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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZMinistro Miguel Rodríguez Torres

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIAMinistra Pedro Calzadilla

AUTORIDADES UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD

RectoraSoraya Beatriz El Achkar Gousoub

Vicerrectora de Desarrollo AcadémicoAimara Aguilar

Vicerrectora de Creación Intelectual y Vinculación SocialMaría Lucrecia Hernández

SecretarioFrank Bermúdez Sanabria

CONSEJO EDITORIAL UNES

Rectora Soraya Beatriz El Achkar GousoubVicerrectora de Desarrollo Académico Aimara Aguilar Vicerrectora de Creación Intelectual y Vinculación Social María Lucrecia Hernández Secretario Frank Bermúdez SanabriaDirectora de Gestión Comunicacional Leonardo ZuritaDirector General FundaUnes Ernesto Quijada

REVISTA COMUNES 3, mayo-octubre 2013

Depósito legal pp201202DC4046

ISSN 2343-5666

Consejo Editorial Soraya El Achkar, Máximo Sozzo, María Lucrecia Hernández, Carlos Hernaiz, Antonio González Plessmann y Luis Díaz PereiraDirectora María Lucrecia HernándezCoordinación editorial Eleonora SilvaColaboraron en este número Pablo Fernández y Zharah RengifoDiseño gráfico Eleonora Silva y John MendozaCorrección Nelba García, Maira Rojas y Larry Peña

Impresión Imprenta Unes

El contenido de los artículos firmados y las opiniones vertidas son de estricta responsabilidad de sus autores y autoras, y no necesariamente reflejan la posición editorial de ComUNES.

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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD (UNES)Dirección: Calle La Línea, zona industrial L, Catia. Apartado postal: Caracas 1030 – Venezuela | Caracas, octubre de 2013

WWW.UNES.EDU.VE

Presentación

La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) es el resultado

de un largo itinerario de discusiones, luchas y aprendizajes en los campos de la

seguridad ciudadana, la reforma policial, los derechos humanos y los procesos

educativos orientados a la transformación social. Se trata de un proyecto, nece-

sariamente inacabado, lleno de retos y aprendizajes, que viene convocando a una

diversidad de actores –académicos, activistas de derechos humanos, funcionarios

de cuerpos de seguridad ciudadana, militantes de movimientos sociales y comu-

nitarios– que, desde las particularidades de sus trayectorias y opciones de vida, se

encuentran para cumplir los objetivos de la Universidad.

ComUNES es la revista académica de este proyecto. Desde sus páginas aspira a

contribuir a los debates y elaboración de propuestas y estrategias sobre cómo ha-

cer realidad y democratizar, en la vida de la población venezolana, el derecho a la

seguridad ciudadana. La Revista opta por la socialización de enfoques y análisis

que se inscriben en una perspectiva crítica, de la que nos animamos a hacer algu-

nas precisiones:

» Es impugnadora, ya que no solo devela y desacredita las racionalidades y

dispositivos estratégicos que naturalizan las desigualdades y la opresión y

que, por tanto, obstaculizan la construcción de una sociedad radicalmente

democrática y un Estado social de derecho y de justicia, sino que insta a pro-

cesos de transformación y creación.

» Es fecunda y creativa, ya que abre caminos a lo nuevo y evita la reproduc-

ción de las racionalidades que se quieren zanjar de los proyectos, programas

y políticas que el Estado o la sociedad se formulan, en su afán de transformar

la realidad.

3

» Está imbricada en procesos, ya que se relaciona de

distintas formas enriquecedoras con sujetos en lucha

y procesos de transformación social, todos orientados

a la búsqueda de la igualdad sustantiva y el protago-

nismo popular; a su vez, esta perspectiva crítica se

construye a partir de esta articulación.

» Es descolonizadora, ya que promueve los diálogos

Sur-Sur y el pensar desde las condiciones y contextos

de los sujetos y pueblos del Sur Global, en un diálogo

desprejuiciado con el Norte Global, que trasciende el

rol de meros comentaristas.

Las perspectivas que prioriza ComUNES son necesaria-

mente contrahegemónicas, ya que es notorio que en el

campo de la seguridad ciudadana y el control social, el

pensamiento conservador cuenta con mayor nivel de di-

fusión y aceptación y que ha cooptado los espacios aca-

démicos y de construcción de políticas. La privatización

de la seguridad, el aumento de la criminalización de con-

ductas, el aumento de la severidad de las penas y del en-

carcelamiento, así como la tendencia a la policialización

de problemas sociales, son algunos de los rasgos de este

pensamiento hegemónico asociado a la reproducción de

la desigualdad y del que claramente vamos a contravía.

» » »

En estos tiempos el desarme se presenta como una ne-

cesidad irrenunciable e inaplazable, por lo que tanto go-

biernos como comunidades organizadas, grupos sociales

y colectivos de diversa índole, han asumido el compromi-

so de hacerle frente a las violencias generadas por uso de

armas de fuego. Es por esto que dedicamos este número

al control de armas y al de sarme, así como a las políticas

y estrategias que a escala mundial, pero sobre todo lati-

noamericana, se han venido emprendiendo.

En el caso de Venezuela, nuestro Comandante Eterno di-

rigió y sembró una política de control de armas y de de-

sarme coherente y respetuosa de los derechos humanos

pero fundamentalmente participativa e incluyente de los

distintos sectores involucrados en esta lucha. En este nú-

mero también recorremos y mostramos algunas medidas

adoptadas, investigaciones realizadas e iniciativas en el

campo legal, intentando proporcionar al lector algunas

herramientas de análisis y comprensión del fenómeno.

CoNSEjo EDitoRiaL

4 | presentación

ContenidoARTíCULOS Y ENSAYOS

9 Políticas de izquierda para la seguridad ciudadanaEl reto histórico del qué hacer para alcanzar la justicia social

Gabriel Ignacio Anitua

26 La atención a las víctimas desde un enfoque comunitarioAtención psicosocial y reparación integral

Carlos Martín Beristain

45 El modelo de atención integral de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz27 años acompañando historias de dolor, lucha y resistencia

Diana González Mendoza

dossier DESARME: ESTRATEGIAS PARA SU GESTIÓN Y CONTROL

55 Los desafíos políticos ante la proliferación de armas de fuegoEl caso de las armas livianas y pequeñas en la defensa del ciudadano

Antonio Bandeira

67 Inventario Nacional de Armas de FuegoVenezuela

Luis Lugo y Zharah Rengifo

105 Marco jurídico internacional sobre control de armas, municiones y desarmeCalixto Ignacio Ávila Rincón y Wilmen Yohan Romero

125 Control de armasFernando Carrión M., Jenny Pontón C. y Blanca Armijos V.

139 Las políticas públicas del Estado venezolano en los procesos de control de armas, municiones y desarmePeríodo: Democracia participativa

Irama La Rosa

AVANCES DE INVESTIGACIÓN

165 Victimización, percepción de seguridad ciudadana y miedo al delitoEstudio comparativo en dos ciudades de Venezuela

Freddy A. Crespo P.

172 Delincuencia juvenil en VenezuelaAplicación de una encuesta de autoinforme a adolescentes escolarizados

Juan Antonio Rodríguez

ENTREVISTA

177 PABLO FERNáNDEZ BLANCO Que no desmaye el esfuerzo por avanzar hacia el desarmepor Zharah Rengifo

RESEÑAS Y COMENTARIOS

191 Ley para el Desarme, Control de Armas y Municiones Instrumento legal contundente en materia de seguridadDavid Arturo Benavides Villarreal

195 Investigaciones – UNES 2012Mario Millones Espinosa

DOCUMENTOS

207 Manifiesto por la Paz y la Vida

artíCulos y ensayos

Políticas de izquierda para la seguridad ciudadanaEl reto histórico del qué hacer para alcanzar la justicia social

Gabriel Ignacio Anitua

La atención a las víctimas desde un enfoque comunitarioAtención psicosocial y reparación integral

Carlos Martín Beristain

El modelo de atención integral de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz27 años acompañando historias de dolor, lucha y resistencia

Diana González Mendoza

9

Políticas de izquierda para la seguridad ciudadana *

El reto histórico del qué hacer para alcanzar la justicia social

GABRIEL IGNACIO ANITUA **

Muchas gracias. Me siento muy honrado al haber sido invitado a parti-

cipar en esta experiencia, y feliz de aprender de este quehacer de los cara-

queños, de los venezolanos, de este esfuerzo tan importante en la materia

de la seguridad y de la creación de políticas de seguridad. En este sentido,

agradezco participar con ustedes en una reflexión que es muy difícil, como

la de plantear las posibilidades y las dificultades de una política de seguridad

* Charla realizada en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), en la Sede Catia, noviembre de 2012.

** Doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona, máster en Sistema Penal y Pro-blemas Sociales de la Universidad de Barcelona; tiene un Diploma de Estudios Avanza-dos en Derecho Penal en la Universidad del País Vasco, es abogado de la Universidad de Buenos Aires y licenciado en Sociología de la misma Universidad. Becario pre-doctoral del Gobierno Vasco, en la UPV de San Sebastián (1997-1999), y post-doctoral de la Fundación Humboldt, en la Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt (2004-2005). Tiene estancia de investigación en la University of Middlesex de Londres (2004). Actualmente es profesor adjunto regular de Derecho Penal y Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Autor de diez libros, entre los que se destacan Justi-cia Penal Pública (2003), Historias de los pensamientos criminológicos (2005), Derechos, Seguridad y Policía (2009), Ensayos sobre enjuiciamiento penal (2010) y Castigo, Cárceles y Controles (2011) y de más de cincuenta artículos y veinte comentarios a libros. Tras haber desempeñado tareas en diversas reparticiones de la justicia penal de la Argentina, trabaja actualmente como secretario letrado de la Defensoría General de la Nación.

10 | artículos y ensayos

de izquierda crítica, algo que nos remite a los análisis de

los quehaceres y también a una pregunta que es funda-

mental para la izquierda histórica en el mundo: ¿Qué ha-

cer? Se cumplieron, hace poco, más de cien años del libro

de Lenin, quien se preguntaba políticamente ¿qué hacer?

Es esa la gran pregunta política, y también de la política

de seguridad: qué podemos, qué debemos hacer desde la

izquierda en esta materia.

La intervención política

Lo que voy a indicar de entrada, es que seguramente par-

te de ese patrimonio de la izquierda es lo que nos debe

llevar a reivindicar el término “política”, en todo caso

ponerlo antes que el término “seguridad”. El término

“seguridad” históricamente, genealógicamente, está

más bien ligado a prácticas, o a agendas, de la derecha.

a esa lógica que descansa no solo tras el término sino

en las mismas políticas que son inspiradas en esa cues-

tión de la seguridad, de la inseguridad, y que remiten a

genealogías propias de los aparatos de represión penal,

del control del delito. Esa conformación histórica, de la

sociedad y de los aparatos tradicionales de control, de al-

guna manera “marca la cancha”, marca el campo don-

de, a pesar de todo, “se ha de jugar un partido” (disculpen

la metáfora futbolera pero no conozco otro deporte). Ne-

cesariamente tenemos que intervenir si queremos hacer

políticas de izquierda. Lo dicho entraña un problema ya

que, antes de plantearnos estrategias, tenemos ese cam-

po diseñado, con las reglas fijadas y un árbitro que ade-

más está amañado, jugando para el otro equipo, y así y

todo, conociendo ello, hay que salir a jugar, sabiendo que

nos van a hacer trampas, además.

tomando en cuenta esto, me parece que es necesario

insistir en que todo tipo de intervención debe ser, ante

todo, política, antes que técnica o estrictamente securita-

ria o penal incluso; y en este sentido hay que actuar con

cautela, con responsabilidad política. En esa alerta, en ese

cuidado, pienso en Massimo Pavarini, gran criminólogo

de izquierda, marxista en su origen, involucrado en polí-

ticas securitarias en los años noventa en italia. Él estuvo

involucrado en la ciudad de Bolonia, de donde es natu-

ral, y desarrolló el proyecto Città Sicure (Ciudad Segura)

para transformar en esa alcaldía, que era neocomunista,

la materia securitaria, en un sentido amplio, de toda la

ciudad. Luego de esa importante experiencia Pavarini de-

viene muy cauteloso e incluso pesimista. Pavarini, dice

que casi nada se puede hacer para obtener rápidos resul-

tados. Lo que él, como asesor de los políticos de izquierda,

les sugiere a los diseñadores e implementadores de polí-

ticas es, no tanto no hicieran nada, sino sobre todo que

no prometieran nada, que no prometieran resultados ya

que no los habrá inmediatos. advierte, y debemos consi-

derar esa advertencia, que incluso con estas políticas de

izquierda que estaban pensando implementar entonces,

podría haber resultados nulos, o incluso negativos. Esto

tiene que ver con la complejidad social, la violencia, in-

cluso el delito, esa materia con la que tienen que lidiar las

políticas de seguridad que es tan, precisamente, compleja

y con tantas variables, que no se sabe cuáles son las que

efectivamente se pueden modificar y al hacerlo producir

los resultados deseados. No se trabaja en un laboratorio

políticas de izquierda G.i. anitua | 11

en el que pueden aislarse factores: estos se afectan entre

sí, y nada aparece determinado ni seguro.

Esto lo saben también los que realizan prácticas secu-

ritarias, penales y represivas de derecha, pues las inter-

venciones que ellos proponen o realizan no transforman

la realidad. Estoy pensando en la famosa política de “to-

lerancia Cero” o en las “guerras” contra el crimen, con-

tra la droga, etcétera. todo este discurso bélico es propio

de las políticas de la derecha y nos está indicando que la

izquierda tiene que hacer algo, y que al menos debe ser

radicalmente diferente.

Por cierto que no fueron aquellas políticas de derecha

las que modificaron la conflictividad social en las grandes

ciudades norteamericanas. Más allá de sus promociona-

dos “éxitos”, por todos es reconocido que han sido otras

variables, múltiples (tales como la reducción del número

de adolescentes y jóvenes por una cuestión de franja eta-

ria, de nacimiento, lo que incidió en la reducción de un

tipo de actos que realizaban los jóvenes en la calle).

En el mismo sentido de ausencia de relación de polí-

ticas y resultados, pensemos en las políticas, tan impor-

tantes en Europa, y en el resto del mundo también, de

concientización acerca de la violencia de género, y de

controles y de represión a esa violencia. Pese a ello, las

estadísticas indican un aumento de hechos. Ello puede

deberse a que lo que no se observaba antes ahora sí se

observa y, lógicamente, aparece con un mayor registro

de hechos. Las políticas puede que estén bien implemen-

tadas, y los hechos son menos, pero son más visibles y

el registro que es utilizado, mayormente desde el pun-

to de vista mediático, da la sensación de que empeora.

también es posible que efectivamente empeore, y ello

sucede “a pesar” de esas políticas y por otras causas, que

deberían analizarse.

Porque no todos los hechos y sus registros (aunque la

mayoría de lo que involucra la “cuestión securitaria”, sí)

evidencian procesos de construcción social de conflictos

y miedos sociales. también es posible que la realidad ma-

terial que afecta a los derechos más importantes empeo-

re. así, es posible que aumente, a pesar de todo, la violen-

cia. Es posible que aumente algo que es más difícilmente

manipulable por los medios de comunicación y por las

estadísticas, como lo son las muertes. Debemos estar pre-

parados a que incluso cuando hay buenas políticas el nú-

mero de muertes aumente y que entonces la población y

los políticos, y los propios expertos, se digan “¿a qué se

debe, es un fracaso, es culpa de la política?”. Responder a

ello no es sencillo, como lo evidencia la mencionada po-

lítica de género. La política no es afectada ni afecta a un

solo factor, hay muchos otros factores o variables, como

cuestiones de identidad, cuestiones más estructurales,

imposibles de manejar y transformar por las políticas

más serias y mejor orientadas.

Reconocer esto provoca desazón incluso en torno a

otro tipo de intervenciones integrales en materia de polí-

ticas securitarias en un sentido amplio, aquellas que dan

resultados positivos en esas otras variables como el em-

pleo, la ocupación, y que, sin embargo, en la materia de

seguridad los resultados no son los esperados porque este

campo es muchísimo más complejo.

Por eso no me parece errado ese primer postula-

do para el político de esta área, y que es también una


propuesta política de la responsabilidad, y es que no hay

que prometer resultados a la ciudadanía, hay que pro-

meter que nos vamos a ocupar y, a diferencia de la dere-

cha irresponsable, hay que ocuparse. La derecha se ha

dado cuenta de que funciona electoralmente lo que ha

hecho históricamente: dicen que van a aplicar penas de

muerte y luego no las aplican realmente, proponen un

discurso simbólico que le está diciendo a la población, a

las ciudadanas y ciudadanos que están preocupados, les

están diciendo que ellos se están ocupando o que se van

a ocupar.

incluso en este sentido “simbólico”, de brindar calma,

la izquierda también tiene que decir “nos estamos ocu-

pando”: tiene que decirlo y tiene que hacerlo. tenemos

que ocuparnos, entre otras cosas, porque lo que nunca

se hace es nada y siempre se hace algo en la vida social,

que también es política.

Y hay que hacerlo porque una consecuencia equivo-

cada del alegato a la prudencia que acabo de hacer sería

una suerte de inmovilismo.

Voy a citar a un personaje tenebroso del siglo XX,

Francisco Franco, a quien se le parece bastante Rajoy,

el actual presidente de España. Franco decía que había

dos tipos de problemas: aquellos que se resuelven solos

y aquellos que nunca se pueden resolver. Por lo tanto la

consecuencia política de eso sería: frente a los problemas

políticos no se debe de hacer nada porque o se resuelven

solos o no los podemos resolver nunca. tanto el presu-

puesto como la conclusión son totalmente falsos, como

casi todas las cosas que dijo e hizo Franco (y sus suceso-

res, así le va a Rajoy en materia económica ya que está

esperando a ver qué pasa, no hace ningún tipo de políti-

ca, en espera de que la crisis pase). Este “no hacer nada”

es falso igualmente porque siempre se hace algo (en el

caso de mención, cuando reprime a movimientos socia-

les, cuando se da un golpe de Estado, etcétera). incluso

cuando no se hace nada, se hace algo.

Los problemas, a pesar de que son complejos en cuan-

to a sus etiologías y remedios, lo cierto es que no se re-

suelven solos. En ese sentido insisto en que la discusión

gira en torno a la política, a esa política del qué hacer, y

una política de izquierda siempre estuvo presente en los

diagnósticos y propuestas de esta materia.

Pienso en los textos fundacionales de Marx y de En-

gels. Este último, quien era un gran estratega de la po-

lítica, especialmente se ocupaba de la problemática del

delito, de la prostitución, de aquello que, en forma errada

y clasista, vinculaba a una sub-clase como meros objetos

de las políticas (porque el proletariado solo lo veían como

sujeto político o como clase activa en tanto eran quienes

podían producir los cambios políticos). Esa adscripción

del problema a lo que ellos llamaban lumpen-proletariado,

es decir proletariado basura, no solo es equivocada e in-

justa sino que reflejaba el componente racista del siglo

XiX. a pesar del tiempo transcurrido, sigue persistiendo

una visión de que esas clases marginales a las que se di-

rigen las políticas securitarias, a las que se dirigen como

objeto, son “el problema” de la seguridad.

aquí se advierte la necesidad de transformar esa vi-

sión, heredera del campo delimitado por el pensamiento

tradicional, y realizar otro tipo de respuesta de izquier-

da, otro tipo de respuesta socialista en forma de política


de seguridad. Para la nueva izquierda esa pobreza, esa

marginalidad no debería de “el problema”, sino parte del

mismo, sus principales víctimas y por tanto interesados

en mejorar todos sus aspectos.

Esta nueva política debe considerar que las personas

sumergidas en esta problemática tienen que ser los nue-

vos sujetos de las políticas de seguridad, los sujetos de

derecho que deben protegerse a través de estas políticas

de seguridad de esta nueva izquierda o de este nuevo so-

cialismo teñido de humanismo. Debemos trastocar estas

percepciones, y tener en cuenta a los individuos e indi-

viduas más marginales concibiéndolos como sujetos de

derechos y sujetos de esas políticas.

La igualdad en la precisión de los objetivos

En este sentido lo primero que debe hacer una política

securitaria de izquierda es fijarse con muchísima clari-

dad objetivos políticos. Y estos objetivos tienen que ser los

objetivos tradicionales de la izquierda, contrarios a los de

la derecha. Y principalmente el de la igualdad, la igual-

dad con humanismo, con libertad, con solidaridad, pero

sobre todo la igualdad.

Una política securitaria de izquierda debe respetar

ese principio de igualdad y no de defensa de privilegios,

no de defensa de sectores, clases y espacios privilegiados.

Una seguridad, por tanto, para todos. Su objetivo es la se-

guridad que tienen todos los individuos, seguridad como

sumatoria de todos los derechos constitucionales pero

también como un derecho en sí mismo para cada uno

de las y los individuos, a un espacio público que debe ser

protegido para todos, para el disfrute de la vida de todos

y todas.

En este sentido, también podemos pensar en el con-

trol del delito, que es a lo que normalmente remiten las

políticas securitarias, pero un control del delito de todos,

intentar escapar a las políticas de “mano dura” con los

delitos de pobres (robos, hurtos, lesiones y tráfico de dro-

gas a pequeña escala), que son los que llenan de indivi-

duos las cárceles, y que abraza de total impunidad a los

delitos de los poderosos.

Estamos dentro del juego, y no tenemos más remedio

que jugar ese juego, en esa cancha en la que los medios

de comunicación, como residuo de políticas de antigua

data, nos han fijado la agenda pública; pero también po-

demos cambiar las reglas.

El control del delito no tiene que limitarse al control

del delito de los pobres, porque esa agenda fijada con lo

delitos callejeros, los delitos principalmente contra la

propiedad, o vinculados a la violencia que además es

intra-clase.

Las políticas tradicionales apuntan a ellos, hasta

cuando aparentan dirigirse a otros fenómenos. Se ad-

vierte en aquellas políticas excepcionales y normalmente

equivocadas, porque son innecesarias, como por ejemplo

el control de tráfico de drogas, que claramente forman

parte de emergencias artificiales, aparentemente dirigi-

das a erradicar unos problemas muy complejos pero que

materialmente se concretan en mayor represión a los

débiles.

Esta política securitaria así orientada no solamente


es ineficaz sino que genera nuevos problemas, puesto

que como no es posible investigar a los que consumen o

trafican en altas esferas, se materializan en el control de

lo que sucede en el barrio; funciona como una excusa,

una nueva legitimación, para seguir criminalizando a los

pobres.

De allí la importancia de controlar, eficazmente, el

delito de todos. Si hay algo que cruza igualitariamente, a

todas las clases sociales, es el delito. Esto forma parte y en

primer lugar del discurso verdaderamente de izquierda.

Se debe erradicar esa falsa idea de los que delinquen son

los pobres (y que lleva también a la falsa idea de que aca-

bando la pobreza se acaba el delito). Esto es injusto con la

inmensa mayoría de pobres que no delinquen, y con los

muchos ricos que sí lo hacen. Y me refiero no solamente

al delito económico, al que realmente afecta a la estruc-

tura, al sistema capitalista mismo en verdad –que es a su

vez el generador o la causa quizá más importante–, sino

también al tipo de violencia más individual. Me refiero

también a la corrupción, no solo de las clases altas o las

clases políticas, sino de todas las clases medias. Lo mis-

mo con los delitos llamados “comunes”: se distribuyen

igualitariamente.

Las políticas socialistas y humanistas de seguridad

también deben centrarse en la cuestión de la vida.

Las políticas de izquierda deben decir no a lo intole-

rable. Y las muertes evitables deben de ser evitadas. Una

política de izquierda debe analizar dónde se producen es-

tas muertes y qué contextos las sufren y provocan. Y ha-

cerlo desde la mencionada perspectiva igualitaria: cada

vida vale lo mismo.

Por ejemplo, la principal causa de muerte en mi país

tiene que ver con delitos, pero con delitos que son deno-

minados culposos o imprudentes. Son muy importantes

también aquí los delitos en situación de tránsito, el re-

sultado muerte provocado por los conductores de au-

tomóviles que, habiendo también de clases populares,

principalmente son de clases medias. Son individuos que

conducen en estado de ebriedad, negligentemente, los

causantes de dichas muertes.

Entiendo que intervenir en esta materia (y principal-

mente en forma preventiva, con controles de velocidad,

de alcoholemia, del estado de los automotores y conduc-

tores, con disuasión y ocupación del espacio de ocurren-

cia) es principal, porque sí se pueden obtener resultados.

Hay experiencias comparadas que indican que en esta

materia se puede reducir eficazmente la mortandad.

La cautela debe llevar a que la política priorice su

intervención a acciones posibles, que puedan obtener

resultados positivos. Y la igualdad también nos invita a

fijar objetivos claros. Para el caso, que haya menos muer-

tos y no necesariamente que haya menos delitos.

Hay otros tipos de muertes que deberían ser evitadas,

como aquellas que ocasiona la violencia de género, la

muerte de mujeres en manos de sus parejas o ex parejas,

que también ocurre en todas las clases sociales.

igualmente deberían evitarse las muertes que ocasio-

na la misma violencia institucional. Las más de las ve-

ces los mismos mecanismos e instituciones encargados

del control del delito son autores de los hechos más gra-

ves como muertes o torturas. también la vida de estas


víctimas importa, y debe protegerse evitando prácticas

constitutivas de las agencias del sistema penal.

Estas prioridades forman parte de una estrategia

igualitaria que exige el control del delito, del delito que

hacen todos, no solo del atribuido a los pobres.

En todo caso, teniendo en cuenta cuál es la realidad

social sobre la que se aplican dichas políticas, también

se trata de intentar empoderar, intentar igualar no solo

los derechos sino lo constitutivo o material. Un cambio

radical de las agencias tradicionalmente encargadas de

esta materia, como la policía, es que se conviertan en de-

fensores y no en enemigos de los derechos humanos de

todos y especialmente de los más débiles.

Ya habíamos dicho de la isonomía en la distribución

de autoría de delitos. Ello no se corresponde con las vícti-

mas, que muy mayoritariamente corresponden a las cla-

ses más desaventajadas (víctimas de la violencia intra-

clase, y de la sistémica e institucional).

Las políticas que empoderan a los sectores más vul-

nerables a la violencia, se hacen al servicio, por ejemplo,

de la mujer que trabaja duramente, gana poco y cuando

va al barrio unos muchachos se lo quitan; a esa mujer

hay que empoderarla, ella no tiene que sufrir ese tipo de

abusos en esa relación de poder intra-clase, ni la de la ex-

plotación laboral.

Se trata de empoderar a esas ciudadanas y a esos ciu-

dadanos para que también mejore la situación de todo

ese escenario conflictivo. Y esto sin duda debe hacerse

con la participación y protagonismo de los mismos indi-

viduos y grupos más débiles y excluidos. también es una

función política la de propiciar que puedan expresarse y

ser oídas sus demandas y necesidades.

¿Cuál es la dirección de este objetivo? La igualdad. La

concreción dependerá de esas necesidades en muchos

casos desconocidas por políticos y expertos.

Ponderación y prelación de derechos

La otra cara del derecho es la necesidad. Por eso deben

plantearse las políticas como satisfacción de derechos en

tanto se reconocen las necesidades de sus titulares, que

son las personas y los pueblos.

Y es por ello que es muy necesario que desde las es-

pecíficas disciplinas criminológicas se consideren seria-

mente los reclamos y las necesidades sociales. Poner en

primer lugar a la vida, a la vida digna, tiene que ver con

una necesaria ponderación y prelación de derechos, de

un reconocimiento de su importancia.

Las políticas específicas en materia de seguridad de-

ben merecer nuestra atención, porque así lo demandan,

también, los más débiles o subalternos, los que más lo

necesitan.

Existen importantes precedentes en el campo de la

denominada “criminología crítica”, o marxista, que así

se llamaba en los años setenta. Desde entonces también

se plantea esta cuestión específica del ¿qué hacer? Debo

citar a ese libro maravilloso de jock Young y john Lea,

dos criminólogos británicos, que se ha traducido al cas-

tellano (en Buenos aires) como ¿Qué hacer con la ley y el

orden? Es de 1986 y se trata de una primera propuesta

concreta de investigación y diseño de políticas sobre ese


el terreno fijado por la derecha de entonces bajo el lema

“ley y orden”.

El lema, y las propuestas que implicaba, formaba

parte de lo que Margaret thatcher hacía en esa contra-

rrevolución conservadora en materia económica, efec-

tivamente de derecha, pero también en materia moral

y política. En efecto, el principal lema de campaña que

llevó a thatcher al poder era “Ley y orden”. El éxito de la

campaña de los conservadores, incluso la derecha más

reaccionaria en otros lugares, fue decir que se iban a

ocupar de restablecer el orden a partir de la represión del

delito. No había más propuesta que esa de ocuparse y de

reprimir. Resulta casi mágica la propuesta, pero desde el

punto de vista electoral funcionó. tan así que una anéc-

dota de este libro de jock Young y john Lea, es que ellos

concluyen con una explicación de por qué, como crimi-

nólogos críticos, se meten con un lema que es propiedad

de la derecha. Reconocen como más que un síntoma que

la tía de jock Young les dijese “yo soy socialista de toda

la vida, sindicalista de toda la vida, pero si la izquierda

no propone nada en este terreno, terminaré votando a

la derecha”. amplios sectores trabajadores, vulnerables,

admiten que esta cuestión de la seguridad les afecta más

que otras en lo inmediato. Es por ello que hay que hacer

algo, entonces, esto es un motivo para pensar en qué se

debe de hacer.

En este aspecto la principal preocupación refiere al

cambio de las estructuras policiales, su selección y for-

mación (cosas que aquí, en Venezuela, también se han

iniciado a hacer) y la rendición de cuentas hacia la so-

ciedad a la que debe imbricarse como parte de la misma.

Surge, así, un posicionamiento crítico pero que, al ser

político, admite matices y compromisos.

El libro es muy jugoso porque no solo realiza este tipo

de propuestas, o porque critica a las de la derecha, sino

que también van a discutir con aquellos que denominan

“idealistas de izquierda”.

No es casual que sus propuestas se conocerán como

“realistas de izquierda”. Yo creo que los textos preceden-

tes del realismo de izquierda son los que se enfrentan,

desde un punto de vista intelectual, con los críticos que

decían “mejor no hacer nada” en materia de control

del delito. Recordemos las críticas fenomenológicas a la

criminología tradicional, es decir, toda esa criminología

radical que transforma a la criminología positivista, fun-

cionalista y más ligada al poder, entre los años sesenta

y setenta. Muchas de las respuestas a inteligentes inves-

tigaciones de estos criminólogos eran que todas las in-

tervenciones punitivas, securitarias y de control lo que

hacen es etiquetar, identificar determinadas situaciones y

a ciertas personas como delitos y como delincuentes, y, por

lo tanto construyen carreras delincuenciales. En definitiva,

se hace peor el remedio que la enfermedad; que cuanto

más atención brinda la sociedad a esta cuestión resulta

que es peor, porque se esencializan o materializan los

peores temores. Y ello no solamente como producto de

las políticas represivas o de aislamiento.

Una desazón que se presentaba entre los propios

defensores del “Estado de bienestar”, en particular en

los Estados Unidos en los años sesenta, es que también

se demostraba como no aseguradora del éxito, en esta

materia, otro tipo de política, no represiva. tras treinta


años de Estado de bienestar, de algunas políticas de tipo

asistencial –que se suponían una solución para el tipo

de conflictividad de los sectores que debían salir de la

marginalidad–, se constataba que el delito aumentaba.

algunas respuestas en el sentido que indicamos eran del

tipo “sucede esto porque nos estamos ocupando mucho

de este tema, estamos llamando tanto la atención sobre

las posibilidades de ser un delincuente, que aquellos a los

que se busca proteger se convierten en delincuentes”; y,

luego, “entonces es mejor no hacer nada”. Como ejemplo de ello la expresión de Edwin Schur, un

criminólogo británico que tituló un libro Radical Non In-

tervention (No intervención radical), en 1973. Claro que lo

que propone, en el marco de la perspectiva fenomenoló-

gica, es una sociedad más tolerante, pero dejaba entrever

que, en esta materia, mejor no hagamos nada.

En fin, contra ello es que los realistas de izquierda se

enfrentan. Entienden que es una postura idealista y erra-

da, porque el problema material del delito y los daños y

lesiones que provoca sí que existe. Reconocen como cier-

to que con las respuestas represivas habituales se suma,

a este problema material y a través de la manipulación

mediática del miedo, del pánico moral, algo que no es

real: la sensación de inseguridad.

justamente por ello en la respuesta de izquierda se

debe prestar atención a ese problema material, primario,

pero también a los provocados por los discursos, por la

misma existencia de agencias represivas, que tiene con-

secuencias materiales. E incluso al de los discursos, que

aunque no sea real, en sus consecuencias sí que lo es, por

lo que también debemos ocuparnos de estos miedos, de

estos temores, para, al menos, no ampliarlos con la inter-

vención y atención.

antes que nada insisto en hay que ocuparse de esta

situación material que preocupa porque existe. Se asume

que hay una situación material de violencia que perju-

dica especialmente a la clase trabajadora. Hay otro texto

del propio jock Young, de 1975, que anticipaba esto. Se

llama “Criminología de la clase obrera”1, y sé que algu-

nos de ustedes han leído. Para él, esta clase, que es el suje-

to tradicional de la izquierda, es principalmente víctima

de la violencia individual, de la social y también víctima

de la violencia institucional que se aprovecha de estas

circunstancias para reprimir a los pobres, a la disidencia

política. Entonces, es más claro que nunca que tiene que

hacerse una política criminal para ellos, a favor de ellos.

aun cuando el objetivo sea el de la transformación

social más amplia, hay que ocuparse también del “mien-

tras tanto” (que es otra expresión de cara al marxismo).

Y no solamente para ponerse frente a expresiones cri-

minológicas no muy elaboradas, que sostienen que

incluso el delito interpersonal más irracional es conse-

cuencia del capitalismo y su modo de producción, y que

todos los conflictos se van a resolver cuando cambiemos

de sistema, cuando nuestra revolución concluya exito-

samente. Marx no decía acabadamente esto, decía que

1 Hay una edición disponible de este trabajo entre las publica-ciones de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes), que puede encontrarse en su sitio web: http://www.unes.edu.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3888. (N. de E.)


se van a acabar los problemas que ahora tenemos, se

acaba la “prehistoria” y entramos en una historia que

tendrá otro tipo de conflictos, existirán otros problemas

que habrá que estudiar entonces –los cuales pueden ser

parcialmente similares a estos que nos fija la agenda de

la seguridad, por cierto–; pero aun así, se debe prestar

atención a los problemas de los más vulnerables, justa-

mente para hacer posible su constitución como sujetos

y actores en la historia: no es cierto que “cuanto peor,

mejor”. Hacer algo en esta materia por la clase trabaja-

dora, en los actuales sistemas, también es obligación de

la izquierda.

Y es que lo que señalan jock Young y john Lea sobre

el “no hacer nada”, es que constituye una intervención

que en definitiva termina siendo funcional a las políticas

neoliberales. Por cierto que la lectura de la no inversión,

la reducción del gasto, en general y sobre la política de

seguridad integral, de tinte liberal, vino de la mano con

la mera represión, de tinte conservador. Esto pasó histó-

ricamente, en aquellos años, en Estados Unidos e inglate-

rra. Con las políticas de seguridad de la derecha se logró

aumentar desmesuradamente el número de presos (en

veinte años se pasa de trescientos mil presos a dos millo-

nes y medio, en Estados Unidos). Y con ello también au-

mentó, lógicamente el gasto. incluso se fue más allá que

un mero corrimiento del gasto social al represivo (como

el que denuncia Wacquant).

aquí debería hacer un paréntesis, pues también es

obligación del político considerar esta variable: el pre-

supuesto estatal es más o menos limitado, todo lo que

gastemos en materia de seguridad se reduce de otro lado.

Cuando instábamos a la cautela, al cuidado, también nos

referíamos a eso, esencializar esta materia, dedicarle una

mayor parte del presupuesto implica quitárselo a otras

áreas y una política de izquierdas debe ser cuidadosa, al

menos, con ello.

Volvemos entonces a Estados Unidos, donde desde los

ochenta empeoraron todas la políticas sociales para dedi-

car gente y dinero a las cárceles, cuerpos policiales, me-

canismos tecnológicos de control −con resultados muy

cuestionados por cierto, muy negativos si tomamos en

cuenta la política general, y sobre todo con un resultado

claro que es la represión de los grupos étnicos, grupos

sociales, es decir, los más pobres (en el caso norteame-

ricano a los afro-descendientes). Y estas consecuencias

deberían servirnos de enseñanza.

La no represión como consenso progresista

algo que me parece importante rescatar de las políticas

de seguridad del socialismo, de la izquierda, del progre-

sismo, pero del estrictamente latinoamericano, tiene que

ver con esta advertencia general de “cuidado con la re-

presión”. La propia historia regional nos ha mostrado los

excesos a los que se ha llegado con la represión securitaria.

ahora se habla de seguridad ciudadana, seguridad urba-

na, pero en pos de una idea similar de seguridad (“segu-

ridad nacional”). En mi país y en el Cono Sur en general,

se llevaron a cabo los más atroces crímenes, los crímenes

de lesa humanidad, los crímenes del propio Estado. La

bandera de estos criminales era la seguridad, la Doctrina


de la Seguridad Nacional enmascaró esa represión crimi-

nal. Sabemos el papel que jugó el llamado “Consenso de

Washington”, que esa política delictiva tenía un manda-

to internacional para hacerlo; pero fueron los militares

y políticos locales los que llevaron a cabo, bajo la idea de

seguridad y con apoyo de sectores de la población, esta

política nefasta. Estos otros hechos, locales nos advierten

para que seamos cuidadosos con la represión, que es una

política de derecha.

Los nuevos consensos, más progresistas, implican no

reprimir y, más concretamente, no reprimir a la protesta

social –algo que era propio de la agenda de la derecha.

Frente a determinados problemas y en determinadas si-

tuaciones es necesario permitir otras salidas. En las crisis

podemos decir que todos tienen razón, por lo tanto hay

que ser tolerantes. En estos casos, la recomendación de

una izquierda con nuestra experiencia histórica sería

más bien la de un “no hacer”. En verdad, en un “hacer”

cualquier otra cosa, y principalmente en donde no se in-

volucren las llamadas “fuerzas de seguridad”. Es decir,

no reprimir. Y digo no reprimir inclusive a aquellos que

no tengan razón para protestar. Por ejemplo, hoy mismo

(en el día de hoy, 8 de noviembre de 2012) en argentina:

grupos sociales privilegiados, pero amplios, están reali-

zando una importantísima movilización mediatizada por

la derecha, que puede tener una pretensión destituyente

y que tiene la bandera de la seguridad. Muchos ciudada-

nos protestan diciendo que hay mucha inseguridad en

las calles. Utilizan este discurso como crítica al gobier-

no, por la ausencia de política en este rubro, cuando en

realidad lo que les molesta son otras cosas. Pero el lema

unificador es el de la “seguridad”; y es por eso que logran

convocar a grandes sectores de la población, bajo un dis-

curso básicamente de derecha. “Hacer algo” sobre este

tema aparece como necesario, a la par que también el go-

bierno debe de ser tolerante con un tal reclamo. Sería un

error reprimir o desacreditar una manifestación así, aun

conociendo otras intenciones y posibles riesgos. Frente

a esto hay que discutir, hay que debatir con las ideas.

Una política de seguridad de izquierda debe ser capaz de

señalar que ese reclamo no tiene razón. Que no puede

ser motivo de protesta contra el gobierno. Que aunque

haya problemas materiales, el gobierno no es culpable ni

responsable. En todo caso, que de alguna manera se esté

ocupando. Se pueden dar estas respuestas, pero nunca

llegar a la represión…

Pero la represión forma parte de los sistemas y agen-

cias penales y de seguridad. ¿Qué hacer con ellos?,

¿cómo transformarlos para ponerlos al servicio de la

igualdad? Esto también se plantea en el texto de jock

Young y john Lea, en el contexto político británico de

los años ochenta. Si bien ellos están criticando, des-

montando los mitos de la campaña de la ley y el orden,

también están preparando el programa electoral que

debería ser llevado adelante por el laborismo cuando

desplace a los conservadores (también puede ser una

enseñanza que luego Blair, cuando asume el gobierno

británico, no hace nada de esto, continúa con la agen-

da de la derecha y los criminólogos que mencionamos

lo abandonan). El libro mezcla rigor académico con

compromiso político: estaban preparando el programa


criminológico electoral para que Blair se enfrentara con

el conservadurismo.

La necesidad de proponer algo concreto (y mucho

más, la de hacerlo, cuando ya se ejercen responsabilida-

des de gobierno) la de ocuparse del diseño de políticas,

transforma la misma mirada teórica de los problemas.

La implementación de políticas tiene que ver con la

investigación pero también con la transformación de

actores. La famosa reforma siempre implica un compro-

miso, y asumir cosas que no nos gustan demasiado. La

reforma de los actores es la de aquellos que ya están ahí:

los jueces, las policías, las cárceles; todos tienen que ser

transformados, partiendo de los que están y son. La polí-

tica no se hace en un laboratorio.

Política cultural y agencia policial

Esto encamina a que los criminólogos críticos (expre-

samente los ingleses que mencionamos) vuelvan a una

cuestión que había sido abandonada por la criminología

crítica: la cuestión etiológica. Deviene necesario bus-

car las causas posibles (aun reconociendo la comple-

jidad) para buscar remedios. En esto se vive una suerte

de claudicación ante lo “etiológico”, que había quedado

como característica del positivismo criminológico o del

funcionalismo.

Los “criminólogos políticos” reconocen que no esta-

ba tan mal esto de la etiología. Hay que intentar expli-

car, con todas las cautelas necesarias. Esta es la única

forma de implementar medidas para poder atacar los

problemas. Young y Lea proponen ir a la razón de los

problemas, para lo que hay que volver a aquel tipo de

investigación abandonado y recuperar incluso aquellas

tradiciones que criticaron previamente, como el fun-

cionalismo. Se rescata especialmente a Robert Merton,

uno de los grandes sociólogos funcionalistas. Lo que

decía Merton no está mal, nos sirve para explicar que el

“stress”, la tensión que sufren aquellos miembros de la

sociedad que son compelidos a verse como fracasados, no

tiene que ver con la privación absoluta, con la pobreza,

sino con cierta “privación relativa”, la relación entre lo

que se “oferta” y se presenta como éxito social, y lo que sí

se puede conseguir. En todo caso, con algo que implica la

realización de políticas integrales, de igualdad de oportu-

nidades, pero también de transformar la cultura, esa cul-

tura norteamericana del hiperconsumo, de llegar a tener

éxito a cambio de dinero, tener grandes carros. Esto hay

que transformarlo también; una política integral de se-

guridad de izquierdas tiene que hacer una política ma-

terial y también una política cultural para combatir esta

privación relativa. Y privación que no es solo de bienes

materiales. En sus últimos libros (La sociedad excluyente,

El vértigo de la modernidad tardía, ambos traducidos al

castellano), Young muestra claramente la relación en-

tre la violencia, el delito y el desorden con la privación

de la ciudadanía y la exclusión social. Las propuestas

que se deducen de este diagnóstico apuntan a entender

la complejidad del problema y a tener en cuenta que las

modificaciones, en relación al problema criminal, deben

garantizar la oportunidad de la ciudadanía para todos,


y desterrar definitivamente la posibilidad de la exclusión

estableciendo una base de real democracia y justicia.

Pero no tenemos tiempo para, a la vez, diseñar trans-

formaciones tan profundas (y de largo plazo) y obtener

resultados visibles (de mediano y corto plazo) sobre la

vida y la convivencia de los ciudadanos más desfavoreci-

dos. Esto se hace “a la vez”; aquí en Venezuela y en todas

partes del mundo, a la vez hay que realizar políticas in-

tegrales y dar cuenta de que nos estamos ocupando, nos

hacemos cargo, de lo inmediato. indicar que parece que

esto sí puede estar dando buenos resultados. Entiendo

que, incluso electoralmente, es importante el político que

se hace cargo del problema. Esto pasa por reconocer el

problema y, con cautela y humildad, no prometer resul-

tados sino esfuerzo, dedicación, durante las 24 horas del

día sobre esa situación. Muchas veces con micro-políti-

cas que dependen del complejo ensayo-error-innovación.

Y en esa implementación es fundamental la pregunta

sobre los actores y es un esfuerzo fundamental que ade-

más tiene que ver con lo que se realiza en esta Univer-

sidad, que es la institución o agencia policial. Claro, en

una política de seguridad integral se trata de involucrar

a agentes múltiples, pero también a los clásicos, y uno de

ellos es principalmente la policía.

Es posible pensar (y yo creo que es deseable) en una

revolución que lleve a un país a organizarse sin ejército,

como Costa Rica. incluso puede pensarse una organiza-

ción social abolicionista, sin cárceles, sino en su lugar

algunas pocas instituciones terapéuticas para los casos

más graves. Podemos pensar en llegar a hacer una uto-

pía sin ejércitos ni cárceles, pero una utopía sin policías

no se me ocurre. Entonces es especialmente importante

intervenir, transformar esa policía no solo por el dominio

de los discursos actuales de la derecha para interpelar-

las, sino por su propia génesis marcada por la función de

control y de represión a los sectores marginales. Contra

ello hay que acentuar varios puntos en torno a la poli-

cía, algunos que son fundamentales y algunos que se ven

como poco trascendentes. algunos críticos de los proce-

sos de reforma dicen que esto es muy poco, que hay que

ir más allá de una reforma, y probablemente sea verdad

pero cualquier cambio es importante: seamos otra vez

cautos y conformémonos con esa reforma posible.

Una idea principal tiene que ver con el control: sea

cual sea la fuerza, aunque sean ángeles los policías (que

nunca lo van a ser), el problema está efectivamente en lo

que hacen los individuos. Pero individuos que están in-

sertos en una cultura institucional y social que permite y

promueve que actúen en forma descontrolada. Es común

que frente a los casos de tortura, violencia, corrupción,

se señale que son problemas de “malas manzanas”, y de

esta forma se impide la transformación que esos hechos

debería obligar a hacer para desterrarlos definitivamen-

te. Y es que además no es así: esos y otro tipo de proble-

mas (también la ineficacia) no son solo individuales, sino

que reproducen y manifiestan problemas estructurales,

institucionales, funcionales y que son genealógicos, ya

que las policías se estructuraron para hacer eso que más

que patológico es funcional.

Reconocer ello no significa negar la importancia de

los individuos. Por eso es importante su selección, im-

portantísimo su compromiso, que es un compromiso


que tiene que ser político. Los ciudadanos que ejerzan el

poder policial tienen que estar comprometidos política-

mente con lo que van a hacer. La tarea de una política

securitaria de izquierda tiene que ser realizada por agen-

tes que provengan de esos mismos estratos a los que van

a cuidar, es un compromiso, más que político, afectivo,

tiene que haber empatía con aquellos sectores a los que

se garantizará una mejor vida, una protección, y que son

los más vulnerables.

Pero aun así, tiene que haber controles. Existe una

auténtica necesidad de “rendir cuentas” a través de me-

canismos de controles internos, auditorías, pero tam-

bién controles comunitarios, participativos y, sobre todo,

controles políticos. Un gran error incluso de sectores

progresistas es delegar en el gobierno de la policía a la

misma policía (o el gobierno de los jueces en los jueces).

Esa “entrega” del poder puede tener que ver con esa falta

de experticia o de confianza de que los políticos pueden

controlar. Entonces se delega el control de los jueces a los

jueces, de los fiscales a los fiscales, de los policías a los

policías porque, supuestamente, ellos son los que saben.

Es un error, que entre otras cosas evita que sean efectiva-

mente controlados. Nadie se controla bien a sí mismo, y

ellos son los agentes que desde la población tenemos que

controlar. No hacerlo sería como decir que los alumnos

se evalúen a sí mismos. No pueden controlarse a sí mis-

mos los policías, insisto, no puede controlarse a sí mismo

ninguno de los actores tradicionales, y ese control tiene

que ser necesariamente político, comunitario, y creo que

tiene que estar guiado por estas políticas de izquierda.

Un gran peligro de las fuerzas de seguridad o policiales

está en el mencionado autogobierno, américa Latina

también nos da muchos ejemplos peligrosos. Pensemos

en situaciones graves para la democracia en las que los

policías constituyen actores principales, como Ecuador,

como Bolivia. aquí tenemos muchos ejemplos peligro-

sos que nos deben guiar a impedir ese autogobierno de

la policía.

Muchos autores, quizás demasiado prudentes, dicen

que hay que limitar la reforma policial a que no haya vio-

lencia institucional, a que no haya torturas y muerte en

el ejercicio de la función policial, o corrupta. Yo creo que

hay que hacer mucho más, pero insisto en que esto no

es poco. Podría ser una política de izquierda asumir que

la cuestión de base sigue igual, pero ahora, al menos, la

policía no mata. No es menor porque decir esto quiere

decir que se ha mejorado, que se ha cumplido, muy par-

cialmente, el objetivo: hay menos muertes. aun cuando

haya la misma cantidad de muertes por violencia inter-

individual. No es menor que esos hechos, lejos de ser la

política de seguridad, son atentados a la misma, son el

objeto a eliminar por la tal política securitaria. Estos son

los delitos evidentemente más graves. Los que comete el

Estado y los que primeramente tienen que ser evitados,

como las torturas y muertes por parte de las acciones

policiales. Una política securitaria de izquierda debe im-

pedir estos hechos, y se pueden conseguir resultados con

relativa rapidez en este campo.

Por cierto que otra cuestión trascendente para lo-

grarlo es la que tiene que ver con la experiencia que es-

tán ustedes emprendiendo ahora con la educación. La

selección es importante pero también lo es la educación


de quienes integran los cuerpos policiales, de estos indi-

viduos políticos que son los policías y que tienen funcio-

nes diversas para las que tienen que capacitarse más allá

de lo que le enseñan los otros policías.

Es fundamental la educación general, pero también

la específica. Me refiero a la educación que se produce

normalmente en muchos países una vez que ya son po-

licías y en situaciones donde se aprenden las reiteradas

prácticas negativas, que restan legitimidad y eficiencia a

la policía. Para anticiparse a esto hay que enseñar bue-

nas prácticas, que tengan que ver con la presencia, con

la prevención, con la disuasión y, específicamente, con

aquello de lo que estamos hablando, es decir, no cometer

delitos.

Prevención y resultados

otra cuestión importante, desde el punto de vista políti-

co, es que se deben ofrecer resultados.

Si hablamos de la prevención de muertes, por ejemplo

en materia de delitos culposos, tiene que haber presencia

policial en las autopistas, en los lugares donde ocurren

estos hechos y que cuenten con herramientas que no

sean las penales tradicionales: probablemente son más

útiles las posibilidades de anticipación o sanción las he-

rramientas del derecho administrativo. Si hablamos de

medidas que pueda adoptar el policía, estas deben ser de

rápida intervención; quitarle el carnet, quitarle el coche,

si está borracho, no conduce más. Ustedes deberán eva-

luar cuál será la educación en función de esta policía de

prevención destinada a ello.

asimismo debe pensarse cómo tiene que ser, de espe-

cífica, también la prevención de violencias en materia de

género, o de maltrato escolar, etc. Es, lógicamente, otro

tipo de habilidades la que debe enseñarse, tanto para in-

tervenir, como, antes, para percibir el problema.

Y ello también involucra la separación de las funcio-

nes tradicionales de la policía (que siempre fueron muy

heterogéneas). Recordemos que incluso cuando se co-

menzaba a gestar la policía, en el siglo XiX, se pensaba

en dos funciones diferentes: la destinada a mantener el

orden en la ciudad y la que investiga delitos. tradicio-

nalmente es la misma institución encargada de ambas

funciones, pero es claramente distinta la formación de

aquel que tiene que prevenir que las cosas ocurran y tie-

ne que utilizar herramientas del derecho administrativo,

y aquellos que intervienen cuando el hecho ya sucedió,

y es por cierto irremediable. aquí interviene la policía

e interviene la justicia penal también… Pero interviene

tarde. Por eso creo fundamental la formación en agentes

que prevengan, que no necesariamente sepan investigar

pero sí que se relacionen con la prevención.

Claro que esto es importante, pero no es lo más im-

portante. Quizás se deba insistir frente a la ciudadanía

que reclamar transformaciones en el código penal en

procesal es de nula incidencia en la materia de preven-

ción de las violencias o protección de la vida. La ciudada-

nía debe saber que con las herramientas penales estamos

interviniendo cuando ya lo malo ha sucedido, cuando no

podemos devolver la vida ni incidir en el futuro siquie-

ra de los terceros a ese hecho. Habrá que insistir en los


mitos de las teorías preventivas de la pena. La pena no

previene.

Pero las policías también tienen funciones vincula-

dos con lo penal. Y que también se hacen muy defec-

tuosamente. Se debe enseñara a investigar, a funcionar

como colaboradores de la justicia penal, ya que en esa

tarea la policía tiene otras funciones, de efectos meno-

res en comparación con la verdadera prevención, pero

tiene también efectos. Y para esto hay que saber inves-

tigar, puesto que quién en realidad marca esa investi-

gación, más que un fiscal, más que el juez, es la policía,

la que primeramente interviene frente al suceso o la

denuncia. Es por ello que la policía tiene que estar muy

capacitada para eso. Y muy capacitada también para di-

versos hechos delictivos. No es la misma la capacitación

para investigar los delitos de los pobres, la violencia in-

dividual del barrio, que la investigación para descubrir

(y también para evitar) grandes fraudes tributarios o

los delitos de empresa. Los policías que se encarguen de

esto tienen que ser contadores, tienen que ser econo-

mistas, deben tener una gran formación, una profunda

formación.

“Investig-acción”

Esto nos vincula necesariamente a investigar (alejándo-

me ya de lo estrictamente policial) otro tipo de política de

izquierda, que tiene que ver, primero, con el diseño pero

también con el diagnóstico. Con lo que podríamos llamar

una política de “investig-acción”. Se trata de implemen-

tar políticas como quien prueba, considerar a la mejor

política también un ensayo. Reconocer que hay muchas

cosas que pueden fallar y que mientras se implementa,

mientras tanto, también se está investigando y apren-

diendo. Para ello es necesaria una evaluación de esas po-

líticas. Cierto que el diseño es anterior, pero la evaluación

se hace a la vez y posteriormente, y para esto es funda-

mental la tarea de la investigación; llevada adelante por

investigadores que se hacen en la práctica.

Siempre se puede aprovechar de conocimientos pre-

vios, de experiencias previas, pero yo diría que esto siem-

pre es relativo y que se investiga mejor sobre lo que el

propio actor forma parte.

En materia de políticas de seguridad, y probablemen-

te en todo tipo de conocimiento, hay cuatro tipos de cues-

tiones: 1) están aquellas cosas que sabemos que sabe-

mos; 2) están otras cosas que no sabemos que sabemos,

3) están las que sabemos que no sabemos y 4) aquellas

cosas que no sabemos que no sabemos.

a pesar de la necesaria humildad, no se debe dejar

de tener en cuenta que sabemos algunas cosas. Hay sa-

beres afianzados y otros difusos, aquellos que están en

los datos, desde lo más cuantitativo (estos números que

siempre son discutibles), hasta lo cualitativo, desde lo

que sabe la instancia de gestión política hasta el conoci-

miento del policía de a pie; hay cosas que se saben, por lo

que hay que aprovechar estos saberes, hay que sistema-

tizarlos, compartirlos. Y eso también es tarea que debe

incluir la transparencia, la difusión de ese conocimiento

(que puede tener incluso un efecto tranquilizador).

Pero también hay cosas que no sabemos que sí sa-

bemos. No sabemos qué hacer pero estamos haciendo,


estamos contrastando cosas que sí se hacen. De hecho,

mucho de lo que señalé antes no forma parte de un acer-

bo consciente del policía o de la institución. Debe repa-

sarse ese conocimiento que es fundamental para la tarea

preventiva. Y en el mismo sentido, la criminología teóri-

ca también debe recuperar esos saberes que se han aban-

donado u olvidado (algunos intencionalmente porque

se consideraban investigaciones positivistas o antiguas).

Deberían recordarse porque siempre nos indican algo so-

bre el momento en que se produjeron; en todo caso, ana-

lizar de nuevo, con nuevos ojos, porque pueden aportar

cosas interesantes. aunque ya se hizo esa investigación,

repasémosla.

Hay veces que hay que inventar necesariamente,

pero hay veces que inventamos porque somos ignoran-

tes, porque no recordamos o sabemos de aquello que ya

habíamos hecho u otro hizo. Es necesario aprovechar to-

das esas experiencias. Es muy importante recuperar eso

que alguien supo o sabe, y que nosotros ignoramos que

se sabe.

otra cosa es cuando sabemos que no sabemos: esto

obliga a realizar investigaciones. Podemos tener intuicio-

nes. Percibir efectos. Entender que aquí pasa algo pero

que no sabemos muy bien qué es. Frente a ello, investigar

de forma exploratoria hará saber algo más. Reconocer

que no se sabe es el primer punto de partida de la inteli-

gencia. obliga a actuar, claro, para intentar obtener algo,

que siempre será mejor que la nada.

Y después está lo que ocupa el noventa por ciento del

saber sobre la cuestión criminal, sobre la cuestión de la

seguridad. Y digo noventa por cierto y creo me quedo

corto. Me refiero a lo que no sabemos que no sabemos.

Esta situación dificulta incluso el diseño de las investi-

gaciones porque no sabemos qué buscar, ni por dónde

comenzar. Es aquí donde aparece fundamentalmente la

ventaja, la consecuencia de las políticas democráticas,

socialistas y participativas. Las que implican que entre

todos y todas vayamos discutiendo, planteando cosas de

las que puedan surgir líneas de investigación.

En todo caso, concluiré diciendo que hay que investi-

gar. investigar mientras se hace, asumiendo esa dificul-

tad y, por lo tanto, investigar sin suficiencia, con capa-

cidad de autocrítica y también con controles internos y

externos –principalmente los comunitarios–, puesto que

estamos trabajando con el dinero de todos y de todas, de

aquello mismo que se investiga y diseña.

agradezco mucho su atención y agradezco también

por dejarme a mí escuchar, aprender y participar de esta

experiencia.

La atención a las víctimas desde un enfoque comunitario *Atención psicosocial y reparación integral

CARLOS MARTíN BERISTAIN **

El enfoque que se presenta en esta ponencia se centra en una perspectiva

psicosocial de la experiencia de las personas o colectivos afectados por la

violencia y del apoyo psicosocial o las perspectivas sobre la reparación.

1. Una perspectiva psicosocial de la atención a las víctimas de la violencia

Atención psicosocial

Entendemos por atención psicosocial el proceso de acompañamiento indivi-

dual, familiar o comunitario, orientado a hacer frente a las consecuencias

26

* Ponencia presentada en el Seminario Internacional Violencia, armas de fuego y aten-ción a las víctimas, organizado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme (Codesarme) y llevado a cabo en Caracas, Venezuela, entre el 22 y el 23 de octubre de 2012.

** Carlos Martín Beristain es médico y doctor en Psicología. Fue objetor de conciencia al servicio militar en 1977. Trabaja desde 1989 con víctimas de la guerra y organizacio-nes de derechos humanos de numerosos países: El Salvador, Guatemala, Colombia o México. Ha sido coordinador del informe Guatemala nunca más y ha asesorado varias comisiones de la verdad en Perú, Paraguay y Ecuador. Ha trabajado como asesor de la Corte Penal Internacional en varios países de África. Es autor, entre otros, de Recons-truir el tejido social (2004) y Manual sobre perspectiva psicosocial en la investigación de derechos humanos (2010), y coautor de Violencia, apoyo a las víctimas y reconstrucción social. Experiencias internacionales y el desafío vasco (2000).

atención a las víctimas c.m.. beristain | 27

del impacto traumático de la violencia a humanos y pro-

mover el bienestar, apoyo emocional y social a las vícti-

mas, estimulando el desarrollo de sus capacidades.

El impacto individual no puede separarse de una

perspectiva social dado el carácter más amplio de la vio-

lencia, la importancia del contexto y de las respuestas

institucionales, tanto en la forma en cómo se manifies-

tan las consecuencias y el sufrimiento, como en las cir-

cunstancias que ayudan o no a la recuperación. La di-

mensión psicosocial no tiene solo en cuenta al individuo,

sino la dimensión familiar y la reconstrucción de redes

sociales de apoyo, que se han destruido muchas veces

como consecuencia de la violencia.

Algunas premisas

Muchas de las reacciones de las víctimas son reacciones

normales frente a experiencias anormales y hay que en-

tenderlas como tal. Después de hechos traumáticos es

normal que la persona se encuentre afectada y eso no

significa que esté enferma. La atención debe ayudar a las

víctimas a enfrentar las consecuencias e impactos de la

violencia, pero también se debe poner énfasis en el cam-

bio de contexto para la prevención. Se necesita cambiar

las leyes y el modo en cómo las instituciones se relacio-

nan con las víctimas, promoviendo un contexto más fa-

vorable para su recuperación.

Por último, hay que evitar que las experiencias de vio-

lencia se conviertan en estigmas. Entendemos por estig-

ma una marca moral negativa cargada sobre la persona,

que supone una cierta forma de desprecio o de tratarla

como un objeto. Por ejemplo, son frecuentes los estereoti-

pos sobre las víctimas como personas disminuidas, pasi-

vas u objeto de consuelo, más que como personas activas

que han sufrido un enorme impacto pero que deben ser

tenidas en cuenta en el proceso de recuperación. La aten-

ción psicosocial debe ayudar a la gente a enfrentar las

situaciones, a propiciar que la persona o la comunidad

retomen el control de su vida en sus manos. Eso supone

desafíos para hacer del acompañamiento algo que a la

gente le ayude a recuperar su vida y no convertirla en un

objeto pasivo al que se orienta la ayuda.

otro aspecto clave es el de la dignidad. Los servicios

de salud, alimentación, vivienda, y educación que nece-

sitan las víctimas se pueden describir como necesidades

básicas, pero la dignidad es el ingrediente vital que falta

cuando las necesidades básicas se cubren de una manera

mecánica e impersonal. La recepción de un testimonio

o las gestiones legales, la acogida a la víctima o el pro-

porcionarle ayuda humanitaria tienen que ser hechas

de forma que se respete la dignidad de la persona. La

restauración de la dignidad es un elemento central en la

respuesta de apoyo a las víctimas, también es una parte

de las demandas de las víctimas frente al Estado o la so-

ciedad, por ejemplo cuando las víctima o familiares son

estigmatizados, despreciada su memoria o culpabilizados

por lo sucedido.

Víctimas: ¿situación o condición?

Normalmente se habla de víctimas directas e indirectas.

Las víctimas directas son las que han sufrido directamente


la violencia, por ejemplo la persona que fue secuestrada,

asesinada o sufrió violación sexual. Las víctimas indirec-

tas son aquellas que por sus lazos familiares o sociales su-

fren también las consecuencias. a veces estas últimas son

las únicas que sobreviven, como por ejemplo, los familia-

res de los desaparecidos o de personas asesinadas y sufren

directamente sus propias violaciones o amenazas.

La definición como víctima es importante para hacer

valer sus derechos, pero, por otra parte, corre el riesgo de

absorber la identidad, limitando los roles, aspiraciones o

experiencias vitales de la persona afectada al hecho de

haber sufrido la violación y, focalizando la interacción

con grupos de Derechos Humanos, funcionarios de jus-

ticia o el Estado en esa condición. En general, no es una

consecuencia solo del hecho traumático, sino de los cam-

bios individuales, los procesos de influencia de la gente

próxima, de fenómenos grupales (familia o grupo) y las

expectativas sociales. además frecuentemente globaliza

las necesidades o características de personas que muchas

veces tienen experiencias comunes pero ideas o intere-

ses diferentes. Hay que poner especial cuidado a no ge-

neralizar y no trabajar con ideas tópicas en referencia a

las víctimas, dado que los estereotipos sobre las víctimas

(son pasivas, demandantes, etc.) inducen muchas veces

a tratarlas con desconfianza o sin respetar sus derechos

o su dignidad.

Modelos para entender la experiencia de las víctimas

Los impactos son individuales pero también familiares

y colectivos (afectan a su grupo de referencia, redes de

apoyo o comunidad). Estos tres niveles de afectación de-

berían ser explorados cuando se abordan el impacto y las

necesidades psicosociales de las víctimas.

La violencia conlleva también en las víctimas una

pérdida de estatus y recursos sociales y puede generar-

les un cuestionamiento de las creencias sobre el mundo,

la justicia o la sociedad, así como la espiritualidad. Eso

supone frecuentes reacciones de desconfianza frente

agentes del Estado que pueden tener, en ocasiones, al-

gún grado de implicación en la violencia o en su falta de

prevención o frente a la sociedad. Por último, el cómo se

produjo la muerte, la falta de reconocimiento o las ame-

nazas suponen un impacto en la dignidad de la gente.

Estas características deben tenerse en cuenta por parte

de quien trabaja con las víctimas, para entender sus re-

acciones y poder proporcionar apoyo.

Numerosos modelos de la psicología, la psiquiatría o

la antropología tratan de explicar el comportamiento hu-

mano. Por ello, estos se usan para valorar el impacto de

las experiencias de violencia que caracterizan a las vio-

laciones de Derechos Humanos. Estas son experiencias

amenazantes para la integridad personal, asociadas a

emociones extremas de dolor, humillación, caos y estrés

negativo extremo. No existe un único modelo explicativo

y estas miradas, o énfasis, de diferentes modelos hablan

de diferentes perspectivas que pueden utilizarse de forma

complementaria. El impacto puede verse entonces como

una amenaza para la vida (miedo), como un trauma (he-

rida), como una crisis (estrés) o una pérdida (duelo).

Como experiencias amenazantes, muestran el impac-

to del miedo, las necesarias condiciones de protección y


seguridad para las víctimas o familiares y el acompaña-

miento en las situaciones de peligro. Como experiencias

traumáticas, suponen una fractura en la vida de la gente,

un antes y un después que marca la vida y que las perso-

nas tienen que aprender a enfrentar. Estas son también

experiencias que dejan una profunda huella psicológica,

que se repite a veces en forma de memorias traumáticas

o pesadillas y que conlleva no solo un fuerte impacto psi-

cológico, sino también al cuestionamiento de sus creen-

cias básicas, la sensación de seguridad o de sentido del

mundo. Las experiencias estresantes y extremas, pueden

analizarse como situaciones límite que ponen en tensión

todos los recursos personales o colectivos para tratar de

enfrentarlas. El estrés negativo extremo, el desamparo y

la pérdida de control de la propia vida, suponen conse-

cuencias frecuentes del impacto de la violencia. La vio-

lencia también conlleva pérdidas humanas y procesos

de duelo alterado. La muerte por violencia supone un

enorme impacto en dichos procesos, tanto por lo súbito

o injusto de los hechos, como por la incapacidad de pre-

pararse, la causa humana de la pérdida y el mayor miedo

y rabia como respuestas. además, muchas de las formas

de enfrentar el duelo se encuentran frecuentemente blo-

queadas por la dificultad de expresarse sobre la pérdida,

realizar ceremonias o adaptarse a la situación de la pér-

dida y la ruptura de vínculos significativos.

Se necesita entender las formas de afrontamiento, es

decir lo que las personas hacen para tratar de enfrentar

la situación, las formas de adaptación, ya sean más pro-

tectoras (como el silencio o no hablar), como otras que

tratan de transformar sus vidas, como la denuncia o el

apoyo mutuo.

Afrontamiento y apoyo social

Desde esta perspectiva, el impacto va a depender no solo

del hecho, sino también de dos factores mediadores: el

afrontamiento y el apoyo social. ¿Qué significa que sean

factores mediadores? Significa que son factores que pue-

den disminuir o aumentar el impacto. Las personas que

pueden encontrar formas más constructivas de enfren-

tar los hechos, por ejemplo dándoles un sentido o bus-

cando información y retomando su vida, se van a en-

contrar psicológicamente mejor que las personas que se

culpabilizan o se quedan paralizadas. también significa

que las personas que cuentan con apoyo social, es decir

con información, unas relaciones sociales positivas y so-

bre todo que tienen algunas personas con las que pue-

den compartir lo sucedido y sentirse escuchadas y sus

necesidades tenidas en cuenta, se van a encontrar mejor

que las personas que son aisladas o estigmatizadas y no

cuentan con dicho apoyo. El apoyo social ayuda a una

Perspectiva psicosocial


mejor situación emocional, a enfrentar mejor las expe-

riencias difíciles y es una fuente de soporte para restable-

cer las redes sociales que muchas veces fueron quebradas

por la violencia.

Dimensión individual y colectiva

En muchos países, la violencia ha adquirido una dimen-

sión de epidemia por la alta frecuencia de muertes vio-

lentas. En ello influyen tanto los contextos de exclusión

social y desigualdades, como los regímenes cuestionados

de la propiedad, las estructuras de criminalidad como

maras, narcotráfico, o trata de personas, migrantes, etc.

Países como México, Brasil, Guatemala o Venezuela

tienen altas tasas de mortalidad por violencia social en

ciertas zonas, lo que supone un problema social impor-

tante, pero muchas veces no existen espacios sociales o

colectivos para enfrentar la situación. a menudo son vis-

tas como una suma de problemas individuales y no como

algo que necesita una respuesta colectiva. atribuir sen-

tido a las experiencias, proporcionar espacios de apoyo

para las víctimas también supone visibilizar un problema

colectivo al que las políticas públicas tienen que hacer

frente. además, hay que tener en cuenta que existen

numerosos mecanismos que hacen posible la violencia

a gran escala, tales como estructuras criminales, pero

también el contexto de impunidad o la participación de

agentes del Estado de forma activa o con una responsabi-

lidad indirecta en la falta de investigación o persecución.

Estos aspectos son importantes a considerar en el tra-

bajo con las víctimas, dado que la dimensión colectiva

puede ser más difícil cuando los hechos o los autores de

las mismas son distintos. Esto conlleva frecuentemente

la necesidad de abrir espacios para el conocimiento, la

identificación o el apoyo mutuo, más difíciles que en con-

textos de violencia política donde la dimensión colecti-

va del impacto o la identificación mutua puede ser más

evidente.

Funciones de la atención

o acompañamiento psicosocial

La atención o acompañamiento psicosocial puede darse

en diferentes contextos. Por ejemplo, como parte del apo-

yo a una comunidad afectada por la violencia, trabajan-

do con un grupo de apoyo mutuo de personas afectadas,

proporcionando atención individual o acompañamiento

en procesos judiciales o en las demandas de verdad, jus-

ticia o reparación.

Las diferentes acciones y programas deben tener en

cuenta la situación, necesidades y demandas de las víc-

timas para partir de ellas y poder adaptarse a su proceso.

La atención psicosocial no es un conjunto de acciones

VIOLENCIA Y CONSECUENCIAS Factores de estrés


preestablecidas para cualquier situación y que pueden

llevarse a cabo independientemente de la persona, grupo

o contexto. Sin embargo, hay dos aspectos básicos para

poder realizar cualquier acción de apoyo: a) la construc-

ción de un contexto favorable para la atención, sin el

cual las acciones no pueden llevarse a cabo o lo hacen

de manera precaria o incluso negativa, b) el desarrollo

de un vínculo de confianza y de apoyo con las personas

afectadas.

teniendo en cuenta estas dos cuestiones previas, las

funciones de la atención o acompañamiento psicosocial

son:

1. Escuchar y valorar las demandas, dificultades y proble-

mas que forman parte de la experiencia de las víctimas.

2. ayudar a expresar, entender y contener el impacto

emocional de las violaciones de Derechos Humanos

y experiencias traumáticas.

3. abordar las dificultades sentidas por las víctimas en el

contexto de sus relaciones familiares y/o comunitarias.

4. identificar los recursos positivos individuales, fa-

miliares o comunitarios, ayudando a fortalecer sus

capacidades.

5. Proporcionar espacios de encuentro grupales que ten-

gan sentido para las víctimas, basados en la confianza,

la reconstrucción de relaciones y el apoyo mutuo.

6. Facilitar el acceso a los recursos de apoyo disponibles,

incluyendo la derivación de casos que tengan necesi-

dades específicas.

Los programas comunitarios

Los programas comunitarios deben tener en cuenta la

historia de la violencia y cómo ha afectado en el medio

local. Estos también deben entender la historia previa de

la comunidad afectada. todo esto caracteriza las condi-

ciones del contexto local a las que deben adaptarse las

intervenciones, según el ritmo de asimilación de los he-

chos traumáticos, la confianza y cohesión comunitaria.

Los programas no pueden estar condicionados a valora-

ciones políticas o exigencias que condicionen a las vícti-

mas. Por ejemplo, no deben condicionar el apoyo a que

se admitan otras políticas que no tienen que ver con las

víctimas, o que se determinen criterios políticos para ac-

ceder a las ayudas.

Un trabajo de redes En los casos colectivos para pro-

porcionar apoyo a las víctimas y una reconstrucción del tejido

social, se necesita identificar cuáles son las redes que pueden

proporcionar más apoyo (por ejemplo las maestras y maestros

en el caso de infancia, o grupos de mujeres organizados en las

comunidades, etc.) de forma que sirvan para: a) identificar los

casos problemáticos asegurando que se pueden remitir a quie-

nes tienen forma de atenderlos, b) realizar actividades de apo-

yo comunitario o individual, y c) sostener las redes que pueden

verse afectadas también por la violencia.


Muchas formas de apoyo a las víctimas incluyen el

desarrollo de proyectos en el medio local. Se necesita

evaluar la adecuación de los programas para minimizar

los posibles efectos negativos, como por ejemplo, no ade-

cuarse a la situación y el ritmo local, generar una rela-

ción de dependencia o conflictos. algunas formas de ha-

cerlo son: a) tener en cuenta el impacto local de la ayuda

en las relaciones de poder, el aumento de las diferencias

sociales, etc., antes de llevar a cabo los programas de for-

ma que se puedan establecer mecanismos preventivos;

b) establecer consenso y claridad sobre los criterios de la

ayuda con la población afectada; c) atender a las deman-

das de la gente, estableciendo formas de participación

de los afectados; d) apoyar las formas de organización

propias; e) asegurar el control efectivo de la ayuda por

parte de los beneficiarios y, por último, f) incrementar los

sistemas de apoyo mutuo y las redes de solidaridad, en

vez de crear dependencia.

Potenciar los recursos existentes

Las intervenciones psicosociales deben potenciar los re-

cursos de las víctimas, sus familias y grupos de referencia

o redes de apoyo. La atención psicosocial debe favorecer

la identificación y reconocimiento de los propios recur-

sos, así como establecer contactos con grupos de referen-

cia o apoyo, de forma que la gente se pueda beneficiar de

un intercambio y reconstrucción de dichas redes socia-

les. Estas estrategias pueden ser indirectas (como formas

de preservación, manejo del silencio, solidaridad prácti-

ca, etc.) o más directas (como hablar sobre lo sucedido,

organizarse, denunciar, etc.).

¿Quién proporciona la atención psicosocial?Las alternativas de atención psicosocial son básicamente tres:

1 2 3Atención psicosocial a través de los servicios establecidos por el Estado. En general están poco preparados, pueden darse problemas de con-fianza y son poco flexibles a sus necesidades. Para poder integrar estos servicios en una atención ade-cuada, además de la formación de los profesionales en esta área, se necesita identificar profesionales de referencia, establecer redes de servicios y evitar la burocracia y la fragmentación de las intervenciones.

Trabajo de ONG de salud mental y pro-fesionales ad hoc. Dichas organizaciones y profesionales pueden proporcionar formación y acompañamiento a otros servicios o redes de apo-yo, cuando cuentan con una buena experiencia. En este caso es preciso establecer criterios comu-nes y de calidad de la atención entre diferentes organizaciones.

Equipos y redes de apoyo en ámbito comunitario. Los equipos y redes comu-nitarios constituyen un recurso posible para hacer efectivo el apoyo a las víctimas. Se ne-cesita identificar cuáles son los más adecua-dos y contar con una estrategia de formación de multiplicadores y acompañamiento a los mismos, que tenga en cuenta los criterios bá-sicos de intervención comunitaria.


Los programas de apoyo deben tener en cuenta estas

estrategias y no pensar que no existen o pasar por encima

de ellas. Dichas estrategias tienen que darse de acuerdo

con las víctimas, por esto las metas para la atención o su

recuperación no pueden ser establecidas de forma aisla-

da por los profesionales o el sistema de apoyo. Por último,

la atención debe poner en contacto a las personas afec-

tadas con otros recursos que pueden ser de ayuda para

poder reconstruir sus vidas (institucionales, económicos

o programas psicosociales).

Estímulo del apoyo mutuo

Las víctimas no solo buscan apoyo en el sector profesio-

nal sino que, en muchos casos, son apoyadas por otras

personas que pasaron por la misma experiencia o cuan-

do la gente ha vivido una experiencia colectiva.

La capacidad de autoayuda es también un recurso

de las redes como organizaciones de familiares o comu-

nidades que han vivido situaciones extremas, enfrentan-

do juntos el peligro. Los recursos que hay que tratar de

potenciar en los grupos de apoyo mutuo son: el sentirse

escuchado y comprendido, prestarse fuerzas mutuamen-

te, analizar los problemas, identificar recursos positivos,

reconocer sentimientos, revalorizar e intercambiar expe-

riencias, desarrollar formas de poder colectivo e integra-

ción de soluciones acordadas en el grupo.

también los grupos pueden ser espacios de conten-

ción y expresión emocional a través de medios que pro-

porciona la cultura, tales como la música, el baile o el

teatro. Estas expresiones artísticas constituyen técnicas

creativas con una función de expresión y contención

emocional, así como creación de espacios colectivos

culturalmente adaptados. Las formas de simbolizar la

experiencia o construir una memoria colectiva, pueden

tener una base en expresiones creativas y pueden estar

incluidas en las actividades grupales, pero hay que evitar

la consideración como atención psicosocial a cualquier

tipo de actividades lúdicas descontextualizadas.

Experiencia de las diferentes poblaciones afectadas

Los efectos y formas de afrontar los hechos pueden ser

distintos según el grupo de edad, género, situación social

o las características de los hechos vividos. La atención

psicosocial debe partir de entender los distintos impactos

y las experiencias de los diferentes grupos de población o

el tipo de demanda que plantean.

Los niños y niñas, además de sufrir sus propias expe-

riencias traumáticas, son especialmente sensibles a des-

organización familiar y a los efectos de violencia en sus

padres. Según su edad, pueden manifestar miedo, apa-

tía o tensión emocional. Hay que tener especial cuidado

cuando los niños tuvieron problemas psicológicos antes,

si la situación familiar era conflictiva, cuando los adul-

tos se encuentran muy afectados y utilizan al niño como

apoyo, o cuando no ha conocido la verdad de lo sucedido.

Sin embargo, los niños con adecuado soporte social y fa-

miliar tienen menos problemas y síntomas a corto plazo,

aun cuando se enfrentan a situaciones de alto estrés. Los

niños no son solo víctimas pasivas y también pueden en-

contrar formas activas de acción y resistencia.


La población adolescente y joven se enfrenta a la

construcción de su identidad en un contexto de violen-

cia, con la pérdida de su padre o madre y el impacto en la

socialización, así como las reacciones colectivas de iden-

tificación o rechazo a la violencia y, en su caso, el recluta-

miento. Los adolescentes pueden manifestar distinta fre-

cuencia de problemas como agresión, abuso de alcohol

y suicidio. Sin embargo, los adolescentes también tienen

energía positiva, capacidad de identificarse con otros y de

innovación y cambio.

Las mujeres están más expuestas a la violencia se-

xual y a sobrecargas de trabajo y afectivas, especialmen-

te cuando tienen que hacerse cargo solas de la familia y

tienen menos espacios sociales para participar. a veces

son víctimas directas por ser parte de la población gene-

ral, por sus relaciones afectivas o por ser líderes de sus

comunidades. El impacto familiar recae, en la mayor par-

te de las ocasiones, en las mujeres ya que son afectadas

por las pérdidas familiares, sufren acoso u hostigamiento

familiar y tienen que enfrentar una grave crisis familiar

de carácter económico (pobreza), social (sobrecarga de

roles) y afectivo (desintegración) que se prolonga duran-

te años. Pero en algunos contextos, las mujeres pueden

incluso enfrentar mejor la situación centrándose en las

tareas cotidianas, compartiendo sus experiencias y or-

ganizándose para enfrentar la situación. En muchos

lugares, las mujeres han cuestionado sus roles tradicio-

nales en la esfera privada, logrando nuevos espacios en

la acción pública o la defensa de los Derechos Humanos.

Numerosas iniciativas de apoyo a las víctimas están lide-

radas por mujeres.

Los hombres son en mayor medida objeto de violen-

cia o persecución y el impacto de la violencia frecuente-

mente afecta a su rol en la familia y la pérdida de la tierra

y de su papel como fuente de supervivencia. Los ancianos

son físicamente menos hábiles, generalmente tienen me-

nos capacidad de adaptación a situaciones nuevas y que

cambian rápidamente y para ellos puede ser más difícil

vivir lejos de su hogar. La pérdida de amigos o familia

puede afectarles más, esto debido a su mayor dependen-

cia respecto a la familia y comunidad para tener apoyo.

Un grupo especialmente vulnerable son los ancianos no

acompañados.

Las personas con graves problemas físicos o enfer-

medad mental son muy vulnerables a las condiciones de

desorganización social, que incluyen la pérdida de siste-

mas de apoyo comunitarios o servicios de salud. Esto les

vuelve más dependientes y con menor apoyo y visibili-

dad. además, vivir situaciones de tensión o cambio brus-

co puede provocar crisis que empeoren su condición o les

pongan en peligro.

2. Principios de la atención a las víctimas

a continuación se exponen algunos de los principios en

los que debe basarse la atención psicosocial de las vícti-

mas de violaciones de Derechos Humanos.


1. Tener en cuenta las necesidades psicosociales desde una perspectiva global

algunas de las necesidades de las víctimas y comunida-

des afectadas tienen un fuerte componente psicosocial.

Entre estas están:

» Seguridad y protección, dado que promover un espacio

de seguridad es el primer paso para cualquier proceso

de apoyo.

» Identificación que suponga el reconocimiento de su ex-

periencia y el acceso al ejercicio de sus derechos como

víctima.

» Información que ayude a salir de la confusión sobre las

consecuencias de las violaciones, las posibilidades de

investigación, así como los recursos de apoyo a la fa-

milia o comunidad y los derechos que tienen.

» Acciones de reconstrucción que implican un fortaleci-

miento de los lazos de soporte afectivo y social (apoyo a

la infancia, escolarización y reagrupamiento familiar).

» Participación en la toma de decisiones sobre los aspec-

tos que tienen que ver con sus vidas. Retomar el con-

trol de su vida en sus manos es una condición bási-

ca para la recuperación y salud mental, teniendo en

cuenta el nivel de impacto sufrido, sus recursos y sus

necesidades.

» Derecho a un trato digno y condiciones de restitución

de derechos que fueron violados. Hay que ver estos

procesos como de restitución de derechos y no solo

como cubrir ciertas necesidades.

» atención al impacto emocional, incluyendo apoyo

individual o mediante grupos de apoyo mutuo y/o

apoyo terapéutico.

Estas pueden considerarse las necesidades psicosocia-

les básicas. La atención psicosocial no se limita a la aten-

ción emocional y duelo. En un sentido amplio, todos los

programas de reconstrucción deben tener en cuenta un

enfoque a perspectiva psicosocial, para poder identificar

su impacto en las víctimas y la necesidad de reconstruc-

ción de sus redes sociales.

2. No abrir procesos

que no se van a estar acompañando

Hay que evitar abrir procesos donde se va a estar para

acompañar. actividades como toma de testimonios, los

registros de víctimas o las denuncias suponen para las

víctimas activar memorias de los hechos traumáticos,

volver al escenario del horror. Recordar puede tener mu-

cho sentido, pero también duele y puede dejar a la perso-

na más triste o generarles pesadillas o malestar.

Quienes están involucrados en esas acciones tienen que

tener cuidado y respeto por la víctima. Eso supone tener el

mínimo tiempo necesario y adaptarse al ritmo o situación de

la persona. También evaluar, al final de las acciones o diligen-

cias, cómo se encuentra la persona y ponerla en contacto con

formas de apoyo en caso de ser necesario.


3. Construcción de la confianza

Los impactos más fuertes de la violencia son el miedo y la

desconfianza, dada la frecuencia con que la gente ha sido

victimizada por ser de una comunidad, una organización

social o simplemente por acusaciones. En el contexto co-

lombiano, muchas víctimas han sufrido durante años el

acoso de los grupos armados ilegales o también agentes

del Estado, así como han sufrido la impunidad con la que

se han desarrollado muchas de sus acciones.

todo ello supone que muchas víctimas enfrentan

estos procesos judiciales o demandas de verdad o repa-

ración con miedo ante los perpetradores y con descon-

fianza frente a los organismos del Estado. El personal de

apoyo y funcionarios a cargo de estos procesos tienen

que partir de esta situación para:

1. Promover condiciones de seguridad y generar una

base de confianza en las víctimas que permita poder

trabajar con ellas.

2. identificar las muestras de desconfianza, los silencios

o el miedo como reacciones normales debido al clima

de terror; respetarlas y establecer un compromiso con

las víctimas sobre la continuidad del apoyo.

3. absorber la rabia, tensión o dificultades de las vícti-

mas en los procesos, dado que es parte de la función

de quien interviene en el proceso de acompañamiento.

4. Mostrar una coherencia y consistencia entre lo que

se dice y lo que se hace con las víctimas, la falta de

respuesta a compromisos es un factor que genera una

nueva victimización.

5. asegurar la necesaria confidencialidad de forma

explícita acerca de la información o impactos de

las violaciones que no quieran ser reveladas por las

víctimas.

4. Manejo de información y expectativas de las víctimas

En el trabajo con las víctimas pueden surgir diferentes

problemas y necesidades. Es importante mantener los

principios de coherencia y congruencia por parte de

quien trata de prestar ayuda. Para ello es fundamental

conocer y tener en cuenta las expectativas de las vícti-

mas. Estas pueden ser: a) lograr un conocimiento de los

hechos y del destino de sus familiares; b) obtener algu-

na forma de justicia; c) obtener formas de reparación y

recursos para mejorar su vida; d) reconstruir sus rela-

ciones u obtener ayuda para manejar el impacto trau-

mático. En cada uno de estos casos hay que explorar sus

percepciones y expectativas, al igual que explicar, de for-

ma adaptada a su nivel, las posibilidades y limitaciones.

En ocasiones, esta explicación tiene que darse varias ve-

ces, siendo preciso dejar tiempo para preguntas o dudas

de forma que se asegure la comprensión.

5. Prevenir una nueva victimización

La dimensión ética en el comportamiento con las vícti-

mas debe ser parte de cualquier relación de funcionarios


o personal de apoyo. Esta dimensión ética supone tanto

una consideración de los Derechos Humanos como base

de la atención, como una posición crítica respecto a la

injusticia de la violencia sufrida. El personal que pro-

porciona acompañamiento psicosocial debe privilegiar

la aceptación y apoyo a las víctimas y evitar juzgar sus

reacciones o posiciones políticas. Desde un punto de vista

psicosocial, las tres cuestiones básicas para el trato con

las víctimas son:

» No hacer daño, es decir, si no se puede ayudar, al me-

nos no hacer más daño. Para ello es importante no

solo plantearse los efectos probablemente positivos de

una acción, sino también prevenir las posibles conse-

cuencias negativas.

» Prevenir una revictimización, es decir, la posibilidad

de nuevas violaciones o la repetición de los hechos

contra la víctima, promoviendo su protección y una

forma de evitar la exposición mayor al riesgo.

» Evitar la victimización secundaria, es decir, las formas

de estigmatizar o no respetar a las víctimas en su

dolor o sus derechos y que suponen un nuevo golpe

para ellas. Por ejemplo, no creyendo o cuestionando

el relato de la víctima que tiene que demostrar así su

afectación en un contexto de desconfianza, la crimi-

nalización de la propia víctima que tiene que justifi-

car por qué le pasó eso o la banalización del dolor y

sufrimiento, minimizándolo sin tener en cuenta la

situación de la víctima. Un factor especialmente ne-

gativo es hacer que las víctimas tengan que dar su

testimonio de forma repetida frente a diferentes ins-

tancias, por lo que esta práctica debería limitarse, va-

lidando los testimonios una vez se hayan recogido en

Prevención de la victimización secundaria en los procesos de investigación En los casos de procesos judiciales o administrativos:

» Explorar motivaciones, expectativas y posibilidades de una forma realista en la decisión inicial de la víctima. » Estudio de costos y beneficios: analizar en su contexto las posibilidades a la hora de la toma de decisiones.

» Agilizar el tiempo para la investigación judicial o de respuesta posterior. El tiempo prolongado genera mayor sobrecarga en las víctimas. » Evitar la confrontación directa con perpetradores.

» Evitar la repetición reiterada de la toma del testimonio. » Actitudes de escucha, respeto y apoyo a las víctimas en sus dificultades.

» Proporcionar garantías sobre la forma en cómo se trata la información acerca de los hechos o las víctimas por parte de los perpetradores. » Superar los mecanismos de impunidad que generan un nuevo impacto en las víctimas.


las debidas condiciones para ulteriores necesidades

de las instituciones implicadas.

6. Cuidar los aspectos relativos a la seguridad

Como se mencionó previamente, el primer punto a evitar

es la revictimización de la víctima. Se necesita cuidar los

aspectos de seguridad tanto respecto a la prevención de

nuevas violaciones, como en el manejo de la información

en el ámbito judicial (protección de testigos, identifica-

ción, etc.) y en su medio social. La seguridad y el manejo

del miedo forman parte de los aspectos básicos del acom-

pañamiento psicosocial.

Desde un punto de vista psicosocial lo importante no

es solo contar con medidas de seguridad, sino también

tener en cuenta el comportamiento personal o colectivo

frente a las situaciones de riesgo.

3. Proceso de búsqueda de verdad justicia y reparación. El papel de la atención psicosocial

Los procesos judiciales o demandas de verdad o repara-

ción suponen un contexto específico en el cual se desa-

rrolla, en algunas ocasiones, la atención psicosocial a las

víctimas. Esto se debe a que dichos procesos forman par-

te de los esfuerzos de las víctimas por enfrentar el impac-

to de la violencia, pero en general no están orientados a

contar con las necesidades o garantías para las víctimas

y suponen, frecuentemente, experiencias estresantes o

que pueden generar nuevos impactos. Se debe tener en

cuenta que en estos casos se trata de una dimensión de

proceso y el acompañamiento no debería limitarse a in-

tervenciones puntuales aisladas.

El apoyo psicosocial en estos contextos tiene que

orientarse tanto a la prevención como la atención frente

a los problemas que se puedan presentar. En este sentido,

incluye: a) el diseño del proceso para disminuir los facto-

res de estrés asociados al contexto en el que se hacen las

demandas; b) proporcionar criterios de trabajo con las

víctimas para los diferentes actores que intervienen y c)

proporcionar apoyo específico a las víctimas. Esto último

supone:

1. Proporcionar un apoyo emocional frente al miedo,

angustia e impacto de amenazas por la denuncia o

las diferentes gestiones judiciales.

2. ayudar a familiarizarse con el proceso, las dificulta-

des, el manejo de la tensión y proporcionar a la víc-

tima información adecuada sobre el mismo. Las víc-

timas tienen que estar preparadas psicológicamente

con anterioridad para poder enfrentar mejor las ex-

periencias estresantes.

3. acompañar el proceso más allá de los momentos es-

tresantes o que generan una mayor atención, dada la

necesidad de seguimiento y la frecuencia de nuevas

dificultades menos visibles más adelante.

El derecho a la justicia

Para las víctimas de violaciones de Derechos Humanos,

el derecho a la justicia, como investigación y sanción a


los responsables, forma parte de las demandas que pue-

den contribuir a enfrentar el dolor y las consecuencias de

la impunidad que han sufrido durante años. Desde una

perspectiva psicosocial, la justicia ayuda a las víctimas

al reconocimiento del valor de sus familiares, así como a

poner las bases de relación entre las personas en el res-

peto a los Derechos Humanos. La impunidad supone no

solo un nuevo impacto para las víctimas, sino que contri-

buye a mantener el poder de los perpetradores.

En términos del restablecimiento de la convivencia

local, la posición de las víctimas continúa siendo de de-

pendencia y miedo cuando está condicionada por el po-

der local de los perpetradores. La justicia puede ayudar a

abrir el espacio para las víctimas y a disminuir el poder de

los perpetradores, lo cual es un paso clave para cualquier

proceso de reconstrucción del tejido social.

La búsqueda de la justicia tiene mucho sentido para

las víctimas, aunque sus expectativas están relacionadas

a las garantías de los procesos, la justicia supone una

lucha contra la impotencia. En muchos países las vícti-

mas han sido el motor de la lucha contra la impunidad,

mediante su persistencia y creatividad para enfrentar las

enormes dificultades con que se encuentran.

Sin embargo, frecuentemente los procesos judiciales

recaen en la espalda de víctimas y familiares, que se ven

así enfrentados a una importante sobrecarga emocional

y dificultades prácticas. Una falta de sanción o propor-

cionalidad de la sentencia genera, frecuentemente, una

sensación de sin sentido y de burla en muchos casos. to-

das estas dificultades deben formar parte del acompaña-

miento psicosocial en los procesos de justicia.

El proceso de la demanda y el proceso personal

Estos procesos de exigibilidad de los derechos pueden ver-

se desde una doble perspectiva, la de las rutas jurídicas o

administrativas por un lado y por otra parte, la que tiene

que ver con el proceso de la víctima o la comunidad afec-

tada. Esos dos procesos se dan íntimamente relacionados

entre sí, pero muchas veces son dos ruedas que caminan

en sentidos distintos. Para integrar ambos procesos se

necesita una perspectiva psicosocial.

Por ejemplo, en el proceso legal dominan las exigen-

cias jurídicas de la demanda, tales como la preparación

del caso, su investigación en el país, la participación en

peritajes y pruebas, la preparación de testimonios y la

propia audiencia, el tiempo de espera y la sentencia o el

tiempo de cumplimiento. Mientras que el proceso perso-

nal, familiar o comunitario se refiere a cómo la gente pro-

cesa el dolor, las formas de enfrentar las consecuencias

de las violaciones, la recuperación para reconstruir sus

vidas o la asimilación de la pérdida.

La conjunción de estos dos procesos se refleja, en

gran parte, en las necesidades y el acompañamiento del

individuo. Por ejemplo, las demandas o denuncias tienen

un largo proceso por delante hasta que haya una resolu-

ción. Mientras tanto, la víctima y su familia tienen que

seguir con su vida y tratar de rehacerse. Por otra parte,

los casos a veces se cierran con una sentencia, pero la

víctima tiene que enfrentar después los problemas del

cumplimiento y, hasta entonces, sigue con una situación

abierta que le pone en condiciones de vulnerabilidad. o

en otros casos, la víctima va a querer dejar la demanda


porque con el tiempo ha ido cambiando el sentido que

tenía para ella, o siente que necesita cerrar psicológica-

mente el proceso como se da muchas veces en los casos

de violencia sexual. todo ello supone que hay que tratar

de coordinar estos dos procesos, el jurídico o administra-

tivo por un lado, con el individual, familiar o colectivo

por el otro.

algunos momentos clave para el acompañamiento

en estos casos son, la valoración del daño, la toma de tes-

timonios o la preparación de audiencias.

La reparación integral y el enfoque psicosocial

al hablar de la reparación, lo primero que se debe tomar

en cuenta es la conciencia de la irreparabilidad. Como

muchas víctimas señalan: “Nada puede repararme el

dolor que sufro ni devolverle la vida a mi hijo”, pero eso

no significa que las víctimas no tengan derechos a tener

reparaciones y el Estado debe hacer el esfuerzo por llevar

adelante las medidas de reparación. Dichas medidas de-

ben estar orientadas a restituir los derechos que fueron

violados, ayudar a enfrentar las consecuencias de las

violaciones y promover la reintegración social, así como

evitar la repetición de los hechos.

La reparación, desde una perspectiva jurídica, inclu-

ye una serie de derechos que serán revisadas. Pero desde

el punto de vista práctico y psicosocial, lo importante es

que la reparación también se lleve a cabo de una forma

coherente con su sentido y que el cumplimiento sea efec-

tivo para las víctimas.

La reparación debería ser la manifestación más

tangible de los esfuerzos del Estado por remediar el daño

que han sufrido. Para el Estado la reparación es una

oportunidad de integrar a las víctimas en la sociedad,

pero también de prevenir nuevas violaciones en el futuro.

Integralidad de la reparación

Las medidas de reparación deberían poseer una dimen-

sión de integralidad. Es decir, tiene que existir una re-

lación entre las diferentes medidas (restitución, indem-

nización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no

repetición). Los criterios y la manera de llevarse a cabo

deben tener coherencia con su sentido. La falta de inte-

gralidad en el diseño, y particularmente en el cumpli-

miento, puede cuestionar el significado de las reparacio-

nes. Por ejemplo, la reparación económica es una forma

de asumir la responsabilidad; pero su cumplimiento, en

ausencia de pasos significativos que muestren la volun-

tad del Estado en la investigación de los hechos o la san-

ción a los responsables, cuestiona su sentido. El conjun-

to de medidas es lo que incide positivamente en la vida

de las víctimas y eso incluye la justicia. Para muchas de

ellas, la justicia otorga un sentido integral al conjunto

de la reparación, más cercano al daño producido por las

violaciones.

La reparación debe estar a la altura del impacto de

las violaciones. Una reparación claramente escasa o que

no tenga en cuenta esta perspectiva y facetas como la

investigación, la mejora de sus condiciones de vida y el

restablecimiento de sus derechos, pierde fácilmente su

sentido.


Por otra parte, no todas las medidas de reparación tie-

nen la misma importancia para las víctimas. Por ejem-

plo, para la mayoría de los familiares de personas desapa-

recidas, lo más importante es la investigación y conocer

el destino de su familiar y encontrar su cuerpo, en el caso

que esto aplique. Esta jerarquía debería hacerse evidente

en el diseño de las medidas, para que respondan a sus

expectativas o necesidades.

MEDIDAS QUÉ PUEDEN SIGNIFICAR

GENE

RAlI

DADE

S

Reconocimiento de la verdad

» Poder responder a todas las dudas sobre lo que sucedió con los familiares» Determinar la responsabilidad del Estado y de los perpetradores.» Conocimiento por la sociedad que ha vivido al margen o con escasa sensibilidad por las víctimas.

Reconocimiento local» Restablecimiento del equilibrio entre las víctimas y la comunidad y/o las familias.» Superación del estigma en el medio local.

Reconocimiento hacia las víctimas

» Medidas de reconocimiento público o memoria que supongan un restablecimiento de la dignidad.

Medidas de rehabilitación

» Enfrentar las secuelas de las violaciones y necesidades de salud o atención psicosocial.» Retomar su proyecto de estudios, formación o educación para sus hijos.

Justicia» Reconocimiento de los derechos violados.» Esclarecimiento de lo que se ha pasado.» Condena a los responsables.

Reparación económica» Reclamación de las pérdidas y compensación por el daño sufrido.» Mejora de su situación económica o social.

Garantías de no repetición

» Cambios legales o institucionales para la prevención.» Esperanza de que el caso sirva para que estos hechos no vuelvan a producirse.


La dimensión del cumplimiento

Para tener un impacto positivo hay que cuidar el pro-

ceso de cumplimiento y los criterios sobre cómo se hace

efectiva. La dificultad en la fase de cumplimiento suele

ser la falta de experiencia o los cambios en la voluntad

política por parte del Estado, hasta dificultades de coordi-

nación y la permanencia de los problemas que llevaron

a la impunidad.

Las organizaciones y representantes legales, así como las

víctimas que llevan sus demandas adelante, deben prepararse

para procesos que no terminan con una sentencia o con una

resolución administrativa. En el caso de la familia o en la co-

munidad, hay que cuidar la cohesión para que la reparación

tenga efectos constructivos.

La participación de las víctimas es un criterio clave

para que la reparación resulte satisfactoria y tenga efectos

constructivos. El proceso de recuperación no ocurre solo a

través de la medida (por ejemplo, una indemnización o un

monumento), sino del proceso de participación y adecua-

ción de esa medida a las necesidades de las víctimas.

Esta dimensión de participación es especialmente

importante en las medidas de satisfacción. Los estados

deben abrir espacios con las víctimas para la fase de

cumplimiento. En un contexto en el que la mayoría de

las veces las cuestiones se deciden en términos jurídicos,

es decisivo escuchar a los protagonistas de los casos y be-

neficiarios de la reparación. Esto es especialmente impor-

tante en los casos colectivos, donde la reparación debe

tener efectos positivos para la reconstrucción del tejido

social en el marco comunitario.

Prevenir problemas frecuentes: reforzar el impacto positivo

a continuación se sintetizan algunos problemas fre-

cuentes en la reparación. Prevenir estos problemas es

importante para hacer que la reparación no pierda su

sentido y sea beneficiosa para las víctimas y comunida-

des afectadas.

1. Recursos poco adecuados a las necesidades de las víc-

timas: cuando los recursos dedicados a la reparación

son escasos o no adecuados el impacto de la repara-

ción es escaso o incluso negativo.

2. Contenido de la reparación genera división comu-

nitaria y diferenciación social: para prevenir eso, se

deben llegar a acuerdos con la comunidad afectada y

prever posibles problemas, anticipándose a ellos en el

diseño del trabajo comunitario.

3. Reparación moral pierde su valor: por ejemplo,

cuando la reparación se usa para legitimar al

La reparación como proceso


Estado en lugar de ser una forma de reconocimiento

de la responsabilidad y de reconocer la dignidad de las

víctimas.

4. Víctimas no participan en criterios de selección de

alternativas: la visión de las víctimas debe ser incor-

porada, siempre que sea posible, al desarrollo de la

reparación y esto es especialmente importante en los

casos de medidas simbólicas y de rehabilitación. Sin

dicha participación la reparación es más difícil que

tenga sentido.

5. Modelos de atención no adecuados: especialmente en

aspectos como la atención psicosocial. En un caso co-

lombiano, el caso 19 comerciantes ante la Corte in-

teramericana, se determinó que el Estado debía pro-

porcionar atención psicosocial a los familiares de las

personas que fueron desaparecidas. La respuesta del

Estado a esta obligación fue en primer lugar enviar a

los familiares a un hospital psiquiátrico. Ninguno de

los familiares acudió a esta atención por considerarla

poco adecuada y estigmatizante.

6. Falta de adecuación en relación al tiempo o al proce-

so: la acumulación de problemas en la fase de cum-

plimiento, los retrasos o la falta de adecuación de las

medidas conlleva un desgaste en las personas y una

pérdida del sentido reparador de estas medidas.

7. atención a los efectos locales: algunas medidas de

reparación pueden tener un objetivo dirigido a las

víctimas o familiares, pero también tener un efecto

local importante (por ejemplo señalando a las vícti-

mas en su medio local o generando debates sobre los

hechos como las medidas simbólicas). En otros casos,

las medidas simbólicas pueden ser decididas con cri-

terios políticos o artísticos ajenos al impacto que eso

vaya a tener para las personas afectadas en su medio

local. algunas de las medidas de reparación se inser-

tan en un contexto local o del país conflictivo, y hay

que pensar cómo se van a llevar a cabo cuando hay

conflictos de intereses o una situación de inseguridad

o violencia.

8. Forma en cómo se hace la reparación supone un nue-

vo impacto: la forma en cómo se desarrollan las medi-

das de reparación es tan importante como las propias

medidas. En otras palabras, el cómo es tan importante

como el qué. Un ejemplo negativo en El Salvador, en

el caso de la desaparición de las hermanitas Serrano

Cruz, fue el acto de reconocimiento de responsabili-

dad, donde el canciller presente en dicho acto no hizo

un reconocimiento expreso de responsabilidad y se

limitó a lamentar los hechos: Las víctimas no habían

sido avisadas con suficiente anterioridad y no tenían

un lugar central en el acto, además el Gobierno qui-

so hacerles entrega de un cheque con la reparación

económica en el mismo acto lo cual tergiversaba aún

más el sentido del mismo. Dicho acto fue más un nue-

vo agravio que un acto de reconocimiento.


Impacto y estrategias de cuidado

Por último, hay que recordar que el trabajo de acompa-

ñamiento a las víctimas conlleva frecuentes desafíos y

sobrepasa muchas veces nuestra capacidad de trabajo.

Confrontarse con el dolor y el sufrimiento da sentido al

apoyo, pero también genera tensión y estrés en quien

acompaña. Eso supone que quienes trabajamos con las

víctimas compartimos parte del dolor porque no se tra-

ta de poner distancia o hacer un trabajo burocrático. En

gran medida, el acompañamiento nace de una solidari-

dad con las cosas que nos duelen, nace de una empatía

con las víctimas y una crítica a la violencia que han su-

frido, pero también esa identificación hace que las cosas

afecten más. asimismo, el trabajo con las víctimas puede

hacernos volver a nuestras propias experiencias difíciles

o pérdidas. Cuando esto sucede es importante ser cons-

ciente de ello para buscar apoyo o disminuir el contacto

con esas experiencias.

Recoger testimonios o hacer una demanda supone

escuchar historias, muchas veces dramáticas, con una

fuerte carga emocional. también lleva a confrontarse

con la impunidad, las dificultades de investigación o falta

de medios para poder hacer justicia o buscar la repara-

ción. además, muchas personas y organizaciones com-

prometidas en la defensa de las víctimas tienen que en-

frentar amenazas por su trabajo. otras fuentes de tensión

son la cantidad de trabajo o los factores organizativos.

todo ello hace que el cuidado de las personas y de los

equipos tiene que ser parte de la dinámica de estas or-

ganizaciones, de las formas de cuidado personal y de la

agenda de trabajo.

45

El modelo de atención integral de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz*

27 años acompañando historias de dolor, lucha y resistencia

DIANA GONZáLEZ MENDOZA **

“Antes de la muerte de mi hijo la vida, aunque no era fácil, era bonita por-

que los hijos son esperanza, son luz y dan ganas de vivir, pero la partida me

dejó sin nada, apagó parte de mi alma, por eso me siento vacía y a veces

el futuro se desdibuja, no lo veo claro porque cuando me mataron a Jhon

Alejandro desapareció el mañana”. (María Peña, madre de Jhon Alejandro Linares Peña,

ajusticiado por funcionarios de la Policía Metropolitana en 1999. En Red de Apoyo, 2005: 92)

En la Red de apoyo por la justicia y la Paz, organización social de dere-

chos humanos que acompaña a personas víctimas y familiares de víctimas

de abusos policiales y militares en Venezuela desde hace 27 años, hemos

escuchado muchas historias como la de María, voces quebradas, reflejo de

* Ponencia presentada en el Seminario Internacional Violencia, armas de fuego y aten-ción a las víctimas, organizado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme (Codesarme) y llevado a cabo en Caracas, Venezuela, entre el 22 y el 23 de octubre de 2012.

** Psicóloga clínica (UCV, 1997), con Diploma en Participación Social y Construc-ción de Ciudadanía (UCV, 2007). Coordinadora del Programa de Atención Integral a Personas Víctimas de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización social de promoción y defensa de los derechos humanos. Con trayectoria en la atención a víc-timas de tortura y familiares de víctimas de abusos policiales y militares. Ponente en diversos seminarios nacionales e internacionales sobre el tema y facilitadora de talleres de formación sobre atención a víctimas. Co-autora de la guía “El espejo nos habla. Prac-tiguía para la Atención a la Víctima” (2010) y colaboradora experta en el Diseño de la Unidad Curricular “Atención a la Víctima” de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) (2010). También ha sido investigadora en el campo del régimen disciplinario y desviación policial y de historias de vida de víctimas de la tortura.


almas y cuerpos aquejados por la pérdida, la exclusión, la

estigmatización y el silencio del sistema.

La Red de apoyo por la justicia y la Paz es una orga-

nización social que desde una perspectiva pedagógica y

en articulación con otros colectivos defiende y promueve

los derechos humanos en Venezuela para lograr su ple-

na vigencia, mediante la denuncia, la atención integral

a las víctimas, la difusión, la educación en derechos hu-

manos y la incidencia en políticas públicas. Su visión es

contribuir a crear una sociedad donde las personas sean

capaces de reconocer, ejercer, exigir y promover esos de-

rechos, la justicia, la paz y la tolerancia, desde un enfo-

que de género e indivisibilidad de los mismos en el marco

de una democracia plena y participativa. En tal sentido,

reconoce, valora y promueve el poder individual y colec-

tivo del pueblo, especialmente de las personas que han

sufrido abuso policial y militar y de sus familiares.

Nuestra organización trabaja desde una perspectiva

inter, multi y transdisciplinaria, denunciando las viola-

ciones al derecho a la vida, la integridad, la libertad y la

seguridad personal y promoviendo la inviolabilidad del

hogar. atiende integralmente, desde el punto de vista

jurídico, psicológico, médico y socio pedagógico a per-

sonas víctimas de tortura y a familiares de víctimas de

abusos policiales y militares. además, promueve políti-

cas públicas en materia de derechos humanos y realiza

procesos de educación en derechos humanos con funcio-

narias y funcionarios policiales, comunidades populares

y docentes.

Desde su nacimiento en 1985, la Red de apoyo tie-

ne una clara opción preferencial por los pobres, por las

excluidas y los excluidos del sistema y por aquellas per-

sonas que son víctimas de la criminalización de la po-

breza. Es esta criminalización la que determina que los

funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado co-

metan atropellos en su contra y vulneren sus derechos

fundamentales.

Las violaciones a los derechos humanos en Venezue-

la ocurren mayoritariamente en los sectores populares,

sus habitantes se enfrentan diariamente a las estigmati-

zaciones y prejuicios que se desprenden de la condición

de pobreza y marginalidad. Nuestra organización ha

sistematizado en diversos informes públicos quiénes son

estas víctimas y sus familiares. De acuerdo a nuestra ex-

periencia en la atención de más de 1400 casos, las vícti-

mas de abusos policiales y militares suelen ser hombres

jóvenes1, que residen en sectores populares, con oficios

no regulares. Sin embargo, las personas que denuncian

y hacen seguimiento al caso, es decir, sus familiares, son

en su mayoría mujeres –madres, tías, hermanas, esposas

o concubinas– que se ocupan generalmente de los oficios

del hogar y que provienen igualmente de sectores popu-

lares (Red de apoyo, 2006a). La mayoría de las víctimas

atendidas y sus familiares, antes de sufrir la tortura o la

muerte violenta y arbitraria de sus seres queridos, no

1 Según el informe “2000-2009. Informe sobre Impunidad y Administración de Justicia en Venezuela. Investigación documen-tal sobre patrones de violaciones a los derechos humanos y meca-nismos de impunidad”, publicado por la Red de Apoyo (2010), de los 567 casos registrados en el período en estudio, 499 pertenecían al sexo masculino (88%) y 243 casos con edades comprendidas entre los 18 y 28 años de edad (43%).

modelo de atención integral d. González | 47

tenían ninguna vinculación con organizaciones políti-

cas, ni estaban formadas para el ejercicio de sus derechos.

Las víctimas de la represión policial y militar viven

una experiencia límite que irrumpe de forma violenta y

trastoca los proyectos de vida, las ganas de vivir, la po-

sibilidad de construir un futuro y que origina entonces

duelos, angustias, preguntas y cuestionamientos sobre

la bondad del hombre, la humanidad, la justicia, la mo-

ral, en fin sobre la vida misma, que ahora no tiene sen-

tido. Las familias, cuyos hijos han sido asesinados por

funcionarias o funcionarios policiales o militares, llegan

a la organización con el dolor a cuestas, con la depresión

ineludible, un proyecto de vida derruido y con la deses-

perada búsqueda por la justicia. Llegan con odio, con de-

seos de morir, con decepción de la vida, con ideas fijas de

venganza (Red de apoyo, 2009).

Estas personas están afectadas en su esfera biopsico-

social, motivo por el cual la atención que se les brinda

debe incorporar los tres elementos. Los aspectos médi-

cos, psicológicos, sociales, pedagógicos y jurídicos deben

ser considerados desde una perspectiva integradora.

Estudiar el problema desde estas distintas dimensiones,

constituye el soporte desde el cual se debe partir para la

atención (Red de apoyo, 2006b).

Nuestro modelo de atención integral a personas vícti-

mas ha sido construido desde la práctica en estos 27 años

de trabajo, un modelo donde la integralidad supone no

solo un abordaje inter y multidisciplinario (con la partici-

pación de varios profesionales en el área de la medicina,

la psicología, la educación y el derecho; que intercam-

bian información y que generan estrategias de acción)

sino también transdisciplinario. Es decir, la integralidad

obliga a romper los cercos que imponen las disciplinas

profesionales y a manejar una mínima estrategia común

de atención a la persona.

En nuestra práctica supone además, que la o el mé-

dico sea capaz de postergar el examen corporal para res-

petar la angustia que puede producir a la persona des-

nudarse de nuevo ante un desconocido y se disponga a

escuchar su relato, o que la o el abogado sepa leer signos

de tristeza y apatía y de primeros soportes psicológicos,

o que la o el psicólogo pueda entender que la queja de la

víctima tiene que ver con el soma como efecto de la neu-

ritis intercostal y que es el momento del analgésico y no

de la palabra, y así sucesivamente.

En las personas víctimas de violaciones a los derechos

humanos se compromete el ámbito de los afectos, de los

valores, de las relaciones, de las conductas; y las penas

y graves sufrimientos provocados, suelen interrumpir

o transformar los proyectos de vida. al ser sometidas a

experiencias tan devastadoras, como la muerte o desa-

parición de un familiar o la tortura, son afectadas en sus

capacidades para interrelacionarse con los demás, para

lograr establecer vínculos afectivos con su familia, para

asumir un papel participativo en actividades laborales

o sociales y para percibirse como un ser libre de culpas,

vergüenza y dueño de su destino y de su proyecto de vida.

El abuso de poder puede dejar daños profundos en las re-

laciones íntimas entre cónyuges, padres e hijos y otros

miembros de la familia, así como en las relaciones entre

las víctimas y sus comunidades. Daña también todo el te-

jido social y la confianza en el Estado y sus instituciones.


tres son los enfoques desde donde se constituye el

modelo de atención y se interviene esta realidad. Uno, el

psicológico, partiendo de un enfoque existencial huma-

nista asumiendo los fundamentos de la logoterapia desa-

rrollados por Viktor Frankl. Dos, el educativo, basado en

los postulados de Paulo Freire y la educación popular en

derechos humanos. tres, el uso alternativo del derecho.

Estas visiones confluyen y transversalizan todo el acom-

pañamiento que brindamos a las víctimas y sus familiares.

Desde la logoterapia

La logoterapia “se centra en el significado de la existencia

humana, así como en la búsqueda de dicho sentido por

parte del hombre” (Frankl, 1979: 120). Es una terapia de

enfoque existencial, es positiva, usa los recursos del espí-

ritu humano y está orientada hacia el futuro. a través del

diálogo reflexivo, buscamos que la persona descubra, a

partir de las tensiones, un nuevo sentido de vida a partir

de la experiencia dolorosa que no se puede evitar o cam-

biar, pero utilizando positivamente las potencialidades

humanas que conserva la persona.

En la experiencia de nuestra organización, después

de la muerte, los familiares de víctimas asumen como

sentido vital la búsqueda de justicia. Concentran su

pensamiento, acción y emoción en esta tarea, dándole

un significado trascendente. Y en algunos casos, en el

camino que transitan para el logro de justicia redimen-

sionan su dolor y asumen una actitud positiva para que

aquello que ocurrió injustamente no vuelva a ocurrir. De

esta forma, pasan de la inmovilización a la movilización,

de una actitud pasiva y pesimista a una actitud de ac-

tivismo, de optimismo, de esperanza, por lograr que no

solo ellos mismos, sino otros en su misma condición de

víctimas, tengan una vida digna, sin más muertes vio-

lentas e injustas. De esta forma, hay una transformación

de actitudes comprendiendo que tal vez el dolor tenga un

significado puesto que ha cambiado sus vidas positiva-

mente en este aspecto.

ahora me he dado cuenta de que la muerte de mi hijo

me cambió para transformar mi vida en positivo, para

convertirme en lo que ahora soy, una mujer que exige y

lucha, que trabaja por la comunidad para lograr justi-

cia, participación, derechos. (María Eugenia Ramírez,

madre de anderson Ramírez, ajusticiado por funciona-

rios de la DiSiP en 1996)2

Desde la educación popular en derechos humanos

La educación popular en derechos humanos asume la ta-

rea política y pedagógica de facultar a los sujetos sociales

con miras a cambiar las condiciones materiales y políti-

cas que han favorecido las violaciones a dichos derechos

y merman las posibilidades de favorecer un estado de de-

mocracia de alta intensidad.

El objetivo principal de la educación popular es

2 Testimonio presentado en el Curso de Formación en Dere-chos Humanos para Policías, dictado por la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Caracas, abril 2009.


promover las transformaciones sociales y políticas, au-

mentar el conocimiento común de las realidades y con-

tradicciones sociales; desarrollar una capacidad de aná-

lisis crítico y descubrir y ensayar alternativas sociales y

políticas. El hecho educativo en derechos humanos con-

tiene una intencionalidad política-ideológica.

La intencionalidad política de la educación en derechos

humanos, consiste en no olvidar las causas y conse-

cuencias de las violaciones cometidas por los gobiernos,

así como los mecanismos de impunidad que a través de

nuestra historia han dejado huellas de un sufrimiento

que no se justifica y que jamás pueden traducirse en re-

signación (Red de apoyo, 2009).

Desde el uso alternativo del derecho

Se hace uso alternativo del derecho porque sus vías for-

males no han sido capaces de atender las demandas de

los más pobres en torno a los problemas de la justicia.

Para la Red de apoyo el uso alternativo del derecho es

emprender estrategias de movilización, presión política

y cabildeo para el cumplimiento de las leyes y el funcio-

namiento de las instituciones que conforman el aparato

judicial. El uso alternativo del derecho, es fundamental

para la Red de apoyo en términos de su contribución en

la lucha contra la impunidad, como fundamento orien-

tador en la búsqueda de diferentes vías para acompañar

a las personas víctimas de abuso policial y militar y a sus

familiares, de manera que el horizonte sea la justicia y

no el derecho.

Cuando el silencio también hace daño

La persona víctima y su familia, no solo necesita aten-

ción ante las secuelas generadas por la violación de de-

rechos humanos, sino que tiene que procesar el duelo

por la muerte de sus familiares, la rabia, la impotencia, la

desesperanza, la angustia y el miedo. Posterior a la pérdi-

da, inicia el proceso de búsqueda de justicia, que la ma-

yoría de las veces es altamente desgastante y que causa

mucha frustración, debido a la impunidad que genera la

imposibilidad de elaborar los traumas ocasionados por el

abuso policial y reparar los daños psíquicos, emocionales

y morales ocasionados. así, la impunidad se convierte

en un evento retraumatizante para la víctima y sus fa-

miliares, generando consecuencias psicológicas a nivel

individual y consecuencias psicosociales; que afectan los

modos de relación sociales y culturales.

La impunidad conlleva la ostentación pública del delito,

al tiempo que se niega el haberlo cometido, se relativi-

za su importancia, o se niega directamente su existen-

cia. Es decir que, desde lo legal hay un crimen que no

se castiga, y desde lo moral, se agrega un componente

que es la burla y el regodeo abierto en esta prerrogativa

de impunidad, ante un cuerpo social transformado en

mero espectador (…) La impunidad tiene sus efectos di-

rectos en la vida cotidiana individual, interviniendo en

la estructuración de modos de ser, de pensar, de sentir,


en la conformación de códigos éticos y valorativos, es

decir que la impunidad produce subjetividad. Dentro

del cuerpo social, la impunidad se convierte en un se-

gundo estímulo traumático que va a incidir sobre las

heridas abiertas dejadas por el terrorismo de Estado,

especialmente entre los afectados directos, extendiendo

sus efectos a las generaciones siguientes (Bekerman,

2000: 110).

Diversas son las estrategias de acompañamiento que

utilizamos en la Red de apoyo con las víctimas y sus fa-

miliares: La denuncia, los testimonios y socializaciones

en espacios formativos, las acciones de calle, las reunio-

nes terapéuticas, el apoyo y acompañamiento psicoemo-

cional en audiencias y juicios, los talleres formativos, las

visitas al hogar y comunidad de las víctimas, los talleres

de escritura creativa y de narración oral, las historias de

vida. En cada una de ellas, se promueve el uso de la pala-

bra para que las víctimas y sus familiares se pronuncien

contra el abuso policial, la impunidad y para contar sus

historias de dolor pero, también de lucha y resistencia; y

cada acto de pronunciamiento se ha constituido en una

acción liberadora.

De todas las experiencias desarrolladas quizás los

procesos de escritura creativa y de narración oral y las

historias de vida, sean las experiencias más significati-

vas; se han convertido en una estrategia psico-educativa

que ha permitido que las víctimas se formen sociopolíti-

camente, constituyéndose muchas de ellas en activistas

de derechos humanos. asimismo han podido descubrir

sentidos de vida, redimensionando el dolor por la pérdi-

da, la injusticia y la impunidad.

Es la posibilidad de decir lo que potencia la resignifi-

cación de la vida. Es en el diálogo que se constituye la per-

sona. a través de la palabra se descubren como personas

con poder y se reconstituyen desde la experiencia doloro-

sa que les cambió la vida. Pronunciarla les ha dado a las

víctimas de abusos policiales y militares la oportunidad

de decir cosas nunca antes dichas, de definirse y encon-

trarse a sí mismas, de crear nuevas formas de lenguaje,

de intercambiar saberes, de desarrollar capacidades re-

flexivas sobre su entorno, de su condición social, de sus

relaciones de poder y de sus formas de vida. Escribir, leer,

narrar, se constituye en un acto político y reparador que

les permite a las víctimas redimensionar el dolor y reco-

locarse frente al futuro, llevándoles de la quietud a la mo-

vilización, de la resignación a la lucha activa, del vacío

existencial a un nuevo sentido de vida.


reFerenCIas

Bekerman, S. (2000). “Modelos de abordaje en contextos de impunidad”. En La tortura y otras violaciones a los derechos huma-nos. I Seminario Latinoamericano y del Caribe: Modelos de abordaje para personas afectadas por la tortura y otras violaciones a los dere-chos humanos. antigua Guatemala.

Frankl, V. (1979). El hombre en busca de sentido. Barcelona: Herder Editorial.

Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2005). Tres historias y un camino reparador. Relatos sueltos de tres mujeres que recons-truyeron nociones, experiencias y emociones desde el dolor por la muerte injusta de sus hijos. Caracas: Red de apoyo por la justicia y la Paz.

____ (2006a). 2000-2005. Impunidad en Venezuela. Investiga-ción documental patrones de violaciones a los derechos humanos y mecanismos de impunidad. Caracas: Red de apoyo por la justicia y la Paz.

____ (2006b). Manual para la atención de víctimas de violaciones de los derechos humanos. Caracas: Red de apoyo por la justicia y la Paz.

____ (2009). 24 años de Atención Integral. 1985-2009. Cara-cas: Manuscrito no publicado.

____ (2010). 2000-2009. Informe sobre Impunidad y Admi-nistración de Justicia en Venezuela. Investigación documental sobre patrones de violaciones a los derechos humanos y mecanismos de impunidad. Caracas: Red de apoyo por la justicia y la Paz.

Los desafíos políticos ante la proliferación de armas de fuegoEl caso de las armas livianas y pequeñas en la defensa del ciudadano

Antonio Bandeira

Inventario Nacional de Armas de FuegoVenezuela


Marco jurídico internacional sobre control de armas, municiones y desarmeCalixto Ignacio Ávila Rincón y Wilmen Yohan Romero

Control de armasFernando Carrión M., Jenny Pontón C. y Blanca Armijos V.

Las políticas públicas del Estado venezolano en los procesos de control de armas, municiones y desarmePeríodo: Democracia participativa

Irama La Rosa

DOSSIERdesarme estrategias para su gestión y Control

los desafíos polítiCos ante la proliferaCión de armas de fuego el Caso de las armas livianas y pequeñas en la defensa del Ciudadano

Antonio Bandeira

REVISTA COMUNES n° 3, mayo-octubre 2013 pp. 55-66

ISSN 2343-5666

Resumen El autor expone la estrategia motorizada por la organización Viva

Rio ante el objetivo que impulsar y acompañar una política pública de desar-

me nacional. Entre los principales aspectos para desarrollar tal política, el

autor resalta la des mitificación de la idea de “autodefensa”: la generación

de conocimiento científico echa por tierra el mito de que la adquisición de

armas por parte de la sociedad civil garantiza seguridad, sino que por el con-

trario es un factor agravante. ante esto, el autor insiste en que la solución a

los problemas de seguridad ciudadana debe venir fundamentalmente de las

instituciones del Estado. a su vez, el acceso y presión sobre las esferas polí-

ticas decisorias, debe sustentarse tanto con una argumentación basada en

conocimientos científicos, capaz de posicionarse ante el lobby monumental

que la industria y comercio de armas mantiene, como en la generación de

alianzas influyentes y la movilización popular.

Palabras clave políticas públicas, seguridad ciudadana, armas de fuego,

autodefensa

ANtoNio RANgEl BANdEiRA es posgraduado en Sociología Política en la York

University (toronto) y en Brandeis University (Boston), dirigió los departa-

mentos de Sociología y Política de la Universidad Católica de Río de janeiro

y de la Universidad de técnica de Lisboa. Desde 1999 es el coordinador del

Programa de Control de armas de la oNG Viva Rio, fue viceministro de Bien-

estar del gobierno de Brasil (1986-87); subsecretario de Cultura del gobier-

no de Rio de janeiro (1987-88), coordinador del proyecto “Ley Marco para

el Control de armas de Fuego y Municiones para américa Latina y Caribe”,

PaRLatiNo, 2007, asesor del Parlamento Brasileño para la Subcomisión

de armas y Municiones (2007), consultor para la elaboración de la nueva

ley de control de armas, el Estatuto del Desarme (2003) y miembro de la

Coordinación Nacional de la Campaña de Canje Voluntario de armas, Mi-

nisterio de la justicia de Brasil (2004-05).

[email protected]

57

Los desafíos políticos ante la proliferación de las armas de fuego

El caso de las armas livianas y pequeñas en la defensa del ciudadano

Armas livianas y pequeñas: un universo secreto

Por décadas, el universo en que circulan las armas livianas y pequeñas

se ha estado oculto, lejos del conocimiento de los pueblos, por dos razones

principales. La primera tiene que ver con la relación histórica en el pasado

entre armas y conflictos bélicos, ya que se consideraba secreto de Estado la

información estratégica. La ausencia de guerras en nuestro continente, en

los últimos años, y el creciente fenómeno de la violencia urbana protago-

nizada por el crimen organizado, narcotráfico y conflictos interpersonales,

vinculan las armas pequeñas y livianas mucho más a esas actividades que

a un conflicto bélico hipotético e improbable entre las naciones de nuestro

continente. además, si las guerras tienen que ver con Fuerzas armadas, la

criminalidad y control ciudadano de armas son trabajo de investigación y

represión policial y, por lo tanto, no se justifica que las Fuerzas armadas

sigan con exclusividad al frente de su control y fiscalización, lo que distorsio-

na su función de defensa nacional e invade la competencia policial.

* Publicado y elaborado para Representación de la Fundación Friedrich Ebert Stinf-tung (2011), Costa Rica. Para esta edición se corrigieron las erratas advertidas con au-torización del autor.

58 | dossier

La segunda razón se explica por los grandes intereses

involucrados en la producción y venta de esos productos.

Una actividad de millones de dólares, una actividad que

no es siempre legal, ni tampoco legítima, una actividad

muchas veces direccionada al lucro, muchas veces desti-

nada a compradores criminales y terroristas, sin preocu-

pación alguna por la seguridad pública que, por supues-

to, tiene prioridad. En la Constitución de la mayoría de las

naciones, la seguridad pública y la protección a la vida

vienen primero y se sobreponen a los derechos económi-

cos de los empresarios. Los principales responsables por

parte del ciclo de vida del arma –producción, transpor-

te, comercialización y depósito– muchas veces trabajan

sin considerar el interés público, hasta actúan en com-

plicidad y, usualmente, no tienen interés en actuar con

transparencia y facilitar la información para los organis-

mos gubernamentales de fiscalización y para analistas

independientes que trabajan por la seguridad pública. Es

por ello que la información se queda con quien no desea

hacerla útil y no sabe proceder a su análisis con fines de

seguridad pública, sino más bien de ganancia privada.

Conocimiento científico versus mitos arcaicos

La consecuencia es la falta de estudios científicos sobre el

mercado de armas livianas, pequeñas y municiones, lo

que tendrá dos graves implicaciones. La primera es que

las autoridades públicas responsables por el combate del

tráfico ilícito de armas y control de las armas, para bajar

los homicidios por arma de fuego, operan sin información

realista, con base en falsas hipótesis y desconociendo el

terreno. La segunda consecuencia es que la ignorancia

de las transformaciones ocurridas en las sociedades, que

dejan de ser básicamente rurales (la población de Brasil

ya tiene 86% de urbanización), en las cuales el cambio

de la función y del uso de armas de fuego por civiles no

es percibido por la mayoría, cuyas creencias se tornan

mitos y prejuicios, pues no encuentran más respaldo en

la realidad que cambió. Hay como una “sobrevivencia

de las superestructuras, en desacuerdo con la infraes-

tructura nueva”. otro ejemplo es el modelo educativo

que también cuesta cambiar. En sociedades modernas,

urbanas y democráticas, convive el nuevo modelo de so-

ciedad y de “hombre” con los modelos arcaicos. Convive

el antiguo modelo de hombre “guerrero” que se impone

por la fuerza, por la violencia, con el modelo de hombre

democrático que vence por la inteligencia, competencia

y sensibilidad. Se suman así mitos como la autodefensa

armada, con el prototipo del macho fuerte y armado, en

defensa de la honra y de sus bienes.

El mito de la autodefensa

El hombre que en el campo necesitaba de un arma para

defensa de su ganado y de su propiedad, por la ausencia

de fuerza pública permanente y próxima para defenderlo,

cree equivocadamente que en la gran ciudad debe hacer

lo mismo: armarse para defenderse a sí mismo, a su fami-

lia y sus bienes, principalmente frente a fuerzas públicas

de seguridad deficientes, cuando no ante sectores cóm-

plices de la criminalidad.

Esa actitud muy común en Latinoamérica se

ante la proliferación de armas de fuego a. bandeira | 59

fundamenta en dos grandes equívocos técnicos. El pri-

mero es no entender que un arma de fuego es un excelen-

te instrumento de ataque, pero es precario como instru-

mento de defensa; exigiendo que para que la defensa se

torne efectiva, exista un factor raramente presente: que

la víctima vea el agresor con anticipación al ataque. La

autodefensa está condicionada a lo improbable: no debe

haber sorpresa en el ataque. impregnados con la fantasía

norteamericana del cine, en la que el hombre justo y ho-

nesto rechaza un ataque y mata los agresores a balazos,

el hombre no entiende que esa es una irrealidad, una ex-

cepcionalidad y no se construye ninguna política pública

sobre excepciones, pero sí a partir de la regularidad de los

hechos. El arma es un excelente instrumento de ataque, pero

precario como instrumento de defensa.

¿Cómo es usualmente en la realidad un asalto? El

asaltante no toca el timbre, ni se anuncia. Él entra en la

residencia de manera sutil y sorprende a la víctima. El

atacante escoge el momento y la circunstancia del ataque

porque naturalmente no desea correr riesgos. La víctima

es sorprendida y, aunque tenga un arma con municiones

al alcance de la mano (lo que es raro), muy difícilmente

podrá defenderse contra el arma que le apunta y que dis-

pararán en fracciones de segundos, porque los asaltantes

no vacilan en matar (a los hombres de bien y cristianos),

porque tienen práctica (práctica de enfrentamiento real

y no tiro al blanco fijo) y si intenta defenderse, normal-

mente muere, incluso porque los bandidos no tienen

como costumbre trabajar solos. aquí se ve cuántas son

las condiciones que favorecen al asaltante y cuan pocas

ayudan a la víctima. Un ejemplo fue lo sucedido con el

actual alcalde de Rio de janeiro, cuando era diputado. Su

esposa salió para comprar pan fresco por la mañana y

cuando regresó el asaltante la tomó por la fuerza y con

ella ingresó en la residencia. El alcalde fue sorprendido

cuando dormía en su cama y despertó con el cañón de

una pistola en su cabeza. Eso es un asalto. Como lo que

me sucedió al parar mi coche en un semáforo y ser sor-

prendido por el cañón de un revólver en mi cabeza; el

bandido no se aproximó por el frente, ni por detrás, pero

sí por el ángulo muerto de manera que no puede ser visto

con anticipación. Eso es un asalto. En esas condiciones,

¿de qué me vale ser experto en el uso de armas y tener

una metralleta en mi coche?

Más riesgo que seguridad

Bien, las consecuencias de tener un arma en casa o en

el coche para la autodefensa son varias, una de ellas es

la de contribuir para armar a los bandidos. En 2003, de

acuerdo con la Policía Federal de Brasil, fueron robadas

o hurtadas de residencias de hombres de bien en ese país

más de 27 mil armas. En El Salvador en un año fueron

8 mil armas, según me informó su ministro de justicia.

Colaboramos involuntariamente para armar a los ban-

didos. otro de los riesgos de tener un arma en el coche,

es que puede ser descubierta por el asaltante, ya que es

común que el asaltante mate a su propietario y demás

ocupantes del carro.

Por eso, la Suprema Corte de Brasil, en una decisión

histórica y en vista de un pedido de inconstitucionali-

dad de la nueva Ley de armas brasileña, el Estatuto del

60 | dossier

Desarme, decidió la prohibición del porte de armas para

civiles en Brasil. Fundamentó su decisión en que las ar-

mas de fuego son más un riesgo que una protección para

la familia de su propietario, a la cual no tiene el derecho

de poner en riesgo. Hay países, como Nueva Zelanda, en

los que la esposa e hijos tienen que dar permiso cuando el

hombre desea comprar un arma de fuego.

Vemos como, a pesar de la igualdad en la ley, todavía

somos patriarcales cuando el hombre decide solo sobre

temas vitales para la familia. La Suprema Corte decidió,

con base en la Constitución brasileña, que la protección

de los ciudadanos compete al Estado y que el derecho a la

vida tiene prioridad antes que los derechos de propiedad

de un arma.

así, es un efecto colateral y devastador mantener un

arma en el hogar, lo que significa un peligro para la fami-

lia. Los accidentes con niños son más que frecuentes. En

Brasil, en un mes llegaron a los noticieros (pues la ma-

yoría de las ocurrencias no son televisadas) 5 casos de

niños que al encontrar el arma “escondida” por su padre

y jugar con ella, dispararon contra sí mismos o contra los

hermanos. Estos casos los relaté la semana pasada en la

oNU. Los accidentes con niños constituyen la principal

razón por la cual se entregan armas voluntariamente en

las campañas de desarme en mi país. Es la consciencia de

que uno nunca es capaz de esconder de la curiosidad de

un niño, de manera suficiente, un arma que él ve todos

los días siendo disparada en los programas de televisión,

por lo que intentará imitar la acción. Hay países que,

conociendo los riesgos, obligan a que el arma sea guar-

dada en cofres, separadas de su munición. Pero en ese

caso, ¿cómo se va utilizar el arma para autodefensa? Una

contradicción.

además de niños, son frecuentes los suicidios de ado-

lescentes trastornados que en la desesperación y tenien-

do el arma del padre a su alcance, se matan. o ancianos

deprimidos, que matan a la esposa y después se matan

ellos mismos, como sucede con frecuencia en Uruguay,

país en permanente crisis económica y declive, motivan-

do toda suerte de depresión en quien se siente sin futuro,

o en decadencia financiera.

otro mito es el de que la mayoría de los homicidios

son cometidos con armas ilegales. No es verdad. Las ar-

mas legales matan tanto o más que las ilegales. El mito se

basa en la convicción equivocada de que los homicidios

tienen casi siempre que ver con el crimen organizado,

que es televisado, cuando la suma de muertes de hom-

bres que matan a sus compañeras (40% de los homici-

dios de mujeres en las capitales brasileñas fueron come-

tidos por el compañero de la víctima), los accidentes con

niños, los suicidios, las peleas entre vecinos, en el tránsi-

to, en los bares, en los night clubs, en el fútbol, de emplea-

dos contra sus patrones etc., cuando se suma todas esas

muertes por gente que no es criminal, que normalmente

tiene arma legalizada, se encuentra que es mucho más

que las muertes causadas en confrontaciones del crimen

organizado.

Veamos otro mito que se combina con ese. Los gobier-

nos de australia y de Estados Unidos (antes de Bush, por

supuesto), encontraron que apenas 15 y 14% respectiva-

mente de los agresores eran desconocidos de sus víctimas

en los homicidios por arma de fuego. Uno cree, motivado


por las películas maniqueístas, en las que el enemigo es

el desconocido, el negro, el indio, el amarillo, el pobre,

cuando el peligro está muchas veces a su lado, en su ho-

gar, en su empleo, en su calle, en su club. Son los conflic-

tos familiares, laborales, con la gente que uno se relacio-

na todos los días y con quien si se desentiende, causan la

mayoría aplastante de los homicidios. Lo mismo con los

estupros, que el imaginario colectivo atribuye a un des-

conocido atacante, cuando más de 80% es cometido por

un familiar o conocido.

Por eso, la campaña de desarme voluntario en Uru-

guay decía: “¿tienes un arma? tienes un problema, no

una solución”. Es natural que, sin contar con una policía

eficiente, ágil, honesta, bien entrenada, bien paga, uno

recurra a la autodefensa. Pero uno se olvida de todo el

alto costo que implica tener un arma en su hogar, al al-

cance de las manos de los familiares y de los asaltantes.

otra vez, prevalece el mito hollywoodense, la fantasía

de ponerse fuerte con un arma: el eslogan de la Natio-

nal Rifle Association, de su portavoz Charton Heston: “El

hombre sin arma, es un hombre desnudo”. a un mismo

tiempo, la ilusión de que teniendo un arma estamos ne-

cesariamente más protegidos es un acto fallido freudiano

de necesitar de un arma para sentirse un hombre.

La autodefensa, como se puede ver, no es la solución.

La solución no tiene que ser inventada. Basta mirar los

países con menores índices de homicidios por arma de

fuego como japón, con apenas 0,03 muertes por cien mil

habitantes, el menor índice del mundo. Pueblo sin ar-

mas y una excelente policía, bien paga, bien entrenada,

capacitada a trabajar de manera respetuosa (pero con

violencia cuando esta es necesaria), una policía adecua-

da a una democracia avanzada. La solución es la reforma

democrática y la modernización de nuestras fuerzas pú-

blicas, para que el pueblo no se sienta tentado a armarse

como último recurso. En este sentido, existen dos políti-

cas que deben caminar juntas: reforma policial y control

de armas.

Como sensibilizar y concientizar la población

Si los políticos están bien informados sobre la experien-

cia internacional y la opinión de los expertos, si están

convencidos de que la autodefensa es un equívoco, ¿qué

hacer si buena parte de la población está mal informada

y todavía razona con base en mitos? Dado que los políti-

cos demócratas dependen del voto, ¿cómo plantear pro-

puestas que están más allá que el electorado? Sería un

suicidio electoral.

traigo la experiencia brasileña, que antes de la nueva

ley promulgada en 2003, no era muy distinta de Costa

Rica, pues nosotros latinoamericanos tenemos un perfil

muy parecido. Cuando nuestros estudios e investigacio-

nes nos apuntaron una novedad –que la proliferación de

armas era una de las principales causas de los altos ín-

dices de homicidios por arma de fuego (39 mil en 2003,

el mayor número del mundo)–, como ex-viceministro de

Bienestar, con buenas relaciones en el Parlamento y co-

nocimiento de cómo funciona el Legislativo de mi país,

fui contratado para cambiar la Ley de armas de Brasil.

El escenario era lo mismo que, supongo, lo de aquí: una

mayoría de parlamentarios que, conociendo la opinión

62 | dossier

mediana de su electorado a favor de la autodefensa, no

iría a contrariar sus bases electorales; además de que

para muchos de los parlamentarios brasileños, en aque-

lla época, andar armados era la mejor forma de protec-

ción, cuando estaban lejos de sus guardaespaldas. Pasé

meses intentando convencer, inútilmente, a los parla-

mentarios de votar a favor de una ley restrictiva de armas

y municiones. Poco podían mis argumentos de experto

contra el lobby de la industria y comercio de armas brasi-

leño (quinto exportador de armas pequeñas y livianas),

que financiaba muchas campañas electorales, la presión

de las empresas de seguridad privada y de los militares,

involucrados en el mercado de armas y temerosos de per-

der su monopolio sobre los armamentos en Brasil.

Nos concentramos entonces en investigaciones, en

producir conocimiento científico, en probar que un arma

es más un riesgo que una protección, con estudios de la

realidad brasileña, y no apenas con el resultado de los

estudios de otros países, como Estados Unidos, Canadá,

Gran Bretaña. Usamos los datos de los hospitales, de la

Salud Pública, que normalmente son los más confiables,

hechos dentro de padrones internacionales, porque no

existían datos confiables de la policía. Y esto fue posible

porque pasamos a tener influencia en el gobierno de Rio,

que abrió el depósito de armas con más de 700 mil ca-

sos, que analizamos durante un año, el mayor análisis

de armas incautadas realizado hasta ahora. Los resulta-

dos fueron una revolución en el conocimiento del oscuro

universo de las armas. No, las armas incautadas no eran

en su mayoría producidas en otros países, el 83% eran

brasileñas (en diciembre último, concluimos el análisis

de 300 mil armas incautadas en todo Brasil y encontra-

mos que apenas 10% no era de fabricación brasileña).

La mayoría de las armas incautadas no era de calibre

grueso, ya que el 88% eran revólveres y pistolas (con

el reinado absoluto del revólver de calibre 38, el arma

más potente permitida para civiles en Brasil; aquí debe

ser la pistola de 9 mm, supongo, o mucho más). Fue una

sorpresa y una lección de humildad para los policías y

militares, que se han dado cuenta de cómo nuestra po-

lítica pública se basaba en datos falsos. Desde entonces,

ganamos el respeto como analistas y como personas se-

rias no apasionadas ideológicamente por el desarme, y

pasamos a colaborar con la policía y con los militares en

base a una relación de respeto y confianza, trabajando

por el interés público.

Con base en los datos de la realidad brasileña, sor-

prendentes para muchos, pero científicos, comprobados,

elaborados por profesionales respetados, partimos para

su difusión, para el debate, para la guerra de la informa-

ción, contra la masacre diaria de las películas norteame-

ricanas que enseñan de forma permanente a resolver los

problemas matando, usando la violencia y no la media-

ción democrática; y ahí viene una especificidad de Brasil.

Los dueños de los mayores conglomerados de los medios

de comunicación se convencieron por las estadísticas y

abrieron las televisoras, las radios y los periódicos para

un amplio debate, y entonces fue la hora de “masacrar”

con el conocimiento científico, revelando como es de

falso, pueril e ideológico el aparato discursivo de los que

glorifican el uso de armas por civiles. Contra la ideología,

apenas triunfa el conocimiento científico, comprobado,


transparente, fundamentado, accesible en su construc-

ción. además del sufrimiento, la ciencia es otra puerta

para el conocimiento de los efectos del uso inadecuado de

armas de fuego. Claro que no todos los medios promovie-

ron un debate democrático, pero la mayoría en gran me-

dida desnudaron los hechos y desmoralizaron los mitos.

“Mito conocido, mito caído”.

Las alianzas

Los cambios sociales son batallas cívicas y, por eso, ha-

bría que ganar aliados contra el “adversario”, “el blan-

co”, que era el Parlamento por su poder de mantener o

cambiar la Ley de armas.

Evaluando quien entendía de las consecuencias trá-

gicas del uso de armas por civiles llegamos, claro, a las

mujeres (que tienen formación distinta de los hombres,

sin valorar la violencia y la fuerza y porque son víctimas

de la irresponsabilidad de los hombres que usan armas

y tienen que sostener las familias que pierden sus hom-

bres, por estar estos muertos o arrestados); los médicos y

enfermeros, que todos los días tratan a las personas que

llegan heridas por arma a los hospitales, a pesar de que

las armas son hoy día tan potentes, que hay más muer-

tos que heridos, al contrario de lo que ocurría antes. Y

buscamos los que, por su función en la sociedad, valori-

zan el diálogo, la solidaridad, la mediación pacífica de los

conflictos, la paz, que son las varias y múltiples iglesias,

de todo tipo de religión. Esos fueron nuestros principales

aliados para partir hacia todo un trabajo de información,

de preparación, de los nuevos aliados. Por supuesto que

dedicamos mucho trabajo con los periodistas que no es-

taban en las nóminas de pago del lobby de armamento,

por su posición estratégica en una lucha, que es cultu-

ral. Lucha difícil, porque se trata de cambiar prejuicios,

idiosincrasias, comportamientos, actitudes, mentalida-

des, tradiciones. otra vez, eso solo es posible con la ex-

periencia personal de sufrimiento propio (los familiares

de las víctimas se tornaron aliados importantísimos, por

sus testimonios y por el impacto emocional de su historia

dramática), o con la fuerza de los hechos, de la informa-

ción, del conocimiento científico.

Movilización popular

Promovimos entonces la movilización popular para

crear hechos políticos de repercusión, para forzar el de-

bate, para dar visibilidad al conocimiento nuevo, para

demostrar que la mayoría deseaba el cambio. teníamos

información buena e impactante, análisis y datos; tenía-

mos aliados importantes; habría que ganar la calle.

Más de una vez, los medios ayudaron mucho –esen-

cial, pues es paradójicamente nuestro mayor enemigo,

por propagandista permanente del uso de la violencia y

por la americanización de nuestra cultura–, que no nos

gusta admitir. Para darles el ejemplo más formidable, la

novela de la tV Globo, Mujeres apasionadas, incorporó

el debate del uso de armas, pros y contras, ayudó en la

movilización de la marcha final de apoyo al cambio de

la ley, realizada en Copacabana después de marchas si-

milares en las demás capitales provinciales de Brasil: 50

mil personas marcharon, en una mañana de frío y lluvia,

64 | dossier

por Copacabana, marcha que se tornó parte del próxi-

mo capítulo de la novela, que llevó el debate para la cena

de los hogares brasileños. Enseguida, la nueva encuesta

de opinión arrojó que el 82% de los brasileños estaba a

favor del cambio de la ley. Volví al Parlamento, acompa-

ñado por un poderoso aliado: el electorado, que estaba

con nosotros. La disponibilidad de plata estaba en contra,

pero sin votos los parlamentarios no sobreviven en una

democracia, por supuesto. Y por qué no decirlo: muchos

de ellos se informaron mejor con los debates y cambiaron

su visión del problema. La marcha fue en septiembre de

2003. En diciembre, el Parlamento votó por unanimidad

de los partidos (lo que no significa que todos los parla-

mentarios estuvieron en favor del cambio), el Estatuto

del Desarme fue promulgado por el presidente Lula el 23

de diciembre: un regalo de Navidad al pueblo que lo pa-

rió. Fue una ley que subió de los centros de investigación,

de la calle, para el Parlamento y por eso es tan avanzada.

Resumen de nuestra estrategia, de nuestro recorrido:

producción de información y conocimiento científico so-

bre las armas y municiones y su efecto en el país, bús-

queda de aliados influyentes y respetados, movilización

popular y presión sobre el Parlamento. o, como diría el

sociólogo Fernando Henrique Cardoso, cuando se quiere

cambiar y no se encuentra respaldo en las elites políticas,

hay que trabajar como si manejásemos una pinza, es de-

cir, presionar por debajo y por arriba. Cambiar la menta-

lidad equivocada de la población y, con ello, convencer a

sus representantes en el Parlamento a cambiar las leyes.

País legal, país real

infelizmente, la historia no termina acá. Una cosa, prin-

cipalmente en Latinoamérica, es cambiar la ley, otra la

realidad. o como se dice en Latinoamérica, “el país legal

no tiene que ver con el país real”. ahora estamos en la

fase de hacer cumplir la ley contra intereses poderosísi-

mos, dentro y fuera del gobierno. Un ejemplo trágico fue

la masacre en la Escuela de Realengo, barrio de Rio de

janeiro, el 7 de abril pasado. Un joven, Wellington, vícti-

ma de “bulling” años atrás en la misma escuela, intoxi-

cado de ideología violenta por medio del internet, donde

buscaba socios y compensación para su drama personal,

mata 12 alumnos, adolescentes, con dos armas y mucha

munición. Fue la primera vez que eso sucedió en Brasil,

hecho común en Estados Unidos donde, en 10 años ape-

nas, cerca de 457 niños y jóvenes fueron asesinados en

escuelas e iglesias, en 80% de los casos con armas lega-

les. ¿Cómo fue posible eso en Brasil?

además de los movimientos de glorificación de armas

en internet, financiados y estimulados por la National Ri-

fle Association y sus congéneres en distintos países, que

refuerzan la salida violenta para los dramas personales

de jóvenes marginalizados o deprimidos, fue la facilidad

con que uno compra armas en Brasil, que favoreció su

acción. La ley torna difícil la compra de armas (15 exi-

gencias), pero las armerías venden para cualquiera,

porque no son fiscalizadas por las autoridades públicas,

cómplices de ese comercio millonario o, simplemente,

porque se encuentran indiferentes al cumplimiento de la


ley. Por lo tanto, estamos ahora en esa fase en mi país:

luchar para que la ley sea cumplida.

Comisión Parlamentaria Contra el Tráfico Ilícito de Armas y Sub-Comisión de Control de Armas y Municiones del Parlamento Brasileño

Después de la aprobación del Estatuto del Desarme, el

Parlamento brasileño jugó dos papeles importantes para

enfrentar el problema de la proliferación de armas en

el país. El primero fue el funcionamiento de una Comi-

sión de investigación del tráfico ilícito de armas. Con

apoyo técnico de Viva Rio, la Comisión ejecutó el mapeo

más grande del tráfico de armas en un país, a partir de

la consulta de centenares de expertos, testigos, policías,

militares y traficantes arrestados; de pesquisas de campo

en las fronteras brasileñas con 10 países, apuntando 140

puntos de entrada de armas; de la pesquisa de las prin-

cipales fuentes de desvío de armas hacia el crimen or-

ganizado; evaluando el perfil de las armas incautadas y

su procedencia. El resultado fue un documento de suma

importancia (el informe Final de la CPi), que señaló las

principales fuentes que abastecen el crimen organizado a

partir del rastreo de 15 mil armas incautadas: armerías

sin control, empresas de seguridad privada no fiscaliza-

das, desvío desde las corporaciones policiales, armas pri-

vadas de militares y policías vendidas por ellos en la ile-

galidad, falta de control en el transporte de armas, armas

robadas o hurtadas en las residencias, armas importadas

ilegalmente, armas exportadas y que regresaron al país.

a esas conclusiones hay que agregar una fuente

apuntada recientemente: desvío de armas involucradas

en procesos judiciales, de los fórum judiciales (más de

700 mil armas que empezarán a ser destruidas, confor-

me decisión tomada por el gobierno y el Consejo Nacio-

nal de justicia el mes pasado).

La Comisión de investigación lanzó luz sobre el mun-

do del tráfico ilícito de armas y municiones, demostrando

cómo las armas legales se tornan ilegales, cómo las “ar-

mas del bien” se tornan “armas del mal” y cómo es preca-

ria esa frontera, además de comprobar que, para contro-

larse el tráfico ilícito, es necesario fiscalizar el comercio

lícito, es decir, la posesión civil de armas y municiones.

Los parlamentarios que participaron en esa Comisión

ganaron el respeto y la admiración del electorado y acu-

mularon fuerza política para crear una Sub-Comisión de

Control de armas y Municiones permanente en el Parla-

mento Brasileño. Hecho importante, porque, en la mayoría

de los Parlamentos el tema de las armas pequeñas y livia-

nas es tratado dentro de comisiones genéricas de Defensa

o de Seguridad Pública y se torna un tema menor y poco

relevante, además del poder de los militares y empresarios

de armas en esas comisiones. Una comisión específica per-

mite enfatizar un tema que dejó de ser secundario, debi-

do a que la inseguridad pública está entre los problemas

que más preocupan al electorado de las grandes ciudades.

Pocos países, todos ellos de democracia avanzada, tienen

comisiones específicas, como Canadá, Gran Bretaña, EUa,

Suecia y, ahora, Brasil. La Comisión viene prestando gran-

des servicios para transformar el control de armas por el

gobierno en una política de Estado.

66 | dossier

Campañas de canje voluntario de armas

Una de las actividades propuestas por la nueva Ley de ar-

mas fue la realización de Campañas de Canje de armas,

que sean voluntarias. La primera campaña recogió en

2004/2005 medio millón de armas y provocó la reduc-

ción en 11% de los homicidios por arma, salvando más

de 5 mil vidas, reduciendo los homicidios de 39 mil en

2003 para 34 mil en 2010. El resultado tan positivo ha

hecho al gobierno repetir la campaña en 2008/2009,

pero como no contó con la participación de la sociedad

civil (las oNG y más de 400 iglesias en el 2004), recogió

apenas 30 mil armas. a partir de la masacre de la Escue-

la de Realengo, un mes después empezamos una nueva

campaña que buscaba integrar la participación de la

sociedad y perfeccionar los mecanismos de destrucción

inmediata del arma entregada y del pago de la indem-

nización; ya estamos en 26 mil armas en pocos meses.

La idea del gobierno –Ministerio de justicia– es tornar

el desarme de política de gobierno en política de Estado,

a manera de tener todos los años una campaña. Brasil

tiene 16 millones de armas en circulación, gran parte

en manos de la sociedad. Ese es el blanco de la presente

campaña. El principio no es tener una sociedad que se

protege armándose, sino tener una sociedad desarmada

que cuente con una buena policía que la proteja. Ese es el

modelo seguido por los países que han resuelto de forma

satisfactoria el problema de la violencia urbana.

Diálogo con los productores y comerciantes de armas, y las empresas de seguridad privada

Si la producción (en el caso de Brasil) y la comerciali-

zación de armas son legales, hay que negociar con esos

sectores económicos. a ellos se suman las empresas de

seguridad privada. Son sectores que reaccionaron muy

mal al control y fiscalización de sus productos y activida-

des, demostrando poca sensibilidad para colaborar con

la seguridad pública y fueron, por lo menos en cuanto a

la nueva ley, derrotados. Pero hay que respetarlos como

actores legítimos y forzarlos a subordinar sus intereses

privados al canon mayor de los intereses públicos, el

primer deber más valioso del Estado: la protección a la

vida. En esa negociación, el Parlamento juega un papel

importante, colaborando con el Ejecutivo y presionando

los intereses privados a sumarse al gobierno y a la socie-

dad en la lucha contra el crimen organizado, para redu-

cir la violencia urbana y para garantizar la estabilidad

democrática amenazada por la inseguridad causada por

la falta de control y fiscalización de las armas de fuego y

las municiones. Fueron los parlamentarios brasileños los

que impulsaron la política de sustituir las armas letales

por las de baja letalidad (que apenas inmovilizan al delin-

cuente, sin matarlo, y evitando daños a inocentes). Hoy

Brasil es un gran productor de esas armas, cada vez más

adoptadas por nuestras policías, ya que con diálogo y res-

pecto al interés público, todos ganamos.

inventario naCional de armas de fuego venezuela



ISSN 2343-5666

Resumen El inventario Nacional de armas de Fuego ha tenido como pro-

pósito estimar la cantidad de armas de fuego de una mano ingresadas legal-

mente a Venezuela en los últimos 30 años; caracterizar las armas de fuego

circulante según el tipo de arma, su procedencia, sus portadores, su distri-

bución geográfica y, finalmente, presentar recomendaciones para fortale-

cer y consolidar los controles sobre el tráfico y la disponibilidad de armas

de fuego en Venezuela. Para alcanzar los objetivos propuestos, se procedió a

identificar las instituciones del Estado intervinientes en la compra/venta de

armas de fuego, organismos de control y desincorporación de las armas, así

como las fuentes de información derivadas de estas, las cuales permitieron

describir el comportamiento del comercio internacional armamentístico

de Venezuela; presentar el volumen de armas de fuego introducidas al país

legalmente en los últimos 30 años; caracterizar la distribución de las ar-

mas de fuego en Venezuela en manos de particulares; describir los parques

de armas gubernamentales; y referirnos al control y desincorporación de

armas de fuego en Venezuela. Entre las recomendaciones se destaca la ne-

cesidad de implementar un Registro Nacional de armas que abarque cada

una de las etapas de las armas desde su ingreso al país.

Palabras clave estimación de armas, inventario, armas de fuego, cir-

culación, disponibilidad, Venezuela.

Luis Lugo y Zharah rengifo actualmente se desempeñan como investi-

gadores en la Coordinación Nacional de justicia y Sistema Penal, adscrita

a la Dirección Nacional de Creación intelectual de la Universidad Nacional

Experimental de la Seguridad. Durante los años 2011 y 2012 se desempeña-

ron como asesores en la Línea de investigación sobre el Control, Regulación

institucional y Estudios sobre el tráfico de armas y Municiones, adscrita a

la Coordinación de investigación y Diagnóstico de la Comisión Presidencial

para el Control de armas, Municiones y Desarme.

[email protected] | zharah.rengifo@gmail

69

Inventario Nacional de Armas de Fuego* Venezuela

La mayoría de las armas de fuego del mundo están en manos de particulares

(…) Si las fábricas del mundo producen cada año millones de armas de fuego

de nueva fabricación y se destruyen muchas menos, eso significa que el núme-

ro de armas en manos de civiles está aumentando. (Small Arms Survey, 2011)

la tenencia de armas en Venezuela agudiza una problemática social que

se incrementa con velocidad. La violencia armada, particularmente la gene-

rada por armas de fuego, en Venezuela se caracteriza por ser letal, por me-

noscabar la vida de hombres, en edades comprendidas entre 22 y 49 años,

y por ser el instrumento predilecto que permite al agresor comunicar, de

manera rápida e inequívoca, la intencionalidad coercitiva a su objetivo.

La circulación de las armas no regulada y principalmente en manos de

civiles, origina el escenario idóneo para que los ejecutores de la violencia

armada se apropien del principal elemento que la define: las armas de fuego;

de allí, la necesidad de regular la disposición de las armas como primera

estrategia para frenar su uso indiscriminado y delictivo.

En la región, diferentes investigaciones han abordado el estudio de la

proliferación de armas asociada a la violencia armada1, sin embargo, en

* adaptación de la investigación Inventario Nacional de Armas de Fuego, realizada por josé Carlos Fernández, Magaly Villasmil, Luis Lugo, Gerardo Santander, Emma Salazar y Zharah Rengifo, finalizada en el mes de septiembre del año 2012, VV.aa. (2013), Regulación y lógicas del uso de armas de fuego y municiones. Caracas: CoDESaRME-UNES.

1 Se encuentran las experiencias de la oNG brasileña Viva Río, replicada más tarde en la provincia de Buenos aires, argentina, denominada “Las armas y las Víctimas.

70 | dossier

el caso venezolano, los estudios en torno a la estimación

de la cantidad de armas han carecido de datos oficiales

restándoles fiabilidad a tales estimaciones.

En este sentido, el inventario Nacional de armas de

Fuego se desarrolla enmarcado en la Coordinación de

investigación y Diagnóstico de la Secretaría técnica per-

teneciente a la Comisión Presidencial para el Control de

armas, Municiones y Desarme. Esta coordinación tuvo

la responsabilidad de brindar las bases científicas nece-

sarias para la toma de decisiones acertadas relacionadas

con el control sobre la comercialización y uso de armas

de fuego en Venezuela. Esta investigación tuvo como ob-

jetivo la estimación de la cantidad de armas de fuego de

una mano (puño), ingresadas legalmente a Venezuela en

los últimos 30 años, así como, la caracterización de las

armas de fuego de una mano circulantes según el tipo de

armas, su procedencia, sus portadores y su distribución

geográfica en el territorio nacional.

Violencia, Proliferación y Uso de armas de Fuego en la Provin-cia de Buenos aires y la argentina”. también es importante la contribución que en el 2004 hicieran Martín appiolaza y javier Ávila en el libro “tráfico de armas en américa Latina. Caso ar-gentina” editado por la Fundación arias para la Paz y el Progre-so Humano, donde hacen un análisis descriptivo del tráfico de armas en ese país.

En Venezuela se encuentra la investigación de aaron Karp titulada “Excedentes de armas en américa del Sur”, que perte-nece al conjunto de publicaciones del Small arms Survey.

¿Por qué las armas de una mano?

El objeto de estudio del inventario Nacional de armas

de Fuego son las armas del subtipo pistolas y revólveres,

esto debido a que se encuentran mayormente asociadas

a los homicidios por armas de fuego en Venezuela. Du-

rante una entrevista realizada al Director Nacional de

Patología Forense del Cuerpo de investigaciones Científi-

cas, Penales y Criminalísticas, se confirmó que alrededor

del 90% de las muertes por armas de fuego en Venezuela

son ocasionadas por pistolas y revólveres2.

Las pistolas y revólveres poseen particularidades que

las posicionan como herramientas útiles para la comisión

de agresiones con armas de fuego, destacándose excepcio-

nalmente, en contraposición a otros tipos de armas:

» Por un lado son de fácil manejo y uso, recordemos

que para efectuar un disparo solo se necesita accio-

nar un gatillo3.

» Poseen una alta durabilidad, por lo que su uso se pue-

de prolongar en el tiempo sobre todo si su manteni-

miento es adecuado.

» La disponibilidad dentro del mercado (lícito e ilícito)

hace que estas armas sean de fácil adquisición4.

2 Entrevista con el director nacional de Patología Forense, doctor Franklin josé Pérez. Mayo 2012.

3 apuntar correctamente o mantener en buenas condiciones el arma son habilidades más complejas.

4 Las actuales restricciones en materia de comercialización de armas de fuego para el comprador civil emprendidas por el

inventario nacional de armas l. luGo y z. renGifo | 71

» a diferencia de las armas largas (escopetas, fusiles,

ametralladoras entre otras), las pistolas y revólveres

son fáciles de ocultar dentro de la ropa, algún bolso o

morral, facilitando su traslado y uso para sorprender

a la víctima.

Las pistolas y los revólveres son armas de fuego ma-

nejadas con relativa facilidad con una sola mano, por lo

que comúnmente se le denominan armas de puño o de

una mano5.

Los procesos relacionados al ciclo de vida de las armas de fuego de una mano en Venezuela

a partir del desarrollo de la investigación se identificaron

cinco procesos en los cuales están inmersas las armas

que entran de manera lícita al país. Estos procesos de las

armas de fuego de mano son:

1. Producción del arma de fuego.

2. Circulación internacional del arma de fuego

(ex portación/importación).

3. Distribución del arma de fuego en el país (asignación,

compra/venta).

gobierno nacional han contribuido a reducir la disponibilidad de armas de fuego en el país.

5 a partir de este momento, cuando nos refiramos a armas de fuego de una mano o puño, nos estaremos refiriendo a las pistolas y revólveres exclusivamente.

4. Control del arma de fuego (denunciada por pérdida,

robo, hurto o extravío, implicada en delito).

5. Desincorporación (destrucción).

Cada uno de estos procesos reflejados en la ilustra-

ción 1 genera información sobre el arma de fuego y es

levantada por distintos operadores institucionales que

desde el Estado, fungen como organismos de control y

supervisión de las armas ingresadas. Cada una de estas

instituciones lleva registros de datos referidos a la infor-

mación de las armas correspondientes y a través de estos

es posible hacer seguimiento a las mismas.

La producción del arma de fuego

La investigación parte de la premisa que toda arma fabri-

cada por una empresa legalmente constituida tiene un

origen lícito, posee como identificador una serie de ca-

racteres alfanuméricos denominado serial y que es único

entre sí. Las armas fabricadas por empresas no registra-

das, o en talleres artesanales privados, no son considera-

das parte de este estudio por carecer de registros oficiales.

tomando en cuenta lo anterior, puede decirse que

Venezuela, no posee al día de hoy, una producción de ar-

mas de fuego de una mano que deba distinguirse en esta

investigación; la única experiencia destacada digna de

mención es la producción de las pistolas marca Cavim6,

6 Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Ca-vim), principal institución involucrada con la producción de ar-mas en el país.

72 | dossier

modelo Zamorana, que son remanentes de la producción

realizada en el año 2005 a partir de una patente de la

empresa checa Ceska Zbrojovka (CZ) de su pistola CZ

G2000. Sin embargo, su escasa producción no la hace

relevante a fines de esta investigación.

Circulación a nivel internacional del arma de fuego (importación)

Una vez fabricada, el arma de fuego es enviada para su

comercialización, que puede ser la distribución del arma

dentro del mismo país productor, y/o exportada para su

DAEXArmas destruidas

(2006-2011)

Procesos y fuentes de información

PRO

DU

CCIÓ

NIM

POR

TACI

ÓN

DIS

TRIB

UCI

ÓN

CON

TRO

LD

ESIN

COR

POR

ACI

ÓN

UN-COMTRADE

Mercado Mundial de Armas IndustrializadasFabricación nacional Fabricación internacional

Industrias productoras de armamento

INEVolumen ($)Importaciones 1980-2011

SENIATImportaciones

Unidades 2004-2011 (DUA)

Compras (2005-2011)CAVIM

Ventas (2005-2011)

DAEX

Parques de Armas Militares

(Informes trimestrales) Organismos Gob.(Inf. trimestrales)

Privados(Inf. trimestrales)

Portes de ArmasParticulares(2003-2011)

CICPCArmas solicitadas (SIIPOL)

Armas en evidencia (2008-2001)

Parques de Armas Policiales(2011)

VISIPOL

Ilustración 1. Procesos y fuentes de información de las armas de fuego de una mano

Fuente: Elaborado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.


comercialización en el exterior, a este último proceso le

denominamos circulación internacional.

La comercialización al exterior implica la disemina-

ción de la producción de armas de fuego en distintos paí-

ses, sin embargo, como hemos comentado, cada compa-

ñía fabricante, otorga un serial único para cada una de

las armas comercializadas, lo que posibilita el rastreo de

las mismas, siempre y cuando se cuente con el insumo

adecuado, como por ejemplo las facturas y/u órdenes de

compras donde aparece la descripción detallada de las

armas compradas.

a escala nacional, las instituciones que tienen la res-

ponsabilidad de poseer registros sobre las importaciones

de armas son el Servicio Nacional integrado de admi-

nistración aduanera y tributaria (Seniat) en calidad de

ente rector de aduanas e impuestos, y el instituto Na-

cional de Estadísticas (iNE), quien solicita estos mismos

datos al Seniat para nutrir la información sobre datos

estadísticos de comercio exterior. Una tercera, y valiosa,

fuente de información la podemos hallar en los registros

que posee la organización de Naciones Unidas (oNU) a

partir de la Base de Datos Estadísticos de la oNU sobre

Comercio de Mercaderías (UN Comtrade7).

a partir de abril de 2004, el Gobierno Nacional esta-

blece que el Estado es el único facultado para la importa-

ción de armas de fuego en el país8. Esta función es llevada

7 Base de datos mundial que posee información sobre todo tipo de importaciones y exportaciones reportadas por las auto-ridades estadísticas en más de 200 países.

8 Según Gaceta oficial n° 332.844, Resolución 26770.

a cabo exclusivamente por Cavim, que desde 2005 posee

el control comercial de la importación. al centralizarse

en un solo ente todas las importaciones de armas de fue-

go, es posible obtener un registro del total de importacio-

nes de armas a partir de esta fecha.

Distribución del arma de fuego en el país

Como ya se ha aclarado, en Venezuela no se distribuyen

armas de fuego provenientes de fabricación nacional9.

Las armas de fuego distribuidas en el país son traídas

desde el exterior. Una vez que las pistolas y los revólve-

res ingresan a la nación, son distribuidos según el tipo de

usuario final pudiendo ser para10:

» Usuarios gubernamentales: pertenecientes a alguna

institución policial de carácter nacional, estadal o

municipal, así como a las direcciones de seguridad de

los organismos del Estado11.

9 antes de 2005, las armas que ingresaban al país eran retira-das por el importador correspondiente (ej.: distribuidor oficial, armería, persona particular, empresa de seguridad, policía re-gional, municipal, etc.) y el Estado desconocía su destino, salvo que estas ingresaran al Cuerpo de investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CiCPC) para pruebas relacionadas a la investigación de algún delito donde estuviese involucrada.

10 Conceptualización propia de la investigación.

11 Las armas pertenecientes a la Fuerza armada Nacional Bolivariana, aunque no escapan a las regulaciones pertinentes en materia de armas de fuego, no fueron objeto de revisión en esta investigación ya que su número y disposición de registros son considerados secreto de Estado.

74 | dossier

» Usuarios jurídicos: pertenecientes a algún organismo

privado de vigilancia, como por ejemplo las empresas

y cooperativas de vigilancia, o las empresas de trans-

porte de valores. Este grupo incluye a las empresas

comercializadoras de armas de fuego, más conocidas

como armerías.

» Usuarios particulares: son todas aquellas personas

que compran un arma de fuego para uso particular,

bien sea para defensa personal, colección, deporte o

tenencia domiciliaria.

a cada uno de estos usuarios se le otorga una auto-

rización para el porte y/o resguardo de estas armas de

fuego, esta autorización se encuentra sujeta a controles

institucionales por parte de la Dirección Nacional de ar-

mas y Explosivos (DaEX) de la Fuerza armada Nacional

Bolivariana (FaNB). Los usuarios gubernamentales y ju-

rídicos se encuentran sujetos a revisiones periódicas de

sus parques de armas por parte de la DaEX, esto se reali-

za cada tres (3) meses, sin embargo, los portes de armas

otorgados a los usuarios civiles se renuevan cada tres (3)

años, durante este tiempo el “estado del arma” no es co-

nocido por las instituciones gubernamentales de control.

Control del arma de fuego

El proceso de control del arma de fuego ocurre cuando

un arma es incautada o recolectada por parte de algu-

no de los cuerpos de seguridad del Estado para su debido

análisis. otra arista del proceso de control es cuando se

realiza una denuncia sobre un arma de fuego.

En el primer caso, se recopila información a través de

pruebas (físicas y químicas) realizadas por expertos en

criminalística a fin de verificar si el arma implicada fue

utilizada para cometer el delito. En el segundo, el arma

es reportada como robada o hurtada ante las autorida-

des pertinentes, bien sea con la finalidad de recuperar

el arma, o bien para evitar la vinculación directa de los

hechos en los que esta arma se vea involucrada en el fu-

turo. En ambas situaciones, el Cuerpo de investigaciones,

Científicas, Penales y Criminalísticas administra el regis-

tro de datos de estas armas.

Durante el proceso de control se puede establecer

cuáles son aquellas armas que inciden con mayor fuerza

dentro de la vida de la población. Esto es muy importante

a fin de establecer ciertas características comunes para

estas armas y por tanto permite establecer regulaciones

más estrictas que permitan frenar el uso de las mismas.

Desincorporación del arma de fuego

El proceso de desincorporación consiste en la destrucción

física y definitiva del arma de fuego por parte de la Direc-

ción General de armas y Explosivos. Este proceso se lleva

a cabo en las instalaciones de la siderúrgica de Sidetur.

Para que un arma pase a situación de desincorporación

deben darse alguna de las siguientes condiciones:

» Que se determine que el arma fue utilizada para co-

meter un hecho punible y, por tanto, las autoridades

responsables dicten sentencia firme sobre ella. Ejem-

plo: Un arma que se haya utilizado para cometer un

homicidio.


» Que aquella arma orgánica perteneciente a algún

cuerpo de seguridad del Estado se le determine un de-

terioro severo y quede inutilizada para su uso. Ejem-

plo: Un arma que por su desgaste pierda su acción de

disparo.

» Que sea entregada a algún órgano de seguridad del

Estado por parte de un particular con la finalidad

puntual de destruirla. Ejemplo: Una entrega volunta-

ria enmarcada en un campaña sobre el desarme.

Este último proceso del arma requiere la presencia de

la Fiscalía General de la República, el Cuerpo de inves-

tigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y la Di-

rección General de armas y Explosivos durante el acto

de destrucción. En este proceso se lleva un registro de las

armas que son destruidas y entre los tres organismos cer-

tifican la validez del acto.

Descripción de las importaciones de armas de fuego de una mano en los últimos 30 años

anteriormente hemos comentado que la producción de

armas de fuego en el país ha sido marginal, por lo que

este apartado se refiere exclusivamente a las importacio-

nes hacia Venezuela de armas de fuego de una mano des-

de los años 80 hasta la actualidad.

Los valores de las importaciones están expresados en

dólares, concretamente en “Valores FoB”12, que significa

12 Se entiende por Valor FoB (Free onBoard – Libre a Bordo en español) al término utilizado en el Comercio internacional

el costo de una mercancía hasta que se encuentra lista

para su transporte. Estos valores son recogidos por la

UN Comtrade y por el iNE. al contrastar ambos registros

se obtiene el gráfico 1 (página siguiente).

Considerando que las dos fuentes de información

consultadas poseen discrepancias, se toman en consi-

deración los valores históricos máximos de importación

de armas de fuego en Venezuela de las dos fuentes, uni-

ficando ambos registros, a fin de manejar el dato más

alto de armas de fuego que se haya importado, tendiendo

siempre a obtener el mayor espectro posible de unidades

de armas importadas en las últimas tres décadas. Esta

unificación13 se ve representada en el gráfico 2 (página

siguiente).

En esta gráfica se observa una oscilación de las im-

portaciones de armas a través del período de estudio.

Estas fluctuaciones pudiesen explicarse fundamental-

mente en las necesidades de adquirir y reponer armas a

lo largo de los años, observando cómo después de una

importación grande, inmediatamente hay una baja de la

que indica el valor de la mercancía en dólares ($) al ser despa-chada por el vendedor, comúnmente referida al despacho hasta el medio de transporte que llevará esta mercancía a su desti-no. Este valor es declarado por el que envía la mercancía, por el que la recibe o ambos inclusive, permitiendo de esta manera las comparaciones.

13 a partir de este momento, cuando se mencione importa-ciones de pistolas y revólveres o importaciones acumuladas de pistolas y revólveres, se entenderá como tal a las importaciones “unificadas” resultantes de la comparación de los registros de UN Comtrade y de los datos que posee el iNE.

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2011

Comtrade INE

Gráfico 1. Venezuela. Valor en US$ de las importaciones de revólveres y pistolas, UN Comtrade - INE 1984-2011

Fuente: United Nations Comtrade (UN Comtrade). Instituto Nacio-nal de Estadística (INE). Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.

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Importaciones

Gráfico 2. Venezuela. Valor en US$ de las importaciones de revólveres y pistolas, 1962-2011

Fuente: United Nations Comtrade (UN Comtrade). Instituto Nacional de Estadística (INE). Procesado por la Comisión Presi-dencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.


misma, ya que las armas tienen un prolongado período

de tiempo útil antes de ser desechada.

La caída radical, a partir del año 2001, de las importa-

ciones de armas de fuego se podría explicar por el veto, que

por razones políticas, Estados Unidos de américa (USa)

aplicó a la venta de armas a Venezuela; este veto se evi-

dencia durante los años 2004 y 2005. Para el año 2006 la

restricción de la venta de armas a Venezuela es completa.

El gráfico 3 hace una comparación de las importa-

ciones ingresadas al país desde 1996 hasta la actuali-

dad y las partes y piezas de armas de fuego de una mano

para esos mismos años. Resulta claro que la reducción

de las importaciones de armas de fuego se relaciona con

un aumento significativo en la importación de partes y

piezas de pistolas y revólveres, pudiendo entenderse que

al no poder reponerse el armamento dañado este debió

ser reparado, aumentando así la importación de partes

y piezas; no obstante debe tenerse presente que la vida

útil del arma de fuego es muy prolongada, esta puede du-

rar por más de cuatro décadas dependiendo de su uso y

mantenimiento, por lo que considerar que este aumento

de importación de partes y piezas de armas de fuego fue

producto del desgaste de las armas existentes podría ser

precipitado.

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Pistolas y revólveres Partes y piezas

Gráfico 3. Venezuela. Valor en US$ de las importaciones declaradas de pistolas y revólveres (93.02) y la de partes y piezas (93.05), 1996 -2011

Fuente: United Nations Comtrade (UN Comtrade). Instituto Nacional de Estadística (INE). Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.

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1992

1993

1994

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1998

Importaciones Exportaciones

1999

2000

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2004

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2010

2011

Gráfico 4. Venezuela. Valor en US$ de las importaciones de armas de fuego declarada como importadas por Venezuela y las exportaciones de armas de fuego declaradas por los países hacia Venezuela, 1980 - 2011


El gráfico 4 contiene la contrastación de las importa-

ciones y exportaciones de armas de fuego de una mano

hacia Venezuela en los últimos 30 años. Es notable como

en la mayoría de los años existen fluctuaciones semejan-

tes entre los períodos estudiados de las importaciones y

las exportaciones, siendo las discrepancias entre ambas,

en el mismo año, lo más resaltante. Estas diferencias son

explicables debido al retraso en los reportes de comer-

cialización de armas de fuego que manejan los sistemas

aduaneros y las agencias estatales de estadísticas, oca-

sionando una demora en las informaciones de comercio

internacional.

Representación cartográfica de las importaciones hacia Venezuela

Uno de los ejercicios que realizamos dentro de esta inves-

tigación fue representar cartográficamente los países de

procedencia de las importaciones en un rango que abar-

ca desde 1979 hasta 2010.

La representación cartográfica es útil para identificar

las empresas asociadas a los países que declaran expor-

taciones hacia Venezuela, así como observar las relacio-

nes comerciales en materia de armas de fuego con dichos

países en cuanto a su dinámica y evolución en el trans-

curso de los años estudiados.


En este sentido, una salvedad que debe hacerse es que

existen casos puntuales en los que el mismo fabricante

posee plantas de producción y ensamblaje de armas de

fuego en más de un país. Esto acarrea que dos naciones

diferentes produzcan reportes de armas de fuego de una

misma empresa. Por lo que en la práctica, no puede re-

presentarse las marcas de armas de fuego por país, sino

representar cartográficamente el país que genera el re-

porte de las armas de fuego exportadas, como se ha he-

cho en esta investigación14.

De esta forma, se presenta a continuación la repre-

sentación cartográfica de las importaciones de armas de

fuego identificando tres grandes períodos de importacio-

nes de armas de fuego hacia Venezuela, estos son:

Importaciones de armas de fuego a Venezuela desde finales de los 70 hasta 1990

En este período las importaciones de armas de fuego de

una mano estuvieron signadas principalmente entre

tres proveedores: los Estados Unidos de américa, ale-

mania y el Reino de Bélgica. Sobre el contexto histórico

14 Por ejemplo, la empresa industria de Material Bélico Do Brasil (imbel) radicada en Brasil, posee 5 plantas de produc-ción, todas ellas radicadas en ese país, por lo que es posible afir-mar que las armas de esta marca que son importadas al país provienen en su totalidad de Brasil, con lo que se puede hacer asociaciones puntuales entre países de origen y marcas. Sin embargo, existen otros casos en los que una empresa, radicada en un país determinado, posee filiales y subsidiarias en otros países que fabrican o ensamblan armas de fuego, las cuales, al ser exportadas, quedan asentadas en los registros comerciales de estos países.

es oportuno acotar que la Guerra Fría marcaba signi-

ficativamente los bloques de países con los que se ha-

cían negociaciones; adicionalmente, el Reino de Bélgica

había sido el proveedor para ese momento de los fusi-

les automáticos FaL de la empresa Fabrique Nationale

d’Herstal (FN) del ejército venezolano, por lo que supo-

nía tener puertas abiertas para exportar a nuestro país

armas de menor calibre.

En las ilustraciones cartográficas que presentamos se

puede verificar cómo existe una fluctuación de la propor-

ción de importación a través del tiempo y la variación de

los países proveedores de armas de Venezuela. (Ver ilus-

traciones 2 y 3, en página siguiente.)

Importaciones de armas de fuego a Venezuela durante la década de los 90

En esta década Estados Unidos de américa se mantiene

como el principal país proveedor de armas de fuego. al

mismo tiempo se da un proceso de apertura a la industria

argentina y brasileña de armas, principalmente en el área

de los revólveres. Dicha apertura puede verse justificada

en varios factores: en primer lugar las relaciones diplo-

máticas entre los gobiernos de la época (Pérez – Menem

– Collor de Melo) son cónsonos en su accionar político, lo

que favorece el establecimiento de acuerdos comerciales

entre ellos, incluyendo el comercio de armas; el rápido

crecimiento de las ciudades venezolanas y el auge de los

problemas delictivos, favorece la proliferación de las em-

presas de seguridad dada la ineficacia del Estado en cuan-

to a brindar seguridad ciudadana. Las armas de fuego

80 | dossier

Ilustración 2. Venezuela. Países exportadores de armas hacia Venezuela. 1979.





argentinas y brasileñas son de menor costo en compara-

ción con las norteamericanas y europeas, por lo que es

factible suponer que las empresas de seguridad privadas

demandaran estas armas económicas para la prestación

de sus servicios.

Después de mediados de los 90, la empresa austriaca

Glock; fabricante de armas, pistolas particularmente, se

comienza a posicionar como la de mayor interés dentro

del mercado internacional de armas para los cuerpos de

seguridad y defensa. (Ver ilustraciones 4 y 5, en esta y

siguiente página.)

Importaciones de armas de fuego a Venezuela posterior al año 2000

Las importaciones de armas de fuego hacia Venezuela en

los años posteriores al 2000 estuvieron marcadas prin-

cipalmente por el lineamiento político del gobierno del

presidente Chávez y el veto progresivo interpuesto por

el gobierno estadounidense, y por algunos países de la

Unión Europea.


Fuente: United Nations Comtrade (UN Comtrade). Instituto Nacional de Estadística (INE). Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municio-nes y Desarme.

82 | dossier

Para el año 2001, austria es la principal exporta-

dora de armas de una mano a Venezuela proveyendo

al 50% de la demanda interna. Como se ha comenta-

do, a partir del año 2002 y hasta el 2005, se dio una

disminución de la exportación de armas de fuego de

una mano hacia Venezuela, que entre otras causas, se

debe al veto unilateral de ventas de armas por parte de

Estados Unidos de américa hacia Venezuela, a la cual

austria y otros países miembros de la Unión Europea se

apegan. En paralelo, hacia fines de 2004, Cavim asume

la importación de armas al país.

En 2007, italia se desmarca del veto norteamericano,

y junto con Brasil, se convierten en los principales pro-

veedores de armas de una mano para Venezuela.

Para 2010, italia se erige como el mayor exportador

de pistolas para Venezuela, ocupando casi todo el merca-

do de las armas de una mano en el país.

Se evidencia en este período una reducción progre-

siva de los proveedores de armas de fuego de una mano

hacia Venezuela y la instalación de italia como principal

país comercializador de armas a la nación, casi de mane-

ra exclusiva.

Estimación de armas de fuego ingresadas a Venezuela

Para la estimación del volumen aproximado de armas de

fuego ingresadas a Venezuela se utilizaron los volúmenes


Fuente: United Nations Comtrade (UN Comtrade). Instituto Nacional de Esta-dística (INE). Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.


Ilustración 6. Venezuela. Paísesexportadores de armas hacia Venezuela. 2001.




84 | dossier



Ilustración 9. Venezuela. Disponibilidad de las fuentes de información para la estimación de armas de fuego. 1980-2011.

Fuente: Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.

Ilustración 10 Venezuela. Representación del proceso de estimación. 1980-2011.

Fuente: Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.

ImportaciónValor ($)

Valor ($)

1980 2005 2011

UN COMTRADE / INE / CAVIMUnidades

UN COMTRADE / INE

ImportaciónEstimación

Estimación

1980 2005 2011

Estimación 1

Estimación2Registro

Unidades desconocidas Unidades conocidas


monetarios importados y las unidades de armas impor-

tadas conocidas, disponibles desde 2005 hasta 2011.

En la ilustración 9 se muestra la información disponible

para la estimación.

El método de estimación para calcular la cantidad de

armas de una mano ingresadas a Venezuela desde 1980

se llevó a cabo desde dos perspectivas procedimentales:

La primera consistió en el cálculo de las cantidades de

armas, basado en los montos declarados en las importa-

ciones por Venezuela, y su precio de referencia estableci-

do para cada una de las tres décadas estudiadas.

La segunda consiste en el cálculo de las cantidades

de armas, basados en los montos declarados en las im-

portaciones por Venezuela y su precio de referencia esta-

blecido para las primeras dos décadas estudiadas y hasta

mediados de la década del 2000. Pero a diferencia del

primer método, a partir de 2005, se toman los valores de

las cantidades de armas compradas por Cavim utilizando

las cifras conocidas.

En la ilustración 10 se aprecia cuáles son los lapsos

de tiempo donde es necesario realizar la estimación de las

armas ingresadas al país.

El cálculo de la estimación de las cantidades de armas

ingresadas está basado en dos variables; por una parte,

los montos en dólares de las importaciones; por el otro,

los precios de referencia de las armas de fuego por cada

década. Los valores de los montos de las importaciones

declaradas por Venezuela se extraen de la unificación

de los datos de la UN Comtrade e iNE15, sin embargo, los

15 tal como se mostró en la gráfica 2.

precios de referencia no se encuentran reflejados en los

datos de estas fuentes.

Para establecer los precios de referencia de las armas

de fuego se recurrió a revistas especializadas16 que per-

mitieron elaborar bandas de precios para cada década es-

tudiada. Hay que destacar que por cada década existe va-

riabilidad dentro de los precios de las armas de fuego de

una mano, es por esta razón que no se puede establecer

un precio único para todos los años de estudio. asimis-

mo, es necesario puntualizar por lo menos tres rangos

de precios de referencia, uno con el precio más alto que

pudo llegar a poseer en el mercado mundial de armas,

una banda de precio con el menor precio y otra donde se

promedie estos dos últimos.

aplicando este razonamiento, se consideraron tres

bandas en los que oscila el precio de armas de fuego como

se demuestra en el cuadro 1.

Cuadro 1. Venezuela. Precio estimado de las armas de fuego en dólares (US$) entre décadas. 1980–2009

Décadas Mínimo Promedio Máximo

1980-89 75 125 250

1990-99 100 235 275

2000-09 125 375 535

Fuente: Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme. Procesado por la Comi-sión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.

Una vez obtenidos los valores referenciales de los pre-

cios de las armas de fuego de una mano para cada una

16 tales como el Standard Catalogue of Firearms 2009 y la re-vista Combat Arms en sus diferentes ediciones.

86 | dossier

de las décadas de estudio, es posible realizar el cálculo

de estimación de la cantidad de las armas de una mano

ingresas al país desde los 80, para ello, se dividieron los

montos de las importaciones en dólares entre los precios

de referencia establecidos, obteniéndose la estimación

de cantidad unitaria importada. Los años 2010 y 2011

corresponden a las unidades de armas importadas repor-

tadas por Cavim en esos años, por tanto no es necesaria

su estimación.

El primer hallazgo que posee la investigación inven-

tario Nacional de armas de Fuego es que en los últimos

30 años han ingresado en el país, no más de 630.000

armas. (Ver cuadro 2) De esta manera, se desmitifica la

presunción de la existencia de 1, 3 o 6 millones de armas

de fuego en las calles17 (Globovisión, 2008).

En el cuadro 3 se presenta el segundo ejercicio de es-

timación de armas de fuego de una mano ingresadas en

los últimos 30 años, complementado con las cantidades

reportadas por Cavim desde 2005.

Según lo observado en la segunda estimación, la

cantidad de armas ingresadas al país es menor a la can-

tidad reflejada en la primera estimación, ubicándose en

aproximadamente 550.000 armas el monto máximo de

estas. En otras palabras, cuando se utilizan los registros

oficiales de Cavim de lo importado a partir de 2005, la

tendencia es hacia la baja en las cantidades de armas

ingresadas. En un ejercicio de reflexión, podríamos

17 En apartado referido a la etapa de control de las armas de fuego se verá la baja probabilidad de existencia de un gran mer-cado de armas de contrabando dentro del país.

Cuadro 2. Venezuela. Estimación de las armas de fuego por unidades hasta el 2009. 1980–2009

Estimación hasta 2009

Período Máximo Promedio Mínimo

años 80 79.163 47.498 23.749

años 90 289.103 123.023 105.128

años 00 221.500 73.833 51.752

2010-2011 38.349 38.349 38.349

total 628.116 282.703 218.979

Fuente: UN Comtrade. Cavim. Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Muni-ciones y Desarme.

Cuadro 3. Venezuela. Estimación de las armas de fuego por unidades hasta el 2005. 1980–2005

Estimación hasta 2005

Período Máximo Promedio Mínimo

años 80 79.163 47.498 23.749

años 90 289.103 123.023 105.128

años 00 143.336 75.383 65.222

2010-2011 38.349 38.349 38.349

Total 549.951 284.253 232.448

Fuente: UN Comtrade, Cavim. Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Muni-ciones y Desarme.


suponer que la cantidad máxima de armas ingresadas

que arroja la primera estimación es incluso menor a las

630.000 armas.

al comparar las cantidades de armas ingresadas, pro-

ducto de estas dos estimaciones, se puede observar que

las cantidades promedios de las mismas son muy pareci-

das, a pesar de que para el período del 2005 al 2009, los

registros provienen de fuentes diferentes.

Si se detalla la década correspondiente al año 2000,

se aprecia cómo la cantidad promedio de las armas ingre-

sadas al país en ese período es muy parecida, denotando

que la variación entre una y otra es poca. Este ejercicio

de comparación entre las estimaciones realizadas reviste

de fiabilidad al procedimiento empleado para estimar la

cantidad de armas ingresadas al país en los últimos 30

años.

La importación de las armas de fuego al país y su relación con los homicidios con armas de fuego

Como se ha comentado anteriormente, las armas de fue-

go poseen una larga durabilidad, por lo que su vida útil

es extensa. Basándose en esta condición de las armas, se

realizó el cálculo de las importaciones acumuladas a lo

largo del período de estudio. El valor acumulado de las

importaciones, a efectos de esta investigación, se entien-

de como el monto en dólares de las importaciones de

un año, sumándole a este las importaciones de los años

anteriores calculados, por ende, los valores siempre se-

rán en aumento. Se presume que las armas ingresadas

Cuadro 4. Venezuela. Comparaciones entre estimaciones de las armas de fuego por unidades. 1980–2005

COMpARACIóN ENTRE EsTIMACIONEs

Período de estudio

Años estimados Máximo Promedio Mínimo

1980-20111980-2009 628.116 282.703 218.979

1980-2005 549.951 284.253 232.448


Cuadro 5. Venezuela. Comparaciones entre estimaciones de las armas de fuego por unidades. 2000–2009

COMpARACIóN ENTRE EsTIMACIONEs pOR DéCADA

Período de estudio Estimación Máximo Promedio Mínimo

2000-20092000-2009 221.500 73.833 51.752

2000-2005 143.336 75.383 65.222


88 | dossier

Gráfico 5. Venezuela. Valor acumulado de las importaciones de pistolas y revólveres. 1980 -2011

Fuente: UN Comtrade. Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.

Gráfico 6. Venezuela. Valor acumulado de las importaciones de pistolas y revólveres y Tasa de defunciones por arma de fuego. 1980 -2011

Fuente: UN Comtrade, INE, Ministerio del Poder Pop-ular para la Salud, (MPPS) Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.

Nota: Tasa de defunciones calculada por 100.000 habitantes.

Importaciones acumuladas 1980 - 2011

Lineal (importaciones acumuladas 1980 - 2011)

60.000.000

50.000.000

40.000.000

30.000.000

80.000.000

70.000.000

20.000.000

10.000.000

01980 1982 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Importación acumulada

Homicidio por arma de fuego

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

60.000.000

50.000.000

40.000.000

30.000.000

80.000.000

70.000.000

20.000.000

10.000.000

0

35

25

15

5

55

45

-5


durante el período de estudio permanecen mayoritaria-

mente activas al final del mismo. (Ver gráfico 5.)

al observarse la importación acumulada, se eviden-

cia que existen tres momentos puntuales del ingreso de

pistolas y revólveres a Venezuela. El primer momento co-

rresponde a la primera década en estudio, hasta el año

1991 aproximadamente, a partir de este año, la impor-

tación se incrementa considerablemente hasta el año

2001, período en el que surge el veto armamentístico a

Venezuela. Desde el año 2007 se vuelve a retomar con

fuerza las importaciones de armas, con italia como prin-

cipal proveedor y Cavim como la única facultada para la

importación en el país.

Considerando que las armas ingresadas al país du-

rante el período de estudio, permanecen mayoritaria-

mente activas al final del mismo, resulta pertinente con-

traponer estos valores acumulados de importaciones de

armas con la tasa de muertes ocasionadas por armas de

fuego suministrados por el Ministerio del Poder Popular

para la Salud, a fin de cotejar su relación. (Ver gráfico 6.)

La tendencia general de los homicidios cometidos con

armas de fuego es hacia el alza; no obstante, es posible

reconocer algunos momentos en que estos valores des-

cienden al mismo tiempo que la importación acumulada

de armas se mantiene (puede verse claramente entre los

años 2003-2006), reflejando que la escasa importación

de armas de fuego de ese momento pudo incidir consi-

derablemente en la tasa de homicidios que registra una

pronunciada caída para luego aumentar nuevamente

cuando las importaciones de armas se reanudan.

El problema de la violencia armada es complejo y

multifactorial, y por tanto no debe asumirse que las

cantidades de importaciones de armas son causa de la

proliferación de este tipo de violencia. Sin embargo, es

importante destacar que un efectivo control de armas,

orientado a vigilar la alta disponibilidad de estas, supon-

drá recortar el principal instrumento de acción de la vio-

lencia con armas de fuego.

Caracterización de las armas de fuego de una mano en Venezuela

La compra y venta de armas de fuego

antes del año 2005, las importaciones de armas de fue-

go de una mano se realizaban por el tipo de usuario que

la necesitase, véase, organismo del Estado, empresa de

seguridad, armería o particular, de las cuales no se lle-

vaba ningún registro unificado que describiera sus ca-

racterísticas principales (tipo de arma, marca, modelo,

calibre, serial). Por lo tanto, para conocer cuáles son las

características de estas armas se ha utilizado los regis-

tros de Cavim disponibles a partir de 2005. actualmen-

te, cualquier requerimiento de importación de armas de

fuego, partes, piezas y municiones, para cualquier tipo de

usuario, se encuentra sujeto a dos instituciones, Cavim

como ente importador y la DaEX como el ente encargado

de otorgar los permisos de porte y tenencia de armas de

fuego. En este estudio se caracteriza la compra y venta

de armas de una mano realizadas por la empresa estatal

Cavim, entre el 2005 y el 2011, considerando que estas

relaciones comerciales representan el total de las com-

pras y ventas legales en esos años.

90 | dossier

Durante este período se compraron 79.454 unidades

de pistolas y revólveres, de las cuales el 95,04% (75.512)

corresponden a pistolas. Es de hacer notar que las com-

pras de revólveres se dan solo en los años 2007 y 2010,

siendo en este último cuando se presenta el mayor volu-

men de compras con 3.800 unidades (ver cuadro 6).

al analizar las cifras sobre las marcas, se observa que

las pistolas Beretta, Glock y tanfoglio son las que poseen

mayor frecuencia, comprendiendo 66.342 armas en to-

tal, siendo importante aclarar que las pistolas Glock solo

se vendieron hasta el año 2008 por parte de Cavim (ver

gráfico 7).

Gráfico 7. Venezuela. Marcas de pistolas y revólveres compra-das por CAVIM. 2005 - 2011

Fuente: Cavim. Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.

58,3%beretta

3,8%Caracal

13,8%Glock

2,1%Imbel

T11,3%

anfoglio

10,6%Taurus

Cuadro 6. Venezuela. Compras realizadas por Cavim de pistolas y revólveres. 2005-2012

CoMPRAs

Año Pistolas Revólveres

2005 7.261 -

2006 4.784 -

2007 4.290 142

2008 7.431 -

2009 17.197 -

2010 28.317 3.800

2011 6.232 -

Total 75.512 3.942


Cuadro 7. Venezuela. Comparación entre compras y ventas realizadas por Cavim de pistolas y revólveres. 2005-2012

Año

Compras Ventas

PIsToLAs REVÓLVEREs PIsToLAs REVÓLVEREs

2005 7.261 - 7.855 37

2006 4.784 - 7.382 644

2007 4.290 142 14.623 2.281

2008 7.431 - 14.333 583

2009 17.197 - 12.530 562

2010 28.317 3.800 27.973 318

2011 6.232 - 13.428 760

Total 75.512 3.942 98.124 5.185

Total 79.454 103.309

Fuente: Cavim. Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme


Gráfico 8. Venezuela. Comparación entre compras y ventas de CAVIM. 2005 - 2011


VentasCompras

5000100001500020000250003000035000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

En este sentido, Beretta abarca el 58,3% de las com-

pras (46.346 armas) realizadas por Cavim, siendo esta

la marca de pistola usada por la Policía Nacional Boliva-

riana (PNB); Glock y tanflogio comprenden el 13,8% y

11,3% (10.979 y 9.017 armas) de las compras respec-

tivamente; el 16,5% restante (13.112 armas) corres-

ponden a la marca saudí Caracal, y las brasileras imbel y

taurus. La totalidad de las compras de los revólveres fue

realizada a la empresa brasilera taurus, la mayoría en el

año 2010.

al revisar los registros de ventas de Cavim durante el

período anteriormente mencionado, se observa que estas

alcanzan las 103.309 unidades de pistolas y revólveres,

esto da a entender que Cavim poseía y posee inventarios

con armas de fuego en sus depósitos para los momentos

en las que se realizan las compras (ver cuadro 7 en pági-

na anterior).

al comparar las compras y ventas de Cavim durante

el período 2005-2011, se puede observar que las diná-

micas comerciales de las pistolas y los revólveres son pro-

pias de cualquier artículo en cuanto a la compra, venta

y reposición de la mercancía. Desde el año 2005 al 2008

las ventas superaron a las compras, caso contrario en los

años 2009 y 2010 donde se da un proceso de compras

de armas (ver gráfico 8), para luego iniciar otra fase de

ventas.

92 | dossier

Gráfico 9. Venezuela. Unidades de armas vendidas por CAVIM por tipo de Usuario según año de venta. 2005 - 2011


CivilGubernamental

50001000015000200002500030000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Jurídico

Con respecto a los usuarios anteriormente descritos:

gubernamentales, jurídicos y particulares, entre los años

2005 y 2011 los usuarios gubernamentales adquirieron

la mayor cantidad de armas de fuego (52,8%), llegando

a su menor nivel en el año 2011; en segundo lugar se

encuentran los usuarios particulares, quienes ocupan el

27,9% de la distribución de pistolas y revólveres en el pe-

ríodo 2005-2011, teniendo un notable aumento a partir

del 2007 y llegando a superar en ventas a los usuarios

gubernamentales en el 2011 con el 66,6% de las mis-

mas. (Gráfico 9.)

Es importante resaltar que los usuarios jurídicos han

disminuido progresivamente la demanda de armas de

mano desde el año 2007 hasta llegar a ser los usuarios

que menos armas adquirieron para el año 2011; sin em-

bargo, son los usuarios que más demandaron revólve-

res, alrededor del 80% (4.194 revólveres) entre 2005 y

2011. La disminución de las compras realizadas por los

usuarios jurídicos a Cavim podría explicarse por el poco

desgaste que caracteriza a dichas armas, en cumplimien-

to de sus funciones (resguardo principalmente), por ende

el nivel de reposición del arma es bajo.


Distribución de las armas de fuego en Venezuela en manos de particulares

La mayoría de las armas de fuego del mundo están en

manos de particulares (…). Si las fábricas del mundo

producen cada año millones de armas de fuego de nue-

va fabricación y se destruyen muchas menos, eso sig-

nifica que el número de armas en manos de civiles está

aumentando (Small Arms Survey, 2011).

Esta cita, tomada de una publicación de Small Arms Sur-

vey, menciona una realidad de la cual nuestro país no es

ajeno. Durante los años 2005 y 2011, según los registros

administrativos de Cavim, se ha dado un aumento en la

cantidad de armas de fuego de una mano vendidas a par-

ticulares, llegando a ser el 30% de las ventas acumuladas

de este ente para dicho período.

aunque los registros idóneos para el estudio de las

armas en manos de particulares son los registros de ven-

tas (CaViM) y los registros de portes de armas (DaEX),

sólo se pudo acceder con rigurosidad a los registros de

CaViM sobre ventas de armas de fuego. Por esta razón

se trabajó con los datos de las ventas de armas en manos

de particulares entre el año 2005–2011 y con algunos

datos generales sobre los portes de armas de los usuarios

particulares.

En el caso de la DaEX se pudo obtener que para marzo

del año 2012 la cantidad de portes de armas otorgados

fue de 132.043, recordando que estos son permisados

para cada arma que adquiera la persona y no por usua-

rio solicitante; en otras palabras, un mismo usuario

puede poseer varios portes para varias armas, pero no

podrá poseer un m ismo porte para varias.

Las mayores concentraciones de armas de fuego en

manos de civiles, en términos netos, se encuentran vin-

culadas a la concentración de la población en las prin-

cipales ciudades del país, bien sea por razones de acceso

a las armas (distribución) o bien por las capacidades de

adquisición (recursos) de los habitantes de estos grandes

centros poblados. Para facilitar la identificación de las re-

giones en las cuales existe mayor densidad de armas de

fuego de una mano por habitante se desarrolló un índice

que refleja esta magnitud18.

observando la Ilustración 11 (en página siguiente)

se aprecia que las concentraciones de armas de fuego

con muy alto índice se encuentran en áreas urbanas y

de alta actividad económica siendo los municipios Li-

bertador (Dtto. Capital); Chacao, Los Salias y El Hatillo

(Miranda); y Lecherías (anzoátegui), este último, no se

distingue por tener un pequeño tamaño dentro del mapa

aquí presentado.

al analizar los municipios de alto rango se debe rea-

lizar una separación: en primer lugar agrupar a Baruta,

Petare, Carrizal, Plaza, Zamora (Miranda); Vargas (Var-

gas); Girardot, iragorry (aragua); Valencia, San Diego

(Carabobo); municipios que presentan altos niveles de

18 a fin de mitigar la incidencia del factor poblacional se cal-culó un índice de armas legales por municipio, iaM= (NaVC/PoB) × 1000 hab. Cuando iaM, es el Índice de armas por Mu-nicipio; NaVC, es el Número de armas Vendidas por Cavim en el Municipio; y PoB, es la Población del Municipio en 2011.

Ilustración 11. Venezuela. Índice de armas legales en manos de particulares

94 | dossier

concentración de armas y que al igual que los anteriores

se encuentran en espacios de altas concentraciones ur-

banas y/o económicas.

En segundo lugar, agrupar a Puerto Cabello, Mo-

rón (Carabobo); Sinamaica (Zulia); Cordero, Bolívar

(táchira); Brión (Miranda); Pampatar (Nueva Esparta);

Maroa (amazonas) y Guasipati, El Callao, tumeremo

(Bolívar) municipios que aunque no poseen núcleos con

altas concentraciones de población, las actividades rela-

cionadas con ellas: comercio (Carabobo, Zulia y táchira),


Gráfico 10. Venezuela. Distribución por sexo de usuarios particulares. 2005 - 2011

Fuente: Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim). Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.

2,7%97,6%65426.606

Hombres Mujeres

turismo (Miranda y Nueva Esparta) y minería (ama-

zonas y Bolívar) pudiesen justificar la necesidad de las

compras de armas de fuego.

El resto del país está por debajo del rango medio,

siendo significativo destacar la presencia de núcleos

urbanos como el de Maracaibo (Zulia), Barquisime-

to (Lara), Barinas (Barinas), San juan de los Morros

(Guárico), acarigua–araure (Portuguesa), Barcelona

(anzoátegui) y de centros poblados con actividades

económicas de importancia y/o de gran valor como los

casos de Güiria (actividades petroleras – estado Sucre),

Churuguara y San Fernando de apure (ganadería – es-

tado Lara y apure) entre otras, en las que la presencia

de armas no es destacable.

Características de los usuarios particulares en posesión de armas de fuego en Venezuela

Los registros de ventas de armas de la Compañía

anónima Venezolana de industrias Militares poseen

mayor información que la otorgada sobre los portes de la

DaEX19, teniendo la información de Cavim como única

limitante el lapso de tiempo de cobertura (2005-2011).

De Cavim se pudo obtener que aproximadamente 27.260

personas particulares compraron pistolas y/o revólveres.

En el gráfico 10 se representa la distribución de los

usuarios según el sexo del comprador. Se aprecia que la

inmensa mayoría de las personas que compran pistolas

y revólveres son hombres, constituyendo éstos el 97,6%

de los compradores (26.606); al mismo tiempo, se cono-

ce que la proporción de muertes por armas de fuego en

varones, para el año 2011, fue de 95% (Comisión Pre-

sidencial para el Control de armas, Municiones y Desar-

me, 2012).

asimismo, en el gráfico 11 (en página siguiente) se

observa que el total de usuarios entre los 22 y 49 años

19 Debido a su limitado acceso por su valor estratégico.

96 | dossier

ocupan el 88,57% de compradores particulares de armas

de fuego de una mano, correspondiendo a este mismo

rango de edad el 70% del total de muertes por armas de

fuego según datos oficiales del CiCPC para el año 2011

(Comisión Presidencial para el Control de armas, Muni-

ciones y Desarme, 2012).

Control del arma de fuego

Después del proceso de distribución del arma de fuego entre

los distintos cuerpos de seguridad del Estado, las empresas

de seguridad y vigilancia, así como en los usuarios parti-

culares, la información de las armas de fuego se vuelve de

cierta forma difusa para el Estado según el tipo de usuario.

En el caso de las distintas policías y otros entes guber-

namentales, existen reportes a la DaEX que dan cuenta

del parque de armas del ente, lo mismo ocurre con los

parques de armas de las empresas de seguridad; sin em-

bargo, las armas en manos de civiles no cuentan con al-

gún control oficial, salvo en el trámite de la renovación

del porte de arma del usuario ante la DaEX.

a pesar de esta circunstancia de la información sobre

el arma de fuego, cuando una de ellas se ve involucrada

en algún presunto delito, se activa el proceso de control

de armas dentro de los cuerpos de investigación nacio-

nales. Como se ha explicado anteriormente, el Cuerpo

de investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas

se encarga de realizar los peritajes (pruebas científicas)

Gráfico 11. Venezuela. Distribución por rango de edades de los usuarios particulares de armas de fuego. 2005 - 2012

Fuente: Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim). Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.

100020003000400050006000

18-21 22-25 26-29 30-33 34-37 38-41 42-45 46-49 50-53 54-57 58-61 62-65 66-69 70-73 74-77 78 o más


Gráfico 12. Venezuela. Tipo de armas de fuego (Evidencias). 2005 - 2011

Fuente: Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.

61,7%38,3%18.93311.769

Revolver Pistolaó

a las armas de fuego decomisadas, incautadas o relacio-

nadas con una investigación policial. De igual manera, el

CiCPC también recibe las denuncias de robos y extravíos

de armas de fuego.

Es por esta razón que se cuenta con dos fuentes de in-

formación para este proceso, los registros del División de

Balística y del Sistema integrado de información Policial

(SiiPoL), a fin de caracterizar las armas registradas por

ellos.

Los registros sobre las armas analizadas en los la-

boratorios de balística del CiCPC pueden tener distintas

procedencias en cuanto al portador para el momento del

suceso, estas pueden ser: un arma involucrada en un en-

frentamiento policial (por tanto existen registros de arma

orgánicas), un arma decomisada a un delincuente, o co-

lectada durante una requisa en un penal u otro lugar, así

como alguna arma con porte ilícito.

En el gráfico 12 se puede observar de qué manera se

encuentran dispuestas las armas de fuego de una mano

que son evidencias en los laboratorios de balística, se-

gún el tipo de arma. Las pistolas presentan una mayor

frecuencia dentro de los registros obtenidos del CiCPC,

llegando a ser el 61,7% de los datos consultados.

Una particularidad del registro de datos que se ob-

tuvo de los laboratorios de balística del CiCPC es la pre-

sencia de la variable condición del arma, entendiéndose

esta como la presencia o no del serial del arma. Ya se ha

señalado que el inventario Nacional de armas de Fuego

se enfoca en las armas industrializadas que pueden ser

rastreadas a través del serial otorgado por el fabricante.

aunque a los laboratorios de balística pueden ingresar

armas de fabricación casera o artesanal, esta investiga-

ción solo recogió aquellas pistolas y revólveres que pudie-

sen ser identificadas por los peritos del organismo como

industrializadas. Sin embargo, existen registros de armas

que a pesar de haber sido un producto manufacturado

98 | dossier

legalmente, han sido sometidos a modificaciones en su

serial, especialmente, aquellos que utilizan el arma como

herramienta de hechos ilícitos.

Comúnmente, esta modificación del serial consiste en

el limado o devastación de los seriales de fábrica, a fin de

dificultar la identificación del arma y evitar el rastreo de

la misma.

Lo que demuestra el gráfico 13 es que la mayoría de

las pistolas cuentan con el serial de fábrica, siendo menos

de la mitad las pistolas que no poseen serial. Por el con-

trario, los revólveres presentan un proporción diferente

cuando se compara entre los que conservan el serial y

los que no.

así como se han presentado las armas que son evi-

dencia en los laboratorios de balística, a continuación se

describen las características de los registros obtenidos en

el Sistema integrado de información Policial (SiiPoL) del

CiCPC. La información de las armas del SiiPoL que fue

recabada por este estudio pertenece a los registros de las

armas denunciadas ante este organismo.

En el gráfico 14 se aprecia la distribución entre pisto-

las y revólveres de las armas denunciadas ante SiiPoL,

siendo los revólveres los más frecuentes para este caso,

aunque por poco porcentaje.

En el gráfico 15 se encuentran reflejadas las razones

por las cuales ingresó el arma al registro de datos del

SiiPoL. Se destaca que las denuncias relacionadas con

las armas robadas o hurtadas ocupan el grueso de los

reportes del SiiPoL. ambas razones están relacionadas

con el delito de sustracción del bien (armas). Como se ha

mencionado anteriormente, esto se encuentra vinculado

con el deslinde de la responsabilidad sobre el porte de

un arma y su involucramiento en un hecho punible, en

otras palabras, reportar el arma como robada o extravia-

da salva la responsabilidad que se tiene sobre un arma al

portador legal de la misma.

Desincorporación del arma de fuego

El último apartado sobre la caracterización de los proce-

sos de la vida del arma está referido a la desincorporación

y destrucción del arma de fuego. Las armas destruidas

que se encuentran asentadas en los libros de destruc-

ción de la DaEX se dividen por el año de destrucción. La

destrucción de armas de fuego se realiza cuando se acu-

mulan grandes cantidades de armas, por este motivo los

actos de destrucción no son consecutivos.

Como se evidencia en el gráfico 16 (en página siguien-

te), la destrucción de armas de fuego ha ido en incremen-

to en los últimos años, particularmente, la destrucción

de pistolas. Los revólveres también han sido objeto de

destrucción, sobre todo en el último año estudiado.

La mayoría de las armas que son destruidas son re-

vólveres, abarcando estos el 58% de la destrucción. tales

valores son cónsonos con los reportes del SiiPoL sobre el

tipo de armas denunciadas, ascendiendo los revólveres al

55,4% de estas armas, por lo que se presupone que en al-

guna medida los revólveres que son denunciados en Sii-

PoL como robados o hurtados terminan siendo enviados

a la DaEX para su destrucción.

Gráfico 13. Venezuela. Condición de las pistolas y revólveres presentes en las salas de evidencia del C.I.C.P.C. 2008 - 2011

Fuente: Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Procesado por la Comisión Presiden-cial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.

Con serialSin serial

40002000

0

60008000

10000120001400016000

Pistolas Revólveres

Gráfico 14. Venezuela. Tipo de armas de fuego registradas en SIIPOL. 2012

Fuente: Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.

44,6%55,4%80.54699.876

Revolver Pistola

Gráfico 15. Venezuela. Razón de la presencia de las armas de fuego en SIIPOL. 2012

Fuente: Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, (CICPC). Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y desarme.

2,6%

2,8%

0,5%

38,3%

1%

54,7%Arma hurtada

otra

Arma RobadaArma incriminada

Arma extraviada

ó


100 | dossier

Gráfico 16. Venezuela. Armas destruidas en los procesos de desincorporación. 2006, 2009 y 2011

Fuente: Dirección General de Armas y Explosivos (DAEX). Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.

Gráfico 17. Venezuela. Tipo de armas destruidas en los procesos de desincorporación. 2006, 2009 y 2011

Fuente: Dirección General de Armas y Explosivos (DAEX). Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.

PistolaRevolver

4000

2000

0

6000

8000

10000

12000

2006 2009 2011

42%58%12.38017.110

Revolver Pistolaó

ó


Conclusiones y recomendaciones

En primera instancia, uno de los hallazgos más contun-

dentes durante la recolección y procesamiento de infor-

mación son las limitaciones que las distintas fuentes de

datos poseen. idealmente, el propósito por el cual se reco-

ge el dato sobre las armas de fuego es obtener un óptimo

manejo de información sobre las mismas. Sin embargo,

durante la investigación se encontró que muchas de las

fuentes de información tienen una función predomi-

nantemente administrativa, en esta los datos se recaban

como parte de un proceso burocrático y no como insumo

para futuras tomas de decisiones de parte de los entes in-

volucrados. Este accionar mecánico incide en la calidad

de los datos recolectados por las instituciones ya que le

despoja de mecanismos de eficiencia y eficacia a las fuen-

tes de información oficiales.

algunas de estas deficiencias son las siguientes:

» objetivo de las fuentes. La mayoría de las fuentes

de información consultadas son registros adminis-

trativos que no se encuentran diseñados para fines

estadísticos.

» Formatos de los datos no digitales. La mayoría de los

datos se encontraron en papel, dificultando así su ac-

ceso para el manejo de datos.

» Sin normalización de categorías. Las fuentes de in-

formación no poseen categorías estandarizadas entre

sus registros de datos.

Es necesario entender que las deficiencias que poseen

algunas fuentes de información imposibilita que el Esta-

do haga un seguimiento eficaz de las armas de fuego que

circulan a través del territorio nacional y, por ende, difi-

culta el desarrollo y ejecución de políticas públicas que

tengan como objetivo el control de las armas de fuego.

En este sentido, la información sobre las mismas debe

estar disponible para los decisores estatales, estas deben

poseer nomenclaturas, formatos y variables comunes

entre cada una de las instituciones responsables de las

armas en Venezuela.

En la actualidad, el órgano encargado del manejo

aduanal de las armas de fuego es el Seniat, el cual consi-

dera a las armas como una mercancía más que ingresa

al país. Los registros del Seniat no manejan el detalle por-

menorizado de las armas importadas, pues no se consi-

dera de relevancia para la función que le corresponde.

Este proceder permite establecer un tipo de velo blanco

a ojos del Estado, ya que no permite ver de manera espe-

cífica qué entra al país y contribuye a posibles desvíos de

armas de fuego. Estas no son cualquier mercancía, son

instrumentos utilizados para asesinar y como tal deben

ser tratadas.

otro de los hallazgos de la investigación es la con-

gruencia entre las fuentes de información relacionadas

con la importación. Como se demostró durante la con-

trastación de los datos de la UN Comtrade y del iNE, la

información referida a la importación de armas de fuego

es muy parecida para ambos conjuntos de datos. Este as-

pecto refuerza las bases del proceso de estimación desa-

rrollado en el transcurso del estudio, lo que da pie al re-

sultado más importante de la investigación: La cantidad

102 | dossier

de armas legales de una mano ingresadas en los últimos

30 años en Venezuela es menor al millón de armas.

al respecto hay que aclarar dos puntos: en primera

instancia, el estudio no abarca la totalidad de las armas

de fuego, pues existen otros tipos de armas como los fusi-

les de asalto o las ametralladoras que no son contempla-

das, sin embargo, las pistolas y los revólveres son los dos

tipos de armas que más lesiones y homicidios ocasionan

a la población; por otra parte, el estudio no contempla

las armas de fuego ilegales, no obstante, como también

se ha mencionado, la mayoría de las armas de fuego que

son registradas en los procesos de control y desincorpo-

ración, corresponden a marcas de armas de fuego de im-

portación licita, por lo cual se presume que la mayoría de

las armas ilegales poseen un origen legal para el momen-

to de la importación.

El inventario Nacional de armas de Fuego pretende

servir de soporte a futuras investigaciones en torno a las

armas en Venezuela y, a su vez, brindar luces sobre los

procesos y actores que intervienen durante todo el ciclo

de vida de las armas, a fin de contribuir en la compren-

sión de las dinámicas de las armas en el país. asimismo,

la investigación aporta elementos a la discusión sobre la

cantidad de armas circulantes, la distribución de estas

dentro de la población, las armas involucradas en hechos

delictuales y los procesos de destrucción de las mismas.

La investigación del inventario Nacional de armas

de Fuego expuso la presencia de menos de un millón de

armas de una mano en el país, estableciendo un nuevo

parámetro para la discusión del volumen de armas en

Venezuela. Es importante destacar que en la actualidad

se manejan cifras muy altas sobre las armas en el país,

las cuales son exponencialmente superiores a la estima-

da por esta investigación. En algunos casos, estas cifras

sobre el volumen de armas corresponden a agentes po-

líticos que las utilizan como herramienta para generar

beneficios electorales, en otros casos, son producto de in-

vestigaciones con abordajes diferentes a los utilizadas en

el inventario Nacional de armas de Fuego, generalmente

realizadas con datos no oficiales y que derivan en montos

diferentes a los aquí presentados.

independientemente del volumen de las armas de fue-

go que se maneje, es evidente que estas armas generan

un gran impacto en las personas que residen en el país.

La tasa de homicidios por armas de fuego en Venezuela

para el año 2011 asciende a los 43,4 por cada 100.000

habitantes (Comisión Presidencial para el Control de ar-

mas, Municiones y Desarme, 2012), duplicando la tasa

promedio de todo el continente americano.

Las armas de fuego son facilitadoras de la violencia

armada y como tal deben ser entendidas. Por ello es ne-

cesario que el Estado venezolano, dueño de todas las ar-

mas de fuego en el país, tenga la responsabilidad de arti-

cular la información relacionada con las mismas. Cada

arma que ingresa al país debe ser rastreable mediante el

serial otorgado por la empresa fabricante, por lo cual, las

instituciones que estén vinculadas a los procesos propios

de las armas de fuego deben manejar la misma infor-

mación, con parámetros delimitados y comunes entre

organismos.

Cada operación relacionada con un arma de fuego

debe registrarse por el Estado con el fin de conocer cada


paso que el arma transita. asimismo, la información so-

bre ellas debe estar vinculada con el ámbito interinstitu-

cional dentro de un sistema integrado de datos, con las

características primarias de esta, tales como: tipo, marca,

modelo, calibre y serial primario, estos deben poseer la

misma nomenclatura en todos los organismos que sean

encargados de nutrir este sistema. El sistema integrado

de información sobre armas de fuego debe estar orien-

tado a engranar las diferentes fuentes de información

gubernamentales que poseen datos de armas en el país

para poder rastrearlas en cualquier etapa de los distintos

procesos de las armas.

Un ejemplo claro de los beneficios de este sistema

es que al realizar una consulta sobre un arma incauta-

da por el CiCPC, el sistema muestre información sobre

cuándo fue ingresada al país, año de venta o asignación,

nombre del portador del arma, de tener portador mostrar

cuáles otras armas están registras a su nombre, y si este

posee antecedentes.

otro de los puntos que debe quedar para la reflexión

es la inconveniencia de poseer un arma de fuego por par-

te de la población civil. La probabilidad de sufrir lesiones

o de morir, aumenta exponencialmente cuando existen

armas de fuego en el hogar, especialmente si en la casa

hay niños y el arma se encuentra cargada. asimismo, en

caso de robo es poco probable poder defenderse oportu-

namente, pues el agresor comúnmente tenderá a utili-

zar el factor sorpresa sobre la víctima, y la presencia del

arma solo agrava la reacción del agresor. Por otro lado,

el 70,6% de las muertes ocasionadas por armas de fuego

son producto del ajuste de cuentas, que abarca desde el

enfrentamiento entre bandas armadas hasta las peleas

generadas entre sujetos bajo efectos del alcohol (Comi-

sión Presidencia para el Control de armas, Municiones y

Desarme, 2012). Es por ello que el Estado debe afianzar el

control de las armas en manos de civiles y limitar el uso

de estas a los órganos de seguridad del Estado.

FUentes y reFerenCIas

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Unidas para el Desarrollo.

marCo JurídiCo internaCional sobre Control de armas, muniCiones y desarme

Calixto Ignacio Ávila Rincón y Wilmen Yohan Romero


ISSN 2343-5666

Resumen El estudio se refiere al marco jurídico internacional sobre el control

de armas, municiones y desarme. Forma parte de un estudio más amplio que

incluye el marco jurídico nacional sobre el mismo tema. incorporado recien-

temente en la agenda de la Comunidad internacional, este tema afronta re-

sistencias de los estados al vaivén de intereses económicos, políticos, públicos

y privados, que han llevado a crear instrumentos más vinculantes política-

mente que jurídicamente. Los instrumentos pertinentes corresponden espe-

cialmente al Sistema Universal de las Naciones Unidas y al Sistema interame-

ricano de la oEa. El retiro de Venezuela de la Comunidad andina de Naciones

obliga también a mirar hacia otros escenarios regionales como el Mercosur y

a poner en valor instrumentos recomendatorios generados en el Parlamen-

to Latinoamericano. Este estudio recomienda tomar las medidas necesarias

para que las instituciones nacionales tomen como referencias las normativas

internacionales. Se recomienda ratificar el Protocolo contra la Fabricación

y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones

e incorporar varios instrumentos con valor recomendatorio al readecuar el

marco interno legal y sublegal. Finalmente, y ante las dificultades generadas

en las relaciones de Venezuela con el Sistema interamericano, se recomienda

revisar los escenarios en las nuevas organizaciones regionales.

Palabras clave instrumentos internacionales, vinculantes política o

jurídicamente, sistema universal, sistema regional, fabricación, trafico,

exportación, importación

CaLixto ignaCio ÁviLa rinCón es defensor de derechos humanos y Magister

en Derecho internacional de la Universidad Libre de Bruselas. WiLmen yohan

romero es investigador y profesor de Derecho Penal del instituto de Ciencias

Penales y de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. La

abogada Nadezka Márquez trabajó como asistente de esta investigación.

[email protected] | [email protected]

107

Marco jurídico internacional sobre control de armas, municiones

y desarme*

En el terreno internacional el debate sobre regulación y control de ar-

mas y municiones y procesos de desarme se da en medio de intereses en-

contrados y muchas veces antagónicos. En este debate existen divergencias

entre: principios humanitarios y de derechos humanos ante intereses de Es-

tados y de las industrias armamentistas; protección de la esfera privada del

individuo ante interés colectivo de la seguridad; declaraciones de principios

y buenas intenciones en los preámbulos de los tratados ante reales compro-

misos en el articulado.

Es evidente que el problema necesita soluciones que pasan por aunar

y orquestar esfuerzos a escala nacional, regional y global. Por una parte,

las soluciones regionales deben estar articuladas a las soluciones globales y

viceversa, dada la naturaleza transfronteriza del fenómeno. Los consensos

políticos previos entre Estados en las relaciones bilaterales o multilatera-

les conducen a instrumentos internacionales con más posibilidades de ser

puestos en práctica pues las diferencias políticas resultan en instrumentos

internacionales y en mecanismos menos vinculantes. En efecto el debate

internacional ha producido más programas de acción y declaraciones que

tratados internacionales vinculantes. Se han preferido las fórmulas de com-

promisos voluntarios lo cual hace que las interpretaciones de los compromi-

sos corran por cuenta de los Estados.

* Extracto de la investigación Marco jurídico nacional e internacional en cuanto al con-trol de armas, municiones y desarme. VV.aa. (2013), Regulación y lógicas del uso de ar-mas de fuego y municiones. Caracas: CoDESaRME-UNES.

108 | dossier

Por otra parte, hay dificultades en la aplicación de

las normas internacionales en el terreno nacional: po-

cos Estados aceptan la aplicación de otras jurisdicciones

dentro de sus fronteras lo cual es un problema importan-

te si se tiene en cuenta que el tráfico ilegal es un delito

que trasciende las jurisdicciones de varios Estados. La

cooperación internacional es uno de los mecanismos

importantes1.

Los esfuerzos para una reglamentación internacional

no han tocado ciertas zonas sensibles como los exceden-

tes de armamentos con que cuentan los países, ligados a

temas de seguridad nacional, o la exportación de arma-

mentos, vinculada a intereses económicos de los países

productores.

Finalmente, la regulación y control de armas y muni-

ciones y procesos de desarme están vinculados con otros

temas y por lo tanto, en el plano internacional, los ins-

trumentos disponibles concurren con otros instrumen-

tos internacionales relacionados con tópicos como el

combate y prevención del crimen organizado, la corrup-

ción2 y el derecho internacional humanitario (DiH). En

este último caso y como veremos adelante, pese a que ar-

mas y municiones forman parte esencial de los conflictos

1 Un modelo sobre el tema de cooperación internacional es la Convención interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros mate-riales relacionados (1997) (CiFta).

2 Hay convenciones relacionadas con el tema de tráfico de armas y municiones como por ejemplo la anti-Bribery Conven-tion, de la organisation for Economic Co-operation and Deve-loppement (oECD).

armados regulados por el DiH, hemos encontrado pocos

instrumentos relacionados con el tipo de armas y muni-

ciones objeto de este estudio. En efecto, se remarcará en

este documento la ausencia de instrumentos de derecho

internacional humanitario, que podrían ser aplicables

en situaciones derivadas del conflicto armado colombia-

no en las zonas fronterizas. Solamente se han identifica-

do dos instrumentos pero están relacionados con armas

convencionales3 que no son objeto de este estudio. Sin

embargo, es importante no pasarlos por alto. Se trata de

la Convención sobre prohibiciones o restricciones para el uso

de determinadas armas convencionales que pueden ser excesi-

vamente perjudiciales o que pueden tener efectos indiscrimi-

nados, ratificada por Venezuela sin reservas ni declara-

ciones el 19.04.2005, y su Protocolo i que prohíbe el uso

de armas cuyos efectos sean herir mediante fragmentos

no detectables a los rayos X, ratificado por Venezuela el

19.04.20054.

3 El Registro de armas Convencionales de las Naciones Uni-das incluye las siguientes categorías: tanques de batalla, ve-hículos armados, artillería de alto calibre, aeronaves de com-bate, helicópteros de ataque, buques de guerra, lanzadores de misiles. Según información en Naciones Unidas, Centro de información, México: Armamento convencional, en http://www.cinu.org.mx/temas/desarme/ligeras.htm consultado el 08.02.2012.

4 Comité internacional de la Cruz Roja: Convention on Pro-hibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively injurious or to Have indiscriminate Effects. Geneva, 10 october 1980 y Pro-tocol on Non-Detectable Fragments (Protocol i). Geneva, 10 october 1980, información sobre ratificaciones y adhesions. Extraido el 14 de febrero de 2012 de http://www.icrc.org/ihl.

marco jurídico internacional c. ávila y w. romero | 109

En cuanto a los instrumentos no vinculantes, los ma-

yores los encontramos en los instrumentos relacionados

con el acuerdo Wassenaar y con organización para la

Seguridad y Cooperación en Europa (oSCE) y en acuer-

dos regionales del continente africano. Estos instrumen-

tos son útiles como referencia.

I. Sistematización y análisis de los distintos instrumentos internacionales

En tanto que miembro de la organización de las Nacio-

nes Unidas y de la organización de Estados america-

nos, la República Bolivariana de Venezuela está vincu-

lada a una serie de instrumentos internacionales que

la obligan jurídica o políticamente. En la materia que

nos ocupa, los instrumentos internacionales fueron

desarrollados a partir de la década de los 90 cuando

el tema de las armas pequeñas y ligeras y sus muni-

ciones mostró su impacto en la paz y la seguridad de

los pueblos y de los Estados. En ambos espacios el pro-

ceso de discusión se dio en los 90 y sus resultados se

vieron al final de esa década. En particular, este tema

ha sido desarrollado al abordar fenómenos criminales

que la comunidad internacional ha puesto dentro de

sus prioridades como el narcotráfico, el terrorismo, la

nsf/WebSign?ReadForm&id=505&ps=P y http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebSign?ReadForm&id=500&ps=P

delincuencia transnacional organizada, las activida-

des mercenarias y otras conductas criminales5.

a escala regional existen iniciativas vinculadas con el

tema desde organizaciones regionales como la Comuni-

dad andina de Naciones, el Parlamento Latinoamerica-

no y el Mercosur.

Basta agregar que no existen instrumentos bilatera-

les o multilaterales que vinculen a Venezuela, fuera de

las organizaciones antes reseñadas. Esta información

fue confirmada en entrevistas con los funcionarios del

MPPRE, que informaron sobre la existencia de meras

declaraciones generales de principios durante reuniones

bilaterales6.

1. El Sistema Universal de las Naciones Unidas

El debate que ambientó y creó los instrumentos del Sis-

tema Universal en la asamblea General de las Naciones

Unidas, ha estado signado por las siguientes líneas te-

máticas: asistencia a los Estados para controlar el trá-

fico ilícito de armas pequeñas y para recolectarlas; las

5 al respecto ver: la Convención interamericana contra la Fabricación y el tráfico ilícitos de armas de Fuego, Municio-nes, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CiFta), tercer considerando. El Protocolo de las Naciones Unidas relativo a las armas de fuego, tercer considerando. El Programa de acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, i Preámbulo, numeral 7.

6 Entrevista con Wilmer Méndez, Faria jamid y jakelin Peter-son, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, 03.02.2012.

110 | dossier

relaciones entre desarme y desarrollo; la consolidación

de la paz mediante medidas prácticas de desarme; la edu-

cación en desarme y la no proliferación de armas; el co-

mercio ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus

aspectos; y las medidas concretas de desarme.

El marco general de este debate se han invocado de

manera reiterada el reconocimiento de la legítima defen-

sa individual y colectiva que da el derecho de los Estados

de adquirir armas para defenderse (artículo 51 de la Car-

ta de las Naciones Unidas) y el principio de la igualdad

de derechos y el derecho a la autodeterminación de los

pueblos (artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas).

De las resoluciones de la asamblea General de las

Naciones Unidas podemos extraer los siguientes aspec-

tos que vienen de manera más o menos constante como

motivaciones:

» La educación para el desarme y la no proliferación

de armas se refieren tanto a las armas de destrucción

masiva como a las armas pequeñas y ligeras.

» La fiscalización y reducción de armas pequeñas debe

hacerse de una manera balanceada y no discrimina-

toria con respecto a los Estados.

» El desarme es fundamental para resolver los conflic-

tos armados y en general, es importante porque las

armas matan a centenares de miles de personas.

» Las armas pequeñas son fuente de una creciente

inseguridad.

» El tráfico ilícito de armas y su acumulación son una

amenaza contra la población, la seguridad nacional y

regional y la estabilidad de los Estados. también tiene

un impacto negativo en la lucha contra la pobreza y

en la búsqueda de un desarrollo sostenible.

En el ámbito institucional, el Sistema de Naciones

Unidas se coordina bajo un mecanismo de “coordina-

ción de acción de armas pequeñas” Coordinating action

on small arms (CaSa)7 que ha lanzado un proyecto para

establecer estándares internacionales para el control de

armas pequeñas y ligeras. De otro lado, la oficina para

asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, establecida

en 1998, se ocupa del desarme cubriendo desde armas

nucleares y de destrucción masiva, hasta el tema de ar-

mas pequeñas8.

analizaremos a continuación los principales instru-

mentos creados por el sistema de las Naciones Unidas:

7 Esta iniciativa reúne a más de 20 organismos de las Nacio-nes Unidas. El objetivo es crear estándares para el control de armas pequeñas, para fortalecer las políticas y los programas de las Naciones Unidas brindando orientaciones a ejecutores y decisores políticos. organización de las Naciones Unidas: United Nations Coordinating action on Small arms (CaSa). Extraído el 14 de febrero de 2012 de http://www.poa-iss.org/CaSa/CaSa.aspx y http://www.un-casa-isacs.org/isacs/Wel-come.html

8 organización de las Naciones Unidas: United Nations offi-ce for Disarmament affairs: Extraído el 03.02.2012 de http://www.un.org/disarmament/HomePage/about_us/aboutus.shtml


1.1. PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRáFICO ILíCITO DE ARMAS DE FUEGO, US PIEZAS, COMPONENTES Y MUNICIONES

a finales de 1998 la asamblea General de las Naciones

Unidas creó un Comité especial intergubernamental9

para estudiar el problema de la delincuencia organiza-

da transnacional y proponer lo que sería la Convención

de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada

transnacional y otros instrumentos relacionados, aprobada

en el año 2000. El Comité también debía proponer ins-

trumentos sobre trata de personas, tráfico ilícito de mi-

grantes y sobre fabricación y tráfico ilícitos de armas y

municiones. De este último mandato surgió la propuesta

del Protocolo contra la Fabricación y el tráfico ilícito de ar-

mas de fuego, sus piezas, componentes y municiones comple-

mentando la Convención, que sería aprobado posterior-

mente por la asamblea General. De por medio estuvo el

debate sobre el derecho de los Estados a adquirir armas

para defenderse (basado en artículo 51 de la Carta de las

Naciones Unidas) quedando claro que el protocolo no se

refería a este tipo de armas. Este protocolo entró en vigor

el 03.07.2005.

Venezuela ratificó en 2002 la Convención de las Na-

ciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trans-

nacional10 y posteriormente ratificó dos de sus tres

9 organización de las Naciones Unidas: asamblea General, Resolución 53/111 de 09.12.1998.

10 Venezuela es Estado parte desde el 13.05.2002. Venezuela hizo varias declaraciones, entre otras, que la Convención puede ser utilizada como base para la cooperación y las extradiciones entre Estados. organización de las Naciones Unidas: treaty

protocolos11. En cuanto al Protocolo contra la Fabricación y

el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y

municiones, Venezuela lo aprobó mediante ley según Ga-

ceta oficial 38.183 del 10.05.2005. Pese a ello el Estado

no ha depositado el instrumento de ratificación ante las

Naciones Unidas, por lo que el Protocolo tiene efectos en

el ámbito nacional pero no en el internacional. El MP-

PRE, en comunicación con la CPCaMD, ha afirmado que

“es favorable a la firma y ratificación de este protocolo”12.

1.2. INSTRUMENTO INTERNACIONAL QUE PERMITE A LOS ESTADOS IDENTIFICAR Y RASTREAR, DE FORMA OPORTUNA Y FIDEDIGNA, LAS ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS ILíCITAS

El Protocolo fue posteriormente complementado por el

Instrumento internacional que permite a los Estados iden-

tificar y rastrear, de forma oportuna y fidedigna, las armas

pequeñas y ligeras ilícitas (2005). Venezuela ha aceptado

collection. Extraído el 03.02.2012 de http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=tREatY&mtdsg_no=XViii-12&chapter=18&lang=en

11 Se trata del Protocolo para prevenir, reprimir y sancio-nar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones contra la Delin-cuencia organizada transnacional. Ratificado por Venezuela el 13.05.2002. Y del Protocolo contra el tráfico ilícito de migran-tes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia organizada trans-nacional. Ratificado por Venezuela el 19.04.2005.

12 Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exterio-res (MPPRE), Comunicación de Wilmer Méndez de la oficina de asuntos Multilaterales a la Comisión Presidencial para el Control de armas, Municiones y Desarme (CPCaMD), 17.10.2011.

112 | dossier

estar vinculada políticamente con este instrumento13 y

además participó en el grupo de trabajo de composición

abierta encargado de su negociación.

1.3. PROGRAMA DE ACCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA PREVENIR, COMBATIR Y ERRADICAR EL TRáFICO ILíCITO DE ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS EN TODOS SUS ASPECTOS

Dentro de los instrumentos vinculantes políticamente se

destaca el Programa de Acción de las Naciones Unidas para

prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pe-

queñas y ligeras en todos sus aspectos14 (En adelante Poa

2001). Este programa busca que los Estados establezcan

un mecanismo nacional de coordinación para fortalecer

13 Venezuela hizo parte del Bureau of the meeting, duran-te la Segunda Reunión Bienal para examinar la Ejecución del Programa de acción (julio 2005) organización de las Nacio-nes Unidas: asamblea General, Documento a/CoNF.192/BMS/2008/L.3/Rev.1. Hubo también una intervención del Estado durante la tercera Reunión Bienal para examinar la Ejecución del Programa de acción (julio 2008). República Bo-livariana de Venezuela, Misión Permanente ante las Naciones Unidas: Segunda reunión de los Estados para examinar la apli-cación del Programa de acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas peque-ñas y ligeras en todos sus aspectos, intervención del teniente coronel Ramón josé Carrasco, Subdirector de la Dirección de armamentos de la Fuerza armada Nacional, Ministerio de De-fensa, Extraído el 03.02.2012 de http://www.un.org/events/smallarms2005/memberstates-pdf/Venezuela.pdf

14 aprobado por unanimidad durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de armas Pequeñas y Ligeras en todos sus aspectos, reunidos en Nueva York del 9 al 20 de julio de 2001. Extraído el 03.02.2012 de http://www.poa-iss.org/Poa/Poa.aspx

la legislación y los procedimientos internos y para faci-

litar la cooperación internacional. Venezuela ha acep-

tado estar vinculada políticamente a este instrumento,

de acuerdo con su participación en las conferencias de

seguimiento y en las reuniones bienales15. Los debates

anteriores se habían fijado en el problema general del

desarme, como lo atestigua la Resolución de la Asamblea

General sobre desarme general y completo, armas pequeñas

adoptada el 15 de diciembre de 199916 y que acordó

abrir una Conferencia que ha sesionado dos veces desde

entonces, la segunda vez sin acuerdo.

aunque vinculante políticamente, este instrumento

ha sido el más debatido dentro de las Naciones Unidas

gracias al sistema de conferencias de seguimiento y de

reuniones bienales. Sin embargo, su carácter obligatorio

está aún por construirse, como lo muestran las diferen-

cias de opiniones de los Estados para la elaboración de las

declaraciones durante las conferencias17. El común deno-

minador evidenciado por los Estados en las conferencias

15 Venezuela participó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de armas Pequeñas y Ligeras en todos sus aspectos de 2001 y en la Conferencia de 2006. En esta última informó que había venido presentado sus informes sobre los progresos en el cumplimiento del Programa de acción e informó sobre medidas en el plano nacional para su cumpli-miento. Venezuela participó en la reunión Bienal 2008 sobre aplicación del Poa 2001. Venezuela intervino en el Comité Pre-paratorio de la conferencia de 2006.

16 organización de las Naciones Unidas: asamblea General. Documento a/RES/54/54 V.

17 Fischer, 2002: 157-169.


es muy pequeño cuando se ha discutido sobre armas

pequeñas y armas ligeras18. así lo pone en evidencia

el documento de 62 páginas19 con las observaciones al

proyecto de declaración de la Conferencia de Naciones

Unidas 2006 que finalmente no llegó a ningún acuerdo.

Esta conferencia, para hacer seguimiento al Poa 2001,

debe reunirse nuevamente en 2012. Por otro lado, hay

dificultades por parte de los Estados para definir lo que

entiende por armas pequeñas y armas ligeras, y algunos

Estados no quieren ver incluidas en estas definiciones las

municiones, ni las armas de cacería20. algunos Estados

proponen que las normas aplicables a armas pequeñas,

se apliquen también a armas ligeras. Una consecuencia

es la no existencia de mecanismos permanentes de segui-

miento, que no han sido establecidos ni por la Conferen-

cia en 2001 ni en 2006.

1.4. PRINCIPIOS BáSICOS DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL USO DE LA FUERZA Y LAS ARMAS DE FUEGO POR LOS AGENTES ENCARGADOS DE hACER CUMPLIR LA LEY

Durante el octavo Congreso de las Naciones Unidas so-

bre Prevención del Delito y tratamiento del Delincuente,

celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de

18 Fischer, 2002.

19 organización de las Naciones Unidas: Documento a/CoNF.192/2006/RC/CRP.7. Extraído el 03.02.2012 de http://www.un.org/events/smallarms2006/pdf/RC.CRP.7%20-%20Presidents%20Working%20Paper.pdf.

20 Fischer, 2002.

septiembre de 199021, los Principios básicos de las Nacio-

nes Unidas sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego por

los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Se trata de

un instrumento vinculante políticamente y que perti-

nente para nuestro estudio pues regula el uso de armas

de fuego por parte de agentes del Estado, encargados de

hacer cumplir la ley. Este instrumento se basa en la ne-

cesidad de proteger a los funcionarios con esas potesta-

des así como a las personas que son objeto de la coerción

que ejerce el Estado a través de ellos. Por esta razón, este

instrumento se fundamenta también en las Reglas Míni-

mas para el tratamiento de los Reclusos y en el artículo

3 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados

de Hacer Cumplir la Ley22. Como veremos más adelante,

Venezuela ha incorporado estos principios a su normati-

va interna.

2. El Sistema Interamericano de la Organización de Estados Americanos

al igual que en el Sistema Universal los desarrollos en

el Sistema interamericano datan de la década de los 90,

época en que los conflictos armados en varios países de la

21 organización de las Naciones Unidas: Documento a/CoNF.144/28/Rev.1. Extraído el 14.02.2012 de http://www.asc41.com/UN_Congress/Spanish/8S%20octavo%20Congreso/a_CoNF144_28_REV1.pdf

22 organización de las Naciones Unidas: Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de armas de Fuego por los Fun-cionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, Considerandos 4 y 5.

114 | dossier

región llegaron a su fin, dejando armas y municiones sin

control. otros conflictos armados perduraron mientras

tiempo permanecían o se agravaban los problemas de

seguridad ciudadana. La oEa adelantó entonces un pro-

ceso que terminó en la adopción de la Convención Intera-

mericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de

fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados

(1997) (CiFta). Esta convención es un punto de llegada

de un proceso de negociación que produjo este tratado

con los mejores desarrollos jurídicamente vinculantes

en materia de transferencias, fabricantes, suministra-

dores y armeros, marcaje y mantenimiento de registros.

Pero también fue un punto de partida, hacia un proceso

de seguimiento que ha pasado por dos conferencias de

seguimiento de la CiFta (Bogotá en 2004 y tlatelolco en

2008) y la construcción de siete instrumentos vinculan-

tes políticamente o con carácter recomendatorio.

En términos institucionales, en el Sistema interame-

ricano ha sido creada la Comisión de seguridad hemisférica

del Consejo Permanente de la Organización de Estados Ame-

ricanos. Sin embargo, el tema de armas pequeñas y lige-

ras no ha sido objeto de tratamiento especial actual por

parte de esta institución. La Comisión tiene 11 grupos

de trabajo con mandatos abiertos o a punto de terminar,

ninguno de ellos sobre el tema de armas pequeñas o lige-

ras23. Pese a ello esa Comisión sí cuenta con un mandato

23 organización de Estados americanos, Comisión de seguri-dad hemisférica: grupos de trabajo. Extraído el 07.01.2012 de http://www.oas.org/csh/spanish/Gruposdetrabajo.asp

dado por el Consejo Permanente24 en el que se incluyen

dos temas relacionados con este estudio: el primero es

“Desarme y no proliferación en el Hemisferio aG/RES.

2533 (XL-o/10)”; el segundo es la “Convención inte-

ramericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de

armas de fuego, municiones, explosivos y otros materia-

les relacionados aG/RES. 2535 (XL-o/10)”. Existe un

mecanismo de información periódica a la Secretaría Ge-

neral de la oEa en aplicación de la Resolución aG/RES.

1968 (XXXiii-o/03) sobre Proliferación y tráfico ilícito

de armas pequeñas y armas ligeras. Venezuela ha envia-

do por lo menos una vez información a la oEa en desa-

rrollo de este mecanismo25.

Pero la institución más representativa para los fines

de esta investigación es el Comité Consultivo creado por la

CiFta en sus artículos XX y XXi. Esta institución ha sido

el motor dinamizador de la CiFta creando varios ins-

trumentos de carácter recomendatorio para desarrollar

y propiciar la aplicación de esta convención26. Se trata

24 organización de Estados americanos: documentos oEa/Ser.G CP/CSH 1274/11.

25 República Bolivariana de Venezuela, Misión permanen-te de Venezuela ante la organización de Estados americanos. Comunicación del 22.06.2004. Extraído el 07.02.2012 de http://scm.oas.org/pdfs/2005/cp14435.pdf.

26 Según el artículo XX de la CiFta, son funciones del Comité Consultivo: a) promover el intercambio de información a que se refiere esta Convención; b) facilitar el intercambio de informa-ción sobre legislaciones nacionales y procedimientos adminis-trativos de los Estados parte; c) fomentar la cooperación entre las dependencias nacionales de enlace a fin de detectar expor-taciones e importaciones presuntamente ilícitas de armas de


de reglamentos modelo, metodologías y proyectos de le-

gislación para armonizar las normativas de los Estados

parte con las normas de la CiFta.

2.1. LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRáFICO ILíCITOS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS (CIFTA) Y SUS INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Esta Convención que entró en vigor el 01-07-1998 y

que fue ratificada por Venezuela el 14-05-2002, sin re-

servas27, buscó contrarrestar los efectos nocivos de la

fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, muni-

ciones, explosivos y otros materiales relacionados para la

seguridad de cada Estado y de la región en su conjunto,

y que ponen en riesgo el bienestar de los pueblos, su de-

sarrollo social y económico y su derecho a vivir en paz;

igualmente la Convención reconoce el tema que ella

regula y el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia

transnacional organizada, las actividades mercenarias y

otras conductas criminales; esta convención resalta en

fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados; d) promover la capacitación, el intercambio de conocimientos y experiencias entre los Estados parte, la asistencia técnica entre ellos y las organizaciones internacionales pertinentes, así como los estudios académicos; e) solicitar a otros Estados no Partes, cuando corresponda, información sobre la fabricación y el trá-fico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados; y f) promover medidas que faciliten la aplicación de esta Convención.

27 organización de Estados americanos: tratados multilate-rales. Extraído el 08.02.2012 de http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-63.html.

su Considerando Vii “la necesidad de que en los procesos

de pacificación y en las situaciones postconflicto se rea-

lice un control eficaz de las armas de fuego, municiones,

explosivos y otros materiales relacionados, a fin de preve-

nir su introducción en el mercado ilícito”.

Como se enunció con anterioridad, la CiFta ha te-

nido dos conferencias de seguimiento (Bogotá en 2004

y tlatelolco en 2008) que han dado lugar a dos instru-

mentos vinculantes políticamente: la Declaración de Bo-

gotá sobre el funcionamiento y la aplicación de la CIFTA y el

Compromiso de Tlatelolco. Los dos instrumentos constitu-

yen renovaciones de la voluntad política de los Estados

partes a la Convención y contienen recomendaciones

para llevar adelante su implementación.

La Convención ha tenido importantes desarrollos

gracias al rol del Comité Consultivo antes mencionado.

Este comité ha adoptado los siguientes instrumentos en-

tre 2005 y 2010:

» Metodología para la elaboración de legislación mo-

delo con el fin de facilitar la efectiva aplicación de la

Convención interamericana contra la fabricación y el trá-

fico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y

otros materiales relacionados (CiFta), aprobada en la

Primera Sesión del Comité Consultivo CiFta, celebra-

da el día 14 de abril de 2005.

» Legislación modelo sobre el marcaje y rastreo de armas de

fuego, aprobado por el Comité Consultivo CiFta el 19

de abril de 2007).

» Proyecto de legislación modelo y comentarios para el

116 | dossier

fortalecimiento de los controles en los puntos de expor-

tación de armas de fuego, municiones, explosivos y otros

materiales relacionados, aprobado ad referendum por el

Comité Consultivo CiFta el 9 de mayo de 2008.

» Proyecto de legislación modelo y comentarios sobre me-

didas legislativas para tipificar delitos en relación con la

fabricación o el tráfico ilícito de armas de fuego, municio-

nes, explosivos y otros materiales relacionados, aproba-

do ad referendum por el Comité Consultivo CiFta el 9

de mayo 2008.

» Legislación modelo y comentarios en relación con la con-

fiscación y el decomiso de armas de fuego, municiones, ex-

plosivos y otros materiales relacionados, aprobado por el

Comité Consultivo CiFta el 23 de abril de 2010.

Estos instrumentos tienen valor meramente reco-

mendatorio para los Estados parte, según lo establece la

CiFta en su artículo XX. Su valor está en sus orienta-

ciones técnicas y en su intención de armonizar las legis-

laciones nacionales para responder mejor a un fenóme-

no que, como hemos señalado, trasciende las fronteras

nacionales a escala regional. justamente en esta misma

lógica y en el ámbito europeo, la organización para la

Seguridad y Cooperación en Europa (oSCE), ha desarro-

llado ocho guías prácticas recopiladas en el Manual de

las buenas prácticas sobre armas pequeñas y ligeras, el cual

está destinado a poner en práctica los Principios sobre el

control de la intermediación en armas pequeñas y ligeras28.

Estos instrumentos de la oCSE, son de los más elaborados

como guías prácticas y su consulta puede complementar

la adopción de políticas públicas que tomen como base

los proyectos modelo elaborados por el Comité Consulti-

vo de la CiFta, a los que acabamos de hacer referencia.

Se destacan también dos instrumentos con valor re-

comendatorio y que son complementarios de la CiFta,

pese a que han sido elaborados por grupos de expertos

bajo encargo de la Comisión interamericana del Control

de la Drogadicción (CiCaD):

» el Reglamento Modelo para el Control del Tráfico Inter-

nacional de Armas de Fuego, sus Partes y Componentes y

Municiones, en desarrollo del artículo iX de la CiFta,

(1997) y

» el Borrador de la Reglamentación Modelo para el control

de intermediarios de armas de fuego, sus piezas, com-

ponentes y municiones. Modificaciones del Reglamento

28 Las guías prácticas pueden ser consultadas en la compila-ción de instrumentos. Ellas cubren los siguientes temas: Guía i sobre los controles nacionales de la fabricación; Guía ii sobre el marcaje, el mantenimiento de registros y el seguimiento; Guía iii sobre procedimientos nacionales para la gestión de arsenales y Seguridad; Guía iV sobre el control nacional de las actividades de intermediación; Guía V sobre el control de la exportación; Guía Vi sobre la definición y los indicadores de excedentes; Guía Vii sobre los procedimientos nacionales para la destrucción; Guía Viii sobre las armas pequeñas y ligeras por lo que respecta a los procesos de desarme, desmovilización y re-integración.


Modelo para el Control del Tráfico Internacional de Ar-

mas de Fuego, sus Partes y Componentes y Municiones,

(2003).

El primero de estos instrumentos tiene como objetivo

armonizar las medidas, los sistemas y los procedimientos

para monitorear y controlar los movimientos internacio-

nales de armas, sus partes y componentes (Capítulo i) y

las municiones (Capítulo ii), para prevenir el tráfico y el

uso ilícito. El segundo instrumento se limita solamente al

tema del control de los intermediarios. En ambos casos el

objetivo es facilitar la armonización de las legislaciones

nacionales.

3. Otras organizaciones regionales que vinculan a Venezuela

En lo regional la Comunidad andina de Naciones (CaN)

adelantó un proceso que llevó a la adopción del Plan An-

dino para Prevenir, Combatir y Erradicar el Tráfico Ilícito de

Armas Pequeñas y Ligeras29 en este último caso ha perdi-

do relevancia por el retiro de Venezuela de la CaN. No

obstante, sus disposiciones reflejan los acuerdos políticos

más elaborados entre los países miembros de la CaN30.

29 Plan andino para Prevenir, Combatir y Erradicar el trá-fico ilícito de armas Pequeñas y Ligeras, aprobado por la Deci-sión 552 del Consejo andino de Ministros de Relaciones Exte-riores de la Comunidad andina, el 25.06.2003.

30 aunque el Presidente de la República Bolivariana de Vene-zuela consideró como irreversible el retiro de la CaN en 2006, planteó que los acuerdos con los países miembros de la CaN podrían ser llevados a nuevas organizaciones regionales que

En el Mercado Común del Sur (Mercosur) fue creado

el Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego y Municiones del

Mercosur y países asociados31. Este grupo que tiene como

objetivo avanzar en la armonización de las normativas

nacionales en materia de armas de fuego, incluyendo pe-

queñas y ligeras, así como de municiones con el fin de

contribuir en la construcción de legislaciones que per-

mitan desarrollar iniciativas y proyectos de cooperación

regional sobre el tema. a través de este grupo, Mercosur

prepara también sus posiciones como bloque regional en

los foros de discusión del sistema interamericano y del

sistema universal.

Dos instrumentos claves podemos reseñar en el seno

de Mercosur: la Decisión 7/98 sobre un Mecanismo con-

junto de registro de compradores y vendedores de armas de

fuego, municiones, explosivos y otros materiales relaciona-

dos. Y la Decisión 15/04 sobre un Memorandum de en-

tendimiento para el intercambio de información sobre la fa-

bricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones,

explosivos y otros materiales relacionados entre los Estados

partes del Mercosur.

se han ido construyendo desde entonces. Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la información: El retiro de Ve-nezuela de la Comunidad andina es algo irreversible, nota de prensa, 31.05.2006. Extraído el 17.01.2012 de http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=St&f=3&t=33947.

31 Este grupo de trabajo es un foro de consulta que depen-de del Consejo de Mercado Común del Mercosur. Ver organi-grama en http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=492&site=1&channel=secretaria&seccion=2. Consultado el 16.01.2012.

118 | dossier

Por otro lado el Parlamento Latinoamericano (Par-

latino)32 aprobó en 2008 el instrumento Ley marco de ar-

mas de fuego, munición y materiales relacionados33. Su valor

es recomendatorio y fue elaborado tras dos años de con-

sulta que incluyó a organizaciones de la sociedad civil y

al Foro Parlamentario sobre armas pequeñas y ligeras.

Este último es el único foro parlamentario mundial que

se ocupa de este tema34. Dicha Ley marco propone regu-

laciones modelo para actividades tales como fabricación,

almacenaje, transporte, transferencias internacionales,

comercio doméstico, tenencia, porte, introducción y sa-

lida del país, coleccionismo, reparación, caza deportiva,

entidades de tiro, entrega de munición, instrucción de

tiro y seguridad privada con armas de fuego. Propone

32 Se trata de un organismo regional, permanente y unica-meral, integrado por los Parlamentos nacionales de américa Latina creado en 1964, que tiene dentro de sus funciones con-tribuir “a la afirmación de la paz, la seguridad y el orden jurídi-co internacionales, denunciando y combatiendo el armamen-tismo”. Según Parlatino: Historia y objetivos, en http://www.parlatino.org/es/conozca-el-organismo/historia-y-objetivos.html consultado el 09.02.2012.

33 aprobado aprobada por unanimidad en la XXiV asam-blea ordinaria del Parlatino celebrada en la asamblea Nacio-nal de Panamá en diciembre de 2008. Ver Parlamento Latino-americano: Historia y objetivos, en http://www.parlatino.org/es/conozca-el-organismo/historia-y-objetivos.html consultado el 09.02.2012.

34 El Foro Parlamentario sobre armas pequeñas y ligeras, fue creado en 1999 y cuenta con la participación de parlamen-tarios de américa Latina, África y Europa. Su sitio web ofrece importante literatura. Extraído el 25.01.2012 de http://parlia-mentaryforum.org/.

también mecanismos de control y cumplimiento, de re-

ducción, recolección y destrucción, y sobre la regulación

de las existencias de armas.

II. Instrumentos normativos vinculantes para Venezuela

Nos referiremos a continuación a los principales ins-

trumentos normativos vinculantes para Venezuela. En

particular veremos las categorías conceptuales e institu-

ciones jurídicas (1), las principales actividades objeto de

regulación (2) y los problemas de aplicabilidad y actores

involucrados (3).

1. Categorías conceptuales e instituciones jurídicas

Nos hemos referido con anterioridad a que los instru-

mentos internacionales sobre armas son limitados en su

alcance mediante la limitación de los conceptos de base,

generalmente desglosados en la parte inicial del instru-

mento. Los instrumentos sobre el tema que nos ocupa

no escapan a esta tendencia. En el cuadro anexo en la

página 178, sobre Conceptos de base de los principales ins-

trumentos vinculantes para Venezuela se desglosa lo que en-

tienden estos instrumentos como fabricación ilícita, trá-

fico ilícito, exportación e importación, armas de fuego,

municiones, explosivos, otros materiales relacionados,

entregas vigiladas, localización e intermediación.

De estos tópicos podemos destacar los siguientes

aspectos:

» Sobre lo que se entiende por fabricación ilícita hay


coincidencia en que la ilicitud proviene de la fabrica-

ción a partir de componentes traficados ilícitamente,

la inexistencia de licencias para fabricar, o la falta de

marcaje al momento de la fabricación.

» Existe también coincidencia en lo que se entiende

como tráfico ilícito con la salvedad de que el Proto-

colo de las Naciones Unidas relativo a las armas de

fuego, incluye el caso de que las armas de fuego no

han sido marcadas.

» Existen coincidencias en lo que se entiende como

arma de fuego y en no incluir entre ellas las armas

fabricadas antes de 1899. En el sistema interameri-

cano, se amplía el concepto a cualquier otra arma o

dispositivo destructivo tal como bombas explosivas

entre otros.

» Existen coincidencias en lo que se entiende por muni-

ciones, refiriéndose en general a los cartuchos y sus

componentes.

» Se definen los otros materiales relacionados como

partes, piezas y componentes de manera general

aunque el Protocolo de las Naciones Unidas relativo a

las armas de fuego tiende a ser más específico.

Nos hemos referido con anterioridad a las institu-

ciones jurídicas internacionales y hemos destacado que

ellas tienen como denominador común su carencia de

poderes coercitivos y por tanto sus funciones están más

relacionadas con la promoción de los instrumentos in-

ternacionales y con la elaboración de recomendaciones

dirigidas a armonizar las legislaciones internas y facili-

tar así la cooperación entre los Estados. En este último

aspecto, es importante señalar que en Venezuela, la

función como punto focal o de contacto entre el Estado

y otros Estados ha sido dada a la Dirección General de

armas y Explosivos (DaEX)35. Pese a este rol, al hacer

la lectura de los instrumentos sub legales emitidos por

la DaEX se constata que no hacen en ningún momento

relación a los instrumentos internacionales como base

legal. Se refieren siempre a la Constitución y demás nor-

mas internas. Esto manifiesta una desconexión entre dos

funciones que deberían ser complementarias, de cara a

adaptar las normas internas a las internacionales y a

sentar las bases para mecanismos eficientes de coopera-

ción internacional.

Por su parte, el MPPRE canaliza las relaciones con or-

ganismos multilaterales a través de la oficina de asuntos

Multilaterales, salvo en lo que tiene que ver con el Merco-

sur, que depende de la Secretaría del Mercosur vinculada

al parecer con el despacho del Ministro del PPRE.

2. Las principales actividades objeto de regulación

Hemos analizado hasta ahora el inventario de instru-

mentos internacionales pertinentes para este estudio

y nos centraremos ahora en analizar aquellos que son

vinculantes para Venezuela tomando como referencia

35 Entrevista con Wilmer Méndez, Faria jamid y jackelin Pe-terson, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exterio-res, 03.02.2012.

120 | dossier

los siguientes ámbitos de regulación: 1. transferencias;

2. Fabricantes, suministradores y armeros; 3. Marcaje y

mantenimiento de registros; 4. Destrucción o desactiva-

ción; 5. Recuperación de armas y desarme; 6. Posesión

de armas pequeñas y ligeras por personas civiles y com-

pañías privadas de seguridad.

Para ello, tomaremos como referencia los siguientes

instrumentos:

EN EL SISTEMA UNIVERSAL:

» Protocolo contra la Fabricación y el tráfico ilícito de

armas de fuego, sus piezas, componentes y municio-

nes complementando la Convención de las Naciones

Unidas contra la delincuencia organizada transna-

cional y otros instrumentos relacionados, 2001 (

Protocolo de las Naciones Unidas relativo a las armas

de fuego).

» Programa de acción de las Naciones Unidas para pre-

venir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas

pequeñas y ligeras en todos sus aspectos (Poa 2001).

» instrumento internacional que permite a los Esta-

dos identificar y rastrear, de forma oportuna y fi-

dedigna, las armas pequeñas y ligeras ilícitas (a/

CoNF.192/15) (2005).

EN EL SISTEMA INTERAMERICANO:

» La Convención interamericana contra la fabricación y el

tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y

otros materiales relacionados (CiFta), de 1997.

» Reglamento Modelo para el Control del Tráfico Interna-

cional de Armas de Fuego, sus Partes y Componentes y

Municiones, en desarrollo del artículo iX de la CiFta,

(1997).

» Borrador de la Reglamentación Modelo para el control de

intermediarios de armas de fuego, sus piezas, componen-

tes y municiones. Modificaciones del Reglamento Mode-

lo para el Control del Tráfico Internacional de Armas de

Fuego, sus Partes y Componentes y Municiones (2003).

tanto los instrumentos como los ámbitos de regula-

ción han sido llevados al anexo, página 183 sobre “trans-

posición de los instrumentos internacionales al ámbito

interno”. En él hemos resumido la manera como los ins-

trumentos que acabamos de listar, abordan los seis ám-

bitos de regulación y se les ha puesto en relación con la

normativa nacional tanto legal como sublegal.

De este ejercicio podemos extraer las siguientes

observaciones:

» Uno de los elementos que generan la brecha entre las

normas internas y las internacionales es que se han

generado en momentos históricos diferentes: las nor-

mas legales internas son anteriores a la década de los

noventa a excepción de la Ley para el Desarme y la

Ley orgánica contra la Delincuencia organizada.

» Las normas sublegales emanadas de la DaEX, cuya

competencia en la materia data de 2005, carecen de

toda referencia explícita a los instrumentos interna-

cionales aunque no se puede descartar que se hayan

realizado copias sin mencionar las fuentes.


» En general los diferentes ámbitos de regulación pre-

vistos en los instrumentos internacionales se encuen-

tran regulados en las normativas internas aunque es

necesaria una lectura más detallada para precisar

los niveles de consonancia entre normas internas y

externas. algunos temas carecen de desarrollos nor-

mativos internos como es el caso de tipificar como de-

litos las conductas relacionadas con el tráfico ilícito

de municiones. otros temas están claramente aleja-

dos de los nuevos estándares internacionales como el

marcaje de armas y municiones y el mantenimiento

de registros a largo plazo.

» En materia de destrucción y desactivación de armas,

existen normas legales tanto en el Código Penal, como

en la Ley para el Desarme, que dejan fuera conductas

delictivas como la reactivación ilícita de armas.

» La reforma policial ha significado actualmente el

proceso más reciente y coherente de incorporación

de estándares internacionales sobre uso de armas pe-

queñas, aunque se limita a los agentes del Estado. Sin

embargo, el proceso es valioso como referencia.

De todas maneras una lectura mucho más detallada

deberá ser hecha dentro del proceso de construcción de

nuevas normas, pues esta lectura escapa al alcance de

este trabajo.

3. Los problemas de aplicabilidad y actores involucrados

Los principales problemas de aplicabilidad de las normas

internacionales han sido presentados a lo largo de este

texto y los podríamos resumir en los siguientes aspectos:

» Las normas internacionales han sido fundamental-

mente vinculantes políticamente con instituciones

desprovistas de funciones coercitivas, lo cual mues-

tra la resistencia de los Estados para llegar a acuerdos

para reglamentar estos temas.

» Existe una suerte de dispersión de iniciativas, que da

a su vez una mayor variedad de instrumentos en los

planos universal, regional y subregional.

» a escala nacional, el legislador al elaborar las nor-

mas en el plano legal y los entes administrativos, al

hacer las normas sublegales, no han incorporado los

estándares internacionales a excepción hecha de las

recientes reformas policiales.

» La falta de incorporación de los estándares interna-

cionales tiene un impacto obvio en la cooperación

internacional en todos sus aspectos, pues no hay un

real proceso de armonización que facilite canales,

que homogenice conceptos y que apuntale las insti-

tuciones y las capacite técnicamente con los mismos

estándares.

122 | dossier

Conclusiones y recomendaciones

» El marco internacional en el tema que nos ocupa está

ausente tanto en la elaboración de normas legales

como sublegales. Este estudio ha permitido reper-

toriar los instrumentos internacionales y presentar

los contenidos de los principales instrumentos que

vinculan a Venezuela. Dada el importante volumen

de las normativas sublegales en la materia, se reco-

mienda fortalecer la capacidad de la DaEX y los de-

más órganos administrativos con competencia en la

materia para que tengan los instrumentos interna-

cionales dentro de los fundamentos y contenidos de

sus normativas.

» Se recomienda que la Comisión Presidencial para el

control de armas, Municiones y Desarme, apoyen la

actitud favorable del MPPRE de ratificar el Protocolo

contra la Fabricación y el tráfico ilícito de armas de

fuego, sus piezas, componentes y municiones com-

plementando la Convención de las Naciones Unidas

contra la delincuencia organizada transnacional y

otros instrumentos relacionados.

» Para el desarrollo técnico de políticas públicas de ca-

rácter más operativo se recomienda tener presentes

los instrumentos emanados del Comité Consultivo de

la CiFta, que desarrollan los diferentes ámbitos de

estudio de este documento acompañado de una lec-

tura referencial de los documentos de la oCSE.

» La Ley marco de armas de fuego, munición y materia-

les relacionados, del Parlatino, es un insumo de refe-

rencia reciente. Más limitados en cuanto a su alcance

temático, son los instrumentos reseñados y que ema-

nan del Mercosur. Estas normas de estas dos organi-

zaciones internacionales pueden ser documentos de

referencias dadas las resistencias crecientes a las nor-

mativas de la oEa que parecen existir en las autorida-

des nacionales. Mercosur se plantea como el espacio

regional alternativo.


reFerenCIas

Documentos oficiales

Ley Nº 21. Ley aprobatoria de la “Convención interamerica-na contra la Fabricación y el tráfico ilícito de armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales” (2001). Gaceta ofi-cial Nº 37.217. Caracas, Venezuela.

Venezuela: Ley Nº 88. Ley aprobatoria de la “Convención de las Naciones contra la Delincuencia organizada transnacional” (2002). Gaceta oficial Nº 37.357. Caracas, Venezuela.

Venezuela: Ley aprobatoria del Protocolo contra la Fabricación y el tráfico ilícito de armas de Fuego, sus Piezas y Componen-tes y Municiones, que complementa la Convención de las Na-ciones Unidas contra la Delincuencia organizada transnacio-nal (2005). Gaceta oficial Nº 38.183. Caracas, Venezuela.

Libros

Fischer, N., dahinden E. y dahlits J. (2002). Small arms and light weapons: legal aspects of national and international regula-tions. Ginebra, Suiza: Naciones Unidas.

goldblat, J. (1984). La limitación del armamento. Madrid: MPDL.

Yihdego, Z. (2007). The Arms Trade and International Law.

oxford and Portland, oregon.

Fuentes electrónicas

http://www.poa-iss.orghttp://www.un-casa-isacs.orghttp://www.un.orghttp://www.un.org http://www.cinu.org.mx http://www.oas.orghttp://scm.oas.orghttp://www.parlatino.orghttp://parliamentaryforum.orghttp://www.unodc.orghttp://treaties.un.orghttp://www.choike.orghttp://www.icrc.orghttp://www.fas.orghttp://www.state.govhttp://www.wassenaar.orghttp://www.osce.org

Control de armasFernando Carrión M., Jenny Pontón C. y Blanca Armijos V.


ISSN 2343-5666

Resumen Los autores aclaran que la información que presentan es pro-

ducto del aporte reflexivo de los distintos actores involucrados en la proble-

mática de la seguridad ciudadana y que se trata de un acumulado de co-

nocimientos que están en permanente reelaboración debido a la condición

dinámica de la cual han emergido. Luego de realizar un somero diagnóstico

sobre la situación de las armas de fuego y su relación con los delitos que

ocasionan la muerte en Latinoamérica, los autores plantean 10 líneas estra-

tégicas de acción para abordar la promoción de la no tenencia de armas en

manos de civiles, vía desarme y control, tanto del tráfico como de su produc-

ción. Finalmente, aluden a 3 experiencias relevantes que, para el momento,

trabajaban en el control de armas y desarme de la población civil.

Palabras clave políticas públicas, seguridad ciudadana, control de armas,

desarme

fernando Carrión mena, Coordinador del Programa de Es tudios de la

Ciudad de FLaCSo Sede Ecuador; presidente de la organización Latinoame-

ricana y del Caribe de Centros Históricos (oLaCCHi); concejal del Distrito

Metropolitano de Quito y editorialista del Diario Hoy. Realizó estudios de ar-

quitectura en la Universidad Central del Ecuador y de Máster en Desarrollo

Urbano Regional en el Colegio de México. Jenny Pontón, Licenciada en

Comunicación Social para el Desarrollo con Maestría en Estudios de Género

y Desarrollo. Sus líneas de investigación han sido género y desarrollo, géne-

ro y seguridad ciudadana, medios de comunicación y violencia. actualmen-

te es profesora investigadora del Programa Estudios de la Ciudad de FLaCSo

Ecuador. BLanCa armiJos verdesoto, actualmente es investigadora en el

Programa Estudios de la Ciudad de FLaCSo, Facultad Latinoamericana de

Ciencias Sociales, Ecuador.

[email protected] | [email protected] | [email protected]

127

Control de armas

Diagnóstico

En la región latinoamericana mueren 1.300 personas al día víctimas de

armas de fuego pequeñas y livianas.1 El 40% de las muertes producidas en el

mundo ocurre por armas de fuego en enfrentamientos no bélicos; además,

la región posee el índice más alto de delitos cometidos con armas de fuego:

un 14% frente a un 2,8% global (Lago y tejo, 2004: 4). Esto demuestra que

es urgente introducir políticas de control de armas y desarme en los países

latinoamericanos.

Dentro de este tema, es importante tomar en cuenta que el término

“arma” es aplicable a todo instrumento o herramienta cuyo fin es ocasio-

nar daño a otro ser vivo. Existen objetos que pueden ser considerados ar-

mas blancas, como una piedra o un cuchillo, y existen armas de fuego que

son expresamente diseñadas para infligir daños físicos en otras personas.

Estas últimas son utilizadas por un considerable porcentaje de la población

ecuatoriana como mecanismo de protección. otros dos usos menores de las

armas de fuego son la actividad profesional y el deporte o la cacería.

Debido a la escalada de inseguridad, violencia social y, a su vez, una

* Extracto de Carrión, F., j. Pontón C. y B. armijos (2009): 120 Estrategias y 36 experiencias de seguridad. Vol. i. Quito: FLaCSo/Secretaría de Seguridad y Gobernabi-lidad del Distrito Metropolitano.

1 así lo ha afirmado Francisco Rojas, secretario general de la Facultad Latinoame-ricana de Ciencias Sociales (FLaCSo), a la agencia de noticias aNSa. Ver Desarme.org, 2004.

128 | dossier

intensificada percepción de inseguridad que se ha ex-

perimentando en los últimos años, la sociedad civil ha

llegado a armarse más que el Estado, provocando una

privatización de la seguridad y, paradójicamente, po-

niendo en riesgo la convivencia pacífica de la ciudada-

nía. Hasta 2007, de acuerdo con los datos del Departa-

mento de Control de armas del Comando Conjunto de

las Fuerzas armadas, existían 80.678 armas en manos

de particulares y 42.411 en compañías de seguridad

privada legalmente registradas, frente a 3.711 armas en

instituciones públicas. La mayoría de las armas a escala

nacional se concentra en Quito y Guayaquil. a su vez,

las instituciones estatales y los instrumentos legales de

control y seguimiento de la producción, importación y

posesión de armas se han debilitado frente al creciente

número de armas en manos civiles. En 2004, se estimó

que en el país existían entre 200 mil y 500 mil armas en

manos civiles, obtenidas a través del mercado formal e

informal (Equipo Estudios de la Ciudad, 2006). Los pro-

cedimientos de control de calidad sobre las productoras y

los de seguimiento de las armas son casi inexistentes. Las

armas llegan a manos civiles a través de varios medios: la

producción y el comercio interno, la importación legal y

la fraudulenta. La producción de armas en el Ecuador es

reducida, artesanal, en su mayoría carece de estándares

de calidad internacional y es comercializada principal-

mente en la Costa. Estos pequeños productores no son

controlados debidamente. El mercado ilegal, en cambio,

se alimenta principalmente de armas legales y sus pre-

cios fluctúan de acuerdo con la demanda y requerimien-

tos de los clientes. En cuanto a la importación legal de

armas, la ley permite una entrada máxima de 25 armas

semestrales por comprador. Pese a estas reglamentacio-

nes, los controles sobre la producción, importación e im-

portación de armas son deficientes (Equipo Estudios de la

Ciudad, 2006).

Por último, adicional al control del comercio de ar-

mas, a la producción nacional de las mismas y a la asi-

metría entre armas públicas y privadas, es necesario

encontrar las relaciones que existen entre una oferta

indiscriminada de estas y la violencia. Si bien la proble-

mática de su tenencia en manos civiles no está directa-

mente relacionada con la cantidad de muertes por armas

de fuego, en el Ecuador más de la mitad de los homicidios

se producen con ellas. Es decir, su presencia es un factor

que incide en la inseguridad y mortalidad de ciudadanos

y ciudadanas en nuestro contexto, y por eso se hace un

llamado al control y al desarme.

La cantidad de armas en manos civiles, de forma legal

e ilegal, y el incremento en el número de permisos otorga-

dos por las Fuerzas armadas demuestran las facilidades

que tienen las personas al momento de adquirir un arma

de fuego. Revela también que los mecanismos de control

y regulación no son totalmente eficientes –sea por falta

de una legislación actualizada o por falta de coordina-

ción institucional en el manejo de las funciones de cada

institución– pues, aunque las Fuerzas armadas otorgan

permisos, no se enfrentan a los problemas de violencia

que acarrean las armas. tampoco existe suficiente infor-

mación sobre el armamentismo privado y sus impactos

en la sociedad.

Varios organismos internacionales, gobiernos y oNG

control de armas f. carrión, j. pontón y b. armijos | 129

han denunciado el impacto negativo de las armas, sobre

todo por el aumento de muertes y violencia que se ha

registrado en la última década. La comunidad interna-

cional ha tomado conciencia de los problemas y riesgos

que acarrea la falta de control del comercio de armas de

fuego, aunque restan todavía muchos puntos vacíos por

tratar. a pesar del lento progreso de convenios interna-

cionales, existe consenso acerca de la necesidad y urgen-

cia de las políticas de desarme y de control del comercio

y porte de armas –como la marca y registro estricto de

las armas de fuego y un seguimiento de las mismas. El

desarme de la población civil ha demostrado impactos

positivos en la disminución de muertes por armas; sin

embargo, son pocos los países que mantienen una verda-

dera política de desarme.

Líneas estratégicas de acción

Objetivo general

Promover la no tenencia de armas en manos de civiles,

vía desarme de esta población y a través del control tanto

del tráfico de armas, como de su producción.

Objetivos específicos

» Socializar las políticas de desarme social.

» Promover el control al tráfico de armas.

» Proveer mecanismos de control a la producción na-

cional de armas de fuego.

1. Desarme de la sociedad civil

además del control sobre las armas existentes y en ma-

nos de la sociedad civil, y dado que este tipo de inicia-

tivas2 dependen de la voluntad de las personas, se debe

buscar el desarme voluntario de las personas armadas

a través de programas y proyectos orientados a este fin

desde los gobiernos locales y nacionales, ya que son las

ciudades principales del Ecuador las que concentran el

mayor número de armas.

algunas de las estrategias recomendadas para tener

éxito en el desarme de personas son: promover progra-

mas de concientización respecto a los riesgos de portar

armas, que informen sobre los peligros de usar armas

de fuego; realizar campañas informativas que hagan un

llamado a la devolución voluntaria de armas de fuego;

ofertar incentivos que persuadan a los portadores a en-

tregar las armas para su consecuente destrucción (por

ejemplo, indemnizaciones económicas, en materiales de

construcción, en alimentos, entre otras); no cuestionar

ni investigar cómo se obtuvo el arma, para que la pobla-

ción armada sienta la confianza necesaria para entregar

su arma; promover que lugares cercanos a la sociedad

civil como las iglesias, centros de salud u oNG sirvan de

depósitos de entrega, pues muchas personas sienten te-

mor a ser criminalizadas si las entregan a instituciones

2 aparte del Plan Ecuador sin armas, lanzado por el actual Go-bierno a mediados de 2007, no se tiene ningún otro tipo de pro-yecto o política de planificación nacional dirigida al desarme de la población civil.

130 | dossier

estatales; además, diseñar programas orientados especí-

ficamente a grupos o pandillas juveniles que se asocien

con las armas, presentándoles opciones de vida alterna-

tivas a su participación en el crimen y el delito. Y una

vez decomisadas y reunidas las armas que hayan sido

entregadas voluntariamente, se debe requerir que sean

inmediatamente destruidas, conjuntamente con su co-

rrespondiente registro. Estos procesos deben ser monito-

reados por la sociedad civil.

2. Creación de un cuerpo legal que norme la tenencia

y el uso de armas de fuego

Debido a que la Ley de Fabricación, Importación, Exporta-

ción, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones,

Explosivos y Accesorios es del año 1979, y debido a la

creciente proliferación de armas de fuego entre personas

civiles y empresas de seguridad ecuatorianas, se hace ne-

cesario crear un régimen jurídico que contenga medidas

explícitas y actualizadas para realizar un efectivo control

de las armas de fuego, municiones y explosivos, con el

fin de evitar la presencia de estos materiales en calida-

des y volúmenes inapropiados, al tiempo que se impide

la existencia de personas armadas sin las condiciones

de aptitud, idoneidad e integridad, acordes con las exi-

gencias de la seguridad integral que merecen todos los

ecuatorianos.

En este orden, el proyecto de ley será un régimen ju-

rídico integral para prevenir, controlar y regular la te-

nencia y porte de armas de fuego, municiones, pólvora,

propulsores, explosivos y otros materiales relacionados.

Dicho cuerpo de leyes deberá contemplar los mecanis-

mos mediante los cuales se hará la reparación, mante-

nimiento de las armas de fuego, además de regular la

importación y comercialización de artículos pirotécni-

cos; las condiciones tanto de funcionamiento de clubes

de tiro y caza, como de las colecciones-coleccionistas de

este tipo de objetos.

Esto hace necesario que el Ministerio de Gobierno y

del Comando Conjunto de las Fuerzas armadas transfie-

ran el control de armas de fuego a la Policía Nacional,

la institución policial debe establecer las restricciones

y efectivas regulaciones al uso de armas de fuego y, por

otro lado, debe promover que la sociedad civil se convier-

ta en un ejército de individuos sin control de mando y sin

control de uso sobre las armas de fuego.

3. Controlar la importación de armas de fuego

con el fin de regular el contrabando de las mismas

Es necesario asegurar que todas las armas importadas

por vías legales sean invariablemente marcadas, de ma-

nera que el departamento respectivo de la Policía Nacio-

nal pueda rastrear el movimiento y destino de las mis-

mas. Se debe formular y ejecutar un sistema universal

para marcar las armas que ingresan al país con el fin de

que estas puedan ser rastreadas tanto dentro como fuera

del Ecuador. Este es un sistema que debe alimentarse y

nutrirse de información de los sistemas de registro y ras-

treo regional. La información de las armas registradas

–número de registro, país de origen, fecha de matricula-

ción, identificación del fabricante y otros detalles– deben


ser transferibles o accesibles a instituciones reguladoras

de armas en otros países.

Con estas medidas se podrá hacer un seguimiento de

las armas y determinar cuándo se insertan al mercado

negro e identificar las rutas utilizadas. Los procedimien-

tos que tengan que ver con el marcaje y registro de armas

serán aplicados a todas las armas pequeñas y municio-

nes de tipo civil, militar, de empresas de seguridad priva-

da y gubernamentales, bajo la figura legal de matrícula

de armas de fuego.

4. Regular el mercado ilegal de armas en el país

Prácticamente todas las armas ilegales nacieron legal-

mente fabricadas para luego ser desviadas al mercado

ilegal. Una de las mejores formas para no seguir alimen-

tando el mercado negro es el estricto control del mercado

ilegal, esto último involucra a los civiles que pueden ad-

quirir armas.

Es importante que las instituciones nacionales encar-

gadas de controlar y regular la producción y comercio

de armas (Fuerzas armadas, Policía Nacional) realicen

investigaciones conjuntas sobre el comercio ilegal de las

mismas. Frecuentemente, existe una relación entre las

ventas legales y las ventas ilegales de armas. Las armas

pequeñas exportadas y/o importadas a través de fron-

teras mal controladas, o almacenadas en depósitos mal

vigilados, pueden desembocar en el mercado negro. Para

reducir el número de armas en manos civiles se debe con-

trolar que el mercado legal abastezca al comercio ilegal.

Se debe establecer leyes claras y penas explícitas para las

personas que trafiquen armas ilegales, asegurar debida-

mente los depósitos estatales de armas confiscadas, pro-

hibir la posesión de armas militares por parte de civiles.

5. Regular la producción nacional de armas

El Estado tiene que asegurarse y exigir que las fábricas

de producción de armas sigan estrictamente las normas

internacionales de calidad. aunque en el Ecuador la pro-

ducción de armas es reducida, gran parte de la misma

sufre de una calidad deficiente, por lo que es necesario

hacer seguimiento tanto a estas fábricas como a las ar-

mas que de allí surgen.

Las restricciones a la fabricación de armas de fuego

garantizarán que su producción sea únicamente bajo

licencia y en correspondencia con las disposiciones nor-

mativas internacionales respectivas. Esta autorización se

reforzará con la emisión del Certificado de Destino Final

de la producción de las mismas, que dará cuenta del des-

tino real de sus ventas.

así, el título de propiedad de armas revelará informa-

ción tanto del origen –fuente de producción– como del

propietario real.

6. Fomentar campañas de canje de armas

por beneficios sociales

Las armas de fuego en manos de particulares constitu-

yen un potencial peligro para la vida de las personas; no

garantizan seguridad sino la letalidad en situaciones de

enfrentamiento entre civiles, ponen en riesgo la vida de

132 | dossier

la familia de quien la posee e indirectamente alimentan

la oferta y demanda del mercado ilícito.

Para fortalecer el desarme de la sociedad civil es nece-

sario impulsar una política pública activa que articule las

agencias del Estado competentes en la materia con otras

instituciones públicas y privadas interesadas en generar

campañas de canje de armas por beneficios sociales. Se

deben diseñar procesos de sensibilización respecto a la

problemática de las armas de fuego, promover la infor-

mación entre los actores del medio cultural, educativo y

deportivo con el fin de crear mayor conocimiento técnico

en el área.

Es importante fomentar la creación de mesas de tra-

bajo abiertas a la participación de las organizaciones so-

ciales donde se evalúen conjuntamente soluciones a la

problemática de las armas de fuego y se defina el aporte

que cada sector entregará como recompensa ante la en-

trega voluntaria de armas de fuego: cupos en institucio-

nes educativas para jóvenes y adolescentes, entrega de

libros, de pases para eventos culturales, vinculación a

clubes deportivos, bonos limitados para el uso del trans-

porte público, bonos para compras en almacenes comer-

ciales de franquicias (alimentos, ropa, artículos electró-

nicos), entre otros.

7. Control de armas en espectáculos

de concurrencia masiva

Muchos objetos que una persona lleva consigo a un es-

pectáculo pueden ser utilizados como arma (sea una

botella, un cinturón, un bolígrafo, palos, entre otros),

y especialmente bengalas, explosivos o armas de fuego.

Con el fin de prevenir consecuencias fatales en espec-

táculos deportivos, conciertos, conferencias, marchas,

entre otros, es necesario reforzar el control estricto de los

objetos peligrosos que portan los espectadores, tanto a

la entrada del evento como a lo largo de su duración. Se

puede, además, contar con la presencia y colaboración

de la Policía y guardias privados. Se debe, en lo posible,

exigir sistemas integrados de seguridad (como cámaras

y sensores), para detectar la utilización de armas que no

hayan sido incautadas en la entrada.

Finalmente, se debe exigir y controlar que todos los

espacios cerrados (públicos y privados) que funcionen

como sedes de espectáculos deportivos, de entreteni-

miento u otros propósitos, cuenten y manejen planes

de control e incautación de armas, así como planes de

contingencia en caso de que se produzcan desates de vio-

lencia armada.

8. Requisas a la sociedad civil

La Policía está facultada para, en cualquier caso, incau-

tar armas de fuego, a excepción de aquellos elementos

que, por naturaleza de la profesión del propietario o

propietaria, sean necesarios para el ejercicio de la mis-

ma. Son objeto de requisa los instrumentos que puedan

emplearse en la comisión de hechos que pongan en peli-

gro la vida y la integridad personal o el patrimonio eco-

nómico de las personas, tales como: pistolas, revólveres

de todo calibre, objetos cortopunzantes o contunden-

tes, tales como cuchillos, puñales, navajas, manoplas,


cachiporras, machetes, garfios, leznas, mazos, hachas,

martillos y otros similares que se los pueda utilizar como

armas de carácter defensivo u ofensivo.

Las armas decomisadas que no son requeridas como

evidencia de algún tipo de delito, deben someterse a un

proceso de valoración objetiva realizada por agentes es-

pecializados de la Policía, quienes reportarán la condi-

ción de las armas recuperadas; de encontrarse en buen

estado se les considerará bienes susceptibles de un nuevo

registro y, bajo un debido proceso, se les transferirá a ins-

tituciones y/o personas que las soliciten. Bajo disposición

de la autoridad competente, las armas blancas deben ser

inventariadas y clasificadas según el tipo de hierro con el

que han sido construidas, luego se les trasladará a una

fábrica que posea en sus instalaciones hornos de fundi-

ción de metales para su respectiva destrucción.

9. Regulación de la licencia para el porte de armas

Debido al importante número de armas que circulan en

el país, el Estado debe promover que se registren aque-

llas que se encuentran en manos anónimas y se reem-

padronen las licencias para el porte de armas existentes

en la sociedad ecuatoriana. a tales efectos se fomentará

que quienes adquieran objetos de esta naturaleza y peli-

grosidad, no representen mucho riesgo ni mayor peligro

social; además, se construirá un sistema de información

que reporte el tipo, marca, tiempo de circulación en el

país, motivos de la tenencia, nombre del propietario titu-

lar, entre otros datos que considere necesarios la Policía

Nacional, institución que debe emitir las licencias para el

porte de armas.

El título de propiedad de un arma legalmente reco-

nocida debe apuntar sustancialmente a la persona que

va a poseerla o utilizarla. La emisión de licencias para el

porte de armas debe considerar entre sus exigencias pri-

mordiales: no poseer antecedentes de comportamiento

violentos, presentarse y aprobar la certificación de ido-

neidad en el conocimiento y manejo de armas de fuego,

de aptitud psicofísica; además, presentar una constancia

laboral o justificativo de ingresos, entre otros requisitos

que la Policía Nacional amerite.

La emisión de autorizaciones para el porte de armas

se hará de manera diferenciada a cada necesidad, no

puede existir una misma licencia para efectos de agen-

tes del orden público, vigilancia de valores monetarios

y caza deportiva. Los diferentes tipos de licencias deben

reportar fundamentalmente: el objeto de la tenencia de

armas (Fuerza Pública, seguridad privada, caza deporti-

va, uso particular, entre otros), la denominación de las

clases de armas que ampara la licencia, el tiempo de vi-

gencia del permiso.

10. Capacitación para el uso de armas

en la seguridad privada

actualmente hay muchas personas y compañías de se-

guridad que no cumplen con los requisitos mínimos esti-

pulados en la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, y la Ley

de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización

y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios.

134 | dossier

Es común que el personal de seguridad privada sea esca-

samente capacitado y, en ocasiones, que no cuente con

los respectivos permisos de portación de armas de fuego,

lo que aumenta la vulnerabilidad de la población en caso

de que los guardias privados abran fuego al intentar pro-

teger la propiedad privada.

Es así que el Estado debe demandar y controlar que

los oficiales de empresas privadas: 1) hayan atravesado

una capacitación sobre el uso de armas de fuego, cómo

reaccionar ante situaciones violentas, los riesgos de su

uso y la importancia de mantener la paz ciudadana ante

todo; 2) no porten armas de fuego en las áreas calificadas

como “libre de armas”. Es necesario, por lo tanto, estu-

diar la posibilidad y asignar áreas libres de armas como

guarderías, escuelas, asilos de ancianos, hospitales.

Este tipo de política debe contar con el respaldo de los

gobiernos locales de Quito y Guayaquil, ciudades donde

se aglomera el mayor número de guardias privados y el

mayor número de armas.

Experiencias relevantes

1. Viva Rio: desarmando a la sociedad brasilera /

localidad: Río de Janeiro

En Brasil, las armas pequeñas provocan más muertes

que las enfermedades del corazón, del sistema respira-

torio, cáncer, sida y accidentes de tráfico. a través del

programa de control de armas Viva Rio, se ha intentado

reducir la demanda de armas por medio de campañas

de sensibilización sobre los peligros que estas presentan;

se ha buscado investigar la oferta, el comercio ilegal y la

producción, venta, exportación e importación de armas,

y destruir el exceso de ellas al promover su entrega vo-

luntaria a la oNG Viva Rio.

Viva Rio ha sido un activo partícipe en los procesos

de desarme de la sociedad brasilera. En 2001, conjun-

tamente con el gobierno de Río de janeiro y las Fuerzas

armadas, se desecharon 100 mil armas –la destrucción

masiva de armas más grande de la historia–, y en el año

2002 se destruyeron 10 mil armas en el Día internacio-

nal de Destrucción de armas. Entre 2004 y 2005, em-

prendieron una gran campaña que logró recopilar casi

medio millón de armas. Estos actos, además de ser actos

simbólicos, impiden que estas armas vuelvan al mercado

ilegal. En este período, la iniciativa provocó una reduc-

ción del 8% en homicidios.

Esta organización apoya las investigaciones científi-

cas acerca del uso de armas, formas para reducir las ta-

sas de mortalidad a causa de ellas, su impacto en salud,

legislación, comercio ilegal de armas, rol de niños y jóve-

nes en la violencia armada de la ciudad y reforma policial

sobre el control y seguimiento de armas.

Viva Rio sirvió de apoyo y presión sobre los gobiernos

estatales y federal, al proveer ayuda técnica al Senado en

la investigación de armas en Brasil. Esta investigación

descubrió que el 83% de las armas ilegales incautadas

por la Policía en Río de janeiro, São Paulo y Brasilia era

de manufacturación nacional.


2. El modelo de control de armas más estricto del mundo /

localidad: Japón

El modelo de control de armas de fuego en japón es el más

estricto en el mundo democrático. En su legislación, lo

primero que se establece es que “nadie poseerá un arma

de fuego o armas de fuego o una espada o espadas”. La

propiedad de armas es escasa y el proceso de otorgación

de permisos es largo, tedioso y estricto. así también los

crímenes con armas de fuego son muy pocos.

Un ciudadano o ciudadana civil del japón puede

portar un solo tipo de arma: la escopeta. Las armas pe-

queñas son prohibidas sin excepción. Para obtener una

licencia de armas hay que atravesar un proceso de cursos

y exámenes teóricos y prácticos, y presentar un certifica-

do médico que pruebe que la persona está mentalmente

saludable y no tiene ningún tipo de adicción narcótica.

La policía investiga luego el historial individual y familiar

de la persona para determinar si esta o su familia han

cometido algún tipo de delito en su vida. además, los so-

licitantes deben entregar un plano de su departamento

para mostrar el lugar de almacenamiento del arma, al

lado de la cual deben guardarse las municiones en una

caja fuerte. La autoridad para otorgar o no el permiso es

únicamente de la policía; ella tiene la libertad de denegar

el permiso a cualquier persona por “una causa razonable

de sospecha de que sea peligrosa para la vida de otras per-

sonas, propiedades o el orden público”. Las licencias y el

arma no son transferibles a las siguientes generaciones,

y deben ser renovadas cada tres años, siendo este pro-

ceso el mismo para cada vez que se renueve la licencia.

Debido a la complejidad de la solicitud de la licencia y a

la creciente dificultad de conseguir un arma, las licencias

y armas legales disminuyen cada vez más.

Estas políticas de control exhaustivo de armas han

hecho de tokio la ciudad más segura del mundo –en

cuanto a robos armados y homicidios con armas de fue-

go– con solo 59 mil permisos de armas. Los robos arma-

dos son mínimos, al igual que los homicidios con armas

de fuego. Una de las características de japón es que las

armas de fuego son, y siempre han sido, consideradas

competencia del Estado, mas no del civil. Por otro lado, los

japoneses respetan, aprueban y confían en la autoridad

policial –más que en cualquier otro país democrático–.

Finalmente es el mismo gobierno japonés el que se pro-

yecta como un Estado pacífico y sin armas, promoviendo

la política del desarme social.

3. Red argentina para el desarme. Por una sociedad sin violencia / localidad: Argentina

Varias organizaciones sociales y académicas (entre ellas

Espacios Mendoza, Espacios Santa Fe, FLaCSo, la aso-

ciación para Políticas Públicas, el instituto de Estudios

Comparados en Ciencias Penales y Sociales y La Comuna

de Rosario) empezaron a conformar una red de desarme

después de la tragedia de Carmen de Patagones en el año

2004 –en la cual un chico de 15 años de edad disparó a

sus compañeros de clase–. El objetivo de esta red fue in-

terceder ante el presidente de argentina para que se for-

mulen políticas públicas de desarme a lo largo y ancho

136 | dossier

del país, y recaudar voluntad política y apoyo social para

poder ejecutarlas.

El 18 de noviembre de 2007, finalmente, se consti-

tuyó formalmente la Red argentina para el desarme, la

cual se comprometió a hacer estudios sobre la relación

entre las armas y la inseguridad ciudadana; a formular

propuestas legislativas respecto al control, recolección

y destrucción de armas; y a generar acciones y políticas

que sean aplicadas en todo el país y que cuenten con la

participación ciudadana y comprometan el liderazgo del

gobierno nacional.

Los esfuerzos de esta Red han impulsado la formu-

lación del Plan nacional de entrega voluntaria de armas de

fuego –un plan que pretende realizar un intercambio de

armas por incentivos económicos y reducir el número

de armas legales e ilegales circundantes en la sociedad–.

Este Plan es parte de una política integral de control y

prevención de violencia armada y cuenta con un marco

legal (Ley 26.216) y un decreto reglamentario. Este Plan

se dio gracias a estudios, campañas y difusión sobre el

peligro de las armas de fuego, llevados a cabo por la Red

argentina para el desarme.

FUentes

Textos citados

Carrión, Fernando (2006). “armas de la (in)seguridad”. Bo-letín Ciudad Segura, 2. Quito, FLaCSo, sede Ecuador: 1.

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Equipo Estudios de la Ciudad (2006). “La situación de ar-mas de pequeño calibre y la población civil del Ecuador”. Bole-tín Ciudad Segura, 2. Quito, FLaCSo, sede Ecuador: 4-8.

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Textos consultados

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organización de Estados Americanos (oEA) (2005). Con-vención Interamericana contra la Fabricación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales (CIFTA). Documento electrónico: http://www.oas.org/juridico/spanish/armas.htm [consulta: abril de 2008].

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El Comercio (2007d). “El operativo contra las armas está acompañado de un folleto”. Redacción Guayaquil, 11 de junio.

El Comercio (2007e). “Bolívar Cisneros:“Nos faltan 28 mil pistolas para que exista una por cada policía””. Redacción Gua-yaquil, 6 de julio.

El Comercio (2007f). “Colocarán chips y código de barras en armas que circulan en el Ecuador”. Redacción Guayaquil, 12 de julio.

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El Comercio (2007l).“Un control para los talleres de pirotec-nia”. Redacción Guayaquil, 23 de diciembre.

El Comercio (2007m). “algunos ejes de debate sobre la segu-ridad”. Redacción Guayaquil, 31 de diciembre.

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Ley Reformatoria al Código Penal y Ley de Fabricación, Im-portación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Ar-mas, Municiones, Explosivos y Accesorios. Documento elec-trónico: http://www.controlarmas.mil.ec/leyReformatoria.html [consulta: mayo de 2008].

Páginas web consultadas

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Red Argentina para el desarme (2006) http://www.re-dparaeldesarme.org.ar/ [consulta: junio de 2008].

Viva Rio (2006) www.vivario.org.br/ [consulta: mayo

de 2008].

las polítiCas públiCas del estado venezolanoen los proCesos de Control de armas, muniCiones y desarmeperíodo: demoCraCia partiCipativa

Irama La Rosa


ISSN 2343-5666

Resumen En el artículo se presentan algunos resultados de la investigación

Las políticas públicas del Estado venezolano en los procesos de control de armas,

municiones y desarme, específicamente el capítulo ii, sobre democracia par-

ticipativa, que se corresponde con el período de la Revolución Bolivariana.

La información se sustenta en la revisión de planes nacionales y memorias

y cuentas del Ministerio de interior y justicia, así como entrevistas a algu-

nos actores clave como recurso metodológico para identificar la existencia

de programas y/o proyectos en materia de control de armas, municiones y

desarme, considerando el análisis del contexto que ha favorecido u obsta-

culizado el desarrollo de tales políticas públicas. Se destaca en particular la

mención de algunos eventos de violencia asociada al uso de armas y mu-

niciones con fines de desestabilización política como factor que justifica la

importancia y relevancia de las políticas y leyes actuales en la construcción

de una cultura por la paz.

Palabras clave violencia política, control de armas, cultura de paz

irama La rosa es Socióloga de la Universidad Central de Venezuela (UCV),

Especialista en Planificación Global y Magíster en Política Social del Centro

de Estudios del Desarrollo UCV, donde actualmente es candidata a Doctora.

actualmente es profesora de Planificación en la Escuela de Sociología de la

UCV y asesora de proyectos comunitarios a través de la organización Red de

la Calle. Es autora de artículos y otras publicaciones sobre popularización de

la ciencia, estudios urbanos y de juventud.

[email protected] | [email protected]

Las políticas públicas del Estado venezolano en los procesos de control

de armas, municiones y desarmePeríodo: Democracia participativa

…Un minuto después de la última explosión, más de la mitad de los

seres humanos habrá muerto, el polvo y el humo de los continentes

en llamas derrotarán a la luz solar, y las tinieblas absolutas volverán

a reinar en el mundo. Un invierno de lluvias anaranjadas y huraca-

nes helados invertirá el tiempo de los océanos y volteará el curso de

los ríos, cuyos peces habrán muerto de sed en las aguas ardientes, y

cuyos pájaros no encontrarán el cielo. Las nieves perpetuas cubrirán

el desierto del Sahara, la vasta Amazonía desaparecerá de la faz del

planeta destruido por el granizo, y la era del rock y de los corazones

trasplantados estará de regreso a su infancia glacial. Los pocos seres

humanos que sobrevivan al primer espanto, y los que hubieran tenido

el privilegio de un refugio seguro a las tres de la tarde del lunes aciago

de la catástrofe magna, solo habrán salvado la vida para morir des-

pués por el horror de sus recuerdos. La Creación habrá terminado. En

el caos final de la humedad y las noches eternas, el único vestigio de lo

que fue la vida serán las cucarachas.

Preámbulo del Discurso de Gabriel García Márquez, pro-nunciado en la Conferencia de Ixtapa, en ocasión de con-memorarse el 41 aniversario de la bomba de Hiroshima. México, 06 de agosto de 1986.

* Extracto y adaptación de la investigación Las políticas públicas del Estado venezo-lano en los procesos de control de armas, municiones y desarme, de irama La Rosa, Luis Cerezo y joselyn Lindarte. VV.aa. (2013), Regulación y lógicas del uso de armas de fuego y municiones. Caracas: CoDESaRME-UNES. La investigación histórica contó con la co-laboración del sociólogo Luis Martínez.

142 | dossier

1. Contexto sociopolítico

Como preámbulo a este apartado de la investigación,

es necesario advertir que la figura del presidente Hugo

Chávez, incluso desde su participación en la campaña

presidencial de 1998, ha estado signada por una serie

eventos y conflictos socio-políticos, que en distintos mo-

mentos han desbordado expresiones de violencia social y

política. Violencia que ha tenido manifestaciones mediá-

ticas con las campañas en contra de distintas acciones

gubernamentales, pero también ‒y allí la gravedad del

asunto‒ violencia con uso efectivo de armas de fuego o

amenaza potencial de su uso en determinadas coyuntu-

ras políticas.

al respecto, son ilustrativos los datos de la investiga-

ción inventario Nacional de armas de Fuego que se en-

cuentran disponibles en la Comisión Presidencial para

el Control de armas, Municiones y Desarme, respecto al

aumento en la compra de armas de fuego en coyuntu-

ras especialmente sensibles como el año 1998 (año de

la campaña electoral), los años 2001-2002 en el marco

de la organización y ejecución del golpe de Estado al pre-

sidente Chávez, el año 2003 cuando ocurrió el sabotaje

petrolero y el año 2004 en el que se incautaron armas de

alto calibre en manos de soldados paramilitares contra-

tados por sectores de oposición, eventos todos, que ade-

más de las cifras sobre muertes con armas de fuego pro-

ducto de la violencia delincuencial, introducían el factor

político-terrorista en el escenario político nacional.

En este contexto, a la violencia social que tiene

una explicación en factores asociados a la pobreza e

inequidad, se sumó la violencia política que se desarrolla

en el marco de la polarización existente, contradictoria-

mente a la par de que se inicia el modelo de Democracia

Participativa y plenitud de disfrute de los derechos hu-

manos consagrados en la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela, promulgada el año 1999.

Los intereses contrarios a la restauración del rol so-

cial del Estado, desmantelado completamente durante

los dos últimos períodos de gobierno de la Democracia

Representativa, generaron una serie de acciones de re-

sistencia a las políticas que el gobierno venezolano trató

de instrumentar apenas aprobada la Constitución Boli-

variana, a través de la promulgación de Leyes Habilitan-

tes, que entre otros ámbitos, pretendían legislar en temas

como hidrocarburos y tenencia de la tierra.

El golpe de Estado del año 2002 y el sabotaje petrole-

ro de 2002-2003 visibilizaron que más allá de la oposi-

ción al modelo político, existía una oposición al modelo

económico y a la definición del rol del Estado como res-

ponsable de la conducción de la economía para objetivos

nacionales distintos a los intereses corporativos de tipo

trasnacional. también dejaron en evidencia, la estrecha

articulación entre esos intereses económicos y los secto-

res internos que conforman algunos sectores de la opo-

sición política venezolana, en particular los medios de

comunicación privados y gobernantes con control sobre

organismos policiales como fue el caso del alcalde alfre-

do Peña.

En ese contexto, se desarrollaron una serie de accio-

nes gubernamentales para profundizar las políticas de

justicia social a la par de generar mayor poder político

las políticas públicas i. la rosa | 143

dentro de los sectores sociales más afectados por la po-

breza, específicamente: las Misiones Sociales. Con este

tipo de políticas universales de atención directa a la po-

blación pobre, se han obtenido resultados exitosos que

han revertido varios indicadores negativos en las áreas

de Salud y Educación, por lo que el gobierno asumía que

las Misiones también podían tener una influencia posi-

tiva en la disminución de factores desencadenantes de

violencia social.

Sin embargo, la realidad no ha reportado impactos

significativos, al contrario, la complejidad del fenómeno

de la violencia asociada a las armas de fuego y las difi-

cultades que implica abordarlo de manera integral, se ha

agudizado con el agregado de la violencia asociada a la

polarización política, fundamentalmente dada la descon-

fianza y aprehensión que tienen mucho/as ciudadano/

as con distintas tendencias ideológicas, por participar de

manera conjunta en la formulación de políticas públicas

sobre un problema que afecta a todos y todas por igual.

En ese contexto, una de las experiencias de política

pública que más beneficios ha reportado a la sociedad

venezolana ha sido el trabajo realizado por la Comisión

Nacional para la Reforma Policial (CoNaREPoL), creada

el año 2006 para proponer líneas de política a partir de la

investigación científica y la consulta pública plural. En-

tre otros resultados surgió de esa comisión la propuesta

de creación de la policía nacional y la de la Universidad

Nacional Experimental de la Seguridad, ambas diseña-

das desde un modelo policial completamente sustentado

en el enfoque de derechos humanos, dirigido a erradicar

las prácticas perversas de corrupción, maltrato, tortura

y asesinato que han estado enquistadas en varios or-

ganismos policiales venezolanos, desde la dictadura de

Marcos Pérez jiménez.

El nuevo modelo policial, pensado como proceso de

largo plazo, se ha venido retroalimentando de otra serie

de iniciativas que en el pasado y en tiempos recientes,

han sumado experiencias y saberes para lo que fue la

creación de la Comisión Presidencial para el Control de

armas, Municiones y Desarme el año 2011, así como el

diseño de la Gran Misión “a toda Vida Venezuela”, que ha

sido pensada para abordar integralmente el problema de

la seguridad y el tema particular de la violencia asociada

al uso de armas de fuego.

Dentro de esta iniciativa es interesante notar que se

despliega un proceso de articulación institucional que in-

volucra a distintos entes, actores políticos y sociales que

se deben dedicar a la solución conjunta del problema.

algunas de las instituciones y actores públicos relevan-

tes que convoca la Gran Misión a toda Vida Venezuela

incluye a ministerios de interior, Penitenciario, de juven-

tud, entre otros; universidades, gobernaciones, alcaldías

y comunidades.

Señaladas las acotaciones anteriores sobre el contex-

to sociopolítico, es importante que se describan históri-

camente cómo se han dado las distintas políticas que se

han tomado para los dos períodos de gobierno de Hugo

Chávez, con la finalidad de comprender en un espectro

más completo las políticas, medidas e iniciativas actua-

les. El análisis a continuación –como en los puntos que

preceden‒ considera como documentos clave los Planes

de la Nación y las Memorias y Cuentas.

144 | dossier

2. X Plan Económico y Social de la Nación 2001-2007

En el primer período presidencial de Hugo Chávez se de-

sarrolla el X Plan de Desarrollo Económico y Social de

la Nación que presenta elementos característicos, cen-

trados en cinco equilibrios: económico, social, político,

territorial e internacional. Desde la lógica de los equi-

librios, se plantea la necesidad de desarrollar acciones

para la atención integral de los sectores pobres; procu-

rando entender lo económico como recurso para lo so-

cial. En materia de seguridad se expresa que:

La garantía de los niveles de seguridad ciudadana y

jurídica se alcanzarán con la superación de los des-

equilibrios macrosociales y el desarrollo de estrategias

preventivas control del delito y reestructuración del

sistema penitenciario, con elevada participación de la

familia, los medios de comunicación y la escuela.

El enfrentamiento de los índices de criminalidad, se

asume como una política integral, que comprende, por

una parte, la reducción de las desigualdades sociales,

el incremento del nivel de empleo y la atención a los

grupos sociales relativamente pobres y, por la otra, una

política específica para la prevención y combate de la

criminalidad y la violencia.

Desde el punto de vista de la política específica

para la prevención y combate del delito asegurar así la

tranquilidad ciudadana, se plantea el fortalecimiento

de la coordinación policial con la creación del centro

de coordinación de inteligencia, el incremento de la

participación ciudadana en la prevención y control del

delito, la modernización de los sistemas de la protección

policial de los ciudadanos y de los hogares.

El régimen judicial propiciará el incremento y

la acumulación de la penalidad en delitos graves y la

oportunidad de reinserción social a los transgresores de

la ley que se regeneren, dentro de un sistema peniten-

ciario descentralizado y profesionalizado. Se acelerarán

los procedimientos jurisdiccionales para hacer más

eficiente la administración de justicia y se organizará

una administración descentralizada de la custodia y

rehabilitación del recluso y el desarrollo de programas

de atención post-penitenciaria con la creación del ins-

tituto autónomo Penitenciario (X Plan de Desarrollo

Económico y Social de la Nación 2001-2007: 100).

Estas propuestas se presentan en las memorias y

cuentas a través de acciones específicas para la atención

del delito, a través de la aplicación de acciones descritas

en planes anuales coyunturales como los operativos de

seguridad en períodos vacacionales o de asueto nacional.

Por decreto del 30 de agosto de 1999, con rango y

fuerza de ley orgánica de Reforma de Ley de la adminis-

tración Central, se procedió a la fusión de los ministerios

de interior y justicia para conformar un solo ente, y se

concretó así la fusión de los Ministerios de Relaciones

interiores y el Ministerio de justicia en el Ministerio del

interior y justicia (Mij), y como parte de la reestructura-

ción se crearon tres grandes viceministerios: Relaciones

interiores, Seguridad Ciudadana y Seguridad jurídica. La

nueva administración, dirigida por ignacio arcaya inició


su gestión con la aplicación del Plan justicia 2000, una

acción a corto y mediano plazo destinada a dignificar la

condición de los reclusos de todo el país.

adicionalmente, el nuevo Mij continuó con las acti-

vidades necesarias para la implementación, evaluación,

control y seguimiento del Plan Nacional de Seguridad

Ciudadana.

En el año 2000 se planteó una serie de acciones en

materia de seguridad por la vía de las reformas institu-

cionales y legales, además del financiamiento de proyec-

tos en materia de seguridad, de los cuales vale la pena

destacar:

» La Reforma parcial del Código orgánico Procesal Pe-

nal publicado en Gaceta oficial nº 37022 del 25 de

agosto de 2000 y la reforma del Código Penal, publi-

cado en Gaceta nº 5494 Extraordinario del 20 de oc-

tubre de 2000: El Código orgánico Procesal Penal vi-

gente era un instrumento arcaico que se encontraba

desfasado con la realidad del país para ese momento,

ya que databa de 1926 y por lo tanto, tenía tipifica-

ciones, sanciones y penas anacrónicas. En la reforma

se incluyó el delito de la desaparición forzada de per-

sonas, se penalizó de manera más severa el porte ile-

gal de armas y se incluyeron penalizaciones en caso

de delitos contra medios de transporte.

» a través del Plan Extraordinario de inversión (Sobre-

marcha) se le otorgaron al Mij 60 millardos de bolíva-

res en dos créditos adicionales (31,22 millardos para

el 2000 y 28,78 para el 2001), destinados a finan-

ciar los siguientes proyectos: Prevención del Delito,

Dotación del Cuerpo técnico de Policía judicial, Siste-

ma Penitenciario, Modernización del Sistema Regis-

tral y Notarial Venezolano, Seguridad y Convivencia

Ciudadana, conformado por el Centro de Comando y

Control de Coordinación Policial (CCP) y Centro de

Coordinación de inteligencia (CCi).

» El CCP fue aprobado por el Presidente mediante de-

creto nº 734 publicado en Gaceta oficial nº 5450

Extraordinario de fecha 23/03/2000. Su objetivo

principal era gerenciar de manera coordinada la ac-

tividad de los diferentes cuerpos policiales existentes

en el país, optimizando el cumplimiento de sus fun-

ciones. antes no existía un CCP sino que cada cuerpo

actuaba sin coordinación.

» El CCi se creó por instrucciones del Presidente en

Punto de Cuenta nº 12 de fecha 17/02/2000. Su

función principal era servir de foro para que los or-

ganismos que se ocupan de la inteligencia criminal,

pudiesen establecer vínculos de coordinación y así,

actuando en una misma dirección, optimizar el es-

fuerzo de inteligencia en la lucha contra el crimen.

(Mij. Memoria y Cuenta, 2000: V-Vi).

La seguridad ciudadana se centra en tres elementos

esenciales que se reflejan en la organización del nuevo

Viceministerio de Seguridad Ciudadana, que desarrolla

sus acciones en tres vertientes. La primera, la Seguridad

pública, mantenimiento del orden y la garantía de los dere-

chos ciudadanos, que abarca un abanico de acciones para

la prevención y la lucha contra el delito en todo el país.

146 | dossier

La segunda vertiente estaba relacionada con los avances

tecnológicos ejecutados por el Cuerpo Técnico de Policía Judi-

cial en el desarrollo de las investigaciones penales y cri-

minalísticas. Y la tercera vertiente se orientaba hacia el

componente carcelario.

Ese mismo año se llevó a cabo un proceso de depura-

ción de los cuerpos policiales en el área de personal y nó-

mina con el objeto de erradicar la corrupción policial y se

realizó un examen antidoping a los funcionarios policia-

les del país. Se activó el servicio telefónico de emergencia

nacional 171 y 800 aLERta y se implementó una pla-

taforma comunicacional de inteligencia para hacer más

expedita la actuación de los cuerpos policiales y los orga-

nismos de seguridad del Estado. también se digitalizó y

unificó el archivo de huellas dactilares, con el fin de con-

formar un registro centralizado de prontuario policial.

En el mismo esquema institucional del año anterior,

en el 2001 el Mij desarrolló 10 importantes programas

relacionados con la seguridad ciudadana:

a. Programa de apoyo a la Reinserción Social de Delin-

cuentes y de Menores de Edad en Situación irregular.

b. Plan extraordinario de inversiones: se invirtieron 15

millardos de bolívares en la ampliación y recupera-

ción del sistema penitenciario a través del Fondo para

Edificaciones Penitenciarias (FoNEP). El 6% de estos

recursos fueron designados a Prevención del Delito y

el 30% a la dotación del CiCPC.

c. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo:

Se suscribió un convenio con el PNUD para el fortale-

cimiento de la Seguridad Ciudadana y jurídica.

d. Sistema de identificación Nacional y Control Ciu-

dadano: Se estableció un convenio con la empresa

Hyundai para la modernización del sistema.

e. Reforma Legislativa: se sancionó la Ley de Coordina-

ción de Seguridad Ciudadana (Decreto nº. 1453)

f. Se continuó el proceso de reestructuración del Minis-

terio de interior y justicia.

g. Se firmaron convenios para continuar con la dota-

ción del CiCPC.

h. Se impulsaron programas de acción educativa para

la custodia y la rehabilitación de los reclusos del país.

i. a través del Plan Extraordinario de inversiones se

ejecutaron proyectos para la prevención del delito

en cooperación con las organizaciones: Consultores

21, Escuela de Vecinos de Venezuela, Consorcio jus-

ticia, Fundación Luz y Vida y Escuela de Gerencia

Comunitaria.

j. Se impulsó el proyecto de Dotación del Sistema Nacio-

nal de Defensa Civil.

Durante el 2002 la gestión del Mij ya entró de lleno

en el marco establecido por las Líneas Generales del Plan

de Desarrollo Económico y Social 2001-2007. Ese año se

intervino la Policía Metropolitana, luego del triste rol que

jugó este cuerpo policial en la conspiración y ejecución


del golpe de Estado de abril de 2002, bajo el liderazgo y

conducción protagónica del otrora alcalde mayor de Ca-

racas, periodista alfredo Peña.

Ese mismo año se comienzan a establecer medidas

de control por parte de la Compañía Venezolana de in-

dustrias Militares y de la Dirección de armas y Explosi-

vos hacia los organismos policiales a escala nacional, de

donde vale resaltar la experiencia del General julio Mora-

les Prieto, quien expresó en una entrevista realizada para

esta investigación que:

Después de la ley de desarme. Se hicieron las primera

revistas, después hicimos una en conjunto con el Mi-

nisterio de interior y justicia donde, después de la crea-

ción de la Policía Nacional Bolivariana, entonces ahí

si se definió muy bien qué tipo de arma puede utilizar

una policía con competencia nacional, organismo de

investigación, los grupos especiales, quien tenía que

tener grupos especiales, la Policía Nacional Bolivaria-

na como organismo nacional, la policía regional, las

policías municipales, y se determinó que cantidad, que

tipo de arma debían tener en función de su función o en

relación con su función, por eso, es que, por decirte algo

la policía de tipo municipal no deberían tener material

de orden público porque su competencia es netamente

preventiva y administrativa y no de control del orden

público, entonces al no tener orden público ya el núme-

ro de escopetas se reduce, ya el número, la presión de es-

copeta de repetición también se reduce y ahí fuimos po-

niendo orden a la cosa, lo cual no ha sido fácil en todas

las policías, yo te puedo decir que durante mi gestión en

DaEX a la policía de Sucre le incautamos subametralla-

doras Uzi, a la policía de Miranda le decomisamos Su-

bametralladora Greca y fusiles MP5, la policía del Zulia

tenía un grupo de acciones especiales y legales, que te-

nía unas carabinas Colemen 9 milímetros, eso era un

carnaval y cada quien compraba lo que creía y lo que

quería, decomisamos fusiles y fales en adelante, cuando

llega el momento que con la aparición del DaEX, como

órgano controlador de las policías, se empieza a estable-

cer el marcaje, se empieza a establecer el permiso de la

adquisición, se empieza a hacer la creación de la oP que

es el marcaje que le hacemos al arma o cualquier arma,

un arma de un organismo policial que no esté marcada

oP es ilegal y por ende sujeta a decomiso. Cuando em-

pezamos a controlar un poco fue mejorando un poco

la situación sobre todo las policías regionales que eran

muy reacias a someterse a la reinspección, que pasó en-

tonces se coordinó con el DaEX con CaViM para que

no se le vendiera a ninguna quien no estuviera al día,

olvídate por acá no vienes, primero ponte al día con

DaEX. a partir del 2002 con la Ley Desarme fue evo-

lucionando eso, es un camino bastante largo, bastante

difícil, con la resistencia al cambio, con la resistencia al

control, digamos en algunos casos la concepción de las

policías regionales y municipales eran de autonomía

plena, que son los escoltas del gobernador, del alcalde

que son los que lo cuidan, entonces, sabes ese tipo de

informaciones que lamentablemente ha habido que

todavía estamos peleando para quitarlas, y más o me-

nos esa ha sido la historia y más o menos ese es el como

148 | dossier

nosotros hacemos nuestras programación. (Entrevista

al General julio Morales, 2012)

El testimonio anterior hace ver que la promulgación

de la Ley Desarme en agosto de 2002, apenas cuatro

meses después de ocurrido el golpe de Estado y como

preámbulo del sabotaje petrolero que inició en diciembre

de ese año, constituyó un hito fundamental, que pese a

las fallas que pudieran atribuírsele al texto legal, por lo

menos permitió dar inicio a ciertas medidas de control en

un contexto bastante álgido desde el punto de vista de la

polarización política. al respecto es llamativo que en su

artículo 1 se exprese que:

Esta Ley tiene por objeto el desarme de las personas, que

porten, detenten u oculten armas de fuego de manera

ilegal, a los fines de salvaguardar la paz, la conviven-

cia, la seguridad ciudadana y de las instituciones, así

como la integridad física de las personas. (Ley Desarme,

2002)

Un dato importante, que da muestra de lo delicado de

la situación en la que se promulga dicha ley, lo aportó

el General Gerardo Velásquez en entrevista para esta in-

vestigación, respecto a que para el momento en el que

ocurrió el golpe de Estado al presidente Chávez en abril

de 2002, el encargado de la Dirección de armas y Ex-

plosivos (DaEX), era el almirante Carlos Molina tama-

yo, activo conspirador y cabecilla del golpe de Estado, de

quien se presume facilitó una fuga significativa de armas

de variado calibre del Parque de armas para el desarrollo

del golpe. a continuación su discurso:

El tema de armas siempre ha sido un tema de seguridad

de Estado de hecho partimos constitucionalmente de

que todas las armas son del Estado, tú te puedes ir a una

armería y pagar un arma pero todas lar armas son del

Estado hay esa particularidad, eso de caja negra bueno

yo me imagino que eso precisamente estaba contenido

dentro de la política de seguridad de Estado, un Estado

trata de preservar esa información en pro de su auto-

defensa. Pero de todas maneras los registros siempre

han sido claros, transparentes y más efectivos, porque

hubo un manejo un poco turbio en esa época en la vía

de la gestación del golpe de Estado, orientado a esa ges-

tación del golpe de Estado y eso lo vivimos después de

2002, 2003, que en la preparación estuvieron inmis-

cuidos una serie de profesionales tristemente apátridas

que lo manejaron a su intencionalidad y a su criterio

y por supuesto obedeciendo instrucciones del imperio

pero, afortunadamente, pudimos rescatar esa condi-

ción, recuperamos el registro y hemos estado tratando

de llevar el proceso controlado y regularizado como lo

hacemos hasta ahora. Entonces, llámelo coincidencia,

pero esos son intríngulis que dan evidencias de que eso

fue bien planificado y bien pensado, eso no salió por ca-

sualidad ni fue una orientación de esfuerzo masivo a la

gente a reaccionar ante un evento específico. Eso venía

cocinándose pero con buena fragua, con meditación

y premeditación bien importante y en contra de todos

los venezolanos, es venezolano contra venezolano,


esos son los pequeños detalles que uno hace dar cuenta

cuando todavía hay gente que se pregunta: ¿fue golpe?

¿No fue golpe? ¡Por supuesto que fue un golpe! Molina

tamayo estaba sentado en esta silla, tenía todo el poder

de comercialización de armas, tenía todo el poder de au-

torización de ingresos de armas al país y tenía todo el

poder para dotaciones de armas a esos eventos, a esos

personeros específicos que fueron o contravinieron el

orden público en ese día. Entonces bueno eso es parte

también del saboteo, el golpe venía y tuvo tiempo aquí,

él estuvo dos, tres años aquí, y conoció el sistema para

saber cuáles son las fracturas y las debilidades, y enfo-

carse a ello y utilizarlo como herramienta importantísi-

ma, la raíz del control de las armas en el país un puesto

sumamente clave, y la persona que está aquí tiene que

estar muy clara de lo que está haciendo. (Entrevista Ge-

rardo Velásquez, 2012)

Siguiendo el análisis sobre las políticas en este con-

texto, vemos que año 2003 se desarrollaron acciones

previstas en el “Plan Estratégico Nacional de Prevención

de la Violencia 2001-2003”, cuya finalidad era organi-

zar la plataforma nacional para la ejecución de una Polí-

tica de Estado dirigida a la prevención de la violencia y a

la consolidación de la convivencia y la paz en pro de una

mejor calidad de vida de las comunidades.

Las líneas operativas de dicho plan se ejecutan a tra-

vés de 21 coordinaciones Estadales de las cuales 18 esta-

ban adscritas al Mij y 3 estaban descentralizadas (Delta

amacuro, Nueva Esparta, Sucre). a través de un progra-

ma de municipalización, en alianza con las alcaldías del

país, se crearon oficinas en los municipios, y estaba pre-

visto que se firmaran convenios inter-administrativos de

encomienda, a fin de aumentar la presencia y el impacto

de los programas de prevención del delito en el país.

La Dirección General de Prevención del Delito del Mij

participó en el Subcomité de Estadísticas sobre Niños, Ni-

ñas y Adolescentes bajo la tutela del instituto Nacional de

Estadísticas, con el objetivo de actualizar, integrar, armo-

nizar y homogeneizar estadísticas relativas a la niñez y

adolescencia en el país, de acuerdo con lo establecido en

la Ley orgánica de la Protección del Niño y del adoles-

cente (Mij. Memoria y Cuenta, 2003)

En 2003 también se formuló el Plan Nacional Integral

de Seguridad Ciudadana, que tenía como objetivo fortale-

cer la coordinación de los cuerpos policiales del país, fun-

damentada en una herramienta técnico–metodológica

que permitiera afrontar con eficiencia y eficacia la de-

lincuencia, que ya desde hacía tiempo venía siendo una

de la principales preocupaciones de los ciudadanos y del

país en general. En este mismo marco, se realizaron ac-

tividades de coordinación con las Direcciones Estadales

de Seguridad Ciudadana y con los cuerpos policiales de

los Estados y Municipios (Mij. Memoria y Cuenta, 2003:

201).

Durante el 2004, que fue el año en el que se encon-

traron un grupo de paramilitares y se organizaron las

llamadas “guarimbas” o piquetes de las calles de las prin-

cipales ciudades del país por parte de grupos opositores al

gobierno, las políticas sobre seguridad estuvieron alinea-

das en con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la

Nación 2001-2007.

150 | dossier

Con el objetivo de bajar los índices delictivos e in-

crementar la percepción de seguridad por parte de los

ciudadanos, se colocó énfasis en la coordinación y ar-

ticulación efectiva de los Cuerpos de Seguridad, para lo

cual se destinaron importantes esfuerzos y recursos pre-

supuestarios y financieros para la dotación de equipos y

vehículos a instituciones como el Comando de Seguridad

Urbana de la Guardia Nacional y los distintos Cuerpos

Policiales descentralizados; así mismo, se definió e im-

plantó el “Plan Piloto de Seguridad Ciudadana” en el

Distrito Capital (Memoria y Cuenta Mij 2004, pp. i-ii).

también resalta la labor de los programas de seguridad

pública desarrollados en los diferentes actos electorales

realizados ese año, en los cuales no hubo mayores nove-

dades qué destacar.

Ese mismo año, estando jesse Chacón a cargo del des-

pacho, el Mij asumió de manera más frontal la partici-

pación ciudadana como parte integral de las políticas de

seguridad del Estado:

En la sociedad actual se debe concretar la noción de

riesgo, no hacerlo sería continuar con opciones obso-

letas, que nos condenarían a cometer los errores del

pasado, por lo que, en la idea de fomentar los sistemas

comunitarios inteligentes, la prevención debe ser inter-

nalizada como elemento estructural de nuestra cultu-

ra. En concordancia con ello, el Ministerio de interior y

justicia se dedicó a fomentar los procesos participativos

de base, en torno a la prevención del delito, mediante el

establecimiento de redes de acción donde sean los mis-

mos actores involucrados los que como protagonista

adopten respuestas eficientes, con la premisa de que son

las mismas comunidades las que conocen y establecen

mejor sus problemáticas y sus respuestas, además de

ser el eslabón obligatorio para establecer la sustentabili-

dad en la materia que como órgano del Estado se busca

implantar. En este sentido, se atendieron 1424 plante-

les públicos y privados; 132 escuelas bolivarianas y se

capacitaron 5996 docentes. igualmente, se atendieron

1974 comunidades; sensibilizados y formados 14939

líderes comunitarios y miembros de organizaciones y

3140 agentes multiplicadores en materia preventiva

(Mij. Memoria y Cuenta, 2004: ii).

En concordancia, desde la Dirección General de Pre-

vención del Delito se realizaron los siguientes programas:

a. Programa de Prevención en Educación: su objetivo fue pro-

mover la formación de una cultura preventiva en

la comunidad educativa mediante actividades for-

mativas en los niveles de educación básica, media y

diversificada, para fortalecer un sistema de valores

orientado al desarrollo de una conducta individual

y colectiva en pro de la formación de una sociedad

responsable.

b. Programa Prevención en Comunidad: su objetivo fue promo-

ver la participación activa de grupos comunitarios en

la planificación, ejecución y supervisión de proyectos

preventivos con el propósito de resolver las necesida-

des inmediatas de las comunidades en esta área. al

mismo tiempo pretendió motivar, sensibilizar, orien-

tar, informar y capacitar a los colectivos organizados


y a la sociedad en general brindando estrategias y

técnicas que le permitieran su participación y mul-

tiplicación de estos conocimientos en el procesos de

restauración del tejido social.

c. Programa Centros de orientación, Prevención y Tratamiento:

con este programa se brindó asistencia integral, am-

bulatoria y gratuita a toda persona que presentara

problemas de índole sicosocial relacionados directa o

indirectamente con el consumo de drogas, trastornos

conductuales y situaciones de riesgo en general. Para

el año 2004 estos centros funcionaban en los estados

aragua, Carabobo, Cojedes, Falcón, táchira, trujillo

y Yaracuy.

d. Programa de Información y Formación Preventiva: su objeti-

vo fue formar y unificar recursos para el desarrollo

y ejecución de políticas y programas en materia de

prevención del delito y difundir, divulgar y promover

mensajes preventivos destinados a fortalecer la con-

ciencia ciudadana.

e. Estudios Criminológicos: su objetivo fue sistematizar y

analizar ocurrencias delictivas en el país e informar

a las instituciones competentes y a la sociedad civil

en general sobre el fenómeno criminal en el ámbito

nacional e internacional. Con estos estudios también

se promovieron y desarrollaron investigaciones en

el área criminológica, victimológica y psicológica, lo

cual le brindó soporte científico a los planes, progra-

mas y políticas que se desarrollaron en materia de

prevención del delito. Durante el 2004 se elaboraron

investigaciones sobre: Prostitución infanto-juvenil

en Venezuela y análisis Histórico del Comportamien-

to del Delito en Venezuela 1995-2003.

Desde el Ministerio de la Defensa, ese año de 2004 co-

mandado por el General jorge García Carneiro, se llevó a

cabo en el Paseo Los Próceres de la ciudad de Caracas, un

evento denominado “justicia para quienes han sido afec-

tados por la violencia armada”, en el cual, se destruyeron

del Parque Nacional del Ejército 5423 armas de fuego de

tipo pistola, 3665 tipo revólver, 2275 escopetas, 10 ri-

fles, 38 armas de fuego de fabricación casera y 19 armas

automáticas, totalizando 28 toneladas de hierro que fue-

ron comercializadas para donar fondos a la asociación

Nacional de Parálisis Cerebral (aNaPaCE), La Funda-

ción de amigos del Niño con Cáncer y la Fundación de

Víctimas de las violencias por armas de fuego (FUViVa).

El General julio Morales refiere sobre esta acción de

destrucción de armas que:

…antes de la Ley Desarme y sobre todo en la cuarta Re-

pública, yo te lo puedo decir con propiedad porque soy,

no solo en mi condición de militar sino en mi especiali-

dad de armamento, la cual trabajé toda mi vida profe-

sional, he trabajado toda mi vida profesional veinticin-

co años en DaRFa como se llamaba antes la DaEX, era

como una caja negra, es decir, tú sabías que entraban

unas armas pero ni pendiente de qué se iba hacer ahí,

ni qué se hacía ni como hacía y no estoy hablando solo

del mundo militar o de los organismos policiales, estoy

hablando de cualquiera, eso nos ha permitido a medida

152 | dossier

del tiempo evolucionando hasta las destrucciones de

armas que fueron producto de la revolución, antes en la

cuarta jamás hubo no solo un registro sino jamás hubo

una destrucción de armas, ¡jamás! (Entrevista julio Mo-

rales, 2012)

también en 2005 las políticas y las actividades desa-

rrolladas por el Mij estuvieron alineadas en concordan-

cia con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la

Nación 2001-2007, que ya entraba en su Nueva Etapa.

Se continuó con el Plan Nacional de Seguridad Ciudada-

na, tomando como referencia a la CRBV, Ley orgánica de

la Fuerza armada Nacional, Ley orgánica de Seguridad

y Defensa, Ley para el Desarme, entre otras. Este Plan

consistió en la ejecución de operaciones coordinadas en-

tre órganos policiales y comunidades, tanto en el campo

preventivo como de seguridad del Estado. Como producto

del Plan se redujeron en 50% los índices delictivos en el

área metropolitana de Caracas y en los estados Miranda

y Vargas.

Durante este plan se continuó con algunos progra-

mas y proyectos de años anteriores, y se agregaron otros.

Fueron los siguientes:

a. Programa de Prevención en Educación.

b. Programa Prevención en Comunidad.

c. Programa Centros de orientación, Prevención y

tratamiento.

d. Programa Participando en el Barrio: mejoro mi cali-

dad de vida.

e. Programa de Formación y Capacitación de Líderes

Comunitarios.

f. Programa Centros Educativos: un espacio para la pre-

vención integral.

g. Programa Redes de Seguridad Ciudadana: hacia la

construcción del equilibrio social.

h. Programa turpial Mágica Esperanza.

i. Formación y Capacitación en Prevención integral a

los organismos de Seguridad del Estado.

j. Programa de Sensibilización y Capacitación en Ma-

teria de trata.

k. investigaciones Criminológicas: durante el 2005, has-

ta los momentos, se realizan las siguientes antepro-

yectos de investigación: “trata de Personas”, “Capa-

citación policial en materia de Derechos Humanos y

victimología en el Distrito Metropolitano de Caracas y

el estado aragua (2004-2005)” y “Violencia Escolar”.

Ese mismo año se creó la línea telefónica 0800-DHU-

MaNo para facilitar la solicitud de asesoría jurídica en

materia de Derechos Humanos entre la ciudadanía.

3. Período de gobierno 2006-2012

Entre las políticas de seguridad desarrolladas por el Mij

en 2006, destaca el proceso de Fortalecimiento de la

Seguridad Ciudadana, en el cual se establecieron y con-

cretaron diferentes acciones tales como la formación en


materia de prevención hacia comunidades de diferentes

zonas del país con altos índices delictivos, incluyendo co-

munidades educativas y cuerpos de seguridad, teniendo

la finalidad de integrar a la ciudadanía en la disminu-

ción de la ocurrencia de delitos en el país (Mij. Memoria

y Cuenta, 2006: 11).

En abril del año 2006, se inicia el proceso de investi-

gación y consulta para la reforma policial con la creación

de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Co-

NaREPoL), iniciativa esta que respondía a las demandas

expresadas por ciudadanos y ciudadanas, respecto a la

posibilidad de transformar los cuerpos policiales para

ajustarlos al enfoque sobre derechos humanos contenido

en la Constitución.

La CoNaREPoL como ente ad hoc adscrito al Ministe-

rio de interior y justicia, desplegó un intensivo proceso de

investigación diagnóstica y consulta nacional, para defi-

nir el modelo policial deseado por la sociedad venezola-

na. Entre otras propuestas, se determinó la necesidad de

crear una policía nacional, que cumpliera con estánda-

res de calidad y modernización, a través de la formación

de alto nivel y la capacitación permanente de todos sus

funcionarios.

Siguiendo algunas de las directrices de política ema-

nadas por el Mij desde las propuestas de la CoNaPRE-

PoL, en el año 2007 se adelantaron esfuerzos en la con-

formación del Frente de Voluntarios de Prevención del

Delito, integrado por más de 11652 personas.

Desde ahí se abordaron temáticas como la trata de

personas, la violencia intrafamiliar, la prevención en el

uso y abuso de drogas, el abuso sexual y la pornografía

infantil, el embarazo adolescente, la prevención de la vio-

lencia, la criminalidad y seguridad ciudadana, efectuán-

dose 811 asambleas y reuniones en las comunidades,

que tuvieron como finalidad detectar sus necesidades

y problemas en cuanto a la delincuencia e inseguridad

para tratar de canalizar sus diferentes demandas a través

de 137 jornadas de prevención integral, las cuales bene-

ficiaron a 75098 personas, con la instalación de 47 pun-

tos de contactos informativos. también se crearon 23

Círculos de Estudio y trabajo liderados por los brigadistas

del tercer Motor definido para la propuesta de Reforma

Constitucional del año 2006: Motor Moral y Luces. tam-

bién se firmaron 242 convenios interinstitucionales en

pro de las 2442 comunidades atendidas” (Mij. Memoria

y Cuenta, 2007: i)

a partir del año 2008 los proyectos ejecutados por el

Mij fueron enmarcados en los lineamientos del Primer

Plan Socialista Simón Bolívar 2007-2013, y sus accio-

nes fueron encaminadas a la realización plena del Socia-

lismo del Siglo XXi. Las acciones en materia de Seguridad

Ciudadana del Mij incorporaron a los Consejos Comuna-

les en reconocimiento de su rol como célula primordial

de organización comunitaria.

En ese marco, el 2008 se le da concreción con la Mi-

sión alma Máter, al proyecto de creación de la Universi-

dad Nacional Experimental de la Seguridad en la sede de

El Helicoide, que luego es ampliada con la construcción

de una nueva sede en la parroquia Sucre.

En el año 2009 se plantea el desarrollo del Plan Na-

cional integral de Prevención y Seguridad Ciudadana, el

cual involucra los siguientes radios de acción:

154 | dossier

a. Sistema Nacional de Prevención.

b. Conformación del Sistema integrado de Policía.

c. Conformar el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.

d. transformar los Cuerpos de Policías Estadales y

Municipales.

e. transformar el Sistema de justicia Penal y otras refor-

mas legislativas.

f. Enfrentar el narcotráfico y prevenir el consumo de

sustancias estupefacientes y sicotrópicas.

g. Sistema Penitenciario.

Del mismo modo, considerando la política Nacional

de Desarme, que desde ese año adelantó el Gobierno na-

cional, se destruyeron 32.467 armas de fuego, para un

peso total de 52.366 kg.

En el marco del Consejo Nacional de Prevención y Se-

guridad Ciudadana, se dio inicio a la Encuesta Nacional

de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana

2009, en convenio con el iNE. Se activó el cuerpo de Po-

licía Nacional Bolivariana con un primer contingente de

952 efectivos y se promovió la incorporación de los con-

sejos comunales a las acciones en materia de seguridad

ciudadana.

En el año 2010, la exposición de la Memoria y Cuen-

ta por parte del ministro de interior y justicia, tareck El

aissami, se centra en cuatro premisas:

a. PRIMERA PREMIsA: siempre hemos reconocido y asumi-

do que la inseguridad es un problema en nuestro país.

b. sEGUNDA PREMIsA: si nosotros creemos, o si alguien

piensa que la solución a la inseguridad se reduce al

espectro policial y su tratamiento es estrictamente re-

activo y represivo, estaríamos atacando el problema

por las ramas y no por las raíces.

c. TERCERA PREMIsA: somos herederos de una cultura de

violencia e impunidad.

d. CUARTA PREMIsA: la solución al problema de la inseguri-

dad implica CoRRESPoNSaBiLiDaD.

Se activó el operativo Dispositivo Bicentenario de Se-

guridad Ciudadana (DiBiSE), que en palabras expresadas

en la Memoria y Cuenta del año 2010 plantea que: “Este

dispositivo se basa en estudios científicos y en el mapa de-

lictivo del país, donde se determinó que más de la mitad

de los delitos suelen ocurrir en el lugar de residencia, lo

que le da un carácter local y comunitario a la crimina-

lidad. El Dispositivo de Seguridad Bicentenario consiste

en un conjunto de acciones operativas, orientadas a sie-

te objetivos específicos: a) Desarme. b) Microtráfico de

drogas. c) Control de alcohol y especies alcohólicas. d)

Violencia Escolar. e) investigación Criminal. f) Vigilan-

cia y Patrullaje. g) Control Vial. (Mij. Memoria y Cuenta,

2010: XVi).

En octubre de 2010, se desató un conflicto interno

entre grupos armados dentro del penal de tocorón, en el

estado aragua. Debido a la intensidad y la duración del


enfrentamiento causada por el alto poder de fuego que

poseían los internos, que contaban con un arsenal de

armas de alto calibre, granadas, pistolas, subametralla-

doras, bombas lacrimógenas superaba al de las propias

fuerzas de seguridad del Estado, por lo que el Ejército se

vio en la obligación de tomar el establecimiento en una

operación que tomó tres días y en la que participaron

unos 1800 efectivos equipados con tanquetas y helicóp-

teros, dejando un saldo de 16 reclusos muertos y 35 he-

ridos en una población de 4000 reclusos que convivían

en un recinto que contaba con una capacidad operativa

de 700 reclusos.

Comenzando el año 2011, el Cuerpo de investigacio-

nes Penales y Criminalísticas (CiCPC) inició un operativo

denominado Madrugonazo al hampa, con la finalidad de

desarticular bandas delictivas, incautar armas y luchar

contra el microtráfico. En este tipo de operativos se in-

corpora la modalidad de denuncia anónima comunita-

ria a través de un número telefónico. Según información

aportada por el CiCPC, en la primera quincena de enero,

lograron incautar –gracias a los operativos‒ 308 armas

de fuego en todo el territorio nacional.

Sin embargo, al estilo de los viejos operativos en los

barrios y zonas populares, pronto se recibieron sendas

críticas por parte de activistas en derechos humanos. En

entrevista ofrecida al diario El Nacional, Pablo Fernández,

director para ese momento de la oNG Red de Apoyo para

la Justicia y la Paz y actual secretario técnico de la Comi-

sión Presidencial para el Control de armas Municiones y

Desarme, advirtiendo una especie de esquizofrenia de la

política de Estado, expresaba lo siguiente:

Por una parte, se promueve un nuevo modelo poli-

cial y hasta se crea una universidad para formar a los

funcionarios con énfasis en el respeto de los derechos

humanos; y por la otra, se reeditan las peores prácticas

asociadas a las ideas de mano dura y plomo al hampa,

como las redadas que hacían los pantaneros de la Po-

licía Metropolitana. Estos madrugonazos constituyen

actos de violación de derechos humanos por donde los

veas. (Las viejas redadas de la PM ahora son los madrugo-

nazos del CICPC. Disponible en: http: //www.reporte-

ro24.com/2011/02/inseguridad-las-viejas-redadas-

de-la-pm-ahora-son-los-madrugonazos-del-cicpc/)

Más adelante planteaba que los “madrugonazos”:

…son acciones epilépticas que pretenden mostrar resul-

tados que no son reales. Y, además, corresponden a una

visión discriminatoria del combate a la delincuencia. La

gente del barrio queda doblemente victimizada, pues no

solo debe lidiar con los delincuentes sino también con la

represión policial. ¿Por qué no hacen estos madrugona-

zos en el Country Club? (idem. En: www.reportero24.

com/2011/02)

En mayo del año 2011, fue formalmente juramen-

tada la Comisión Presidencial para el Control de armas,

Municiones y Desarme, la cual, desde la experiencia ob-

tenida con la CoNaREPoL, se basa en el desarrollo de

investigaciones y consultas públicas para la generación

de propuestas de política pública con sustento científi-

co y evidencia empírica comprobable, de acuerdo a las

156 | dossier

siguientes áreas de trabajo, definidas por Pablo Fernán-

dez, seleccionado secretario técnico de la Comisión:

…elaboración de una gran consulta nacional, para

identificar propuestas y aportes vinculados con el con-

trol de armas y reducción de la violencia; realización

de campañas masivas en pro del desarme y la genera-

ción de una cultura de paz y convivencia; desarrollo

de investigaciones de diversa índole para comprender,

con basamento científico, las distintas dimensiones del

problema en la sociedad y finalmente, la definición de

medidas a corto plazo para que sean aplicadas por los

órganos correspondientes del poder público, en aras de

reducir significativamente la presencia de armas en la

calle. (Fernández, 2012: 2)

Un factor importante dentro de la gestión de la co-

misión, ha sido la articulación institucional y retroa-

limentación de datos con la Comisión Mixta de Política

interior, Defensa y Seguridad de la asamblea Nacional,

encargada de la redacción del proyecto de Ley para el

Desarme y Control de Municiones. Esta comisión de ca-

rácter plural, que también ha elaborado una amplísima

consulta desde la figura del parlamentarismo de calle

con actores y sectores diversos, ha comparado y triangu-

lado sus resultados con los de la Comisión Presidencial,

para afinar detalles respecto a las medidas sugeridas y la

formulación precisa de la Ley.

Dentro de ese proceso, el 2011 fueron aprobadas

por el Presidente de la República una serie de medidas

que redundan en beneficio de los objetivos de ambas

comisiones. En primer lugar medidas de control de porte,

tenencia y comercialización.

Respecto al porte y tenencia de armas se estableció

absoluta restricción de armas en el transporte público,

mientras que para la venta y comercialización se esta-

bleció la restricción de venta de armas se da a través de

la prohibición de la importación y comercialización, eli-

minando la potestad de empresas privadas o armerías y

adjudicando esa función exclusivamente al Ministerio de

interior y justicia, organismo ahora encargado de vender

las municiones y armas a los cuerpos policiales sobre la

base de un protocolo, número de funcionarios, registro

de municiones y caracterización de su uso como arma de

entrenamiento o de carácter oficial.

No obstante, pese a que algunas medidas como des-

trucción armas incautadas en hechos delictivos, marca-

je de armas de acuerdo con códigos específicos y registro

pormenorizado y automatizado de las armas, represen-

tan algunas de las medidas efectivamente incorporadas

en el lanzamiento de la Gran Misión “a toda Vida Ve-

nezuela”, dirigida al abordaje integral e interinstitucio-

nal del problema de la inseguridad en nuestro país, las

contradicciones siguen marcando pauta en determi-

nadas situaciones como el desarme en las instituciones

carcelarias.

al respecto, sirven de ejemplo dos sucesos que con-

movieron a la opinión pública el 2011 en la cárcel de El

Rodeo y en mayo de 2012 en el Retén judicial de La Plan-

ta por el uso desproporcionado de armas por parte de los

reclusos de ambos recintos penitenciarios. Normalmente


son conflictos entre bandas dentro de las cárceles, que se

disputan el poder para manejar recursos internos.

así, el 12 de junio del año 2011, el conflicto inició

con el asesinato de un ex presidiario que se encontraba

de visita, y quien según testimonios de otros reclusos, se

dirigió al sector La torre portando un arma que le había

sido prestada en el anexo a. El líder del anexo a fue a re-

clamar a La torre y fue asesinado junto con un grupo de

evangélicos que lo estaban recogiendo, y allí se prendió

la mecha del conflicto, que se prolongó por 27 días de-

jando un saldo de 26 reclusos muertos y 22 heridos. La

situación fue controlada gracias a la acción de las fuerzas

de seguridad del Estado, que lograron retomar el control

del penal en una operación en la que participaron unos

cinco mil efectivos. En estos sucesos tuvo una importante

participación el canal de televisión privado Globovisión,

que difundió imágenes sensacionalistas y realizó una co-

bertura viciada de los sucesos, violando la ley de Respon-

sabilidad Social en Radio y televisión, lo cual le ameritó

una severa sanción económica por parte de los organis-

mos correspondientes.

El 17 de mayo del presente año [2012] finalizó un

intenso conflicto que estalló en el Retén judicial de La

Planta con la detección de una fuga supuestamente ma-

siva de reos, a través de un túnel que desembocaba ha-

cia la autopista Francisco Fajardo. Esta situación dejó en

evidencia las falencias existentes en materia de control

penal y desató un conflicto con los llamados “pranes” del

centro de detención que desencadenó enfrentamientos

armados que mantuvieron en vilo a la comunidad local

y nacional, ya que el conflicto planteaba la diatriba de

solucionar el conflicto mediante una colosal demostra-

ción de fuerza por parte los cuerpos del Estado ‒lo que

se hubiese traducido en una masacre‒, o buscar una

solución por la vía política. El final del conflicto ocurrió

por la vía de la negociación con los internos alzados y se

logró el desarme y el traslado pacífico de los reos hacia

otros penales, así como el cierre definitivo de este centro

de detención.

En ese marco, a continuación se presenta el pliego de

recomendaciones específicas, surgidas de las entrevistas

a los expertos seleccionados. algunas con la explicación

detallada de las medidas ya mencionadas en el párra-

fo anterior, así como la presentación de otras sugeren-

cias de política para el control de armas, municiones y

desarme.

ámbitos, medidas y políticas para el control de armas, municiones y desarme

Una vez caracterizadas las políticas públicas para el pe-

ríodo de la democracia participativa, es importante defi-

nir cuáles son los principales ámbitos de acción que sur-

gieron de la presente investigación, para reglamentar y

formular las nuevas políticas:

a. El primero de ellos, el control en el uso de armas en

los cuerpos policiales y de seguridad pública, a partir

de la definición de roles por ámbito geográfico y de

competencia específica de los entes policiales.

b. El segundo ámbito, de importación y comerciali-

zación; con el control de la importación de armas y

158 | dossier

comercialización a terceros por parte de entes priva-

dos como empresas de seguridad y armerías, otor-

gando la exclusividad a la Compañía anónima de

industrias Militares (CaViM).

c. El tercero, el control de armas en las comunida-

des y portes a ciudadanos priorizando políticas de

prevención.

d. El cuarto, la seguridad fronteriza para el resguar-

do de la soberanía nacional, donde el uso de armas

debe ser potestad de la Fuerza armada y no de grupos

paramilitares

e. El quinto, que sería el control de armas en el sistema

penitenciario, que implica desmantelamiento de sis-

temas paralelos de poder carcelario para la introduc-

ción y uso de armas en los recintos penitenciarios.

Para cada uno de esos ámbitos, existen medidas y

propuestas, algunas específicas y otras transversales que

ya entraron en funcionamiento, y otras que están por

ejecutar en el marco general de la Ley para el Desarme,

Control de armas y Municiones y la Gran Misión “a toda

vida Venezuela”. Entre otras:

» Realización de Marcaje de armas de fuego de acuerdo con códi-

gos que determinan su origen. El marcaje de armas que,

en conjunto con el registro balístico, viene a ser la

huella digital del arma que la identifica como única

en sus características y orígenes; según explicó el ge-

neral julio Morales, el cañón de cada arma es rayado,

a efectos de darle trayectoria, velocidad y alcance a la

trayectoria balística. Esa es la raya que tiene el proyec-

til, es como la huella digital del arma, de manera que

es posible comparar si la munición que conseguiste

salió de determinada arma, porque antes de vender o

asignar el arma, esta se dispara y se le toma una foto-

grafía, entonces tienes un patrón de comparación. El

marcaje, mientras tanto, es un código que se le coloca

al arma, que además de su serial, permite identificar

su origen o de dónde proviene. Las armas militares

por ejemplo, todas dicen Fuerza armada Nacional

Bolivariana y tiene el escudo nacional, el código de

los organismos policiales es (oP) organismos policia-

les y tres números para identificar a cuál de los or-

ganismos pertenece; los códigos VP pertenecen a las

empresas de vigilancia privada y los oG son los or-

ganismos gubernamentales. Entonces, existen varios

mecanismos de control: en primer lugar se identifica

la marca del arma, se identifica el calibre, se identifica

el modelo del arma y se identifica el serial; el serial es

como la cédula de identidad del arma.

» Registro automatizado y estandarizado de las armas: el mar-

caje y otros datos de identificación de las armas no

sirven de nada si no se tienen registrados en bases

donde se estandarice cuándo entró en el país, cómo

se comercializó, quién tiene el porte y cuál es su uso.

El registro es fundamental para aplicar sanciones y

establecer responsables al momento de encontrar ar-

mas implicadas en hechos punibles, en casos indivi-

duales, evitar conceder portes de armas a transgreso-

res de la ley al identificar sus antecedentes, en casos


institucionales como los organismos policiales y mili-

tares, aplicar sanciones pecuniarias y disciplinarias.

» Control en la importación y comercialización: la Dirección de

armas y Explosivos (DaEX) es la que tiene la potestad

de controlar las especificaciones para la importación

de armas y explosivos de acuerdo con la solicitud

previa para su uso en determinadas áreas. De he-

cho, entre otras funciones de la DaEX, se determina

que debe ejecutar los procedimientos generales de

control para la fabricación, recepción (importación

y exportación), almacenaje, abastecimiento, trans-

porte, comercialización y uso, de armas, municio-

nes, explosivos, sustancias químicas y radioactivas.

actualmente, el monopolio de la importación de ar-

mas lo tiene el Estado, en este sentido, deben darse

condiciones para fortalecer las funciones de coordi-

nación y control interinstitucional de la DaEX, de-

finiendo los criterios estandarizados para el registro

en bases de datos automatizadas que pueda ofrecerle

información oportuna sobre requerimientos, impor-

taciones y colocación de las armas de acuerdo a la

demanda. también coordinar estrechamente con la

Compañía anónima de industria Militares (CaViM)

y los organismos policiales, las especificaciones para

la fabricación e importación de armas de acuerdo con

necesidades fundamentalmente militares y de segu-

ridad ciudadana. también con DiGESERViP que es la

Dirección General de Seguridad y Vigilancia Privada,

que debe controlar que las empresas de vigilancia es-

tén debidamente registradas, porque si no entran en

ilegalidad y por tanto sin permiso para operar. Resul-

ta ventajoso que sea un solo organismo el que tenga

la potestad de otorgar permisos para la importación

y comercialización de armas e incluso que se elimine

por completo –como ya se hizo‒ la potestad de empre-

sas de armerías para la compra y venta de armas; esto

forma parte de un proceso de contraloría mucho más

expedito para establecer responsabilidades directas.

» seguridad fronteriza: establecer control a la importación

y comercialización de armas puede traer como conse-

cuencia que se activen procesos de contrabando para

la importación ilegal de esas armas, utilizando meca-

nismos novedosos, desde el punto de vista de las rutas

y los medios de transporte, para evitar la incautación.

Se conoce, por ejemplo, que las armas tienen la ven-

taja de pasar más fácilmente desapercibidas que las

drogas por su condición inodora, lo que significa que

los perros policías entrenados no pueden detectar en

una requisa si viene un contrabando de armas con la

misma facilidad si viene un alijo de drogas. Por otra

parte, este tipo de contrabando también suele utili-

zar rutas poco ortodoxas por mar más que por tierra,

personas con alto poder adquisitivo y desplazamiento

por otras fronteras distintas a las que tradicionalmen-

te se utilizan para el mercado de las drogas. En tal sen-

tido, las labores de vigilancia de fronteras es una de

las áreas que se debe fortalecer con mejores procesos

de investigación y sistematización de información de

inteligencia militar.

» Destrucción pública de armas incautadas en hechos irregulares

160 | dossier

y al margen de la Ley: una medida fundamental para ga-

nar la confianza de los ciudadanos y comunidades en

torno a las acciones de control de armas, es precisa-

mente que una vez decomisadas armas incursas en

delitos, en muchos casos, entregadas en procesos de

amnistía, estas puedan destruirse públicamente con

testigos de la sociedad civil que avalen que efectiva-

mente se realizó la destrucción de esas armas, para

que estas no sean recicladas para otros fines, ni si-

quiera para seguridad pública. El control de armas

decomisadas debe ser muy estricto, porque ese reci-

claje de armas puede darse no para fines lícitos sino

para nuevos hechos delictivos. La corrupción debido

a las ganancias que puede generar el negocio de ar-

mas y municiones es un factor presente en funciona-

rios de los distintos organismos responsables de esos

decomisos y resguardo de armas, que debe vigilarse

estrechamente y sancionarse en caso de encontrarse

involucrados en cualquier negocio irregular o tráfico

de influencias para sacar ventajas de sus funciones.

» Desarme en las cárceles: como un proceso sistemático y

a mediano plazo, que debe darse progresivamente,

en la medida en la que se investigan, analizan y de-

finen las lógicas de funcionamiento del negocio de

las armas en cada uno de los recintos carcelarios. No

obstante, existen elementos que se pueden controlar

para evitar acciones irregulares que dan pie que se

comercialice con armas en las cárceles. En primer

lugar el control debe hacerse a los custodios de la

Guardia Nacional, a través de la asignación fija y no

rotativa de funcionarios encargados a los que se les

pueda aplicar sanciones fuertes y directas que inclu-

sive los priven de su libertad, si se encuentran armas

en la cárcel a la que están asignados, por otra parte,

establecer requisas sin distinción a todos los efectivos

militares y funcionarios que tienen acceso al recinto,

ello para evitar que exista ningún tipo de privilegio

por cargo o rango detentado. Es fundamental activar

procesos de negociación y apoyo a familiares de los

privados de libertad, con la finalidad de establecer

mecanismos fluidos de comunicación entre auto-

ridades y presos, tratando de alinear sus intereses a

las ventajas que les puede reportar la rehabilitación

con educación, recreación, deportes y cultura de paz.

Dentro de los acuerdos a negociar, puede estimularse

la entrega de armas por algún tipo de incentivo, así

como establecerse límites para la comunicación con

teléfonos móviles celulares y reforzarse el servicio de

telefonía público-controlada, para evitar la organiza-

ción de eventos ilegales desde y con las bandas delic-

tivas que están dentro o fuera del recinto. La idea es

transformar el sistema penitenciario en un modelo

educativo que se estructure como Centro de Forma-

ción, y no como centro de especialización delictual.

» Educación comunitaria: el control de armas y desarme en

las cárceles, no puede quedar al margen de las comu-

nidades y sectores populares que en su mayoría son

los lugares de procedencia de muchos de los jóvenes

varones privados de libertad. Los procesos educativos

y el estímulo de actividades recreativas, deportivas y


científicas, se convierten en políticas de prevención

para frenar la incursión de los jóvenes en acciones

delictivas. Fortalecer los proyectos de vida desde la

niñez y adolescencia como motivación al logro para

alcanzar metas individuales en consonancia con

metas de país, son algunas de las estrategias que de-

ben instrumentarse para evitar situaciones que ali-

mentan el círculo de la pobreza y sus consecuencias

como son los embarazos tempranos en las jóvenes

mujeres y las motivaciones de consumo asociadas a

la masculinidad que incitan a los jóvenes varones a

cometer delitos. En ese proceso de aprendizaje social,

las comunidades retroalimentan con sus saberes, los

mecanismos de resolución de conflictos, que evitan el

uso de la violencia verbal y física, donde el uso de las

armas de fuego, representa el máximo escalafón de

violencia que debe erradicarse por completo.

» Medios de Comunicación: las comunidades, escuelas, li-

ceos y universidades formadas en cultura de paz y

facilitadoras de procesos para el control de armas,

deberían conformar círculos de usuarios críticos que

propone la Ley de Medios, para evaluar, frenar y de-

nunciar a los medios de comunicación audiovisual,

que incumplen las reglamentaciones en materia de

programaciones para la niñez y adolescencia, proyec-

tando contenidos que fomentan la violencia social,

cultural, de guerra, género y sexodiversidad.

» Coordinación Interinstitucional: la política pública y

las medidas mencionadas, deben tratarse de ma-

nera integral a través de mejores mecanismos de

coordinación interinstitucional, con la finalidad de

que cada institución pública y privada trabaje en fun-

ción de una visión de país sustentada en una cultura

por la paz.

» Investigación-acción: finalmente, cada una de las accio-

nes e iniciativas que se proponen como política públi-

ca participativa y con enfoque de derechos humanos

debe monitorearse no solo como proceso de evalua-

ción administrativa o de gestión, sino como procesos

sociales que deben investigarse desde la perspectiva

de la investigación acción participativa. La modali-

dad de investigación diagnóstica incorporada por la

Comisión Presidencial para el Control de armas, Mu-

niciones y Desarme, debería convertirse en un proce-

so permanente de análisis, revisión, sistematización y

elaboración de propuestas permanentes para el con-

trol de armas municiones y desarme, pero fundamen-

talmente para el fomento de una cultura de paz. En

ese marco, entre otros de los temas de investigación,

que ya la Comisión y la UNES han contemplado rea-

lizar estarían:

• Estandarización y automatización para el registro

y actualización de inventario de armas de fuego

(pistolas y revólveres).

• Monitoreo y análisis de los homicidios y otros he-

chos delictivos como robos, hurtos y secuestros

cometidos con armas de fuego.

• Lógicas en el uso de armas de fuego y mas cu-

linidades.

162 | dossier

• Sentido de futuro, subjetividades y proyectos

de vida en niños, niñas y jóvenes de sectores

populares.

• Cartografías de violencia y creación de territorios

para la alteridad.

• Percepciones sobre derechos humanos y cultura

de paz.

• Políticas de seguridad y percepciones ciudadanas.

• Polarización y violencia política con el uso de ar-

mas de fuego.

• Fragmentación y segregación socio-espacial de la

ciudad de Caracas y espacios públicos recuperados.

• Pobreza, cárceles e identidades subalternas.

• Medios de comunicación y violencia asociada al

uso de armas de fuego.

• Sistematización de experiencias comunitarias y

estudio comparado: Violencia y Cultura de Paz.

• Percepciones, demandas y motivaciones de los

sectores medios y altos, para la adquisición de ar-

mas de fuego.

• Percepciones sobre grupos armados, seguridad y

frontera.

reFerenCIas

Aguilar, luis (2006). La hechura de las políticas públicas. México: Miguel Ángel Porrúa Ediciones.

Corredor, Julio (2004). La planificación. Caracas: Vadell Herma-nos Editores.

Fernández, Pablo (2012, mayo 16). Discurso de Apertura del Semi-nario: Armas de Fuego y Desarme en Venezuela: Investigaciones y Políti-cas de Estado. Mérida: Universidad de Los andes (ULa).

Fernández, Pablo (2012). Boletín de la Comisión Presidencial para el Control de Armas Municiones y Desarme. Venezuela.

Documentos oficiales

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, año 1999.

Ministerio de Planificación y Desarrollo (2001). Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007. Dis-ponible en http: //portaleducativo.edu.ve/Politicas_edu/planes/documentos/PlanDesarrolloESN-2001-07.pdf. Fecha de la consul-ta: 15/02/2012

Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia (2009). Proyecto Nacional Simón Bolívar. Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013. Segunda Edición. Caracas, Venezuela: impreso por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la información.

Ley Desarme, 2002.

Memorias y Cuentas del Ministerio de Relaciones interiores (2001-2010)

Otras fuentes

Las viejas redadas de la PM ahora son los madrugonazos del CICPC. Dis-ponible en: http: //www.reportero24.com/2011/02

Entrevistas

General julio Morales, 2012General Gerardo Velásquez, 2012General julio Morales, 2012

avanCes de investigaCión

Victimización, percepción de seguridad ciudadana y miedo al delitoEstudio comparativo en dos ciudades de Venezuela

Freddy A. Crespo P.

Delincuencia juvenil en VenezuelaAplicación de una encuesta de autoinforme a adolescentes escolarizados

Juan Antonio Rodríguez

165

Victimización, percepción de seguridad ciudadana y miedo al delito

Estudio comparativo en dos ciudades de Venezuela

FREDDY A. CRESPO P. *

Resumen: en la actualidad, las políticas públicas de seguridad ciu-

dadana se sustentan en fuentes de información que van más allá de

las estadísticas oficiales y que promueven un mayor conocimiento de

las circunstancias y situaciones que acompañan la comisión del acto

delictivo. entre estas fuentes de información, las encuestas de victimi-

zación se alzan como las más eficientes para completar el panorama

delictivo, con datos e información relativa a la victimización y que no

se registra en las fuentes oficiales. en el presente documento se esbo-

za, como avance de investigación, el estudio que se lleva a cabo de la

victimización, percepción de seguridad ciudadana y miedo al delito

en dos ciudades de venezuela, con esquemas urbanísticos, delictivos

y organizacionales diferentes. por los momentos, se aporta una breve

descripción del objetivo de dicho estudio, su justificación, postulados

teóricos sobre las variables y una somera reseña metodológica.

Palabras clave: victimización, percepción, seguridad ciudadana, mie-

do al delito.

I. Introducción

la seguridad ciudadana se ha convertido, para gran parte de los estados

que procuran un desarrollo sustentable y mejorar la calidad de vida de los

* Criminólogo y abogado por la Universidad de Los andes, Mérida, Venezuela. Magíster en Ciencias Políticas, Centro de Estudios Políticos y Sociales de la américa Latina (CEPSaL), Universidad de Los andes. Doctorando en Ciencias Sociales, Uni-versidad Central de Venezuela. Profesor asistente de pre y postgrado en Escuela de Criminología, Universidad de Los andes y Universidad Experimental de la Seguri-dad (UNES). investigador activo del Grupo de investigaciones Criminológicas (GiC) y Centro de investigaciones Penales y Criminológicas (CENiPEC); [email protected].

166 | avances de investiGación

ciudadanos, en un punto de alta prioridad; teniendo cla-

ro que en ausencia de esta, los efectos sobre el desarrollo

económico y la calidad de vida de la ciudadanía en gene-

ral son ampliamente negativos. tal preocupación se ha

asumido hasta el punto que la inseguridad ciudadana y la

delincuencia han pasado a formar parte de los problemas

de salud pública en las sociedades modernas, debido a los

efectos que producen en los ciudadanos, indistintamente

que hayan o no padecido una victimización directa por

cualquier delito.

Se ha entendido que un estado supeditado a la inse-

guridad es un estado que tiende a adaptarse a la misma,

donde la dinámica social está marcada por la tendencia a

evitar la victimización, delictiva o no, por propia iniciati-

va y no como política de estado. En tales contextos, la in-

seguridad ciudadana no es solo sustentada por la idea del

crecimiento de la delincuencia y la victimización directa,

sino que la misma se construye hasta el punto que dicho

crecimiento delictivo y victimización directa es traslada y

convertida en un sentimiento de desprotección personal,

cuyo efecto inmediato es la sensación de vulnerabilidad

del individuo ante la sociedad en general y de despro-

tección de este frente a al Estado. En otras palabras, los

ciudadanos se sienten inseguros no solo porque perciben

una probabilidad cierta de ser victimizados1, sino porque

1 La idea de victimización no solo se refiere a esta como conse-cuencia de una acción delictiva, sino también ante situaciones sociales que tienden a la victimización de los ciudadanos, tales como respuesta ineficaz estadal para convertir las demandas de la población en productos, así como a la satisfacción de necesi-dades sociales que se relacionan con la cotidianidad en la inte-

ante tal situación la respuesta estadal para resarcir la

lesión sufrida, es simplemente nula o, en todo caso, inefi-

cientemente percibida.

De acuerdo a lo anterior, además de los niveles delic-

tivos que objetivamente se producen en una zona, la eje-

cución eficiente de las políticas públicas estadales también

incide en la sensación de seguridad de las personas, por lo

que podría esperarse que la sensación de inseguridad sea

alta en situaciones sociales o zonas con bajos niveles delic-

tivos pero con alta desorganización social y baja eficiencia

en la ejecución de la labor pública estadal. asimismo, po-

drían encontrarse similares niveles de sensación de inse-

guridad en situaciones o zonas con circunstancias homo-

géneas a las planteadas y con altos niveles de delincuencia

objetivamente cometida, siendo en estas de mayor alcance

los efectos sociales que tal percepción o sensación sobre la

seguridad genera en los individuos.

En general, los efectos que los altos niveles de sensa-

ción o percepción de inseguridad generan en los indivi-

duos son múltiples, entre lo que destaca: el retraimien-

to de los individuos hacia lo privado; abandonando los

lugares públicos y las zonas de convivencia social que,

en general, le proporcionaban un margen de interacción

personal con otros, lo cual en esencia es uno de los ele-

mentos que inciden en el fortalecimiento del carácter

racción individual. En otras palabras, la idea de inseguridad se sustenta con base en la pobre actuación y ejecución de políticas públicas en pro de la satisfacción de los requerimientos bási-cos de los ciudadanos, tales como recolección de basura, vías de acceso, servicios públicos (agua, electricidad, entre otros), vigilancia y patrullaje policial, acceso a la justicia, entre otros.

victimización, percepción de seguridad y miedo f. crespo | 167

social y, por lo tanto, en la reducción de la anomia indi-

vidual y social. Entre otros efectos individuales, destaca

el surgimiento de conductas de protección o evitativas

(positivas o negativas), donde el individuo asume la res-

ponsabilidad por su seguridad y se construye un mundo

en pro de la misma, viviendo en zonas cerradas y con

vigilancia, evitando frecuentar lugares a ciertas horas y

en determinadas condiciones. Unido a lo anterior, puede

destacarse que en situaciones de extrema sensación de

inseguridad y miedo al delito, los efectos individuales y

colectivos pueden caracterizarse por la autoprotección

exagerada, tanto por individuos y colectividades, quie-

nes pueden reaccionar en autodefensa contra la acción

delictiva2.

ahora bien, la seguridad ciudadana en su vertiente

objetiva (la que se expresa en los delitos realmente come-

tidos) y subjetiva (la que constituye mera percepción y

2 Sobre tal idea o situación, la literatura tienden a enfatizar que la misma puede concretarse como conducta social en cir-cunstancias en las que la desorganización social ha llegado a puntos de extrema desvinculación entre los individuos y a una percepción completamente negativa de la funcionalidad del es-tado para, por una parte, controlar la delincuencia y, por otra parte, responder con productos a las demandas de los ciudada-nos. En ese contexto, la probabilidad de organización aleatoria y no planificada por parte de las comunidades, para la auto-defensa instantánea (lo que se traduciría en un linchamiento) es muy alta. Mientras tanto, las situaciones de autoprotección, partiendo de la idea de la corresponsabilidad social con respec-to a la seguridad, según lo establece la constitución nacional (a mi juicio, un derecho –deber mal interpretado hasta ahora), implican organización planificada de parte de la comunidad, significando igualmente una respuesta ante la ejecución in-efectiva de las políticas públicas estadales.

construcción social) suele ser un fenómeno de complejo

estudio y, por lo demás, de amplio debate como espectro

político para la manipulación de las masas. En Venezue-

la, por ejemplo, el estudio de tal fenómeno está supedita-

do a las corrientes proselitistas que dominan el ambiente

político, por lo cual por una parte se exagera el fenómeno

y por la otra se le minimiza. a pesar de esto, las referen-

cias durante los últimos años ha sido a que la ciudada-

nía en general percibe la seguridad ciudadana como el

principal problema del país, desplazando desde hace más

de cinco años al desempleo y la situación económica, el

problema más grave que aqueja a los venezolanos.

Según la Encuesta de Victimización y Percepción de Se-

guridad Ciudadana aplicada en 2009 (instituto Nacional

de Estadística, 2010), más del 90% de los venezolanos

califican el problema de la seguridad como grave o muy

grave. Esta percepción no está construida en vano, pues

los estudios efectuados durante los últimos años tienden

a demostrar que los niveles delictivos del país, en especial

los delitos violentos (aún medido en casos conocidos por

los cuerpos de seguridad) se han incrementado de una

manera alarmante, más aún en los últimos diez o quince

años (ver Briceño-León, 2009; Crespo y Birkbeck, 2009;

Crespo, 2010 y 2012). aunado a esto, la tasa de victimi-

zación interpersonal del País es una de las más altas del

mundo, destacando que la tasa de no denuncibilidad de

los delitos le da a la delincuencia real que se comete en el

país, una magnitud y un volumen inimaginable3.

3 tanto en la encuesta de victimización y percepción de se-guridad ciudadana, aplicada en 2006 por la Comisión de Po-


Por lo tanto, la percepción negativa que tienen los ve-

nezolanos de la seguridad del país no es tan infundada

como suele justificarse, menos aún podría explicarse la

misma como consecuencia de los medios de comunica-

ción, pues los resultados que los sondeos que se han efec-

tuado sobre la victimización y percepción de seguridad

ciudadana tienden a señalar que no hay relación entre

la calificación negativa de la seguridad y el contacto con

los medios de comunicación de cualquier tipo. En otras

palabras, hay correspondencia entre los niveles objetivo

y subjetivo de la seguridad en Venezuela y como con-

secuencia de tal correspondencia, hay una percepción

muy negativa de la funcionalidad del Estado y un mie-

do al delito en niveles considerables en la ciudadanía en

general.

ahora bien, el diseño de políticas públicas en esta

materia debe ir acompañado de un sustento empírico y

científico sólido que tienda a explicar el por qué del com-

portamiento de este fenómeno, en el sentido que hoy

en día se expresa. La encuesta de victimización referida

(instituto Nacional de Estadística, 2010) aún teniendo

un alcance nacional aportó importante información al

respecto, pero no establece relaciones explicativas con

respecto al fenómeno de la percepción de seguridad, sino

licía Nacional como la ejecutada por el instituto Nacional de Estadística en 2009, alrededor de un 70% de las personas que habían sido víctimas de un delito no lo denunciaban. En otras palabras, podría decirse que por cada cien delitos conocidos y registrados por los cuerpos de seguridad en el país, 70 simple-mente no llegan a conocerse salvo por el victimario, la víctima y su entorno.

que tal información solo se presenta de manera descrip-

tiva sin profundizar ni cruzar la información correspon-

diente. Entonces, vale profundizar en el tema, incluyen-

do variables como el miedo al delito y la explicación de la

misma, aunque en contextos más limitados pero igual-

mente válidos.

tomando en cuenta estas observaciones, se propuso

la investigación sobre la cual se escribe el presente avan-

ce, en la que el objetivo principal es estudiar los niveles de

victimización, percepción de seguridad ciudadana y mie-

do al delito en dos comunidades del país; seleccionando

para este caso: la parroquia Sucre del Distrito Capital y el

municipio Libertador del estado Mérida.

II. Victimización, percepción de seguridad y miedo al delito

Para diseñar eficientemente Políticas de Seguridad Ciu-

dadana, las estadísticas oficiales no son suficientes, pues

solo dan cuenta de una parte de la realidad que llega a

conocimiento de las autoridades (Kesler, 2009; Newman

y Howard, 1998). Por ello, la aplicación de encuestas

de victimización y percepción de seguridad ciudadana,

incluyendo el empleo y la información que recopilan, se

ha convertido en el insumo básico para entender mejor

la distribución ecológica de la incidencia delictiva en zo-

nas determinadas y construir así diseños más adecuados

para la intervención comunitaria y la prevención del

delito (Karmen, 2001). La amplitud de estas encuestas

va más allá de la estadística oficial, pues incluye la victi-

mización –denunciada o no– e información relacionada


con características particulares a la victimización y al

victimario (Van Dijk, 1998).

En este contexto, la victimización no se considera

como un riesgo, sino como la acción delictiva efectiva-

mente cometida y auto-reportada por la víctima, indis-

tintamente que dicha acción delictiva haya sido o no,

reportada a las autoridades (Ruiz y turcio, 2009; Voz-

mediano y San juan, 2010). Por su parte, la percepción

de seguridad o inseguridad y el miedo al delito, suelen ser

conceptos que en la teoría criminológica se confunden o

emplean como sinónimos. Vozmediano, San juan y Ver-

gara aportan una importante distinción al entender que:

El miedo al delito hace referencia al temor de los ciu-

dadanos a ser personalmente víctimas de la delincuen-

cia, mientras que la inseguridad ciudadana puede

entenderse como miedo al crimen en abstracto, como

una inquietud respecto al delito como problema social.

Dando un paso más, podemos entender la inseguridad

ciudadana como el compendio de inquietudes que vie-

ne impregnando el discurso de la denominada “socie-

dad del riesgo”, que incluyen no solo a la delincuencia

tradicional, sino también otras preocupaciones como el

terrorismo, la presencia de inmigrantes, la seguridad

alimentaria y ahora, con torrencial eclosión, el miedo

al cambio climático. (2008, p. 29)

En general, se sostiene que el miedo al delito está más

relacionado con una sensación o percepción de proba-

bilidad de victimización, lo que es una sensación sobre

algo concreto; mientras que la percepción de inseguridad

responde más a una a una sensación de vulnerabilidad

circunstancial con respecto al ambiente y otros indivi-

duos (Kessler, 2009; Vozmediano y San juan, 2010).Vic-

timización, percepción de inseguridad ciudadana y mie-

do al delito son factores que, por lógica, deberían estar

correlacionados; sin embargo, la experiencia da cuenta

que son independientes uno de otros, alimentando lo que

se conoce como las paradojas de la seguridad, pues los

estudios revelan que indistintamente de la victimización

objetivamente sufrida, la percepción de inseguridad y el

miedo al delito pueden presentarse en niveles altos o ba-

jos, sin depender uno de otros (Crespo, 2012). Esta falta

de relación demuestra que variables como la percepción

de inseguridad y miedo al delito, no dependen de la vic-

timización objetivamente sufrida para presentarse en las

personas, por lo cual, la profundización en el estudio de

los factores que se pueden asociar de manera coordinada

con estas variables se hace estrictamente necesarios.

III. Metodología

El avance que se presenta de dicho estudio se trata de

un abordaje cuantitativo en el que, con el empleo de

una encuesta de victimización, percepción de seguridad

ciudadana y miedo al delito, se pretende levantar la in-

formación correspondiente a las variables en estudio. Se

trabajará en dos zonas del país: una será la comunidad de

Catia, parroquia Sucre del municipio Libertador del Dis-

trito Capital, esta cuenta con una población de 398.055

habitantes (iNE, 2009) y una superficie de 59,30 km2;

la otra localidad es el municipio Libertador del estado


Mérida, el cual tiene una población de 240.280 habi-

tantes (iNE, 2009) y una superficie de 907 km2. ambas

localidades fueron seleccionadas tomando en cuenta

sus características urbanísticas, distribución de espacio,

densidad poblacional, nivel delictivos, entre otros.

Las muestras en ambas localidades fueron calculadas

utilizando la técnica de muestreo para determinar una

proporción en poblaciones finitas. Las proporciones que

se pretenden trabajar están subdivididas en partes igua-

les para cada variable –si hubo o no hubo victimización,

percepción de seguridad alta o baja y miedo al delito alto

o bajo– por lo cual se asume la proporción de la muestra

al 50% para efectos del cálculo de la muestra. En total,

la muestra estará constituida por 350 casos del munici-

pio Libertador del estado Mérida, subdividida según los

estratos correspondientes a cada parroquia del mismo;

mientras que en la parroquia Sucre del municipio Liber-

tador del Distrito Capital, la muestra será de 410 casos,

igualmente subdivido por estratos de manera proporcio-

nal a las zonas que la conforman.

El instrumento de recolección de información

incorpora las variables victimización, percepción de in-

seguridad y miedo al delito. Estas variables, operacional-

mente se entienden como fueron expuestas en la sección

anterior. La victimización y percepción de inseguridad

ciudadana serán medidas a través de ítems correspon-

dientes a la autorrevelación de participación en delitos

en calidad de víctimas, por parte del entrevistado, y en su

percepción y valoración de la seguridad y sensación de

vulnerabilidad frente a un delito. Por su parte, el miedo al

delito será medido como la probabilidad percibida de ser

víctima de un delito durante una circunstancia particu-

lar, como por ejemplo caminar por la calle de día o noche,

portar prendas valiosas, al abordar una unidad de trans-

porte público, entre otros. Esta variable, será medida a

través de una escala tipo Likert, enunciando en cada ítem

la circunstancia en la que la persona referirá la probabili-

dad de victimización percibida que tenga. Esta escala ha

sido probada y aplicada en cuatro oportunidades en los

municipios Libertador, Campo Elías y alberto adriani del

estado Mérida, teniendo excelentes niveles de validez y

consistencia interna.


reFerenCIas

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172

Delincuencia juvenil en VenezuelaAplicación de una encuesta de autoinforme

a adolescentes escolarizados

JUAN ANTONIO RODRíGUEZ

Resumen: según encuesta reseñada, la delincuencia juvenil forma

parte de los tres principales problemas de nuestro país. este fenóme-

no requiere analizar dos aspectos importantes: 1) su naturaleza; y 2) los

factores y causas asociadas con ella. por lo tanto, se proyecta la aplica-

ción de una encuesta de autoinforme en tres ciudades de venezuela

para abordar esos dos aspectos referidos.

Palabras clave: criminología, metodología criminológica, encuestas

de autoinforme, delincuencia juvenil.

Introducción

las encuestas de opinión en Venezuela indican que los ciudadanos seña-

lan como principales problemas del país, en primer lugar, a la inseguridad

(36,1%), seguida por el desempleo (16,1%), la inflación y el alto costo de la

vida (8,1%) (GiS XXi, 2011). a tenor de estos datos, la delincuencia juvenil

debe resultar un hecho que despierte el interés de los investigadores sociales

vinculados al estudio de la inseguridad y delincuencia. No obstante, todavía

son escasos los estudios empíricos que, con rigor científico, se han desarro-

llado en Venezuela para delimitar el tipo de participación de los jóvenes en

la desviación. Los importantes niveles de conducta delictiva juvenil consti-

tuyen razones de peso para analizar qué variables pueden estar vinculadas

con esta problemática en nuestro país.

* Criminólogo. Doctor en Psicología Social. Profesor Asociado de la Escuela de Crimi-nología. Investigador activo del Grupo de Investigaciones Criminológicas (GIC) y Cen-tro de Investigaciones Penales y Criminológicas (CENIPEC). E-mail: [email protected]

delincuencia juvenil en venezuela j.a. rodríGuez | 173

Por su parte, la encuesta de autoinforme constituye el

gran adelanto del ejercicio investigativo de la Criminolo-

gía del siglo XX. Esta encuesta es una técnica metodoló-

gica con la cual se evalúa el papel del adolescente como

perpetrador de conductas delictivas y antisociales, así

como de aquellas características (sociales e individua-

les) relacionadas con tal implicación. En sí, este método

permite efectuar un acercamiento sistemático sobre la

incidencia y prevalencia de la delincuencia-desviación

manifestada por los jóvenes. asimismo, permite valorar

aquellas conductas desviadas que no tienen propiamente

una carga punitiva. Como se detallará más adelante, otra

virtud que presenta dicha Encuesta es que se atenúan los

efectos de la “cifra negra” al momento de comprender la

delincuencia.

El primer trabajo en el estudio de la delincuencia

juvenil en asistirse de una metodología basada en el

autoinforme se le atribuye a Porterfield (1946). Para

comprobar los alcances de este método de recolección

de información, este investigador diseñó y aplicó una

encuesta de autoinforme a dos muestras, esto es, a una

de estudiantes y a otra de delincuentes procesados. al

comparar los resultados de ambos grupos, observó que

una alta proporción de sujetos, tanto estudiantes como

delincuentes, declaraban haber incurrido en conductas

delictivas alguna vez durante su adolescencia. Este ha-

llazgo permitió comprobar que analizando únicamente

los datos oficiales de delincuencia no se tiene acceso a

todas las conductas delictivas, sino solo a aquellas expe-

rimentadas por un determinado sector de la población.

Más adelante, Wallerstein y Wyle (1947) defienden

también el método del autoinforme. Entre las ventajas

que le atribuyen se encuentra el hecho de que esta forma

de medir la delincuencia podía precisar los delitos cometi-

dos, no solo por las personas de clases menos aventajadas

(y minorías), sino también los perpetrados por personas

de clases más acomodadas (que difícilmente entrarán a

formar parte de las estadísticas oficiales de delincuencia).

Estos autores hallaron que un 99% de los adultos de cla-

se media y socialmente respetados de su muestra habían

cometido por lo menos un delito en su vida.

Los trabajos sistemáticos de Short y Nye (1958) han

contribuido a que, en la actualidad, los criminólogos

consideren este método como una forma válida de medir

la conducta delictiva-desviada; inclusive, por encima de

aquellos datos provenientes de los registros oficiales. Los

datos estadísticos del sistema de justicia criminal tien-

den a ofrecer una información parcial y sesgada sobre la

realidad de aquella delincuencia considerada “oficial”,

dejando fuera de su consideración un número de delitos

o faltas menores, así como los delitos cometidos por per-

sonas que logran evadir la entrada en el sistema de jus-

ticia. Estos datos son los que la Criminología denomina

“cifra negra del delito”. Por el contrario, los autoinformes

proporcionan datos directos de las conductas delictivas

desarrolladas por aquellas personas que los cumplimen-

tan; además, el anonimato, que es habitual en la aplica-

ción de autoinformes, ofrece garantía para obtener ese

tipo de información sin las posibles reticencias que se de-

rivarían de hacerla pública en otras condiciones.

En Venezuela hay algunos estudios que han emplea-

do esta metodología. La primera encuesta de este tipo fue


aplicada por Birkbeck entre marzo y abril de 1986, en la

ciudad de Mérida. En el año 2006, Birkbeck junto a su

equipo de investigación vuelven a aplicar una encuesta

de autoinforme en Venezuela. Esta vez el estudio pre-

sentaba unas propiedades metodológicas y teóricas más

robustas. Recientemente se han desarrollado otros estu-

dios de autoinforme con propósitos muy similares a los

planteados por Birkbeck en las últimas décadas. así, en

2008, Rodríguez y Mirón aplican este tipo de instrumen-

to a 283 estudiantes de educación media de institucio-

nes públicas de la ciudad de Mérida. En esta oportunidad

se indagó sobre la participación de los jóvenes en delitos

como robo, hurto, trafico de drogas y vandalismo.

Los múltiples estudios sobre confiabilidad y validez

llevados a cabo permiten defender la idea de que el auto-

informe es una de las formas de medida más aceptables

y útiles en el campo de la Criminología. Quizá la bondad,

que en términos teóricos y metodológicos cobra mayor

fuerza en la actualidad, es la capacidad que tiene la téc-

nica del autoinforme de medir junto con la delincuencia,

otras variables que pueden estar relacionadas con la etio-

logía de la conducta desviada. En consecuencia, una de

las principales fortalezas de esta técnica de recolección

de información es que facilita la contrastación empírica

de las teorías sobre la delincuencia que el investigador

esté interesado en poner a prueba y que, eventualmente,

le permitirán encuadrar su propuesta de intervención.

Sobre la base de lo anterior, el propósito general de

este estudio es diseñar y aplicar una encuesta de autoin-

forme para explorar los patrones estadísticos de la delin-

cuencia juvenil y, además, el efecto de algunas variables

explicativas sobre la probabilidad de desviación. Es decir

que en el marco de una perspectiva etiológica, se deter-

minen aquellas variables individuales (p. ej. autocontrol,

impulsividad, autoconcepto, búsqueda de sensaciones,

etc.) y sociales (p. ej. supervisión familiar, grupos de

amistades, rendimiento escolar, acceso a armas en la co-

munidad, delincuencia en la comunidad, etc.), asociadas

al desarrollo de algunas conductas reñidas con la ley.

Metodología

Este estudio en desarrollo es una investigación de campo

y de corte cuantitativo. En la misma se requiere el cum-

plimiento de cuatro ejercicios metodológicos:

1. Diseño del instrumento. El cuestionario de autoinforme de

este estudio se compone de las siguientes partes: a) da-

tos sociodemográficos o generales de la entrevistada o

entrevistado; b) familia; c) liceo; d) victimización; e)

tiempo libre y amigos; f) creencias sobre la delincuen-

cia y autocontrol; g) delincuencia juvenil; h) drogas

y alcohol; i) percepción de terceros sobre la conducta

antisocial y j) percepción sobre la policía. En términos

operativos, la delincuencia juvenil será considerada

como el hecho reportado por la o el entrevistado de

haber experimentado o no comportamientos antiso-

ciales durante el último año previo a la entrevista. La

elaboración de este cuestionario comenzó el 10 de

abril de 2013 y culminó el 04 de julio del 2013.

2. Muestreo. La población objeto de esta investigación son

los alumnos del séptimo, octavo y noveno grado de

delincuencia juvenil en venezuela j.a. rodríGuez | 175

educación básica, cuyas edades están comprendidas

entre los 12 y 15 años. El muestreo de los estudiantes

se hizo por sección (es decir, por clases) e incluye ins-

tituciones públicas y privadas. De tal manera, con el

propósito de generar una lista completa para los fines

de la estimación de la muestra representativa, se ge-

neró una base de datos en Excel con todas las seccio-

nes de los tres primeros años del bachillerato en ins-

tituciones de la ciudad de Mérida, Catia y el resto de

la ciudad de Caracas. Luego de depurar esta informa-

ción conseguida por medio del Ministerio de Educa-

ción de cada región analizada, se utilizó el programa

Survey Manager para generar una muestra aleatoria

de secciones. Fueron seleccionados 55 planteles y 63

secciones en Caracas (incluida Catia) y 39 planteles y

63 secciones en Mérida. En total, se estimaron 3600

estudiantes (suponiendo una tasa de no respuesta

de 50% lo cual dejaría un total de aproximadamente

1800 adolescentes encuestados). El diseño del marco

muestral comenzó el 10 de mayo de 2013 y finalizó el

02 de julio de 2013.

3. Aplicación del cuestionario. a partir del mes de septiembre

de 2013 se les solicitará a los directores de los plan-

teles el permiso respectivo para la aplicación del ins-

trumento. Para la administración del cuestionario,

los encuestadores deben ser debidamente entrenados

y conviene asignar un coordinador por cada uno de

los asentamientos urbanos, quien se encargará de

distribuir las encuestas, diseñar la ruta de aplicación

del cuestionario, recibir los instrumentos una vez

llenados y, en general, organizar todo el material de

trabajo.

4. Análisis estadísticos. Luego de la aplicación del autoin-

forme proyectada para septiembre-octubre de 2013

y la consiguiente transcripción de la información, se

efectuará el análisis estadístico de la misma. Para esto

se requiere una depuración previa y un análisis preli-

minar de la información. Posteriormente se aplicarán

algunas técnicas de estadística descriptiva e inferen-

cial para desarrollar desde luego las discusiones e in-

ferencias sobre el objeto de este estudio.

Resultados esperados

Finalmente, los resultados que se esperan obtener de este

estudio pueden tener implicaciones empíricas, teóricas y

prácticas muy importantes. Desde una perspectiva epi-

demiológica, los resultados de este estudio aportarán

conocimiento fidedigno sobre varias dimensiones de la

delincuencia juvenil en Venezuela como, por ejemplo,

la prevalencia, frecuencia, intensidad y variedad de este

tipo de comportamientos. Desde una perspectiva teórica,

los hallazgos de esta investigación conseguirán fundar

las bases para la explicación de los procesos causales sub-

yacentes en la manifestación de conducta delictivas por

parte de los jóvenes venezolanos. además, permitirán el

contraste de distintos enfoques teóricos sobre la conduc-

ta antisocial juvenil que en la actualidad dominan el ejer-

cicio explicativo en Criminología. Desde una perspectiva

práctica, el conocimiento que se origine de este estudio,


con respecto a los patrones delictivos de los adolescentes

y los factores relacionados con la probabilidad de dichas

conductas, deben servir de líneas maestras para la elabo-

ración de políticas públicas dirigidas a la intervención.

La incorporación en el cuestionario de variables ex-

plicativas como, por ejemplo, familia, grupo de iguales,

escuela y comunidad abre la posibilidad de evaluar el

efecto individual y conjunto de ellas sobre la conducta

transgresora de los jóvenes, pero más importante aún,

de operar sobre estas características para el manejo de la

problemática en las zonas geográficas seleccionadas. Por

lo tanto, la población beneficiada con esta investigación

es amplia. Los consejos comunales, institutos educativos,

policías y familias propias de las zonas geográficas selec-

cionadas, pueden diseñar sus estrategias de acción a par-

tir de los resultados y hallazgos derivados.

reFerenCIas

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ENTREVISTA

pablo fernández blanCo

Que no desmaye el esfuerzo por avanzar hacia el desarmepor Zharah Rengifo

179

Entrevista al secretario técnico de la Comisión Presidencial para el Control de armas, Municiones y Desarme (CoDESaRME)

Pablo e. fernández Blanco

“Que no desmaye el esfuerzo por avanzar hacia el desarme”por Zharah Rengifo

PABLO E. FERNáNDEZ BLANCO designado secretario técnico

de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y

Desarme (CODESARME) durante todo su tiempo de funcionamiento.

Licenciado en Educación. Coordinador general de la Red de Apoyo

por la Justicia y la Paz. Formó parte de la Red Latinoamericana de

Educación y Derechos Humanos. Miembro del Equipo Fundacional

de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).

Zharah Rengifo: —En Venezuela se han tomado diversas medidas con-

cretas para el control de armas y municiones, entre ellas: se suspendió la

comercialización, se llevaron a cabo actualizaciones de portes de armas,

fueron asignados recursos para la instalación de un sistema unificado de

armas de fuego, se establecieron las zonas libres de armas, fueron diseñados

180 | entrevista

los protocolos para las auditorías de parques de armas y

salas de evidencias policiales (las cuales además fueron

aplicadas), se han inutilizado armas de fuego que fueron

decomisadas, se destruyeron grandes cantidades de ar-

mas, se han marcado más de un millón de municiones y,

recientemente, la asamblea Nacional decretó la Ley para

el Desarme y el Control de Armas y Municiones. ¿Con la im-

plementación de estas medidas podemos afirmar que en

Venezuela se ha gestado una política de control de armas

y desarme acertada?

Pablo Fernández: —Venezuela ha comenzado a im-

plementar en estos últimos dos años una política consis-

tente y coherente en materia de control de armas y mu-

niciones, una mucho más clara y seria que la que tenía

previamente. Pero aún el camino por recorrer para lo-

grar que esa política se consolide es muy largo y cargado

de no pocos obstáculos por superar.

Las medidas que se tomaron en el periodo que duró

la CoMiSiÓN PRESiDENCiaL PaRa EL CoNtRoL DE aRMaS,

MUNiCioNES Y DESaRME (CoDESaRME) fueron de alto im-

pacto, pues comenzaron a mermar el mercado ilegal de

armas y a generar mayor conciencia en la sociedad sobre

las dimensiones de este grave problema que representa la

falta de controles efectivos sobre las mismas.

Las acciones ejecutivas aquí mencionadas formaron,

a mi modo de ver, parte de una política no solo acertada

sino muy necesaria, ante el innegable efecto que las ar-

mas están teniendo en la maximización de la violencia.

Estas primeras medidas fueron posibles gracias a la con-

jugación de dos factores:

» 1. La clara voluntad política del presidente Hugo

Chávez y de buena parte de su equipo de gobierno (no

todo), quienes comprendieron la pertinencia (incluso

urgencia diría yo) de implementar acciones para ir

poniendo freno a la violencia con armas de fuego (re-

cordemos, por ejemplo, que no menos del 95% de los

homicidios en el país se cometen con armas de fue-

go). Entendiendo, por supuesto, que las armas cons-

tituyen solo una variable instrumental del problema,

pero sin duda de altísima letalidad o de alto impac-

to en la vida de la población; no solo los homicidios

sino también las personas que quedan con lesiones

graves, con discapacidades de por vida, los hogares

que se destruyen y los proyectos de vida que se trun-

can. todo esto lo entendió claramente el presidente

Chávez y por ello le dio el apoyo e impulso que tuvo a

la política para el desarme.

» 2. Producto de lo primero, la conformación de un

equipo de trabajo multiagencial e interdisciplina-

rio (en el seno de la CoDESaRME) que, basado en

un gran número de investigaciones científicas, una

amplia consulta nacional e internacional y la com-

prensión de las dimensiones multicausales de la vio-

lencia, definieron la política en esta materia que hoy

tenemos y que ha sido reconocida inclusive a escala

internacional.

El producto más complejo de lograr en todo este pro-

ceso fue la propia Ley, no tanto por la producción nor-

mativa en sí, sino por las diferencias de fondo que hubo

(y aún hay) que superar, tanto así, que no se alcanzó su

que no desmaye el esfuerzo por avanzar hacia el desarme p. fernández | 181

aprobación en el periodo que duró la CoDESaRME, sino

que hubo que esperar varios meses más.

Esta situación se debió a las profundas diferencias

de enfoque que hay en torno al tema de los controles

sobre las armas y municiones y la falta de consensos al

respecto, dificultades que dilataron el debate en la asam-

blea Nacional. Ciertos “celos” institucionales, algunos

personalismos que intentaron lucrar políticamente con

el tema y las perspectivas antagónicas sobre el rol que

juegan las armas en la sociedad, contribuyeron a todo

esto. Como lo hemos dicho en múltiples oportunidades,

el tema del control de las armas toca infinidad de intere-

ses y sobre todo un gran negocio transnacional del cual

Venezuela no está exenta.

La presión importante de actores con alta calificación

ética y profesional en el tema de la seguridad, hicieron

que finalmente se retomara el debate de la Ley, con el vis-

to bueno ahora del presidente Nicolás Maduro.

La Ley que finalmente se aprobó en la aN recogió mu-

chos aspectos de la propuesta que se produjo desde la Co-

DESaRME, pero fue fusionada con la propuesta de Ley que

surgió del seno de la asamblea Nacional, la cual presen-

taba diferencias en algunos temas sustanciales. En ese

proceso de “fusión” y en el ejercicio de lobby oculto que

precedió a la aprobación definitiva, muchas cosas que-

daron por fuera y algunas en términos poco congruentes

o incluso contradictorios. Sin embargo, debo reconocer

que esta Ley es mejor que la inútil e inaplicada norma

que le precedió, aprobada en el año 2002.

Personalmente cuestioné y mantengo el criterio que

el tema de los controles de armas y municiones debe

entenderse en la lógica de la articulación y coordinación

interinstitucional dentro del propio gobierno. Dicho de

otra forma, es necesario superar las dicotomías existen-

tes entre el ámbito militar, que asume la rectoría del tema

del control de las armas (amparándose en el artículo 324

de la CRBV), y el ámbito civil que tiene la rectoría cons-

titucional de la seguridad ciudadana (art. 332 constitu-

cional). Esa necesaria articulación y complementariedad

en el control de armas y municiones, bajo la premisa de

que existe un solo gobierno, es lo que aún no se termina

de entender ni de asumir y la Ley en el articulado apro-

bado es muestra de esa falencia. todo el articulado que

planteaba un ejercicio de articulación para la implemen-

tación de controles compartidos, en la idea de fortalecer

las acciones de seguridad ciudadana, fueron descartadas

del texto legal, en un claro ejercicio de imposición de una

visión del tema, alentada por el sector militar y su reflejo

en los diputados que provienen del ámbito castrense.

Una clara manifestación de esa división perniciosa

la encontramos en el tema del registro de las armas. Si

bien desde CoDESaRME y luego desde la Gran Misión a

Toda Vida Venezuela se hicieron ingentes esfuerzos para

construir un registro de armas unificado y de acceso

compartido (denominado en el respectivo proyecto como

RENiaF), aportando incluso recursos importantes para

ello, esta propuesta quedó en el aire una vez aprobada la

Ley. No se ven iniciativas desde los órganos de control de

armas de la FaNB para avanzar en esto desde un espacio

plural de construcción y eso, con responsabilidad revolu-

cionaria, debemos alertarlo.

En una opinión muy personal, creo que la ausencia

182 | entrevista

física del presidente Hugo Chávez afectó los avances en

esta materia. El Comandante fue un convencido defen-

sor del desarme y los controles al mercado de las armas.

Él tenía plena conciencia de los intereses que se movían

detrás de este tema y no dudó en apoyar el trabajo de la

CoDESaRME para avanzar, contra viento y marea, inclu-

so llamando a botón a quienes ponían trabas para poder

avanzar. Lamentablemente, cuando llegó el momento de

aprobar la Ley, ya él no estaba físicamente con nosotros

para poner coto a las tendencias reaccionarias ante el

tema del desarme total de la población.

Hoy, el presidente Nicolás Maduro tiene el reto de

avanzar con las políticas de desarme y control de armas.

No tengo duda de su voluntad y disposición en este tema,

lo ha demostrado con acciones claras, como el llamado al

desarme de la juventud. Pero al igual que Chávez, él debe

lidiar con esos intereses nunca acabados que se mueven

detrás del tema de las armas y que no conocen de fron-

teras políticas. En este tema, las contradicciones fluyen

tanto dentro de las filas revolucionarias como en el seno

de la oposición.

En conclusión, podremos evaluar si la política de con-

trol de armas y municiones (que tuvo su germen en la

labor de la CoDESaRME) es efectiva una vez se comience

a implementar el contenido de la Ley aprobada y se sis-

tematicen sus resultados iniciales. Para ello, es necesaria

una contundente voluntad política manifestada en ac-

ciones concretas, aplicando con mucho celo la premisa

de “eficiencia o nada” a la labor de quienes hoy tienen en

sus manos la tarea de implementar la política. Dilatar o,

peor aún, poner freno a la política de desarme y control

de armas, sería fatal para el país. Lamentablemente, un

importante sector parece estar jugando a eso.

ZR: —El pasado 7 de mayo, el general julio César Mo-

rales Prieto en representación de la Compañía anónima

Venezolana de industrias Militares (CaViM) realizó la en-

trega formal de 500 mil municiones marcadas a la recto-

ra de la Universidad Nacional Experimental de la Seguri-

dad (UNES), Soraya El achkar, para ser empleadas en el

entrenamiento en Uso de la Fuerza Potencialmente Mortal

por los y las discentes de esta casa de estudios. ¿Qué opi-

nión merece que la meta en el marcaje de municiones en

Venezuela sea que cada bala pueda ser asociada a una

persona responsable?

PF: —El marcaje es una de las propuestas que nació de

la CoDESaRME, con base en el conocimiento de otras ex-

periencias en el mundo, donde se realiza el marcaje de

las municiones con tecnología láser. En Venezuela, esa

medida que propusimos y se aprobó en la Ley traerá

múltiples beneficios. De esta forma, se podrán facilitar

las investigaciones criminales en caso que esas muni-

ciones sean utilizadas para cometer hechos delictivos;

sin embargo, también obliga a un ejercicio de muchísi-

ma mayor responsabilidad en el uso de la munición por

parte de quienes las portan, sean agentes de seguridad

ciudadana, militares o particulares, pues las municiones

llegarán a un nivel de individualización de los usuarios a

través de ese marcaje láser alfanumérico.

todos los esfuerzos en esta materia que realizó la Co-

DESaRME llevaron a que se identificara la tecnología de


punta para el marcaje en Brasil y se concretara un con-

venio con Bélgica (que es quien produce la maquinaria

que se usa en Brasil) para elaborar una línea de produc-

ción adaptada a los requerimientos de nuestra industria

militar, la empresa CaViM, de modo tal que puedan rea-

lizar un marcaje de calidad y que genere un alto nivel de

control.

Se supone que antes de culminar el año 2013, deben

estar instaladas las maquinarias de marcaje, según la

hoja de ruta que se acordó con la empresa productora y

CaViM. La Ley dio dos años a la industria CaViM para im-

plementar el marcaje, creo que es un tiempo excesivo, to-

mando en cuenta lo avanzado que estamos en el tema, el

consenso que generó la medida y su pertinencia para fa-

vorecer la lucha contra la violencia y la impunidad. Con

más razón, es importante acelerar la implementación del

marcaje láser y que no tengamos que esperar dos años

más para contar con la munición marcada al menos en

todas las policías y organismos militares del país. Esa ac-

ción debe desestimular el comercio ilegal de municiones

desde las instituciones del Estado hacia la delincuencia

por parte de funcionarios inescrupulosos. Esta situación

delictiva fue precisamente una de las motivaciones prin-

cipales para proponer el tema del marcaje en Venezuela.

ZR: —En Gaceta oficial con fecha 11 de octubre de

2012 se decreta en Venezuela la realización del procedi-

miento para la inutilización de las armas resguardadas

en las salas de evidencias de los cuerpos policiales, órga-

nos de investigación penal y demás órganos de seguri-

dad ciudadana con competencias propias del servicio de

policía. Más tarde, es decretado en Ley por la asamblea

Nacional que “las armas recuperadas serán inutilizadas

de manera inmediata”. ¿Por qué este proceso, previo a la

destrucción del arma, es tan importante en el caso parti-

cular del control de armas en Venezuela?

PF: —La inutilización de armas fue una medida adicio-

nal que propusimos al presidente Chávez en el 2012 y

que él sin dudarlo aprobó. Se trata de un procedimien-

to intermedio entre la incautación y la destrucción de-

finitiva del arma. Este procedimiento, como su nombre

lo indica, busca inutilizar el arma de fuego para que no

pueda ser reciclada. Esta iniciativa surgió en vista de que

las armas en las salas de evidencia que existen en el país

regresaban a las calles, muchas veces producto de la co-

rrupción de los cuerpos policiales o del CiCPC. Se genera-

ba un mercado de armas a partir de la distribución, al-

quiler, venta o préstamo de esas armas a la delincuencia,

por supuesto, con los efectos perversos sobre la vida de la

gente. Lo mismo que ocurre con el mercadeo de municio-

nes por la vía ilegal.

Por ello, propusimos que las armas incautadas, una

vez se le realizaran las experticias y pruebas de rigor so-

licitadas por el Ministerio Público, y en un lapso peren-

torio, fuesen pasadas a un proceso de inutilización. Para

ello se definió un protocolo, de modo que mediante el uso

de una prensa hidráulica se garantizara que las armas no

puedan volverse a accionar.

La Policía Nacional Bolivariana fue la primera y más

consecuente en comenzar a aplicar este mecanismo.

Luego se sumó la GNB y ya prácticamente en todas las

184 | entrevista

policías del país se aplica el procedimiento. Desde el Con-

sejo Federal de Gobierno se acordó aportar las máquinas

necesarias para que todas las policías del país puedan

aplicar esta medida.

ahora bien, se hace necesario generar mecanismos

de supervisión y control del total de armas que se están

inutilizando, su cadena de custodia, la verificación y ga-

rantía de pulcritud del proceso. Esto es materia del Mi-

nisterio Público y también debería ser asumido por los

órganos rectores de control de armas y de seguridad ciu-

dadana. Hay que evaluar si el número de armas incauta-

das o decomisadas por los distintos organismos de segu-

ridad se mantiene igual, aumentó, o por el contrario ha

disminuido luego de aprobada esta medida. Como dije,

que hay un mercado ilegal que se nutre de esas armas y

que con esta medida se ve perjudicado. Por ello el control

estadístico y las labores de inteligencia para determinar

si se están cumpliendo las cadenas de custodia debida es

muy importante.

ZR: —En el Vértice 1 de la Gran Misión a Toda Vida Vene-

zuela, referido a la Prevención integral y la Convivencia

Solidaria, se contempla tanto el estudio de una política

pública en materia control, regulación de armas y el des-

arme, como el diseño de políticas de prevención dirigidas

a jóvenes que porten, exhiban y, eventualmente, usen ar-

mas de fuego. Por su parte, el Manifiesto por la Vida y la Paz

convoca a una búsqueda de espacios libres de violencia

en el que estén presentes las y los jóvenes con dinamismo

y creatividad. ¿Podría contarnos el significado del trabajo

conjunto con las y los jóvenes de Venezuela por el desar-

me, la convivencia y la paz?

PF: —La relevancia de la Gran Misión a Toda Vida Ve-

nezuela está dada por el hecho de ser la primera política

pública integral de seguridad en la historia contemporánea

de Venezuela. Nos acostumbramos por décadas a la exis-

tencia de planes y programas aislados que intentaban

siempre atender este tema en una perspectiva reactiva.

De esos planes poco o nada quedó como resultado y, en

la mayoría de los casos, incluso con efectos contrarios a

los inicialmente deseados. De una u otra manera, la vi-

sión aquella que recogía la Ley de “vagos y maleantes”

ha prevalecido en muchos de los llamados a gerenciar la

seguridad pública, con los consiguientes efectos de cri-

minalización y estigmatización de determinados grupos

o sectores sociales. aún sigue siendo un desafío para esta

revolución socialista en construcción superar el enfoque

clasista que ha tenido la forma de abordaje del tema de la

seguridad en nuestros países.

a partir de la construcción y aprobación de la

GMatVV, el país cuenta con una política orientada desde

un enfoque multiagencial, interdisciplinario, interpode-

res, de base humanista, científica y socialista, orientada

a atender las causas de la violencia y sus efectos (no solo

los segundos). De igual manera, esta política tiene una

comprensión ideológica del problema que la distancia de

las miradas punitivistas y reaccionarias, pone el centro

en el ser humano y por ello marca la diferencia con las

políticas de derecha, tan conocidas y sufridas en Vene-

zuela por años.


En el marco de esta gran misión de Estado, el tema de

la prevención es el pilar fundamental y, por ello, trabajar

por la inclusión de los más desposeídos y especialmente

de los jóvenes es vital. La juventud representa el sector de

la sociedad más afectado por la violencia en general, pero

particularmente por la violencia con armas. Los estudios

de CoDESaRME evidenciaron una vez más esa situación:

más del 70% de las víctimas y victimarios de homicidios

con armas de fuego son jóvenes, principalmente con eda-

des comprendidas entre 15 y 28 años.

Estos jóvenes han ido construyendo identidades erra-

das sobre el ser masculino y sobre el sentido del poder,

por el hecho de portar un arma de fuego, confundiendo

respeto con miedo y autoridad con barbarie. Esas identi-

dades que malentienden la masculinidad y el poder son

producto del abandono y la pobreza; de los malos mode-

los sociales, familiares o mediáticos en los que esos ayer

niños han crecido; de los antivalores que el capitalismo

ha ido impregnando en nuestras sociedades sobre la base

del individualismo egoísta y el consumismo desenfrena-

do como forma y característica de la vida moderna oc-

cidental. Por eso, el desarme no puede entenderse como

una política desligada del resto de las acciones transfor-

madoras de nuestro modelo social. El arma dejará de

tener sentido para estos muchachos cuando la resignifi-

cación de su vida pase por otra cosa más atrayente y po-

sitiva. Y ese es el desafío del Socialismo Bolivariano como

propuesta revolucionaria: resignificar la vida de nuestro

Pueblo bajo otros valores y sentidos, profundamente hu-

manos e incluyentes.

Por ello, hoy es muy significativo el llamado hecho

por el presidente Maduro para que se articulen todos los

esfuerzos en pro de atender a esa juventud desasistida y

sumarles, a través del Movimiento por la Vida y por la Paz,

en conjunción con la GMatVV y recientemente con la

creación de la Misión Jóvenes de la Patria, a procesos de

inclusión efectiva y duradera.

Ya estamos viendo como numerosos grupos de jóve-

nes transgresores de la Ley Penal en todo el país están

atendiendo a ese llamado por el desarme y la inclusión.

Esto debemos entenderlo como parte del pago de la gran

deuda social heredada y que en 14 años de Revolución

apenas hemos comenzado a pagar. Esos jóvenes (con los

que hemos podido dialogar francamente) piden a cambio

de dejar las armas, la posibilidad de estudiar y trabajar.

Una muestra más del germen que nutre la esencia hu-

mana. aun aquellos que tomaron malos pasos buscan la

regeneración de su vida al existir una oportunidad para

ello, y dárselas no es un acto de caridad, sino un deber

ético y una obligación del Estado como garante de los de-

rechos humanos de todas y todos.

Por supuesto, las voces agoreras del fracaso o los con-

vencidos de la “mano dura” como única salida ante la

dinámica de violencia, descalifican estos esfuerzos y asu-

men que es una política “come flor” que no debería pros-

perar. afortunadamente, contamos con un Presidente

que está claro de los alcances de lo que se quiere lograr,

con alta sensibilidad humana y que junto a una impor-

tante parte de su equipo de gobierno, igualmente ganado

para esta causa que inició el Comandante Chávez, están

trabajando para lograr esa inclusión real de la juventud

186 | entrevista

abandonada (hablamos de al menos unos dos millones

de jóvenes en todo el país).

Soy un convencido de que atendiendo de manera sos-

tenida en el tiempo esta dimensión de inclusión juvenil,

veremos efectos positivos en la seguridad en general de la

población. Muchachos estudiando, produciendo, apren-

diendo a desarrollar sus capacidades y potencialidades

en el arte, el deporte, la técnica, la ciencia, son muchas

mentes y manos que le restamos a la delincuencia y a la

violencia.

ZR: —El desarme voluntario es una medida de control

de armas novedosa en Venezuela. investigaciones rea-

lizadas por la Comisión Presidencial para el Control de

armas, Municiones y Desarme apuntan a que la descon-

fianza en los cuerpos de seguridad del Estado y una eleva-

da percepción de inseguridad coadyuvan al uso de armas

de fuego con fines defensivos, dificultando la posibilidad

de entrega voluntaria de armas de fuego en nuestro país.

En este sentido, ¿qué podría decir para neutralizar el es-

cepticismo existente respecto al desarme voluntario?

PF: —Lo primero es identificar dónde está situado ese

escepticismo. Sería injusto generalizarlo como una pos-

tura de toda la sociedad. Una inmensa mayoría de per-

sonas aspira genuinamente lograr la reducción de las

armas en las calles con el esfuerzo de implementar el des-

arme voluntario.

Detrás del uso o no de armas de fuego hay toda una

serie de valores, normas, juicios. De allí la importancia

de dar suficiente información y formación a la población

para que puedan reformular o fortalecer (según sea el

caso) esos criterios en los cuales fijan posición sobre te-

mas como el desarme y la seguridad en general.

El desarme permitió recoger una gran cantidad de

armas en países que han aplicado políticas similares. La

reducción de armas en las calles favorece la reducción de

los homicidios. Esto no es una afirmación temeraria, sino

fundada en las investigaciones que pudimos adelantar

desde la CoDESaRME. En el análisis de las variables aso-

ciadas con dos elementos como son la comercialización

de armas y los homicidios en los últimos 30 años, pudi-

mos visualizar cómo al disminuir el comercio de armas

disminuían o se frenaba el número de homicidios. Y por

el contrario, al reactivar el comercio nuevamente los ho-

micidios aumentaban.

Nosotros aspiramos que el desarme voluntario con-

tribuya a la política general para reducir la violencia.

Menos armas son menos víctimas. Las armas, estén en

manos de quien sea, solo sirven para matar y dañar, au-

mentando ampliamente los niveles de letalidad que no

existirían sin ellas.

Por supuesto, en paralelo a la política de desarme vo-

luntario se debe seguir trabajando con fuerza en otros

temas importantes para que nos sintamos seguros.

La política de incentivos debe acompañar la entrega

de las armas, esto ayudará a que el desarme voluntario

dé buenos frutos. tal como lo hemos comentado, las al-

ternativas sociales inclusivas favorecerán que muchos

portadores de armas las abandonen. Es una apuesta sig-

nificativa y coherente con el Socialismo Democrático que

estamos construyendo.


ZR: —Diversas experiencias en materia de control de

armas y municiones han sido consideradas para la crea-

ción de las políticas de control en Venezuela. Expertos

de diferentes latitudes fueron consultados acerca de las

acciones que han sido efectivas en sus países y que el

Estado venezolano podía implementar para la consecu-

ción de sus objetivos; no obstante, ¿cuáles aspectos de la

experiencia venezolana en materia de control de armas

se distancian y adquieren características propias que dis-

crepan de las implementadas en otras zonas?

PF: —Creo que lo más relevante y propio de nuestra

propuesta es que no vemos el desarme aislado del res-

to de la política de seguridad. Se asume como un factor

importante, pero ligado, como ya dije, a procesos de in-

clusión social que resten actores activos a la violencia y,

por ende, minimicen el sentido y las lógicas de uso de las

armas que prevalecen en nuestra sociedad.

Comparativamente con las experiencias que se están

desarrollando en otros países, podemos decir que hemos

tomado para Venezuela lo más positivo de cada una de

ellas. Por ejemplo, el desarme voluntario como se imple-

mentó en argentina o Brasil; las zonas libres de armas

como en Sudáfrica; por citar solo ejemplos. Nosotros le

hemos dado nuestro propio tinte a estas medidas. En el

caso del desarme, apostamos a intercambiar armas por

oportunidades para la inclusión y no por dinero, hacien-

do énfasis en el sentido socialista de nuestra propuesta.

Las zonas libres de armas se han adaptado a nuestras

necesidades y a los espacios vitales donde las armas cau-

san más daño. Hemos innovado con procesos como el

de la inutilización de las armas (ya explicado). también

avanzamos con el marcaje de las municiones como polí-

tica que se extenderá a toda la población y no solo a un

reducido sector. Hemos hecho de la destrucción pública

de armas incautadas un aspecto cotidiano y no algo ex-

traordinario. En definitiva, hemos perfilado la política en

función de nuestras propias necesidades y hemos logra-

do con ella un reconocimiento internacional importante

por parte de quienes tienen muchos años trabajando en

esta área del desarme.

Lo importante más que lo que nos diferencia es que

Venezuela a partir de la implementación de esta política

se suma a una visión mundial que la acerca a la búsque-

da de soluciones compartidas al problema de la violencia

con armas, en el conjunto de las naciones.

ZR: —El 13 de enero de 2012, el Comandante Hugo

Chávez, en su presentación de la Memoria y Cuenta 2011

ante la asamblea Nacional, pidió a los integrantes de la

Comisión Presidencial para el Control de armas, Muni-

ciones y Desarme no descansar “ni un minuto hasta que

logremos el desarme completo del país con la aplicación

rigurosa de las leyes”; luego de su gestión presidiendo la

Secretaría técnica de esta Comisión, ¿qué respondería

hoy al presidente Hugo Chávez?

PF: —Hoy le diría al Presidente dos cosas. La primera

sería “Presidente, misión cumplida con la tarea enco-

mendada a la CoDESaRME”. La Comisión hizo su trabajo

con eficiencia, rindiendo frutos importantes, posicionan-

do de manera contundente el tema del desarme en la

188 | entrevista

agenda pública y dejando las bases sentadas para seguir

construyendo e implementando la política. Esa primera

etapa culminó con la aprobación de la Ley y todos quie-

nes tuvimos algún nivel de protagonismo en esa lucha

debemos sentirnos orgullosas y orgullosos de lo que le

legamos al país.

ahora bien, lo segundo que le diría sería “¡Presiden-

te, cuidado! ¡Los enemigos del desarme siguen activos!”.

Creo que luego de la aprobación de la Ley, debería haber-

se redoblado el esfuerzo para avanzar en la implementa-

ción de la política de desarme. Siento que eso no está ocu-

rriendo así. Más allá del llamado insistente (y sincero) del

Presidente de la República, aguas abajo solo se ven accio-

nes aisladas e inconexas, todavía muy discursivas y poco

prácticas para llevar adelante el desarme voluntario de la

población. Y ya sabemos a qué conducen las políticas que

no cuentan con la suficiente voluntad de los operadores

políticos responsables de implementarlas. Esa voluntad

que se manifiesta, no en discursos bonitos y demagógi-

cos, sino en recursos financieros, personal capacitado,

infraestructuras instaladas, alianzas estratégicas, comu-

nicación fluida con la población, resultados palpables

que permitan orientar los avances de la política pública.

Nada de eso aún se ve en los actores que han asumido el

relevo en este tema y eso genera una alta preocupación y

una profunda molestia cuando estamos hablando de uno

de los legados más importantes que nos dejó el presidente

Chávez en materia de seguridad pública.

En esto vuelvo sobre lo ya dicho: hay un sector impor-

tante dentro de la esfera gubernamental que no cree en el

desarme y en la implementación de controles a las armas.

algunos no creen en ello por convicciones ideológicas y

otros sencillamente porque toca a intereses no muy trans-

parentes en los que se ven inmersos. En cualquier caso, es

necesario denunciar esto y reclamar desde la contraloría

social y desde los espacios de incidencia existentes, que no

desmaye el esfuerzo por avanzar hacia el desarme y, previo a

ello, al control efectivo de las armas y municiones en el país.

En esto debemos acompañar con mucha fortaleza y claridad

al presidente Maduro y recordar que el presidente Chávez

nos invitaba a transitar por el desarme como una vía ha-

cia la paz. ojalá seamos fieles a ese llamado.

reseñas y Comentarios

Ley para el Desarme, Control de Armas y Municiones Instrumento legal contundente en materia de seguridadDavid Arturo Benavides Villarreal

Investigaciones – UNES 2012Mario Millones Espinosa

191

lEY PARA El dESARME, CoNtRol dE ARMAS Y MUNiCioNES

Ley para el Desarme, Control de Armas y Municiones

Instrumento legal contundente en materia de seguridad

DAVID ARTURO BENAVIDES VILLARREAL*

Contexto

La Ley para el Desarme, Control de Ar-

mas y Municiones aprobada reciente-

mente por la asamblea Nacional, es

un instrumento legal de gran impacto

en la política de seguridad impulsada

por el gobierno nacional. Contextuali-

zar el momento político, social e histó-

rico de su promulgación es necesario

para su análisis y compresión. En Venezuela, según los datos de

la Encuesta Nacional de Victimiza-ción y Percepción de Seguridad Ciu-dadana 2009 (iNE, 2010), el 79% de los homicidios para ese año fue-ron cometidos con armas de fuego. Por otro lado, los anuarios de morta-

lidad recogidos por el Ministerio del

Poder Popular para la Salud señalan

que para el mismo año, se totalizaba

una tasa de mortalidad por armas de

fuego de 52,9 por cien mil habitantes

(pcmh) (Chacón, 2012), siendo una

cifra elevada si se compara con el pro-

medio mundial de 6,9 pcmh (UNDoC,

2011), encontrando 46 puntos por

encima del mencionado promedio.

Esta situación sentó una base para

que, en primera instancia en la opi-

nión pública y posteriormente en los

decisores y formuladores de políticas

de Estado, se posicionara el tema de

un necesario control de armas de fue-

go y municiones en el país, trayendo

como consecuencia que el 13 de mayo

* Criminólogo egresado de la Universidad de Los Andes. Fue coordinador la Unidad de Diagnóstico e Investigación del Consejo Superior Penitenciario, así como también de la línea de investigación sobre sentido e impacto del uso de armas de fuego en Venezuela de la CODES-ARME. Actualmente se desempeña como coordinador de la línea de investigación sobre justi-cia penal en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. [email protected]

192 | comentarios y reseñas

de 2011, por decreto presidencial nú-

mero 39.673 se creara la Comisión

Presidencial para el Control de armas,

Municiones y Desarme (Codesarme).

Esta, dentro de todas las responsabili-

dades de su mandato, tenía la de hacer

lo necesario para proponer instrumen-

tos normativos que se encargaran de

sentar las bases para el efectivo control

de armas, municiones y desarme en el

país.

La Codesarme en materia normati-

va se encargó de diseñar y promulgar

una serie de resoluciones ministeriales

orientadas a la restricción de portes

de armas de fuego en algunos lugares

específicos, suspensión de emisión de

portes y comercialización de municio-

nes y armas de fuego, y elaboración

de protocolos de peritajes y audito-

rías en procesos de administración de

justicia, destrucción de armas de fue-

go y control de los parques de armas

de los cuerpos policiales. (Codesarme,

2012).

De la mano de la elaboración e im-

plementación de estas medidas, en el

marco de la Codesarme, también se

diseñó y suscribió ante la asamblea

Nacional, una propuesta de ley que

regulara a escala nacional todo lo re-

lacionado con el control de armas,

municiones y desarme, propuesta que

luego de ser discutida con todos los

sectores del país involucrados con este

tópico, devino en la aprobación de la

Ley para el Desarme y Control de Armas

y Municiones promulgada en Gaceta

oficial nº 40190 de fecha 17 de junio

de 2013, derogando parcialmente la

Ley Sobre Armas y Explosivos, publica-

da en la Gaceta oficial de la República

de Venezuela nº 19900 de fecha 12 de

junio de 1939, y la Ley para el Desar-

me, publicada en la Gaceta oficial de la

República Bolivariana de Venezuela n°

37509 de fecha 20 de agosto de 2002.

a continuación se hace un breve

análisis de la ley, haciendo énfasis en

los aspectos resaltantes contenidos en

ella.

Aspectos más relevantes

e innovadores

La Ley para el Desarme, Control de Armas

y Municiones en su estructura cons-

ta de seis títulos dispuestos de la si-

guiente manera: título i disposiciones

generales; título ii de la fabricación,

importación, exportación, tránsito y

comercialización de armas; título iii

de los permisos de porte y tenencia de

armas de fuego, título iV de la fabri-

cación, importación, exportación y

comercialización de las municiones;

título V de la prevención y el desarme;

y el Vi de las sanciones. todos los títu-

los mencionados agrupan un cúmulo

de artículos que llegan a los 125. En

principio, la ley pretende cubrir todo el

espectro de acción en el cual las armas

de fuego tienen injerencia en la diná-

mica social de Venezuela. Haciendo

un análisis de los elementos incluidos

debemos resaltar la importancia de la

incorporación no solo de las armas de

fuego, sino también de los explosivos

(art. 3, parte 5) como objetos a ser so-

metidos a regulación y control.

Esta ley le otorga a la Fuerza ar-

mada Nacional Bolivariana (FaNB) la

competencia exclusiva para autorizar

la fabricación, importación, exporta-

ción, comercialización, registro, con-

trol, fiscalización, y destrucción de

armas de todo tipo y municiones (art.

8), siendo así la institución que de he-

cho y derecho pasa a controlar todos

los procesos pertinentes a las armas

de fuego y municiones, sin embargo

se contempla un nivel de rendición de

cuentas al establecer que el ente del

Estado fabricante (el cual en estos mo-

mentos, y hasta que no se cree otro, es

la Compañía anónima Venezolana de

industrias Militares –CaViM–) debe

rendir cuentas anualmente al Poder

Ejecutivo y al Poder Legislativo acerca

de la fabricación, importación, expor-

tación y comercialización de las armas

de fuego y municiones (art. 61).

ley de desarme d. benavides | 193

otro aspecto que se incluye en este

cuerpo normativo que es necesario

mencionar, es la discrecionalidad que

se le atribuye el Estado venezolano de

retener o recuperar en cualquier mo-

mento, según lo considere necesario

en las circunstancias que la ley lo es-

tablezca, las armas en manos de los

ciudadanos (art. 10), quedando en-

tonces condicionado el porte de armas

y municiones en mano de los civiles.

Se puede inferir de este aspecto, que

el espíritu del legislador a la hora de

establecer estos mecanismos restricti-

vos es velar porque el Estado tenga un

control absoluto de las armas, tanto

las orgánicas (aquellas utilizadas para

el resguardo de la seguridad ciudada-

na y la soberanía del Estado) en manos

de los agentes de control social formal,

como las que no lo son (cualquier otro

tipo de arma de fuego en mano de los

civiles), en virtud del poder de defensa

o amenaza que representa un arma de

fuego.

Por otra parte, siguiendo las políti-

cas normativas que se establecieron en

la fase previa a la aprobación de esta

ley en el marco de la Codesarme, se in-

cluyó en la Ley para el Desarme, Control

de Armas y Municiones la restricción de

porte de armas en: reuniones o mani-

festaciones públicas, espectáculos pú-

blicos, deportivos, marchas huelgas,

mítines, procesos electorales, en insti-

tuciones educativas, centros de salud,

centros religiosos, establecimientos de

expendio y fabricación de bebidas al-

cohólicas (art. 16), tratando de esta-

blecer lo que se conoce como “zonas

libres de armas”. En este sentido el Es-

tado venezolano tiene un gran reto por

delante para fomentar el cumplimien-

to de estas restricciones, ya que en su

mayoría dependen de inversiones en

materia de implementos tecnológicos,

detectores de metales y cualquier otro

tipo de medio necesario y, se ha demos-

trado que son de difícil implementa-

ción ya que, además de representar un

elevado costo económico para quien

deba implementar el control, implica

una ardua tarea el lograr una cultura

del uso rutinario de los mismos.

Mención especial merece el título V

referido a la prevención del uso de ar-

mas y desarme ya que, es un elemento

innovador en este tipo de legislación

en Venezuela, estableciendo elemen-

tos tales como campañas dirigidas al

fortalecimiento de una cultura de paz

(art. 79), la creación de un fondo para

el desarme el cual debe ser nutrido de

asignaciones especiales del Ejecutivo

nacional y de los aportes de las em-

presas del Estado que comercializan

armas y municiones, en un rango de

hasta el 10% de sus ganancias. Este

fondo debe cubrir financiamiento en

ámbitos tanto de planes de prevención

y concienciación del uso de armas de

fuego y municiones, como del pago

de incentivos para aquellos que en-

treguen voluntariamente un arma de

fuego en el marco de los planes de des-

arme que se implementen en el país.

Es importante resaltar que en el

marco del plan de desarme se debe im-

plementar a escala nacional, por man-

dato de este instrumento normativo, la

amnistía para las personas que hagan

entrega de armas de forma voluntaria,

prohibiendo también que esta persona

sea reseñada de alguna manera (art.

88), siendo este aspecto bastante in-

novador en la legislación venezolana

y abre los caminos hacia la reducción

de la punitividad del Estado luego de

sopesar los pros y contras de la aplica-

ción de estas concesiones en temas tan

álgidos y sensibles para la ciudadanía,

como lo es la violencia con armas de

fuego.

Por otro lado, y de forma antagó-

nica al punto anterior, las sanciones

penales contempladas en esta ley go-

zan de una especificidad mayor que en

legislaciones anteriores acerca de las

conductas que son susceptibles a una

sanción penal en el ámbito de armas

de fuego y municiones. De este modo,

se abre un espectro de penas bastan-


te amplio, el cual va desde un año de

prisión para el caso de negligencia o

imprudencia en los medios para evitar

que un niño, niña, adolescente, o per-

sona con discapacidad mental se apo-

dere de un arma de fuego de su pro-

piedad (art. 108), hasta los 25 años

de prisión (cinco años menos del tope

máximo establecido en nuestro Código

Penal para la pena privativa de liber-

tad) para quien fabrique o trafique ilí-

citamente armas de fuego (art. 123 y

124), dejando ver una clara tendencia

al aumento de la punitividad, traduci-

da en el aumento de la severidad de las

penas.

Por último, es inevitable hacer re-

ferencia a algunos aspectos contem-

plados en las disposiciones transito-

rias, tal es el caso de la imposición de

180 días para la promulgación de re-

glamentos, lo que marca para los legis-

ladores una agenda de trabajo tempra-

na con el fin de lograr consolidar todos

los aspectos relacionados a las regu-

laciones contempladas en la ley. Por

otro lado, en este aparte se suspende la

emisión de permisos de porte y tenen-

cia, además de la comercialización de

armas de fuego y municiones por un

lapso de dos años desde la fecha de pro-

mulgación de la ley de manera de darle

continuidad a las restricciones en este

sentido, que ya se estaban aplicando

para el momento de promulgación de

esta, lo que permite a la plataforma

institucional del Estado adecuarse a lo

establecido en el contenido de la ley.

Horizontes cercanos

El Estado venezolano tiene un gran

reto a la hora de hacer cumplir lo es-

tablecido en esta ley. Debe dársele una

prevalencia a su aplicación en todos

los ámbitos ya que, es un instrumento

legal que toca aspectos en los órganos

de administración de justicia, entes de

control social formal, Ministerio Públi-

co, Ministerio de la Defensa, Poder ju-

dicial, comunidad organizada, y todas

aquellas instituciones a nivel macro

que tienen injerencia de alguna mane-

ra, o se ven afectadas por el control de

armas de fuego y municiones en el país,

lo que demuestra la necesidad de una

articulación interinstitucional efecti-

va, que debe comenzar por el fomento

institucional y la concienciación en to-

dos los niveles. En este sentido, tal vez

revista de una mayor importancia la

implementación de una campaña de

difusión de la ley en un principio, cam-

paña que deberá estar orientada a dar

a conocer este instrumento legal y las

maneras de asegurar su cumplimiento

tanto a nivel de la ciudadanía, como de

las instituciones del Estado que rijan la

materia de control de armas, municio-

nes y desarme.

La promulgación de esta ley viene

a formar parte de una política macro

en el ámbito de la seguridad ciudada-

na, y como tal debe ser implementada,

en armonía con las demás acciones

que se desarrollan e implementan por

el Estado venezolano en esta materia.

reFerenCIas

Chacón, Andrea (2012). “Muertes ocasionadas por el uso de armas de fue-go (MPPS)”. En: Sentido e Impacto del Uso de Armas de Fuego en Venezuela. Co-misión Presidencial Para el Control de armas Municiones y Desarme, Caracas, Venezuela.

Comisión Presidencial para el Con-trol de Armas, Municiones y des-arme (Codesarme) (2012). Resumen ejecutivo. Consulta Nacional por una Convi-vencia sin Armas. Caracas, pp. 30.

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195

todo iniciar debe mirarse, al me-nos, desde un doble ejercicio: mirar por qué se inicia y reflexionar sobre el mismo proceso de iniciar. Esto es, en el iniciar se da una disyuntiva que im-plica que el pasar del espacio vacío a un posible llenado, este quede vacuo o, por el contrario, su llenado sea sos-tenible y que, en este sentido, es siem-pre el espacio temporal idóneo de todo inicio. también pudiera darse la facti-bilidad de cambio en el mismo iniciar, con ello, ajustes se hacen para que el trayecto pueda verse fortalecido. Por ello, el mirar y reflexionar sobre el ini-

cio, quizá, implique volver a iniciar o, mejor dicho, pensar(se) que siempre se está iniciando para, de esta mane-ra, estar constantemente reflexionan-do en torno a ello.

Puede ser este espacio, el iniciar, lo que convoca principalmente a las investigaciones que aquí se reseñan. Este acontecimiento se hace a tra-vés de una línea general que necesita ser pensada constantemente y, sobre todo, desde distintas miradas debido a la complejidad que lo constituye y, so-bre todo, por la gran cantidad de luga-res comunes que resuelven su proble-

* Investigador de la Dirección Nacional de Creación Intelectual del Vicerrectorado de Creación Intelectual y Vinculación Social de la UNES. Magíster en Sociología, Univer-sidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS), Santiago de Chile. E-mail: [email protected]

Mario Millones Espinosa

Investigaciones – UNES 2012


mática antes de pensarla: la seguridad

ciudadana en Venezuela. a través del

Vicerrectorado de Vinculación Social y

Creación intelectual de la Universidad

Nacional Experimental de la Seguridad

(UNES), a continuación se presenta una

reseña de cada investigación. Éstas se

encuentran divididas en tres grupos:

en primer lugar, se describen aquellas

investigaciones llevadas a cabo por el

Vicerrectorado de Creación intelectual

y Vinculación Social; luego, aquellas

realizadas por la Comisión Presidencial

para el Control de armas, Municiones

y Desarme (CoDESaRME) y, por último,

las impulsadas por el Fondo Concursa-

ble de apoyo a la Creación intelectual

en Seguridad Ciudadana y Convivencia

(FoNCREaCiÓN), llevadas a cabo por la

misma Universidad y Vicerrectorado

para motivar a profesoras, profesores

y/o personal administrativo en general

(lo que pudiera denominarse comuni-

dad unesista) a través de convocatorias

abiertas que comenzaron el año 2012

y se espera continúen en el tiempo.

1. Vicerrectorado de Creación

Intelectual y Vinculación Social

Dentro del amplio problema de lo que

se entiende como violencia en espacios

urbanos, los establecimientos educa-

cionales generalmente son invocados,

a nivel investigativo, como sitios en donde o bien se puede crear un mapa de las conductas de agentes que permi-ten comprender la violencia en tanto práctica rutinaria, normalizada y alta-mente socializada; o bien como el sín-toma o reflejo de problemas exógenos que tienen en el espacio educacional su representación o, mejor dicho, re-producción minimalista. también se puede esgrimir la posibilidad que sea el propio espacio educacional el genera-dor de la violencia.

Por ello, no es casualidad que Li-lian Montero y ana Castellanos inten-taran conocer la realidad en torno a la violencia en diez liceos de la parroquia Sucre, sector Catia, sobre todo con jó-venes que cursan la educación media del Subsistema de Educación Básica en instituciones públicas, teniendo como base el gran problema de la violen-cia en Caracas. Como principales ha-llazgos de la investigación, se pueden enunciar que el hurto y las acciones que contemplaron ciertos daños patri-moniales, de acuerdo a la opinión de

las y los mismos estudiantes1, fueron

1 La complejidad de estudiar la vio-lencia en el entorno escolar, advierten las autoras, a través de encuestas auto-administradas por las y los mismos estu-diantes evidenció un problema no me-

las expresiones de violencia más coti-dianas en cada liceo, representando un 57% y 68%, respectivamente. asimis-mo, develaron que las estudiantes que bordean los 15 años de edad son las principales víctimas de delitos como el hurto y que, en cuanto a la percepción que tienen las y los jóvenes de sus pro-pias prácticas, la culpabilidad de los actos recae constante y principalmen-te en una visión individualizada de la responsabilidad.

La relación jóvenes y violencia será también la que investigará Luisa Zam-brano, pero esta vez desde el quehacer de los movimientos cristianos, a tra-vés de tres iglesias de Caracas y, en el uso de distintas tecnologías para poder buscar una salida o resolución a la vio-lencia en los barrios de la capital Vene-zolana, principalmente en los sectores de El Valle, La Vega y Sarría.

La autora señala, como fruto de entrevistas con jóvenes participantes de estas iglesias, que el alejamiento de prácticas violentas a medida que se

nor en los resultados de esta investiga-ción, donde las “no respuestas” en varias ocasiones fueron superior al conjunto de respuestas. En este sentido, esto puede estar relacionado tanto al miedo de las y los estudiantes de responder las diversas preguntas, o a fallas propias del instru-mento de investigación.

investigaciones unes 2012 m. millones | 197

integran a las rutinas propuestas por

cada iglesia como, por ejemplo, los mi-

nisterios de jóvenes que son reuniones

de oración solo para jóvenes y dirigidas

a su vez por jóvenes, sobre todo aque-

llas entre los días jueves a sábados. En

esos días, la autora señala que además

de introducir a las y los jóvenes a los

principios de la religión, le restan acto-

res a la violencia, pues serían los prin-

cipales días donde se cometen accio-

nes violentas. La autora destaca que

dentro de las tecnologías ocupadas por

cada iglesia, no solo se hallan rituali-

dades circunscritas al ámbito religio-

so, sino que también se incluyen ins-

trucciones para llevar a cabo negocios,

proyecciones de liderazgo, desarrollo

profesional, entre otras. Por ello, la in-

tegración de cada persona a la iglesia

no gira solo en los aspectos claves de

la creencia específica, sino que funge

también como solución a problemas

sociales como el trabajo o la pobreza.

Similar a la investigación ante-

rior, Guillermina Soria y Efraín Ruiz

analizan el proceso de mediación de

conflictos desarrollado por el Centro

Cristiano Getsemaní en la comunidad

El Winche. allí, los autores señalan

aspectos positivos de aprendizaje que

esta intervención deja en la disminu-

ción de la violencia entre bandas, a

través de la inmediación de la iglesia y

la organización comunitaria. En este

sentido, como principal tesis, el reco-

nocimiento hacia el otro se torna como

piedra angular para la resolución de

conflictos, pues incluso en la misma

mediación de la iglesia en la comuni-

dad comienza con el respeto hacia los

líderes comunitarios. Los autores se-

ñalan que, en muchas ocasiones, insti-

tuciones del Estado llegan a las comu-

nidades sin conocer el propio convivir

de esta, algo que evidencian como no

lineal y en una frontera frágil que se

mueve a través de las propias relacio-

nes afectivas de la comunidad. Por

ello, el reconocimiento hacia el otro

lo perciben como estrategia estructu-

ral para los cambios en el convivir y la

violencia en los barrios.

otro de los estudios donde las y los

jóvenes fueron el centro de la investi-

gación es el llevado a cabo por Mario

Millones quien, a través de una mirada

bourdieusiana, señala la violencia des-

de la práctica, esto es, condicionada al

espacio y tiempo de las decisiones ur-

gentes de cada agente. Para ello, elabo-

ra una pequeña encuesta que se aplica

a tres grupos de jóvenes (trabajadores

formales, informales y un grupo cultu-

ral denominado Paranpanpan, que en

su mayoría son jóvenes desempleados)

que hacen vida entre el Bulevar de Ca-

tia y el Parque alí Primera. Del instru-

mento, se desprende de manera sucin-

ta que a medida que cambian ciertas

condiciones económico-sociales (la

necesidad), la visión del delito transi-

ta desde lo ilegítimo hacia lo legítimo.

Ello, viene a interrogar la visión del de-

lito como un problema de inoculación

mediática, de libre elección o no saber

convivir.

Por otro lado, el bulevar de Catia

fue también centro de la investigación

de Pavelyn Márquez para conocer, de

primera fuente, el sentimiento de (in)

seguridad en espacios recuperados por

el Gobierno. Bajo una serie de entre-

vistas a quienes hacen vida en el bu-

levar, Márquez llega a las conclusiones

que la intervención del espacio confi-

gura, estructura o al menos condicio-

na el sentimiento de (in)seguridad. a

su vez, la ocupación del tiempo en el

bulevar a través de distintas activida-

des recreativas ha permitido un mejor

uso de sus espacios, así como también

la presencia de cuerpos policías en

rondas de vigilancia. a pesar de ello, la

autora sugiere una serie de medidas a

implementarse para fortalecer la con-

vivencia en espacios recuperados, en-

tre ellas: a) fortalecer la participación

comunitaria, b) promover y divulgar

las acciones que manejan los entes en-

cargados de la seguridad, c) utilización

de la geografía del delito para com-


prender los procedimientos y las accio-

nes que en materia de seguridad se de-

ben emprender, d) proponer algunas

estrategias que contribuyan a fomen-

tar el valor de los espacios públicos de

la ciudad, e) implementar estrategias

educativas sobre normas de conviven-

cia, f) estudiar la posibilidad de incor-

porar patrullaje a pie, y g) colocar las

señalizaciones correspondientes.

también en un trabajo de campo

con jóvenes, pero esta vez con quienes

estudian para ser policías (Policía Na-

cional Bolivariana en la Universidad

Nacional Experimental de la Seguri-

dad, específicamente), el estudio que

llevaron a cabo Luis Díaz y Carolina

Sayago analiza el proceso de construc-

ción de identidad profesional. Para

ello, la estrategia metodológica utiliza-

da comprendió entrevistas en profun-

didad, entrevistas temáticas, obser-

vación participante, grupos focales y

análisis documental. Entre los princi-

pales hallazgos, los autores enuncian

un encuentro conflictivo entre una

forma clásica (que denominan hege-

mónica) de la formación policial frente

a la nueva propuesta que lleva a cabo

la Universidad Nacional Experimental

de la Seguridad (el Viejo Modelo frente

a un Nuevo Modelo, concretamente).

a su vez, nace de ello una confronta-

ción en el proceso de formación entre

lo policial, identificado con todas aque-

llas técnicas que implican enfrentar

situaciones delictivas, y lo no policial,

representado a través de herramien-

tas pedagógicas de desarrollo perso-

nal donde incluso existe presencia de

personal no policial. De igual manera,

los autores del estudio advierten que

desde el comienzo del proceso de for-

mación, las y los discentes entran en

la diferenciación con el mundo civil,

lo que conlleva una constante tensión

pues estos últimos exigen al policía en

formación una actitud represora fren-

te a hechos delictivos, mientras que la

propuesta del Nuevo Modelo se orienta

a la prevención y control.

Desde una mirada general de la his-

toria, Dorennys angulo hace un balan-

ce de cuatro décadas de prevención del

delito en Venezuela (1970-2011) deve-

lando, según la autora, que los planes,

programas y proyectos ejecutados en

materia de prevención del delito nunca

han tenido una identidad propia. Esto

es, no ha habido sostenibilidad tempo-

ral de una visión respecto la prevención

donde, por el contrario, constantemen-

te la percepción individual es que la di-

recciona la política contingente. En este

sentido, se evidencia una ruptura en la

cual el discurso de la prevención ha au-

mentado o tiene momentos de mayor

connotación histórica, pero ello no se

ha visto traducido en más políticas pú-blicas para su materialización o mayor cantidad de recursos. De igual mane-ra, manifiesta la autora, la política de prevención se ha visto atravesada por la urgencia de efectividad ante el pro-blema de la criminalidad en Venezuela lo que dificultaría la misma lógica de la prevención poniendo muchas veces acento en la reacción. En este sentido, angulo adhiere a las conclusiones que Marcelo Sain expusiera en la Universi-dad Nacionales Experimental de la Se-

guridad2, a saber:

…hay que desterrar dos prácticas en

materia de seguridad pública que

son: el voluntarismo y la intuición. El

voluntarismo porque se cree que con

la mera manifestación de voluntad se

producen los cambios sociales y la in-

tuición porque no hace falta ningún

conocimiento experto, ni ningún tipo

de ecuación de poder para que los

cambios se den.

En una línea similar, Elsie Rosa-les analiza el Sistema Penal venezola-no contemporáneo, donde manifiesta como principales preocupaciones para

2 Específicamente, en el Seminario Iz-quierda y las políticas públicas de seguridad ciudadana realizado entre los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2012, en la Universi-dad Nacional Experimental de la Seguri-dad, en la ciudad de Caracas, Venezuela.


corregir el hasta ahora aberrado com-

portamiento actual del Sistema Penal.

allí, señala que, primero, se debe evi-

tar la policiación del Sistema Penal

para hacerlo “más consecuente con

los derechos de la gente y permitir que

la policía se dedique a su función na-

tural: cuidarla, y no a aplicar castigos

sin juicios previos”. Segundo, reducir

la hiperactividad del Sistema Penal y

emplear como criterio corrector las

premisas que caracterizan la inter-

vención del Sistema Penal, en térmi-

nos de elevado costo humano y social,

así como también dirigir la acción del

sistema penal conforme a prioridades,

como reducir la violencia delictiva. Es-

tas recomendaciones3 que hace la au-

tora tienen una temporalidad de corto

y largo alcance, pues como se aprecia

se dirigen tanto a la ley como a su apli-

cación.

Desde otra línea, pero que también

involucra y convoca al Sistema Penal

3 La autora hace también diversas re-comendaciones a distintos ámbitos del Sistema Penal venezolano, por ejemplo, y en un orden técnico para restablecer el Sistema Procesal Penal, señala que se debe retomar el sistema acusatorio me-diante la reedición de sus principios tras-tocados con la reforma 2001 y 2008, duración razonable del proceso, entre otras.

venezolano (y sus posibles fallas, va-

cíos históricos, por tanto, su inminen-

te reestructuración), el estudio de Luis

Salas y Bárbara Cortez señala, como

enuncia el subtítulo, La necesaria in-

vestigación de un delito escasamente

estudiado, visibilizado y, por supuesto,

sancionado: el delito de cuello blan-

co o de los poderosos. Presentan casos

emblemáticos en Venezuela, como por

ejemplo la corrida bancaria de 1993-

1995 donde toda la junta directiva de

Banco Latino fuera absuelta por el tri-

bunal Supremo de justicia, en el año

2001, por falta de pruebas; o el caso

aun abierto desde 2010 por diversos

ilícitos cambiarios de la casa de bolsa

Econoinvest. La complejidad de este

tipo de delitos, según los autores bajo

las ideas de Sutherland, se ven atrave-

sadas principalmente por tres hechos

que permiten, tanto su impunidad,

como un escaso rechazo ciudadano,

a saber: a) generalmente los delitos de

cuello blanco son de proceder comple-

jo o experto y sus efectos difusos, b) los

medios de comunicación no expresan

repudio inmediato contra este tipo de

delitos, y c) las leyes que rigen las ma-

terias propias de delitos de cuello blan-

co están desactualizadas, son muy

recientes o más especializadas (y por

tanto desconocidas) que otras leyes.

De esta manera, los autores conclu-

yen que la necesaria reactualización

de este tipo de delitos pasa por una re-

orientación del foco de las políticas cri-

minológicas y de control social lo que,

en suma, no es sino la comprensión de

las dinámicas propias de la economía

política del capitalismo.

En los delitos, los autores señalan

una complementariedad con medios

de comunicación masivos, algo que sin

duda se percibe en la investigación lle-

vada a cabo por Nairbis Sirbain, pero

esta vez bajo una mirada biopolítica.

allí se describe cómo la violencia (por

un lado, su visibilización y etiqueta-

miento y, por el otro, su completa anu-

lación u omisión) se construye en tér-

minos discursivos en distintos medios

de comunicación privados y estatales,

constituyendo regímenes de veridic-

ción. En la complejidad de la relación

medios, poder y seguridad ciudadana,

la autora señala que en la misma di-

námica y conflicto por la disputa del

sentido, surge una imposibilidad de

exigir una ética y completa objetivi-

dad del quehacer periodístico en torno

al delito común. allí, en un acto com-

pletamente político (la línea editorial,

por ejemplo), se desea suspender la

subjetividad, lo que resulta paradójico

que el acontecimiento fluya al lengua-

je y que este sea omnisciente y, por lo

tanto, reafirma su contenido político.


La producción discursiva de la violencia,

título de la investigación, contiene

un trasfondo inmediato que advierte,

como dice la autora, las honduras de

las prácticas objetivantes del discur-

so, lo que invita a dejar de pensar el

discurso como reflejo y comprenderlo

más en su estatuto performativo inser-

to y constituyente del sujeto.

2. Comisión Presidencial para el Control

de Armas, Municiones y Desarme

(Codesarme)

Por el lado de las investigaciones lleva-

das a cabo a través de Codesarme, Wil-

men Romero y Calixto Ávila hacen un

estudio sobre el marco jurídico nacio-

nal e internacional en cuanto al con-

trol de armas, municiones y desarme.

De este, se extrae que la Constitución

de 1999 representa una nueva visión

con relación a sus precedentes, en el

sentido de atribuir a la Fuerza armada

Nacional el control y la reglamenta-

ción de armas, municiones y explosi-

vos distintos a los elementos de guerra,

pues con anterioridad tal competencia

era atribuida al poder civil. De esta ma-

nera, como señalan los autores, para

evitar una militarización de los espa-

cios debe imperar la “democratización

y la creación de puentes comunicantes

entre lo civil y lo militar, el sentido te-

leológico de los dispositivos constitu-

cionales 324 y 328 en concordancia

con el artículo 2 de la Constitución de

la República Bolivariana de Venezue-

la”, lo que “sería el de hacer recaer en

una institución la competencia para

reglamentar y controlar la posesión y

uso de otras armas, municiones y ex-

plosivos”. En este sentido, los autores

afirman que la Fuerza armada Nacio-

nal debe ejercer dicha competencia, no

para la defensa militar de la República,

sino para la conformación de un Esta-

do democrático y social de Derecho y

de justicia, entre sus fines destacan la

construcción de una sociedad justa y

amante de la paz, la promoción de la

prosperidad y bienestar del conglome-

rado.

Por otro lado, irama La Rosa, jo-

selyn Lindarte y Luis Cerezo elaboran

el estudio las Políticas públicas del estado

Venezolano en los procesos de control de

armas, municiones y desarme. Omisio-

nes, desaciertos y desafíos para la cons-

trucción de una cultura por la paz. En él,

los autores dibujan la trayectoria que

ha seguido el Estado venezolano en el

tema del control de armas, municio-

nes y desarme, pero especialmente en

lo que han sido omisiones y acciones

contrarias a su rol fundamental como

garante de derechos humanos. De ello,

los autores desprenden las siguien-

tes recomendaciones (de las cuales,

algunas de ellas ya se estarían imple-

mentando en el programa de la Gran

Misión A Toda Vida Venezuela): a) rea-

lización de marcaje de armas de fuego

de acuerdo a códigos que determinan

su origen, b) registro automatizado y

estandarizado de las armas, c) control

en la importación y comercialización,

d) seguridad fronteriza (contraban-

do), e) destrucción pública de armas

incautadas en hechos irregulares y al

margen de la Ley, f) desarme en las cár-

celes, g) educación comunitaria (como

política de prevención y resolución de

conflictos), h) medios de comunica-

ción (fiscalización por contenido vio-

lento), i) coordinación interinstitucio-

nal, j) investigación acción (esto es que

en las investigaciones a llevar a cabo,

la participación de la comunidad se

configure como la estructura a seguir

en todo marco reflexivo).

asimismo, Neyda Peña, Raymi

Sánchez y Manuel Peraza, a través de

grupos focales llevados a cabo en va-

rias ciudades de Venezuela (tanto con

quienes portan armas como personas

cercanas a los mismos), evidencian los

sentidos de la demanda de armas de

fuego en Venezuela. De allí, los auto-

res manifiestan que el “discurso de las

y los participantes de los diez grupos

focales se enfocó principalmente en el


uso de las armas de fuego para come-

ter delitos, por un lado, y por otro, para

defenderse de los delincuentes, tanto

de manera personal como colectiva”.

asimismo, destacan la demanda por

espacios públicos seguros.

Los autores advierten, además,

que la “aprobación y desaprobación

del porte y uso de las armas de fuego,

está asociado a un sentido utilitarista

y circunstancial”. Esto es, el arma de

fuego siempre será el medio para lo-

grar algo: desde seguridad hasta respe-

to. Por otro lado, los autores detallan

que para las y los participantes de los

grupos focales, la violencia con arma

de fuego es un fenómeno natural am-

pliamente aceptado: “esta concepción

tan ampliamente acogida en los diver-

sos grupos focales es un indicador del

nivel de tolerancia y aceptación que se

tiene sobre el fenómeno de la violencia

y, en particular, la violencia con armas

de fuego”. En otro aspecto, se eviden-

cia también en las personas entrevis-

tadas un claro descontento por el fun-

cionamiento del Sistema de justicia y

en donde la política de desarme no fue

bien vista pues consideran, los/as par-

ticipantes, que el “Estado se encuentra

en una posición de minusvalía”.

En la misma línea de las anteriores

investigaciones, el estudio Perspectiva

de intervención en materia de armas de

fuego en las parroquias La Vega, La Pas-

tora y el sector Los Frailes de la parroquia

Sucre, Distrito Capital de Miriam San

juan y Neyda Peña, concluye que las

comunidades, por un lado, reclaman

políticas preventivas que mejoren sus

condiciones de vida y que sancionen

a aquellos que agreden a los vecinos,

pero de manera simultánea reflejan

gran desconfianza en los cuerpos de

seguridad del Estado. “Precisamente

su mal funcionamiento y corrupción

constituye el obstáculo más serio para

una política de seguridad y contribuye

a aumentar el uso de armas de fuego

con fines defensivo”, aseguran las au-

toras al unísono que señalan que estos

hechos han decantado en una cultura

del miedo.

Por ello, las autoras plantean tres

condiciones básicas para la política de

desarme: primero, una campaña de

información que sensibilice y estimule

a la proactividad; segundo, que haya

garantías para el proceso concreto de

canje de armas (asegurar la confiden-

cialidad de quien entrega, escoger ade-

cuadamente el lugar y las personas y/o

instituciones receptoras limitando la

intervención de los cuerpos de seguri-

dad del Estado, entre otras); y tercero,

en cuanto a los beneficios del canje,

predomina la sugerencia de la compen-

sación individual frente a la colectiva.

Por último, Boris Piselli Mazza en

su investigación Diagnóstico de contro-

les institucionales en materia de armas

de fuego, municiones y desarme, señala

que Venezuela estuvo sumida en un

paréntesis histórico de más de 60 años

(desde 1939 hasta 2002, específica-

mente), en el cual fueron pocas las ac-

ciones institucionales y medidas nor-

mativas que se desarrollaron de modo

sostenido en dicho campo. Recién en-

tre los años 2009 y 2011 se retomó

con ímpetu la iniciativa para superar

el abandono que favoreció por décadas

un predominio del control, con lo cual

se puede afirmar que llegó a existir una

verdadera regresión en cuanto al pro-

ceso de evolución institucional.

Sin embargo, para el autor, como

bien señala, el problema no es la au-

sencia de fuentes formales, sino más

bien la suerte de ligereza con la que se

les asume, tanto en el ámbito del con-

trol institucional interno, como en el

externo. asimismo, advierte una espe-

cie de ritualismo en el control de armas

de parte de las instituciones, al mismo

tiempo que aparecen alegatos de falta

de recursos materiales como huma-

nos para llevar a cabo sus propósitos.

De ello, Piselli desprende una serie de

recomendaciones, donde destacan la

necesidad de una revisión exhaustiva

del entramado legal global en la ma-


teria, el cual es débil y presenta lagu-

nas o vacíos importantes; inversión de

parte del Estado para la adquisición y

mantenimiento del sistema iBiS lo que

haría innecesaria la iniciativa del mar-

caje; insistir en la revisión periódica y

la innovación de tecnologías para op-

timizar de forma progresiva todos los

procesos de registro balístico las armas

orgánicas o particulares.

3. Fondo Concursable de Apoyo a la

Creación Intelectual en Seguridad

Ciudadana y Convivencia (Foncreación)

Como se dijo en un principio, las in-

vestigaciones que acá reseñamos son

llevadas a cabo por la comunidad une-

sista las cuales develan diversas in-

quietudes respecto al problema de la

seguridad ciudadana en Venezuela.

Por ejemplo, Paulina Villasmil (arti-

culadora e investigadora comunitaria

del Centro de Formación UNES-Zulia),

lleva a cabo una Propuesta de Acción

Participativa para atender las manifesta-

ciones de violencia en el Liceo Nacional

Bolivariano Manuel Segundo Sánchez del

Municipio Maracaibo, donde las con-

diciones de deterioro del espacio físico

y las relaciones sociales hostiles ponen

el acento en las condiciones estructu-

rales y sistémicas en que se encuentra

el liceo, así como su influencia en la

participación del sujeto ante este pro-

blema.

Desde el Centro de Formación

UNES-aragua, Yuber Pineda y juan

Blanco realizan un Estudio diagnóstico

del proceso de reinserción social en san-

cionados/as con las medidas judiciales

del Servicio Comunitario en el Municipio

Francisco Linares Alcántara de Maracay,

Aragua en donde, como su título en-

seña, la preocupación se posa sobre

quienes después de pasar un tiempo

recluidos, deben volver a vivir en so-

ciedad con las huellas que marcan su

paso por distintos establecimientos

carcelarios y lo que ello significa para

la misma sociedad: estigmas, discrimi-

nación, pérdida de o nuevas redes de

contacto, adaptación a nuevos u otros

códigos, entre otros.

Por su parte, jesús Ramírez y Pilar

Valet, articuladores comunitarios del

Centro de Formación UNES-táchira,

investigan la relación existente entre

espacios de ocio nocturno y la vio-

lencia juvenil en las parroquias Pedro

María Morantes, San Sebastián y La

Concordia. Su inquietud principal re-

mite a las formas de entretenimiento y

diversión nocturna que jóvenes del es-

tado táchira están llevando a cabo en

la actualidad y la relación con la vio-

lencia: qué la gatilla, cómo se reprodu-

ce, cuáles son sus principales caracte-

rísticas. Ello, por supuesto, con la mira

poder al conocer esta dinámica, crear

propuestas de intervención que permi-

tan incidir tanto en las formas de en-

tretención de las y los jóvenes, como la

violencia que los rodea en tanto vícti-

mas o victimarios.

Bajo una mirada similar, Pablo

Caraballo, docente del Centro de For-

mación UNES-anzoátegui, desarrolla

la investigación Proceso de construc-

ción identitario en las y los jóvenes de la

comunidad 17 de Junio y su relación con

la violencia en la cual advierte la com-

penetración de referentes mediáticos y

una serie de elementos sociales, eco-

nómicos, en suma, culturales como la

constitución de estereotipos de género,

exclusión social, procesos de estigma-

tización, creación de expectativas bajo

un orden simbólico, entre otros. El au-

tor manifiesta como principal propósi-

to la contribución a la generación de

estrategias institucionales y comuni-

tarias, con (y desde) las y los jóvenes,

que permitan contrarrestar la perpe-

tuación de patrones sociales que propi-

cian la mala convivencia e inseguridad

en la comunidad.

Por otro lado, jorge Forero y Nelson

ortega, articuladores e investigadores

comunitarios del Centro de Formación

UNES-táchira, están a cargo del pro-

yecto Dinámica del delito homicidio en el


estado Táchira entre 1982 y 2012, donde a través de un análisis histórico de com-prender el contexto y las circunstancias políticas, sociales, económicas y cultu-rales, sobre las cuales se va venido desa-rrollado el problema de la inseguridad y, sobre todo, el incremento del homi-cidio en el estado táchira, frontera con Colombia lo que otorga aspectos y ras-gos distintivos a otros estados. Por ello, la particularidad de la zona fronteriza colombo-venezolana, para los autores, invita a una reflexión histórica de la problemática con el fin de incidir en ella a través de un saber crítico.

De las particularidades de cada zona se desprende también el estudio que realiza Pierre-alain Vandewalle, profesional administrativo del Centro de Formación UNES-aragua, pues el autor señala la inquietud sobre el ma-nejo informativo de la prensa del esta-do aragua, específicamente El Siglo, El Periodiquito y El Aragüeño, en los cua-les se evidenciaría un sesgo informa-

tivo pues la que estos medios darían al público no sería exactamente igual a la que es entregada por los cuerpos policías que comunican los mismos acontecimientos. En este sentido, la preocupación del investigador se cen-tra en cómo este manejo podría gene-rar corrientes de opinión o patrones de conductas respecto a la información recaba y, como se señaló, modificada.

Por último, Emilio Feriozzi, Luis al-via, Erik Vilera y Yesery juárez, pertene-cientes todos a la Dirección Nacional de Educación Física, Deporte y Recreación de la UNES, llevan a cabo una investiga-ción hacia el Perfil físico-antropométrico de egreso a través del nivel de aptitud física y composición corporal de las y los estu-diantes lo que manifiesta una preocu-pación por el estado de aptitud física que tienen cada estudiante, destacando lo fundamental del desenvolvimiento policial en lo cotidiano.

* * *

En resumen, las investigaciones aquí reseñadas presentan inquietudes que miran el problema de la seguridad ciu-dadana desde distintos rincones que señalan un iniciar no exento de com-plejidades. aun en este proceso, en este movimiento inicial, se pincela en estos estudios (muchos de ellos de carácter exploratorio), por un lado que el acen-to común es la somera crítica a tecno-logías punitivas como forma excluyen-te de la prevención, y la crítica de las actuales estructuras involucradas a la seguridad que en muchos casos impi-den la efectividad de aplicación de otra mirada. Por ello, es factible concluir que este iniciar reposa en torno la pro-babilidad y de cierto modo factibilidad de virar hacia otros posibles rumbos sin que los mismos, por supuesto, es-tén desde ya preestablecidos, aunque contiene en sí la única certeza preemi-nente: el cambio.

doCumentos Manifiesto por la Paz y la Vida

Nosotras y nosotros, gentes de organizacio-

nes comunitarias y populares, movimientos

sociales, políticos, colectivos, instituciones pú-

blicas, ciudadanas y ciudadanos, decidimos

conformarnos en un Movimiento para la Paz

y la Vida con el fin de trabajar en propuestas y

acciones a favor de una convivencia pacífica,

segura, solidaria y libertaria, a través del forta-

lecimiento de la organización y la movilización

popular en apoyo a la Gran Misión A Toda Vida

Venezuela.

La construcción de una cultura de paz nece-

sita de cada uno de nosotras y nosotros. En un

esfuerzo conjunto para convertir nuestras co-

munidades, nuestros hogares, nuestros lugares

de trabajo en espacios libres de violencia, en

los que prevalezca la mediación y la resolución

pacífica de los conflictos cotidianos.

En cada una de nuestras acciones cotidianas

y en todos los espacios en los que nos desen-

volvemos: laborales, comunitarios, familiares,

sociales, institucionales, así como en nuestros

Manifiesto por la Paz y la Vida

del Movimiento por la Paz y la Vida

207

208 | documentos

roles como hijas e hijos, madres

y padres, hermanas y hermanos,

trabajadoras y trabajadores, acti-

vistas; tenemos la oportunidad y

debemos hacer realidad los valo-

res humanistas que vencen la vio-

lencia y hacen posible la conviven-

cia pacífica, como el respeto por

la vida, la solidaridad, el reconoci-

miento de lo diverso, la igualdad y

no discriminación y el diálogo per-

manente y abierto.

Como colectivos sociales, nos en-

tendemos como una fuerza pode-

rosa que crece y se multiplica para

hacer posible la convivencia. En

nuestros espacios de activismo es-

tán presentes las y los jóvenes con

su dinamismo y creatividad, las y

los líderes comunitarios con su tra-

bajo organizativo, las mujeres des-

de su lucha cotidiana por la igual-

dad y la vida, las y los trabajadoras

desde sus puestos de trabajo cons-

truyendo patria, las y los militantes

desde sus organizaciones con su

participación activa y propositiva.

Todas y todos, compartiendo nues-

tros saberes y nuestras prácticas de

convivencia, podemos restar espa-

cio a la violencia y ganarlo a la vida.

Por todo ello, nosotras y nosotros

queremos manifestar públicamen-

te nuestro compromiso de trabajar

juntos y juntas en nuestras comu-

nidades, en una gran coalición que

contribuya a la transformación de

las causas que generan la violencia

y la inseguridad; a través de la orga-

nización, el protagonismo popular,

la articulación con las instituciones

públicas y la acción contralora de

las políticas en materia de seguri-

dad implementadas por el Estado.

Y muy especialmente, atendiendo

a nuestros jóvenes que se encuen-

tran en el centro de las dinámicas

de violencia.

Por eso, hoy nos sumamos al Mo-

vimiento para la Paz y la Vida, con

el propósito de construir juntos y

juntas una Venezuela que le gane

a la violencia, a las balas, al mie-

do, al consumismo capitalista y

al individualismo; una Venezuela

fraterna, segura, en la que todas y

todos convivimos solidaria y pacífi-

camente.

INsCRIPCIoNEs PARA Los CURsos, TALLEREs y CoNFERENCIAs DE sEPTIEMbRE

El Centro de Estudios de Seguridad Pública invita a servidoras y servidores públicos, a funcionarias y funcionarios po-liciales, organizaciones sociales, comunidades y público en general a participar en los talleres, cursos y conferencias del mes de septiembre, que se realizarán en el Centro de Formación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad ubicada en Catia.

Curso: Mecanismos alternativos de resolución de conflictos 2, 4 y 6 de septiembre Horas académicas: 20 Sesiones: 3.

Taller: Contraloría de la función policial 6 de septiembre Horas académicas: 8 Sesiones: 1.

Curso: Procedimiento para la privación de libertad 9 y 11 de septiembre Horas académicas: 16 Sesiones: 2.

Taller: Igualdad y equidad de género 11 y 13 de septiembre Horas académicas: 12 Sesiones: 2.

Curso: Nuevo Modelo de Seguridad Ciudadana 13, 18, 20 y 25 de septiembre Horas académicas: 20 Sesiones: 4.

Curso: Faltas penales y el procedimiento para su enjuiciamiento 16 y 18 de septiembre Horas académicas: 16 Sesiones: 2.

Taller: Mediación escolar 23 y 25 de septiembre Horas académicas 12. Sesiones: 2.

Taller: Contraloría de la función policial 27 de septiembre Horas académicas: 8 Sesiones: 1.

Conferencias (gratuitas): La nueva doctrina militar venezolana a la luz de los hechos del 11 de septiembre en Chile y Nueva York (11 de septiembre). Coronel Menry Fernández (10:00am). Perspectiva de género en los cuerpos policiales y militares, vista desde dentro y desde fuera (18 de septiembre). Mónica Sainz (10:00am). Geopolítica y multilateralismo en torno a la integración de nuestra América (25 de septiembre). Carlos San Vicente (10:00am).

Costos:Talleres: Bs. 107,00.Cursos: Bs. 160,50.

Conferencias: gratuitas.

Comunidades exoneradas de pago. Presentar carta de pos-tulación de la organización comunitaria a la que pertenecen, debidamente firmada y sellada.

Dirección: Vicerrectorado de Creación Intelectual y Vinculación Social, Edificio Administrativo, piso 2. Catia

Teléfono: 0212-8028647 / 8088176 /8028788

Correos: [email protected] [email protected]

CENTRODE ESTUDIOS

DE SEGURIDADPÚBLICA

CENTRODE ESTUDIOSDE SEGURIDADPÚBLICA

CENTRODE ESTUDIOS

DE SEGURIDADPÚBLICA

CENTRODE ESTUDIOSDE SEGURIDADPÚBLICA

La Revista ComUNES recibe colabo-raciones para las secciones “Dossier” (tema monográfico), “Artículos y ensa-yos”, “Avances de investigación”, “Rese-ñas” (de libros y de eventos) y “Comen-tarios legislativos”. Para su publicación, requerimos que los autores y autoras se guíen por las siguientes pautas de presentación de originales:

a. Las colaboraciones que se de-seen proponer deben ser enviadas a [email protected]. Allí se detallarán nombre del autor o auto-ras, institución o colectivo al que está afiliado o afiliada, sección para la que propone su colaboración, título de la colaboración y medios de contacto (dirección electrónica adicional, teléfo-nos, etcétera).

b. Se considerarán para su publicación trabajos preferiblemente inéditos y que no hayan sido propuestos simultá-neamente a otras revistas o publicacio-nes; o artículos en idioma extranjero que no hayan sido traducidos al es-pañol, y cuya traducción sea propues-ta por su autor o autora a la Revista ComUNES.

c. Todas la colaboraciones deben te-ner claros el título de la colaboración, nombre del autor o autora, correo(s) electrónico(s) y breve reseña curricu-lar (para todas las secciones excepto para el “Dossier” debe tener entre 15 y 30 palabras, mientras que para esta úl-tima sección la reseña curricular debe ser más amplia, entre unas 100 y 200

palabras, e incluirá sus principales líneas de investigación y publicaciones).

d. Los artículos destinados a “Dossier” e “Avances de Investigación”, adicio-nalmente deben contener resumen en español del artículo (entre 100 y 200 palabras) y palabras claves (entre 3 y 6 palabras). Tanto el resumen como las pa-labras claves serán traducidos al inglés y al portugués, por lo que agradeceríamos a los autores y autoras colaborar en este sentido, si está dentro de sus posibilida-des.

e. La extensión de los artículos o colabo-raciones es variable:

» Para las secciones de “Dossier” e “Artí-culos y ensayos”, oscilará entre las 20 y 35 cuartillas (o, lo que es lo mismo, entre 5.000 y 8.750 palabras).

» Para las secciones de “Comentarios le-gislativos” y “Reseñas” y “Avances de In-vestigación, oscilará entre las 8 y 15 cuar-tillas (o, lo que es lo mismo, entre 2.000 y 3.750 palabras).

f. Todas las colaboraciones, contempla-rán las siguientes pautas:

» Notas. Las notas a pie de página, si las hubiera, se avisarán en el texto con numeración correlativa en superíndice. Se reservarán para notas aclaratorias, pero no se incluirán en ellas referencias bibliográficas, que irán al final del texto.

» Citas textuales. Cuando dentro del cuer-po del artículo se citen frases textuales, estas figurarán de la siguiente manera:

o Si la frase textual ocupa menos de dos

líneas se redactará de corrido en el texto y entrecomillada.

o Si la frase textual ocupa más de dos líneas se escribirá aparte, precedida de dos puntos, entrecomillada y sangrada en el margen izquierdo y con espacio in-terlineal menor.

Para indicar la referencia bibliográfica a la que pertenece la cita, o bien para lla-mar la atención en el cuerpo del texto sobre cualquier referencia bibliográfica, se colocará entre paréntesis el apellido del autor, tras una coma se colocará la fe-cha de publicación de la obra y tras dos puntos la página o páginas a las que se refiere la cita. Ejemplo: (Sain, 2010: 38-39). La referencia bibliográfica completa irá al final del texto.

» Referencias o fuentes consultadas. Las referencias bibliográficas, documenta-les, hemerográficas y orales deberán in-cluirse al final del artículo, ordenadas al-fabéticamente y de la manera en que se ejemplifica a continuación:

Libros

Dostoievski, Fiódor (2002). Los demonios. Madrid: Alianza.

Habermas, Jürgen (1997). Facticidad y va-lidez. Madrid: Trotta.

Touraine, Alain (1998). ¿Podremos vivir juntos? Buenos Aires: Fondo de Cul-tura Económica.

Negri, Toni y Michael Hardt (2006). Multi-tud. Guerra y democracia en la era del Imperio. Madrid: Mondadori.

Pautas para los colaboradores y colaboradoras de ComUNES

Artículos

Arditi, Benjamín (2002). “Trayectoria y potencial político de la idea de socie-dad civil”. Revista Mexicana de Socio-logía, año 66, n. 1. México: UNAM.

Castillo Zapata, Rafael (2009). “Di que me quieres”. En Fenomenología del bo-lero, pp. 45-61. Caracas: Fundación Celarg.

Giménez, Lulú (1999). “Esperando a los bárbaros: Ficción y representación en la historia caribeña”. En Aura Marina Boadas y Mireya Fernández (comps.), La huella étnica en la narrativa caribe-ña, pp. 51-64. Caracas: Celarg.

Legislaciones

Ley Orgánica del Ministerio Público. Gace-ta Oficial Nº 38.647, del 19-02-2007.

Ley del Cuerpo de Investigaciones Científi-cas, Penales y Criminalísticas. Gaceta Oficial Nº 38.598, del 05-01-2007.

Obra, artículo o documento en formato electrónico

Comisión Europea (2001). Programa de trabajo de la Comisión para 2002. Consultado el 18-11-2001 en http://www.europa.eu.int/comm/workpro-gr/2002/).

Vallejo, Fernando (2006). “El monstruo bicéfalo”. Ojos abiertos (blog). Con-

sultado el 02-07-2011 en http://ojo-sabiertos.blog.galeon.com/

» Uso de abreviaturas y siglas. Se evitará el uso de abreviaturas y siglas, que nunca se usarán en los títulos de los artículos o en sus intertítulos. En el caso de siglas, la primera vez que se empleen deberán ir entre paréntesis precedidas por el nom-bre completo al cual hacen referencia; se escribirán sin puntos.

» Esquemas, tablas y gráficos. Se ofrecerán con absoluta claridad y detalle, numera-das y tituladas. Su referencia en el texto no será de acuerdo a su ubicación sino a su numeración (por ejemplo, no se dirá: “En la tabla de abajo podemos ver…”, sino “En la tabla 1 podemos ver…”. En la medida de lo posible, estos elementos se enviarán en su formato editable, para hacer las adaptaciones y correcciones correspondientes. Deberán presentarse exclusivamente en blanco y negro o bien utilizando una escala de grises.

g. Valoración de los artículos. Los ar-tículos serán evaluados por el Consejo Editorial de la Revista, que determinará si el artículo encuadra en la temática, la política editorial y las normas de la revis-ta. Una vez evaluados estos artículos, se notificará al autor o autora la aceptación o no del trabajo, o se solicitará las modi-ficaciones sugeridas.

h. Responsabilidad. La Revista ComU-NES no se hará responsable de las ideas y opiniones expresadas en los trabajos pu-blicados. La responsabilidad plena será de los autores y autoras de los mismos.

i. Formatos de publicación. Los artícu-los o colaboraciones aceptados en la Re-vista, serán publicados tanto en formato impreso (2.000 ejemplares cada tirada), como en formato digital (PDF) de acceso abierto, en el sitio web de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes): unes.edu.ve, así como en todas aquellas bases de datos especializadas que el editor considere adecuadas para su indización o inclusión, con miras a in-crementar la visibilidad de la Revista.

j. Solicitud de revisión o arbitraje. Los autores y autoras cuyos artículos hayan sido publicados por la Revista ComUNES, eventualmente recibirán solicitudes por parte del Consejo Editorial para su par-ticipación como árbitros o revisores de artículos propuestos para siguientes edi-ciones.

k. Envío de ejemplares y separatas. Los autores y autoras de los artículos publi-cados recibirán 5 ejemplares del número en que aparecen y 10 separatas de su ar-tículo, aparte de la versión digital (PDF) de la Revista.

EsTA y OTrAs EdiciONEs EsTáN dispONiblEs EN www.unes.edu.ve

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