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1. Participación de la Comunidad EducativaLa Constitución garantiza que los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervengan en el control y la gestión de todos los centros sostenidos con fondos públicos. Este mandato constitucional contiene un papel ac-tivo de la comunidad escolar para intervenir en el control y la gestión de los centros y no uno pasivo consistente en ser solo informada y consultada. Se ha venido concretando en la figura del “Consejo escolar de centro”, pero los cambios que introduce la actual Ley Orgánica de en sus atribuciones lo han vaciado de contenido, perdiendo sus funciones neurálgicas y delegando el órgano a un plano meramente consultivo.

1.- Se está construyendo un modelo que externaliza el gobierno de los centros hacia unas direcciones cada vez más foráneas despojando de competencias decisorias a los consejos escolares, como si participación y gestión fuesen conceptos antagónicos, como si la autonomía de los centros incomodara a unos nuevos gestores que se dibujan cada vez más autónomos de los centros. La autonomía de los centros debiera residir en su comunidad educativa.

2.- Es necesario, en primer lugar recuperar las facultades decisorias de los consejos escolares sea promoviendo la derogación de la ley, apoyando los eventuales recursos sobre su inconstitucionalidad o presionando sobre las Administraciones educativas para reconducir su aplicación. El interés coincidente con el de los otros sectores de la comunidad educativa aconseja actuaciones conjuntas. Tienen que ser los máximos órganos de gobierno de los centros con competencias para elegir al Director o Directora.

3.- En el contexto de la vigente ley orgánica, el incremento la capacidad gestora de la dirección de centros en la regulación de las relaciones laborales genera un desequilibrio y una asimetría muy importante puesto que el pro-fesorado no cuenta, en el marco del centro de trabajo, con una capacidad de representación efectiva para po-der negociarlas. Debemos generar modelos de participación que lo garanticen. Es una opción coherente con una gestión de centro democrática y participativa.

4.- La participación activa de las familias en el proyecto educativo y su implicación en la toma de decisiones mejora sustancialmente el proyecto educativo común de los centros. Por tanto, hay que establecer meca-nismos que garanticen esa participación.

5.- La participación debería extenderse más allá de los órganos formalmente establecidos (AMPAS o Consejos Escolares), favoreciendo en sentido amplio una cultura de la participación en el centro educativo que promue-va más y mejores vínculos entre los docentes y las familias de forma integrada, y no añadida. Resulta una alian-za clave y estratégica para el aprendizaje y el éxito escolar. La relación entre docentes, familias y alumnos debe construirse y sostenerse en el marco de la equidad y el éxito para todxs.

6.- Reducir la participación institucional de la comunidad educativa a su presencia en unos consejos escolares, hoy, además, con facultades decisorias en entredicho, es abandonar la pedagogía de la participación y las otras even-tuales maneras de concretarla, en función de cada centro y situación, que abre nuestro modelo. Defendemos una participación activa tanto institucional como territorial, en la media en que son activos los diversos sectores y orga-nizaciones que nos representan. No debería olvidarse en ningún momento la vertiente asociativa de la participación.

7.- La participación de los sectores afectados en la educación más allá de los centros la está actualmente focali-zada en la programación de la enseñanza. Este mandato debe ser efectivo y real. La supresión en la LOMCE de la

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participación de las corporaciones locales y de los agentes económicos y sociales en la programación de la forma-ción profesional, o la supresión en la LRSAL de la participación en la programación de la enseñanza como compe-tencia propia de los municipios son dos decisiones que chocan frontalmente con el mandato del artículo 27.5 de la Constitución. La importancia de la programación de las enseñanzas para una mayor racionalidad y equidad del sistema obligan a estar atentos y a forzar la participación en los ámbitos donde se realice la programación.

8.- La participación territorial no debiera ser una suma de las participaciones en los centros ni debiera limi-tarse a la programación. La comunidad escolar en un sentido más amplio, integra personas, entes locales, empresas, instituciones y organizaciones que, de alguna manera, intervienen en los procesos educativos del territorio. La articulación educativa del territorio permite aprovechar las potencialidades educativas de su te-jido e incidir en los procesos educativos que exceden de la escuela.

2. Autonomía EscolarLa autonomía es la capacidad del centro y su comunidad educativa para organizarse, poner en marcha y desa-rrollar proyectos educativos de centro participativos y democráticos, conectados a su entorno próximo donde la equidad sea el elemento definitorio de la relación de todos los agentes que intervienen en la vida escolar y la ges-tión del centro, que asegure una educación de calidad y una ciudadanía libre.

Desde instancias internacionales como la OCDE han planteado la autonomía escolar como una de las pa-naceas de la calidad educativa, pero desvinculada del modelo educativo o vinculada a un modelo de des-regulación y privatización. La autonomía de los centros educativos debe contemplarse relacionada al mo-delo educativo y de centro que queremos y necesitamos.

Un modelo de centro donde:

• La educación prima sobre la instrucción.

• La producción de cultura y conocimiento prima sobre la reproducción y la transmisión de valores culturales.

• Donde la identidad y la diversidad priman sobre la uniformidad.

• Y donde la proximidad y la adecuación al entorno priman sobre la dependencia a instancias superiores.

Precisamos de un modelo de centro educativo concebido como institución de carácter social que interviene en su territorio para modificar de forma creativa el contexto formando personas libres, críticas y creativas.Para poder desarrollar estas funciones, la escuela ha de ser autónoma, para responder con rigor y eficacia al contex-to social y territorial donde actúa. Y para que esta autonomía sea creíble y eficaz precisa de tres elementos claves.

• Un proyecto propio y el liderazgo para ejecutarlo.

• Una adecuación al territorio y un proyecto compartido con otros agentes educativos especialmente les familias.

• Unas estructuras democráticas que garanticen participación e implicación comunitaria.

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Desgraciadamente las administraciones educativas no lo entienden así y generan discursos y practicas muy contradictorias.

Las administraciones educativas en general entienden la autonomía como traslado de sus responsabilidades, como desregulación, mientras no dejan de dictar órdenes, resoluciones y decretos que encorsetan la acción edu-cativa en los centros. Pretenden dar a los centros toda la responsabilidad en los éxitos y fracasos de la educación pero no dejan de programar y proyectar burocracia.

La autonomía de los centros no puede convertirse en una coartada para ocultar la inactividad, la falta de ideas y de las directrices que deben ofrecer las administraciones educativas en el marco de su responsabilidad.

En la mayoría de los centros educativos hoy se incorporan acríticamente todas las orientaciones y se genera un desa-nimo por el tiempo perdido en procesos burocráticos innecesarios. Hay que combatir la pasividad y la carencia de crí-tica instalada en muchas instancias y sectores de la educación, y transformar en acción y reivindicación el malestar. 1.- Los centros tienen que ser capaces de gobernarse por sí mismos y de generar, a la vez, una red estable de colaboración con otros centros. Una red que genere masa crítica suficiente para afrontar las cuestiones más complicadas de gestión, organización y proyecto educativo. Una red que enlace con las nuevas tendencias de investigación universitaria en creación y difusión de conocimiento. Es una de las maneras de romper las rutinas.

2.- La administración está cortando las alas a formas de innovación en el gobierno de los centros formando direc-tivos con un concepto determinado de dirección con carácter gerencial y poca pedagogía educativa.  Las cuali-dades personales y la formación para ejercer los cargos directivos de los centros se confunden con el modelo. Es preciso reconocer la importancia del liderazgo pedagógico de los equipos directivos. 3.- El gobierno de los centros educativos no puede separar los temas de autonomía pedagógica y educativa de la gestión, de la economía, del personal. En todos estos ámbitos se debe desarrollar la autonomía.

4.-Configurar equipos de trabajo sólidos es una necesidad por la mejora educativa de los centros. Se precisan cambios importantes en la gestión de personal, y hay que establecer formas de ejercer la autonomía de manera compartida sin que nadie se desentienda de su responsabilidad.

5.- En el contexto de la crisis actual debemos aprender a responder nuevas preguntas, y desde la escuela aisla-damente esto no será posible. Se tiene que recuperar la conexión ciudadana. Hay que construir redes de relación y de trabajo conjunto entre los actores educativos y culturales del territorio, crear espacios integrales de relación y aprendizaje. El futuro pasa para dar más cohesión, colaboración y complicidad a los diferentes actores que configuran e intervienen en los procesos educativos.   6.- La escuela tendría que ser más asociativa, más cooperativa. Aceptemos un cierto grado de burocracia pero no más de la imprescindible, aquella burocracia que garantice los derechos para toda la ciudadanía.

7.- Debemos hacer posible la escuela asociativa, la escuela democrática que se configura más allá de los órganos de gobierno formales, que implica a toda la comunidad en el trabajo y las decisiones y establece complicidades para construir educación transformadora entre todos. 

8.-La escuela no puede considerarse como un patrimonio o propiedad de nadie. El centro debe ser ges-tionado por un órgano que incluya la representación de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos democráticamente: el Consejo Escolar. Tendrá competencias decisorias y capacidad para elegir y revocar al Director o Directora. Todos los sectores tendrán la posibilidad de organizarse democrática-mente y de elegir sus representantes, con plena libertad de reunión en el centro.

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En el ámbito universitario, teniendo en cuenta el actualizar contexto de cambio de modelo, progresiva mercantilización del espacio universitario y ataque a los derechos sociales y laborales, desde la FECCOO entendemos que se hace más necesario aún reforzar el carácter de servicio público del sistema universitario evitando las tendencias privatizadoras.Más que nunca hace falta poner el conocimiento al servicio de la ciudadanía. Hace falta poner en valor la exten-sión universitaria, favoreciendo ofertas, encuentros, dentro del ámbito universitario en los que se debata, estudie, desarrolle y difunda el pensamiento artístico, cultural y social del entorno de la Universidad.

Tal como se ha demostrado a lo largo de la historia, este objetivo requiere:

• Mantener y actualizar el concepto de Autonomía Universitaria, derecho constitucional, como garantía de su independencia frente a intereses ideológicos, políticos o económicos.

• A la vez, hace falta reforzar su compromiso social, de manera que la universidad se corresponsabilice del uso del conocimiento, con el objetivo de que influya en el desarrollo de su entorno y el bienestar de la ciudadanía.

• Comprometer a la comunidad universitaria en el desarrollo de una Universidad por la paz: eliminando titulaciones conducentes a fines militares, eliminando de las partidas de I+D+i de los diferentes presu-puestos públicos los recursos dedicados a la investigación, desarrollo y fabricación de armamento.

Ello nos obliga a, por un lado, detectar y proponer que se corrijan las insuficiencias y lagunas en algunos proce-sos y, por otro, analizar las nuevas demandas sociales y adaptarlas a nuestro modelo universitario.Hemos de tener en cuenta que hoy en día la ciencia se ha convertido en una fuerza directa de producción, culminan-do un proceso iniciado en la revolución industrial. Actualmente, la sociedad, y en particular el tejido productivo, consi-deran la universidad como un elemento imprescindible para su desarrollo. Por lo que la universidad ha de ser, además de una institución académica de calidad, también un agente para el desarrollo equitativo y sostenible de su entorno.Estas nuevas demandas sociales significan para el sistema universitario nuevos objetivos:

• Universalizar la educación superior (profesional o universitaria) de la cohorte juvenil.

• Facilitar el acceso universal a la formación más allá de las titulaciones de grado, extendiendo la igualdad de oportunidades a los niveles superiores (másteres y doctorado) y al ejercicio profe-sional vinculado a las tareas de I+D.

• Facilitar el acceso a los servicios docentes de las otras cohortes (educación a lo largo de la vida, reci-claje profesional, segundas titulaciones ) mediante itinerarios flexibles, docencia semipresencial

• Potenciar el papel de ésta como un factor determinante en la salida productiva, avanzando en la forma-ción, el conocimiento y la aplicación al desarrollo. Para ello hace falta una definición clara, dentro del papel de servicio público de enseñanza superior, de las funciones de la universidad y redimensionar las infraestructuras y estructuras universitarias.

En el ámbito de la investigación y de la transferencia de sus resultados, colaborar en la transformación de nues-tro sistema productivo hacia un modelo basado en el conocimiento. Eso significa que la Universidad debe supe-rar la concepción del investigador movido exclusivamente por su curiosidad y asegurar que el conocimiento no se convierta en negocio o beneficio privado, estableciendo mecanismos para garantizar que la transferencia de conocimiento sea de dominio público, de pública disponibilidad y no un negocio privado.

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Este reto ha de ser compatible con el mantenimiento de la investigación básica, de la orientada a los movimien-tos sociales o, más en general, de la de resultados no directamente comercializables (por razón de naturaleza, de capacidad adquisitiva de los destinatarios ).Por otra parte, la universidad ha de recuperar el papel de referente científico en los debates políticos de interés social y en la defensa de los valores democráticos, sobre la base de rigor intelectual y de espíritu crítico. Por ejemplo, pro-porcionando bases rigurosas a partir de las cuales optar entre las diferentes alternativas y aportando argumentacio-nes de carácter científico en la promoción de políticas transversales como la igualdad de género, la cultura de la paz

Todos estos cambios deberemos exigir que sean compatibles con un modelo de relaciones laborales mu-cho más democrático y participativo que tenga en cuenta los derechos de todos los trabajadores de las instituciones de educación superior.

Por ello se hace necesario y urgente revertir los recortes y recuperar los derechos que nos han arrebatado. De-bemos reivindicar el Estatuto del Personal Docente e Investigador, negociado y acordado, erradicar la precarie-dad y avanzar hacia una homologación de las retribuciones del PDI y del PAS con los países de nuestro entorno.

Igualmente es necesario reforzar la democratización de la universidad. Los argumentos que se utilizan para cuestionar la eficacia, agilidad y flexibilidad del gobierno democrático son falsos. Existen muchas for-mas de gobierno en las universidades de todo el mundo y no hay ningún estudio que demuestre que unas son mejores que otras para conseguir una universidad pública de calidad.

Para poder hablar del gobierno del SUE con rigor, lo primero debe ser clarificar la distribución de competencias de las diferentes administraciones y/o las universidades. Se deberían determinar qué decisiones y responsabili-dades corresponden a las administraciones central y autonómica y cuáles a la misma universidad, distribuidas estas entre el Consejo Social y la comunidad universitaria.

Las responsabilidades de las administraciones deberán tener en cuenta, por una parte, la demanda de los dife-rentes sectores sociales y, por otra, las propuestas y opiniones de la propia comunidad universitaria.

Las administraciones, en función de sus competencias, tienen la responsabilidad de:

• La determinación de un modelo universitario y sus objetivos generales.

• La planificación y coordinación general del mapa universitario (de docencia e investigación, que inclu-ye la asignación de objetivos específicos en cada universidad, las directrices generales para las titu-laciones con atribuciones profesionales y la priorización de los ámbitos estratégicos de investigación.

• La dotación de recursos a las universidades para poder alcanzar objetivos con una calidad adecuada.

• La evaluación de los niveles de consecución de estos objetivos.

• Las condiciones de acceso de los estudiantes y el régimen de becas y ayudas para garantizar la igual-dad de oportunidades.

En general, deben velar para que sean satisfechas las demandas sociales y se respeten los principios generales de servicio público, equidad, cooperación, etc.

Una vez aclarada la distribución de competencias entre las diferentes administraciones y/o las universidades po-dríamos entrar a analizar el papel de los actores principales en el ámbito universitario.

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Los Consejos Sociales.Han de recuperar su función original de nexo entre la universidad y la sociedad. Por una parte, haciendo llegar a la universidad las inquietudes y necesidades sociales, valorando las posibilidades de la universidad para satisfa-cerlas. Y, en sentido contrario, como principal canal de rendición de cuentas de resultados y objetivos adquiridos.

Hay que dotarles de mayor dedicación e infraestructuras específicas, para la realización de otras tareas, tales como la ratificación de los acuerdos de los Consejos de Gobierno y la supervisión de la gestión eco-nómica de la Universidad.

Respecto a la gestión económica, la experiencia demuestra que hace falta reforzar los mecanismos de con-trol presupuestarios y rendición de cuentas, deberíamos plantearnos la necesidad de que los organismos de control dependiesen directamente del Consejo Social.

Igualmente deberían tener las herramientas necesaria para garantizar la transparencia de la universidad y la rendición de cuentas a la sociedad.

Las atribuciones de la comunidad universitaria.Además de las tareas referidas a la capacidad de presentar propuestas a las administraciones educativas, aten-der y rendir cuentas al Consejo Social , corresponden a la comunidad universitaria las decisiones de carác-ter académico y de organización interna, como:

La organización docente (materias, metodología ).

La organización de la investigación (grupos de investigación, colaboraciones ).La asignación de tareas (docencia, investigación, gestión) a cada miembro del personal.

La cooperación con otras universidades.

Respecto a la gestión económica, la experiencia nos demuestra que hace falta reforzar los mecanismos de control presupuestario por parte de las administraciones educativas.

Igualmente sería necesario dar más relevancia a los órganos de representación de los trabajadores como órganos de control de la gestión económica y de personal. Es necesario reforzar los derechos de informa-ción y consulta de los trabajadores recogidos en la legislación laboral.

Una vez delimitadas las atribuciones y responsabilidades de la comunidad universitaria en sentido estricto (PDI, PAS y estudiantes), la segunda gran disyuntiva es cómo organizar internamente la toma de decisiones y su aplicación.

El gobierno interno basado en la corresponsabilización.Las universidades pueden ser altamente eficaces si se gobiernan compartiendo, más que imponiendo. Por autoritas más que por potestas.

Los esfuerzos empleados en conseguir la corresponsabilización del personal se ven sobradamente recom-pensados en la aplicación de las decisiones. Y en cualquier caso, no hay alternativa eficaz, ya que tanto las injerencias externas como la jerarquización interna resultan contraproducentes.

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Electividad de los cargos, colegialidad de las decisiones.Dos herramientas imprescindibles para conseguir esta corresponsabilidad son la electividad de los cargos y la colegialidad de las decisiones. En la elección de los órganos debería garantizarse una participación más democrática del personal de las universidades.

La experiencia demuestra que estos mecanismos pueden ser altamente operativos si se organizan y temporali-zan adecuadamente. Por el contrario, resultan inútiles tomados a título individual, más aún si es por alguien que no tiene el suficiente reconocimiento por parte de la comunidad.

La corresponsabilidad, necesaria en toda organización de profesionales, lo es aún más en la universidad, donde la in-novación en docencia, la creatividad en la investigación, la eficacia en la gestión y el rendimiento académico depen-den de la actitud y el convencimiento de sus integrantes y donde precisamente se pretende educar en estos valores.

Articulación de la negociación colectiva y democratización de las relaciones laborales.En el ámbito laboral unas relaciones laborales modernas son las que permiten que las universidades y los traba-jadores afronten los nuevos retos, cambios organizativos, etc. desde la regulación política del conflicto, lo que facilita, aunque no garantiza, el consenso social, en la medida que son tenidos en cuenta los intereses de todos.

Es necesario recuperar y reforzar la negociación colectiva desde la autonomía y responsabilidad de los interlocu-tores sociales en el ámbito universitario.

La articulación de la negociación colectiva debe ir ligada a la distribución y clarificación de las competencias en-tre administraciones y universidades.

La participación de los estudiantes.Resulta poco operativo que la representación de los estudiantes se canalice exclusivamente a través de los órganos de gobierno, más aún si se contemplan los nuevos perfiles de estudiantes, como los semipresen-ciales, los de formación permanente

Convendría proponer que se estableciesen canales complementarios de interlocución directa entre los estudian-tes y los equipos directivos en cada caso.

Por otra parte, tan importante como la participación institucional es fomentar el asociacionismo del estu-diantado (cultura, deporte, cooperación ), que también forma parte de su formación como persona activa e integrada en la vida ciudadana…

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3. Lxs profesionales de la educaciónEl oficio de educar está sometido a una constante reconversión. Un profesional implicado en la responsabilidad de garantizar una oportunidad real de aprendizaje y progreso a cualquier persona tiene que ser competente para conocer, comprender y afrontar las diferentes diversidades que presenta el alumnado, para relacionarse e integrar estratégicamente el proceso de enseñanza aprendizaje todos los elementos y agentes educadores que tienen un impacto determinado, para saber identificar y dar prioridad, en cada momento, a lo que es real-mente importante enseñar y aprender y a las condiciones necesarias para ello, para dominar los instrumentos y las técnicas más eficaces y que conecten mejor con la realidad de lxs alumnxs En realidad, la competencia esencial es estar preparadx constantemente, al menos, para todo eso y poderlo llevar a cabo en el marco de una organización escolar que no siempre lo facilita. Hoy educar es una tarea muy cualificada que requiere de una alta inversión emocional y donde la colaboración, la innovación y el liderazgo son variables constantes.

¿Y cómo preparamos a las personas para que sean competentes para educar? ¿Qué recursos y condiciones son necesarias para que un profesional sea y pueda ser realmente competente? ¿Cómo las garantizamos? ¿Es hoy la profesión docente capaz de atraer a las personas más cualificadas? Obviamente no hay respuestas sim-ples y avanzar en ellas no es tarea fácil, sobre todo en un contexto de recortes presupuestarios espectacular-mente agresivos con la educación que han sometido al sector a una espiral de precarización sin precedentes y donde los esfuerzos se centran inevitablemente en recuperar lo perdido.

El actual gobierno se ha caracterizado por un menosprecio absoluto de la negociación colectiva y un incum-plimiento sistemático de las condiciones de trabajo pactadas, destruyendo, en cuestión de meses, más de 30 años de esfuerzo social y sindical para dignificar una educación de calidad.

Además del docente de todos los niveles educativos, todos los sectores profesionales se han visto afectados. En el sector de los servicios educativos, administrativos, complementarios y de apoyo a la docencia y la inves-tigación, fundamentales en ámbitos como el apoyo educativo para la inclusión del alumnado, la educación in-fantil o superior la aplicación de la contrarreforma laboral y las sucesivas restricciones en las ofertas de empleo público han degradado la cantidad y calidad de este servicio indispensable.

El sector privado y socioeducativo, además, se encuentra actualmente asfixiado por la reducción de sus princi-pales fuentes de financiación; bien por la restricción en los presupuestos públicos, bien por las dificultades para conseguir crédito, bien por la reducción en la demanda de unos servicios que cada vez cuestan más de pagar.

Este es el contexto y es importante situarlo para comprender y conocer la situación de partida.

1.- Los docentes aprenden de otros docentes. La docencia es una tarea colaborativa. La existencia de un espacio para que los docentes colaboren, reflexionen, compartan y preparen sus tareas es una condición directamente relacionada con la calidad de la enseñanza. Nuestra organización escolar y universitaria no permite que se desarrollen ese tipo de experiencias eficaces, por lo que solo se dan de forma voluntaria y marginal, cuando debería ser una de las principales tareas profesionales, básicas para el desarrollo del pro-yecto de centro. Debería contar con una asignación horaria adecuada.

2.- La creencia de que más horas de aprendizaje implican directamente más aprendizaje es una falacia que no se apoya en ninguna evidencia empírica disponible. Sin embargo si hay datos solventes que demuestran la eficien-cia de dedicar menos horas al aprendizaje con profesionales mejor preparadxs. La cualificación de lxs profesio-

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nalxs es uno de los factores fundamentales del éxito. Hay que invertir los recursos necesarios para que resulte adecuada y suficiente, es decir, identificar correctamente las necesidades y planificar una respuesta eficiente.

3.- Los profesionales de la educación son un pilar fundamental de calidad de la enseñanza, pero no el único. La tarea que desarrollan debe integrarse y apoyarse en otros recursos humanos y materiales estratégicos para la educación. Los recortes sistemáticos en programas, ayudas, becas dirigidas a alumnos o familias; la eliminación de programas educativos de apoyo, la reducción sistemática de plantillas o el aumento pro-gresivo de la carga horaria inciden en la calidad educativa de forma exponencial, reduciendo notablemente el impacto de la cualificación profesional.

4.- Lxs profesionales de la educación, además de profesionalxs, son trabajadorxs. Como en la mayor parte de las profesiones, sus condiciones laborales tienen una relación directa e incidente en la calidad del tra-bajo que desempeñan. Procurar que esas condiciones sean adecuadas es un derecho de lxs profesionales, pero también un importante factor de calidad de la enseñanza.

Por eso, en el marco de la enseñanza pública, uno de los ejes principales de la acción sindical de CCOO es la negociación de un Estatuto Docente y un Estatuto del PDI que regule esas condiciones y que garantice que son las adecuadas, las que permiten el ejercicio de la profesión con dignidad, con la calidad y a la al-tura de la exigencia social que todos tenemos con la educación pública.

De igual modo, en el resto de sectores profesionales, urge recuperar el empleo y empoderar de nuevo la negociación colectiva y la protección del convenio colectivo como instrumento básico de regulación de las condiciones de trabajo.

Nadie puede concebir un sistema educativo potente, con profesionales bien preparados e implicados al máximo en sus responsabilidades en un contexto de degradación profesional y laboral de la magnitud del que sufrimos en estos momentos en todos los territorios del Estado.