* investigadora del instituto de investigaciones jurídicas ... · confluyen problemáticas que...

LA MEMORIA DE LAS OLVIDADAS

Rosa María ÁLVAREZ DE LARA*

Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chi-huahua, están en la cúspide de una pirámide de loque conceptualmente se ha venido manejando comoviolencia de género, por lo que el planteamiento delos derechos de las mujeres en México conduce a lareflexión en torno a la responsabilidad que el Esta-do tiene de prevenir y garantizar la seguridad, y ha-cer respetar los derechos de las personas, tal y comoel orden jurídico lo prevé, dentro de lo que se deno-mina “Estado de derecho”.

La ONU en su informe del año 2000, ha señala-do que las mujeres constituyen el grupo humanomás discriminado, a nivel mundial, sin exclusión depaíses o culturas. Así pues, debe reconocerse que setrata de una realidad social y política que se corres-ponde con un fuerte entramado estructural que for-ma parte sustancial del mismo.

* Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de laUNAM.

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Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

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En este sentido, la violencia es una de las herra-mientas más poderosas tanto para imponer la discri-minación como para mantenerla, en una situaciónque puede ir desde la violencia simbólica que puedeconvertirse en directa, y que de hecho se convierte,como diariamente vemos, por motivos puntuales ycon sesgos diferentes según la realidad social o elmomento histórico, en una violencia real y actual.

Este hecho ha permitido acuñar el término vio-lencia de género del que también se ha ocupado laONU definiéndolo como “todo acto de violenciaejercido contra la mujer por el simple hecho de ser-lo y cuyo resultado, posible o real, consiste en undaño físico, sexual, y/o psicológico, incluidas lasamenazas, la coerción o la privación arbitraria de li-bertad, y todo ello con independencia de que seproduzca en el ámbito público o privado”.

No es posible sustraerse al hecho cierto y por de-más significativo de que en las ciencias sociales nohaya existido, hasta años muy recientes, un concep-to, sobre lo que es el fenómeno de la violencia degénero, las “leyes internas” que lo rigen, las causasque lo provocan, los efectos que produce. Esta si-tuación ha provocado que se haya desconocidocomo abordar el fenómeno de forma eficaz.

Pero volviendo al significado de violencia de gé-nero y después de describir la violencia, es necesa-rio decir que se entiende por género las diferencias

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sociales y culturales, que se imponen a las personasen razón de pertenecer a un sexo o al otro. Esto es,se hace referencia al contexto sociocultural, a loscondicionamientos que actúan sobre mujeres y va-rones y configuran de una determinada manera supersonalidad, sus expectativas, su vida, provocandocon ello un desequilibrio en las relaciones de poderentre los sexos en los ámbitos social, económico,religioso y político, en contra las leyes nacionales einternacionales en favor de la igualdad.

Los estereotipos que este sistema de poder ha lle-gado a construir, son pautas de conducta inte-riorizadas inconscientemente que proporcionan amujeres y varones una identidad, y por tanto actitu-des y prácticas que perpetúan la condición inferiorque se asigna a las mujeres en la familia, en el tra-bajo y en la sociedad.

A partir de la definición de violencia de género,establecida en la Convención sobre la Eliminaciónde todas las formas de Discriminación contra laMujer,1 y que señala que la violencia contra la mu-jer es una violación de los derechos humanos y unaforma de discriminación contra la mujer, la Con-vención Interamericana para Prevenir, Sancionar y

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1 Mejor conocida como CEDAW, por sus siglas en Inglés, Con-vention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Wo-men. Ratificada por México el 23 de marzo de 1981.




Erradicar la Violencia Contra la Mujer2 estableceque “toda mujer tiene derecho a una vida libre deviolencia, tanto en el ámbito público como el priva-do, y que la violencia contra la mujer constituyeuna violación de los derechos humanos y las liber-tades fundamentales y limita total o parcialmente ala mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de ta-les derechos y libertades”.

Esta Convención, también conocida como Belemdo Parà, señala igualmente que la violencia contrala mujer es una ofensa a la dignidad humana y unamanifestación de las relaciones de poder, histórica-mente desiguales entre mujeres y hombres y que laeliminación de la violencia contra la mujer es con-dición indispensable para su desarrollo individual ysocial y su plena e igualitaria participación en todaslas esferas de vida.

Asimismo, la citada Convención entiende porviolencia contra la mujer cualquier acción o con-ducta, basada en su género, que cause muerte, dañoo sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mu-jer, tanto en el ámbito público como en el privado,


2 Depositario: OEA; lugar de adopción: Belem do Para, Brasil, fe-cha de adopción: 9 de junio de 1994, vinculación de México: 12 denoviembre de 1998. Ratificación, aprobación del Senado: 26 de no-viembre de 1996, según decreto publicado en el Diario Oficial de laFederación el 12 de diciembre de 1996.




estableciendo que la violencia contra la mujer in-cluye la violencia física, sexual y psicológica:

• Que tenga lugar dentro de la familia ounidad doméstica o en cualquier otra re-lación interpersonal, ya sea que el agresorcomparta o haya compartido el mismodomicilio que la mujer, y que comprende,entre otros, violación, maltrato y abusosexual;

• Que tenga lugar en la comunidad y seaperpetrada por cualquier persona y quecomprende, entre otros, violaciones, abu-so sexual, tortura, trata de personas, pros-titución forzada, secuestro y acoso sexualen el lugar de trabajo, así como en insti-tuciones educativas, establecimientos desalud o cualquier otro lugar, y

• Que sea perpetrada o tolerada por el Esta-do o sus agentes, dondequiera que ocurra.

En su artículo 7o., establece que los Estados sus-criptores deberán adoptar, por todos los mediosapropiados y sin dilaciones, políticas orientadas aprevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y es-pecíficamente actuar con la debida diligencia paraprevenir, investigar y sancionar la violencia contrala mujer.





De conformidad a lo señalado por el artículo 133constitucional, las Convenciones mencionadas,dado que fueron celebradas por el presidente de laRepública con aprobación del Senado, son, al igualque la propia Constitución y las leyes que emanende ellas la ley suprema de toda la Unión, por lo quelos jueces de cada estado se arreglarán a dichos ins-trumentos, a pesar de las disposiciones en contrarioque pueda haber en las legislaciones estatales.

De acuerdo a lo anterior se puede afirmar que enCiudad Juárez no se está cumpliendo con el marcojurídico protector de las mujeres. Son muchas lasexplicaciones que desde varias perspectivas se handado para explicar lo que no tiene explicación: elasesinato sistemático de mujeres en esa ciudadfronteriza, en los últimos diez años.

Considerada como una de las mayores zonas ur-banas de la frontera con Estados Unidos, CiudadJuárez se ubica a 1,229 kilómetros al norte de laCiudad de México. Tiene una población cercana alos dos millones de habitantes y registra un intensointercambio comercial, social y cultural, en ellaconfluyen problemáticas que imprimen un matiz es-pecífico a la ciudad, como son el narcotráfico, lamigración, la prostitución, entre otras.

Ciudad Juárez tiene una clara diferenciación so-cioeconómica de su población con un cerco de mi-seria asentada principalmente en el poniente de la





ciudad donde se encuentra la población de menoresingresos, en esta zona poniente vive alrededor del50% de la población de Juárez, casi 600 mil habi-tantes con niveles particularmente bajos, careciendola mayoría de los servicios básicos de agua potabley drenaje. Ahí se registra el mayor índice delictivode la ciudad y probablemente del estado.

Los servicios relacionados con la salud públicason prácticamente inexistentes, se carece de fuentesde trabajo y la población que labora debe efectuargrandes recorridos para desplazarse ya que las víasde comunicación son escasas y deficientes, agrególa comisión. Existen en el sector únicamente unaescuela preparatoria y seis secundarias oficiales.

La pugna política por el poder entre los dos par-tidos más relevantes en el estado, el RevolucionarioInstitucional, y el Partido Acción Nacional, ha pro-piciado un clima de inestabilidad social y de inac-ción por parte de las autoridades estatales y munici-pales frente a los diversos fenómenos que afectan ala sociedad juarense.

Estas son, a grandes rasgos, las característicasdel escenario que al parecer han favorecido los abe-rrantes crímenes de mujeres, sin embargo, a esteanálisis se deben agregar los ingredientes con losque la opinión pública identifica estos lamentableshechos: la negligencia de las autoridades para escla-recer y castigar esos crímenes y para imponer ac-





ciones preventivas, que eviten nuevos asesinatos,estableciendo medidas concretas que conduzcan ala protección de las mujeres, especialmente a lastrabajadoras que laboran turnos nocturnos en las di-ferentes fábricas maquiladoras.

Con los antecedentes planteados, se puede afir-mar que estos hechos evidencian de manera irreba-tible que “el Estado de derecho” en nuestro país seencuentra en una crisis profunda y que los asesina-tos de mujeres en Ciudad Juárez son la máxima ex-presión de esta crisis.

Para ello habremos de esbozar, sintéticamente,cuales son los elementos que conforman ese llama-do “Estado de derecho”.

El Estado de derecho está constituido por un or-den jurídico que establece el marco en el cual seejerce la conducta de los individuos, los grupos ylos gobiernos, y que regula las relaciones entre losmismos, definiendo sus deberes y derechos respec-tivos.

Este orden jurídico, basado en los principios fun-damentales de derecho, supone en primer lugar unaConstitución, donde se consagre la existencia delPoder Legislativo, el Poder Ejecutivo y un PoderJudicial independiente, y que establezca una distri-bución de facultades entre el orden federal y el or-den local y que, asimismo, reconozca, de maneraexplícita, que la persona es titular de ciertas liberta-





des y ciertos derechos fundamentales, los cuales nisiquiera el Estado puede restringir a menos de ha-cerlo mediante una ley; requiere igualmente, queexistan además los mecanismos procesales idóneospara poner en movimiento la maquinaria jurídicacuando se han violentado los derechos de la persona.

Este orden permite el mantenimiento de una so-ciedad en donde el poder se ejerce de manera de-mocrática y donde el derecho tiene primacía sobrela fuerza.

El orden jurídico mexicano está sostenido en lacúspide por la Constitución política del país y porlas Constituciones locales, en el caso la Constitu-ción del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.Ambas contienen los elementos descritos, sin em-bargo, precisamente acontecimientos como los ase-sinatos de mujeres en Ciudad Juárez evidencian queen nuestro país, el orden jurídico sufre graves pro-blemas: las estructuras institucionales presentan in-centivos perversos, de tal forma que no se castiga ladesobediencia a las leyes, ni la ineficacia y el des-perdicio en las acciones públicas, ni el autoritaris-mo, la corrupción y negligencia de los funcionariospúblicos: en pocas palabras, la realidad nada tieneque ver con los preceptos jurídicos.

México como ya se vio, firmó y ratificó las Con-venciones internacionales mencionadas, lo cual im-plicaría su respeto absoluto, en todos sus términos,





sin embargo, en el caso que nos ocupa, a pesar dehaber asumido el compromiso repito, de “...adoptar,por todos los medios apropiados y sin dilaciones,políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradi-car dicha violencia y específicamente actuar con ladebida diligencia para prevenir, investigar y san-cionar la violencia contra la mujer, casi nada, nadase ha hecho”. Tampoco de nada han servido las mo-vilizaciones de los familiares de las víctimas, de or-ganizaciones de la sociedad civil comprometidascon las causas de los derechos humanos.

De nada ha servido el clamor social, los asesina-tos se han seguido dando, y las desapariciones demujeres continúan, los culpables siguen sueltos sinrecibir su castigo y las autoridades, igualmente cul-pables, también gozan de cabal salud.

La impunidad ha prevalecido a lo largo de estosdiez años, propiciando un clima de inseguridad, deincumplimiento y de ausencia de la ley, lo cual haservido para enviar un mensaje inequívoco a loscriminales en potencia, de que ante la comisión decualquier crimen, aun el más aberrante, se tienenmuy pocas posibilidades de ser castigados, por ello,de esta manera la función preventiva de la ley, hadejado de funcionar.

El Estado se ha visto incapaz de actuar eficiente-mente para enjuiciar a los culpables, pero tampocoha actuado eficazmente al no responsabilizar a los





funcionarios públicos que tuvieron en sus manos lasinvestigaciones de los asesinatos y que no realiza-ron eficientemente su trabajo.

Resulta increíble en un supuesto Estado de dere-cho, que el aparato de la justicia haya sido a tal gra-do ineficiente, que ni siquiera se haya castigado aun porcentaje mínimo de criminales, pero resultaaún más increíble que su ineficiencia haya llegado alos extremos de tampoco identificar a las víctimas.Desde febrero de 1993, en los registros que han cir-culado algunas ONG aparecen mujeres asesinadassin que hasta la fecha hayan sido identificadas, se-guramente porque son mujeres pobres, provenientesde otros estados de la República, igualmente po-bres, así es que sus asesinatos no tienen una rele-vancia e impacto social. Esto es resulta a todas lu-ces inaceptable.

En otro sentido, la ineficacia de las autoridadesinvestigadoras resulta altamente sospechosa. Unode los pocos detenidos y procesados, el ciudadanoegipcio Abdel Latif Shariff, después de siete años ynueve meses de estar recluido en el Cereso de Chi-huahua, el pasado 25 de febrero fue sentenciado a20 años de prisión por el delito de homicidio sim-ple, perpetrado en agosto de 1995, en contra de lajoven de 17 años, Elizabeth Castro García.

En 1999, el juez octavo de lo penal de CiudadJuárez había sentenciado a Shariff a 30 años de pri-





sión por homicidio agravado, ya que la joven fueviolada antes de ser estrangulada. La defensa delegipcio apeló la sentencia y el juez de la instanciavaloró las pruebas determinando la recalificacióndel delito y la reducción de la pena a 20 años, conlo cual en unos dos años estará libre.

Esta sentencia, produce un doble cuestionamien-to, ¿fue por incapacidad de la autoridad investiga-dora que un asesino va a compurgar una pena redu-cida?, ¿o bien estamos ante una persona que fueinjustamente acusada, como siempre lo ha sosteni-do?

Quisiera mencionar la posición que han asumidoel presidente de la República y el gobernador delestado de Chihuahua. El presidente denegando lapetición que organizaciones de derechos humanos,familias de las víctimas y amplios sectores socialesle han hecho, en el sentido de que la PGR atraiga lainvestigación de los homicidios, dado su gravedady ante la incompetencia de las autoridades estatales.Y el gobernador Martínez rechazando que los ho-micidios y la falta de resultados en las investigacio-nes sean responsabilidad exclusiva de su adminis-tración.

Sin embargo, esta negativa ya no se debe soste-ner, dado que, el Comité de Naciones Unidas parael seguimiento de la Convención para la Elimina-ción de todas las formas de Discriminación para la





Mujer, determinó admitir el caso de los asesinatosde mujeres en Juárez, de conformidad con el artícu-lo 8o. del Protocolo Facultativo de la CEDAW, porconsiderar que se trata de una violación grave y sis-temática de un sector de la población.

Así, el pasado 7 de marzo el Comité solicitó algobierno de México que además de aportar la infor-mación pertinente para que se pueda llevar a cabola investigación por parte de dicho Comité, debetambién llevar a cabo la investigación de esos crí-menes. En ese sentido, lo conducente es que seauna instancia federal la que realice la investigación,esto es la Procuraduría General de la República.

El mismo Comité también tiene la posibilidad derequerirle al secretario de la ONU que recopile in-formación sobre el caso, proveniente de diversasfuentes como: organismos no gubernamentales, or-ganismos internacionales con sede en el país o quehayan realizado visitas y a instituciones académi-cas, para enriquecer el expediente.

Cabe llamar la atención sobre el hecho de queéste es el primer caso que admite el mencionadoComité, por lo que a México le corresponde el nadahonroso mérito de inaugurar este capítulo con he-chos que nunca debieron haber sucedido. Sin em-bargo, sea bienvenida la presión internacional si através de ella se logra detener esta ola de homici-





dios que lesionan gravemente además de las vícti-mas y sus familias, a la sociedad en su conjunto.

Mientras estos crímenes no se resuelvan, y entanto no se impida que se sigan cometiendo, cual-quier discurso en este país acerca de la democracia,el Estado de derecho, y los derechos de las mujeres,carece absolutamente de contenido.





* investigadora del instituto de investigaciones jurídicas ... · confluyen problemáticas que...

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