-to en el número de despachos, los beneficios laborales otorgados a los funcionarios activos y jubilados del Mi-nisterio Público, entre otros logros.

Agregó que en el Ministerio Público se está cons-ciente del compromiso que significa ser integrante del

Un Ministerio Público inclusivo, participativo y cercano al ciudadano

Institución | Ministerio Público [ 59 ]

sistema de justicia venezolano “y vamos a poner el ma-yor empeño en dar las respuestas tangibles que el país está reclamando. Nuestra Misión, Visión y Valores son la filosofía que regirá este camino que hemos empren-dido para luchar contra la impunidad”.

Enfatizó en que “el Ministerio Público ha inicia-do una nueva etapa y en los próximos años, con toda seguridad, continuaremos inventando, ideando y apli-cando los cambios necesarios para alcanzar la justicia que todos los venezolanos anhelan”.

Afirmó que como Fiscal General ha asumido un compromiso de Estado “y pienso que, en la medida en que se desarrollen y se pongan en práctica los linea-mientos de ese proyecto social que recoge la Constitu-ción de la República Bolivariana de Venezuela, en esa

medida estaremos no sólo inspirados sino refundando la Patria que soñaron nuestros libertadores”.

Honor a quien honor mereceEn el acto, realizado en el Teatro del Círculo Mili-

tar de Caracas, se hizo la entrega post morten de la Or-den Estrella del Ministerio Público “Dr. Juan Germán Roscio”, a Carlos Enrique Lugo, fiscal 7° de Falcón, quien falleció el 20 de mayo de 2008.

Adicionalmente, Orden al Mérito del Minis-terio Público, en su primera clase, fue conferida a la para aquel entonces directora de la Escuela Nacional de Fiscales, Lesbia Bandres; a la fiscal 1° ante las salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Mercedes Prieto, y a la fiscal 27 nacional, Car-men Moreno.

La misma Orden en su 2° Clase fue otorgada a Je-sús Briceño, de la Dirección de Seguridad y Transporte; a María Martínez, de la Dirección de Asesoría Técnico-Científica, y Siria Mendoza, fiscal 25 de Aragua.

Luego, fueron entregados los botones por 30, 25, 20, 15 y 10 años de servicio a personal de la Institución. Así como los premios de los concursos de Fotografía Digital y de Cuentos.

La Fiscal General de la República recibió una pla-ca de parte del personal obrero y administrativo, por su labor profesional, valores y méritos.

Durante el acto por el 39 Aniversario del Día de la Institución se reconoció la labor de varios funcionarios

Texto: Lérida Marín GonzálezFoto: Jesús Del Rosario - Yesenia Pérez

[ 60 ] Ministerio Público | Cultura

Una síntesis sobre la trayectoria plástica del maestro Mateo Manaure, insigne creador contem-poráneo de nuestro país, fue plasmada en la muestra “El Hombre y el Artista”, que se realizó con en la plan-ta baja del edificio sede del Despacho de la Fiscal Ge-neral de la República.

En la exposición, realizada el pasado mes de no-viembre, se manifiestan las raíces indígenas y el valor primordial que el artista otorga a la mujer venezolana, especialmente a la mujer indígena: expresión máxima y pura de los orígenes de nuestro pueblo.

La muestra estuvo conformada por 14 piezas, obras coloridas que conjugan la sensibilidad y el resul-tado de una esmerada investigación e innovación en nuevas tendencias, que van desde lo abstracto hasta lo

figurativo y geométrico, lo cual convierten a este artista en un punto de referencia en el estudio de las bellas artes venezolanas.

Durante su discurso de inauguración, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, indicó que “es un honor para el Ministerio Público contar con la presencia del maestro Mateo Manaure a través de sus obras. Además, es una gran oportunidad para admirar el genio creador de este destacado pintor venezolano”.

“El Ministerio Público se viste de gala con esta exposición. Déjenme decirles que el maestro es des-cendiente del cacique Manaure, lo que se expresa en la contundencia de su voz. A título personal, he creído que Mateo Manaure es un libro, sabe de todo. Ojalá escritores venezolanos tuvieran la idea de recoger las

Mateo Manaure “El Hombre y el Artista”La exposición conformada por 14 destacadas pinturas se presentó en la planta baja del edificio sede del Despacho de la Fiscal General, ubicado frente a la plaza Parque Carabobo de Caracas

Texto: Alba Niño | Foto: Jesús Del Rosario

Cultura | Ministerio Público [ 61 ]

memorias de Mateo y posteriormente editarlas y con ello contribuir a enriquecer nuestro acervo cultural”.

Por su parte, el maestro Mateo Manaure agra-deció la oportunidad que le confirió la Fiscal General de la República para presentar parte de su vida en esta exposición. Indicó que ha dedicado su vida a vivir y a enfrentar los acontecimientos más importantes por los que ha pasado esta Venezuela de siempre, “pero hoy, esta Venezuela ha tenido un cambio de 180 grados. Hoy Venezuela es un país admirado por todo el mundo”.

Las destacadas pinturas que fueron exhibidas son: Mirando al cielo (2002), La Mujer y su Ídolo (2002), Trópico (2003), Cacique Manaure (2003), Paisaje del Orinoco (2002), Barranca del Orinoco (2001), Encuen-tro de Dos Mundos (2004), Arquitectura (2000), Tec-

nología del Futuro (2008), París en el Recuerdo (1948), La Selva (2003), Misterio de la Selva (2008), Mirando al futuro (2002) y La Asturiana (2002).

La muestra se presentó en el marco del Trigési-mo Noveno Aniversario de la celebración del Día del Ministerio Público.

[ 62 ] Ministerio Público | Vida

Las comunidades, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, entre otros, y los gobiernos del mundo han unido esfuerzos para la conservación del ambiente. La campaña Mil Millones de Árboles, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-biente, constituye una muestra de esas iniciativas que surgen contra el calentamiento global.

Ante esa realidad, el nuevo Ministerio Público, diri-gido por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, también busca impulsar la conservación del ambien-te. En ese sentido, como parte de las actividades organiza-das con ocasión al 39 Aniversario del Día de la Institución, funcionarios ubicados en Caracas y en los estados Bolívar, Lara, Mérida y Zulia plantaron 2.650 árboles.

Plantar un árbol para sembrar vida“Cuando plantamos árboles, plantamos las semillas de la paz y de la esperanza”, Wangari Maathai, Premio Nobel de la Paz 2004

Texto: Lérida Marín González | Foto: Jesús Del Rosario

Vida | Ministerio Público [ 63 ]

En Sintonía con el Ministerio Público

En Caracas el evento, denominado “Plantar un árbol”, estuvo encabezado por la Vice Fiscal General de la República, Iraida Alfonzo, acompañada de direc-tores y funcionarios del Ministerio Público; además de la diputada a la Asamblea Nacional, Flor Ríos, re-presentantes del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y de la Guardia Nacional, organismos que colaboraron en la realización de la actividad.

La Vice Fiscal añadió que se persigue tener un Ministerio Público que, además de cumplir con sus funciones como parte del sistema de justicia venezola-no, también esté cargado de calidad humana para trans-formar al Estado desde todos los escenarios posibles.

Asimismo, la directora de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental del Ministerio Público, Rosalba Melillo, destacó que esta Institución se une al esfuerzo mundial para evitar el cambio atmosférico.

Dijo que se conformó el Comité de Conserva-ción Ambiental del Ministerio Público, el cual se encar-

gará de vigilar el crecimiento de los árboles plantados durante la actividad.

“Plantar un árbol”, cuyo objetivo fue promover y fomentar la conciencia ambiental, además de contri-buir en la recuperación y mantenimiento de áreas urba-nas en el ámbito local y regional, se llevó a cabo en el puesto de guardaparques Llano Grande, sector El Mi-rador en el Parque Nacional El Ávila. En ese espacio, funcionarios del Ministerio Público, acompañados de sus hijos, procedieron a plantar un aproximado de 600 árboles de variadas especies, como caoba, araguaney, acacia y apamate.

Durante el acto, las autoridades presentes devela-ron una placa como recordatorio de la jornada.

Por otra parte, representantes del Ministerio Pú-blico en los estados Bolívar, Lara, Mérida y Zulia tam-bién organizaron actividades similares. En Bolívar fue-ron plantados 350 árboles; 1000 en Lara, 500 en Mérida y 200 en Zulia.


Como parte de los proyectos planteados a ejecutar durante este año y dentro de las actividades que se vienen desarrollando para acercarse más a las comunidades, el Ministerio Público continúa impulsan-do el rescate de la plaza Parque Carabobo, ubicada en la avenida México, en Caracas.

Para ello, la Dirección de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental, la Coordinación de Ges-tión Social y el Comité Conservacionista del Ministerio Público, conjuntamente con los consejos comunales, las juntas parroquiales, la comunidad educativa, la Escuela de Artes Cristóbal Rojas y los vecinos, se han venido reuniendo semanalmente para organizar diferentes acti-vidades culturales y deportivas con el fin de rescatar este importante espacio de esparcimiento para la comunidad de La Candelaria y las parroquias adyacentes.

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, destacó la importancia de esta Plaza como uno de los pocos espacios con que cuenta la comunidad de La Candelaria para su recreación.

Hacia el rescate de la Plaza Parque CaraboboEl Ministerio Público continúa organizando actividades culturales, deportivas y ambientales para rescatar este importante espacio de recreación de la ciudad

Texto: Alba Niño | Foto: Yesenia Pérez - Jesús Del Rosario

Vida | Ministerio Público [ 65 ]

Entre las actividades que se han desarrollado en este lugar, se encuentra la siembra de un individuo arbodio de la especie forestal Araguaney (Tabebuia Chrysantha), donado por la Misión Árbol del Minis-

terio del Poder Popular para el Ambiente, así como la recuperación de 7 islas, de aproximadamente 10 metros cuadrados cada una, de grama natural y lirios para darle armonía a este lugar de recreación.

Tanto los funcionarios del Ministerio Público como la comunidad de la parroquia La Candelaria, han participado en juegos deportivos como voleibol, fútbol sala, ping-pong, ajedrez y dominó.

Asimismo, los niños de la Unidad Educativa “Dr. Simón Planas Suárez” se han unido a estas jornadas y elaborado hermosos dibujos con acuarela, asistidos por sus maestras y recreadores de la Escuela de Artes Cris-tóbal Rojas, quienes, asimismo, han elaborado trabajos en cerámica (torno y arcilla), actividad dirigida por los profesores Fenier Pérez y Edgar Savala de dicho centro de estudios.


También, integrantes del Comité Conservacio-nista del Ministerio Público han pintado caritas a los pequeños presentes durante las actividades y con la colaboración de un importante grupo de representan-tes del Frente Nacionalista Peruano Bolivariano y su presidente, Máximo Flores, se han efectuado labores de limpieza y recolección de basura para embellecer los alrededores de esta Plaza.

La oportunidad ha sido propicia para que un grupo de estudiantes de dibujo y pintura de la referida escuela de artes, se incorporarán a estas jornadas y bajo la dirección de los profesores Dakar Blanco y Nerio Bastidas, han realizado muestras de sus trabajos.

De igual manera, jóvenes del Teatro “Penum-bra” de la Escuela de Artes, así como el actor Wol-mar Coronado de la agrupación teatral “Carisma” han dramatizado performances de varias obras de teatro, entre ellas, “Reflexión Gillete y Dove” y “Sucre: La Eterna Libertad”.

Es oportuno resaltar que la máxima titular del Ministerio Público ha hecho un llamado a los vecinos de La Candelaria y de las parroquias adyacentes a que participen en estos eventos para lograr el rescate no sólo de esta Plaza sino de otras de la ciudad.

No se puede dejar de mencionar los conjuntos que han deleitado al público con su música, ellos son: el grupo de música venezolana “Pedro Córdova y su Trío” y el grupo “Tambor y Punto” de Sarría.

Durante las actividades se entregaron cotillones a los pequeños que participaron en la elaboración de vitrales infantiles y pintura, al tiempo que la Brigada de Emergencia del Ministerio Público, dirigida por el jefe de Seguridad Industrial, José Luis Díaz, explicó las técnicas y los pasos a seguir al momento de prestar pri-meros auxilios.

El profesor de escultura Silvestre Chacón, en compañía de un grupo de estudiantes de la citada Es-cuela, expuso las técnicas del sistema de vaciado para el sistema de restauración de las obras que se encuentran en este espacio recreativo.

A estas actividades han asistido, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, la Vice Fiscal, Irai-da Alfonzo, directores, fiscales, funcionarios, integran-tes del Comité Conservacionista del Ministerio Público, representantes de diversos consejos comunales, juntas parroquiales y la comunidad en general.


AMAZONASAv. Rómulo Gallegos, c/Calle Melicio Pérez,Edif. Don Felipe, Puerto Ayacucho.Teléfono: (0248) 521.64.77

ANZOÁTEGUIAv. Municipal, Edif. Ministerio Público,frente al elevado de Puerto La Cruz.Teléfono: (0281) 260.03.68

APUREAv. Miranda, Calle Piar, Edif. C.C. Trinacria,San Fernando.Teléfono: (0247) 341.18.39

ARAGUACalle Páez, entre Calles Libertad y Carabobo,Edif. Ministerio Público, Maracay.Teléfono: (0243) 240.92.71

BARINASCalle Aranjuez, c/Av. San Luis, Edif. Ministerio Público, Barinas.Teléfono: (0273) 532.50.55

BOLÍVARC.C. Angostura, Av. 17 de diciembre,c/Calle Angostura, Ciudad Bolívar.Teléfono: (0285) 631.68.27

CARABOBOAv. 147, Urb. Carabobo, Torre INSOTI,(a media cuadra de la Av. Bolívar Norte), Valencia.Teléfono: (0241) 825.39.67

COJEDESAv. Sucre c/Calle Manrique, Edif. Raype II,PB 01, San Carlos.Teléfono: (0258) 433.65.68

DELTA AMACUROAv. Guasima, Edif. Sede del Ministerio Público, Tucupita.Teléfono: (0287) 721.47.33

DISTRITO CAPITALSede Operativa de los Fiscales del Área Metropolitana de Caracas.Av. Urdaneta, Esq. de Animas, Edif. del Ministerio Público, Nivel Avenida. CaracasTeléfonos: (0212) 408.72.00 / 409.67.56

FALCÓNAv. Manaure, cruce Esq. Av. Leonardo Ruiz Pineda, Edif. Ministerio Público, PB, Ofic. 01, Coro.Teléfono: (0268) 253.18.93

GUÁRICOAv. Los Llanos, Edif. Sede del Ministerio Público, San Juan de Los Morros. Teléfono: (0246) 431.12.39

LARAEsquina Calle 27, Carrera 17, Edificio Torre Orinoco, piso 4, Ofic. 4B, Barquisimeto.Teléfono: (0251) 232.57.51

MÉRIDAAv. 4 Bolívar, entre Calles 19 y 20, Edif. Ministerio Público, Mérida.Teléfono: (0274) 251.13.08

MIRANDACalle Maquilen, cruce con Negro Primero, Edif. Omega, PB, Los Teques.Teléfono: 323.59.24

MONAGASCalle Cedeño, Edif. Mil Mays, piso 1, Ofic. 2 Maturín.Teléfono: (0291) 642.40.46

NUEVA ESPARTAAv. 4 de Mayo, Edif. del Ministerio Público. Porlamar.Teléfono: (0295) 263.55.34

PORTUGUESAAv. Juan Fernandez de León, Edif. Duracenca, PB. Guanare.Teléfono: (0257) 253.02.60

SUCREPrimer Circuito (Cumaná). Av. Universidad, Edif. Ministerio Público.Teléfono: (0293) 452.05.61

Segundo Circuito. Calle Independencia, Edif. Funda Bermúdez, piso 3, Ofic. No. 1 Carúpano.Teléfono: (0294) 331.99.60

TÁCHIRAProlongación de la Quinta Av., Sector La Concordia, Edificio sede del Ministerio Público, San Cristóbal.Teléfono: (0276) 346.78.96

TRUJILLOAv. Independencia, Calle Profesional Rosas Bravo, frente a la Plaza Sucre, Trujillo.Teléfono: (0272) 236.53.72

VARGASEdif. CIAC, Nivel 2, Sector 7, Rampa 4, Terminal Auxiliar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar,Teléfono: 352.22.80

YARACUYEdif. Senmary, piso 1, 7ma. Av. entre calle 18 y Av. La Patria, San FelipeTeléfono: (0254) 231.48.09

ZULIAAv. 13 entre Calle 77, Boulevard 5 de julio y 78, Dr. Portillo, Edif. Ministerio Público, Maracaibo.Teléfono: (0261) 796.18.20


MINISTERIO PÚBLICO

Es la Institución encargada de ejercer la acción penal en nombre del Estado y, entre otras atribuciones, garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso. Está bajo la dirección de la Fiscal General de la República, quien ejercerá sus atribuciones directamente con el auxilio de los funcionarios que determine la Ley. Como parte integrante del Poder Ciudadano no podrá ser impedido ni coartado en el ejercicio de sus funciones por ninguna autoridad. Ejercerá sus atribuciones sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

2009 año de las luces para el m.p

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