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REVISTA MENSUAL

MAYO DE 2010

AÑO IX • N° 119

TRES PESOS

ISSN 1669-9122

Yo no me sentaría en tu mesa La negativa del movimiento obrero organizado a participar de un documento crítico a la política económica y social del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, elaborado por el Episcopado argentino, provocó un nuevo desbande empresario y la imposibilidad de consensuar un programa alternativo bajo la conducción de la Sociedad Rural y la Cadena Agroindustrial.

EQUIPO DE TRABAJO Redacción: Claudio Adrianzén Bei, José María Dunn, Sebastián Juncal, Julián Kan, Pablo Lombardi, Sebastián Ortiz, María Florencia Socoloff, Diego Tavormina, Fabián Ulmann, Alejandro Viegas, Martín Yuchak. Director: Sebastián Ortiz Corrección: Martín Yuchak y Claudio Adrianzén Bei. Dibujo de tapa: Colectivo El Furgón Responsable de la publicación: Alejandro Viegas. Página web: www.analisisdecoyuntura.com.ar Para contactarnos: [email protected] Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ), New York Times (NYT); Washington Post (WP); Usa Today (UT). – Francia: Le Fígaro (LF); Le Monde (LM) – Gran Bretaña: The Economist (TE); BBC News (BBC) – España: El País (EP); suplemento Nueva Economía de El Mundo (NEEL) – México: La Jornada de México (LJdM) – Venezuela: El Universal (EUn) – Colombia: El Tiempo (ET) – Bolivia: Los Tiempos de Cochabamba (LTC) – Perú: La República (LR) – Brasil: Folha de Sao Paulo (FSP); O estado do Sao Paulo (OSP); Folha da Tarde-Folha de Sao Paulo (FDT-FSP) – Uruguay: La República (LR)– Argentina: Clarín (C); La Nación (LN); Página 12 (P12); Crónica (CR)

Yo no me sentaría en tu mesa 3. El síndrome del uranio enriquecido. La Cumbre de Washington y la Proliferación del Tratado de No Proliferación Por Fabián Ulmann 8. Distintos proyectos en el escenario global. FMI, BRIC y ALBA Por Julián Kan, María Florencia Socoloff y Alejandro Viegas 13. Los oficios terrestres. Entidades del capital e Iglesia Católica Por Diego Tavormina 16. Paralelogramo de fuerzas. Profundización de las tensiones políticas en torno al proyecto de país Por Martín Yuchak 24. Mordiendo los tobillos. La disputa por el rumbo económico Por Claudio Adrianzén Bei 29. Hegemonía y batalla cultural. El enfrentamiento en el plano de las ideas Por José María Dunn y Claudio Adrianzén Bei

Revista Mensual

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Yo no me sentaría en tu mesa 3

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La Cumbre de Washington y la Conferencia del Tratado de No Proliferación

El síndrome del uranio enriquecido Por Fabián Ulmann Cada época se delimita en cierto modo por los temores colectivos que los que ejercen la hegemonía a través de sus múltiples canales de “formación de opinión” impri-men en las representaciones colectivas. Resulta difícil, a dos décadas del fin de la Guerra Fría, evocar la corriente de paranoia y pesimismo característica de los años en los que los bloques conformados por las potencias capitalis-tas centrales y el socialismo real parecieron disputarse el control del planeta. La pesadilla de un escenario de des-trucción masiva de la civilización, de inviernos nucleares y radiación, ha sido reemplazada por la de los efectos –también ominosos– del calentamiento global. Sin embar-go, el arsenal atómico sigue allí, renovado e incluso mul-tiplicado.

Pero el peligro ya no proviene, se nos dice desde la Casa Blanca, de la existencia de un imperio obsesivamen-te dedicado a socavar la democracia y las instituciones del mundo libre –al menos no por el momento–, sino del acceso a la tecnología nuclear por parte de estados re-nuentes a aceptar las limitaciones impuestas por los paí-ses que conforman el exclusivo club de potencias nuclea-res. Conforme los EE.UU. intentan avanzar en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la profundización de sanciones contra Irán –una nación rodeada por potencias nucleares (Pakistán, Afganistán e Irak ocupada por fuerzas comandadas por los EE.UU.) y al alcance de los misiles estratégicos de Israel y Rusia–, abordan otras iniciativas tendientes a estrechar el cerco sobre el estado persa. La más reciente de estas iniciativas la constituyó la Cumbre Nuclear desarrollada en Was-hington a mediados de mayo.

La conformación del club nuclear Cuando en agosto de 1945 los EE.UU. arrojaron dos bombas nucleares de fisión sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, no sólo concretaron el único caso histórico de empleo de armas atómicas sino que también dieron oficialmente comienzo a lo que pronto se conoció como la “carrera nuclear”.

La famosa carta de Einstein dirigida al entonces presi-dente Roosevelt en 1939, y en la cual el científico alemán advertía sobre las investigaciones alemanas para desarro-llar este tipo de armamento de efectos devastadores, in-citó a la administración estadounidense a ponerse a tono con los desarrollos que en este sentido se habían produ-cido en los estados europeos con tradición en ciencia básica: Alemania, Francia, Reino Unido y Rusia (enton-ces la U.R.S.S.).

La ocupación nazi de Europa continental en los inicios de la guerra y el rechazo del fascismo por parte de los principales científicos del viejo continente dificultaron la continuidad de los proyectos de investigación nuclear en sus países de origen y permitieron a los EE.UU. no sólo ganar rápidamente terreno en este campo sino también

poner al servicio de sus necesidades estratégicas a las principales eminencias grises del mundo en la materia. Mientras en Francia la invasión alemana obligaba al pre-mio Nobel de Química Frédéric Joliot a escapar, cance-lando sus avanzados proyectos de construcción de un re-actor, en los EE.UU. el Proyecto Manhattan cobraba forma gracias a los aportes de destacados científicos exi-liados del viejo continente, entre ellos el alemán Hans Bethe, el italiano Enrico Fermi y los húngaros Edward Teller y John Von Neumann. El objetivo del proyecto fue conseguir la detonación de una bomba atómica antes que Alemania, lo que se cumplió en julio de 1945, al lo-grar detonar un arma de estas características en el desier-to de Nuevo México. Pocos días después se producía el ataque sobre Hiroshima.

La ilusión estadounidense de contar con un recurso bélico inapelable duró poco: en septiembre de 1949, la URSS realizaría su primera detonación nuclear en el terri-torio de Kazajstán. Este hecho, sumado a la naciente ca-rrera espacial, marcaría el derrotero de los ingentes re-cursos destinados por ambos estados al complejo militar-industrial. Pronto nuevos estados se incorporaron al ex-clusivo club de potencias nucleares: Reino Unido (1952), Francia (1960) y China (1964). El status privilegiado de este grupo quedaría evidenciado por su poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU).

Conforme se sumaban países al club nuclear, se elabo-raron mecanismos para controlar la expansión de estas nuevas tecnologías por el resto del globo. En la década de 1950 se creó, en el seno de la ONU, la Agencia Inter-nacional de Energía Atómica (AIEA), con el propósito primordial de supervisar los procesos de enriquecimiento de uranio, y a fines de la década siguiente cobró forma el Tratado de No Proliferación, al que nos referiremos más adelante. La misma dinámica de la Guerra Fría conspi-rará, sin embargo, contra el cártel de potencias nucleares. Ya a principios de la década de 1950, la URSS aprovisio-naba de tecnología al gobierno comunista chino a cam-bio de uranio, y para el momento en que ambos gobier-nos entraron en crisis por el liderazgo comunista en Asia central, el gobierno de Mao contaba con misiles nuclea-res SS y SAM e incluso con una bomba atómica suminis-trada por la URSS. En el bloque occidental, la crisis de Suez, que produjo una brecha entre los EE.UU., por un lado, y Reino Unido y Francia, por otro, indujo a estas dos naciones a prestar su colaboración a potencias regio-nales asiáticas: el programa nuclear de la India contó con el apoyo inicial del gobierno británico (reactor Apsara) y el de Israel, con asesoramiento francés (reactor de Di-mona) e intercambios de material fisible y asesoramiento técnico por el entonces régimen racista de Sudáfrica. Existen numerosas evidencias, además, de que a fines de la década de 1970, el gobierno de Ronald Reagan contri-buyó con asesoramiento técnico y material al desarrollo

4 El síndrome del uranio enriquecido

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Frankenstein desencadenado En las primeras décadas del siglo XX dieron inicio las primeras investigaciones tendientes a aprovechar la energía liberada en las reacciones del núcleo del átomo. Básicamente, el principio operativo en que se basan las investiga-ciones con fines pacíficos y aquellas con fines bélicos es la misma. Consiste en provocar artificialmente reacciones en cadena en los núcleos de ciertos elementos como el plutonio o el uranio, en el curso de las cuales se liberan grandes cantidades de energía térmica con relativamente poco material utilizado. El potencial de la producción de energía nuclear puede medirse si se considera que, en un reactor nuclear, un kilogramo de uranio genera, mediante el proceso de la reacción en cadena, más energía térmica que treinta vagones de carga repletos de carbón.

Estas reacciones se generan por fisión de un núcleo o por fusión de dos de ellos. El primer mecanismo, el más tempranamente desarrollado y el más utilizado tanto con fines pacíficos como bélicos, consiste en la desestabiliza-ción de un núcleo mediante el “bombardeo” de neutrones: al romperse y transmutarse, este núcleo libera energía y neutrones que a su vez impactan sobre otros núcleos; en esto consiste la reacción en cadena. Por su inestabilidad, el uranio resulta particularmente apto para los procesos de fisión. Presenta el inconveniente de que no se lo en-cuentra en la naturaleza en estado puro, por lo cual su aplicación requiere del proceso de purificación denominado “enriquecimiento”. El uranio enriquecido al 3 o 4% es apto para la generación de electricidad en reactores nuclea-res; pero para constituir el combustible de un arma nuclear se necesita enriquecerlo al 90% (uranio-235), razón por la cual la capacidad técnica para el enriquecimiento de uranio tiende a considerarse como un indicador de la capa-cidad de determinado estado de contar con armas nucleares. Lo mismo ocurre con la capacidad de producir pluto-nio, un elemento no presente en la naturaleza que se obtiene a partir del uranio. La mayor parte del arsenal nuclear mundial, así como la totalidad de los reactores para producción de energía nu-clear, se basa en la tecnología de fisión. Las bombas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki eran de fisión, si bien el detonador de la reacción en cadena funcionaba por la fusión de átomos de uranio.

La fusión consiste en inducir a dos núcleos del mismo elemento a unirse, conformando un nuevo núcleo. El Sol representa un ejemplo concreto de generación de energía por fusión: en él, cada segundo 657 millones de tonela-das de hidrógeno se convierten en 653 millones de toneladas de helio, descargando al espacio exterior 4 millones de toneladas de energía radiante. Los procesos de fusión generan cantidades de energía aún mayores que los de fi-sión, pero son más difíciles de controlar, en primer lugar porque requieren de la aplicación de enormes cantidades de calor, lo que al momento ha impedido la construcción de reactores productores de electricidad de este tipo, pe-ro no el desarrollo de armas de fusión. Es el caso de la llamada “bomba H” (por el uso de átomos de hidrógeno, elemento especialmente simple y estable) y de toda una generación de armas termonucleares desarrolladas en el curso de la Guerra Fría, y cuyo poder destructivo multiplica por centenares el de los artefactos arrojados sobre Japón.

Este poder destructivo se mide, ante todo, por la fuerza de impacto o choque de la explosión. Little Boy, la bomba arrojada sobre Hiroshima, detonó con una potencia de 20 kilotones (cada kilotón equivale a la potencia ex-plosiva de una tonelada de TNT), matando entre 70.000 y 100.000 seres humanos en el acto. El potencial de las bombas actuales se mide en megatones (cada megatón equivale a 1.000 kilotones), lo que da una idea del inmenso poder de este tipo de artefactos en la actualidad. Debe considerarse, asimismo, que la capacidad destructiva de las armas nucleares excede en mucho al del impacto inicial: sólo en el curso de 1945 murieron en Japón cerca de 100.000 personas por efectos derivados de la radiación.

Una forma híbrida, que utiliza procesos de fisión-fusión, es la llamada bomba “N”, desarrollada por los EE.UU. en la década de 1970. Se caracteriza por su escaso poder de impacto y su altísima capacidad de emitir radiación, lo que le permite contar con un macabro atributo: el de matar seres vivos sin destruir edificios e infraestructuras.

del programa nuclear de Pakistán, en el entendimiento de que el gobierno prooccidental de este país constituía un contrapeso para la creciente influencia soviética en Afga-nistán.

El hecho de que el poder de destrucción atómico sea compartido por un variopinto grupo de estados –incluyendo a algunos considerados como parte de la pe-riferia– no alcanza a ocultar la evidencia de que la distri-bución del armamento nuclear continúa manteniendo el diseño predominantemente bipolar que le imprimió la Guerra Fría. Más del 90% de las armas nucleares están concentradas en EE.UU. y Rusia, emplazadas todavía según la lógica de la teoría de la “Destrucción Mutua Asegurada”, según la cual la mejor forma de evitar una guerra nuclear consiste en asegurarse de que cada bando posee suficiente armamento para destruir a su oponente en caso de ser atacado. Esto explica el hecho de que se

considere como una ventaja decisiva el desarrollar meca-nismos de neutralización de ataque –como el abortado proyecto del “escudo” antimisiles en Europa del Este de la anterior administración estadounidense. Una parte im-portante del arsenal atómico de los EE.UU. y Rusia lo constituyen armas estratégicas de largo alcance (intercon-tinentales), a diferencia de lo que ocurre con el de los restantes estados nucleares, cuyas armas estratégicas son de un alcance menor y cuyo arsenal está compuesto bási-camente por armas “tácticas”, de menor alcance y poten-cia, concebidas más bien como un recurso de apoyo a ejércitos convencionales.


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La pervivencia del emplazado de armas nucleares de largo alcance por parte de los EE.UU. y Rusia a décadas de la finalización de la Guerra Fría da cuenta de la vigen-cia de la disputa por los grandes escenarios regionales o, en todo caso, de la voluntad del llamado “bloque occi-dental” de avanzar sobre los territorios de la ex URSS. El recurso discursivo, sin embargo, ha cambiado. La disua-sión nuclear se pretende ejercer ahora sobre estados díscolos, o bien sobre grupos sindicados como terroris-tas.

Es necesario distinguir, sin embargo, entre estos últi-mos dos casos. Países como Irán o Corea del Norte están en condiciones de desarrollar misiles de mediano alcance (unos centenares de kilómetros) y provistos de combustible atómico de gran poder destructivo, por el hecho de poseer –o ser capaces de desarrollar– reactores para transmutar uranio. Organizaciones como Al Qaeda, aún en el peor de los casos, a lo sumo pueden tener ac-ceso a lo que se denomina “armas sucias”, en las que ma-terial radiactivo es diseminado como resultado de una explosión producida por combustibles no nucleares. Se supone que bombas de este tipo fueron utilizadas por Irak en el curso de la guerra contra Irán, y por grupos chechenos en la década de 1990.

Una vez más, el cerco se rompe en el sur En su famosa alocución de Praga (5 de abril de 2009), Obama trazó las líneas de debate de la Cumbre de Was-hington. Según el presidente estadounidense, ya caduco el escenario de la Guerra Fría, el desafío actual consiste en promover la desnuclearización total del planeta y, mientras tanto, evitar la entrada de nuevos miembros al club nuclear, impidiendo así que grupos terroristas se apropien de armas nucleares o de materiales con los cua-les desarrollarlas. En el discurso de Obama, se mezclan confusamente los peligros derivados del acceso a “armas sucias” por parte grupos político-militares con el desa-rrollo de armamento nuclear estratégico por parte de es-tados como Irán y Corea del Norte. “Irán todavía no ha construido un arma nuclear. Mi administración buscará la colabo-ración con Irán sobre la base de intereses mutuos y el respeto mu-tuo. Creemos en el diálogo. Pero en el diálogo vamos a presentar una clara elección. Queremos que Irán tome el lugar que le corres-ponde en la comunidad de naciones, política y económicamente”

(EP 5/4/2009). La omisión de Israel como potencia nu-clear por parte de Obama permite vislumbrar el rol que a Irán le corresponde, según el gobierno de los EE.UU., en la “comunidad de naciones”.

Todo este esfuerzo por sustentar el cerco sobre Irán, en una demostración de “poder blando”, se vio reforza-do por la presentación de la “Nueva Política Nuclear” de la Casa Blanca. “EE.UU. declara que no usará ni amenazará con usar armas nucleares contra países que no posean la tecnología y que formen parte del Tratado de No Proliferación, y cumplan con sus obligaciones en la materia. Eso nos permite mantener nuestro arsenal para disuadir ataques en las reducidas circunstancias en las que esas armas todavía puedan llegar a desempeñar un papel, al tiempo que ofrecemos un incentivo adicional para que otras naciones cumplan con sus obligaciones. Los países que no cumplan con estas obligaciones se verán aislados y tendrán que reconocer que no están más seguras dotándose de armas nucleares” (LM 6/4). La pos-tura de Obama, que en el plano de la política interna re-presenta ciertamente un cambio respecto de la anterior administración –cuyo secretario de Defensa, Robert Ga-tes, se manifestaba en octubre de 2008 a favor de reno-var el arsenal existente y realizar nuevos ensayos nuclea-res– parece diseñada ex profeso para poner a raya a Irán y Corea del Norte.

Finalmente, la administración demócrata de los EE.UU. abrió la cumbre con el supuesto aval de un éxito en torno a la no proliferación: la firma del tratado START-II con Rusia.

Este acuerdo viene a reemplazar al precedente START-I para la reducción de armas estratégicas, firma-do en 1991 y que expirara a fines de 2009. Los tratados START se sitúan en la línea de una serie de acuerdos ori-ginarios de la Guerra Fría para la limitación de las armas estratégicas (SALT por sus siglas en inglés), generados en el marco de la política de “distensión” de fines de la década de 1960. Básicamente, los acuerdos SALT esta-blecían un límite para la instalación de misiles balísticos intercontinentales, así como la prohibición de elaborar sistemas de protección ante un ataque nuclear. La apa-rente locura de comprometerse a no defender a sus po-blaciones de un ataque nuclear a gran escala se sustenta-ba en la teoría de la “Destrucción Mutua Asegurada”, que antes definiéramos. Los EE.UU. renunciaron unila-teralmente a estos acuerdos en 1986, bajo el gobierno de Reagan, con la intención de avanzar en la construcción de una estructura defensiva conocida entonces como la “Guerra de las Galaxias”. Una iniciativa semejante tuvo lugar más cerca en el tiempo, con la decisión del gobier-no de Bush (hijo) de establecer un sistema de escudos antimisiles en Europa del Este. El abandono de este pro-yecto por parte del gobierno de Obama allanó el camino para la renovación del acuerdo START.

Firmado en Praga el pasado 8 de abril, el START II es-tablece una reducción conjunta de armamento estratégi-co del 30%, a cumplirse en un plazo de siete años. Aun-que se pretendió caracterizar el acuerdo como una señal de la voluntad de Rusia y los EE.UU. de alcanzar gra-dualmente el objetivo del desarme nuclear, algunos ob-servadores han puesto de manifiesto sus pobres conse-cuencias prácticas en este sentido, ya que simplemente

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constituye un marco legal para la inevitable renovación de material obsoleto: “Es delirante hablar de la reducción del arsenal ‘olvidando’ los aumentos en los presupuestos de guerra y de los arsenales nucleares, así como el perfeccionamiento de los vectores, como el X51 de Boeing, que entrará en acción en 30 meses, el cual puede alcanzar cualquier país del mundo con sus cargas nucleares en menos de una hora. O la creación y futura producción en serie del supersubmarino ruso Yassen, con 24 misiles de crucero a bordo, cada uno de los cuales puede transportar seis bombas atómicas. El tratado firmado se refiere sólo a las ojivas hoy operacionales, que están instaladas en su vector y que pueden ser disparadas al instan-te: 5.200 de Estados Unidos y 4.850 de Rusia. Pero en los alma-cenes militares hay otras 12.350 no desmanteladas, o sea, una ca-pacidad destructiva que puede hacer desaparecer el planeta. El tratado START no limita el número de ojivas almacenadas, sólo abarca las actualmente desplegadas en vectores con un alcance de 5.500 kilómetros. Cada vector, además, es considerado como si pudiese tener una sola ojiva nuclear pero, según el New York Ti-mes, un B-52 estadounidense puede llevar 14 misiles y seis bombas nucleares. Además, Estados Unidos declara tener 1.762 ojivas desplegadas en 798 vectores y Rusia 1.741 en 566. El nuevo tra-tado les permite conservar 1.550 ojivas desplegadas (apenas 10 por ciento menos de las declaradas) y tener 800 vectores. No hay, por lo tanto, desarme nuclear, sino una ligera reducción del arsenal, en particular el más obsoleto” (LJdeM 20/4).

Significativamente, fue el presidente brasileño Lula da Silva el único jefe de estado que cuestionó los alcances del tratado: “¿Desactivación de qué? Porque si estamos hablando de desactivar lo que ya estaba caducado no tiene sentido. O habla-mos en serio de desarme o no podemos admitir que haya un grupo de países armados hasta los dientes y otros desarmados” (LN 12/4).

Volviendo a la Cumbre de Washington, fue notorio el contraste entre el marco ambicioso de la convocatoria –concurrencia de unos cuarenta jefes de estado– y sus módicos resultados. Canadá y Chile aceptaron poner ba-jo control estadounidense uranio altamente enriquecido y Ucrania aceptó hacer lo propio con Rusia, medidas más simbólicas que prácticas para remarcar el consenso –bastante obvio en realidad– acerca de la necesidad de impedir que grupos terroristas se apropien de armas con tecnología nuclear. No se abordó el problema del desa-rrollo de los programas nucleares de India y Pakistán. Previsiblemente, tampoco el de la posesión de armas nu-cleares por parte de Israel –oportunamente, el primer ministro israelí se abstuvo de concurrir. El hecho más significativo del encuentro consistió en un encuentro bi-lateral entre Obama y Hu Jintao, en el cual el premier chino habría aceptado profundizar las sanciones sobre Irán.

A los pocos días de finalizada la Cumbre de Washing-ton, y mientras en el Consejo de Seguridad los EE.UU. continuaban intentando sumar voluntades para sancionar a Irán, daba inicio en Nueva York la conferencia de revi-sión del Tratado de No Proliferación (TNP).

El TNP entró en vigor a inicios de la década de 1970, como un intento frenar la difusión de armas atómicas. Cada cinco años se realizan reuniones para su revisión. Básicamente, establece que los países poseedores de este tipo de armamento deben inhibirse de transferir a países

no poseedores armas nucleares o tecnología que permita desarrollarlas. En otras palabras, el TNP sanciona la con-tinuidad de un status quo en el cual las potencias poseedo-ras del poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU (EE.UU., Rusia, Francia, Reino Unido y China) son al mismo tiempo las que detentan este tipo de mate-rial bélico, lo que constituye una doble capacidad de co-erción sobre los países excluidos del selecto “club nucle-ar”.

El TNP establece además el derecho de todas las na-ciones de acceder a la tecnología nuclear con fines pacífi-cos y el papel de la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU (AIEA) como supervisora y garante de que los planes para el desarrollo atómico con fines pacíficos no deriven en la producción de armamento.

Esta última disposición ha tenido un carácter paradóji-co. El casus belli contra Irán, país signatario del TNP, se basa en la supuesta obstaculización por parte de Teherán a la acción de la AIEA, pero a un grupo de países no signatarios poseedores de armamento nuclear, como In-dia, Pakistán e Israel, se les da un tratamiento mucho más tolerante. Incluso Corea del Norte, que abandonó el TNP en 2005, luego de que la AIEA la intimara a sus-pender su programa bélico, parece tener las manos mu-cho más libres que Irán (realizó pruebas nucleares en 2006 y 2010), probablemente por la cerrada negativa de China a permitir intromisiones en lo que considera su zona directa de influencia.

Miembros del bloque de Países No Alineados han hecho notar también que la práctica de los EE.UU. de proveer armas nucleares a otros miembros de la OTAN entra en contradicción con el Tratado. Se trata de dos centenares de bombas tácticas que los EE.UU. instalaron en tiempos de la Guerra Fría en los territorios de Alema-nia, Bélgica, Holanda, Italia y Turquía, y que se conser-van hasta hoy. El dudoso argumento por parte de los EE.UU. es que se trata de casos de “almacenamiento” de arsenal propio en terceros países y que las bombas están bajo el control estadounidense.

La conferencia de revisión fue anunciada como un in-tento para avanzar sobre dos problemas prácticos acu-ciantes. El primero, el carácter voluntario de adhesión al Tratado, lo que implica que los países que permanecen al margen afrontan menos consecuencias prácticas que los que lo suscriben. El segundo, el fracaso reiterado en avanzar hacia un programa de abolición de las armas nu-cleares.

Buena parte del desarrollo de la conferencia tuvo co-mo centro el programa nuclear iraní, con Ahmadinejad –único jefe de estado presente– focalizando la atención con su descalificación del papel de los EE.UU. como ga-rante de la no proliferación nuclear. “EE.UU. es quien amenaza a los países, incluyendo al mío, con el uso de estas armas. (…) ¿Cómo puede el gobierno de Estados Unidos ser miembro de la Junta de Gobernadores [de la AIEA] si, además de ser el único país que lanzó una bomba atómica, usó también armas con uranio en Irak?” (LN 4/5). La intención de aislar a Ahmadine-jad, con el retiro de la sala de los representantes estadou-nidenses y europeos –a esta altura un clásico en cada in-tervención del presidente iraní en los foros


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internacionales–, terminó en un doble fracaso: por un la-do, por obra de una propuesta de acuerdo, gestionada por el presidente brasileño Lula Da Silva, para la provi-sión a Irán de uranio enriquecido al 20 % por parte de Turquía, a ser utilizado en medicina nuclear. Aunque al momento de escribir estas líneas la AIEA aún debe dar su aprobación a la propuesta, presentada ante la agencia el 24 de mayo, la misma indudablemente resta argumen-tos a la avanzada contra Irán en el Consejo de Seguridad. Ya resulta significativo que tanto Brasil como Turquía sean en este momento miembros no permanentes de di-cho Consejo, así como que la iniciativa coincida con sendas visitas a América Latina por parte del presidente turco (la Argentina, Brasil y Chile) y de altos funcionarios iraníes (al Uruguay y México). Pero, ante todo, cada vez parece más evidente la voluntad de liderazgo brasileño para construir un nuevo escenario de resolución de con-flictos en el plano internacional. Como en el conflicto en Medio Oriente y en Honduras, también en lo que refiere al acceso a la tecnología nuclear se desdibujan las fronte-ras del “eje del mal”.

El segundo fracaso de la ofensiva contra Irán provino, algo sorpresivamente, de la declaración final alcanzada en la conferencia, adoptada por consenso entre los 189 fir-

mantes. En dicha declaración, en la que se afirma el obje-tivo de que todas las naciones poseedoras de armas nu-cleares se deshagan de ellas en un plazo no especificado, se omite el programa nuclear iraní –aunque sí menciona al norcoreano– y lo que es más, se intima a Israel para que firme el acuerdo y ponga “todas sus instalaciones nucleares bajo la vigilancia de la AIEA”. La resolución generó no sólo agrias reacciones en el estado hebreo, si-no que el consejero de Seguridad Nacional de los EE.UU. y el propio presidente Obama se vieron obliga-dos a romper lanzas con su tradicional aliado: “Condena-mos enérgicamente los esfuerzos para destacar a Israel y nos opo-nemos a las acciones que pongan en peligro la seguridad nacional del país. (…) La mayor amenaza para la proliferación en Orien-te Próximo es el fracaso de Irán a la hora de atenerse a sus obliga-ciones para con el Tratado de No Proliferación” (Europa Press, 29-5). El enigma de todo esto es porqué los EE.UU. no intentaron bloquear la declaración, que debía adoptarse por unanimidad para tener efecto. “De hecho, Estados Uni-dos se vio confrontado con una decisión desagradable: no apoyar a Israel o quedar como el destructor de una conferencia sobre una de las prioridades del presidente Obama: prevenir la proliferación de armas nucleares y acelerar su reducción y eliminación.” (P12 31-5).

8 Distintos proyectos en el escenario global

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FMI, BRIC y ALBA

Distintos proyectos en el escenario global María Florencia Socoloff, Julián Kan y Alejandro Viegas

En el mes de abril tres instancias que marcan caminos di-ferentes para enfrentar la crisis capitalista esbozaron posi-cionamientos a seguir en la coyuntura del mediano plazo. Detrás de las recetas del FMI, del posicionamiento del Grupo BRIC y de la mayor solidez del bloque ALBA, analizamos las diferentes estrategias en pugna.

Las recetas del FMI y su amarga medicina El 20 de abril se realizó la Asamblea de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mun-dial (BM), donde se presentó, como es habitual cada se-mestre, un Panorama Económico Mundial que nos da la oportunidad de analizar qué visión tienen de la crisis ac-tual estas instituciones, representativas de los capitales más concentrados a nivel global.

En primer lugar, se destaca el retorno al crecimiento: se proyecta que el crecimiento mundial será de alrededor del 4,25 % en 2010 y en 2011. En este momento se prevé que las economías avanzadas crecerán a una tasa del 2,25 % en 2010 –tras una caída del producto de más del 3 % en 2009–, y del 2,5 % en 2011. El crecimiento de las eco-nomías emergentes y en desarrollo superará el 6,25 % en 2010-11, tras un modesto 2,5 % en 2009.

La tendencia al repunte parece entonces clara, pero… está llena de “peros”. Todos ellos se sintetizan en la admi-sión de que “la estabilidad aún no está garantizada.” Y no lo está por varios motivos: la situación de los bancos, el achicamiento de la capacidad de intervención de los Esta-dos, la persistencia del desempleo y de los desequilibrios macroeconómicos globales. Sólo con esta enumeración queda por demás claro por qué la recuperación que tene-mos a la vista no garantiza estabilidad. Profundicemos sobre cómo analizan los organismos financieros interna-cionales estos “peros” y qué proponen para hacer sustenta-ble la recuperación. Sistema financiero

“Nuestras estimaciones de las rebajas contables del sistema ban-cario en las economías más golpeadas desde el estallido de la crisis hasta 2010 se han reducido de $2,8 billones, proyectados en la edi-ción de octubre de 2009 de Global Financial Stability Report, a $2,3 billones. Sin embargo, el panorama global puede ocultar dife-rencias considerables en algunos segmentos de los sistemas bancarios, y persisten algunos focos que se caracterizan por una escasez de capital, riesgos graves de un mayor deterioro de los activos y una rentabilidad crónicamente deficiente.” O sea, se ha digeri-do la sexta parte de las pérdidas de los bancos y quedan segmentos y focos (una nada, pareciera) que concentran de-ntro de sus libros pérdidas no asumidas por un valor equivalente a la mitad del PBI chino. Entonces, esos focos harán que “la reactivación del crédito al sector privado probable-mente será moderada, especialmente en las economías avanzadas.”

Casi parafraseando aquello de que el capital se vuelve el peor impedimento para su propio desarrollo, el FMI de-clara: “Es probable que el capital bancario continúe siendo un factor limitante del crecimiento, especialmente en las econom-ías avanzadas, dado que los bancos continúan reduciendo sus balan-ces.” Pero a continuación se aclara quién lleva la peor par-

te: “La capacidad de endeudamiento de los sectores con acceso limitado a los mercados de capital —los consumidores y las empre-sas pequeñas y medianas— probablemente continúe estando estric-tamente restringida.” Los capitales menos concentrados, sin acceso a fuentes propias de financiamiento, están conde-nados a la penuria crediticia, lo que significa reconocer ta-sas usurarias o perecer.

En cuanto a políticas, el FMI asegura que “para apunta-lar la estabilidad financiera (…) [es necesaria] la rápida resolu-ción de las instituciones no viables y la reestructuración de aquellas con un futuro comercial. Es necesario garantizar que las institucio-nes demasiado importantes para quebrar de todas las jurisdicciones no utilicen las ventajas de financiamiento derivadas de su importan-cia sistémica para consolidar aún más sus posiciones.” (A propósi-to de las “demasiado importantes”, véase Análisis... N° 116).

Para finalizar, queda pendiente la necesidad de acordar una reforma regulatoria. “La orientación de la reforma está cla-ra —mayor cantidad y calidad del capital y una gestión más ade-cuada de la liquidez— pero la magnitud no lo está. (…) Las auto-ridades económicas deben lograr un equilibrio adecuado entre fomentar la seguridad del sistema financiero y garantizar su eficiencia y capacidad de innovación.” Límites de las políticas monetarias y fiscales de estí-mulo

Las respuestas ante el estallido de la crisis llevaron a salvatajes e inyecciones de liquidez sin precedentes. Miles de millones de dólares de los bancos centrales y de las ar-cas fiscales socorrieron al sistema financiero de las nacio-nes avanzadas frente a la amenaza de un colapso total y se usaron también para paliar los efectos de la caída de la ac-tividad económica. La combinación de más gastos públi-cos y menor actividad de las naciones avanzadas ha dispa-rado sus déficit públicos (en torno al 9 % del PBI) mientras sus niveles de deuda, que antes de la crisis pro-mediaban el 65 % del PBI, se proyecta que superen el 100 % en 2014.

Entonces el remedio es muy complicado, porque “en vista de que la recuperación es frágil, el estímulo fiscal planificado para 2010 debe implementarse en su totalidad, excepto en algunas economías que enfrentan profundos aumentos de las primas de riesgo. Estas economías necesitan comenzar ya la consolidación fiscal.” Ya se sabe: aún si fuera demasiado temprano para retirar estímulos, hágase lo que dictan los inversores especulati-vos: frente a la suba del riesgo país se impone sin más con-sideraciones el ajuste fiscal inmediato, aún cuando lo que cabe esperar es una profundización de la caída de la acti-vidad económica. Ya vimos esto en el caso europeo en nuestro número 117 a propósito de la crisis griega, y en este documento del FMI aparece amenazante: “A corto plazo, el principal riesgo, si no se combate, es que los temores del mercado en torno a la solvencia y la liquidez soberanas de Grecia puedan transformarse en una crisis de deuda soberana propiamente dicha y, además, contagiosa.”

Sobre dónde ajustar, el FMI da a modo de ejemplo dos sugerencias muy claras: “Las reformas del gasto en prestaciones


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obligatorias que no socaven la demanda a corto plazo —por ejem-plo, el aumento de la edad de jubilación obligatoria o la reducción del costo en atención de la salud— deben ejecutarse sin demora.”

Remarcamos que estas indicaciones no son para los re-ceptores clásicos de las recetas ajustadoras, es decir, para los países periféricos, sino para la “periferia más cercana al centro”. Lo cierto es que a diferencia de las experiencias críticas atravesadas al menos desde el tequila mexicano de 1994 (pasando por el sudeste asiático –Corea, Taiwán, Singapur, Indonesia, Malasia– en 1997, Brasil y Rusia en 1998, Argentina entre 1998 y 2002, Turquía en 2001, en-tre otras), el estallido actual encontró a estas naciones con niveles bajos de deuda y con abundantes reservas. Así, pa-ra el conjunto de “economías emergentes”, el Fondo se-ñala: “El problema de la deuda pública en estas economías es más local; como grupo, su relación de endeudamiento ronda el 30-40 % del PIB y, teniendo en cuenta su elevado crecimiento, pronto podrían seguir de nuevo una trayectoria descendente.” Esto ha quitado una palanca preciosa a la hora de trasladar desde las eco-nomías más poderosas a las más débiles los costos de una crisis induciendo la aplicación de ajustes recesivos a los países periféricos.

Pasando a la evaluación de las políticas monetarias (ni-veles de emisión de moneda y manejo de la tasa de interés por parte de los independientes bancos centrales), el FMI au-toriza la continuidad de la actual política expansiva para sostener el crecimiento. Esto significa mantener altos ni-veles de emisión y bajos niveles del tipo de interés, “a con-dición de que la presión inflacionaria siga siendo moderada”, lo cual es el caso planteado, dado que la amenaza más seria que muestran los precios en las mayores economías es el de la deflación.

En el mismo sentido en que indicábamos recién, la nota de este momento de la crisis es la situación anómala de países emergentes recibiendo crecientes flujos de capita-les, cuando lo normal sería la acelerada salida en busca de seguridad. La situación se explica por el hecho de que la mayor actividad económica de estos países hace que los niveles de interés vigentes sean superiores a los de las economías más desarrolladas. La atracción de grandes volúmenes de fondos especulativos amenaza crear “presio-nes inflacionarias y burbujas de precios de los activos”, según ad-vierte la publicación del Fondo, recomendando “mantener un cuidadoso seguimiento y actuar sin demora” para evitarlos, al igual que una apreciación excesiva del tipo de cambio (que afectaría la competitividad de la producción local frente a la extranjera). Desempleo

En este punto se admite que “el desempleo continúa siendo elevado en las economías avanzadas.” La amenazante nueva nor-malidad, puesta en números, significa que “en las economías avanzadas, el desempleo se mantendrá cerca del 9 % a lo largo de 2011, según las proyecciones, y luego disminuirá, pero con lentitud.” Y hay más: “en muchos países el problema es más grave de lo que sugieren las estadísticas sobre la tasa general de desempleo, porque muchos de los empleados están trabajando menos horas o han dejado de formar parte de la población activa.”

En estas circunstancias, una inquietud apremiante es la posibilidad de que el desempleo transitorio se transforme en desempleo de largo plazo y reduzca el crecimiento po-tencial del producto.

Frente a esto se aconsejan, por un lado, medidas de li-mitación de daños, como por ejemplo prestaciones por des-empleo y planes de formación y educación para reintegrar a los desempleados a la actividad. Por otro lado, se reco-miendan políticas “para fomentar la flexibilidad salarial” (no se indica en qué sentido, pero se sobreentiende que habla de la reducción de salarios).

Es interesante señalar un par de elementos del análisis publicado por el organismo financiero. Uno es casi cele-bratorio: gracias a reformas institucionales significativas, los ni-veles de desempleo siguen más bruscamente los cambios en el nivel de actividad. Esas reformas son “la relajación de la legislación de protección del empleado y el mayor uso de contratos de trabajo temporarios.” Otro dato es de comparación histórica y justifica el pesimismo actual: las recuperaciones de crisis financieras y de burbujas inmobiliarias son las más mez-quinas en la creación de empleos, por lo que las perspec-tivas laborales en EE.UU. y España son negras. (Añada-mos que son algo peores aún en España: sus márgenes de acción para la política fiscal son más estrechos y no tiene herramientas monetarias propias, en razón de ser parte de la moneda común, el euro).

La implementación de amplios programas de trabajo a tiempo parcial (en Alemania, Italia y Japón, por ejemplo) se mostró como una herramienta eficaz “para ahorrar los costos de despido, contratación y re-entrenamiento” a las empresas, y evitan o reducen las caídas nominales de salarios, pero pueden tener la contra de convertirse en un subsidio per-manente para empleos en sectores improductivos.

“En síntesis –culmina el capítulo– la profundidad y duración de la Gran Recesión en varias economías avanzadas ha creado la necesidad de algunos ajustes estructurales en sus mercados laborales. La tarea es asegurar que este ajuste ocurra lo más suavemente posi-ble y minimizar las consecuencias económicas y sociales de un desem-pleo alto y duradero.” Desequilibrios globales

“La capacidad de la economía mundial para mantener un creci-miento elevado a mediano plazo dependerá del reequilibrio de la de-manda mundial. Esto significa que las economías que registraban déficits externos excesivos antes de la crisis deberán llevar a cabo un saneamiento de las finanzas públicas que contenga el daño a la de-manda y al crecimiento. Simultáneamente, las economías con su-perávits excesivos deberán crear nuevas fuentes de demanda para respaldar el crecimiento, y las que tienen déficits excesivos deberán reducir la demanda.”

Dicho esto, se dedica el último de los cuatro capítulos del documento a señalar cómo una economía con superá-vits puede alcanzar el equilibrio sin perder niveles de em-pleo ni de actividad económica. Todo ello es un mensaje bastante directo a China –aunque nunca la mencionan: “en general, revertir los superávits en cuenta corriente no está asociado a una pérdida del crecimiento económico y que existe una amplia gama de políticas macroeconómicas y estructurales que desempeñan un pa-pel importante para contrarrestar las pérdidas de producto derivadas de una apreciación del tipo de cambio real.” El truco estaría en combinar la tan demandada devaluación del yuan con estímulos a la demanda interna (para lo que el Banco Cen-tral cuenta con amplísimo margen) y con reformas estruc-turales ortodoxas (liberalización comercial, liberalización de servicios públicos).


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Si esta es la llave “para mantener un crecimiento eleva-do a mediano plazo”, habrá que tener paciencia oriental frente a esa puerta.

BRIC: nuevo orden mundial y cuestión nuclear A mediados de abril tuvo lugar en la capital de Brasil, Bra-silia, la IV Cumbre del Grupo BRIC que conforman Bra-sil, Rusia, India y China. Allí los cuatro primeros manda-tarios de las llamadas “potencias emergentes” discutieron acerca de la situación geopolítica internacional, haciendo especial énfasis en las posibles sanciones que EE.UU. quiere imponer en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU a Teherán por el enriquecimiento de uranio con supuestos fines bélicos. Si bien no llegaron a un acuerdo final todavía en este último tema, los cuatro líderes emer-gentes, Lula Da Silva, Hu Jintao, Medveded y Singh, de-mostraron que están preocupados ante la posibilidad de que una condena a Irán se convierta en el nuevo Irák de EE.UU. A decir verdad, al día de hoy EE.UU. todavía no pudo probar la existencia de armas químicas y de exter-minio masivo en la Irak que gobernaba Saddam Hussein, presunciones sobre las que se declaró la invasión y guerra en el año 2003 (a este respecto, ver en este mismo núme-ro El síndrome del uranio enriquecido por Fabián Ulmann). En relación a la situación global se retomaron los postulados de Ekaterimburgo, Rusia, la primera e influyente cumbre del grupo BRIC.

¿Qué es el grupo BRIC? La sigla apareció luego de algunas estimaciones y mediciones del economista de Goldman Sachs, Jim O’neill, a comienzo de esta década, quien en base a cifras demostró que a mediados de este siglo XXI, China e India serán las dos primeras econom-ías mundiales y Brasil y Rusia también se encaminan al li-derazgo económico mundial. En el marco de una Cumbre del G-8, en febrero de 2006, se reunían por primera vez en San Petersburgo los ministros de exteriores del trián-gulo formado por Rusia, China e India. Poco tiempo des-pués, el líder ruso Vladimir Putin propuso saltar del trián-gulo al cuadrilátero y formalizó la ampliación del grupo mediante la invitación a Brasil. Ekaterimburgo. Si bien la sigla BRIC hace tiempo que venía teniendo lugar en los diarios, sobre todo por el cre-cimiento económico y las proyecciones en los escenarios globales que tuvieron los llamados países emergentes en esta década, fue en la Cumbre de Ekaterimburgo, del ju-nio de 2009, donde se sentó una posición ante el nuevo escenario geopolítico internacional. Allí comenzaron a in-tervenir en cuestiones económicas, geopolíticas y de segu-ridad. En el marco del derrumbe de los mercados finan-cieros de los países centrales que venía teniendo lugar desde 2008, cuando estallara la llamada “crisis global”,

comenzaron a exigir reformas en los organismos interna-cionales políticos (ONU) y económicos (OMC, FMI y BM) y a intervenir sobre el devenir del escenario geopolí-tico mundial. Por ese entonces es que se empieza a reunir el G-20, donde la participación de Brasil e India fue de destacada importancia. Decía Lula por ese entonces, en Ekaterimburgo: “Es necesario que establezcamos una estrategia en común entre los BRIC en nuestras negociaciones con la ONU (…). Los países BRIC llegan a la mayoría de edad” (EP 16/06/09).

La Declaración de Ekaterimburgo fue contundente en los siguientes temas que se terminaron por imponer en la agenda internacional. Sintetizamos algunos de ellos de la declaración de ese encuentro: 1) Llamar a todos los países a que cumplan las resolucio-

nes que el G-20 había tomado en la cumbre de abril de ese año;

2) Avanzar en las reformas de las instituciones financieras; 3) Reencausar las negociaciones de la Ronda Doha bre-

gando por un sistema de comercio multilateral estable que ponga límites al proteccionismo de los países cen-trales;

4) Aplicación del concepto de desarrollo sustentable de la “Declaración de Río” para los acuerdos multilaterales de medio ambiente;

5) Profundizar la cooperación internacional en materia de energía garantizando la estabilidad y sustentabilidad;

6) Contribución de los BRIC a garantizar la seguridad alimentaria mundial;

7) Necesidad de reforma global de Naciones Unidas que tenga en cuenta el lugar que tienen hoy día Brasil e In-dia. Brasilia. La cita tuvo lugar de este lado del mapa mun-

dial, en la capital del gigante sudamericano. La temática, además de la cuestión nuclear ya analizada, tuvo que ver con la demanda de construcción de un “nuevo orden mundial”, para el cual ratificaron las posturas ya debatidas el año anterior en Ekaterimburgo. La voz de Lula fue la que permitió conocer dicha ratificación. El mandatario brasileño, al término del cónclave, afirmaba que “[las cumbres del BRIC] revelan que ha nacido una nueva geo-grafía económica mundial [que pretende un orden] más justo, más equitativo, equilibrado e inclusivo en un reno-vado multilateralismo” (LN 16/4). En torno a las deman-das de reforma de la ONU, declaró en nombre del BRIC: “Los países en desarrollo no lograrán consolidar una voz más activa sin que haya una reforma de la ONU y la am-pliación del Consejo de Seguridad” (LN 16/4).

Alternativa Bolivariana para la Crisis Mundial Sin duda el ALBA (Alianza Bolivariana para las Améri-

El BRIC en números En el año 2009 los cuatro países juntos sumaron el 95.5 % del PBI norteamericano, representan entre el 15 y

20 % del PBI mundial, el 40 % de la población del planeta y el 25 % de su superficie. En la última década los 4 países generaron entre el 50 y 60 % del crecimiento mundial. En materia de recursos Rusia es el principal pro-veedor de gas de Europa y Brasil se alista a entrar en los principales productores de hidrocarburos del mundo a raíz de sus recientes descubrimientos. En materia de armamento, Rusia es la segunda fuerza nuclear mundial y el segundo fabricante de material militar y armamento, solamente superado por EE.UU. En la actualidad, China cuenta con el ejército más numeroso del mundo. China e India son los dos mayores países poblados del mundo con algo más de mil millones de habitantes cada uno. En materia de superficie, Rusia es el país más grande del mundo, en tanto que China y Brasil ocupan el cuarto y quinto lugar del ranking e India el séptimo.


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cas), luego de 6 años de vida, se ha consolidado como un bloque regional de gran trascendencia que nuclea a aque-llos países que propugnan por la extensión del Socialismo del Siglo XXI como expresión de una nueva forma de in-tegración regional y principios sociales. Hemos analizado en los últimos años en el Análisis... la evolución de este bloque iniciado en 2004 por medio de un acuerdo entre Cuba y Venezuela, a las que luego se sumaron Bolivia, Nicaragua, Dominica, Honduras (que luego del golpe a Zelaya renunció al bloque), Antigua y Barbuda, San Vi-cente y las Granadinas, y Ecuador. El fortalecimiento de aquel conjunto no sólo se debió a la incorporación de nuevos miembros sino a la profundidad de los acuerdos alcanzados por el bloque. Los Tratados de Comercio de los Pueblos (TCP) son un ejemplo de ello en tanto pro-mueven la cooperación comercial y económica entre los pueblos por sobre los principios competitivos.

Lejos de ser una agrupación marginal, el ALBA se ha convertido en un bloque de gran peso político –más que económico– en la región. Ello queda demostrado no sólo en las posturas comunes que desde por lo menos la última Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago han lleva-do a cada una de las conferencias y organismos interna-cionales, sino en las acciones significativas que el bloque ha tenido en torno a misiones sociales de salud y educati-vas a lo largo del continente.

El proyecto que de fondo contiene el ALBA trasciende cualquier otro tipo de acuerdo económico, político y/o social alguna vez proyectado en la región. La claridad de los principios sociales queda contenida en cada uno de los acuerdos en los cuales se embarcan los países miembros. ¿Traspaso de mando? Socialismo en tiempos de cri-sis

Como hemos mencionado previamente, el acuerdo primigenio que dio nacimiento al ALBA fue entre la Re-pública Bolivariana de Venezuela liderada por Hugo Chávez y la República de Cuba aún presidida por Fidel Castro. En aquel momento la alianza parecía marginal en relación a los grandes bloques regionales constituidos en el mundo, sin embargo, la trascendencia de la misma es-taría contenida en el acuerdo entre aquellos dos exponen-tes revolucionarios del socialismo actual. Es decir, la unión que a partir de allí se consolidaba –aunque de pre-via existencia– constituiría la base de los nuevos preceptos sociales, políticos y económicos proyectados para la re-gión con epicentro en la experiencia revolucionaria de Cuba.

Esta breve introducción sirve tan solo de marco para reflexionar respecto del alcance de las palabras de Fidel Castro del 18 del pasado abril celebrando el Bicentenario de la República Bolivariana de Venezuela. En unas pocas y elocuentes líneas, el revolucionario cubano no sólo ce-lebraba aquel acontecimiento que abría las celebraciones de las gestas independentistas americanas, sino que cons-truía una radiografía de Chávez comandante de la Revolu-ción Bolivariana haciendo evidente las cualidades del mandatario venezolano como estandarte de la revolución socialista.

La significación que tiene una década de gobierno revo-lucionario en Venezuela es quizás mayor de la que poda-mos hoy imaginar, pero que con claridad deviene de las palabras de Fidel. La crisis del imperio norteamericano,

así como del conjunto de los países nucleados en la Unión Europea, hizo evidentes el rol de los “países emergentes”. En particular, como hemos mencionado en previos Análi-sis..., Latinoamérica es hoy una de las regiones que mayor atención está concitando. Más allá de las diferencias entre los países integrantes, el conjunto sudamericano ha logra-do sobrevivir o, más bien, llevar con la frente en alto las terribles consecuencias de la crisis desatada en los países centrales. Es llamativo que sea el FMI –que rigió las polí-ticas para la región durante el ciclo neoliberal del Consen-so de Washington– quien reconoció que esta parte del mundo es la que se encuentra entre las mejor posiciona-das para sostener un crecimiento sustentable, al tiempo que posee hoy los mejores indicadores. Sin duda, ello se ha debido al cambio de paradigma económico, político y social de la última década en la región, abierto justamente con la llegada de Chávez al poder, luego de una prolonga-da y extendida fase de desarrollo neoliberal en donde el capital financiero más concentrado internacional controló los lineamientos macroeconómicos para la región. Se pro-dujo, así, la llegada de un conjunto de gobiernos –resultado en su mayoría de rebeliones y/o revueltas popu-lares que destituyeron a los gobiernos vinculados con los capitales concentrados– de sesgo “progresista” que pro-pulsaron el fin de los principios neoliberales para abocarse en distinta medida a políticas del tipo industrialistas y “benefactoras”. Es decir, desde comienzos del nuevo mi-lenio, los países sudamericanos dieron nacimiento a nue-vos regímenes políticos abocados al desarrollo social y económico de la región apostando ante todo por un desa-rrollo industrial y políticas de seguridad social que pudie-ran revertir las funestas consecuencias que en la mayoría de los países se acarreaban desde los ´70 o desde la insta-lación de las dictaduras militares.

A su vez, este conjunto de países sudamericanos corrió el eje de los alineamientos internacionales tradicionales, afincados sobre todo en lograr el beneplácito de Estados Unidos, promoviendo la profundización de los espacios de integración existentes así como el desarrollo de nuevas instancias de integración cuyo fundamento sea la cons-trucción de soberanía y autonomía regional en todos los planos, haciendo especial énfasis en el resguardo de los recursos naturales y alimenticios disponibles en la región. En este sentido, el rol de Venezuela así como el de Cuba en tanto mentores de nuevas instancias de integración fue y es sumamente significativo.

No debemos olvidar que el debate gira hoy no sólo en torno de las causas y un posible fin de la crisis y recesión mundial, sino que más bien el conflicto parte por quién o quiénes deberán pagar los costos de aquella crisis. El ejemplo de Grecia es el más evidente. La profundidad del déficit y la crisis del pequeño estado europeo han puesto en jaque y en cuestión la moneda regional euro, así como las bases de la Unión Europea. El “ajuste” que de Grecia demandan el resto de los países del bloque es altamente resistido por el conjunto de los trabajadores griegos quie-nes verán reducirse los beneficios previsionales, de salud y educativos hasta ahora asegurados por el Estado.

Es en este sentido que los principios cooperativos, so-ciales y políticos que rigen entre los países miembro del ALBA así como con aquellos países con los que han reali-zado acuerdos bilaterales, representan un proyecto alter-


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nativo, un proyecto social de desarrollo nacional y regio-nal diametralmente opuesto al que rige hoy, por ejemplo, entre los países centrales.

Remitámonos por ejemplo al acuerdo que firmaron los países miembros en la última cumbre del ALBA en oca-sión de la celebración del Bicentenario de la República Bolivariana de Venezuela. Como fundamento último se encuentra explicitada la voluntad de dichos países en “con-solidar la soberanía de nuestros pueblos y construir el camino hacia el socialismo”. A su vez, los mandatarios afirman: “Al consti-tuir y consolidar el ALBA, nuestros gobiernos se han dado a la ta-rea de acompañar la lucha de los pueblos por alcanzar la definitiva independencia, con justicia plena, libres de intervencionismo extran-jero, sin sumisión a mandatos imperiales”. Estas breves líneas contienen el espíritu esencial del ALBA. En particular en aquella ocasión, a través del mismo documento, reafirma-ron el rol de los Consejos Económico, Social y Político del ALBA en torno de la definición de los pasos necesa-rios para la profundización de la integración en cada uno de estos planos. En el plano político, la tarea es producir acuerdos que permitan estrechar los lazos con países ve-cinos y otros países. En el plano económico, partiendo de los principios de “justicia y equidad”, los países miembros se proponen desarrollar los TCP, así como el Sucre (mo-neda común) y el Banco del ALBA como estrategia para el financiamiento y comercialización intra-bloque. Además, en este mismo acuerdo se hace énfasis en la ex-tensión de las misiones sociales (como alfabetización y la misión Milagro) desarrollando una comisión dentro del Consejo Social que diagrame políticas comunes para to-dos los países del bloque. Seguramente este acuerdo no contenga elementos significativamente nuevos a los ya consolidados al interior del bloque pero sí resulta de suma importancia la decisión de profundizar las políticas del bloque consiguiendo delimitar políticas comunes que sean aplicadas en el plano nacional. La misma batalla se plantea en el plano de los recursos naturales y de la lucha contra los medios concentrados de difusión masiva “al servicio de los intereses del imperialismo y en contra de los intereses y aspiracio-nes de los movimientos sociales y los pueblos del Tercer Mundo”.

Quizá lo más relevante sea la construcción de un Con-sejo de Movimientos sociales para que “den un paso adelante y se incorporen al desarrollo de proyectos económicos y sociales de construcción concreta de las alternativas al capitalismo depredador de nuestro continente”. Claro queda entonces que la base social de los proyectos y políticas adoptadas por el ALBA tienen como fundamento el desarrollo de los pueblos por lo cual quedan descartadas de plano políticas que tiendan a pro-nunciar la inequidad y la pobreza, tales como las que están adoptando actualmente los países centrales como resulta-do de la crisis.

Por todo lo antes dicho, resulta significativo retomar dos reflexiones de Fidel Castro respecto de Hugo Chávez. Afirma el revolucionario cubano respecto del primer mandatario venezolano: “Es un verdadero maestro en el desa-rrollo y divulgación de las ideas revolucionarias. Posee el dominio de las mismas y el arte de transmitirlas con asombrosa elocuencia”, re-afirmando el legado contenido en la revolución bolivaria-na además que en la figura de Chávez. Por otro lado, y con gran lucidez, comprende el papel que el mandatario venezolano cumple hoy en el concierto mundial cuando

afirma “(…) es hoy la persona que más preocupa al imperio, por su capacidad de influir en las masas y por los inmensos recursos na-turales de un país al que han saqueado sin piedad, y la persona a la que con todo rigor golpean y tratan de restar autoridad”. El rol del ALBA y de Chávez se traslucen con claridad al contextua-lizar su desarrollo en un marco de creciente profundiza-ción de la crisis mundial, proyectándose para esta región un esquema alternativo de desarrollo regional y nacional que promueven políticas económicas que tengan como fundamento y sujeto a los pueblos, a los trabajadores. La Argentina y la integración regional

En este marco, la visita de la primera mandataria argen-tina a Venezuela no pasa desapercibida. No sólo porque fue la única oradora entre los mandatarios presentes, sino porque al mismo tiempo se desarrollaba en la región la reunión del Grupo BRIC, que tratamos más arriba. El creciente acercamiento de Brasil hacia los países del Me-dio Oriente así como los otros grandes polos de desarro-llo mundial como ser China, Rusia e India, resulta de su-ma importancia para la región, no sólo por el evidente peso de Brasil como primera economía sudamericana sino por las estrechas alianzas entre aquél país y los otras dos grandes economías regionales: Venezuela y Argentina. En este sentido, el creciente acercamiento entre estos dos últimos países sirve al desarrollo de políticas autónomas para el subcontinente que, junto con los avances de Brasil en política internacional, pueden relocalizar a Sudamérica dentro del concierto mundial.

Lo significativo será entonces traslucir cuáles son los principios entre los que se debate el rumbo de la región y particularmente el impacto para la política nacional argen-tina. Las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner nos servirán para reflexionar al respecto: “¿Por qué segunda independencia? Y ahí sí voy a coincidir absolutamente con quien me precedió en el uso de la palabra. Es necesario ante un mundo que se ha vuelto a derrumbar en valores como los del libre comercio, que en realidad el Estado debía desaparecer, que el merca-do todo lo decidía y todo lo resolvía, valores que se derrumbaron es-trepitosamente, nos encuentra a todos nosotros –hombres y mujeres de la América del Sur– ante no solamente la responsabilidad histó-rica de conducir y dirigir por voluntad democrática nuestras socieda-des, los Estados que nos toca gobernar, sino también la de atrever-nos como se atrevieron aquellos hombres a formular categorías de pensamientos que nos sean propias, códigos, ideas que sean elabora-das por nosotros mismos, en materia económica, en materia política, en materia de interpretar la historia y fundamentalmente en algo que propiciaron aquellos hombres de 1810, y que fue lograr la unidad latinoamericana con un objetivo fundante para la liberación de nues-tros pueblos”.

Sin un punto y coma de más, queda resumido en esta frase el desafío en el que se encuentra nuestra región en estos días y sobre qué principios ha de construirse la inte-gración. La consolidación de experiencias soberanas de desarrollo en todos los planos resultará en tanto la inte-gración se profundice en ese sentido. Las alianzas hasta hoy trazadas demandan una estructuración estable que lo-gre soportar los vaivenes políticos nacionales. Las pala-bras de la presidenta argentina obran en tal sentido y su visita fue más que atinada para dar ese mensaje al resto de los países de la región y el mundo.


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Entidades del capital e Iglesia Católica

Los oficios terrestres Por Diego Tavormina

Tras el fracasado intento de firmar un documento junto a la Unión Industrial Argentina y otras entidades del ca-pital en marzo, la Sociedad Rural confiaba la realización de la tarea a la capacidad aglutinadora de la Iglesia Cató-lica. Si en aquel mes se había hecho evidente la imposibi-lidad de juntar en un acto político y en un mismo escrito a las entidades patronales más importantes del país, en abril la oligarquía terrateniente redoblaría la apuesta no sólo presionando a las cámaras del capital sino también intentado incorporar a las centrales obreras en una dura proclama contra el esquema de política económica y so-cial del kirchnerismo (denominado “modelo”). Para esto dejaba oficiar a las primeras líneas de la Iglesia, confian-do en que la experiencia terrenal de la milenaria institu-ción, su alto grado de consenso social y, tal vez, su capa-cidad oratoria-comunicacional (con dios y con los hombres) lograría el milagro de unir semejante arco de intereses contradictorios en un ataque claro al proyecto nacional. Así, la Iglesia, asumiendo las posiciones de la oligarquía terrateniente, utilizaba a la “pobreza” como bandera y punta de lanza en defensa del proyecto sojero exportador, matriz de la pauperización y la marginación social extremas.

Semana Santa El primer día del mes de abril, la Iglesia Católica jugó fuerte haciendo público un claro mensaje político que por elevación le pegaba al gobierno nacional, aprove-chando la alta exposición mediática que la semana de pascuas ofrecía. Asumiendo las posiciones centrales de la oligarquía terrateniente y tomando los argumentos de la oposición política, el presidente del episcopado argenti-no, cardenal Jorge Bergoglio, decía el “jueves santo”, 1° de abril: “El diálogo nos hace bien a todos. Nuestro pueblo fiel está cansado de un mundo que arremete, que enfrenta a hermanos contra hermanos” (LN 2/4). El primado opinaba y abría la puerta al torrente de intervenciones que en la misma di-rección los otros dirigentes eclesiásticos se aprestaban a lanzar, remachando, en el marco de la celebración de las pascuas, el mensaje de Bergoglio. Cabe citar algunas de estas intervenciones:

El arzobispo de Santa Fe y vicepresidente segundo del Episcopado, José María Arancedo: “Las pequeñas confron-taciones nos debilitan como nación y nos alejan de los verdaderos problemas que hacen al bien y a las necesidades de nuestra gente”. El arzobispo de Mendoza, José María Arancibia llamó a buscar “una renovación interior” y a “superar la injusta des-igualdad social y la exclusión de los más pobres” (LN 2/4). Car-los Nañez, obispo de Córdoba: “No se puede vivir en un to-no de crispación y permanente enfrentamiento” (LN 3/4). El arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, hombre del Opus Dei, denunciaba que “los nuevos pobres son muchos. La rique-za pasa de manos. Ahora está en otras manos, pero son siempre pocas y siempre para frustración de los más pobres”; al tiempo

que se atrevía a caracterizar a la Argentina como “un país lleno de posibilidades y sin embargo se ve deshilachado, sin rumbo, sin destino” (LN 4/4). El obispo de Tucumán y vicepresi-dente primero del Episcopado, Luis Villalba, directamen-te denunciaba: “La crisis que las instituciones padecen y que da lugar al descontento de la ciudadanía se debe a la inconducta moral de personas que actúan en las diversas estructuras del Estado” (LN 5/4).

Crispación social, corrupción y fundamentalmente el drama de la pobreza en el país fueron los tres ejes con que la Iglesia sintetizó la suma de ataques que los últimos dos años la oligarquía terrateniente, el establishment industrial y la oposición política dispararon contra el proyecto indus-trialista redistribuidor orientado por el gobierno nacional.

Con eje en la cuestión de la pobreza se elaboró el bo-rrador de un importante documento que estaría a dispo-sición de todas las expresiones patronales, religiosas y obreras del país. La exposición política de los jefes de la Iglesia en la semana de pascuas había preparado el terre-no para que esa institución jugara como convocante y aglutinante de semejante diversidad de intereses.

Ningún grupo ni sector social podría negarse a firmar un documento que, en vísperas del bicentenario de la pa-tria, tratara un problema de máxima importancia y urgen-te resolución como el de la pobreza en la Argentina.

El día 3 de abril, el diario La Nación publicaba que la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado Argentino confirmaba con seguridad, a través de un comunicado, que: “Un conjunto de entidades de la sociedad civil que represen-tan variados intereses del ámbito de los credos, empresarios de la producción, el comercio y el campo, de los trabajadores, académicos y de organizaciones no gubernamentales asumen el compromiso en un documento de cara al Bicentenario”. El mismo, a decir del matutino de los Mitre, hasta tenía título: “La pobreza: un problema de todos” (LN 3/4).

La jugada estaba echada y la trampa también. El ardid era tan grande como evidente. Por un lado, la conduc-ción de la Comisión de Justicia y Paz, encargada de ela-borar el documento, está en manos de Eduardo Serantes, director a su vez de uno de los principales “pooles” de siembra del país. El dato lo hacía público el mismo diario La Nación. Por el otro, se hacía evidente la utilización de la pobreza como pretexto para atacar al esquema de polí-ticas económicas y sociales oficial: el documento de Se-rantes hacía mención explícita a la responsabilidad que el “modelo” de los gobiernos kirchneristas tiene al respec-to. Es decir: el binomio Iglesia–pobreza no ocultaba los términos reales del hecho político que se venía preparan-do: “Pooles” sojeros–ataque al “modelo” oficial.

Tres días después, el diario La Nación titulaba en su portada: “El modelo causa desigualdad, dicen la Iglesia y empre-sarios” (LN 6/4). La volanta en el suplemento económico rezaba: “Duro documento. Advierten sobre la pobreza”. En este artículo fechado el día 6 se afirmaba: “El obispo Jorge Casa-

14 Los oficios terrestres

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retto, presidente de la Pastoral Social, se encargó personalmente de la cuestión y empleó, a tales efectos, los primeros tres días de la última Semana Santa: habló el lunes con Héctor Méndez, presi-dente de la Unión Industrial Argentina (UIA); el martes con Jor-ge Brito, de la asociación de bancos de capital privado nacional (Adeba), y el miércoles con Mario Llambías, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Todos comprometieron su respaldo, además de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Con-federación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la So-ciedad Rural, Coninagro, la Federación Agraria y la Universidad Católica Argentina. Por estas horas lo analiza la CGT y la CTA. El texto, titulado ‘La pobreza: un problema de todos’, será firmado el 14 de este mes en el Episcopado” (LN 6/4). La se-mana santa encontraba a un agitado Casaretto en arduas tareas celestiales y terrenales: armador de un hecho polí-tico que aglutine a todos los sectores bajo un documento común que golpeaba al programa económico-social del Gobierno. El escrito afirmaba directamente, según se adelantaba en La Nación, que “no obstante todos los intentos realizados, las situaciones de pobreza e inequidad continúan no como consecuencia indeseada de la estructura económica, sino como el resultado de un modelo económico que no realiza una distribu-ción equitativa de la riqueza y una síntesis entre crecimiento económico y desarrollo social” (LN 6/4).

¿Se adelantaban equivocadamente a los hechos, mi-diendo mal el estado de fuerzas internas o jugaban a fondo procurando direccionar a las conducciones agro-pecuarias e industriales vinculadas al agro sin advertir la dimensión de lo que sería un nuevo fracaso?

Dios los cría y ellos ¿se juntan? Un día después, el 7 de abril, La Nación titulaba con im-potencia: “El documento de la Iglesia y los empresarios, cerca del fracaso”. El periodista encargado de la nota, Francisco Olivera, iniciaba con desazón su artículo: “Todo se complicó en 24 horas”, para dar cuenta de la profunda razón de di-cha “complicación”: “La CGT y la CTA resolvieron ayer no estar en el acto. Sin los gremios, razonan los hombres de negocios, será infecundo y riesgoso cualquier paso en público” (LN 7/4).

El paso en falso que iban a dar era muy grueso. La aparición en un acto de todas las entidades patronales jun-tas sin el movimiento obrero evidenciaría el carácter cla-sista del hecho político. Se desnudaría la estrategia de la alianza social sojera exportadora y el papel aglutinador y mesiánico de la Iglesia católica, en defensa de una pro-clama vinculada a los intereses de la oligarquía que, to-mando falsamente el drama de la pobreza, dejaba afuera a los trabajadores. El paso era demasiado peligroso. Ahora, Iglesia y entidades patronales estaban obligadas a retroceder. La UIA, Adeba, y otras representaciones del capital comenzaban a declinar la invitación de Jorge Ca-saretto.

Las centrales obreras no sólo se negarían a participar del cónclave donde se daría rúbrica al documento de la Iglesia sino que, además, afirmarían una posición clara-mente independiente de las cámaras patronales. Desde la CGT, Juan Carlos Schmit aseguró que no se posicionar-ían contra el Gobierno cuando “fueron Néstor y Cristina Kirchner quienes consiguieron reducir la desocupación y otorgaron, por dar un ejemplo, la asignación universal por hijo”. El secreta-

rio general de la CTA, Hugo Yasky remataba: “No vamos a firmar ningún documento que sea rubricado por la UIA y los empresarios y por la Mesa de Enlace con el consentimiento de la Sociedad Rural y la Federación Agraria que hoy en día están en las antípodas de nuestro pensamiento” (LN 7/4).

Con esto, el sueño de unidad de las expresiones del capital quedaba nuevamente mellado. En la UIA el re-presentante de las cámaras industriales de la provincia de Buenos Aires, Osvaldo Rial, se excusó de firmar el do-cumento alegando que ya existían trabajos de la entidad que hacían referencia a la cuestión y preguntó al interior de la misma “¿Por qué no sumamos a las otras entidades a los documentos nuestros?” (LN 7/4). De esta manera cancelaba la participación y explicitaba las contradicciones dentro de la entidad: ir subordinados al programa sojero expor-tador de la Sociedad Rural (propugnado por las indus-trias vinculadas directamente al negocio agroexportador: molineras, alimenticias, bebidas) o pelear por un pro-grama de tono industrialista basado en subsidios y medi-das de protección, tal como las ha venido aplicando el gobierno nacional (metalmecánica, automotriz, etc.). Esa es la contradicción en que se debaten las corrientes in-ternas MIA y MIN, explicada en la última edición del Análisis…. Ahora bien, la defensa de una estrategia in-dustrialista del capital requiere la participación subordi-nada del movimiento obrero. Participación al plan de las industrias concentradas a nivel nacional no competi-tivas a escala regional y mundial para equilibrar las fuer-zas frente a la oligarquía terrateniente y los capitales más concentrados del mundo, y subordinada sin que las demandas propias de los trabajadores les retaceen su tasa de ganancia. Desde esta última perspectiva, el grueso de la UIA no aceptaría de ninguna manera profundizar el conflicto con el movimiento obrero, apareciendo en un hecho político de magnitud junto a la SRA y en franca oposición al esquema del gobierno actual.

De hecho, el mismo día que se reconocía la caída del “documento sobre la pobreza”, la UIA comunicaba que la actividad industrial había tenido en febrero un creci-miento interanual del 15 %. Esto explica la dificultad que tienen las ramas vinculadas al negocio agroexportador para orientar a la entidad industrial hacia la crítica al de-nominado “modelo” económico oficial.

Odio y redención Ningún oficio divino bastó para juntar a la SRA y la UIA, cuestión estratégica para la acumulación de la fuer-za sojero exportadora. El fracaso fue seguido por el odio. En sucesivas columnas editoriales el órgano de la oligar-quía, La Nación, lanzaría una feroz crítica al Gobierno, a quien responsabilizaría casi en términos absolutos por el repetido fiasco de la unidad empresarial. Pero ese ataque al kirchnerismo se dirigía lúcidamente a los componentes que sustentan a la alianza social en el gobierno y que, como hemos visto más arriba, reaccionaron sin dudar contra el armado que la Iglesia Católica propiciaba.

Así las conducciones empresariales (fundamentalmente la UIA) y el movimiento sindical serían el blanco del ata-que oligárquico. Las primeras, por adherir a un proyecto que en su desarrollo ha permitido el fortalecimiento de


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su enemigo real: el movimiento obrero. El segundo, por avanzar en la lucha política dando un paso esencial en la maduración de un programa político propio: el lanza-miento de la corriente política conducida por Hugo Mo-yano (Corriente Nacional del Sindicalismo Peronista).

El día 15, en su columna editorial, La Nación se expla-yaba denostando “la actitud oportunista y cobarde de entidades gremiales y empresarias, que prefirieron tomar distancia de algo que podía eventualmente molestar al poder. El temor de muchos empre-sarios y gremialistas pone en evidencia su falta de compromiso con el bien común”; y puntualmente criticaba a “los empresarios cortesanos que obtienen sustanciales ventajas de su relación con el poder por sobre los que compiten por brindar el mejor producto o servicio al menor precio”; y a los “sindicalistas corruptos alejados de su función específica y dedicados a hacer política”.

Como un tigre herido, no dudaba en anticipar futuras acciones que provoquen situaciones de violencia para desestabilizar la gobernabilidad, responsabilizando, de antemano, al objeto del ataque: el Gobierno; advirtiendo el peligro de “un gobierno que se aleja del respeto a la verdad, la libertad y la justicia, componentes esenciales del bien común, y que desprecia el peligro de que la siempre riesgosa semilla de la violencia totalitaria pueda germinar en nuestra sociedad, cansada y parali-zada por la decadencia y el fracaso” (LN 15/4).

Cerrando el mes, recargaba: “La negativa de sectores em-presariales y sindicales a firmar junto con la Iglesia un documento sobre la pobreza y el miedo a hablar en público de este drama que

vive el país es una muestra de un gobierno que usa los resortes del poder para infundir miedo y falsear la realidad” (LN 24/4).

Movimiento obrero, fracción industrialista del capital, gobierno nacional, tales los verdugos y crucificadores del proyecto sojero exportador. Pero como en la pascua cris-tiana, tras la tortuosa muerte de ese Cristo redentor, de-bería esperarse el milagro de la resurrección. Así al odio le siguió el sacrificio redentor y a éste el renacimiento pu-rificador.

En un artículo del día 9, que acompañaba la nota cen-tral, el periodista Mariano De Vedia titulaba: “El costo lo paga la Iglesia”. Versión criolla de la Pascua, cual cristo que es inmolado para redimirnos de nuestros pecados, la Iglesia Católica argentina venía en estas particulares pas-cuas a pagar la incapacidad de los empresarios para unir-se contra el proyecto nacional. Cabría esperar el momen-to de la resurrección de este adefesio político que no cuenta con una figura capaz de sintetizarlo.

De todas maneras, este mártir redentor, no pudo ocul-tar la bronca. Bergoglio no tardaría una semana en re-prochar: “Si usamos nuestra dirigencia como escalón de nuestras ambiciones personales, para nuestros mezquinos intereses nunca podremos enseñarle a un chico el horizonte de grandeza de la pa-tria” (LN 15/4). Por esa fecha el jefe político de la Iglesia decidió organizar un Tedeum del 25 de mayo en la Cate-dral porteña, paralelizando al que realizará oficialmente la Presidenta en la basílica de Luján.

16 Paralelogramo de fuerzas

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Profundización de las tensiones políticas en torno al proyecto de país

Paralelogramo de fuerzas Por Martín Yuchak

El discreto encanto de la oligarquía se la van de santos con su artillería ellos cantan otros cantos que vos ni la lotería el secreto espanto de esta porquería (La Tabaré, “Memorias de la sirvienta”)

Alertas y chirlos del periodismo independiente En el número anterior, analizábamos cómo a partir del mes de marzo los medios comenzaban a sacar a la luz al-gunas encuestas que señalaban –al contrario de lo que es-tos mismos medios informaban– que tanto Cristina co-mo Néstor Kirchner no medían tan mal, ya sea en imagen positiva o en intención de voto para 2011 (ver artículo de C. Adrianzen Bei “La calle y el estrado”, en el Análisis…Nº 118).

El mes de abril se abría nuevamente con el órgano de la oligarquía sojera, La Nación, alertando a su tropa so-bre este mismo problema. El segundo editor general del citado matutino, Fernando Laborda, lo explicaba así: “Hay un dato no menor: el piso de los Kirchner se encuentra conso-lidado entre el 20 y el 22 por ciento del electorado. No es un núme-ro con el que puedan volver a ganar una elección general, pero es un valor más que respetable para condicionar a sus rivales. Forman ese piso núcleos intelectuales vinculados a un pensamiento populista y de centroizquierda, minoritarios pero influyentes; sectores bajos y medios bajos, y el aparato clientelista que vive de los subsidios” (LN 2/4).

Las voces de alerta se multiplicaban hacia el final del mes. El periodista Martín Rodríguez Yerba, del mismo diario, expresaba con temor: “Lo dicen en voz baja, casi co-mo una confesión. ‘Néstor no está muerto’. Con palabras casi cal-cadas, dirigentes de todos los fragmentos opositores expresan una sensación cercana al miedo: ya ninguno cree imposible que Néstor Kirchner pueda ganar la presidencia el año que viene. El fenómeno abruma a peronistas disidentes, radicales, macristas, socialistas… Les cuesta explicarlo” (23/4). En realidad, La Nación pro-yecta en el espectro opositor sus propios fantasmas. Es la oligarquía y sus aparatos ideológicos la que no puede explicar, ni contrarrestar, el fenómeno de las crecientes muestras de apoyo al gobierno nacional. Es ella quien está “abrumada”, sacando argumentos de las esquinas más recónditas del pensamiento y haciendo jugar de ma-nera cada vez más expuesta a toda su primera plana inte-lectual como intento de contrarrestar una tendencia que ya explícitamente asumen como objetiva.

Para peor, dábanse a conocer por esos mismos días, y en el mismo diario mitrista, los resultados de varias en-cuestadoras que señalaban a la oposición en caída libre en cuanto a imagen pública. El consultor Ricardo Rou-vier lo exponía así: “La opinión pública desvaloriza a la oposi-ción porque no logra imponer políticas propias”. La conclusión del articulista era contundente: “Los principales líderes no kirchneristas aparecen estancados en las encuestas o directamente en baja. Los casos más paradigmáticos son Julio Cobos y Elisa Ca-

rrió, que en el último año perdieron 10 puntos de imagen favora-ble”. Para colmo de males, la consultora Poliarquía indi-caba una suba de 5 puntos en la imagen oficial (de 22 a 27) desde febrero hasta ahora, mientras que Analogías y Management & Fit fijaban en 7 puntos dicho aumento (LN 24/4).

En resumidas cuentas, mucho para preocuparse tenían los intelectuales orgánicos al proyecto sojero-extranjerizante. Así se explican entonces los llamados cuasi desesperados de este sector a cerrar filas detrás de uno o dos candidatos, no más, tal como lo expresaba uno de sus grandes espadachines, Joaquín Morales Solá, en su columna dominical: “Las versiones sobre la candidatura de Reutemann han ido y venido. Es hora ya de dejar de hablar de ella”. Primer eliminado de la lista. “Otra cosa que no sucederá es la candidatura presidencial de De Narváez. No hay ningún juez en la Corte Suprema que vea con simpatía la candidatura pre-sidencial de un ciudadano nacido en el extranjero e hijo de extran-jeros”. Segundo eliminado. “Duhalde, Solá y Kirchner son los candidatos que quedan en el peronismo. Solá adelantó que está dispuesto a negociar su posición en una mesa de peronistas; el go-bernador de Chubut, Mario Das Neves, dice lo mismo sobre su candidatura”. Tercer y cuarto eliminados. Nos queda una sola opción para combatir a Kirchner desde el peronis-mo. “Duhalde mira ese horizonte y ratifica que no se bajará de la candidatura. (…) Se muestra como un político de hombros anchos para enfrentar la herencia de Kirchner, que incluirá la desmesurada influencia de dirigentes como Hugo Moyano y Luis D’Elía. En la otra orilla, Kirchner sobrevalora a esos caciques sociales en detri-mento de los partidos políticos. El acuerdo de los partidos políticos no será suave, asegura Duhalde. ¿Qué significa no ser suave? (…) Significa que los dirigentes gremiales no podrán tener más poder que la política, responde Duhalde. Los desbordes políticos del sindicalismo lo preocupan en los últimos tiempos”. Queda el elegido para conducir a la victoria a la fuerza oligárquica, con una clara conciencia de que para frenar el proyecto nacional y popular en marcha hay que doblegar al movimiento obrero organi-zado, quien –como veremos al final del presente artícu-lo– continúa dando muestras de avanzar en el proceso de unidad necesaria para convertirse en cabeza conductora de la fuerza social expresada en el gobierno. La otra op-ción de “hombros anchos” a la que se apuesta es Carrió, pero no como la conocemos hasta ahora: “Otra cosa que no sucederá será la recreación del Acuerdo Cívico y Social tal como se lo conoció. Carrió no será candidata de ese espacio si debiera competir con Cobos en una interna del acuerdo. (…) Carrió aspi-ra, al revés de los radicales, a liderar una propuesta con peronistas incluidos”. Quinto eliminado: Cobos. Carrió en carrera pe-


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ro sin ese engendro que ya no nos sirve que es el ACyS. Aunque también queda la opción conocida: “Tampoco su-cederá, por último, un adelantamiento de las elecciones. No puede suceder. La Constitución estipula claramente (artículo 95) que las elecciones presidenciales no podrían ser nunca, por lo tanto, anterio-res al 10 de octubre de 2011. Sólo si ocurrieran previamente las renuncias de Cristina Kirchner y de Cobos podrían adelantarse las elecciones” (4/4). El mensaje a la oposición es claro y con-ciso: nosotros vamos con Duhalde o Carrió. No hay op-ciones para aventuras electoralistas extravagantes. Lo otro es la renuncia forzada de la presidenta –o sea, el golpe–, atrincherarse y aguantar la que venga.

Otro que cacheteaba preocupado a mitad de mes es el historiador liberal Natalio Botana: “En el filo de la navaja, las oposiciones deben, entonces, contribuir a forjar algún acuerdo de gobernabilidad para que el Congreso funcione durante el año y me-dio que tenemos por delante y, al mismo tiempo, deben ir en-hebrando unos pactos volcados hacia el futuro, en caso de que el vo-to ciudadano consagre a alguna de ellas con el premio de la Presidencia” (LN 15/4).

De los chirlos a la oposición, el diario fundado por la familia Mitre pasa a los chirlos para el electorado argen-tino, el propio pueblo al que tanto alabó cuando Francis-co de Narváez derrotó a Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires el 28 de junio pasado. Así, en la nota editorial titulada “La inmadurez argentina”: “Sería hipócri-ta ocultarlo: el carácter mesiánico de los liderazgos que se generan a menudo en la Argentina está respaldado por esta concepción pater-nalista, y por lo tanto infantil, que muchos argentinos tienen de la representación política. (…)

”La caída tan frecuente del electorado en situaciones de irritación con quienes gobiernan tiene consecuencias lamentables. Una de ellas es que empobrece también la calidad de la oposición. (…) Si quien está en el gobierno despierta con facilidad la cólera de los votantes, quienes aspiran a reemplazarlo pueden sentirse eximidos de tener que argumentar, ofrecer programas, planificar estrategias. Alcanza con agitar el malhumor. (…)

”Cuando las sociedades ingresan en trances de fastidio insopor-table respecto de quienes vienen conduciendo los asuntos públicos, terminan convirtiendo a las elecciones en momentos catárticos. Des-plazar al que está en el poder es como despertar de una pesadilla. Esta forma de escoger a los representantes no podría ser más incon-veniente. Su vicio radica en que se comienza a votar con un criterio retrospectivo. Pesan más los rasgos irritantes del que se va que la calidad del que se coloca en su reemplazo. (…)

”La Argentina ya eligió de este modo a dos gobiernos recientes. En 1999, la Alianza y Fernando de la Rúa llegaron a la Casa Rosada barrenando sobre la inmensa ola de impopularidad de Carlos Menem. En 2003, Néstor Kirchner conquistó la presiden-cia con un escuálido 22 % de los votos gracias a que Menem mis-mo no se presentó para una segunda vuelta. Pero eso no debería hacer perder de vista que, por culpa de ese odio, los argentinos les entregaron el timón a dos tripulaciones a las que apenas habían examinado.

”Hay muchos indicios de que el país se encamina a una tercera encrucijada electoral regida por esa misma negatividad. El enfático castigo que merecen los Kirchner por sus muchas y graves desviacio-nes no debería evadir a la sociedad de la responsabilidad de mejorar los criterios con los que elige a sus gobiernos” (LN 11/4).

El editorialista encuentra finalmente el origen de la in-utilidad opositora de la que tanto venían quejándose en el mismo diario. La causa de que la oposición no logre vertebrar un proyecto consistente con los intereses terra-tenientes no reside en que estos intereses dejen fuera de juego a amplios sectores de trabajadores, capas medias e incluso cada vez más capas del propio capital, más bien hay que hallar a la misma en que el electorado se equivo-ca al votar, al hacerlo con “criterio retrospectivo” y en base a una “concepción paternalista”, “infantil” de la política. De ahí la exigencia al pueblo de “mejorar los cri-terios” a la hora de elegir. En criollo: la gente no sabe votar. Por lo tanto, quedan dos opciones: o aprende a seguir las indicaciones nuestras, que sí sabemos, o en ca-so de que insista en no aprender habrá que revisar la legi-timidad de esas elecciones. Los fantasmas de una nueva victoria del proyecto nacional y popular en 2011, men-cionados más arriba, se transforman para la fuerza social agropampeana en un pedido liso y llano de reinstaurar en la Argentina el viejo y famoso sistema del “voto califica-do”.

Los chirlos subían de tono una vez más de la mano del mismo Morales Solá, quien hablaba con las encuestas mencionadas a la vista en su artículo titulado sugestiva-mente “Políticos dispuestos a jugar con fuego”: “El con-flicto institucional afecta a la oposición, porque creó expectativas so-ciales que no puede cumplir cuando ya está cerca el primer aniversario de la derrota del kirchnerismo. (…)

”El peor error de la oposición no son sus fracturas (…) sino su escasa vocación para controlar algunos sectores del Estado. (…)

”Hay que decir las cosas tal como son: la oposición no tiene el control del Senado”. La inutilidad de la oposición para virar el proyecto nacional que lleva adelante el gobierno dejó de ser un fantasma y carcome cual gusano la carne de la oligarquía terrateniente, que empieza a perder definiti-vamente la paciencia: “Ortodoxia contra heterodoxia. Y al revés, también. En ese combate, minorías políticas atenazan a una mayoría social indiferente y escéptica. Una de esas minorías intuye a los Kirchner como demonios que merecen ser exorcizados de la peor manera de la vida pública argentina. Otra minoría fanática se convenció con alegría de que el país vive una situación prerrevolu-cionaria bajo el liderazgo de un matrimonio de confesos millonarios. Ese conflicto anda por la calle, peligrosamente suelto” (LN 11/4). El mensaje es claro: nosotros o el caos. Pero el variopin-to arco opositor insiste en no entender esto, por eso “juega con fuego”, dándole más y más aire al kirchneris-mo para avanzar en su proyecto de país y sumar más y más voluntades que lo demuestran en la calle. Nos están forzando a intervenir en esa calle y la cosa va a terminar mal. Así lo va a exponer hacia fin de mes una vez más el incansable y gravemente herido Morales Solá, a propósi-to del acto protagonizado por Kirchner en la CGT el martes 27 y la puesta al descubierto de los periodistas que avalaron de diferentes formas el accionar de la últi-ma dictadura militar: “Kirchner se ha rodeado de personas de muy poca calidad para emprender la hora de su declinación, que será violenta, según su evidente decisión” (LN 28/4). Ante la suba en las encuestas del gobierno, nos queda su “decli-nación violenta”, según la “evidente decisión” que están tomando los sectores representados por La Nación. Y el


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mismo periodista, ya jugado a todo o nada como General de la guerrilla agro-mediática contra el gobierno popular, amenazaba desde el Congreso, donde recibía apoyos de los diputados opositores, al mismo tiempo que en la Pla-za de Mayo la Asociación Madres de Plaza de Mayo rea-lizaba contra él y otros periodistas un juicio popular por haber apoyado a la dictadura (ver, en este mismo núme-ro, Hegemonía y batalla cultural por J. M. Dunn y C. Adrianzén Bei): “No nos van a callar aunque esta lamentable saga tenga que terminar con un muerto si el gobierno así lo decide” (LN 30/4). La estrategia es generar un conflicto callejero que culmine con –al menos– un muerto del arco oposi-tor al gobierno y hacer responsable del hecho al gobier-no nacional, de modo tal de meter una presión irrefrena-ble hasta la caída del mismo. La situación apremiante así lo requiere y el conglomerado agro-mediático así lo ha decidido.

El ungido “Volví a recorrer los barrios, (…) la gente me cree. En cuatro me-ses, Kirchner se va a dar cuenta de que no puede competir conmigo” (C 3/4). Así hablaba, envalentonado, Eduardo Duhalde a principios de mes, lanzado ya definitivamente, tal como observábamos más arriba, a conducir a todo el peronis-mo que se opone al kirchnerismo y a toda la oposición. Días después, hablaría de que su candidatura “será un tsu-nami y un vendaval en las próximas elecciones” (LN 10/4). Quien se sumaba a la cruzada por el regreso duhaldista era el ex ministro Roberto Lavagna, quien se mostraba en un almuerzo junto al ex presidente, afirmando que es “el mejor candidato de los que van quedando en el peronismo” (C 13/4). Al término del almuerzo mencionado, el político oriundo de Lomas de Zamora ordenaba a los diputados de la oposición: “Tomen la presidencia de la Cámara”, argu-mentando que acá hace falta “una decisión drástica” contra el gobierno. Días después, realizaba otro almuerzo, esta vez con empresarios norteamericanos, ante quienes comparó: “En EE.UU. hicieron una religión de su Constitu-ción, pero aquí los presidentes la pasan por encima o los voltean”. Duhalde ve con claridad la crisis terminal en que se en-cuentra el sistema de representación política, el llamado “sistema de partidos” –analizado en numerosas entregas de nuestra revista–, desde el estallido de diciembre de 2001, que viene acompañada de una fuerte presencia del pueblo en las calles junto con distintas iniciativas popula-res que prescinden de las viejas mallas de contención política que son los partidos. Él observa el enorme peli-gro que ello acarrea para el dominio de la burguesía agroindustrial que él mismo representa. Y, para peor de males, con un gobierno nacional que permite y alienta dicha participación directa de los trabajadores y el pueblo en general. Por lo que proponía “avanzar hacia un sistema parlamentario como el europeo”. Es decir, cerrar filas en una cámara única y con elección indirecta del jefe de Estado, un “Primer Ministro”, que ponga al mencionado sector de la burguesía a resguardo de la acción directa, práctica que se viene haciendo cotidiana, no sólo en la Argentina sino también buena parte de Latinoamérica. En conse-cuencia, salía a contrarrestar, frente a los empresarios del Imperio, la política del gobierno de avanzar en la crea-

ción de un bloque sudamericano contrahegemónico res-pecto del poderío estadounidense: “Es imprescindible tener la mejor relación con EE.UU. y avanzar en acuerdos comerciales” (C 15/4) (ver, en este mismo número, Distintos proyectos en el escenario global, por F. Socoloff, J. Kan y A. Viegas).

De inmediato, aparecían noticias de otros que se perfi-lan como alfiles del armado político duhaldista, que co-mienzan a realizar movimientos de campaña por todo el país: Luis Barrionuevo (titular de la CGT Azul y Blanca), Gerónimo “Momo” Venegas (jefe de las 62 Organiza-ciones Peronistas a nivel nacional), Jesús Cariglino (in-tendente de Malvinas Argentinas), Ramón Puerta (dipu-tado nacional y ex presidente por unos días), Graciela Camaño (diputada nacional y esposa de Barrionuevo), Carlos Ruckauf (ex gobernador bonaerense), junto a la inefable Chiche Duhalde y otros nombres menos rim-bombantes (LN 17/4).

Mientras tanto, Eduardo Duhalde continuaba su ca-minata. En un acto en Rosario, comparaba la Argentina con la Europa de la Segunda Guerra y la Posguerra: “A Europa le costó 50 millones de muertos entender que no se podía pelear más. Y ahí nace la nueva política”. Si algún trasnochado por ahí creía que el conflicto bélico más traumático del siglo XX no había sido en realidad otra cosa que la salida necesaria y única que había encontrado el capitalismo en su fase imperialista para resolver su crisis estructural –producto del desarrollo objetivo de sus contradicciones– iniciada con el crack del ’29, Duhalde viene a decirle aquí que vivió equivocado. Los europeos se peleaban mucho por el poder y simplemente un día en que se despertaron con 50 millones de muertos se dieron cuenta de que ten-ían que dejar de pelearse. Así de sencillo. Pero esto el kirchnerismo no lo entiende, porque “representa la más vie-ja de las políticas, la de los años cuarenta y cincuenta, en la que to-dos se peleaban con todos”. ¿Y qué es lo nuevo entonces? Veamos: “La nueva política es la de Uruguay, donde un tipo –José Mujica– que estuvo preso no siembra vientos de odio. La nue-va política es la de Brasil, donde un gran presidente como Fernan-do Henrique Cardoso marcó vectores y llega un obrero industrial como Lula y los sigue”. Pero aún falta lo más nuevo de lo nue-vo, lo mejor para estar a tono con la democracia de hoy… “Lo de Chile es espectacular: después de 20 años con cua-tro grandes presidentes de centroizquierda viene la centroderecha y se sabe que las políticas de Estado no peligran”. Lamentable-mente, nada hay de nuevo en todo esto. Se trata de la vieja política bipartidaria washingtoniana, que Duhalde y otros vienen reclamando casi con desesperación desde la crisis política mencionada. Un modelo único en términos económicos, políticos, sociales y culturales, una matriz que garantice los buenos negocios de los grandes capita-les foráneos (“seguridad jurídica” que le llaman…), junto con los de un cada vez más pequeño grupo de la agroin-dustria criolla. El resto –inmensas masas de trabajadores, sectores de la pequeña y mediana burguesía industrial, comercial y profesional, e incluso grandes empresas de capital nacional que se vuelven inviables ante la compe-tencia externa–, a la picadora de carne. No parece una propuesta muy atractiva para la población, de ahí la insis-tencia y la desesperación del órgano terrateniente que se-ñalábamos en el apartado anterior. Asimismo, Duhalde


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deja en claro que su estrategia para vencer al kirchneris-mo es puramente electoral: “Al loco me lo llevo, pero con vo-tos”. No obstante, incluye en su armado político el asedio al gobierno desde adentro; por eso “Cobos no debe renun-ciar”, ya que su figura “es bien vista por la sociedad” (LN 24/4).

Pero no todo era rosas blancas en Rosario. Un día an-tes del mencionado acto, a su arribo a la ciudad, lo espe-raban militantes de diferentes organizaciones sociales pa-ra “escracharlo” y recordarle su responsabilidad política por el crimen de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, perpetrado por la policía en el Puente Pueyrredón en ju-nio de 2002 durante la presidencia del mismo Duhalde, y con el estallido popular de diciembre de 2001 todavía muy caliente (LN 23/4). Recordemos que luego de la masacre del puente se comenzó a suceder casi de manera automática una ola de secuestros en el conurbano bonae-rense, en los cuales se mencionaba la participación activa de la policía bonaerense. En síntesis, esfuerzos coordina-dos entre el aparato represivo y los aparatos ideológicos de Estado –el conglomerado mediático principalmente– para “cerrar las heridas” que el neoliberalismo había de-jado en la sociedad. Pero las heridas eran más profundas que los esfuerzos de Duhalde y compañía, y siguen abier-tas hasta la fecha de hoy, en que el entonces presidente no elegido por el pueblo busca volver para “llevarse al loco”, que en lugar de poner orden para los negocios del capital real en la Argentina abrió y continúa abriendo ca-da vez más a fondo la herida, de donde no para de salir a la luz todo el pus social generado por este mismo capital en aquella etapa.

De la coparticipación y otros demonios legislativos El mes comenzaba a coro nuevamente en el Congreso. Los canarios de la oposición volvían a vociferar de-mocráticamente contra el autoritarismo ofialista, al que acusaban por el no funcionamiento del Congreso. Lo cierto es que durante tres sesiones seguidas el arco oposi-tor había intentado tratar la reforma del impuesto al che-que, lo que no conseguía por falta de quórum. “Al gobier-no lo único que le interesa es doblegar al Congreso como espacio de debate”, cantaba Ernesto Sanz por la UCR. “Con una serie de ardides y mala fe inconcebible, el kirchnerismo decidió cerrar el Congreso”, entonaba Federico Pinedo desde el Pro. “Por primera vez las chicharras no sonaron en el anexo”, modulaba Fernando “Pino” Solanas (LN 9/4). Luego, coreaba la incorruptible Lilita Carrió: “La estrategia del gobierno de Cristina Kirchner es golpista; trata de eliminar el Congreso” (LN 10/4). Y al otro día, el propio Sanz proponía “descontarles la dieta” y “traerlos con la fuerza pública” a los senadores que sigan sin dar quórum (LN 11/4). Y finalmente lo logra-ba. El 14 a la tarde, la senadora formoseña Adriana Bor-tolozzi se convertía en la única del bloque del Frente pa-ra la Victoria en dar quórum y conseguía que la oposición diera media sanción en Senadores para la mo-dificación de dicho impuesto, de modo tal que un monto mayor del mismo quede en las arcas provinciales (LN, C y P12 15/4). De este modo, el Tesoro nacional dejaría de percibir 10.000 millones de pesos que serían transferidos

directamente a las provincias. Sin embargo, comenzaría otra batalla por la legalidad de dicha sanción. El oficia-lismo intepretaba que, al tratarse de la modificación de un impuesto con afectación específica, se necesitaba de una mayoría especial (37 votos) para aprobarla, según in-dica la Constitución. La oposición, por su parte, sostenía que con una mayoría simple bastaba (LN, C y P12 16/4). Ambos sostenían su postura apoyándose en la Constitu-ción Nacional.

Desde el gobierno se señalaba al presidente del Sena-do, Julio Cobos, como agente primordial de tal irregula-ridad. En palabras de la propia presidenta: “Quien ejerce la presidencia del Senado la dio por aprobada sin respetar los núme-ros de la Constitución. Es algo que nunca se vivió”, y agregaba: “Uno, cuando cuenta los votos, no es un croupier en el Senado; es un funcionario de la Constitución y no debe cantar los números so-lamente, sino hacer cumplir lo que establece la Constitución, por la que se juró”. A ella, se sumaba el titular de la CGT, Hugo Moyano: “Es realmente inaceptable lo de Cobos. No conoce el re-glamento. Es inaceptable. (…) Esto demuestra que este hombre está usurpando el cargo porque la población lo eligió como parte del Poder Ejecutivo y está haciendo todo lo contrario”. Por su parte, el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, sostenía que “es tiempo de bajar un cambio y pensar en función de la Argenti-na, no con una urna en la cabeza”. Cobos se defendía: “Tengo la tranquilidad de haber actuado conforme a lo establecido en la Constitución Nacional y el reglamento de la Cámara”, al tiempo que atacaba al gobierno por querer “desviar la atención de un tema tan importante vinculado al federalismo con descalificacio-nes. Buscan cambiar el eje de la discusión. No se violentó la Carta Magna, sino por el contrario se refrendó lo que establece en su artí-culo 1º: el régimen representativo, republicano y federal” (LN y C 16 y 17/4). Esa misma noche, Cobos remitía el texto de la media sanción a la Cámara de Diputados y desataba más polémica. Luego opinaba para un diario: “Hay que poner en valor la independencia de pensamiento, la pluralidad y el interés de tener un país republicano y federal. Que no sólo se benefi-cie la nación sino también las provincias” (C 18/4). Y para otro: “Lo importante es el espíritu de una distribución equitativa de los recursos, no se trata de perjudicar a la Nación, sino de tener una filosofía distinta. No se puede amenazar a los gobernadores con sacarles obras o no mandarles plata: los fondos tienen que ir de manera automática”. A su vez, aprovechaba para meter el bocadillo favorito de la oposición: “Hay un clima de intole-rancia, Se vio públicamente por la presión que Bortolozzi admitió que recibió, y hasta dijo que tenía miedo” (LN 18/4).

A él se sumaba nuevamente el coro. Felipe Solá core-aba que este impuesto llegaría como sea a las provincias, “aunque el oficialismo invente cuestiones pseudo reglamentarias pa-ra frenar la coparticiapción” (LN 17/4). “A los Kirchner les to-can la caja y se ponen locos”, vocalizaba el cordobés Luis Juez. “[La] dependencia y mendicidad a la que se ven obligados [los gobernadores] no sólo es lamentable sino que marca el piso de la decadencia argentina”, afinaba el ungido con la gracia terrateniente Eduardo Duhalde, y tarareaba otra defensa de Cobos: “El vicepresidente no es parte del Ejecutivo, sino que su única función es reemplazar al Presidente cuando no está”. “El gobierno perdió la votación y no está acostumbrado a eso”, y además, “conseguimos una herramienta para devolver federalismo a un país que está bajo un sistema unitario”, solfeaba una vez


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más Ernesto Sanz (LN 18/4). Contrapunteaba la antis-trofa del oficalismo, comenzando por la voz de su jefe de bancada en Diputados, Agustín Rossi: “Es muy grave lo que ocurrió en el Senado porque se rompieron las reglas de juego en el Parlamento argentino”; para terminar destacando que “este Cobos que aparecía en un ámbito de gran autonomía, terminó siendo empleado de Sanz y de Morales”. (LN 18/4). El Secre-tario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, insistía en que Cobos tiene “una vocación golpista y antide-mocrática”, y el ministro de Planificación Julio De Vido proponía que “desde el punto de vista ético y moral debería dar un paso al costado” (C 19/4).

Por su parte, aparecía la voz de mando de la oligarquía terrateniente, bajo la figura del periodista Carlos Pagni: “He aquí otra nota distintiva del momento político. La oposición, desesperada por mostrarle al electorado que es capaz de cumplir su mandato limitanto al poderoso, juega en el borde externo de la lega-lidad. Modifica impuestos con mayorías dudosas, intenta anular lazos jurídicos con retroactividad o reforma la Constitución sin go-zar del poder constituyente” (LN 22/4). Cual viejo patriarca que de esto sabe mucho, el periódico de los Mitre le avi-sa a todo el arco opositor que frenar al kirchnerismo en el Congreso, o donde sea, implica realizar tareas tan in-constitucionales e ilegales como aquellas de las que se acusa a aquel. Es el precio que hay que pagar si quere-mos barrerlos del gobierno. ¿Se la van a bancar?, podría ser la traducción en clave joven de las palabras del ancia-no sabio. Pues las muestras al respecto vienen señalando un resultado “no positivo” al respecto…

Y finalmente, llegaba algo de lo que se venía hablando desde hace tiempo. La presidenta de la Asociación Ma-dres de Plaza de Mayo presentaba en el Congreso un pe-dido de Juicio Político contra el vicepresidente Julio Co-bos bajo la acusación de “violación de los deberes de funcionario público”, en referencia al caso relatado en el Se-nado. “[Es] un violador de las leyes, además de ser un traidor (…), esto es traición a la patria. No puede haber un tipo que sea un traidor haciendo lo que hace”, sostenía Bonafini. Y denun-ciaba: “La Justicia no puede estar al lado de los que siempre nos están sometiendo, violando, haciendo lo contrario [de aquello] pa-ra lo que se lo votó. Porque la gente que votó al gobierno kirchne-rista lo votó también a él” (LN y P12 23/4).

Y se abrían más frentes y se profundizaban los ya abiertos. Por un lado, comenzaba otra disputa de idas y venidas, dires y diretes, cuando el presidente de la Cáma-ra de Diputados, Eduardo Fellner, rechazaba enviar la media sanción del Senado a las comisiones correspon-dientes de la Cámara baja y devolvía el proyecto a Sena-dores para su revisión, por considerar inconstitucional su sanción. Al mismo tiempo, un grupo de 14 gobernadores oficialistas publicaba una solicitada en la que rechazaba la modificación del impuesto al cheque, lo que generaba la ira de los senadores opositores, 32 de los cuales firmaba un pronunciamiento al día siguiente, en el cual califica-ban como “meros delegados de un sistema autoritario” a los gobernadores y respaldaban a Cobos: “El presidente del Se-nado actuó en el marco de las disposiciones constitucionales legales y reglamentarias”. Por su parte, un enojadísimo Felipe Solá graznaba contra los gobernadores kirchneristas, a quie-nes imputaba el “preferir la plata discrecional que reciben en

Olivos porque es la que pueden esconderles a sus propios pueblos” (LN 23/4).

Frente a esto, toda la topadora opositora se venía en-cima de Fellner, llegando a exigirle la renuncia. El oficia-lismo defendía: “Los que buscan amenazar la permanencia de Fellner como presidente de la Cámara baja sólo quieren garanti-zarse una línea de sucesión radical por debajo de la Presidenta, lo que es inadmisible. Que espere la oposición a ganar las elecciones si quiere llegar al gobierno, que no busque atajos”, acusaba la vi-cepresidenta segunda de Diputados, Patricia Fadel. Y, díscola como siempre, con más ganas de triunfar como solista más que como integrante de un coro, Lilita Carrió se oponía a los sectores de la oposición que propiciaban la renuncia de Fellner, señalando al PJ disidente de ser el artífice de dicha maniobra, que “puede significar un desorden brutal donde nadie obedezca a nadie”, y cerraba: “Nosotros que-remos sostener las instituciones, eso significa sostenerlo al vicepresi-dente Cobos como presidente del Senado, y sostenerlo a Fellner co-mo presidente de Diputados” (24/4), desnudando una vez más las dificultades de la oposición parta actuar unifica-damente en el Congreso, donde pareciera haber tantos proyectos políticos como bloques y a veces hasta como individuos, producto –como ya hemos dicho en repeti-das ocasiones– de encarnar en la superestructura política a diferentes clases y capas sociales, para muchas de las cuales no queda lugar en la reproducción a causa de la crisis. La disputa por la coparticipación mencionada tiene que ver con esto. La crisis achica la torta y todos buscan mordisquear. El término “federalismo” es la pantalla con la que muchos representantes provinciales persiguen el mantenimiento de las provincias como enclaves de nego-cios focalizados sin tener que rendir cuentas ni a Nación ni a nadie en el mundo.

La Corte y los cortesanos Lejos de frenarse la ofensiva terrateniente sobre la Corte Suprema que analizáramos en el número anterior, duran-te abril esta no sólo continuó su desarrollo sino que sumó mayores bríos y nuevos actores. Recordemos que a través de La Nación, la oligarquía venía insistiendo en que el supremo tribunal debía tomar un rol más activo en el armado golpista, reemplazando las decisiones del gobierno por otras más afines al plan sojero-exportador, haciendo uso de las facultades jurídicas que la Constitu-ción Nacional le confiere. Hacia mediados de mes, su presidente Ricardo Lorenzetti respondía de manera con-tundente a dichos reclamos: “Lo que la Constitución prevé es una división de poderes donde cada uno tiene una función. La del Poder Judicial es poner límites, fortalecer las instituciones, pero no gobernar ni legislar”, agregando que eso es algo que “les co-rresponde a los otros dos poderes” y que “los jueces no pueden sus-tituir eso” (LN 18/4). Pero los esgrimistas del poder cam-pero no atendían más que sus necesidades electorales más inmediatas. No importa para qué fue pensado el Poder Judicial; si necesitamos que juegue, tiene que jugar. Eso rondaría una vez más por la cabeza de Mariano Grondona, quien insistía en repetir doblemente –a falta de una, en dos columnas dominicales seguidas– el mismo argumento que analizáramos en el número anterior y que contradice las leyes más básicas de la biología humana:


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“Si empezamos por consignar que la ‘elección’ de Cristina Kirchner en 2007 no fue tal sino una verdadera ‘reelección’ de la pareja polí-ticamente indisoluble que ella forma con su marido, ¿no deberíamos concluir desde ahora que el nuevo período presidencial que ambos pretenden a partir de 2011 sería, si lo consiguen, ese tercer período consecutivo de gobierno que prohibe expresamente nuestra Constitución? Cuando Álvaro Uribe intentó hacer lo mis-mo en Colombia, la Suprema Corte de su país se lo prohibió. Nuestra Corte Suprema, ¿se atreverá a hacer lo mismo?” (LN 18/4). Y apenas una semana después: “Ajustándose al prin-cipio que excluyen las reelecciones indefinidas, nuestra reforma cons-titucional de 1994 limitó a dos períodos consecutivos el plazo pre-sidencial. Si Néstor Kirchner insiste ahora en su candidatura presidencial para 2011, estaría violando aquel principio porque, al digitar a Cristina en 2007, lo que obtuvo, en realidad, fue su pro-pia reelección a través de ella, a la que en 2011 seguiría, si la con-siguiera, una tercera presidencia consecutiva. En Colombia, la Suprema Corte le impidió al presidente Uribe un designio similar. ¿Se atreverá nuestra Corte Suprema a repetir la hazaña? La úni-ca barrera para la ambición de los Kirchner que quedaría disponi-ble, si la Corte callara, sería la voluntad popular” (LN 25/4). Sólo se trata de que la Corte cambie de opinión, de que rompa esa postura cobarde de “no gobernar ni legislar” y se “atreva” a hacerlo. Pues así lo requiere la complicada situación de la oligarquía, según observábamos en los números del comienzo. Y así se insistía desde la propia columna editorial del órgano pampero, donde el editoria-lista, bajo el título “La Justicia bajo asedio”, repetía: “Así como el Poder Legislativo procura, con grandes dificultades, conver-tirse en un dique para el indisimulado autoritarismo con que se maneja el kirchnerismo, de la misma manera deberá ser el propio Poder Judicial el que asuma en plenitud la defensa de sus trascen-dentes potestades constitucionales” (LN 19/4). Se trata de in-vertir el origen de la presión sobre la Corte. Que parezca que es el gobierno nacional quien presiona por deporte, por su propia naturaleza autoritaria que está encarnada en su ser y no se sabe de dónde viene, y no la conductora de la fuerza social opositora, la oligarquía terrateniente, quien presiona no por gusto, sino por necesidad, que sí se sabe de dónde viene, del interés objetivo en defender su asiento en percepción la de la renta diferencial de la tierra, y por lo tanto en la defensa del sagrado e intangi-ble derecho de propiedad que posee esta pequeña por-ción de la población sobre inmensas extensiones de aquella.

Pero la Corte todavía iba a recibir más sorpresas por parte de otros cortesanos. Uno era el propio Duhalde, ya ungido por el órgano oficial terrateniente como único candidato con chances de vencer al kirchnerismo, quien denunciaba primeramente la masiva movilización a Tri-bunales a favor de la entrada en vigencia de la nueva “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”: “El Poder Ejecutivo, utilizando medios públicos y anuncios financiados con dineros de todos, convocó a una demostración destinada a que sus seguidores, amigos y aliados hostigaran a la cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema. Levantaron un escenario ante la puer-ta del Palacio de Tribunales y atacaron al máximo tribunal de la Argentina”. Luego de enumerar distintos variantes de los “ataques del oficialismo contra la Justicia”, finaliza que “esa ca-dena (…) tiene por objetivo a la Corte”, reclamando “que la so-

ciedad dé una señal clara en defensa de la Justicia, de la división de poderes, del orden constitucional”. Por último: “Debe quedar ab-solutamente claro que tocar el poder de la Justicia es atravesar agre-sivamente la frontera misma del orden democrático constitucional. Y que esa embestida, que ya se ha iniciado con ‘pequeños actos’, debe ser inmediatamente detenida” (LN 25/4). El mismo ar-gumento que la línea editorial del legendario diario men-cionada más arriba. El mensaje es claro: todas las fichas a la Corte. El Congreso y los legisladores opositores que en diciembre parecían comerse crudo todo lo que oliese a kirchnerismo se han mostrado absolutamente imber-bes, nenes de pecho frente al poder de la fuerza social expresada en el gobierno nacional que, valga la redun-dancia, sigue gobernando. La táctica del momento es en-tonces ejercer una presión sobre la Corte Suprema que resulte realmente poderosa para romper la división de poderes y que esta gobierne mediante fallos al servicio del conglomerado agroindustrial, cuya cabeza política son nuestros legendarios dueños de la tierra.

Con esta idea fija en la cabeza, se autoinvitaron una tarde a tomar el té con el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, cinco de los más poderosos empre-sarios del país, integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) más el presi-dente de dicha entidad. Los nombres no pasan desaper-cibidos: Paolo Rocca (Techint), Luis Pagani (Arcor), Car-los Miguens (Grupo Sadesa), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó) y Héctor Magnetto (Grupo Clarín), junto con el titular de AEA, Jaime Campos. Junto con el breve comunicado emitido, la entidad empresaria adjun-taba una declaración de Campos del mes anterior, donde se consignaba: “En la Argentina, el sistema representativo, re-publicano y federal de gobierno es el fundamento principal de nues-tra vida social, y la base para la construcción de consensos”. Y continuaba: “Un marco institucional republicano sólido es asi-mismo una condición indispensable para el desarrollo del país, (…) verdadero andamiaje de la prosperidad económica. Son los cimien-tos del desarrollo. Sin cimientos sólidos, toda construcción es frágil. Todos los países exitosos basaron su desarrollo en instituciones sa-nas y fuertes” (LN 29/4). No trascendió más sobre el en-cuentro. No obstante, queda claro el gesto de presión por parte de la cúpula empresaria hacia Lorenzetti. Y en especial la presencia de Magnetto, en momentos en que la Corte tiene que decidir en breve si avala o no la san-ción de la “Ley de Servicios de Comunicación Audiovi-sual”.

Pero habría más en el Supremo Salón de la Justicia este mes. El mismo declararía la inconstitucionalidad de los indultos aplicados en 1989 y 1990 en beneficio del ex presidente de la dictadura, Jorge Rafael Videla, el ex mi-nistro del Interior, Albano Harguindeguy, y el ex minis-tro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. El fallo está relacionado con la investigación del secuestro del empresario Federico Gutheim y tiene especial implican-cia para la situación de Martínez de Hoz, que se halla ac-tualmente en libertad y sería detenido en breve. El argu-mento del tribunal fue que no hay amnistía ni indulto para los delitos de lesa humanidad. Resulta significativa la reapertura del proceso contra Martínez de Hoz, un mes después de haber tenido el acto que conmemora el


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golpe del ’76 con mayor grado de politización desde que aquel se comenzó a realizar, con el movimiento obrero al frente y las distintas organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos reclamando no sólo “juicio y cas-tigo”, sino también enmarcando la movilización en la de-fensa del proyecto de liberación nacional por el que pe-leaban los desaparecidos, y cuyas banderas ha tomado hoy el gobierno nacional (ver Análisis… Nº 118). Co-menzar a juzgar no sólo a los militares de la dictadura, sino también a los responsables civiles de la misma, y en particular a los arquitectos del modelo económico que se aplicó, implica comenzar a desnudar qué hay detrás de los centros clandestinos, la picana, el submarino y los vuelos de la muerte. Esto es, qué intereses de clase se ocultaban allí, tal como se ocultan ahora en los ataques golpistas al proyecto nacional. Qué modelo de país se buscó y logró instaurar luego del punto de partida que fue la eliminación física de 30.000 cuadros del movimien-to obrero y el pueblo en general. Es frente a este desnu-damiento cada vez más profundo de las bases de su po-der real que la oligarquía grita de manera desaforada. Es el legado económico, político, cultural de la dictadura lo que se comienza a colocar en el baquillo de los acusados, encarnado en la figura de Martínez de Hoz, quien en una solicitada publicada acude a los mismos argumentos gol-pistas que utilizan todos sus discípulos de hoy: “En la Argentina de hoy, con sus instituciones degradadas, el Estado de Derecho reducido a una mera apariencia y un gobierno que contin-úa promoviendo abiertamente el enfrentamiento entre los argentinos, no parece que existan frenos institucionales que contengan la ensa-ñada y larguísima persecusión en mi contra, que no tiene preceden-tes en el país” (LN 28/4).

El juego de fuerzas abierto en el movimiento obrero Desde comienzos de mes, el movimiento obrero volvía a decir presente en las disputas políticas abiertas en torno a qué país es el que habitaremos los argentinos en los próximos años. Así, la CGT marcaba claramente la can-cha al anunciar “una masiva asistencia del sindicalismo” al ac-to que encabezará el presidente del PJ en Concordia en conmemoración del 1º de mayo. Y reafirmaba que con el aumento de precios “el gobierno no tiene nada que ver”, car-gando la responsabilidad sobre empresarios y comercian-tes, a quienes pedía “que no aumenten los precios en forma desmedida como lo están haciendo”, al tiempo que realizaba una defensa del secretario de Comercio Interior, Gui-llermo Moreno: “Trata de evitar por todos los medios que no haya aumento de precios”. En el mismo sentido, el secretario de Capacitación de la CGT, Juan Carlos Schmidt, afir-maba: “Acompañamos la intervención del Estado en todo lo que sea la formación de precios” y se dirigía en esa línea al campo empresario: “Si los empresarios quieren salarios razonables, que controlen que haya precios razonables” (LN 6/4). Con lo que se dejaba en claro la postura de la principal central sindi-cal sobre el origen de la inflación: ni los aumentos sala-riales ni la política oficial, los que aumentan los precios son los empresarios. Punto.

Por su parte, se largaba la campaña electoral para elegir la futura conducción de la otra central sindical, la CTA.

El actual secretario general de la misma lanzaba una co-rriente interna, la Agrupación Germán Abdala, base para enfrentar electoralmente a la corriente opositora que en-cabeza el secretario de Relaciones Institucionales, Víctor De Gennaro, con quien mantiene diferencias insalvables. En la presentación de su agrupación, Yasky dejaba sen-tada con claridad su postura frente a la pelea política a nivel nacional, llamando a asumir a “los verdaderos enemigos, los sectores concentrados, los grandes capitales y los multiimedios de la información”. Su remate era tajante: “Autonomía no es neu-tralidad”. Con estas palabras, reafirmaba su apoyo al grueso de la política del gobierno nacional, lo que lo dife-rencia del otro sector, que se ha definido desde hace tiempo como opositor y se encolumna detrás de otros proyecto políticos, como Proyecto Sur de Pino Solanas. Pero más que el apoyo al gobierno, lo que más significa-tivamente resuena en las palabras de Yasky es su acerca-miento político a la CGT que lidera Moyano, proceso de unidad entre las dos centrales sindicales que se viene ges-tando desde hace meses, con paso sigiloso pero firme, y el cual venimos siguiendo en detalle en las paginas del Análisis…

Del acercamiento objetivo en términos de apoyo a un modelo económico, se pasaba una vez más al plano sub-jetivo, a la producción del hecho conciente en el proceso de la construcción política. Ocurría en Córdoba, el 21 del pasado mes. Allí, ambos jefes sindicales encabezaban un acto de respaldo a 18 trabajadores –en su mayoría del gremio de Luz y Fuerza– procesados por disturbios y daños producidos en una protesta contra la reforma pro-visional impulsada por el gobernador Schiaretti. En el ac-to estaban presentes –además de “los dos Hugos”– el je-fe del sindicato de Peones de taxis Jorge Omar Viviani, el judicial Julio Piumato y el dirigente de la UOM Antonio Caló. Al hablar en la movilización, el titular de la CTA enfatizaba: “No existen diferencias entre los sectores sindicales cuando están en juego los intereses de la clase trabajadora”, y anunciaba: “Vamos a luchar juntos cada vez que sea necesario”, recalcando nuevamente la “autonomía política” de la cen-tral, pero llamando a la “unidad en la acción” con la CGT, a pesar de las diferencias existentes con esta en torno al “modelo sindical y de la forma de construir democráticamente”. Moyano, por su parte, cargaba contra la Justicia cordobe-sa, desnudando el carácter clasista de la misma a la hora de actuar: “Sorprende la actitud tomada por la Justicia de Córdoba y de otras provincias. Más de un mes estuvo el paro del campo y no vi a ningún fiscal. Esto no es justicia. Es injusticia”. A su vez, recalcaba lo significativo del encuentro CGT-CTA, proyectándolo hacia el futuro: “La unidad del movi-miento obrero ha comenzado” y, más adelante: “Con la unidad seremos invencibles” (LN y P12 22/4). Este es el proceso que se intenta frenar desde el sector de la CTA conduci-do por De Gennaro, quien a comienzos de mes califica-ba como “empresarios a los dirigentes de la CGT” (LN 6/4). Esta es también la causa del miedo al sindicalismo expre-sado por Duhalde más arriba. Es también lo que queda flotando en las palabras de Ernesto Sanz, quien esbozaba un proyecto de gobierno radical para 2011 frente a em-presarios de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE): “Imagino un sindicalismo respetando las re-


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glas de juego, que sea sindicalismo y no una infantería política al servicio del kirchnerismo” (LN 14/4). Zapatero a tus zapatos, nada de política en los sindicatos muchachos, dejen que los empresarios sabemos cómo conducir el país, ustedes no se metan…

Del otro lado, la fuerza social conducida por los gran-des tenedores de tierra del país metía la cola una vez más al interior del movimiento obrero. El hecho disparador fue el la convocatoria a un paro por parte de un sector de los trabajadores de frigoríficos de Buenos Aires, alineado con la CGT Azul y Blanca, contra la política ganadera del gobierno. Ni lerdo ni perezoso, el titular de la Confede-ración de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Pedro Apaolaza, se apresuraba a de-clarar el cese de actividades (compraventa de hacienda y faena) para los días 29 y 30 de abril, en solidaridad con dicho sector de trabajadores de la carne. Pocas horas después, la Mesa de Enlace lanzaba su adhesión a la me-dida de fuerza. El hilvanador de todo este juego de alian-zas es Silvio Etchehun, ex secretario general del Sindica-to de la Carne de Gran Buenos Aires, quien responde a la central sindical creada por Luis Barrionuevo en 2008 para apoyar a la Mesa de Enlace en su pelea contra las re-tenciones móviles a la exportación. El gremio fue inter-venido por irregularidades en 2009 por la Federación Gremial de la Industria de la Carne, que dirige un hom-bre alineado con la CGT moyanista, Alberto Fantini, y Etchehun fue desplazado. No obstante, este úlitmo con-tinúa presentándose como titular del gremio. Este había arreglado con Apaolaza la realización de acciones con-juntas contra la política de carnes llevada adelante por el gobierno. Así sintetizaba esta alianza uno de los vicepre-sidentes de Federación Agraria, Julio Currás: “Para Fede-ración Agraria no es una novedad compartir acciones con los traba-jadores. Ellos, como nosotros, están sufriendo las consecuencias de esta mala política ganadera”. Por su parte, el mismo Et-chehun denunciaba 3.000 despidos a causa de la política ganadera y sostenía: “El gobierno ofreció un subsidio que re-chazamos, porque nosotros queremos dignidad y trabajo” (C 22/4 y P12 23/4).

Finalizando el mes, otro hecho de alta significación política ocurriría en torno al movimiento obrero. El día 27 se realizaba por primera vez en la historia una reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista en la sede central de la CGT. Esto fue destacado por Moyano para reafirmar el encuadramiento político de la conducción de

la central sindical: “Con Néstor y Cristina Kirchner, los traba-jadores recuperamos la dignidad. Y por eso siempre los apoyare-mos”. Kirchner hablaría poco después y recordaría que el encuentro se realizaba ese día para conmemorar un nue-vo aniversario del “primer paro general de la CGT contra la dictadura genocida, realizado el 27 de abril de 1979” (LN 28/4). La significación política del acto tiene que ver con cuál es el sector que va colocándose cada vez más en el centro de la escena política como sujeto activo y como nudo central del proyecto nacional y popular. Son claras las muestras que tanto la Presidenta de la Nación como el Presidente del PJ vienen dando en el sentido de apoyar sus políticas cada vez más abiertamente en el movimien-to obrero organizado, recogiendo la fuerza de este para la pelea contra lo que han identificado como el enemigo principal, la oligarquía terrateniente con su cadena agroindustrial subordinada a aquella y su expresión polí-tica más clara, constituida en los medios concentrados de comunicación. No es ajena a esto la pelea por la conduc-ción del PJ y, fundamentalmente, por el legado del pero-nismo. Recordemos lo que viene repitiendo el conductor de la CGT desde el lanzamiento de la Corriente Nacional del Sindicalismo Peronista, acerca de que el movimiento obrero es el verdadero heredero del movimiento peronis-ta, y que aquel estaba ya en condiciones maduras de pa-sar de ser la “columna vertebral” a ser la “cabeza” del movimiento nacional y popular (ver Análisis… de octu-bre y diciembre de 2009).

Lo analizado en todo este apartado, en relación con los anteriores, nos muestra a su vez con claridad el desarro-llo del concepto de fuerza social, en tanto alianza confor-mada por capas y fracciones de diferentes clases que pe-lean contra un mismo enemigo principal, pero que mantienen, por su propia naturaleza de clase, intereses contrapuestos al interior de la misma, determinando de este modo inevitables disputas por la hegemonía dentro de la fuerza. Nos muestra a su vez cómo el movimiento obrero se coloca en el centro de gravedad no sólo de la fuerza social expresada políticamente en el gobierno na-cional, sino que también toma protagonismo en la fuerza social contraria, conducida por la oligarquía pampeana, que consigue subordinar a un sector del movimiento obrero para hacerlo funcional a sus intereses. El hecho objetivo es que ya ningún sector escapa a la toma de po-sición política en pos de uno u otro proyecto de país.

24 Mordiendo los tobillos

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La disputa por el rumbo económico

Mordiendo los tobillos Por Claudio Adrianzén Bei

“Sobran motivos para hacer un gran despelote” Eduardo Buzzi

(Federación Agraria Argentina)

Durante el mes de abril recrudecerán las presiones hacia el Gobierno, desde variados frentes de la oposición política y empresarial, para que modifique algunas de sus medidas económicas de base. Continuación de lo anali-zado en esta publicación en los últimos números, nos encontramos este mes con tres ejes sobre los cuales hubo disputa a nivel estructural y también a nivel político e ideológico: a) los salarios vs. la inflación; b) el valor del dólar y la “penuria” campestre; c) el uso de reservas y la forma de generarlas, es decir, la disputa por “el modelo de acumulación”. Todos ellos son sólo momentos de una realidad única que es el enfrentamiento de proyectos de país antagónicos tras el cual se van conformando, a una velocidad cada día mayor, dos fuerzas sociales con inter-eses contrapuestos. Así, comenzaremos por analizar la forma en que la alianza social que asienta sus raíces en el modelo “agroindustrial” –primarización de la economía local acorde a las necesidades de los capitales concentra-dos mundiales junto con la pauperización de la mayoría de la población– reúne argumentos al tiempo que im-prime medidas económicas y políticas que buscan soca-var la bases de apoyo social del Gobierno. Luego vere-mos cuán poco verídicos son muchos de esos “argumentos”, al tiempo que las disputas por el precio del dólar y de los alimentos llega de la mano de un nuevo intento de paro agropecuario generalizado, que trastabilla por la imposibilidad de acordar de algunas de las otrora unidas entidades de la Mesa de Enlace. La palabra “ajus-te” y la pulseada por la finalidad del Banco Central serán el inicio y el final del recorrido.

Los inflacionados El mes se iniciaba con la reaparición de un ex ministro de los años 90: Roque Fernández. El escenario convo-cante eran las páginas del matutino mitrista La Nación, que viene “reviviendo” a antiguos ideólogos para que sumen voces a la disputa por “el modelo”. En dicha en-trevista, Roque Fernández señalaba un supuesto “aisla-miento” internacional del país y del Gobierno, partiendo del supuesto de un “atraso cambiario”, aumentando así las voces en favor de un aumento del dolar, que será uno de los temas del mes: “A fin del año pasado calculé el tipo de cambio real y ya me daba que existía tanto atraso cambiario como durante la convertibilidad. En la convertibilidad el FMI nos criti-caba por un atraso del 7 por ciento y en ese momento se argumen-taba que, como acá no había inflación y en Estados Unidos sí, eso se recuperaba rápido. Pero con la inflación de los últimos tres me-ses, ya debe estar por debajo del tipo de cambio de la convertibili-dad. (…) Prohibir exportaciones o importaciones, sin normas es-critas, es una violación de las normas internacionales del comercio”. Al mismo tiempo, aprovechaba para criticar el recambio

del titular del Banco Central, haciendo hincapié en el in-tento de direccionar dicha entidad, y los fondos que allí acumula el Estado, hacia la promoción crediticia indus-trial, preferentemente a las medianas y pequeñas indus-trias (pymes): “Creo que Marcó del Pont no comparte la actual ley de la carta orgánica. Lo que deberían haber hecho es cambiar esa norma y, luego, proponerla para el cargo, no al revés. (…) Lo poco que le escuché decir tenía que ver con la idea de usar el BCRA para prestarles a las pymes, como un banco de desarrollo, pero eso no tiene nada que ver con la misión del organismo de cui-dar la estabilidad monetaria. (…) Cuando el Estado interviene para forzar una tasa de interés negativa, ocurre como en la crisis de los 80: los bancos no tienen ningún incentivo para prestar y los proyectos que se aprueban terminan con la quiebra de las entidades, como pasó con el Banade. (…) Hay desbordes desarrollis-tas. (…) No hay que fomentar más el aumento del gasto, porque en 2012 si no quedará un problema muy serio para el próximo gobierno” (LN 2/4). Este será, así, el eje de la disputa que estará en el fondo de la discusión por la inflación, el gas-to y el precio del dolar: el modelo de desarrollo y la fina-lidad que se le dará a la acumulación social de riqueza.

El tema obligado de la primera parte del mes fue la in-flación. El ministro de Economía, Amado Boudou era uno de los que, desde el Gobierno, se pronunciaba al respecto: “Tratan de imponer este tema, porque la inflación tiene que ver con las expectativas, y desde Clarín y la oposición quieren que se imponga un ajuste. (…) No vamos a pelear contra la suba de precios restringiendo el consumo de la gente, porque estamos con-vencidos de que falta más: falta empleo formal, falta recomposición del ingreso de Argentina que tiene una devaluación del 300% des-de principio de este siglo” (C 3/4). Otro sector que opinaba sobre el tema era la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT), que en boca de Juan Carlos Schmid, su secretario de Formación, afirmaba: “La infla-ción es una realidad que, como dijo el negro (Moyano), nadie puede negar. Lo que queremos saber es quiénes son los culpables de los aumentos de precios y dónde van a parar las ganancias. Pero no busquen ninguna contradicción con el Gobierno porque no la van a encontrar, todo lo contrario”. Esto era completado por Héctor Recalde, abogado de la misma central obrera: “Aumentó mucho el consumo y los empresarios, por desconfianza, subieron los precios” (C 4/4).

Otra opinión tendrían los “especialistas” que comen-zaban a desfilar, como Roque Fernández, por las páginas de los dos grandes matutinos concentrados del país: “En la Argentina, entre el 2007 y el 2009, la inflación en promedio ha sido del 17%. El enfoque a adoptar (…): en el plano fiscal, atarse a una regla de un crecimiento anual del gasto público 3 puntos me-nos al crecimiento de la recaudación, como vía genuina para recupe-rar un superavit fiscal primario del 3% del PBI. En el plano mo-netario, un programa de disminución anual del crecimiento en la


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cantidad de dinero”; así se expresaba Miguel Bein, ex vice-ministro del gobierno menemista y socio del ex ministro radical Machinea. Su receta: ajuste y retracción monetaria local, es decir, aumento del dolar y encarecimiento de precios internos. “El proceso inflacionario cumple 56 meses. Desde septiembre de 2006 que llegó al 10% nunca bajó de los dos dígitos. Sin embargo, el tema tomó volumen ahora; 8,6% para un trimestre con proyección anual de 25% como piso lo justifica. Esto siempre al comparar con una región que va al 5% anual y con un mundo a la mitad de eso. (…) El origen inflacionario es un aguje-ro inmenso del fisco que se financia con emisión y que luce irreversi-ble”. En este caso, la voz “experta” era la de Carlos Mel-conian, consultor del Banco Mundial y funcionario del área “externa” (relación con los organismos internacio-nales tipo FMI, Banco Mundial, etc.) del Banco Central durante el menemismo. Por último, llegaba el mismo día una columna de Jaime Campos, presidente de la Asocia-ción Empresaria Argentina (AEA), también en el diario Clarín: “En nuestro país la inflación continúa en niveles altos en términos internacionales, aun según las estadísticas del INDEC. Esto es muy malo, ya que afecta a los sectores más vulnerables, y perjudica la producción, dificultando las relaciones de cooperación entre eslabones de las cadenas productivas, erosionando paulatina-mente la competitividad internacional de las empresas (…). La in-flación y la inestabilidad de precios relativos causaron en el pasado gravísimos perjuicios a las empresas de la Argentina” (C 6/4).

A estas opiniones desde el “sector privado” se le su-maba, aportando mayor síntesis ideológica y “profundi-dad”, una columna editorial del diario La Nación: “Con los datos de las mediciones privadas de la inflación de marzo se confirma que hay un nuevo escalón del fenómeno que ya resulta de reconocimiento ineludible para cambiar la fingida elusión oficial del problema. Con un aumento acumulado de los precios minoristas superior al 7 por ciento en el primer trimestre, el nivel anual para 2010 se proyecta por encima del 25 por ciento. (…) La realidad finalmente lleva al ridículo a quien se empeñe en negarla. Entonces llega la hora de reconocerla. No es cuestión de encontrar culpables, que naturalmente serán “los otros”. Por este indebido camino pare-ce ahora querer transitar el Gobierno. Es posible que además in-tente hacer jugar políticamente a su favor esas acusaciones de culpa-bilidad. Es una táctica que forma parte de los principios elementales del populismo y que ha sido reiterada en la Argentina en las épocas de inflación. Los culpables son los empresarios mo-nopólicos y los comerciantes inescrupulosos. Es el desmedido afán de lucro, el agio y la especulación. Habiendo culpables, tiene que haber castigos y además sus acciones deben impedirse. Comienzan las amenazas de aplicar la ley de abastecimiento y se intensifican los controles, las llamadas telefónicas y las amenazas. Aunque éstas se hayan demostrado ineficaces en los últimos cuatro años, emergerán insistentemente frente a la alegada ignominia de los especuladores. Si no se acepta ni se quiere reconocer que la inflación surge princi-palmente de las políticas del propio Gobierno, esas acciones directas son lo único que éste puede intentar. Y continuarán siendo infruc-tuosas. (…) La inflación es ocasionada por factores macroeconómi-cos y por erróneas o insuficientes políticas públicas. Cuando la in-flación se entroniza, pasan a intervenir las cuestiones de índole social y también las relacionadas con comportamientos colectivos como suma de actos individuales inducidos. (…) Los producto-res y comerciantes ante las expectativas inflaciona-rias también operan en el mismo sentido y aunque

la indexación no sea legal se produce una suerte de autoalimentación que hace extremadamente difícil reducir la inflación. Además, al percibir la gente que el dinero pierde valor, se desprende más rápidamente de él, aumentando la velocidad de circulación” (LN 7/4).

El diagnóstico y las recetas son ya conocidos: el pro-blema es el manejo de las cuentas por parte del Gobierno e incluso el alza de salarios y con ello el mayor consumo de la población, admitiendo incluso que los productores y comerciantes no se “autolimitan” e “indexan” (aumen-tan, en criollo) los precios. Claro que, además de men-cionar que el culpable es el gobierno, las razones de este diagnóstico nunca nos son señaladas. Por otra parte, los “especialistas” y el editorialista coinciden en “las solucio-nes”: siempre ajuste, devaluación (“mejora de los precios relativos”) y “competitividad” a nivel internacional del empresariado local. Ante esta escalada de agoreros espe-cialistas en finanzas públicas, desde la alianza social cuya expresión política central es el kirchnerismo, llegaban nuevamente las voces de un actor cada día menos eludi-ble: la CGT, en la voz de su secretario de formación, Juan C. Schmid, señalaba: “Nos quieren hacer creer que la in-flación tiene que ver con los salarios, con los costos laborales, pero en realidad, con las subas de precios, sobre todo en el sector de la alimentación, se quiere capturar el flujo de dinero que entró en vi-gencia con el plan de Asignación por Hijo y el Argentina Trabaja. No ha habido cambios en la economía. Creemos entonces que la in-flación nace en la cadena de formación de precios” (C 7/4). Por otra parte, la “inestabilidad” económica del país es tan grande que, al día siguiente, la fabrica multinacional Ford anunciaba la inversión de unos 1.000 millones en lo que resta del año y el próximo para la producción de un nue-vo modelo de coche, cifra que se sumaba a la que “invirtió recientemente: 500 millones” (LN 8/4).

Cosmopolitas Luego de esto, la atención se correría un poco hacia el frente externo. Llegaban en simultáneo los nuevos tiro-neos y presiones para que el Gobierno “acepte” la ins-pección del FMI y desde Nueva York el ya conocido juez Thomas Griesa embargaba reservas del disputado Banco Central (BCRA). Esta última medida, que efecti-vizaba lo que desde hace cuatro años era un “congela-miento” de 105 millones de dólares que el Banco Central tiene depositados en Nueva York, llegaba cuando desde el Gobierno se ultimaban los detalles para el lanzamiento del nuevo canje de deuda, en busca de salir definitiva-mente del “default” financiero que le impuso al país la crisis de 2001-2002. Lo significativo del fallo era –según bien consigna la amplificación del diario La Nación– los “fundamentos” del mismo, elaborados por el magistrado yanqui: “a) desde el pago del Gobierno al FMI, a fines de 2005, quedó demostrado que la República (el Gobierno, aclaran desde el diario mitrista) ignora el mandato de la carta orgánica del BCRA que indica que la entidad no está sujeta a ninguna orden o instrucción del Poder Ejecutivo. b) En esa sintonía, la Presidenta echó a Martín Redrado y nombró a Marcó del Pont, ‘una funcio-naria leal’ al Gobierno. c) El uso de reservas por la vía de decretos demuestra el control del Gobierno sobre el BCRA, lo cual es to-talmente inconsistente con la defensa de la entidad, en el sentido de


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que actuaba en forma independiente. d) Además, esta estrategia contribuyó al ‘fraude y la injusticia perpetrada por la República a los bonistas’” (LN 8/4). Es decir, el BCRA era, y debe ser, “independiente” de la República (y, más, del Gobierno) según el magistrado y según el centenario diario. Lo mismo decía el echado Redrado cuando, decidido, se atrincheró en su despacho y consiguió el fugaz apoyo de casi todo el arco político opositor. Queda así muy al des-cubierto que el núcleo del problema se halla, una vez más, en la disputa por el control de las herramientas económicas y financieras del país, que han estado, histó-ricamente, en manos “independientes”… aunque siem-pre coincidían los sucesivos funcionarios “independien-tes” en ser, a su vez, “consultores”, “funcionarios” de los organismos de crédito internacionales, etc. Es decir, el organismo en el cual se van acumulando las reservas monetarias que el esfuerzo económico colectivo produ-ce, o sea, el de todos los trabajadores del país, se deposita en una entidad sobre la cual los Gobiernos no deben te-ner ingerencia. Y si no es el Gobierno el que decide, ¿pa-ra qué se usan las reservas, quién debería decidirlo? Esta es la parte oscura de la argumentación.

Carne podrida A la vez, desde Clarín y La Nación se desplegaba una campaña para demostrar cómo el Gobierno no tenía más margen, supuestamente, para escaparle a las auditorias e indicaciones económicas del Fondo Monetario Interna-cional (FMI). Uno de los artífices de la misma era el pe-riodista de Clarín y TN Marcelo Bonelli, quien afirmaba ya en los primeros días del mes sobre “un ultimátum que recibió el Palacio de Hacienda: hay varios miembros del Grupo de los 20 que insisten que Argentina no puede participar de ese foro internacional si no acepta una auditoría de sus cuentas por parte del Fondo. (…) Volvieron sobre el tema después de que fracasó la propuesta de Amado Boudou de suplantar el habitual examen del Artículo IV del FMI, por una presentación de datos estadísticos –sin ningún control de calidad– al seno del Grupo de los 20. El ministro Boudou elucubró esa estrategia en enero para burlar la auditoría del FMI. Y convenció de que podría tener éxito a la pro-pia presidenta. Pero la idea está fracasando. Así reflejó –otra vez– la impericia y el desconocimiento que tiene el equipo económico sobre las reglas de juego que manejan las finanzas internacionales” (C 9/4). Luego de esto, poco más de una semana después, y con motivo de una nueva asamblea del FMI y el Banco Mundial en Washington, la “cobertura” de los diarios de mayor tirada del país persistían: “Nueva advertencia del FMI sobre la escasa confiabilidad del Indec”; “Para el FMI, el país debe dejar que sus cuentas sean auditadas”; “El G-20 sugiere que el país reciba al FMI”, estos eran los titulares del diario La Nación entre los días 22 y 24 en su sección Economía y Negocios, al tiempo que consig-naban que el FMI expuso un informe en el cual se decía acerca de la economía argentina: “Analistas privados esti-man que el índice de precios al consumidor ha sido considerable-mente mayor. (…) Los analistas privados también son de la opi-nión de que el crecimiento real del PIB ha sido significativamente más bajo que los informes oficiales desde el último trimestre de 2008” (LN 22/4). A su vez, el titular del FMI, Strauss-Khan, dejaba a su número 2, John Lipsky, opinar sobre

la Argentina: “Las consultas del artículo IV son un componente básico en la relación regular con todos los miembros. Es una obli-gación de todos ellos y es una obligación nuestra hacia ellos. Por eso estamos muy esperanzados en seguir haciendo progresos con las au-toridades argentinas para que, en un margen razonable de tiempo, podamos programarla” (LN 23/4).

Llegaba nuevamente la pluma del columnista de Clarín y TN para informarnos de los “entretelones” de la asam-blea mundial: “Amado Boudou mantendrá hoy una reunión cla-ve para sondear el acuerdo que permita destrabar la congelada rela-ción argentina con el FMI. El ministro se encontrará con Nicolás Eyzaguirre, el tecnócrata que lleva el caso argentino en el Fondo. Se trata del director del Hemisferio Occidental y jefe de la línea de funcionarios más críticos con la Argentina. Eyzaguirre comanda un grupo de burócratas cuyo diagnóstico es duro y concluyente: la inflación se produce por desequilibrios macroeconómicos y recomien-dan enfriar la economía argentina. (…) Así, Argentina dejaría la trasnochada idea de suplantar la revisión del FMI por el informe sin auditar que elevó en enero al G-20. (…) Los Tesoros de los Estados Unidos, Alemania, Japón y Francia consideran inacepta-ble que Argentina sea miembro del G-20 y, a la vez, sea el único país de los veinte que no acepte un monitoreo del FMI. (…) Sin duda los funcionarios de Washington quieren pasar viejas facturas al kirchnerismo. Pero ahora el equipo del Hemisferio Occidental tiene aliados: varios ministros de naciones industrializadas cansa-dos de los desplantes de la Argentina en el G-20” (C 23/4).

Ante estos planteos, desde el Gobierno hacían saber su postura: “Hasta que el Fondo no cambie no tiene sentido acordar ninguna misión. La historia demuestra que todas las con-diciones que impuso el FMI perjudicaron a la Argentina” (C 23/4), señalaba el ministro Boudou. “Si bien se busca nor-malizar la relación con el FMI en cuanto a lo que el Fondo necesi-ta de información, esto será con dos restricciones: no aceptaremos que vengan a dictarnos recetas de política económica ni a plantear sombras de dudas sobre las estadísticas oficiales” (LN 27/4), de-cía el viceministro de Economía nacional, Roberto Felet-ti. Asimismo, el embajador argentino en Washington, Héctor Timerman, difundía una carta pública para negar las presiones del G-20 sobre Argentina: “Nada de eso suce-dió y por el contrario es el G-20 quien viene estudiando reformas estructurales al FMI para que este organismo no siga imponiendo políticas que terminan agravando la situación económica de sus miembros”, al tiempo que denunciaba “una operación de pren-sa” de los diarios Clarín y La Nación “para imponer que la Argentina acepte ser auditada por el FMI como pretenden los burócratas de dicha organización (…). Difundieron información falsa (…) para demostrar que el G-20 cuestiona al país”. Ti-merman escribió: “El viernes 23 de abril, Marcelo Bonelli ‘in-forma’ que el ministro de Economía busca la concreción de la audi-toría del FMI como lo requiere el G-20. Y agrega que ‘los Tesoros de los Estados Unidos, Alemania, Japón y Francia consideran in-aceptable que Argentina sea miembro del G-20 (…) y no acepte un monitoreo del FMI’. Y concluye diciendo que ahora el FMI tiene aliados de los países ‘cansados de los desplantes de la Argen-tina en el G-20’. Por supuesto, Bonelli, como de costumbre, no cita fuentes ni reproduce el diálogo donde obtiene la ‘información’, y me-nos nos ilustra sobre los supuestos desplantes de la Argentina”. Timerman mencionó, según la crónica de Página 12, una nota de La Nación donde se indica que el documento fi-nal del G-20 cuestiona a la Argentina por no aceptar las


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revisiones del artículo IV. Pero “el supuesto documento no se publica en las páginas del diario”. Para el embajador es por una sencilla razón: “No hay ningún documento del G-20 que hable del artículo IV y por eso ni La Nación ni Clarín lo podrían reproducir”. Finaliza: “Como representante ante el G-20, soy el único argentino que ha participado de todas las reuniones prepara-torias de las Cumbres de Líderes del G-20 y con la Presidenta y el canciller Taiana los únicos que hemos participado de todas las Cumbres desde la primera en noviembre de 2008. No sólo no hay ningún comunicado del G-20 que mencione la revisión del Fondo. Tampoco existe ninguna discusión sobre ese tema en las más de diez reuniones preparatorias. Y tampoco ningún miembro del G-20 me ha solicitado hablar sobre la relación de Argentina con el FMI” (P12 28/4).

Soja verde Casi promediando el mes, la cabeza dirigente de la So-ciedad Rural (SRA), Hugo Biolcati, advertía la proximi-dad de un nuevo “conflicto” con el Gobierno: “La indife-rencia del Gobierno ante los padecimientos innecesarios de los productores está llevando a éstos nuevamente al borde del conflicto”. El guante era levantado por los asociados de la Federa-ción Agraria (FAA): “La situación en el sudoeste bonaerense no puede esperar más; si en 15 días el gobierno nacional o el provincial no dan soluciones, volveremos a protestar en las rutas”, amenaza-ba Guillermo Giannasi, presidente del Consejo Federado Bonaerense. En igual sentido se manifestaba el presiden-te de la FAA, Eduardo Buzzi: en “la mejor cosecha de soja vemos que estamos en la peor situación por el costo de las reten-ciones y el atraso cambiario. No se soporta el 35% de re-tenciones; son confiscatorias”. A estos se sumaba el dirigente de Confederaciones Rurales (CRA), Mario Llambías: “Mientras existan problemas los conflictos son posibles; hay pocas cosas resueltas” (LN 12/4).

El problema, sin embargo, parecía ser la falta de una-nimidad del planteo. Llegaban al conocimiento público las dudas o diferencias de las “segundas líneas” de algu-nas de las entidades agropecuarias: “Hay muchas zonas que tienen problemas, pero otras no. La soja se está cosechando a full, el ganado tiene un buen precio y el maíz sigue con sus dificultades de comercialización. Si hay una medida de fuerza, será focalizada en un sector”, afirmaba Javier Jayo Ordoñez, secretario de CRA. A su vez, Silvio Corti, de FAA, reconocía que “hoy no se ve un escenario propicio para la protesta. Para tener algo de éxito, necesitás el apoyo de la clase política y hoy la agenda pasa por otro lado” (P12 13/4). “No creo que la estrategia pase por cortar las rutas, pero sí habrá asambleas”, afirmaba el vicepre-sidente de CRA, Alfredo Narduzzi. “Hay que hablarlo con las bases, no se puede largar un paro sin pasar por un proceso de consulta”, decía a su vez Alfredo Rodes, director ejecutivo de Carbap (LN 13/4). A su vez, llegaban con las amena-zas los pedidos de devaluación: “O se corrige cambiando gra-dualmente el tipo de cambio o se eliminan las retenciones. Hay que pensar un dolar de cuatro pesos para arriba” (P12 13/4), afir-maba Buzzi. Luego llegaba el turno de Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA): “La inflación se come la competitividad argen-tina, (…) cuando se entra en un sistema inflacionario, por cierto único en el mundo junto con Venezuela y un par de países de Áfri-ca, se debe hacer un ajuste” (LN 14/4).

Días después, había acuerdo y la ahora denominada Comisión de Enlace anunciaba una “movilización” para el lunes 3 de mayo: “Queremos que se eliminen las trabas al comercio agropecuario y las trabas a las exportaciones, dos proble-mas que siguen sin solución”, manifestaba Mario Llambías (CRA). A su vez, Buzzi reafirmaba lo dicho días antes: “Estamos por tener una gran cosecha, pero ésta va a dejar poca plata en el interior, porque las retenciones y el tipo de cambio actual nos restan competitividad y rentabilidad” (LN 16/4). Otro ti-bio apoyo cosecharía por parte del sector industrial, al expedirse José De Mendiguren, Secretario de la UIA: “Lo lógico sería que haya un tipo de cambio estable, por la oferta de dólares que habrá hasta 2011, donde tenemos que poner toda la atención es en cómo frenamos las expectativas de inflación. (…) Hay algunos industriales que lo pidieron, pero la UIA negó ca-tegóricamente que estemos detrás de una devaluación de la moneda” (P12 20/4). Sin embargo, nuevamente se producía un encontronazo con otros dirigentes agrarios: “Carbap está en desacuerdo con quienes proponen modificar el tipo de cambio, el cual sin duda no beneficia a todos los sectores por igual. No se pue-de propiciar dicho debate, que va en desmedro del salario real de los trabajadores, habiendo compatriotas que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas de vida” (LN 16/4), afirmaba Pedro Apaolaza, presidente de Carbap. Otro que manifestaba su desacuerdo con los dichos de Buzzi era el gobernador de Santa Fe y presidente del Partido Socialista, Hermes Binner: “Estoy en desacuerdo, perjudicaría a los más deprimidos” (P12 17/4).

Una vez más, desde un editorial del diario La Nación llegaba la síntesis y organización de las ideas, al tiempo que se marcaba el rumbo a seguir: “La formidable involución que muestra la producción de ganado vacuno y las múltiples conse-cuencias que proyecta sobre todos los argentinos no parecen lograr la necesaria comprensión oficial para que el Gobierno cambie el rum-bo. La contundencia de la crisis productiva cuya incubación co-menzó a fines de 2005 continúa incólume hasta el presente, pese a los constantes llamados de atención de propios y de extraños. (…) La fuerza de esta crisis es impetuosa si se tiene en cuenta que el in-ventario vacuno se ha reducido entre 8 y 10 millones de cabezas a partir de los 60 millones de 2005, impactando en los precios del ganado, que se incrementaron aproximadamente el 50 por ciento. Los productos para las mesas de los argentinos están sufriendo im-portantísimos aumentos de precios que alejan cada vez más a los consumidores y marcan el fracaso del intervencionismo que se prego-na y aplica bajo nuevas recetas. Siguiendo la cadena de fracasos, se verifican cierres y reducciones de actividad de industrias frigoríficas, con las consiguientes suspensiones y despidos de miles de operarios, que movilizan protestas cuyo principal destinatario es el propio Moreno. (…) La crisis continúa, asociada a otras materias, como la incertidumbre sobre la próxima siembra de trigo y la voluntad gubernamental de mantener las elevadísimas retenciones a las ex-portaciones. Y crece la efervescencia en el interior, pro-yectándose a las entidades que representan a los productores, quie-nes anuncian próximas acciones de protesta.” (LN 19/4). Y a los pocos días, llegaba esa efervescencia tan anhelada: la Comisión de Enlace se “sumaba en apoyo” del paro anunciado por el Sindicato de Trabajadores de la Indus-tria de la Carne y sus Derivados del Gran Buenos Aires y Zona Sur de la Provincia de Buenos Aires (Sicgba), que está enrolado en la llamada “CGT Azul y Blanca” con-


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ducida por el duhaldista Luis Barrionuevo: “Resolvimos movilizarnos el 30 y les pedimos a Carbap y a la Comisión de Enlace que nos acompañen el 29 y el 30 con un cese de comerciali-zación y que, si quieren, participen de la movilización” (LN 22/4), afirmaba Silvio Etchehun, secretario general de Sicgba. Sin embargo, desde la Federación de la Industria de la Carne, José Fantini, su secretario general, afirmaba: “No permitiremos que la Mesa de Enlace nos use para una mar-cha totalmente política” (LN 29/4), señalando la falta de unanimidad entre los trabajadores de la carne de Buenos Aires a la hora de caminar abrazados a la patronal.

El mes se cerraba con la reaparición del “Golden Boy” Martín Redrado, ex presidente del Banco Central, con motivo de la presentación de su libro “Sin Reservas”. Pa-ra la ocasión, Redrado volvió a la carga con los augurios de una crisis económica nacional por venir: “Hoy la infla-ción es del 25%, con posibilidades de aceleración, todo depende de

lo que haga el Banco Central. (…) Se está instalando una sensa-ción de miedo y eso es muy peligroso” (C 28/4). Al mismo tiempo, contaba lo sucedido meses atrás para su salida del Gobierno: “Aquí el que cambió no fui yo, fue el Gobierno. Nunca, ni Néstor ni Cristina Kirchner habían interferido hasta allí (el decreto de uso de reservas de fines de 2009) en lo que yo consideraba mi ‘metro cuadrado’: el manejo de las reservas, del tipo de cambio y del nivel de las tasas de interés. Hubo discu-siones muchas veces, pero siempre, en definitiva, habían respetado los criterios profesionales del BCRA” (LN 28/4). Es decir, pa-rece que el tiempo del manejo de los principales resortes económicos del país por parte de los “técnicos”, los “profesionales”, que parecen ser “imparciales” y “apolíti-cos”, como si la economía fuera materia neutral en las disputas por los modelos de sociedad, se está terminan-do.


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El enfrentamiento en el plano de las ideas

Hegemonía y batalla cultural José M. Dunn y Claudio Adrianzén Bei

Durante el mes de abril asistimos a un nuevo momento de acumulación de fuerzas en la álgida confrontación por los medios de comunicación, por la direccionalidad del pe-riodismo y por la disputa por el sentido de los hechos sociales, políticos y culturales. El lugar de los intelectua-les, el papel de los grandes medios audiovisuales y escri-tos, y la discusión acerca de la supuesta “imparcialidad” de la prensa serán el fondo de la confrontación entre las alianzas sociales que van conformando fuerza al calor del aumento de la discusión política que se vive día a día en el país. En ese sentido, uno de los hechos destacados del mes analizado fue la masiva marcha que, promediando el mismo, realizó un amplio arco de actores sociales, políti-cos, culturales y comunicacionales en apoyo de la puesta en ejercicio de la aprobada Ley de Servicios Audiovisua-les a fines de 2009 y que, por recursos judiciales vario-pintos interpuestos por algunos de los grandes monopo-lios concentrados y sus personeros políticos, aún no logra entrar en vigencia.

En ese sentido, los ejes del debate se centraron, an-tagónicamente, entre la masividad del apoyo a la vigencia de la recientemente aprobada ley de medios y la cons-trucción del lugar de “víctima” de una parte del empresa-riado periodístico monopólico, obligando a sus institu-ciones corporativas a mostrarse públicamente, al tiempo que un nuevo tema entraba en la disputa: la presunta apropiación de los hijos adoptivos de la dueña del mul-timedio Clarín, Ernestina Herrera de Noble, pasaba a in-tegrar los “argumentos” de la Libertad de Empresa-Prensa. En el corazón del debate, desde las páginas del centenario diario La Nación, llegaba una mirada punzan-te y esencial: el problema es la batalla cultural; y el pro-blema es que los grandes medios, y el proyecto político social que los sustenta, no la están ganando.

Masividad y Judicialización Cuando finalizaba el primer tercio del mes de abril, desde la empresaria Asociación de Entidades Periodísticas Ar-gentinas (ADEPA), se emitía un comunicado que expre-saba que “pocas veces, en los últimos lustros, el diálogo que deben tener los gobiernos con la prensa se ha visto tan obstaculizado. Po-cas veces, el nivel de intolerancia ante la información, la opinión y la crítica ha sido tan manifiesto (…). Hemos padecido una inédita campaña de descalificación del periodismo por parte del poder polí-tico (…). La libertad de expresión en la Argentina sobrelleva uno de sus momentos más críticos desde la recuperación democrática, (…) no puede dejar de señalarse la pasividad gubernamental frente a acciones intimidatorias y violentas de grupos o de sectores contra periodistas y empresas periodísticas”. Teníamos así un primer momento de pública victimización por parte de las em-presas multimediales locales, quienes no dudaban en atribuir al actual Gobierno la responsabilidad por su cre-ciente descrédito social. A esto se sumaban críticas polí-ticas al actual rumbo económico y social: “La Argentina

atraviesa un momento político institucional huérfano de acuerdos democráticos, con conflictos que afectan las relaciones entre los pode-res del Estado y acarrean una patológica incertidumbre social”, al tiempo que criticaba el rol de los medios del Estado y decía que resulta “inédita” su “abusiva utilización para fines partidarios. Ya no desempeñan el rol que corresponde a los medios del Estado y se transformaron en herramientas de militancia obse-cuente y persecutoria”. En igual dirección llegaba la crítica sobre el rol del Gobierno en Papel Prensa, rechazando ADEPA lo que percibe “como una estrategia oficial de interve-nir en el mercado de papel para diarios, cuya producción y libre co-mercialización es la mejor garantía para el abastecimiento de los mismos”. Por último, ADEPA quería hacer pasar las tra-bas judiciales que sus propias empresas interpusieron a la Ley de Servicios Audiovisuales como “reparos constitu-cionales (imparciales)”: “Los sucesivos fallos que han suspen-dido sus efectos confirman los reparos constitucionales planteados oportunamente por nuestra entidad. Una ley no puede desconocer principios y garantías fundamentales, vulnerar derechos adquiridos ni otorgar al poder político facultades discrecionales sobre los me-dios” (LN y C 10/4).

Cinco días después, llegaba una masiva marcha de Congreso a Tribunales en apoyo a la mencionada Ley de Servicios Audiovisuales y en repudio a las “trabas” que desde algunos ámbitos de la justicia se venían poniendo a su entrada en vigencia. La marcha, convocada por un amplio arco de más de 300 organizaciones sindicales, so-ciales, culturales, estudiantiles y políticas, estaba encabe-zada por representantes de la CGT, la CTA, las Abuelas de Plaza de Mayo, funcionarios del área de Medios del Gobierno y tuvo como oradora principal a Hebe de Bo-nafini, por Asociación Madres de Plaza de Mayo, quien señalaba: “Cristina, nos pusiste una ley en nuestras manos y la vamos a defender con nuestra vida si es necesario”, al tiempo que llamaba a “defender en la calle” su promulgación definitiva. La amplitud y masividad de la convocatoria cosechaba apoyos incluso entre representantes internacionales, co-mo la relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, para quien la promulgación de la Ley 26.522 en octubre pasa-do “representa un importante avance respecto de la situación pre-existente en Argentina”, mientras un informe presentado señalaba que “bajo el marco normativo previo (la ley de la dic-tadura, vigente hasta la presente sanción), la autoridad de aplicación era completamente dependiente del Poder Ejecutivo, no se establecían reglas claras, transparentes y equitativas para la asig-nación de las frecuencias, ni se generaban condiciones suficientes pa-ra la existencia de una radiodifusión verdaderamente libre de pre-siones políticas (…), la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual está conformada de manera plural y di-ferenciada de la autoridad de aplicación actualmente vigente” (P12 16/4). La misma Hebe manifestaba: “Tenemos una corte demasiada decrépita. Estamos hartas de que no nos respeten. Si no nos respetan, no los vamos a respetar. Estamos hartas de esta corte

30 Hegemonía y batalla cultural

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y de los jueces corruptos”. “Los jueces de Mendoza quieren pisotear el poder popular. Son serviles empleados de los grupos monopólicos y fueron jueces de la dictadura”, señalaba a su turno el judicial de la CGT Julio Piumato. Desde Abuelas, Estela de Car-loto decía: “Si nosotras que somos mujeres mayores le pudimos doblar el codo al monopolio, ¿cómo no va a poder doblarlo el pueblo argentino?”. “Hay jueces sensibles al olor del dinero capaces de re-soluciones que paralizan una ley del Congreso y dejan en vigencia una ley de la dictadura”, manifestaba el titular de la CTA Hugo Yasky. “Desde las organizaciones sociales queremos que se nos escuche, poder decir lo que pensamos y acá tenés que ser anti K para que se te escuche”, denunciaba la referente de la organi-zación social y política Tupac Amaru, Milagro Sala (C 16/4).

Un par de días después, se profundizaba, por parte de los editoriales y principales columnistas de los grandes multimedios, la construcción de su lugar de víctimas, al tiempo que las trabas judiciales por ellos interpuestas quedaban simplemente eludidas de sus crónicas. En este movimiento de victimización, una de las excusas era el conflicto laboral en el diario Crítica de la Argentina, casi quebrado por el vaciador español de Aerolíneas Argenti-nas, Antonio Mata. Para el diario de la familia Mitre, desde el editorial titulado “Asfixia a la Prensa Libre”, se decía: “Un Gobierno caracterizado por su temor a la prensa libre y por la guerra sin cuartel que libra contra los medios y los perio-distas que ejercen esa libertad está a punto de quitarse de encima un diario que no dudó en ventilar casos de corrupción del kirchne-rismo. En su momento, la revista Noticias denunció ante sus lecto-res la existencia de similares presiones sobre sus anunciantes. Otros medios, entre los cuales se encuentra LA NACION, también la han sufrido. (…) Mientras tanto, los ataques del Gobierno a la prensa libre continúan y en ellos se enmarcan la ley de medios que el oficialismo logró sancionar, las denuncias infundadas contra directivos de la em-presa Papel Prensa, los desembozados intentos por quedarse con esa sociedad, el ‘escrache’ a periodistas mediante afiches anóni-mos y el incendio del automóvil de una periodista de Santa Cruz que investigaba al poder político provincial. Pronto llegará el mo-mento en que podrán contarse con los dedos de una mano las voces que seguirán informando con independencia” (LN 17/4). Así, sin mayores precisiones, el posible cierre del diario Críti-ca era un ataque desde el Gobierno, al tiempo que la re-tahíla de hechos mencionados, desde el incendio de un automóvil hasta el escrache a periodistas eran todas ac-ciones devenidas de la sanción de la ley de medios. Se denominaba “escrache” a la salida de un afiche callejero sin firma que señalaba con nombre y foto, como cómpli-ces del supuesto ocultamiento de la verdad acerca de la identidad de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, a algunos de los principales referentes periodísti-cos del diario Clarín y del canal de noticias Todo Noti-cias, ambos propiedad del multimedios comandado por aquella.

Nuevamente, desde ADEPA se hacía público un co-municado que señalaba: “La acción de sectores afines al Go-bierno contra periodistas del grupo Clarín y de otros medios cuyas investigaciones y opiniones revelan, cuestionan o critican posiciones, conductas y decisiones asumidas por el poder gobernante, ha atrave-sado un nuevo umbral (…), la Asociación de Entidades Periodís-

ticas Argentinas entiende que la pegatina en la vía pública de car-teles con imágenes de periodistas que trabajan en medios del Grupo Clarín, la agresión callejera a Fernando Bravo o la amenaza a un periodista del sitio Perfil.com, todos hechos registrados el pasado jueves, son variantes del autoritario y reprobable método del escra-che que, cada vez con mayor frecuencia, practican grupos kirchne-ristas (…). ADEPA reclama al gobierno de los argentinos la de-bida atención sobre este brote patológico que afecta la vida en democracia, así como el cuidado y protección de todos los ciudada-nos, incluidos los que lo critican” (C 18/4). De esta manera, la victimización avanzaba un escalón y ya era directamente la “sensación de miedo” de la sociedad toda, ante la su-puesta violencia ejercida bajo el amparo del Gobierno. A su vez, la presidenta de la Comisión de Libertad de Ex-presión de la Cámara de Diputados, Silvana Giudici (UCR), le exigía al Gobierno “detener las agresiones a los pe-riodistas (…). El clima que el Gobierno promueve de ataque ya supera todos los límites y los periodistas corren peligro (…), hay un clima bélico contra el periodismo” (LN 18/4). Otro editorial del diario La Nación, titulado “La justicia bajo asedio”, integraba al conjunto de supuestas víctimas atemorizadas por la violencia K al Poder Judicial, men-cionando que “todo muestra un expreso designio de intimidar y desprestigiar a uno de los poderes del Estado, aquel que constituye, nada menos, la garantía de la existencia misma del sistema repu-blicano. (…) Precisamente en estos días, el presidente de la Aso-ciación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Ri-cardo Recondo, denunció la sistemática presión que el Gobierno ejerce sobre el Poder Judicial, al que se pretende aniquilar –dijo– de la misma forma que se intenta silenciar a la prensa. Los parale-los son claros y las razones similares: la conquista de la suma del poder público. (…) Por esto los jueces deben constituirse en ejemplo vivo de conducta austera, trabajando lejos de la vanagloria de las fotos, las candilejas y las cámaras de televisión, y aceptar que las lamentables presiones y las amenazas oficiales hoy son parte del co-sto de querer hacer justicia en un país cuyo gobierno parece experto en el arte de violar la ley” (LN 19/4). La inversión de los términos estaba casi consumada: la sancionada Ley de Servicios Audiovisuales por el Congreso Nacional, de manera legal y democrática, es, en la visión de los gran-des medios, una violación a la ley, al tiempo que las tra-bas judiciales que interpusieron estos últimos son, a pe-sar de que constitucionalmente la justicia no puede atribuirse el lugar de fiscal del Poder Legislativo, la lega-lidad. Es importante destacar cómo el discurso que ema-na de estos grandes multimedios, y de sus personeros políticos, consideraba hasta hace poco tiempo a las reno-vadas cámaras de Diputados y Senadores –con supuesta mayoría opositora– la quintaesencia del republicanismo, pero cuando ese poder del Estado no les resulta acorde a sus intereses, se vuelve “autoritario”, “inconstitucional” o directamente “ilegal”. El tema será ver qué nueva ar-gumentación presentan si la Corte Suprema, última ins-tancia nacional para dirimir la cuestión de la “legalidad” de la votada ley de medios, llega a fallar en contra de sus intereses.

De esta manera, el posicionamiento de fuerzas se per-filaba cada vez con mayor delimitación: un amplio arco de organizaciones sociales, políticas y culturales adherían con mayor fuerza a la sancionada Ley de Servicios Au-


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diovisuales, mientras que del otro lado cerraban filas los empresarios de medios, algunos periodistas, buena parte del arco político opositor, y no pocos elementos de la corporación judicial, todos bajo la atenta tutela y direc-ción de los monopolios Clarín y La Nación.

Dictadura y responsabilidad civil El otro aspecto que, señalábamos, comenzaba a introdu-cirse con fuerza en la discusión política nacional, al igual que la disputa por la ley de medios, era el referido al pa-pel desempeñado durante la última dictadura militar por reconocidos periodistas y dueños de medios escritos y audiovisuales, en la misma senda de lo que viene suce-diendo con la discusión acerca del rol que cumplieron desde el ámbito judicial no pocos de los principales jue-ces, fiscales y abogados más importantes del país. Como consecuencia de la álgida disputa social que generó la sanción de una nueva ley de medios, desde unos meses a esta parte el “curriculum” oculto de no pocos periodis-tas, y sobre todo las estrechas relaciones entre empresa-rios de medios y los altos funcionarios militares, han ido saliendo a la luz pública de la mano, fundamentalmente, de dos temas: la historia de la estratégica empresa mo-nopólica de papel para diarios Papel Prensa y el posible origen como bebés apropiados a desaparecidos de los dos hijos adoptivos de la dueña del multimedio Clarín, Ernestina Herrera de Noble. En ambos casos, hoy en proceso de discusión social y judicial, el eje de la “defen-sa” desde los principales periodistas y empresarios de medios ha sido argumentar que ambos son ataques or-questados (es decir, infundados, falsos) desde el Gobier-no conducido por Cristina Fernández de Kirchner.

A mitad de mes, luego de una charla en el Sindicato de Canillitas, en la que el secretario de Comercio Guillermo Moreno –delegado actual en Papel Prensa por parte del Estado– anunciaba la próxima publicación de la investi-gación que viene realizando por orden directa de la Pre-sidenta de la Nación acerca del origen, traspaso de accio-nes durante la dictadura y actualidad de Papel Prensa, llegaba desde el matutino Clarín –directo interesado co-mo principal accionista de Papel Prensa S.A. desde que de manos del dictador Jorge R. Videla les fuera trasferido casi el 50% de las acciones– una entrevista que presenta-ba a un supuesto ex accionista de la empresa –y ex testa-ferro de la familia Graiver, originaria dueña de Papel Prensa y cuyo titular, David Graiver, murió en un miste-rioso accidente al tiempo que su mujer, Lidia Papaleo de Graiver, transfería la empresa mientras estaba detenida-desaparecida y bajo tortura– invirtiendo la secuencia de los hechos y acusando, así, al Estado –en este caso, por coyuntura, al Gobierno–, de estar en deuda con los so-cios privados: Clarín y La Nación. Rafael Ianover contri-buía así a la construcción de la victimización del multi-medios: “Los militares me arruinaron la vida y me quebraron económicamente. Por eso estoy buscando un resarcimiento por daño moral, daño emergente y lucro cesante (…). No le reclamo nada a ninguno de los diarios de Papel Prensa, no tengo ningún problema con ellos. Entiendo que el Estado es quien debe compensarme por el miedo que pasé”. Luego, ante la pregunta del periodista del diario Clarín acerca de con quiénes negoció su paga

por la transferencia de las acciones, Ianover libera de culpas, casualmente, a los representantes de los matuti-nos Clarín y La Nación: “(Negocié) con Patricio Peralta Ramos (de La Razón). Nunca vi a (Héctor) Magnetto (Clarín) ni a (Bartolomé) Mitre (La Nación)”, indica, al tiempo que consuma la inversión de roles que tanto busca el multi-medio: “Los Graiver me abandonaron, nunca se preocuparon por mí. Si yo hubiera sabido que estaban metidos con Montoneros, no hubiera prestado mi consentimiento en Papel Prensa” (C 17/4).

Pocos días después, los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera se sumaban, con su voz y sus firmas, a la construcción de su caso como un ejemplo más de la su-puesta persecución política del Gobierno contra el “pe-riodismo independiente”. El día 22, publicaban en los principales matutinos de alcance nacional una solicitada a página entera, al mismo tiempo que salían, durante ese día, por las principales cadenas televisivas ellos mismos “leyendo” su “carta a la opinión pública”. En dicha soli-citada, sostenían que “nunca quisimos hacer de nuestra identi-dad algo público (…). Nos sentimos maltratados y no queremos que nos lastimen más”. Al mismo tiempo denunciaban “una campaña muy fuerte de ataques oficiales” y manifestaban el “miedo de habernos convertido en una presa más de esa embestida (…). El uso político de nuestra historia es algo que nos parece in-justo. Tratamos de estar serenos, pero la presión a veces es muy fuerte. Hace poco, por cadena nacional, la Presidenta de la Nación se refirió a nosotros sin nombrarnos. Su mensaje, lejos de tranqui-lizarnos, nos inquietó. Sus palabras fueron perturbadoras (…). Como en 2002, cuando llegaron a detener ilegalmente a nuestra madre, nuevamente las presiones políticas y mediáticas han vuelto a adueñarse de nuestra causa. Y no queremos que algo tan íntimo como nuestra identidad continúe bastardeada por acusaciones lan-zadas sin sustento, ni por ataques que tienen otros objetivos y nos hacen daño”. El caso, así, parece ser un reiterado ataque contra la dueña de Clarín, aduciendo que este “no tiene sustento”, a pesar de que ya fueron comprobadas judi-cialmente las ostensibles irregularidades legales en la adopoción de ambas personas, pocos meses después de iniciado el golpe cívico-militar de 1976.

La solicitada continúa y agrega un nuevo elemento: siembra la desconfianza sobre el Banco Nacional de Da-tos Genéticos (BNDG), de reconocido prestigio científi-co internacional, en el cual se cotejan las muestras de ADN de todos los posibles hijos de detenidos-desaparecidos y de otras personas enterradas ilegalmente como NN durante la última dictadura con las de familia-res directos de los asesinados y de los desaparecidos: “No somos chicos, somos dos personas adultas, responsables, que sólo pretendemos ejercer nuestros derechos y tomar nuestras propias deci-siones, sin presiones y en libertad. Pero sentimos que no podemos hacerlo frente a un Gobierno que nos persigue (…). ¿Por qué ex-ponen públicamente sólo nuestro caso? ¿Por qué no se preocuparon por las demoras en los exámenes que ofrecimos y traerían paz a tres familias? ¿Se interesan por nosotros o tienen la necesidad polí-tica de que seamos hijos de desaparecidos y de inventar acusaciones contra nuestra madre? (…) Nuestros miedos son muchos. No so-mos un botín” y advierten no querer “ser víctimas de una ma-nipulación en los análisis genéticos (…) sin garantías legales ni científicas y por una persecución política”. Finalmente, apelan al sentimentalismo que despolitiza la causa –y que intenta


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borrar la importancia política y social de la lucha por la recuperación de la identidad de los cientos de bebés apropiados ilegalmente durante la última dictadura–, tra-tando de instalar el tema como un problema privado y familiar: “Hace 34 años nuestra madre nos eligió como hijos. Y nosotros, todos los días, la elegimos como mamá. Nada ni nadie podrá destruir ese vínculo” (C, P12, LN 22/4).

Llegaba entonces el momento de poner negro sobre blanco la disputa por el rol del periodismo, y para esto la pluma del columnista del diario La Nación y Todo Noti-cias, Joaquín Morales Solá, buscaba profundizar la línea “victimista” que venimos analizando. Su columna del día 23 se titulaba “Apunten contra los periodistas”. En ella, afirmaba: “Es habitual en los últimos tiempos encontrarse con in-telectuales y artistas (y también con periodistas) que se dicen cansa-dos de un periodismo crítico de los Kirchner. ‘Todos se han puesto de acuerdo para hablar mal del Gobierno’, se escuchó decir hace po-co a un reconocido escritor argentino. (…) En castellano simple y directo: lo que buscan es un periodismo pasteurizado (…). La primera contradicción surge cuando ninguno de aquellos fatigados alude a las opiniones que florecen en los huertos del kirchnerismo. Ministros, legisladores, periodistas amigos y hasta la Presidenta suelen opinar (¡y cómo!) sobre todo lo que les es adverso. Es, enton-ces, la opinión del periodismo independiente (sí, independiente) lo que cansa y estaría de más. Resulta, sin embargo, que no hay una fórmula verdadera para el periodismo que no incluya su función crítica del poder. Un periodismo acrítico, esterilizado y descolorido no tiene ninguna razón para existir. Su posición crítica debe in-cluir, desde ya, a la oposición, en tanto ésta forma parte del poder actual o del poder futuro. Pero su función crítica (desde la opinión o desde la investigación) debe abarcar sobre todo al poder que gobier-na la contingencia”. Morales Solá introduce en su argumen-tación algo que hasta hace poco no era parte constitutiva del conflicto social: el rol de los intelectuales y su herra-mienta crítica: la opinión. Este será uno de los ejes que retomará, como veremos poco más adelante, la también columnista del matutino mitrista y académica de renom-bre, Beatriz Sarlo.

Ahora sigamos con Morales Solá, quien reconoce otro novedoso elemento: las nuevas camadas periodísticas, sin lazos posibles con la época dictatorial ni con la posterior e inmediata “vuelta democrática” de los años ’80-’90, re-cuperan “viejos” debates: su lugar en relación con sus patrones, los dueños de los multimedios: “En medio de ese debate, es perceptible la existencia de periodistas jóvenes que se pre-guntan si es conveniente coincidir con las opiniones de ‘la empresa’ periodística en la que trabajan. Esto es nuevo y es viejo, al mismo tiempo. El kirchnerismo tiene una habilidad enorme para resucitar viejos fantasmas del pasado. Ese enredo muy antiguo entre la liber-tad de prensa y la ‘libertad de empresa’ había dejado de existir hace más de treinta años. Hagamos un ejercicio. ¿Por qué no cam-biamos las preguntas? ¿Qué tiene de raro, por ejemplo, que un pe-riodista concuerde con el medio en el que trabaja? ¿Acaso las em-presas periodísticas no existen también gracias a la composición del buen periodismo? ¿Por qué esas empresas deberían tener, en los ca-sos más notables al menos, intereses contradictorios con las mejores prácticas de la profesión? ¿No es preferible para este ofi-cio de libertarios estar de acuerdo con un diario, donde pasamos parte de nuestras vidas, antes que con un gobierno de políticos pasteleros y fugaces?”

El núcleo argumental es claro: las empresas periodísticas parecen no tener intereses sociales, políticos o económi-cos. Son, ya se afirmó, “¡sí, independientes!” Al pasar, sobre el final del párrafo, el periodista no puede evitar la “confesión de partes”: los políticos son “fugaces y paste-leros (¿¿??)”, en cambio, las empresas de multimedios son permanentes y en ellas “pasamos parte de nuestras vidas”. ¿Un reconocimiento de dónde anidan algunos de los resortes permanentes de poder económico, cultural y político de este país?

El periodista independiente continúa, ahora tomando por las astas esa mala costumbre de averiguar qué hicie-ron algunas reconocidas personalidades, en este caso pe-riodistas, durante los “grises” años de la última dictadura: “La Argentina, en efecto, habita en el pasado. Ningún debate de los últimos meses ha llegado siquiera a la década del 80. ¿Qué hac-ía tal o cual periodista en 1976, 1977 o 1978? No hacíamos na-da. Vivíamos bajo una dictadura y cada uno vivía de lo que podía y como podía. Sólo los que vivieron bajo el peso aplastante y gris de una dictadura saben que no había muchas más cosas para defender que pequeñas cuotas de dignidad. Hagamos de nuevo preguntas desde otro lugar: ¿acaso los únicos periodistas dignos fueron los exi-liados o los que se comprometieron firmemente con organizaciones insurgentes de la década del 70? Esa sería, si fuera así, una con-clusión injusta, discriminatoria e inaceptable. Otra cosa tan inacep-table como aquélla es la decisión política del Gobierno de cambiar la historia de cada uno de los que considera adversarios. (…) Feas armas se han usado en los últimos tiempos. A muchos perio-distas no les gusta ser protagonistas de esas emisio-nes de maldad que se emiten por canales oficiales o paraoficiales. Es cierto que es difícil cuando la vida cambia y ya no se puede caminar con tranquilidad por la calle porque se está a la espera de una agresión verbal o física. Y es más arduo aún aguantar en silencio la insistencia de la calumnia y de la falsedad, repetida hasta el cansancio por los portavoces oficiosos del Gobier-no. Lo único bueno de todo esto es que no hay atajos: habrá que armarse de paciencia, sin resignar los derechos ni los deberes del pe-riodismo. Asumamos también el riesgo de solitarios que corremos en la vía pública” (LN 23/4). El cierre, como vemos, trae dos de los reiterados “argumentos” que, cada día, ante las pruebas y documentos que siguen viendo la luz públi-ca, tienen menos vuelo: a) el Gobierno manipula “la his-toria” personal de cada periodista “independiente” de es-te país, que no tuvo otra opción más que trabajar para los multimedios que apoyaban explícitamente la dictadu-ra cívico-militar; b) la sensación de miedo, ya a nivel per-sonal, toca a las puertas de algunos profesionales de la pluma, guardianes de la ética y la buena moral de la re-publicana sociedad.

El escrache, esa vieja herramienta de denuncia popular que durante los años ’90 los hijos de desaparecidos re-tomaron y potenciaron para no dar respiro a los respon-sables militares de los crímenes de lesa humanidad come-tidos desde mediados de la década del ’70, parece volver en busca de otros actores hasta hoy ocultos por la cons-trucción de la “historia oficial” que se intentó hacer du-rante los últimos treinta años. De eso toma nota un inte-lectual orgánico a la fuerza social terrateniente como Joaquín Morales Solá, y no tiene otra más que disputar


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sentido, a nivel de las ideas, también en ese campo que lo toca tan de cerca.

¡Es la batalla cultural, estúpidos! Llegamos así al final del mes analizado, y en él hallamos un sustancioso artículo de opinión de una de las princi-pales voces de la intelectualidad conservadora actual, Beatriz Sarlo. Profesora de Letras y catedrática insigne de la UBA hasta su reciente jubilación, Sarlo ha sido una de las principales referentes intelectuales argentinas desde comienzos de los años ’70. Sus inicios estuvieron en una de las vertientes maoístas locales, pasando luego de la última dictadura a integrar el grupo que, desde el alfonsi-nismo, reorganizó las carreras de ciencias sociales y humanidades de la UBA a partir de 1984, integrando más tarde, hacia mediados de los ’90, la cohorte intelectual que impulsaba a Graciela Fernández Meijide (ex Frepa-so), para terminar siendo, ya desde hace varios años, una de las principales voces de opinión del matutino La Na-ción. El artículo de marras, que transcribiremos en ex-tensión, llevó por título “La Batalla Cultural”, y en él la intelectual describía: “El kirchnerismo se ha caracterizado por la riña con el periodismo no oficialista. Sobre esto se ha escrito mu-cho, aunque nunca será suficiente subrayar su debilidad de princi-pios. Los argentinos vivimos dictaduras militares que liquidaron a periodistas, y esa imagen del pasado es tan horrenda que se la uti-liza sin escrúpulos para disminuir cualquier hecho presente. Sin embargo, la libertad de prensa no admite grados: que antes haya sido atacada no disculpa transgresiones que, frente al asesinato, pa-recerían menos graves. Ultimamente, el desdén por la prensa viene acompañado por un ataque a obras y autores (…). Son, en verdad, un intento de cortar la palabra a los gritos y por la fuerza.

”Pero está en curso un proceso más novedoso. Lo llamaré dispositivo cultural kirchnerista, armado de partes heterogéneas que funcionan de manera más o menos inde-pendiente, aunque alineadas con el Gobierno. Se trata de un dispo-sitivo cultural, y no de la Oficina Ideológica del Ejecutivo. Com-prende iniciativas prácticas descentralizadas, aunque convergentes en sus objetivos, y una red de discursos e intervenciones que reúne instituciones del Estado, pero también formaciones de la sociedad civil. Sería conveniente pensarlo más allá de la batahola”. He aquí el primer elemento de alarma que nos muestra Sarlo y que, fundamentalmente, les señala a los lectores del centenario diario mitrista, cuadros medios y altos de em-presas, corporaciones e instituciones de diverso tipo, es decir, quienes administran el poder real todos los días: el problema con el “kirchenerismo” no está tanto en el “ataque” al periodismo y a sus figuras, sino más bien en la construcción que está llevando adelante de todo un “dispositivo cultural”, que lejos está de ser únicamente de factura estatal; por el contrario, el peligro es que se construye desde diversos actores y va desde y hacia di-versas esferas del quehacer social del país. Es, claro, un reconocimiento de esa masividad y heterogeneidad que, describíamos antes, había impulsado y marchado por la nueva ley de medios, entre otras reivindicaciones.

Comienza Sarlo a señalar los distintos elementos que hacen a este “dispositivo”: “Desde marzo de 2008, cuando comenzaba el conflicto con el campo, el Gobierno fue apoyado por los intelectuales, académicos y profesionales de Carta Abierta, que

difundieron un documento. El segundo párrafo de esa primera Car-ta Abierta les ofreció a los Kirchner el argumento que repitieron durante meses: ‘Un clima destituyente se ha instalado, que ha sido considerado con la categoría de golpismo. No, quizás, en el sentido más clásico del aliento a alguna forma más o menos violenta de in-terrupción del orden institucional. Pero no hay duda de que muchos de los argumentos que se oyeron en estas semanas tienen parecidos ostensibles con los que en el pasado justificaron ese tipo de interven-ciones, y sobre todo un muy reconocible desprecio por la legitimidad gubernamental’. Así se compactaba el núcleo de los discursos kirchneristas: transformar un conflicto de intereses económicos y una movilización social que incluía a pequeños y grandes, pobres y ricos, en una operación golpista de nuevo tipo. La palabra ‘destitu-yente’ produjo un efecto inmediato y duradero, tanto que todavía se la utilizó para caracterizar a quienes se oponían a la ley de medios audiovisuales, más de un año y medio después. (…) Pero las ini-ciativas de Carta Abierta y sus subsidiarias, como puede compro-barlo quien haya asistido a algunos de los actos recientes o a las ac-tividades en la ESMA, quedan dentro de un espacio académico y profesional relativamente restringido. No hacen opinión pública, salvo entre los lectores de Página 12, que están habituados a las in-tervenciones periodísticas de esos mismos intelectuales, o en medios incluso de menor circulación como Contraeditorial, las revistas del grupo Spolsky y la mejor realizada Debate. De cualquier modo, todo va sumando: de las sucesivas Cartas Abiertas al más deshilachado y amarillo Veintitrés, circula un discurso con diversos niveles de escritura. Estas iniciativas permanecen todavía dentro de lo que se llama campo intelectual y sus cercanías. (…) En este arco, Página 12 se combina dinámicamente con lo que hoy parece ser un centro del dispositivo cultural: el programa de televisión 6, 7, 8, magazine con participación estelar de Sandra Russo, del corazón de Página 12 (…). No se puede subestimar 6, 7, 8 con la respuesta sencilla de que se ve el programa porque está enmarcado en las emisiones de Fútbol para Todos. Esa respuesta ignora que tal fue precisamente el objetivo de estatizar las transmi-siones mediante un contrato con la AFA que empezó costando 600 millones anuales y para el que ya se han anunciado refuerzos. Quien tuvo la idea no pensó simplemente en que se pasaría publici-dad oficial durante los partidos, sino que el fútbol iba a calentar la pantalla de Canal 7, con un efecto de arrastre que conoce cualquie-ra que sepa algo de televisión.”

Este es el segundo elemento a destacar: Sarlo reconoce la fuerza de esta heterogénea alianza social gobernante, que va constituyendo incluso grupos intelectuales que logran instalar ideas-fuerza en la realidad, como la cate-goría “destituyente”, usada para designar los diversos movimientos que viene realizando la otra alianza social, la “opositora”, que tiene por eje la fuerza estructural que conlleva ser propietaria de las mejores tierras y de las herramientas de producción y el comercio de lo que constituye la mayor parte de la riqueza social generada en este país: la producción agropecuaria con algún grado de industrialización o, como gustan de autodenominarse, “cadena agroindustrial”. Además, a ello se suman otros “dispositivos” más amplios en llegada social: el “Futbol para Todos” y el magazine de análisis crítico de medios “6, 7, 8” configuran un preocupante avance en la masivi-dad en esta batalla cultural.

”Creado por un joven de la nueva televisión, 6, 7, 8 dio lugar a una comunidad de audiencia. En el acto del 24 de marzo en Plaza


MAYO DE 2010

de Mayo pude ver la llegada de una columna de televidentes auto-convocados por Facebook, perfectamente organizada, con sus volan-tes y sus remeras (‘Somos la mierda oficialista’); gente de pueblos del Gran Buenos Aires que se había organizado para llegar a la Plaza, todos miembros de una pequeña burguesía progresista que no había encontrado otros lugares de expresión desde el conflicto con el campo en el cual suscribió el discurso de Carta Abierta, habién-dolo leído en su fuente original o escuchado en las versiones presi-denciales. Son decididos, incluso agresivos verbalmente, pero no vio-lentos; militantes espontáneos, no matones. Así, el campo reducido representado por Carta Abierta se ensancha hacia zonas no profe-sionales ni académicas. Los intelectuales no miran 6, 7, 8, simple-mente pueden ir a hablar en su escenario chacotero (…). Fútbol para Todos, entonces, es una gran plataforma, un portaaviones que se dirige a públicos más masivos. Hay más y mejor en el futuro. En estos días, la Presidenta anunció el proyecto de repartir urgen-temente medio millón de decodificadores de televisión digital, norma en la que ya están trasmitiendo Canal 7 y Encuentro. Así como les restituyó el derecho a los goles, el kirchnerismo no va a mantener al pueblo en la privación de señales digitales, máxime cuando el se-cretario de Medios, Gabriel Mariotto, ya ha anunciado una red de diez canales digitales públicos (es decir, en estas circunstancias, ofi-ciales).” Tercer elemento a destacar del análisis de Sarlo: el Gobierno kirchnerista ha logrado atraer nuevamente hacia sí a sectores de las capas medias, profesionales y militantes que provienen, fundamentalmente de la Ciu-dad de Buenos Aires y del primer cordón del Conurba-no; es decir, logra revertir parte del costo político que pa-recía pagar hace dos años cuando llegaba a su máxima tensión el enfrentamiento con las patronales campestres con la excusa de las retenciones móviles a las rentas ex-traordinarias que estaban cosechando por la especulación financiera mundial. Hay un cuarto elemento que es tam-bién de sustancial importancia para la fuerza social go-bernante: Sarlo muestra el carácter espontáneo de las manifestaciones de apoyo, y ahí está uno de sus límites: aún no es una fuerza organizada y constante, con un proyecto cultural conciente y planificado.

Sin embargo, la intelectual identifica, en la figura de un funcionario (intelectual liberal al fin, Sarlo ve “hombres ilustres” donde no logra ver fuerzas sociales), a uno de los que harían la diferencia a este respecto: “Acá entramos en aguas profundas. Mariotto actúa rápido, no se fija en menudencias, y tiene la determinación de quienes piensan que la batalla final no se gana sin una victoria comunicativa. En esto no es igual a los Kirchner, que, abandonados a su espontaneidad, simplemente aho-garían económicamente o cooptarían con negocios a la prensa, como lo hicieron en Santa Cruz. Mariotto es un graduado de Ciencias de la Comunicación, que ha leído los manuales. Los Kirchner, con gente como Mariotto, ampliaron su horizonte. Lo que se arme con la televisión digital y la lluvia benéfica de deco-dificadores será la trama más fuerte de todo este dispositivo de re-des.

”Y también están los blogs y los blogueros, celebra-dos por Aníbal Fernández en una de sus últimas escapadas noc-

turnas como militante. La ‘nube K’ sostiene decenas de páginas web conocidas y desconocidas (todos los opositores leen la de Arte-mio López, porque, con buen ojo, siempre se encuentra algo). (…) Los blogueros y comentaristas se identifican con las formas rizomá-ticas de una nueva esfera virtual, donde no se es responsable ni de la injuria ni del falso testimonio. Viven del rumor que difunden y multiplican; viven también del anonimato, que es la regla que nadie se atreve a discutir. Este mundo es difícil de cuantificar. (…) El dispositivo kirchnerista no se completaría sin ella. Tampoco sería realista un cuadro que no registrara los episodios de una batalla cultural por las capas medias. Cuando se habla de hege-monía, en un sentido estricto, hay que pensar en es-ta dimensión donde se juega a convencer, aunque, ca-da vez con más frecuencia, pasen a primer plano los aficionados a las trompadas.” (LN 29/4). Para el cierre describe otro de los elementos novedosos de esta batalla por la hegemon-ía: la red internet, con sus variadas formas de participa-ción, opinión y construcción del sentido, constituye nue-vamente un peligro, por ser este un terreno donde predominan las llamadas “clases medias”, de tanta fuerza cultural histórica en el país, cuyo apoyo está siempre en disputa por los dos sectores que sí ostentan intereses propios: la clase trabajadora, por una parte, y los empre-sarios concentrados ligados, fundamentalmente, al capital financiero internacional, por la otra.

El reconocimiento de que en esta batalla cultural se juega una parte importante de las posibilidades de consti-tuir fuerza por parte de las dos alianzas sociales enfrenta-das tiene como uno de sus núcleos de disputa el rol, la legitimidad y el consenso que entre la población adquie-ran los medios masivos de comunicación.

Así, el mes finalizaba nuevamente con un hecho polí-tico de lucha de calles: desde la Asociación Madres de Plaza de Mayo, con la conducción de Hebe de Bonafini, se hacía un “juicio popular” simbólico, en la mismísima Plaza de Mayo, a los periodistas y empresas editoriales que tuvieron activa participación en la legitimación de la última dictadura militar. El diario mitrista cubría así el hecho: “Ni hubo sorpresas ni perdón. Las Madres de Plaza de Mayo declararon culpables del delito de ‘traición a la Patria’ a to-dos los periodistas y medios de comunicación que ayer fueron some-tidos a ‘juicio ético y político’ por su ‘complicidad con la última dic-tadura militar’. Además, anticiparon quiénes serán los próximos en ocupar el banquillo de los acusados: los jueces que se desempeña-ron entre 1976 y 1983 (…).

”Identificaron como acusados a los diarios Clarín y La Nacion y las editoriales Atlántida, Perfil y La Nueva Provincia, así como a los periodistas Mariano Grondona, Claudio Escribano, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú, Samuel Gelblung, Vi-cente Massot y Máximo Gainza Castro.

”Los fiscales pidieron que la condena de ‘traidores al pueblo de la Nación Argentina’ se hiciera extensiva ‘a todos los periodistas y medios que hayan sido encubridores del terrorismo de Estado’” (LN 30/4).

yo no me sentaría en tu mesa - …analisisdecoyuntura.com.ar/pdf/analisis-119.pdf · frankenstein...

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