18a b sesiÓn
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18a B SESIÓN(Vespertina)
MIÉRCOLES, 14 DE JULIO DE 1999
PRESIDENCIA DEL SEÑOR CARLOS BLANCO OROPEZA,
DE LA SEÑORA LUZ SALGADO RUBIANES DE PAREDES
Y
DEL SEÑOR RICARDO MARCENARO FRERS
SUMARIO
Se pasa lista.� Se reabre la sesión.� Se da cuenta de cincodictámenes.� Con modificaciones, se aprueba el texto susti-tutorio del Proyecto de Ley Nº 4915/98-CR, remitido por el Po-der Ejecutivo, contenido en el dictamen de la Comisión de In-fraestructura y Transporte, en virtud del cual se otorga facul-tades al Poder Ejecutivo para legislar por un plazo de 120 díasen materia de servicios de saneamiento.� Se aprueba la fór-mula sustitutoria del Proyecto de Ley Nº 4958/98-CR, remitidopor el Poder Ejecutivo, contenida en el dictamen unánime de laComisión de Economía, por el cual se modifica los artículos 21ºy 22º del Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, Texto Único Ordena-do de las normas que regulan la entrega en concesión al sectorprivado de las obras públicas de infraestructura y de serviciospúblicos.� Se aprueba el texto sustitutorio, contenido en el dic-tamen de la Comisión de Infraestructura y Transporte, del Pro-yecto de Ley Nº 4939/98-CR, remitido por el Poder Ejecutivo,mediante el cual se modifica le Ley Nº 12398, excluyendo áreasde tierras para ser adjudicadas a favor de Sedapar S.A. parala construcción de lagunas de oxidación.� Se aprueba, con unamodificación, el texto sustitutorio del Proyecto de Ley Nº 4858/98-CR, remitido por el Poder Ejecutivo, contenido en el dicta-men por mayoría de la Comisión de la Pequeña y Microempresa,en virtud del cual se establece que las entidades del Poder Eje-cutivo que desarrollan programas de apoyo social en el depar-tamento de Loreto pueden adquirir y contratar directamentebienes y servicios.� Se aprueba la fórmula original del Proyec-to de Ley Nº 4873/98-CR, dictaminado favorablemente por laComisión de Justicia por mayoría, mediante el cual se modifi-can los incisos 5) del artículo 361º del Código de Procedimien-
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�A las 17:00 horas, bajo la Presidencia del señorCarlos Blanco Oropeza e integrando la Mesa Di-rectiva la señora Luz Salgado Rubianes de Pare-des, el Relator pasa lista, a la que contestan losseñores Miguel Grau Seminario(1), Alva Orlan-dini, Amorín Bueno, Barba Caballero, BartraGonzáles, Campos Baca, Cardoso Romero, ColchadoArellano, Coral Pérez, Chang Ching, Chávez Cossíode Ocampo, Chávez Serrano, Chiroque Ramírez,Chu Rubio, Delgado Aparicio, Estrada Choque,Estrada Pérez, Ezquerra Cáceres, Fernández Bacade Valdez, Ferrero Costa, Flores-Araoz Esparza,Flores Flores, Guerra-García, Hermoza Ríos, Hil-debrandt Pérez Treviño, Huamanchumo Rome-ro, Jhong Junchaya, León Trelles, Lozada de Gam-boa, Llerena Marotti, Medelius Rodríguez, Mella-do Céspedes, Merino Lucero, Núñez Román, PandoPacheco, Patsías Mella, Pulgar Lucas, QuicañaAvilés, Ramos Santillán, Reátegui Trigoso, RetoNeyra, Revilla Jurado, Reynafarje Abensur, RuizCaro Alvarez, Salazar Vargas, Samalvides Dongo,Sánchez Vega, Sato Abe, Vargas Marín, Vega Ascen-cio, Velásquez Quesquén, Velásquez Ureta, VelitNúñez, Vicuña Vásquez, Vidarte Correa, VilchezMalpica, Villasante Chambi, Zevallos Ríos y Zu-maeta Flores.
Ausentes con licencia, los señores Lam Alvarez,Rey Rey, Salazar Larraín y Umezawa Yokoyama.
Ausentes con aviso, los señores Amurúz Galle-gos, Avendaño Valdez, Baella Tuesta, Cerro Mo-ral, Chirinos Soto, Díaz Bringas, Flores Nano,Gutiérrez Mercedes, Larrabure Gálvez, MohmeLlona, Pardo Mesones, Sandoval Aguirre y To-rres y Torres Lara.
Ausentes, los señores Barbarán Rengifo, ChipocoCáceda, Donayre Lozano, Forsyth Mejía, GamarraOlivares, Mantilla Campos, Matsuda Nishimura,Reggiardo Sayán y Trelles Montero.
Suspendidos, los señores Abanto Pongo y LajoLazo.
En el Gabinete Ministerial, el señor Joy Way Rojas.
Reiniciada la sesión, ingresan los señores MarcenaroFrers, Aliaga Araujo, Barrón Cebreros, BreñaPantoja, Cáceres Velásquez, Castillo Chirinos, Ciccia
Vásquez, Del Castillo Gálvez, Díaz Díaz, Diez-Canseco Cisneros, Espichán Tumay, EspinozaMatos, Fernández Bustinza, Figueroa Vizcarra,Ghilardi Alvarez, Grados Bertorini, Heresi Abdel-nour, Martorell Flores, Morales Costa, Muñiz Ziches,Noriega Febres, Olivera Vega, Pease García, RodasDíaz, Ruiz Dávila, San Román Cáceres, Santa María,Siura Céspedes, Torrejón Riva de Chincha, Town-send Diez Canseco y Urrelo Guerra.
El señor PRESIDENTE.� Señores congresis-tas: Vamos a proceder al registro electrónico dela asistencia; para este efecto, si fueran tan ama-bles de presionar cualquiera de los tres botonesque se encuentran en sus escaños.
�Además de contestar a la lista, los seño-res congresistas registran su asistenciamediante el sistema electrónico.
El señor PRESIDENTE.� Se encuentran pre-sentes en la Sala 60 señores congresistas. El quó-rum reglamentario para esta sesión es de 57.
Con el quórum reglamentario, se reabre la se-sión.
Se va a dar cuenta de unos dictámenes llegados ala Mesa.
El RELATOR da lectura:
Dictámenes
De la Comisión de Infraestructura y Transporte,por unanimidad, insistiendo en la fórmula susti-tutoria, que consta de seis artículos, propuesta enel dictamen recaído en el Proyecto de Ley Nº 4368/98-CR, de la señora Lozada de Gamboa y señoresUrrelo Guerra, Sánchez Vega y HuamanchumoRomero, en virtud del cual se propone autorizar ala empresa Sociedad Paramonga Ltda. S.A. en li-quidación la adjudicación en venta directa de inmue-bles de su propiedad de uso no operativo.
El señor PRESIDENTE.� Al Orden del Día.
El RELATOR da lectura:
De la Comisión Agraria, por mayoría, recomen-dando la aprobación del Proyecto de Ley Nº 4886/
(1) Por R.L. Nº 23680 (13/10/83), se dispone permanentemente una curul, en el Hemiciclo del Congreso, con el nombre del Diputado MiguelGrau Seminario. La lista de asistencia comenzará con el nombre del Héroe de la Patria, MIGUEL GRAU SEMINARIO, tras cuyo enunciadola Representación Nacional dirá ¡PRESENTE!
tos Penales y 4) del artículo 690º del Código de Justicia Militar,con el fin de establecer un plazo de seis meses para la interposi-ción del recurso de revisión.� Se suspende la sesión.
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98-CR, del señor Chang Ching, por el que se pro-pone dar fuerza de ley al Decreto Supremo Nº017-99-AG, que modifica la denominación delProyecto Especial Olmos e incorpora tierras eriazasa los bienes del Estado.
El señor PRESIDENTE.� Al Orden del Día.
El RELATOR da lectura:
De la Comisión Agraria, por mayoría, plantean-do una fórmula sustitutoria que consta de 35artículos, tres disposiciones complementarias fi-nales, cuatro disposiciones complementarias tran-sitorias y una disposición complementaria dero-gatoria, respecto de las observaciones formula-das por el Poder Ejecutivo a la Autógrafa de Leyde los Proyectos de Ley Núms. 4011 y 4283/98-CR, que proponen la Ley General de Semillas.
El señor PRESIDENTE.� Al Orden del Día.
El RELATOR da lectura:
De la Comisión de Defensa Nacional, Orden In-terno e Inteligencia, por unanimidad, plantean-do una fórmula sustitutoria que consta de 65artículos, siete disposiciones complementarias,once disposiciones transitorias, siete disposicio-nes finales, que aceptan las observaciones for-muladas por el Poder Ejecutivo a la Autógrafa deLey de los Proyectos de Ley Núms. 3929, 3965,4175, 4177 y 4528/98-CR, que proponen la Leydel Servicio Militar.
El señor PRESIDENTE.� Al Orden del Día.
El RELATOR da lectura:
De la Comisión de la Pequeña y Microempresa,por mayoría, proponiendo fórmula sustitutoriaque consta de cinco artículos y tres disposicionescomplementarias y transitorias, recaída en el Pro-yecto de Ley 4858/98-CR, del Poder Ejecutivo, queestablece que las entidades del Poder Ejecutivoque desarrollen programas de apoyo social en eldepartamento de Loreto puedan adquirir y con-tratar directamente bienes y servicios; y, en mi-noría, del señor Baella, que propone modifica-ciones al proyecto.
El señor PRESIDENTE.� Al Orden del Día.
(Ley Nº 27164)Con modificaciones, se aprueba el textosustitutorio del Proyecto de Ley Nº 4915/98-CR, remitido por el Poder Ejecutivo, con-tenido en el dictamen de la Comisión de In-fraestructura y Transporte, en virtud del
cual se otorga facultades al Poder Ejecuti-vo para legislar por un plazo de 120 días en materia de servicios de saneamiento
El señor PRESIDENTE.� Vamos a continuarcon el Proyecto de Ley Nº 4915/98-CR.
El RELATOR da lectura:
Dictamen de la Comisión de Infraestructura yTransporte, recaído en el Proyecto de Ley Nº 4915/98-CR, remitido por el Poder Ejecutivo, en vir-tud del cual se otorga facultades por 120 días alPoder Ejecutivo para legislar en materia de ser-vicios de saneamiento.(*)
El señor PRESIDENTE.� En debate el textosustitutorio contenido en el dictamen de la Co-misión de Infraestructura y Transporte, recaídoen el Proyecto de Ley Nº 4915/98-CR.
Puede hacer uso de la palabra la señora Lozadade Gamboa, presidenta de la Comisión informante,por el término de diez minutos.
La señora LOZADA DE GAMBOA (C90-NM).�Muchas gracias, señor Presidente.
Ha ingresado a la Comisión de Infraestructura yTransporte el Proyecto de Ley 4915, remitido porel Poder Ejecutivo, en el que solicita delegaciónde facultades para legislar en materia de los ser-vicios de saneamiento.
La Comisión de Infraestructura y Transporte havenido analizando durante los últimos meses laproblemática del sector saneamiento en el país.Inclusive, después de la dación de la Ley 27045,tuvimos la oportunidad de reunir, en una sesiónordinaria de la Comisión, a todos los presidentesde las juntas empresariales �los que en la mayo-ría de los casos son señores alcaldes provincia-les�, como también a gerentes generales, presi-dentes de directorio y funcionarios que están re-lacionados con la administración del sector sanea-miento.
En esa reunión se manifestaron todos los proble-mas que existían en las empresas prestadoras delservicio, los cuales creemos que deben ser de co-nocimiento de los señores congresistas.
Queremos, en primer lugar, manifestar que, des-de la transferencia de las empresas de agua pota-ble y alcantarillado a los municipios del país, enel año 1992, la situación actual de estas empre-sas es la siguiente:
En primer lugar, de los 24,5 millones de habitan-tes del Perú, tenemos que el 67 por ciento se en-
(*) El texto del documento obra en los archivos del Congreso de la República.
2288
cuentra en el área urbana y el 33 por ciento en elárea rural; el 86 por ciento es atendido por empre-sas prestadoras de servicios y el 14 por ciento, porotro tipo de empresas. Ello significa que 14,1 mi-llones de personas en el país tienen servicios deagua potable y alcantarillado. (Ver cuadro 1.)
En el Perú existen 45 empresas prestadoras deservicios; de las cuales, 44 son empresas munici-pales y una, que es Sedapal, está bajo responsa-bilidad del Gobierno Central. (Ver cuadro 2.)
De acuerdo a la Ley General de Saneamiento, paraque se puedan conformar empresas, tienen que
haber por lo menos 210 mil conexiones domici-liarias. Es así que tenemos a Sedapal, que tienemás de 950 mil instalaciones domiciliarias. (Vercuadro 3.)
Tenemos empresas con más de 30 mil conexio-nes domiciliarias y menos de 200 mil; entre lasque se encuentran Sedapar de Arequipa, EPSTacna, EPS Grau, Seda Cusco, Epsel, Seda Liber-tad, Seda Chimbote, EPS Loreto. Así también exis-ten empresas que tienen más de 10 mil y menosde 30 mil conexiones domiciliarias, y otras em-presas con menos de 10 mil conexiones domici-liarias.
SEDALORETO
EMAPACOP
SEDAPAR
ESAMO
EMPSSAPAL
SEDA CUSCO
EMAPAT
EPS TACNA
EMAPAY
NOR PUNO
EMSA PUNO
SEDA ILO
EMAPAVIGNA
EMAPICA
EMAPISCO
SEMAPACH
EMAPA CAÑETE
SEDAPAL
EMAPA HUARAL
SEMAPA BARRANCA
EMAPA HUACHO
EPS CHAVÍN
SEDA CHIMBOTE
SEDALIB
EPSEL
EPS GRAU
EMAFAPA TUMBES
EPS MARAÑÓN
EMAPAB
EMAPAU
EMUSAP AMAZONAS
EPS MOYOBAMBA
EMAPA SAN MARTIN
EMAPA PASCO
SEDA HUANUCO
EPS MANTARO
SEDACAJ
De las
45
EPS...
44 son
municipales
...y una, SEDAPAL, está
bajo responsabilidad del
gobierno central
(Cuadro 1)
(Cuadro 2)
Población rural
33%Población
urbana
67%
Ate ndida s por
EP S
86%
Ate ndida s por
Otros
14%
De los 24,5 millones de
habitantes del Perú
Lo cual viene a ser 14,1
millones de personas
2289
En el Perú tenemos 194 provincias; de las cua-les, 30 son rurales y 164 son urbanas; 94 se en-cuentran en el ámbito de las empresas prestadorasde servicios, pero 70 provincias son atendidas pormunicipios, juntas administradoras u otras. (Vercuadro 4.)
De esta manera, podemos ver en el mapa que seencuentra a la vista de los señores congresistasque las empresas de saneamiento correspondena las zonas de color blanco; las de color celestecorresponden a aquellos ámbitos que están sien-do atendidos por empresas de servicios de sanea-
(Cuadro 3)
(Cuadro 4)
NºOrd. EMPRESAS Conexiones
Totales
(Conexiones)
1 SEDAPAL 959 356
1 SEDAPAR S.A 146 918
2 EPS TACNA S.A 41 849
3 EPS GRAU S.A 141 528
4 SEDA CUSCO S.A 33 234
5 EPSEL S.A 95 886
6 SEDALIB 102 226
7 SEDACHIMBOTE 47 364
8 EPS LORETO S.A 42 206
1 SEDACAJ S.A 20 078
2 EMAPA CAÑETE S.A 15 548
3 EMAPA SAN MARTIN S.A 24 567
4 SEDAHUANUCO 19 070
5 EPS AYACUCHO S.A 21 578
6 EPS CHAVIN S.A 15 125
7 EMSA PUNO S.A 19 475
8 EMAPA HUARAL S.A 10 327
9 EPS SEDA ILO 10 097
10 SEDAJULIACA S.A 23 570
11 EMAPA HUACHO S.A 16 021
12 SEMAPACH S.A 23 382
13 EPS EMAPICA S.A 25 455
14 EPS SELVA CENTRAL S.A 12 224
15 [ EMAPISCO S.A ] 12 934
16 EMAPACOP S.A 14 664
17 EMAFAPA TUMBES 26 469
1 EMAPAT S.R. LTDA. 4 708
2 EMUSAP AMAZONAS S.A 3 162
3 EMPSSAPAL S.A 6 320
4 EMAQ S.R. LTDA. 3 189
5 EPS MOYOBAMBA S.A 7 247
6 EPS MANTARO S.A 9 964
7 EPS EMSAP CHANKA S.A 2 502
8 EPS NOR PUNO S.A 1 655
9 [ EMAPA Y S.R. LTDA ] 2 720
10 EPS MOQUEGUA S.R. LTDA 7 917
11 EMAPAU S.R. LTDA 3 774
12 EMUSAP ABANCAY S.A 5 887
13 SEMAPA HUANCAVELICA 3 560
14 SEMAPA BARRANCA S.A 9 529
15 [ SIERRA CENTRAL S.A ] 5 618
16 EMAPAVIGNA 5 180
17 EPS MARAÑON S.R.L 3 492
EMPRESAS CON MENOS DE 10 000 CONEXIONES
EMPRESAS CON MÁS 200 000 CONEXIONES
EMPRESAS CON MÁS DE 30 000 Y MENOS DE 200 000 CONEXIONES
EMPRESAS CON MAS DE 10 000 Y MENOS DE 30 000 CONEXIONES
2289
El Perú tiene 194
provincias
De las cuales 30 son
rurales
..y 164 urbanas.
70 provincias son atendidas
por los municipios, juntas
administradoras u otras.
94 se encuentran en el
ámbito de las EPS; pero...
´
APLICACIÓN DE LA LEY 26338
�EMPRESAS
�AÑO Nº EMPRESAS Nº PROVINCIAS
�1994 38 empresas 79 provincias
�1998 45 empresas 94 provincias
�Las provincias son las que están efectivamenteadministradas por EPS.
�Se ha tomado como base de referencia el año 1994, debido aque en ese año fue dada la Ley General de Servicios deSaneamiento.
�Estas empresas son las que se encuentran legalmentefuncionando e incluyen a SEDAPAL.
miento no municipal; y las de color verde corres-ponden a aquellos ámbitos que están por ser ad-ministrados por las empresas de saneamiento. Osea, tenemos diferentes realidades ante diferen-tes problemáticas en el sector saneamiento.
Asimismo, tomando como referencia los resulta-dos del Censo Nacional de Vivienda de 1993, lapoblación nacional por nivel socioeconómico tie-ne la siguiente representación: 74 por ciento esde un nivel bajo, 13 por ciento es de un nivel mediobajo, 7 por ciento es de nivel medio, 5 por cientoes de nivel medio alto y 1 por ciento es de nivelalto. (Ver cuadro 5.)
El reto que todos tenemos en el sector saneamientoes que se pueda dar a la población la mejor cali-dad de servicio con un mínimo costo.
En el año 1994 se dio la Ley General de Serviciosde Saneamiento, y a partir de ese año se ha idocreando una serie de empresas prestadoras deservicios. Es así como tenemos que, si en 1994había 38 empresas en 79 provincias, al año 1998hay 45 empresas en 94 provincias. (Ver cuadro6.)
Las provincias son las que están, efectivamente,administradas por las empresas prestadoras deservicios. Se ha tomado como base el año 1994
porque fue cuando se dio la Ley General de Ser-vicios de Saneamiento. Estas empresas son lasque se encuentran actualmente funcionando, eincluyen a la empresa Sedapal, de Lima.
También es necesario que los señores congresis-tas conozcamos cuál es la calidad del servicio delas empresas prestadoras de agua potable. Es asíque tenemos un promedio nacional de coberturade agua potable del 75,95 por ciento. (Ver cuadro7.)
Esto es algo muy importante, porque en los diezúltimos años se ha podido incrementar de un 70por ciento a un 75,95 por ciento la población aten-dida con el servicio de agua potable. Ello ha sidogracias a las obras de infraestructura de aguapotable que se vienen realizando. En ese senti-do, los recursos del Fonavi sirvieron para que unaserie de poblaciones puedan contar con este re-curso, el cual era mucho más escaso antes de ladécada que está por terminar.
Asimismo, en lo que se refiere al alcantarillado,el promedio de población atendida con este ser-vicio es de 60,55 por ciento. En este tema, en laúltima década también se ha podido incremen-tar este servicio de 40 a 60,55 por ciento. Ellotambién ha sido posible gracias al sistema de prés-tamo, a través de los recursos del Fonavi, direc-
Tomando como referencia los resultados delIV Censo Nacional de Vivienda de 1993...
POBLACIÓN NACIONAL POR NIVEL SOCIO-ECONÓMICO
74%
13%
7% 5% 1% Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
Reto: Lograr soluciones de mínimo costoque estén al alcance de la población.
22902290229022902290
(Cuadro 5)
(Cuadro 6)
Cobertura de agua potable
SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN
COBERTURA DE AGUA POTABLE A
DICIEMBREDE 1998
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
EPS SEMAPACH
SEMAPA BARRANCA
EMUSAP AMAZONAS
EMAPA YUNGUYO
EMAPA HUACHO
EPS TACNA
EPS MANTARO
ESAMO
SENDACAJ
EPS GRAU
EMAPA CAÑETE
EPS MOYOBAMBA
EMAPA TUMBES
SEDAPAL
EMAPAT SA
EMPSSAPAL
EMAPA SAN MARTÍN
EMAPA UTCUBAMBA
EPS SEDA ILO
EPS AYACUCHO
EPS CHAVÍN
EPS SELVA CENTRAL
EMSA PUNO
SEDALIB
SEDA CHIMBOTE
EMAPA HUARAL
SEDA LORETO
SEDA JULIACA
EPSEL
EPS EMAPICA
EPS SIERRA CENTRAL
SEDA CUSCO
EMAPA PASCO
EMUSAP ABANCAY
EMAQ SA
SEDA HUÁNUCO
SEMAPA HUANCAVELICA
EPS
%
SUNASSIntendencia de Tarifas
Promedio Nacional
75,95%
2291
(Cuadro 7)
(Cuadro 8)
´
´
´
´
y alcantarillado...
SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN
COBERTURA DE ALCANTARILLADO ADICIEMBRE DE 1998
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
SEMAPA BARRANCA
EMAPA HUACHO
EPS TACNA
SEDAPAL
EMAPA CAÑETE
EMUSAP A MAZONAS
EPS GRAU
SENDACAJ
SEDA CHIMBOTE
EPS SEDA ILO
EPS MOYOBAMBA
SEDALIB
SEDA JULIACA
EPS EMAPICA
EMAPA SAN MARTÍN
EPSEL
EPS CHAVÍN
EPS MANTARO
EMAPA UTCUBAMBA
SEDA LORETO
EMSA PUNO
EMAPA YUNGUYO
EPS SELVA CENTRAL
EPS AYACUCHO
EPS SEMAPACH
EMUSAP ABANCAY
EMAPA PASCO
EMAPA TUMBES
SEMAPA HUANCAVELICA
EMAQ SA
SEDA CUSCO
EPS SIERRA CENTRAL
EMAPAT SA
SEDA HUANUCO
EPS
%
SUNASSIntendencia de Tarifas
Promedio Nacional
60,55%
´
´
´
´
2292
La continuidad en el
suministro de agua
potable...
SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓNCONTINUIDAD PROMEDIO DEL SERVICIO A
DICIEMBRE DE 1998
0 4 8 12 16 20 24
EMAQ SA
EPS MOYOBAMBA
EMUSAP AMAZONAS
EPS CHAVÍN
EMAPAT SA
SENDACAJ
EMPSSAPAL
SEDA HUANUCO
EPS SELVA CENTRAL
EPS MANTARO
EMAPA CAÑETE
EPS AYACUCHO
SEMAPA HUANCAVELICA
EMAPA SAN MARTÍN
EMSA PUNO
EMAPA YUNGUYO
EMUSAP ABANCAY
SEDAPAL
EPS GRAU
ESAMO
SEDA LORETO
EPS TACNA
SEDA CUSCO
EMAPA TUMBES
EMAPA HUACHO
SEDA JULIACA
EPSEL
SEDA CHIMBOTE
SEMAPA BARRANCA
EPS SEDA ILO
EMAPA UTCUBAMBA
SEDALIB
EPS SEMAPACH
EP
S
HRS./DIA
SUNASSIntendencia de Tarifas
Promedio Nacional
14,86 horas/día
tamente a las empresas que dan este servicio y ala población organizada. (Ver cuadro 8.)
En el país, la continuidad en el suministro de aguapotable y alcantarillado tiene un promedio nacio-nal de 14,86 horas por día, habiendo empresas quetienen cinco a seis horas diarias y algunas �muypocas empresas, por cierto� que tienen un servi-cio de 24 horas por día. (Ver cuadro 9.)
Sin embargo, el nivel de producción per cápitade agua potable en el país es de 281 litros porhabitante/día. El promedio internacional es de250 litros por habitante/día, y en el Perú seríasuficiente con una producción de 160 a 200 litrospor habitante/día debido a la idiosincrasia denosotros, los peruanos. (Ver cuadro 10.)
Pero hay una contradicción entre el promedionacional de producción de agua potable y alcan-
tarillado y la población que cuenta con ese servi-cio, así como con las horas en que se presta elservicio de agua potable y alcantarillado a la po-blación.
En el siguiente cuadro nosotros vamos a com-probar la relación que existe entre la conti-nuidad y la producción per cápita. (Ver cuadro11.)
Con esa cantidad de agua, un mayor número depobladores debería tener ese servicio, pero no esasí. La aparte en azul corresponde a la cantidadde horas en que algunas empresas prestan esteservicio, y tenemos ejemplos: Senda Cajamarcatiene 21 horas al día de agua potable, y 241 litrospor habitante/día; Emapa Tumbes da 11 horasde agua al día, y tiene una producción de 541 li-tros por habitante/día. Quiere decir que los nive-les de producción son superiores a los que real-
(Cuadro 9)
2293
La producción per cápita...
INDICADORES DE GESTIÓN
PRODUCCIÓN PER CÁPITA
1998
0 100 200 300 400 500 600
EPS CHAVÍN
EMAPA TUMBES
SEDA HUÁNUCO
EPS SELVA CENTRAL
SEDAPAL
EPS MANTARO
EPS AYACUCHO
EMUSAP ABANCAY
SEDA CHIMBOTE
EPS SEDA ILO
EMAPA CAÑETE
EMUSAP AMAZONAS
EPS EMAPICA
SEDA LORETO
ESAMO
EMAPA PASCO
EMAPA HUACHO
SEMAPA BARRANCA
EPS MOYOBAMBA
SEDALIB
EPS GRAU
EMAPA SAN MARTÍN
EMAPAT SA
SEDA CUSCO
SENDACAJ
EMAPA UTCUBAMBA
EMAQ SA
EMPSSAPAL
EPS TACNA
EPSEL
EMSA PUNO
EMAPA YUNGUYO
SEDA JULIACA
EPS
l/h/d
SUNASS
Intendencia de Tarifas
Promedio Nacional
281 lphd
La eficiencia con la que operan las EPS presentan
estos casos típicos...
21 hrs
241 lhd
13 hrs
306 lhd
6 hrs
280 lhd
8 hrs
359 lhd
11 hrs
541 lhd
0%
50%
100%
150%
200%
250%
SEMDACAJ SEDALORETO SEDALIB SEDACHIMBOTE EMFAPA TUMBES
RELACIÓN ENTRE PRODUCCIÓN PER CÁPITA Y
CONTINUIDAD DEL SERVICIO
(Cuadro 11)
(Cuadro 10)
´
SENDACAJ
2294
mente necesita la población, pero este serviciono llega al usuario.
Además, lo peor es que solamente una parte deeste volumen de agua es el que se factura, por-que el promedio nacional del agua potable que sefactura en el Perú es de 45,18 por ciento; o sea,más del 50 por ciento del agua potable es produ-cida y no es facturada, y esto se debe a los proble-mas que existen, especialmente, en la falta demacro y micro medición, como también a la faltade programas de control de pérdidas que se de-ben aplicar en todas las empresas de saneamien-to. (Ver cuadro 12.)
Y algo que es peor aun: en este cuadro vemosque se cobra solamente una parte de lo que sefactura. Existe un promedio de morosidad, en elpago de los recibos de agua, de 5,81 meses. Estoquiere decir que se tiene acumuladas cuentas porcobrar, que son equivalentes a varios meses de
facturación, en la mayoría de las empresas de aguapotable. Ello hace que la administración y la si-tuación económico financiera de las empresas sean,definitivamente, deficitarias. (Ver cuadro 13.)
Es así como tenemos, en el siguiente cuadro, quela cobertura de los costos por los ingresos operativoses totalmente insuficiente. Las empresas gastanmás en la producción de agua de lo que puedenrecuperar. En muchos casos, ello es porque noexiste un tratamiento técnico de las empresas deagua potable y, más bien �en muchos casos�,porque existe un manejo politizado de las em-presas de agua potable, lo cual ha hecho que cai-gan los niveles de eficiencia que deberían existiren todas estas empresas. (Ver cuadro 14.)
En cuanto a los niveles de endeudamiento, debomanifestar que existe una relación del pasivo nocorriente �es decir, aquellas deudas de medianoy largo plazo� con los ingresos operacionales.
(Cuadro 12)
INDICADORES DE GESTIÓN
AGUA NO FACTURADA 1998
0 10 20 30 40 50 60 70 80
EMAPA TUMBES
EMAPA UTCUBAMBA
EPS SELVA CENTRAL
EPS CHAVÍN
EPS MANTARO
SEDA HUÁNUCO
EPS SEDA ILO
EPS AYACUCHO
SEDA LORETO
EMAPA PASCO
EPS EMAPICA
EMAPA CAÑETE
EMUSAP ABANCAY
EPS GRAU
EMAPA YUNGUYO
SEDA CHIMBOTE
EPS MOYOBAMBA
EMAPA HUACHO
SEDAPAL
EMUSAP AMAZONAS
SEDALIB
ESAMO
EMPSSAPAL
SEDA CUSCO
EPSEL
EMAPA SAN MARTÍN
SEDA JULIACA
EMAPAT SA
SENDACAJ
EMSA PUNO
EPS TACNA
EPS
%
SUNASS
Intendencia de Tarifas
Promedio Nacional
45,18%
Sólo una parte del volumen
que se produce se factura...
2295
(Cuadro 13)
(Cuadro 14)
SISTEMA DE INDICADORES DEGESTIÓN
NIVEL DE MOROSIDADA DICIEMBRE 1998
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
EMAPA TUMBES
EMAPA YUNGUYO
ESAMO
SEDALIB
SEDA LORETO
SEDA JULIACA
EMAPA UTCUBAMBA
EMAPA HUACHO
EPSEL
EMAPA CAÑETE
SEMAPA BARRANCA
SEDAPAL
EPS SEMAPACH
SEDA CHIMBOTE
EPS SEDA ILO
EPS GRAU
EPS SELVA CENTRAL
EPS SIERRA CENTRAL
SEDA CUSCO
EPS CHAVÍN
EMAPA PASCO
SEDA HUÁNUCO
EMAPAT SA
EPS TACNA
SEMAPA HUANCAVELICA
EMUSAP ABANCAY
EMAPA SAN MARTÍN
EPS AYACUCHO
EMUSAP AMAZONAS
EPS MOYOBAMBA
EMPSSAPAL
SENDACAJ
EMSA PUNO
EPS MANTARO
EPS
Meses
SUNASSIntendencia de Tarifas
... y solamente una parte
de lo que se factura se
cobra...
... acumulando cuentas
por cobrar equivalentes
a varios meses de
facturación.
Promedio Nacional
5,81 meses.
Cobertura de los Costos
por los Ingresos
Operativos...
SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN
RELACIÓN DE TRABAJO 1998
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80EMAPA TUMBESSEDA JULIACA
EMAPAVIGSA (*)EMSA PUNO (*)SEDA LORETO
EMAPA BAGUAEPS MOYOBAMBA
EPS SELVA CENTRALEPS GRAU (*)
EMAPA PISCO (*)EMAPA CAÑETE
ESAMOSEMAPA HUANCAVELICA (*)
SENDACAJEPSEL (*)
SEMAPA BARRANCA (*)EPS MARAÑON
EMUSAP AMAZONASSEDALIB (*)
EMUSAP ABANCAYEMAPA HUACHO
EPS SIERRA CENTRALEMAPA SAN MARTÍN
EMAPACOPEPS MANTAROEMAPA PASCO
SEDA HUÁNUCOSEDAPAR
EPS AYACUCHOEPS SEDA ILOSEDA CUSCO
EMAPA YUNGUYOEMAPAT SAEPS CHAVÍN
EMAPA UTCUBAMBA
EMPSSAPALSEDA CHIMBOTEEPS SEMAPACH
EPS TACNASEDAPAL
EPS
SUNASSIntendencia de Tarifas
(*) incluye depreciación
2296
Esto también tiene relación con el gráfico ante-rior, pues tiene un remanente para cubrir en elpasivo no corriente. (Ver cuadro 15.)
En este caso, por ejemplo, si las empresas dispu-sieran del 10 por ciento de los remanentes engeneral para que cubran los pasivos no corrien-tes, habría un gran número de empresas que es-tarían comprometiendo durante más de 10 añossu margen para cubrir deudas. Existen casos muydelicados, como es el de Emapa Tumbes, quenecesitaría de 80 a 90 años para poder pagar lasdeudas que tiene por el financiamiento de las obrasde las que ya se ha servido.
En la mayoría de los casos, el mayor componentede la deuda de largo plazo son los créditos que sehan otorgado a través del Fonavi, y esta situa-ción se agrava y se acentúa más por la deuda queha sido contraída por los usuarios.
En el cuadro vemos, en color naranja, las deudascontraídas por las empresas y, en color azul, porlos usuarios. Ello hace que sea realmente muydifícil que en este momento las empresasprestadoras de servicios puedan tener mayoresniveles de endeudamiento. (Ver cuadro 16.)
Sin embargo, sí existe la capacidad de endeuda-miento del Gobierno Central, porque éste tiene
como prioridad el tema social y la elevación delos niveles de vida de la población En este senti-do, dotar a la población del servicio de agua pota-ble y alcantarillado es una inquietud y un inte-rés del Gobierno Central, a pesar de que se tratade empresas municipales.
En la mayoría de las empresas, la calidad de laprestación de los servicios de saneamiento pre-senta aún deficiencias. Se podría ofrecer un ser-vicio de mejor calidad y obtener mayores ingre-sos si las empresas prestadoras de servicios pu-dieran hacer un mejor aprovechamiento de lainfraestructura existente.
Asimismo, el área de comercialización de lasempresas prestadoras de servicios es la que ma-yores deficiencias tiene, porque solamente se fac-tura una pequeña proporción de lo que se produ-ce. A esto se suma la baja eficiencia en la cobran-za, que sólo le permite recaudar una parte de loque se factura.
Para mejorar la calidad del servicio y el nivel deeficiencia operativa y su propia situación finan-ciera, las empresas prestadoras de servicios re-quieren realizar inversiones; pero actualmentecasi todas generan poco margen y tienen com-prometida su capacidad de inversión por variosaños.
(Cuadro 15)
Endeudamiento...
SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN
PASIVO NO CORRIENTE / INGRESOS
OPERACIONALES 1998
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SEDA JULIACA
EMAPA TUMBES
EPS CHAVÍN
EMUSAP AMAZONAS
EMAPA UTCUBAMBA
EPS SEDA ILO
ESAMO
SEDA CUSCO
EMAPA SAN MARTÍN
EMSA PUNO
SEDALIB
EPSEL
EMAPACOP
SEDAPAR
SEMAPA BARRANCA
EMAPAVIGSA
EPS GRAU
EMAPA CAÑETE
EMAPA PISCO
EPS MARAÑON
EPS SEMAPACH
SEDA CHIMBOTE
SEDAPAL
SEDA LORETO
EPS AYACUCHO
EPS MANTARO
SEDA HUÁNUCO
EPS MOYOBAMBA
EMAPA HUACHO
EPS SELVA CENTRAL
EPS SIERRA CENTRAL
EPS TACNA
EMUSAP ABANCAY
EMAPA BAGUA
EMPSSAPAL
EMAPA PASCO
EMAPA YUNGUYO
SENDACAJ
EMAPAT SA
SEMAPA HUANCAVELICA
EPS
SUNASS
Intendencia de Tarifas
2297
Caemos, entonces, en un círculo vicioso desde laperspectiva de la regulación. Este círculo viciosono podría romperse con incrementos de tarifas,porque tendrían que ser exorbitantes y estaríanafectando a la población que tiene que pagarlas;además, serían contrarios a los principios de re-gulación que administra la Superintendencia Na-cional de Saneamiento en el país.
Por lo tanto, tengo que manifestar que no se halogrado mejorar la calidad del servicio, el nivelde eficiencia ni la situación financiera de lasempresas.
El Gobierno ha dado a las empresas un fuerteapoyo directo en inversión, capacitación y asis-tencia técnica. Sin embargo, las tarifas se hanincrementado sin que las EPS puedan cubrir suscostos, incluso para realizar algunas inversiones.Por lo tanto, nosotros creemos que no basta conresolver el problema financiero de las empresas,sino que hay que crear condiciones que propicienuna gestión empresarial eficiente.
En el mes de enero del presente año, se dio eneste Congreso la Ley 27045, la cual ha sido unanorma muy controvertida, muy poco entendida,y además ha creado vacíos, los cuales han sido deconocimiento de los señores congresistas a tra-vés de las diferentes exposiciones que han sido
realizadas en la Comisión por los señores alcal-des y por los presidentes de los directorios de lasempresas de agua potable.
Entonces, vemos que el problema que existe enel sector saneamiento es de carácter social, finan-ciero, político, económico y ambiental. Dentro deesta preocupación, el Viceministerio de Infraes-tructura y Transporte, que depende del Ministe-rio de la Presidencia, ha conformado una comi-sión que está realizando todo un marco legalregulatorio del sector saneamiento. Esta comi-sión se está encargando de preparar, modificar ymejorar aquellas leyes que van a permitir poste-riormente que las empresas prestadoras de ser-vicios puedan mejorar sus niveles de calidad.
Es cierto que, como Congreso de la República,nos podríamos abocar al tema y podríamos daruna solución, un marco legal. Pero existe una seriede detalles que son de conocimiento de las em-presas, de los funcionarios y de las institucionesencargadas de dar el apoyo técnico y el apoyo le-gal a las empresas prestadoras de servicios.
Hay una serie de aspectos que se tienen que co-ordinar estrechamente con las municipalidades,con las empresas municipales, con la Superin-tendencia Nacional de Saneamiento y con el Pro-grama Nacional de Agua Potable, que dependedel Ministerio de la Presidencia.
(Cuadro 16)
En la mayoría de los
casos el mayor
componente de la
deuda de largo plazo
son los créditos del
FONAVI...
DEUDA FONAVI (31/12/98) VSINGRESOS OPERACIÓN 1998
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
EMAPA PASCO
EPS MARAÑON
EPS EMAPICA
EMAPA UTCUBAMBA
EMFAPA TUMBES
EMAPAB
EMAPACOP
EPS SIERRA CENTRAL
SEDA JULIACA
EPS SELVA CENTRAL
SEMAPA BARRANCA
EMAPAVIGSSA
EMSA PUNO
EMAPA CAÑETE
EPS AYACUCHO
EMAPA PISCO
EMAPA SAN MARTÍN
EMUSAP AMAZONAS
EMUSAP ABANCAY
SEDAILO
EPS LORETO
EPS SEMAPACH
EPS GRAU
EMPSSAPAL
EPS CHAVÍN
EPS MOQUEGUA
EPSEL
SEDAPAR
SEDALIB
SEDA CHIMBOTE
SEDA HUÁNUCO
SEDACAJ
EPS MOYOBAMBA
EMAPA HUACHO
EPS TACNA
SEDAPAL
EMAPA HUARAL
SEDA CUSCO
Empresas
Nº VecesDeuda EPS
Deuda Usuario
SUNASSIntendencia de Tarifas
Esta situación se
acentúa si se agrega la
deuda contraída por
los usuarios
2298
Por ello es que el Poder Ejecutivo ha solicitadofacultades al Congreso de la República para, enel plazo pertinente, preparar o terminar de pre-parar toda la normatividad que va a ser puesta adisposición de las municipalidades, de las empresasprestadoras de servicios; de tal manera que loscréditos que van a venir �pues ya están aproba-dos, inclusive, financiamientos como el de Japón,de la cooperación alemana, del Banco Interame-ricano de Desarrollo y otros� puedan llegar alas empresas sin las dificultades que en este mo-mento tienen. Hay un programa de regulariza-ción de deudas, hay una serie de alternativas.
En este tema, por las características técnicas ylegales que tiene, nosotros podríamos �y así escomo lo ha considerado la Comisión de Infraes-tructura y Transporte� aprobar el dictamen dedar facultades al Poder Ejecutivo para que legis-le sobre esta materia.
Asimismo, la Comisión creyó pertinente presen-tar un texto sustitutorio en el que se proponeampliar el plazo de acogimiento al Programa deRegularización de Deudas de las EntidadesPrestadoras de Servicios de Saneamiento, a quese refiere el artículo 3º de la Ley 27045, en tantono se promulguen, por parte del Poder Ejecuti-vo, los dispositivos sobre esta materia. Esto lohemos incorporado tomando en cuenta las posi-ciones de los señores alcaldes, lo cual también hasido recogido en diferentes proyectos de ley. Conesto estaríamos solucionando un gran problemaen este sector.
Por ello, solicito a los señores congresistas quenos apoyen en este dictamen, que ha sido apro-bado por todos los miembros que en su oportuni-dad asistieron a la Comisión de Infraestructuray Transporte.
Muchas gracias, señora Presidenta.
�Asume la Presidencia la señora LuzSalgado Rubianes de Paredes, durante laanterior intervención.
La señora PRESIDENTA.� De conformidadcon lo acordado en la sesión del Consejo Directi-vo del día 30 de junio, el tiempo solicitado porcada Grupo Parlamentario es los cinco minutosque le corresponde a cada congresista.
Tiene el uso de la palabra el señor Antero Flo-res-Araoz.
El señor FLORES-ARAOZ ESPARZA (PPC).�Señora Presidenta: Voy a votar en contra de esteproyecto; y voy a votar en contra por varias razo-nes.
La primera es que creo que no es necesario dele-gar facultades legislativas. Se supone que el Con-greso está para legislar, y en este Congreso �queni siquiera puede tener un lapso entre una legis-latura ordinaria y otra, como pudiera tener cual-quier otro congreso, sino que estamos acá comosi fuéramos chofer palanca: mañana, tarde y no-che� podríamos ver en cualquier momento elproyecto que el Poder Ejecutivo pudiera presen-tar.
Sabemos perfectamente que ha habido abuso tantoen la expedición de decretos legislativos por fa-cultades delegadas como de decretos de urgen-cia. Yo no veo por qué motivo el Ejecutivo, quetiene un Congreso que incluso le es complacien-te, tiene que legislar en esta forma. Puede pre-sentar su proyecto normalmente, la gente lo po-drá debatir, lo podrá conversar y se sabrá de quése trata; pero no veo que haya esta necesidad deaprobar una delegación de facultades.
En cuanto a la Ley 27045, se está ampliando elplazo de acogimiento. Ese plazo ya venció y, porlo tanto, tendría que darse un nuevo plazo y nouna ampliación. Esta norma �la 27045� fueexpedida el 31 de diciembre de 1998 y publicadael 5 de enero; o sea que comenzó a regir el 6 deenero. Allí se dio un plazo de 90 días. Ese plazoya venció. En consecuencia, no puedo ampliar unplazo que venció, sino tendría que dar un nuevoplazo.
Además, este tema de la regularización de lasdeudas de las empresas de saneamiento con Fonavifue el complemento de otra norma que se dio paralo mismo en relación con las empresas de electri-ficación. En su momento cuestionamos ambasnormas porque en la práctica ello significaba unacondonación; pero no a usuarios, no a personasmodestas, sino a las propias empresas generadoraso a las empresas prestadoras del servicio. Inclu-so se puso una norma de lo más rara en la elec-tricidad, diciendo que el Estado peruano se sus-tituía a los fonavistas, pero después se declaróextinguida la obligación.
Si la obligación ya estaba extinguida por condo-nación, evidentemente no podía sustituirse. Tanes así que en infinidad de oportunidades he soli-citado al Sector Economía y Finanzas que nosdiga cuáles son las gestiones que ha realizado conlas empresas de generación, las transportadorasy las distribuidoras de electricidad, pero hastaahora sigue mudo en todos los idiomas, más losdialectos.
En consecuencia, yo no veo ni el motivo por elcual el Ejecutivo no presenta su proyecto de leypara debatirlo ni por qué, subrepticiamente, te-
2299
nemos que estar ampliando plazos que, en la prác-tica, lo único que han significado es condonación,pero no a las personas modestas �como digo�,sino a las empresas prestadoras del servicio.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA.� Tiene el uso dela palabra la doctora Graciela Fernández Baca.
La señora FERNÁNDEZ BACA DE VALDEZ(GPI).� Gracias, Presidenta.
En principio, y con sumo respeto, quiero decirlea la congresista Lozada de Gamboa que el Perú,al 30 de junio de 1999, tiene una población de 25millones 230 mil habitantes.
Este proyecto de ley tiene dos artículos. En el 1ºse está otorgando facultades al Poder Ejecutivopara que legisle.
Por principio, yo no estoy de acuerdo con otorgarpoderes. No es posible que renunciemos a algoque nos corresponde al haber asumido el cargode congresistas; más aun cuando se dice que elEjecutivo expedirá decretos legislativos "a efec-tos de adoptar e implementar estrategias de or-ganización y desarrollo en dicho sector". Esto esamplio. Aquí se puede hacer muchísimas cosas.¿Queremos renunciar a tener nosotros la respon-sabilidad de que se tomen medidas serias y ajus-tadas a ley y decirle al Ejecutivo "haga usted loque le parezca"? No estoy de acuerdo, Presiden-ta, con este artículo 1º.
En cuanto al artículo 2º, estoy totalmente de acuer-do con el congresista Antero Flores-Araoz. ¿Cómovamos a ampliar un plazo que ya está vencido?Este plazo, establecido en el artículo 3º de la Ley27045, venció el 12 de mayo de 1999 y, por tanto,todas las empresas tendrían que haber entrado areestructuración patrimonial. Han pasado másde dos meses o casi dos meses. Entonces, ello noprocede. En todo caso, podría establecerse un nuevoplazo. Al respecto, hay dos proyectos de ley �el4671 y el 4566� que cuentan con dictamen de laComisión de Economía.
Yo no estoy de acuerdo con este proyecto de ley, yvoy a votar en contra.
Gracias, Presidenta.
La señora PRESIDENTA.� Tiene el uso dela palabra el señor Daniel Coral.
El señor CORAL PÉREZ (AP-CODE-I).�Muchas gracias, señora Presidenta.
Quiero anticiparle que tengo el tiempo del con-gresista Barba y de otros colegas de mi grupoparlamentario.
Debo manifestar que me encuentro muy confun-dido con el pedido del Ejecutivo, porque significaun cambio total y repentino en el tratamientoque la Comisión de Infraestructura y Transpor-te venía dando a las empresas prestadoras delservicio de saneamiento, que tienen a su cargolos servicios de agua potable y alcantarillado a lolargo y ancho del país y, con la excepción de Sedapal,en la Capital de la República.
Sorprende más aun, señora Presidenta, porquese da justamente a raíz de la protesta generaliza-da de los alcaldes de todo el país en relación a lamal llamada "Ley de extinción de las deudas desaneamiento de los usuarios y de regularizaciónde las deudas de las entidades prestadoras deservicios de saneamiento al Fonavi". Esa ley lle-va el número 27045.
Hay quienes coinciden en afirmar que la normaes engañosa, ya que lo que hace el Estado es tras-ladar las deudas del Fonavi �contraídas directa-mente por la población con las empresas públi-cas prestadoras de servicios de saneamiento� bajoel término de "contribuciones reembolsables",convirtiendo al Estado en acreedor principal.
Sucede que con esta maniobra "inteligente" �entrecomillas� el Ejecutivo pretende cobrar en uncortísimo plazo, a través de las empresas presta-doras, las inversiones hechas por el Fondo Na-cional de Vivienda; de tal manera que no existeninguna extinción de deuda; por el contrario, seaumenta escandalosamente la deuda de las em-presas prestadoras de servicios de saneamiento,porque se sumarían las del Fonavi a las ya con-traídas directamente por estas empresas.
Según datos proporcionados por la ComisiónLiquidadora del Fondo Nacional de Vivienda, ladeuda es del orden de los dos mil 441,5 millonesde nuevos soles; de los cuales, los créditos otor-gados a las empresas son tan sólo de 708,6 millo-nes, que constituyen únicamente el 30 por cien-to. La diferencia �o sea, un mil 732,9 millonesde nuevos soles, que hacen el 70 por ciento� eslo que precisamente el Fonavi colocó directamentevía los comités organizados de la población, sien-do el mayor monto el ubicado en la ciudad de Limay, básicamente, en las áreas rurales.
Son estos un mil 732 millones de nuevos soleslos que se están cargando a las empresasprestadoras de servicios bajo los términos de "con-tribuciones con carácter reembolsable", lo que fue
2300
creado �según el inciso f) del artículo 23º de laLey 26338, de servicios de saneamiento, promul-gada en 1994� como un derecho de las empre-sas de saneamiento para ser aplicado, de acuer-do al artículo 82º del reglamento de la citada ley,bajo condiciones y etapas específicas y en un pla-zo también determinado, todo lo cual se encuen-tra en implementación.
Sin embargo, con la Ley Nº 27045, cuyo análisisya se está efectuando a partir de la intervenciónde los señores congresistas que recusan este pro-yecto de ley, se les aplica ello de inmediato al dis-poner, de acuerdo a la primera disposición tran-sitoria, lo siguiente: "Precísase que lo dispuestopor el inciso f) del artículo 23º y el artículo 25º dela Ley Nº 26338 resulta aplicable desde la entra-da en vigencia de la referida ley". Con esto se trans-grede flagrantemente el derecho constitucionala la aplicación no retroactiva de la ley, contenidoen el artículo 103º de nuestra Carta Política.
Sabido es que las diferentes empresas prestadorasde servicios de saneamiento del país firmaronconvenios de financiamiento de obras de sanea-miento ante el Fonavi, lo que les permitió, segúnsu capacidad de endeudamiento, ejecutar obraspara la mejor atención de sus usuarios. Estasdeudas deberían ser pagadas, según contratossuscritos en su oportunidad, en plazos que vandesde los diez hasta los veinte años.
Sin embargo, el artículo 3º de la Ley 27045 esta-blece, en el numeral 3.1, que a partir de la vigen-cia de la citada ley las entidades podrían acoger-se a un programa de regularización de deudasvencidas o por vencerse, respecto de los créditosotorgados por dicho fondo, incluida la que resul-ta de la liquidación de los proyectos en ejecución.
Este artículo lo establece como facultad de lasempresas prestadoras de servicios, pero ello seconvierte en conminatorio por mandato del artículo5.1 de la misma ley, al establecer que, si en elplazo contemplado de noventa días las empresasprestadoras no se acogían a dicho programa, se-rán objeto de una reestructuración patrimonial,conforme a lo prescrito por el Decreto Ley 845 ya solicitud del Ministerio de Economía y Finan-zas. Así, siendo el Ejecutivo el principal acree-dor, éste pasaría a ser el mayor accionista y, porlo tanto, la mayoría de las empresas prestadoras�si no todas� pasarían a ser controladas por elEjecutivo.
¿Estamos volviendo al sistema anterior? ¿Que-remos centralizar aun más las acciones de ges-tión de nuestras organizaciones, de nuestras ins-tituciones, que han sido cimentadas con sacrifi-
cio en las poblaciones, como es el caso de lasempresas prestadoras de servicios de saneamiento?
La congresista Carmen Lozada, presidenta de laComisión, conocedora del problema, convocó eldía 5 de mayo a una reunión de trabajo, a la queconcurrieron todos los señores alcaldes y los al-tos funcionarios que tienen a su cargo la admi-nistración de las empresas de saneamiento. Ade-más, se contó con la presencia de los funciona-rios de la Sunass, de Pronap, de la Comisión Liqui-dadora del Fonavi y del Viceministro de Infraes-tructura, con quien hemos estado departiendo endicha reunión.
En esa ocasión, además de que los funcionariosde los organismos estatales dieron a conocer lareal situación de las empresas prestadoras deservicios de saneamiento a nivel nacional, se re-cibió las opiniones y sugerencias en relación a laLey Nº 27045. Al respecto, todos coincidieron enla inconveniencia de esta ley y en los riesgos quesignificaría su aplicación, como el endeudarsedesmesuradamente y la imposibilidad de poderpagar esas deudas posteriormente.
En esa reunión se planteó también �lo que com-parto plenamente� que el Estado debería dispo-ner la capitalización de las inversiones hechas porFonavi a favor de las municipalidades, porque lasmunicipalidades forman parte del Estado mismoy el dinero invertido por Fonavi en infraestruc-tura de saneamiento es dinero de todos los pe-ruanos, y no es justo que se establezca diferen-cias entre el Gobierno Central y las municipali-dades.
Los alcaldes son simples administradores pasa-jeros de entidades del Estado, como son las mu-nicipalidades. Con esta medida se estaría brin-dando un efectivo y real apoyo a las empresasprestadoras municipales para que puedan asu-mir con más solvencia sus responsabilidades deexpansión del servicio a los sitios más alejadosde su jurisdicción. Esta medida sería mucho másjustificable que lo hecho por el Gobierno para salvarun banco, por ejemplo.
La reunión del 5 de mayo �y repito lo de estareunión porque significó una posibilidad de diá-logo para recibir las sugerencias de los fieles de-positarios de las inquietudes ciudadanas, los se-ñores alcaldes� concluyó muy animadamente.Se reflejaba en todos los rostros un optimismodesbordante, porque la señora Presidenta de laComisión �aquí presente�, interpretando elproblema, se comprometió a abocarse de inme-diato a la elaboración y presentación del proyec-to de ley que modifique la Ley Nº 27045 paraatender los requerimientos manifestados en esa
2301
fecha. Y fue así: la Presidenta cumplió con supalabra, cumplió con su compromiso, reaccionópositivamente.
El mismo 13 de mayo fue dictaminado el proyec-to modificatorio y, con dispensa de trámite apro-bada por unanimidad, fue incluido en la agendade la sesión del miércoles 9 de junio; dictamenque, si bien no contiene la verdadera solución alproblema, deja margen a un debate en el Plenopara una posible rectificación y ampliación delmismo.
Pero, para sorpresa mía y de tantos alcaldes queestán siguiendo paso a paso los alcances de estagestión, repentinamente �el mismo día que pi-dió dispensa de trámite� pidió retirar el dicta-men bajo la justificación de darle prioridad pre-via coordinación con el Ejecutivo.
Es en ese momento que la congresista, en formainsólita �y que me disculpe el término�, renun-ciaba por voluntad propia a su legítimo derechode congresista de legislar sobre una materia muyimportante y esperada por todas las empresasprestadoras de servicios de saneamiento del país;por todas, no solamente de la Capital de la Repú-blica, no solamente de los medios rurales.
A la semana siguiente ingresó el Proyecto Nº 4915�el que estamos viendo en este momento�,mediante el cual el Ejecutivo solicita que le otor-guen facultades para legislar en materia de ser-vicios de saneamiento.
Lo que más me preocupa es el porqué del cambiorepentino. ¿Qué es lo que realmente se proponeel Poder Ejecutivo? ¿Afianzar su control a partirde cierta administración regional �eso es lo quese comenta� para seguir manejando las empre-sas de saneamiento a través de los gobiernos queestán en Vamos Vecino? ¿Acaso pretende crearcondiciones para la privatización de los serviciosde saneamiento, propuesta con la que el pueblono estaría conforme?
Sobre este punto existen fundados temores deque las normas que tendrán que expedirse en nadabeneficiarán a estas empresas, pues corren losrumores en el sentido de que el Ejecutivo inter-vendría nuevamente a estas empresas para rees-tructurarlas, repotenciarlas y luego privatizarlas.Éstas serían las verdaderas y ocultas intencio-nes.
Ojalá me equivoque. Si ello ocurre, sería un cri-men, porque el comprador pagaría las deudas conel aumento en las tarifas, lo cual es imposible einhumano. Las tarifas subirían con grave dañopara una gran mayoría de compatriotas que vi-
ven en la más completa miseria. El Gobierno debeasumir el servicio de agua como una obligaciónsocial y tomar una decisión muy concreta, comolo pidió en la reunión el señor Alcalde de Trujillo:declarar al agua como recurso estratégico y, porlo tanto, no negociable.
Se busca justificar el otorgamiento de facultadesafirmando que lo más grave es la deficiente ges-tión de las empresas municipales y demás orga-nismos encargados de la prestación de los servi-cios de saneamiento. Esto es muy injusto. Lo digoporque conozco muy de cerca el problema.
Cuando el Gobierno decidió transferir las ex Senapasa las municipalidades, yo ejercía el cargo de alcal-de de la ciudad de Tarapoto, y comprobé que esteservicio se encontraba en una verdadera calami-dad, con la infraestructura totalmente deteriora-da. En San Martín se tenía el servicio sólo tres ocinco horas al día, y era atendido solamente el 30por ciento de la población, la cual era casi exclusi-vamente urbana. Las alcantarillas, ni hablar.
A pesar de eso, aceptamos el reto. Así, a partir de1991, iniciamos un trabajo agresivo juntamentecon todos los alcaldes de ese entonces y en pocosaños �cuatro años, para ser exactos� elevamos,en el caso de Tarapoto, el tiempo de servicio deagua de cinco horas a veinticuatro horas en la zonaurbana y un promedio de diez a catorce horas enla periferia. Dotamos de un sistema de desagüecasi integral en la ciudad y cubrimos algo del 40por ciento en la periferia; es decir, hemos amplia-do la posibilidad de atención, asegurando el servi-cio, sin mayores inversiones, hasta el año 2017.
Es bueno reconocer en esta parte �porque yonunca fui mezquino� el apoyo de los organis-mos del Gobierno Central �llámese Fonavi,Pronap, Gobierno Regional, Foncodes, etcéte-ra�, que aprobaron muchos de los proyectos quegestamos.
Tengo entendido y fui testigo de que muchos al-caldes asumieron con igual empeño esta respon-sabilidad; pero también es cierto que muchasempresas aún no han podido sortear los gravesproblemas que afrontan, porque responden a unarealidad específica.
Se habla de abultadas deudas que son cargas delas empresas municipales. Es cierto. Pero tam-bién es bueno saber que, desde 1990 a la fecha,se avanzó en un 30 por ciento del servicio de aguapotable a nivel nacional.
Los logros que hoy muestra el Gobierno Central,en lo que se refiere a la ampliación de los servi-cios de agua potable y desagüe, los logros...
2302
¿Me permite concluir en dos minutos, señoraPresidenta?
La señora PRESIDENTA.� Ha hablado us-ted durante quince minutos, congresista. Le da-mos un minuto para que pueda concluir.
El señor CORAL PÉREZ (AP-CODE-I).�Muchas gracias por su gentileza.
Se habla de muchos logros, señora Presidenta,sobre todo en lo que se refiere a agua, a desagüe,a electrificación; pero no debemos desconocer elenorme esfuerzo que han realizado los pueblosdel Perú para participar en este tipo de actitudesque han sido promovidas desde el Gobierno Cen-tral, sobre todo a través del Fonavi.
Se quiere retrotraer todo el trabajo y concentrarlonuevamente en el Gobierno Central, desconociendoel avance que en este aspecto se ha logrado.
Por las definiciones, por los motivos expuestos�sobre todo los del congresista Antero Flores-Araoz� y por tener una documentación frondo-sa de diferentes municipalidades y de empresasmunicipales del país, mi voto va a ser en contrade este proyecto de ley si no se modifica sustan-cialmente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA.� Tiene el uso dela palabra el señor Rolando Breña.
El señor BREÑA PANTOJA (DEMO).� Se-ñora Presidenta: Yo tengo la impresión de queeste proyecto de ley de delegación de facultadesno es oportuno, no es justo y, al mismo tiempo,no es necesario.
La Presidenta de la Comisión ha dicho que esnecesaria la delegación por una razón que haexpuesto claramente: por sus características téc-nicas y legales. Si así fuera, entonces el Congre-so no tendría derecho a aprobar ningún proyectode ley, porque toda ley �más o menos� siempretiene características técnicas, tiene característi-cas legales. La ley es justamente eso: un instru-mento legal, un instrumento técnico; y para esolas comisiones tienen también apoyo y asesoríasuficiente como para estudiar y plantear los pro-yectos correspondientes.
En segundo lugar, de acuerdo al artículo 104º dela Constitución, dos deben ser las condiciones paradar la ley de autorización correspondiente: plazodeterminado y materia específica. Aquí no haymateria específica; hay un montón de materiasespecíficas.
Igualmente, tampoco es la delegación para undecreto legislativo, sino para muchos decretoslegislativos. No sabemos cuántos serán. Puedenser dos, tres, cuatro o cincuenta, porque el artículo1º dice: "para que mediante decretos legislativos".Está en plural, y no sabemos cuántos decretoslegislativos pueden haber.
Por otro lado, la materia específica sí está en elpunto cuatro del análisis, cuando se plantea que"la problemática está referida al ordenamiento yfortalecimiento estructural, problemas de gestiónen los servicios, cobertura en agua potable y al-cantarillado, educación sanitaria y capacitacióntécnica". Ésa es la materia específica. Pero esamateria específica, que está en el análisis, no estáen el proyecto pertinente, porque se dice "enmateria de servicios de saneamiento" y �repi-to� se hace referencia a un conjunto de decretoslegislativos, que no sabemos cuál puede ser sunúmero.
Al mismo tiempo, siendo éste un proyecto de de-legación de facultades, hay un artículo extraño,añadido por la propia Comisión, que no ha sidopedido por el Poder Ejecutivo. Es el artículo 2º,que plantea la ampliación de un plazo que no existe,como bien fue aclarado. Se amplía un plazo queexiste, pero ese plazo ha caducado. Por lo tanto,no hay plazo que ampliar. Hay que dar un nuevoplazo, si es que se quiere dar, y un proyecto espe-cial, porque éste es un proyecto de ley que delegafacultades; pero en él se está ampliando un plazoque se refiere a otra materia.
Por lo tanto, siendo un proyecto de ley de delega-ción de facultades, con materia específica, éstamateria no tiene nada que ver con la delegaciónde facultades correspondientes.
Por ello, me parece que este proyecto debería serrechazado por mayoría a efectos de que el Con-greso discuta un proyecto de ley que el propioPoder Ejecutivo puede enviar.
Conocemos la capacidad de trabajo de la Presi-denta de la Comisión. Trabaja bastante y duro.Ella misma lo ha dicho. Por lo tanto, consideroque con su capacidad de trabajo, de aquí a muypocos días o muy pocas semanas, tendremos unproyecto de ley técnicamente estructurado, conmuy buena y eficiente legalidad, de manera quepodamos discutirlo y aprobarlo sin mayores pro-blemas.
Nada más, Presidenta.
La señora PRESIDENTA.� Tiene el uso dela palabra el señor Oscar Martorell.
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El señor MARTORELL FLORES (C90-NM).�Señora Presidenta: Voy a usar los tiempos de losseñores Urrelo, Chang Ching, Aliaga, VegaAscencio, Chiroque y Siura Céspedes.
La señora PRESIDENTA.� Tiene el tiempode los señores Chang Ching, Vito Aliaga y AnastasioVega. Ahí ya tiene 20 minutos, contando su tur-no.
Puede iniciar su intervención, señor Martorell.
El señor MARTORELL FLORES (C90-NM).�Gracias, señora Presidenta.
Empezando por lo último, se ha llamado la aten-ción con respecto a que el artículo 2º del proyec-to presentado no es un tema que deba tratarseahora. Pero ello es necesario, porque ya están porvencerse �o ya se han vencido� los plazos paraque las empresas prestadoras de servicios debanpagar sus obligaciones. Lo que se ha venido ha-ciendo es darles una prórroga para que puedantener el suficiente oxígeno y puedan, a su vez,tener opciones de poder diferir sus obligacionesy pagarlas en plazos. Por lo tanto, es necesarioaprobar este artículo.
También se ha dicho que ha habido muchos es-fuerzos, de parte de las diferentes municipalida-des, para dotar de servicios de agua y desagüe alas diversas localidades del país. Nosotros somosconscientes de ello. Las pequeñas municipalida-des, especialmente, han hecho muchos esfuerzos,han trabajado con mucho tesón. Y eso no sola-mente es de ahora, no se trata de los últimos años,es de siempre.
El crecimiento vegetativo de la población haceque los municipios tengan la obligación, en pri-mer lugar, de buscar la forma de solucionar esteproblema. Por otro lado, las limitaciones que siem-pre tienen las economías de los gobiernos localesles ha impedido, sucesivamente, cumplir con estedeseo. Por lo tanto, es el momento de reconocerel esfuerzo que han hecho los municipios desdesu creación.
Por otro lado, acá de lo que se trata, básicamen-te, es de buscar una solución integral. Cada mu-nicipio tiene su propia realidad: no se puede apli-car una regla general a todos los municipios delpaís.
Lo que tenemos que hacer es, como lo ha dicho elseñor Breña, el estudio integral del tema; y ellotambién lo puede hacer el Ejecutivo, y con mu-cha más propiedad. Es un tema técnico en el cualse puede reunir a todas las empresas públicas pres-tadoras de servicios, a los municipios y al Ejecu-
tivo para tratar conjuntamente este asunto. Así,van a analizar y buscar las soluciones, y de ahísaldrán los decretos legislativos que sean másconvenientes.
Lo que se pretende no es imponer desde el Ejecu-tivo un sistema o una fórmula que después no vaa poder ser aplicable. Eso es peor. Y menos, pues,vamos a pensar que esto se trata de un rédito po-lítico, porque, en todo caso, hubiésemos pensadoque toda la vida ése ha sido un tema para hacerpolítica. Muchos alcaldes han hecho muy buenagestión, y eso ha servido para que, incluso, pue-dan estar aquí en el Congreso, porque de algunaforma sus pueblos le han reconocido ese mérito.
Entonces, ahora se está tratando de buscar unasolución integral. No se puede dejar que en seisaños se acumule una deuda de 700 millones dedólares y que actualmente, en conjunto �entrelo que deben las empresas y lo que deben las or-ganizaciones que han acudido al Fonavi�, se debandos mil 400 millones de dólares. ¿Cómo hacemospara regularizar esta situación?
Hay que buscar alguna forma para que estas em-presas puedan tener el plazo necesario y, además,sean bancables; porque en este momento haymuchas empresas que están quebradas, y tienenque seguir dando el servicio. No se puede obligara que cierren, porque sino se queda la poblaciónsin el servicio necesario.
Aquí se está buscando una solución técnica y prác-tica. A veces es difícil explicar esto. Para mí, por lomenos, me es difícil. Por eso es que a veces tratode ver dónde hay una tienda que venda sentidocomún y criterio para poder comprarlos y repar-tirlos entre todos y tener más opción de podernosentender.
Lo que yo pediría es que no se lleve el tema alsesgo político, sino a la búsqueda de una solu-ción a un problema de dos mil 400 millones dedólares �que es la deuda que tienen en conjuntolas empresas prestadoras de servicios de sanea-miento en el país� que no saben cómo solucio-narlo en este momento, porque tienen la obliga-ción de pagar esa deuda. Para eso se está apro-bando la prórroga, porque de lo contrario ten-drían que pagarla mañana. Entonces estas em-presas pasarían a ser propiedad de Fonavi �por-que éste es el principal acreedor� o de los acree-dores que tengan que salir por ahí �sean crédi-tos internacionales� o del mismo Estado. Escuestión de revisar este tema.
No conozco a profundidad esta situación, pero loque sí sé es que se deben dos mil 400 millones.Entonces tenemos que buscar una solución.
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Una forma práctica de dar solución a este pro-blema es delegar al Poder Ejecutivo facultadeslegislativas. Además, yo creo que también es ne-cesario recomendar que el Ejecutivo se reúna conlas diferentes empresas prestadoras de serviciosde saneamiento para poder buscar en conjuntolas alternativas y las redacciones, incluso, de losdispositivos legales que más convengan.
Me he permitido dar esta opinión para pedir elapoyo de los señores congresistas, tanto de ma-yoría como de minoría, especialmente, para quepodamos buscar una solución a estas empresasprestadoras de servicios de saneamiento que ne-cesitan en este momento de más capital. Necesi-tan más préstamos. Si ahora no aprobamos esto,no van a poder acceder a más préstamos, mien-tras la población sigue creciendo y sigue expo-niendo sus necesidades, y eso no lo podemos evi-tar. Al contrario, es nuestra obligación buscarsoluciones.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA.� Tiene el uso dela palabra el señor Róger Guerra-García.
El señor GUERRA-GARCÍA (UPP).� Seño-ra Presidenta: En países como Perú, se afirmaque la labor de un ingeniero sanitario, al propor-cionar agua potable y manejar las excretas de lapoblación, equivale al trabajo de 50 médicos; yesto los médicos lo reconocemos. Por tanto, elproyecto que tratamos es importante. Sin embargo,tengo algunas observaciones generales.
En la práctica, el proyecto ha sido remitido porel Ejecutivo para modificar una ley dada por esteGobierno en julio de 1994, que es la Ley Generalde Saneamiento, 26284.
Se trata de otro reconocimiento de legislaciónapresurada o, en el mejor de los casos, de legisla-ción que en el transcurso del tiempo revela quetiene que precisarse o corregirse, lo cual es natu-ral.
La característica de este proyecto es que fue re-mitido el 14 de junio y dictaminado a las veinti-cuatro horas. Ello se deduce del sello del Congre-so. Sin embargo, el dictamen no tiene fecha. Creoque la Presidenta haría bien en poner al final lafecha en que lo produce.
Yendo ya al aspecto en sí del proyecto, en el pun-to tercero se habla de una evaluación integral queno ha venido con el dictamen, pero sí la hemosescuchado a través de la Presidenta de la Comi-sión, y muy bien hecha. Yo solicito que copia deeste informe amplio, que se refiere a los departa-
mentos y provincias, sea distribuido a los con-gresistas para beneficio e interés nuestro.
Esta omisión la ha subsanado, entonces, la Pre-sidenta.
Pareciera que la intención del Gobierno es dismi-nuir las atribuciones de los gobiernos locales. Sóloasí se entiende que se invoquen situaciones deineficiencia, de menor cobro, de volumen de aguadistribuido, etcétera, etcétera; que son cosas quecualquier gerente sabe que no se modifican porley, sino que se modifican poniendo a los hombresadecuados, a las personas correspondientes.
El dictamen también tiene una justificación queen ocasiones es insostenible. Se dice: "En el orde-namiento legal vigente no se determina quién esel órgano rector encargado de elaborar las políti-cas de mediano y largo plazo que optimicen losservicios básicos de agua y alcantarillado".
La ley a la que he hecho mención, Ley 26338,señala claramente, en su Título II, "De los orga-nismos reguladores", artículo 8º: "Corresponde alMinisterio de la Presidencia actuar como el or-ganismo rector del Estado en los asuntos refe-rentes a los servicios de saneamiento y como tal,formular las políticas y dictar las normas para laprestación de los mismos".
De manera que creo que ésta es una ligereza quehay que subsanar en el dictamen. Si hay una ley,dada por este Gobierno, que señala cuál es el ór-gano rector, no se puede invocar que aprobemoseste proyecto afirmando que no existe órganorector.
En el dictamen también se habla de estrategiasde desarrollo de largo plazo. Pregunto: ¿se estáplanteando ya un política de planificación esta-tal al respecto?
Yo no estoy opuesto a este proyecto. Empecé di-ciendo que trata un tema de la mayor importan-cia. Pero creo que es un dictamen muy modesto,que contradice disposiciones legales vigentes deeste propio Gobierno. Y sí tengo un poco de te-mor, porque detrás de todo esto pudiera, una vezmás, restarse las ya disminuidas atribuciones delos gobiernos locales.
Tengo duda de votar a favor. Preferiría que lapropuesta volviera a Comisión, y se nos diera unaargumentación sólida para apoyarla.
Es ésta mi intervención, Presidenta. Gracias.
La señora PRESIDENTA.� Tiene el uso dela palabra el congresista Freddy Ghilardi.
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El señor GHILARDI ALVAREZ (PAP).� Gra-cias, señora Presidenta.
Me informa el congresista Javier Velásquez que,de ser necesario, me apoya con su tiempo.
La señora PRESIDENTA.� Perdón, ¿de quiénes el tiempo?
El señor GHILARDI ALVAREZ (PAP).� DeJavier Velásquez, si fuera necesario. Además,Núñez...
La señora PRESIDENTA.� Velásquez, Núñezy Santa María.
El señor GHILARDI ALVAREZ (PAP).� Loque sea necesario, pero no creo que lo necesite.
La señora PRESIDENTA.� Los tres, enton-ces.
El señor GHILARDI ALVAREZ (PAP).� Sólosi fuera necesario, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA.� Con su tiempo,tiene veinte minutos.
El señor GHILARDI ALVAREZ (PAP).� Sí,pero no creo que sea necesario. Lo que yo expli-caré es bien concreto y entendible.
Señora Presidenta: Hace ya varios meses, en laComisión de Economía aprobamos un dispositi-vo legal que consistía �y lo veíamos con buenosojos� en condonar las deudas del Fonavi a quie-nes habían obtenido créditos para obras de in-fraestructura; principalmente, de agua y desagüe.
En ese proyecto, y en esa ley que finalmente seaprobó, se decía que se condonaban las deudas,pero que éstas pasaban a ser asumidas por lasempresas de agua potable, que están a cargo, comotodos sabemos, de las municipalidades del país.A su vez, dicho dispositivo decía que esos mis-mos activos pasaban a ser parte de esas empre-sas. Y, obviamente, también se decía que estasempresas tenían plazos determinados para can-celar esas deudas. Si esas deudas no se cancela-ban, obviamente el Estado capitalizaba estasacreencias y pasaba a ser accionista mayoritariode esas empresas.
En otras palabras, lo que se planteó �que naciócomo una buena propuesta de condonar las deu-das de los fonavistas� termina en que el Gobier-no Central pasa a ser el conductor de todas lasempresas de agua potable del país que hoy estánen manos de las municipalidades. Ése es el tema.Y ése es el tema que trajo, en su oportunidad, a
diferentes alcaldes del país para que �gracias ala gentileza de la Presidenta de la Comisión deInfraestructura� puedan ser recibidos y se tra-te este problema.
En esa reunión se sustentaron los diversos crite-rios de los diferentes alcaldes del país, incluidolos de Vamos Vecino, y la preocupación de cómoel Estado, capitalizando las deudas, iba a quitar-les a las municipalidades la conducción y la ad-ministración de las empresas de agua potable.
Esto originó que la presidenta de la Comisión deInfraestructura, arquitecta Carmen Lozada deGamboa; el vicepresidente del Congreso de laRepública, Carlos Blanco; el congresista Martorell,que ha hecho uso de la palabra; y los más conspi-cuos miembros �como los señores Urrelo, SánchezVega, etcétera, etcétera� de la mayoría presen-taran un proyecto de ley en el entendido de quedebería suspenderse una serie de dispositivos queestaban en la ley que aprobamos y que iban ahacer �como se quiere hacer hasta ahora� queel Ejecutivo capitalice esas deudas.
Ese proyecto no solamente fue presentado, sinodictaminado por mayoría en la Comisión de In-fraestructura, y entiendo que está en la ordendel día.
Igualmente, hubo otro proyecto de ley, que pasóa la Comisión de Economía y que planteaba pro-rrogar el plazo para que se pueda ejecutar la can-celación de estas acreencias por parte de las mu-nicipalidades. Es obvio que, de no cumplir con elpago de las acreencias, el Estado inmediatamen-te las capitaliza y las empresas de agua potablepasan a ser administradas por el Gobierno Cen-tral. Ése es el tema.
Tenemos dos dictámenes: uno que amplía el pla-zo y otro que dice que se deroguen los dispositi-vos que afectan los intereses de las empresas mu-nicipales de agua potable. Sin embargo, hoy vie-ne un proyecto del Ejecutivo que dice que la pro-puesta de la mayoría �a la que ustedes pertene-cen� queda sin efecto, que la prórroga tambiénqueda sin efecto y que debemos darle 120 días alGobierno para legislar.
Acá hay miembros de la mayoría que saben cuáles el problema de fondo, que saben cuál es la so-lución de fondo, que proponen la solución de fon-do, que están llanos a debatir. Sin embargo, hoyvemos con extrañeza cómo, rápidamente, dejande lado los dictámenes suscritos por los conspi-cuos miembros de la mayoría y acceden a conce-der las facultades al Ejecutivo por 120 días paralegislar sobre lo mismo que ellos ya han legisla-do, para legislar sobre lo mismo que ellos cono-
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cen, para legislar sobre lo mismo que ellos hanplanteado.
En consecuencia, yo creo que, habiendo acá im-portantes conocedores del tema, profesionales quehan trabajado por años en municipalidades delpaís y que conocen este asunto, congresistas quehan tratado y han recogido la preocupación deltema, lo lógico es dejar que la Comisión de Infra-estructura, que conoce este tema, debata esteproyecto a su interior, analice esta problemáticaen dicha Comisión y en la de Economía, y de ahí�con los funcionarios del Ejecutivo, que puedenenriquecer este proyecto� sacar una ley queaprobemos todos; porque lo que está claro es quetodo el Congreso, más allá de mayorías y mino-rías, quiere buscar una solución al problema.
Si el Ejecutivo quiere participar en la solucióndel problema, bienvenido, invitémoslo a las co-misiones ordinarias, debatamos el tema y bus-quemos una solución; pero de ahí a darle faculta-des al Ejecutivo por 120 días sin saber lo que vaa hacer, cuando tenemos el antecedente de quehace algunos meses ha planteado �entre otrascosas� asumir la dirección de las empresas deagua potable que hoy administran las municipa-lidades, creo que estamos distantes.
Creo que esta iniciativa debe ser devuelta a laComisión que la dictaminó y dejar que la Comi-sión de Infraestructura, conocedora de este tema,reciba las propuestas del Ejecutivo, amplíe esedictamen que ya se efectuó y saque una ley quesolucione los problemas de las empresas de aguapotable del país, las que �por lo demás� estánasumiendo indebidamente una deuda gracias albeneplácito de todos los que queremos condonarlas deudas del Fonavi. Decimos que las deudaslas asuman las empresas de agua potable, peroestamos haciendo que quiebren, porque estánasumiendo un pasivo que no tienen cómo pagar:no hay flujo de caja ni hay los ingresos disponi-bles para que paguen.
Ésa es mi posición, y espero que haya sido escu-chada por la mayoría, porque de ninguna mane-ra vamos a aceptar que se otorguen facultades alEjecutivo sobre un tema en el que, por lo demás,ha demostrado que plantea diferentes posiciones.
Eso es todo, señora Presidenta. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA.� Puede hacer usode la palabra el señor Arturo Castillo Chirinos.
El señor CASTILLO CHIRINOS (AP-CODE-I).�Gracias, Presidenta.
Estamos realmente muy preocupados por la for-ma como el Gobierno viene implementando una
serie de acciones para poder tener un controlpolítico sobre el manejo de todos los recursos delpaís.
Hace pocos días hemos asistido a un proceso deelecciones municipales complementarias, y he-mos visto cómo el Gobierno ha despilfarrado de-cenas de millones en repartir regalos, prebendas,frazadas, infinidad de productos alimenticios, afin de poder captar el voto valiéndose de la pau-pérrima situación en que vive la gran mayoría deperuanos.
Y hoy día, utilizando otro mecanismo, se preten-de repetir la historia con el planteamiento deotorgar nuevamente facultades legislativas alPresidente de la República para que, a su librealbedrío, haga y deshaga en lo que son los servi-cios de saneamiento.
Éste es un tema que, estamos completamenteseguros, apunta también a legitimar el uso de losbienes del Estado, de las obras de saneamiento,que seguramente se harán recién en los miles depueblos olvidados �los recónditos pueblos olvi-dados� del país, que están en la peor miseria yen el peor abandono. Esto tiene el consiguientepropósito político de preparar lo que se podríacalificar desde ahora como un fraude electoralpara el año 2000, porque fraude electoral no so-lamente se comete en las ánforas. El fraude elec-toral también se comete a través de esa prácticanefasta de corrupción del elector, de soborno elec-toral, que es el que utiliza cotidianamente elGobierno.
Yo voy a votar, definitivamente, en contra de esteproyecto, porque en ningún país del mundo don-de, se supone, existe un régimen democrático sepuede dar tanta libertad al Poder Ejecutivo paraque haga y deshaga las leyes del país.
El 7 de junio de 1996 �y traigo a colación estehecho� presenté un proyecto de ley con el nú-mero 1390, que estaba dirigido a modificar elartículo 90º del Reglamento del Congreso en susincisos a), b) y c). El propósito de esta iniciativaera el de poder establecer un control respecto aluso que realiza el Gobierno o el Presidente de laRepública de estas facultades legislativas, por-que se otorgan facultades legislativas sin ningu-na limitación; y, lo que es peor, las normas quedicta el Gobierno al amparo de estas facultadesdelegadas no son ni siquiera revisadas en el Ple-no del Congreso, el cual debería, en todo caso �deacuerdo a esta propuesta�, tener la capacidadde, por lo menos, conocer en sus sesiones plena-rias el tenor y los alcances de las normas que sedictan en uso de esta delegación de facultades.
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Ya hemos visto una serie de fracasos, Presiden-ta, en lo que corresponde a esta tarea de delega-ción de facultades al Ejecutivo. Aquí aprobamos,en una oportunidad, que se dé facultades al Go-bierno o al Presidente de la República para legis-lar sobre violencia ciudadana; y los resultados estána la vista: la violencia es cada vez más grave, mássevera, en el país.
Pero, volviendo al tema, nosotros creemos queesta situación sería realmente grave, porque delo que se trata es de...
Voy a tomar el tiempo del doctor Javier Alva, señoraPresidenta.
La señora PRESIDENTA.� Puede hacer usodel tiempo del señor Alva Orlandini.
El señor CASTILLO CHIRINOS (AP-CODE-I).�Lo que se trata es, seguramente, de arrebatarlenuevamente a los gobiernos municipales la po-testad que tienen actualmente de administrar lasempresas de saneamiento.
Esto debe ser una labor de los municipios, natu-ralmente, con un control eficaz de parte de algu-no de los organismos del Gobierno. Si la ContraloríaGeneral de la República es ineficaz, existe unorganismo llamado Pronap; existe un Ministeriode la Presidencia, que podría ejercer una fiscali-zación y un control severo en lo que correspondeal manejo de los recursos; porque nosotros tam-poco vamos a estar jamás de acuerdo en que losprecarios recursos de que disponen los munici-pios en materia de saneamiento puedan ser uti-lizados en forma indebida para favorecer a per-sonajes que actúan al margen de la ley, para fa-vorecer...
El colega Hermoza me está pidiendo una inte-rrupción, señora Presidenta, si usted lo permite.
La señora PRESIDENTA.� Puede interrum-pir, congresista Hermoza.
El señor HERMOZA RÍOS (C90-NM).� Gra-cias, señora Presidenta; gracias, colega ArturoCastillo.
Indudablemente, la Representación Nacional debeestar atenta a la intervención del congresistaArturo Castillo, exitoso alcalde en su comunidad.Pero, de igual manera, hemos escuchado a la ti-tular de la Comisión de Infraestructura, que nosha ilustrado sobre cómo es que estas empresasde saneamiento han venido mostrando, año trasaño, déficit significativos.
Quien habla, en una visita a Piura, fue justamentetestigo, al igual que la Comisión que me acompa-
ñó en esa oportunidad, de esta difícil situaciónpor la que atraviesan.
Dicho esto, quisiéramos que nos ilustre �a efec-tos de poder evaluar nuestro voto sobre si acep-tamos delegar facultades al Ejecutivo para quelegisle en materia de saneamiento� con respec-to a cuáles son las propuestas concretas que él,como ex alcalde, tiene para que salgan de estacrisis las empresas municipales. No solamentedebe apelar a lo de "soborno electoral" o a queContraloría dice esto o dice lo otro, sino que de-biera decirnos de qué manera �si no es subien-do las tarifas, si no es mejorando la cobranza�,congresista Arturo Castillo, pueden salir de estacrisis los municipios que administran estas em-presas.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA.� Puede continuar,congresista Arturo Castillo.
El señor CASTILLO CHIRINOS (AP-CODE-I).�Gracias, Presidenta.
Indudablemente, cuando me interrumpió el co-lega Hermoza, yo me estaba refiriendo a que niel Estado ni ninguna instancia del Estado ni elPoder Legislativo �supongo� va a tener la in-tención de avalar la corrupción; la corrupción,que es una práctica que no solamente ocurre ac-tualmente en los gobiernos municipales y que,muchas veces, es uno de los factores determinantespara el fracaso en el manejo de estas empresas.
Lo que yo creo es que hay muchos mecanismos yque, precisamente, el Estado no está llamado aponer cortapisas para que los municipios fraca-sen en la administración de la gestión de estasempresas municipales de saneamiento.
El artículo 192º de la Constitución Política delpaís dice bien claramente que los servicios públi-cos deben ser administrados por los municipios.Entonces, corresponde a este Congreso, corres-ponde al Estado, establecer los mecanismos in-dispensables para poder convertir a las empre-sas de saneamiento en empresas eficientes, efi-caces y promotoras del desarrollo en esta mate-ria de saneamiento.
Creo que deberíamos pensar en esos mecanismospara poder establecerlos y, de esa manera, lograrque los municipios dejen atrás esas deficiencias.Aunque esas deficiencias no ocurren en todos loscasos, ellas se deben a que aún no se ha dado losmecanismos legales indispensables, el soportejurídico necesario, para que los municipios pue-dan avanzar hacia mejores condiciones en elmanejo de estas empresas.
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También encontramos deficiencias en los orga-nismos públicos. Cuántos escándalos hemos...
Por favor, un minuto, Presidenta.
La señora PRESIDENTA.� Tiene un minutopara poder terminar su exposición.
El señor CASTILLO CHIRINOS (AP-CODE-I).�Cuántos escándalos hemos presenciado en el ac-cionar de, por ejemplo, el Fonavi, el Foncodes;fraudes en los que están involucrados personajesimportantes de este régimen; pero les echan laculpa a los pobres municipios de todas las debili-dades que se puedan apreciar en el manejo deestos servicios públicos.
Yo creo que es una actitud de mala fe pretenderque aparezcan altas tasas de déficit en los fondosde las empresas de saneamiento cuando se leshace cargar las deudas que muchos moradoresde los diferentes pueblos del país han contraídocon Fonavi. Actualmente, el Gobierno les ha en-dosado esas deudas a las empresas de agua pota-ble para que éstas presenten un mayor déficitdel que realmente tienen.
Yo creo que sería interesante que se respete estadisposición constitucional de mantener las em-presas de saneamiento bajo el control de los go-biernos municipales.
La señora PRESIDENTA.� Tiene el uso dela palabra el señor Gustavo Flores.
El señor FLORES FLORES (C90-NM).� Pre-sidenta: Hay algunos de mis colegas que estánviendo fantasmas donde no los hay.
Es clarísimo lo que dice la Constitución Políticadel Estado en su artículo 104º: "El Congreso pue-de delegar en el Poder Ejecutivo la facultad delegislar, mediante decretos legislativos, sobre lamateria específica y por el plazo determinadoestablecidos en la ley autoritativa". Y esto es loque hacemos.
Por lo tanto, no hay temor; no hay por qué ha-blar sobre control, abuso, corrupción y tantas cosasque se han dicho.
Esto es simple: es obligación nuestra, es obliga-ción del Estado, es obligación del Gobierno, esobligación del Ejecutivo afrontar un problema quetodos sabemos que existe a lo largo y ancho delpaís.
Todos conocemos el estado en que se encuentranlas empresas de saneamiento: casi todas ellas�creo� están quebradas, hay desorden, no hay
gestión empresarial. Todo este desorden hay quearreglarlo. No podemos estar de brazos cruza-dos.
Éste �así lo entiendo� es un aspecto técnicoque tiene que solucionarse con la participaciónde los afectados, con la participación de los fun-cionarios de las empresas de saneamiento de lasmunicipalidades y con la participación, obviamente,del Ejecutivo. Hay que buscar la solución másadecuada. Por eso creo conveniente que en estamateria sí deberíamos delegar facultades, avaladospor lo que nos dice nuestra Constitución.
Se ha hecho muchísimos esfuerzos para lograr elsaneamiento en todos los pueblos alejados del Perú.La necesidad de tener agua y de contar con servi-cios de desagüe es de todos los peruanos, y mu-chas veces se ha trabajado en forma desordena-da. Es obvio que ha habido créditos que este Go-bierno, a diferencia de otros, nos ha dado. Paraelectrificación y para saneamiento, ha habidomuchos préstamos a través de UTE-Fonavi.
Quizás por esta gran cantidad de fuentes definanciamiento, por esta cantidad de recursos, sehan producido algunos desórdenes que es nece-sario corregir. ¿A través de qué? De las normas yde las leyes específicas en esta materia, a fin deque no sigamos con el problema.
Todos sabemos que en los municipios �sobre todoen los alejados� hay desconocimiento en el ma-nejo empresarial. Muchos fraudes o irregulari-dades se han cometido por negligencia, puestoque los alcaldes elegidos por la población no es-tán siempre en la obligación de conocer un ma-nejo empresarial; y muchos de ellos, manejandocon buena voluntad, con el deseo de darle servi-cio de saneamiento a sus pueblos, han cometidoirregularidades.
Entonces, hay que hacer legislación clarísima y,como se dice aquí en la exposición de motivos,hay que capacitar. Esto es importante, y hay quehacerlo a través de las normas que hay que dar.Creo que ello, en esta oportunidad, tiene que sera través del Ejecutivo.
Repito que es un tema técnico, especializado, cuyoobjetivo principal es el de ayudar a los peruanosque en un momento se desordenaron y que ac-tualmente han llevado a las empresas a la quie-bra, muchas de las cuales están con utilidadesnegativas.
¿Qué hacer frente a este problema? Legislar. ¿Quéhacer? Tomar al toro por las astas y dar las dis-posiciones legales adecuadas. ¿Y por qué no sepuede hacer esto a través del Ejecutivo? ¿Por qué
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tenemos que esperar más? Incluso, todos sabe-mos ahora del embalsamiento que hay de tantosdictámenes que tenemos. ¿Y por qué no vamos adelegar una materia específica? Tenemos quehacerlo, Presidenta.
Por eso, yo estoy totalmente de acuerdo con quepodamos aprobar este dictamen. Creo que todoslos alcaldes del Perú lo están esperando, porqueellos también requieren las normas que puedanayudarlos a conducir mejor sus empresas de sa-neamiento.
¿Me da un par de minutos más, Presidenta, por-que ya voy a terminar?
La señora PRESIDENTA.� Dos minutos adi-cionales, de parte del congresista Samalvides.
El señor FLORES FLORES (C90-NM).� Pre-sidenta: Creo que éste es el sustento. Además,considero pertinente aprobar el dictamen en sutotalidad, tomando en cuenta este artículo 2º queno había sido considerado en la propuesta del Eje-cutivo, pero que es totalmente pertinente. Si noes prorrogar, se debe acoger a lo que decía el ar-tículo 3º, numeral 3.1, de la Ley 27045.
Sin embargo, es cierto que no podríamos ampliarun plazo que se ha terminado. Por eso, yo me voya permitir sugerir a la Presidenta de la Comisióninformante el siguiente texto en el artículo 2º:
"Del acogimiento al Programa de Regularizaciónde Deudas.
Las entidades prestadoras de servicios de sanea-miento pueden acogerse al Programa de Regula-rización de Deudas a que se refiere el artículo 3º,literal 3.1, de la Ley 27045, en tanto el Poder Eje-cutivo no promulgue las disposiciones legales sobrela materia".
Bajo esta forma también aquí estamos ayudandoy estamos salvando un problema que se nos pre-sentó.
Creo que al aprobar este dictamen vamos a ayu-dar a muchos peruanos, como ya he dicho en miintervención. Voy a hacer entrega de esta pro-puesta a la congresista Carmen Lozada.
Le agradezco mucho por haberme concedido estaampliación de tiempo, Presidenta.
La señora PRESIDENTA.� Puede hacer usode la palabra el congresista Daniel Estrada.
El señor ESTRADA PÉREZ (UPP).� Gra-cias, señora Presidenta.
En primer lugar, debo decir que �por lo menos amí� me halagaría mucho que de la mayoría par-lamentaria vengan proyectos de ley en los quepodamos compartir los de la minoría y, de esamanera, producir disposiciones legislativas queexpresen el consenso social y, también, el con-senso político del país. Pero resulta que esto ge-neralmente no es así, y la respuesta que recibi-mos es algo que va convirtiéndose en un sonso-nete, en el sentido de que la oposición se oponepor oponerse. Y esto no es así.
¿Cómo no oponerse racionalmente a un proyectode ley de esta naturaleza, que en su entraña mis-ma persigue la destrucción de las municipalida-des del país que tienen bajo su responsabilidadel proporcionar agua potable a los 14 millones deperuanos que viven asentados en grupos urbani-zados, es decir, en ciudades grandes y pequeñas?¿Cómo no oponerse a un proyecto de esa natura-leza, cuya marca es absolutamente inconstitucio-nal?
Por mucho que haya pasado una serie de proyec-tos con esa señal de inconstitucionalidad, pormucho que se haya pisoteado la Carta Magna delEstado en este mismo recinto, tienen que habervoces que digan alto a esta forma de manejar lalegislación de nuestro país.
En efecto, este proyecto de ley señala en su artículo1º que se va a otorgar facultades al Poder Ejecu-tivo para que legisle en materia de servicios desaneamiento a efectos de adoptar e implementarestrategias de organización y desarrollo en dichosector.
Queda entendido entonces �y no por la explica-ción que se ha hecho aquí, sino por las deduccio-nes que tenemos que hacer de este planteamien-to que hace el ingeniero Fujimori� que se estásolicitando autorización para, en nuestro nom-bre, en nombre del Legislativo, poder legislar sobreun servicio de ascendencia, de vocación y de des-tino estrictamente municipal.
¿Y por qué, señora Presidenta? Porque el artícu-lo 10º de la Ley Orgánica de Municipalidades se-ñala con precisión inequívoca que la organiza-ción, reglamentación y administración de los ser-vicios públicos locales es competencia de las mu-nicipalidades. Por tanto, se pretende legislar dentrode un ámbito que constitucionalmente está re-servado a otra esfera de gobierno en el país; esdecir, a este escalón primero del poder que sonlas municipalidades, que a su vez ejercen actosde gobierno en las distintas ciudades, pueblos ycircunscripciones del país.
Pero resulta que esta disposición está consigna-da en una ley orgánica, la Ley Orgánica de Muni-
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cipalidades, que �como nadie puede discutir�es el desarrollo de una disposición constitucionalque regula un ente público reconocido por la propiaConstitución.
Pues bien, si ésta es una disposición constitucio-nal, la que tiene que modificarse con la delega-ción de facultades que pide el Ejecutivo, no pue-de darse por imperio de la propia Constitución;porque, como bien se ha leído, el artículo 104º dela Carta Política del Estado señala que el Con-greso puede ejercer la facultad de delegación deestas funciones legislativas, que en el fondo esuna abdicación legal, es un dejar hacer en nues-tro nombre.
Pero el siguiente párrafo de este artículo tam-bién señala claramente: "No pueden delegarse�es decir, en el Ejecutivo� las materias que sonindelegables a la Comisión Permanente"; eso diceel propio artículo 104º. ¿Y cuáles son las mate-rias que no se pueden delegar a la Comisión Per-manente? Inciso 4) del artículo 101º de la mismaCarta Magna: "No pueden delegarse a la Comi-sión Permanente materias relativas a reformaconstitucional, ni a la aprobación de tratados in-ternacionales, leyes orgánicas".
Con mucho gusto, dentro de un minuto. Déjemeterminar la idea.
Consecuentemente, no podemos actuar de unaforma tal que signifique una transgresión de laCarta Magna. En primer lugar, por esta razónvoy a oponerme...
Voy a hacer uso de otros cinco minutos.
La señora PRESIDENTA.� Tiene los cincominutos del congresista Alfonso Grados Bertorini.
El señor ESTRADA PÉREZ (UPP).� Conce-do la interrupción a la señora Lozada de Gamboa,con el compromiso de que sea breve.
La señora PRESIDENTA.� Puede interrum-pir, congresista Lozada.
La señora LOZADA DE GAMBOA (C90-NM).�Señora Presidenta: El congresista Daniel Estrada�no sé si es intencional o sin darse cuenta� estáconfundiendo el tema, porque no se trata, en pri-mer lugar, de una modificación de la Ley Orgáni-ca.
La Ley Orgánica fue dada en el año 1984. Sin em-bargo, en ese entonces las empresas prestadorasdel servicio de agua potable y alcantarillado es-taban a cargo del Ministerio de Vivienda y Cons-trucción, regidas por Senapa. Posteriormente, en
el año 1990, se dan los decretos legislativos parala transferencia de las empresas prestadoras deservicios a las municipalidades.
Por lo tanto, desde entonces es que las munici-palidades son las instituciones encargadas de laadministración de los servicios de agua potable.
Por su intermedio, señora Presidenta, quieropedirle al señor congresista que me diga en quéartículo de la Ley Orgánica de Municipalidadesdice que los servicios de agua potable y alcanta-rillado deben ser administrados por las munici-palidades del país. No es así. Ésa no es una modi-ficación a una ley orgánica. Por lo tanto, no re-quiere votación calificada y puede ser delegadaal Poder Ejecutivo la facultad de legislar en estamateria.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA.� Continúe, usted.
El señor ESTRADA PÉREZ (UPP).� Seño-ra Presidenta: Yo lamento que me haga perderun minuto y medio de mi tiempo con una aseve-ración de esa naturaleza.
Yo le recomiendo a la señora congresista que leael artículo 192º, inciso 4), de la Constitución Po-lítica en vigencia, en el que está transcrito exac-tamente lo que dice la Ley Orgánica de Munici-palidades. Y voy a tener que leer para que se ten-ga conciencia de que ésa es la forma �con desco-nocimiento absoluto de la Constitución� comose plantean aquí leyes que agravian el estado dederecho en el Perú.
El artículo 192º de la Constitución dice: "Lasmunicipalidades tienen competencia para:
[...]
4) Organizar, reglamentar y administrar los ser-vicios públicos locales".
¿Qué significa esto? Es exactamente lo mismo quehe leído de la Ley Orgánica de Municipalidades.
Pero no solamente por eso me opongo a este pro-yecto de ley, que ojalá pudiera, efectivamente,concentrar la aspiración de todos los peruanospara que no aparezcamos en los últimos lugaresprevistos por el Banco Mundial con respecto aldesarrollo humano; lo cual se debe, precisamen-te, entre otras cosas, a que tenemos un escasomargen de la población que tiene la cobertura deun servicio elemental como es el del agua o el deldesagüe.
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También me opongo porque, en su oportunidad,este mismo Congreso de la República aprobó otraley inconstitucional �la Ley 27045, a la que seha referido la señora Presidenta de la Comisióninformante�, mediante la cual se obliga a lasmunicipalidades que tienen créditos con el Fonavia adoptar una de tres modalidades para el pagode sus créditos. Estas tres formas son: el pagoque tienen las municipalidades por créditos ob-tenidos para obras de saneamiento es al contado,con un 50 por ciento de descuento; mediante ca-pitalización de la deuda, con descuento del 30 porciento; y en un plazo de 24 meses.
Esto es absolutamente inconstitucional, porqueel artículo 62º de la Constitución Política señalaque nadie, ni por ley, puede modificar los contra-tos que establecen voluntades bilaterales debi-damente pactadas en un documento.
La Constitución dice: "La libertad de contratargarantiza que las partes pueden pactar válida-mente según las normas vigentes [...]. Los tér-minos contractuales no pueden ser modificadospor leyes u otras disposiciones de cualquier cla-se".
Si las municipalidades o las empresas de sanea-miento pactaron con Fonavi un pago en 15 años,ninguna ley puede obligar a que las municipali-dades asuman el pago al contado, por mucho quehaya un descuento.
Sobre esto presenté un proyecto de ley, con fecha8 de marzo, que ha merecido dictamen de la pro-pia Comisión informante. Es un proyecto de leyque está en el orden del día, pero que se desme-rece completamente con este pedido del Ejecuti-vo para atentar una vez más contra la autono-mía municipal.
Se podría seguir alegando muchos otros argumen-tos que pongan de manifiesto que aquí se da cur-so o se continúa en una manifestación que espermanente del Poder Ejecutivo: destruir, de ma-nera cada vez más firme y enérgica, la institu-cionalidad municipal de nuestro país.
Creo que ha llegado el momento de que el Legis-lativo, de acuerdo a su propia competencia y ha-ciendo respetar lo que finalmente corresponde asu dignidad, evite este tipo de atropellos.
Voy a concluir.
�Asume la Presidencia el señor Ricardo Mar-cenaro Frers.
El señor PRESIDENTE.� Cómo no. Tieneusted un minuto más, señor Estrada.
El señor ESTRADA PÉREZ (UPP).� Le de-cía, señor Presidente, que es tiempo de que elLegislativo asuma de la manera más responsa-ble posible las propias obligaciones y los deberesque le atribuye la Constitución del Estado.
De lo contrario, abdicar de esta obligación en unaforma tan fácil y, además, sin que se cumplan lascondiciones y requisitos que la propia Constitu-ción establece �como lo han manifestado losoradores que han participado en forma anticipa-da a esta intervención� significa que de partedel Congreso existe �como ya está probado ycomprobado, una vez más� una muestra de com-placencia y de inclinación reverente a lo que mandael Ejecutivo.
De nuestra parte hay una oposición firme en de-fensa de lo que está establecido a través de lajuridicidad de nuestro país.
O respetamos ese orden que nosotros mismoshemos creado, ese orden que constitucionalmen-te ustedes señalan que está respaldado inclusivepor un referéndum, o hacemos tabla rasa de todaesa normatividad.
Por esto, me opongo terminantemente a delegarestas facultades, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE.� Puede hacer uso dela palabra el señor Juan Hermoza.
El señor HERMOZA RÍOS (C90-NM).� Gra-cias, señor Presidente.
Casi al terminar este año, creo que podemos com-partir con todos los peruanos lo bien que le hacea la clase política la televisión por cable; bien paraunos, y bien para la población que puede escu-char atentamente lo que acá se dice, lo que acáse debate.
Los registros y la memoria de este Congreso to-davía están frescos; y nos retrotraemos a diciem-bre de 1998, en que termina el CADE. El Ejecu-tivo pidió en ese entonces delegación de faculta-des para legislar en materia tributaria. Pero estamayoría se opuso cortésmente a delegar faculta-des al Ejecutivo, y fue este Congreso, con estamayoría, el que evacuó leyes importantes sobrela materia.
Esta noche nos traen a debate un dictamen enmayoría de la Comisión de Infraestructura, y novoy a responder a algunos congresistas de la mi-noría que dicen que estamos abdicando �esesambenito al que se apela� de nuestras atribu-ciones constitucionales. Más bien, voy a recor-dar �con nuestros compatriotas que nos siguen
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por cable, por Canal 7, y con el periodismo quenos acompaña el día de hoy� algunos indicadoresque ha compartido con nosotros la arquitecta Car-men Lozada.
En administración moderna, al político, al em-presario, al dirigente vecinal, al alcalde, al médi-co de cabecera se los mide por resultados. Tengoa la mano un cuadro que me ha alcanzado uno delos asesores de la Comisión de Infraestructura.Obviamente, no vamos a hablar de los últimoslugares a los que se refiere Daniel Estrada, sinovamos a hablar de los primeros lugares de muni-cipios que ostentan la más alta morosidad enmateria de servicio de saneamiento.
Aquí veo, con gran sorpresa, a Cusco. Seda Cuscoestá, en el ranking, de la mitad para adelante delos más morosos. Es el lugar de un congresistaque creo que fue alcalde dos o tres veces. Y creoque esa morosidad y esa incompetencia viene deantes, no viene de este alcalde que acaba de asu-mir el cargo.
Y si miramos el cuadrito, encontramos a Epsel.Me dicen los asesores de la Comisión de Infraes-tructura �yo no lo sabía� que Epsel es la em-presa de saneamiento de Lambayeque. Y enLambayeque estuvo un alcalde que repitió el pla-to dos veces, que hoy día es congresista y que noquiso dejar, en su oportunidad, la alcaldía paravenir al Congreso.
Estamos cuatro años en este congreso, y esos dosdistinguidos colegas �que yo sepa� nunca pre-sentaron proyectos para decirnos: "Señores de lamayoría, aquí tienen ustedes una propuesta téc-nica, viable y positiva para ver de qué manerasacamos de este déficit, de esta quiebra que tie-nen las EPS de Tumbes, Yunguyo, Chiclayo,Cusco..." Y no sigo porque voy a agarrar carne enotros alcaldes de la minoría.
Entonces, yo creo que la Representación Nacio-nal y el país que nos escucha quieren oír de susdirigentes políticos, que quieren repetir el platoen la próxima campaña electoral, propuestas con-cretas. No quieren escuchar "es inconstitucional","Fujimori quiere avasallar la autonomía munici-pal", "ya se viene el 28 de julio, Fujimori quieretraer otra carta bajo la manga".
Creo que la ciudadanía ya está cansada de algu-nos miembros de la minoría. No todos. Afortu-nadamente, hay voces importantes dentro de laminoría que han intervenido y que van a inter-venir. Sin embargo, creo yo que de estos dos ejem-plos que yo muestro no ha habido verdaderosaportes.
Por ejemplo, quisiéramos escuchar lo que ArturoCastillo nos va a decir el día de hoy a través deuna interrupción, señor Presidente, si usted laconcede.
El señor PRESIDENTE.� Señor Castillo, tie-ne usted la interrupción.
El señor CASTILLO CHIRINOS (AP-CODE-I).�Muchas gracias, colega Hermoza.
Indudablemente que es preocupante que algu-nas empresas de saneamiento, que ayer estuvie-ron en condiciones expectantes, hoy día puedanhaber sucumbido en la crisis. De repente, no seráporque...
El señor PRESIDENTE.� Tiene usted cincominutos más, señor Hermoza.
Continúe, señor Castillo.
El señor CASTILLO CHIRINOS (AP-CODE-I).�En el caso de Chiclayo, no creo, definitivamente,que la crisis �de la que habla el señor Hermoza�de la empresa municipal de saneamiento puedahaber obedecido a una mala gestión de cuandoyo fui su presidente.
No creo que ello sea así, en principio, porque�burlando muchas dificultades� logramos finan-ciar el proyecto de saneamiento, agua potable ytratamiento de aguas servidas gracias a la gene-rosidad del Gobierno de Alemania, que nos donó20 millones de dólares por gestiones directas delque habla, y al generoso aporte del Gobierno fran-cés de 17 millones. Con ello y con aportes adicio-nales, con créditos de Fonavi, se logró financiarese proyecto de 50 millones de dólares, que ja-más en la historia se hubiera podido lograr conlos precarios recursos que el Estado otorga a losmunicipios en esta materia.
Yo creo que eso aclara, en parte o ampliamente,la preocupación del colega Hermoza.
El señor PRESIDENTE.� Puede continuar,señor Hermoza Ríos.
El señor HERMOZA RÍOS (C90-NM).� Elcongresista Estrada me solicita una segunda yúltima interrupción, a la que me faculta el Re-glamento, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE.� Señor Daniel Estra-da, puede usted interrumpir.
El señor ESTRADA PÉREZ (UPP).� Muchasgracias, señor Presidente; muchas gracias, cole-ga Hermoza Ríos.
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He sido aludido y a mí me parece �lo digo muysinceramente� que no es leal entre congresistastener que descalificarnos en la forma como sepretende hacer conmigo.
Yo quisiera que el señor congresista lea toda lainformación y vea cómo es que, siendo pionerode la transferencia de las empresas del agua a lasmunicipalidades, después de haber recibido unaempresa que se decía que técnicamente estabaen quiebra, la entregué como la más rentable delPerú.
Yo quisiera traer �aunque de repente está malque yo lo haga� al recuerdo de este Congresolas propias palabras del Presidente de la Repú-blica, porque fue merced a este modesto servidorque el Perú, después de ser un apestado en elmundo financiero internacional, por primera vezsuscribió un crédito para agua potable del Cusco,que lo conseguí yo, a instancias de la Municipali-dad del Cusco.
Lo justo es reconocer que dentro de unos mesesse inaugurará la más grande obra �hablando enproporción� de saneamiento y agua potable he-cha en el país, y es en la municipalidad en la que,a mucha honra, ejercí su alcaldía.
Le pido, por tanto, señor Hermoza Ríos, a travésde la Presidencia, ajustarse, con mayor cercanía,a los hechos y guardar las debidas lealtades quenos merecemos quienes ejercemos función pública.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE.� Puede continuar,señor Hermoza Ríos.
El señor HERMOZA RÍOS (C90-NM).� Se-ñor Presidente: Déjeme decirle, a través suyo, alcongresista Estrada que yo tengo un conceptodistinto de la lealtad.
Si en una comunidad familiar o en una corpora-ción política, como es esta Representación Na-cional, hay algo que enfatizar y distinguir, creoque hay que hacerlo con la altura con que acos-tumbramos hacerlo, congresista Estrada. Si sesiente afectado por estos cuadros, creo que ustedmás que nadie tiene la responsabilidad de demos-trarle lo contrario a su electorado y corregirme,si así fuera el caso.
Pero de eso no se trata. Se trata de que mi inter-vención fue motivada porque escuché decir alcongresista Arturo Castillo que esto era una in-tervención maliciosa del Ejecutivo, a efectos decautivar nuevamente a los municipios y tenerlosde la mano.
Pero mi respuesta era que nosotros queremospropuestas en lo que queda de este debate. ¿Quédebemos hacer para que estas empresas remon-ten su difícil situación económico-financiera? Losque tenemos conocimientos, por lo menos bási-cos, de administración no solamente tenemos quedecir que está mal, que no debemos darle, que escuestión política, que es cuestión electoral. Te-nemos que hacer propuestas, porque los que es-tamos aquí sentados �que nos queda un año eneste Parlamento� tenemos que demostrar anuestros compatriotas que sí podemos aportarcon proposiciones concretas, viables, y no recla-mar falsos testimonios.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE.� Puede hacer uso dela palabra el señor Santa María.
El señor SANTA MARÍA (PAP).� Señor Pre-sidente: Las que están quebradas no son las em-presas de saneamiento. Quienes están quebra-dos son 24 millones de peruanos, que están sintrabajo o no ganan el suficiente dinero para pa-gar las tarifas eléctricas, de teléfonos y �ni si-quiera� de agua potable.
El pueblo peruano está quebrado. Y no solamen-te tienen dificultades las empresas de saneamiento,sino decenas de miles de empresas en el Perú,que están quebradas porque simplemente no tie-nen a quién vender sus productos. Si no, a quévienen los 600 millones de dólares que el Gobier-no ha aprobado para una suerte de salvación deinnumerables empresas que están en falenciaeconómica y que no tienen con qué pagar susdeudas.
Acá se está discutiendo, en verdad, gato por lie-bre. Esta ley está diciendo que las empresas desaneamiento, en gran parte, tienen dificultadesfinancieras. Pero ello se debe a la situación pau-pérrima de la población, a la que se le instala ser-vicios de agua potable, pero después no puedepagar el costo de servicio. Entonces, lógicamen-te, las empresas tienen un problema de morosi-dad al aplicar esas tarifas, lo cual es producto deque el pueblo peruano no tiene dinero para pa-garlas.
Por otro lado, el Gobierno ha hecho obras de in-fraestructura que comprenden dos aspectos: elaspecto troncal, es decir, las obras que correspondena las empresas de saneamiento del Estado; y lasconexiones domiciliarias. El Estado condona ladeuda a los usuarios, pero no condona la deuda alas empresas de servicios, y les dice: "O me pagasahora, o capitalizo la deuda; o me pagas ahora, ola empresa es mía".
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Esta ley es, prácticamente, como poner a lasempresas de saneamiento en la boca del lobo. Leestamos diciendo al acreedor, que es el EstadoCentral, que legisle para ver cómo se cobra la deudaque tienen las empresas de saneamiento. Esta-mos dándole a una parte, al acreedor, la facultadpara que norme cómo es que le van a pagar, sa-biendo de antemano �porque así se ha estable-cido� que el Estado busca la capitalización deesa deuda en prácticamente un cien por ciento,lo que significará que el Estado Central pasará aser dueño de estas empresas de saneamiento.
Eso y nada más que eso busca esta ley, porque lasolución en el mediano y largo plazo para resol-ver el problema financiero de las empresas desaneamiento es que el pueblo peruano tenga conqué pagar las tarifas. Y solamente va a tener conqué pagar las tarifas cuando cambie esta políticaeconómica que ha empobrecido a 24 millones deperuanos hasta tal punto que ni siquiera puedenpagar los servicios.
Miren el caso de Huamachuco. En Huamachucola población paga dos nuevos soles mensuales porel servicio de agua. Se ha intentado aumentar latarifa a cuatro nuevos soles mensuales, y ha ha-bido prácticamente una revolución en Huama-chuco. La gente no tiene ni siquiera para pagarcuatro nuevos soles mensuales por el servicio deagua potable. ¿Y por qué? ¿Porque son ineficienteslas empresas o porque es ineficiente la empresamunicipal de Huamachuco? No. La gente no tie-ne dinero para pagar ni siquiera cuatro nuevossoles mensuales. Ése es el problema, que es si-milar al que tienen decenas de miles de empre-sas en el país, que no tienen a quién vender susproductos, razón por la cual también están enfalencia económica.
La madre del cordero es que la base social, sobretodo en las zonas marginales, donde se ha hechouna gran cantidad de obras últimamente, no tie-ne con qué pagar las tarifas; y, al no tener conqué pagarlas, las empresas de saneamiento notienen cómo poder capitalizarse para pagar lasdeudas que el Estado ha condonado a los usua-rios, pero que no quiere condonar a las empresasde saneamiento.
Solución número uno: o bien el Estado postergaesta cobranza...
El señor PRESIDENTE.� Tiene usted unminuto más, señor Santa María.
El señor SANTA MARÍA (PAP).� Señor Pre-sidente: El colega Ghilardi tomó el tiempo delseñor Velásquez. No habló ni siquiera diez mi-nutos, habló ocho minutos. Si usted me permite,
aunque no creo que lo vaya a necesitar, quisieratomar el tiempo del colega Núñez.
El señor PRESIDENTE.� Tiene usted tresminutos, señor.
El señor SANTA MARÍA (PAP).� Me pide unainterrupción el colega Flores. Le pido, por favor,que sea breve.
El señor PRESIDENTE.� Señor Flores Flo-res, tiene usted la interrupción.
El señor FLORES FLORES (C90-NM).�Muchas gracias, Presidente.
Mi colega me ha hecho recordar la política de "Alanvuelve", pero parece que ya no va a volver. Resul-ta que bajo esos argumentos nunca se subían lastarifas de energía. Efectivamente, en ese puebloque él menciona cobran dos nuevos soles, y esoes lo que trae realmente la quiebra a las empre-sas. No se cobran los costos adecuados, no se hacegerencia, que es lo importante, Presidente.
Gracias.
El señor PRESIDENTE.� Puede continuar,señor Santa María.
El señor SANTA MARÍA (PAP).� ¡Qué talgerencia, señor Presidente! ¡Han condonado ladeuda a millones de usuarios! Este Gobierno acabade condonar la deuda por las obras de conexio-nes domiciliarias. Ni siquiera cobran algo. Nocobran nada.
Miren, acá se han reunido, como lo ha señaladola Presidenta de la Comisión, representantes detodas las empresas de saneamiento, de agua po-table. Han propuesto las salidas correspondien-tes, han sido consensuadas, se han planteado enla Comisión, se ha asumido un compromiso, seha traído un dictamen; ese dictamen ha estadoen la orden del día; y, por arte de birlibirloque,ese dictamen no se discute y viene una propues-ta del Ejecutivo para que éste legisle. Es decir, elEjecutivo, que tiene ahora 700 millones de dóla-res de acreencias con las empresas de agua pota-ble, está pidiendo facultades para legislar en contrade quienes, justamente, son los deudores, lasempresas de saneamiento.
Lamentamos mucho tener que votar en contraen un proyecto que sólo busca �y eso lo vamos aver en los próximos meses� cumplir la voluntaddel Gobierno Central de hacerse de la propiedadde las empresas de saneamiento. Eso, en sí mis-mo, lejos de ser una solución al servicio de aguapotable en el país, va a complicar las cosas en
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perjuicio de los usuarios de agua potable a nivelnacional.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE.� Puede hacer uso dela palabra el señor Javier Diez-Canseco.
El señor DIEZ-CANSECO CISNEROS (DE-MO).� Señor Presidente: Yo creo que la funda-mentación que presenta la Comisión y el debatehan dejado bastante clara cuál es la intencionalidaddel proyecto.
Lo que el proyecto propone es autorizar al Go-bierno a intervenir en la forma como los munici-pios manejan el tema del saneamiento �del aguapotable, del desagüe� y poder intervenir lasempresas y poder intervenir los organismos desupervisión, que se deben ocupar de fiscalizar elfuncionamiento de estos servicios.
Entonces, lo que se está delegando es facultadespara que el Ejecutivo intervenga en tres niveles:uno, en el nivel de funciones de la municipali-dad, que tienen carácter de ley orgánica, por loque este proyecto tendrá que ser aprobado con lavotación que corresponde a una ley orgánica; dos,intervenir en función de empresas constituidas,que tienen carácter público o municipal, que seocupan del servicio; y, tres, intervenir en los or-ganismos de fiscalización y control en este terre-no.
El argumento que se presenta es que el volumende deuda que tienen las empresas y que tienen,también, los prestatarios del Fonavi asciende a 2mil 442 millones de dólares; y lo que el Gobiernose propone con esto es que le autoricen a ver cómointerviene en este terreno y, probablemente, cómose cobra lo que �pretende� constituye esta deuda.
Yo creo que los usuarios deben tener plena con-ciencia de lo que el Congreso va a votar hoy, quees un proceso que ya se ha vivido en otros secto-res y que tiene que ver con las denominadas "fa-ses previas de la privatización". En esas fasesprevias de la privatización, los precios se dispa-raron brutalmente para luego vender empresasque �se decía� no eran rentables. Los mismosargumentos del señor Chang Ching de hoy en lamañana los han presentado ahora en la nochepara las empresas de saneamiento.
Yo quiero recordarles a los peruanos que la gaso-lina de 84 octanos tenía en julio de 1990 un índi-ce de 16, según la nota semanal del Banco Cen-tral de Reserva; y en mayo de 1999 tiene un índi-ce de 57. Es decir, entre julio de 1990 y mayo de1999, el precio de la gasolina de 84 octanos, en
términos reales, ha aumentado 256 por ciento.El kerosene ha aumentado 180 por ciento, quees lo que menos ha aumentado.
La tarifa eléctrica social, según el BCR, ha au-mentado dos mil 600 por ciento; es decir, se paga26 veces más. Gracias a la privatización, a la efi-ciencia y a la extensión del servicio, la tarifa so-cial, hoy, según los comunistas infiltrados en elBCR �como los que están infiltrados en la CorteInteramericana de Derechos Humanos�, es dedos mil 600 por ciento. ¿Y no los han censurado,y no nos hemos desafiliado del Banco Central deReserva? ¿Cómo puede el Banco Central de Re-serva decir que ha aumentado en 26 veces la ta-rifa social?
Y estos infiltrados en el Banco Central de Reser-va, que hacen la nota semanal, dan cuenta de quela tarifa telefónica básica ha aumentado un mil177 por ciento? ¡Qué bacán!
Aquí nadie se acuerda de Alan. Si Alan es el reyde los porcentajes en miles, ¿por qué no se acuer-dan de los porcentajes en miles en que han subi-do las tarifas gracias al proceso de privatización?Recuérdenles, pues, a los votantes. Recuérdenlesa los ciudadanos. Recuérdenles, pues, y díganlesque lo que están planteando es que el Estadoaplique mecanismos para cobrarse dos mil 400millones de dólares. Para eso es que quieren in-tervenir municipalidades, intervenir empresas desaneamiento.
Yo no sé si de aquí van a querer sacar una co-branza inicial para hacer caja chica para la cam-paña de la "reelección tartamuda" o qué. No sé.Lo que sé en concreto es que lo que se está plan-teado es un mecanismo, explícito en la fundamen-tación, de intervención de estos espacios.
Eso hace que nuestro voto tenga que ser contra-rio, porque la propuesta implica violentar la LeyOrgánica de Municipalidades, implica violentarlos principios constitucionales de las atribucio-nes de las municipalidades, implica �por supues-to� abrir un proceso similar al que se ha vividoen otros sectores.
Yo le ruego un minuto para terminar, señor Pre-sidente.
El señor PRESIDENTE.� Cómo no, señor Diez-Canseco.
El señor DIEZ-CANSECO CISNEROS (DE-MO).� Entonces, señor Presidente, yo creo queestamos en un cuadro harto complicado. Si estoes el preámbulo de ese mecanismo, el cuadro esharto complicado.
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Yo tengo aquí en la mano la información sobrelos efectos de varios procesos en este sentido enel Perú y en América Latina. Y es curioso. Mien-tras en toda América Latina, por ejemplo, el pre-cio del diesel bajó entre junio de 1996 y enero de1998, en Argentina y en el Perú �los únicos dospaíses que hicieron privatización del sector pe-trolero� el precio del diesel subió 63 y 62 porciento. Menem y Fujimori, hermanos de alma yde otros terrenos, han logrado aplicar una políti-ca que ahora se propone aplicar para el sectordel agua potable.
Yo creo que hay buscar fórmulas alternativas ycreo que deben ser discutidas con transparencia.Esas fórmulas alternativas �por supuesto� nopueden permitir que exista una ineficiencia to-tal, pero tampoco se trata de dar carta blanca eneste terreno.
Nuestro voto será en contra.
El señor PRESIDENTE.� Puede hacer uso dela palabra la señora Aurora Torrejón.
La señora TORREJÓN RIVA DE CHINCHA(C90-NM).� Señor Presidente: Hemos escuchadolas intervenciones de los colegas, especialmentede la oposición, que nos han antecedido en el usode la palabra, y sinceramente creo que les faltaaún mayor conocimiento del problema que estánatravesando las empresas prestadoras del servi-cio de agua y alcantarillado en nuestro país.
En necesario recoger el gran problema que vie-nen planteando los diferentes representantes oalcaldes distritales �de manera especial� o agen-tes municipales de algunas comunidades. Hemosentrado en esta especie de marasmo con respec-to a cómo encontrar una solución integral a unproblema que afecta directamente el servicio desaneamiento básico, la salubridad en nuestro país.Creo que ello merece que se analice este temacon mayor detenimiento.
Ya la Presidenta de la Comisión de Infraestruc-tura, al sustentar la necesidad de la delegaciónde facultades legislativas sobre este tema, haahondado en datos y referencias sobre lo que hasido planteado en una audiencia pública convo-cada por la Comisión de Infraestructura del Con-greso de la República, donde han participado to-das las instancias que tienen que ver con estequehacer, e, inclusive, en alguna otra actividadque ha hecho la Comisión, en el cono norte deLima, con participación de los usuarios. Creo queel clamor general de todas las instancias es en-contrar una solución.
Yo quiero decirles, queridos colegas, que en laactualidad, lamentablemente, ante la desactivación
de la UTE-Fonavi, existe un sinnúmero de loca-lidades en nuestro país que se han quedado a laespera de poder ejecutar y buscar el financiamientocorrespondiente para la ejecución de las obras deagua y desagüe en nuestro país.
Por ejemplo, les voy a mencionar �siempre metengo que trasladar al seno de mi región� el casode la localidad de Tocache. El congresista DanielCoral Pérez conoce bien este gran problema. Enesa localidad están a la espera de que se puedansolucionar los problemas legales que presentanlas empresas prestadoras de servicios de sanea-miento.
Pero nadie ha mencionado �al menos los que yahan hablado� que el Estado peruano, lideradopor el ingeniero Alberto Fujimori, fue el que sepreocupó de ver de qué manera se podría fortale-cer a estas empresas con la administración de lasmunicipalidades. Es así que se dan estas admi-nistraciones.
Sin embargo, por múltiples factores �que nonecesariamente pasan por la ineficiencia del al-calde, que en algunos casos pudo haber sido pre-sidente del directorio o tener una labor adminis-trativa en ello�, se ha dado un manejo empresa-rial ineficiente.
El gasto de operación pudo ser sustentado poruna real medición del consumo de este servicio,por una real ampliación de las posibilidades debrindar este servicio a otros usuarios que lo ne-cesitan, aun teniendo la potencialidad de poderhacerlo, porque la capacidad de la captación asílo puede permitir.
Sin embargo, encontramos que estas empresasde saneamiento se encuentran endeudadas; en-deudadas de diferente forma, lo cual no les per-mite tener un nuevo financiamiento, tener unnuevo acceso a una nueva fuente de financiamientopara poder ejecutar las obras que es necesariorealizar.
Se han realizado, con la Ley 27045, algunos in-tentos para poder lanzar un salvavidas a esas em-presas. Como bien sabemos, los fondos que hanfinanciado las obras a nivel nacional han sido,preferentemente, recursos captados por el Fonavi;los cuales, siendo recursos captados por el Fonaviy trasladados a los núcleos ejecutores o a los co-mités de obras, son recursos de terceros; y, comoson recursos de terceros, no puede haber una con-donación en cuanto a los préstamos que se hanbrindado.
En ese sentido, los préstamos que ha canalizadoel Banco de la Vivienda, que ha canalizado la UTE-
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Fonavi, tienen que tener algún tipo de responsa-bilidad o de corresponsabilidad para poder recu-perarlos, porque son de los aportantes al Fonavi.
Uno de los aspectos que se tiene que ver es laforma de poder ayudar en el refinanciamiento aestas empresas. Lamentablemente, hasta la fe-cha, por diferentes razones, puede ser tambiénpor negligencia, puede ser...
Tengo el tiempo de la señora Martha Chávez.
El señor PRESIDENTE.� Cómo no. Tieneusted los cinco minutos, señora Torrejón.
La señora TORREJÓN RIVA DE CHINCHA(C90-NM).� Si fuera necesario, señor Presidente.
Le decía a usted que lamentablemente, hasta lafecha, aun vencido el plazo, ninguna empresa hapodido sanear la documentación correspondien-te.
Inclusive, existen diferentes modalidades deempresas prestadoras de servicios de saneamientoen nuestro país: unas son las sociedades anóni-mas y otras son las empresas de responsabilidadlimitada. En ambos casos hay serios problemas.
El Pronap ha venido implementando un progra-ma de mejoramiento institucional �denomina-do "Programa MIO"� con la finalidad de dotarde un manejo gerencial a las diferentes empre-sas. Lamentablemente, no todas las empresas estándentro de este programa. Hemos tenido la suer-te de que las dos empresas de San Martín, tantola de Tarapoto como la de Moyobamba, esténdentro de este programa y se estén viendo forta-lecidas. Pero este esfuerzo �que se está hacien-do con endeudamiento externo, inclusive� no hapodido cumplirse todavía dentro de la etapa pre-paratoria que la misma Ley de Saneamiento con-sidera.
Se trata de una etapa preparatoria, que ya hasuperado los 18 meses establecidos; una etapade mejoramiento, en la cual nos encontramos; yuna etapa posterior de definición, que es la queestablece la Ley de Saneamiento.
Sin embargo, la misma Ley de Saneamiento secontradice con la nueva Ley General de Socieda-des. Éste es un caso clamoroso que la misma al-caldesa de Tarapoto, por ejemplo, lo ha venidodenunciando desde que ella se ha hecho cargo,ya que en algunos aspectos estas empresas desaneamiento se rigen por la Ley General de So-ciedades y en otros aspectos se rigen por la LeyGeneral de Saneamiento. Deberíamos unificar laslegislaciones para evitar este tipo de problemaslegales que se han suscitado en la práctica.
Yo le digo esto porque una empresa prestadorade servicios de saneamiento puede tener su par-ticipación en el directorio no en base al númerode acciones que tiene, sino en base a la poblacióna la cual representa, al número de usuarios alque representa. Además, en el caso de la partici-pación dentro de la valorización que tenga quehacerse, se rige por otro aspecto, y no necesaria-mente tiene la representatividad en el directoriocon la finalidad de poder definir en cuanto a quepueda tenerse una mayor representatividad.
Estas valorizaciones de las obras que se han ve-nido ejecutando por diferentes fuentes definanciamiento están creando también múltiplesproblemas. En algunos casos todavía no se hapodido incorporar o valorizar las inversiones quese han hecho con financiamiento, por ejemplo,de la UTE-Fonavi.
Les voy a poner un ejemplo, y me van a disculparque sea tan chauvinista. Conozco muy de cercalos problemas de mi región, y por eso es que siemprelos menciono cada vez que hago uso de la pala-bra.
Les pongo el ejemplo de una inversión en el dis-trito de Soritor de diez millones de nuevos soleso más para obras de agua potable y desagüe, quetiene inclusive laguna de oxidación. Sin embar-go, el directorio de la EPS de Moyobamba figuracon mil acciones. Ello es totalmente despropor-cionado, porque hasta este momento no puedenhacer una real valorización e incorporación delos activos a la empresa. Existe un sinnúmero deproblemas legales. La propia Ley General de So-ciedades ha venido entrabando legalmente esteproceso.
No es, pues, cierto que �como se ha querido hacerver� el dictamen presentado por la Comisión deInfraestructura �ante el pedido del Poder Eje-cutivo de delegarle facultades legislativas paraque pueda normar sobre saneamiento� esté orien-tado solamente a una acción intervencionista, auna acción de preprivatización.
Yo creo que lo que nos debe llevar a tomar unadecisión, con la conciencia tranquila de estar apor-tando a encontrar una solución a este problema,es que, si bien es cierto que las tarifas �en elcaso que ha mencionado el congresista Diez-Canseco� de los servicios de telefonía y de elec-tricidad han subido, se ha ampliado los serviciosa lo largo y ancho de nuestro país.
Estamos hablando de un recurso muy importan-te, como es el agua potable. Es un problema quetiene muchísimas aristas. Se trata de un serviciobásico, y no es un problema fácil de solucionar.
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En ese sentido, nosotros hemos estado mencio-nando acá una serie de problemas que se hanvenido recogiendo de la vida práctica y del que-hacer de cada una de las empresas prestadorasdel servicio.
Es por eso que �personalmente, siendo miem-bro yo también de la Comisión de Infraestructu-ra y teniendo la posibilidad de trabajar junto conCarmen Lozada, quien ha hecho una labor muyfuerte a este nivel; no solamente para buscar laparticipación de los entes fiscalizadores, de losentes que han financiado programas de educa-ción en saneamiento, sino también de los pro-pios interesados, de las empresas y de los usua-rios mismos� consideramos que nuestro voto debeser a favor.
No es porque yo sea de la mayoría, pero creo hon-radamente que, en honor a la verdad �con la fi-nalidad de solucionar una serie de problemas quese vienen generando por los cruces que hay entrelos diferentes dispositivos legales�, es necesarioque se delegue estas facultades para que, en elmás corto tiempo posible, se pueda hacer realidadel verdadero fortalecimiento de estas institucio-nes tan importantes. Éstas brindan un serviciobásico �como es el de agua potable y alcantarilla-do� y deben seguir ampliando la cobertura de éstehacia diferentes localidades que aún no cuentancon él. Creo que nuestro mayor objetivo es elevarel nivel de vida de nuestros ciudadanos.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE.� Puede hacer uso dela palabra el señor Henry Pease.
El señor PEASE GARCÍA (UPP).� Gracias,señor Presidente.
Los servicios públicos locales deben ser ámbitode competencia de los municipios. Pueden reali-zarse directamente por el Estado o por el sectorprivado, pero lo importante es que estén dentrodel ámbito de competencia de los municipios.
Pero me temo que a lo único que va a llegar esteproyecto para delegar facultades es a que eso sesaque del ámbito municipal.
Las intervenciones me han dejado la sensaciónque da el mismo proyecto: se quiere reestructu-rar las empresas para agruparlas y queden enmanos del Estado o queden en manos de particu-lares; pero, en cualquiera de los dos casos, lo quese pretende es sacarlas del ámbito del municipio.
Quiere decir que con esto, prácticamente, ya qui-tamos la facultad clave que se dio, en las dos úl-
timas Constituciones, a los municipios de gober-nar los servicios públicos locales, aquello que parael ciudadano es fundamental, y tiene que teneralguien cercano a quién recurrir.
A mí me desespera a veces la forma como se re-fieren a los alcaldes, en varios ámbitos. Ayer, enotro ámbito, en la presentación de un libro, tam-bién encontré cómo hay una visión siempre des-pectiva �técnica o administrativamente hablan-do� respecto de los alcaldes. Es que resulta muchomás fácil fijarse en los errores de otro que en lospropios. Es mucho más fácil fijarse en las limita-ciones del que tiene menos recursos y menos poder.Sin embargo, hay muchas cosas en los pueblosque se solucionan con creatividad infinitamentemayor desde los gobiernos locales.
La tarea del Gobierno Central frente a los go-biernos locales es una tarea de apoyo, no de sus-titución. Y yo me temo �por todo lo que he escu-chado, pero también por lo que está en el dicta-men� que aquí caminamos a una sustitución; yesto es algo, en mi opinión, absolutamente nega-tivo en el país: es parte del esfuerzo de recentra-lización que se está haciendo durante este Go-bierno.
Me pregunto, por ejemplo, a la hora que se mues-tran estas cifras enormes de deudas, ¿y quien hahecho el préstamo no tiene una evaluación; notiene, para prestar, obligación de saber si el otropuede pagar? Es que acá hay un supuesto queestá fallando. Está fallando el supuesto de quetodas las obras locales de saneamiento se pue-den financiar con aumento de tarifas a los usua-rios.
Señor Presidente: Ustedes no son conscientes deque están llevando al país, otra vez, a la economíadel trueque. Uno de cada dos peruanos es pobre, yla pobreza del conjunto está aumentando. Esapobreza está llevando �como lo ha señalado elcongresista Santa María� a que hablar de cuatronuevos soles sea hablar de un mundo de dineroque no está al alcance de esas poblaciones. Si nose tiene en cuenta esto, no es posible legislar.
Yo estoy seguro de que el Parlamento, donde hayrepresentantes de distintas partes del país, esmucho más acertado en legislar que cuatro tec-nócratas, por más inteligentes que sean. Los tec-nócratas nos van a dar los esquemas traídos demuchas partes. Muy bien, los felicitamos, y encada profesión los tenemos. Pero eso tiene queser contrastado con las realidades de la pobla-ción. Para eso es el Parlamento.
Pregunto, entonces, ¿por qué sacan el tema delas manos del Parlamento? Por ejemplo, sería
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perfectamente posible que el Ejecutivo haga elproyecto de ley y se debata en el Parlamento, oque el Parlamento dé una ley que ponga el marcoy diga lo que se debe hacer sin quitarle compe-tencias a los municipios y sin pretender unifor-mar para que todos sean iguales. No se puedelegislar de la misma manera para una capital dedepartamento que para lo que son los munici-pios más pequeños. Eso lo ha dicho, por ejemplo,el congresista Martorell, y es correcto.
Entonces, hay que hacer un paquete de solucio-nes y, de repente, una ley marco y varias disposi-ciones complementarias. ¿Por qué el Congreso,en lugar de hacer eso y propiciar eso, deja de ladosu función?
Yo creo que es indispensable que reflexionemossobre el Perú en el que estamos, el Perú de lapobreza. Cuando hablamos de mercado olvida-mos que hay demasiados peruanos fuera delmercado; no tienen acceso al mercado, los hemosexcluido del mercado. Y hablo incluso de secto-res medios, que perdieron el puesto de trabajo yno pueden regresar a tener un empleo formal.
Se me acaba el tiempo y voy a tomar cinco minu-tos del señor Reto. Le ruego que me dé el tiem-po, señor Presidente.
Acá se ha dicho, por ejemplo, que hay un enormeproblema de morosidad en las tarifas. ¿Acaso lamorosidad, cuando es general, no tiene que vercon la realidad que estamos viviendo? ¿Por quéhay ese problema de morosidad?
El Estado está buscando dar recursos a los bancosy dar recursos a las empresas. ¿Y qué cosa estádando a los de abajo, a los que les resulta un pro-blema pagar cuatro nuevos soles en lugar de dosnuevos soles? Ésas son las realidades que no sepueden discutir desde un ministerio, y ésa es larazón, además, por la cual estos temas requierende una estructura regional para que sea posiblemirar las cosas en el Perú de abajo hacia arriba.Mientras esto no se haga, vamos a errar, vamos aseguir errando y vamos a seguir en ese mal queviene desde comienzos de la República: el centra-lismo, que no puede entender lo que es el Perú.
Se ha dicho muy bien �lo ha señalado el congre-sista Estrada� que hay problemas constitucio-nales. Es imposible resolver muchos de los pro-blemas que pretende este dictamen sin hacermodificaciones a la Ley Orgánica de Municipali-dades. Y una ley orgánica no se modifica por de-legación de facultades. ¿Por qué, entonces, norecurrimos a un trabajo sincronizado entre elEjecutivo y el Legislativo?
Cuando se critica al Parlamento, lo primero quese dice es que ya no es el primer legislador, y us-tedes siempre ven que la solución parte de dele-gar facultades. ¿Por qué no se hace un trabajoconjunto? Hay aspectos técnicos en los cuales lainiciativa debe estar en el Poder Ejecutivo. Perotiene que haber debate político y tiene que haberel análisis desde el ángulo de cada lado del país.¿Acaso quieren ustedes que los pueblos se levan-ten o digan simplemente "ahora viviré sin agua?¿Alguien puede vivir sin agua? Estamos, enton-ces, ante la necesidad de variar de criterios.
Yo me opongo a esta delegación de facultades. Creoque el Congreso tiene caminos mejores, y no debenegarse a recorrerlos. Éste es un trabajo que sepuede sincronizar entre Ejecutivo y Legislativo,y tener los elementos técnicos de un lado y loselementos de la realidad social y política, que pue-den venir del otro lado si se trabaja con los alcal-des y se trabaja viendo las soluciones que vienendesde los pueblos.
No hagamos otra ley que quita más facultades alos municipios. No hagamos otra ley que permi-te que se haga un diseño teórico, que de repentecorresponde a algunas capitales, y no se aplicaluego a gran parte del país. Hagamos un esfuer-zo por legislar tal como lo necesita la ciudadanía,tal como lo requiere el país.
El señor PRESIDENTE.� Tiene la palabra elseñor César Zumaeta.
El señor ZUMAETA FLORES (PAP).� Se-ñor Presidente: Lo que no entendemos es que seha roto la cadena de pagos en todos los sentidos.Hoy día, en el Perú nadie puede pagar sus deu-das.
Le han condonado la deuda a Pronamachcs, quetambién dispone de un porcentaje de los recur-sos del Fonavi. Acaban de arreglarle la carterapesada a los bancos; y a ellos, por ejemplo, no seles dice que son deficientes, sino que son buenosadministradores de los recursos públicos, de losahorros; a ellos sí hay que resolverles sus proble-mas.
Pero aquí hay gran cantidad de expresiones so-bre "deficiente gestión", "deficiente control"... enfin; y todo ello sólo con la finalidad de que elGobierno se haga dueño de todas las empresasde saneamiento básico que están en poder de losmunicipios y, en su momento, puedan ser priva-tizadas, aunque no sé finalmente bajo qué condi-ciones de privatización.
Yo participé cuando fueron convocados los ejecu-tivos de todas las empresas de saneamiento bási-
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co de las municipalidades. Fue una reunión muylarga, donde se presentó una serie de soluciones.Estoy realmente preocupado de que la solución,después de haber traído los alcaldes provincialescerros de planteamientos, sea una simple dele-gación de facultades al Poder Ejecutivo.
La labor del Gobierno Central y del GobiernoNacional es la de ayudar a los municipios �por-que son parte del Estado� a resolver este pro-blema principal que significa atender con sanea-miento a todos los pueblos del Perú.
El Estado le cobra al propio Estado. Inclusive,aquí se puede aplicar el principio de la inafectación,porque finalmente el municipio es un nivel dedecisión del Estado. Por eso, yo estoy sumamen-te sorprendido de que Carmen Lozada, despuésde haber convocado a todos los presidentes delas empresas, pueda aceptar tan alegremente estepedido del Poder Ejecutivo. Esto no resuelve ab-solutamente nada.
Hoy día, por ejemplo, ¿qué dicen los diarios? Quese amplía el plazo para refinanciar las deudas delBanco de Materiales. ¿Hasta cuándo? Hasta el30 de setiembre.
Es común, en este año, reprogramar pagos,refinanciar pagos, refinanciar deudas tributarias,refinanciar los pagos de las AFP, arreglar la car-tera pesada de los bancos. Todo ello es común eneste país.
Cuando se trata de los bancos, es un problemadel contexto internacional, es un problema delfenómeno de El Niño. Pero cuando se trata delas empresas municipales, ahí sí éstas son defi-cientes en el control, no cobran, son deficientesen la gestión. ¿A quién van a cobrar? A un pue-blo tan pobre que hoy día, en casi el 54 por cien-to, vive con un dólar diario.
Precisamente, parte de esos peruanos son losprestatarios del Banco de Materiales, que es di-nero del Fonavi. ¿Y qué cosa piden ellos, a quie-nes todos los días, cuando terminan estas sesio-nes, los vemos en la Plaza de Armas haciendovigilia? Lo que piden es que el Gobierno devuel-va las contribuciones a los fonavistas para que, asu vez, éstos puedan pagar sus deudas al Bancode Materiales. Pero el Presidente, golpeando lamesa y levantando la voz, dice que no hay condo-nación.
Ellos no están pidiendo una simple condonación,sino que Fonavi les devuelva sus contribucionespara que, con ese dinero, puedan pagar las deu-das que tengan con el Banco de Materiales.
El propio primer ministro, Víctor Joy Way, cuan-do vino acá por primera vez, ¿qué nos dijo? Quese rompió la cadena de pagos en el Perú, en todoslos niveles...
El señor PRESIDENTE.� Tiene usted unminuto más para poder concluir, señor Zumaeta.
El señor ZUMAETA FLORES (PAP).� En-tonces, creo que no es nada serio que, con unafacilidad increíble, el Poder Ejecutivo planteedelegación de facultades y el Parlamento, alegre-mente, pueda decidir ello hoy día.
Yo creo que lo más responsable y lo más lógicoera convocar a los alcaldes provinciales para tra-bajar con ellos una ley que permita en el futurouna atención al universo de los que finalmenteusan este servicio. Pero yo creo que aquí hay gatoencerrado: hacerse dueño de estas empresas y,en su momento, venderlas al sector privado. Conello se está violando la Ley Orgánica de Munici-palidades, transgrediendo la autonomía munici-pal. Y esto va a terminar en la uniformización delas tarifas en todo el país: "rompan filas", "viva elPerú" y "sálvese quien pueda".
Entonces, yo creo que esto no tiene ninguna res-ponsabilidad. Veo que hemos llegado a esto a pe-sar de que hemos apoyado a Carmen Lozada ensu convocatoria a los presidentes de las empre-sas.
Vamos a votar en contra de este proyecto, señorPresidente.
El señor PRESIDENTE.� Tiene el uso de lapalabra el señor Rafael Urrelo.
El señor URRELO GUERRA (C90-NM).�Señor Presidente: El día de hoy se lee en el pe-riódico Síntesis "Perú encabeza competitividadentre países del CAN", del mercado andino, y seda una serie de datos y cifras. Se trata de un es-tudio hecho por una entidad internacional.
Cosa curiosa: nuestro Perú avanza en sus índi-ces de competitividad, pero hay algunos sectoresdonde se observa todo lo contrario. Y uno de esoscasos es el de las empresas públicas de serviciode saneamiento, donde se puede ver que existeun nivel muy bajo de eficiencia en la gestión.
El Poder Ejecutivo ha solicitado facultades paralegislar en este tema, y ha indicado que quiere,fundamentalmente, abarcar cuatro campos: or-denamiento y fortalecimiento de las empresas,mejoramiento de la gestión, cobertura de lo quees agua potable y alcantarillado, y educación sa-nitaria y capacitación técnica.
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El tema de los servicios de saneamiento es real-mente complicado; y es complicado por su mis-ma naturaleza, porque tiene que darse el servi-cio en condiciones disímiles. Nuestro Perú es unpaís diverso por naturaleza, y esta diversidad obligaa ver la cosa de una manera diferente a como seven otros problemas mayores.
Se ha dicho que este proyecto es inconstitucio-nal. La verdad, Presidente, es que yo no creo quesea así, porque �como ya explicó la congresistaCarmen Lozada� los servicios de saneamientofueron transferidos a las municipalidades en 1990,de manera que esto excluye la posibilidad de queel artículo 192º de la Constitución, sobre las fun-ciones de las municipalidades en relación a losservicios públicos locales, esté dentro de este al-cance.
Este artículo 192º dice que son funciones de lasmunicipalidades organizar, reglamentar y admi-nistrar los servicios públicos locales, tales comolimpieza, seguridad e, indudablemente �en casoque haya sido transferido este servicio a las mu-nicipalidades�, saneamiento. Esto mismo se re-coge en el artículo 10º de la Ley Orgánica de Mu-nicipalidades.
Lo que nos pide el Poder Ejecutivo es poderespara legislar a fin de promover, fundamentalmente,el desarrollo de este sector. En este sentido, yoquiero indicar que el desarrollo, si se va a pro-mover, tiene que ver con dos cuestiones básicas:estructura y función. De manera que no se pue-de hablar de desarrollo si no se toca estructura yfunción.
Esto es igual que nuestro organismo. Nuestroorganismo se desarrolla en base a su estructuray a su función: en la medida que vamos avanzan-do, vamos cambiando estructura y vamos cam-biando función, y así se desarrolla. Igual ocurre,en este caso, con estas empresas que necesitan,para poder desarrollarse, modificar estructurasy funciones.
Por tanto, para evitar todo tipo de suspicaciasrespecto a que esta ley podría ser inconstitucio-nal, yo quiero sugerir un pequeño cambio en elartículo 1º.
En el artículo 1º, en la parte final, se dice: "a efectosde adoptar e implementar estrategias de organi-zación y desarrollo en dicho sector". Yo quieroproponer, Presidente, que se elimine la palabra"organización", porque esto podría estar...
El señor PRESIDENTE.� Tiene usted el tiem-po del señor Huamanchumo. Puede continuar porcinco minutos más, señor Urrelo.
El señor URRELO GUERRA (C90-NM).�Presidente: Esto podría estar induciendo a con-fusión o a interpretación equivocada, de que laley podría ser inconstitucional.
Por tanto, yo quisiera repetir que en esta últimaparte del artículo 1º se elimine la palabra "orga-nización" y se deje solamente "desarrollo", por-que ello ya implica las dos cosas.
Hemos escuchado acá algunas interesantes re-flexiones de distinguidos colegas. Yo quisiera de-cirles que, cuando hemos tenido la reunión conlos presidentes de las diferentes empresas queoperan a nivel nacional �incluyendo a Sedapal�así como con las personas encargadas de la su-pervisión y algunos otros funcionarios del Minis-terio de la Presidencia, hemos podido compro-bar, por versión de los propios actores, que real-mente hay serias dificultades para poder remon-tar problemas básicos.
La misma cifra que se maneja, de que solamenteel 27 por ciento de las empresas pueden solven-tar sus gastos operativos, ya nos da la idea de lamagnitud de este problema.
Y también hay que traer a colación que, bajo elactual régimen de administración y gestión deestas empresas, seguiremos por mucho tiempomarginando a 7 millones 500 mil peruanos de teneragua y a 12 millones 500 mil de tener los servi-cios de alcantarillado. Eso no es justo, Presiden-te.
Entonces, hay que proponer cambios que real-mente vayan a la solución del problema, y sinrasgarnos las vestiduras. Si fuese otro el sentido,nosotros no tendríamos por qué decir que hayque cambiar las cosas. Pero, realmente, la situa-ción es trágica y hay que actuar rápido.
En este sentido, yo creo que es correcto otorgarfacultades al Poder Ejecutivo para que haga untrabajo más rápido y, quizás, con mucha más ca-pacidad técnica. Yo no veo aquí ninguna dificul-tad para que, en función a nuestra propia Cons-titución, que nos permite delegar facultades alPoder Ejecutivo, podamos hacer esto.
El congresista Diez-Canseco dijo que aquí losservicios públicos han subido en forma exorbi-tante. Bueno, han tenido que subir así porqueestaban totalmente reprimidos o embalsados, comose quiera llamarlos; y este mantenimiento artifi-cial de estabilidad de precios es propio de aque-llos sistemas que han colapsado.
Rusia tuvo un sistema de control de precios rígi-do y estricto, que no permitía modificar tarifas.
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¿Qué es lo que ha pasado con el servicio de elec-tricidad? Explotó la planta Chernobil por faltade mantenimiento. A esas consecuencias se llegapara después afectar a miles de personas, apartede dar un mal servicio. No queremos eso en elPerú.
No queremos que se siga, por ejemplo, contami-nando las fuentes de agua, no queremos que sesiga perjudicando a la población, que ingiere aguacontaminada, parasitándose miles y miles de jó-venes, niños y adultos. Queremos solucionar es-tos problemas, porque es la base del bienestar dela población.
Por ello, cualquier posición en contrario no esmás que una posición de cálculo político.
Yo estoy acá ya tres años y medio, y cada vez quese ha debatido estos pedidos de delegación de fa-cultades ha habido este debate de por qué el Con-greso abdica de sus responsabilidades; no es queestemos abdicando, sino que estamos actuandoracionalmente, con lógica.
Yo creo que toda persona que quiere facilitar undesarrollo más rápido de las acciones para salirde problemas tan graves, como el que nos plan-tea esta cuestión de saneamiento básico, tieneque responder de esta manera.
Con la modificación que he propuesto, Presiden-te, voy a votar a favor de esta delegación de fa-cultades.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE.� Puede hacer uso dela palabra el señor Gamaniel Chiroque.
El señor CHIROQUE RAMÍREZ (C90-NM).�Gracias, Presidente.
Yo no pensaba intervenir; pero, después de ha-ber escuchado algunas intervenciones de los con-gresistas de la minoría, me he animado para ha-cer algunas reflexiones al respecto.
Primero, hay un problema muy grave en las em-presas de saneamiento. Y yo lo digo porque últi-mamente he venido de Piura, donde ya estáncortándole el agua a los usuarios. ¿Por qué? Por-que la empresa de saneamiento no le paga aElectronoroeste una deuda grande que le tiene.Electronoroeste le da energía a la empresa desaneamiento para que funcionen los pozostubulares, que son los que abastecen de agua alpueblo, y ya están habiendo problemas muy se-rios. Yo he tenido que conversar con algunos funcio-
narios para ver cómo se llega a solucionar estasituación.
Se ha reunido el Alcalde con el Presidente delDirectorio de la empresa de saneamiento, con elPresidente del directorio de Electronoroeste, yno encuentran una solución, y cada vez la cosa secomplica más. Creo que este problema es a nivelnacional.
Objetivamente, estamos frente a un problema delas empresas de abastecimiento de agua, de sa-neamiento. Entonces, el Gobierno tiene que en-trar a tallar. Así lo están pidiendo los alcaldes. ElAlcalde de Piura, al menos, ha dicho que el Go-bierno tiene que entrar aquí a resolver esta si-tuación, y creo que es su obligación.
¿Podemos darle al Poder Ejecutivo la autoriza-ción para que legisle con el fin de resolver esteproblema? Sí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos quesea por un tiempo determinado y por una mate-ria específica. ¿Están dados los requisitos? Sí loestán. ¿El Poder Ejecutivo tiene los técnicos? Sílos tiene. Entonces, si nosotros también quere-mos aportar a que se dé una solución lo más an-tes posible a este problema, creo que debemosdar estas facultades para que se legisle al respec-to.
Yo no encuentro �como mencionan los de la opo-sición� que esto sea con el afán de apoderarsede la administración de las empresas de sanea-miento. No le veo ningún fundamento al razona-miento de que esto sea con el propósito de cobrary luego privatizar las empresas. Yo tampoco es-toy en contra de la privatización. Yo creo que laempresa privada es la que mejor nos puede ga-rantizar un servicio eficiente. No sé si caro o ba-rato, pero sí eficiente. Entonces, no estoy en con-tra de la privatización.
Pero si las municipalidades no están actuandoen forma eficiente para llevar adelante esta la-bor que le ha encargado el pueblo, es necesarioque tomemos las medidas más adecuadas paraque los usuarios siempre tengan su abastecimientohídrico.
Yo no sé por qué se piensa siempre en forma ne-gativa. Sinceramente, yo estoy de acuerdo conque le demos las facultades legislativas al PoderEjecutivo para que entre a resolver este proble-ma. Es su obligación. Los usuarios necesitan quese resuelva esta situación. Y quien la puede re-solver �desde mi punto de vista� en este mo-mento y en forma rápida es el Poder Ejecutivo,que es el que maneja los presupuestos.
Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE.� Puede hacer uso dela palabra el señor Róger Cáceres.
El señor CÁCERES VELÁSQUEZ (DEMO).�Yo, señor Presidente, tengo que opinar, necesa-riamente, en contra del proyecto de ley que seencuentra en debate.
La razón es que, aun cuando el congresista Urreloha retirado, por sí y ante sí �porque no habíaaceptación de la Comisión�, la palabra "organi-zación" y ya ha dado por definitivamente acepta-da su propuesta, los congresistas de la minoríatenemos fundamento para nuestra suspicacia;porque él mismo ha dicho que aquel concepto de"organización" está ya dentro de "desarrollo", detal manera que, cuando votemos por esta ley, es-taremos votando por "organización" aun cuandono aparezca esta palabra en el texto del artículo1º. Así, al votar de esta manera, estaremos apro-bando por adelantado que esta delegación de fa-cultades pueda abarcar aspectos que conciernena la legislación orgánica municipal.
Yo creo que este habilidoso cambio o supresiónde un término se ha dado, más bien, para con-frontar la posibilidad de que no haya la votaciónrequerida, debido a que una ley orgánica necesi-ta de más de la mitad de los votos del Pleno parasu aprobación.
Yo creo que el Ejecutivo está en el deber de en-viar al Poder Legislativo los proyectos de ley queconsidere convenientes para remediar la situa-ción a que se refiere este proyecto de ley. No en-tiendo por qué debe haber esta delegación. Yopienso que lo que se trata, más bien, es adoptarmedidas duras que aquí serían motivo de grandebate, el cual, naturalmente, se ahorra cuandohay esa delegación al Poder Ejecutivo.
Quienes hemos estado en la oposición desde haceaños tenemos derecho a pensar así. Tememos lopeor. El Ejecutivo ha aprovechado en múltiplesocasiones circunstancias como ésta para excederse.
Nosotros, que queremos cumplir con nuestroselectores, que ven con temor todo lo que signifi-ca incremento del costo diario de la vida, esta-mos obligados a votar en contra de este proyectode ley.
Las circunstancias por las que atraviesa el paísno son las mejores. A todos nos consta la magni-tud de la crisis que agobia en este momento alPerú. Y a todos nos consta que, lamentablemen-te, las medidas que el Ejecutivo viene ensayandopara palear esta crisis, para confrontarla, no abar-can todo lo que debieran abarcar.
Hablando, por ejemplo, del problema de vivien-da, está bien que aquí en Lima se vaya a motivargran dinamismo económico por la venta de vi-viendas. Pero en los departamentos de Cusco,Puno, Apurímac, Huancavelica y Ayacucho, ¿cuán-tas personas van a poder comprar casas que cuestenentre 15 mil y 35 mil dólares? Estoy seguro queno suman sino unas pocas centenas en cada unode estos departamentos.
En tanto, vemos que el Gobierno no abastece alBanco de Materiales de los recursos presupuestalesrequeridos; y como ya no hay los del Fonavi, comoestá paralizada la recuperación de los préstamosque se otorgaron antes, está deviniéndose en unaparalización del proceso económico en provincias,además de la crisis de la producción agropecuaria,de la excesiva tributación, del contrabando, de lafalta de trabajo, de la deserción escolar, de la des-nutrición que avanza a pasos de gigante en lasmesas populares.
Por estas razones, por esta desconfianza que te-nemos respecto a los alcances que puede teneresta legislación delegada, tenemos que votar encontra del proyecto que se encuentra en debate.
Además, el Poder Ejecutivo ha tenido y tiene tiem-po y capacidad de enviar los proyectos de ley queconsidere convenientes y que no sean, como seha señalado, discrepantes u opuestos a medidaslegales que han sido dictadas, que lamentable-mente parecen ser ignoradas o que se pretendendejar de lado para llevar adelante la legislaciónque se propone.
Reitero, señor Presidente, que, por estas razo-nes y otras que han expuesto distinguidos con-gresistas de la oposición, mi voto será en contradel proyecto que se encuentra en Mesa.
El señor PRESIDENTE.� Señora CarmenLozada de Gamboa, tiene usted el uso de la pala-bra.
La señora LOZADA DE GAMBOA (C90-NM).�Me pide una interrupción el congresista Rodas.Si usted fuera tan amable, señor Presidente, dedársela antes de iniciar mi exposición.
El señor PRESIDENTE.� Señor congresista,tiene usted el uso de la palabra.
El señor RODAS DÍAZ (C90-NM).� Gracias,Presidente; gracias, arquitecta Lozada.
Es mi obligación recordar que las empresas desaneamiento básico que funcionan en cada de-partamento son manejadas, fundamentalmente,por los municipios provinciales de cada capital.
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Los municipios distritales son convidados de pie-dra. Los municipios delegados son dueños de nada.
Las grandes inversiones que estas empresas ha-cen se caracterizan por practicar la gran inequidad:invierten más en la infraestructura básica de lascapitales y, curiosamente, donde se van a ejecu-tar las grandes obras urbanas, excluyendo y mar-ginando a los distritos, centros poblados y case-ríos.
Quien ha hecho la gran inversión en infraestruc-tura básica es el Gobierno, a través de Pronap�Programa Nacional de Agua Potable y Alcan-tarillado�, Foncodes y Fonavi.
Este Gobierno ha invertido tres veces más de loque ha podido hacerse en la década del 80. Esmás, hay empresas de saneamiento que son ma-nejadas como cofradías. Un caso concreto es elde Lambayeque �y me da razón, estoy seguro,el colega Arturo Castillo�, donde incluso hayproblemas de grandes inequidades y de supues-tas corrupciones.
Gracias, Presidente.
El señor PRESIDENTE.� Puede hacer uso dela palabra la arquitecta Lozada.
La señora LOZADA DE GAMBOA (C90-NM).�Señor Presidente: A veces, mis colegas de la opo-sición me hacen pensar que, ante la falta de pro-puestas, se van definitivamente a los comenta-rios fáciles, y entonces es el día de hoy �cuandose trata un tema de carácter técnico, como es elde los servicios de saneamiento y la delegaciónde facultades que ha solicitado el Poder Ejecuti-vo� que comienzan a decir cosas como las mani-festadas por muchos colegas cuyos nombres novoy a decir para que no me pidan interrupciónpor sentirse aludidos.
Se ha dicho que hacer una obra de saneamientoes un soborno electoral. Es extraño pensar queun gobierno que se encarga de realizar obras deinfraestructura, de agua potable y alcantarilla-do, en favor de las poblaciones que durante déca-das no las han tenido, hace ello por soborno elec-toral.
Cómo menosprecian al pueblo peruano, cómodesconocen las necesidades del pueblo peruano.Se ve que no recorren los lugares más alejados,donde �cada vez que vamos� piden agua ydesagüe. En Chiclayo, lugar de una de las perso-nas que ha hecho uso de la palabra el día de hoy,una de las más grandes necesidades es el alcan-tarillado.
Yo recomendaría a los señores congresistas quese den una vuelta por esos lugares, analicen cla-ramente cuál es la situación de este sector y nopoliticen más el tema del trabajo que viene ha-ciendo este Gobierno, que no es por cuestión elec-toral, porque lo viene haciendo desde el año 1990.
Algo más extraño aún es lo dicho por los colegasdel Partido Aprista Peruano. Ellos critican queel Poder Ejecutivo solicite delegación de faculta-des para legislar en el tema de saneamiento; sinembargo, las dos normas que sirvieron para trans-ferir las empresas de agua potable a las munici-palidades fueron decretos legislativos �el 601 yel 574� firmados por el señor "Alan vuelve".
Entonces, cómo es que le daban la facultad...Perdón. "Alan devuelve", me aclaran los señorescongresistas.
Cómo es que le daban facultades en esa época algobierno de su presidente...
Retiro la frase "Alan devuelve", señor Presiden-te, y dejo "Alan vuelve". Ojalá vuelva para que seponga a derecho. Pero el tema es otro.
Acá están los decretos legislativos firmados porel señor Alan García �en una época electoral,porque ellos sí actuaban por cuestión electoral�para transferir las empresas. Pero ese procesosolamente fue consolidado por el presidente Al-berto Fujimori, quien, dándole la confianza a losgobiernos locales, consolidó este proceso de trans-ferencia para que las municipalidades provincia-les administren los servicios de agua potable yalcantarillado.
Y acá no se trata de destruir a las municipalida-des, no se trata de quitarles competencias, no setrata de una intervención en las empresas de aguapotable. Simplemente se trata del estudio, elanálisis, la evaluación y la propuesta de una so-lución integral al problema de saneamiento, que�por boca de los propios alcaldes� tiene unaserie de matices; desde lo que es la contradicciónde las leyes de saneamiento con la ley de la superin-tendencia, los reglamentos, la Ley 27045, etcéte-ra, etcétera, hasta las propias normas municipa-les que, lamentablemente �en muchos casos, porcuestiones políticas�, han postergado las obrasde inversión y el desarrollo de las empresas deagua potable.
Entonces, cuando el Poder Ejecutivo solicita fa-cultades, nosotros creemos que está bien: hay unacomisión que está tratando este tema y es nece-sario legislar.
Yo pregunto, a los colegas de la oposición, ¿cuán-tos proyectos sobre la materia de saneamiento
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han presentado en estos cinco años? Ninguno.Solamente ha habido uno, presentado por mis co-legas que están acostumbrados a la condonaciónde deudas o al perro muerto, donde quieren quese condonen todas las deudas del Fonavi. Paraque se sepa, el Fonavi es un fondo de todos losperuanos que hay que respetar, y nadie tiene atri-bución para condonar esas deudas.
Claro, ellos no pagaron la deuda externa y creenque es fácil decir: no se paga esto, no se paga lootro. Pero no es así. Estamos en un gobierno se-rio y muy responsable. Es tan responsable que eldía de hoy se capturó al último abigeo...
El señor PRESIDENTE.� Señor Zumaeta, siusted grita permanentemente, no permite quela sesión continúe. En el Congreso, actualmente,respetamos todas las opiniones. Usted tendráderecho, como siempre, a exponer. Pero los gri-tos son parte de la historia pasada, que espera-mos que no se repita, señor Zumaeta.
Puede usted continuar, señora Lozada.
La señora LOZADA DE GAMBOA (C90-NM).�Señor Presidente: Tan responsable es este Go-bierno que el día de hoy se ha capturado al últi-mo "abigeo" que andaba suelto por ahí.
Por lo tanto, creo que no se puede dudar cuandoun gobierno serio presenta este tipo de propues-tas que tienen como finalidad, definitivamente,solucionar problemas integrales. Y acá nuestroobjetivo principal es la población, nuestro objeti-vo principal es la gente que no tiene agua y notiene alcantarillado. Ni siquiera son los señoresalcaldes, a los que respeto mucho. Nuestro obje-tivo, cuando hablamos de estas cosas, es servir alas poblaciones más necesitadas.
Claro, mis colegas llegan a su casa, abren la llavedel agua, se bañan, no tienen problemas. Pero enlos asentamientos humanos no hay agua, no haydesagüe. ¿Por qué? Por, justamente, una falta denormatividad coherente que permita que lasempresas de agua potable y alcantarillado sedespoliticen y trabajen.
No grite, congresista.
Señor Presidente: Yo entiendo el acaloramientode los colegas a los que en la mañana les costabamucho aplaudir y reconocer lo que todos los pe-ruanos hoy día están reconociendo. Yo los entiendo.Por eso, no les voy a hacer caso.
Simplemente voy a recoger, de lo que han mani-festado el día de hoy, la propuesta de la colegaFernández Baca, porque creo que es pertinenteaceptarla y porque mejora la redacción que noso-
tros habíamos presentado. Se trata del nuevo plazode acogimiento al Programa de Regularizaciónde Deudas de las Entidades Prestadoras de Ser-vicios de Saneamiento y no la ampliación del pla-zo. Vamos a recoger también las propuestas dealgunos congresistas de la mayoría, como la delseñor Urrelo.
Pero, ya que ellos quieren traer este debate alplano político, nosotros tenemos mucho que de-cirles respecto a los temas de saneamiento, deinfraestructura, de carreteras, de las escuelas, dela lucha contra el terrorismo. Todos ellos son te-mas y objetivos que este Gobierno se ha plantea-do, y los viene cumpliendo día a día, paso a paso,a diferencia de lo que ellos plantearon en su mo-mento. Ahora ya no saben ni lo que tarantean,porque, por sus luchas personales y sus intere-ses políticos, cada vez están más desprestigiadosy cada vez están más postergados.
Yo siento, colegas, que no nos apoyen el día dehoy; pero nosotros sí le vamos a dar facultades alPoder Ejecutivo, porque sabemos que ése es untema técnico que se tiene que tratar de esa ma-nera y que es necesario que se dé una serie denormas. Esas normas son constitucionales, por-que nuestra Carta Magna contempla la posibili-dad de delegar en el Ejecutivo este tipo de legis-lación.
Por lo tanto, señor Presidente, yo solicito que estetema sea sometido a votación de los señores con-gresistas, y ojalá que algunos se rectifiquen ypuedan apoyarnos después de lo que han escu-chado.
El señor PRESIDENTE.� Con las modifica-ciones manifestadas por la señora Carmen Lozada,vamos a proceder a votar.
Les pedimos presionar cualquiera de los tres bo-tones, a fin de establecer la asistencia para estavotación, y verificar que se encuentre debidamenteencendida la luz al costado de su nombre; casocontrario, no podrán ustedes votar. Les pido alos señores congresistas que verifiquen esto, porqueluego el congresista intenta presionar el botónpara votar y, como no lo ha hecho a la hora de laasistencia, le es imposible continuar con el pro-ceso de votación.
�Los señores congresistras registran suasistencia mediante el sistema electrónicopara verificar el quórum.
El señor PRESIDENTE.� Vamos a cerrar laasistencia para esta votación. Se encuentran pre-sentes 75 señores parlamentarios.
Se va a dar lectura al texto definitivo.
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El RELATOR da lectura:
"Ley que otorga facultades al Poder Ejecutivo paralegislar en materia de servicios de saneamiento.
Artículo 1º.� Del Objeto de la ley.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo104º de la Constitución Política del Perú, delégaseen el Poder Ejecutivo, por un plazo de 120 días,para que mediante decretos legislativos puedalegislar en materia de servicios de saneamiento;a efectos de adoptar e implementar estrategiasde desarrollo en dicho sector.
Artículo 2º.� Del nuevo plazo de acogimiento.
A partir de la vigencia de la presente ley, esta-blézcase un nuevo plazo de acogimiento al Pro-grama de Regularización de Deudas de las Enti-dades Prestadoras de Servicios de Saneamientoa que se refiere el artículo 3º de la Ley Nº 27045,hasta que se promulguen por parte del PoderEjecutivo, los dispositivos sobre la materia."
El señor PRESIDENTE.� Se va a votar. Losseñores congresistas que aprueben el texto sustitu-torio del proyecto de ley se servirán presionar elbotón verde; los que estén en contra, el botónrojo; y los que se abstengan, el botón amarillo.
�Los señores congresistas emiten su votoa través del sistema electrónico.
�Efectuada la votación, se aprueba, por 55votos a favor, 19 en contra y ninguna abs-tención, el texto sustitutorio del proyecto deley que otorga facultades al Poder Ejecuti-vo para legislar en materia de servicios desaneamiento.
El señor PRESIDENTE.� Con el voto del se-ñor Fernando Olivera en contra.
�El texto aprobado es el siguiente:
"El Congreso de la República;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE OTORGA FACULTADES AL PODER EJECUTI-VO PARA LEGISLAR EN MATERIA DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
Artículo 1º.� Del objeto de la Ley
De conformidad con lo dispuesto en el artículo104º de la Constitución Política del Perú, delégaseen el Poder Ejecutivo, por un plazo de 120 (cien-
to veinte) días, para que mediante Decretos Le-gislativos pueda legislar en materia de serviciosde saneamiento; a efectos de adoptar e imple-mentar estrategias de desarrollo en dicho sector.
Artículo 2º.� Del nuevo plazo de acogimien-to
A partir de la vigencia de la presente Ley, esta-blézcase un nuevo plazo de acogimiento al Pro-grama de Regularización de Deudas de las Enti-dades Prestadoras de Servicios de Saneamientoa que se refiere el artículo 3º de la Ley Nº 27045,hasta que se promulguen por parte del PoderEjecutivo, los dispositivos sobre la materia.
Comuníquese, etc."
"Votación del texto sustitutorio Proyectode Ley Nº 4915/98-CR
Señores congresistas que votaron a favor:Aliaga Araujo, Amorín Bueno, Blanco Oropeza,Campos Baca, Chang Ching, Chávez Cossío deOcampo, Chávez Serrano, Chiroque Ramírez, Cic-cia Vásquez, Colchado Arellano, Delgado Aparicio,Espichán Tumay, Espinoza Matos, Ezquerra Cáce-res, Fernández Bustinza, Ferrero Costa, FigueroaVizcarra, Flores Flores, Heresi Abdelnour, Hermo-za Ríos, Hildebrandt Pérez Treviño, Huaman-chumo Romero, Jhong Junchaya, León Trelles,Lozada de Gamboa, Martorell Flores, MedeliusRodríguez, Mellado Céspedes, Muñiz Ziches, PandoPacheco, Patsías Mella, Pulgar Lucas, QuicañaAvilés, Ramos Santillán, Reátegui Trigoso, RevillaJurado, Reynafarje Abensur, Rodas Díaz, RuizDávila, Ruiz Caro Alvarez, Salgado Rubianes deParedes, Samalvides Dongo, Sánchez Vega, SatoAbe, Siura Céspedes, Torrejón Riva de Chincha,Urrelo Guerra, Vargas Marín, Vega Ascencio, Ve-lásquez Ureta, Vicuña Vásquez, Vidarte Correa,Vilchez Malpica, Villasante Chambi y Zevallos Ríos.
Señores congresistas que votaron en con-tra: Alva Orlandini, Barba Caballero, Bartra Gon-záles, Cáceres Velásquez, Castillo Chirinos, Co-ral Pérez, Diez-Canseco Cisneros, Estrada Pérez,Fernández Baca de Valdez, Grados Bertorini, Gue-rra-García, Merino Lucero, Morales Costa, NúñezRomán, Pease García, Reto Neyra, San RománCáceres, Santa María y Zumaeta Flores."
El señor PRESIDENTE.� Señores congresis-tas: Como ustedes comprenderán, para el día dehoy habíamos calculado, según me preguntaronalgunos señores parlamentarios, aprobar por lomenos siete proyectos de ley. Estamos recién enel segundo. A su vez, los señores parlamentariosme piden que no vengamos el día viernes y queno se prorrogue la legislatura. Todavía faltarían
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aprobar, aparte de estos siete proyectos de ley, laLey del Deporte y la Ley de Transporte.
Ustedes comprenderán que, si todos no colabo-ramos en el sentido de que solamente interven-gan aquellas personas que tengan un aporte muyimportante que realizar, nos va a ser imposibleterminar el día de mañana con tantos proyectosde ley y nos vamos a ver obligados a continuarprorrogando la legislatura.
(Ley Nº 27156)Se aprueba la fórmula sustitutoria del Pro-yecto de Ley Nº 4958/98-CR, remitido porel Poder Ejecutivo, contenida en el dicta-men unánime de la Comisión de Economía,por el cual se modifica los artículos 21º y22º del Decreto Supremo Nº 059-96-PCM,Texto Único Ordenado de las normas queregulan la entrega en concesión al sectorprivado de las obras públicas de infraestruc-
tura y de servicios públicos
El señor PRESIDENTE.� Vamos a ver ahorael Proyecto Nº 4958/98-CR.
El RELATOR da lectura:
Dictamen de la Comisión de Economía, por una-nimidad, recaído en el Proyecto de Ley Nº 4958/98-CR, remitido por el Poder Ejecutivo, que pro-pone modificar el Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, Texto Único Ordenado de las normas queregulan la entrega en concesión al sector privadode las obras públicas de infraestructura y de ser-vicios públicos.(*)
El señor PRESIDENTE.� En debate el textosustitutorio, contenido en el dictamen de la Co-misión de Economía recaído en el Proyecto Nº4958/98-CR.
La Presidencia comunica que el presente proyectoha sido dictaminado por unanimidad. En conse-cuencia, de conformidad con lo establecido en elsegundo párrafo del inciso b) del artículo 55º delReglamento, cada grupo parlamentario tendrá unmáximo de dos minutos para que exponga lasrazones de su posición respecto de este proyecto.
Puede hacer uso de la palabra el señor ChangChing, presidente de la Comisión informante.
El señor CHANG CHING (C90-NM).� Gra-cias, Presidente.
Hemos recibido el Proyecto de Ley 4958, proce-dente del Poder Ejecutivo, que ha sido dictamina-do en la Comisión de Economía por unanimidad.
Para ser muy sencillos en la explicación, quere-mos decir que en la actualidad la legislación quecorresponde a las concesiones solamente consi-dera una modalidad, en la cual se da la construc-ción, la propiedad, la operación y la transferen-cia posterior de este bien al Estado después deque concluye la concesión.
En este último año, el Perú tiene la expectativade sacar adelante una serie de concesiones quepodrían atraer importantes inversiones al país. Peroestas concesiones son de una modalidad diferentea la que está establecida en la actual legislación;esto es, que las concesiones que podrían darse enel futuro son para poder construir, operar y trans-ferir el bien al Estado, pero la propiedad del bienestá permanentemente en poder del Estado.
El caso es que el 16 de junio la Comisión de Eco-nomía, en una reunión de trabajo, recibió la visitadel Presidente de la Corporación Peruana de Avia-ción Comercial, Corpac, y se señaló en aquellaoportunidad que el tipo de concesión, por ejem-plo, del aeropuerto Jorge Chávez sería con estanueva modalidad que estamos incluyendo dentrode la norma. Por ejemplo, sería una en la cual seconstruyen las nuevas instalaciones del aeropuerto,se operan y, después de terminada la �diríamos�concesión, se mantiene el tema de las transferen-cias; pero la propiedad del bien sigue siendo delEstado. El Estado en ningún momento cede lapropiedad a quien pueda ganar la concesión.
De esta forma, queda claro que, por ejemplo, en elcaso de Enafer, en el momento en que pueda serdada en concesión, las vías, los durmientes delferrocarril, continúan siendo de propiedad delEstado. Y, por lo tanto, en el tema de aeropuertos,de puertos, de ferrocarriles y otros, es el Estado elque mantiene permanentemente la propiedad.
Por esa razón, la modificación del artículo 22º yel artículo 21º del Texto Único Ordenado de laLey de Concesiones tiene que incorporar esta nuevamodalidad para que pueda realizarse adecuada-mente todo el proceso.
Además, tiene que hacerse un piso parejo paraesta modalidad de concesión con la ya existente.Decimos "un piso parejo" en lo que correspondeal impuesto a las ventas, a la renta, al tratamien-to en relación con las alcabalas, etcétera. Esto eslo que tratamos de trasladar, en los términos mássencillos, al Pleno del Congreso de la Repúblicapara que, habiendo sido aprobado por unanimi-dad en la Comisión de Economía, pueda ser ad-mitido al voto.
Gracias, Presidente.
*) El texto del documento obra en los archivos del Congreso de la República.
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El señor PRESIDENTE.� Tiene la palabra laseñora Graciela Fernández Baca.
La señora FERNÁNDEZ BACA DE VALDEZ(GPI).� Gracias, Presidente.
Estoy de acuerdo con modificar los artículos 21º y22º de este Texto Único Ordenado que regula laentrega en concesión al sector privado. Sin em-bargo, quisiera hacer una sugerencia al Presiden-te de la Comisión sobre el segundo párrafo del ar-tículo 21º, modificando su texto por el siguiente:"El Régimen referido en el párrafo anterior tam-bién será de aplicación cuando los bienes adquiri-dos o construidos por el concesionario se transfie-ran al Estado durante el plazo de la concesión, deacuerdo al respectivo contrato." Creo que así que-daría más claro.
Es todo, Presidente. Gracias.
El señor PRESIDENTE.� Señor Luis ChangChing.
El señor CHANG CHING (C90-NM).� SeñorPresidente: Acogemos plenamente la propuestade la congresista Fernández Baca. Podemos pa-sar al voto el texto sustitutorio que estamos sus-tentando.
Es todo, Presidente.
El señor PRESIDENTE.� Bien, señores con-gresistas, les pedimos, por favor, presionar cual-quier de los tres botones a fin de establecer laasistencia y dar inicio a esta votación.
�Los señores congresistas registran su asis-tencia mediante el sistema electrónico paraverificar el quórum.
El señor PRESIDENTE.� Bien, señores con-gresistas, cerramos la asistencia para esta vota-ción. Se encuentran presentes 64 señores parla-mentarios.
Se va a dar lectura al texto sustitutorio.
El RELATOR da lectura:
"LEY QUE MODIFICA EL DECRETO SUPREMO Nº 059-96-PCM, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LAS NORMAS QUE
REGULAN LA ENTREGA EN CONCESIÓN AL SECTOR PRIVADO
DE LAS OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA Y DE SER- VICIOS PÚBLICOS
Artículo Único.� Modificación de los artículos21º y 22º del Decreto Supremo Nº 059-96-PCM.
Modifícanse los artículos 21º y 22º del DecretoSupremo Nº 059-96-PCM, Texto Único Ordena-
do de las Normas con rango de Ley que regulanla entrega en concesión al sector privado de lasobras públicas de infraestructura y de serviciospúblicos, en los términos siguientes:
�Artículo 21º.� Incorpórase dentro de los alcan-ces del Decreto Legislativo Nº 818 y de la Ley26610, a los proyectos de inversión en obras pú-blicas de infraestructura y de servicios públicosentregadas en concesión al sector privado bajocontratos con el Estado al amparo del presenteTexto Único Ordenado.
El Régimen referido en el párrafo anterior tam-bién será de aplicación cuando los bienes adqui-ridos o construidos por el concesionario se trans-fieran al Estado durante el plazo de la concesión,de acuerdo al respectivo contrato.
Artículo 22º.� El valor de transferencia de losbienes al Estado durante o al término de la con-cesión o su renovación será el valor contable delos bienes que no hayan sido totalmente depre-ciados. La transferencia estará inafecta de todotributo creado o por crearse, incluso de aquellosque requieren mención específica para suinafectación o exoneración.
El concesionario podrá depreciar anualmente losbienes materia de la concesión de acuerdo a suvida útil, no pudiendo exceder en este caso la tasaanual de 20%.
Alternativamente, podrá depreciar íntegramen-te dichos bienes durante el período que reste parael vencimiento del plazo de la concesión, aplican-do para tal efecto el método lineal.
El tratamiento establecido en el segundo y ter-cer párrafos de este artículo es de aplicación a losactivos intangibles de duración limitada deriva-dos del derecho de uso sobre los activos transfe-ridos al Estado. Para estos efectos la tasa deamortización aplicable será igual a la tasa de de-preciación establecida para el bien transferido alEstado.�"
El señor PRESIDENTE.� Procedemos a vo-tar. Los señores congresistas que aprueben lapropuesta se servirán presionar el botón verde;los que estén en contra, el botón rojo; y los quese abstengan, el botón ámbar.
�Los señores congresistas emiten su votoa través del sistema electrónico.
�Efectuada la votación, se aprueba, por 58votos a favor, ninguno en contra y 4 absten-ciones, el texto sustitutorio del proyecto deley que modifica el Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, Texto Único Ordenado de las Nor-
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mas que regulan la entrega en concesión alsector privado de las obras públicas de in-fraestructura y de servicios públicos.
El señor PRESIDENTE.� Con el voto a favordel señor Daniel Espichán, Genaro Colchado yDennis Vargas Marín.
�El texto aprobado es el siguiente:
"El Congreso de la República;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE MODIFICA EL DECRETO SUPREMO Nº 059-96-PCM - TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LAS NOR-MAS QUE REGULAN LA ENTREGA EN CONCESIÓN AL
SECTOR PRIVADO DE LAS OBRAS PÚBLICAS DE INFRA- ESTRUCTURA Y DE SERVICIOS PÚBLICOS
Artículo Único.� Modificación de los artícu-los 21º y 22º del Decreto Supremo Nº 059-96-PCM
Modifícanse los artículos 21º y 22º del DecretoSupremo Nº 059-96-PCM - Texto Único Ordena-do de las Normas con rango de Ley que regulanla entrega en concesión al sector privado de lasobras públicas de infraestructura y de serviciospúblicos, en los términos siguientes:
�Artículo 21º.� Incorpórase dentro de los alcan-ces del Decreto Legislativo Nº 818 y de la Ley Nº26610, a los proyectos de inversión en obras pú-blicas de infraestructura y de servicios públicosentregados en concesión al sector privado bajocontratos con el Estado al amparo del presenteTexto Único Ordenado.
El Régimen referido en el párrafo anterior tam-bién será de aplicación cuando los bienes adqui-ridos o construidos por el concesionario se trans-fieran al Estado durante el plazo de la concesión,de acuerdo al respectivo contrato.
Artículo 22º.� El valor de transferencia de losbienes al Estado durante o al término de la con-cesión o su renovación será el valor contable delos bienes que no hayan sido totalmente depre-ciados. La transferencia estará inafecta de todotributo creado o por crearse, incluso de aquellosque requieren mención específica para suinafectación o exoneración.
El concesionario podrá depreciar anualmente losbienes materia de la concesión de acuerdo a suvida útil, no pudiendo exceder en este caso la tasaanual de 20%.
Alternativamente, podrá depreciar íntegramen-te dichos bienes durante el período que reste para
el vencimiento del plazo de la concesión, aplican-do para tal efecto el método lineal.
El tratamiento establecido en el segundo y ter-cer párrafos de este artículo es de aplicación a losactivos intangibles de duración limitada deriva-dos del derecho de uso sobre los activos transfe-ridos al Estado. Para estos efectos la tasa deamortización aplicable será igual a la tasa de de-preciación establecida para el bien transferido alEstado.�
Comuníquese, etc."
"Votación del texto sustitutorio del Proyecto de Ley Nº 4958/98-CR
Señores congresistas que votaron a favor:Aliaga Araujo, Alva Orlandini, Amorín Bueno,Blanco Oropeza, Cáceres Velásquez, Campos Baca,Castillo Chirinos, Chang Ching, Chávez Cossíode Ocampo, Chávez Serrano, Chiroque Ramírez,Ciccia Vásquez, Delgado Aparicio, Espinoza Matos,Ezquerra Cáceres, Fernández Baca de Valdez, Fer-nández Bustinza, Ferrero Costa, Figueroa Vizcarra,Grados Bertorini, Guerra-García, Heresi Abdel-nour, Hermoza Ríos, Hildebrandt Pérez Treviño,Huamanchumo Romero, Jhong Junchaya, LeónTrelles, Lozada de Gamboa, Martorell Flores, Me-delius Rodríguez, Mellado Céspedes, Merino Luce-ro, Morales Costa, Muñiz Ziches, Pando Pacheco,Patsías Mella, Pulgar Lucas, Quicaña Avilés, Ra-mos Santillán, Reátegui Trigoso, Revilla Jura-do, Reynafarje Abensur, Rodas Díaz, Ruiz Dávila,Ruiz Caro Alvarez, Dongo, San Román Cáceres,Sánchez Vega, Sato Abe, Siura Céspedes, TorrejónRiva de Chincha, Urrelo Guerra, Velásquez Ureta,Vicuña Vásquez, Vidarte Correa, Vilchez Malpica,Villasante Chambi y Zevallos Ríos.
Señores congresistas que se abstuvieron:Diez-Canseco Cisneros, Núñez Román, VelásquezQuesquén y Zumaeta Flores."
(Ley Nº 27160)Se aprueba el texto sustitutorio, contenidoen el dictamen de la Comisión de Infraestruc-tura y Transporte, del Proyecto de Ley Nº4939/98-CR, remitido por el Poder Ejecuti-vo, mediante el cual se modifica le Ley Nº12398, excluyendo áreas de tierras para seradjudicadas a favor de Sedapar S.A. para la construcción de lagunas de oxidación
El señor PRESIDENTE.� Vamos a ver a con-tinuación el Proyecto Nº 4939/98-CR.
El RELATOR da lectura:
Dictamen de la Comisión de Infraestructura yTransporte, recaído en el Proyecto de Ley 4939/
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98-CR, remitido por el Poder Ejecutivo, en vir-tud del cual se modifica la Ley Nº 12398, exclu-yendo área de tierras para ser adjudicadas en favorde Sedapar S.A., para la construcción de lagunasde oxidación.(*)
El señor PRESIDENTE.� En debate el textosustitutorio, contenido en el dictamen de la Co-misión de Infraestructura y Transporte, recaídoen el Proyecto Nº 4939/98-CR.
Puede hacer uso de la palabra la señora arquitectaCarmen Lozada de Gamboa, presidenta de laComisión informante.
La señora LOZADA DE GAMBOA (C90-NM).�Gracias, señor Presidente.
Este proyecto, que ha sido remitido por el PoderEjecutivo, tiene como finalidad excluir, de unasuperficie adjudicada a la Asociación Mutualistade Pequeños Agricultores de Cayma y Anexos,un área de 341,29 hectáreas para que reviertanal dominio del Estado y que, posteriormente, enella se construyan las lagunas de aguas servidaso aguas residuales de la ciudad de Arequipa, enel distrito de Uchumayo, provincia y departamentode Arequipa.
Como referencia, tengo que manifestar que el 26de octubre de 1955 se expidió la Ley 12398, queadjudicó a la asociación antes mencionada un áreade cinco mil 352 hectáreas, con el fin de que enellas se desarrollen proyectos de irrigación, rea-lizando obras de captación, almacenamiento yderivación de aguas.
Han transcurrido más de 40 años y, de estas cin-co mil 352 hectáreas, solamente han cumplidocon su objetivo dos mil 976 hectáreas, quedandouna gran área de carácter eriazo y con imposibi-lidad técnica de poder surtirse de agua y, por lotanto, imposibilidad técnica de poder irrigar esasáreas.
Sin embargo, en Arequipa hay problemas de con-taminación del medio ambiente debido a la ca-rencia o a la insuficiencia de recursos para tratarlas aguas residuales, las mismas que van al ríoChili. El problema es que, posteriormente, losagricultores se surten de este río para la irriga-ción de productos de panllevar, lo que ocasionauna seria contaminación no solamente ambien-tal, sino también en el aspecto de salubridad.
Entonces, hay un programa de instalación desaneamiento integral, presentado por la empre-sa Sedapar �la empresa de agua potable de Are-quipa�, que cuenta con financiamiento de Ale-
mania. Este proyecto, después de muchos estu-dios, análisis y evaluaciones de áreas de terrenocompatibles para la ejecución de esta obra, haconsiderado conveniente la ubicación en estas 341hectáreas.
El artículo 88º de la Constitución Política del Perúdice que cuando las áreas que son entregadas paraun determinado fin no cumplen con su cometidorevierten al Estado. Es basado en este artículoque el Poder Ejecutivo ha solicitado la reversiónde parte de estos terrenos. Se trata solamente de341 hectáreas, que en este momento se encuen-tran en la calidad de eriazas, totalmente desier-tas y, además, imposibilitadas de tener la fuentede agua para poder irrigarse. Por lo tanto, se pro-pone hacer en ella la planta de tratamiento deaguas servidas.
Nosotros, para poder tratar este tema en la Co-misión de Infraestructura, hemos coordinado conlas instituciones encargadas, como la DirecciónRegional de Agricultura y la empresa de sanea-miento de agua potable Sedapar. Inclusive, mehe entrevistado con algunos alcaldes y, sobre todo,con los señores congresistas naturales del lugar,como los señores Samalvides, Velásquez Ureta yFernández Bustinza, quienes han manifestado suinquietud para que este proyecto salga adelantey se pueda construir, en el más breve plazo, estaimportante obra para la ciudad de Arequipa.
No se va a afectar a población alguna, a pesar deque por allí se ha hecho algunas manifestacionespor parte de grupos muy reducidos de personas.Pero queremos dejar claro que hemos investiga-do que en los terrenos a los cuales estamos ha-ciendo referencia no existen mejoras por partede los actuales posesionarios. Por lo tanto, esnecesario que estos terrenos reviertan al Estadoa fin de que se pueda beneficiar a la población deArequipa.
Yo ya no quisiera extenderme más en la materia.El dictamen ha sido suscrito por todos los miem-bros de la Comisión que estuvieron presentes enla reunión. Creo que, en el debate, sobre todo porlo que puedan decir el señor Helbert Samalvidesy los demás colegas arequipeños, los señores con-gresistas podrán tomar conocimiento de esta pro-blemática y apoyar este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
�Reasume la Presidencia el señor CarlosBlanco Oropeza.
El señor PRESIDENTE.� Vamos a procederal retiro de las personas que se encuentran en
(*) El texto del documento obra en los archivos del Congreso de la República.
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las galerías si insisten en no guardar el orden.Guarden el orden; si no, haremos desalojar lasgalerías.
Se va a dar lectura al Reglamento, en la partepertinente.
El RELATOR da lectura:
"Reglamento del Congreso de la República
Reglas de orden en las sesiones
Disciplina parlamentaria
Artículo 61º.� El Presidente tiene a su cargola dirección de los debates y la prerrogativa deexigir a los Congresistas que se conduzcan conrespeto y buenas maneras durante las sesiones.Está facultado para:
[...]
f) Ordenar el desalojo de las galerías de la Salade Sesiones cuando se produzcan desórdenes, sinperjuicio de la responsabilidad de los infractores."
El señor PRESIDENTE.� Vamos a dar el usode la palabra. Tengo en la lista de oradores alseñor congresista Bartra.
El señor BARTRA GONZÁLES (I).� SeñorPresidente: Tengo la obligación de justificar mivoto, a pesar de los gritos que escucho.
Hace 40 años, por Ley 12398, el Estado adjudicó,a título gratuito, a la Asociación Mutualista dePequeños Agricultores de Cayma y Anexos la can-tidad de cinco mil 352 hectáreas. Han pasado 40años, y han sido habilitadas y trabajadas dos mil976 hectáreas, quedando un saldo de, aproxima-damente, dos mil 376. Estas últimas, según elEstado, por intermedio del Ministerio de Agricul-tura y de la empresa Sedapar, son ciento por cien-to eriazas. Según los agricultores, estas tierras estánsiendo trabajadas, para lo cual presentan algunasfotos y algunos videos a la Comisión.
De ese saldo de dos mil 376 hectáreas, que noestán trabajadas según el Estado, van a revertir341 hectáreas, tal como se plantea en el proyectode ley en discusión, las cuales van a ser destina-das a la construcción de lagunas de oxidación paraSedapar y de esta manera evitar que las aguasservidas de Arequipa sigan contaminando las aguasdel río Chili.
Los agricultores de Cayma y Anexos están deacuerdo con entregar estas 341 hectáreas, perono como reversión, sino como expropiación, lo cual
considero algo contraproducente, en parte, por-que el Estado tendría que pagar ahora por tie-rras que antes entregó gratuitamente.
Según Sedapar, los trabajos a realizar tienen ase-gurado financiamiento japonés, por lo que es ur-gente contar con las tierras necesarias para eje-cutar los trabajos de las mencionadas lagunas deoxidación.
Considerando los altos intereses de la ciudad, queva a contar con una salida de sus aguas servidasa lagunas de oxidación y no seguir contaminan-do las aguas del río Chili, voy a votar a favor delProyecto de Ley 4939.
El señor PRESIDENTE.� Puede hacer uso dela palabra el señor Róger Cáceres.
El señor CÁCERES VELÁSQUEZ (DEMO).�Señor Presidente: Para quien no ha vivido enArequipa, probablemente sea muy fácil resolveren contra de la gran ilusión que los arequipeñostienen de contar con mayor extensión de áreasverdes.
Yo he tenido el placer y el honor de vivir en laCiudad Blanca y de formarme ahí, cuando eraestudiante secundario, en San Francisco y, uni-versitario, en San Agustín. Por ello es que conoz-co de cerca esta permanente ambición de Arequipapor contar con una mayor campiña.
La irrigación El Cural, como todas aquellas quese han ejecutado en el entorno de Arequipa, hasido al impulso del pueblo arequipeño, de los agri-cultores arequipeños.
Justamente, yo vivía en Arequipa cuando se ob-tuvo, después de muchos apremios, aquella leyque le reconoció a esa asociación irrigadora laextensión de tierras a las que se refiere el pro-yecto que se encuentra en mesa.
Con gran esfuerzo, sin mayor apoyo del Estado,los agricultores de Arequipa, a través de una aso-ciación constituida para esos fines específicos, hanirrigado más del 50 por ciento de las tierras queles fueron otorgadas por ley para esos fines. Hanpasado los años. Ciertamente, no se ha podidoirrigar todo, pero la gran culpa no ha sido de losagricultores. Ellos han hecho de sí cuanto les hasido posible. El Estado no les ha asistido en laforma debida para que pudieran completar la irri-gación de esas tierras.
Como en el mismo proyecto se destaca �parti-cularmente, en el dictamen�, no se ha llevado acabo obras importantes que hubieran incremen-tado los recursos del líquido elemento para po-
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der extender esas áreas irrigadas. Esto, señorPresidente, de un lado.
De otro lado, hay que reconocer la necesidad quetiene Arequipa de resolver el problema de susaguas servidas, las cuales han venido siendo echa-das al río Chili y han venido contaminando nosolamente el ambiente, sino fundamentalmentela atmósfera, y perjudicando las tierras de culti-vo a las que llegan estas aguas del río Chili.
Hay necesidad perentoria de resolver esa proble-mática. Los sucesivos gobiernos municipales quehan tenido a su cargo la tarea edil, trabajando enel manejo de Sedapar, han orientado la posibili-dad de una financiación que es aportada por Ale-mania para resolver definitivamente este proble-ma. Para ello se requiere de las tierras a las quese refiere el proyecto de ley; de aquellas tierrasde la pampa de La Estrella, donde se van a haceraquellas lagunas de oxidación que tan urgente-mente se necesitan en Arequipa, como aquí enLima necesitamos las pampas de San Bartolo paralos mismos fines.
Ahora bien, tenemos, pues, dos realidades incon-trastables: en primer lugar, una irrigación a me-dio ejecutar, pero no por culpa de quienes pidie-ron llevar ello adelante, sino �diría yo� por culpadel Estado, un padre que no ayudó debidamentea sus hijos; y, por otro lado, la necesidad imperio-sa de resolver la problemática de las aguas servi-das de Arequipa.
Ante esta coyuntura, ciertamente que no queda-ría más que aprobar el proyecto de ley; pero no-sotros tendremos que dar leyes sabias; no sola-mente leyes oportunas y convenientes, sino le-yes sabias. Y sabiduría no es solamente inclinarla razón y la justicia de un lado, sino procurarque esa razón y esa justicia alcance a todos.
Por ello, yo considero que, si los irrigadores hanhecho, comprobadamente, inversiones para irri-gar esas tierras, el Estado debe de compensarleslo que han invertido; no cualquier suma que existaen el cerebro de una persona o en cualquier pa-pel de escritorio, sino aquellas sumas que se acre-dite que han sido gastadas en estudios, en prepa-ración de proyectos, en inversiones físicas �derepente� ejecutadas e incompletas en esas tie-rras.
Por ello, yo le pido a la Presidenta de la Comi-sión dictaminadora �que lleva en su sangre, justa-mente, la de su ancestro arequipeño, pues su tío,el entonces senador Lozada, dignísimo legisladoraprista, compañero de estudios de quien habla,fue precisamente uno de los principales impulsoresde esas obras� que admita, como adición, en al-
guna parte de este proyecto, que se pague las in-versiones que los irrigadores hubieran hecho paraincrementar esas áreas de cultivo.
Le pido un minuto, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE.� Cómo no, congre-sista Cáceres, puede continuar.
El señor CÁCERES VELÁSQUEZ (DEMO).�De otro lado, también le pido otra medida: que,compensatoriamente, se le dé a esta asociaciónirrigadora tierras por la misma extensión, por-que las hay en esas pampas desiertas que son tangrandes. Planteo que se le dé tierras por la mis-ma suma, porque yo conozco esa asociación, queestá integrada por gente perfectamente organi-zada. El arequipeño quiere que le den lo que enjusticia le corresponde, y siente como un delica-do agravio que le vayan a quitar aquello que leha costado su trabajo.
Yo le hago esos dos planteamientos a la señoraPresidenta de la Comisión confiando en que pue-da acogerlos: que se reintegre los gastos que ha-yan sido hechos y que se recompense a la asocia-ción entregándole tierras disponibles del Estadopara que también puedan ser irrigadas con losrecursos que esta asociación tiene.
El señor PRESIDENTE.� Puede hacer uso dela palabra el señor Fernández Bustinza.
El señor FERNÁNDEZ BUSTINZA (C90-NM).�Señor Presidente: Yo quisiera explicar la obra queallá se va a hacer. Conozco un poco del tema por-que tuve el honor de ser Presidente de la Empre-sa de Saneamiento de Arequipa.
El señor PRESIDENTE.� Un momento, se-ñor Fernández Bustinza.
Les ruego, por favor, a las personas que están enlas galerías que guarden el respeto y el silencioque se debe mantener en esta Sala; si no, vamosa proceder al desalojo.
Continúe, congresista Fernández Bustinza.
El señor FERNÁNDEZ BUSTINZA (C90-NM).�Gracias, Presidente.
Ésta es una obra que se está trabajando desdehace muchísimos años, y consiste en construirocho kilómetros de túneles y de canales para trans-portar, desde la zona de Alata, en el río Chili deArequipa, dos metros cúbicos por segundo, aproxi-madamente, de desechos que en este momentovierten directamente todos los desagües deArequipa en el río Chili.
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La planta de tratamiento que funciona en estemomento en Arequipa, que es la planta principalde tratamiento, procesa exactamente un mil 500litros de agua por segundo; a esto hay que su-marle los 220 litros por segundo que aporta elmanantial de la Bedoya y algunos desagües más.Todo esto hace, más o menos, dos metros cúbicosde aguas servidas que se vierten cada segundoen el río Chili.
La idea de este proyecto �que se llama PampaEstrella o Arequipa III� consiste en construirocho kilómetros de canales y túneles, sacar estosdos metros cúbicos por segundo de desagües queen este momento se vuelcan al río y llevarlos a lapampa La Estrella. En esa pampa La Estrella, en300 hectáreas aproximadamente, se va a cons-truir grandes lagunas de oxidación para trataresta agua, limpiarla y volverla nuevamente al ríoChili. No se pretende hacer una nueva refores-tación en la zona, sino volver esa agua al río Chili.¿Por qué razón? Porque con esos dos metros cú-bicos de agua por segundo, más el caudal normaldel río Chili, en la parte baja de Arequipa se rie-gan las zonas de La Joya, San Isidro y Lacano.
Por eso es que cada verano, cuando se acentúa elcalor, en la zona de La Joya existen los más altosíndices de contaminación y de cólera, porque ahíla gente consume esa agua que está totalmentecontaminada.
Por eso es que esta obra, que se va a hacer enArequipa, es sumamente urgente y hay que ha-cerla en forma rápida. Ya existe el financiamientode la Kreditanstalt Für Wiederaufbau �KFW�de Alemania, que va a darnos 47 millones de marcosalemanes, que son aproximadamente 30 millo-nes de dólares.
Con este dinero se va a hacer las obras. Este dine-ro ya está autorizado por el Gobierno Central, detal suerte que sólo se está esperando tener el te-rreno listo para comenzar a ejecutar esta obra, queva a ir en beneficio de un millón de arequipeños,convirtiendo de esta manera a Arequipa en la pri-mera ciudad totalmente descontaminada en su ríoChili. Ésta es una obra prioritaria y de necesidadpública.
La razón para hacer esta reversión de terrenosal Estado se basa no en lo que diga el Congreso,porque nosotros como congresistas podemos opi-nar; pero los informes técnicos han venido ya dela Dirección de Agricultura, de la Región Arequipay de la Empresa de Saneamiento. Ellos han opi-nado...
Señor Presidente, por favor.
El señor PRESIDENTE.� Nuevamente rue-go a las personas que se encuentran en las gale-rías que mantengan el orden; si no, me voy a verobligado a suspender la sesión para proceder asu retiro.
Continúe, congresista Fernández.
El señor FERNÁNDEZ BUSTINZA (C90-NM).�Estas entidades técnicas han informado a la Co-misión de Infraestructura que estos terrenos es-tán en total estado eriazo y que no han sido acon-dicionados ni ocupados en nada. Por lo tanto,procede la reversión de estos terrenos al Estado,dado que se trata, repito, de una obra sumamen-te importante y prioritaria para toda la pobla-ción de Arequipa, para el millón de personas queviven en Arequipa.
Por lo tanto, señor, vamos a apoyar este proyec-to.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE.� Puede hacer uso dela palabra el señor Helbert Samalvides.
El señor SAMALVIDES DONGO (C90-NM).�Gracias, señor Presidente.
Creo que las leyes no pueden salir bajo presiónde ninguna parte. Y lo que se va a decir es que elpueblo de Arequipa, el millón de personas quevive allá, espera este proyecto, porque �tal comolo dijo el congresista Fernández Bustinza� ten-go en mis manos el estudio de factibilidad, queestá financiado por el KFW con 30 millones dedólares. Esto hay que hacerlo con urgencia.
Es más, el tratamiento que se desarrollará �dice�en Pampa Estrella será en base a la laguna deoxidación, con una área total de 170 hectáreaspara el horizonte del año 2001 y 403 hectáreaspara el año 2010.
No hay que hacer nada, señor Presidente. Éstaes una propuesta que viene al Congreso despuésde haber recibido los informes pertinentes. Ade-más, a los señores de AMPACA se les dio estastierras a efectos de que las pongan bajo riego yrealicen obras de captación, almacenamiento yderivación. Pero ahí no está el hecho, señor Pre-sidente.
A efectos de no caer en una errónea apreciaciónde esta situación, considero pertinente precisarque esta asociación AMPACA no ha podido habi-litar el área total, adjudicada a su favor en el de-partamento de Arequipa, solamente por la faltade recurso hídrico, y es lo que no le permite de-
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sarrollar las cinco mil hectáreas. No hay recursohídrico. Eso lo dicen los informes del Ministeriode Agricultura, que es la entidad que administraeste recurso.
No quiero abundar más porque ha habido seño-res �a quienes yo agradezco en nombre de laciudad de Arequipa� que han hecho uso de lapalabra y que están apoyando este proyecto, comoel congresista Bartra, que es del norte. Por lo tanto,considero razonable esta propuesta legislativa delEjecutivo, mediante la cual dispone, pues, la re-versión del dominio de 341 hectáreas y dos mil900 metros cuadrados de tierras eriazas a favorde Sedapar para que se desarrolle este proyecto.
Voy a votar a favor, señor Presidente.
Gracias.
El señor PRESIDENTE.� No habiendo pedi-do el uso de la palabra ningún otro señor congre-sista, se da el punto por debatido. Antes de pro-ceder a la votación...
Perdón.
Tiene el uso de la palabra la señorita congresistaBeatriz Merino.
La señorita MERINO LUCERO (GPI).�Gracias, señor Presidente.
Para solicitarle a la presidenta de la Comisión,congresista Lozada, una aclaración.
La Ley 12398, efectivamente, adjudicó estas cin-co mil 341 hectáreas a la Asociación Mutualistade Pequeños Agricultores de Cayma y Anexos.He leído el dictamen, y, en efecto, se trata de unalaguna de oxidación que, sin duda, constituye unanecesidad para una ciudad importante como esArequipa.
Sin embargo, la propia Asociación Mutualista dePequeños Agricultores le ha dirigido una carta ala señora Carmen Lozada de Gamboa, cuyas con-clusiones son lo más importante.
Ellos señalan, en primer lugar, que las tierrasestán siendo trabajadas; en segundo lugar, quese va a revertir injustamente las 341 hectáreasdespués de 40 años, propiedad que ostentan legí-timamente; y, tercero, que no cabe la adjudica-ción a Sedapar mediante la figura jurídica de lareversión.
Quizá lo más importante es esto: "Sin perjuiciode lo expuesto, que determina que la reversiónes improcedente, debemos señalar, en armonía
con los principios que inspiran a nuestra asocia-ción, que no estamos contra el bienestar colecti-vo que persigue la obra que se pretende cons-truir ni mucho menos contra el progreso que ge-neraría como consecuencia para el pueblo deArequipa. En ese sentido, manifestamos que es-tamos dispuestos a entablar las coordinacionesque el caso amerita, a efectos de proceder a ini-ciar el trámite de expropiación de un área de te-rreno de nuestra propiedad, en extensión sufi-ciente, que permitirá la ejecución del proyectode ingeniería civil en cuestión".
Mi pregunta a la señora Presidenta de la Comi-sión es la siguiente: ¿En base a qué fundamentojurídico, después de 40 años, el Estado ordena lareversión de esta propiedad de 341 hectáreas?Porque cuando la concedió mediante Ley 12398,no existía ninguna...
Me solicita una interrupción el congresista RógerCáceres, señor Presidente, con su venia.
�Reasume la Presidencia el señor Ricar-do Marcenaro Frers.
El señor PRESIDENTE.� Tiene la interrup-ción, señor Cáceres.
El señor CÁCERES VELÁSQUEZ (DEMO).�Presidente: Justamente para señalar que el ar-tículo 70º de la Constitución dice, en forma ter-minante, que el derecho de propiedad es inviola-ble y que el Estado lo garantiza.
La propiedad de esas tierras, en 40 años, ha pres-crito a favor de esa asociación, y no es posibleque ahora se le despoje de esa propiedad.
En todo caso, yo creo que estemos obligados apagarle una indemnización por las mejoras o lasinversiones que se hubieran efectuado para irri-gar esas tierras.
El señor PRESIDENTE.� Puede continuar,señorita Beatriz Merino.
La señorita MERINO LUCERO (GPI).� Se-ñor Presidente: Entonces, yo quisiera una acla-ración con el objeto de poder entender el sentidode nuestro voto.
En primer lugar, todos estamos de acuerdo enque las lagunas de oxidación son importantes parala ciudad de Arequipa; y no solamente todos no-sotros, los congresistas, sino la propia asociación.La propia Asociación Mutualista de PequeñosAgricultores de Cayma y Anexos de Arequipa,AMPACA, conforme he leído en la carta que ledirigen a la señora Presidenta de la Comisión de
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Infraestructura, está de acuerdo también en queefectivamente esas lagunas de oxidación son im-portantes.
No me parece que exista, ni en el proyecto queenvía el Ejecutivo ni en el dictamen que presen-ta a este Pleno la Comisión de Infraestructura,el sustento jurídico que nos permita decir queestás 341 hectáreas simplemente revierten alEstado después de que éste las concedió a estaasociación durante 40 años sin condición ningu-na, de acuerdo a como aparece el texto de la pro-pia Ley 12398.
Si así fuera, entonces creo que el trámite correc-to sería, efectivamente, el de la expropiación o,en todo caso, lo que ha sugerido el congresistaRóger Cáceres: establecer si efectivamente exis-te o no un valor agregado en esas tierras. De locontrario, el Estado estaría actuando como juezy parte en este caso, pues otorgó esto hace 40años, ahora decide que lo retira sin pago ningu-no y la asociación no tiene ante quién hacer valersus derechos.
Yo no creo que esto, en esa forma, sea un trámitejurídico y constitucional. Yo quisiera rogarle a lacongresista Lozada una aclaración al respecto parapoder establecer en qué sentido voy a votar.
El señor PRESIDENTE.� Por último, tienela palabra la señora Carmen Lozada de Gamboa.
La señora LOZADA DE GAMBOA (C90-NM).�Señor Presidente: Yo creo que es necesario haceralgunas aclaraciones en este dictamen que he-mos traído los miembros de la Comisión de In-fraestructura y Transporte.
Nosotros no vamos a despojar a nadie de su pro-piedad. Los terrenos a los que se ha hecho refe-rencia fueron adjudicados mediante una ley conun determinado fin. Este fin no se ha cumplido,y técnicamente es imposible que se pueda cum-plir porque no existe el recurso hídrico para po-der irrigar la zona. Solamente se ha podido irri-gar el 50 por ciento del área, adjudicada a títulogratuito por el Estado a una asociación de agri-cultores con el fin de que se haga una irrigación.
La población de Arequipa tiene un problema, comolo han explicado los señores congresistas. Cuan-do las tierras agrarias no son utilizadas para elfin que son adjudicadas, el caso no prescribe, comodice el congresista representante del Frente Na-cional de Trabajadores y Campesinos, que debesaber de memoria la Ley de Tierras y todas lasleyes que tienen que ver con el tema. Las tierrasdel Estado en materia agrícola revierten.
Por lo tanto, que no se quiera decir acá que noso-tros estamos despojando de tierras.
En segundo lugar, qué se puede pagar de mejo-ras si en el lugar donde se ha planteado hacer laslagunas de oxidación de la ciudad de Arequipano se han hecho mejoras.
Nosotros hemos remitido, por la documentaciónrecibida de parte de un grupo de personas, solici-tudes requiriendo información a la DirecciónGeneral de Agricultura, a las municipalidadesprovinciales y distritales. Es más, en la Comisiónse acordó que viajen a Arequipa los congresistasque voluntariamente quieran hacerlo para quecomprueben este asunto.
Los congresistas hicieron las coordinaciones paraconocer cuál era la realidad. El día de hoy, el con-gresista Vilchez me entregó la documentación quehabía recibido, en la cual se manifestaba que,efectivamente, en esas 341 hectáreas no se hanhecho las mejoras.
¿Qué podemos hacer? ¿Dejamos de dar una nor-ma que va a permitir la construcción de una in-fraestructura importantísima para el millón dehabitantes que viven en Arequipa, como lo hadicho el congresista Samalvides? O simplementeacogemos el pedido de un grupo reducido de per-sonas, a las que yo respeto mucho. A pesar de lafalta de respeto que hemos escuchado el día dehoy, yo sí las respeto. Pero tengo que decir que elobjetivo del Estado no es solucionar el problemade cinco, diez o veinte personas, sino de las gran-des poblaciones; y esas áreas de terreno se re-quieren para hacer lagunas de oxidación.
Se dice que son cinco mil agricultores. Yo voy adecir que no es verdad, porque estamos hablan-do de 341 hectáreas. De acuerdo a la norma, cadaagricultor puede recibir un máximo de 18 hectá-reas. En el entendido de que todos hubieran re-cibido las 18 hectáreas, serían 29 personas las"perjudicadas", entre comillas, porque �insisto�no hay obras de mejoramiento en esa zona.
Y si fueran las cinco mil personas, a las que hacereferencia la documentación recibida, estaríamoshablando de 0,06 hectáreas por persona, hechoque no justificaría un proyecto de irrigación. Porlo tanto, tampoco es verdad el contenido de esedocumento. Los congresistas lo han podido com-probar.
Yo entiendo la desesperación de algunas perso-nas cuando ven que no han podido cumplir suspropósitos por diferentes razones �respetablestodas�, pero creo que por encima de todo está elinterés público. Precisamente, el Congreso de laRepública está para escuchar los grandes reque-
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rimientos y tomar decisiones, por más impopu-lares que a veces nos parezcan y por más gritos einsultos que, lamentablemente, podamos recibirpor parte de la gente que no entiende cuáles sonlas prioridades de este Gobierno.
El congresista Samalvides me pide una breveinterrupción. Yo pido que por favor se la puedaotorgar, señor Presidente.
Con esto he finalizado mi exposición, y solicitoque se ponga al voto el proyecto.
El señor PRESIDENTE.� Señor Samalvides,tiene usted la interrupción.
El señor SAMALVIDES DONGO (C90-NM).�Gracias, señor Presidente.
Quizás esto pueda clarificar más. En el artículo88º de la Constitución, sobre régimen agrario delas comunidades campesinas y nativas, se esta-blece que "las tierras abandonadas, según previ-sión legal, pasan al dominio del Estado para suadjudicación o venta.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE.� Bien, señores con-gresistas, vamos a proceder a votar; para lo cual,agradeceríamos presionar cualquiera de los tresbotones a fin de establecer la asistencia.
�Los señores congresistas registran su asis-tencia mediante el sistema electrónico paraverificar el quórum.
El señor PRESIDENTE.� Se va a cerrar laasistencia para esta votación. Se encuentran presen-
tes 64 señores parlamentarios. Se procede a vo-tar.
Los que estén a favor se servirán presionar elbotón verde; los que estén en contra, el botónrojo; y los que se abstengan, el botón amarillo.
�Los señores congresistas emiten su votoa través del sistema electrónico.
�Efectuada la votación, se aprueba, por 49votos a favor, 2 en contra y 10 abstenciones,el texto sustitutorio del proyecto de ley quemodifica la Ley Nº 12398, excluyendo 341,29hectáreas para ser adjudicadas a favor deSEDAPAR S.A. para la construcción de la-gunas de oxidación.
�El texto aprobado es el siguiente:
"El Congreso de la República;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 12398 EXCLUYENDOÁREA DE TIERRAS PARA SER ADJUDICADAS A FAVORDE SEDAPAR S.A. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
LAGUNAS DE OXIDACIÓN
Artículo 1º.� Exclusión de área
Modifícanse los alcances del artículo 1º de la LeyNº 12398, excluyéndose de la superficie adjudi-cada a la Asociación Mutualista de Pequeños Agri-cultores de Cayma y Anexos - AMPACA, el áreade 341,29 hectáreas, que revierten al dominio delEstado, ubicadas en el distrito de Uchumayo,provincia y departamento de Arequipa, definidala poligonal con las siguientes coordenadas de losvértices:
VÉRTICE DERECHA DISTANCIA AZIMUT NORTE ESTE
A 89º 23' 08.13" 8186410,000 213860,000
B 162º 20' 07.11" 233,238 210º 57' 49.52" 8186210,000 213740,000
C 105º 56' 59.06" 1405,806 193º 17' 56.64" 8184841,894 213416,617
D 158º 45' 52.11" 1150,000 119º 14' 55.70" 8184280,000 214420,000
E 101º 22' 10.46" 1051,156 98º 00' 47.81" 8184133,466 215460,893
F 151º 23' 56.26" 1024,288 19º 22' 58.27" 8185099,698 215800,832
G 114º 22' 45.90" 434,209 350º 46' 54.33" 8185528,300 215731,274
H 196º 25' 00.93" 809,448 285º 09' 40.46" 8185740,000 214950,000
A 1279,453 301º 34' 41.39" 8186410,000 213860,000
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Artículo 2º.� Adjudicación de área
Adjudícase a título gratuito y a favor de la Em-presa Prestadora de Servicio de Agua Potable yAlcantarillado de Arequipa Sociedad Anónima -SEDAPAR S.A. el área a que se refiere el artículoanterior, que deberá destinarse a la construcciónde las lagunas de oxidación en donde se trataránlas descargas de aguas residuales de la ciudad deArequipa.
Artículo 3º.� De la inscripción registral
Por el solo mérito de la presente Ley se inscribi-rá el dominio de las áreas transferidas a favor dela Empresa Prestadora de Servicio de Agua Po-table y Alcantarillado de Arequipa Sociedad Anó-nima - SEDAPAR S.A. en los Registros Públicoscorrespondientes.
Artículo 4º.� De la incompatibilidad
Para efectos de lo dispuesto en la presente Ley,sólo se considerarán como actividades compati-bles con la Construcción de las Lagunas de Oxi-dación, a las comprendidas en los siguientes rubros:campos santos, clubes deportivos, campos depor-tivos y similares, reservas naturales, parqueszoológicos, botánicos y similares, viveros, parquesde diversiones, clubes campestres, campos ferialesagropecuarios y áreas forestales.
Artículo 5º.� De la derogatoria
Deróganse las disposiciones y normas que se opon-gan a la presente Ley.
Comuníquese, etc."
"Votación del texto sustitutorio del Proyecto de Ley Nº 4939/98-CR
Señores congresistas que votaron a favor:Aliaga Araujo, Amorín Bueno, Bartra Gonzáles,Blanco Oropeza, Campos Baca, Chang Ching, Chá-vez Serrano, Chiroque Ramírez, Ciccia Vásquez,Colchado Arellano, Delgado Aparicio, EspichánTumay, Espinoza Matos, Ezquerra Cáceres, Fer-nández Bustinza, Flores Flores, Heresi Abdelnour,Hermoza Ríos, Hildebrandt Pérez Treviño, Hua-manchumo Romero, Jhong Junchaya, León Tre-lles, Lozada de Gamboa, Martorell Flores, MedeliusRodríguez, Mellado Céspedes, Noriega Febres,Pando Pacheco, Patsías Mella, Quicaña Avilés,Ramos Santillán, Reátegui Trigoso, Revilla Ju-rado, Reynafarje Abensur, Rodas Díaz, Ruiz Dávila,Ruiz Caro Alvarez, Salgado Rubianes de Pare-des, Samalvides Dongo, Sánchez Vega, Sato Abe,Torrejón Riva de Chincha, Vargas Marín, Vega
Ascencio, Vicuña Vásquez, Vidarte Correa, VilchezMalpica, Villasante Chambi y Zevallos Ríos.
Señores congresistas que votaron en con-tra: Núñez Román y Velásquez Quesquén.
Señores congresistas que se abstuvieron:Alva Orlandini, Cáceres Velásquez, Fernández Bacade Valdez, Grados Bertorini, Guerra-García, Me-rino Lucero, Morales Costa, Olivera Vega, SanRomán Cáceres y Townsend Diez Canseco."
El señor PRESIDENTE.� A continuación, seva a dar cuenta de un dictamen en minoría llega-do a la Mesa.
El RELATOR da lectura:
Del señor Ghilardi Alvarez, de la Comisión de In-fraestructura y Transporte, por minoría, recaídoen el Proyecto de Ley Nº 4638/98-CR, que autori-za a la Empresa Sociedad Paramonga Limitadapara adjudicar en venta directa inmuebles de supropiedad.
El señor PRESIDENTE.� A l Orden del Día.
(Ley Nº 27162)Se aprueba, con una modificación, el textosustitutorio del Proyecto de Ley Nº 4858/98-CR, remitido por el Poder Ejecutivo, con-tenido en el dictamen por mayoría de la Co-misión de la Pequeña y Microempresa, envirtud del cual se establece que las entida-des del Poder Ejecutivo que desarrollan pro-gramas de apoyo social en el departamentode Loreto pueden adquirir y contratar di-
rectamente bienes y servicios
El señor PRESIDENTE.� A continuación va-mos a ver el Proyecto Nº 4858/98-CR.
El RELATOR da lectura:
Dictamen de la Comisión de la Pequeña y Micro-empresa, recaído en el Proyecto de Ley Nº 4858/98-CR, remitido por el Poder Ejecutivo, medianteel cual se propone que las entidades del Poder Eje-cutivo que desarrollen programas sociales en eldepartamento de Loreto puedan adquirir y contra-tar directamente bienes y servicios de las Pymeslocales.(*)
El señor PRESIDENTE.� En debate el textosustitutorio, contenido en el dictamen en mayo-ría de la Comisión de la Pequeña y Microempresarecaído en el Proyecto de Ley 4858.
Al respecto, el señor Baella Tuesta ha presenta-do un dictamen en minoría sobre la misma ini-
(*) El texto del documento obra en los archivos del Congreso de la República.
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ciativa, y la Comisión de Presupuesto opina porel archivamiento del proyecto
Puede hacer uso de la palabra el señor congresis-ta Hermoza Ríos, presidente de la Comisión dela Pequeña y Microempresa.
El señor HERMOZA RÍOS (C90-NM).� Gra-cias, señor Presidente.
Estimados colegas: La sustentación que trae laComisión de la Pequeña y Microempresa ante laRepresentación Nacional se refiere al dictamendel Proyecto de Ley 4858/98-CR venido del Eje-cutivo.
Esta propuesta legislativa propone que las enti-dades del Poder Ejecutivo que desarrollan pro-gramas sociales en el departamento de Loretopuedan adquirir y contratar directamente bienesy servicios, prescindiendo de los requisitos y moda-lidades establecidos en la Ley 26850, Ley de Con-trataciones y Adquisiciones del Estado.
Esta iniciativa ha sido materia de una serie deobservaciones en la Comisión, debido a que sucontenido era muy genérico, tanto en lo que serefiere a la participación de las entidades del Estadocomo a los postores. En relación a esto último, seespecificaba que, preferentemente, podríanadquirirse o contratarse de las Pyme.
Asimismo, había imprecisiones en lo referente ala procedencia de la producción de bienes o ser-vicios requeridos, en el sentido de que ésta po-dría ser del departamento de Loreto o tambiénde la Capital de la República. Lo mismo ocurri-ría en lo que respecta a la obligación de informar.
En ese entendido, en el debate hemos hecho lassiguientes precisiones que son materia de estedictamen que traemos a consideración de todosustedes.
Hemos precisado la intencionalidad contenida enel proyecto. Hemos sostenido diversas reuniones,como se ha dicho, con representantes del Minis-terio de la Presidencia y Prompyme. Asimismo,se ha realizado coordinaciones con los encarga-dos de la Región Loreto, Infes y Foncodes, y deacuerdo a ello se ha considerado las siguientesmodificaciones a la iniciativa del Ejecutivo.
Se precisa que el proyecto de ley es de aplicaciónpara las pequeñas y microempresas del departa-mento de Loreto, y que esta modalidad garanti-za la participación y adjudicación de la buena proa los diversos postores que resulten ser los másconvenientes en condiciones de calidad, precio ycapacidad de suministro.
Se plantea, asimismo, que estas adquisiciones ycontrataciones deberán realizarse dentro de losprincipios de moralidad, libre competencia, im-parcialidad, eficiencia, transparencia, economía,vigencia tecnológica y promoción del desarrolloproductivo de la empresa nacional. Para estosprocesos se establece la participación de la Mesade Coordinación Regional de Prompyme-Loreto,la cual debe contar necesariamente con un re-presentante de los gremios de las Pymes, a efec-tos de que éstas participen directamente en es-tos concursos.
De igual forma, se propone que, para garantizarla transparencia de estos procesos, los responsa-bles de las entidades adquirientes o contratantespondrán en conocimiento de Prompyme los resul-tados de los mismos en un plazo que no exceda loscinco días útiles siguientes a su fecha de conclu-sión; y ésta informará mensualmente sobre losresultados a la Contraloría de la República y a laComisión de Presupuesto del Congreso dentro delos quince primeros días útiles de cada mes.
En esta tarea de perfeccionamiento de la norma,debo destacar la participación de los congresis-tas Jorge Sato, Alfonso Baella, Alfonso Grados yotros congresistas de la Comisión; con cuyas pro-puestas se ha incorporado un artículo que posi-bilita la ampliación de los beneficios de esta nor-ma a otras zonas geográficas de nuestra amazoníacuando se encuentren �algunas de ellas, porsupuesto� en una situación que requiera unaatención especial por parte del Estado peruano.Esta extensión de la ley podrá realizarse mediantedecreto supremo, con el voto aprobatorio delConsejo de Ministros.
¿Por qué la norma, señor Presidente?
Todos hemos sido informados, a través de los di-versos medios de comunicación, de los desastresnaturales ocurridos en el departamento de Loreto,sobre todo en los meses de abril y mayo. Sinembargo, esta zona ha venido siendo afectada desdeel mes de enero del presente año por excesos delluvias e inundaciones, produciendo graves da-ños en la infraestructura física, vial y comercial,así como la pérdida de más de tres mil hectáreasde cultivo, con un total de 13 mil 290 familiasdamnificadas. Esta situación ha alterado negati-vamente y de manera significativa la actividadeconómica de la zona.
En ese cuadro vamos a advertir, señor Presiden-te, la situación económica del departamento deLoreto.
Entre los principales indicadores económicos quereflejan la difícil situación de esta región, tene-mos que citar, por ejemplo, que la producción
2339
agropecuaria, a partir del mes de abril, registracaídas del 3,6 por ciento en el subsector agrícolay del 7,6 por ciento en el rubro pecuario. Estasituación se ha visto agravada durante los mesessiguientes. (Ver cuadro 17.)
De igual modo, en este período, las divisionesindustriales más importantes han continuadoregistrando caídas en la producción. Así tenemos,por ejemplo, que el sector forestal muestra tasasde crecimiento negativas en los meses de febre-ro, marzo y abril, con niveles de 13 por ciento, 29por ciento y 14 por ciento, respectivamente, comose observa en el cuadro que presentamos anteustedes. (Ver cuadro 18.)
En este otro gráfico vemos que solamente en elmes de abril la producción de madera aserrada yla fabricación de otros productos de madera cayóen 46 por ciento; la elaboración de alimentos ybebidas disminuyó en 26 por ciento; y el ensam-blaje de bombas y motores, en menos de 15 porciento, teniendo como resultado que en el perío-do de enero a abril la industria de la zona mues-tra niveles inferiores respecto al año anterior. Todoello es como consecuencia de la restricción inter-na.
Asimismo, esta situación ha tenido serias reper-cusiones en la actividad comercial y de serviciosde este departamento. (Ver cuadro 19.)
(Cuadro 17)
(Cuadro 18)
(Cuadro 19)
PRODUCCIÓN DE MADERAROLLIZA
-40
-20
0
20
40
60
Enero Febrero Marzo Abril
42
,6%
- 1
3%
- 2
9%
- 1
4%
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DEIQUITOS
0
20
40
60
80
100
120
Enero Febrero Marzo Abril1998
1999
( Millones de Nuevos Soles )
10
4%
63
%
10
4%
73
%
10
0%
71
,3%
56
%
97
%PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
-10
0
10
20
30
40
50
60
Enero Febrero Marzo Abril
Agricultura
Pecuaria
12%
59%
-7,6%
-3,6%
17%
6%
31%
20%
2340
En el sector financiero, el saldo de las colocacio-nes registra una restricción crediticia en térmi-nos reales del 2,1 por ciento. La liquidez cayó en4 por ciento debido a la aguda descapitalizaciónde los entes ahorradores. Este indicador es aunmayor en moneda nacional, con una disminucióndel 15 por ciento.
La cartera pesada del sistema bancario, duranteel período de enero de 1998 a abril de 1999, hacrecido en 4 puntos, lo que evidencia el incum-plimiento de los sectores productivos de ese de-partamento, toda vez que el mayor índice de morase observa en los créditos de capital de trabajo yen las colocaciones de mediano plazo.
En consecuencia, esta situación ha repercutidonegativamente en la recaudación de impuestosen la región. Así tenemos, señor Presidente, queen los primeros cuatro meses del año la recauda-ción nominal de Loreto es la mitad de lo captadoen similar período en 1998...
Si me deja continuar mi colega, señor Presiden-te, se lo voy a agradecer.
La recaudación nominal de Loreto es la mitad delo captado en similar período en 1998, siendo elIGV y el impuesto a la renta los de mayor con-tracción.
Como se observa en el gráfico, la menor recauda-ción tributaria es permanente, y se agudiza en elmes de abril con una caída del 60 por ciento. (Vercuadro 20.)
Dentro de esta coyuntura, el sector empresarialmás afectado del departamento es el de las pe-queñas y microempresas, representadas por másde mil unidades debidamente registradas en lasramas productivas de carpintería, metalmecánica,
industria gráfica, confecciones, agroindustria,alimentos y comercio, que en su conjunto ocu-pan a más de 20 mil trabajadores. Por tal razón,esta situación amerita adoptar medidas especia-les y temporales que permitan revertir el esce-nario expuesto.
A este respecto, y al amparo del artículo 59º de laConstitución Política �que establece que es obli-gación del Estado brindar oportunidades de su-peración a los sectores que sufren cualquier des-igualdad y, en tal sentido, promueve las peque-ñas empresas en todas sus modalidades�, elGobierno viene apoyando a este importante sec-tor productivo por ser uno de los más golpeadospor la falta de liquidez, la restricción del créditoy la contracción de la demanda interna.
Consideramos, pues, que las compras estatalesconstituyen un instrumento inmediato y eficaz�como lo hemos señalado en muchas oportuni-dades en este recinto� para reactivar la econo-mía local debido a su gran movilización de recur-sos, cuantificados en más de 10 mil millones denuevos soles anuales.
Nuestros colegas se pueden preguntar quiénesparticipan.
De acuerdo a lo expuesto, mediante el dictamenque contiene el texto sustitutorio, algunas enti-dades del Poder Ejecutivo que desarrollan pro-gramas de apoyo social �como el Ministerio deSalud, Ministerio de Educación, Infes, Foncodes,Coopop, gobiernos regionales, entre otros� po-drán orientar sus recursos en forma inmediata ala reactivación del sector productivo y, en espe-cial, a las pequeñas y microempresas de esta zona.
Lo propuesto tiene antecedentes en la Ley 27060,que dispone la adquisición directa de productos
0 000
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
Enero Febrero Marzo Abril
1998
1999
12
65
0
8 3
13
8 9
77
17
24
8
7 1
60
15
88
2
19
25
8
7 6
69
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
1998 - 1999
(Cuadro 20)
2341
alimenticios del Programa Nacional de Asisten-cia Alimentaria, Pronaa, a los productores localessin los requisitos establecidos por la Ley 26850,Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Esta-do.
De aplicarse esta medida, el Infes, por ejemplo,podría adquirir bajo esta modalidad ocho mil car-petas unipersonales, módulos para talleres ymaterial didáctico, entre otros, así como contra-tar servicios diversos; todo ello, por un total deun millón 340 mil nuevos soles. De esta manerase permitirá paliar, durante el presente ejerciciofiscal, la aguda crisis del departamento y de otrosde nuestra amazonía, cuando el Ejecutivo así loconsidere mediante decreto supremo.
En el cuadro que apreciamos en la pantalla, se-ñor Presidente, tenemos los programas socialesque el Infes Loreto va a ejecutar en esta zona porel valor señalado precedentemente. (Ver cuadro21.)
De igual forma, el Foncodes tiene previsto ejecu-tar, en estos programas de apoyo social, en eldepartamento de Loreto aproximadamente un
millón 200 mil nuevos soles mensuales. En estecuadro advertimos estos programas sociales delFoncodes en forma detallada. (Ver cuadro 22.)
Beneficio-costo de la propuesta que traemos parala aprobación de la Representación Nacional.
De acuerdo a los estudios realizados por los mi-nisterios de Economía y Finanzas y de la Presi-dencia, la presente iniciativa no irrogará gastosal Estado; por el contrario, promoverá una ma-yor actividad de las pequeñas y microempresasproductoras de bienes y servicios del departamento,con consecuencias directas en la generación deempleo productivo, en la formalización de lasPymes y, por tanto, en la ampliación de la basetributaria.
Por las consideraciones expuestas, ruego a la dis-tinguida Representación Nacional que apruebeesta propuesta que contiene el dictamen en ma-yoría.
No quiero terminar, señor Presidente, sin antesseñalar que el congresista Baella �que por razo-nes personales no se encuentra presente en este
PROGRAMAS SOCIALES
FONCODES - LORETO
Programa Costo
Proyecto Regulares 840 000
Proyecto Espec iales 210 000
Otros 142 000
TOTAL : S/. 1 192 000
Período Mensual
(Nuevos Soles)
(Cuadro 21)
(Cuadro 22)
PROGRAMAS SOCIALES
INFES - LORETO
Programa Costo Beneficiarios
Construcción de Aulas 70 000 4 300 alumnos
Módulos Pre-fabricados 330 000 50 colegios
Carpetas Unipersonales 688 000 8 000 alumnos
Módulos de Herramientas 144 000 11 colegios
Módulos Material Didáctico 110 000 15 colegios
TOTAL : S/. 1 342 000
Período Julio - Diciembre 1999
(Nuevos Soles)
Costo
2342
debate que interesa a todos los parlamentarios�me manifestó que su dictamen lo iba a sustentarcon la posibilidad de adherirse a esta propuestaque he sustentado en esta estación de la noche.
Muchas gracias, Presidente.
El señor PRESIDENTE.� Puede hacer uso dela palabra el señor Róger Cáceres.
El señor CÁCERES VELÁSQUEZ (DEMO).�Señor Presidente: Yo creo que la explicación queha hecho el señor Juan Bosco Hermoza ha sidopor demás convincente. Estoy en favor del pro-yecto de ley que ha fundamentado.
Solamente le quiero sugerir que, para que hayauna mayor transparencia y un mejor cuidado enel manejo de los recursos que podrían compro-meterse por la aplicación de esta ley, pueda esta-blecerse en alguna parte del proyecto que se darápublicidad tanto a la convocatoria como a los re-sultados que pudieran conseguirse en la aplica-ción de los procedimientos que se plantean en elartículo 1º y otros de este proyecto. Es decir, quehaya publicidad adecuada previa de los acuerdosque se tomen para que no haya manejo entre te-lones, con resultados que, de repente, podrían seronerosos para el erario.
Confío en que esta iniciativa, por su bondad, ha-brá de ser acogida por el proponente.
El señor PRESIDENTE.� Puede hacer uso dela palabra el señor Campos Baca.
El señor CAMPOS BACA (C90-NM).� SeñorPresidente: Éste es uno de los proyectos que estáconsolidando todas las propuestas que se estánhaciendo para la amazonía peruana, fortalece laley marco de desarrollo de la amazonía y solucio-na una serie de problemas en relación a la dispo-nibilidad de dinero en la zona, por cuanto el ca-non petrolero, como ustedes saben, bajó de 46millones a 19 millones y la posibilidad de adqui-rir bienes y pagar servicios cada día era más difí-cil.
Asimismo, la reducción del impuesto general alas ventas y del impuesto selectivo al consumo�eliminado en los combustibles y que es cero�prácticamente va a impulsar una serie de activi-dades. Esto viene con una serie de medidas; comola adquisición de mosquiteros, la adquisición deblandonas para procesar la yuca y producir fari-ña a nivel de microempresas, con la finalidad deusarla para el Vaso de Leche y una serie de pro-gramas sociales; así como la construcción de vi-viendas con material típico de la zona.
Yo creo que este proyecto es sumamente impor-tante. Lo que hay que destacar es la participa-ción de los representantes de los microempresarios,que por primera vez van a estar presentes, lo queva a dar transparencia a este proceso.
Yo quiero aunarme al apoyo a este proyecto, quecreo que va a ser aprobado tanto por la mayoríacomo por la minoría.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE.� Puede hacer uso dela palabra el señor Máximo San Román.
El señor SAN ROMÁN CÁCERES (I).� Se-ñor Presidente: También quiero apoyar el pro-yecto. Creo que es importante que se vea que hayregiones y sectores de nuestro país en los que senecesita que el Gobierno participe directamentecon mecanismos de promoción, de incentivos tri-butarios y �por qué no decirlo� de cooperaciónpara su desarrollo.
Pero yo también quisiera, en este momento, ex-presar en voz alta que, si bien es cierto que laselva necesita del apoyo del Gobierno, el otro sectorque necesita, aun más prioritariamente, el apo-yo y la preocupación del Gobierno y de los con-gresistas es el de las sierras altas.
Si hacemos una comparación rápida, podemosobservar que los habitantes de la selva puedenfácilmente sobrevivir con lo que tienen alrede-dor; en ese sentido, necesitan mecanismos demercado, de transporte, pero de ninguna mane-ra les va a faltar los alimentos, que los tienen enabundancia.
Por ejemplo, si un nativo de allá tiene hambre ynecesita pescado, pues se zambulle al Tambopata,se abraza de un pez doncella y tiene para comertoda una semana o un mes; la hará, en todo caso,pescado salado. Igualmente, si quiere cambiar degusto, hará una emboscada a un sajino o a unronsoco, y también podrá hacer lo mismo. Si tie-ne sed, la papaya y el coco abundan por ahí.
Es decir, tendría que narrar muchísimo las tre-mendas ventajas que tiene la selva con respectoa la sierra alta.
En la sierra alta, nuestros hermanos compatrio-tas no tienen prácticamente ni leña para cocinarsus alimentos. La poca papa que producen es elresultado del esfuerzo físico, utilizando chaqui-tajlla. Además, si quieren hacer un cambio o untrueque, tienen que llevar sus productos sobresus espaldas o sobre el lomo de alguna acémila,
2343
tienen que trasladarse largas distancias. Sinembargo, en la selva, señor, tenemos unas pistasasfaltadas o nos podemos trasladar en un botecito.
Estoy haciendo esta comparación porque no esjusto que un gran sector de nuestra poblaciónesté sumido en el más absoluto abandono.
Por eso es que reclamamos la participación efec-tiva del Estado. El Estado no puede hacerse de lavista gorda y permitir que esa gente esté cadavez más pobre, cada vez más alcoholizada y cadavez más mal educada; porque, lamentablemen-te, inclusive los centros de enseñanza, llámenseescuelas o colegios, están muy distantes.
Por esas consideraciones, yo quisiera hacer estasreflexiones: preocupémonos por el Perú, reconoz-camos primero nuestro territorio. Si bien es ciertoque la selva necesita el apoyo del Estado, yo lequiero decir que la sierra lo necesita aun más.
Sin embargo, yo apoyo esta iniciativa porque te-nemos que desarrollar el Perú. Ojalá, cuandopresentemos el proyecto para el desarrollo de lasierra, tengamos el mismo respaldo y la mismapreocupación, y que no sea necesario hacer mar-chas o paros para poder presionar al Ejecutivo.
Por otra parte, ¿qué es lo que pasa con un cam-pesino modesto de la sierra? Como no tiene re-cursos económicos, tiene dificultades para darleuna buena educación a sus hijos. Lo mismo pasaen la selva, es verdad. Entonces, el Estado tieneque participar más activamente para que puedacompensar esos desequilibrios, esas desventajascomparativas que pueda tener cada una de nues-tras regiones.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE.� Puede hacer uso dela palabra el señor Aldo Estrada.
El señor ESTRADA CHOQUE (UPP).� Se-ñor Presidente: Quiero mostrar mi adhesión aeste proyecto, que lo considero importante, envirtud del cual se propone que las entidades delPoder Ejecutivo que desarrollan programas so-ciales en el departamento de Loreto puedan ad-quirir y contratar directamente bienes y servi-cios de las Pymes locales.
Sin duda, a través de este proyecto, el Ejecutivono compromete gasto alguno, sino que más bienprivilegia una situación que es fundamental, quees importante y que tendrá la gran posibilidadde generar recursos y medios de vida, esta vez,en el ámbito de Loreto.
Sin embargo, ojalá, en su momento, pueda dictarseuna similar disposición para los pueblos de la sierray para los sectores de frontera, que necesitan�quién sabe, más que Loreto� este tipo de in-centivos. La necesidad extrema que allá se vivetiene que hacer que el Gobierno y nosotros dicte-mos la normativa que pueda alentar, de algúnmodo, formas y medios que posibiliten la obten-ción de recursos para poder subsistir.
Sin embargo, creo que la segunda disposicióncomplementaria y transitoria �que dice: "Median-te decreto supremo y con el voto aprobatorio delConsejo de Ministros, se podrá hacer extensivoslos alcances de la presente ley a los ámbitos geo-gráficos contemplados en la Ley Nº 27037, Leyde Promoción de la Inversión en la Amazonía"�debe modificarse, y podría decir: "Los alcancesde la presente ley se harán extensivos a los ám-bitos geográficos contemplados en la Ley Nº 27037,Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía".
Yo me pregunto: ¿Pucallpa, el mismo Amazonas,San Martín no son acaso pueblos que tienen lasmismas necesidades, las mismas exigencias queLoreto? Indudablemente que sí. No podemos, sóloy únicamente, circunscribir esta norma de ma-nera exclusiva para Loreto. Si se trata de dar unaley, entonces que beneficie a todos los pueblos dela amazonía. En su momento, por supuesto, da-remos otra ley que esté dirigida a los pueblos dela sierra o a los pueblos de frontera.
Pienso que la norma debe hacerse extensiva alos otros pueblos de la amazonía, y no circunscri-birse únicamente a Loreto. Por supuesto queLoreto requiere, necesita y exige alicientes e in-centivos como éste. Pero los otros pueblos de laamazonía también deben ser beneficiarios, dealgún modo, de lo que a través de esta normativase está estableciendo.
Por eso, yo pido que la segunda disposición com-plementaria y transitoria pueda ser modificadaen los términos que acabo de exponer.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE.� Tiene la palabra,el señor Daniel Estrada.
El señor ESTRADA PÉREZ (UPP).� SeñorPresidente: Mi intervención tiene por objeto pe-dir, a través suyo, al Presidente de la Comisióninformante que despeje algunas dudas que sur-gen luego de la lectura de este proyecto de ley.
En efecto, se trata de un proyecto destinado acrear una excepción que la Constitución, en suartículo 76º, establece que debe ser fijada por ley.
2344
El artículo 76º de la Carta Magna señala, comoprincipio fundamental en las relaciones que es-tablece el Estado con las empresas para la adqui-sición de bienes, que es obligatoria e ineludiblela observancia de la contrata y la licitación públi-ca, y que las excepciones son reguladas por ley.
Si esto señala la Carta Magna, resulta contradic-torio o, en todo caso, fuera de la ley que este pro-yecto señale que las modalidades, excepciones,etcétera, se fijen por reglamento de la ley; porque,si la Constitución manda que sea la ley la que fijemodalidades, procedimientos, excepciones, etcé-tera, no puede la ley derivar a un reglamento elque se cumpla con este requisito.
Me parece que es contradictorio que por un ladose fije, a través de esta ley, la excepción para laaplicación de las modalidades de licitación públi-ca y concurso de precios, y que por otro lado, enel artículo 4º, se señale que debe haber plurali-dad de postores y que las adquisiciones y contra-taciones que se autorizan, realizadas excepcio-nalmente, se rijan por los principios que son vá-lidos, precisamente, para licitación.
Entonces, resulta contradictorio que se diga queno se aplica la licitación, pero en cambio sí se apli-can los principios que sustentan la licitación. Diceeste proyecto, en su artículo 4º, que se adjudicala buena pro a los postores que resulten los másconvenientes en condiciones de calidad, precio ycapacidad de suministro. Quiere decir que va ahaber concurso. Pero lo que estamos tratando deevitar en esta ley es, precisamente, el concurso;es decir, hacer la adquisición directa, que es unade las modalidades que admite la Ley de Contra-taciones y Adquisiciones del Estado.
Por tanto, hay una contradicción insalvable: o seconcede la excepción para que se haga la comprasin necesidad de licitación y concurso de precios,o se mantiene esta modalidad; pero no se puedesostener a la vez ambas posibilidades: la excep-ción y la licitación.
De ahí que me parece que este artículo 2º, porejemplo, está de más, porque señala que los pro-cesos que son materia de excepción por esta leyse rigen por los principios de moralidad, librecompetencia, imparcialidad, eficiencia, transpa-rencia, etcétera.
Pero, si no va a haber dos postores, si va a haberuno solo, entonces dónde puede haber libre com-petencia. Aquí no se va a calificar la mejor ofer-ta, porque precisamente esa calificación da lugaral concurso de precios, a la invitación o a la invi-tación por concurso; y de lo que se trata es deexonerar, precisamente, de esos procedimientos.
Igualmente, el artículo 4º es insostenible por laevidente contradicción que hay, porque señala quedebe haber pluralidad de postores. Si hay plura-lidad de postores, hay concurso; y si hay concur-so, esta ley no está cumpliendo su objetivo.
El artículo 5º, igualmente, por ser repetitivo;porque esto de informar a la Contraloría es unaobligación propia de quienes contratan por adju-dicación directa; por lo tanto, ello no tiene porqué ser ya instituido en esta ley.
En general, todo lo que está precisado, ademásdel artículo 1º y el artículo 3º, es redundante yestá de más.
Por otro lado, también existe acá una autoriza-ción un tanto peligrosa para el Congreso, porqueseñala que, mediante decreto supremo, puedeextenderse esta exoneración hacia otros depar-tamentos de la selva, y la Constitución precisaque el régimen de exoneración tributaria sola-mente puede hacerse por ley.
Yo solicito, señor Presidente, lo mismo que dije...
Voy a concluir si me da un minuto.
El señor PRESIDENTE.� Sí, cómo no, tieneusted un minuto para terminar, congresistaEstrada.
El señor ESTRADA PÉREZ (UPP).� Decía,señor Presidente, que concluyo señalando lo mismoque manifesté al comenzar mi intervención.
A través suyo, pido al Presidente de la Comisióninformante que pueda esclarecer esto que, a mijuicio, es una contradicción que se da en el pro-pio texto de la ley.
Resueltas estas dudas, ciertamente que estare-mos todos �entiendo� de acuerdo con aprobareste proyecto que, de uno u otro modo, va a incen-tivar la producción, especialmente, de los peque-ños y medianos productores de esta importantezona del país.
Gracias, señor.
El señor PRESIDENTE.� Señor Víctor RuizCaro, tiene usted el uso de la palabra.
El señor RUIZ CARO ALVAREZ (C90-NM).�Gracias, Presidente.
Quiero, en principio, felicitar por este proyectoque tiene vital importancia para el desarrolloagroindustrial de la amazonía, más aun si somosconscientes de la gran cantidad de recursos que
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tiene nuestra zona de selva. Pero también éstaes una forma de consolidar este proceso de paci-ficación que ha cristalizado nuestro Gobierno, yaque ésta ha sido una zona que requería, efectiva-mente, de mucho apoyo; y la mejor manera dedemostrar apoyo a la amazonía peruana, a la sel-va peruana, es justamente dotándola de herra-mientas fiscales, de herramientas que permitansu desarrollo efectivo.
Somos conscientes de lo que significan, sobre todo,los trámites de las licitaciones, de los concursosde precios. Yo considero que con esta ley se va afacilitar enormemente el desarrollo de las pequeñasy medianas empresas de la selva.
Por otro lado, las entidades públicas de la amazoníaque desarrollan programas de tipo social tendránun mayor contacto con las empresas de la zona,porque una de las grandes preocupaciones de lospueblos del interior siempre ha sido que el abas-tecimiento, normalmente, estaba sujeto a la Ca-pital. Pero esta ley va a dar esa apertura, justa-mente, para que puedan ingeniarse sus ciudada-nos con el fin de generar mayor actividad indus-trial y, de esta manera, poder abastecer a los di-ferentes sectores a los que el Gobierno viene apo-yando.
Asimismo, quiero felicitar de manera especial elque se haya tomado en consideración la extensiónen la segunda disposición complementaria y tran-sitoria, que dice: "Mediante decreto supremo y conel voto aprobatorio del Consejo de Ministros, sepodrá hacer extensivo los alcances de la presenteley a los ámbitos geográficos contemplados en laLey 27037, Ley de Promoción de la Inversión enla Amazonía". Eso significa que las zonas que es-tán más cerca de la región andina del país, esascejas de selva que han estado abandonadas porsiglos, van a tener con esta ley la posibilidad deingresar en ese proceso de desarrollo.
Por lo tanto, daremos nuestro voto de apoyo aeste proyecto de ley.
Gracias, Presidente.
El señor PRESIDENTE.� Puede hacer uso dela palabra la señora Martha Chávez.
La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO(C90-NM).� Presidente: Voy a ser bastantepuntual en mi intervención.
Simplemente quiero sugerir que en la primeradisposición complementaria y transitoria se eli-mine, en el segundo párrafo, la frase "Asimismo,mediante decreto supremo se podrá ampliar lareferida relación de entidades".
Esta frase resulta totalmente innecesaria, por-que si el reglamento va a ser dictado mediantedecreto supremo, con voto aprobatorio del Con-sejo de Ministros, siempre mediante otro decre-to supremo se puede ampliar, modificar, reducir,etcétera, la lista; por lo tanto, la frase es innece-saria.
De otro lado, un señor congresista ha señaladoque cuando se trata de adjudicación directa nohay proceso o tiene que haber solamente un pos-tor, y eso no es cierto.
En los periódicos podemos apreciar que las enti-dades, de acuerdo a la misma Ley 26850, en loscasos de adjudicación directa, también hacen pro-cesos invitando públicamente a postores; inclu-so, hay un proceso de consulta, de venta de ba-ses, etcétera.
El hecho de que haya adjudicación directa no quieredecir que se tenga que prescindir de los criteriosde transparencia, competencia, imparcialidad; ymenos que la entidad que está buscando la pro-visión de bienes o servicios no esté obligada aobservar también la mejor calidad, el mejor pre-cio y la mejor capacidad de provisión.
Por lo tanto, yo creo que esa aseveración no esaplicable al conjunto del régimen que se está pre-viendo aquí.
Gracias, Presidente.
El señor PRESIDENTE.� Puede hacer uso dela palabra el doctor Alfonso Grados Bertorini.
El señor GRADOS BERTORINI (UPP).�Señor Presidente: Como muy bien ha dicho elPresidente de la Comisión, estas materias fue-ron objeto de amplias deliberaciones en el senode la Comisión de la Pequeña y Microempresa.
Naturalmente, observada así por gente que noha participado en todo el proceso, nos damos cuentade que puede resultar equívoca. Pero lo que quieroque tengan presente es que hemos partido de labase de una Ley de Promoción de la Inversión enla Amazonía, que la fuimos extendiendo a zonasque, inclusive, tradicionalmente no fueron con-sideradas como tales; y ya en esa ley se estableceuna serie de exenciones, especialmente de natu-raleza tributaria.
Luego hemos discutido, también amplísimamente,la Ley de la Pequeña y Microempresa y hemosencontrado que, en muchos casos, si bien las Pymespueden participar en las compras que el Estadorealiza, hay que tener un régimen especial paraellas; alguna manera especial de facilitar que, en
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la medida que todavía no tengan la capacidadcompetitiva de quien puede ser un gran abaste-cedor, resulten siendo seleccionadas para eso.
Se habla de la contradicción que, efectivamente,a primera vista parece: adjudicación directa, peroconcurso. Es que sí puede haber ello. ¿Por qué?Porque depende de la naturaleza de lo que se vaa producir y depende también de la ubicación queexista en este inmenso territorio de lo que po-tencialmente puede ser posteriormente una em-presa que se desarrolle.
De manera que hemos tratado de conciliar estoscriterios; para lo cual, hemos puesto una cláusu-la mediante la cual ustedes ven que actúa Prom-pyme con representación de las empresas de esacondición.
Es perfectible esta ley. Es más, hay otra en lacual estamos extendiendo a los departamentosde frontera las ventajas que estábamos otorgan-do en la Ley de Promoción de la Inversión en laAmazonía, cambiando el régimen de tributaciónpara hacerlo más progresivo en el tiempo.
Lo ideal hubiera sido poder enfocar un plan dedesarrollo de mediano plazo de la pequeña y me-diana empresa en el país, con una participacióndel Estado que sea efectivamente promotora; in-clusive, que requiriese un tipo especial de finan-ciamiento. Pero eso no es lo que constituye la fi-losofía del Gobierno. Más bien, estamos, paso apaso, tratando de encontrar la manera de corre-gir ciertos desequilibrios ostensibles.
No es el mejor método. Pero, evidentemente, entreprocurar que la formalidad constitucional �enlo que se refiere a las adquisiciones del Estado�sea pareja para todo el país y reconocer la reali-dad de regiones en las cuales no existe esa posi-bilidad de competencia de las pequeñas y media-nas productoras �que pueden ser los primerospasos en la creación de industrias y de activida-des económicas rentables y, en consecuencia, so-metidas regularmente a las disposiciones de ad-quisiciones del Estado�, hemos optado por estasolución, que es imperfecta, obviamente.
Dijo bien el Presidente de la Comisión que ello lodiscutimos mucho, pero asumimos la responsa-bilidad de haber tratado de encontrar, por lo menos,el sentido de lo que queremos. Si se puede mejo-rar la redacción para evitar que aparezcan con-tradicciones, yo estaría dispuesto a aceptar.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE.� Puede hacer uso dela palabra el señor Juan Hermoza.
El señor HERMOZA RÍOS (C90-NM).� Pre-sidente: Qué duda cabe que no solamente la cla-se política sino el periodismo y los dirigentes ve-cinales vienen haciendo suya esta problemáticay esta preocupación permanente por un tema comoel de la pequeña y microempresa.
Hemos dicho al interior de la Comisión que unaley no va a solucionar el problema del desempleo.Pero sí creemos y estamos convencidos de queprogresivamente todos �empresa privada y Es-tado� podemos ir solucionando este gravísimoproblema por el que atravesamos y que ocasionala desocupación.
Precisamente, mediante esta norma, el Ejecuti-vo intenta dar este beneficio para que las com-pras de los programas sociales que tiene el Eje-cutivo se hagan a las pequeñas y microempresas,pero siguiendo las exigencias que se han señala-do en la sustentación del proyecto.
Brevemente, señor Presidente, quiero decir queratifico la argumentación puesta de manifiestopor la doctora Martha Chávez.
En efecto, el artículo 1º del proyecto que esta-mos por aprobar esta noche no guarda contradic-ción, de modo alguno, con el artículo 2º; porquela ley, de aprobarse esta noche, en su artículo 1ºestablece justamente lo que se ha señalado: queel Ejecutivo, a través de los programas sociales,va a comprar directamente a las pequeñas y micro-empresas. Pero estas pequeñas y microempresaspuede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres opueden presentarse en un consorcio.
Respecto a la preocupación natural y legítima delcongresista Róger Cáceres sobre la publicidad,quiero decirle que lo de la información está con-tenido en el artículo 5º.
Sobre la sugerencia que hace la congresista MarthaChávez para que sea eliminado el último párrafode la primera disposición complementaria y tran-sitoria, debo decirle que ello se ha coordinado conalgunos miembros de la Comisión y hemos con-siderado que ese dispositivo podría ser una ca-misa de fuerza. Por lo tanto, vamos a retirar esepárrafo.
Dicho esto, agradezco las intervenciones de losseñores congresistas y aprovecho para reconocerel trabajo de todos los miembros de la Comisiónde la Pequeña y Microempresa, al señor MáximoSan Román, al señor Genaro Colchado, que consu trabajo hacen que sigamos en esta ruta de so-lucionar progresivamente los problemas de lapequeña y microempresa.
Eso es todo, señor Presidente.
2347
El señor PRESIDENTE.� Muy bien, señorescongresistas, vamos a proceder a votar. Pedimos,por favor, presionar cualquiera de los tres boto-nes a fin de establecer la asistencia para esta vo-tación y verificar que se encuentre encendida laluz al costado de su nombre; en caso contrario,luego no podrán presionar los botones para esta-blecer el sentido de su voto.
�Los señores congresistas registran su asis-tencia mediante el sistema electrónico paraverificar el quórum.
El señor PRESIDENTE.� Se encuentran pre-sentes 71 señores parlamentarios.
Procederemos a votar. Los señores congresistasque aprueben el proyecto se servirán presionarel botón verde; los que estén en contra, el botónrojo; y los que se abstengan, el botón ámbar.
�Los señores congresistas emiten su votoa través del sistema electrónico.
�Efectuada la votación, se aprueba, por 67votos a favor, ninguno en contra y 2 absten-ciones, el texto sustitutorio del proyecto deley que establece que las entidades del Po-der Ejecutivo que desarrollan programas deapoyo social en el departamento de Loretopueden adquirir y contratar directamentebienes y servicios producidos por la peque-ña y microempresa.
�El texto aprobado es el siguiente:
"El Congreso de la República;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE ESTABLECE QUE LAS ENTIDADES DEL PO-DER EJECUTIVO QUE DESARROLLAN PROGRAMAS DE
APOYO SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO PUE-DEN ADQUIRIR Y CONTRATAR DIRECTAMENTE BIENES
Y SERVICIOS
Artículo 1º.� Objeto de la Ley
Las entidades del Poder Ejecutivo que desarro-llan programas de apoyo social en beneficio de lapoblación del departamento de Loreto pueden ad-quirir y contratar directamente bienes y servi-cios, producidos por las pequeñas y microempresasdel departamento de Loreto, prescindiendo de losrequisitos y modalidades establecidos en la LeyNº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisicio-nes del Estado, y en su Reglamento.
Artículo 2º.� Principios por los que se ri-gen estos procesos
Estos procesos se rigen por los principios de mo-ralidad, libre competencia, imparcialidad, eficien-cia, transparencia, economía, vigencia tecnológi-ca y promoción del desarrollo productivo de laempresa nacional.
Artículo 3º.� Participación de PROMPYME
Dichas adquisiciones y contrataciones se reali-zan a través de la Mesa de Coordinación Regio-nal de la Comisión de Promoción de la Pequeña yMicroempresa, PROMPYME-LORETO, en la cualparticipa un representante de los gremios de lapequeña y microempresa de la Región.
Artículo 4º.� Pluralidad de postores
4.1 Las adquisiciones y contrataciones, bajo esamodalidad, se realizan mediante procedimientosque garantizan la participación y adjudicación dela buena pro a diversos postores, que resultenlos más convenientes en condiciones de calidad,precio y capacidad de suministro.
4.2 El Reglamento establece las características,excepciones, montos y otros, referidos a los pro-cesos de adquisiciones y contrataciones a que serefiere la presente Ley.
Artículo 5º.� Obligación de informar
Los resultados de estos procesos son puestos enconocimiento de la Comisión de Promoción de laPequeña y Microempresa, PROMPYME, dentrode un plazo de 5 (cinco) días útiles de concluidos,bajo responsabilidad de la más alta autoridadpresupuestaria de la entidad adquiriente o con-tratante.
Asimismo, el titular de la referida Comisión, bajoresponsabilidad, informa mensualmente a laContraloría General de la República y a la Comi-sión de Presupuesto del Congreso de la Repúbli-ca, de todas las adquisiciones y contratacionesefectuadas al amparo de la presente Ley, dentrode los 15 (quince) primeros días útiles del messiguiente al de concluido el proceso.
Disposiciones Complementarias y Transi-torias
Primera.� Reglamento de la Ley
El Reglamento de la presente Ley es propuestopor la Comisión de Promoción de la Pequeña yMicroempresa, PROMPYME, en un plazo de 15(quince) días útiles, contados a partir del día si-guiente de la fecha de publicación de la presenteLey, y es aprobado mediante Decreto Supremo,con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.
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El Reglamento incluye la relación de entidadesdel Poder Ejecutivo, que desarrollan programasde Apoyo Social, facultadas a adquirir y contra-tar bienes y servicios, de acuerdo a lo dispuestopor la presente norma.
Segunda.� Extensión de la Ley
Mediante Decreto Supremo y con el voto aproba-torio del Consejo de Ministros, se podrá hacerextensivo los alcances de la presente Ley, a losámbitos geográficos contemplados en la Ley Nº27037, Ley de Promoción de la Inversión en laAmazonía.
Tercera.� Vigencia de la Ley
La presente Ley entrará en vigencia a partir deldía siguiente de la publicación de su Reglamentoy es aplicable para el presente ejercicio presupuestal.
Comuníquese, etc."
"Votación del texto sustitutorio del Proyecto de Ley Nº 4858/98-CR
Señores congresistas que votaron a favor:Aliaga Araujo, Alva Orlandini, Amorín Bueno, BarbaCaballero, Bartra Gonzáles, Blanco Oropeza, Cam-pos Baca, Chang Ching, Chávez Cossío de Ocampo,Chávez Serrano, Chiroque Ramírez, Colchado Are-llano, Del Castillo Gálvez, Delgado Aparicio, Espi-chán Tumay, Espinoza Matos, Estrada Choque,Ezquerra Cáceres, Fernández Baca de Valdez,Fernández Bustinza, Ferrero Costa, Figueroa Viz-carra, Flores Flores, Grados Bertorini, Heresi Abdel-nour, Hermoza Ríos, Hildebrandt Pérez Treviño,Huamanchumo Romero, Jhong Junchaya, LeónTrelles, Lozada de Gamboa, Martorell Flores, Mella-do Céspedes, Morales Costa, Muñiz Ziches, NoriegaFebres, Núñez Román, Olivera Vega, Pando Pache-co, Patsías Mella, Quicaña Avilés, Ramos Santillán,Reátegui Trigoso, Reto Neyra, Revilla Jurado, Rey-nafarje Abensur, Rodas Díaz, Ruiz Dávila, RuizCaro Alvarez, Salgado Rubianes de Paredes, Sa-malvides Dongo, San Román Cáceres, Sánchez Vega,Sato Abe, Siura Céspedes, Torrejón Riva de Chincha,Townsend Diez Canseco, Urrelo Guerra, VargasMarín, Vega Ascencio, Velásquez Quesquén, Velás-quez Ureta, Vicuña Vásquez, Vidarte Correa, Vil-chez Malpica, Villasante Chambi y Zevallos Ríos.
Señores congresistas que se abstuvieron:Estrada Pérez y Merino Lucero."
(Observada por el Presidente de la República)Se aprueba la fórmula original del Proyec-to de Ley Nº 4873/98-CR, dictaminado favo-rablemente por la Comisión de Justicia por
mayoría, mediante el cual se modifican losincisos 5) del artículo 361º del Código deProcedimientos Penales y 4) del artículo 690ºdel Código de Justicia Militar, con el fin deestablecer un plazo de seis meses para la in- terposición del recurso de revisión
El señor PRESIDENTE.� A continuación,vamos a tratar el Proyecto de Ley 4873/98-CR.Pido a los señores congresistas que no se retiren,por favor, para que escuchen la sustentación deeste importante proyecto.
El RELATOR da lectura:
Dictamen de la Comisión de Justicia, por mayo-ría, recaído en el Proyecto de Ley Nº 4873/98-CR,que propone modificar los incisos 5) del artículo361º del Código de Procedimientos Penales y 4)del artículo 690º del Código de Justicia Militar.(*)
El señor PRESIDENTE.� En debate el pro-yecto original 4873/98-CR, cuya aprobación re-comienda por mayoría la Comisión de Justicia.Al respecto, los señores Estrada Choque, Flores-Araoz y Alva Orlandini han presentado dictáme-nes por minoría.
Puede hacer uso de la palabra el señor OscarMedelius Rodríguez, presidente de la Comisióninformante.
El señor MEDELIUS RODRÍGUEZ (C90-NM).� Gracias, Presidente.
El Proyecto de Ley 4873/98-CR, propuesto por elcongresista Anselmo Revilla, plantea modificarel recurso de revisión del Código de ProcedimientosPenales y del Código de Justicia Militar.
El proyecto tiene como finalidad, en primer tér-mino, modificar el inciso 5) del artículo 361º delCódigo de Procedimientos Penales, así como in-corporar un término de caducidad. En ese mis-mo sentido, propone modificar el inciso 4) delartículo 690º del Código de Justicia Militar, adi-cionándole un párrafo final, similar al que se pro-pone en el artículo 361º del Código de Procedi-mientos Penales. Ambas normas se refieren alrecurso de revisión.
¿Qué cosa es el recurso de revisión? De acuerdo alo que el tratadista Vives Antón nos señala, elrecurso de revisión es uno extraordinario y ex-cepcional, encaminado a la anulación de una sen-tencia firme y que signifique, en consecuencia,una derogación al principio preclusivo de la cosajuzgada.
(*) El texto del documento obra en los archivos del Congreso de la República.
2349
Entonces, acá tenemos dos situaciones que ana-lizar.
En primer lugar, la situación de cosa juzgada. ¿Quées cosa juzgada? La cosa juzgada, conforme anuestra Constitución, es el carácter de inmuta-ble e inamovible que tiene una sentencia dadaen última instancia en sede jurisdiccional. A par-tir de esto, el mismo tratadista que he mencio-nado señala que esta exigencia de la cosa juzga-da radica en la seguridad jurídica.
Por su propia naturaleza, el recurso de revisiónes extraordinario, e históricamente ha sido aso-ciado al derecho de gracia y sometido a condicio-nes de interposición estrictas.
En la legislación peruana, el recurso de revisiónse encuentra consagrado como tal en el Códigode Procedimientos Penales y en el Código de Jus-ticia Militar. Más que un recurso, es un procesoindependiente de impugnación basado en moti-vos externos al proceso al que se refiere.
Entonces, desde aquí tenemos que ir señalandoya una diferencia importantísima en lo que es eltratamiento de este proyecto de ley: la diferenciadel recurso de revisión de lo que es una acción derevisión.
La revisión es de naturaleza excepcional y de ac-ción impugnatoria independiente o proceso au-tónomo; es decir, no es un simple recurso. La re-visión, en realidad, debe corresponder a una ac-ción de impugnación, que es un proceso autóno-mo. Y la revisión, a su vez, se debe interponervencidos los plazos normales para la interposi-ción de recursos.
Los recursos impugnan decisiones o resolucionescon el objeto de conseguir un nuevo fallo; mien-tras que la acción es excepcional e independien-te, y sólo procede por causales tasadas. En el re-curso no se indemniza a la parte vencedora. Enla acción de revisión, en doctrina, si ésta es de-clarada fundada, se indemniza al que hubiese sidocondenado víctima de un error judicial. Si es queel condenado ya no se encuentra vivo, son susherederos quienes reciben la indemnización.
A partir de esto y desde el punto de vista doctri-nario, encontramos que existe una clasificaciónde recursos impugnatorios. El primero es el re-curso ordinario, que es de reposición, apelación,nulidad y queja. Los segundos son los recursosextraordinarios, procedentes cuando se ha ter-minado el trámite procesal. En el Perú se presu-me que están considerados dentro de lo que es elrecurso extraordinario de casación; mientras quelos recursos excepcionales son aquellos que se
conocen como las acciones de revisión propiamentedichas, y son las que se interponen contra sen-tencias devenidas en firmes; esto es, en senten-cias bajo condición de cosa juzgada.
Dentro de este mismo orden de ideas, tenemosque señalar lo que es el recurso de revisión en lasConstituciones del Perú.
En la Constitución de 1834, su artículo 127º se-ñalaba: "Ningún poder ni autoridad puede avocarsecausas pendientes en otro juzgado, sustanciar-las, ni hacer revivir procesos concluidos". No con-tenía ninguna norma referida a lo que significa-ba una acción o recurso de revisión.
Similar normatividad contenía la Constitución de1839, en la cual sí existía la expresa prohibiciónde revivir procesos concluidos.
La Constitución de 1856, en su artículo 130º, se-ñalaba, igualmente, que era prohibido hacer re-vivir procesos fenecidos. Esto mismo se repetíaen la Constitución de 1860, que en su artículo129º prohibía, igualmente, revivir procesos fe-necidos.
En la Constitución de 1867 se repite la mismanorma en el artículo 127º, prohibiendo revivirprocesos fenecidos.
En la Constitución de 1920, igualmente, se seña-la que no se puede revivir procesos fenecidos.
La diferencia, dentro de lo que es todo el trata-miento de nuestras Constituciones, viene expre-samente en lo que es la Constitución de 1933. Enesta Constitución, en su artículo 228º, se señala-ba, al igual que en las anteriores, que no se podíarevivir procesos fenecidos; pero en su artículo 230ºnos decía: "El Estado indemnizará a las víctimasde los errores judiciales en materia criminal, previoel juicio de revisión". Implicaba, pues, que, pre-vio a toda indemnización, debía existir un juiciode revisión.
La Constitución de 1979 señala, en su artículo233º, numeral 5): "La indemnización por los erroresjudiciales cometidos en los procesos penales, enla forma que determine la ley"; y la ley determi-nó, en estos casos, cuál era la responsabilidad civilde jueces y magistrados. Esta normatividad fuereemplazada posteriormente por el articuladocontenido en el Código Procesal Civil.
El inciso 11) de este mismo artículo señalaba: "Laprohibición de revivir procesos fenecidos. Nadiepuede ser juzgado nuevamente por hechos porlos cuales haya sido absuelto o condenado porsentencia firme". Acá es importante señalar el
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hecho de que nadie podía ser sometido a nuevoprocedimiento, sea el caso de haber sido conde-nado o haber sido absuelto. Eso es importantemantener claro desde el punto de vista de lafundamentación de este proyecto de ley.
La Constitución que nos rige, la de 1993, señalaen su artículo 139º: "Son principios y derechosde la función jurisdiccional:
[...]
7) La indemnización, en la forma que determinela ley, por los errores judiciales en los procesospenales y por las detenciones arbitrarias, sin per-juicio de la responsabilidad a que hubiere lugar".
Igualmente, señala, en el inciso 13) del artículo139º, que queda prohibido "revivir procesosfenecidos con resolución ejecutoriada. La amnis-tía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y laprescripción producen los efectos de cosa juzga-da". "La prohibición de revivir procesos fenecidoscon resolución ejecutoriada"; esto es, que estánbajo la condición de cosa juzgada.
Si vamos al derecho comparado �ya habiendorevisado todo lo que significa en el aspecto cons-titucional el recurso de revisión y habiendo podi-do determinar que únicamente es contempladoen la Constitución de 1933�, sí podemos seña-lar, por ejemplo, que en la Constitución de Bra-sil, en su artículo 102º, se señala en forma expre-sa la revisión criminal.
La Constitución de México señala que correspondea la Suprema Corte de Justicia de la Nación co-nocer el recurso de amparo �así conocido enMéxico� contra sentencias definitivas o laudosy resoluciones que pongan fin al juicio; es decir,reconoce lo que es un recurso o acción de revi-sión.
La Constitución del Ecuador, en su artículo 21º,señala: "Cuando una sentencia condenatoria hayasido reformada o revocada por efecto del recursode revisión, la persona que haya sufrido una penacomo resultado de tal sentencia será rehabilitadae indemnizada por el Estado conforme a ley". En-tonces, acá también la Constitución del Ecuadorseñala, en forma expresa, la vigencia del recursode revisión frente al principio de la cosa juzgada.
La Constitución de Guatemala, igualmente, se-ñala en forma clara y precisa: "Ningún tribunal oautoridad puede conocer de procesos fenecidos,salvo los casos y formas de revisión que determi-ne la ley". Entonces, la Constitución de Guate-mala, igualmente, en forma expresa, reconoce alrecurso de revisión frente al principio de cosa
juzgada. El recurso de revisión sería la excepciónal principio de cosa juzgada.
La Constitución de El Salvador, ¿qué nos dice?Artículo 17º: "Ningún órgano gubernamental niautoridad puede avocarse causas pendientes niabrir juicios fenecidos". Es prácticamente la mis-ma redacción que utilizan todas nuestras Cons-tituciones con relación a aquellos juicios que yase encuentren terminados. Continúa: "En casode revisión en materia penal, el Estado indemni-zará, conforme a ley, a las víctimas de los erroresjudiciales debidamente comprobados".
La Constitución de Costa Rica, en su artículo 42º,señala: "Se prohíbe reabrir causas penales fenecidasy juicios fallados con autoridad de cosa juzgada,salvo cuando proceda el recurso de revisión". Acáestán los dos principios fundamentales de la dis-cusión de esta noche: la cosa juzgada, y lo quesignificaría el que pueda ser rota dicha santidada través de la acción de revisión.
La Constitución de Nicaragua nos dice, en suartículo 34º: "Todo procesado tiene derecho, enigualdad de condiciones, a las siguientes garan-tías mínimas:
[...]
A ser sometido al juicio por jurados en los casosdeterminados por la ley. Se establece el recursode revisión.
[...]
A no ser procesado nuevamente por el delito porel cual fue condenado o absuelto mediante sen-tencia firme".
Acá también se reconoce el principio de la cosajuzgada; pero, paralelo a él, en el numeral 3) delartículo 34º, se establece la posibilidad de inter-poner el recurso de revisión.
Constitución de Paraguay, artículo 17º: "En elproceso penal, o en cualquier otro del cual pudie-ra derivarse pena o sanción, toda persona tienederecho a:
[...]
4) que no se le juzgue más de una vez por el mis-mo hecho. No se pueden reabrir procesos fenecidos,salvo la revisión favorable de sentencias penalesestablecidas en los casos previstos por la ley pro-cesal".
En este artículo, en el numeral 4), se establece,pues, el hecho de que la revisión debe merecer
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una ley de desarrollo constitucional a través dela ley procesal.
La Constitución de Honduras, ¿qué nos dice ensu artículo 186º?
"Ningún poder ni autoridad puede avocarse cau-sas pendientes ni abrir juicios fenecidos, salvoen causas juzgadas en materia penal y civil quepueden ser revisadas en toda época en favor delos condenados, a pedimento de éstos, de cual-quier persona, del Ministerio Público o de oficio.
Este recurso se interpondrá ante la Corte Supre-ma de Justicia. La ley reglamentará los casos yla forma de revisión".
Es decir, cuando existen principios constitucio-nales, no puede la ley reglamentar algo que noestá dado en la Constitución.
¿Qué nos dice la Constitución de Honduras en suartículo 319º? Dice que la Corte Suprema de Jus-ticia tendrá la atribución de conocer los recursosde amparo y de revisión conforme a ley.
Hecha esta recapitulación del derecho compara-do en materia de recurso de revisión frente a loque éste es en la legislación constitucional nacio-nal, podemos señalar que en el Perú únicamentela Constitución de 1933, en su artículo 230º, es-tablece en forma expresa el recurso de revisión.Todas las demás Constituciones del Perú esta-blecen el principio de inmutabilidad de la cosajuzgada. Todas las Constituciones de nuestro paísseñalan la imposibilidad de revivir procesosfenecidos. En este sentido, el recurso de revisiónno es una excepción al principio de cosa juzgadaque hubiese sido prevista en nuestra Constitu-ción Política vigente.
Nuestro ordenamiento procesal penal sí consi-dera el recurso de revisión, pero bajo la formali-dad de una acción de revisión y sin tener el sus-tento constitucional.
La acción de revisión es una exigencia de justi-cia, vinculada a la dignidad y a la presunción deinocencia. Por ello, es obligación de este Congre-so subsanar esta omisión constitucional.
Para poder analizar el proyecto de ley, tenemosque señalar en forma clara que toda interpreta-ción de una norma legal o constitucional debehacerse dentro del sentido literal de la ley o deltexto constitucional.
En esta línea, debemos dar prioridad a lo esta-blecido por el texto expreso de la Constitución
�cosa juzgada� sobre lo que no tiene previsiónexpresa �acción de revisión o recurso de revi-sión�.
El proyecto busca evitar que se desnaturalice elrecurso de revisión por uno de acción de revisión,al existir marcadas diferencias ya explicadas en-tre estos dos institutos jurídicos.
Dentro de lo que es el dilema que este proyectotrae esta noche al Pleno del Congreso, existe loque es la cosa juzgada �es decir, la seguridadjurídica� versus la justicia. Pero esta contrapo-sición es inadecuada, pues el concepto de justiciano es unívoco. Cuestiones fundamentales, comoqué se entiende por justicia y quién es el encar-gado de definirla, son cuestiones abiertas y quenecesitan ser interpretadas.
Esta interpretación, para determinar el sentidode la justicia, debe realizarse dentro del marcoconstitucional. Así, desde la perspectiva de laConstitución de 1993, en su artículo 139º, incisos2) y 13), se establece que la cosa juzgada es unprincipio de función jurisdiccional. El bien quepuede afirmarse es el justo respeto de la cosa juz-gada. De esta manera, no existe una contraposi-ción entre los principios de justicia y cosa juzga-da o seguridad jurídica, sino que ambos debenbuscarse en una regulación armónica. Ello es loque pretende este proyecto de ley.
La regulación propuesta busca relevar la impor-tancia del principio de la cosa juzgada, cuyo va-lor ha sido destacado por Manzini, estableciendoen la doctrina, Presidente, que tiene el valor deley.
Algunas de las personas que plantean la necesi-dad de establecer la acción de revisión �la cualcompartimos� se amparan en que el recurso derevisión debe mantenerse incólume al amparo delo dispuesto por el artículo 139º, inciso 7), de laConstitución. Pero acá se olvidan de lo que esconocido como el principio de competencia en elderecho público.
Ante el error judicial, nuestra Constitución, enla normatividad antes señalada, sólo reconoce laposibilidad de indemnización. El constituyenteestimó no considerar a la acción de revisión ni alrecurso de revisión, razón por la cual no tienenjerarquía dentro de la Carta Magna; mientras queel principio de la cosa juzgada sí tiene consagra-ción expresa en el texto constitucional.
En el derecho público, del cual forma parte elderecho constitucional, rige el principio de com-petencia, al que nos referimos anteriormente.Según este principio, las entidades públicas sólo
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están facultadas a hacer aquello que la CartaMagna expresamente prevé; a diferencia del de-recho privado, donde rige la pauta de que nadieestá impedido de hacer aquello que la ley noprohíbe. De este modo, si la acción de revisión noestá prevista constitucionalmente como una ex-cepción al principio de la cosa juzgada, debe con-cluirse que no es posible que los tribunales latramiten.
Ante el error judicial, la Constitución vigente sóloreconoce expresamente la posibilidad de la indem-nización a la víctima. El recurso de revisión plan-teado en el Código de Procedimientos Penales debeadecuarse a la naturaleza de dicha figura jurídi-ca. La cosa juzgada tiene rango constitucionalexpreso, claro e indiscutible; en tanto que ni laacción de revisión ni el recurso de revisión tie-nen previsión constitucional.
En aplicación del artículo 51º de la Carga Mag-na, debe prevalecer la norma constitucional so-bre la legal, en caso de una eventual contradic-ción entre ambas, por la jerarquía normativaexistente en nuestro país.
Debe establecerse, entonces, un plazo para el ejer-cicio del recurso de revisión, consagrado en unanorma legislativa de menor valor que la Consti-tución, evitando de esta manera que se desnatu-ralice su condición de recurso extraordinario yno se le confiera la naturaleza jurídica de recur-so excepcional o acción de revisión, como tam-bién es conocido en doctrina.
Frente a ello, la Comisión de Justicia trae al Ple-no del Congreso de la República la sugerencia deaprobar en sus términos el texto del proyecto deley materia de sustentación; ya que, al señalarun tiempo para que se pueda interponer el re-curso, lo que se está haciendo es establecer otrainstancia bajo causales tasadas y evitar que searechazada por atentar contra el principio de cosajuzgada que consagra nuestra Constitución.
Al carecer el recurso y la acción de revisión deconsagración constitucional, se amerita necesa-riamente una modificación en nuestra CartaMagna para incorporar la acción de revisión alordenamiento constitucional, situación que ex-cede los límites del proyecto de ley presentado ala Comisión de Justicia.
Es en esos términos, Presidente, que le solicitosometer a debate este Proyecto de Ley Nº 4873/98-CR. Espero que luego del debate podamos con-tar con los votos necesarios para aprobar tanimportante modificación legislativa.
Gracias, Presidente.
El señor PRESIDENTE.� Tiene la palabra elseñor Aldo Estrada.
El señor ESTRADA CHOQUE (UPP).� Gra-cias, señor Presidente.
Considero que este proyecto no es viable. Si estanoche lo aprobamos y luego se convierte en ley,vamos a cometer un gravísimo error. ¿Por qué razón?Los fundamentos que se han dado no pueden tras-pasar principios que han sido respetados a lo lar-go de toda nuestra vida republicana, y se entiendeconsiderando la misma normativa de la inmanen-cia de la cosa juzgada en el campo civil.
En materia penal, la cosa juzgada no tiene la mismaprevalencia, los mismos efectos. La razón es muyclara. El Código Penal actualmente vigente y quees del año 1991, en su Título Preliminar, artículoVII, consagra un principio que dice: "La pena re-quiere de la responsabilidad penal del autor. Quedaproscrita toda forma de responsabilidad objeti-va."
¿Qué cosa quiere decir esto? Que la pena sola-mente puede sufrirla y puede imponerse a quienes culpable, contra quien se haya demostrado sucondición o su calidad de responsable de un deli-to.
¿Y qué ocurre cuando se trata de juzgamiento dedelitos? Con mucha frecuencia se dan errores.De esto los abogados somos testigos. Conocemosperfectamente bien cómo nuestros tribunales unasveces yerran por no tener capacidad de interpre-tar pruebas y, en otras �hay que decirlo clara-mente�, porque incurren en actos de abiertacorrupción.
Si esto es así, ¿se puede borrar el recurso extraor-dinario de revisión y permitir que una personainocente no tenga el derecho, en un momento dado,de que se esclarezca su situación frente a hechoso aspectos que se dan posteriores a la misma con-dena? Indudablemente que no.
Yo solamente voy a referir un caso que se ha dadoen Puno hace algunos años atrás.
Apareció un cadáver en completo estado de pu-trefacción. Para entonces, había desaparecido dela ciudad un señor periodista. Como dice el Códi-go de Procedimientos Penales, el cadáver se ex-hibió en un lugar determinado. Los viandanteslo reconocieron y dijeron que se trataba del cadá-ver de ese periodista. ¿Y qué sucedió? Se impusouna condena a cuatro personas, y se les infirióuna pena de diez años, si mal no recuerdo. Alcabo de cinco años, la presunta víctima aparecióen la misma ciudad, transitando.
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¿Qué hicieron los que estaban encarcelados? Hi-cieron valer el recurso de revisión. ¿Por qué?Porque justamente el artículo 361º del Código deProcedimientos Penales dice que procede el re-curso de revisión: "1) Cuando después de unacondena por homicidio se produzcan pruebassuficientes de que la pretendida víctima del deli-to vive o vivió después de cometido el hecho quemotivó la sentencia".
Éste es un caso de la realidad, y que no solamen-te se ha dado en ese sector de nuestro país; se hadado en muchos países. ¿Y por qué razón? Se hadado, en algunos casos, porque no se encontró elcadáver.
Es cierto que el Código de Enjuiciamientos enMateria Criminal de 1863 y el Código de Proce-dimientos en Materia Criminal de 1920 permi-tían condenar por delito de homicidio sólo en elúnico caso de que se descubriera el cadáver. Pero,hoy, este Código de Procedimientos Penales de1940 permite que se condene a cualquier perso-na por delito de homicidio sin necesidad de quese tenga a la vista el cuerpo del delito. Bastanindicios, bastan determinados medios probato-rios para poder condenar a cualquiera por estamodalidad delictiva.
Si esto es así, querer borrar el recurso de revi-sión de nuestra legislación va a constituir algoque realmente generará la protesta, sin duda, delos hombres del foro, de los propios magistradosy, por qué no, también del público, porque ellosignifica infringir la posibilidad de una garantía,que es el derecho de inocencia.
Pero esto no es todo. El artículo 361º se pone enotros casos: "2) Cuando la sentencia se basó prin-cipalmente en la declaración de un testigo con-denado después como falso en juicio criminal".
Hay casos en que se ha infligido condenas gra-vísimas por la declaración de un solo testigo, lla-mado testigo especial, y posteriormente se hademostrado que esa persona ha mentido. ¿Porqué negar este recurso a quien ha sido objeto deun error judicial o de una situación completamenteanómala?
Lo mismo ocurre con el inciso 3): "Cuando des-pués de una sentencia se dictara otra en la quese condene por el mismo delito a persona distin-ta del acusado, y no pudiendo conciliarse ambassentencias, de contradicción resulte la prueba dela inocencia de alguno de los condenados".
Existen casos de delitos en los que en un sitio seha condenado a una persona por una infracción;
y, en otro tribunal, a otra persona por el mismodelito. Si son dos sentencias por los mismos he-chos y no se concilian, ¿por qué no va a haber elderecho de hacer valer este recurso de revisión?
Luego dice: "4) Cuando la sentencia se haya pro-nunciado contra otra precedente que tenga lacalidad de cosa juzgada". Evidentemente que tam-bién es un caso atendible.
Y finalmente dice: "5) Cuando con posterioridada la sentencia se acrediten hechos por medio depruebas no conocidas en el juicio, que sean capa-ces de establecer la inocencia del condenado".
Es cierto que en la Constitución actual se esta-bleció absolutamente nada �ni tampoco en lade 1979 y menos en la de 1933� que tenga quever con el recurso de revisión. ¿Y por qué no sehizo esto? Porque el recurso de revisión es algoque está legislado �diría yo� casi en el 90 porciento, si no es el 100 por ciento, de legislacionesprocesales del mundo.
El delito implica afectar un determinado bien.En unos casos es la libertad �en otros, inclusi-ve, cuando está vigente la pena de muerte, se afectala vida misma�, el honor, el patrimonio, y quésé yo. Son bienes fundamentales los que se afec-tan por una pena. Y no podemos, por ningunarazón, negarle a una persona el derecho de poderdemostrar justamente su inocencia cuando, lue-go de una sentencia condenatoria, aparezcan prue-bas evidentes de la no comisión de esa modali-dad delictiva.
Tan cierto es esto que tanto el Código de Proce-dimientos Penales vigente como la legislación deotros países permiten, inclusive, el recurso derevisión respecto de personas que ya han falleci-do, pero que fueron condenadas. ¿Cuál es el obje-tivo de esto? Recuperar su memoria, su honor,su prestigio. Y esto es lo que no podremos hacersi se aprueba este proyecto.
Se trata de una institución que ha cobrado vi-gencia a lo largo de toda nuestra vida republica-na. Tal como el doctor Medelius ha expuesto aquíal momento de fundamentar, vemos que todaslas legislaciones a las cuales ha hecho referen-cia consagran el recurso de revisión; y natural-mente tiene que ser así, porque lo contrario sig-nifica, pues, violar elementales garantías, comoes la inocencia y, particularmente, en este caso,el artículo VII del Título Preliminar del CódigoPenal.
Por estas razones, yo solicito que, en todo caso,si no es posible que este proyecto vuelva a la Co-misión para que sea objeto de un estudio mucho
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más detenido y minucioso, por lo menos se modi-fique la propuesta que se hace en el artículo 361ºmodificado.
Y no lo desaparece por completo, sino dice: "Lasentencia condenatoria es revisada por la CorteSuprema, cualquiera que sea la jurisdicción quehaya juzgado o la pena que haya sido impuesta:
[...]
Cuando con posterioridad a la sentencia se acre-diten hechos por medio de pruebas idóneas ypertinentes no conocidas en el momento del de-sarrollo del proceso que sean capaces de estable-cer la inocencia del condenado.
El plazo para interponer el recurso de revisiónes de seis meses contados desde que queda ejecu-toria la sentencia..."
El señor PRESIDENTE.� Tiene usted dosminutos más, señor Estrada, con mucho gusto.
El señor ESTRADA CHOQUE (UPP).� Se-ñor Presidente: Yo quiero manifestarle a ustedque, en estas circunstancias y bajo estas condi-ciones, no podemos someternos a seis meses�por ventura� de tiempo para tener que inter-poner un recurso de revisión.
Yo me pregunto, por ejemplo, si acaso la Comi-sión Ad Hoc que hoy día está viendo los casos deterrorismo no se funda y no se basa en este re-curso extraordinario de revisión. ¿Acaso los miem-bros de esta Comisión no están revisando expe-diente por expediente, y sugieren al señor Presi-dente de la República aquellos casos en donde nose ha probado la comisión del delito de terroris-mo; y luego el Presidente de la República los in-dulta; indulto que, en realidad, tiene todos loscaracteres de un recurso de revisión? Evidente-mente que sí.
Entonces, en estas condiciones, me parece equi-vocado pretender violentar y desaparecer toda unanormativa y dispositivos que son garantía proce-sal para personas condenadas. Es algo que �comodigo� va a generar el rechazo de la comunidad;no solamente de la opinión publica nacional, sinoparticularmente de quienes están vinculados alforo.
El congresista Daniel Estrada me pide, señorPresidente, una interrupción, si usted lo permi-te...
El congresista Daniel Estrada me está dando suscinco minutos.
El señor PRESIDENTE.� ¿Le está cediendolos cinco minutos, señor Daniel Estrada?
El señor ESTRADA PÉREZ (UPP).� Sí, se-ñor Presidente.
El señor PRESIDENTE.� Conforme, señorEstrada Choque, puede usted continuar.
El señor ESTRADA CHOQUE (UPP).� Se-ñor Presidente: Yo decía, entonces, que éstas sonrazones eficientes.
El doctor Medelius, al momento de hacer lafundamentación respectiva, ha dado cuenta dediferentes legislaciones, y en todas ellas adverti-mos que se consagra el recurso extraordinariode revisión. Ninguna prohibe la revisión, comono podía ser de otro modo.
Por ejemplo, en el caso que he mencionado y quese ha presentado en el departamento de Punorespecto de ese periodista, ¿sería justo que losimplicados que estaban en la cárcel cinco años,luego de aparecer la presunta víctima, tengan quecumplir diez años por el solo hecho de que la cosajuzgada no puede ser objeto de un recurso de re-visión? Indudablemente que no. La inmanenciade la cosa juzgada no rige en materia penal y pro-cesal penal, porque allí �insisto� están en jue-go bienes fundamentales.
El caso reciente que la prensa ha dado a conoceres con respecto de un condenado a pena de muerteen los Estados Unidos. Estaba doce años en laprisión, y ya iba a ser ejecutado. Entonces se hallevado adelante, vía recurso de revisión, un aná-lisis acudiendo al ADN, y se ha demostrado me-diante el ADN que quien estaba en prisión nohabía cometido ese delito y que el hijo que �sedecía� era consecuencia del delito de violaciónno correspondía a él.
En ese caso, en los Estados Unidos �creo quehace treinta días� han tenido que absolverlo,ponerlo en libertad y, por supuesto, indemnizar-le. ¿Por qué? Porque el recurso de revisión hizoposible que un error judicial pudiera ser supera-do.
Por esto no podemos, en este país, donde no te-nemos un Poder Judicial confiable, donde no hayla posibilidad de que, inclusive, las pruebas apor-tadas puedan formar verdadera convicción en losjuzgadores, darnos el lujo de suprimir la revisióno, simple y llanamente, reducirla a seis meses.
¿Qué estamos haciendo? Si tanto se quiere po-ner un límite a la revisión, tendrían que ser diezaños, cinco años, qué sé yo. Es decir, tendría que
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ser un término prudente, un tiempo en el quesea posible que la persona condenada pueda ago-tar todos los medios para tener que demostrarsu inocencia; obviamente, me refiero al caso enque haya sido condenada sin ser responsable deldelito respectivo.
Por estas consideraciones, como cuestión previa,pido que este proyecto vuelva a la Comisión paraque allí podamos analizarlo, enjuiciarlo y verlocon un criterio mucho más amplio, señor Presi-dente, de tal suerte que pueda volver al Plenocon una versión mucho más perfeccionada, y deeste modo evitar un verdadero error.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE.� Bien, vamos a vo-tar la cuestión planteada a fin de que el proyectoregrese a la Comisión.
Se va a votar levantando la mano.
�Al voto, se rechaza la cuestión previa plan-teada por el señor Aldo Estrada.
El señor PRESIDENTE.� Tiene la palabra eldoctor Antero Flores-Araoz, autor de un dicta-men en minoría.
El señor FLORES-ARAOZ ESPARZA (PPC).�Señor Presidente: He presentado este dictamenporque, evidentemente, no estoy de acuerdo nicon la propuesta y menos aun con el dictamenfavorable al proyecto de ley.
¿Qué es lo que se pretende? Se pretende estable-cer un plazo para poder interponer un recurso�que es extraordinario� de revisión cuando, ha-biendo una sentencia condenatoria, surjan pos-teriormente pruebas que acrediten la inocenciade la persona que fue indebidamente condenada.
La iniciativa e, inclusive, el dictamen presenta-do se sustentan en dos aspectos. Uno es que lacosa juzgada es sacrosanta; pero, si la cosa juzga-da es sacrosanta, entonces no podría haber re-curso de revisión, no podría haber ni siquiera elplazo de seis meses, de un año ni de veinte años;si es sacrosanta y no puede ser modificada, noentiendo entonces por qué tiene que darse el plazode seis meses.
La cosa juzgada es sacrosanta, evidentemente,en materias civiles, en materias tributarias, enmaterias de familia; en todas, menos en las pe-nales. Y no puede ser sacrosanta en materiaspenales cuando hay una prueba posterior de ino-cencia, porque la justicia es el valor supremo.
El derecho se pone al servicio de la justicia. Loscódigos se ponen al servicio de la justicia. Y lajusticia, como valor supremo, no puede permitirque una persona que ha sido condenada como sifuera culpable siga, después de acreditar su ino-cencia, sancochándose en el infierno de una cár-cel nacional siendo inocente. Y ello, simplemen-te porque se le ocurrió a un grupo de legisladoresinsensibles pensar que en seis meses se tiene quepresentar las pruebas para poder interponer esterecurso de revisión extraordinario.
¿Qué pasa si a los seis meses y un día se consigueesa prueba y la persona es inocente? ¿Tiene quepodrirse en la cárcel? ¿Tiene que seguir ahí has-ta cumplir su condena, sabiendo toda la sociedadque es inocente? Esto no tiene sentido.
Incluso, este Congreso buscó hasta una forma másrápida que el recurso de revisión para resolverlos casos de personas que fueron injustamenteenjuiciadas por terroristas, y que después se com-probó que no lo eran. Se creó un indulto espe-cial. Si bien este indulto es perdón, él mismo lle-vaba una consideración de inocencia.
La segunda consideración que ponen es que hayque igualar lo penal con lo civil; que, si en lo civilhay seis meses para interponer una acción porcosa juzgada fraudulenta, tiene que hacerse lomismo en la vía penal.
No, señor. En la vía penal no fue fraudulenta; enla vía penal, de acuerdo con las pruebas que fue-ron en algún momento merituadas, había unaculpabilidad. Pero, si luego surgen otras pruebasque acreditan inocencia, es lógico que el valor dela justicia debe primar y que esa sentencia con-denatoria debe ser revisada para emitir una abso-lutoria.
Tan es así, señor, que nuestra propia Constitu-ción y nuestra propia legislación permiten la po-sibilidad de indemnizar cuando hay un error ju-dicial. Si la cosa juzgada fuera sacrosanta y en lavía penal no se pudiera interponer un recurso derevisión, ¿cuál es la razón para que pudiera ha-ber la posibilidad de que el Estado indemnicecuando ha habido un error judicial?
Recordemos, además, que no estamos tratandode derechos patrimoniales. No estamos hablan-do acá de la venta mal hecha de una casa, o de undocumento que pudo haber sido falsificado y quepudo crear una obligación de tipo dinerario. Aquíestamos tratando de cosas muchísimo más im-portantes. Estamos hablando de la integridad dela persona, de su libertad, del derecho a podervivir tranquilamente, en paz social y fuera de unpenal si es inocente. Estamos jugando, realmen-
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te, con la integridad de las personas y su liber-tad. Eso no puede ser.
Sabemos perfectamente que, una vez cumplida,una sentencia, por más que el condenado resulteser inocente, con lo de los seis meses, podría serirreparable.
¿Si sentenciaron a una persona por un matrimo-nio ilegal y se encuentra posteriormente a los seismeses que esa partida había sido falsificada y lapersona es inocente?
¿Qué pasa con un cheque sin fondos o qué pasacon una apropiación ilícita si después se encuen-tra la documentación que prueba que hubo unreintegro de la suma indebidamente tomada?
Lo que una vez más están haciendo es que, unavez pasado el plazo de seis meses, la condena quedeasí le conste a toda la sociedad que la personasentenciada y condenada es inocente. Estamostrayendo por tierra todos los evangelios. Estamos,realmente, haciendo algo que es francamenteindebido.
No creo que podamos, por el hecho de ser legisla-dores, hacer lo que nos da la gana con la integri-dad y la libertad de las personas.
Por eso es que, sin dar más argumentos porquecreo que el tema es sumamente claro, he presen-tado este dictamen en minoría y espero que elCongreso de la República, alguna vez, reflexio-ne. Aquí no hay �espero� motivaciones de tipopolítico, aquí no hay diferentes concepciones po-líticas; aquí hay un tema que implica e importala libertad de las personas. Espero que reflexio-nemos para no cometer un nuevo legicidio.
Gracias, Presidente.
El señor PRESIDENTE.� Tiene la palabra eldoctor Javier Alva Orlandini.
El señor ALVA ORLANDINI (AP-CODE-I).�Señor Presidente: El dictamen de la Comisiónde Justicia en mayoría ha sido sustentado conbastante amplitud por el presidente de esta Co-misión, doctor Medelius.
Al igual que los congresistas Aldo Estrada y AnteroFlores-Araoz, soy autor de un dictamen en mi-noría; y opino por que el proyecto, del cual esautor el señor Revilla, no sea aprobado. Me pare-ce que ese proyecto es irracional, jurídicamentehablando.
Se ha mencionado la historia constitucional delPerú omitiéndose �en esa historia� referencias
a las cartas políticas de 1823, 1826 y 1828. Esverdad que sólo la Constitución de 1933 hace re-ferencia a la revisión de las sentencias penales.Sin embargo, en el Código de Enjuiciamientosen Materia Criminal de 1863, en el Código deProcedimientos en Materia Criminal de 1920, enel Código de Procedimientos Penales de 1940 �quese trata de modificar, conjuntamente con el Có-digo de Justicia Militar� y en el Código ProcesalPenal, promulgado mediante Decreto Legislati-vo 638, en 1991, se trata sobre la acción o recur-so de revisión. Y es muy lógico que esto ocurra,porque la legislación de todos los países del mun-do �o, por lo menos, de la mayor parte de ellos�trata sobre esa materia, que es de enorme im-portancia y que tiene que ver con los derechoshumanos.
El doctor Medelius nos ha explicado sobre el de-recho comparado constitucional, pero ha tenidobuen cuidado en no aludir a ninguna norma pro-cesal penal de los países cuyas Constituciones hamencionado, porque no hay plazos para pedir larevisión de las sentencias condenatorias en ma-teria penal. Ello lo indico en el dictamen en mi-noría que he suscrito.
En el Perú tenemos un prueba fehaciente queemana de este Congreso: la ley que crea la Comi-sión Ad Hoc a fin de que revise los casos de pre-sos inocentes condenados en base a pruebas in-suficientes.
El Congreso ha debido ampliar la vigencia de esaComisión Ad Hoc mediante dos o tres leyes dic-tadas sucesivamente; y hay 300, 400 ó, tal vez,más casos de presos inocentes a los cuales, me-diante un ardid procesal, se les ha concedido elderecho de gracia y se los ha puesto en libertad.No había pruebas fehacientes de que esas perso-nas condenadas fueran realmente autores de loshechos que se les atribuía: delito de terrorismo odelito de traición a la patria. Simplemente ha-bían sido condenados dentro de este ambiente,que el Perú ha vivido durante muchos años, delucha contra el terrorismo y de defensa de la so-ciedad.
Las pruebas eran básicamente declaraciones dearrepentidos, que imputaban a quienes fueroncondenados haber actuado como terroristas o comoautores de otros hechos igualmente execrables.
Si se accediera al dictamen de la Comisión de Jus-ticia, estableciéndose un plazo de seis meses parala revisión de las condenas, estaríamos poniendoen una situación absolutamente injusta a quie-nes han sido y pueden ser condenados en base apruebas equivocadas o a hechos que no son rea-les.
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En primer lugar, hay que diferenciar entre elproceso civil y el proceso penal. En el proceso ci-vil, el Código de Procedimientos Civiles de 1912permitía, en algunos casos, que se iniciara unproceso de contradicción de sentencia.
El Código Procesal Civil, en su artículo 178º, es-tablece la posibilidad de iniciar la acción de nuli-dad de cosa juzgada fraudulenta cuando hay dolo,colusión o fraude, cometidos por las partes o porel juez en agravio de tercera persona o de cual-quiera de las partes.
En consecuencia, esa nulidad de cosa juzgada frau-dulenta también está, de acuerdo a la teoría deldoctor Medelius, en contraposición a la santidadde la cosa juzgada que consagra la ConstituciónPolítica actual.
En materia penal no se puede establecer plazospara que la inocencia sea declarada. Si despuésde los seis meses aparecen pruebas fehacientesde que el hecho imputado a una persona es falso,la justicia tiene que actuar y poner al inocenteen libertad. No se puede establecer plazos de ca-ducidad del derecho natural que una persona tienea su libertad cuando existe el error judicial, por-que los hombres somos falibles, y los jueces hanacreditado en muchas ocasiones haberse equivo-cado.
El caso que refirió el doctor Estrada, ocurrido enEstados Unidos �en que un preso condenado ala pena capital, después de 12 años de haber lu-chado para que no se ejecute esa pena, logra,mediante la aplicación del ADN, acreditar queno era autor de la violación y asesinato de unamujer�, es un hecho que demuestra que la jus-ticia, aquí y fuera, se puede equivocar.
Y este Código Procesal Penal, que fue aprobadopor delegación de facultades legislativas y pro-mulgado mediante Decreto Legislativo 638, queestá en suspenso en su aplicación y que ha sido,además, revisado en dos ocasiones por este Con-greso, tiene normas sobre el recurso de revisión.
En el artículo 363º se dice literalmente lo siguiente:"El recurso de revisión de las sentencias conde-natorias y absolutorias procede en los siguientescasos:
1.� Cuando después de una sentencia se dictaraotra en la que se condene o se imponga medidade seguridad por el mismo delito a persona dis-tinta de quien fue primero sancionada, y no pu-diendo conciliarse ambas sentencias, resulte desu contradicción la prueba de la inocencia de al-guno de los condenados."
Hay varios otros supuestos �siete en total� enlos cuales procede que se revise la sentencia con-denatoria. Es más, el artículo 365º de este Códi-go Procesal establece literalmente lo siguiente:"El recurso de revisión puede interponerse aun-que el condenado haya muerto para rehabilitarsu memoria."
De manera que no se puede establecer, como ocurrecon el proyecto en debate, un plazo de caducidadque impida a quien es víctima de un error judi-cial acreditar su inocencia. Si se condena a unapersona como autor de la muerte de otra, y lapersona supuestamente muerta está viva, obvia-mente no puede...
Tengo cinco minutos, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE.� Encantado, doctorAlva, tiene usted cinco minutos.
El señor ALVA ORLANDINI (AP-CODE-I).�Muchas gracias.
El supuesto autor tiene que ser, necesariamente,favorecido por el recurso de revisión. Sería abso-lutamente absurdo que eso no ocurriera.
Yo encuentro que hay una contradicción funda-mental en la exposición que ha hecho el Presi-dente de la Comisión de Justicia. Él dice que enla actual Constitución no se permite usar el re-curso de revisión. Si fuera coherente el dictamencon ese criterio, debería derogarse la norma delCódigo de Procedimientos Penales y la norma delCódigo de Justicia Militar que permiten el re-curso de revisión, y no establecer un plazo arbi-trario de seis meses para que el recurso de revi-sión pueda ser ejercitado.
Nos encontramos frente a una situación en la cualel Congreso no puede dictar una norma que esincompatible con el derecho a la libertad, que nosolamente consagra de manera preferente la ac-tual Constitución, como la anterior, sino tambiénporque estaríamos en contra de principios queestán proclamados en la Declaración Universalde los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de1948. El Perú es signatario de esta declaración.Estaríamos, igualmente, en contra de la ya unpoco golpeada Convención Interamericana deDerechos Humanos o Pacto de San José de CostaRica.
Creo que el debate que hemos iniciado esta no-che tiene que llevar al Congreso a la conclusiónde que no puede aprobar una norma de esta na-turaleza; porque, vencido el plazo de seis meses,quien ha sido víctima de un error judicial no so-lamente no tendría derecho a la libertad, sino
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también se le cuestionaría la posibilidad de quese le indemnice, como la Constitución prevé, porel error judicial.
Y si admitiéramos el criterio distinto, de que síprocede la indemnización por el error judicial,nos encontraríamos frente al hecho de que seindemniza a una persona porque está privada delibertad, pero ésta seguiría en situación de pri-vación de libertad, porque el texto del proyectode la Comisión de Justicia, en el supuesto quefuera ley, impediría la excarcelación, previo elproceso de revisión.
Por estas consideraciones, me parece que es ab-solutamente inconveniente, absurdo, que se puedaaprobar el proyecto del cual es autor el señor con-gresista Revilla. Yo no sé en qué inspiración seha fundado el doctor Revilla para presentar unproyecto de esta naturaleza. Me parece que escontrario a todo principio de derecho y a todocriterio de respeto a la dignidad de la personahumana, en cuanto se perjudica la libertad, quees uno de los privilegios que tiene el ser humano.
Por todo ello, señor Presidente, considero que elPleno del Congreso no debe aprobar el proyectodel congresista Revilla, que ha merecido dicta-men favorable, en mayoría, de la Comisión deJusticia.
El señor PRESIDENTE.� Tiene la palabra eldoctor Luis Delgado Aparicio.
El señor DELGADO APARICIO (C90-NM).�Muchas gracias, señor Presidente.
Definitivamente, el tema es muy técnico, y deboiniciar mi intervención mencionando lo que nosha expuesto con tanto entusiasmo y conocimien-to el doctor Aldo Estrada, cuando dice no al pla-zo de seis meses, pero que puede ser de cinco añoso diez años. No me parece que eso sea correcto.
Tampoco puedo estar de acuerdo con el doctorJavier Alva Orlandini, a quien respetamos y ad-miramos tanto y que ha tenido participación enlas comisiones para elaborar, estudiar y perfec-cionar los diversos códigos.
Es muy difícil decirle al doctor Alva Orlandinique yo no puedo recurrir al futuro Código, queestá suspendido; a su artículo 363º, que ademásno es de causales abiertas, sino �en latinajo�numerus clausus; tiene solamente siete incisosque permiten o permitirán, el año que se pro-mulgue ese Código, el recurso de revisión.
Es así que tampoco puedo estar de acuerdo conel doctor Estrada, el doctor Alva Orlandini y el
doctor Antero Flores-Araoz en que queda des-amparada la sociedad. Eso no es así. Y no es asípor dos razones, señor Presidente.
En primer lugar, porque no podemos olvidar queel artículo 118º, inciso 21), establece que una delas facultades del Presidente de la República esel indulto. Tampoco puedo referirme a que van adesaparecer las comisiones de estudios de proce-dimientos, porque pueden continuar. Esto no tienepor qué afectar a que tenga que ir a proceso derevisión, porque va a ir de frente donde el Presi-dente de la República, enviada por la comisiónformada por el Defensor del Pueblo, el Ministrode Justicia y el reverendo padre Hubert Lanssiers.Entonces, no queda desamparada la sociedad, ypueden continuar estas comisiones.
Tampoco puedo estar de acuerdo con el doctorEstrada, el doctor Alva Orlandini y el doctor AnteroFlores-Araoz en que este Congreso hace caso omisoal tema; porque, en el supuesto caso de que sepresente esta situación que los especialistas hantratado, tenemos el artículo 102º, inciso 6), refe-rido al Congreso de la República, que establecelo que es el derecho de amnistía.
Entonces, por una parte, tenemos el indulto enel Ejecutivo; y en el Legislativo, la amnistía. Yusted, señor Presidente del Congreso, tambiénpuede tener una comisión que estudie, como latiene el Ejecutivo, de motu proprio y tener el de-recho de amnistía en casos que se pueden pre-sentar vencidos los seis meses.
Ésta es la introducción al tema de tener que dis-crepar con tres dictámenes en minoría, y estarde acuerdo con lo que ha estudiado la Comisiónque preside el señor Oscar Medelius y que dicta-mina el proyecto de ley presentado por el señorAnselmo Revilla.
Voy a utilizar el tiempo de la señora Martha Hil-debrandt, señor Presidente, si usted lo permite.
Quiero decirle, señor Presidente, que la doctrina�como lo ha explicado el señor Medelius� entoda Latinoamérica define el recurso de revisióncomo uno de carácter extraordinario y excepcio-nal que se da contra sentencias definitivas. Estodicen las dos corrientes que atentan contra lasantidad de la cosa juzgada.
En la Escuela Procesalista Italiana �de la cualdeviene la peruana, porque no tenemos, como seha mencionado, de la legislación norteamerica-na, que es completamente diferente a la nues-tra�, Chiovenda y Carnelutti hablan de la auto-ridad de la cosa juzgada, que se sustenta en elvalor de certeza y en la seguridad jurídica e
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inmutabilidad de los fallos. Por ello, no quedadesamparado: puede continuar estudiándose enuna comisión especial y tener indulto por el Eje-cutivo o amnistía por el Legislativo.
Asimismo, la autoridad de la cosa juzgada, queplantea la irrevisibilidad de las sentencias, en-frenta el valor justicia con el valor certeza,priorizándose ésta para dar estabilidad y justifi-ca las relaciones jurídicas, como dice el Dicciona-rio Enciclopédico Omeba, Tomo IV, página 674.
Ya se explicó lo de la Constitución. Ya se explicóque la Constitución de 1933 trataba el tema; ra-zón por la cual, posteriormente �como dice eldoctor Manuel Catacora en su libro sobre dere-cho procesal penal�, colisionaba con la Carta de1979 y colisionaría también con la Carta de 1993.
El recurso vigente se ampara, como ya lo dijo eldoctor Medelius, en el artículo 230º de la Consti-tución de 1933, que establece la indemnización alas víctimas. Ello es diferente a lo que se dice enla actual Constitución, porque ésta establece enel inciso 7) del artículo 139º que es principio dela función jurisdiccional la indemnización por errorjudicial en los procesos penales. Eso es otra cosa.
Debo también señalar que en lo referente al pro-ceso civil, que han explicado los doctores AlvaOrlandini y Flores-Araoz, en el artículo 178º delCódigo respectivo se legisla sobre la cosa juzgadafraudulenta, y queda absolutamente claro queexiste un plazo de seis meses para cuestionar lainmutabilidad, definitividad, intangibilidad eindiscutibilidad. No se puede, por tanto, adinfinitum, ad eternum, tener abierta esa facul-tad, porque los plazos para recurrir, a través dela revisión, son excepcionales y recortan la vali-dez y la seguridad jurídica.
Cabe precisar que en el numeral 7) del artículo14º del Pacto Internacional de Derechos Civilesy Políticos �aprobado por Naciones Unidas el16 de diciembre de 1966, y por el Perú, en 1978�se consagra la santidad de la cosa juzgada de acuer-do con la ley y el procedimiento penal de cadapaís.
Por lo demás, también debemos precisar que enel artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judi-cial, en cuanto a recurso de revisión, no se en-cuentra como excepción a la autoridad de la cosajuzgada. La modificación está relacionada con lassentencias cuando la víctima vive o vivió. Elloestá en el inciso 1), que no se está modificando.Se está haciendo, tanto al Código de Procedimien-tos Penales como al de Justicia Militar, un agre-gado al artículo respecto al plazo de los seis me-ses.
El dictamen en cuestión modifica los artículos361º del Código de Procedimientos Penales y 690ºdel Código de Justicia Militar, señalando un pla-zo de seis meses para la interposición.
Por esta razón es que, después de la informaciónque nos ha proporcionado el Presidente de laComisión de Justicia �y con el mayor respetopor los señores que han presentado dictámenesen minoría, con quienes no estoy de acuerdo�,voy a votar a favor del proyecto de ley del señorRevilla dictaminado por la Comisión de Justicia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE.� Tiene la palabra laseñora Ana Elena Townsend.
La señora TOWNSEND DIEZ CANSECO(GPI).� Presidente: Efectivamente, como hadicho el congresista Delgado Aparicio, los miem-bros de la Comisión de Justicia han expuesto sobreun tema técnico jurídico, pero que, evidentemente,tiene implicancias políticas.
Ya lo han explicado muy bien los autores de losdictámenes en minoría, refiriéndose a cómo esabsolutamente irracional plantear un plazo; trans-currido el cual �en todo caso, según la lógica deeste dictamen�, ya no habría cómo considerarel recurso de revisión.
Además, hay una contradicción. Se señala que elplazo de seis meses para la revisión no vale cuan-do se considera el numeral 1) del artículo 361ºdel Código en cuestión; es decir, en el caso de queaparezca viva la persona que supuestamente fueasesinada por quien fue sentenciado. Allí sí norigen los seis meses.
¿Y por qué rigen los seis meses en otras situacio-nes que también son graves? Por ejemplo, cuan-do la sentencia se basó principalmente en la de-claración de un testigo condenado después comofalso en un juicio criminal. ¿Qué ocurre si esetestigo es condenado como falso seis meses des-pués de que la otra persona fue sentenciada? ¿Quéocurre cuando, después de una sentencia, se dic-te otra en la que se condene por el mismo delitoa persona distinta del acusado? Es decir, siemprequedaría alguien en la cárcel de manera injusta.
Ya se ha señalado que en este Congreso hemosaprobado un proyecto del Ejecutivo planteandouna revisión sui géneris, como la que realiza laComisión Ad Hoc, que sigue vigente, para casosde inocentes falsamente acusados de terrorismo.Se trata de gente que ha tenido que esperar unpromedio de cinco años para poder lograr que setome en consideración sus reclamos a favor de
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su inocencia; gente que ha sufrido torturas psi-cológicas y físicas; gente que ha visto destruidossus hogares y también sus pequeñas propieda-des; gente cuya familia está siendo atendida ac-tualmente en terapias psicológicas, no por partedel Estado, sino por organismos de derechos hu-manos, que están atendiendo tanto a víctimas delterrorismo como a víctimas de estos errores judi-ciales basados en testimonios de arrepentidos.
Lo que sí podría sacar como positivo de la exposi-ción del señor Medelius es que ha reiterado quela Constitución peruana establece el derecho deindemnización, por el cual estamos batallando anteel Poder Judicial, en nombre de los inocentes quehoy están libres y que fueron indultados en unperdón sui géneris; porque un inocente no nece-sita perdón, sino más bien necesita la disculpadel Estado. En muchas ocasiones, el Estado cas-tigó a estos inocentes a pesar de haber sido ellosquienes enfrentaron al terrorismo; por ello fueque muchos arrepentidos del terrorismo los acu-saron en venganza por haber levantado la ban-dera por la paz.
Pero hay algunas obvias motivaciones políticas,que ya están de moda o se toman a diario en esteHemiciclo para dar leyes.
Hace pocas semanas, el director de Caretas, En-rique Zileri, planteó un recurso de revisión porel caso en el que el ya conocido asesor VladimiroMontesinos lo había denunciado por difamacióncuando, hace varios años ya, publicó lo referentea que Montesinos era asesor del Gobierno.
El señor Montesinos, hace unas semanas, en laúltima �o penúltima� edición de La RevistaDominical, apareció a dúo con el señor Presidenteen la famosa "entrevista de las corbatas". En esaocasión señaló que, efectivamente, él trabaja, creo,24 horas al día para el Servicio de Inteligencia.
En este Hemiciclo, también, el señor Pandolfi nopudo explicar lo de los 800 mil dólares anuales,pero sí admitió que el señor Montesinos es fun-cionario del Estado.
Entonces resulta que la base del juicio del señorMontesinos contra el señor Zileri, para condenarloa una reparación económica, se desmoronó conlas propias declaraciones de Montesinos y las afir-maciones y documentos que el Gobierno se havisto forzado a dar a conocer gracias a una inves-tigación periodística.
Por lo tanto, resulta necesario que este proyectosea considerado como lo que es: una nueva ma-niobra de abuso del poder. Esto puede voltearsecontra la mayoría parlamentaria si es que resul-
ta que ellos salen del gobierno y mañana más tardehay una cacería de brujas �que nadie está bus-cando� que condene a personas que luego de seismeses pueden indicar...
Me da su tiempo la señora Graciela FernándezBaca.
El señor PRESIDENTE.� Puede continuar,señora Townsend Diez Canseco.
La señora TOWNSEND DIEZ CANSECO(GPI).� Entonces, vamos a este punto.
Efectivamente, yo creo que los miembros de laComisión de Justicia son conscientes �y tam-bién, seguramente, muchos miembros del Parla-mento� de que éste es un proyecto en el que nisiquiera aceptan que regrese a comisiones por-que debe tener, pues, un código que diga que nose puede tocar. Es decir, tiene que ir como va, asísea aberrante, así esté absolutamente fuera dedoctrina, como ya lo han señalado los especialis-tas en el tema; salvo que hoy se vaya a instaurarla "doctrina Revilla" en el Hemiciclo.
Francamente, si esto afecta a gente consideradacomo enemiga del régimen y que por eso es juz-gada y sentenciada, y que luego no va a poderexigir revisión de sentencia sino antes de los seismeses, también afecta al ciudadano común y co-rriente. Ya ha explicado Antero Flores-Araoz lassituaciones que se pueden dar con personas quetienen un mínimo acceso a la justicia en un Po-der Judicial con un alto porcentaje de jueces pro-visionales, con corrupción y con la intervencióndirecta que conocemos todos.
Entonces, con el afán absolutista del régimen decontrolar judicialmente la vida política, tambiénse va a afectar al ciudadano que no está en la vidapolítica, al ciudadano que sigue comprobando laexistencia de un Poder Judicial corrupto, que exi-ge coimas y que es una amenaza pública para laspersonas que son sometidas a procesos por unaobvia motivación de enemistad política.
El señor Hermoza Ríos solicita una interrupción,señor Presidente. Se la concedo.
El señor PRESIDENTE.� Señor Hermoza,tiene usted la interrupción.
El señor HERMOZA RÍOS (C90-NM).� Gra-cias, Presidente; gracias, colega Anel Townsend.
Es un tema indudablemente polémico, en el queunos apoyarán y otros votarán en contra del pro-yecto al final de este debate. Sin embargo, con lasupuesta motivación política que tiene esta propo-
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sición, Anel Townsend nos dice esta noche queeste Gobierno está de salida.
Entonces, yo revertiría esta reflexión a que abrildel próximo año está cerca. Así, una vez que laUPP u otra minoría asuma el gobierno, el próxi-mo año tranquilamente se puede derogar estanorma y otras que no son válidas para vuestraopinión. A través de la Presidencia, congresistaAnel Townsend, ¿no lo cree usted así?
El señor PRESIDENTE.� Puede continuar,señora Townsend Diez Canseco.
La señora TOWNSEND DIEZ CANSECO(GPI).� Bueno, yo creo que hay bastante preca-riedad, incluso en los puestos que este Gobiernofavorece. Aquí ha habido realmente una pruebade cómo el Gobierno un día le da confianza a man-dos civiles o militares, y al día siguiente los despi-de sin darles las gracias siquiera.
Me refiero a que hay situaciones que incluso miem-bros de la mayoría pueden resentir sobre lo queel Gobierno ha hecho respecto a su entrega y leal-tad. Pero no hay que actuar, creo yo, en nombrede personas para dar leyes, sino en nombre ge-neral.
Entonces, no se trata de que llega un nuevo go-bierno y deroga el dispositivo, sino se trata derespetar los principios que nos llevan a cumplirlas leyes y a hacerlas respetar.
Reitero que el doctor Alva Orlandini, el doctorEstrada y el doctor Antero Flores-Araoz han ex-plicado que aquí se está inventando esta doctri-na. Quizá se irá a bautizar como la "doctrina Re-villa". No sé si el congresista habrá hecho un exa-men de conciencia para darse cuenta de que esto,más allá de tener una digitación política, tieneun efecto negativo para los ciudadanos que noestán involucrados ni en una militancia ni en unenfrentamiento político.
Fuera de esto, obviamente, el Gobierno está desalida en opinión de más del 60 por ciento de ciu-dadanos; pero, en el manejo y en el dominio derecursos públicos, por supuesto que está en unaespecie de atornillamiento sucesivo para mante-nerse sobre una base que ya no es popular.
Yo reitero mi oposición a este proyecto y señaloque deben reflexionar quienes están aquí presen-tes. Obviamente, los abogados son conscientes deque esto no es correcto. Entonces, tiene que ha-ber un trasfondo de otra naturaleza, al cual la-mentablemente nos tienen acostumbrados. Peroeso no significa que vayamos a aceptarlo alegre-
mente y no vayamos a protestar con respecto aesta situación.
Creo que el abuso que se viene cometiendo, engeneral, frente al estado de derecho deja muy mala nuestro país y, además, ahonda las diferenciasde oportunidades que existen entre las diversasclases sociales del Perú.
Gracias.
El señor PRESIDENTE.� Tiene el uso de lapalabra señor Anselmo Revilla.
El señor REVILLA JURADO (C90-NM).�Muchas gracias, Presidente.
Yo no voy a dar importancia a algunos adjetivos,que son producto de la pasión, porque no es miestilo contestar cada una de las frases exagera-das que aquí se acostumbra expresar con todatranquilidad, con todo cinismo, pues se inventancosas.
Lo que sí lamento es que juristas a quienes, in-dudablemente, respeto mucho no hayan leído aplenitud esta iniciativa legislativa; y, si la han leído,no la han entendido; y, si es que la han entendi-do, la entienden a su manera, o sea, con la venta-ja política.
En materia jurídica, parece que la congresistaTownsend entiende bien, pero su prejuicio polí-tico le hace suponer una serie de cosas que enrealidad no sé de dónde saca; es de su fantasía,indudablemente.
¿Qué dice el proyecto? Dice: "La iniciativa legis-lativa propone la modificación del inciso 5) delartículo 361º, así como adicionar un párrafo fi-nal a dicha norma del Código de ProcedimientosPenales. De igual modo, modificar el inciso 4) delartículo 690º y adicionar un párrafo final a dichanorma del Código de Justicia Militar, ambas re-feridas a establecer un plazo para la interposi-ción del recurso de revisión".
Todos los especialistas han dicho aquí que se estáatentando contra una institución jurídica, que seestá desapareciendo el recurso de revisión. Falsode toda falsedad. Se está planteando un plazo. ¿Yqué dice el inciso 5) del artículo 361º del Códigode Procedimientos Penales? Dice así: "Cuando conposteridad a la sentencia se acrediten hechos pormedio de pruebas no conocidas en el juicio, quesean capaces de establecer la inocencia del con-denado."
¿Y cuál es la adición? La adición al inciso 5) delartículo 361º es: "Cuando con posteridad a la
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sentencia se acrediten hechos por medio de pruebasidóneas y pertinentes no conocidas en el momentodel desarrollo del proceso que sean capaces deestablecer la inocencia del condenado". Supongoque el artículo 361º lo entienden bien, por eso yano estoy repitiéndolo por cuestión de tiempo.
"El plazo para imponer el recurso de revisión esde seis meses �si estamos diciendo que hay unplazo, entonces no ha desaparecido el recurso derevisión; definitivamente que no, porque el pro-yecto de ley está en ese sentido� contados desdeque queda ejecutoriada la sentencia, salvo paralo establecido en el numeral 1) del presente artículoen que podrá interponerse en cualquier momen-to".
Dice "salvo para lo establecido en el numeral 1)"del artículo 361º.
¿Y qué dice el inciso 1) del artículo 361º? Dice losiguiente: "Cuando después de una condena porhomicidio se produzcan pruebas suficientes deque la pretendida víctima del delito vive o viviódespués de cometido el hecho que motivó la sen-tencia".
Entonces, aquí no hay tiempo; ni tiempo ni espa-cio. No sé cómo les gusta aquí a mis compañeritosde la escalera, porque ellos me ayudaron a ponerla escalera.
En el Código de Justicia Militar, también, es lomismo. Entonces, ¿a qué se refieren cuando di-cen que desaparece el recurso de revisión? Ni queestuviera con los dogmáticos a ultranza en mate-ria jurídica.
Aquí no estamos innovando nada, no estamoscontra los principios jurídicos, no estamos con-tra la doctrina jurídica. Además, el derecho no esuna cosa muerta, estática. En materia jurídica...
El señor PRESIDENTE.� Tiene usted cincominutos más, que le brinda el colega Chang Ching.
El señor REVILLA JURADO (C90-NM).� Soyautor del proyecto de ley, Presidente.
Entonces, si toda concepción jurídica es dinámi-ca, si es viva, indudablemente tenemos que en-tender que hay de los dogmáticos, los tradiciona-listas, y hay de los innovadores.
Por lo tanto, para satisfacción de la congresistaAna Elena Townsend, acá podemos innovar. ¿Porqué no adecuar el derecho al tiempo en que se vi-ve, a la modernidad, si es que es necesario? O sea,no estamos hablando de cosas sacrosantas.
Voy a traer a la memoria de los especialistas elhecho de que hace algún tiempo, Presidente, pre-senté un proyecto de ley.
Si usted me permite, señor Presidente, el doctorDelgado Aparicio me pide una interrupción.
El señor PRESIDENTE.� Tiene la interrup-ción, doctor Delgado Aparicio.
El señor DELGADO APARICIO (C90-NM).�Muchas gracias, señor Presidente; muchas gra-cias, señor Revilla.
Solamente quiero decir que lamento mucho queen este Congreso, para poder vejar el derechohumano de un congresista de presentar un pro-yecto de ley, se tenga que decir, como sonrisa ocomo cariñoso adjetivo, que es una nueva doctri-na. Yo rechazo totalmente lo que acabamos deescuchar hace un momento, y espero que eso so-lamente quede en la fantasía de algunas perso-nas.
Muchas gracias, señor Revilla.
El señor PRESIDENTE.� Puede continuar,señor Revilla Jurado.
El señor REVILLA JURADO (C90-NM).�Muchas gracias, Presidente.
Hace un tiempo presenté el Proyecto de Ley 4148/98-CR, ley que regula la ejecución de sentenciasextranjeras por la Sala Constitucional y Socialde la Corte Suprema. Sobre este tema se levantótanta polvareda que hasta el señor Canciller dela República declaró que no estaba de acuerdocon el proyecto. O sea, si el señor Canciller de laRepública dice que no está de acuerdo con esteproyecto, ¿qué implicaba? Que el congresistaRevilla está presentando un proyecto que se loha mandado el Ejecutivo.
Hoy día no estarían ustedes rasgándose las ves-tiduras por las decisiones históricas que ha to-mado el Congreso de la República del Perú. Yaustedes saben la consecuencia. Si hubiéramosaceptado que la Sala Constitucional y Social dela Corte Suprema del Perú revise cualquier reso-lución o sentencia de un organismo internacio-nal, no habría ningún otro problema, no habríacolisión con el ordenamiento jurídico interno.
El problema es que los doctos �y los doctitos�en materia jurídica tienen un léxico que al co-mún de las gentes no les deja entender la ter-minología. Es como ocurre actualmente con losecologistas o los de derechos humanos, que in-
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ventan una serie de términos para confundir yengañar. Ésta es la verdad.
Entonces, señor Presidente, yo me siento con-tento de que este proyecto de ley haya venido alPleno y que los congresistas responsables sepanque esta propuesta beneficia a miles de perua-nos. Si alguien se siente aludido, es su problema.
Con esa seguridad, con esa convicción, como hom-bre de derecho, he presentado esta iniciativa le-gislativa. Por lo tanto, señor Presidente, solicitosu aprobación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE.� Puede hacer uso dela palabra el señor Róger Cáceres.
El señor CÁCERES VELÁSQUEZ (DEMO).�Señor Presidente: Seguramente que el proponen-te de esta iniciativa, así como quienes le acompa-ñan, no se ha percatado de que en la historia cons-titucional del Perú ha habido dos hechos contun-dentes que, indudablemente, marcan una evolu-ción en el desarrollo de esta rama del derecho. Esasfechas han sido la promulgación de la Constitu-ción elaborada de 1978 a 1979 en la Asamblea Cons-tituyente, que entró en plena vigencia el 28 de ju-lio de 1980, y el momento en el que también entróen plena vigencia la Constitución que actualmen-te tenemos; esto es, el 1 de enero de 1993.
Ahora bien, ¿en qué se diferencian estas dos Cons-tituciones de las precedentes? Naturalmente queen las anteriores se consagraban, como en éstas,los derechos de los ciudadanos; pero caracterizaa estas dos últimas Constituciones �particular-mente a la primera� el valor trascendente, quese le reconoció en todos los foros internacionales�como he tenido oportunidad de comprobarlocuando he salido fuera del Perú�, y la impor-tancia que nosotros le dimos a los derechos hu-manos. Acogimos la Declaración de los DerechosHumanos prácticamente como valor fundamen-tal de la Constitución, como regla con la cual te-níamos que medir las demás instituciones jurí-dicas que estaban dentro de la Constitución.
Leamos cuáles son los derechos fundamentalesde los humanos, y vamos a encontrar que enprimerísimo lugar está el derecho a la vida, alhonor; también el derecho a ser sometido sola-mente al procedimiento penal que estuviere vi-gente al momento en que pudiera haberse come-tido una determinada infracción punible.
Resulta que, con el proyecto de ley que estamosdebatiendo en esta noche, estamos colisionandocon esos derechos humanos. Aquí estamos diciendo
que el derecho al honor, a la reputación, tiene unlímite no establecido al nivel de la Constitución,sino establecido al nivel de una ley.
En el Código de Procedimientos Penales, que seremonta al año 1924, anterior a las dos últimasConstituciones e, incluso, a la del año 1933, ya sedejaba abierta la posibilidad de que pudiera ha-ber la revisión de una sentencia penal.
Como ya se ha explicado por quienes me han pre-cedido en el uso de la palabra, en el inciso 4) delartículo 361º del citado Código �lo que se reca-pitula en el inciso 5) del artículo 365º del nue-vo� se establece la posibilidad de que una per-sona sancionada pueda pedir, ulteriormente, larevisión de una determinada sanción, de una deter-minada sentencia ejecutoriada, porque resulta queno estaba fundada en la verdad y colisionaba consu derecho al honor.
Ahora, señor Presidente, eso se ha fortalecido.Antes no tenía la fundamentación constitucionalque ahora sí tiene. Como lo han destacado losseñores Medelius y Delgado Aparicio cuando hanhecho uso de la palabra, en esa época había en laConstitución un dispositivo que decía que nadiepodía revivir procesos fenecidos. Eso era un ar-gumento en aquel entonces. Pero, aun siendo así,por el contenido humano que tenía, este disposi-tivo procesal penal prevaleció. Y ahora tiene queprevalecer con mayor razón.
En consecuencia, la limitación que se pretendeimponer por el proyecto de ley que se encuentraen mesa, para que el derecho de plantear unarevisión de una sentencia penal sea solamentevigente por seis meses, podrá regir para adelan-te, pero de ninguna manera para atrás. No pue-de regir en el caso de una persona que haya sidoafectada en su derecho al honor en el pasado: puedepedir la revisión de la sentencia al amparo de laConstitución, al amparo de sus derechos funda-mentales.
Vana ilusión, entonces, la de quienes preconizaneste proyecto respecto a que con ello van a crearuna especie de cobertura especial para aquellaspersonas a quienes �todos lo sabemos� se pre-tende beneficiar con este proyecto de ley.
Le pido, señor Presidente, que me conceda lamáxima amplitud posible...
Como no me está escuchando, reservo mi pedi-do.
El señor PRESIDENTE.� Le estoy escuchan-do, señor Cáceres.
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El señor CÁCERES VELÁSQUEZ (DEMO).�Pero como no se puede escuchar simultáneamentea dos personas...
El señor PRESIDENTE.� Yo sí escucho a lasdos personas simultáneamente.
El señor CÁCERES VELÁSQUEZ (DEMO).�Entonces, bendita la hora en que Dios le ha dadoesa cualidad que ninguno tiene.
El señor PRESIDENTE.� Y voy a tener nue-vamente la gentileza con usted para brindarle mástiempo.
El señor CÁCERES VELÁSQUEZ (DEMO).�Lo máximo que pueda, señor Presidente, comolo ha hecho usted en otras ocasiones; en formaespecial, porque el escaso tiempo que me quedano me permite...
El señor PRESIDENTE.� En forma especial,en forma considerada y por usted, el máximo detiempo: cinco minutos especiales para el doctorCáceres.
El señor CÁCERES VELÁSQUEZ (DEMO).�Muchísimas gracias. Creo que será un exceso, peroprocuraremos aprovechar.
Yo creo que este proyecto de ley no va a podertener la coherencia y la vigencia que quisieranquienes lo están propiciando, tanto como padre ypadrino de la criatura. Este proyecto no va a po-der tener la cobertura legal que pretenden, enrazón de los dispositivos constitucionales que hemencionado.
Estamos en una mala fecha: cada semana tene-mos una sorpresa. En la pasada semana tuvimos,fundamentalmente, aquello de la Comisión Inter-americana de los Derechos Humanos, que la mayo-ría parlamentaria y que el Gobierno pretendenahora, de una manera muy singular, ignorar encuanto a sus alcances.
Felizmente, el consenso internacional viene fun-cionando y respondiendo no en el sentido que pre-tendía la mayoría, sino en el sentido que ha pre-tendido la oposición. O sea, todas las aseveracio-nes que le han servido de fundamento a la mayo-ría para aprobar ese dispositivo se vienen desmo-ronando, son de arena, no tienen un fundamen-to sólido. En cambio, las de quienes hemos abo-gado por los derechos humanos, su prevalencia,y respeto de los tratados se vienen afirmando todoslos días en el consenso internacional.
Ayer ha habido una reunión de especialistas enderecho constitucional en el Colegio de Aboga-
dos de Lima; y por unanimidad esos especialis-tas, que han consagrado su vida al culto de laConstitución, nos han dado la razón a quieneshemos discrepado de la resolución legislativa queustedes aprobaron.
Ahora estamos ante una situación análoga. Us-tedes se dan la razón entre ustedes mismos. Es-toy seguro que, fuera de ustedes, pocos, intere-sadamente, les darán la razón. Pero no se la da-rán quienes en forma sincera, desinteresada ycon principios piensan sobre el particular.
Les voy a poner un ejemplo: el proceso Dreyfus.Alfred Dreyfus fue condenado como traidor a lapatria en Francia, y se le llevó a una isla perdidaen el Atlántico; pero hubo quienes se preocupa-ron de su situación y, pasados los años, encontra-ron las pruebas de que había sido condenado demanera injusta y plantearon la revisión del pro-ceso. Llevaron a Dreyfus a París, y Dreyfus fueexonerado de toda responsabilidad penal. Eso hasido en el siglo pasado, cuando no había ni decla-ración sobre los derechos humanos y cuando és-tos no tenían la importancia que ahora tienencomo base de las nuevas Constituciones.
Pensar como ustedes piensan no hubiera sido lopropio hace cien años, cuando teníamos el proce-so Dreyfus; menos lo es ahora, cuando está ter-minando este siglo y vamos a comenzar otro nuevo,en el que seguramente los derechos humanos vana tener una importancia mayor, porque el mun-do se achica.
El hombre crece, y el globo terráqueo se achica.Las instituciones se van fortaleciendo a nivel in-ternacional, y eso lo vamos a ver muy rápido,señores de la mayoría. Vamos a ver cómo, en po-cos años más, la vigencia de esas instituciones yde esa legislación internacional va a ser impues-ta por los propios países grandes, como lo vienenhaciendo en Europa. ¿No están viendo ustedes elcaso de Milosevic, que pretendió escapar a unconsenso europeo? ¿No están viendo cómo le hanimpuesto al señor Milosevic el respeto de los acuer-dos europeos?
A corto tiempo, eso va a ser realidad, con mayorvigencia, para este Continente dada la vocaciónhumanística y libertaria que posee y le corres-ponde.
Yo discrepo, en consecuencia, del proyecto de leyque se encuentra en mesa prescindiendo de lapersona a la que se pudiera favorecer o perjudi-car, opinando en el terreno de los principios y dela doctrina.
También hay una modificación que se plantea aquí,
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tanto para el Código de Procedimientos Penalescomo para el de Justicia Militar. Se agrega el tér-mino "de pruebas idóneas y pertinentes".
Con el respeto que me merece la sapiencia jurí-dica del señor Medelius, yo creo que bastaba condecir "idóneo", porque no podría haber algo quesea idóneo �en mi criterio� y que no sea perti-nente. El agregar el término "pertinente", segu-ramente, tiene una determinada direccionalidaddentro de lo que se busca en la mentalidad de lamayoría parlamentaria, pero para mí es super-fluo agregar el termino "pertinente".
Yo estoy en discrepancia de esta modificación. Laconsidero inconstitucional, inaplicable, reñida conla tradición jurídica de nuestro país y con la tra-dición de respeto a los derechos humanos que seviene imponiendo en América.
Voy a estar, señor Presidente, con aquellos quevan a votar en contra del proyecto de ley que seencuentra en Mesa.
El señor PRESIDENTE.� Puede hacer uso dela palabra el doctor Carlos Ferrero.
El señor FERRERO COSTA (C90-NM).�Vamos a suponer que yo me atribuyo la paterni-dad de un hijo, y resulta que el juez resuelve queyo he mentido; y, en consecuencia, me declaraculpable y me mete preso.
Tres años después, con una prueba de ADN, yodemuestro que el hijo era mío. Ya no puedo ha-cer nada porque, siendo inocente, con esta ley yotendría que seguir preso.
Otro caso más.
Vamos a suponer que a cualquiera de nosotros locondenan por haber robado un objeto. Con todarazón, si el juez considera que yo soy culpable,me sentencia.
Seis años después, cuando yo he estado seis añospreso en la cárcel, se demuestra que lo que decíael señor zeta que yo le había robado no era suyo.No se le puede robar, pues, a quien no es el due-ño. Entonces resulta que yo o cualquiera de no-sotros era inocente, porque la prueba que se hapresentado después ha comprobado que la sen-tencia estaba equivocada. Sin embargo, tengo quepudrirme en la cárcel porque la ley que vamos adar hoy dice que, aunque tú tengas la razón, comoel tiempo ya pasó, ya te fregaste pues. Así es laley que estamos dando.
Por la ley que estamos dando se dice: "Sabes qué,compadre, tienes la razón. No debes estar preso,
pero es muy tarde, hermano, ya pasó mucho tiem-po, ya púdrete nomás". Ésa es la ley que estamosdando. O sea, es una ley en la que al inocente, aconciencia de que es inocente, lo volvemos a con-denar y le decimos: "Eres inocente, pero te que-das preso para toda tu vida, porque yo he decidi-do que pasó mucho tiempo. Y como ha pasadomucho tiempo, hermano, tienes mala suerte, asíque quédate en la cárcel".
Veamos otro caso.
A un funcionario público yo le puedo decir hoydía que es un estafador. Entonces, el señor fun-cionario público me denuncia, y yo soy condena-do por delito contra el honor.
Tres años después, las cosas cambiaron y ese fun-cionario público es condenado por estafador. En-tonces, yo voy donde el juez y le digo: "Señor juez,lo que yo decía era verdad. Mire usted: el que yodecía que era estafador, efectivamente, lo es".Entonces el juez me dice: "Sí, pero el Congresoha dado una ley por la cual, a pesar de que ustedtiene razón, ya no puede salir de la cárcel; tieneque quedarse adentro".
Yo sé que mis colegas tienen una predisposicióna favor de este tema; pero no se puede decir �comose ha explicado acá� que, porque el tiempo pasó�o sea, la cosa juzgada�, la justicia debe perju-dicarse.
Es como cuando los Congresos anteriores para-ban el reloj y decían: "Yo sé que en mi reloj sonlas 12 y 15; pero ahí, como lo han detenido, sonlas 12". Todos sabían que eran las 12 y 15, perose mentían a sí mismos diciendo: "No, al reloj lehan puesto el dedo para que no pase de las 12.Deberían ser las 12 y 15; pero no, en el reloj queyo he detenido son las 12."
Así ocurre con este proyecto, que va contra larealidad. ¿Saben por qué? Porque nunca se pue-de ir contra la justicia. Y es injusto tener a uninocente preso.
Les voy a decir algo más.
Este Congreso, en 1993, cuando se dio cuenta deque los tribunales cometían muchas injusticias,¿saben lo que hizo? Dio una ley por la cual am-plió las causales para pedir revisión. Añadió unamás. Eran tantas las injusticias que nosotrosveíamos, que dijimos: "Mira, no alcanzan lascausales, hay que poner otra." Y se agregó unacausal para facilitar la presentación de los recur-sos de revisión. Nosotros mismos nos dimos cuentade que no alcanzaban las causales. Eran tantaslas injusticias, que teníamos que abrir el camino
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para que pudiesen estas injusticias ser remedia-das.
¿Puedo tener un poco más de tiempo, señor?
El señor PRESIDENTE.� Cómo no. Tieneusted dos minutos más, doctor Ferrero.
El señor FERRERO COSTA (C90-NM).� Sipudiera ser alguno adicional, se lo agradecería.
El señor PRESIDENTE.� Tres minutos más,doctor Ferrero Costa, para que pueda concluirsu intervención.
El señor FERRERO COSTA (C90-NM).� Yodecía esto: ¿acaso no es verdad que muchas vecessuceden acontecimientos imprevistos, que uno nopodía imaginarse que ocurrieran? Eso se llama"hechos sobrevinientes"; o sea, los hechos que túno pudiste calcular cuando juzgaste. Es decir que,después de haber juzgado, se produce algo ines-perado.
Si se produce algo inesperado que no lo tuvisteen tus manos cuando juzgaste, es natural quevuelvas a juzgar. O sea, si se presentan elemen-tos nuevos, distintos, que demuestran tu inocen-cia, después de haber sido sentenciado, lo justoes que vuelvas a ser juzgado. Ésa es la revisión,para eso existe.
Se ha dicho que nuestra Constitución no se re-fiere a ello expresamente. Por favor, si yo les con-tara todas las cosas de las que la Constitución nohabla expresamente y que nosotros las hemosaceptado y legislado, se sorprenderían y el tiem-po no me alcanzaría para mencionarlas.
Pero lo que no se puede aceptar, de ninguna ma-nera, es que esta noche se haya dicho: "¿Por quése preocupan tanto, muchachos? A los inocenteslos indemnizamos." ¡Qué curioso!
A ver, quién de los presos en la cárcel va a decir-te: "Congresista, qué buena gente eres, herma-no. Me has dejado preso 20 años y 10 más, perome has dado cinco mil nuevos soles. ¿Sabes qué,congresista? Tú eres buena gente. Pero me estásdando plata cuando tú sabes que lo que quiero esmi libertad, y no la indemnización". Esto es loque reclamaría cualquier ser humano en una cir-cunstancia como ésa.
Yo termino con esta reflexión en el escaso tiem-po que queda disponible.
¿Ustedes no creen que la verdad es un valor su-premo? ¿No es acaso que Dios mismo es la ver-dad absoluta? Y si la verdad es un valor supre-
mo, ¿cómo podemos negar la verdad cuando laverdad se nos presenta? Cómo podemos decir: laverdad es lo máximo; pero, si se presenta tarde,es mentira. Eso no puede ser.
La verdad, en cualquier momento, es la verdad.Y si se prueba que eres inocente, eres inocente.No importa que haya transcurrido seis, ocho odiez años; porque, por encima de todo, la obliga-ción que tenemos los seres humanos es la de re-conocer el error, porque es la única manera demantener la verdad.
No solamente hay un error en el proyecto, sinoun error en el hecho de condenar a quienes soninocentes.
El señor PRESIDENTE.� Puede hacer uso dela palabra el señor Javier Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).�Gracias, señor Presidente.
Comparto totalmente la opinión expresada porel doctor Carlos Ferrero. Creo que el ejemplo quepresentó al comienzo de su intervención lo po-dríamos parafrasear: ¿qué pasa cuando un ase-sor presidencial que tiene mucho poder denun-cia a un periodista por un hecho, y luego de dos otres años se demuestra que este periodista ha dichola verdad pero ha sido condenado y pide una re-visión de su proceso?
Entonces, yo quiero hacerle una pregunta, con elmayor respeto que me merece, al congresistaAnselmo Revilla, autor de esta iniciativa. Él hasido Presidente de la Comisión de Derechos Hu-manos.
Hay un principio fundamental en materia dederechos humanos: la imprescriptibilidad del ejer-cicio de la acción, justamente porque se trata dederechos fundamentales, y el Código ProcesalPenal se refiere al derecho al honor, a la dignidady a la libertad.
¿Y es cierto, congresista Revilla, que esta inicia-tiva legislativa es una ley con nombre propio paraimpedir que la Corte Suprema se pronuncie porel recurso de revisión que ha interpuesto un pe-riodista? O, en todo caso, estamos ante la eviden-cia de que este recurso de revisión en materiapenal es extraordinario.
No lo podemos comparar con la nulidad de cosajuzgada fraudulenta. Los bienes tutelados sontotalmente diferentes. No se puede comparar elderecho a la libertad con, por ejemplo, bienes decarácter patrimonial, como bien lo ha dicho eldoctor Carlos Ferrero.
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Creo que ésta es una nueva doctrina que se estácreando. No se puede decir que la dinámica delderecho en materia penal corre al mismo ritmoque, por ejemplo, en materia civil. Con este cri-terio, invocando la dinámica en materia penal,mañana se van a presentar nuevos elementosconstitutivos del tipo penal de homicidio.
Yo creo que éste es un proyecto de ley que tienenombre propio. A través de este mecanismo in-constitucional �porque creo que vulnera el artícu-lo 103º de la Constitución�, esta ley sorpresaque se va a dar pretende que no se puedan revi-vir hechos o condenas injustas invocando este prin-cipio de la seguridad jurídica. ¿Cómo se puedecontraponer al principio de la seguridad jurídicael derecho a la libertad de un inocente? Eso esalgo elemental que nosotros, los estudiantes dederecho, conocemos en los primeros cursos.
Esta iniciativa legislativa es contradictoria conel propio contenido del dictamen. Se dice que, alno establecerse un plazo para la interposición dedicho recurso, se deja una puerta abierta que im-pide en forma perpetua que una resolución defi-nitiva pueda ser debidamente ejecutoriada, aten-tando contra la seguridad jurídica.
Podríamos aceptar que en materia civil hay queponer plazos. Pero es obvio que los casos que sehan presentado en materia penal se invocan enfunción de este principio de la imprescriptibilidaden materia de derechos humanos.
Entonces, ahora se quiere constreñir a que sola-mente es imprescriptible el ejercicio de este re-curso cuando se invoca el inciso 1) del artículo361º del Código de Procedimientos Penales.
Ello me hace colegir la primera aseveración quehice con respecto a que esto tendría nombre pro-pio cuando se pretende eliminar la posibilidadde que se invoque, por ejemplo, el inciso 5) delartículo 361º del Código de Procedimientos Pe-nales, que dice: "Cuando con posterioridad a lasentencia se acrediten hechos por medio de pruebasno conocidas en el juicio, que sean capaces de es-tablecer la inocencia del condenado"; o sea, cuan-do, después de que una persona ha sido condena-da injustamente, aparecen nuevas pruebas, ya nose va a poder invocar o interponer este recursoextraordinario de revisión, que es totalmentediferente a lo que plantean aquellos que estánescoltando este dictamen.
Por supuesto que este proyecto de ley atenta contrala seguridad jurídica.
La semana pasada se ha aprobado una resolu-ción legislativa para renunciar a la jurisdiccióncontenciosa de la Corte de San José de Costa Rica.
El señor PRESIDENTE.� Tiene usted los cincominutos. Puede continuar.
El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).�Se ha dejado desprotegido al país argumentandoque los fallos que estaba dando la Corte Interame-ricana pretendían liberar a terroristas que hansido condenados y declarados convictos y confesosdel delito por los cuales se les procesó. Y ahora sepretende seguir constriñendo la prerrogativa cons-titucional que tiene todo ciudadano de acudir alórgano jurisdiccional y pedir que anule una sen-tencia que, ante nuevos hechos, es evidente quees injusta e ilegal.
Por eso creo que esta iniciativa legislativa tienenombre propio, y que lo único que pretende esseguir dejando desprotegida a la sociedad antefallos condenatorios que son injustos.
El colega Daniel Estrada me pide una interrup-ción, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE.� Puede interrumpir,doctor Daniel Estrada.
El señor ESTRADA PÉREZ (UPP).� Gra-cias, señor Presidente; gracias, colega Velásquez.
Yo quisiera exhortar, a través suyo, al congresis-ta Revilla para que, debido a los sólidos argumentosque se están exponiendo, asuma la posición querealmente corresponde a quien reconoce que eldebate esclarecedor lleva a comprender que lasideas contrarias son valederas en este caso y tie-nen, quizás, un mayor peso argumental que lasque se han expuesto conjuntamente en el pro-yecto de ley.
Hay algunas otras ideas, señor Presidente. Porejemplo, la figura jurídica de la revisión, por supropia naturaleza, no permite la existencia de unplazo, la preexistencia de un plazo. Y para sermuy breve voy a comparar esta figura con otraque también actúa pro reo: el indulto.
No podría haber un plazo para el indulto, comono lo hay para la amnistía. No se puede decir que,para que sea indultado un reo, el Presidente dela República solamente tiene seis meses desde lafecha de la condena. Eso es imposible; como esimposible que esto proceda con otras figuras, comoel sobreseimiento, por ejemplo.
Por tanto, yo concluyo renovándole esta invoca-ción al señor congresista Anselmo Revilla paraque retire el proyecto.
Gracias, congresista Velásquez.
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El señor PRESIDENTE.� Puede continuar,señor Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).�Para terminar, señor Presidente, quiero decir queel artículo 363º del Código de ProcedimientosPenales establece que el recurso de revisión pue-de interponerse "aunque haya muerto el conde-nado, para rehabilitar su memoria". A eso me que-ría referir cuando dije que este recurso extraor-dinario se ha consagrado con la finalidad decautelar bienes jurídicos que son fundamentales.
En ese sentido, esta iniciativa legislativa preten-de constreñir, reducir, la imprescriptibilidad dela interposición de este recurso extraordinariosolamente al inciso 1) del artículo 361º del Códi-go de Procedimientos Penales, lo que es incons-titucional.
Creo que ello no resiste mayor análisis: tratán-dose de derechos fundamentales, esto no se pue-de comparar con los recursos que se plantean enmateria civil, que tienen que ver con otro tipo debienes que, siendo importantes, no pueden, deninguna manera, atacar derechos fundamenta-les como el honor, la dignidad, la libertad.
Por eso, nosotros queremos exhortar al colegaAnselmo Revilla para que este proyecto vuelva aComisión y que se convoque a enterados en eltema para que den su opinión. Tengo la absolutaseguridad de que en la legislación comparada, enla legislación penal, procesal penal, no hay unanorma igual a la que se pretende aprobar.
Mientras la orientación del mundo jurídico está afavor de ir creando mecanismos o instrumentosjurídicos para proteger los derechos fundamenta-les, acá lo que pretendemos es establecer meca-nismos legales que permitan limitar el ejercicioque tiene todo ciudadano inocente a que se le pue-da resarcir su honor, su dignidad o su libertad.
Por eso, señor Presidente, nos vamos a oponer aesta iniciativa legislativa.
El señor PRESIDENTE.� Por haber sido alu-dido, tiene la palabra el señor Revilla.
El señor REVILLA JURADO (C90-NM).�Muchas gracias, Presidente.
En realidad, la iniciativa legislativa no atentacontra las libertades fundamentales de la perso-na.
Cuando se parte de un criterio político frente aun planteamiento de carácter jurídico, es indu-dable que el análisis es ambicioso. Por eso es que
se dice que atenta contra la libertad, contra ladignidad, contra el honor.
Es una exageración lo que plantea el congresistaVelásquez; o sea, la antípoda de la negación. ¿Porqué? Porque él desconoce el principio fundamentaldel indubio pro reo. La duda favorece al reo; perodentro del proceso, no fuera del proceso.
Por supuesto, este tema me está demostrando elamplio desconocimiento del congresista Velásquezen materia jurídica penal, porque él está plan-teando argumentos políticos frente a argumen-tos de carácter jurídico.
Gracias, Presidente.
El señor PRESIDENTE.� Puede hacer uso dela palabra la señorita Beatriz Merino.
La señorita MERINO LUCERO (GPI).� Se-ñor Presidente: El gran novelista francés ÉmileZola inmortalizó en su carta Yo acuso el rechazoque tiene la humanidad por el hecho de que uninocente permanezca en la cárcel. Precisamente,es el caso mencionado por el congresista RógerCáceres, el famoso caso Dreyfus, que conmovió ala sociedad francesa.
Este proyecto señala �incluso en su propiasustentación� que los derechos humanos sonimprescriptibles. La presunción de inocencia esuno de esos derechos humanos imprescriptibles.Y si un acusado demuestra su inocencia, tiene elderecho de ser absuelto.
El derecho penal se concibió como un freno a losexcesos del poder al momento de imponer uncastigo. Principios como los que se ha menciona-do �la presunción de inocencia, la duda favore-ce al reo, no hay pena ni crimen si no hay ley�son constitutivos del derecho penal.
Yo creo que éste es uno de los peores proyectosque se ha presentado en la historia de este Con-greso y de los Congresos republicanos. Yo creoque ni el Congreso de Leguía ni el Congreso deAlan García, a pesar de todos sus excesos, tienenen su haber el haber liquidado la posibilidad delos inocentes de recuperar su libertad en el Perú.
Yo quisiera reiterar algunos de los ejemplos queha puesto el congresista Carlos Ferrero.
Si alguno de ustedes o alguno de sus familiaresfuese acusado y condenado falsamente por pe-culado, por corrupción, por concusión, y despuésde siete meses o de un año se demuestra que lasentencia se basó en la declaración de un testigoque luego fue condenado como falso en un juicio
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criminal, no podría después de seis meses invo-car el derecho de revisión y tendría que seguirpurgando la condena.
Si alguno de sus familiares fuera acusado por delitocontra la libertad y se descubriera que el verda-dero delincuente es condenado al año siguientede haberse emitido la sentencia, con esta normase impediría que esa injusta condena quede sinefecto.
Esta norma va a perjudicar, en particular, a losperuanos más pobres, que son los que más difi-cultades tienen para acceder a una buena aseso-ría o a un buen abogado.
Si estos ejemplos no son suficientes, pensemosque la ley y la doctrina establecen un conjuntode restricciones para aplicar el derecho de revi-sión.
Si no se da a los ciudadanos la oportunidad deser absueltos de un delito que no cometieronporque no les alcanzó el plazo para poder demos-trar su inocencia y librarse de la injusticia con-tra ellos, entonces se está atentando contra elprincipio básico del derecho penal, que es la pre-sunción de inocencia: nadie es declarado culpa-ble hasta que no se demuestre lo contrario. Pero,sobre todo, se atenta contra un elemental princi-pio moral: no podemos condenar a inocentes.
No podemos, con este proyecto, señalar que en elPerú estamos aprobando el que los peruanos novan a tener acceso a un recurso de revisión des-pués de seis meses.
Parafraseando a un gran peruano, a Basadre, yoles invoco a no convertir en un páramo los dere-chos y la posibilidad de obtener justicia para losperuanos. Yo pido a los congresistas aquí presen-tes un voto de conciencia, esta noche, en un temaque es tan importante como el hecho de que ja-más un inocente debe ser condenado a permane-cer en la cárcel después de que se ha probado suinocencia.
El señor PRESIDENTE.� Puede hacer uso dela palabra la señora Martha Chávez.
La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO(C90-NM).� Señor Presidente: Debo señalar, enprimer lugar, que voy a votar a favor de este pro-yecto. Y lo voy a hacer porque soy respetuosa delas normas democráticas que se viven al interiorde un grupo político �en el caso nuestro, al inte-rior de Cambio 90-Nueva Mayoría�, y que sonlas mismas que deben vivirse en una institucióndemocrática como el Parlamento.
Sin embargo, debo señalar que mi posición per-sonal es contraria a este proyecto.
He expuesto mis razones, pero éstas no han con-vencido a mis colegas de bancada. Por lo tanto,yo debo aceptar esa decisión mayoritaria y de-mocrática de mi grupo. Sin embargo, viviendo�como se vive en mi grupo político� el respetoa la opinión ajena y por la trascendencia de untema que es de suyo debatible �tengo muy enclaro que no es un tema de moral, sino un tematécnico, un tema jurídico�, en el que hay unaserie de argumentos en pro y en contra, mi posi-ción es que más son los argumentos en contradel proyecto.
En primer lugar, creo que el artículo 139º de laConstitución, en el inciso 7), cuando establece laposibilidad de la indemnización por los erroresjudiciales en los procesos penales, no hace otracosa que establecer implícitamente la posibilidaddel recurso de revisión, porque no me imaginootro mecanismo para que pueda establecerse unerror judicial.
El Estado, cuando investiga y castiga un delito,tiene que partir del supuesto de que la personatiene a su favor la presunción de inocencia. En-tonces, es el Estado el que carga con la responsa-bilidad de probar la culpabilidad de la persona.Pero si ese Estado castiga a la persona a pesar deno haber elementos suficientes, entonces estáincurriendo en una conducta que puede conside-rarse como error judicial, y por eso es que cabeque se le asigne una indemnización.
Pero entiendo que también hay argumentos enel sentido de que el recurso de revisión tendríaque estar expresamente señalado para que seaválido o rija, tal como se establece en otras legis-laciones. En nuestra legislación constitucional nolo está, sino que está en nuestra ley ordinaria.
Entonces, mi planteamiento es el siguiente:
Así no esté en la Constitución, ¿no se trata acasode que el sistema jurídico sirva a la justicia antesque a una formalidad? Por lo tanto, así no estu-viera en la Constitución, ¿no es cierto que, al es-tar ello en la ley ordinaria, se le da al ser humanola posibilidad de limpiar su imagen ante sus hi-jos, ante sus seres más cercanos y ante la socie-dad misma cuando ha sido acusado de un delitoinjustamente?
Entonces, aun cuando no estuviera en la Consti-tución, para mí sí está previsto el recurso de re-visión y tendríamos que mantener la norma le-gal que lo permite; y lo permite sin límites, por-que el derecho y la posibilidad de probar su ino-
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cencia luego de haber sido sentenciado no se puedecumplir en seis meses, que es un tiempo dema-siado corto.
Convengo en que mantener abierta permanen-temente la posibilidad del recurso de revisiónimplica riesgos muy ciertos. ¿Por qué? Porquepuede ser que una persona que ha sido condena-da por un tribunal independiente logre luego, poruna serie de artificios o vinculaciones o presio-nes a ese poder, ser declarado inocente; así, porarte de la presión, el que es malo se vuelve bue-no. Sin embargo, ése es un riesgo que debemoscorrer, porque �como lo dice el autor de la ini-ciativa� son pocos los casos en los que se haceuso del recurso de revisión. Entonces, si son po-cos los casos, creo que la sociedad bien podríacorrer el riesgo.
Repito que éste es un tema opinable, un temajurídico y técnico en el que caben argumentos enuno u otro sentido. Por eso, mi pronunciamientova a acompañar a la decisión que, luego de undebate, ha sostenido mi grupo político.
Quiero terminar señalando que no se debe con-fundir la indemnización por los casos de errorjudicial, previstos en la Constitución y que seefectivizan �desde mi punto de vista� en unrecurso de revisión, con aquellos casos en que laspersonas son indultadas; menos aun con los ca-sos de quienes son indultados luego de que laComisión Ad Hoc, creada por el Parlamento y apetición del propio Presidente de la República,hace la recomendación. ¿Por qué? Porque, en esecaso, las personas...
Tengo, señor Presidente, el tiempo de la señoracongresista Luz Salgado.
El señor PRESIDENTE.� Tiene usted los cincominutos, doctora Chávez Cossío.
La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO(C90-NM).� Porque, en ese caso, señor Presi-dente, lo que se está haciendo no es que las per-sonas van a un recurso de revisión. Si ellas sesintieran inocentes, si hubiera elementos proba-torios de su inocencia, obviamente irían por elrecurso de revisión. Pero no están yendo por elrecurso de revisión, sino están yendo por otromecanismo que ha sido creado, según el cual hayuna sensación de inocencia de las personas, loque se vuelca en una recomendación al Presidentede la República.
Entonces, el Presidente de la República, sin darexplicación, ejerciendo el derecho de gracia quela Constitución le concede, puede o no dar el in-dulto recomendado. Pero esto no convierte a esas
personas indultadas en inocentes y, por lo tanto,no les da derecho a una indemnización.
Esto debe quedar muy claro, porque últimamen-te se está tratando de confundir los temas y seestá pensando que a los indultados se les debeindemnizar. Pero ellos son indultados no porquesean inocentes, sino porque el Presidente de laRepública ha querido liberarlos de la sanción yde la sentencia que les ha asignado el Poder Ju-dicial. Ellos no son inocentes. Para ser inocen-tes, tendrían que ser reconocidos como tales porel propio Poder Judicial que los consideró culpa-bles.
Por lo tanto, no confundamos los casos que notienen que ver con el tema que hoy estamos tra-tando. Hoy estamos tratando el tema de la revi-sión, y pienso que no deberíamos modificar lanorma que está prevista en el Código de JusticiaMilitar y en el Código de Procedimientos Pena-les.
Reitero, señor Presidente, que éstas son mis con-sideraciones, pero voy a acompañar con el voto amis colegas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE.� Puede hacer uso dela palabra el señor Máximo San Román.
El señor SAN ROMÁN CÁCERES (I).� Mepide una interrupción la congresista Ana ElenaTownsend, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE.� Puede interrumpir,señora Townsend.
La señora TOWNSEND DIEZ CANSECO(GPI).� Aunque no es el tema de debate ahora,como lo ha dicho Martha Chávez, creo que esimportante señalar que la Comisión Ad Hoc quese creó aquí, aprobada por unanimidad, obedeciójustamente a la imposibilidad de acceso a la jus-ticia que tenían esos centenares de personas;porque muchos proyectos de ley de la oposición yde la mayoría �creo� planteaban una comisiónde revisión de casos a cargo de la Corte Suprema.
Esta revisión se basaba, justamente, en que lostestigos o acusadores de estas personas eran arre-pentidos que no tenían pruebas respecto de lasituación de supuesta culpabilidad de gente �queen su mayoría era analfabeta y campesina� queno tenía vínculos con la subversión, sino que másbien había tenido que enfrentarla. Así, los pro-pios subversivos, utilizando el método del arre-pentimiento, burlaban una ley que tenía otroobjetivo.
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Entonces, lo que quiero señalar es que no pode-mos acusar así a la gente que ha salido libre delas cárceles por obra y trabajo de un represen-tante del Presidente, como Hubert Lanssiers, delDefensor del Pueblo y de diversos ministros deJusticia.
Gracias.
El señor PRESIDENTE.� Puede continuar,señor San Román.
El señor SAN ROMÁN CÁCERES (I).� Se-ñor Presidente: Yo no soy jurista de profesión. Elsentido común es el que me hace expresar mitremenda preocupación por esta iniciativa.
Para nadie es desconocido que en nuestro Perúsolamente se pueden defender los que tienen di-nero. En consecuencia, los pobres, que no se puedendefender, son juzgados siendo, muchos de ellos,inocentes. Ésta es nuestra realidad.
Hace ocho años hasta se provocó un golpe de Estadopara tratar de reformar el Poder Judicial. ¿Y quése ha conseguido? Antes se coimeaba con soles;hoy solamente es con dólares, con verdes. Lo dijoel señor Samalvides, porque conoce ello perfec-tamente.
Entonces, ante esta situación, todos los pobresdel Perú, inocentes, se tendrán que pudrir en lascárceles cumpliendo condenas injustas; a pesarde que, pasados los seis meses, como dijo el con-gresista Ferrero, pueda determinarse su inocen-cia. Esto me parece de lo más injusto, de los másdescabellado.
Y me parece que al señor Revilla, como descono-ce que en el país hay indígenas, hay pobres, pro-bablemente, ese arrebato le hace pensar que ennuestro país hay justicia para los pobres.
Por otra parte, tengo que expresar mi extrañezay mi sorpresa. Yo no sé para qué venimos a deba-tir si previamente, en un plenito, someten, coac-cionan, presionan, obligan el voto. Ya son presasde conciencia, porque saben que es una ley mala;pero, a pesar de que es mala, que es dañina, vana votar a favor de esa ley. ¿Dónde se ha visto?¿Para qué tenemos Congreso? Entonces, aquívienen solamente a calentar el asiento, a escu-char argumentos que, por más técnicos y legalesque puedan ser, al final no les interesan, porqueel acuerdo en el plenito fue apoyar esta ley sinmayor análisis. Supongo que allí no tienen laoportunidad de debatir a profundidad.
Tengo muy poco tiempo, doctora. Ustedes tienencualquier cantidad de tiempo.
A nuestras oficinas se acercan inocentes. Por ejem-plo, en el caso del descuartizamiento de esa agentede seguridad, resulta que, porque suponen queuno de los policías fue el que llamó por teléfono aun periodista, el general ordena que uno de és-tos tiene que aparecer como responsable; y si noaparece ese responsable, todos se van a la baja,así de sencillo. Y como la soga se rompe siemprepor la parte más débil, por el más pobre, por elque no se puede defender, por el que no tienepadrinos, es un suboficial de tercera, de cuarta ode quinta el que tiene, siendo inocente, que pa-gar los platos rotos.
Por favor, si me puede dar dos minutos más.
El señor PRESIDENTE.� Cómo no. Tiene dosminutos más, señor San Román.
El señor SAN ROMÁN CÁCERES (I).� Siendoinocente, este suboficial tiene que cargar con todoel peso de la ley: es separado, pasado a disponibi-lidad; es procesado en el Poder Judicial, no tienelos recursos para defenderse, no tiene los dóla-res para pagar las coimas o para tramitar los jui-cios y, lógicamente, al final termina probablementeencerrado en la cárcel.
Son casos concretos. No los estamos inventando.Es la realidad del país. El Poder Judicial, hoy másque nunca, está más corrompido. Solamente aquelque tiene dinero puede defenderse. Incluso aquellosque tienen mucho dinero salen inocentes. ¿Quié-nes son los que están presos? Veamos la cárcel.
En la cárcel tenemos, afortunadamente, una aso-ciación de pequeños y medianos empresarios. Poreso le puedo decir que está presa gente inocente.Gente que robó una gallina o, de repente, arranchóuna cartera está purgando su condena. A veces,los jueces han sido, lamentablemente, mal in-formados y los han condenado. Por eso, insistoen que esta ley es demasiado peligrosa.
Yo quisiera pedirle al señor Revilla �porque so-mos hermanos de sangre con él�, por esos po-bres del Perú, por esa gente indefensa, por esoscampesinos, que retire este proyecto, porque eneste país no hay justicia; aquí hay arbitrariedad,hay autoritarismo, hay narcotráfico que con sudinero corrompe conciencias.
Nada más, señor Presidente. Gracias.
El señor PRESIDENTE.� Puede hacer uso dela palabra el señor Gilberto Siura.
El señor SIURA CÉSPEDES (C90-NM).�Gracias, Presidente.
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Después de escuchar al inocente congresista SanRomán, vamos a decir algunas...
Me pide una interrupción la congresista MarthaChávez.
El señor PRESIDENTE.� Puede hacer uso dela interrupción, doctora Martha Chávez.
La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO(C90-NM).� Presidente: Agradezco al congre-sista Siura, que no ha tenido el reparo en ceder-me la palabra, ya que el ingeniero San Románfue muy poco cortés.
Debo decir que en nuestro grupo político debati-mos lo temas a fondo. Desafortunadamente, losargumentos que ha planteado aquí la oposición yel mismo ingeniero San Román son temas quenosotros ya hemos debatido.
Nosotros venimos estudiando el proyecto comocorresponde, y no sólo calentamos el asiento, sinocalentamos también la cabeza, porque nos toma-mos el tiempo suficiente como para argumentary contra-argumentar. Desafortunadamente, en laoposición no ha habido elementos nuevos quehagan que mis compañeros de bancada cambiende opinión.
No es que vengamos con una opinión ya formadí-sima e intocable. Prueba de ello es que muchasveces, en el Pleno, hemos modificado textos yhemos aceptado muchas sugerencias. Lo que pasaes que los argumentos que se han dado ya loshemos expuesto nosotros. Por eso es que no sola-mente no calentamos el asiento, sino que ade-más nos demoramos calentando la cabeza, argu-mentando.
Lo que yo he dicho aquí lo he señalado al interiorde mi grupo �todos mis compañeros de bancadason testigos de eso, y he recibido la contra-argu-mentación de otros compañeros�, quizás conargumentos mucho más válidos que los que aho-ra se están exponiendo por miembros de la opo-sición.
Entonces, que no se venga a decir que venimosacá con una posición ya tomada. Sí la tomamos.Ello nos corresponde como grupo político, por-que sino para qué seríamos grupo político. Derepente, en la bancada del congresista que me haantecedido en el uso de la palabra ni siquiera tie-nen espíritu de cuerpo, ni siquiera comparten suspropias opiniones, y cada uno viene acá a soltarlo que quiere. En nuestro grupo, no.
Por eso es que yo me he permitido decir que, apesar de las argumentaciones y las discusiones afondo que hemos tenido en nuestro grupo, se ha
tomado esa decisión y, si somos democráticos,tenemos que aceptar democráticamente la opi-nión de la mayoría. No es que nos sintamos pre-sos. Nos sentimos presos de la democracia, quesí la vivimos muy bien al interior de nuestro gru-po, señor Presidente.
Gracias, congresista Siura.
El señor PRESIDENTE.� Puede continuar,señor Gilberto Siura.
El señor SIURA CÉSPEDES (C90-NM).�Gracias, Presidente.
Efectivamente, no es en la reforma del PoderJudicial, sino en la aplicación de justicia en elPerú en la que, indudablemente, se ha produci-do varias situaciones especiales en esta décadapara conseguir esa justicia.
¿Qué mayor injusticia que la que hoy se ha podi-do superar con la captura de uno de los dirigen-tes del terrorismo? Y no es para sonreír. Sí seríainocente sonreírse de aquel que ha sido captura-do, que es uno de los más grandes asesinos en elPerú.
El que sonríe es ignorante o es insensible, queno se da cuenta de que miles de sus propios her-manos han sido muertos por gente asesina comoésta en los Andes del Perú. No eran, como diríaun ex Presidente de la República, solamente cam-pesinos o personas que robaban a sus vecinos yque eran considerados como simples abigeos.
Por ejemplo, las decisiones para luchar contra elflagelo del terrorismo, ¿quién las tomó? ¿A quégrupo político se le puede aludir? Éste es el tema.Este proyecto de ley tiene un propósito, y es unode los puntos donde queremos encontrar justiciaen el Perú.
Por supuesto, ha habido errores que corregir. Porsupuesto que la Ley de Arrepentimiento provocóalgunos excesos, algunos errores que, de repen-te, pasaron desapercibidos; pero inmediatamen-te se corrigió con esa ley de la Comisión de indul-tos. ¿De quién fue la iniciativa? ¿Acaso no fue dela mayoría y no fue del Gobierno Central?
¿Por qué salen los presos con esa Comisión deindultos? ¿Por inocentes? ¿Acaso no se dice tex-tualmente que es por insuficiencia de pruebas?Como bien dijo la congresista Martha Chávez, ésaes una de las razones por las que es discutible laindemnización a la que se refiere nuestra legis-lación.
Pero hoy tenemos que buscar la manera de en-contrar mayor justicia. Y esta revisión extraor-
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dinaria, al limitarla a un plazo, significará quetodas aquellas posibilidades de revisión que ex-cedieran de este plazo tendrían que tener otrainstancia. Ello será así cuando se trate de situa-ciones excepcionales en las que haya una eviden-te prueba, como las que se ha mencionado, y queindudablemente deben tener asidero para hacerjusticia. No se puede cerrar la página del libro dela búsqueda de la justicia en el Perú.
Creo que tendremos que ir a otra instancia, por-que yo mismo no estaría de acuerdo si solamentenos quedamos en esta instancia. Pero sé que migrupo político sigue buscando justicia en el Perúy trata de evitar, precisamente, las injusticias; yno por inocentes, porque inocencia sería quedar-se quieto y no seguir avanzando en este procesode democratización en nuestro país.
Por ello, señor Presidente, apoyaré este proyec-to.
Gracias.
El señor PRESIDENTE.� Puede hacer uso dela palabra el señor Máximo San Román, por ha-ber sido aludido.
El señor SAN ROMÁN CÁCERES (I).� Se-ñor Presidente: Evidentemente, aquel que tratade seguir las instrucciones de sus superiores y tratade convertirse en un relator de ellos mismos�incluso inventando el autosecuestro, la autoeli-minación� no tiene ninguna autoridad moral parallamar la atención con respecto a que los inocen-tes están purgando condena en la cárcel.
El hecho es que no se quiere ver que en nuestropaís el Poder Judicial no hace justicia, a pesar deque desde hace nueve años está reformándose.El Poder Judicial está intervenido por el Ejecuti-vo, cumple estrictamente las órdenes �así comoel Congreso, doctora Martha Chávez� de esacúpula que nos maneja, incluso al señor Fujimori.
Gracias, Presidente.
El señor PRESIDENTE.� Puede hacer uso dela palabra el señor Oscar Medelius.
El señor MEDELIUS RODRÍGUEZ (C90-NM).� Gracias, Presidente.
En primera instancia, tendríamos que señalar queel tema que estamos tratando �recurso de revi-sión o acción de revisión� se aplica luego de ha-ber sido sometido un procesado a un trámite or-dinario o sumario, dentro de lo que es la justiciapenal, con todas las garantías que establece elartículo 2º de la Constitución, así como el artícu-lo 139º de la Carta Magna.
Hemos podido escuchar, de distinguidos señorescongresistas, que se establece como principio cons-titucional que sólo son infractores de la ley penallos culpables del ilícito. Eso es erróneo. El prin-cipio al cual se hace referencia no está estableci-do en la Constitución. Los principios más cerca-nos podríamos establecerlos en el debido proce-so, previsto en el inciso 3) del artículo 139º de laConstitución, y en el de no ser penado sin proce-so judicial, previsto en el inciso 10) del mismoartículo. El primero supone la observancia de losprincipios generales del proceso y su seguimien-to regular, y el segundo se sustenta en el derechode defensa de la contradicción.
El segundo tema con relación a este mismo prin-cipio argüido, supuestamente constitucional, esque se ha hecho referencia a un elemento consti-tutivo de la estructura intrínseca de las normasjurídicas �en este caso, del derecho penal� queno llega a ser un principio constitucional. El re-curso de revisión no tiene consagración constitu-cional, a diferencia de la cosa juzgada.
En cuanto a que la Comisión Ad Hoc sobre in-dultos a terroristas tiene su amparo en el recur-so de revisión, queremos afirmar que ello no esasí, pues su sustento se encuentra en el artículo118º, inciso 21), de la Constitución.
Igualmente, se señala que todas las Constitucio-nes extranjeras establecen el recurso de revisión,lo cual abona a que en el Perú tiene rango cons-titucional. Si la acción de revisión no está previs-ta constitucionalmente como una excepción alprincipio de cosa juzgada, debe concluirse que noes posible que los tribunales la tramiten.
Asimismo, se ha señalado que existe el recursode revisión al haberse establecido la indemniza-ción por errores judiciales. Lo cierto es que elrecurso de revisión carece de regulación consti-tucional, por lo que debe hacerse una construc-ción a partir del inciso 7) de artículo 139º, queprevé la indemnización por errores judiciales. Sinembargo, debemos recordar el principio de com-petencia, que, como principio básico, postula quetoda interpretación debe hacerse dentro del sen-tido literal de la ley o de la Constitución. En estadirección debe promulgarse lo establecido en eltexto expreso de la Constitución �cosa juzgada�sobre lo que no tiene previsión, que es el recursoo acción de revisión.
Se ha señalado que el recurso de revisión tieneconsagración en todos nuestros ordenamientosprocesales a partir del siglo pasado. Sobre el tematendríamos que señalar que es a partir de 1920que ello se incorpora, y fue promulgado en el Códigode Procedimientos en Materia Criminal.
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Habría que dejar constancia de que en el proyectodel nuevo Código Procesal Penal sí se establece queel recurso de revisión debe alcanzar igualmente alas sentencias absolutorias. En este tema debemosrecordar que la Convención Interamericana deDerechos Humanos proscribe en forma directa elhecho de que pueda interponerse recurso de revi-sión contra sentencias que han tenido la conside-ración de cosa juzgada y en las que se haya absueltoa personas que hubiesen sido procesadas.
Se ha citado los textos constitucionales, mas nolos códigos procesales; efectivamente, porque acálo importante era dejar constancia que en la Cons-titución debía preverse y establecerse en formaexpresa la necesidad de que exista el recurso derevisión o acción de revisión.
A partir de esta construcción, también se señalóque debían derogarse todos los artículos de re-curso de revisión por inconstitucionales. Sobreel tema, debemos precisar que estamos dando,básicamente, una forma de recurso al aspecto derevisión, lo cual es distinto a la acción de revi-sión. El recurso sí requiere un período dentro delcual debe ejercerse.
Pasamos al punto ocho.
Se ha mencionado, igualmente, que esta ley po-dría tener nombre propio, con referencia a unrecurso de revisión interpuesto por el señor Zileri.Sobre el tema, tendríamos que señalar que ellono es procedente, puesto que el recurso de revi-sión, al haber sido ya interpuesto, no tiene nadaque ver con la normatividad, que funciona haciaadelante. La norma no tiene efectos retroactivos.
Igualmente, se señala que la costumbre es fuen-te de derecho constitucional. El derecho públicoexige que los institutos jurídicos sean estableci-dos en forma expresa; razón por la cual no pode-mos señalar que la costumbre puede estar sobrela Constitución.
Luego se señala que sólo el recurso de revisiónpermite modificar la cosa juzgada e indemnizarlos errores judiciales. Existen otros medios, comoel indulto. Y la ley para reparar errores judicialesse encuentra en el Código Procesal Civil, bajo eltítulo de responsabilidad civil de los magistrados.
A partir de esto, Presidente, la Comisión de Jus-ticia reitera el texto del proyecto de ley que he-mos sometido a consideración de su Presidencia,y dejamos a la decisión del Pleno del Congreso laaprobación del texto debatido esta noche.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE.� Les pedimos, señorescongresistas, que presionen cualquiera de los tresbotones a fin de poder establecer la asistenciapara esta votación. Les pedimos verificar que seencuentre encendida la luz respectiva. Hay par-lamentarios que a pesar de nuestra indicaciónno lo hacen, y luego piden que se deje constanciade su voto.
Pido a los parlamentarios que se encuentran pre-sentes que presionen el botón, aunque luego seabstengan o no voten; pero ello es necesario parapoder establecer la asistencia.
Estamos demorando unos segundos porque seestá determinando qué congresistas están de li-cencia y saber si tenemos el quórum para podervotar.
�Los señores congresistas registran su asis-tencia mediante el sistema electrónico paraverificar el quórum.
El señor PRESIDENTE.� Estamos presentes72 señores parlamentarios.
Recuerden que se tiene que tomar en cuenta alas personas que están presentes en la Sala. Enconsecuencia, somos 72 señores parlamentarios.
No se toma en cuenta el que un parlamentario seniegue a presionar el botón. Ya estamos en plenavotación.
Los señores parlamentarios se servirán emitir suvoto levantando la mano. Se va a votar.
�Efectuada la votación, se aprueba, conun voto en contra, el proyecto de ley quemodifica el inciso 5) del artículo 361º delCódigo de Procedimientos Penales y el in-ciso 4) del artículo 690º del Código de Jus-ticia Militar.
�El texto aprobado es el siguiente:
"El Congreso de la República;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 361º DEL CÓDI-GO DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y 690º DEL CÓ-
DIGO DE JUSTICIA MILITAR
Artículo 1º.� Modificación del Código deProcedimientos Penales
Modifícase el artículo 361º, inciso 5) del Códigode Procedimientos Penales y adiciónase en la partefinal un párrafo en los términos siguientes:
2375
�Artículo 361º.� La sentencia condenatoria esrevisada por la Corte Suprema, cualquiera quesea la jurisdicción que haya juzgado o la pena quehaya sido impuesta:
[...]
5. Cuando con posterioridad a la sentencia seacrediten hechos por medio de pruebas idóneasy pertinentes no conocidas en el momento deldesarrollo del proceso, que sean capaces de esta-blecer la inocencia del condenado.
El plazo para interponer el recurso de revisiónes de seis meses contados desde que quedaejecutoriada la sentencia, salvo para lo estableci-do en el numeral 1. del presente artículo en quepodrá interponerse en cualquier momento.�
Artículo 2º.� Modificación del Código deJusticia Militar
Modifícase el artículo 690º, inciso 4) del Códigode Justicia Militar y adiciónase en la parte finalun párrafo, en los siguientes términos:
�Artículo 690º.� Sólo procede el recurso de revi-sión en los casos siguientes:
[...]
4. Cuando se descubra un hecho o un documentoidóneo y pertinente no conocido en el momentodel desarrollo del juicio capaz de establecer la
inocencia del condenado; y
[...]
El plazo para interponer el recurso de revisiónes de seis meses contados desde que quedaejecutoriada la sentencia, salvo para lo estableci-do en el numeral 1. del presente artículo en quepodrá interponerse en cualquier momento.�
Comuníquese, etc."
El señor PRESIDENTE.� Se va a someter ala consideración de los señores parlamentariosel exonerar de la aprobación del Acta todos losacuerdos de la presente sesión.
�Se acuerda tramitar los asuntos tratadosen la presente sesión sin esperar la aproba-ción del Acta.
El señor PRESIDENTE.� Se suspende la se-sión hasta el día de mañana a las 09 horas y 30minutos.
Mañana se dará trámite a cualquier cuestión deorden.
�A las 00 horas y 50 minutos, del día jue-ves 15 de julio de 1999, se suspende la se-sión.
Por la Redacción:Carlos Humberto Camba Barreto.
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